ARARTEKOAK (Lezertua Rodríguez) (ARARTEKO, 2018-06-21):
Arartekoak hainbat ebazpen, txosten eta azterlanetan azpimarratu du gizarte hezkuntzako politikak integratzeko, goian aipatutako sistemek lana partekatzeko eta komunitatean hurbiletik eta prebentzio gisa aritzeko beharra, hori guztia gakoa baita pobreziari, babes gabetasunari eta hitz batez, desabantaila sozialeko egoerei aurre egiteko.
Entzuna izateko eskubidea dela eta, oraindik ere zorrotzegi jarraitzen zaie izatekotan 12 urtetik aurrera (...), hots, entzuten zaienean 12 urtetik aurrera entzuten zaie haurrei. Gainera, haurra entzuteko betebehartzat hartzen denean ere, normalean denborari eta tokiari dagokionez, pertsona heldua balitz bezala egiten da. Horrek entzunaldiaren kalitatean, eta beraz, haurraren iritzi edo erabakian izaten duen eragina kontuan hartu gabe.
Ez da haurren garapen ebolutiboaren ondoriozko ezberdintasunen araberako egokitzapenik egiten eta haurra zenbat eta txikiagoa izan, egoera orduan eta larriagoa izaten da.
Azken urteetan, egia esateko, zenbait mugimendu sortu dira. Horietan udal mailako gai publikoen inguruko erabakiak hartzeko neska-mutilen ahotsa hartzen da kontuan, askotariko ekimenen inguruan; batzuk Unicefek sustatutako haurren lagunak diren hiri-sarearen baitan, udal batzuk haur eta nerabeek parte hartzeko erakunde eta dinamikak prestatzen ari dira.
Horregatik, berriz eskatzen ditut parte hartzeko bide erreal eta egonkor gehiago, haurrak eta nerabeak entzutera bideratutako denborak, mekanismo egokiak, ideologia erakargarriak eta abar. Horiek bermatu behar dute adingabeek horien bizitzan eragina duten eremu ezberdinetan parte hartzen dutela.
Me referiré seguidamente a la cuestión que mencionaba de la igualdad e integridad de las mujeres. Lamentablemente, la violencia machista ha sufrido un repunte durante el año pasado en el Estado. En Euskadi también ha dejado dolorosas secuelas, dos mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas: Ana Belén, residente en Álava y aparecida asesinada en Miranda de Ebro; y Noelia Noemí, de Sestao. Además de estos datos, hay que añadir otras dos mujeres guipuzcoanas asesinadas en Madrid y Extremadura.
Además de estos datos, hay que añadir otras dos mujeres guipuzcoanas asesinadas en Madrid y Extremadura.
La sociedad vasca ha demostrado que no tolera ningún tipo de violencia contra las mujeres, y hoy aquí quisiera dedicar un pequeño homenaje a estas víctimas conocidas y a tantas otras desconocidas y saludar la firmeza de la reacción social vasca contra la violencia de género.
Tras el pacto de Estado acordado por un amplio consenso en 2017, se han anunciado reformas y nuevas medidas en el plan estatal para eliminar esta lacra. Desgraciadamente, aún no se ha podido materializar. Sin embargo, Euskadi debe avanzar con premura y decisión en este ámbito, ejerciendo todas sus competencias, independientemente del avance de las reformas propuestas en el ámbito estatal.
El nuevo marco que genera este pacto, así como las prioridades europeas contra la violencia de género y a favor de las víctimas, ofrecen una oportunidad para plantear medidas en el ámbito vasco que mejore las respuestas de nuestras instituciones.
En este contexto, se hace especialmente necesario renovar el compromiso de todas las instituciones firmantes en el acuerdo interinstitucional vigente en Euskadi, planteando su revisión para adaptarlo al nuevo marco, así como a los requerimientos europeos e internacionales, dotándolo de bases más sólidas en favor de la indispensable y coordinación institucional contra la violencia de género.
