SÁNCHEZ MARTÍN (PSE-EE, 2018-10-11):
Muchas gracias, presidenta.
Debatimos hoy una iniciativa referente al control de las condiciones de trabajo y cumplimiento de la normativa laboral en Euskadi.
Creo que la intención del grupo proponente, de Elkarrekin Podemos, de mejorar ese control sobre las condiciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo es buena, pero debo manifestar nuestro total desacuerdo con las medidas que proponen en la misma para conseguirlo.
Estamos de acuerdo en que en los últimos años se ha producido un incremento en la precarización de las condiciones de trabajo, derivadas fundamentalmente de la reforma laboral llevada a cabo en el año 2012 y reformas posteriores en materias como son referentes a la jornada laboral, el control de las horas realizadas en los contratos a tiempo parcial, o la mayor facilidad para modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores por parte de las empresas, entre otras.
También estamos de acuerdo, en que se ha de seguir llevando a cabo control sobre el cumplimiento de la normativa por parte de la Inspección de Trabajo en materia laboral como en materia de seguridad y salud laboral. Pero debe de seguir siendo la Inspección de Trabajo la que lleve a cabo esas funciones de vigilancia y control, así como las sancionadoras y no otras personas, y además así viene regulada dentro de la Ley 23/2015, la ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y también las leyes ordenadoras anteriores a la misma.
Elkarrekin Podemos propone que se destine a agentes de la policía municipal y del Ertzaintza a llevar a cabo labores de inspección de trabajo en materia de condiciones de cumplimiento de la normativa laboral, creando unidades específicas; y ello después de recibir una formación específica en materia de control de condiciones laborales para facilitar luego la información a la Inspección de Trabajo y que esta pueda llevar a cabo actuaciones sancionadoras.
Y esto para nosotros es un despropósito por las razones que voy a argumentar a continuación.
Primero, porque la policía local y la policía autonómica deben de seguir dedicándose a lo que se tienen que dedicar, que es al control de los delitos. Y en dicho control ya existe y se realizan actuaciones coordinadas entre la Inspección de Trabajo, incluso entre la Tesorería General de la Seguridad Social con la Policía Nacional y la Ertzaintza.
Y dentro del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través de las actuaciones llevadas a cabo, tanto por inspectores de trabajo y seguridad social, como por los subinspectores de empleo, como por los subinspectores de seguridad y salud laborales, es donde se ha de seguir realizando la vigilancia del control del cumplimiento de la normativa de trabajo y de seguridad y salud, y realizar los requerimientos y las sanciones que se considere convenientes en aras a conseguir ese cumplimiento.
Y en los casos en los que se considere que se puede haber cometido un delito por parte de una empresa o de un empresario, poner en marcha los protocolos de comunicación que existen en este momento, y comunicarlo a la Fiscalía y a la policía para que ellos lleven a cabo las investigaciones de los mismos. Eso ya se está haciendo.
Y en segundo lugar, le pregunto señor Hernández, ¿cuánto tiempo considera usted suficiente para que con un curso de formación esos miembros de las unidades especializadas dentro de la policía local o la Ertzaintza, tengan capacidad para saber cuándo se está incumpliendo la normativa de trabajo y de seguridad y salud laboral, y que además tengan que poner la relación con la normativa de empleo y de seguridad social? ¿Cuánto?
¿Sabe usted cuánto tarda un inspector de trabajo en preparar y aprobar unas oposición y dominar todo el temario que se le exige con el fin de garantizar que al aprobar sea un profesional preparado para ello?
Yo se lo voy a decir señor Hernández. De tres a cinco años, depende del número de plazas que se convoquen año a año. Es decir, que la especialización para aprobar se le exige tanto tiempo como el que hubiera tenido que dedicar en aprobar otra legislatura.
Y usted pretende saltarse todo ello y dar un cursillo de formación y que realicen las funciones de Inspección de Trabajo policías locales y la Ertzaintza. Pues es imposible que puedan dominar y tener conocimientos suficientes para hacerlo correctamente con un cursillo de formación.
¿Y la siguiente qué va a ser, cuando se produzca un incremento de delitos a su juicio, le damos a los inspectores de trabajo otro cursillo para que ellos investiguen los delitos?
Pues digo lo mismo, rotundamente no. No señor Hernández. Cada cuerpo tiene que realizar bien las funciones...
...ellos investiguen los delitos. Pues digo lo mismo, rotundamente no.
No, señor Hernández. Cada cuerpo tiene que realizar bien las funciones que tiene encomendadas y no hacer mejunjes que no ayudan y no sirven para nada y utilizar los efectivos que tenemos formados en los diferentes cuerpos para realizar las funciones que ya tienen encomendadas y luego, cuando se necesite actuar coordinadamente, se actúa entre los diferentes cuerpos coordinadamente.
