HERNÁNDEZ HIDALGO (EP, 2017-11-09):
Bien. Egun on de nuevo.
Desde mi grupo, habíamos registrado esta proposición de ley porque creíamos que es el momento oportuno y que ahora se daban las condiciones para que este Parlamento, como institución democrática que es, cumpliese con una  - en nuestra opinión -  obligación moral e histórica con respecto a las víctimas de las injusticias de la dictadura franquista.
Pensábamos que la ley que podía ver la luz tras este procedimiento cumplía, como decía, un papel histórico y que era obligación de este Parlamento impulsarla por varias cuestiones, pero entre ellas porque si nosotras y nosotros estamos hoy aquí y podemos defender nuestras ideas ante los otros grupos en esta Cámara, es en buena medida gracias a las miles y cientos de miles de mujeres y hombres que sufrieron aquella injusticia que intentamos reparar jurídicamente.
Como ustedes saben, en 1936 un golpe militar de corte fascista contra la Segunda República Española desencadenó una cruenta Guerra Civil que duró hasta el año 1939.
Con posterioridad, y tras el triunfo del bando franquista sobre la legalidad vigente representada por la Constitución de 1931 y el Estatuto de Autonomía de 1936, se impuso una dictadura durante casi cuatro décadas que devino en masivas, sistemáticas y graves violaciones de derechos humanos.
Estas violaciones de derechos humanos  - también de derechos civiles y políticos -  formaron parte de una política planificada y consciente de represión para acabar con toda forma de oposición, resistencia, disidencia o, simplemente, de no afinidad con el régimen impuesto.
Así, cientos de miles de personas en el Estado y en Euskadi fueron perseguidas por su filiación política o sindical, por sus ideas, por sus creencias, por su idioma o por otras opciones personales como, por ejemplo, su sexualidad.
En gran medida estas violaciones de derechos humanos se realizaron a través de las propias instituciones del Estado, no solo, pero también de las instituciones del Estado. En particular, de tribunales y consejos de guerra.
De hecho, la represión se llevó a cabo tanto durante la guerra como en las zonas ocupadas con posterioridad una vez terminado el conflicto.
Buena parte de esta represión se realizó siguiendo bandos de guerra decretos y leyes que emanaban directamente del nuevo poder constituido poder ilegítimo, poder ilegal, en los que los delitos tipificados, los procedimientos seguidos y las garantías procesales contravenían los derechos y libertades consagradas por el más elemental sentido de la dignidad humana, el derecho natural, las convicciones de Ginebra o con posterioridad la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
En Euskadi, la aplicación de esta nueva legalidad ilegítima recayó en la Auditoría de Guerra del Ejército de ocupación llamada posteriormente Auditoría de Guerra de las VI Región Militar. A pesar de que a nivel estatal se promulgó la Ley 52/2017, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica  - la conocida Ley de Memoria Histórica - , estos procedimientos sanciones y condenas del franquismo no se declararon nulas a pesar de ser una de las reivindicaciones históricas de las víctimas y de los colectivos y asociaciones memorialistas.
Teniendo así mismo en cuenta lo requerimientos formulados por los poderes públicos tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Consejo de Derechos Humanos en el que señalaba que hay que identificar mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales de derecho y del debido proceso durante la guerra civil y el franquismo.
Se constata por lo tanto en nuestra opinión, la necesidad de avanzar decididamente en este ámbito. En el actual contexto democrático, el restablecimiento de la dignidad de las víctimas es un camino para la verdad, para la justicia, para la reparación y para las garantías de no repetición.
Por este motivo, esta ley de conformidad con el ordenamiento jurídico, declararía la ilegalidad de los tribunales de los procedimientos y los consejos de guerra instruidos en el País Vasco desde el 18 de julio de 1936 hasta diciembre de 1978 por la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de Guerra de la VI Región Militar.
