UNZALU HERMOSA (PSE-EE, 2014-03-20):
Estamos hablando de un Gobierno que comenzó su mandato eliminando prestaciones sociales o introduciendo recortes drásticos de gastos en Educación y Sanidad, con la intención nada disimulada de irlos privatizando.
Algo que en materia sanitaria ha estado a punto de ocurrir en Madrid y no ha ocurrido por una feliz conjunción de movilizaciones ciudadanas y de la intervención judicial, que ha recordado, muy oportunamente, que el Estado de derecho guarda también relación con los derechos sociales de los ciudadanos.
Hoy le ha tocado el turno a la seguridad y con el mismo esquema. El mismo Gobierno que impone serias restricciones a la contratación pública en los sectores de la seguridad del Estado es el que promueve una ley de seguridad privada, con una clara deriva privatizadora e involucionista, que lejos de atenuarse se ha visto acentuada en toda su tramitación parlamentaria.
Lo acaba de comprobar el grupo Nacionalista, que de manera inexplicable votó a favor del texto legal a su paso por el Congreso, con la esperanza –según dijo– de introducir mejoras a su paso por el Senado, una esperanza defraudada que le obligó a cambiar en la Cámara alta su voto afirmativo por la abstención, ante la evidencia de que el Gobierno de Rajoy no estaba dispuesto a cambios sustanciales en su ley.
Además, pudo comprobar perfectamente como la mayoría absoluta del PP aplicaba el rodillo a todas sus enmiendas en el Senado y hoy esto le ha obligado a votar en contra de todas las incorporaciones que el PP hizo en el Senado. Es decir, ha cambiado su postura inicial cuando votó afirmativamente al proyecto de ley en el Congreso.
De modo que tanto el PNV como su Gobierno han acabado compartiendo los temores que desde el principio manteníamos los socialistas. De hecho, la consejera de Seguridad nos reconocía, en respuesta a una pregunta que le planteamos, que tal y como había quedado en el Congreso el proyecto, además de no garantizar las competencias de Euskadi en materia de Seguridad, ni ofrecía garantías suficientes, ni dejaba clara la preeminencia de lo público, ni la capacidad de los vigilantes jurados para efectuar detenciones.
Esperaba que todo eso quedará despejado en el Senado, pero no ha sido así, como la propia consejera tuvo que reconocer hace pocos días en una comparencia parlamentaria. Queda, por eso, muy lejos el optimismo exhibido en su día por el grupo Nacionalista cuando defendió públicamente su respaldo a la ley.
Una ley que no nace, tal como se justifica, de una necesidad normativa o jurídica relevantes fruto de los cambios sociales, ni nace tampoco de una necesidad que la sociedad no siente de atajar más eficazmente la seguridad ciudadana. De hecho, España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa.
Lo que persigue esta ley no es otra cosa que dar carta de naturaleza con la cobertura jurídica necesaria al negocio integral de la seguridad del Estado puesta en manos privadas, favorecer un cambio normativo que permita ir traspasando la Seguridad del Estado a manos privadas.
Es verdad que la ley no deja de expresar un buen número de reconocimiento a la preeminencia de la seguridad pública, quizás demasiados como para que no aparezcan más explicaciones no pedidas que otra cosa, porque lo cierto es que esta ley no es, como afirma el Gobierno del PP, una simple actualización de la anterior. Es, por el contrario, un texto legal que concede a los vigilantes privados unas atribuciones que hasta la fecha estaban exclusivamente en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Consagra una progresiva deriva privatizadora de la seguridad pública a través de un salto cualitativo importante, porque pasa de subordinar la seguridad privada a la pública, como consagraba de manera nítida la todavía vigente Ley de 1992, a considerar ahora la seguridad privada como auxiliar o complementaria de la seguridad pública, y complementario, señorías, según el Diccionario de la Lengua Española quiere decir algo que completa a otra cosa, en este caso esta cosa es la seguridad ciudadana.
Lo dice desde la propia exposición de motivos, cuando afirma que la ley pasa de poner el acento en el principio de la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad a través de otros que lo desarrollan, como son de cooperación o corresponsabilidad, y ahonda en el principio de subsidiariedad. Éste es, como digo, esto es un texto leído, extraído de esta exposición de motivos.
Y la segunda innovación de la ley, según su exposición de motivos, es menos control de la seguridad pública sobre la privada. Textualmente también se dice en esa exposición de motivos que los poderes de intervención y control público sobre la seguridad privada, se focalizan en los aspectos verdaderamente esenciales para la seguridad pública, desregulando los aspectos accesorios que no tienen una directa relación con el servicio de seguridad, al tiempo que se moderniza su gestión y se potencia su colaboración con la seguridad pública.
Desregulación. Nos suena la palabra, ¿Verdad? Esto es lo que todavía el proyecto de ley quiere ir introduciendo en la seguridad pública, a través de formulas de cooperación público-privada que amplíen y hagan irreversibles los ámbitos susceptibles de ser abordados desde la seguridad privada.