Con este objeto, el Ararteko está trabajando ya intensamente junto con otras instituciones vascas coordinadas por Emakunde en el marco de un proceso internacional, auspiciado por Naciones Unidas, en la evaluación de los servicios y medidas de atención a mujeres que han sufrido violencia machista. Hay que establecer parámetros mínimos de calidad y plantear mejoras de los servicios públicos que en este ámbito se prestan en Euskadi.
Con todo, resulta esencial aunar esfuerzos para establecer en las agendas políticas vascas la prioridad de acometer las reformas o iniciativas necesarias orientadas a asegurar a intensificar la efectiva atención, apoyo y protección a las mujeres y niños y niñas víctimas en los ámbitos  - por supuesto -  propios de intervención de nuestras administraciones, singularmente en materia de servicios sociales, educación, sanidad, protección policial y coordinación con la justicia.
Otro apartado relativo a la cuestión de la igualdad es la relativa a la brecha económica entre hombres y mujeres, que se ha convertido en una prioridad a escala europea e internacional. El índice global de brecha de género de 2017, que fue publicado por el Foro Económico Mundial, dice que la igualdad efectiva de género en todos los ámbitos, incluido laboral y salarial, habrá que esperar al menos un siglo. Así, la paridad salarial entre hombres y mujeres no se alcanzaría  - según dice este estudio -  hasta 2234. No sé si estaremos allí para verlo.
No vamos por buen camino cuando la brecha de género durante 2017 se ha ampliado por primera vez en la última década. El Ararteko considera que el País Vasco podemos y debemos aspirar a una situación de mayor contundencia, articulando si fuera preciso medidas legales específicamente encaminadas a este fin para reducir y acabar con la injusta y persistente brecha económica entre hombres y mujeres, convergiendo también para ello con los objetivos europeos sentados como prioritarios en la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2016-2019, que desarrolla la dimensión de género de la estrategia europea 2020.
Entre esas prioridades, destaca la de incrementar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, la de ampliar la de su independencia económica, reducir dicha brecha salarial, la brecha de ingresos y de pensiones de mujeres respecto a los hombres, combatiendo de este modo la mayor prevalencia de la pobreza entre las mujeres y promoviendo la igualdad en la toma de decisiones. Estas prioridades deberían servir para asentar en la sociedad vasca lo que debe ser el marco preferencial de actuaciones en materia de igualdad económica.
También debo referirme en este apartado a las cuestiones de acoso por razón de género y el acoso sexual.
El acoso sexual no es inofensivo y tiene enormes costes, tanto para las personas que lo sufren como para sus familias y el resto de la sociedad vasca. Se trata de una manifestación más de la ideología patriarcal y una expresión de la violencia machista.
Existe actualmente un amplio consenso, tanto en el ámbito internacional como en las instituciones europeas, en el sentido que es urgente acabar con la impunidad que han parado durante mucho tiempo a los acosadores y con el estigma social que ha llevado a las víctimas  - a las mujeres -  a silenciar esta forma de violencia. Resulta, por ello, imprescindible que las instituciones vascas se impliquen plenamente en el esfuerzo de comprometer a hombres, a chicos, a adolescentes, a jóvenes, en la prevención de la violencia contra las mujeres.
La igualdad de género es una responsabilidad que compete, sin excepción, a todas las personas y la violencia de género es un fenómeno que atenta contra la dignidad e integridad de las mujeres, por supuesto, pero que puede además derivar en consecuencias trágicas que son desgraciadamente todavía frecuentes.
En ese sentido, convendría que se promovieran medidas específicas para fijar criterios que aseguren a cada mujer en cualquier ámbito laboral, educativo, cultural o social canales efectivos de expresión para interponer esta clase de denuncias, lo que aconseja incrementar la inversión en organismos independientes que pueden asesorar a las víctimas con protocolos claros y fomentar una educación en valores, que permite identificar de modo consensuado aquellos comportamientos constitutivos de acoso por razón de género y el acoso sexual.
