LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (San José López) (EAJ, 2019-03-13):
Eskerrik asko, presidente andrea. Lehendakari, legebiltzarkideok, egun on guztioi.
El pasado 15 de noviembre de 2018 los y las parlamentarias de Euskal Herria Bildu presentaron ante la mesa de esta Cámara una iniciativa para que se celebrase este Pleno Monográfico sobre el modelo penitenciario que debe ponerse en práctica una vez que se materialice la transferencia prevista en el Estatuto de Gernika.
No tengo duda de que a la vista del debate que están manteniendo ustedes, resultará enriquecedor para definir el modelo penitenciario que se desarrollará en Euskadi.
Efectivamente, el artículo 10.14 del Estatuto de Gernika aprobado en 1979 prevé la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores penitenciarios y de reinserción social, así como para la ejecución de la legislación penitenciaria  - artículo 12 apartado 1 - .
Si bien lo referido a la protección y tutela de menores ya fue transferido, las materias concernientes a las instituciones y establecimientos penitenciarios está sin materializarse. Han sido muchas las circunstancias  - que no voy a entrar a valorar y mencionar ahora - , que han impedido que se cumpliera lo contemplado en el Estatuto.
El acuerdo de gobernabilidad suscrito en noviembre de 2016 entre Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, que se recoge en el acuerdo de gobierno de Euskadi 2020 tiene como uno de sus ejes fundamentales, el compromiso de desarrollar e impulsar el autogobierno de nuestra comunidad.
Entre estas prioridades se encuentra la consecución de la transferencia sobre centros penitenciarios que hoy nos ocupa. Esta manifiesta voluntad política del actual Gobierno Vasco no fue correspondida por los gobiernos del Partido Popular. Hubo que esperar a que hubiera el cambio de Gobierno en España, para que se reuniera la Comisión Mixta de Transferencias.
Después de siete años, fue posible que a finales del año pasado se desbloqueara la situación y que por fin el Gobierno Vasco y el Gobierno español, establecieran un calendario para materializar 33 transferencias, entre ellas, la referente a centros penitenciarios.
El Gobierno Vasco celebramos que haya sido posible el diálogo y el compromiso político entre los dos gobiernos para mejorar el autogobierno desde el respeto a las leyes y a la seguridad jurídica.
Señorías, lo que se prevé con este acuerdo, es ni más ni menos que cumplir con lo dispuesto en el Estatuto y la Constitución.
Quisiera en primer lugar aclarar que el acuerdo de transferencias no es ninguna concesión ni prebenda, y que está plenamente inmerso en nuestro marco legislativo. Se trata de transferir materias que ya lo fueron a Cataluña, es decir las funciones de dirección, organización e inspección sobre instituciones penitenciarias, así como la actividad penitenciaria de las radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En el terreno personal y material, esto se concreta en el personal de instituciones penitenciarias, que se integrará en la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma vasca y en los bienes inmuebles correspondientes.
Quede claro desde el primer momento, que no es objeto de transferencia la política penitenciaria, que seguirá como competencia exclusiva del Estado; y en esta línea seguiremos como Gobierno Vasco reclamando como prioritaria esta transferencia, al Gobierno que salga tras la elecciones generales.
Nuestro marco de actuación está configurado por la Ley Orgánica General Penitenciaria del año 1979, modificada por dos leyes en el año 2003, la 5 y la 6, así como el Real Decreto 190/1996 que regula el reglamento penitenciario.
En el Departamento de Trabajo y Justicia consideramos desde el principio del mandato, la necesidad de definir el modelo penitenciario a aplicar en Euskadi en el momento de la transferencia. Nuestro modelo apuesta y se compromete con los principios constitucionales y la doctrina europea en la materia, y va dirigido al conjunto de la población penada, sin diferenciar a esas personas por el carácter del delito cometido. Lo que pretendemos es que todas ellas asuman su responsabilidad y el daño causado.
