ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2014-06-05):
Gracias presidenta. Buenos días, señorías.
El punto que nos trae hoy EH Bildu se inscribe en un debate que ha tenido ya bastante ediciones aquí y que, con toda seguridad, hoy no acaba, hoy no acaba porque va a tener más ediciones seguramente.
Ustedes plantean en la iniciativa instar a la Autoridad Vasca de la Competencia a que retire el recurso contra la Norma Foral. Nosotros vamos a hacer una intervención de tipo general que tiene que ver con el hecho de si los convenios colectivos, porque quiero empezar, por decirle al señor Maneiro –que no está atento, está en otra cosa–, pero que la inclusión de cláusulas sociales no es un tema de discusión.
Las cláusulas sociales se pueden incorporar...
...voy a empezar por decirle al señor Maneiro –que no está atento, está en otra cosa– que la inclusión de cláusulas sociales no es un tema de discusión.
Las cláusulas sociales se pueden incorporar a todos los pliegos y a la contratación pública no de ahora, está perfectamente admitido y hasta en el informa que hace la Autoridad vasca de la competencia así lo reconoce. Por lo tanto, debatir sobre si la inclusión de cláusulas sociales es adecuado o no es un poco ocioso porque está reconocido como que es así.
En cambio, ofrece más dificultades la inclusión en los pliegos de condiciones del sometimiento a los convenios colectivos de aplicación. Nosotros, como sabe usted señora Zulaika, mantenemos una posición que es la de entender que, efectivamente, en la contratación pública hay que seguir respetando el derecho positivo. Es decir, la nuestra no es una posición política o ideológica sólo, sino también jurídica y de defensa de la legalidad. Y se lo digo por qué.
El artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores dice: "Los convenios colectivos regulados por esta Ley obliga a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia". ¿Cabe suponer, por tanto, que hay espacias dónde no sea de aplicación los convenios? La norma es clara, es de aplicación en todo su ámbito temporal y espacial, por lo tanto, no cabe dispensa alguna.
Sin embargo, sabemos que el Gobierno Vasco y el partido que lo apoya no está en esta labor. Cuando redactó su informe de cumplimiento de mandatos parlamentarios, en lo atinente al 17 de octubre, al que planteábamos entonces en aquel acuerdo que se tomó, en el informe de cumplimiento dice que no se puede cumplir porque la Autoridad vasca de la competencia, efectivamente, y la Abogacía del Estado lo habían recurrido. Usted ya ha recordado que en la petición de medidas cautelares a la Abogacía del Estado los tribunales le dijeron que no y eso en un contencioso ya es bastante.
Nosotros respetamos la independencia de la Autoridad vasca de la competencia pero, desde luego, no compartimos para nada sus planteamientos. No los compartimos, entre otras cosas, porque uno de los fundamentos es la Directiva 18/2004 que resulta que ésta de enero –que usted ha citado– la deroga expresamente. Por lo tanto, los fundamentos jurídicos o parte de los fundamentos jurídicos en los que se ampara el recurso de la Autoridad vasca de la competencia están basados en una directiva que ya en enero se estaba derogando.
Respetando todo punto de vista por supuesto, entendemos que ya la Autoridad Vasca de la Competencia ha quedado, por lo menos en esos fundamentos jurídicos, superada por una directiva que deroga la 2008/14.
¿Qué dice la Directiva actual? ¿Que dice esta resolución? Yo en una pregunta que le hice al Gobierno lo leí. Las preguntas, como saben ustedes, se hacen en un trámite muy breve, de poco tiempo, lo tuve que leer atropelladamente. Me respondió el consejero de Hacienda el señor Gatzagaetxebarria y me dijo que no era cierto lo que yo estaba leyendo.
Lo voy a leer ahora con más tranquilidad, porque hay tiempo, para recordar como está en este momento el planeamiento digamos europeo que hay que trasponer pero que es perfectamente aplicable a día de hoy.
En sus considerando dice, en el 37: "En aras de una integración adecuada de requisitos medio ambientales, sociales y laborales en los procedimientos de licitación pública, resulta especialmente importante que los estados miembros y los poderes adjudicadores tomen las medidas pertinentes para velar por el cumplimiento de sus obligaciones en los ámbitos de la legislación medioambiental, social y laboral aplicables en el lugar en el que se realicen las obras o se presten los servicios y derivadas de leyes, reglamentos, decretos y decisiones tanto nacionales como de la Unión, así como de convenios colectivos siempre que dichas disposiciones y su aplicación cumplan el derecho de la Unión".
