HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2017-11-02):
Eskerrik asko, legebiltzar-buru anderea.
Legebiltzarkide jaun-andreok, arratsalde on guztioi, arratsaldea ontzat har daitekenaren neurrian behintzat.
Euskal Autonomi Erkidegoko 2017ko Aurrekontuak onartzen dituen Legea aldatzera datorren lege proiektua aurkeztera natorkizue arratsalde honetan.
Izan ere, helburu zehatza eta argia daukan lege-proiektua da orain aurkeztera noakizuen hau, Euskal Autonomi Erkidegoko sektore publikoko langileei 2012. urteko abenduko salbuespenezko laugarren laurdena eskuratzea ahalbidetzea da, hain zuzen, ere bere helburua.
Como he sabido, entre otras muchas medidas, encaminadas todas ellas a contener el gasto público y a garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, dispuso, en su artículo segundo, la suspensión de la paga extraordinaria correspondiente al mes de diciembre del año 2012 de los empleados públicos de todas las administraciones públicas del Estado.
Se trataba de una norma básica dictada al amparo de las competencias, así se invocaba las disposiciones correspondientes del Real Decreto-ley, al amparo del 149.1.13 y del artículo 156 de la Constitución.
Como anécdota, porque todo quedó finalmente en eso, en pura anécdota, se puede decir que este precepto decía, en su apartado cuarto, que las cantidades derivadas de la supresión de esta paga extra se destinarían, en ejercicios futuros, a hacer aportaciones a planes de pensiones o a contratos de seguros colectivos que incluyeren, entre otras, la conciencia de jubilación, siempre, así se insistía en el precepto que acabo de citar, con arreglo a lo que pudieran disponer en cada caso las leyes de presupuestos.
Bueno, he seguido con...
...de jubilación, siempre, así se insistía en el precepto que acabo de citar, con arreglo a lo que pudieran disponer en cada caso las leyes de presupuestos.
Bueno, he seguido con interés la evolución de este precepto, porque cuando se aprobó por parte del Gobierno, inmediatamente después se sometió a convalidación, yo me encontraba en el Congreso, y participé personalmente en la sesión que tuvo lugar el día 19 de julio del año 2012 para cumplimentar el trámite de convalidación previsto en el apartado segundo del artículo 86 de la Constitución, y no creo exagerar si afirmo que se trata de una norma que fue enormemente contestada, tanto desde el ámbito político, como desde el punto de vista social y, por supuesto, sindical.
Y me atrevo a afirmar también que fue una norma, si me permite la expresión, multiimpugnada o plurirrecurrida, no, porque fue objeto nada menos que de cuatro recursos de inconstitucionalidad y de más de 30 cuestiones de inconstitucionalidad, planteadas por otros tantos órganos judiciales de toda geografía del Estado.
Los recursos de inconstitucionalidad fueron interpuestos, en aquel momento, por probablemente los únicos órganos, de entre los legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad, que no estaban controlados por el partido del Gobierno, por el Partido Popular; fue el Gobierno Vasco, fue la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de Navarra, no el Gobierno, pero sí el Parlamento de Navarra. Y las 30 cuestiones de inconstitucionalidad, insisto, fueron planteadas pues por tantos otros órganos judiciales de, en fin, la más diversa ubicación en la planta territorial del Estado.
Los recursos de inconstitucionalidad planteaban fundamentalmente cuestiones de tipo competencial. Las cuestiones de constitucionalidad, por su parte, planteaban prácticamente todas ellas la posible vulneración por parte de la norma de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución, que son, respectivamente, los que prohíben la retroactividad de las normas limitativas de derechos individuales y la expropiación sin procedimiento y sin justo precio, no.
Así como los recursos de inconstitucionalidad tenían en aquel momento la viabilidad que cabía esperar con aquel Tribunal Constitucional y en relación con un asunto como el que acabo de citar, que tanta importancia tenía para el Gobierno. Sin embargo, las cuestiones de inconstitucionalidad, pues sí que eran susceptibles de prosperar, era previsible o había razones fundadas para sospechar que pudieran prosperar, porque tenían fundamento jurídico sólido y eran, insisto, muchos los órganos judiciales que habían constatado la posible vulneración de los preceptos que antes he citado.