Partimos del hecho de que las penas las imponen las y los jueces, y serán ellos quienes tomen las decisiones sobre el régimen de cumplimiento en cada caso. La obligación del Departamento de Trabajo y Justicia será la de poner a disposición de Judicatura los medios y herramientas necesarias para que se tomen decisiones con la garantía suficiente, y que estas sean las más indicadas para cumplir con el objetivo constitucional de reinserción social.
Ya les he comentado que tenemos transferida la competencia en materia de justicia juvenil. Pero también existen otros antecedentes de transferencias como las adoptadas sobre el personal integrado en el cuerpo de maestros, que presta servicio en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma o sobre la sanidad penitenciaria.
También es necesario resaltar los convenios firmados entre los gobiernos vasco y español en 2011, que nos permiten gestionar todas las penas y medidas en medio abierto.
Por nuestra parte hemos tomado diversas iniciativas que les voy a resaltar a continuación. Una de ellas ha sido conocer la opinión de la sociedad vasca sobre la transferencia de prisiones. Para ello solicitamos al equipo de investigación del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pública Vasca, Euskobarometro, que la última oleada de 2018 incluyera preguntas al respecto.
Los resultados han sido elocuentes y desde nuestro punto de vista, positivos, y que se pueden resumir en las siguientes conclusiones: Dos de cada tres entrevistados, un 68 %, consideran positiva esta transferencia al Gobierno Vasco, frente a un 11 % que la valora negativa.
Esta opinión mayoritaria se refuerza porque se manifiesta en los tres territorios históricos entre mujeres y hombres, en todos los grupos de edad, en todos los niveles económicos o de estudios, entre vasco hablantes y castellano hablantes, y en todos los electorados excepto en los del PP y Ciudadanos.
El argumento de la mayoría para posicionarse a favor de la transferencia es la confianza en la mayor eficacia de...
...El argumento de la mayoría para posicionarse a favor de la transferencia es la confianza en la mayor eficacia de la gestión autonómica.
Como ya les he comentado en alguna ocasión desde el inicio de la legislatura, ha sido una pretensión de esta consejera y del Área de Justicia del Departamento contar con un diagnóstico de la situación, un diagnóstico que nos permitiera hacer una reflexión de los principios y líneas estratégicas sobre las que debiera basarse un modelo penitenciario en Euskadi.
Por ello solicité su colaboración a un grupo de expertos, liderado por la Viceconsejería de Justicia e incluyendo a responsables políticos, y técnicos y técnicas de la misma, así como a la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación; un grupo en el que también han tomado parte el Instituto Vasco de Criminología, el Ararteko, así como profesionales del ámbito académico, penitenciario y del tercer sector, estos últimos a título individual.
Quiero agradecerles a todos y a todas ellas su dedicación y aportaciones. Este grupo de trabajo ha realizado aportaciones para la creación del modelo que buscamos. En este momento en el Departamento estamos analizando esas propuestas e incorporando otras que se basan en valoraciones propias y en el contraste con otras instancias, como pueden ser miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía.
Asimismo, el departamento mantiene un fluido contacto con el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, para conocer y analizar directamente su proceso de transferencia, las dificultades y la valoración que los responsables catalanes hacen de la gestión de esta competencia.
No es preciso resaltar la importancia que tiene este pleno monográfico que, como está previsto, aprobará propuestas de resolución que serán incorporadas al documento final. Por tanto, en este momento no puedo aportarles un documento cerrado, pero en mi intervención les voy a dar cuenta de lo que son las líneas generales de lo que será el resultado que, obviamente, les será remitido una vez ultimado.
Esta es también una buena ocasión para que la ciudadanía vaya percibiendo el modelo por el que apostamos y nuestro compromiso con los principios constitucionales y la doctrina europea en la materia. Para definir el modelo, partimos de un análisis de la situación actual, que tiene tres apartados: Un diagnóstico de la situación del sistema de penas y medidas en medio abierto, de la red que se encarga de la reinserción de personas penadas y del sistema penitenciario de régimen de internamiento.
Como he comentado antes, el convenio firmado en 2011 entre la consejera de Justicia del Gobierno Vasco y la secretaria de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, ha posibilitado que nuestra comunidad autónoma sea la única, a excepción de Cataluña, que gestiona todas las penas y medidas en medio abierto.