Entrando ya en la cuestión de la inclusión social, hay que decir que los mayores niveles de pobreza, precariedad laboral y desigualdad social afectan especialmente a mujeres; pero a mujeres en quienes concurren además otros factores de vulnerabilidad como son la edad, la clase, el origen. Especial mención merecen las familias monoparentales, o monomarentales; es una expresión que está emergiendo, familias formadas por mujeres, solas, extranjeras con hijos a cargo.
La reducción de desigualdad social debe incluir no solo decididas políticas de género, sino políticas de apoyo a los grupos más vulnerables.
También debe mencionarse específicamente la situación de las personas gitanas. La necesidad de medidas para su promoción y participación social y económica responde a compromisos éticos y jurídicos como minoría cultural. Pero también es que están obligadas de conformidad con la Estrategia Europea para la Inclusión Social de la Población Gitana.
El Ararteko ha podido comprobar a través de diversas quejas que ha tenido que tramitar en 2017 la manera en la que el rechazo social que padece la población gitana se erige en una dificultad añadida para las posibilidades de su inclusión y progreso social.
El Ararteko ha subrayado en múltiples ocasiones las ventajas de disponer de un sistema de prestaciones sociales de contenido económico, especialmente durante la reciente crisis. Gracias a estar prestaciones, muchas familias han podido vivir con dignidad y evitar caer en procesos de exclusión graves.
Frente a las alegaciones que plantea la existencia de fraude en materia de ayudas sociales, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha llevado a cabo un trabajo riguroso de análisis, recogida y tratamiento de información que permite concluir, a la vista de los datos, que los casos detectados apenas sí alcanzan al 1 % de las revisiones realizadas.
La gestión de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda que realiza Lanbide desde el año 2011 tuvo un inicio complejo, pleno de dificultades y desajustes. Pero no se puede negar que progresivamente ha ido mejorando su funcionamiento.
El análisis de las miles de quejas que el Ararteko ha tramitado en relación con las prestaciones sociales de naturaleza económica, le ha permitido elaborar un diagnóstico sobre la gestión de estas prestaciones desde la perspectiva de la defensa de los derechos de las personas vulnerables y del cumplimiento de las garantías del procedimiento administrativo.
Me remito, por ello, al último informe-diagnóstico 2017, así como a las numerosas recomendaciones y sugerencias que esta institución ha dirigido al Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Más específicamente, debo destacar en este terreno la importancia de respetar el plazo adecuado en la respuesta de las solicitudes de concesión y reanudación, la necesaria motivación de las resoluciones, la audiencia previa a cualquier decisión limitativa de derechos, la necesidad de una información adecuada a los usuarios, la importancia del registro de la documentación presentada, o la publicación y actualización de los criterios que se aplican en la tramitación de estas ayudas.
Además, quiero recordar la necesidad de una más intensa colaboración y coordinación entre Lanbide, los servicios sociales y el Departamento de Vivienda para atender más eficazmente a personas en situación de riesgo o de exclusión social. Asimismo, deseo señalar la ineludible necesidad de prever la formación del personal que atiende y gestiona estas prestaciones.
Quiero llamar la atención sobre la importancia que tiene el disponer de una normativa clara y transparente en materia de requisitos y obligaciones que deben cumplir las personas para ser perceptoras de prestaciones económicas.
Me siento obligado hacer hincapié especialmente en la exigencia de respuestas ponderadas y proporcionadas a la pérdida de requisitos o al incumplimiento de ciertas obligaciones, prestando especial atención al interés superior del menor para evitar un agravamiento en la situación de exclusión que padecen estas personas.
A lo largo de estos años, esta institución ha analizado numerosas quejas y las que ha valorado que se habían producido una cierta desproporción entre la conducta reprochada a la persona y la respuesta sancionatoria. Debe también mejorar, también por el volumen amplio de reclamaciones que se presentan ante el Ararteko, los procedimientos de reclamación de prestaciones indebidas.
La situación de personas en situación de exclusión social grave sin ingresos es un motivo que preocupa, es una cuestión que preocupa gravemente al Ararteko. Por ello, debo insistir en la dificultad de acceso a la vivienda que sufren determinadas personas en situación de vulnerabilidad.
