ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2016-04-21):
Decididamente el Gobierno español y el Partido Popular confunde la Constitución de 1978 con el Fuero de los españoles, no lo digo como mera ocurrencia.
Está claro que ya su antecedente organizativo, Alianza Popular, no la votó, pero es que, además, como aquí se ha dicho, el Gobierno del Partido Popular está recurriendo absolutamente a todo, se ha lanzada a una cruzada contra el Estado social y democrático de derecho y contra la garantía del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, del artículo 2, una cruzada al grito de "Mariano y cierra, España", por la cual realmente la competencia autonómica, que, en este caso, es exclusiva como ya se ha dicho, en materia de vivienda se pretende directamente vaciar de contenido.
Tengo que reconocer que el recurso como tal y los documentos que lo acompañan pues han llegado, por lo menos a mí me han llegado hace escasas horas y, por lo tanto, no he tenido ocasión de hacer, pues en fin, una lectura un poco más profunda y, por lo tanto, me parecía un poco temerario intentar adentrarme en, digamos, los contenidos, tiempo habrá para ello.
Pero sí decir que los argumentos generales que plantea el recurso del Gobierno de España parten ya de una presunción que la Ley en ningún momento, la Ley de Vivienda en ningún momento ha planteado, y además es que es una especie de tic, porque en un informe preventivo que ya mandó el Gobierno español cuando se estaba al comienzo de la tramitación de la Ley, ya venía anunciando, además, que iba a caber recurso de inconstitucionalidad de todas, todas, no sea que fueramos atándonos los machos y, por lo tanto, el Gobierno ya venía planteando eso. ¿Y en base a qué lo planteaba? Es que la Ley vasca de Vivienda pretende nada menos que definir el contenido esencial de la propiedad.
Claro, resulta que sí es verdad que el Decreto andaluz, recurrido en su momento, empezaba solemnemente diciendo eso, que venía a definir el contenido esencial de la propiedad, cosa que la Ley vasca de Vivienda en ningún momento hace. En ningún momento dice que venga a definir el contenido esencial de la propiedad. Lo que viene a decir es que quiere definir la función social de la vivienda, que esto es también otro precepto constitucional, el 33.
El artículo 33 famoso, el de que reconoce el derecho a la propiedad y a la herencia, pero, no obstante, no obstante, todo esto se hace delimitado el contenido de la propiedad de acuerdo con las leyes en la función social, y que nadie puede ser privado de sus derechos y bienes sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social.
Eso es lo que plantea la Ley de Vivienda, en definitiva, lo que plantea es, por ejemplo, en relación a la vivienda deshabitada, que plantea el recurso también como si fuera, pues, en fin, un exceso. El propio Consejo de Estado se lo recuerda, pero, en fin, la Ley de Haciendas Locales, que tiene ya larga data, en relación al capítulo relacionado con el Impuesto de Bienes Inmuebles, habla de la posibilidad de imponer por parte de los ayuntamientos un gravamen a las viviendas vacías, otra cosa es que el legislador estatal, en este caso, tampoco desarrolló reglamentariamente qué es vivienda vacía y, es verdad, que termina por ser un concepto jurídico indeterminado, salvo cuando un reglamento, el que tenga que hacer el Gobierno, termine definiéndolo en nuestro ámbito qué es una vivienda vacía.
Pero no es un cuerpo extraño que se grave, que se tenga en cuenta que la vivienda vacía, tal y como dice el artículo 47 de la Constitución, de que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y de que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes. ¿Quién va a establecer estas normas? ¿El Estado, que no tiene competencia en la materia? Solo puede ser por ley autonómica; aquí, en Navarra, en Canarias, en todos esos sitios donde el Gobierno del Estado ha entrado a recurrir.
Ayer había una jornada en el Foro Marítimo precisamente para analizar la Ley de Vivienda y uno de los expertos ponentes decía una cosa que es verdad, y es que le llamaba la atención que la Ley de Vivienda de Cataluña, que tiene un alcance parecido e incluso, señalaba, que mayor que el nuestro, no ha sido recurrida.
