PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2017-05-18):
Gracias, presidenta.
Mire, sin prejuicios previos, señora Bengoechea, pero desde presupuestos distintos a los que usted establecía en esta Tribuna, evidentemente. Y me va a permitir que haga una pequeña descripción de dónde estamos y por qué estamos en esta situación en toda España y aquí también en Euskadi.
Desde mediados del siglo XIX  - usted lo conocerá perfectamente -  se ha venido instaurando en España centros escolares privados. Los centros privados concertados nacieron con la democracia, cuando se expande el sistema público, pero en su nacimiento, evidentemente, los centros públicos eran absolutamente insuficientes y el sistema estaba muy deteriorado.
Sin embargo, esto fue cambiando paulatinamente por la gran demanda de centros escolares que había y la dificultad de cubrir la totalidad de la demanda de centros públicos.
Y es verdad que fue un Gobierno socialista, el de Felipe González en 1985, el que con la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación estableció el criterio de que allí donde no llegaran los centros públicos se podría establecer un concierto con centros privados, siempre y cuando cumpliesen una función social y que funcionasen bajo criterios de gratuidad y no segregación en la admisión del alumnado.
Criterios que a día de hoy, en el 2017, siguen siendo exactamente igual de vigentes que lo eran entonces en el año 1985. Y hemos de decir, por desgracia, que no siempre se cumplen como debiera, ni la función social, ni la gratuidad, ni la no segregación del alumnado.
Es evidente que no se puede generalizar, porque no sería justo, pero existen todavía datos, todos conocemos casos concretos en un territorio y en otro, fuera de España, en España y aquí en Euskadi, donde no se cumple estrictamente como debiera  - y eso lo debe controlar la administración -  el criterio de gratuidad y el criterio de no segregación.
Porque se cobran bajo camuflajes de uno y otro tipo cuotas distintas que hacen que ese centro no sea gratuito, teniendo en cuenta, además, que es algo que usted no ha mencionado pero que me parece importante, que los profesores de la red concertada cobran directamente de la administración y parece que ese es el coste, con diferencia, más importante que puede tener cualquier centro educativo. Por lo tanto, el resto de costes son añadidos a lo esencial, lo que constituye la parte más grande económicamente de un centro político.
Espero que no le oiga a usted hablar como decían ustedes no hace mucho del famoso "cheque escolar", que venía a ser querer tratar de forma igual a quien es desigual. Y eso es absolutamente injusto. Hay que tratar de forma desigual a quien es desigual para que el trato al final sea de verdad igualitario; esa es una expresión que usa mucho el señor Ruiz de Arbulo, por cierto. No se puede tratar igual más que a los iguales. Si no son iguales  - y no lo son, por desgracia, hay mucha gente en España con muchas diferencias económicas -  no se les puede tratar exactamente igual, porque lo que hacen es acentuar las desigualdades.
Bien. En cualquier caso, con esa evolución que comentaba desde siglo XIX, se fueron poniendo en marcha muchos centros privados, que pasaron a ser concertados como complemento a la red pública, como complemento, no como sustitutos de la red pública, y siempre de forma subsidiaria de la red pública, porque esa es la obligación de cualquier administración pública.
Y ahora mismo no sé, estamos en una situación en la que la mayor parte de los centros privados se han hecho concertados, salvo raras excepciones, los que de verdad son colegios de élite y se acogen al concierto educativo.
Hay que reconocer también que la escuela pública a lo largo de este tiempo ha ido mejorando cuantitativa y cualitativamente, y nosotros siempre hemos defendido que eso tiene que seguir avanzando en ese sentido y por ello creemos que seguimos. Y queremos seguir trabajando en su mejora, para que sea de verdad el eje del sistema educativo vasco, que, como decía la señora Zabala, hay veces que no parece que esté tan claro que la escuela pública sea el eje del sistema educativo vasco, aunque siga siendo en esta especie de equilibrio que tenemos en Euskadi entre la red privada y la red concertada, un poquito más la red pública que la concertada, pero, en todo caso, en fin, tenemos una situación que no tiene parangón desde luego en el resto de España, ni tampoco en la mayor parte de los países de Europa.
