GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2014-03-13):
Si es un tema muy interesante. Yo no sé por qué se ponen así, señorías.
Bien, esta reforma viene precedida, como les decía, supuestamente por las presiones ejercidas por el gobierno de China para evitar que nuestro país siga adelante con las investigaciones relacionadas con el genocidio en el Tibet y que habían llevado a decretar la orden de detención del ex-presidente chino Jiang Zemin.
Vamos, que volviendo a traducir al esperanto en esta reforma, el 20 % de la deuda pública española en manos chinas y las inversiones millonarias de las empresas transnacionales en ese país, ha pesado más que la defensa de los derechos humanos.
Creo que es importante destacar que como ustedes todos saben y en esta iniciativa recogemos, los socialistas al igual que otros grupos de esta Cámara, no somos contrarios a la posibilidad de actualizar o adaptar a la nueva realidad internacional la legislación referida al principio de jurisdicción universal. De hecho, ya en el año 2009 el gobierno socialista realizó una reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recoger en esta norma la asistencia de jurisdicciones supranacionales y también sobre todo de nuevos tipos y lectivos.
Pero muchas son las diferencias operadas entre la modificación del 2009 del gobierno socialista y la que pretende llevar a cabo el Gobierno del PP. En primer lugar, la reforma del 2009 vino precedida de una reflexión general común y compartida. La nueva realidad internacional que suponía por ejemplo la asistencia de una corte penal internacional a potenciar y que hacía necesaria adaptar una legislación, que tal y como se había venido a indicar por la jurisprudencia, se nos había quedado algo obsoleta. De esta manera se recogió esa exigencia jurisprudencial.
Que nadie me diga luego que el Tribunal Constitucional la anuló, de establecer un principio de conexión con un interés nacional, concretándolo en que la víctima fuera española o que, en su caso, presentó autor de los crímenes se encontraron en España.
Quiero recordar que en este punto estábamos de acuerdo PSE, PNV, PP y CIU tal como se materializó y así consta en las actas de la sesión del 25 de junio del 2009 celebrado en el Congreso de los Diputados.
Asimismo, la reforma del 2009 amplio el catálogo de delitos perseguibles y enjuiciables por los tribunales españoles en virtud del principio de jurisdicción universal. Sin embargo esta reforma del PP, como digo y vuelvo a repetir, no es más que el programa oculto del PP en materia de derechos humanos.
En primer lugar, tal y como se ha denunciado ya, el Partido Popular ha tratado de hacer esta reforma por la puerta de atrás. El abuso de la mayoría absoluta les ha llevado a imponer un procedimiento vía de urgencia y lectura única, que supone tramitar la reforma sin pasar por el debate de las enmiendas en comisión, y lo que es más preocupante, evitando que se pronuncien órganos consultivos como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que en los últimos tiempos y muy a menudo han venido sembrando dudas a cerca de la constitucionalidad de otros proyectos legislativos del Gobierno del señor Rajoy
En segundo lugar, esta reforma impuesta por el PP sólo ha encontrado el único consenso, que es muy importante también esto del consenso, pero teniendo en cuenta que es el de toda la oposición para emitir un rechazo conjunto y a la denuncia de un importante número de líderes sociales e internacionales, así como buena parte de la judicatura española, en fin, yo creo que no merece otra mención.
Y por último, lejos de ser una reforma que amplíe el catálogo de delitos perseguibles, impone tantos límites y condiciones que estrangula en la práctica la posibilidad del ejercicio del principio de jurisdicción universal, especialmente los delitos y violaciones más graves de los derechos humanos.
Sí señorías, porque lo que había sido una reforma dialoga y pactada como la realizada en el 2009 por el Partido Socialista, para simplemente recoger lo que los tribunales en su jurisprudencia nos venían diciendo, eso que les hablaba del principio de conexión, ahora le quieren ustedes imponer unos requisitos de perseguibilidad que hacen en la práctica, inviable la aplicación de la justicia universal, que hacen en la práctica inviable la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles puedan proceder contra los presuntos autores de estos delitos execrables.
No basta señorías, para la mayoría absoluta del PP, con que el presunto culpable se encuentre en España, no basta con que la víctima sea española, se exige la residencia habitual en el caso de que el presunto autor no tenga nacionalidad española y además, exigen el requisito que escapa a cualquier posibilidad de competencia del Estado español, de las autoridades españolas, que es que se haya denegado una orden de extradición contra la persona contra la que se quiere proceder.
