MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2015-05-07):
Y que se cumpla estrictamente la legalidad vigente.
Incluidos todos los requisitos que la ley establece para que los presos de ETA puedan acceder a beneficios penitenciarios, cosa que el Gobierno Vasco y determinados partidos políticos pretender obviar y olvidar.
Nosotros no olvidamos la legalidad vigente y no olvidamos ni uno sólo de los requisitos perfectamente establecidos en la ley para que los presos de ETA puedan acceder a beneficios penitenciarios. Por lo tanto, con nuestra propuesta lo que planteábamos era lo siguiente, tres puntos. El primero de ellos, que este Parlamento recuerde al Gobierno Vasco que la competencia en política penitenciaria corresponde al Gobierno de España.
El segundo punto, que este Parlamento rechace el programa Hitzeman del Gobierno Vasco, así como el propio Plan de Paz y convivencia donde aquel programa se incluye, por lo ser utensilios útiles para lograr y avanzar en la convivencia en Euskadi, la justicia que las víctimas del terrorismo merecen y la derrota definitiva de ETA.
Finalmente, proponíamos instar al Gobierno de España a que en el desarrollo y aplicación de la política penitenciaria que aplique a los presos condenados por terrorismo y para impedir cualquier tipo de impunidad o injusticia, aplique rigurosa y estrictamente el Código Penal, la Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, de modo que se condicione la obtención de cualquier tipo de beneficio penitenciario al cumplimiento por parte del preso de todos los requisitos legalmente establecidos y sin ningún tipo de excepción.
Es decir, desvinculación definitiva de la banda terrorista, petición de perdón a sus víctimas, asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue condenado, y colaboración fehaciente y acreditada con las autoridades y la justicia que permita resolver o ayudar a resolver los crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución.
Especialmente importante es este último requisito, habitualmente, por cierto, incumplido. El cumplimiento riguroso de este requisito ayudaría a resolver los más de 300 crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución.
Y además, su cumplimiento por parte del preso demostraría que efectivamente, está arrepentido y por tanto en disposición de reinsertarse en la sociedad.
Está perfectamente comprobado que muchos de los presos de ETA que se han venido beneficiando de beneficios penitenciarios no han colaborado, porque no han querido, con la justicia. Y sin embargo, han podido disfrutar de esos beneficios. Por lo tanto, se ha incumplido la ley. Se ha producido un fraude de ley.
Ante la pretensión de ETA y del mundo de ETA de tratar de lograr impunidad para sus presos, defendemos esta iniciativa para defender a las víctimas del terrorismo y la justicia, que implica el cumplimiento estricto de la legalidad vigente, sin trampas de ningún tipo, es decir, rigurosa y estrictamente, cosa que ya digo que ayudaría a esclarecer los crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución.
Repasemos rápidamente la legalidad vigente. El mayor beneficio penitenciario contemplado en la ley es la libertad condicional, que la otorgan los jueces y permite no volver a prisión. Los requisitos para acceder a la libertad condicional son estar clasificado en tercer grado penitenciario, haber cumplido las (3/4) partes de la condena, y haber mostrado buena conducta y un pronostico favorable de reinserción social.
Según el Código Penal, se entenderá que hay pronostico favorable de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas.
Si se niegan a colaborar con la justicia es que no están reinsertados ni quieren reinsertarse y, además, incumplirían uno de los requisitos para acceder a esos beneficios penitenciarios.
El paso previo para acceder a la libertad condicional es el tercer grado penitenciario. El artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria es también claro: "La clasificación o progresión al tercer grado de personas condenadas por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y además hayan colaborado activamente con las autoridades."
Por lo tanto, la ley es clara. Y este Gobierno Vasco lo que pretende es o bien saltarse la legalidad vigente o bien cambiarla. Y nosotros creemos que la ley está bien como está y que, en todo caso, lo que debe hacerse es cumplirse con mayor rigor.
El programa Hitzeman fue presentado en octubre de 2014, una hoja de ruta, según se decía, que busca profundizar en la vía legal y constitucional de resocialización de las personas presas para darles cobertura de vivienda o empleo tras su salida de prisión.
Exige una reflexión autocrítica del daño injusto causado y, según el lehendakari, viene a cubrir las lagunas y el inmovilismo que el Gobierno Vasco ve en la política de Estado en relación a los presos de ETA. Se trata de un programa de apoyo a los procesos legales de resocialización de personas presas.
Este plan piloto que nosotros rechazamos tiene, además, al menos dos dificultades evidentes. Las competencias exclusivas en materia penitenciaria son del Gobierno de España. Pero es que, además, el Gobierno Vasco aún no ha logrado el compromiso de ningún recluso para sumarse a Hitzeman.
Según Jonan Fernández, ha habido una fase de consultas, ha tenido buena acogida, pero como no ha habido una fase de inscripción no hay personas inscritas.
Y en este punto habría que recordar que el Gobierno cuando presentó este programa se dio un plazo de cinco meses para consensuarlo con el resto de partidos políticos. En este asunto, como en tantos otros, tampoco ha habido ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de consenso.
Por lo tanto no sólo no lo ha consensuado como prometió, sino que además ha sido un fracaso. Sólo ha servido para deslegitimar la legalidad vigente, para poner...
