CORCUERA LEUNDA (PSE-EE, 2014-11-06):
Gracias presidenta, lehendakari, consejero, señorías.
Para situar la cuestión de una forma simple, debo señalar que la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 1994, estableció un modelo proteccionista a favor del arrendatario. Perdón, la de 1964...
...Arrendamientos Urbanos del año 1964, establecía un modelo proteccionista a favor del arrendatario y la de 1994 la nueva Ley de Arrendamiento Urbanos llevó al régimen del libre mercado los contratos de arrendamientos de los locales comerciales.
Esta ley, la de 1994, regulaba además un periodo transitorio para aplicar este libre mercado a los distintos contratos de alquiler en función del tamaño del negocio y del Impuesto sobre Actividades Económicas que en aquel momento se venía pagando por las pequeñas empresas.
En esta Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 se aprobaron moratorias de 5, 10 ,15 y hasta 20 años en función de los parámetros de la superficie del negocio y del importe del Impuesto de Actividades Económicas. En concreto, para los locales comerciales de menos de 2.500 metros y con un Impuesto de Actividades Económicas de menos de 85.000 pesetas, se concedían 20 años de moratoria a los contratos de alquiler que hasta ese momento estuviesen firmados y luego en el tiempo si van pagando actualizaciones iguales al IPC.
Bien, pues este plazo, esta moratoria finaliza este 31 de diciembre del año 2014. Por tanto, a 1 de enero del año 2015 los titulares de negocios tendrán que firmar nuevos contratos de arrendamiento y tendrán que hacer las nuevas negociaciones en un escenario de crisis económica en la que, además, aumenta el paro y en la que hay dificultades de acceso a la financiación de las empresas.
Esto supone que muchas empresas, comercios, negocios consolidados en nuestras ciudades y pueblos se están viendo forzados a negociar un nuevo contrato de alquiler con un más que probable incremento de la renta, lo que para muchos, dado el actual contexto de crisis económica y además con la caída del consumo familiar, más las dificultades –como decía antes– de financiarse, podrían verse muchos de esos negocios o titulares de esos negocios, podrían verse avocados a echar la persiana, al cierre definitivo de esos establecimientos tan arraigados y consolidados, como decía, en nuestros pueblos y ciudades. Y supondría también tener que acabar con un significativo número de puestos de trabajo que la actividad comercial está generando.
Es verdad que podemos estar ante un conflicto de intereses. Por un parte, los intereses del arrendador, que tiene su derecho a recuperar la posesión de su inmueble y conseguir la máxima rentabilidad posible de la propiedad y, por otro lado, está el interés del arrendatario de continuar con su actividad económica en unas circunstancias que hagan su empresa viable.
Este conflicto de intereses quedó compuesto, equilibrado de manera aparentemente suficiente con la transacción retardada gracias a esa moratoria que ahora el 31 de diciembre acaba.
Entendemos que el interés del propietario no puede sacrificarse infinitamente. Estamos de acuerdo y, por eso, el sentido de nuestra propuesta, de la propuesta del grupo Socialistas Vascos, era regular en principio un periodo transitorio hasta que el país retome un punto de moderado crecimiento capaz de permitir un aterrizaje suave de los alquileres a los que se va a privar de la protección legal y en esa actualización de rentas sobre unos parámetros interesantes, tanto para el arrendatario como para el arrendador.
En 1994, cuando se aprobó la Ley de Arrendamientos Urbanos y esa moratoria de 20 años, no era fácil saber o acertar en qué momento económico podríamos encontrarnos. Y a día de hoy, noviembre del año 2014, nos encontramos como nos encontramos, ante la crisis económica. Por lo tanto, era muy difícil prever, muy difícil establecer que después de 20 años íbamos a pasar por la situación económica en la que nos encontramos.
Así, el comercio minorista es uno de esos sectores más afectados por la crisis y que además también afecta, para más inri, esta Disposición Transitoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
Es la actividad comercial la que ha tenido una caída en su actividad del 1,6 % desde principios de este año 2014, desde este ejercicio. En el año 2013, nuestra Comunidad Autónoma, Euskadi, encabezó en mayor descenso de la actividad del comercio minorista con un descenso en ventas del 6,1 %. La hostelería, por ejemplo, en Euskadi en cuanto a ventas en el año 2013 cayó el 1,5 %.
