PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2018-02-15):
Gracias, presidenta.
Bien, pues nosotros, los Socialistas Vascos, celebramos que este debate sirva, por encima del resultado de la votación, para constatar la validez del gran acuerdo alcanzado por la ciudadanía vasca hace 39 años y la reivindicación de sus instituciones.
Y lo celebramos tras haber tenido que sufrir durante tantos lustros el intento de desprestigio de lo que aquí se hacía, el intento de derribar lo que se iba construyendo, el intento de aniquilar incluso físicamente a quienes ocupaban estos escaños por el hecho de hacerlo.
A nosotros nos parece que este debate es una gran oportunidad para reivindicar la capacidad de decidir sobre muchas cosas, especialmente sobre el modelo social que los vascos y vascas hemos querido a lo largo de la historia: Nuestra capacidad de dirigir una Osakidetza que garantiza desde lo público el derecho a la salud; de construir una escuela pública que garantiza el derecho a la educación; de hacer posible una policía propia que garantiza nuestra seguridad; de diseñar un sistema de protección único en nuestro entorno, que garantiza unos ingresos mínimos; de buscar las fórmulas que hoy hacen posible garantizar el acceso a la vivienda; de impulsar las políticas públicas que hacen posible que el euskera se haya recuperado y sea hablada hoy por más gente que nunca...
Todo esto es lo que ha venido haciendo este Parlamento. Todo esto y más, gracias a este Estatuto y a una vocación de quienes hemos participado siempre en las instituciones para construir un país en el que quepamos todos y todas.
Un modelo que, aunque no se quiera reconocer por algunos, nos ha proporcionado la mayor etapa de progreso y bienestar que jamás se haya conocido en Euskadi.
Pero un modelo  - que también es cierto y justo reconocerlo -  ha tenido fallos, ha tenido limitaciones y ha sufrido intentos de ser anulado o restringido por quien no es capaz de gestionar una España plural y descentralizada.
Porque esto es de lo que hablamos hoy. Y esto no nos pasa solo en Euskadi; esto no es una forma de castigo a los vascos, como algunos quieren decir. Es algo que, por desgracia, padecen también el resto de las comunidades.
Lo primero que hay que decir, para que quede claro, es que el recurso al Tribunal Constitucional es legítimo, aunque no sea, a nuestro entender, la vía adecuada.
Es la previsión realizada por la propia Constitución y asumida por este propio Estatuto para poder dirimir diferencias de interpretación sobre el alcance de nuestras competencias.
Como apunta el grupo proponente, a impulso del Gobierno central, cuando ha entendido que debía defender las suyas y también del Gobierno Vasco, cuando apreciaba invasión de las competencias propias.
Pero este mecanismo es fallido, es lo previsto por la Constitución, pero la practica está demostrando que no es un modelo garantista ni en la forma en la que se distribuyen las competencias, ni en las forma de gestionar las diferencias de interpretación.
Así lo venimos señalando los Socialistas desde que hace cinco años, en lo que se llamó la Declaración de Granada, definiéramos los aciertos y los fallos de nuestro sistema territorial, y concluyéramos que lo conveniente, lo seguimos diciendo, es una reforma constitucional que zanje precisamente, entre otros, el problema que ahora estamos discutiendo aquí.
Lo que decimos, lo que decíamos y seguimos diciendo es que sería mucho más conveniente en un Estado con una vocación de descentralización tan acentuada como es el nuestro, la Constitución debiera definir con nitidez, no las competencias exclusivas, como lo hace actualmente, que mezcla cuestiones de legislación con las de ejecución o las delegables, sino un listado preciso y corto de competencias indelegables en manos del Gobierno de España, y el resto todas aquellas que las comunidades puedan asumir, si esa es su voluntad.
Clarificación de competencias, por tanto, acompañadas de garantías, de igualdad de derechos y solidaridad entre territorios.
Y con la garantía añadida de mecanismos de lealtad federal, mecanismos que resuelvan los conflictos de relaciones que surgen de forma natural entre instituciones y que siempre va a seguir habiendo.
Haber carecido de una claridad en esta materia es lo que ha obligado a acudir de forma recurrente y abusiva, muchas veces, al Tribunal Constitucional.
Que haya diferencias debe ser asumido como algo propio de los sistemas democráticos. Que se esté obligando por la fuerza al Tribunal Constitucional a hacer una especie de relectura de la Constitución, sin atender a la voluntad de autoorganizarse de los distintos parlamentos autonómicos, es algo bastante más peligroso.
Y lo que no entendemos es la cerrazón de tantos en haber retrasado y ahora en ralentizar la revisión de nuestro sistema territorial.
Si detectamos, como parece que es evidente, ese incremento de la litigiosidad y si convenimos en que es un impedimento para la proyección de nuestras políticas públicas, los Socialistas no entendemos que todavía hoy se pongan tantos palos a las ruedas del proyecto compartido y descentralizado que es España.
Pero una cosa es la posibilidad es acudir al Tribunal Constitucional, que, insisto, en que la tiene el Gobierno de España y los autonómicos, y otra muy distinta utilizar este órgano para intentar laminar el Estado del conjunto de los españoles decidimos construir hace cuatro décadas, que es lo que está haciendo, a nuestro entender, el Partido Popular.