Por lo tanto, da la impresión de que a veces el Gobierno español se mueve, en fin, con una cierta venalidad, porque si hay otras leyes sectoriales de vivienda que tiene más alcance y no han sido recurridas, eso quiere decir que es que no se basan en fundamentos jurídicos, sino en cuestiones o en criterios de oportunidad política.
Por lo tanto, bueno, pues la iniciativa que trae Euskal Herria Bildu, pues nosotros no podíamos por menos que suscribirla, nos parecería interesante que esta iniciativa que ha sido finalmente tranzada con el Partido Nacionalista por Euskal Herria Bildu y por parte del Grupo Socialista, pues que obtuviera el máximo consenso de esta Cámara, porque estamos hablando de contenidos esenciales del autogobierno, no de la propiedad. Son competencias que tiene nuestra Comunidad Autónoma, y otras que también han legislado en esta materia y que han sido recurridas.
Por lo tanto se trata de defender nuestras competencias. No hay ninguna invasión competencial, porque claro, luego, cuando habla de, además en una comprensión también en lo poco que he visto, muy superficialmente, dicen, hombre, es que la ley quiere definir la función social. ¿En qué quedamos? ¿En que defiende un contenido esencial de la propiedad o su función social?
Claro, por otra parte, residenciar esto en el Tribunal Constitucional hoy en día, tampoco es que ofrezca muchas garantías de imparcialidad o de independencia siquiera, ¿verdad?
Entonces, por motivos, bien conocidos. Entonces, claro, este recurso, recurso además en el último momento, o sea en el tiempo de descuento, en funciones, en funciones y supliendo al presidente señor Rajoy la vicepresidenta.
Quiero decir que también, en fin, da lugar a lecturas a veces un poco a aviesas, porque tiempo ha habido para haber recurrido, hasta el punto de que el Gobierno anunció la eventualidad de recursos a poco que se inició el trámite de ponencia.
La señora Llanos nos decía la semana pasada  - a propósito de esta ponencia y lo decía, además, de manera también un tanto despectiva -  que en esa ponencia allí nos reuníamos para tratar en interminable debates filosóficos y demás.
Yo siempre he entendido que esa es su antonomasia la actividad del un Parlamento, legislar, las leyes son el producto estrella de un Parlamento y precisamente legislar entraña una responsabilidad, entraña realmente una cierta complejidad, y todos esos debates que a usted le parecen tan ociosos y aburridos, precisamente tenían en cuenta los apuntes que ya el Gobierno español venía haciendo en sus diferentes informes sobre el propósito de recurrir al Constitucional, fuera cual fuera el resultado final de la ley.
En materia de expropiación o las figuras más intervencionistas, pues vuelve a plantear lo mismo, que la competencia para la economía es algo que le corresponde al Estado, etcétera. Y sin embargo, todas esas figuras tienen un carácter excepcional y es una intervención que queda supeditada siempre como cláusula residual a la ausencia de solución habitacional.
Porque si en Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a tener una vivienda digna y adecuada y que, además, para ello los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias, pues esto es lo que ha hecho esta Cámara, tratar de promover las condiciones necesarias, teniendo muy en cuenta los argumentos que en su momento dio el Constitucional al Decreto de Ley andaluz.
Por eso esa cláusula residual es siempre en ausencia de solución habitacional, porque si debe de tener preeminencia la normativa del Estado y esa suspensión de los desahucios y todas aquellas normas que el propio Constitucional que traía a colación, bien, que las tenga. Por lo tanto, no habrá problema de solución habitacional, y entonces no operaran esos artículos. Solo operarían, en última instancia, si la legislación española o las medidas del Gobierno español no dan fruto y, en un momento dado, una persona o una unidad convivencial se ven arrojada a la calle.
Porque lo que no me negarán ustedes, señorías, es que para un artículo tan solemne como el artículo 47, que plantea esos en los principios rectores de que todos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, no me negaran que es bastante paradójico que, con una declaración tan solemne, hayamos podido ver en los últimos años precisamente como ese derecho no tenía lugar y como, más bien, ocurría todo lo contrario ¿no?
Por lo tanto esa ley ha tenido, entre otras previsiones, la de precisamente tratar de conseguir ese principio constitucional sea una realidad por lo menos dentro de lo que es nuestro ámbito compentecial.
Nada más.