Y si a esta situación le añadimos el hecho de que en el último observatorio de Ikusmer un 8 % de los comercios en Euskadi, es decir, más de 12.700 empresas, están regidas con un contrato de arrendamiento anterior a 1985, pues, en fin, se encuentran todos ellos bajo la moratoria legal a punto de finalizar el 31 de diciembre. Por lo tanto, una situación –dejémoslo en un adjetivo– complicada.
Ante este escenario –y por no aburrirles con las cifras– tratamos con la iniciativa socialista de hacer ver que se va a producir una situación que como mínimo requiere de una actuación de los poderes públicos. Y es necesario esa intervención los poderes públicos, porque al eventual cierre o traslado de estas empresas o comercios consolidados durante 20 o 30 años, este cierre no se va a ver compensado significativamente con la aparición, la instalación, la implantación de otros nuevos negocios, porque la tasa de mortalidad de las empresas de nueva creación es muy elevado, tanto en España como en Euskadi.
Se está llegando a hablar incluso por los expertos o por al menos los medios más interesados en estos aspectos, se habla de una media de un 70 %, 80 % de negocios, de actividades que no llegan a cumplir los cuatro años o los cinco años desde su implantación.
Por lo tanto, es una situación complicada y compleja, por tanto, se va a producir sí o sí un cierre importante de empresas consolidadas y que son viables al día de hoy, es decir, que son establecimientos que tienen la persiana levantada al día de hoy. Y en esos parámetros económicos con en los que nos movemos actualmente de crisis económica, esta no implantación de nuevas empresas cuando se cierran las anteriores por la cuestión de la renta pues puede hacer que el sistema tenga verdaderas dificultades.
Y no encontramos además no solamente con un problema económico, que es lo que queríamos hacer ver en nuestra iniciativa, porque también hay un alcance de índole social y también tiene su alcance en el ámbito urbanístico, porque los cierres o la no continuidad de la actividad comercial genera un gravísima problema.
Primero, el de la destrucción de empleo, gravísimo problema. Pero también puede llegar a ocasionar, al localizarse esos comercios bien implantados desde hace más de 20 años, puede ocasionar como decía, una deslocalización de comercios y, por lo tanto, una desertización de la actividad comercial en nuestras calles, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, llegándose incluso a la degradación urbanística.
Y para poner remedio a esta situación, nuestra iniciativa original –la de los Socialistas Vascos– pretendía esta modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, para que se estableciese un nuevo régimen transitorio a partir del 1 de enero del año 2015, con una redacción muy similar a la que nuestros compañeros en el Senado habían planteado también con una proposición de ley que no fue aprobada su toma en consideración por los votos contrarios de la mayoría del Partido Popular, pero eso iba encaminado, aquella proposición, a poder debatirse en qué parámetros y con qué indicadores podría establecerse ese régimen transitorio.
Porque señorías, a nuestro modo de ver el mantenimiento del empleo debe ser el objetivo final de toda acción política en las circunstancias económicas a las que nos enfrentamos hoy en día, el descenso del consumo de las familias, esa crisis económica, esa falta de financiación de las empresas y las altas tasas de desempleo son el marco y los parámetros en los que se desenvuelve la actividad comercial.
Y como quiera que este primer punto de nuestra iniciativa no lograba los acuerdos o los consensos suficientes para ser aprobada, sí nos parecía necesario apoyar la enmienda transada que se presenta hoy aquí, porque entendíamos que era necesario consensuar con el mayor acuerdo posible la intervención del Gobierno Vasco en este asunto –que va a traer problemas–, emplazando al Gobierno a presentar, junto con el sector, después de analizar o diagnosticar cuál es la situación de esas rentas antiguas en Euskadi, poder plantear las medidas de común acuerdo con el sector, las medidas que puedan paliar los efectos perniciosos de esa finalización de la moratoria.
Por eso apoyamos esa propuesta de pedir al Gobierno Vasco que analice junto con las organizaciones representativas del sector comercial y con su colaboración la cuestión de actualización de esas rentas y las posibles consecuencias frente a la inminente extinción de la moratoria.