Y efectivamente, los recursos de inconstitucionalidad fueron todos desestimados, mediante sentencias dictadas entre abril de 2015 y junio de 2016, solamente se salvó algún voto particular, que salvó, que declaró, efectivamente, que alguno de los preceptos del Real Decreto-ley eran inconstitucional, pero por lo demás los recursos fueron todos desestimados, y las cuestiones quedaron irresueltas, no porque el Tribunal Constitucional no se pronunciará sobre ellas, que lo hizo, sino porque dicto sentencia en todas, pero sin entrar en el fondo del asunto.
Es decir, se acogió al argumento de que se había producido la desaparición sobrevenida del objeto de la cuestión de constitucionalidad. Así lo hizo notar en una primera sentencia que se dictó en la cuestión de constitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la sentencia 83/2015, de 30 de abril, y después en otras 30 dictadas entre mayo de 2015 y marzo de 2016, con exactamente la misma argumentación.
Y cabe preguntar y bueno, ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional apreciara aquí la desaparición sobrevenida del objeto de la cuestión? Bueno, pues es posible, porque el Gobierno central, evidentemente, bien conectado con el Tribunal Constitucional y mejor informado sobre los propósitos del mismo, no en vano había designado directa o indirectamente a la mayoría de sus magistrados, quiso anticiparse a lo que previsiblemente iba a ser una riada de sentencias desfavorables al Real Decreto-ley 20/2012.
Y para evitar esa imagen de escarnio, en la Ley de Presupuestos General de Estado para el año 2015 incluyó una Disposición Adicional Decimosegunda, en la que incluía una primera previsión, todavía limitada, todavía parcial sobre la posibilidad de recuperar la paga extraordinaria suprimida en diciembre del año 2012 y a esa previsión en concreto se acogió el Tribunal Constitucional para declarar la pérdida sobrevenida del objeto en las más, insisto, de 30 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas.
Después, la proximidad de las elecciones generales del año 2015 hizo todo lo demás. La legislatura se agotaba. Y en esa fecha el Gobierno central tenía que dar cuenta ante la sociedad de la gestión realizada en uso de su mayoría absoluta y transformó los extremos rigores en extrema generosidad, para traerse, entre otros, el voto de los empleados públicos.
Y con ese espíritu aprobó inmediatamente, de manera sorpresiva el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, que se aprobó  - lo recuerdo -  el 29 de octubre, en vísperas de la campaña electoral, cuya Disposición Adicional Decimosegunda levantaba definitivamente para el año 2016, para el ejercicio 2016 la prohibición parcial que todavía seguía pesando sobre la paga extraordinaria del año 2012.
Como la prohibición había sido básica, había tenido carácter básico, su levantamiento también tenía carácter básico, aunque en ese momento el tribunal, el Gobierno central estableció claramente que el levantamiento de la prohibición quedaba subordinado a la situación económica o financiera que atravesase cada administración pública.
Gauzak horrela, Jaurlaritzak zera erabaki zuen, 2012. urteko salbuespenezko soldataren arazoari irtenbidea ematea bi erreferentzia kontutan hartuta; bat, herri kontuen kudeaketak eskatzen duen zorroztasuna, eta bi, langile publikoei ahalik eta kalterik txikiena egitea.
En este caso, la situación generada por estas disposiciones que acabo de citar del Gobierno español han sido gestionadas por el Gobierno Vasco desde la máxima de intentar conciliar el obligado rigor en la gestión de las cuentas públicas con la voluntad de minimizar al máximo el perjuicio a irrogar a los empleados públicos, es decir, no evitarles el perjuicio, que ya estaba provocado por la supresión de la paga extra, pero sí minimizar al máximo el impacto negativo, el perjuicio de esa medida en sus economías personales y familiares.
Cuando yo tomé posesión como consejero de Administración Pública y Justicia, en diciembre del año 2012, ya se había hecho efectiva la suspensión de la paga extra del año 2012 para los empleados públicos del sector público, autonómico de Euskadi. Se había aplicado, por tanto, ya mandato expreso del Tribunal Constitucional mediante el artículo segundo del Real Decreto-ley 20/2012.
