LATXAGA UGARTEMENDIA (EAJ, 2017-12-21):
Eguerdi on guztioi, eguerdi on lehendakari jauna, sailburu anderea, mila esker mahaiburu anderea, legebiltzarkideok.
Gaur beste behin ere, kasu honetan Elkarrekin Podemos taldearen ekimenez, SOS Deiakeko langileek dituzten lan baldintzen inguruan eztabaidatzen ari gara, eta jakina hori hartu dugu hizpide hirugarren aldiz urte honetan.
Ez da ez osoko bilkuran gai honi buruzko eztabaidan aritzen garen lehen aldia, eta ziurrenik ematen du ez dela azkena izango.
Izan ere, eta orduan Talde Popularraren ekimenez, apirilean eztabaida egin genuen honetaz edo hartaz. Ez dakit zer zen eztabaida, benetan diotsuet, ez dakit zer zen eztabaida, eta ez dakit gaur zertaz hari garen, are gehiago EH Bildu taldearen zuzenketa ikusita.
Señor Becerra, con todo el respeto que sabe que le profeso, le tengo que decir que su iniciativa es extemporánea y está desenfocada. Y se lo digo precisamente porque muchas de las cuestiones planteadas en su iniciativa responden positiva y objetivamente a la acción del Gobierno en esta materia, a lo que el Gobierno se comprometió a hacer y ha hecho. Tendría ocasión de señalarlo más adelante y con un poco más de detalle.
Por otro lado, señor Becerra, usted sabe que la tarea principal de esta Cámara es legislar, primordialmente legislar, y luego están las funciones de control e impulso a la acción del Gobierno.
Sobre la cuestión de la separación de poderes podríamos hablar largo y tendido. Pero respetando su función de impulso en todo momento, he de señalar que no es de recibo que esta Cámara interfiera tanto en la contratación de un servicio, por muy importante y sensible que sea, más cuando está en curso ese procedimiento.
La reiteración en el debate sobre la gestión de una contratación de la Administración no puede ni debe intervenir en las condiciones de transparencia y sometimiento estricto al marco legal regulador de esta actividad del sector público.
Lo puedo decir más alto, pero creo que no lo puedo decir más claro, más cuando se trata de un asunto amplísimamente debatido en este Parlamento en esta Cámara, como lo ha recordado la señora Castelo, con tres iniciativas parlamentarias este año, dos interpelaciones y alguna que otra pregunta a la consejera de Seguridad.
Dicho esto, y en todo caso, le pediré que la votación, como lo ha hecho la señora Castelo, se realice punto a punto, y si es así, votaríamos afirmativamente a los puntos uno y cuatro, porque de alguna manera inciden en lo que ya se está llevando a cabo por este Gobierno.
En cuanto al primer punto, se refiere a poner en valor el trabajo que realizan quienes atienden el teléfono 112, para lo cual se exige una cualificación específica y una remuneración acorde a las tareas que desempeñan.
Pues bien, la consejera de Seguridad ya manifestó en el Parlamento Vasco que...
...y una remuneración acorde a las tareas que desempeñan. Pues bien, la consejera de Seguridad ya manifestó en el Parlamento Vasco que desde el departamento no está en cuestión la capacitación profesional de estas trabajadoras y estos trabajadores, al contrario, la valoración del departamento es muy positiva respecto a la labor de este personal.
Ese servicio se está prestando de una manera muy profesional siempre, no lo dude, al servicio de los ciudadanos y ello entre otras razones porque la formación que se exige en los pliegos de contratación a las personas que atienden este servicio es exigente, con una formación básica inicial imprescindible según su categoría profesional y una formación continua que redunda en una mejora permanente de su capacitación, y con un protagonismo total al respecto por parte de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Y además se exigen unas auditorías internas y externas que contribuyen a esta mejora continua.
Por tanto, esa cualificación específica se exige y se aplica, y la remuneración de los trabajadores y las trabajadoras es la fijada por sus condiciones laborales, como mínimo, señor Becerra, las retribuciones fijadas por el convenio colectivo de este sector que ha sido modificado y mejorado este mismo año gracias al segundo convenio colectivo de ámbito estatal, el sector del Contact Center publicado en el BOE del 12 de julio, pero cuyos efectos económicos se retrotraen al 1 de enero de 2015.
Ahora bien, hemos de subrayar la idea de que el departamento no paga a los trabajadores, y por tanto, no abona las nóminas, lo que hace es abonar a la empresa contratista las horas de servicio prestadas en función de su número, categoría profesional y rango horario, es decir, sean días laborables o festivos, horario diurno o nocturno y ya sean teleoperadores, gestores o supervisores. Por tanto, otro de los puntos citados en la justificación de esta moción ya incluida en la enmienda transaccional del 26 de enero, el de crear una bolsa de trabajo para bajas y sustituciones, no se puede admitir porque no son trabajadores de esta Administración, y por tanto no procede crear una bolsa de trabajo.
