LARRAURI ARANGUREN (EAJ, 2018-05-03):
Eskerrik asko legebiltzarburu andrea, sailburu, legebiltzarkideok, Adostuz Elkarteko kideak, jaun-andreok, egun on guztioi.
Hoy debatimos en concreto, principalmente, sobre una de las medidas contenidas en el ya citado Decreto 9/2012 y en la Ley de Presupuestos que el mismo desarrolla. Y en concreto, la medida relativa a las indemnizaciones por jubilación voluntaria.
Nuestro grupo, quiere expresar de ante mano al igual que lo hemos hecho cuando nos hemos reunido con ellos y ellas, el reconocimiento y respeto hacia el colectivo de docentes de enseñanza pública no universitaria jubilados voluntariamente, con especial consideración a los miembros de Adostu, hoy aquí presentes.
Entendemos, que igual que otros colectivos que prestan servicios públicos esenciales, pues su labor merece todo el reconocimiento social.
No podemos cuestionar que se hayan podido sentir discriminados, discriminadas, al igual que se han podido sentir otros colectivos que han visto modificadas sus condiciones laborales.
Por lo tanto, su reivindicación es legítima, pero igual de legítima es la actuación de Gobierno, una actuación presidida por una visión de conjunto de la función pública vasca y encuadrada en un escenario económico de ajuste presupuestario y de necesaria priorización, en el que los recursos económicos son finitos.
Y así, nuestras propuestas las hacemos, las hemos hecho y las hacemos siempre desde el realismo y la responsabilidad y dentro del marco legal y presupuestario, que no es ajeno a ninguna administración tampoco a la que otros partidos, a las administraciones que otros partidos gobiernan o han gobernado.
Y por lo tanto, entendemos que lo realista, lo que se puede hacer con rigor es lo que recogemos en nuestra enmienda, que es lo que en estos momentos entendemos que es asumible.
Y dice, "el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que antes de finalizar la presente legislatura y previa negociación con la representación sindical, suprima la prohibición relativa a la percepción de prestaciones económicas con motivo de la jubilación voluntaria, siempre que la disponibilidad presupuestaria, la estabilidad financiera lo permita".
Es decir, solicitamos suprimir la prohibición de la percepción de prestaciones económicas con motivo de la jubilación voluntaria, en unas condiciones, y en unas condiciones que son factibles.
Pero en primer lugar, establecemos un plazo, una concreción temporal antes de que finalice la legislatura, es un plazo máximo de dos años y es importante establecer un plazo, porque todo desembolso importante pues requiere una planificación.
En segundo lugar, establecemos como requisito la negociación previa, negociación colectiva porque son en el ámbito de la negociación colectiva, donde se priorizan los recursos y además estas indemnizaciones derivaban de un acuerdo sindical adoptado en mesas de negociación, con lo cual, su recuperación debe de venir en el seno de la misma.
Y en tercer lugar y como tercera condición, establecemos la disponibilidad efectivamente, disponibilidad presupuestaria y estabilidad financiera que como he dicho, todo el sector público está sometido a la misma, la que gobierna en el sector público gobernado por todos los partidos.
Por lo tanto, entendemos que nuestra propuesta es un paso adelante. Un paso adelante en un marco posible y realista en estos momentos, que efectivamente no cierra otras vías, como todos ustedes saben, pero desde luego, la solución no viene por una proposición no de ley y tampoco viene a través de la enmienda transaccional que ustedes han firmado.
Claro que estamos abiertos al diálogo, escuchamos, el Gobierno escucha, pero nos tenemos que mover dentro del marco presupuestario que este Parlamento apruebe o que este Parlamento en este momento se ha dotado o del que en lo sucesivo se dote.
Entonces efectivamente esta es una de las medidas no recuperadas pero se han restaurado otras muchas, gracias al esfuerzo y el compromiso del Gobierno, priorizando y planificando con disponibilidad económica y dentro del marco legal.
Y se ha optado, cuando se han recuperado medidas, se ha optado principalmente por medidas que han afectado al mayor número posible de personas, a los 70.000 empleados y empleadas públicas de la Administración Pública Vasca.
Y alguno de los ejemplos de estas medidas, pues como saben se han retomado aportaciones a Itzarri, se han retomado los incrementos retributivos que antes habían estado prohibidos, se ha recuperado la paga extra de calidad de 2012.
Y en concreto en las medidas contenidas en ese Decreto 9/2012 la situación no es la de 2012, la situación ha mejorado sustancialmente.
En concreto se ha recuperado el contrato relevo, que usted señor Hernández ha quedado en que se suspendió, pues el contrato relevo se ha recuperado. Se recuperó gracias a un acuerdo sindical adoptado en mesa general, por cierto, adoptado por unanimidad, que establece un plan de jubilación parcial.
También se han recuperado los permisos horarios por razón de edad y se ha mejorado la regulación de los complementos de IT aumentando los supuestos en los que se convierte hasta el 100 % desde el primer día. Y se siguen proponiendo mejoras.
Por lo tanto, la situación inicial de ese Decreto ha quedado mejorada. Es mejorable por supuesto, pero está mejorada.
Un Decreto que como han expresado y no negamos, nos opusimos a este Decreto y nos opusimos a la Ley de Presupuestos para 2012 que el mismo desarrolla, porque entendíamos que suponía un recorte social sin precedente y nos opusimos en cuanto a la forma y el fondo y así consta efectivamente en las actas.
Cuando había disponibilidad económica se prohibió y sin embargo luego después su recuperación, pues requiere disponibilidad económica y mucha planificación.
Y entendemos que la solución tampoco viene a través de la derogación de este decreto.
En primer lugar porque la situación no es la de 2012 y en segundo lugar y principalmente porque este Decreto viene, desarrolla la ley de presupuestos citada y además esa prohibición se ha recogido sucesivamente en las siguientes leyes presupuestarias, con lo cual la derogación de ese Decreto tiene una eficacia jurídica nula, porque la obligación dimana de la ley y no del Decreto.
Como saben todos ustedes, la única forma actual de modificar esta situación, la única forma verdadera de modificar esta situación es a través de una ley, de una ley que apruebe este Parlamento y en concreto a través de una ley de presupuestos o de una modificación de la misma.
Y desde luego, no a través de una proposición no de ley y esto es sabido por todos los firmantes de la enmienda transaccional. Y hasta ahora no han presentado ninguna iniciativa con la forma debida.
Es lícito, por supuesto que es lícito plantear la derogación de ese Decreto, por supuesto que es lícito plantear lo que ustedes recogen de la enmienda, pero la verdad, la realidad, es que tiene un recorrido muy limitado, porque la materialización práctica lleva aparejado un coste económico inabordable con el actual marco presupuestario.
Con lo cual creemos que lo realista, lo posible es lo recogido en nuestra enmienda y les invitamos a que sea adhieran la misma.
Horregatik, guztiak, gure zuzenketa bakarrik babestuko dugu.
Besterik gabe, eskerrik asko.