LLANOS GÓMEZ (PP, 2014-03-20):
Gracias señora presidenta. Egun on guztioi.
Vamos a hablamos de seguridad porque aquí, por parte de algunos, se ha hablado de muchas cosas menos de esta ley y de la seguridad.
Efectivamente, se aprobó en Comisión de Interior la Ley de Seguridad Privada que después pasó al Senado y que, como ha dicho el señor Unzalu, hoy mismo ha sido debatida en el Congreso.
Empezaré diciendo que la seguridad está consustancialmente unida con la libertad y que es necesario que ese binomio de libertad-seguridad alcance un equilibrio razonable y también un equilibrio razonable lo alcance el binomio seguridad pública-seguridad privada.
Como se dijo cuando le ley se presentó, la seguridad privada es una submateria que se encaja dentro del concepto de seguridad pública. Debe ser una materia complementaria, eso sí, absolutamente subordinada.
...ley se presentó. La seguridad privada es una submateria que se encaja dentro del concepto de seguridad pública. Debe ser una materia complementaria, eso sí, absolutamente subordinada.
Como ha dicho el señor Zorrilla, la seguridad privada es un sector en el que rondan las 1.500 empresas, que emplea a casi 9.000 trabajadores y mueve un volumen de 3.200 millones de euros. Y estarán conmigo en que no es una actividad marginal de nuestra economía y que, por lo tanto, exige una regulación adecuada.
La regulación hasta este momento era la Ley de 1992, que vino a sustituir la dispersión normativa que hasta ese momento existía. Aún así, han sido muchas las lagunas jurídicas que han motivado que se tenga que ir completando a través de un profuso desarrollo reglamentario, lo que unido a la evolución del sector demandaba una nueva regulación legal, nueva regulación que ya fue planteada por el señor Rubalcaba, pero que finalmente no se produjo.
Es necesario, por tanto, una nueva reglamentación de la colaboración entre el sector público y el privado, dirigido a una mayor eficiencia y eficacia en la respuesta a la necesidad de seguridad.
Se trata de no considerar la seguridad pública y la seguridad privada como dos compartimentos estancos, y dejando siempre a salvo, sí, dejando siempre a salvo, el monopolio del poder público sobre la seguridad, se impulse esa colaboración público-privada en esta materia, colaboración que se da en todos los gobiernos, en éste también.
No se trata de establecer un nuevo modelo, sino poner al día el modelo de la Ley de 1992. Por ello, la nueva normativa lo que pretende es modernizar y actualizar el marco legal. Esta normativa ha tenido en cuenta aportaciones del sector, de organismos, instituciones y también de grupos políticos. En la misma, además de regular las actividades y servicios de seguridad privada, se establece un marco de colaboración entre la seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
No supone que los vigilantes asuman más funciones. Mejorará, por contra, la formación de los mismos, habrá un mayor control de las empresas, se aumentarán las acciones a las que incumplan los deberes establecidos en la ley y no va a suponer un menos números de policías o de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como decía, se trata de regular un modelo de seguridad moderno de acuerdo con el existente en países de nuestro entorno.
Ya desde el inicio del debate de esta ley se han ido introduciendo modificaciones, primero en el Congreso, después en el Senado, dirigidas a mejorar la ley y adaptarla a la distribución competencial y a la jurisprudencia.
Algunos grupos han insistido, y se hizo en el Congreso y se ha hecho hoy aquí, en que supone una privatización de la seguridad, en que sólo aquellos que tengan medios o recursos económicos van a poder pagársela y que supone un recorte a un servicio público, el de seguridad. En la propia presentación de la ley se dijo que nada más lejos de la realidad y hoy aquí también este grupo quiere dejarlo claro.
Se trata de regular un modelo de seguridad privada auxiliar y subordinada a la seguridad pública. Señorías, como decía antes, se trata de regular de forma más completa y acorde con la situación actual la seguridad privada, pero en ningún caso supone la privatización de la seguridad. Eso supone una acusación de trazo grueso, señor Unzalu, al que tan acostumbrados nos tienen algunos, como ustedes, pero que no se corresponde ni con la realidad ni con el contenido de la ley.
Los agentes de seguridad privada sólo van a tener la consideración de agentes de la autoridad en determinados supuestos, y se va a hacer recogiendo una demanda de los trabajadores del sector y de sus sindicatos. Y lo será en aquellos supuestos en que actúe en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y bajo la dirección de éstas.
Algunas de las partes del articulado que provocaron más recelos, como la relativa a la vigilancia por empresas privadas y determinados espacios, ha quedado eliminadas de la ley. También la posibilidad de que los vigilantes de seguridad puedan detener y retener ha sido limitada a aquellos delincuentes que sean sorprendidos en flagrante delito, en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia.
Y no hay que olvidar que este supuesto lo permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal para cualquier persona, no sólo para los vigilantes de seguridad, para cualquier persona, que puede detener a un delincuente cuando intente perpetrar un delito o lo esté cometiendo.
