GARCÍA LARRIMBE (EP, 2019-05-09):
Egun on berriro guztioi. Eskerrik asko, mahaiburu andereak.
La economía circular se ha introducido con fuerza en la actual política de la Unión Europea, donde la buena dirección a tomar pasa por la urgente transición hacia un cambio de paradigma basado en la lógica de la sostenibilidad.
En un modelo económico circular, se protege el capital natural y se maximizan los recursos materiales y energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo de producción y consumo; se evitan la externalidades y se recuperan materiales e instancias que posteriormente se reincorporan al sistema.
La Unión Europea está decidida a promover seriamente la transición hacia un modelo de economía circular frente a la convencional modalidad de económica del tipo lineal del uso de recursos, fabricación de productos, consumo y eliminación de deshechos.
Para nuestro grupo parlamentario, hay que traer al debate de hoy la necesidad de hacer posible una transición que abarca a todos los órdenes de la sociedad, desde la forma en que producimos hasta la forma en que consumimos, y en lo que ahora nos ocupa también con respecto a la proposición de ley que hoy presentamos en la forma en que diseñamos la actividad comercial.
Con esta situación, es un hecho que los grandes centros comerciales proliferan en Euskadi, y esta situación se convierte en inviable en determinadas zonas de Gipuzkoa.
La apertura de nuevos centros comerciales supone dar la puntilla al comercio de barrio, además de retroalimentar un modelo de consumo insostenible.
Este tipo de políticas, que está en las antípodas de la estrategia de soberanía alimentaria y comercio de proximidad que desde Elkarrekin Podemos hemos defendido siempre.
Para nosotras es imprescindible defender un comercio urbano, que resulte sostenible a nivel urbanístico, medioambiental y económico, por lo que hay que tomar medidas para garantizar la protección y mejora de los entornos comerciales urbanos, especialmente en los centros históricos, y los impactos negativos medioambientales.
En definitiva, los actuales modelos productivistas y consumistas deben encarar de forma prioritaria una transición rápida y justa, sin dejar a nadie atrás, evolucionando desde le economía de ciclos abiertos a la economía de ciclos cerrados, para que el sistema económico sea más eficiente, racional y sostenible.
La implantación de establecimientos comerciales de grandes dimensiones sin control y de manera indiscriminada va en contra del interés general de la sociedad, no solo porque no favorece al comercio de proximidad, y fomenta un modelo de empleo precario y de baja calidad, sino fundamentalmente porque el impacto de estas grandes áreas comerciales atenta directamente contra el medio ambiente y la sostenibilidad de los municipios donde se construyen o amplían.
Hay que tener en cuenta que es necesario no ocupar suelos para proteger los espacios naturales y el medio rural, evitando la construcción de nuevas carreteras, así como el incremento de los desplazamientos forzados en automóvil y la desertización de las zonas urbanas.
En varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se describe el concepto razones imperiosas de interés general, al que se hace referencia en determinadas prescripciones y que abarca la protección del medio ambiente y del entorno urbano, incluyendo la planificación urbana y rural.
Además, como consecuencia de la inexistencia de limitaciones normativas para el establecimiento periférico de grandes establecimientos comerciales, las ciudades pierden vida y mucho más la periferia, los barrios y los pueblos.
Por tanto, y siguiendo con el camino ya emprendido por otras normas, como la Ley del Suelo, también es necesario que en la ley que regula las actividades comerciales se ponga el punto de mira en cómo se puede contribuir a esta transición.
Cabe recordar que la iniciativa que hoy presentamos es la concreción de un acuerdo al que se llegó en esta Cámara hace casi un año.
El pasado 14 de junio se aprobó en este Parlamento una proposición no de ley en la que se instaba a acordar la necesidad de regular la distribución de la oferta comercial, tomando como referencia cinco criterios: Una ordenación del territorio adecuada, la necesidad de una planificación de transportes e infraestructuras, la protección del medio ambiente, la necesidad de garantizar la accesibilidad de toda la población y la necesidad de revitalizar el tejido urbano.
Para ello, se instaba el Gobierno Vasco a terminar la tramitación del nuevo plan territorial sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y ordenación de grandes establecimientos comerciales, y que recogiese la prohibición de implantar nuevos grandes establecimientos comerciales o ampliar los existentes a la modificación del artículo 13 de la Ley de Actividad Comercial, y no adoptar medidas que facilitasen la apertura o ampliación de los grandes espacios comerciales.
