MARTÍNEZ HIERRO (EP, 2017-01-26):
Beno ba, legebiltzarburu andrea, legebiltzarkideok:
Hoy tenemos en la mesa un debate con un objetivo muy claro: Aprobar la constitución de una ponencia que tiene que ser el foro donde todos los partidos podamos hablar de todo sin límites en relación al autogobierno y la actualización del estatus político de Euskadi, sentando unas bases mínimas para que todas las fuerzas políticas de este país podamos sentarnos a hablar en serio, debatir y, ojalá también, llegar a acuerdos. Desde luego esa es nuestra más firme intención.
Es por ello que, primero, sí que me gustaría expresar una pequeña satisfacción ante el acuerdo que hemos alcanzado de cara a la constitución de esta ponencia en la que, como ejemplo de lo que será seguramente una compleja negociación de cara a la mejora de nuestro autogobierno, hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo que sienta un buen precedente de cara al desarrollo de los trabajos posteriores que se van a dar en este espacio, pero que sí que es cierto que nos hubiera gustado que hubiera sido más amplio. No ha sido posible, pero bueno, sin ningún tipo de drama, estamos seguros de que habrá posibilidades de ampliarlos, cualquiera de los acuerdos que se lleguen en esta ponencia.
Continuando. Las sociedades democráticas modernas basan su funcionamiento colectivo en una serie de acuerdos fundamentales que regulan los términos básicos de la convivencia.
En términos políticos, muchos de estos acuerdos acaban materializándose en textos legales, como pueden ser las constituciones, pero también hay opciones alternativas que pueden ser otro tipo de normas o incluso algunas que ni tan siquiera pasan por convertirse en textos legales.
En nuestro caso, en 1979, en el marco de una Constitución aprobada un año antes, llegamos a un acuerdo que se materializó, entre otros, en el Estatuto de Gernika. Un acuerdo que ha posibilitado desarrollar un notable nivel de autogobierno y que supuso también un pacto entre diferentes sensibilidades políticas.
No obstante, y reconociendo todo lo positivo que ha traído este acuerdo, no es posible soslayar que el desarrollo posterior del mismo ha dejado todo un reguero de incumplimientos, interpretaciones y reinterpretaciones protagonizadas por todas las fuerzas que lo sustentaban, desnaturalizando en muchos casos el mismo espíritu del propio acuerdo.
Es imposible no volver la mirada por un lado a la LOAPA, o a leyes de base abusivas, pero también, por otro lado, aceptar, por ejemplo, su uso como moneda de cambio para alcanzar acuerdos en otros ámbitos.
Tampoco es posible no citar el impacto que la violencia de motivación política tuvo en la consecución de este acuerdo.
Así, y excusado todo esto, en la actualidad y 37 años después de la aprobación de un acuerdo que tomó rango de norma fundamental, su desarrollo sigue estando incompleto.
Estos pactos sociales nacen con la voluntad de perdurar, pero también con una vida útil limitada. Su pervivencia depende de multitud de factores, pero el principal debería de ser la voluntad manifestada por la ciudadanía de renovarlo o de dotarse de uno nuevo. Esta característica, lejos de ser algo excepcional o dramático, debe de ser vivida como algo natural.
En nuestro caso, 37 años después de aquellos acuerdos, una nueva generación de vascos y vascas quiere alcanzar un nuevo pacto que sea más inclusivo que el anterior, más transversal entre las diferentes identidades nacionales que componen nuestro país y que ponga en valor los aciertos, pero también los errores del tiempo pasado.
En esta ponencia deberemos atender esa necesidad ciudadana y política de renovar nuestros acuerdos de convivencia, que viene auspiciada no solo por las transformaciones sociales, económicas e institucionales de los últimos años. Se ha abierto un tiempo político muy diferente al de 1979 y necesitamos un acuerdo que dé respuesta a nuevos retos.
