HERNÁNDEZ HIDALGO (EP, 2019-10-24):
Bueno, a debate por lo tanto el decreto aprobado este pasado mes de julio, este pasado verano de centros residenciales para personas mayores, un decreto que en nuestra opinión viene tarde y viene mal.
Viene tarde porque ya se ha dicho, los centros residenciales estaban regulados mediante un decreto del año 98 a pesar de algunas pequeñas modificaciones del año 2005 y 2006, un decreto, por lo tanto, que en buena medida había quedado obsoleto.
En nuestra opinión, obsoleto no tanto por lo viejo de aquel decreto, es decir, por la edad que tiene aquel decreto, sino porque ha cambiado la realidad de aquello que regula, y por lo tanto, si no adaptamos la regulación a la realidad, la regulación no es eficaz. Eso es cierto. Y además ser eficaces en esta cuestión a la hora de regular los centros residenciales para las personas mayores, supone garantizar una vida digna para estas personas o no.
Por lo tanto, es una cuestión importante sobre la que en nuestra opinión, el Gobierno no debería haber dejado pasar tanto tiempo en ningún caso. Y esto ha tenido además consecuencias que afectan de una manera determinante a la vida de las personas mayores en las residencias. Estas se han visto perjudicadas por esta falta de acción del Gobierno Vasco y más concretamente en este último periodo del Departamento de empleo y políticas sociales.
Pero el problema para nosotros no es tanto que venga tarde, ya sabemos que más vale tarde que nunca. El problema para nuestra coalición, para nuestro grupo parlamentario es que viene mal. Viene mal porque su contenido no va a dar solución a los principales problemas existentes en nuestro modelo de centros residenciales para personas mayores. Problemas que determinan que en estos momentos las condiciones en las que se encuentran las personas mayores en los centros residenciales en Euskadi no son las mejores posibles con los recursos de los que disponemos en la comunidad autónoma, no son las mejores condiciones.
Nosotros no vamos a negar la existencia de algunos elementos positivos en el decreto respecto a lo que teníamos anteriormente. Pensamos también que esto no es mucho mérito, porque el anterior decreto, como hemos dicho, tiene más de 20 años, es difícil que no se mejore nada algún elemento. Pero también hay que decir que estas pequeñas mejoras que puede contener el decreto, tienen que ver sobre todo con las infraestructuras que deberán tener las residencias y en muchos aspectos solo atañe a las nuevas residencias, ya lo he explicado perfectamente creo el señor Rodriguez.
Hay aquí un poco de trampa también, pero para nosotros lo preocupante es que son varios los elementos que van a empeorar con el nuevo decreto y que van a afectar a las personas mayores en las residencias de una manera negativa, y sobre todo que las cuestiones fundamentales, algunas de las más importantes, las que afectan de una manera absolutamente determinante la calidad de vida de las personas mayores en estos centros no son mejoradas con el decreto y no van a resolver los problemas existentes. Al contrario, aunque el Gobierno diga que van a mejorar la situación, van a empeorar la situación de estas personas en los centros residenciales.
Esta es la razón por la que nuestra coalición va a respaldar la moción presentada por el señor Rodriguez, por el grupo parlamentario EH Bildu. Suspender o derogar un mal decreto para plantear un decreto que sí contenga las condiciones que puedan garantizar la adecuada atención a las personas mayores en las residencias es un buen planteamiento que vamos a respaldar.
Una de las cuestiones fundamentales en nuestra opinión para abordar la regulación de las residencias de mayores, es la que tiene que ver con la regulación de eso  - que el señor Rodriguez ha llamado recursos humanos, a mí es una jerga que no me gusta nada, es un eufemismo que no me gusta - ,las trabajadoras de las residencias mayoritariamente mujeres.
Si a estas alturas alguien no ha comprendido todavía que la mejora de las condiciones de trabajo de estas trabajadoras, de manera especial en lo que tiene que ver con las cargas y ritmos de trabajo es algo absolutamente necesario para poder garantizar la calidad en estos servicios públicos a las personas mayores, es que no ha comprendido nada. O que lo ha comprendido todo, pero que simplemente quiere ahorrar dinero y no quiere poner a las personas mayores en el centro a la hora de gestionar.
No es solo que sea justo mejorar las condiciones de trabajo de estas trabajadoras, es que es necesario. Es necesario si queremos que haya una buena atención en las residencias. Los convenios colectivos regularán sus condiciones de trabajo, las que puedan conquistar en la negociación los sindicatos. Pero el decreto  - este decreto, como tantos otros -  recoge cosas que afectan a esas condiciones de trabajo. En este caso, esas condiciones de trabajo son determinantes para la buena, mala o regular atención que les demos a las personas mayores en los centros residenciales. Además, el decreto habla de ellas.
