ALDAITURRIAGA ZORROZUA (EAJ, 2016-04-14):
Eskerrik asko mahaiburu andrea. Sailburu jaunak, legebiltzarkideok, egun on guztioi.
Como ya se ha indicado, la Prestación Complementaria de Vivienda, la PCV, es una prestación económica que otorga el Gobierno para cubrir las exigencias relacionadas con la necesidad de vivienda o alojamiento, que aquellas personas que reciben la renta de garantía de ingresos, la famosa RGI, para hacer frente a los gatos de alquiler de vivienda en sus variadas formas.
A los efectos del debate de hoy, nos interesa destacar la necesidad de cumplir dos requisitos para poder cobrar la PCV. Una, ser titular de la RGI y dos, estar inscrita o haber solicitado la inscripción como solicitante de vivienda de alquiler en el servicio Etxebide.
De igual modo, es importante recordar, que la PCV se creó en el año 2008 al amparo de las competencias en materia de asistencia social, y señalándose expresamente también, como ya se ha indicado, que solo permanecerá integrada en el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social, en tanto no se articulen en el marco de la política pública de vivienda, medidas análogas o de otra naturaleza que den cobertura a la misma necesidad de acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables o desfavorecidos. Además, en la propia Ley del año 2008 se configura como un derecho subjetivo. Es decir, un derecho subjetivo con carácter transitorio.
En junio del pasado año, se aprobó en esta Cámara la Ley de Vivienda, en la que se establece y regula el llamado derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada. Directamente dirigido también a atender las necesidades de vivienda de los colectivos más desfavorecidos.
Para tener acceso a este derecho, se deben cumplir una serie de requisitos, que a los efectos del debate también de hoy, nos interesa detenernos en ellos. Uno, el derivado de la propia Ley, en el artículo 9.3.b, estar validamente inscrita en el registro de solicitantes de vivienda protegida y alojamientos dotacionales, en la modalidad de arrendamiento.
Y dos, el derivado de la disposición transitoria cuarta, de la propia Ley, respecto a determinar quiénes tienen derecho los primeros años de la aplicación de la ley. Y en ella se exige, que los solicitantes además de hallarse validamente inscritos como hemos dicho, lo sean con una antigüedad mínima de cuatro años. Se señala además, que la unidad de convivencia cuente con unos ingresos anuales comprendidos entre determinados límites, en función del número de miembros que la componen. En estos casos, la administración estará obligada a ofrecerles una vivienda en régimen de alquiler entre aquellas que gestiona el propio Gobierno.
Y solamente cuando una vez reconocido por la Administración este derecho subjetivo, pero no se puede materializar el mismo, por no disponer de viviendas o alojamientos dotacionales, solamente entonces digo, de modo subsidiario, la Administración abonará la prestación económica de vivienda.
Es decir, que existe una identidad de fines entre la prestación económica de vivienda como materialización del derecho subjetivo de vivienda, y la prestación complementaria de vivienda de la renta de garantía de ingresos. Este es el régimen jurídico aplicable hoy en día. Lo que ocurre es, que nos encontramos ante un problema. El que para ser beneficiario del derecho subjetivo de vivienda se exigen por la ley unos requisitos diferentes a los demandados para los preceptores de la Prestación Complementaria de Vivienda. El colectivo de beneficiarios no coincide, no son los mismos.
Al mismo tiempo, este Parlamento, siguiendo una práctica habitual en la propia Ley de Vivienda, faculta al Gobierno para dictar normas jurídicas en desarrollo de la misma y cumplimentarla en aquellos aspectos que el legislador juzga como secundarios. Y yo creo que nadie pone en cuestión la existencia de esta potestad reglamentaria otorgada al Gobierno en esta materia.
En este contexto, el Gobierno está elaborando el decreto regulador del derecho subjetivo y es cuando algunos se han dado cuenta del problema. Nuestro grupo ya lo puso de manifiesto durante los trabajos de elaboración del proyecto de ley de vivienda, tanto en la fase de ponencia como posteriormente en la aprobación del dictamen en comisión, e incluso finalmente en el propio pleno de la aprobación de la ley. Hace 10 meses decíamos en esta misma tribuna lo siguiente: "La aplicación de esta Ley en los términos propuestos y su relación con la Ley de Garantía de Ingresos, va a plantear un conflicto social. Los perceptores actuales de la PCV que no reúnan los requisitos establecidos en esta ley, deberán dejar de percibir las ayudas para el pago del alquiler de las viviendas que ocupan.
"La regulación de este asunto realizado en el documento es tan deficiente, que a la entrada en vigor de la ley existirán dos derechos subjetivos. Uno, el propio de esta ley, y otro, el de la Ley de Garantía de Ingresos".
Decíamos también, que esta deficiencia supone otro agujero en la seguridad jurídica del ordenamiento aplicable. Y preguntábamos por la voluntad de los promotores de la ley, si por ser ambos derechos de la misma naturaleza y con idéntica finalidad, si el uno sustituía al otro, o si había algún grado de concurrencia entre ellos, y lo lógico hubiera sido aclarar el régimen aplicable a las situaciones nacidas con el régimen de garantía de ingresos, y dar solución a las situaciones que la Ley de Vivienda provoca en el tránsito entre un sistema y otro.
