ZABALLOS DE LLANOS (PSE-EE, 2013-05-23):
Mila esker presidente andrea.
Al grupo Socialistas Vascos nos preocupa que uno de los próximos objetivos del señor Rajoy, del Gobierno de España y del Partido Popular, sea la privatización de las infraestructuras y servicios de transporte, como por ejemplo, Aena, Renfe, etcétera.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, avanzó que la intención de su Gobierno es la de aprobar la liberalización de determinados servicios. Entre los que citó la gestión de infraestructuras y servicios de transporte, para supuestamente, lograr una gestión más eficiente y más austera.
Ha trasladado que se encuentran trabajando en la reforma de la gestión de determinadas infraestructuras, de determinados servicios de transporte, para que sean mucho más económicos para los ciudadanos. Pero todos sabemos, que la privatización del transporte, no es una solución, no va a producir esos objetivos que pretenden buscar.
Es bastante fácil argumentar que la privatización del transporte, ni va a ser rentable, ni va a solucionar los supuestos problemas, por los que pretenden producir su privatización. Para ello, simplemente hay que ver las experiencias anteriores, de privatización sobre este sector, que han realizado otros países, que solo pueden considerarse como experiencias nefastas, y resaltamos algunas de ellas.
Nueva Zelanda. El gobierno privatizó los servicios de ferrocarril y transbordadores en 1990, despojando los compradores a estos sectores, de todos los activos vendibles. En 2008, el gobierno no tuvo más remedio que volver a poner bajo control estatal un transporte mediocre y que seguía produciendo pérdidas. O el caso de Inglaterra. En 1994 el último año de funcionamiento de la empresa estatal de ferrocarriles, costó a los contribuyentes 950 millones de libras. En 2008 la red de ferrocarriles, su sucesora semi-privada, costó a los contribuyentes 5 billones de libras.
Aparte de este dato, se comprobó que el transporte público perdió cuota incrementándose la congestión y la polución del transporte, que el número de reclamaciones aumentó exponencialmente llegando hasta un millón de reclamaciones al año y que la percepción de los usuarios sobre el servicio que se deterioraba en relación a las dos variables del servicio, la fiabilidad y la puntualidad. Ello sin mencionar la mayor siniestralidad del servicio y los desafortunados accidentes ferroviarios que se produjeron.
Otro ejemplo es el caso del metro de Londres en el que se cerró un concurso público-privado para invitar a los inversores interesados a participar. Se aseguró a las compañías compradoras que pasara lo que pasara estarían protegidas frente a las pérdidas graves. En este sentido se puede señalar que el sector privado se embolsaba los beneficios y las cargas iban y las pérdidas destinadas al Estado.
El transporte público es un sector necesariamente deficitario puesto que su finalidad no es el lucro, sino el cubrir las necesidades del conjunto de la sociedad. En consecuencia, privatizarlo sólo puede conducir a dos cosas, la reducción de servicios para intentar llegar a la rentabilidad económica necesaria en cualquier tipo de empresa, o bien transferir los activos que son de todos, los trenes, los túneles, las instalaciones a manos privadas, para que todos sigamos pagando por ellos tanto directamente vía las tarifas como indirectamente vía impuestos, y que los beneficios económicos que se obtengan de su explotación vayan a los bolsillos de unos pocos en lugar de contribuir al sostenimiento del servicio.
Pero claro, el problema a la hora de privatizar servicios esenciales para la población como el transporte, es que nunca podría permitirse que estos servicios nacionales quiebren. Por lo tanto, por lo que los nuevos propietarios privados puedan hacer un uso indebido de los fondos sabedores de que el Gobierno acudirá a su rescate en el caso de que les vaya mal.
Muchos de los servicios y los bienes de los que los estados tratan de desprenderse han sido mal gestionados, por incompetencia, inversiones insuficientes etcétera. No obstante, por mala que sea la gestión los servicios postales, las redes ferroviarias, las residencias para jubilados, las cárceles y otras provisiones objeto de privatización, no pueden dejarse por completo a capricho del mercado. En la gran mayoría de los casos, son el tipo de actividad que alguien debe regular. Por eso, acabaron en manos públicas en su momento.
Es bien sabido que la disminución de servicios públicos tiene consecuencias negativas sobre una sociedad. No conducen a un mayor crecimiento económico a largo plazo, pero además aumentan significativamente la brecha entre ricos y pobres.
En consecuencia, la privatización de los sistemas de transporte en España no traerá más riqueza al país, al contrario, agravará la brecha entre ricos y pobres a parte de encarecer dichos servicios. Pero como consecuencia lógica de este hecho, los beneficios repercutirán en los accionistas de dichas empresas, mientras que las pérdidas serán cargadas al Estado por servicios de los que no se puede prescindir.
Sin embargo, quizá el mayor daño se presenta bajo algo que no se puede medir y que es la pérdida de la identidad de servicio público como tal, ya que cuando éste es ofrecido por una entidad privada, la noción de que todo el mundo tiene derecho a utilizarlo se erosiona y repercute negativamente en las estrategias de solidaridad y apoyo mutuo de una sociedad.
El servicio público representa una conquista para los trabajadores y sus familias y de algún modo muestra la posibilidad de otra economía fundada sobre las personas y las necesidades sociales y no sobre el beneficio empresarial.
Por eso los Socialistas Vascos creemos que debemos de manifestar nuestro sentir contrario a la privatización de los servicios e infraestructuras de transporte de titularidad del Gobierno de España y apostar y mostrar nuestro parecer favorable a su mantenimiento como servicios públicos, instando al Gobierno Vasco que defienda y que lleve adelante este planteamiento ante el Gobierno del señor Mariano Rajoy.
Y no sólo eso, sino que también defienda el empleo existente en estos servicios e infraestructura de transporte de titularidad del Estado mostrando su postura contraria a la pérdida de los mismos o incluso su precarización.
Muchas gracias.