MACAZAGA SÁENZ (EP, 2017-06-08):
Bai, mila esker mahaiburu andereak, legebiltzarkideok.
Llevamos varias semanas debatiendo, intercambiando opiniones entre los distintos grupos parlamentarios en relación a la temática de hoy, y nuevamente tratamos en este pleno ordinario, esto es la situación del transporte escolar en los entornos rurales.
Por un lado, en el pasado pleno de control ya preguntamos a la consejera de Educación en relación a la problemática de Aldaialde en Vitoria, quien aludía su denegación porque no era enseñanza obligatoria.
Por otro lado, este mismo martes hemos tenido la oportunidad de escuchar en la Comisión de Educación a AMPA de los institutos de Aniturri y Samaniego, que nos explicaron los problemas que tienen con el transporte escolar una vez finalizada la educación obligatoria. Y además, la misma iniciativa que hoy tratamos se debatió en el pleno de Juntas Generales de Álava el pasado 31 de mayo.
Es decir, existen motivos para actuar, y ya hemos tenido diversas ocasiones para conocer los distintos posicionamiento de las distintas fuerzas políticas aquí representadas.
En Araba existe el dicho "Siete cuadrillas hacen a Álava una", "Zazpi taldeek, Araba bat". El territorio está dividido en siete cuadrillas y 487 juntas administrativas. De todos es conocido y yo misma al ser alavesa conozco de primera mano muchos de los problemas que existe en Araba en relación al transporte escolar, que existe una gran diferencia entre las cuadrillas y Vitoria-Gasteiz.
En la capital es donde se concentra la mayor parte de la población del territorio y cuenta con la mayor parte de las infraestructuras para la realización de las actividades de carácter deportivo, cultural y social.
En este sentido, las escuelas vascas tienen la obligación de dar respuesta y solución a las necesidades de las familias, que como en el caso que nos ocupa, una de las principales demandas que hacen es la disposición del denominado servicio de transporte escolar, sobre todo quienes viven en zonas rurales.
Si bien es importante matizar que estos servicios escolares no deben considerarse como meramente asistenciales, sino también como espacios y tiempos educativos.
Por lo general este tipo de servicios escolares los presta al alumnado personal ajeno al centro educativo, y su función es la de complementar la actividad escolar que la escuela debe organizar.
Es evidente que este tipo de servicio son necesario para responder a las nuevas necesidades sociales generadas por los cambios en el funcionamiento de la sociedad y de los nuevos modelos familiares. Hoy en día la incompatibilidad de los horarios laborales y escolares o la transformación de las estructuras familiares, ha provocado cambios en el reparto y la asignación de las tareas dentro del grupo familiar.
Unido a esto, la movilidad laboral hace que muchas familias tengan verdaderos problemas a la hora de llevar a sus hijos e hijas al centro público educativo que les corresponde.
A nuestro modo de ver, el servicio de transporte es un servicio subjetivo, equiparable al derecho a la enseñanza gratuita y de calidad y debe cumplir los mismos objetivos que el resto de servicios escolares.
Desde el punto de vista educativo, facilitar la formación integral y hacer más realizable el acceso a la escuela de todo el alumnado y sobre todo del más desfavorecido. Universalizar el servicio estableciendo las medidas que garanticen el acceso a todo el alumnado que lo solicite; facilitar la conciliación laboral y familiar dada la incompatibilidad que se produce habitualmente entre los horarios laborales y escolares como ya hemos dicho con anterioridad.
Ciertamente es responsabilidad de la Administración educativa garantizar el transporte escolar a todo el alumnado que lo necesite, total o parcialmente a través de ayudas o becas. Por ello, el Decreto 69/2015 del 19 de mayo sobre el Transporte Escolar del Alumnado de los Centros Docentes Públicos no Universitarios de la Comunidad Autónoma vasca, establece en su Capítulo II los requisitos necesarios para tener...