Y ello, tanto por los precios de alquiler como por los requisitos y garantías que se exigen a ciertos demandantes de vivienda. Además, los prejuicios existentes con respecto a algunos colectivos obstaculizan sus posibilidades de un acceso normalizado a la vivienda. Por otra parte, las dificultades para acreditar un domicilio están en el origen de los obstáculos que tienen las personas para acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la RGI.
La realidad es que hay personas en situación de exclusión social y pobreza extrema que no pueden acceder a las prestaciones económicas o ven interrumpida su abono durante un periodo de tiempo prolongado. Ello provoca repetidas quejas y consultas ante el Ararteko.
Este Parlamento debatirá pronto la mejora del sistema de prestaciones económicas. En este empeño saben que pueden contar  - tienen a su disposición -  con el trabajo ya realizado por la institución de la que tengo el honor de ser titular.
Aurten ere, jakinarazi digute zaila dela Euskal Autonomia Elkargoko etxeetan ingurumen ongizatea bermatzea eta garrantzitsua dela energia pobretasunari buruz gizarte mailan eztabaidatzea.
Udal batzuek energia gastuari aurre egiteko programak burutu dituzte. Egindako gastua ordaintzeaz haratago, besteak beste, potentzia kontratuari buruzko aholkuak emateko zerbitzua abian jarri dute, baita gizarte bonoa edo azken baliabideko tarifa eskatzen laguntzeko zerbitzua ere elektrizitatean faktura txikiagoa izan dadin. Horrez gain, konpainiekin hitzarmenak sinatu dira hornidura etetea saihesteko.
Arartekoak azpimarratu du gainera, ahaleginak batu behar direla energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko, etxebizitza parte zaharkitua berrituz edo diru-laguntza publikoen bidez premia handieneko etxebizitzetan energiaren faktura murrizteko eta energia propioa sortzeko bideaz bultzatuz.
En el ámbito de la educación, merece señalarse el amplio número de quejas  - me estoy refiriendo a casi 500 -  promovidas por interesados que, habiendo cursado o estando cursando enseñanzas de educación de personas adultas, han obtenido o están a disposición de obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
La razón que les ha empujado venir al Ararteko es el cambio introducido en las instituciones correspondientes a la admisión en matrícula de los centros públicos y privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional en Euskadi.
A tenor de este cambio, se otorga preferencia para el acceso a ciclos formativos de grado medio, dentro de la cuota reservado a graduados, en educación secundaria, aquellos que hayan superado con anterioridad el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. En opinión de los promotores de las quejas, este cambio de ordenamiento implica un agravio comparativo para el alumnado en educación para personas adultas.
No es la primera ocasión que el Ararteko recibe quejas en las que se suscita esta misma cuestión. Ya con anterioridad, la admisión de algunas quejas puntuales...
...en las que se suscita esta misma cuestión. Ya con anterioridad la admisión de algunas quejas puntuales hizo que la institución solicitara la colaboración del departamento, entonces Departamento de Educación, Política Lingüística y Universidades, con el fin de conocer los motivos para introducir un dato diferenciado entre los mismos titulados a efectos de acceso a los ciclos de grado medio de formación profesional.
Aquella actuación permitió conocer que la razón para tal decisión era la voluntad de dar prioridad al alumnado que concluye la etapa de escolarización de secundaria obligatoria, con la finalidad de que continúen formándose en estudios superiores para facilitar posteriormente su inserción laboral; todo ello atendiendo al interés superior del menor y a la estrategia de la Unión Europea orientada a reducir el abandono escolar a menos de un 10 %.
Sin embargo, a la vista de las numerosísimas quejas formuladas en 2017, esto obliga a replantearse la posible proporcionalidad de la medida, ya que el elevado número de quejas recibidas puede ser indicativo quizás de unas consecuencias perjudiciales que no habían sido previstas. Debo señalar que los responsables del Departamento de Educación se han mostrado dispuestos a seguir la petición del Ararteko de llevar a cabo un análisis estudio de esta cuestión a medio plazo.