39: "Las respectivas obligaciones podrían reflejarse en cláusulas contractuales –que es lo que planteábamos ya en octubre, hagan ustedes un pliego de cláusulas generales en las que se incluya todo esto– y también debe ser posible incluir cláusulas que garanticen el cumplimiento de convenios colectivos de conformidad con el derecho de la Unión". Entonces, se pueden incluir y lo está habilitando una directiva europea.
Y dice más: "El incumplimiento de las respectivas obligaciones podría considerarse una falta grave del operador económico pudiendo acarrearle su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato público" como planteábamos en aquel acuerdo que se adoptó en aquella fecha.
Más considerándoos: "El control del cumplimiento de dichas disposiciones en materia medioambiental, social y laboral se realizará en la respectivas fases del procedimiento de licitación, es decir, a lo largo de toda la génesis de un procedimiento de contratación pública. A saber, cuando se apliquen los principios generales aplicables a la elección de participantes y la adjudicación de contratos al aplicar los criterios de exclusión y al aplicar las disposiciones relativas a ofertas anormalmente bajas, la necesaria verificación a tal efecto se llevará a cabo con arreglo a las disposiciones pertinentes de la presente directiva, en particular con arreglo a las aplicables a medios de prueba y declaraciones del interesado".
Más, 103: "Las ofertas que resulten anormalmente bajas con relación a las obras, los suministros o los servicios, pueden estar basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, económico o jurídico. Cuando el licitador no pueda ofrecer una explicación suficiente, el poder adjudicador debe estar facultado para rechazar la oferta", cosa que plantea efectivamente la norma foral.
"El rechazo debe ser obligatorio en los casos en que el poder adjudicador haya comprobado que el precio y los costes anormalmente bajos propuestos resultan del incumplimiento del derecho imperativo de la unión o del derecho nacional compatible con éste en materia social, medioambiental y laboral". Los convenios.
"Es importante que se garantice que los subcontratistas cumplan las obligaciones aplicables a los ámbitos del derecho medioambiental, social y laboral establecidos por el derecho de la unión, el derecho nacional, los convenios colectivos". Lo vuelve a citar.
Pero es que luego además cuando llegamos al texto articulado y se habla de los principios de la contratación, el artículo 18 párrafo dos dice: "Los estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la unión, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones".
Es decir, ¿hay alguna duda a estas alturas de que los convenios colectivos de aplicación en el lugar se pueden incluir en los pliegos de condiciones? ¿Qué ocurre? Que el informe que hacía la Autoridad Vasca de la Competencia es anterior a esta directiva. Nosotros ya entonces no estábamos de acuerdo pero si antes había dudas, ahora no puede haberlas.
Lo que pasa es que si el Gobierno efectivamente no está dispuesto a aceptar esta tesis que tiene verdadera fundamentación jurídica, es porque realmente no está por la labor de aplicar los convenios colectivos y, por extensión, lógicamente se está burlando de la negociación colectiva que es lo que alumbra los convenios colectivos por mucho que digan que la defienden.
Es decir, al final obras son amores. Si defendemos la negociación colectiva, el fruto más genuino son los convenios y los convenios se aplican en todo en territorio como lo dice el artículo 82 de los Estatutos de los Trabajadores.
Aquí lo que va a ocurrir, Partido Nacionalista Vasco, es que andando el tiempo, un gobierno foral va a terminar teniendo la razón y el Gobierno Vasco va a quedar completamente digamos desaireado, porque estas tesis de incluir los convenios colectivos en toda contratación pública está en la Directiva Europea. Eso se tiene que trasponer y finalmente está planteando cuál es el marco jurídico en el que se desenvuelven estas cuestiones.
Y al final ocurrirá que el Gobierno Vasco quedará en entredicho por no haber sido capaz, incluso cumpliendo un mandato parlamentario que tiene efectivamente una percha perfecta para hacerlo, se están amparando en estos recursos que quedan desvirtuados porque hay directivas que lo superan.
Y bueno, no voy a hablar de la abogacía del Estado porque sabemos que recurre muchas cosas. Supongo que tendrá su fundamento, defiende la legalidad vigente, pero entendemos que ya el hecho de que las medidas cautelares no hayan sido aceptadas por los tribunales, adelantan bastante lo que será el final de ese recurso.
Nosotros pedimos que se adhiera a nuestra enmienda porque lo que plantea es cumplimiento de la legalidad con esta directiva, cumplimiento del mandato parlamentario en coherencia con las cosas que aquí se deciden.
Nada más.