LLANOS GÓMEZ (PP, 2018-02-08):
Gracias señora presidenta, buenos días a todos.
Bien, yo creo que lo han dicho todos los grupos en esta Cámara, y nosotros también lo queremos reiterar, la vivienda es un derecho fundamental, y por lo tanto, todos los poderes públicos deben emplearse en garantizar ese derecho.
Tanto en garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda, como que poner los medios para intentar que no la pierdan, cuando se produce un desahucio, por ejemplo.
Y la verdad es que los desahucios han sido una de las caras más amargas tras la llegada de la crisis.
Es verdad que no era un fenómeno nuevo, es un hecho objetivo, pero a partir del 2008 es cuando empieza un crecimiento exponencial de los desahucios.
Y creo que todos los grupos de esta Cámara, no solamente hoy aquí en este momento, sino también en otras ocasiones en las que se ha debatido sobre el asunto, hemos compartido el drama que supone para cualquier persona, para cualquier familia, perder su vivienda. Porque no solamente perder la vivienda es perder un sitio donde vivir, es perder mucho más, es perder vivencias, es perder recuerdos... Por lo tanto, creo que todos los poderes públicos tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para tratar de evitarlo.
Y es verdad que quedan cosas por hacer, que quedan muchas cosas por hacer, pero también es verdad y hay que decirlo así, que ni las instituciones básicas, ni el Gobierno de España han estado con los brazos cruzados ante situaciones como estas.
Aquí se ha hablado de lo que se ha hecho en las instituciones vascas, de los protocolos existentes, de los acuerdos y de los convenios a los que se ha llegado desde el Gobierno Vasco como digo, desde Eudel, desde los ayuntamientos...
Y también desde el Gobierno de España, el Ejecutivo Popular ha tomado medidas para hacer frente a esta situación. Es desde el primer momento que entró, no en esta legislatura, en la anterior, se puso a trabajar en unos de los problemas sociales más importantes a los que se tenía que hacer frente y así, la primera medida fue el Real Decreto 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, estableciendo medidas conducentes a la restructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender a su pago.
También se creó el código de buenas prácticas, al que voluntariamente se adhirieron la mayor parte de las entidades de crédito, estableciéndose un sistema de fases sucesivas, en favor de las familias deudoras en situación de vulnerabilidad.
La normativa posterior ha ido ampliando el ámbito de aplicación, y los instrumentos de ese código de buenas prácticas como diré.
Siguiendo esta línea, el Real Decreto Ley 27/2012 suspende temporalmente los desahucios de vivienda habitual de personas en especial vulnerabilidad, para de esta forma intentar paliar la situación excepcional de deudores hipotecarios, que a causa de esta situación excepcional de crisis económica, habían visto alterada su situación económica y patrimonial y que por lo tanto, requerían medias excepcionales de protección.
Tanto este Decreto como la Ley 1/2013, encomendaba al Gobierno la constitución de un fondo social de viviendas, propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que fueran desalojadas de su vivienda habitual por el impago del préstamo hipotecario, cuando concurriesen condiciones de especial vulnerabilidad.
El convenio para la constitución de este fondo social de vivienda se firmó entre el Gobierno, entre la (...) plataformas del tercer sector, las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. Y a partir de ese momento se puso en marcha el proceso de solicitudes de selección y adjudicación de viviendas.
En marzo del 2015 se realizó una primera ampliación del colectivo beneficiario de estas medidas, al incrementar el límite de renta anual, elevar el umbral del precio de adquisición de los inmuebles afectados e incluir también a los mayores de 60 años como personas que se consideraban vulnerables.
Y el año pasado, en marzo concretamente, se aprobó el Real Decreto Ley 5/2017, fue convalidado en el Congreso de los Diputados de medias para reformar la protección de deudores hipotecarios, restructuración de deuda y alquiler social.
En primer lugar este real decreto, incluye la prórroga del plazo de suspensión de los lanzamientos y (...) durante tres años más, es decir hasta el 2020.
