MENDIA CUEVA (PSE-EE, 2015-11-12):
Señora Llanos, por elevar el tono, uno no tiene más razón.
Pero sí me gustaría decirle una cuestión. Si estamos de acuerdo en que este es un Estado de derecho, y que son los tribunales de justicia y el Tribunal Constitucional quienes resuelven los conflictos e interpretan nuestras normas, sorprende su posición de empecinarse continuamente en no asumir las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Y desde luego también escuchándola, he comprendido por qué ustedes atienden tan bien al patrón conservador y otros entendemos tan bien al patrón reformista.
Y también decirle que me llama la atención señora Llanos  - salvo que bueno lo utilice usted por razones políticas - , que no se haya molestado en leer la propuesta federal del Partido Socialista Obrero Español, porque esa propuesta ya concretada en el año 2013, pero también concretada nuevamente, recientemente, integra y mantiene las singularidades territoriales. Y busca, sobre todo, solucionar los problemas que tenemos. No acabar con aquello que funciona, que es por ejemplo, el Concierto Económico.
Decía hace poco, escribía un parlamentario de su grupo, que se sienta en su bancada, que sin foralidad no había proyecto común vasco, y que no había una alternativa viable a la foralidad. Sólo pensar en la ruptura o en la renuncia, era antivasco.
Sin embargo, los socialistas creemos que la comunidad política de Euskadi nace del reconocimiento de la ciudadanía, de personas con derechos y obligaciones, recogidos en la Constitución; y de la voluntad política derivada de esos derechos, para conformar un proyecto compartido, que incorpora nuestra singularidad.
Hubo fueros en el antiguo régimen. No había Euskadi. Hubo fueros también en la restauración y tampoco hubo Euskadi. Hubo derecho foral y un reconocimiento de la forma de organizarnos, a través del Concierto. Pero tampoco existía Euskadi. Quedó el Concierto en dos provincias durante el franquismo, y tampoco hubo Euskadi.
Hay Euskadi, cuando los ciudadanos de Álava, de Bizkaia y de Gipuzkoa, deciden conformar una unidad política, que reconoce iguales derechos y obligaciones y actualiza el régimen foral, en lo que así establezcan esos ciudadanos.
Y esto es lo que opinamos los socialistas. Y esto es lo que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, en la sentencia del año 88, salvo que el PP diga aquí y ahora, que no reconoce lo establecido por el Constitucional. Lo cual sorprendería bastante.
Por seguir con las sentencias que suponemos acata el Partido Popular, debería conocer bien lo que dictó en julio pasado el Tribunal Supremo, ratificando para Álava lo que ya había dispuesto previamente para Gipuzkoa y Bizkaia.
Recuerda de nuevo el Supremo, que los territorios históricos no tienen competencias sobre materias presupuestarias, porque el régimen local es competencia exclusiva de las instituciones comunes, según el artículo 10 del Estatuto, y éste deja en su artículo 37 a los territorios, las demarcaciones, los bienes municipales, régimen electoral y asistencia técnica. Punto.
¿De dónde puede surgir esa idea de tutela foral a los ayuntamientos? Pues como en casi todo lo referido a la LTH, de un tópico. Un tópico alimentado sólo por la práctica y por la inexistencia de la ley municipal.
La LTH se ha venido a situar como la fórmula con la que cubrir, según interpretación interesada, lo referido a la regulación de lo local. Y esa interpretación ha sido la excusa perfecta para posponer indefinidamente hacer una ley municipal.
Pero ya estamos por fin trabajando en esa ley. Con un proyecto del Gobierno, que por cierto, sigue asomando ese paternalismo foralista, que es lo que en su día también las diputaciones de Álava y Bizkaia reclamaron al proyecto que hizo el Gobierno Socialista, y que quiero recordar, fue desestimado por la comisión arbitral, cuya presidencia ocupa el presidente del TSJ del País Vasco, a quien creo que nunca le gusta incumplir la Constitución.
Pero la propia discusión de esa ley, hace aún más pertinente que revisemos la forma en la que nos organizamos internamente hoy, en esta legislatura.
Y el Estatuto fija también, en su artículo 42, que es el Parlamento, el que determina las aportaciones de las diputaciones. La LTH actual, sin embargo, en su artículo 22, deja en manos del Consejo Vasco de Finanzas, lo que decide un órgano, que no es de representación directa...
...la LTH actual, sin embargo, en su artículo 22, deja en manos del Consejo Vasco de Finanzas, lo que decide un órgano que no es de representación directa, se somete a votación sin posibilidad de enmienda ante este Parlamento, sin transparencia, aquí, donde nos sentamos los que representamos a toda la ciudadanía vasca.
Nosotros queremos que esta Cámara cumpla con la función que le atribuye directamente el Estatuto de Autonomía. Y cuesta entender que en este Parlamento haya quien quiera renunciar a esa capacidad para proponer y acordar cómo regular esas aportaciones, cómo conseguir ese equilibrio entre los esfuerzos que realizan los contribuyentes de cada territorio y cómo corregir los desequilibrios.
Hace casi cinco meses este Parlamento aprobó una Ley de Derecho Civil Foral Vasco por unanimidad. Una Ley que actualiza nuestras peculiaridades y nuestras tradiciones en el derecho privado, para ponerlas al servicio de los ciudadanos vascos del siglo XXI. Lo hace para conseguir efectividad en la regulación de lo cotidiano y avanzando en la igualdad de derechos de todos los vascos, con independencia de su lugar de residencia, de su capacidad económica, de su sexo o de su ideología.
La puesta en práctica de esta Ley parece que está siendo satisfactoria para todos; para los operadores jurídicos y para los ciudadanos. No hay desgarros foralistas, y se gana en eficacia e igualdad en el ámbito privado. ¿Por qué no va a ser posible en lo público?
Esta ley que ofrecemos hoy para buscar el consenso debe alejarse de cualquier esencialismo; dejar a un lado...