LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (San José López) (EAJ, 2017-11-03):
Eskerrik asko, presidente andrea. Eguerdi on denoi.
Desde EH Bildu se nos interpela en relación a las medidas que se adoptarán para responder adecuadamente a las insuficientes condiciones actuales que consideran rodean a las obras públicas de la Comunidad Autónoma vasca. En la interpelación se realizan consideraciones sobre denuncias por parte de organizaciones sindicales, accidentes laborales y calidad de los edificios.
En primer lugar, quiero manifestarle que en el último aspecto al que se refiere, a la justificación de la interpelación que es la calidad de las edificios, no está entre las actuaciones del Departamento de Trabajo y Justicia esta competencia. Pero de todas formas, señora Ubera, tenga la seguridad de que toda obra ejecutada por el Gobierno Vasco, por los diferentes departamentos del Gobierno Vasco, se rige por las condiciones que se especifican en la Ley de Contratos del Sector Público; ley que, como usted sabe, se ha modificado recientemente para incorporar preceptos que se contienen en las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo; normas que inciden en la mayor transparencia de la contratación pública y en conseguir una mejor relación calidad precio.
Es en este segundo objetivo donde, lejos de suponer un criterio economicista, se define en la propia exposición de motivos, y cito textualmente: "Por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
Por otra parte, sabe usted, señoría, que en nuestra comunidad autónoma el cumplimiento de las obligaciones laborales en la contratación pública debe ser verificada por los poderes públicos, tal y como dicta la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la Inclusión de Determinadas Cláusulas Sociales en la Contratación Pública.
Pero vayamos a los temas en que su interpelación se relacionan con las competencias que están atribuidas al Departamento de Trabajo y Justicia. Me voy a remontar a años atrás para explicarle que desde el Gobierno siempre ha habido una disposición con respecto a la relación que debe existir entre la salud laboral y la obra pública. Pero para ir a lo concreto y para definir posteriormente lo que en la actualidad y desde hace años se viene realizando y el porqué de las actuaciones, me ceñiré al acuerdo existente entre el Gobierno Vasco y las diputaciones forales.
El 2 de junio del 2010 se firma un protocolo de actuación para la prevención de los riesgos laborales en las obras correspondientes a las grandes infraestructuras promovidas por las administraciones públicas del País Vasco.
Lo suscribieron, por parte del Gobierno Vasco, el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola; el consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, Bernabé Unda; y la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta. Por las diputaciones el diputado de Obras Públicas y Transportes de Álava, Luis Alberto Zarrabeitia; la diputada de Obras Públicas de Bizkaia, Itziar Garamendi; y el diputado de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Eneko Goia.
Y en este protocolo la primera manifestación que se realiza es la siguiente: La prevención de riesgos laborales es uno de los ejes de la política de las administraciones públicas, particularmente en las obras públicas. Hay que explicitar también que antes de la adopción del protocolo mencionado de 2 de julio de 2010, en el plan estratégico 2007-2010 de Seguridad y Salud Laboral del País Vasco, aprobado por el Consejo de Gobierno Vasco de 3 de julio del 2007, se incluía, entre sus objetivos estratégicos, la necesidad de coordinación institucional en materia de seguridad y salud laboral, coordinación que establecían un protocolo de actuación preventiva en materia de seguridad y salud laboral: Esta actuación preventiva de carácter general y otra específica para todas las grandes obras de infraestructuras.
El protocolo estableció la constitución de comisiones de seguimiento en cada uno de los tres territorios integradas por técnicos de todas las administraciones públicas implicadas y esta es la fórmula con la que seguimos trabajando hoy: A través de las tres comisiones territoriales y actuando como secretario/secretarias los titulares de las delegaciones territoriales de trabajo, participando un técnico de Osalan como representante del Departamento de Trabajo y Justicia, un técnico del Departamento afectado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y un representante de la Diputación Foral del territorio en el que promueve la obra.
Y con esto creo, señora Ubera, que doy respuesta a lo que para usted y para todos nosotros es la principal preocupación: La preservación de la salud y la seguridad laboral de las personas que trabajan, en este caso en la obra pública. Por ello, de verdad, no puede usted decir que el Gobierno Vasco mira para otro lado. Le aseguro que no, ni el Gobierno Vasco ni el resto de administraciones.
Pero también es verdad que usted, señora Ubera, no se ha limitado a señalar la problemática de los accidentes laborales y de la necesaria actuación preventiva que nos corresponde y demostramos hacerlo, sino que habla también de un incumplimiento de convenios colectivos y de las dificultades de seguimiento en la cadena de subcontratación.
Permíteme indicarle que desde el Departamento de Trabajo y Justicia y en relación a los posibles incumplimientos laborales  - convenios colectivos, subcontratación, condiciones de contratación, etcétera -  se actúa, como usted ha señalado, desde la Inspección de Trabajo y tampoco la Inspección de Trabajo mira para otro lado. Entendemos que desde la Inspección de Trabajo no debe hacer distinciones a ningún colectivo, bien desarrolle su trabajo en la obra pública bien lo haga en cualquier otro sector.
No obstante, en actuaciones planificadas y dentro del ámbito competencial de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, un inspector o una inspectora tienen asignadas visitas periódicas a este tipo de obras para verificar que se respetan las condiciones de seguridad y salud y se cumplen con las obligaciones empresariales en materia de relaciones labores, salarios, jornadas, etcétera.
Pero además usted sabe cuál es mi posición sobre la precariedad laboral y, en este sentido, quiero recordarle la campaña específica que viene desarrollando la Inspección de Trabajo sobre el trabajo temporal y los contratos a tiempo parciales.
También conoce mis continuas demandas para la negociación colectiva y que estas se generalicen en Euskadi y alcancemos una negociación colectiva que todos creímos vislumbrar tras el acuerdo interprofesional, de 17 de enero, firmado por la representación empresarial y todas las organizaciones sindicales. Contamos con medios para actual en la obra pública y, en lo que compete al Departamento de Trabajo y Justicia, vamos a incrementarlos.
En los próximos años, al menos hasta 2023, está planificada más obra pública y nosotros nos comprometemos a seguir actuando con toda la intensidad para que los trabajadores y trabajadoras que participan en las mismas lo hagan con la seguridad y en las mejores condiciones, con empleos de calidad en su más integral definición.
Eskerrik asko.