MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2015-06-11):
Sí, gracias presidenta.
El TTIP responde a las siglas en inglés de la Asociación Transatlántico para el Comercio y la Inversión, es decir, la propuesta de acuerdo de comercio inversión que la Unión Europea está negociando con Estados Unidos.
El 17 de junio de 2013, el Consejo de la Unión Europea aprobó el mandato por el cual se autorizó a la Comisión Europea a negociar el tratado de libre comercio con Estados Unidos. No fue hasta el 9 de octubre de 2014 cuando el documento, con las líneas negociadoras de la Unión Europea, fue publicado debido a las crecientes presiones y acusaciones de secretismo, opacidad y falta de transparencia absolutamente justificadas.
Las negociaciones las están llevando a cabo la Comisión Europea y la autoridad de promoción de comercial de Estados Unidos. El mandato de negociación tiene por objetivo alcanzar un acuerdo sobre acceso al mercado, cooperación regulatoria y normativa. El Parlamento Europeo no participa en las negociaciones pero los tratados le confieren la potestad última de aprobar o no el acuerdo, es decir, el Parlamento Europeo tendría en última instancia derecho de veto.
El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo son quienes deberán decidir si dan luz verde al acuerdo. Las negociaciones siguen su curso y el texto, como se ha dicho, no está cerrado. Es decir, de momento no hay acuerdo. Por lo tanto, lo primero que deberíamos decir claramente es que es imposible votar una consulta sobre un acuerdo que no existe.
El 28 de mayo de este año la Comisión Parlamentaria de Comercio Internacional  - INTA -  aprobó una resolución  - la segunda -  sobre las negociaciones del TTIP. Dicha resolución lo que hace es señalar lo que a juicio de la Eurocámara deberían ser las prioridades y los límites de la Comisión a la hora de negociar.
La resolución fue aprobada con 28 votos a favor y 13 en contra. UPyD no participó en la votación al no tener representación en esa Comisión. Aprobada la resolución en Comisión, sigue su trámite parlamentario y sube a otro escalón el Pleno.
La resolución tendría que haberse debatido y votado ayer. Y esa resolución habla de transparencia e iniciativa de transparencia adoptada por el INTA permitiría que más documentos fueran accesibles y que el debate público sea posible, cosa que de momento pues no ha ocurrido.
UPyD ha mostrado un compromiso inequívoco con la transparencia en estas negociaciones. Nuestra jefa de delegación en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua pidió a la Comisión traducir todos los documentos desclasificados a las distintas lenguas oficiales de la Unión como primer paso hacia una mayor apertura del proceso y ha defendido permanentemente la máxima transparencia posible en todos los trámites, diálogos y negociaciones.
Segundo punto: Acceso a nuevos mercados. El objetivo final del acuerdo es la eliminación de aranceles teniendo siempre en cuenta que hay productos agrícolas industriales que la Unión quiere proteger en particular y que deben establecerse en una lista exhaustiva. Además, la resolución pide que se incorpore una cláusula de salvaguarda que pueda ser invocada cuando la importación de un producto afecte a la producción Europea. También se piden importantes salvaguardas para el sistema de indicaciones geográficas de la Unión Europea.
Otro punto: Servicios. UPyD ha pedido desde el inicio de las conversaciones la exclusión de los servicios públicos como sanidad, educación o abastecimiento de agua del acuerdo comercial. El texto que se votaría hace referencia a dicha exclusión y deja claro que seguirán siendo las autoridades nacionales, o en su caso las locales, las que tengan plenas competencias.
En relación a la cooperación reglamentaria, la cooperación en materia reglamentaria tiene un importante papel a la hora de reducir la excesiva burocracia y los costes elevados, salvo que acepta principalmente a pequeñas y medianas empresas. No obstante, hay normativas que bajo ningún concepto pueden ser rebajadas. En este sentido, la resolución es contundente al señalar que no se rebajarán las normas sobre trabajo, salud y seguridad, así como los estándares ambientales.
En relación a los estándares, los estándares europeos deben mantenerse en un capítulo específico sobre sostenibilidad. Uno de los temores más generalizados está relacionado con el miedo a que los estándares laborales puedan verse mermados y es que los Estados Unidos no han ratificado seis de los ocho principales convenios de la OIT, entre ellos, los que conciernen a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
El texto pide que se incluya dentro del acuerdo un capítulo sobre desarrollo sostenible que sea vinculante y ejecutable. El documento establece que no habrá tampoco negociación sobre transgénicos, uso de hormonas en el sector bovino con la clonación de animales con fines agrícolas o productos tóxicos.
En todos los acuerdos de libre comercio se contemplan mecanismos para resolver los problemas que puedan derivar de ese comercio, sobre todo con el objetivo de defender a los inversores y a las empresas que tienen sobre el papel menor poder que los estados. Sin embargo, también es necesario asegurar que estos mecanismos no afecten directamente al ordenamiento jurídico de los estados.
