SARASUA DÍAZ (PSE-EE, 2016-05-12):
Sí, arratsalde on.
Voy a explicar los motivos por los que el grupo Socialistas Vascos ha presentado esta iniciativa y los motivos están también, como podrán comprobar ustedes, en la exposición de motivos.
La circular del 30 de diciembre del 2008, entre otras pensiones, estaba comprendida la prestación por hijo o hija a cargo, con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 %, mayor de 23 años solo cuando la persona era titular de la prestación.
En el 2010 el Decreto 147, que regula la Renta de Garantía de Ingresos, ya en su artículo 5.4 señala que "el Gobierno Vasco puede definir nuevos supuestos de unidad de convivencia atendiendo a la evolución social y en particular a la evolución de los modelos familiares".
La consideración como unidad de convivencia independiente, con todas las consecuencias que conlleva, no solo económicas, sino también de apoyo en su caso, pasa por la inserción laboral y cumplirá la convicción sobre los derechos de las personas con discapacidad y el resto de la normativa que se desarrolla, así como con los compromisos asumidos en la estrategia europea sobre la discapacidad.
En este sentido, Lanbide aprobó el 30 de mayo del 2011 una circular que modificaba la anterior, en la relación con la figura de prestación por hijo/hija a cargo, con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 %, tanto si la persona es la titular de la prestación como si no lo es, por estar legalmente incapacitado.
Arratsalde on, señor consejero.
Ambos casos serían considerados pensionistas y, por lo tanto, unidad de convivencia especial a efectos de la renta de garantía de ingresos, criterio que era compartido por Lanbide y digo que a efectos de la renta de garantía de ingresos.
En 2014 Lanbide vuelve a cambiar el criterio, comenzando a considerar únicamente como unidad de convivencia de pensionistas a los perceptores de la prestación por hijo a cargo, en el caso de que sean huérfanos de padre y madre aunque convivan con hermanos  - sí, aunque convivan con hermanos - , tanto cuando son titulares de la prestación como cuando no lo son por estar legalmente incapacitados. Al resto de los causantes de la prestación no les considera que tengan el derecho al denominado complemento de pensiones por entender que no están comprendidos precisamente en ese artículo 9.2 de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social.
Lanbide fija su atención en la titularidad y no en quién es la persona beneficiaria y destinataria, y tampoco en la naturaleza y finalidad de la prestación. Y, en este sentido, es preciso matizar que la persona causante es siempre quien tiene la discapacidad y que la persona titular beneficiaria es el o la progenitor o progenitora a, quien teniendo a su cargo a su hijo o hija con discapacidad, la Seguridad Social le concede la prestación.
Cuando fallecen ambos progenitores la titularidad de la prestación se traslada directamente al hijo o hija con discapacidad. En este momento es cuando la persona causante de la prestación es también la titular de la misma. Me parece importante explicarlo así.
Lanbide empieza a comunicar la extinción de las prestaciones de RGI en la modalidad de complemento de pensiones reconocida a las personas que con anterioridad les había reconocido...
...a comunicar la extinción de las prestaciones de RGI en la modalidad de complemento de pensiones reconocida a las personas que con anterioridad les había reconocido esa prestación, y ahí está la clave de todo esto, y algunos casos hasta les comunican que tienen que devolver prestaciones económicas recibidas, lo que estamos denominando pagos indebidos. Sé que Lanbide de momento ha paralizado esta cuestión o por lo menos son las noticias que me están llegando.
Voy a leer la carta de una madre en defensa de los derechos de su hijo. Esta carta me la ha hecho llegar al correo electrónico de mi Parlamento. "Hablo en nombre de mi hijo, de quien soy madre", bueno, el Parlamento, no es mío, digo el correo del Parlamento, disculparme, ha sido un lapsus. (Barreak)
Esta es la carta de la madre en defensa de los derechos de su hijo: "Hablo en nombre de mi hijo, de quien soy madre y represente legal. Mi hijo es una persona con discapacidad psíquica del 68 %, incapacitado judicialmente y reconocido por el Gobierno Vasco como unidad familiar independiente desde mayo del 2011.
"Desde el 1 de septiembre del 2011 hasta el 31 de agosto de 2013 percibió la renta de garantía de ingresos. En junio de 2013, tal y como establece la Ley y el Decreto regulador de la renta de garantías, solicito la renovación de la renta de garantías por seguir en la misma situación que en el 2011.
"Lanbide nos solicitó una extensa documentación sobre mi hijo que se entrego." Me relaciona los documentos pero me los voy a ahorrar.
"En julio de 2013 Lanbide vuelve a solicitar documentación exhaustiva y detallada sobre nosotros, sus aitas y tutores, que entregamos, documentos entregados por segunda vez, ya que se habían entregado en la documentación inicial. Lanbide contestó en septiembre denegando la prestación que hasta la fecha había estado cobrando por falta de documentación, sin especificar qué documentación y que podíamos hacer, nos decían, un recurso potestativo o recurrir a los tribunales. Teníamos dos meses de plazo para cualquiera de las dos opciones.
