MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2013-04-11):
Muchas gracias presidenta.
Efectivamente, en estas iniciativas traídas por el grupo de EH Bildu y el Grupo Socialista había alguna coincidencia. Básicamente coincidían en pedir al Gobierno de España la retirada del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y en pedir al Gobierno Vasco la remisión a esta Cámara de un proyecto de ley municipal. Finalmente, se ha firmado una transaccional con el grupo Nacionalistas Vascos pidiendo básicamente esto.
Es cierto que el anteproyecto no ha sido presentado. No sé si es un anteproyecto o un borrador de anteproyecto pero en todo caso tiene razón el señor Semper en que este anteproyecto no se ha llevado al Congreso de los Diputados y por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en el juego. Nos parece ciertamente poco productivo de pedir la retirada de un anteproyecto que ni siquiera ha llegado al Congreso de los Diputados y que cuando llegue, lógicamente debería ser debatido.
Esto para empezar y por lo tanto, ya les anuncio que nosotros no vamos a votar a favor de esa enmienda de transacción. Voy a decir algunas cosas que seguramente no se han dicho a lo largo de este debate pero que para nosotros son ciertamente interesantes más allá del trazo más o menos grueso mantenido por algunos portavoces a lo largo de este debate que es ciertamente interesante.
Efectivamente más allá de criticar lo que plantea este anteproyecto o incluso decir que algunas cosas que plantea están bien, quiero exponer de manera clara qué es lo que UPyD considera que España –es decir, los ciudadanos españoles y también los ciudadanos vascos– necesitan para modernizarse internamente y salir de la crisis cuanto antes; qué es aquello que efectivamente necesitamos para salir cuanto antes de la crisis. Modernizarnos y por lo tanto, dar una adecuada prestación de servicios públicos a los ciudadanos porque el debate es ése.
El debate no es defender la foralidad, el debate no es defender las diputaciones provinciales o las diputaciones forales. El debate no es defender la singularidad y el debate ni siquiera es defender a los ayuntamientos. La idea y el objetivo de los partidos políticos y de los representantes políticos tiene que ser defender los intereses de los ciudadanos y darles el mejor servicio posible. Por lo tanto, España –es decir, los ciudadanos españoles– necesitan a día de hoy cambios radicales en el estado autonómico actual, en el estado autonómico que padecemos por así decirlo.
Y nosotros pensamos que España necesita una reforma en profundidad del estado autonómico y el objetivo debería ser conformar un verdadero estado federal simétrico. Y cuando digo simétrico digo simétrico, y no digo asimétrico y mucho menos digo estado confederal. Es decir, un estado autonómico simétrico dentro de una Europa federal donde las diferentes comunidades autónomas tendrían todas ellas las mismas competencias.
No sé si esto es café para todos pero es lo que pensamos que es mejor para el conjunto de los ciudadanos y donde el Estado central se reservaría determinadas competencias indelegables aunque la gestión de muchas de esas competencias fuera llevada a cabo por las comunidades autónomas. Es decir, necesitamos una reforma en profundidad de la Constitución Española.
El objetivo es garantizar la mayor igualdad y el máximo bienestar posible para el conjunto de los ciudadanos. Ésa es nuestra preocupación. A día de hoy, tenemos una estructura de estado absolutamente elefantiásica, inviable que provoca hipertrofia administrativa y despilfarro. Ésa es la realidad de los hechos.
Por lo tanto, los representantes políticos deberíamos dar los pasos necesarios para modificar esta realidad en lugar de tratar de defender los intereses partidarios de unos partidos políticos u otros, en general, los partidos políticos mayoritarios. Y, desde luego, España necesita una reforma de la administración local.
Lo cierto es que el Gobierno del PP anunció por fin su reforma de la administración local y lo que se ha conocido tiene en nuestra opinión dos graves problemas. Por una parte, un diseño poco ambicioso y en algunos aspectos contraproducente, y por otra, lo que es ya una constante en el ejecutivo del señor Rajoy, la falta de credibilidad que afecta a algunas propuestas que podrían llegar…
...y por otra lo que es ya una constante en el ejecutivo del señor Rajoy, la falta de credibilidad que afecta a algunas propuestas que podrían llegar a ser positivas.
Podría enumerar qué es aquello que nos parece negativo de este anteproyecto, pero diré algunas cosas. Entendemos que es una propuesta que disminuiría la pluralidad de los municipios, cuando se plantea o se planteó en su momento la supresión de sueldos de concejales, entendemos que, como consecuencia de ello, personas muy preparadas que han venido trabajando de manera seria y honesta deberían abandonar su dedicación, y esto nos parece negativo.
Se propone, al menos supuestamente, una clarificación de competencias, que es una buena idea. Es decir, se quieren limitar por un lado las competencias impropias, que es una buena idea, pero, por otro lado, en este anteproyecto falta clarificar las competencias también de las comunidades autónomas y del Estado.
