ROMERO POZO (PSE-EE, 2018-03-16):
Gracias, señora presidenta. Buenos días  - bueno, buenas tardes casi -  de nuevo a todos y a todas y en primer lugar gracias al señor Hernández. No sé si repetida o no, y al grupo que representa por traer esta iniciativa al Parlamento y por volcar de nuevo en el mismo, por tanto, memoria, memoria histórica y memoria democrática, sean las veces sobre las que la misma tengamos que pronunciarnos.
Obviamente vamos a votar, lo ha reconocido que se lo transmitimos a favor de su propuesta, y vamos a votar también a favor de la enmienda de adición presentada por el grupo EH Bildu.
Se han dicho los nombres de las personas fallecidas, Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda. Ellos fueron los asesinados, junto a ellos cientos de heridos, la mitad por lo menos de bala. Sí, estaban haciendo huelga, estaban revindicando sus derechos laborales, luchando frente a los topes salariales, luchando también por la brecha salarial, efectivamente señor Hernández, y estaban haciendo una huelga general frente a eso.
Franco había muerto, pero el franquismo no, y el Estado franquista respondió con todo, entró con todo, y como algunas de las intervinientes anteriores se ha referido a las pruebas que hay en el dictamen del informe realizado por Instituto Valentín de Foronda, estaba claro que iban a desalojar la iglesia fuese como fuese, y así lo hicieron.
Lo hicieron con violencia, y lo hicieron dejando unas víctimas que aún todavía no han tenido acceso a la verdad, porque no han podido saber y esclarecer los hechos en la justicia no han podido acceder, y tampoco al reconocimiento y a la reparación que ellas han pedido y establecido.
No se habla la primera vez en este Parlamento, efectivamente se ha hecho hasta un dictamen, después del de Valentín de Foronda, creo que en el 2008 hubo un dictamen de la comisión especial, y en ambos se ha hecho verdad de lo sucedido, que a lo mejor esa verdad no coincide con la que está en algunos de los documentos oficiales, que eran informes policiales que precisamente construían o contienen solo la verdad de todos aquellos que fueron los asesinos, las personas que asesinaron a estas víctimas.
No lo han olvidado tampoco otras instituciones como las Juntas Generales de Álava, o el propio Ayuntamiento de Vitoria, que han actuado en los tribunales para reclamar el reconocimiento, reparación e indemnización de estas víctimas hasta el final, hasta que les han dicho que no podían más y efectivamente el Tribunal Constitucional, entendiendo que esta reclamación, la demanda de amparo frente al archivo que hacía la Audiencia Provincial de Álava no tenía relevancia constitucional, pero también porque consideraba que no estaba incluido entre los crímenes de lesa humanidad, al ser anterior a la tipificación de estos, lo archivó.
No importa por qué lo archivara. Nosotros creemos que debemos seguir apoyando a las víctimas, de seguir apoyando a la plataforma que ha mantenido viva la reivindicación de estas víctimas, cuando la política a lo mejor miraba para otro lado, y apoyarles para acudir al Tribunal de Estrasburgo, y también en algún momento a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para lograr esa verdad judicial también que se corresponde con la verdad histórica o la verdad política que hemos podido tratar tanto académicos como parlamentarios y parlamentarias aquí y en otras instituciones del País Vasco.
A estas víctimas sí es verdad que se ha intentado hacer un reconocimiento en la vía administrativa, supuso un hito el que las cubriera el decreto de víctimas de sufrimientos injustos, el que dictó Idoia Mendia, siendo Consejera de Justicia, también se las incluyó en la Ley de Memoria, pero es verdad que ni con una cosa ni con otra estas víctimas han tenido acceso a esa verdad judicial.
Conocemos los nombres, por supuesto, a pesar de que no nos lo haya dicho un tribunal, los conocemos todos y todas; el jefe de la onceava compañía de reserva de la policía armada, ubicada en Miranda, Jesús Quintana Saracibar, el gobernador civil de Álava, en aquel momento Rafael Landín, el que era ministro de gobernación, Manuel Fraga Iribarne, el que lo era de relaciones sindicales, Rodolfo Martín Villa, y el director general de la Guardia Civil, Ángel Campano López. Todos esos fueron los responsables de los asesinatos de esas personas, y es verdad que eso no ha sido esclarecido todavía en un tribunal.
A mí sí me gustaría hacer una diferencia entre esa verdad judicial, ese derecho a la justicia, a la verdad en la justicia que tienen todas las víctimas, y así se ha dicho, junto con el de garantía de no repetición, el de memoria, el de reconocimiento y el de respeto, pero también querría subrayar los intentos que por las instituciones se han...
...con el de garantía de no repetición, el de memoria, el de reconocimiento y el de respeto, pero también querría subrayar los intentos que desde las instituciones se han hecho de dar un contenido a esa verdad, distinta a la que figura en los informes de la policía.
Y lo quiero subrayar, porque, en ese sentido, no se les ha dejado solas, lo solas que sí les han dejado en otros momentos las instituciones o los tribunales.
Yo también estoy de acuerdo, señora Larrion, en que todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, pero todas, sean víctimas de un Estado franquista, que actuó, vamos con ira, con sangre y con fuego frente a unos trabajadores y unas trabajadoras que intentaban mejorar sus derechos.
Los hoy también, y esto comprometida cuando son víctimas de abusos policiales, los hoy también, pues, por ejemplo, cuando no se trata del Estado, ningún funcionario del Estado, con los más de 300 asesinatos no esclarecidos de la organización terrorista ETA.
Todas tienen derecho a esa verdad, o por lo menos a intentar esa verdad. Y en esa verdad nos tenemos que comprometer todos sin ningún tipo de escusa.
Yo me comprometo, yo me comprometo a hacerlo y el grupo Socialista también. Por eso no voy a entrar en el debate de que me haya considerado o no los distintos gobiernos, sucesora del régimen franquista.
No considero una ofensa, entre otras cosas, porque no ofende quien quiere, sino quien puede. Yo no puedo sentirme en ningún momento interpelada, cuando muchos de mis compañeros estaban en los alrededores de esa iglesia aquel día. No yo, que no soy vitoriana, efectivamente, como usted; pero muchos de mis compañeros y compañeras sí lo estaban. Y sufrieron la violencia del régimen franquista, ahí y fuera de Vitoria.
Pero no entro en ese debate, porque la réplica conllevaría a ensuciar el debate sobre los derechos de las víctimas que nos ocupan ahora, que son las del 3 de marzo.
Y por eso nosotros decimos sí a la desclasificación de esos archivos, sea como sea, con la reforma que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco de la ley, sea con la proposición de ley de Reforma de Memoria Histórica, que crea la Comisión de la Verdad, por parte del Partido Socialista para esclarecer todos estos hecho, que no han podido ser dilucidados en los tribunales.
Pero me comprometo. Me comprometo hasta el momento de no, insisto, no ensuciar contestando a una acusación como que yo fuera sucesora del régimen franquista, porque mi partido ha pertenecido a esos gobiernos, que ha considerado usted sucesores del régimen franquista, que no rompieron.
Y obviamente, no puedo compartirlo, aunque tampoco voy a responderle, como se ha respondido en otras ocasiones, porque si yo le respondo a usted y usted a mí como ha hecho en la primera interpelación con ese insulto, precisamente lo que no va a quedar claro es el apoyo que usted y yo compartimos juntas a esas víctimas del 3 de marzo, en ambas cosas, en el derecho a la verdad, la justicia, a la memoria, y en el respeto que deben a no ser utilizadas en un conflicto político o en un debate político, que solo puede perjudicarlas.
Muchas gracias.