Y bajo este eufemismo, el de la colaboración público-privada, nos encontramos ante un asalto estratégicamente estructurado a los servicios públicos y a las propias administraciones públicas, favoreciendo a su vez por las políticas, a su vez las políticas de deterioro constante de la seguridad del Estado, puestas en marcha por el Gobierno de la derecha.
Éste proyecto de ley es, por tanto, gravemente lesivo para el ejercicio de los derechos democráticos de la ciudadanía, porque el interés general representado por los servicios y servidores públicos queda transferido a empresas privadas, con intereses particulares, que giran en torno a la obtención de beneficios privados por encima de las defensa del bien público.
Ya lo dijo el ministro en una entrevista, en España queda mucho campo para la seguridad privada. Y dijo campo, pero podía haber dicho negocio, que es lo que en realidad estaba pensando. Y nos aboca a que en un futuro próximo sólo dispongan de protección a cien por cien aquellos afortunados que, por su situación económica, se la puedan pagar, porque esta ley es una ley de seguridad para los ricos.
Para los pobres hay otra complementaria de ésta, es la ley de seguridad ciudadana que el Gobierno de la derecha está preparando, aunque con notables dificultades en la que criminaliza la protesta social, la que va intentar recortar las libertades, la que intenta tipificar nuevos delitos y endurece las condenas hasta extremos bastante sorprendentes en un sistema democrático, y todo esto en un país en el que las manifestaciones violentas representaron tan sólo el 0,1 % del total de las que se registraron en España el pasado año, según datos aportados, además, por el propio Gobierno.
Pero al parecer, ese 0,1 % es ya demasiado para el Gobierno de Rajoy y todo le resulta poco para contener a una mayoría social con el fin de perpetuar el orden y la seguridad de los que pagan, porque al Gobierno de Rajoy la Constitución y las garantías y controles constitucionales empiezan a venirles un poquito grandes.
Empezó atetando contra los derechos sociales de los ciudadanos, y está cuestionando ahora libertades y sus derechos públicos. Empezó recortando las políticas de bienestar y ahora está recortando la democracia, poniendo al frente a un ministro del Interior que tiene incluso problemas con la confesionalidad del país y nos vuelve a descubrir a Santa Teresa velando por España.
Este Gobierno, en definitiva, sólo ha sido capaz de encontrar una respuesta para atajar el malestar social que sus políticas han creado, la represión. Una represión, todo hay que decirlo, muy selectiva, cuando estamos viendo que el ministro de Interior no se enteró a su debido tiempo que el hijo de Tejero conmemora el aniversario del 23-F en un cuartel madrileño de la Guardia Civil del cual era el máximo responsable.
Estaba, al parecer, tan ocupado en controlar los desórdenes de la calle que fue incapaz de detectar el desorden grave de exaltación del golpismo cuando se produce en dependencias bajo su mando.
Y algo tenemos que decir todos nosotros con respecto a esta cuestión, que afecta seriamente a la calidad de nuestra vida democrática, algo que tiene que decir a este respecto la máxima institución representativa de un país que ostenta competencias en materia de seguridad, este Parlamento.
Y lo que tenemos que decir es que las políticas de seguridad tienen que seguir estando en manos de los poderes públicos y que, por eso mismo, rechazamos de plano cualquier intento privatizador en este ámbito, por que atenta contra las libertades y los derechos de la ciudadanía en su conjunto.
Queríamos instar al Gobierno de España a retirar la ley, aunque es evidente que hemos llegado tarde. El rodillo de la mayoría social ya hoy ha puesto este proyecto de ley en camino al Boletín Oficial del Estado.
Pero, en cualquier caso, creemos que es importante que este Parlamento se defina y nos manifestemos sobre esta ley y rechazarla, como va a ser nuestra propuesta.
Y por supuesto, también instamos en nuestra proposición al Gobierno Vasco a defender abiertamente en todos los ámbitos el carácter público de las políticas de seguridad, a que ponga en este empeño tanto énfasis como está poniendo en otros.
No es coherente, desde nuestro punto de vista, que estén reclamando desde el Gobierno Vasco la reducción de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y titubeen, como lo han hecho en este caso, ante una Ley que consagra el reparto de la seguridad ciudadana entre lo público y lo privado, y bendice el negocio de las empresas privadas a cuenta de la seguridad de las personas.
Pero, en cualquier caso, y aunque haya sido en el tiempo de descuento, nos congratulamos del cambio de postura del Partido Nacionalista Vasco, que ha permitido algo que para nosotros es importante, como es la posibilidad de haber firmado una enmienda transaccional que asegura un amplísimo rechazo frontal a esta ley por parte de este Parlamento y por parte de esta Cámara al proyecto de la ley de seguridad privada del Gobierno de Rajoy.
Besterik ez, eskerrik asko.