ARANA VARAS (EP, 2017-10-26):
Bai, eskerrik asko, y disculpad que haga desde aquí mi intervención pero no hay otra posibilidad de hacerla de otra manera. Egun on guztioi. Eskerrik asko, mahaiburu andrea, legebiltzarkideok.
Dijimos el pasado 19 de junio, lo reiteramos la semana pasada y hoy volvemos a insistir porque en Elkarrekin Podemos queremos que la igualdad de mujeres y hombres y las violencias machistas se ubiquen en el lugar de prioridad que les corresponde en la agenda política y de este Parlamento, y vamos a seguir trabajando para que así sea. La desigualdad y las violencias tienen relación directa, invertir en políticas de igualdad es invertir en la erradicación de las violencias machistas, invertir para erradicar las violencias machistas es invertir en igualdad.
La desigualdad es el caldo de cultivo de las violencia y esta, a su vez, sostiene la desigualdad y la discriminación, porque cuando tocan a una nos tocan a todas. Cada agresión opera como una alerta para todas, es un mensaje claro; mujer, si te sales de los mandatos, puedes ser agredida. Aclarado esto y quería hacerlo porque la semana pasada me pareció que no se entendía lo de porqué es importante abolir la desigualdad para abolir las violencias machistas.
Decíamos en la interpelación que da lugar a esta moción que hemos tenido conocimiento de la situación de la Administración de Justicia en relación a las violencias machistas. Las denuncias aumentan, según el Consejo General del Poder Judicial en Euskadi en el primer trimestre del año crecieron un 8,1 % las denuncias por violencia machista de la pareja o expareja. En datos publicados esta misma semana, el Poder Judicial afirma que sigue en aumento. Durante el mismo periodo del año anterior, por cada 10.000 mujeres, 11,4 denunciaron ser víctimas de violencia por parte de pareja o expareja, mientras que actualmente asciende a 11,58 %.
Estos datos, graves, muy graves, son solo una mínima parte del fenómeno de las violencias machistas, ya que el Poder Judicial solo considera violencia de género la que se ejerce por parte de pareja o expareja, y quedan fuera de esta estadística, como todas sabemos, invisibles todas las demás violencias que día a día sufrimos las mujeres. Según los datos de la Ertzaintza, las denuncias por delito contra la libertad sexual han aumentado un 43,14 %, además del aumento de denuncias, según la Fiscalía, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 y Ley Orgánica 7/2015, se ha producido un incremento de las diligencias previas y procedimientos abreviados. El volumen de trabajo que debe absorber la Administración de Justicia aumenta y la carga de trabajo supera los medios disponibles.
Hay un acuerdo generalizado entre agentes sociales, defensoras y también expresado por agentes judiciales en relación a que los juzgados, los medios y la especialización son insuficientes para dar respuesta adecuada a las víctimas, insuficiencia que se agrava en este aumento progresivo del número de denuncias. También Mugarik Gabe, en su comparecencia en la Comisión de Trabajo y Justicia, por el informe Feminicidio en Euskadi y Navarra 2010-2015 nos hablaron de estas deficiencias y que consideraban que eran muy graves y, sin embargo, no hemos visto ningún gesto claro por parte del Gobierno Vasco que nos haga creer que se van a redoblar esfuerzos a través de más recursos y nuevas medidas.
Esta sobrecarga genera dinámicas de trabajo que tienen como principal consecuencia que las situaciones no puedan ser atendidas con la dedicación y el debido tiempo. Esto aumenta el riesgo de revictimización y de que los procedimientos se realicen de forma no adecuada.
La sobrecarga tiene también consecuencias en las condiciones edilicias e infraestructuras asignadas: Existe saturación, los espacios son escasos y están sobreutilizados, lo que conlleva a situaciones no adecuadas, según los estándares y recomendaciones internacionales; como, por ejemplo, tener que compartir la zona de espera entre víctima y denunciado, o entre este y familiares de la víctima, o cruzarse en los pasillos, acceso y lugares de paso.
Además, en los numerosos casos en que la mujer tiene que acudir acompañada por niñas y niños, los espacios terminan siendo totalmente inadecuados para las esperas o para preservar a niños y niñas de momentos tensos y de la escucha de testimonios que tienen un marcado contenido violento y una gran carga emocional.
El Ararteko, en el informe 2016 ya señalaba como preocupante la atención que reciben en nuestros juzgados los niños y niñas que comparecen en ellos, ya sean en calidad de víctimas o de testigos, y por si fuera poco, se ha detectado la necesidad de mejorar la especialización para abordar los procedimientos de violencias machistas, tanto en los juzgados especializados, como en toda la Administración de Justicia.
Decía el otro día  - y lo repito hoy -  la justicia cuando es ciega, el género no es justicia; los estereotipos y perjuicios atraviesan todos los ámbitos de la sociedad, incluida la Justicia, y son un obstáculo para acceso a esta de las mujeres. La aplicación de prejuicios afecta a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres como partes y como testigos de los procedimientos.
Esta situación de la Administración de Justicia debe preocuparnos y ocuparnos a todas y, como es obvio, muy especialmente al Departamento de Trabajo y Justicia. Hay que poner en marcha medidas para asegurar el derecho de acceso a la Justicia de las mujeres, las niñas y los niños y adolescentes víctimas de violencias machistas, y actualmente no se está haciendo bien.
Con esta iniciativa Elkarrekin Podemos quiere impulsar medidas para contribuir a que el acceso a la justicia de las víctimas de violencias machistas sea real, efectivo, con garantías de no repetición y sin riesgo de revictimización.