Y se plantea en este anteproyecto la posibilidad de intervenir los municipios, trasladando determinadas competencias a las diputaciones provinciales, cuyos miembros no son elegidos democráticamente, y esto significa una degradación de la democracia y la posible y consiguiente privatización de servicios. Y desde luego, se necesita un baremo o una tabla de sueldos públicos; no es normal que un alcalde de una ciudad media gane más que nuestro lehendakari o que el presidente del Gobierno.
Esto es un disparate y hay que reformarlo y, por lo tanto, no deberíamos tener ningún problema en decir, miren de este anteproyecto hay algunas cosas que están bien y ésta en concreto pues puede estar bien.
En todo caso ya digo que este anteproyecto en general no nos gusta porque no abarca lo que debería ser la necesaria reforma del estado autonómico que necesitamos. Y también se necesita en todas estas reformas absolutamente indispensables, proceder a una fusión de los municipios más pequeños. Al margen de los intereses partidarios de los diferentes partidos políticos, existe a día de hoy un consenso bastante amplio entre los técnicos en la materia que establece el tamaño mínimo eficiente de un municipio en 20.000 habitantes.
Por tanto, y en nuestra opinión, lo que verdaderamente supondría una revolución sería fusionar los ayuntamientos más pequeños, para prestar los mejores servicios posibles a los ciudadanos. Una vez producida esa fusión que UPyD propone y defiende, las diputaciones provinciales perderían la única justificación que son capaces de dar sus defensores, se trata de una administración muy poco eficiente y que presenta un déficit democrático al no ser sus representantes elegidos de forma directa, y lógicamente me ciño en este caso a las diputaciones provinciales.
En Euskadi obviamente las diputaciones forales son distintas, pero también para Euskadi defendemos la misma propuesta que para el resto de España, fusión de municipios, supresión de las diputaciones y clarificación de competencias. La reforma del Gobierno, lo cierto es que potencia a las diputaciones provinciales, y esto nos parece un grave error por todo lo que les estoy diciendo.
Tal como ha dicho Semper, el ahorro esperado por el Gobierno con estas medidas es de 7.000 millones para el período 2013-2015. UPyD, que ya ha hecho estudios sobre la materia, estima que una reforma a fondo incluyendo la fusión de municipios y la eliminación de diputaciones podría suponer reducir el gasto en más 15.000 millones de euros al año.
La fusión municipal –no se asusten ustedes– es un proceso que ha sido llevado a cabo en todos los países europeos. En todos los países de nuestro entorno se ha hecho esto y se ha hecho sin ningún tipo de problema. No podemos olvidar que la organización municipal y provincial de España tiene su origen en el primer tercio del siglo XIX. Han pasado dos siglos, señores y señoras parlamentarios y algunas cosas siguen igual.
Ni siquiera la Constitución de 1978 introdujo cambios en la estructura local. Ya es hora de que nos modernicemos. Como he dicho antes, el objetivo no deber ser el mantenimiento de los ayuntamientos, incluso de los más pequeños y de los más inviables porque sí. El objetivo tiene que ser dar el mejor servicio posible al conjunto de los ciudadanos, conjunto de los ciudadanos vascos también.
Y, por lo tanto, estas son nuestras propuestas, y las decimos siempre sin ningún tipo de complejos y con toda la claridad del mundo. En fin, ya UPyD ha defendido en alguna otra ocasión la necesidad de proceder a la fusión de municipios, o incluso en alguna ocasión, si no recuerdo mal, lo hicimos de la mano de Eusko Alkartasuna, que parecía que veía con buenos ojos esto de dar los pasos necesarios para llevar acabo una fusión municipal.
Es absolutamente indispensable. Euskadi –y me centro ahora en Euskadi– tiene a día de hoy 2 millones de habitantes, tiene 251 municipios, tres diputaciones forales, un Gobierno Vasco, decenas de sociedades públicas y una administración central.
Esto es un absoluto disparate. Esto es absolutamente inviable, y por lo tanto necesitamos reformarnos, necesitamos modernizarnos, ya digo, como han hecho en otros países europeos sin ningún tipo de problemas.
Se han producido en las últimas décadas fusiones municipales en Alemania, donde han pasado de casi 20.000 municipios o ayuntamientos a 8.000. En Dinamarca, que ha suprimido el 90 % de los municipios o de los ayuntamientos. El Bélgica, que han reducido de 1.300 a 600, en Holanda, en Grecia, en Suecia. Se ha hecho y no pasa nada. No hay ningún tipo de problema y, por lo tanto, esto es lo que proponemos.
Por lo tanto y termino, necesitamos reformular y refundar el modelo autonómico para hacerlo viable, necesitamos suprimir las diputaciones provinciales, necesitamos fusionar ayuntamientos y necesitamos una nueva distribución de competencias.
Algunas competencias deberían ser trasladadas a Europa, otras deberían ser trasladadas a las Comunidades Autónomas y otras deberían ser trasladadas a los ayuntamientos para que las ejercieran con todas las garantías...