También se han concretado los supuestos en los que los vigilantes pueden prestar sus funciones fuera de los espacios habituales, siempre y cuando sea autorizado por los órganos competentes. Otro de los preceptos que provocó recelo, el de la vigilancia de los espacios comerciales peatonales, también ha sido modificado.
Y así, en la nueva redacción se establece que esa vigilancia sólo podrá realizarse en parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados. Y cuando la vigilancia se realiza sobre polígonos industriales o en urbanizaciones privadas, se podrá ascender a sus vías o espacios comunes, siempre que no tengan la calificación de vía pública, porque si tienen dicha calificación serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que encargarán de su vigilancia. También con relación a los datos de personas que retengan, los podrán anotar, pero no hacer averiguaciones al respecto.
De esta forma, tras el debate en el Senado, se han incorporado medio centenar de enmiendas y como usted decía hoy aquí en el Congreso tendrá su aprobación definitiva.
He de decirles, señorías, que ustedes, señor Unzalu, no presentaron una enmienda a la totalidad, no presentaron una enmienda a la totalidad porque consideraron conveniente que se debatiera.
Parece que luego les pareció que otros les pasaban por la izquierda en su labor de oposición y, eso sí, en el Senado presentó el correspondiente veto.
Y ahora incluso desde algunos ámbitos se duda de la constitucionalidad de la ley y usted, señor Unzalu, en la proposición vuelve a introducir esas críticas y las ha hecho hoy aquí, al margen de otras de trazo grueso, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid pues ya hacemos un repaso a todo.
Y muchas han dejado de tener sentido. Muchas de las críticas que ustedes hacían han dejado de tener sentido, porque el articulado se ha modificado, se lo he dicho. Así, el primer punto en su parte dispositiva no tiene sentido, porque no hay una privatización. La segunda tampoco, porque el debate no se puede retirar el Senado porque ya se ha producido. Y la última, perdone que se lo diga, señor Unzalu, es una perogrullada.
Por ello lo que ustedes deberían haber hecho es retirar esta proposición no de ley. No tiene ningún sentido ni virtualidad convertir este Parlamento en la segunda instancia del Congreso de los Diputados, que es lo que vienen haciendo día sí y día también, no sé si porque allí consideran que no hacen suficiente oposición o porque la que hacen allí la hacen muy mal y entonces tienen que trasladar a otras Cámaras la oposición que no hacen allí.
Pero es que encima es una oposición torticera, porque usted habla de la privatización de la seguridad. ¿Me quiere usted decir que la seguridad de los cargos amenazados estaba privatizada porque la estaba dando personal de empresas privadas? ¿O que la seguridad de las mujeres víctimas de malos tratos es menos seguridad y está privatizada porque no estaba directamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Me dice que es menos seguridad, que está privatizada en ese caso?
Otros grupos, como el Partido Nacionalista Vasco, señalaban cuando esto se planteó que era necesaria esta ley, porque la anterior regulación era obsoleta y además se hacía necesaria la regulación de la colaboración entre lo público y lo privado, lo ha dicho usted hoy aquí.
Con relación a la enmienda, no la entendemos muy bien, porque cuando se producía ese debate en el Congreso se apoyaba la ley y además en la comparecencia que el grupo Nacionalista Vasco en el Congreso hizo después, una de las razones por las que se apoyaban, aunque es verdad que decía que se podía mejorar, era porque respetaba las competencias en la materia, las competencias de las comunidades autónomas.
Lo tengo ahí, era una de las comunicaciones que hizo el grupo parlamentario. Es más, en el Congreso el señor Olabarria señalaba que con esta ley nos hemos aproximado a un buen equilibrio entre la seguridad pública y seguridad privada, o que se ha acertado con esta ley, o que se reconoce que esta ley ha habido una flexibilidad y un respeto competencial que no existió en el año 1992, y añadía que había que valorar muy positivamente el proyecto de ley que se había elaborado.
Y le decía que es difícil de entender, porque claro, luego el señor Anasagasti señalaba que no sabía porque se planteaba este debate porque era un debate absolutamente caduco y absurdo. Claro que en el Congreso lo califiquen como una muy buena ley y muy positivamente este proyecto de ley, y en el Senado se diga pues que es un debate caduco y absurdo, pues no lo acabamos de entender, no sabemos si es que también da vértigo no hacer oposición y entonces por eso allí a hoy están votando que no, fundamentalmente porque además dicen que hay un exceso de seguridad y aquí han presentado la enmienda, que tampoco entendemos.
Con relación a Bildu, lo que no le gustan son los uniformes, determinados uniformes, los de negro y con capucha sí, pero otros parecen que no les gustan.
Yo ya les digo, en resumen, la proposición inicial no tenía sentido, ha dejado de tenerlo aún más todavía y la enmienda tampoco tiene ningún sentido.
Como les decía, el único sentido es intentar convertir este Parlamento en la segunda instancia del Congreso de los Diputados, porque allí o no saben hacer oposición o no lo hacen suficientemente bien.
Nada más. Muchas gracias.