En relación con las personas refugiadas, el Ararteko ha venido insistiendo en que la gestión de los movimientos migratorios y la protección a las personas refugiadas, no puede obviar la necesidad de articular fórmulas legales que permitan la entrada en Europa mediante reasentamientos, visados, corredores humanitarios, etcétera. Es preciso abandonar la ficción según la cual las fronteras pueden llegar a ser impermeables a la entrada de personas.
Las dificultades para entrar y residir de manera legal son considerables, pero sirven sobre todo para desincentivar a muchas personas cuya primera opción hubiera sido la de seguir el procedimiento legal, abocándolas a recurrir a peligrosas aventuras a través de vías migratorias y seguras e irregulares.
La gestión pública de los movimientos migratorios permitiría hacer políticas territoriales de acogida que eviten los temores actuales de la población generados por la improvisación. También permitiría (...) a los países de origen de donde proceden las solicitudes y analizar otras medidas para hacer frente a la pobreza y a las necesidades de migración.
El Gobierno Vasco ha llevado a cabo esfuerzos importantes para lograr avanzar en un programa complementario de acogida a personas refugiadas y en el desarrollo de la fórmula denominada corredores humanitarios. Se ha posicionado claramente a favor de la acogida a personas refugiadas, con manifiesto respeto a los compromisos derivados de derecho humanitario internacional. El Ararteko valora positivamente estos esfuerzos que han sido continuados en el tiempo.
El pasado año el equipo del Ararteko ha desarrollado diversas iniciativas con otros defensores del Estado y de otros países europeos y del Mediterráneo, promoviendo acuerdos y manteniendo relaciones y reuniones con el Gobierno Vasco y con las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la integración de las personas refugiadas en Euskadi.
Las organizaciones sociales vascas han permanecido muy activas en la defensa de los derechos humanos de los refugiados, lo que dignifica a la sociedad vasca en su conjunto. La movilización social humanitaria es un elemento importante de visibilización del sufrimiento de las personas que buscan protección internacional y promueve la búsqueda de soluciones.
Hay que decir que entre las personas defensoras de los derechos humanos hay una preocupación creciente por la criminalización de las actuaciones en defensa de los derechos humanos de los demandantes de asilo o migrantes irregulares. Este riesgo es elevado en algunos países de Europa cuya legislación no distingue con claridad cuando se trata de una conducta basada en ayuda humanitaria, y cuando se trata de un delito de tráfico de personas.
La Directiva del Consejo 2002/90/CE de 28 de noviembre de 2002 debería, a mi juicio, ser revisada. Los casos de Helena Maleno, los bomberos sevillanos de Proem-Aid y de los activistas vascos de Ongi Etorri Errefuxiatuak detenidos en Grecia son suficientemente elocuentes y han provocado actuaciones del Ararteko ante sus homólogos en otros países.
No podemos olvidar finalmente que la sociedad vasca tiene un reto importante, el de prestar suficiente atención a la acogida de las personas solicitantes de refugio, pero también a su ulterior integración entre nosotros sin discriminación.
También en este terreno el Ararteko reconoce los esfuerzos que llevan a cabo las autoridades vascas y los proyectos pilotos en curso.
Las personas en prisión representan uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, por ello la reclamación de la transferencia penitenciaria reiterada por el Gobierno Vasco y por este Parlamento debe de ir de la mano de un llamamiento a la ciudadanía vasca en su conjunto para que sea consciente de que la cárcel no es una entidad lejana y ajena, sino una realidad cuya responsabilidad recae sobre la sociedad vasca en su conjunto.
Es conocido el adagio, según el cual el estado de las cárceles y el tratamiento que reciben las personas privadas de libertad es el signo que permite evaluar el estado de civilización de una sociedad.
En este sentido, si bien no cabe duda de que la transferencia favorecerá  - a nuestro juicio -  la conciliación colectiva, es preciso insistir en la necesidad de que la labor de reinserción que ya se está llevando a cabo en Euskadi, se articule mediante un sistema integral y coherente.