¿Y nuestra obligación cuál tiene que ser como administración pública? Garantizar y defender el derecho a la mejor educación pública de calidad que tienen todos los niños y niñas garantizando, intentándolo al menos, una oferta pública suficiente en todos los niveles y modalidades educativas.
Aquí, además en Euskadi teníamos una situación muy específica y muy concreta que era que teníamos no dos redes educativas, aquí teníamos tres: La privada, las ikastolas y la red pública. Y por eso, hubo que hacer un esfuerzo especial, primero para intentar que confluyesen la red pública en la red de ikastolas, una buena parte de los cuales así lo hizo y después para tratar de mantener un equilibrio que un primer momento fue casi de supervivencia de la escuela pública frente a la concertada, que inicialmente podía ser más potente.
Y ese es el modelo que tenemos aquí en Euskadi, que ha funcionado razonablemente bien, pero que nosotros, al menos, los Socialistas pensamos que tiene que ir variando a favor de la escuela pública y, por lo tanto, la administración pública en España y aquí también tendrá que hacer un esfuerzo paulatino de nuevos equipamientos públicos, de nuevos colegios públicos que den lugar a que se cubra por la red pública la mayor parte de la demanda existente.
Por otra parte, hay que decir que hemos visto del rendimiento escolar de los centros públicos no es distinto, es sustancialmente del de los centros concertados. Es igual o incluso mejor, porque el alumnado tiene resultados similares en centros públicos y en centros concertados, siempre que se parta de igualdad de condiciones socioeconómicas al hacer la comparación.
Nuestro objetivo, como hablábamos en el punto anterior, es conseguir ese gran pacto educativo que culmine con una nueva ley vasca de Educación en el que se reconozca, como lo está ahora, el papel esencial de la escuela pública, que garantiza la igualdad de oportunidades y que sea de calidad, entendiendo la realidad del sistema educativo vasco que tiene elementos diferenciales y, por supuesto, el derecho que las familias tienen de matricular a sus hijos e hijas en un determinado centro escolar.
Lo que no podemos permitir es que exista ninguna brecha entre redes, ni entre centros educativos de la misma comunidad.
Al final lo que venimos a discutir aquí, lo que hoy plantea usted es la libertad de elección y el derecho a la educación. Y es por eso que nuestra enmienda instamos al Gobierno Vasco a que establezca las bases reguladoras para la financiación del conjunto del sistema educativo y que siga profundizando en la adecuación de los conciertos educativos.
No sé si eso conlleva más aportación económica o no, o conlleva más control del dinero que llega a los centros concertados por parte de la administración pública y de las condiciones de matriculación, por ejemplo, y de la exigencia de control también de las cuotas, que a veces no se cobran de la forma que debieran hacerse, si es que lo debieran hacer los centros privados que existen en la comunidad.
Creo que lo que se plantea es algo muy razonable y que podría ser perfectamente asumible por ustedes. Ya sé que ustedes han hecho y ustedes lo ha dicho, quieren hacer de esto una bandera de identificación política respecto a cómo ven ustedes la educación, y yo lo entiendo, pero también quiero decirle que lo que nosotros defendemos en la enmienda, que presentamos conjuntamente con el Partido Nacionalista Vasco, recoge más que suficientemente ese criterio de rigor y de claridad a la hora de establecer los criterios de financiación de la red concertada.
Y hay una cautela que usted no ha nombrado aquí, pero que siempre debe estar en la administración pública y, por lo menos, en las fuerzas políticas que lo reclamamos en la izquierda. No se puede confundir el derecho a elegir libremente el centro educativo y a que las familias reciban una ayuda pública con usar esos fondos para obtener beneficios no del todo lícitos en algunos centros, sino a garantizar la educación de los niños en igualdad de condiciones.
Y hay casos, le reconozco que afortunadamente no son la mayoría, donde uno no tiene muy claro si cuando se pide un incremento del concierto educativo eso va a redundar en el beneficio del incremento de la calidad educativa de ese centro o en los beneficios del centro en cuestión que lo ha solicitado.
Y por eso hay que ser exigente y riguroso a la hora de controlar el flujo financiero que va a ese tipo de centros.