LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-10-31):
Y, desde luego, viene a completar la iniciativa original.
En la normativa española, los artículos 9, 10, 14 y 49, entre otros de la Constitución, ya establece la obligatoriedad de todos los poderes públicos en remover todos los obstáculos que impidan que los derechos y libertades de todas las personas sean reales y efectivos.
Sin embargo, las personas con discapacidad en ocasiones han visto sus derechos condicionados u obstaculizados, y se han visto limitado el disfrute de los recursos y servicios disponibles para el resto de la población. Estos impedimentos para el pleno ejercicio de sus derechos pueden llevar a situaciones de exclusión y corresponde, como decía, a todos los poderes públicos abordar ese tipo de situación y evitar que se produzcan estas exclusiones.
Un avance relevante, la materialización de los mandatos constitucionales se da por primera vez en las Cortes Generales en 1982 cuando tiene entrada la Ley de Integración del Minusválido, la llamada LISMI. Toma así carta de naturaleza en el órgano de representación de los ciudadanos la preocupación de mejorar la situación de las personas con discapacidad, carta de naturaleza que se plasma también en las distintas leyes que se han ido aprobando por los distintos gobiernos.
Posteriormente, se aprueba la Ley 51/2003, la conocida como la Liondau, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad, que dio un nuevo impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad, supuso la introducción de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.
Además, supuso un gran cambio en la forma de abordar el fenómeno de la discapacidad al plantearlo como una cuestión de derechos humanos. Entonces, eran así las estrategias de intervención en la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal.
Esta ley se configura como un marco de referencia necesario para encauzar y coordinar la acción de los poderes públicos y garantizar mediante la acción de medidas de acción positiva para los colectivos en situación de desigualdad social, los principios de igualdad de oportunidades.
Asimismo, incluye un régimen sancionador, régimen que tomó forma con la aprobación de la Ley 49/2007 de Infracciones y Sanciones en materia de igualdad de oportunidades.
Pero dichas leyes en la actualidad se van a ver afectadas por instrumentos aprobados internacionalmente. Así y como también recogemos en la enmienda transaccional, la asamblea general de Naciones Unidas, en el 13 de diciembre de 2006 aprueba la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, dicha convención ratificada por España y está en vigor desde mayo de 2008.
En dicha convención se consagra los derechos de las personas con discapacidad. Los considera sujetos de derecho y con ello consagra la obligación de todos los poderes públicos de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de dichos derechos.
En agosto de 2011 se aprueba en Congreso de los Diputados la Ley 26/2011, de lo que trata es de adaptar la normativa de la convención citada y da un plazo a nuestro país para que se elabore un texto refundido en el que se reunifiquen las tres leyes que impiden sobre discapacidad y que se adaptase además a la propia convención.
Con esta ley, por lo tanto, esta ley que solicitamos en nuestra iniciativa, lo que se pretende en unificar y dotar de seguridad jurídica y dar más claridad a la ley, a las legislaciones que existían en materia de discapacidad. De esa forma, se puede aplicar con efectividad, mejorar las condiciones y aumentar la calidad de vida y la igualdad de las personas con discapacidad.
Además de esa resolución, como decía, es preciso llevar a cabo una adaptación de la normativa a la convención internacional aprobada por las asambleas de las Naciones Unidas, porque afecta esta convención a la normativa preexistente y alguna de las preescisiones legales pudieran no ser acordes con dicha convención.
En nuestra propuesta original, cuando hablábamos de adaptar, es lo que queríamos decir. Sin embargo, por parte de uno de los grupos se presentó la precisión de que supiese la precisión de recoger la convención por parte de UPyD, y como creemos que de esta forma puede quedar más claro, pues en la enmienda de transacción así ha aparecido.
Pero para hacer esta labor de refundición, se creó un grupo de trabajo, previa consulta con el consejo nacional, y se pidió opinión a los principales sectores representativos de la discapacidad como el (...). Un primer borrador de esta ley fue presentado el primer semestre de este año ante el pleno del consejo nacional de discapacidad. Y supondrá asegurar que la discapacidad estará contemplada en todas las actuaciones políticas y por todas las administraciones.
Este borrador que se presentó tiene también novedades que no tienen precedentes en nuestra normativa, como el dedicar un título específico a las personas con discapacidad y en incluir las definiciones de discriminación directa, indirecta, discriminación por asociación o acoso, con el fin de contemplar el marco jurídico de prohibición de discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. Es verdad que se presentó a principios de este año y que está siendo arduo el final la presentación del borrador definitivo fundamentalmente porque está siendo sujeto a muchas aportaciones.
Por ello, desde aquí, lo que le solicitamos al Gobierno de España es que siendo importante, siendo importante la aportación del sector, de todas las asociaciones, creemos que tan importante como las aportaciones, como recoger en las aportaciones, está el que tengamos la ley de una vez. Por eso, consideramos importante que antes del 31 de diciembre…
Por eso, consideramos importante que antes del 31 de diciembre esta ley esté ya presentada y aprobada.
En esa misma reunión con las asociaciones del sector a las que he hecho referencia, en la que se presentó el borrador y en el marco de las actuaciones de la estrategia española de discapacidad 2012-2010, se presentó el borrador del Plan de Acción 2013-2015, marco sobre el que se asentarán todas las actuaciones políticas en materia de discapacidad para los próximos años.
Los principales objetivos de dicho plan serán erradicar las formas de discriminación múltiple, promover la accesibilidad, impulsar la empleabilidad de las personas con discapacidad, reducir la tasa de abandono escolar y promover la participación de todos los ciudadanos con discapacidad en la vida pública y política.
Y una parte esencial de ese plan es el relativo al principio de igualdad de oportunidades. Por supuesto que, tanto la aprobación de la ley como la aprobación de este plan, se harán con respeto a las competencias de las comunidades autónomas y así lo hemos recogido también en la enmienda de transacción, colaboración y coordinación que se realiza en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.
También este plan que se está viendo con el sector está siendo sujeto de múltiples aportaciones y desde aquí queremos solicitar lo mismo que hemos dicho con la ley. Es importante en las aportaciones del sector pero también es importante que el plan se apruebe y se ponga ya en marcha.
Por ello, desde aquí, como además tenemos un acuerdo entre cuatro grupos, y lo que venimos a solicitar es que el Gobierno de España lo que lleve a cabo es la aplicación de la Ley General de Discapacidad porque dará una mayor seguridad jurídica, porque supondrá un avance importante en temas hasta ahora no regulados.
Que se presente ese plan de acción y que por fin aunque ya se llevan llevando a cabo desde hace muchos años acciones en favor de las personas con discapacidad, pero las dificultades y obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos que todavía hoy en día existen, puedan ser si no eliminadas, desde luego, muy minimizadas.
Nada más, muchas gracias.