SARASUA DÍAZ (PSE-EE, 2013-02-07):
Eskerrik asko presidente andrea. Lehendakari, señorías, egun on denoi.
El Grupo Socialista presenta a debate en este pleno una iniciativa en apoyo a la reivindicaciones de las personas con discapacidad. El pasado 3 de diciembre y con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, miles de personas procedente de todas las comunidades autónomas, se manifestaron en Madrid bajo el mismo lema "SOS-Discapacidad, Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo" para lanzar un mensaje de auxilio ante el más evidente peligro de extinción de los derechos alcanzados por el colectivo de discapacidad.
En el País Vasco y según la última encuesta sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, existen 172.857 personas con discapacidad o limitación si son menores de 6 años, que en términos relativos supone un 8,1 % del total de la población. De ellas 90.647 se encuentran en situación de dependencia, un 4,3 sobre el total de la comunidad.
Especialmente dramáticos son los recortes en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que está llevando a cabo el Gobierno de España. En los últimos 12 meses ha puesto en marcha un proceso de desmantelación del sistema modificando la Ley por la puerta de atrás y sin dialogar con nadie.
Ya no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, los recortes en el presupuesto se llevan a cabo en base a los fallecimientos, se amplían los plazos para recibir atención dos años y medio. Se recortan prestaciones un 15 %. Y en el presupuesto 850 millones de euros anuales. El Gobierno de España lo que ha hecho es sacar a los beneficiarios de prestaciones en espera del sistema de atención retrasando su entrada hasta el 2014 y sacando también a los grandes moderados del mismo, principalmente con revisiones del grado otorgado.
Ilustra lo que estoy contando el actual modelo de financiación. Según datos de presupuestos liquidados del Ministerio de Hacienda, en 2009 el Estado asumía el 39 % del coste del sistema de atención a la dependencia, mientras que en 2012 se ha reducido prácticamente a la mitad con un 21,4 %.
Además los resultados publicados recientemente por el Observatorio estatal de la dependencia sobre 2012, hablan no sólo de un retroceso, sino de una derogación encubierta de la Ley de Dependencia y de falseamiento de los datos. La nueva reforma de la Ley de Bases de Régimen Local puede acabar con la base de este derecho adquirido.
Los Socialistas vamos a estar muy pendientes de la próxima reforma del Gobierno de España de la Ley de Bases de Régimen Local porque afectará a los servicios mínimos de dependencia. Con la excusa de la crisis se está buscando un cambio de modelo social. La Constitución española define los servicios sociales como un derecho de la ciudadanía que se asiente en las obligaciones mínimas de los ayuntamientos. Ahora se plantea cambiar estos mínimos, lo que supondría minar la base de la prestación.
Los socialistas entendemos que la atención a la dependencia no se puede perder por ser un derecho subjetivo, recurrible por estar respaldado por una ley estatal. Pero si se recorta la base la red que asienta la ley básica se hundirán las prestaciones básicas.
La crisis económica que afecta a toda la sociedad no puede servir de pretexto para reducir los derechos sociales ni los recursos de apoyo que precisan ahora más que nunca los colectivos más vulnerables. Es ahora cuando hay que hacer mayores esfuerzos apostando por garantizar unos servicios públicos que faciliten los apoyos y recursos que deben recibir las mujeres y hombres con discapacidad, para asegurar el proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno.
El último informe sobre la aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en el País Vasco elaborado por el Ararteko, refleja que los recortes derivados de la crisis están afectando a las políticas sociales. Además sitúa a las persona con discapacidad en situación de dependencia como un colectivo extremadamente vulnerable.
Esta vulnerabilidad dificulta el ejercicio real de sus derechos, por eso indica que es imprescindible que las medidas protectoras específicas impulsada por las administraciones públicas vascas tengan un efecto favorable en el ejercicio de tales derechos en el respeto de la dignidad de estas personas y en su calidad de vida.
En definitiva la promoción de la autonomía personal y la protección de las personas en situación de dependencia han de ser una prioridad de las administraciones públicas vascas. Resaltar que el tejido asociativo dedicado a las personas con discapacidad y en situación de dependencia juega en nuestra comunidad autónoma un papel decisivo en la intención y los servicios ofrecidos a estas personas así como en su calidad de vida, de ahí la importancia que tiene el apoyo institucional que se dé a estas entidades.
Por todo lo expuesto, hemos percibido en este sentido una buena oportunidad en la presentación de esta iniciativa que finalmente hemos transado con EAJ-PNV y con EH Bildu. La enmienda transaccional recoge en primer lugar que el Parlamento Vasco hace suyas las reivindicaciones manifestadas por el colectivo de personas con discapacidad y sus familias y rechaza los recortes que ponen en peligro los derechos adquiridos en los últimos tiempos.
En el segundo punto instamos al Gobierno Vasco y resto de instituciones vascas a adoptar las medidas necesarias para garantizar a todas las personas con discapacidad el derecho al desarrollo de la vida independiente y la autonomía personal, y asegurar su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno.
En tercer punto, el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco y al resto de instituciones vascas competentes a dar los pasos necesarios para la conformación de un sistema vasco público e integral de protección que incluya la gestión completa de los servicios sociales.
Asimismo, insta a dichas instituciones a asegurar la continuidad de los programas y servicios consolidados durante mucho tiempo, que están llevando a cabo las organizaciones sociales del tercer sector de apoyo a los principales colectivos afectados por una discapacidad y a seguir trabajando en políticas de apoyo a la discapacidad contando con la participación, cómo no, de las asociaciones y entidades sociales que representan a las personas con discapacidad y sus familias.
En el cuarto punto, el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que en el seno del órgano interinstitucional de los servicios sociales se intensifique la cooperación y la coordinación interinstitucional entre las administraciones públicas vascas en materia de los servicios sociales, con el fin de garantizar la máxima coherencia, unidad, eficacia y eficiencia en el funcionamiento del sistema vasco de servicios sociales y un desarrollo coherente y armónico del conjunto de prestaciones y servicios en todo el territorio autonómico.
Asimismo, habrá de orientar sus actuaciones al logro de tal propósito con la participación e implicación de las administraciones concernidas y garantizando una financiación suficiente para ello.
Para acabar, señorías, subrayar tres cuestiones que considero importantes. Primero remarcar el tremendo impacto que el fenómeno de la dependencia tiene entre las mujeres. Es por ello necesario tener esto en cuenta al trazar las políticas públicas de promoción de la autonomía y atención a la situación de dependencia.
Segundo, resaltar la importancia de garantizar la equidad territorial en el ejercicio normalizado de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, con independencia del territorio donde se habite.
Y en tercer lugar, reflejar que el despliegue y el desarrollo de la Ley 12/2008 de 5 de diciembre de Servicios Sociales, debe ser coherente con el desarrollo y aplicación de la Ley de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes.
Nada más y muchas gracias.