...del alumnado, de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma vasca establece en su capítulo segundo los requisitos necesarios para tener derecho al transporte escolar; entre ellos recoge que los requisitos de distancia serán que el centro docente se encuentra en una distancia igual o superior a dos kilómetros desde su domicilio en el caso de alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, a una distancia superior a cuatro kilómetros desde su domicilio en el caso de los alumnados de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
Así mismo, la delegación territorial de Educación establecerá el mecanismo oportuno para garantizar el traslado en condiciones de gratuidad a las personas afectadas al centro público que le haya sido asignado; dichas garantías de transporte será única y exclusivamente para el alumnado que acuda a los centros determinados en el mapa escolar.
Las delegaciones territoriales analizarán y aprobarán, en su caso, las propuestas presentadas por los centros y presentarán a los servicios centrales la relación de alumnado con derecho a transporte y con autorización para su uso, con el fin de coordinar y planificar la prestación del servicio.
La comisión solicitará asesoramiento, informes técnicos y dicha comisión propondrá las medidas que estime adecuadas para la mejora del transporte escolar.
Leída la normativa podemos decir que está bien. Sin embargo, a la luz de los problemas y quejas que nos llegan necesariamente debe ser revisada.
La realidad es que nos encontramos con diversas situaciones que no se ajustan a la normativa, pero que teniendo en cuenta que el acceso a la educación pública debería ser gratuito y accesible independientemente de dónde se viva, claramente esta normativa debe ser flexible y debe orientarse a cubrir las necesidades reales y no a cumplir requisitos.
Es por ello que uno de los puntos de la enmienda de la totalidad que presentábamos se centraba en hacer un análisis, contando con la participación de la comunidad educativa de la situación de los centros escolares y el transporte escolar de nuestra Comunidad Autónoma, con el fin de detectar necesidades y dificultades concretas.
Necesidades concretas como pueden ser el caso de Aldaialde o de los institutos Aniturri y Samaniego, pero además nos preocupa que no se cumpla la normativa vigente para garantizar el transporte escolar a las familias cuyo centro escolar de titularidad pública se sitúe a igual o más de dos kilómetros de su residencias o igual o más de cuatro kilómetros.
Es por ello que el segundo punto de nuestra enmienda se centraba en cumplir la normativa vigente y garantizar el transporte escolar a las familias cuyos centros escolares de titularidad pública se sitúe a igual o más de dos kilómetros de sus residencias, un punto que, tras ver las enmiendas de la totalidad inicial de PNV y PSOE, nos ha quedado clara de su necesidad, porque claramente es el Gobierno mismo quien insta a cumplir la normativa, lo cual nos parece evidente.
En definitiva, vemos necesario revisar y adaptar el Decreto 69/2015, pero también pedimos que al menos se cumplan el ahora vigente, algo que el Gobierno también ve necesario.
Sin embargo, vemos que la solución pasa nuevamente por una cuestión de voluntad política, voluntad que se muestra en el presupuesto, es decir, no vale que se apruebe la necesidad de adoptar normativas etcétera y a posterior se recorte en transporte escolar.
En los Presupuestos de 2017 de Gobierno Vasco aprobados se recortó la inversión de la partida de transporte escolar y acompañantes un 3,5 % y la respuesta del Gobierno a este recorte fue  - cito literalmente -  "se trata de un ajuste de ejecución". Y nosotros decimos, ¿y por qué no se dan estos ajustes en las partidas de altos cargos?
El sistema educativo vasco para que sea de calidad necesita inversión, necesita recursos y una buena gestión de los mismos, pero, lo más importante, necesita voluntad política.
En la Comisión de Educación del martes la señora Bengoechea expresaba su intención de presentar una enmienda a los presupuestos del 2018 para asegurar el servicio de transporte en los entornos rurales. Estaremos atentas.
Y queriendo aportar, con permiso del señor Sémper, hemos llegado a un acuerdo con todas las fuerzas aquí presentes ,que no voy a reiterar, dado que ya lo ha explicado la señora Bengoechea, y sí resumir que en definitiva, nuestro apoyo total al entorno rural, a la dotación de recursos para el transporte escolar para el alumno de centros de titularidad pública que lo necesite, voluntad política para reforzar la enseñanza pública, y voluntad para revisar la normativa y adaptarla a la realidad.
Es todo. Mila esker.