OYARZABAL DE MIGUEL (PP, 2016-02-19):
Muchas gracias, señora presidenta. Lehendakari, señorías, estamos ante un escándalo de enormes proporciones, de millonarias proporciones.
Yo brevemente en un minuto, quiero acordarme de una persona, la persona que trajo a este Parlamento este asunto. Un empresario vasco al frente de una empresa familiar, que acosado por un cáncer y cuando ya poco tenía que ganar, vino a explicarnos exactamente lo que estaba pasando.
Años viendo cómo se negaban a otras empresas a participar en esta contrata de comedores escolares. Él se fue a un notario en 2011 a decir, oiga mire en el próximo concurso de los comedores escolares van a ganar los lotes estas empresas y con este precio en cada uno de los lotes. Y resulta que aquello era exactamente lo que pasó, aquello que él dijo en el notario.
Este empresario que se llama Joaquín Arratibel ha fallecido y yo quiero recordar hoy aquí que estamos gracias a él hablando de este asunto y destapando un asunto de corrupción que afecta a la mayor contrata del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
El Tribunal de la Competencia ya ha hablado, luego no estamos ante sospechas, estamos ya valorando hechos. Irregularidades que tienen su origen en el propio sistema de contratación que estableció el Gobierno Vasco ya en 1997, no estamos hablando ni siquiera de los últimos ocho o de los últimos diez años, que es de lo que se ha ocupado el Tribunal de la Competencia. El Tribunal de la Competencia ha valorado los hechos que se denunciaron en un periodo de años concretos, pero a nada que rebusquemos nos vamos al año 1997.
Nos encontramos que desde 1997, señorías, las mismas empresas se han llevado todos los contratos, las mismas año tras año durante 18 años, no sólo los diez años de los que trata la denuncia del Tribunal de la Competencia. Y siempre al precio máximo de licitación. Curiosamente ni a los técnicos que supervisaban el proceso, siempre los mismos técnicos, qué casualidad, siempre los mismos técnicos desde 1997. Oiga, han cambiado los consejeros, han cambiado los gobiernos, han cambiado los partidos al frente del departamento, siempre los mismo técnicos durante 18 años y siempre adjudicando a las mismas empresas. A nadie, a ninguno de estos técnicos de la mesa de contratación llamó la atención que fuesen año tras año, concurso tras concurso, las mismas empresas y a precio máximo las que se llevaran las contratas. Qué curioso.
Todo en este asunto, señorías, es atípico e irregular y se trata del contrato público como les decía, de mayor volumen del Departamento de Educación. Un proceso pensado desde el principio para el fraude en su fase inicial, la validación de las empresas, porque aquí se estipuló un modelo de contratación con filtro previo. Se establece que una empresa privada, una empresa privada señorías, examinará y decidirá qué empresas pueden competir y presentarse a la contrata, se establece un filtro.
Y casualmente la empresa encargada de valorar y decidir quién puede participar, ha sido siempre elegida la misma durante 18 años Laboratorios Araba, los mismo laboratorios elegidos para filtrar este concurso durante 18 años. Casualmente, siempre ganó el concurso previo Laboratorios Araba. Casualidad. Ha sido asesor privado Laboratorios Araba. Ha asesorado a varias de las empresas que se llevaban los contratos. Casualidad.
Lo habitual en este tipo de empresas de homologación es que la formación del equipo auditor esté debidamente acreditado. Pues también se comprobó que ni el técnico del Gobierno Vasco estaba acreditado al afecto ni la empresa Laboratorios Araba tenía acreditación para homologar a las empresas.
Todo un escándalo de enormes proporciones. Casualmente, Laboratorios Araba no estaba inscrito en el registro de empresas certificadoras autorizadas para auditar los sistemas de calidad. ¡Qué casualidad!
Esta empresa que no tiene el nivel de acreditar, es la que elige el Gobierno Vasco durante 18 años para ejercer de filtro en esta contratación. Y casualmente las personas que verifican por parte del departamento las instalaciones para efectuar la homologación de las empresas, el señor Javier Arrese, técnico del Gobierno Vasco, que resulta que es informático, es el designado por el Gobierno Vasco para homologar y calificar a las empresas en relación con su calidad para poder ofertar los servicios de comedores escolares.
Qué casualidad, señorías. Los mismos lotes a las mismas empresas año tras año. El Gobierno Vasco pagaba un 30 % más que el precio de mercado. El Gobierno Vasco pagaba un 30 % más que lo que pagaba en los colegios concertados. Oiga, una ikastola pagaba menos comprando 200 menús que el Gobierno Vasco comprando 95.000.