En segundo lugar, se amplía el colectivo potencial de beneficiarios, tanto de las suspensiones de lanzamientos como el código de buenas prácticas, manteniendo así la coherencia de ambas medidas.
Para definir el colectivo de beneficiarios, se aplican criterios de ingresos familiares, la carga que representa la cuota hipotecaria en relación con esos ingresos, y circunstancias de especial vulnerabilidad, incluyéndose entre ellas las unidades familiares en las que forme parte un menor de edad; las unidades familiares monoparentales con algún hijo a cargo; las unidades en las que exista una víctima de violencia de género; las unidades en las que conviva una persona en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral.
Asimismo, los titulares de hipoteca que se encuentren en el paro, podrán beneficiarse de la suspensión de desahucios, independientemente de sí se han agotado o no las prestaciones por desempleo al eliminarse este requisito.
En tercer lugar, se introduce en el código de buenas prácticas, la posibilidad de que el deudor hipotecario pueda quedarse en su vivienda en régimen de alquiler. Un alquiler que se realizará en plazos anuales hasta un máximo de cinco ejercicios, prorrogable por otros cinco por mutuo acuerdo de las partes, y con un precio que no puede superar el 3 % del valor de la vivienda, en el momento del remate determinado según la tasación.
El Gobierno también incluye en ese real decreto una disposición, obligándose a presentar en el plazo máximo de ocho meses propuestas para facilitar la recuperación de la vivienda habitual por parte de los deudores hipotecarios que se acojan a la suspensión de los lanzamientos.
La verdad es que aunque como digo, es un drama los desahucios, las ejecuciones han disminuido y un gran número de familias se han podido beneficiar de estas medidas. Cerca de 90.000 familias. Al código de buenas prácticas, se han acogido 51.000 deudores con restructuración viables de deudas, quitas y daciones de pago.
Y el fondo social de vivienda ha facilitado que más de 9.000 familias puedan tener un alquiler asequible, y desde 2013 pues casi 28.000 familias han podido permanecer en su vivienda gracias a la suspensión de los lanzamientos.
Las ejecuciones hipotecarias, como digo, se han reducido. Según el INE entre julio y septiembre de 2017 se iniciaron un 60 % menos de ejecuciones que en el mismo periodo del año anterior. Y si eso lo comparamos con el peor año en cuanto a ejecuciones hipotecarias, que fue el segundo trimestre del año 2014, la caída roza el 84 %.
Pero como decía señor Andueza, que se hayan reducido las ejecuciones hipotecarias, que se hayan reducido los desahucios, mientras que haya una sola familia afectada, eso hace que las instituciones tengamos que seguir trabajando en el Gobierno de España como digo y también en Euskadi, que como se ha explicado aquí también se han tomado medidas para garantizar el derecho a la vivienda de forma inicial y también para cuando se pierde por un desahucio poder hacer frente a esa situación.
Y con relación a si se ha respondido o no al requerimiento de Naciones Unidas, como también se ha dicho aquí, la materia de vivienda es una materia en la que hay corresponsabilidad y en la que se comparten las competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y que el Gobierno de España cuando conteste a las Naciones Unidas, en relación con esa comunicación, lo que va a exponer es lo que se está haciendo, tanto por parte del Gobierno de España, como lo que se está haciendo por parte de las comunidades autónomas, de las distintas comunidades autónomas de España, y lo que se está haciendo también en los ayuntamientos; que es yo creo que todas las instituciones lo que están haciendo, que es trabajar para que todas las personas que se ven afectadas, primero como se ha dicho aquí a través de una detección temprana se puede actuar previamente, y cuando ya esa detección temprana no ha funcionado, para cuando se produce la situación. Y creo que se está trabajando...
...y cuando ya esa detección temprana no ha funcionado para cuando se produce la situación. Creo que también se está trabajando precisamente para evitar que la situación se produzca.
Nada más, muchas gracias.