ALDAITURRIAGA ZORROZUA (EAJ, 2014-10-30):
Eskerrik asko mahaiburu andrea, sailburu andrea, legebiltzarkideok arratsalde on.
Señora Lopez de Ocariz, lo primero que tengo que decirle es que es si hoy vemos este asunto en el Parlamento, es porque se están perdiendo las buenas costumbres.
Porque es o era una costumbre inveterada que en los plenos de las Juntas Generales de Araba que se celebren en Tierras Esparsas intervenga un representante de la comarca, exponga un problema que afecte a los vecinos y solicite la intervención de la Diputación en la resolución del mismo.
Y esa solicitud suele aceptarse, a veces no de buen grado, pero suele aceptarse, señora Lopez de Ocariz. Y la iniciativa que hoy nos trae aquí estaba prevista que se debatiera en el pleno de Tierras Esparsas celebrado en Zuia el pasado junio, por tanto, si se hubiese actuado como es costumbre esta obra debería realizarse por la Diputación.
Pero bueno, situemos el asunto en su contexto. Como todos ustedes conocen bien, el suministro y abastecimiento de agua potable, el mantenimiento de la red y alcantarillado, el tratamiento y depuración de aguas residuales son competencias legales plenamente atribuidas a las entidades locales, cuya gestión debe ser asumidas por estas de forma particular o asociada.
La problemática del abastecimiento de Zuia-Urkabustaiz es un viejo problema, como se ha indicado, y cuando después de 25 años no se ha resuelto el problema, es que el asunto no es nada fácil.
Partimos de la no disponibilidad de un recurso en cantidad y calidad suficiente para atender las necesidades de la población durante los 365 días del año, de una población de 4.000 habitantes, entre los dos municipios y repartidos en más de 20 núcleos y concejos. Y cada concejo se encarga del sistema de abastecimiento de agua. Y lo que ocurre en Zuia y Urkabustaiz, como en otros muchos casos, es también un reflejo de uno de los problemas que históricamente conlleva el agua en Araba.
Por un lado, la dispersión de competencias entre distintas administraciones, que provoca una descoordinación de actuaciones. En Araba tienen competencia en la materia los concejos, los municipios, el territorio histórico, el Gobierno Vasco y la Administración General del Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y como parece evidente, es necesario coordinar todas las funciones que conlleva el ciclo integral del agua.
Por eso hemos presentado una enmienda, en la que proponemos que todas las administraciones, que entre todas las administraciones celebren los oportunos acuerdos para la financiación, construcción y mantenimiento de las infraestructuras capaces de resolver este problema.
A nuestro juicio, resulta aconsejable la institucionalización de un ente en el que participen todos para llevar a cabo la gestión del ciclo integral del agua. Mientras eso no ocurra, se deben instrumentalizar acuerdos o convenios en tal sentido, en el sentido que proponemos en la enmienda.
Todo ello sin menoscabo de las competencia locales, pero teniendo en cuenta el factor supramunicipal que tanto el abastecimiento como el saneamiento poseen.
Hoy no hablamos de saneamiento, pero también existen infraestructuras de esta clase en estos municipios en la comarca, que deben ser gestionadas y la construcción de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento requieren un gran esfuerzo inversor desde las distintas administraciones, la asignación de amplios volúmenes de recursos financieros y tecnologías cada vez más complejas de gestionar. Ayer mismo lo pudimos comprobar en la vista que hicimos al Consorcio de Aguas de Urdaibai.
En este caso, se trata de una balsa y de una estación depuradora de agua potable, otra de aguas residuales, etcétera, etcétera. Una gestión que no pueden abordar correctamente por sí solos los pequeños municipios como Zuia y Urkabustaiz.
Se necesita una gestión asociada y esa tarea los municipios deben apoyarse en la Diputación Foral, que es quien debe facilitar los medios técnicos y personales para ello.
En este sentido, las instituciones alavesas no han, o no hemos sabido dar una respuesta correcta a esta problemática. No existe en Álava un ente que aglutine a estos municipios, que pueda recibir unas obras de esta naturaleza con las suficientes garantías para su correcta explotación y mantenimiento.
Se trata de una cuestión que debe figurar en la agenda política de todos los partidos con representación en las Juntas Generales y, a nuestro juicio, con carácter inaplazable.
Y entendemos que la construcción de ésta o aquella infraestructura, sobre todo las relativas al saneamiento para el cumplimiento de la directiva marco, deben quedar fuera del rifirrafe político entre partidos.
No seremos nosotros quienes nos opongamos a la construcción de esta infraestructura, es más, modestia aparte, estoy convencido de que no existe una fuerza política que haya batallado más que el Partido Nacionalista Vasco para resolver este problema, bien desde los gobiernos locales de ambos municipios, bien desde la propia Diputación, mediante la elaboración de numerosos estudios, proyectos, investigaciones hidrogeológicas, etcétera, etcétera.
O bien desde la oposición, ahí está por ejemplo como ha hecho referencia el señor (...) la enmienda aceptada a los presupuestos generales del año 2006 que tuvo continuidad, señora López de Ocariz, en los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 –consta en el Boletín Oficial del Estado– por importe 1,5 euros para la construcción del embalse de Korrozparri y abastecimiento de Zuia y Urkabustaiz, actuaciones ambas que fueron torpedeadas desde distintas instituciones alavesas.
Pero señorías, la inclusión de esta obra en los presupuestos de la comunidad autónoma, como pretende el grupo Popular, no resuelve por sí solo el problema. Es necesario que se garantice el correcto uso y mantenimiento de la infraestructura construida, que no se arruine, que se trata de evitar el despilfarro de recursos públicos, que no se eche por la borda la ingente cantidad de recursos públicos que se destinan a este tipo de actuaciones.
Por eso proponemos que antes de licitar las obras se resuelvan entre las diversas administraciones afectadas las siguientes cuestiones: Quién va a ser el titular de la concesión del aprovechamiento, que todavía no está otorgada, que se resuelva la declaración de impacto ambiental del proyecto, que se decida quién va a expropiar los terrenos necesarios para ejecutar las obras y quién va a indemnizar a los afectados, quién va a financiar la totalidad de la obra, quién va a recibir la obra una vez construida o quién se va a encargar del mantenimiento y explotación de las instalaciones una vez terminadas.
Una vez definidas todas estas cuestionas y, particularmente, la evaluación de impacto ambiental del proyecto y obtenido los terrenos necesarios para ejecutar las obras, es cuando, a nuestro juicio, se puede hablar de incluir las previsiones presupuestarias para la construcción de las obras.
No tiene ningún sentido presupuestar la ejecución de unas obras cuando no se dispone ni de evaluación de impacto ambiental del proyecto, ni de los proyectos constructivos, ni de los terrenos necesarios para su construcción.
Y como esas cuestiones están en el aire, sin concretar, por eso no vamos a apoyar la iniciativa presentada por el grupo Popular.
Parece ser en las conversaciones habidas que nos vamos a quedar solos, pero preferimos quedarnos solos a suscribir acuerdos que no pueden ser cumplidos.
Mila esker, besterik ez.