PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2012-12-28):
Egun on.
Bienvenido al nuevo lehendakari y al nuevo Gobierno a esta Cámara.
Bien, nosotros nos hemos abstenido para facilitar la aprobación de una iniciativa que entendemos que alivia la situación de miles de ciudadanos vascos, en este caso, de empleados públicos, y lo haremos igual con todas aquellas que hagan valer sus derechos.
Pero no hemos podido respaldar expresamente las propuestas, porque creemos que están llenas de voluntarismo, pero carentes también de ciertos principios que nos parecen fundamentales.
Cuando esta ley habla de mitigar el impacto del recorte salarial, nos habría gustado que se hablase de defender derechos laborales y el autogobierno al servicio de los empleados públicos.
Hoy tratamos una reforma laboral urgente, que permite compensar, es verdad, las cuentas domésticas de decenas de miles de trabajadores de este país tras la decisión del Gobierno de España de privarle de parte de su salario de 2012.
Pero no deja de ser un parche. El derecho de los empleados públicos es cobrar la totalidad de su salario, más aún cuando las arcas públicas y la adecuada gestión de las mismas por parte del Gobierno socialista permitía ese pago. Y cuando además se podía se hacer sin incumplir la exigencia del sacrosanto déficit. Y cuando el Gobierno socialista manifestó su voluntad política de hacerlo.
El problema es que hay quien se empeña en crear problemas donde no los hay y quien desde un gobierno que es incapaz de controlar sus propias cuentas, se empeñan en pedir que quienes las controla cumpla con sus obligaciones. Hay quien sigue empeñado, como cuando estaba en la oposición, en aquello del cuanto peor mejor.
Y el Gobierno de España ha creado un problema donde no lo había. El Gobierno Socialista intentó cumplir con sus obligaciones de retribución y se le ha impedido, en una decisión política incomprensible y, además, profundamente injusta con los empleados públicos.
La ley que aprobamos hoy no soluciona ese problema, alivia las consecuencias de decisiones políticas injustas crean en decenas de miles de ciudadanos, pero en modo alguno garantiza sus derechos laborales. Solamente se adelantan pagas.
Los socialistas no hubiéramos querido esta opción. De buscarla, habríamos querido que además se hubiera adoptado de acuerdo con los trabajadores del Gobiernos Vasco, escuchándoles, y por ello apelamos a este Gobierno a que, en adelante, cualquier medida referida a los los trabajadores de la Administración Pública se lleve primero a la mesa de negociación, para escuchar sus criterios, porque también las formas son importantes.
Y este proyecto, además, creemos que incluye alguna previsión conflictiva, porque no protege los derechos salariales de los trabajadores, pero tampoco deja, como el resto de las instituciones, en manos de los empleados solicitar voluntariamente las pagas.
Les obliga, y no nos parece la mejor fórmula, porque obliga a todos, temporales y eventuales, a recibir ese adelanto. Y les obliga a que deban devolver parte de las retribuciones que ahora reciben en caso de no cumplir los períodos para el cobro de la extra.
Es decir, que si dejan su trabajo antes de lo previsto, deberán reponer en su finiquito esa cantidad. Y lo que ahora se nos plantea como solución feliz para las navidades, puede tener un efecto contrario dentro de unos meses.
Tampoco es la mejor fórmula, porque no prevé la manera de restitución, ni siquiera el compromiso político de hacerlo, en caso de que, si como creemos los socialistas, el Tribunal Constitucional reconozca el derecho de los empleados públicos a cobrar la paga.
Por eso, los socialistas exigimos ahora al Gobierno que defienda con todos los instrumentos jurídicos a su alcance la recuperación de ese derecho salarial perdido por los empleados en el 2012, y que siga defendiendo en los tribunales los argumentos que el anterior Gobierno puso encima de la mesa, para que los empleados públicos puedan recuperar el sueldo que se les ha privado este año.
Y también le pedimos expresamente que en la elaboración de los próximos presupuestos se contemple expresamente una partida con un fondo que prevea el abono de estas cantidades para los empleados públicos.
Es decir, que si finalmente el Constitucional da la razón al Gobierno Vasco, exista un fondo presupuestario con el que inmediatamente se abone la cantidad ahora adeudada.
Y quiero decir también, le oí al señor Erkoreka decir que los 208 millones que nos supone de ahorro el no pago de la paga extra a los funcionarios públicos, iba a destinar a políticas sociales, políticas públicas, dudo mucho que en tres días que nos queda para acabar el año sea posible incrementar esas partidas y acometer ese gasto de defensa de las políticas públicas.
Y le anuncio que le haremos la oportuna interpelación para que nos aclare cuál va a ser el destino concreto de esos 208 millones, a qué se va a destinar, si se va a cumplir lo que dice el Ministerio de Hacienda de que debe ir destinado exclusivamente a rebajar el déficit, o, como anunció el portavoz de este Gobierno, se va a destinar a otros destinos distintos de los que en principio el Ministerio de Hacienda tiene previsto que se haga.
Muchas gracias.