Hemos llegado a un acuerdo y lo celebramos. Consideramos que es un gesto mínimo, urgente y necesario. A través de este acuerdo instamos al Gobierno Vasco a aplicar de forma efectiva y real el principio de igualdad y no discriminación, así como la perspectiva de género en las políticas de la Viceconsejería de Justicia del Departamento de Trabajo y Justicia.
También a realizar, como establece la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en su artículo 51.2, periódicamente la evaluación de la eficacia y alcance de los recursos y programas existentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de violencia contra las mujeres, con medios propios o bien en colaboración con otras entidades.
A elaborar un plan de implementación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas, y a contar en estos procesos con la participación de agentes sociales, personas expertas y organizaciones sociales con experiencia reconocida en el trabajo con violencias machistas y en la Administración de Justicia, así como los colegios profesionales de abogacía y procuraduría.
Repetimos, hemos llegado a un acuerdo y lo celebramos realmente. No obstante, queremos hacer unas notas al píe de este acuerdo que hemos alcanzado, sobre los informes. La Ley 4/2005, del 18 febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en su artículo 51.2 establece, que se realizará periódicamente la evolución de la eficacia y alcance de los recursos y programas existentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de violencia contra las mujeres.
Para dar cumplimiento a este mandato, se elaboró un primer informe en 2007, y nos consta que 10 años después, por fin, se ha debido de actualizar esta evaluación, sin embargo no se ha hecho pública, cosa que no entendemos y desconocemos el motivo y nos parece una falta absoluta de transparencia. Nos gustaría saber cuándo se va a hacer público ese informe, porque tenemos constancia de que existe.
Sobre el plan para incrementar las recomendaciones, vamos a estar vigilantes para que, efectivamente, se presente ese plan para dar solución a este problema.
Para llegar a este acuerdo que consideramos tan importante hemos tenido que renunciar a marcar un plazo para la presentación del plan. No entendemos la negativa a marcar esos plazos cuando la propia consejera de Trabajo y Justicia, el 3 de marzo, daba respuesta escrita a una pregunta en la que afirmaba que se estaban tomando medidas para mejorar en relación a la atención de  - cito textual -  "mujeres víctimas de violencia contra la mujer", y entendemos que se están tomando medidas, tendrán plazos para realizarlas.
En nuestra interpelación del 10 de junio, de forma más bien dubitativa y difusa, también mencionó algunas medidas. ¿Por qué la negativa a marcar plazos si ya existen un plan? Es tan simple como remitir lo que se ha pensado y las medidas que se están tomando.
Nos surgen dudas. ¿Hay realmente un plan? ¿Existe realmente una política para mejorar la respuesta de la Administración de Justicia hacia las violencias machistas? ¿Son medidas puntuales y aisladas? Nos gustaría saber qué medidas y qué plan se tiene para poder abordar todo esto y, aun así todo, seguiremos vigilando para que realmente salga a la luz ese plan de trabajo.
Y también vamos a trabajar e insistir para que el plan tenga asignación presupuestaria, porque ningún plan si no está soportado por una asignación presupuestaria pues no se puede llevar a cabo.
Y hablando de planes, comprendan que hagamos un seguimiento y control exhaustivo al Departamento de Trabajo y Justicia, ya que hemos hecho una solicitud de información a todos los departamentos con el objetivo de conocer los planes de igualdad de cada uno, y el Departamento de Trabajo y Justicia ha respondido en un par de hojas para explicar que por esto, por aquello, por lo otro y por lo de más allá, a un año de asumir, hoy por hoy, están sin un plan de igualdad. No nos parece de recibo.
Y para finalizar, y como me imagino que nos sacarán este tema, sobre el pacto de Estado de violencia de género, lo hemos incluido por petición del PP, pero debemos decir que es un pacto cojo, y voy a decir cuatro puntos por los que creemos que es cojo.
Es cojo porque las medidas no tienen garantías económicas, temporales, ni legislativa para ser ejecutadas. La subcomisión acordó pedir un mínimo de compromiso económico de 1.000 millones a repartir entre todas las administraciones del Estado a cinco ejercicios económicos, pero, de momento, no hay nada por parte del Gobierno, ni tan siquiera el compromiso de especifidad o finalidad de las partidas presupuestarias. Por eso nos abstuvimos.
No se incorporan políticas de igualdad que garanticen prevención para cambiar la sociedad machista en la que vivimos. Si no garantizamos la prevención, difícilmente vamos a abordar este teme desde la raíz, que es de donde hay que abordarlo. No se permite la participación de las mujeres y colectivos feministas como lo hacen en otros organismos como es la ONU, el Consejo de Europa; sin las principales impulsoras de esta defensa y de esta reclamación, yo creo que difícilmente podemos llegar a acuerdos que sean totalmente realistas.
Tampoco se incorpora un enfoque feminista que supere el marco conceptual y legislativo de Ley orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; necesitamos un marco de violencias machistas que no generen víctimas de primera y víctimas de segunda. Queremos un pacto útil, un pacto feminista. Y este no lo es.
Repito, que muchísimas gracias a todas por el esfuerzo, llegar a este acuerdo. Seguiremos trabajando. Desde Elkarrekin Podemos vamos a poner la lupa en los juzgados y vamos a seguir muy de cerca lo que se hace y lo que se deja de hacer, y si vemos que no hay una respuesta clara, volveremos a traer a esta Cámara, de nuevo, este debate. Seguiremos trabajando y seguiremos insistiendo.
Eskerrik asko.