Y si esta reforma es terrible en todo, hay ejemplos singulares que nos dan una pequeña pista de cómo es. Con la reforma del Partido Popular para perseguir los delitos de violencia, de abuso sexual, de mutilación genital femenina, de pederastia, de abuso sexuales de menores y (...) presunto autor se encuentre en España. Tampoco será suficiente la nacionalidad española de la víctima o que resida habitualmente en España. Ahora se necesita una querella.
¿Cómo se detectan? ¿Cómo se detectan las mutilaciones genitales en España efectuadas a una menor por sus padres o familiares? ¿Va ir la menos después de ser víctima de una violación a denunciar a un juzgado? Se detectan siempre, como todos ustedes sabe y el sentido común lo dice, por revisiones médicas, de modo y manera, que de esta manera, exigiendo la interposición de una querella, se está limitando, se está perjudicando de manera absoluta la posibilidad de perseguir en España este tipo de delitos.
Y para colmo esa Disposición Adicional, esa Disposición Adicional que supondrá que todos los procedimientos abiertos en España en virtud de la jurisdicción internacional, se sobresean de manera automática.
En resumen, asesinato del cámara de televisión José Couso en Iraq sobreseído. Vuelos de la CIA sobreseídos, genocidio en Ruanda, sobreseído, masacres en el Tibet, sobreseído, asesinatos de Carmelo Soria e Ignacio Ellacuría sobreseído, casos de atropello de los derechos humanos a activistas saharauis sobreseído. Todo sobreseído, todo. Sobreseimiento que como ustedes saben, aunque sea provisional, al final acaba siendo automático.
Luego vendrán a reclamar declaraciones institucionales. La vía está en hacer las cosas bien y en hacer las tramitaciones legales como deben ser.
La reforma que va a realizar el Partido Popular, en definitiva, estrangula en la práctica la posibilidad del ejercicio del principio de jurisdicción universal, especialmente, en los delitos y violaciones más graves de los derechos humanos. Elimina la jurisdicción universal en pro de la impunidad de terribles crímenes contra la humanidad y es una muestra más de que al final el Partido Popular siempre tiene un programa oculto que es mucho mejor dar o prevenir o prever, aquello que hablábamos muchas veces de la profilaxis.
Señores del Partido Popular, señorías, el Gobierno del Partido Popular está certificando la defunción de la justicia con mayúscula. Está certificando la defunción de la jurisdicción universal, de la tutela judicial efectiva, de los derechos de los ciudadanos a la reparación, a la memoria, a la defensa de los derechos humanos, y debe ser por eso, y por tanta certificación, por la que están encantados y quieren privatizar el Registro Civil, pero lo cierto –ironías a parte– es que estas cosas no se pueden permitir, y por eso los socialistas hemos presentado esta proposición no de ley para su trámite urgente.
Siempre hemos entendido los...
...no se pueden permitir. Y por eso los Socialistas hemos presentado esta proposición no de ley para su trámite urgente.
Siempre hemos entendido los Socialistas que la justicia uno de esos principios inspiradores de las personas decentes y, por tanto, también de las sociedades decentes.
Y hemos presentado una proposición no de ley en cuyo tenor inicial pedíamos una cosa que consideramos que es muy importante. No solamente manifestar rechazo, oposición, sino instar, solicitar de aquellas personas legitimadas por el artículo 32 de la Ley Orgánica de Tribunal Constitucional a que presenten el recurso de inconstitucionalidad.
No ha sido posible, no sé por qué razón, fundamentalmente, porque es una medida, la única al final que se va a aprobar de carácter ejecutivo, que nos parece muy importante.
Bien, como digo –y voy terminando–, no queremos decapitar, no queremos que se permita decapitar a la justicia, no queremos la desprotección universal de estos derechos humanos que van a desaparecer, su protección va a desaparecer, su protección judicial, por lo menos en España.
Y por eso, señorías, en nombre de la decencia y, sobre todo, de la propia justicia, les invitamos a que apoyen la enmienda transaccional que al final firmaremos, entiendo, por lo menos tres grupos que consta que van a formar la mayoría de este Parlamento.
Muchas gracias.