CASTELO DE SA (PSE-EE, 2019-04-04):
Buenos días, señora presidenta.
Intervengo con el ánimo revuelto y el alma dolida en este turno, porque yo tampoco sé dónde está el límite de la dignidad. Y como no quiero que me llame la presidenta la atención, explicaré exclusivamente por qué hemos votado en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley que presenta el grupo parlamentario de EH Bildu.
Porque pese a que en su justificación de la iniciativa usted propugna la oportunidad que significa la introducción de cláusulas sociales en el desarrollo de la contratación pública, para un mejor cumplimiento de los intereses sociales y la protección del bienestar de personas o cuidado del medio ambiente, cuando usted desarrolla las mismas reincide en cuestiones a sabiendo de que estas no son legales.
El Grupo Socialista ya hemos expresado desde esta tribuna en diversas ocasiones la oportunidad que ofrece la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, en tanto que el objetivo de las mismas es garantizar la calidad del empleo, a través del obligado respeto a los derechos laborales de los trabajadores, que, como todos conocemos, o ya deberíamos, se traduce en la exigencia del cumplimiento del convenio colectivo que le sea de aplicación, no el que nos apetezca a nosotros; evitar la precariedad exigiendo el cumplimiento de estas condiciones en toda la cadena de subcontratación, porque creemos que esta es también la única forma de garantizar la calidad de los servicios que se han de prestar.
Este Parlamento con los votos de los Socialistas aprobó la Ley 3/2016, para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, por lo que ya desde el 2016 en los pliegos de contratación se pueden incluir requerimientos  - y se incluyen -  pormenorizados de carácter social en la ejecución de los contratos, como podría ser la contratación de personas desempleadas de larga duración, la formación de personas jóvenes y desempleadas, las medidas de promoción de la igualdad de género, la integración de inmigrantes o la contratación de personas con discapacidad, entre otras.
A esto hay que añadir, que tal y como se manifiesta por parte del Gobierno en la emisión de criterio desfavorable, la entrada en vigor hace menos de un año de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ha supuesto la incorporación con carácter básico en los contratos públicos de sus disposiciones.
Así, en esta nueva ley, se sustituye ese criterio, que ya está superado, de oferta económica más ventajosa, por el de la mejor relación calidad/precio, por lo que la evaluación de las ofertas se deberá realizar atendiendo no solamente a criterios económicos, sino también cualitativos. Entre estos criterios cualitativos, los órganos de contratación podrán elegir incluir aspectos sociales, laborales o medioambientales vinculados al objeto de contrato y tendrán obligatoriamente que introducir alguno de ellos.
Por lo que la ley estatal ya ha venido a reforzar la importancia de las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública al posibilitar su utilización no solo como condiciones especiales de ejecución, que es lo que se realizaba hasta ahora, sino también como criterios de adjudicación. Eso sí, siempre con el límite de que las mismas no sean discriminatorias y sean compatibles con el derecho de la Unión.
Es por tanto, y es verdad, no se hace nada innovador con esta proposición de ley que hoy se nos propone, puesto que ya podemos aquí actuar de esa manera.
Y eso es lo que precisamente EH Bildu no respeta en su proposición de ley y de la que nos advierte el criterio negativo emitido por el Gobierno. Es una clara advertencia de ilegalidad, y no es una excusa, es una advertencia clara de ilegalidad.
La proposición de ley es incompatible con las directrices europeas que la ley que acabo de mencionar transpone al ordenamiento español, así como con la jurisprudencia que ya tiene dictada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no respeta  - y lo saben -  el orden sustantivo y sectorial en la materia laboral.
Reinciden desde EH Bildu en sustituir a los agentes sociales en quienes reside la capacidad de negociación colectiva y, por tanto, de aprobación del convenio colectivo sectorial de aplicación al sector en el que se coordine la contratación pública, pretendiendo, como siempre, desde el dictado político sustituir a bases de leyes, decretos o proposiciones de ley.
Y lo hace con reincidencia, pero también con alevosía, porque pretende aquí fijar nuevamente un convenio colectivo específico, a sabiendo que precisamente esta fijación específica de un convenio concreto fue declarada ilegal por la sentencia mencionada del Tribunal Supremo cuando se pretendió en Gipuzkoa.
Se podría entender en aquel momento el intento por desconocimiento en esa extralimitación, pero no se entiende la reiteración en una propuesta posterior en este Parlamento.
Pero es que resulta curioso, porque lo decíamos la semana pasada y lo vamos a repetir esta, en Nafarroa se acaba de aprobar una ley foral de contratos públicos con cláusulas sociales.
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, Partido Socialista e Izquierda-Ezkerra aplaudida en aquel momento por Comisiones, ELA y LAB, destacaban que a través de la ley que se acababa de aprobar se había introducido un cambio de paradigma que, en detrimento de la oferta económica más ventajosa, introducía un nuevo modelo de contratación basado en la mejor relación calidad/precio, incluyendo o incorporando cláusulas sociales y medioambientales con un carácter transversal y preceptivo.
Yo he revisado esta ley, que no tiene ni un año de vida, y no se parece nada aquí a lo que EH Bildu nos propone. Ni convenio de referencia, ni salarios mínimos, ni comisiones de verificación. ¿Será que no tienen derechos los trabajadores navarros, como se pretende que tengan los trabajadores vascos?
Al revés, en su puesta de largos se destacaba que esta era una ley que, como novedad en materia laboral, iba dirigida a garantizar el obligado respeto al convenio sectorial de aplicación, estableciendo que serían las retribuciones marcadas en este convenio sectorial de ámbito más cercano vigente o en ultraactividad las mínimas a abordar. Se libraron muy mucho de escribir otras cosas.
Y esto, señorías de EH Bildu, no es un olvido y lo saben. Y es simplemente más de lo que nos acostumbran a hacer en este Parlamento, predicar y no dar trigo, jugar con los tribunales, jugar con los titulares, jugar con las expectativas de la gente, generar falsas esperanzas y frustrar a aquellos a quienes consiguen engatusar.
Por todo eso ha habido un voto negativo y rotundo del Partido Socialista a su proposición de ley.