"En noviembre de 2013 presentamos recurso potestativo de reposición al señor director general de Lanbide. La documentación era exhaustiva, detallada y ampliada a la que entonces nos pedían en la carta de 2013. Como tardaban en contestar  - dice -  reclamamos a finales del 2014  - un año después -  y aportábamos más documentación. La Circular del Gobierno Vasco de 30 de mayo de 2011 donde se reconoce el derecho a las personas con discapacidad en esta situación a ser consideradas unidades familiares independientes y la respuesta a la pregunta sobre este tema en el Parlamento Vasco de diciembre de 2014, que entonces el Departamento le dio al grupo Socialistas Vascos".
Recibieron respuesta en febrero de 2015 diciendo que la aportación de documentos relativa a su hijo no se produjo en tiempo y que habían sufrido incumplimiento en la presentación, dice y terminan diciendo que han presentado reclamaciones en el Ararteko en agosto de 2013 y en febrero de 2014, y que ya les han contestado con la resolución que ha emitido el Ararteko, que hay muchas personas que han presentado quejas en la Oficina del Ararteko y, por lo tanto, recurre a nosotros un poco para que tomemos cartas en el asunto desde este Parlamento.
Y así lo hemos hecho, por eso después de tanto tiempo, porque el Grupo Socialista ha preguntado al Departamento y hemos estado indagando y nos han estado llegando expedientes sobre esta cuestión, hemos detectado que no está actuando bien Lanbide en esta cuestión, porque la Ley del 2008 de la renta de garantía de ingresos es la que prevalece y el Gobierno no puede cambiar un criterio ante una ley, tendría que cambiar una ley para que el Gobierno cambiará un criterio.
Yo entiendo que esto es así, que esto es así, por eso hemos registrado esta iniciativa y no hemos hecho más que recoger la resolución del Ararteko, en la que insta al Gobierno Vasco a que defina comunidad de convivencia propia similar a las incluidas en el artículo 9.2 de la Ley 18/20008, de 23 de diciembre, a los efectos de dicha Ley a las personas con 18 años cumplidos, con un grado de discapacidad igual o superior al 65 % y que por ello sean causantes de la prestación económica familiar de la Seguridad Social denominada asignación por hijo o hija a cargo, tanto cuando sean las personas titulares beneficiarias de la misma, como cuando no lo sean sus progenitores o bien tutores por estar legalmente incapacitados.
Y en segundo lugar, instar al Gobierno Vasco a que revise los procedimientos de suspensión y extinción de la prestación de la renta de garantía de ingresos en esta modalidad por no producirse ningún cambio de circunstancias desde su reconocimiento y no haber cumplido las previsiones establecidas para la revisión de los actos administrativos declarativos de derechos, en el artículo 102-106 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Evidentemente, esta persona que me ha enviado esta historia no ha podido ir a los tribunales porque entre medio, desgraciadamente, bueno pues es una persona que ha enfermado de cáncer, pero ella dice que lo que más le duele es que se vulnere el derecho de cobrar su hijo esa prestación que ha estado cobrando dos años y el que Lanbide no le haya dado ninguna respuesta, que le diga que le falta documentación que no ha entregado en tiempo y que cuando lo ha entregado todo. Le podía haber dado otra causa, pero la causa ha sido esa.
Y yo bueno por la confidencialidad de datos, yo tengo esas resoluciones y efectivamente es así. Me he podido cerciorar que es verdad.
Respecto a las enmiendas que hay, con respecto a UPyD, bueno pues insta al Gobierno Vasco a que deje de utilizar el desarrollo legislativo para devaluar las políticas sociales y desproteger a los y las ciudadanas más vulnerables de nuestra sociedad.
Yo entiendo que, evidentemente, es una enmienda que ustedes han metido de adición, pero que nosotros nos queremos centrar en el tema que hemos traído aquí, que no quiere decir que no estemos de acuerdo con que no se tiene que utilizar los desarrollos legislativos para devaluar los derechos de las personas. De hecho, para eso están las leyes, ¿no? y más cuando son derechos subjetivos.
Y en cuanto a la enmienda a la totalidad del Partido Nacionalista Vasco, pues bueno no tiene nada que ver con lo que nosotros decimos. Ellos instan al Gobierno Vasco a que realice cuantas actuaciones sean necesarias para armonizar, junto al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la interpretación de la normativa aplicable en estos casos de hijo a cargo.
Nosotros tenemos una normativa autonómica, en esa normativa autonómica nos estamos basando, hemos leído las respuestas de la Consejería incluso donde reconoce que existía esa circular de 2011 y que estaban respetando esos criterios, y de repente en 2014 se ha cambiado.
Tenemos las resoluciones del Ararteko, el expediente de momento parece que está abierto, creo que ha contestado la Lanbide, creo y estamos esperando a ver lo que el Ararteko le vuelve a contestar a Lanbide.
Yo creo que lo que aquí se pide es justiprecio y yo creo que estamos hablando de un derecho subjetivo, y también quiero decir una cosa, las personas también tienen derecho, pese a quien le pese, a tener una independencia económica y a poder tener una vida independiente, independientemente de que se pueda ver las cosas de una manera u otra, pero aquí no estamos hablando de un patrimonio familiar. Aquí estamos hablando con unas personas con una discapacidad de más de un 65 %.
Por lo tanto, esta es la cuestión, no me voy a enrollar más, de momento es la primera intervención. Y bueno, pues pediría el apoyo de los grupos en relación a que además es una resolución que dicta el propio Ararteko.
Eskerri asko.