Para ello se ha creado el Sistema Vasco de Gestión de Penas. Este servicio apuesta decididamente por la reinserción, con equipos multidisciplinares que aseguran el cumplimiento de penas en medio abierto en colaboración con los juzgados de ejecutorias.
Tengo que resaltar que somos pioneros no solo a nivel estatal sino también en Europa, con programas innovadores, como son el Programa Gakoa de rehabilitación de hombres condenados por delitos de violencia de género, y el Programa de Sensibilización y Concienciación para Delitos contra la Seguridad Vial. En el futuro tenemos previsto estudiar la puesta en marcha de otros programas dirigidos a los delitos de odio, delitos en redes sociales y otros.
Otra experiencia positiva que se ha puesto en práctica en nuestra comunidad es que las medidas de seguridad para personas con patologías psiquiátricas se cumplen, gracias a la colaboración del servicio vasco de gestión de penas, con los jueces de ejecutorias y Osakidetza, decía que se cumplen en centros psiquiátricos, civiles y en Aita Menni, evitando su ingreso en psiquiátricos penitenciarios. El éxito estriba en que se consigue una tasa de reinserción de casi el 100 %.
La realidad ha convertido al Servicio Vasco de Gestión de Penas en una herramienta fundamental, con una dedicación profesional impecable, pero con cierto nivel de saturación. En 2018 han sido atendidas por el servicio 4.966 personas, 569 mujeres, el 11,6 % y 4.397 hombres, el 88,54 %. Conscientes de esta situación, en el Departamento se está elaborando un nuevo pliego para el concurso que adjudicará el nuevo contrato y que posibilitará pasar de 25 a 40 personas que integran el servicio, con un incremento presupuestaria para 2019 de casi 1 millón de euros.
La atención a personas penadas que han alcanzado del régimen de semilibertad es otra de las prioridades. En Euskadi existe una red de entidades del tercer sector agrupadas en la Red ESEN, Espetxe Sarea Euskadi-Nafarroa, muy profesionalizada y competentem que trabajan con la reinserción de personas penadas.
La Dirección de Justicia, del Departamento de Trabajo y Justicia, convoca anualmente subvenciones a las que acceden las entidades del tercer sector para realizar diversas actividades con las personas presas en régimen de semilibertad, como son salidas programadas y campos de trabajo, recursos residenciales y de alojamiento, recursos de deshabituación para personas drogodependientes, centros de formación y capacitación, centros de orientación y acompañamiento para el empleo.
A estas actividades tienen acceso las 312 personas, 285 hombres y 27 mujeres, que a finales de 2018 estaban en régimen de semilibertad.
El último elemento de análisis de la situación actual, es el régimen penitenciario de internamiento.
A diciembre de 2018, la población reclusa en los tres centros penitenciarios de la comunidad autónoma, contando quienes están en la secciones abiertas, quienes están penadas en régimen de internamiento y quienes están en prisión preventiva, son 1.314 personas, 1.191 hombres y 123 mujeres, lo que da como resultado una tasa penitenciaria de aproximadamente 60 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes.
La plantilla que presta servicio en estos centros, es de aproximadamente 600 personas, entre funcionarios y funcionarias y personal laboral.
Quiero agradecer a todos y todas ellas su compromiso por conseguir la reinserción social de las personas que han delinquido, labor extraordinaria, aunque la han tenido que desarrollar en situación de desprecio y acoso, y arriesgando su vida. Un recuerdo y reconocimiento especial para los funcionarios que fueron víctimas de secuestro y asesinato.
El centro penitenciario de Araba es la cárcel de cumplimiento para personas penadas, mientras que las de Basauri y Martutene son centros destinados principalmente a personas en situación de prisión preventiva.
Hay que resaltar que ninguna de estas tres prisiones está concebida para presos clasificados en primer grado de cumplimiento del régimen penitenciario.
Es preciso apuntar que existe un proyecto de construcción de un nuevo centro penitenciario de Zubieta, Gipuzkoa, que sin duda tendrá unas condiciones más adecuadas que las del actual centro de Martutene, que lógicamente seria cerrado.