Recordaba en su intervención en aquel pleno mi compañera, Pili Zabala, que ya habían pasado más de dos años desde que, en marzo de 2016, el Consejo de Gobierno adoptara el acuerdo de iniciar la tramitación de la revisión del Plan Territorial Sectorial de Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de septiembre de 2015, fallo que declaraba nulas de pleno derecho las determinaciones que imponían limitaciones a la superficie máxima para equipamientos comerciales, y como ven, casi un año después, seguimos igual.
Habitualmente en esta Cámara se dice reconocer y valorar el pequeño comercio, pero la pasividad, la lentitud en legislar y, por otra parte, la supuesta prisa en las recalificaciones contrasta con estas declaraciones de los partidos que sustentan al Gobierno.
Insisto, llevamos más de tres años sin ningún límite legal para restringir la apertura y ampliación de grandes establecimientos comerciales, con lo que ello supone de inseguridad jurídica.
Ante la inacción premeditada del Gobierno, desde Elkarrekin Podemos siempre hemos estado de acuerdo con las asociaciones de comerciantes y con la propuesta que hoy presentamos, que parte, como ya ha dicho la señora López de Ocariz, de una de las asociaciones, porque entendíamos que era el camino más recto y el que otorgará mayor seguridad jurídica, y que pasaba, por supuesto, por la modificación del artículo 13 de la Ley de Actividad Comercial.
Y por ello estamos aquí, debatiendo una proposición de ley para que se modifique esta artículo 13 y que se ahonde en los criterios en materia de implantación y ampliación de...
...y por ello estamos aquí debatiendo una proposición de ley para que se modifique este artículo 13 y que se ahonde en los criterios en materia de implantación y ampliación de grandes establecimientos comerciales, con el objetivo de otorgar rango legal a los criterios de ordenación que han de guiar la implantación y ampliación de los grandes centros comerciales, en aras de la defensa del interés general.
Una iniciativa que hay que recordar que registramos en diciembre de 2018, y que en estos meses hemos ido trabajando y entiendo y además creo que hemos tenido la paciencia para lograr el máximo consenso posible, porque entendemos que es una ley que no solo nos piden desde el sector, porque parte de ellas mismas, sino que sin el consenso y el apoyo de la mayor parte de las fuerzas, perdería todo el sentido y toda la importancia que nosotras entendemos que tiene.
La cuestión es que la iniciativa que presentamos no solo entra a regular aspectos relativos a las determinaciones de ordenación territorial, que entendemos que pueden y deben ser reguladas por una norma específica, sino que aborda aspectos que no encajarían en una norma relativa a la ordenación territorial y que creemos que son más propios de estar contenidas en una norma dedicada a la actividad comercial.
La regulación en el ámbito de la ordenación de los equipamientos comerciales y en concreto los criterios y requisitos que imponen limitaciones orientadas a preservar la consecución de determinados fines, ha sido objeto de extensos análisis jurisprudenciales, tanto por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como de tribunales estatales.
Las disposiciones que garantizan la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la distribución comercial lo es, puede ser excepcionalmente condicionada a un régimen de autorización, siempre que este no sea de carácter discriminatorio a su necesidad y a que el objetivo no pueda lograrse mediante una medida menos restrictiva.
Por ir terminando, la modificación cumple con todos los condicionantes que establece la Unión Europea. Se justifica en motivos de interés general. En la preservación del medio ambiente, en la revitalización de los centros de los pueblos y ciudades y también cumple con los criterios de proporcionalidad y discriminación. Y todas las modificaciones están avaladas por la práctica y la jurisprudencia de la Unión Europea.
Por no seguir alargándome y disponiendo cada detalle de la propuesta que hoy hemos traído a esta Cámara junto con el Partido Popular y EH Bildu, quiero terminar evidenciando que se trata de que partiendo del principio de sostenibilidad territorial, defendamos el medio ambiente y la revitalización del comercio urbano, además de fomentar el impulso del comercio de proximidad, logrando un modelo de consumo y de producción más justo y equilibrado, que se proyecta, evidentemente, en la necesidad de la limitación, de la implantación y ampliación de los grandes establecimientos comerciales en Euskadi, que es exactamente lo que hoy venimos a debatir.
Milla esker.