Un nuevo tiempo que está caracterizado por la demanda de incorporarse a los acuerdos de nuevas sensibilidades políticas y de aquellas que quedaron al margen en 1979.
El cierre del ciclo de la violencia con motivación política, un contexto de necesidad de regeneración institucional y una crisis económica que ha precarizado las bases materiales de la mayoría de la ciudadanía.
Por lo tanto, abrir este debate pasa necesariamente por no circunscribir una cuestión meramente de status territorial. Implica alcanzar una serie de acuerdos mucho más amplios en materias social e institucional.
Sobre todo porque negar estas otras dimensiones no significa no abordarlas, simplemente significa reservar para quienes gobiernan, la resolución implícita de estas cuestiones, imponiendo una determinada arquitectura institucional y un determinado modelo de construcción social.
Desde Elkarrekin Podemos siempre hemos sido claros al respecto de lo que el autogobierno significa para nosotros. Siempre hemos señalado claramente que el autogobierno no es únicamente para hablar de una competencia más o una competencia menos.
Para Elkarrekin Podemos hablar de autogobierno también significa ampliar el foco más allá de lo territorial y poner encima de la mesa el blindaje de los derechos sociales, la arquitectura institucional de Euskadi o la relación de las instituciones con la ciudadanía, significando esto último hablar de participación, de transparencia o de rendición de cuentas.
En los últimos tiempos han sido los múltiples los movimientos sociales e intelectuales los que han señalado la incompatibilidad entre desigualdad social y democracia. La formulación en positivo de esta idea que esta ya fuertemente arraigada en la conciencia de la ciudadanía es buscar el blindaje de los derechos sociales en los acuerdos de convivencia. Es buscar, ya sean estos la Constitución o un nuevo estatus, en el caso de lo que hoy tenemos aquí.
Una igualdad entendida, en un sentido amplio abarcando tanto el ámbito de la desigualdad socio-económica como la desigualdad que se da entre mujeres y hombres, o de todas las opciones y condiciones personales.
En la última legislatura se han producido avances en la consideración del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo. Anteriormente se produjeron otros muy significativos, como por ejemplo fue la iniciativa a la legislativa popular promovida en 1996 por decenas de miles de vascos y vascas exigiendo un ingreso mínimo en casos de necesidad.
Hoy como ayer, necesitamos abrir un debate sobre la pertinencia y viabilidad de la implantación de una renta básica en Euskadi partiendo de la renta de garantía de ingresos ya existente y el fruto de ese debate deberá incluirse en estos acuerdos.
Así como otras cuestiones vinculadas a garantizar una educación pública de calidad, laica e inclusiva o una sanidad pública, universal, integral y gratuita.
Se citaba antes, pero es preciso una mención específica a la igualdad social entre mujeres y hombres, aun hoy pendiente. Este principio político debe ser consagrado en el pacto social como un objetivo prioritario de la acción de nuestras instituciones.
Hoy es necesario ese referente en políticas sociales innovadoras, entre otras cuestiones por blindar muchas de nuestras conquistas en nuestros textos de rango legal más alto, máxime cuando hemos visto que, aprovechando contexto de crisis, algunos gobiernos  - y no solo en Madrid -  han tratado de arrebatarnos estos mínimos de dignidad.
Fruto de la injusta gestión de la crisis que se ha hecho, estamos aprendiendo, no con poco sufrimiento, que una democracia es de alta calidad cuando asegura una serie de servicios públicos y derechos sociales a su ciudadanía.
Consideramos que esta máxima debe ocupar la centralidad en el nuevo pacto social y político del que nos dotemos. Nunca más una Euskadi sin su gente.
Porque frente a las propuestas indefinidas de nuevo estatus de algunos, que esconden meros traspasos de competencias, Elkarrekin Podemos queremos confrontar una propuesta alternativa pensada en dar respuesta a los intereses y necesidades de la mayoría social.