También está previsto que junto al centro penitenciario de Zubieta se ubique un centro de inserción social, el primero con el que se contará en la comunidad autónoma.
Señorías, la reflexión que estamos haciendo en el Departamento parte, entre otras cosas, dela experiencia desarrollada vía acuerdo entre la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma vasca, y de un consenso básico sobre la orientación que se quiere dar a la gestión penitenciaria.
Estos antecedentes, junto el análisis de experiencias internacionales de éxitos en la reducción de la criminalidad, permiten determinar con claridad los principios sobre los que actuar a la búsqueda de los objetivos señalados.
También, y salvando las distancias, nuestro sistema de justicia juvenil es una enriquecedora experiencia que nos aportará a la hora de construir el modelo que pretendemos.
Son seis los principios en los que basaremos nuestro modelo, de los cuales les puedo adelantar algunos aspectos a modo de resumen.
El primero es el principio de dignidad de las personas, que incluye no solo a las personas penadas, sino también a las víctimas y a las personas allegadas de ambas. De él se derivan el principio de humanidad de las penas y el principio de intervención mínima: El de humanidad debe garantizar unas condiciones suficientes de habitabilidad en las prisiones y el mantenimiento de los vínculos sociales de las personas reclusas; el de intervención mínima, implica que debe evitarse en lo posible el carácter sancionador en las respuestas a conductas dañosas.
El segundo principio en el que basaremos nuestro modelo es el de reducción del uso de prisión. El sistema debe ofrecer a los jueces las herramientas que faciliten el cumplimiento de este principio. No obstante, la aplicación efectiva del mismo implica un fuerte trabajo pedagógico con la sociedad.
Otro principio es el de resocialización en el ámbito comunitario. El modelo que aquí se propone, supone una gran presencia de los servicios públicos ordinarios en el conjunto de las relaciones penitenciarias, lo que intensifica de modo notable el criterio de normalización y orientación a la comunidad; la comunidad debe participar en la articulación de las políticas de ejecución penal, tanto dentro de los centros penitenciarios, como en los procesos de resocialización en el exterior.
Además, este principio conlleva a insistir en la necesidad de que la prisión se habrá al exterior y permita que la vida exterior incida más en la vida de dentro, ampliando las posibilidades de contactos y programas con organizaciones sociales y garantizando los medios para que las personas penadas se rehabiliten.
La incorporación de la perspectiva de género es otro principio que asumiremos en el modelo. La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres tienen muchos ámbitos en los que trabajar, que tienen diversas condiciones y características.
La Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, aprobada por el Parlamento Vasco el 18 de febrero, y la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, son referentes normativos que obligan a toda organización administrativa a aplicar el enfoque de género en sus relaciones internas y con la ciudadanía.
La misma situación de la mujer en prisión y el elevado carácter patriarcal de la misma dificulta en la aplicación de estos principios y normas. Por ello, nuestro modelo deberá poner especial atención a las actuaciones dirigidas a las mujeres penadas, así como procurar la adecuada formación en materia de género del personal que las atiende.
El quinto principio es el de incorporación de perspectivas restaurativa. Se trata de equilibrar los conceptos de reparación, responsabilización y participación de las personas afectadas como aspecto trasversal a todo el modelo de ejecución penal.
La participación de víctima, victimario y comunidad es una de las claves del modelo restaurativo que propugnamos; es un modelo que estamos aplicando en el marco de nuestras competencias y que ampliaremos al nuevo contexto una vez ejecutada la transferencia.
El sexto y último principio es el de la integración de políticas públicas, es un principio imprescindible para el cumplimiento de los anteriores. Supone integrar la coordinación de los diferentes servicios públicos prestados por las diferentes instituciones, departamentos del Gobierno Vasco implicados, diputaciones, ayuntamientos, Administración de Justicia, colegios de la abogacía, etcétera y otros agentes sociales para la ejecución de las penas y la consecución de la reinserción social.