Y lo hace por una razón, por desgracia, por la inmensa incapacidad que tiene de entender el país que rige, un país plural, muy plural, que pretende dirigir con una única visión, la particular, la de un partido que, por cierto, ni estuvo en la gestación del modelo, ni en su desarrollo y al que solo le valen las autonomías si ellos tienen el poder en ellas.
Es una visión paralizante y restrictiva en derechos sociales y en desarrollo territorial. Es la que mantiene cautivo y pone en peligro el proyecto de España.
No saber entender Cataluña, ni lo que allí estaba pasando; no saber entender Euskadi y lo que aquí nos ha costado construir consensos entre diferentes; es el mejor alimento que han encontrado los partidos que siempre han defendido las tesis de independentistas.
Porque no es entendible lo que hacen. Por citar un ejemplo reciente, no es entendible, nadie lo puede entender, que se cuestione un acuerdo de negociación colectiva, en este caso el de la organización laboral de los empleados públicos de Euskadi y que a la vez, sin solución de continuidad, proponga esas jornadas de 35 horas que cuestiona para el conjunto de empleados públicos de España.
No es entendible que su propia formación en Euskadi comparta un proyecto de medidas ambientales adicionales que impidan el fracking y que, por otro lado, busque acotarlas por la vía judicial.
No es entendible que intente poner coto a dar una solución a las personas que no pueden pagarse un techo bajo el que vivir.
Ni fue entendible aquel empeño en impedir una respuesta rápida que ofreció el Gobierno de Patxi López para evitar que decenas de miles de jubilados tuvieran que pagar por las medicinas recetadas por sus médicos.
Porque fue aquel Ejecutivo el que, a lo largo del 2012, tuvo que empezar a sufrir la involución recentralizadora, que se nutrió de una mayoría absoluta de Rajoy jamás supo utilizar para nada que no fuera laminar derechos.
Lo que no sabía Rajoy por aquel entonces, y por desgracia creo que aún no lo sabe, es que aquí estamos decididos a exprimir todas las posibilidades que nos ofrece nuestro Estatuto para no desatender a la gente.
Y que, a pesar de los recursos que acabo de citar a modo de ejemplo, pero que hay más, aunque fuera con un esfuerzo mayor y más tarde de lo previsto, hoy en Euskadi hay más de 100.000 personas que no tienen que pensar en dejar de medicarse por falta de recursos, que 2000 familias han accedido a una vivienda de la que no disponían, que se buscaran fórmulas...
...que no tienen que pensar en dejar de medicarse por falta de recursos, que 2.000 familias han accedido a una vivienda de la que no disponían, que se buscarán fórmulas de un nuevo de acuerdo con los representantes de los trabajadores, para mantener también las decisiones laborales pactadas en el sector público.
Ya ni sabemos siquiera qué idea tiene el PP sobre el país, más allá de la cadena perpetua revisable.
La socialista sí le puedo decir, la Constitución y el Estatuto, son ante todo pactos de convivencia pensados para el progreso en sociedades plurales, como la nuestra.
Y gestionar la pluralidad es algo que este Gobierno desconoce, con pocos visos además, en el corto plazo de que vayan a corregir esa actitud, entendemos muy dañina para todos.
Un Gobierno especializado en decir, es verdad, que con contundencia lo que no puede hacer la gente, lo que no pueden hacer otros gobiernos, pero incapaz de plantear una sola alternativa ante todos aquellos que con muchas razones, no confían en el Partido Popular.
Así que este debate sirve para ratificarnos en nuestro compromiso de explorar todas las posibilidades que nos ofrece el Estatuto, la mejor herramienta que hemos tenido para la mayor época de progreso y cohesión social. Para extender derechos y bienestar de la ciudadanía.
Y sirve también para insistir en la necesidad de actualizar esa herramienta y la Constitucional, con esa misma vocación. Reconociendo las diferentes sensibilidades e integrándolas en un proyecto que comparta las responsabilidades y garantice la igualdad y la solidaridad.
Y los Socialistas detectamos que hay una amplia voluntad en esta Cámara para emprender un camino renovador de nuestro autogobierno y confiamos por cierto, en que no encalle.
Y aprovechamos para volver a invitar a quienes comparten con nosotros que acudir al Constitucional para que reinterprete permanentemente nuestras posiciones, no es la solución adecuada, a que se sumen a las reflexiones abiertas en el Congreso, para revisar nuestro sistema, a que hagan sus aportaciones y a que formen parte de los acuerdos.
El Socialismo Vasco como hemos dicho en cada ocasión que se ha presentado, en gobiernos de coalición, en solitario o desde la oposición, irá de la mano del resto de la representación de Euskadi, para defender nuestro modelo singular y la vocación de la ciudadanía de seguir compartiendo un proyecto de progreso, plural y solidario, que busca por encima de todo asegurar a todos y todas la sanidad, la educación, la protección social, la vivienda, la igualdad de género o un medio ambiente sano. Un proyecto que nos siga sirviendo en el futuro para ir limando las desigualdades, y ofreciendo oportunidades.
Eso es lo que nos ha servido para encontrar un lugar común que es la enmienda de transacción que hoy presentamos, y de la que felicito que hayamos sido capaces de alcanzar.
Muchas gracias.