Hablaba ya ahora del avance social. Hablemos también del avance democrático. Partiendo del reconocimiento de la sobresaliente pluralidad identitaria y política propia de la sociedad vasca, del reconocimiento de Euskadi como nación, y partiendo asimismo de la voluntad inequívoca de convivir entre diferentes e iguales, el siguiente paso natural es entender que el nuevo estatus territorial que alcancemos deberá contar con la adhesión de una amplia mayoría social y además de una mayoría transversal en lo identitario.
Esta es otra máxima que entendemos que es aceptable para todas las opciones políticas si camina de la mano de un avance sustantivo en la capacidad de decidir de la ciudadanía vasca.
Todos estos son factores que posibilitan que una propuesta de nuevo estatus compartida entre diferentes no sea una renuncia o un techo infranqueable para quienes tienen legítimamente anhelos territoriales más ambiciosos, sino para que sea un espacio cómodo de encuentro y convivencia entre...
...o un techo infranqueable para quienes tienen legítimamente anhelos territoriales más ambiciosos, sino para que sea un espacio cómodo de encuentro y convivencia entre todos.
En este sentido, desde Elkarrekin Podemos entendemos que en estas claves y en este momento concreto es posible e incluso recomendable, que abordemos el debate del estatus territorial prescindiendo de plantearlo en los términos clásicos que unen las condiciones de Estado y Nación. Un espacio, un estatus territorial que dada la propia naturaleza de los pactos sociales, no está llamado a ser inmutable ni a permanecer indefinidamente, sino que es el acuerdo al que aquí y ahora llegaremos  - o eso espero -  una generación de vascos y vascas, habiendo tomado en cuenta los aciertos y errores de nuestro pasado más inmediato, partiendo de lo existente de nuestra pluralidad actualmente existente sin traumas y en una clave momentáneamente convivencial.
Un Estado democrático no puede permanecer indiferente ante la voluntad de un territorio de modificar su estatus territorial, si esta voluntad ha sido manifestada democráticamente y apoyada por una amplia mayoría. Es por ello que en un Estado democrático deben existir cauces legales para que todos los proyectos políticos puedan llevarse a cabo. Por decirlo de otro modo, no hay un techo legal a la voluntad democráticamente expresada por la ciudadanía.
En Elkarrekin Podemos consideramos que esta máxima podría inspirar uno de los ejes del nuevo pacto social. Se trata de abrir la senda de un avance democrático sustancial para las aspiraciones de una mayoría social que quiere disponer de capacidad para decidir, independientemente de la opción por la que optasen una hipotética consulta. Esa capacidad de decidir nosotros lo situamos claramente y sin ambages en un marco bilateral que a través del acuerdo es capaz de responder a la voluntad ciudadana dando garantías a todas las partes.
Si bien desde una perspectiva estrictamente competencial el Parlamento Vasco no puede promulgar una ley de estas características, los partidos vascos sí podemos avanzar en esta línea y alcanzar un acuerdo (...) - segituan bukatzen dut, barkatu - , a todos los proyectos políticos democráticos presentes en nuestra sociedad, respondiendo a las premisas contempladas al comienzo.
En todo caso, la concreción legal de este acuerdo podría tener múltiples alternativas que pueden ser debatidas en la ponencia, siempre partiendo de la base de que la voluntad ciudadana y política debe encontrar un soporte jurídico y no al revés.
Por ello, nuestra apuesta también será la del establecimiento de los mecanismos de celebración de una consulta en la que la ciudadanía pueda refrendar el nuevo pacto social que se acuerde.
Por lo tanto, expresamos aquí nuestro deseo para que esta ponencia sirva para lo que ha de ser su único objetivo: La creación de unas bases de actualización de nuestro actual autogobierno y estatus político en post del blindaje y la mejora de las herramientas que este país puede y ha de utilizar para mejorar la vida de sus gentes y para reflejar las demandas democráticas básicas exigidas por una mayoría social en Euskadi.
Eskerrik asko.