Pero paso ahora a describirles lo que consideramos deben ser los objetivos estratégicos que se debe proponer nuestro modelo penitenciario. Partimos de la base de que el recurso al encarcelamiento en prisiones debe ser la opción extrema y que debe ser utilizada solo en los casos en los que no exista otra alternativa. Es un error pensar que la severidad de las penas y el ingreso en prisión reducen la criminalidad, la inseguridad y la reincidencia delictiva.
Por el contrario, pensamos que crear servicios preventivos y de reinserción son inversiones que ayudan a crear una sociedad más segura e integrada. Nuestra propia legislación y las recomendaciones europeas nos inducen a transitar ese camino. Tenemos referentes internacionales, como el caso de Finlandia, que mediante políticas consensuadas y mantenidas a lo largo del tiempo han logrado reducir sustancialmente la tasa penitenciaria y la reincidencia. Para ello, se han utilizado medidas alternativas a la prisión y se ha contado con los servicios públicos adecuados.
El primer objetivo estratégico que nos planteamos es conseguir que la tasa de personas encarceladas se sitúe por debajo de 40 por cada 100.000 habitantes. Frente a este objetivo, la primera consideración que debemos tener en cuenta es que la ratio presos habitantes depende del Código Penal y de las sentencias que dicten las y los jueces.
Quienes vamos a gestionar los centros penitenciarios y, sobre todo, las penas y medidas en medio abierto y en semilibertad, debemos procurar unos medios y un sistema integral de reinserción que dé garantías a los jueces para dictar medidas en medio abierto.
En cualquier caso, una tasa penitenciaria como la propuesta habrá de lograrse de manera progresiva. Los datos a diciembre de 2018 nos dicen que la comunidad autónoma casi en 28 % de la población penada están en el tratamiento de tercer grado, mientras que en 2003 era del 11 %. Esta evolución ha sido posible gracias a la potente red de reinserción vasca, algo que vamos a tratar de fortalecer.
El segundo objetivo estratégico que nos marcamos es que al menos el 40 % de las personas encarceladas se encuentren en régimen abierto. La apuesta por los regímenes abiertos es claramente coherente con la legislación española y con las recomendaciones europeas. Estas tienen una clara orientación resocializadora y establecen el principio de individualización de la ejecución de las penas de prisión, de forma que cada persona habrá de cumplir la pena en el régimen que sea más beneficioso para su reinserción social.
Una potenciación de los distintos regímenes de...
...a la hora de cumplir la pena en el régimen que sea más beneficioso para su reinserción social.
Una potenciación de los distintos regímenes de cumplimiento abierto, llevará aparejada un aumento del número de personas que terminan su condena en libertad condicional, lo cual, según los distintos análisis realizados, contribuirá a la reducción de la tasa penitenciaria y de la reincidencia.
Diferentes estudios han corroborado que las personas que acaban su condena en libertad condicional, tienen una reincidencia del 15,7 %, mientras que las que no acceden a este régimen, reinciden un 51 %.
El último objetivo estratégico es conseguir que la reincidencia de las personas penadas sea menor del 30 %.
Ya he comentado los beneficios que conlleva para la no reincidencia el régimen abierto, para lograr esta situación hay que trabajar en dos líneas. Por una parte, fortaleciendo la red de reinserción vasca, y en Euskadi contamos con un tercer sector con dilatada experiencia y comprometido con la reinserción social; y por otra, construyendo un sistema de régimen penitenciario de internamiento que trabaje con las personas internas de manera intensiva, desde el momento de su estancia en el centro penitenciario, ayudándoles a lograr situarse en condiciones de acabar su condena en régimen abierto y en libertad condicional.
Para la consecución de estos objetivos, vamos a trabajar de forma integral en tres ejes a la vez: Potenciar las penas y medidas en medio abierto, construir una red de reinserción vasca y orientar el internamiento penitenciario a la reinserción.
Estas tres líneas se complementan en la medida que las personas que serán objeto de la gestión penitenciaria, puedan estar en unos u otros regímenes de privación o limitación de libertad.