Pero también se está realizando esa coordinación en este momento y existen medios para poderlo realizar, a través de comunicaciones entre las diferentes administraciones o denuncias en la inspección de trabajo.
No sé. A lo mejor próximamente se le ocurren a ustedes que para reducir las listas de espera en Osakidetza le demos un curso de formación a los enfermeros o enfermeras y que operen a pacientes en los quirófanos.
¿A que le parece un despropósito? Pues eso es lo mismo. El médico ha dedicado mucho tiempo a preparase para ser un buen profesional, y no puede suplirse toda esa preparación con un curso de formación a una persona que no ha hecho y no se ha especializado correctamente para realizar esas funciones.
Porque, además, cuando se ejercen y se asumen esas funciones como profesional, también se asumen responsabilidades de las actuaciones realizadas.
Lo que ustedes proponen no es la solución; la buena solución, a juicio de los Socialistas Vascos, pasa por incrementar las actuaciones desde la inspección de trabajo en el control de la normativa en materia de empleo y en materia de seguridad y salud laboral, y aumentar el número de efectivos dedicados a ello.
Por eso, desde el principio del año 2017, se está llevando a cabo campañas en el País Vasco desde el Departamento de Trabajo y Justicia, y a través de la inspección de trabajo, con el fin de controlar el fraude laboral y la economía irregular.
Y a nivel nacional, en julio, en los 100 primeros días del Gobierno socialista de Pedro Sánchez se ha aprobado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el Plan Director de la inspección de trabajo para un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado el 27 de julio del 2018, que quiere ser una herramienta para hacer frente al deterioro de las condiciones de trabajo existentes en el mercado laboral, con 59 medidas operativas y 20 organizativas.
Y dentro de las cuales se combinan medidas inmediatas y medidas a largo plazo, siendo las primeras dos planes de choque que se han puesto en marcha desde la inspección de trabajo el pasado mes de agosto, un plan de lucha contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial.
Y quiere reformar también la lucha contra la economía irregular y afrontar nuevas modalidades dentro de la economía colaborativa, dentro de plataformas online, en perseguir la figura del falso becario, que tanto incide en la precariedad laboral de los jóvenes, y en la lucha contra la siniestralidad laboral.
La inspección de trabajo del País Vasco participa en la ejecución de los dos planes, ya que el Plan Director afecta a todos el sistema de la inspección de trabajo y Seguridad Social, y sus objetivos coinciden plenamente con los del Departamento de Trabajo y Justicia, y en los que la inspección de trabajo de Euskadi lleva trabajando intensamente desde principios del año 2017, como ya he indicado anteriormente.
Fruto de esta campaña que se ha llevado a cabo a lo largo de este año, junto con la campaña conjunta extraordinaria realizada por la inspección de trabajo del Estado y la inspección transferida al Gobierno Vasco, en Euskadi se han regularizado hasta septiembre un total de 5.640 contratos.
Suponen el 39 % de los contratos revisados en Euskadi, lo que supone la cuarta parte de los convertidos en indefinidos. Es decir, uno de cada cuatro contratos convertidos en indefinidos lo fueron por haberse exigido así por parte de la inspección de trabajo. Se trata de contratos temporales y parciales en fraude de ley, que pasan a ser la inmensa mayoría en indefinidos.
Según datos facilitados por el Departamento de Trabajo y Justicia, hasta junio la cifra de los contratos regularizados ascendía a 4.334 contratos. Es decir, en el último trimestre se han transformado a través de esa campaña extraordinaria 1.320 contratos más.
Y esto, en esta primera fase se han enviado 86.000 cartas a nivel nacional con advertencias, que se lanzaron en agosto del 2018 a diferentes empresas y que han tenido un importante efecto disuasorio para que las empresas regularicen su situación en aquellos contratos temporales que no debían serlo.
Fruto de ello se han logrado ampliar la jornada de 6.292 trabajadores con contratos a tiempo parcial, pero realizando jornadas completas de manera abusiva por sus empleadores; se han transformado 46.554 contratos temporales fraudulentos, el 57,8 % de los contratos detectados.
Y se va a iniciar la segunda fase de esa campaña, con la visita de inspección de forma presencial a las empresas que no han regularizado la situación de sus trabajadores temporales y parciales, y que se inicia en este mes de octubre.
Dentro del Plan Director de la Inspección de Trabajo por un trabajo digno 2018-2020, también se van a llevar a cabo una oferta pública de empleo en octubre, para reclutar 353 nuevos inspectores y subinspectores, con el objetivo de sumar 833 nuevos efectivos, de aquí a 2020...