Pero nada de eso se hizo en la Ley de Vivienda, porque la Disposición Adicional 2º, no establece ninguna compatibilidad entre ambos sistemas. La disposición adicional únicamente se dedica a manifestar que corresponde al Gobierno en materia de vivienda, el ejercicio de las competencias en materia de prestación complementaria de vivienda. Se trata de algo que afecta a la facultad de autoorganización de la Administración, que por cierto es algo que ya está superado...
...el ejercicio y las competencias en materia de prestación complementaria de vivienda. Se trata de algo que afecta a la facultad de autoorganización de la Administración que, por cierto, es algo que ya está superado por el propio Decreto del lehendakari de diciembre del año 2012, de Organización de los Departamentos del Gobierno.
Pero es que, además, el asunto se complica sobremanera cuando leemos la Disposición Derogatoria Tercera, en la que se dice: "quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en cuanto se opongan a la presente ley y no sean conformes a ella". Por eso ha sido necesario realizar algunas aclaraciones en la Ley de Presupuestos, a las que ya se ha hecho referencia, y que han servido para que no se generase un gran problema social en nuestro país.
Como decía anteriormente, en este contexto de elaboración del Decreto regulador del derecho subjetivo es cuando algunos se han dado cuenta del problema, a la vista del proyecto decreto colgado en la web Irekia y para resolverlo nos proponen algo que si estuviésemos en un circo se llamaría el más difícil todavía. Nos proponen que el Gobierno en el desarrollo reglamentario de la Ley respete en su integridad el espíritu de la Ley de Vivienda, sin que suponga ni en requisitos ni en cuantía ningún recorte respecto al regulado por la PCV.
Proponen que el Gobierno se salte las determinaciones de la propia Ley. ¿Pretenden ustedes que las personas sin permiso temporal de residencia puedan acceder a una vivienda titular de la comunidad autónoma? ¿Les parece bien que pueda acceder a una vivienda pública una persona que carece de ingresos y, por tanto, no pueda pagar una renta? Y nosotros decimos si no están de acuerdo con los requisitos de inscripción en el Registro o la antigüedad en el mismo por los ingresos mínimos exigidos, ¿por qué los establecieron en la ley? ¿Por qué, pudiendo hacerlo, no establecieron otros que recogiesen ese espíritu que ustedes reclaman hoy aquí?
Para ahondar en esta cuestión de determinar el espíritu a nuestro juicio es preciso distinguir entre el fin de la norma, la voluntas legis, y el fin del legislador, voluntas legislatoris. La primera indaga en la finalidad que ha adquirido la norma, con independencia de su autor, del legislador, y se denomina por eso mismo interpretación objetiva. La segunda, al centrarse en la voluntad del legislador, se denomina interpretación subjetiva y atiende a lo que el legislador histórico pretendió.
El ordenamiento jurídico aplicable en Euskadi, derivado de la aplicación del artículo 3 del Código Civil, parece claramente abonado a la defensa de la interpretación objetiva, es decir, la de indagar la voluntas legis, y para eso la primera y preferente regla interpretativa es la literal.
Si los términos de la ley son claros, ha de estarse al sentido gramatical, señorías. En el caso que hoy debatimos, creo que nadie pondrá en duda que la Ley de Vivienda exige para ser titular del derecho subjetivo de vivienda estar válidamente inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda en régimen de alquiler y llevar inscrito en el mismo un periodo de al menos cuatro años. Si el legislador hubiese deseado que ese periodo fuese de tres años, pues que lo hubiese establecido así en la propia ley.
Está, a nuestro juicio, fuera de toda duda que en el ordenamiento jurídico, el reglamento, el decreto, se subordina total y absolutamente a la ley. Entre la ley y el reglamento existe una relación de jerarquía que no puede ser alterada por el propio reglamento, en caso contrario se vulnera el principio de legalidad y todo reglamento que infrinja la legalidad es nulo de pleno derecho, como todos ustedes saben.
Por esto, el reglamento que elabora el Gobierno Vasco debe respetar estas cuestiones establecidas en la ley. Frente a la propuesta inicial y a la enmienda de transacción presentada, nosotros proponemos modificar la ley, que el Gobierno elabore un proyecto de ley de modificación de la Ley de Vivienda para posibilitar la conveniente integración entre el derecho subjetivo de vivienda establecido en la misma y el sistema de prestación complementaria de vivienda, regulado en la Ley de Garantía de Ingresos.
Y asimismo, solicitamos que en tanto en cuanto no se produzca esta modificación, el ejercicio por el Gobierno en su potestad reglamentaria, facultada por la propia Ley de Vivienda se practique de acuerdo con las normas y los principios generales que le son de aplicación en esa tarea reglamentaria.
Nosotros entendemos, como digo, que esta es la solución más adecuada, en lugar de realizar saltos en el vacío y soluciones de difícil digestión para el funcionamientos normal, día a día, en el sentido de que puede afectar a los beneficiarios de la prestación complementaria de vivienda o cualquier otra persona que quiera, digamos, entender qué normativa está vigente y cuál no.
Por eso entendemos que se debe clarificar este punto y para ello proponemos esta fórmula de modificación de la Ley de Vivienda, entendemos que es la más ajustada para resolver la problemática que hoy se nos plantea aquí en este asunto.
Besterik ez. Eskerrik asko.