GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2013-06-07):
...en la revista Res Pública, que como todos ustedes saben se difunde entre los profesionales del derecho y eso es lo que ha ratificado usted recientemente señor consejero. Que a respuesta a una pregunta parlamentaria, manifestaba su criterio desfavorable, pero eso sí vamos a reclamarlas y también en otra entrevista este domingo matizando esa respuesta señalaba también que estemos de acuerdo o no con la Ley, queremos beneficiarnos. Es decir, no nos gustan pero nos vienen estupendamente bien sus consecuencias. Me opongo pero me aprovecho.
Queremos recaudar y de paso como quien no quiere la cosa, consagramos una justicia que depende fundamentalmente de la tarjeta de crédito de los ciudadanos. Mejor dicho, de los ciudadanos que tengan tarjeta, aquello que hablábamos recientemente de una justicia para ricos.
Los Socialistas Vascos queremos que se nos diga claramente, en sede parlamentaria, no se fijen posiciones en entrevistas, ¿qué es lo que va a hacer en este sentido el Gobierno? Porque realmente el único grupo que apoya al Gobierno, el grupo parlamentario de los Nacionalistas Vascos, hace todas las semanas unos esfuerzos importantes para poder salvar votaciones, para evitar esa soledad que se cosecha normalmente cuando se está en minoría parlamentaria. Y muchas veces, para salvar esas votaciones, se suscriben acuerdos que contradicen claramente la acción del Gobierno.
En el arranque de esta legislatura, consejero, le recuerdo, que usted seguro que lo recordará. Concretamente en el segundo pleno, este Parlamento se pronunció de manera contundente en contra de una ley de tasas que advertíamos que ponía en riesgo el derecho a una tutela judicial efectiva.
Fue una iniciativa de urgencia, para que este Parlamento hiciera lo que en ese momento estaba en su mano para impedir que determinados colectivos quedarán excluidos de este derecho. Y no resultó baladí, porque en realidad tuvo su recorrido y sus consecuencias políticas. El Gobierno de España, gracias a la presión de esta institución, de otras instituciones, además de la presión de numerosos colectivos sociales, ha rectificado alguna de las tasas previstas inicialmente, pero esto tampoco ha servido de nada. De hecho, lo que pasa es que no se ha escuchado el mensaje de fondo, las tasas judiciales limitan derechos.
Y frente a las declaraciones que he citado antes, que he citado al principio, me quedo sobre todo con las de quienes todos los días tienen que garantizar esos derechos. Saben ustedes que hace apenas diez días, en la presentación de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el presidente Don Juan Luis Ibarra advirtió del deterioro que va a sufrir la calidad de la justicia, entre otras razones, por estas tasas.
Y dijo textualmente: "Las tasas no están bien calibradas, habrá que saber parar este mecanismo antes de que nos inunde y nos ahogue a todos". La Federación de Abogados Europeos también, que representa a más de 800.000 letrados del continente, han pedido expresamente la retirada de esta Ley por los mismos motivos. El fiscal general del Estado también considera las tasas excesivas, más de 170.000 personas han suscrito un documento de rechazo promovido por partidos y asociaciones civiles.
Los juzgados de lo social en este país, en Euskadi, han realizado una interpretación laxa de la Ley para evitar que los trabajadores tengan que pagar tasas en la jurisdicción social. Hay gobiernos como el andaluz, que hace menos de un mes han elevado un recurso de inconstitucionalidad. El Partido Socialista Obrero Español recurrió la Ley en febrero y luego volvió a recurrir el Real Decreto Ley en mayo, y mientras tanto nuestro Gobierno a ver que saca de la tarta consejero.
Mientras tanto nuestro Gobierno diciendo que la justicia es cara y que hay que pagarla, y ¿qué es lo siguiente que vamos a tener que pagar? ¿Acaso no es cara la educación? ¿Acaso no es cara la sanidad? ¿Estamos pensando también en sacar una tarta de la sanidad y de la educación?
La cumbre social vasca se presentó en este Parlamento y este organismo integrado por diversos sindicatos y asociaciones de jueces y fiscales, se ha dirigido también a esta Cámara para solicitar que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales.
Ésta es una propuesta que se debatió, como digo, en aquel pleno de inicio de la legislatura en el que, por cierto, no acordamos que el Parlamento interpusiera recurso de inconstitucionalidad en parte por intentar dar un voto de confianza al Gobierno, un voto de confianza al Gobierno como garante de los derechos de la ciudadanía vasca.
Una confianza que en estos momentos está fracturada. No ha habido una acción, ha habido más bien una inacción del Gobierno en este sentido, y va a tener que ser al final este Parlamento quien supla esta inacción del Gobierno e intervenga para sacar las castañas del fuego a los ciudadanos vascos en este asunto.
Nosotros asumimos ahora, queremos asumir esta petición y vamos a solicitar el apoyo de toda la Cámara para subir esta petición y promoveremos que se presente el citado recurso. Lo haremos consejero, porque este Gobierno con la boca pequeña dice rechazar la Ley mientras pone la calculadora en marcha.
Dice rechazar la ley mientras con la boca pequeña diciendo no me gustan, pero pone la mano como un cazo. Y entre tanto y tanto de vez en cuando hay incluso alguien que abre la boca sin límites y defiende sin ambages la justicia de pago.
Los gobiernos socialistas de España consejero, impidieron el pago de las tasas para acceder al derecho constitucional de buscar el amparo de la justicia. El gobierno socialista de Euskadi presentó recursos de constitucionalidad ante toda medida que afectaba a los derechos fundamentales de los ciudadanos vascos, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo.
El actual Gobierno Vasco dice unas veces unas cosas, otras veces otras y mientras tanto mira la caja como el tío Gilito consejero. Ustedes se han arrogado el lema de primero las personas, pero la realidad no está demostrando eso. La realidad demuestra que en su cabeza no están las personas ni las instituciones que apoyan a estas personas.
Por eso les instamos a que no miren la tarta, sino a los ciudadanos de la justicia, a los usuarios ciudadanos que son usuarios de la justicia, a los ciudadanos que buscan en los jueces la protección de esos derechos que se sienten vulnerados; a esos ciudadanos, a esa gente que tiene que desistir de hacer una reclamación de cantidad por humedades porque le cuesta más la salsa que los caracoles como usted bien sabe.
La justicia gratuita es una parte de la solución pero no es la solución, tiene un límite. Le instamos consejero a que hagan valer la capacidad que les otorga la ley, que ejerzan esas posibilidades de nuestras instituciones de autogobierno. Que como hizo el anterior ejecutivo vasco eleve el recurso de inconstitucionalidad en este caso, porque hay ciudadanos vascos que hoy a 7 de junio no pueden ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva y que quieren que sus instituciones hagan lo posible para recuperar ese derecho.
Yo lamento tener que rechazar rotundamente esas declaraciones de la viceconsejera, y por eso queremos reclamarle consejero claridad, queremos que nos diga qué es lo qué pretende hacer y concretamente la pregunta que le trasladamos es: ¿cuáles son las intenciones del Gobierno para garantizar en Euskadi la tutela judicial efectiva estando en vigor la Ley de Tasas Judiciales?
Le agradezco de antemano su respuesta consejero. Gracias.