Se trata de una labor ubicada en espacios socio sanitarios, socio jurídicos y socio laborales diversos, lo que hace necesario una planificación y coordinación en la medida en la que depende de instituciones encargadas de acción social, empleo, asuntos sociales, seguridad, sanidad, justicia, paz y convivencia. Es preciso que todas estas instancias coordinen sus planteamientos, armonicen procedimientos, pongan en común esfuerzos e iniciativas.
Deben arbitrarse convenios sin compromisos plurianuales para el desarrollo de programas y servicios que faciliten que la población reclusa acceda en condiciones de igualdad y sin otra limitación que la derivada de su propia condena, al haber normalizado los servicios sociales, educativos, sanitarios y de promoción laboral que organizan y gestionan nuestras instituciones vascas.
Las recomendaciones que al respecto viene formulando el Ararteko, cobran pleno sentido, en todo caso en el marco de un modelo penitenciario propio; un sistema integral de ejecución penal que no aumente la marginación y cronifique los factores que llevan a delinquir.
A juicio de esta defensoría, una referencia para el diseño del sistema podría ser el estudio de la línea general de política de ejecución penal y penitenciaria que ya elaboró en su día la Universidad del País Vasco, inspirándose en las reglas penitenciarias y europeas por encargo del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.
No quisiera finalizar este punto sin realizar un apunte sobre política penitenciaria. Esta estaba determinada y condicionada en las últimas décadas por la lucha antiterrorista, tanto en la aplicación de las normas legales, como en la interpretación y aplicación de estas.
A mi juicio, el hecho de que ETA haya abandonado explicita y definitivamente su actividad criminal, facilita una interpretación de la ley que como esta institución siempre ha recomendado, resulte más acorde con la finalidad rehabilitadora de las penas, posibilitando la aplicación a presos y presas de criterios de reinserción que figuran en régimen general penitenciario.
Debemos, por lo tanto, reiterar la conveniencia de modificar en ese sentido la política penitenciaria en materias como el traslado a cárceles del País Vasco o próximas a nuestra comunidad autónoma, aplicación de permisos, libertades condicionales, cómputo de beneficios penitenciarios o excarcelación de quienes padecen enfermedades graves o incurables.
En esta línea ha intervenido  - discretamente, eso sí -  el Ararteko, ante cuantas instancias sociales e institucionales ha tenido ocasión a lo largo del año, y lo seguirá haciendo por entender que su mandato así lo exige, insistiendo al mismo tiempo en la ineludible defensa de las víctimas de la violencia para que el final del terrorismo y su deslegitimación social, ética y política favorezca un modelo de convivencia basado en los respetos de los principios democráticos y de los derechos de todas las personas.
Joan den urtean, apustu irmoa egin genuen Arartekoaren erakundean, nabarmenki gainera, Arartekoak giza eskubideak babesteko nazioarteko erakundeekin harremanak sendotzearen alde. Eta horrela jarraituko dugu datozen urteetan.
Beraz, harremanak estutu ditugu IOI-rekin, International Ombudsman Institute, ENO-rekin, Europar Batasunerako Ombudsman sarea, OIF-rekin Ombudsman Iberoamerikoko federazioa, (...) hizkuntza komisarioen nazioarteko elkartea, (...) umeen eskubideak babesten dituzten aratekoak. Baita bi aldeko harremanak eta nazioarteko beste erakunde batzuekin eta Europako hainbat herrialdeetako ombudsmanekin.
Horrela, 2017. urteko txostena V. Kapituluan aurkituko duzue atal berezi bat eta hor eskaintzen da iaz Europan eta nazioartean egindako jarduera ugari.
Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiot Ararteko erakundean zerbitzuak egiten dituzten lankide guztiei, beraien ardura sutsuagatik, beraien lan eraginkorra eta konpromisoagatik.
Nire mintzaldia bukatzeko  - eta denbora barruan aurkitzen naiz oraindik - , eskerrak eman nahi dizkizuet zuen arretagatik eta laguntzen jarraitzeko eskatu nahi dizuet Estatutuaren eta legearen bitartez legebiltzar ordezkariari eman zaizkion eginkizunak behar bezala betetzeko.
Mila esker.