Mi primera actuación ante esta Cámara como consejero, por tanto, fue precisamente para presentar en el mismo mes de diciembre el proyecto de ley que establecía el adelanto de las pagas extras, a ser efectivas a lo largo del ejercicio 2013, de junio a enero y de diciembre a junio.
Se trataba con ello de paliar el impacto negativo que la supresión de la paga extra producía en la economía personal y familiar de los empleados públicos, evitando que se produjera un gap, que se produjera una laguna en la regularidad de sus percepciones económicas, que tenían carácter mensual en parte, pero tenían también carácter semestral, en la parte correspondiente a las pagas extraordinarias.
En abril del año 2013 me tocó elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de acuerdo que planteaba la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 20/2012, al que antes he hecho referencia.
Y tan pronto como la proximidad de las elecciones generales del año 2015 condujo al Gobierno central a autorizar, primero parcialmente y después, como ya he señalado, de manera más completa, la recuperación de la paga extraordinaria de diciembre del año 2012, el Gobierno Vasco planificó los pagos, de manera que los empleados públicos pudieran recuperar lo antes posible la cantidad que se les adeudaba, pero sin que ello supusiera un quebranto de la situación económico-financiera del Gobierno Vasco.
Hay que recordar, a este respecto, que una paga extraordinaria en el sector público autonómico de Euskadi asciende al monto de 200 millones de euros. El impacto de 200 millones de euros en un solo ejercicio presupuestario era un impacto no desdeñable, precisamente, y por supuesto que inasumible en aquel momento por parte de las arcas públicas. Por tanto, se trataba de acompasar, de alguna manera, los pagos que existían en efectivo a las posibilidades de la situación económico-financiera que atravesaban las finanzas del Gobierno.
Sobre esta base, el Gobierno Vasco en aquel momento se comprometió, primero, a hacer efectiva la recuperación en cuatro pagos, de cuatro cuartas partes de la paga extraordinaria. Cuatro pagos que se iban a hacer efectivos en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, y si las condiciones económico-financieras lo permitían, se comprometía también el Gobierno a adelantar el calendario de pagas así comprometido.
Y eso es precisamente lo que hacemos con este proyecto de ley. El pago de los tres primero cuartos se ha venido haciendo de manera irregular en los años 2015, 2016 y 2017, así ha venido previéndose en la ley de presupuestos correspondiente y así hemos venido haciendo efectiva la parte correspondiente en cada ejercicio.
Pero como en este momento la situación económico financiera permite adelantar el pago correspondiente al año 2018, lo que hacemos es adelantarlo unos meses, con arreglo al compromiso asumido en su momento.
De manera que se ha procurado durante todo este proceso que el impacto en las economías personales y familiares de los empleados públicos sea el menor. No ha existido laguna alguna en las percepciones regulares de los ingresos por parte de los empleados públicos. En los momentos en los que corresponde percibir la paga extra, han percibido, han venido percibiendo una paga extra y, al mismo tiempo, hemos conseguido que el impacto presupuestario fuera asumible por las finanzas del Gobierno.
Con esto, con esta medida, con la propuesta en este proyecto de ley que acabo de presentar, liquidamos definitivamente el asunto de la paga extraordinaria de diciembre del año 2012, y abrimos la posibilidad, ahora sí, de que a partir del año 2018 las pagas extraordinarias vuelvan hacerse efectivas con arreglo a lo establecido en la legislación general de la función pública, es decir, en junio y en diciembre.
Esto son los objetivos de la ley, estos son sus contenidos, que responden a una situación puntual que se ha hecho efectiva durante este periodo temporal, entre el año 2012 y el año 2017. Y la aprobación de la ley, si finalmente cuenta con la aprobación de la Cámara, permitirá, insisto, dar por definitivamente cerrada la cuestión de la paga extraordinaria del año del 2012 y, al mismo tiempo, permitirá regresar a la dinámica ordinaria prevista en la legislación de función pública para hacer efectivas las pagas extraordinarias de los empleados públicos.
De manera que estas se satisfarán en los meses de junio y el mes de diciembre, tal y como está ya previsto en el anteproyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2018.
Besterik gabe. Eskerrik asko.