UNZALU HERMOSA (PSE-EE, 2016-03-18):
Eskerrik asko, legebiltzar-buru anderea. Sailburu anderea, sailburu jauna, eguerdi on guztioi eta ongi etorri suhiltzaileen ordezkariari.
Señora consejera, antes de exponerle las razones por las que creemos que su Departamento debe atender la demanda de los profesionales y de sus representantes sindicales, quiero decirle que nuestra actitud  - la actitud de los Socialistas -  es positiva, que nosotros queremos que haya una ley de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos.
Queremos pero queremos que sea una ley consensuada, que integre y que no divida a los agentes. Queremos que la ley tenga proyección a largo plazo, que sirva para mejorar un servicio público que nosotros consideramos fundamental y, para ello, se necesita el concurso de los profesionales, de la sociedad y también del conjunto de sensibilidades políticas de esta Cámara.
Llegamos a esta interpelación después de haber intentado por otras vías manifestar nuestras discrepancias con este proyecto de ley, el que ustedes enviaron a esta Cámara. Nuestra discrepancia con el proyecto es tal  - se lo aseguro -  que no tenga duda de que emplearemos todas las herramientas a nuestro alcance, incluida la enmienda de totalidad si llega el caso para obligarles a que reflexionen y reconsideren su postura al respecto de este proyecto.
Por eso, les estamos diciendo que utilicen su potestad para retirar el proyecto como lo han hecho en otras ocasiones, y no hace mucho tiempo, y no pasen por el trago de que sea esta Cámara quien les devuelva el proyecto.
Les instamos a reconsiderar tanto el procedimiento de elaboración del proyecto como el contenido del mismo. En primer lugar, le voy a hablar de lo que nosotros consideramos que ha sido un procedimiento fallido.
En las diversas comparecencias, como ya se ha dicho antes, que realizaron tanto los representantes de los trabajadores de los servicios de extinción de incendios como los portavoces de una plataforma ciudadana, hubo un denominador común en todas ellas. Todos sin excepción se consideraban relegados, todos pensaban que no se habían establecido los cauces idóneos para poder manifestar sus opiniones y aportaciones al citado proyecto de ley.
Seguro que usted me responderá que ya existen los cauces establecidos para realizar las aportaciones oportunas, que ya existen en el trámite de audiencia o de información pública esta posibilidad y también me dirá que no todos los comparecientes utilizaron esa vía.
Llegados a este punto, quiero resaltar que quienes hicieron alegaciones expresaron también en esta Cámara que aquellas no había sido tenidas en cuenta a la hora de elaborar el texto que se envió al Parlamento.
Es posible también que usted me conteste que estoy actuando como portavoz de la parte sindical pero, por si acaso, se lo voy a dejar bien claro desde ahora mismo. Nada más lejos de la realidad y se lo voy a explicar, porque no fueron los sindicatos ni fuimos los partidos de la oposición los primeros que enmendamos el proceso adoptado para la elaboración del proyecto.
Como se ha referido también en el anterior intervención, el 29 de abril del 2015, meses antes de que el proyecto fuese remitido a esta Cámara, el Consejo Económico y Social vasco emitió su dictamen sobre el mismo, y en él se decía textualmente: "Se nos suscita, en primer lugar, una cuestión previa relativa al procedimiento seguido en la elaboración del anteproyecto de ley, dada la ausencia de negociación habida con las organizaciones sindicales más representativas de diversas disposiciones relacionadas con las condiciones de empleo del personal de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamento que se contienen en el anteproyecto".
Y más adelante sigue diciendo este dictamen: "Sin que la participación de estas  - se está refiriendo a las organizaciones sindicales -  en el trámite de la audiencia o en el informe del Consejo Económico y Social vasco, o del Consejo Vasco de la Función Pública, pueda suplir la obligatoriedad de la negociación colectiva que la legislación establece y cuya vulneración viciaría de nulidad de pleno derecho a la futura ley".
Es, por todo ello, que solicitamos al Departamento la suspensión de la tramitación del proyecto de ley para la apertura de la negociación e incorporación de los acuerdos que, en su caso, se alcancen en la misma y dar así cumplimiento a la legislación vigente.
Si esto no le convenció en su momento, señora consejera, convénzase de que nuestra postura no se basa ni mucho menos en un seguidismo de posiciones sindicales. Coincidimos, sí, con ellos y coincidimos con el dictamen del CES en que ustedes han elegido un camino erróneo, incumpliendo incluso la legislación vigente como le advierte el propio CES, a la hora de elabora este proyecto de ley.
Le voy a reconocer, no obstante, señora consejera, que ustedes afrontaron un reto importante y necesario como es la elaboración de una ley específica para la regulación de los servicios de extinción y prevención de incendios y salvamento. Pero con todo el respeto, le tengo que decir que, a la hora de evaluar el trabajo realizado, han obtenido un rotundo suspenso.
En la actualidad, las diputaciones y los ayuntamientos de las capitales de los tres territorios históricos gestionan los siete servicios de extinciones existentes en la comunidad autónoma. Que el Gobierno tomara la iniciativa podía suponer a priori una garantía de que por fin se iba a bordar la homogenización y regulación normalizada del funcionamiento de los citados servicios, pero el resultado es realmente negativo.
Por una parte, ustedes reconocen la necesidad de una actuación conjunta y ordenada de los diferentes servicios pero, a renglón seguido, admiten flexibilidad en la aplicación de la norma a las distintas administraciones. Establecen una especie de menú a la carta para que cada titular de servicio elija lo que más le conviene.
Tampoco han aprovechado la ocasión para definir claramente las competencias y funciones de los profesionales de los servicios, tanto en la extinción de incendios como en otras situaciones de emergencia en las cuales tienen que participar. En la redacción de estas funciones se utiliza más el potencial que el imperativo, y esto no es bueno para dejar claras las funciones que deben desarrollar los profesionales.
Por acabar con las consideraciones sobre los contenidos, hay un aspecto sobre el que la ley, hay una práctica unanimidad, como son las referencias que se hacen en el proyecto sobre los bomberos a tiempo parcial y los bomberos voluntarios que, unidas a la no concreción de lo que puede ser la gestión directa que aparece en la ley, generan incertidumbre sobre el aseguramiento del carácter indiscutiblemente público que deben tener los servicios de extinción de incendios y salvamento.
Si además tenemos en cuenta que hoy, como también le han dicho en la anterior portavoz, en varias instituciones están manifestando sobre este asunto y es muy posible que por mayoría también les demanden la retirada del proyecto, creemos que hay razones más suficientes para reconsiderar su postura, dar marcha atrás y negociar con los agentes implicados los aspectos que correspondan de esta ley.
Nadas más y muchas gracias.