La nulidad de origen de los procedimientos y de las resoluciones, sentencias, condenas y sanciones que emanan como actuaciones de echo y no jurisdiccionales que fueron y declaran legalmente su ilegitimidad no debe comportar ningún problema para que la ley constate y declare la nulidad de aquellos hechos y busque también  - que es lo que propone esta ley -  establecer un mecanismo administrativo ágil para obtener certificación individualizada de esta circunstancia que la ley constataría y declararía.
Dado que los procesos y resoluciones dictadas por los tribunales militares fueron públicos para hacer efectivo el valor reparatorio, esta ley habilitaría a Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos para que elabore y publique una lista de procesos y sentencias.
Creemos que ha llegado el momento de asumir la responsabilidad histórica ante las víctimas de aquellos procesos, reparando los abusos cometidos por el régimen franquista contra la legalidad judicial y procedimental, y haciendo las reparaciones exigidas por las personas represaliadas, la sociedad vasca y las instancias internacionales.
Nosotros registramos esta proposición de ley absolutamente convencidos como, decía al principio, de que se daban las condiciones para que saliera adelante y para que esta Cámara hoy tomara en consideración la iniciativa. La hacíamos además por este procedimiento, para permitir que la ley pudiera ser mejorada  - si es que puede ser mejorada -  con las aportaciones y enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios.
Y lo hacíamos convencidos de esto, porque pensamos que en la pluralidad ideológica que hay en esta Cámara hay mayoría suficientes, e incluso diría que podría haber habido unanimidad para sacar adelante esta proposición de ley basándonos en los últimos hechos que han pasado recientemente y que ustedes conocen.
Pensamos que quizás no hay una discrepancia de fondo y por eso lamentamos profundamente que hoy esta proposición de ley no vaya a cumplir el primer trámite necesario. Creemos y así lo decimos, que es un tremendo error la opinión emitida por el Gobierno Vasco en cuanto a que lo que proponemos excede las competencias de la comunidad autónoma.
Pensamos sinceramente...
...por el Gobierno Vasco en cuanto a lo que proponemos excede de las competencias de la Comunidad Autónoma.
Pensamos sinceramente que no han tratado la cuestión con suficiente rigor y, desde luego, sin ningún entusiasmo. Creemos que hay razones de sobra para pensar que esta ley no excede las competencias de la Comunidad Autónoma. Y además lo constatamos en los hechos.
Como ustedes saben, en el Parlamento catalán se aprobó hace ya unos meses una ley muy similar a esta, tan similar que mi grupo cuando registró esta proposición, básicamente lo que hizo fue trasladar aquella ley adaptándola al País Vasco.
Y esto no es casual, esto es porque aquella ley no era cualquier ley, ni había surgido de cualquier forma. Aquella ley fue aprobada en el Parlamento catalán después de un proceso de trabajo colectivo de todos los grupos parlamentarios en aquella Cámara, un proceso donde todos los grupos estuvieron pendientes y preocupados de evitar que esa ley pudiera ser recurrida por excesos competenciales. Y eso motivó que finalmente aquella ley fuese aprobada, una Ley de reparación jurídica de las víctimas de la dictadura franquista fuese aprobada por todos los grupos de la Cámara catalana, incluido el Partido Popular y Ciudadanos.
Una ley que fue aprobada por todos los grupos, que ningún partido político con representación en aquella Cámara ni en el Congreso de los Diputados ha impugnado en el Tribunal Constitucional, una ley que ningún fiscal ha impugnado ante el Tribunal Constitucional.
Para nosotros eso son garantías suficientes, como mínimo, como mínimo para ser valientes, iniciar el trámite, porque además lo traemos por un procedimiento en el que la ley final puede ser diferente a la proposición inicial que nosotros traemos. Y por eso no entendemos el miedo, las reservas y la negación que hoy puede haber a que iniciemos los trámites para esta ley.
La ley catalana hoy en día está en vigor, está en vigor y nadie la recurre. Y esa es la mejor prueba de que se puede hacer. Y hoy creo que este Parlamento desgraciadamente por lo que me trasladan los grupos parlamentarios, algunos de ellos, no va a ser valiente y no se va a atrever con una cuestión que es, como decía, un deber histórico y moral para nosotras y nosotros.