Para una política eficaz, se señalan como herramientas a desarrollar dentro de nuestro ámbito competencial las siguientes: Primera. Acompañamiento individualizado con especial atención a las situaciones específicas de salud mental, adicciones y extranjería, pudiéndose incluir otras circunstancias que requieran un abordaje especializado, sin olvidar la perspectiva transversal de género.
También destacar dos actuaciones que tienen que ver con el tratamiento individualizado. Por un parte, el abordaje de las situaciones de salud mental. Los datos con los que contamos nos dicen que el 50 % de la población reclusa tiene problemas psicológicos y el 10 % enfermedades psiquiátricas.
Vamos a proponer programas de tratamiento psicológico y psiquiátrico específicos dentro de prisión, de manera que podamos facilitar el acceso de estar personas a la situación de tercer grado y a las actividades en medio abierto.
La otra situación que nos preocupa especialmente es el de las madres con hijos menores de tres años que se encuentran en prisión. Consideramos que hay que utilizar las posibilidades que contempla el Reglamento Penitenciario, para crear unidades dependientes en las que puedan convivir las madres con sus hijos e hijas.
También potenciaremos estas unidades dependientes para jóvenes y drogodependientes.
La segunda herramienta será la planificación de los recursos materiales y humanos que permitan ese tratamiento individualizado.
La tercera, formación del personal para que su labor se reoriente hacia la resocialización del penado, con especial atención a la formación con perspectiva de género.
La cuarta, sería la coordinación institucional. La orientación resocializadora requiere de la prestación de servicios públicos como ya se está realizando, la mayor coordinación de las áreas de justicia, salud, educación, trabajo, empleo, servicios sociales y seguridad, así como de todos los niveles institucionales, desde ayuntamientos a diputaciones, Gobierno Vasco y poder judicial y Fiscalía.
La quinta sería la integración del tercer sector dentro de la red de reinserción.
La sexta, la potenciación de los servicios de cooperación con la justicia, potenciación del servicio de justicia restaurativa junto al de atención a víctimas y, especialmente, el Servicio Vasco de Gestión de Penas que estamos redimensionando para que actúen de forma coordinada, para que evalúen las posibilidades de que una persona condenada pueda cumplir su pena en medio abierto antes de entrar en prisión y ofrecer dicha evaluación al tribunal para que pueda decidir formas de ejecución de condena más efectivas para la reinserción, que no supongan pena de privación de libertad cuando lo permita la legislación vigente.
De este modo queremos impulsar de forma más generalizada la aplicación de los trabajos en beneficio de la comunidad y las sustituciones de condena por tratamientos específicos, como pueden ser los de salud mental o de deshabituación de drogas.
Voy acabando, señorías. Les he dado cuenta de las líneas generales que queremos aplicar una vez se haga firme la transferencia de los centros penitenciarios.
Como les he dicho al principio, estos  son nuestros propósitos: Qué queremos hacer con la transferencia, ¿tenemos claro para qué la queremos? Fundamentalmente para mejorar y avanzar en la línea que nos marca la Constitución, la legalidad vigente y las directrices europeas. Es decir, para reforzar el carácter resocializador de la prisión.
Nuestro enfoque va dirigido a las personas, a quienes han delinquido, a sus víctimas, a las personas del ámbito público del tercer sector que son clave en esta labor y a la sociedad en general, para que puedan valorar que una política rehabilitadora es una inversión encaminada a conseguir una sociedad mejor, más integrada y más segura.
Espero que concluyan con éxito este debate y que lleguen a acuerdos que nos permitan enriquecer el modelo. Por lo que he escuchado hasta ahora, creo que coincidimos en bastantes puntos, por eso les pido que nos centremos en lo que nos une.
En el Departamento de Trabajo y Justicia estamos plenamente convencidos de que un modelo como el que defendemos requiere de amplios consensos políticos, consensos que le permiten trascender en el tiempo y a las diferentes condiciones de gobernabilidad que puedan darse.
Por nuestra parte vamos a seguir profundizando y trabajando en la línea que hoy les he relatado, y espero que a la mayor brevedad posible pueda aportarles un documento elaborado y firme que estará abierto a nuevas aportaciones.
Eskerrik asko.