Uno de los puntos del TTIP hace referencia precisamente a la protección de los derechos de los inversores. El ISDS es el mecanismo de resolución de controversias entre inversores y estados. Se trata de un mecanismo generalmente de arbitraje existente en numerosos acuerdos comerciales de toda índole.
La Comisión Europea propone introducir mejoras en el ISDS como la independencia de los jueces y un mecanismo de apelación y en el medio plazo, la creación de una corte internacional de inversiones como base para las negociaciones sobre un nuevo y eficaz sistema de protección de la inversión que sustituya al ISDS. Hace referencia a los sistemas jurídicos de la Unión Europea y de los Estados Unidos y a dicha propuesta como solución permanente para la resolución de disputas entre inversores y estados.
Esto es porque las leyes han de ser hechas por los Parlamentos, que son la representación de la voluntad popular y han de ser ejecutadas por jueces y magistrados que representan al poder judicial. Es necesario que el mecanismo de resolución de controversias proteja a los inversores pero que no sirva como trampilla para afectar a la legislación de los estados sin pasar por los necesarios controles democráticos.
UPyD ha mostrado su convencimiento de que ha de existir un mecanismo que proteja a los inversores. Sin embargo, el mecanismo de arbitraje presente en otros acuerdos no satisface el nivel de exigencia que se busca en este TTIP UPyD apuesta por impulsar un sistema evolucionado y revolucionario más transparente y democrático. La propuesta de la comisaria es un pequeño avance aunque insuficiente.
UPyD no es miembro de la comisión INTA, por lo que no ha participado en la elaboración del documento. Sin embargo, sí que ha enmendado activamente opiniones de otras comisiones parlamentarias sobre el TTIP.
Tanto Maite Pagazaurtundua como Beatriz Becerra han solicitado que no se reduzcan los estándares europeos, que se facilite el acceso a los documentos ya clasificados con su traducción, que se garantice que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el garante exclusivo de la interpretación final, legislación comunitaria y alternativas al ISDS. También hemos pedido incluir una referencia a la política de desarrollo en el acuerdo y que la comisión evalúe sus implicaciones.
Finalmente, UPyD quiere que se tomen en consideración las aportaciones realizadas por la defensora del pueblo europeo sobre la cuestión.
En la justificación de la iniciativa de EH Bildu, habla de que el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre Estados Unidos y Europa, se puede convertir en el más severo impacto que se haya firmado durante las últimas décadas, y su preocupación es entendible. Nosotros, efectivamente, no queremos que se convierta en un pacto que pueda llegar a ser negativo para el conjunto de la ciudadanía.
También dice esta justificación de EH Bildu que en la información que nos llega es escasa y esto también es cierto. La información de la que disponemos ha sido durante largo tiempo ciertamente escasa. Y también se dice en esta justificación, que el acuerdo no beneficia en absoluto a la sociedad, ya que va a suponer un recorte de los derechos de las personas y una precarización de los derechos de los trabajadores.
En ese punto hay que decir dos cosas. Por un lado, que de momento no hay acuerdo y que precisamente lo que nosotros queremos evitar es precisamente eso que EH Bildu plantea como amenaza, es decir, no queremos que ese acuerdo perjudique a la sociedad. No queremos que ese acuerdo, en caso de que se produzca, suponga un recorte de los derechos de las personas y no queremos que ese acuerdo, en el caso de que se produzca  - todavía no se ha producido - , suponga una precarización de los derechos de los trabajadores.
Termina señalando EH Bildu en su justificación que es muy importante disponer de la máxima información posible y de la máxima transparencia posible. Sin duda, es así y lo venimos reclamando. No es que sea importante, es que es fundamental disponer de la máxima transparencia y de la máxima información y de la máxima participación para los ciudadanos. A partir de ahí, propone una consulta que no puede plantearse porque ese acuerdo no existe.
Nosotros lo que queremos es, por lo tanto, que pueda producirse la máxima información posible, que haya la máxima transparencia posible, que los ciudadanos puedan participar, puedan conocer, puedan saber, cosa que durante demasiado tiempo, pues efectivamente, no ha sido posible.
Esto era lo que nosotros reclamábamos en nuestra enmienda de totalidad. Proponíamos supeditar cualquier ratificación o asociación al menos al respeto íntegro de la normativa y estándares europeos de protección de los consumidores y de sus derechos, así como a que tenga como prioridad irrenunciable la protección de los intereses sociales de los ciudadanos antes que la de los grandes agentes económicos.
Y esto es básicamente lo que recoge la enmienda de transacción que finalmente hemos firmado con el Grupo Socialista y el grupo Nacionalistas Vascos. De todo esto habla: De transparencia, de participación, de información, de que se cumplan una serie de requisitos.