HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2017-12-15):
Eskerrik asko, legebiltzar-buru andrea.
Señor Hernández, hemos aquilatado después de esta segunda intervención ya las posiciones de cada uno.
Efectivamente, yo he hecho una referencia al marco normativo, creo que era obligada, usted también ha hecho referencias en marco normativo.
Usted ha afirmado que no es partidario, que no le gusta. A mí me guste o no es el que tenemos como referencia y, por tanto, me parece que situarme como Gobierno en una hipótesis alternativa, como un ejercicio de pura especulación no tendría ningún sentido hacerlo aquí, por tanto me sitúa ahí. Pero claro, es que no estamos hablando de un marco normativo dictado solamente por las instituciones legislativas, no, estamos hablando de un marco normativo en el que a la norma general dictada por las Cortes Generales, se añade un acuerdo de condiciones de trabajo.
Por tanto, yo creo que esto sí que es insoslayable, que a usted le gustará o no pero es el marco en el que nos tenemos que mover. A mí tampoco es que me satisfaga demasiado. Pero a partir de ahí empiezan las discrepancias. Usted me dice, yo no he defendido la tesis que usted me atribuye. Yo reconozco lo de preferentemente, si quiere repasamos su intervención inicial y vemos si ha hecho referencia o no al preferentemente, seguro que no, seguro que no porque lo he repasado.
Asumimos que efectivamente lo que dice el acuerdo de condiciones de trabajo, en general, porque es que el del año 2010 se circunscribe estrictamente al personal funcionario de Lakua, una mínima parte del conjunto de los empleados públicos del sector público autonómico vasco, y el que sí que se refiere al conjunto es el acuerdo del año 2009, el 18 de noviembre del año 2009. Por eso he querido referirme a él, porque es el marco que completa las previsiones de la ley a este respecto y del que arranca el acuerdo adoptado en el seno del Consejo de Gobierno fijando las instrucciones para las buenas prácticas en el ámbito de la contratación de servicios públicos.
A partir de ahí, usted me dice, yo creo que el preferentemente significa que solamente donde no es posible llevar a cabo una actividad con recursos propios, es lícita la externalización. Bueno, yo creo que en absoluto esa interpretación es la pertinente, porque en todo es posible prestar una actividad con los recursos propios, en todo, absolutamente en todo.
Fíjese, una obra pública extraordinaria, bueno la podemos contratar a través de un contrato de obra de gran complejidad, con muchos millones, pero también la Administración puede engordar su plantilla con personal propio para hacerlo con recursos propios.
Fíjese, en el pasado existían los camineros en las diputaciones forales, que se ocupaban de la obra pública vinculada con las infraestructuras de comunicación.
Posible todo es posible, y ha habido modelos puntuales en la historia en las que todo estaba internalizado, ha habido y todavía seguramente en el derecho comparado habrá algún país en el que todavía esto es así, nada externalizado, nada está en manos del mercado, porque el mercado ha desaparecido, y todo lo hace la Administración con recursos propios, por tanto todo es posible.
Entonces como una interpretación de ese tipo sería irrazonable. Cuando el acuerdo de condiciones de trabajo dice expresamente, después de utilizar el adverbio preferentemente, dice de manera expresa que la Administración regulará las condiciones de la externalizarían y por tanto la externalización es posible, pues esa interpelación que usted plantea yo creo que no cabe, no cabe en una interpretación lógica, razonable de esa previsión del acuerdo de condiciones de trabajo, no cabe.
Y por eso se dictó el acuerdo de instrucciones de condiciones de trabajo que vino inmediatamente después, y dice que regula las condiciones para externalización de servicios y para la contratación de servicios.
El Gobierno, insisto, mientras no se modifique este marco, va a seguir operando con él. Usted me dice, bueno y ¿por qué no se convocan los foros bilaterales de cooperación que existen, que están previstas en algunos acuerdos de condiciones de trabajo? Es que fíjese, entre los supuestos que usted ha citado muy heterogéneos entre sí de utilización sistemática de la externalización o de la privatización, hacía referencia al Eustat, según un pequeño episodio que ha existido recientemente en el instituto de estadística, fíjese.
Se refiere exclusivamente a que en un año determinado, una encuesta que el Eustat venía desarrollando con medios propios, un año determinado se externalizó. Inmediatamente después se llevó a la Comisión de Seguimiento bilateral prevista en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo para revisar las cuestiones relativas a la externalización, y fue el único año en el que se llevó a cabo.
Los sindicatos presentaron su queja, la Administración la acogió, y a partir de ahí no se ha vuelto ninguna externalización. Es un episodio puntual de un año concreto, que obedece además a unas circunstancias muy especiales que concurrieron ese año.
Por tanto, usted ha citado casos muy excepcionales y muy diferentes entre sí, pero añade que todo tiene su marco y su explicación y que permiten afirmar  - como he hecho yo al principio -  que el Gobierno en absoluto está inmerso en una política sistemática de externalización y de privatización de servicios.