La ley que ya está aprobada en Cataluña y que nosotros queríamos que viera la luz aquí, ya ha empezado a dar resultados para la gente, para las víctimas. Ya se han expedido los primeros certificados que les reconocen como víctimas y reconocen su reparación jurídica.
Permítame brevemente. La primera persona que recibió esta certificación fue el periodista Josep Maria Huertas Clavería, un referente periodístico local y vecinal de Barcelona, sometido a un consejo de guerra sumarísimo julio de 1975 por haber publicado un artículo titulado "Vida erótica subterránea". Su viuda decía que era evidente que los tribunales habían actuado contra la legalidad y habían vulnerado el derecho a un juicio justo.
Yo lamento muchísimo que no haya habido voluntad y no solo eso, que haya habido en mi opinión, otras cuestiones, incluso cobardía a la hora de ser valientes e iniciar el trámite que, como digo, podía haber sido modificado en la proposición de ley en el procedimiento.
Lo lamento muchísimo, porque hay miles de vascas y vascos y personas del conjunto del Estado que están esperando hace mucho tiempo iniciativas y leyes como esta.
Tendríamos la lista más adelante si la ley saliera adelante, pero hoy no podemos tener ese listado de víctimas. Pero a mí me gustaría hoy poner cara a una persona muy especial, que no tiene especial relevancia o mayor relevancia con respecto a otras víctimas de la dictadura, pero que hoy está aquí mi buen amigo Miguel Usabiaga, esta persona es su padre, que es Marcelo Usabiaga, quizá alguno de ustedes le conozcan.
Él ya no va a poder ver en vida los resultado de esa ley, si hubiera salido adelante, porque falleció desgraciadamente hace dos años, pero yo estoy seguro que su viuda Bittori y que su hijo Miguel, y con ellos cientos de miles de personas en el conjunto del Estado y también en Euskadi estarían de acuerdo en que hoy deberíamos haber sido valientes y habernos atrevido a superar posibles dudas, porque, como digo, hay argumentos de sobra para estar convencidos de que nadie iba a recurrir esta ley, tal y como ha pasado en Cataluña.
Marcelo fue condenado en abril de 1939, además por unos hechos que no cometió, como certificó la monja que le atendía por estar herido en la Cruz Roja de Irún mientras se desarrollaron los hechos de los que se le acusaba. Aun con ello, fue condenado a 30 años de prisión. Tuvo una vida dura, en la que estuvo en prisiones, en campos de concentración también en Francia, se escapó de prisiones, fue nuevamente condenado y en total pasó más de 21 años en las prisiones de Franco.
Este ciudadano, hernaniarra, perdón irundarra como se consideraba él, es uno más. Son miles los que esperan una ley como esta y creo que no van a entender que no seamos valientes y que no nos atrevamos a enfrentarnos a dudas jurídicas que no se sostienen.
Marcelo fue simplemente condenado a una vida de prisión por tener un carnet como este  - es mi carnet del Partido Comunista -  es la única razón por la que una persona tuvo que pasar 21 años de su vida en prisión; pero podía haber sido este carnet, podía haber sido un carnet de la CNT, de la UGT, de ANV, del Partido Nacionalista Vasco, desde luego, y del Partido Socialista.
Y yo la verdad es que lamento muchísimo, porque creo que no hay argumentos suficientes para que no iniciemos los trámites de esta proposición de ley. De verdad que lo lamento muchísimos y creíamos, por un momento además, que iba a poder ver la luz. Creo que hubiéramos sido valientes, aunque haya un criterio desfavorable del Gobierno, porque no pasa nada, los gobiernos también se equivocan.
Y creo que hoy tocaba ser valientes y haber hecho lo que ya han hecho en otros sitios, y lo que no puede ser impugnado porque es un deber moral, histórico y que tiene que haber acuerdo entre todos los partidos políticos. Si queremos de verdad poner en valor lo que llamamos democracia, tenemos que resolver ya este tipo de cuestiones.
Eskerrik asko.