Oiga, y 18 años después a nadie del Gobierno Vasco le sorprendía, ni a los técnicos ni a la empresa que hacía el filtro, ni al propio departamento, cuando empresas que habían intentado participar y se les cerraba la puerta, lo venían denunciando desde el año 2004. Concurso del 2007, 2011 se van al notario y dicen oiga, esto va a pasar, y pasa; 2011 y seguimos así hasta el 2015.
Era público y notorio, señorías, que esto estaba ocurriendo y desde el Gobierno Vasco se miraba por otro lado. A nadie le sorprendía al parecer, efectivamente, que pudiese estar ocurriendo esto. No tenían otra cosa de la que ocuparse.
El mayor contrato, no uno de los contratos del Departamento de Educación, sino el mayor contrato del Departamento sobre el que había sospechas y nadie se percataba de que se estaban llevando las mismas empresas. Oiga, casualidad, de las siete empresas que se lo llevan crudo, tres pertenecen al mismo grupo. Tienen el mismo capital social, Grupo Mondragón.
Aquí efectivamente ha habido un trato de favor. Ha habido complicidad para beneficiar a empresas provocando un quebranto millonario a las arcas públicas, señorías, señor lehendakari y señora consejera. Se ha perjudicado el interés público, señor Erkoreka, que vino el otro día a los medios a decir que no, que esto a las familias ni al interés público no le había provocado... No, no, el único perjudicado es el Gobierno Vasco.
Debe ser que el dinero del Gobierno Vasco es suyo o de la propia consejera que ayer en los medios de comunicación también dijo que no había habido quebranto para la sociedad vasca, ni para las familias. No, no, oiga, ¿el dinero del Gobierno Vasco de quién es más de que las familias vascas?
Oiga, aquí se ha estado tomando el pelo a todo el mundo, porque se ha estado pagando más de 200 millones en contratos en los que estas empresas han facturado más de 800 millones de euros, se han llevado crudo por encima y por sobrecosto más de 200 millones de euros de dinero público.
Se ha producido un quebranto a las arcas públicas y por supuesto que se ha perjudicado a las familias de los centros públicos, que llevan a sus hijos a esos comedores escolares, porque por supuesto que en estos años de crisis, donde se ha estado reclamando aquí rebajas en la tarifa de los comedores escolares, por supuesto que se hubiese podido rebajar un 30 % la tarifa que pagan las familias en los comedores escolares si se hubiese atendido a las sospechas que se habían puesto encima de la mesa desde hace años en este Parlamento.
Ha tenido que ser el Tribunal de Competencia el que les diga a ustedes que esto ya era un escándalo. Que multe a las empresas pero con una broma, 18 millones de euros, cuando se han estado metiendo al bolsillo 200 y pico millones de euros que no les correspondían. Les ha salido baratísima la broma, les ha salido muy barata la multa. 18 millones de euros, 6 millones de euros a una de las empresas, la más alta, la más grande. El año pasado con esto ganó más de 8 millones de euros, solo con esto en un año y llevan 18 años.
Está claro que la (...) del proceso exige que desde el Gobierno se asuman responsabilidades, eso es lo que nosotros entendemos. Una enorme operación de fraude que ha producido un beneficio extraordinario e ilícito a empresas determinadas, yo aquí ya no estoy para discutir si ha habido los intermediarios han metido la mano al cajón, si han puesto el cazo, si aquí ha habido corrupción de personas...
Lo que ha habido es negligencia por parte del Gobierno, por acción o por omisión. Efectivamente, irresponsabilidad del Gobierno, porque alguien tendrá que velar por las contratas públicas. Alguien tendrá que velar. Además de los parlamentarios, el Gobierno, los responsables del departamento tendrán que velar. Y yo estoy convencido, estoy convencido de que se ha dejado hacer.
Estoy convencido de que este proceso no se habría podido materializar sin la cooperación o consentimiento de responsables públicos. Es imposible que durante 18 años, las mismas empresas se lleven los principales contratos del Departamento de Educación a precio máximo, pagando un sobre coste del 30 % sobre el precio del mercado, sin que nadie diga nada. Es imposible que esto se haya producido sin algún tipo de acción, omisión, sin que se haya posibilitado esta práctica desde el propio Departamento de Educación.
Es por eso, que se hace imprescindible que el Gobierno nos diga qué va hacer, qué va a reclamar a las empresas, qué va hacer a partir de ahora con los responsables de todo este procedimiento desde hace tantos años.
Nada más. Muchas gracias.