Durante los últimos años hemos visto conflictos importantes planteados por las trabajadoras de las residencias en Euskadi. Ahora son las de Gipuzkoa, anteriormente el conflicto se dio en Bizkaia. Son conflictos que se producen como consecuencia de una realidad muy concreta y dura diría yo.
Las condiciones laborales de los trabajadores de residencias no son buenas. No lo son en líneas generales en ninguno de los tres territorios, aunque haya diferencias entre ellos. Esta falta de buenas condiciones de trabajo en las trabajadoras de residencias repercute de una manera directa, de una manera determinante en las condiciones de vida de las personas mayores en las residencias.
Cualquiera que tenga en su entorno a una mujer trabajadora en residencias de mayores sabe cómo andan: Con una carga de trabajo enorme, con prisas, turnos cambiantes, parcialidad excesiva, calendarios muchas veces incompatibles con la conciliación, no poder planificar ni sus vacaciones, etcétera.
Las condiciones actuales no garantizan la adecuada atención a las personas en las residencias, y el nuevo decreto no puede solucionar esta cuestión en los términos en los que ha sido aprobado. Más bien al contrario, puede empeorar la situación y de hecho, la va a empeorar. Creo que la explicación del señor Rodriguez ha sido bastante nítida en este sentido. Va a suponer, de hecho, menos horas de atención a las personas mayores en las residencias, menos horas de atención a personas que necesitan esa atención con diversos grados de dependencia.
Para nosotros la conclusión es clara: El decreto en los términos en los que está planteado y desgraciadamente aprobado ya por el Gobierno, no es válido. Es un mal decreto con consecuencias negativas para las personas mayores en las residencias y para las trabajadoras de las mismas.
Dichas las razones por las que vamos a respaldar la moción que trae el grupo EH Bildu hoy, quisiéramos aprovechar para hacer una pequeña reflexión más de fondo sobre el modelo que tenemos para las residencias de mayores.
Tenemos un modelo como en otros ámbitos en nuestra opinión excesivamente volcado en lo privado. La mayoría de plazas residenciales en nuestra comunidad son privadas, concertadas, eso sí, con dinero público. Tenemos más del doble de plazas en residencias privadas que en residencias públicas, algo que no es casual, sino que es producto del modelo que se ha decidido impulsar en el tiempo. Es un modelo que nosotros no compartimos, aun reconociendo que una parte de la concertación pueda estar orientada al llamado tercer sector.
Para nosotros la atención a las personas mayores debería contar con una red de centros residenciales públicos capaces de dar cobertura a la demanda existente. Sabemos que eso no se hace de la noche a la mañana y sabemos que eso cuesta mucho dinero. Pero tampoco nos chupamos el dedo, el actual modelo no se ha construido tampoco de la noche a la mañana. El sistema que construyamos depende del modelo que queramos impulsar e implantar.
El modelo basado en un peso importante de las empresas privadas, supone un mayor coste a la larga para la Administración pública y supone siempre mayores dificultades para garantizar condiciones laborales dignas para los profesionales del sector y, como estamos viendo, también mayores dificultades para conseguir unas buenas condiciones a las personas mayores en las residencias.
Si no hay beneficios, el negocio no interesa. Esto es lógico. Por lo tanto, para que las residencias privadas funcionen, necesitan garantizar esos beneficios en la cuenta de resultados, necesitan el reparto de ciertos dividendos, esto es así y, por lo tanto, hay una parte de capital que acaba en los bolsillos de alguien.
Esto es así en las empresas privadas, eso es así también en muchas empresas del tercer sector, aunque haya fórmulas también para ocultarlo. Y en cambio, una residencia pública no debería ser deficitaria, pero no necesita tener beneficios en su cuenta de resultados ejercicio tras ejercicio, y ese capital, de existir, se puede quedar en el sistema público.
Nosotros pensamos que un modelo basado en la propiedad pública es un modelo mejor para garantizar la calidad de atención que deben recibir las personas mayores en las residencias, y para garantizar que las condiciones laborales de las trabajadoras sean las adecuadas, precisamente para garantizar esa atención, porque desde luego, debemos concebir las residencias para personas mayores como un auténtico servicio público.
Hecha esta reflexión, algo más de fondo sobre el modelo  - que no queríamos dejar pasar la ocasión - , reiteramos nuestro apoyo a la moción, puesto que como he dicho antes, estamos ante un mal decreto aprobado por el Gobierno que hay que corregir para mejorar las condiciones de la atención a las personas mayores en las residencias.
El contenido de la moción mejora, sin lugar a dudas, el decreto existente y aprobado en estos momentos.