MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-02-04):
Sí, muchas gracias presidenta. Buenas tardes a todas y todos. El Grupo Socialista, habla en su justificación de la justicia como pilar básico del sistema democrático y señala que en justicia es la séptima palabra de nuestra constitución.
Señala la justificación de su iniciativa que la justicia tiene que ser ejercida por un poder judicial independiente, con medios suficientes para dar el servicio a la sociedad, teniendo un sistema de justicia gratuita eficiente para las personas necesitadas de ella.
Y ciertamente nos interesa mucho su apelación a la justicia independiente, dado que hoy la justicia en España no es independiente y está politizada. Está colonizada por los principales partidos políticos españoles.
Solemos decirlo esto en numerosas ocasiones y hoy también es buen momento para recordarlo, la justicia en España esta colonizada por los partidos políticos y está colonizada también por el Partido Socialista Obrero Español. El Consejo General del Poder Judicial está colonizado, el Tribunal Supremo está colonizado y el Tribunal Constitucional está colonizado. Y además no se han dado pasos para la supresión de los aforamientos.
En este punto, animo al Grupo Socialista, al Partido Socialista Obrero Español, al señor Pedro Sánchez, incluso al señor Ares a que en sus negociaciones inminentes con el resto de partidos políticos para facilitar la investidura del señor Pedro Sánchez y formar un gobierno nuevo en España, incluyan estas reivindicación, como reivindicación absolutamente indispensable para también regenerar la política en España. La necesidad de descolonizar la justicia de los partidos políticos, sería un buen paso de regeneración de la democracia.
Y el señor Pedro Sánchez y también el señor Ares creo que tienen abierta esa posibilidad, que se verá plasmada o no en los próximos días y en las próximas semanas.
La señora Gallastegui realiza una detallada cronología política de los hechos que nos traen al debate de hoy. La ley efectivamente del 2012, reimplanta en España las tasas judiciales con un carácter general, tras su supresión por la ley 25/1986 de 24 de diciembre de supresión de las tasas judiciales.
La ley de 2012 de 20 de noviembre es la que reinstaura en España con carácter general las tasas judiciales, asignándoles cuantías tan elevadas, que más que tener meramente un carácter recaudatorio, parecen pretender un efecto disuasorio que colisiona frontalmente con derechos de protección constitucional. Y en esa justificación se señala también acertadamente, que desde la entrada en vigor de la ley, se han interpuesto numerosos recursos de inconstitucionalidad, se han planteado numerosas cuestiones de inconstitucionalidad, se han instado recursos de amparo de justiciables indefensos y la defensora del pueblo recomendó en su momento su modificación.
Acertadamente su justificación, por lo tanto, también recuerda que por el Real Decreto Ley 2013 de 22 de febrero, se modifica levemente la ley. Rebajando la cuota variable, pero no tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional solo admite las tasas, cuando por su importe no impiden el acceso a la jurisdicción por motivos económicos, y ese ha sido el efecto que ha producido, al no tener en cuenta el establecimiento de las tasas, la capacidad económica del sujeto pasivo.
Se recuerda en esa justificación algunas de las estimaciones realizadas por el defensor del pueblo andaluz, en relación a la...
...del sujeto pasivo. Se recuerda en esa justificación algunas de las estimaciones realizadas por el Defensor del Pueblo andaluz en relación a la Ley de 2012 y apunta acertadamente que esta ley no ha solucionado el problema de los retrasos en la Justicia vasca y ha privado del acceso a la justicia a quien no ha podido pagar las tasas judiciales impuestas.
Recuerda a las insuficientes modificaciones habilitadas por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, para proponer finalmente la derogación de las tasas judiciales establecidas en esa ley, ya que vulneran la tutela judicial efectiva e impide la defensa de los justiciables al constituir un gravamen desproporcionado y disuasorio, sin tener en cuenta la capacidad económica del sujeto, imposibles de pagar para las entidades sin fines lucrativos y los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con lo que se plantea en esa justificación y con la propuesta. Ya sabíamos que la justicia, pilar del sistema democrático, no es igual para todos en España. Hay ejemplos claros que inciden en ellos como la politización de la justicia, los aforamientos, la doctrina Botín en el momento en que fue aplicada o también las tasas judiciales.
En su momento UPyD presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda de totalidad a esta ley, cuyo único objetivo era el de recaudar y disuadir, generando nuevas barreras al acceso a la justicia, aunque se hubiera alegado la pretensión de paliar la situación de saturación de los juzgados. Compartimos, por tanto, las ideas recogidas por el grupo Socialista y también las ideas recogidas en la transaccional que se ha firmado, pero ciertamente teníamos dudas en relación al punto dos de la iniciativa original, punto dos de la enmienda transaccional.
En la enmienda de totalidad presentada por UPyD en el Congreso hicimos referencia del artículo 11, considerando que su aplicación supone infringir abiertamente la Ley de Tasas y Precios Públicos, que establece que las mismas deben servir exclusivamente para cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya el hecho imponible, sin que, bajo ningún concepto, puedan vincularse a otro servicio distinto, en este caso a la Justicia Gratuita. De ahí nuestras dudas en relación a la iniciativa original y de ahí nuestra enmienda que planteaba la supresión de ese punto número dos.
En todo caso, nuestra prioridad recogida en nuestra enmienda es restaurar la justicia como verdadero pilar del sistema democrático y eso pasa tanto por su despolitización como por garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos. Por lo tanto, podemos concluir que compartimos en general lo que se plantea en esa transaccional y, por lo tanto, tendrá nuestro voto favorable.
Gracias.