...consensuado como prometió, sino que además ha sido un fracaso, sólo ha servido para deslegitimar la legalidad vigente, para poner en cuestión la legalidad vigente.
El señor Jonan Fernández hablaba de explorar el potencial que la legalidad ofrece cuando presentó este programa. Nosotros pensamos que más que explorar el potencial que la legalidad ofrece, lo que hay que hacer es cumplirla.
En relación al Programa Zuzenbidean, recogen 20 medidas relacionadas con la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA. Son según se dice, 20 proposiciones para recomponer tras el fin de ETA el estado de normalidad en el derecho penal y penitenciario y contribuir a la normalización social y política de la convivencia.
También rechazamos este programa. Un programa que incluye 10 propuestas de cambio en la política penitenciaria sin modificación legal y otras 10 propuestas de modificación legal. Rechazamos lo fundamental de lo que se propone en ese programa.
¿Qué es lo que se propone en ese programa? Entre otras medidas las siguientes: suprimir el delito de terrorismo sin pertenencia a banda armada, suprimir el delito de apología del terrorismo, liberar a los condenados por actividades  - se dice -  antes ilegalizadas y ahora normalizadas. Es decir, lo que se defiende es básicamente la impunidad de algunos presos, la derogación de la Ley Orgánica 7/2003 de medidas de cumplimiento íntegro de las penas y suprimir determinados requisitos para acceder a beneficios penitenciarios, entre otras. Nosotros rechazamos también todos estos propósitos, todos ellos favorables a los presos de ETA.
En la misma comparecencia el lehendakari y Jonan Fernández presentaron el Plan Zuzendu, una medida adicional a las 18 iniciativas del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. Un documento, según se dice, para propiciar al autocritica como catalizador ante la parálisis en que se encuentra  - se decía -  el proceso de final del terrorismo. Otra vez un programa, otra vez un plan para favorecer a los presos de ETA que nosotros también rechazamos contundentemente.
Y por lo tanto, con esta iniciativa lo que proponíamos es que este Parlamento pida al Gobierno que retire todo ello, el actual Plan de Paz y Convivencia, el Programa Zuzenbidean, el Programa Hitzeman y el Plan Zuzendu. Que retire todo eso y busque el consenso con los partidos políticos democráticos para centrarse en lo importante, la defensa de la legalidad vigente, la exigencia a ETA para que se disuelva cuanto antes y entregue las armas, la deslegitimación del terrorismo, la justicia de las víctimas del terrorismo, la defensa de estas víctimas del terrorismo y que y seguramente sea lo más importante, que este Gobierno busque el consenso, que busque el acuerdo con los grupos políticos parlamentarios de este Parlamento, con aquellos grupo políticos democráticos. Esto es lo que debería hacer en este asunto el Gobierno Vasco.
Una cosa es que los presos de ETA reivindiquen la amnistía o trato de favor para saltarse la legalidad vigente, y otra cosa muy distinta es que los partidos políticos democráticos vayamos a permitírselo. Una cosa es que el Gobierno Vasco del PNV utilice este asunto para lograr votos entre la parroquia abertzale, y otra que los partidos democráticos vayamos a permanecer en silencio.
Nosotros no queremos permanecer en silencio y queremos seguir denunciando los propósitos de este Gobierno Vasco, que en infinidad de cuestiones está más cercano a los presos de ETA que a las víctimas del terrorismo.
Por lo tanto, lo que habría que hacer seria, según la transaccional que hemos firmado, es reformular ese Plan de Paz y Convivencia, defender la justicia, evitar cualquier tipo de impunidad, deslegitimar a ETA, defender a las víctimas del terrorismo y buscar el acuerdo con los partidos políticos democráticos.
Efectivamente, hemos firmado una transaccional con el Partido Popular y con el Grupo Socialista, en la que se recoge lo que nosotros consideramos más importante, constatar el fracaso del Plan de Paz y Convivencia, instar al Gobierno a que reformule su Plan de Paz y Convivencia en base a amplios consensos. Y finalmente, instar al Gobierno de España a que impulse una política penitenciaria que facilite la reinserción, pero que se haga a través de los mecanismos establecidos en le ley, que se cumpla la legalidad vigente.
Y ahí también incluimos la exigencia al Gobierno de España para que haga cumplir todos los requisitos establecidos en la legalidad vigente para que los presos de ETA puedan acceder a beneficios penitenciarios. Que no se cometa fraude de ley, que no incumpla la ley. En definitiva, que se defienda la justicia, que no pueda haber ningún tipo de impunidad.
Pedimos por tanto, que el Gobierno Vasco se centre en lo importante, que abandone sus propuestas que sólo pretenden contentar a la izquierda abertzale, que dialogue y busque el acuerdo con los partidos políticos democráticos, que exija a ETA su disolución definitiva e incondicional, que exija a los presos que acepten la legalidad vigente y que defienda en última instancia a las víctimas y obviamente que deslegitime el terrorismo de ETA.
Esto es lo que fundamentalmente defendemos en esta iniciativa y en la transaccional que finalmente hemos firmado.
Únicamente me queda agradecer al Grupo Socialista y al Partido Popular la firma de esta transaccional que creo que recoge lo fundamental de lo que los tres grupos queremos defender hoy aquí.
Gracias.