MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2015-02-19):
Sí, gracias presidenta.
Estamos básicamente de acuerdo con la iniciativa original, con los argumentos planteados por la portavoz socialista, con lo que inicialmente se proponía, al menos en la mayor parte de esta iniciativa y también en la mayor parte de lo que se propone en esa transaccional que ha firmado con EH Bildu, como luego explicaré.
Efectivamente, no estaríamos de acuerdo con el tercer punto de la iniciativa original o con el cuarto punto de la transaccional finalmente firmada.
Necesitamos argumentos de peso para votar a favor del punto cuatro de la transaccional, es decir, no basta con decir que ésta es una competencia que nos corresponde porque sí, sino que creo que hay que argumentar, y dar datos convincentes y contundentes para explicar que, en el caso de que esa competencia pudiera ejercerse desde Euskadi, se iba a ejercer mejor, iba a beneficiar al conjunto de la ciudadanía.
Esto es lo que yo quiero decir en relación al punto cuatro. Por lo demás, ya digo, en la filosofía estamos de acuerdo con lo que se propone y así también lo hemos argumentado nosotros en el Congreso de los Diputados.
Efectivamente, el servicio prestado por el Registro Civil es un servicio esencial para la ciudadanía y cambiar esta gestión de manos y, en concreto, derivarlo al Registro Mercantil, puede traer consecuencias, tanto directas como indirectas, muy graves...
...esencial para la ciudadanía y cambiar esta gestión de manos y en concreto derivarlo a registro mercantil, puede traer consecuencias tanto directas como indirectas muy graves para la ciudadanía.
UPyD ya se posicionó en contra con sus enmiendas de la famosa Ley Omnibus llegando incluso a presentar junto con el Grupo Socialista y el grupo de la Izquierda Plural un recurso de inconstitucionalidad contra aquel decreto ley. Este decreto ley introdujo ciertas modificaciones que afectan al Registro Civil.
En primer lugar, establece una prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil hasta el 15 de julio de 2015. Otra de las modificaciones más relevantes es la modificación propuesta en la disposición adicional vigesimoprimera que mantiene que el servicio de Registro Civil seguirá siendo gratuito, pero no se presenta en ninguna memoria económica que acredite cómo se podrá mantener esa gratuidad.
Y por otro lado, la disposición vigesimotercera habla de los aranceles. Parece ser que el servicio se pagará a cargo de los aranceles derivados de la prestación del servicio por parte del Registro Mercantil. Es decir, que en vez de forma progresiva que es como se costea ese servicio actualmente, se hará mediante una subvención cruzada, que además de ser mucho menos trasparente es un nuevo lastre al crecimiento de las empresas ya que, finalmente, parece que serán ellas las que tengan que costear el servicio prestado por el Registro Civil y los costes que de él puedan derivarse.
El 22 de julio de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la citada Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil, en cuya disposición final décima se estipuló un periodo de vacatio legis de tres años.
En ese texto legal se prevé la implantación de una oficina central del Registro Civil y una oficina general del Registro Civil en cada comunidad autónoma y otra más por cada 500.000 habitantes. Es decir, se plantea una organización que nosotros consideramos alejada de los ciudadanos.
No solamente se reducirá en el número de oficinas del Registro Civil lo que podría ser razonable si se mantuviese la eficiencia del servicio y se garantizase el acceso a la ciudadanía, sino que además con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2014 se plantea la entrega del Registro Civil a los registradores de la propiedad.
En respuesta a una pregunta de UPyD en el Congreso, el Gobierno de España respondió que los valiosos recursos humanos que ahora se destinan a tareas propias de los Registros Civiles serán dedicados a otras tareas en las que la justicia sufre notables retrasos y falta de recursos. En nuestra opinión esta propuesta tampoco tiene ningún sentido.
Las personas encargadas del Registro Civil deben ser los profesionales del mismo que han acreditado suficiente capacidad para la realización de esa labor y renunciar a esto supondría la pérdida de un capital humano cualificado y con una gran experiencia que ha venido desempeñando correctamente esa función. Además, la disposición adicional vigésima podría afectar al derecho a la intimidad protegido por el título primero de la Constitución Española.
El derecho a la intimidad de los ciudadanos y ciudadanas podría verse vulnerado al entregar a particulares, sujetos que no tienen la condición de funcionarios del Estado, la llevanza del Registro Civil que incluye la gestión de datos de carácter personal.
Por otro lado, la presencia de oficinas del Registro Mercantil sólo estaría garantizadas en las capitales de provincia, por lo que generaría grandes inconvenientes a una gran parte de la población que vive alejada de las capitales.
Aunque, se habla del mantenimiento de la gratuidad de la no variación en el coste, parece que los ciudadanos deberán pagar arancel a los registradores que gestionan un negocio enteramente privado beneficiándose de un monopolio con base legal cedido por el Estado, siendo una excepción en toda Europa, donde el registro de la propiedad y mercantil se realiza por personal de la administración con un sueldo público, como hasta ahora había venido realizándose en España.
Otra grave consecuencia, es que en aquellas localidades con Juzgados de Paz y agrupaciones de secretarías de juzgado de Paz a cargo de funcionarios de justicia, la desaparición del servicio público del Registro Civil es el primer paso para la desaparición de los mismos.
Los Juzgados de Paz son en nuestra opinión un elemento indispensable para garantizar la justicia de proximidad. La consecuencia principal de la privatización del Registro Civil es la creación de un negocio en beneficio de unos pocos. Sin una necesidad real aparente se modifica la prestación de un servicio pudiendo ocasionar por lo tanto, consecuencias realmente negativas a la ciudadanía.
Por tanto y en conclusión, nos mostramos favorables a la iniciativa, aunque consideramos innecesario el punto tres de la iniciativa original o el punto cuatro de la finalmente enmienda transada. Pensamos que habría que estudiarlo, y desde luego, en el marco de la Constitución Española y presentar argumentos de peso que sustenten esta propuesta. Es decir, que se nos demuestre con datos y argumentos que el traslado de esta competencia iba a suponer beneficios al conjunto de la ciudadanía. Nosotros no lo vemos y por lo tanto, no podemos votar a favor de este punto cuatro.
Tenemos ejemplos más o menos recientes  - que por cierto luego lo debatiremos con el tema de los inspectores -  donde tras la realización de la transferencia, el resultado ha sido muy perjudicial para el conjunto de la ciudadanía.
Por lo tanto, transferencia de competencias porque sí, no. No lo compartimos y no lo vemos. Ya digo que por lo demás estamos de acuerdo con la filosofía de esta iniciativa y con lo que finalmente se propone.
Lo cierto es que ayer mismo, en el pleno de control en el Congreso de los Diputados, el Grupo Socialista le hizo una pregunta en relación a esta cuestión al ministro, y lo cierto es que el ministro negó tajantemente y absolutamente que el Gobierno tuviera ningún tipo de intención de privatizar el Registro Civil.
Con lo cual, no sabemos qué es exactamente lo que se pretende o si lo que se pretende en última instancia es engañar al conjunto de la ciudadanía, porque lo cierto es que apenas unas horas después, distintos sindicatos  - los sindicatos en justicia -  acusaron al ministro de mentir sobre la privatización del Registro Civil y acusaron al ministro de mentir en relación a que se hubiera llegado a algún tipo de acuerdo con las organizaciones sindicales sobre la plantilla tras la privatización.
En todo caso, nosotros nos posicionamos claramente en contra de la privatización de los servicios públicos y en concreto, de la privatización de este servicio público que hoy debatimos. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en general con lo que aquí se propone y con lo que aquí se defiende.
Gracias.