Nosotros planteábamos en nuestra iniciativa original también la inclusión de una línea de crédito ICO para ayudar al traslado, la reforma o la adaptación de las empresas que se vea afectadas por ese fin de la moratoria. Y es verdad que en el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista que tiene el Gobierno de España, entre las líneas de intervención está la del apoyo financiero con una línea ICO de 9 millones de euros para ofrecer financiación al sector.
Nosotros entendíamos que también el Gobierno Vasco debe colaborar en generar unas líneas de financiación para estas empresas y creemos que, bueno, a la hora de analizar y de plantear medidas, seguramente los propios agentes del sector plantearán al Gobierno que es necesaria estas líneas de financiación.
Con toda probabilidad, está claro que la financiación para ese traslado y reforma de los locales se va a dar, se va a plantear y lo importante es que se acuerden las acciones y las medidas a promover dirigidas a potenciar el comercio minorista.
Y también apoyamos que una de las medidas posibles a poner en marcha, tras es el análisis que realice el Gobierno Vasco junto con el sector, sea la realización posible de un programa de protección integral del patrimonio comercial histórico, en el que la rentabilidad económica inherente a esta actividad no impida el mantenimiento y fomento de la riqueza patrimonial de las ciudades y pueblos de Euskadi que representa la actividad comercial.
Porque los Socialistas creemos que las instituciones y los agentes sociales del sector comercial deben intervenir en elaborar de forma consensuada un programa de protección integral del patrimonio comercial histórico, porque hay que proteger las actividades comerciales de proximidad y, fundamentalmente, aquellas que llevan arraigadas y asentadas en nuestras calles y en nuestras ciudades desde hace más de 20 o 30 años, y que han podido mantener ese negocio en tiempos malos, en tiempos muy duros y en tiempos de bonanza.
Por tanto, comercios bien implantados, bien asentados y viables, y creemos que es necesario ese programa de actuación para evitar sobre todo la desertización de nuestras calles y pueblos de locales, de actividades, de pequeños negocios, de ésa que da vida y vitalidad a nuestras calles.
Y no solamente vida y vitalidad en lo económico, sino que también promueve un valor, porque están revalorizándose inmuebles y también el dominio público, porque luego eso contabiliza en los índices para las tasas de ocupación de dominio público.
Por lo tanto, la actividad comercial tiene algo más que pura rentabilidad económica. Tiene un valor social, por la cuestión del empleo que genera, y tiene además un valor urbanístico y cuestión patrimonial y valor patrimonial para nuestras calles, para nuestras localidades y para nuestras ciudades.
Y por lo tanto, eso hay que protegerlo, hay que mimarlo y hay que cuidarlo, y yo espero que realmente la colaboración entre el Gobierno Vasco y los agentes del sector promuevan este Programa de Protección Integral del Patrimonio Comercial.
Y si no llega a ser el caso, porque las medidas que se pretenden implantar tienen que ser medidas muy cortoplacistas, porque el plazo de la moratoria acaba el 31 de diciembre, los socialistas insistiremos en esta cuestión del programa y la planificación integral del patrimonio histórico comercial de nuestras ciudades.
Es un tema importante. Es un tema que a corto, medio e incluso a largo plazo tiene su importancia y su valor, y en ello vamos a seguir insistiendo.
Por lo tanto, nos hemos sumado a esa enmienda transaccional a la propuesta que más apoyos concitaba esperando que en la misma, de verdad, las organizaciones comerciales, las organizaciones del sector comercial vean al menos subsanadas sus grandes angustias, sus grandes problemas que están planteando y que han planteado en los medios de comunicación y en la calle, porque el tema es crudo, el tema es difícil y el tema es complicado.
Y esperemos que el Gobierno Vasco sepa acertar en las medidas que se plantean, porque son las medidas que el propio sector estará forzando al Gobierno a plantear, a implantar.
Así que espero que la enmienda transaccional tenga los máximos apoyos posibles porque se trata de familias que están hoy con la persiana levantada y que esperemos que a 1 de enero de 2015 no tengan que echar la persiana a su comercio o a su negocio.
Muchas gracias.