CASTELO DE SA (PSE-EE, 2017-02-16):
Egun on berriro.
Nos toca ahora debatir una propuesta que presenta Elkarrekin Podemos relativa a la política de contratación de las administraciones públicas. Yo he sido generosa, y entre el original y la parte final, he querido ir al espíritu de lo que usted ha querido aquí defender, y creo que es el tema de las políticas de contratación de las administraciones públicas con la cual usted no está de acuerdo, sea subcontratación, contratación, recontratación. Le da igual, aquí todo el mundo gestión directa y con unas condiciones de funcionario. Me ha parecido entenderle eso y creo que en algún momento lo hemos comentado.
Sabe que no puedo de inicio compartid la justificación de la proposición, dado que en la misma cuestiona de base y rechaza la existencia de la contratación de servicios, ya no solo entre la Administración y las empresas, sino entre las propias empresas. Ya me gustaría saber a mí cómo tiene que funcionar entonces la economía, si entre las empresas tampoco se pueden prestar servicios complementarios.
Demoniza en esta tribuna a la gestión indirecta de servicios, tanto por empresas como para administraciones. La considera generadora de precariedad laboral, mermadora de calidad de los servicios. Es algo que no comparten, por sus hechos y por sus palabras, algunos compañeros de su formación en otras administraciones en las que son responsables de su gestión, porque allí son conscientes de la legalidad y la oportunidad de este recurso, de la posibilidad de mejorar en su eficacia y eficiencia, y lo que están haciendo no es rechazando esta posibilidad, ni publificando todos los servicios que prestan, sino incorporando condicionantes al mismo.
No le va a ser ajena ni novedoso al señor Bollain, puesto que me pudo escuchar un par de plenos, cuál era nuestra posición con respecto a lo que ha de significar la política de contratación de las administraciones públicas, y seguro que recuerda cómo reconocíamos que para los Socialistas los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio de obtención de servicios en las condiciones más ventajosas para la Administración.
No es solo un criterio economicista  - y se lo expliqué - , sino que creemos que a través de la contratación pública se puede y se debe intervenir en la vida económica y social, que se debe de garantizar, al mismo tiempo, tanto un uso eficiente de los fondos públicos como la consecución de otro tipo de fines de carácter general, de interés general o social, como puede ser el respeto de los derechos laborales básicos de los trabajadores, algo que no nos van a enseñar ustedes ahora que acaban de llegar, porque llevamos mucho tiempo defendiéndole y le expliqué aquí  - y no se lo voy a repetir en este pleno, porque me parecería excesivo -  lo que significa el respeto al marco de la negociación colectiva que tiene que desarrollar no los parlamentarios, sino los sindicatos.
El objetivo de introducir y que la política de contratación de las administraciones públicas vayan más allá de un criterio economicista, a ese objetivo es a lo que responde el respaldo que los Socialistas dimos en esta Cámara a la Ley 3/2016, de 7 de abril, en la que se introducen cláusulas sociales en la contratación público, para recoger medidas que deben contribuir a hacer que la contratación pública sea un respeto a los derechos fundamentales.
Y eso no son palabras mías, son palabras de su compañero en el Ayuntamiento de Madrid, cuando defiende la utilización de la contratación de empresas privadas, incluyendo en ellas este tipo de cláusulas. Lo considera que es un espacio de respeto de los derechos fundamentales y he de decirle que yo coincido con él.
Es un espacio de respeto de derechos que creo que la Administración  - y se lo dije también y se lo voy a repetir hoy -  tiene que vigilar exhaustivamente, porque esos criterios y esas condiciones se cumplan, que tiene que controlar que las empresas a las que adjudica contratos públicos cumplan con las cláusulas que se han introducido y que se han recogido en el contrato, y que tiene que ser muy, pero que muy firme con los incumplimientos que pueda detectar, pero eso no significa demonizar la contratación en la Administración.
Por tanto, no puedo compartir con usted la propuesta original que inicialmente traía a este Parlamento. Ahora, esto es el origen de su iniciativa, porque hemos acabado en una propuesta transaccional con sus hermanos de Parlamento, porque por la poca historia que llevamos aquí, lo que sí vemos es que transaccionan y tienen mucha facilidad en transaccionar con EH Bildu y poca con el resto de grupos. Bueno.
¿Ahí que nos dicen? Que la Administración vele porque las externalizaciones cumplan la normativa vigente, porque eso es lo que dice el artículo 60. El artículo 60, de los ciento y pico que ha mencionado Javier, el portavoz del Partido Popular, de ese Decreto que nos mencionan que se cumpla, me imagino ese es el acuerdo regulados de las condiciones de los trabajadores que, por cierto, firmamos el Partido Socialista cuando gobernábamos con los sindicatos. Un solo artículo, el 60, habla de las externalizaciones, no para prohibirlas, sino para regularlas.
Y también dice, y hay un acuerdo posterior del Consejo de Gobierno, también en la época Socialista, de que tiene que haber un informe trimestral, en la que se vaya dando conocimiento de todos esos datos con respecto a los contratos que realiza la Administración. Por cierto, esos informes los puede tener usted si quiere, porque fueron traídos a este Parlamento a petición del grupo Socialista en la anterior legislatura y los podrá localizar perfectamente si los busca.
Luego nos pide que se haga un estudio, que, por cierto, algunos de ustedes dicen que ya lo tienen hecho, porque nos han dicho o aquí nos han venido a decir que cuesta lo mismo o que no hay un mayor coste por publificar determinadas gestiones y, por lo tanto, si lo saben a ciencia cierta el estudio lo tienen, entonces me imagino que no lo necesitarán, ¿no?
Y la verdad, lo que quieren luego es que hagamos un plan para que los servicios, y eso lo ha dicho usted aquí muy claro y yo le agradezco la claridad, se presten de forma directa. Bueno, yo la verdad que una vez que he visto el mix al que hemos llegado y sabiendo usted que yo no comparto que todos los servicios se tengan que prestar de forma directa, ni creemos que la contratación o la gestión indirecta sea el demonio, pudiera intentar en estos cuatro minutos que me quedan argumentar nuevos ejemplos para intentar decirles que la gestión indirecta pues no es menos eficiente que la gestión directa, ni menos garantista, que hay servicios que serían de difícil encaje con recursos propios o imposible.
Pero he pensado que mejor no lo hago y que lo que voy a hacer es devolverles a ustedes la pelota, ¿vale? Y lo hacemos al revés. Le dejo a los dos grupos proponentes, a Podemos y a EH Bildu, que intenten convencerme con hechos. Y le digo, y les advierto, que lo pueden lograr con facilidad si en alguna de las instituciones en las que gobiernan o han gobernado, sean grandes o pequeñitas, me da igual que haya sido una diputación, un ayuntamiento o una comunidad autónoma, defienden esta propuesta y gestionan de forma directa todos los servicios y no recurren a la contratación.
Si eso me lo pueden decir, entonces me convencerán en que lo que están diciendo aquí es algo razonable para lo que hacen allí.