ARANA VARAS (EP, 2018-12-14):
Kaixo. Eguerdi on guztioi. Sailburuak, mahaiburu andrea, legebiltzarkideok.
Desde Elkarrekin Podemos estamos preocupadas por la situación de niños, niñas y adolescentes que pueden ver restringido el ejercicio de sus derechos cuando se producen crisis familiares que desembocan en separaciones o divorcios de los progenitores.
Más allá de que haya o no convivencia con hijo e hijas o de cómo sea la calidad de la relación entre los progenitores, los derechos de niños, niñas y adolescentes deben de ser protegidos por las personas adultas.
Sin embargo, seguro que todas hemos conocido situaciones o historias familiares en las que tras una separación o divorcio, el cumplimiento de las obligaciones de los progenitores respecto a hijos e hijas se convierten en parte del conflicto. Y a menudo la conocida como pensión de alimentos se convierte lamentablemente en un caballo de batalla.
Para quienes no estamos familiarizadas con las palabras que se utilizan en el ámbito jurídico, comparto que la pensión de alimentos consiste básicamente en la cuantía que se fija a favor de hijos e hijas, repito, cuantía que se fija a favor de hijos e hijas y que sirve para hacer frente a todos los gastos ordinarios derivados de su proceso de desarrollo, crianza y por consiguiente, de ejercicio de sus derechos.
Son todos aquellos gastos previsibles y periódicos necesarios para su manutención, incluye alimentación, ropa, enseres personales, educación, atención a su salud y una vivienda digna en la que poder crecer.
Generalmente, se establece que el progenitor que no asume la custodia de los menores de edad, es decir, el que no asume la responsabilidad cotidiana de su bienestar, el que no convive día a día haga su contribución y cumpla con su obligación entre otras vías a través de la pensión de alimentos.
Todas ellas son responsabilidades básicas que todas y todos los que decidimos criar hijas e hijos debemos asumir, haya o no haya convivencia cotidiana en la misma vivienda. Responsabilidades para con hijos e hijas que bien sabemos extienden por años en algunos casos, e incluso a lo largo de toda su vida.
Recalco esto último porque quiero aprovechar esta tribuna para subrayar la importancia de poner en el centro el bienestar de hijos e hijas cuando se trata de estas cuestiones, porque en alguna ocasión en la calle, en medio o en ambientes informales he escuchado cómo se descalifica a la pensión de alimentos, se ningunea o se pone en cuestión, porque se confunde con un ingreso económico destinado a la progenitora que asume la custodia. Es importante que este tipo de confusiones no se extiendan.
Si analizamos las separaciones o divorcios y las custodias que se establecen incorporando la perspectiva de género con los datos desagregados por sexo, en primer término nos vamos a encontrar con que con que todavía son las mujeres fundamentalmente quienes asumen las custodias, dato que es totalmente coherente con una sociedad que sigue depositando a las mujeres de las familias la responsabilidad última de cuidar, de criar y brindar bienestar a hijos e hijas.
Así es como se organizan las familias durante la convivencia y así es como se continúa haciendo a partir del momento que se produce la separación, de hecho, el porcentaje de padres que asumen enteramente la custodia es anecdótica, un 4,2 % en 2016
Hay datos que nos indican que afortunadamente de forma progresiva la realidad va cambiando. Según el último informe anual que publica Emakunde sobre la situación de mujeres y hombres en Euskadi la custodia conjunta de padres y madres en los casos de divorcios muestra una evolución de muy rápido crecimiento. En cuatro años esta modalidad ha pasado del 17,5 % al 34,3, es decir, prácticamente se ha duplicado.
Sin duda, está directamente vinculado con que los hombres cada vez más ejercen una paternidad más responsable desde el mismo nacimiento, están más presentes y comprometidos con los cuidados cotidianos necesarios para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, pese a esta evolución que nos invita a ser algo optimistas, no olvidemos que hoy por hoy la opción más habitual continua siendo la custodia ejercida por madres, un 61,5 %; mientras que los casos de custodia en exclusiva de los padres son muy escasos, apenas un 4,2 %.
Los datos sobre pensiones alimenticias tienen en relación directa con los datos que acabamos de ver, la manutención de hijos e hijas suele constar en las sentencias de separación y divorcio cuando es necesario el pago de una pensión alimenticia, y las disoluciones en las que sí procede el pago de la pensión es más habitual que este atributo, o que este sea atribuido a los padres en el 39 % de los casos. También es frecuente que tanto padres como madres hagan frente de forma conjunta a estas pensiones, en un 18,6 %.
Entre las principales consecuencias que acarrea las separaciones y divorcios se encuentran la reducción o pérdida de ingresos y en la capacidad adquisitiva de la familia en su conjunto, y esto impacta especialmente en el nuevo núcleo de convivencia, el que está integrado por hijos e hijas y la persona adulta que asume la custodia.
De hecho, en algunos casos se pueden ocasionar situaciones de pobreza o riesgo de exclusión social, y esta situación según diversos especialistas en la materia se pueden agravar cuando son las mujeres las que ostentan la custodia de los hijos, y lo que como hemos visto viene siendo todavía la circunstancia más frecuente.
Se puede concluir que hay un porcentaje elevado de mujeres que asumen la custodia de hijos e hijas y que tienen que hacer frente a la nueva situación en condiciones económicas peores respecto a la situación anterior. A este panorama que es más bien generalizado, se le añade que en algunos casos la pensión de alimentos se convierte en el caballo de batalla, y es significativo el número de progenitores que no cumplen con esa obligación.
Son situaciones que recaen sobre una sola progenitora, sola progenitora, todas las obligaciones para el bienestar de sus hijos e hijas, de manera que aumenta el riesgo de que niñas, niños y adolescentes vean mermadas sus oportunidades para el desarrollo y el ejercicio de sus derechos.
En el informe anual de la Fiscalía se puede observar datos representativos de estas situaciones. En el caso de Bizkaia de 661 delitos contra las relaciones familiares, 486 eran por impago de pensiones. En el caso de Gipuzkoa en la misma línea, 464 casos, 307 fueron por impagos de pensiones y en Araba, de los 147 delitos contra relaciones familiares, 121 fueron por impagos de pensiones.
Como vemos, en los tres territorios el impago de pensiones es un tema más que significativo en lo que se denominan delitos contra relaciones familiares. Esos son solo algunos casos que llegan a los juzgados, es representativo, pero como bien dicen todos los especialistas, coinciden que son muchos más de los que realmente se denuncian.
Por todo esto, nuestra preocupación porque los derechos de niños, niñas y adolescentes no se vean mermados cuando los progenitores no cumplen con sus obligaciones; creemos firmemente que se debe y se puede intervenir para proteger cuando las familias y responsables directos no responden como deben, y porque además esta situaciones suponen una sobrecarga en todos los sentidos para las progenitoras que deben hacer frente a solas con el bienestar de hijos e hijas y con procesos familiares y judiciales complejos.
Nos gustaría conocer, tal y como planteábamos en la iniciativa registrada, señora Artolazabal, qué medidas específicas promueve el Gobierno Vasco para asegurar el ejercicio de derechos de niños y niñas adolescentes en aquellas situaciones de separación y divorcio que los ponen en riesgo, porque uno de los progenitores no cumple con sus obligaciones.
Eskerrik asko.