Una cosa es que este servicio de SOS Deiak-112 sea un servicio público y de responsabilidad pública, que lo es, y otra cosa que los trabajadores que están contratados por la empresa contratista para la prestación de ese servicio sean empleados públicos. No es el caso, no son empleados públicos, la provisión de trabajadores en los supuestos de baja laboral corresponde a la propia empresa contratista, y no señor Becerra, no a la Administración que no mantiene ningún tipo de relación laboral con esos trabajadores ni ejerce poder alguno de dirección o de jefatura laboral sobre ellos.
En cuanto al cuarto punto, se refiere a que el Departamento de Seguridad verifique de forma fehaciente el cumplimiento de las condiciones recogidas en los pliegos a lo largo de todo su periodo de vigencia. Cabe decir aquí que no es necesario que se le inste al departamento a realizar esa verificación, pues la normativa de contratación así lo exige. El cumplimiento estricto durante la ejecución del contrato, de lo establecido en los pliegos y de los compromisos adquiridos por la empresa adjudicataria, y de ello se encargan habitualmente tanto los servicios técnicos de la Administración como sus responsables. Así se hace habitualmente y así se ha hecho hasta ahora en el servicio de atención de llamadas de emergencias SOS Deiak-112 y así se continuará haciendo con cualquier empresa que sea la contratista de ese servicio, como no puede ser de otra manera.
Ahora, ya tenemos más problemas con los puntos segundo y tercero. En el punto segundo se refiere a que el Gobierno Vasco ponga en práctica los acuerdos adoptados sobre las condiciones laborales de la plantilla. Se trata de la enmienda transaccional aprobada con los votos de los extraños compañeros de cama, los grupos parlamentarios de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el Partido Popular.
Dijimos entonces que la proposición no de ley aprobada el pasado 26 de enero era un engendro y un brindis al sol. En algunos de sus apartados no era aplicable a este servicio porque no lo permitía la normativa jurídica de contratación pública, en concreto las normas de contratación y la jurisprudencia de los tribunales han establecido que la subrogación de los trabajadores no se puede imponer por la Administración pública a través de los pliegos de contratación. Si hay o no hay obligación de subrogar eso lo deben establecer las normas laborales, ya sea el Estatuto de los Trabajadores o los respectivos convenios colectivos.
El Departamento de Seguridad sí ha hecho todo lo posible para que los trabajadores mantengan sus condiciones laborales y en lo posible las mejoren, eso sí, dentro del campo de juego que nos dejan las normas de contratación.
Hay unas cuantas medidas fijadas en los pliegos a favor de los trabajadores. No las voy a detallar, ya lo ha hecho profusamente la señora Castelo, pero todas estas medidas se hacen con el fin de evitar que las empresas tengan la tentación de rebajar en exceso los precios que ofertan, en claro perjuicio para las retribuciones de sus trabajadores, y nuestros argumentos señor Becerra, son argumentos legales y argumentos de competencias.
En cuanto al tercer punto, se refiere a que el Gobierno Vasco se implique y medie entre la empresa y la plantilla al objeto de que pueda acordar un convenio específico adaptado a las particularidades del servicio.
Este objetivo no puede ser atendido por el Gobierno por varias razones. En primer lugar, sería un intromisión ilegítima en un ámbito que corresponde exclusivamente a las empresas y a los trabajadores. La Administración pública no debe interferir en la negociación de las condiciones de trabajo que las partes pueden y deben negociar entre ellas, con plena libertad y autonomía.
Si el Gobierno intentara mediar podría ser acusado por una de las partes, por cualquiera de las partes, sea la Patronal o sean los sindicatos, de favorecer o de plegarse a los intereses de la otra parte. No es competencia de la Administración pública participar en la negociación de las condiciones laborales de trabajadores que no forman parte de su plantilla. Además el Estatuto de los Trabajadores, y en general la normativa laboral, ya contempla formulas de mediación y arbitraje en caso de conflicto colectivo, y a dichos cauces y a dichas fórmulas se debería acudir.
Esa es la postura del Grupo Nacionalista en relación con la moción presentado por el grupo Elkarrekin Podemos relativa al servicio SOS Deiak-112. Por las razones expuestas, los puntos 1 y 4 de la moción son asumibles, los puntos 2 y 3 no los son.
Eskerrik asko.