HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2015-11-13):
Eskerrik asko legebiltzarburu anderea.
Señor Ruiz de Arbulo, es un hecho que de un tiempo a esta parte la normativa básica del Estado que afecta a la función pública, responde más al propósito de garantizar la estabilidad presupuestaria y contener el gasto público, que al objetivo  - que teóricamente debería ser el suyo -  de establecer el común denominador normativo que asegure una cierta homogeneidad en las condiciones para la gestión de los recurso humanos de las administraciones públicas.
Hay un dato que yo creo que pone clarísimamente de manifiesto que esto que digo es así. Un elevadísimo porcentaje de las normas de estas características, normas básicas del Estado que afectan a la función pública, invoca como título competencial, no el recogido en el punto 18 del artículo 149.1 de la Constitución, el que reconoce al Estado la competencia para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, sino el recogido en el punto 13 de ese mismo precepto, el que habla de las bases y la coordinación de la planificación en general de la actividad económica.
Por lo tanto, las normas más importantes de la función pública, las que marcan el contexto en el que se ha llevado a cabo la gestión de los recursos humanos por parte de las administraciones en los últimos tiempos, medidas como las congelaciones salariales, como la supresión de las pagas extras, las prohibiciones de aportación a EPSV, las tasas de reposición, todas éstas no tienen un fundamento vinculado a la gestión de los recursos humanos, a la mejora en la gestión de los recursos humanos, sino sencillamente un fundamento estrictamente financiero. Son los compromisos, el régimen de gobernanza económica de las administraciones públicas, instituido en el Estado español las que determinan esas reglas.
Es un hecho también que el modelo de gobernanza económica, este modelo de gobernanza económica instituido en el Estado español para las administraciones públicas, que está básicamente recogido en el artículo 135 de la Constitución, tras la reforma del año 2011, y en la Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, subordina radicalmente las gestiones, las políticas de personal de las administraciones públicas, las subordina totalmente a los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Todo lo que puede hacer cualquier Administración pública en el ámbito de su competencia en materia de gestión de personal, todo queda subordinado, como cualquier otra política, al cumplimiento de esos objetivos de estabilidad presupuestaria, inexorables, vinculados con el límite del déficit, con los límites a la deuda, la contención del gasto y la regla de gasto que es la que opera a partir de un momento determinado.
En fin, es un hecho, creo yo también, que el partido al que usted pertenece ha sido un actor fundamental en la configuración de ambos esquemas, tanto en la definición de las normas básicas del Estado que se inspiran en los objetivos de estabilidad económica, como también en la fijación, en el establecimiento de ese modelo de gobernanza económica que limita todas las políticas de personal de las administraciones públicas, sometiéndolas radicalmente al cumplimiento de determinados objetivos de estabilidad presupuestaria.
A nivel estatal, el gran valedor de estos planteamientos políticos ha sido el propio ministro Montoro, ministro de Hacienda y Administración Pública del que se ha venido diciendo que era mucho más de Hacienda que de Administración Pública, porque toda la regulación que ha establecido en el ámbito de la Administración Pública estaba radicalmente subordinada a los criterios y objetivos fijados en el terreno de la hacienda.
Y aquí en Euskadi, el gran valedor ha sido el Grupo Parlamentario Popular, al que usted pertenece, porque desde hace ya muchos años su discurso, siempre en debate presupuestario, habla de la contención del gasto y de una regla fundamental, de no subordinar el gasto corriente a los compromisos de deuda. No se endeuden jamán, no se endeuden jamás para financiar gastos corrientes. Éste es un mensaje, una reivindicación habitual, tradicional, de su grupo parlamentario en los debates presupuestarios aquí en esta Cámara.
Dice usted que el año 2012, por imperativo de la ley, se acordó por parte del Gobierno Vasco suprimir las aportaciones a las pagas extras de las entidades de previsión social voluntaria de los empleados públicos. Es verdad pero no es toda la verdad. Es cierto que la primera medida que adoptó el Gobierno de Rajoy en cuanto se hizo cargo de la responsabilidad de gobernar, la primera medida fue ese Real Decreto Ley al que ha hecho usted referencia, 20/2011 de 30 de diciembre, que entre otras medidas drásticas prohibía rotundamente toda aportación a entidades de previsión social voluntaria por parte de las administraciones públicas.
Una medida, por cierto, que perjudicaba a otras administraciones públicas, no al Gobierno central que no hace aportaciones de este tipo. Éste es el modo en el que ha venido gestionando el Gobierno central las medidas de carácter básico en el ámbito de la función pública, en función de sus propios intereses y su propia realidad, caiga quien caiga y perjudique a quien perjudique.
Le decía que era verdad, pero le decía que no era toda la verdad, porque no es menos cierto que con carácter previo a esa fecha, el Gobierno Vasco ya había sometido a restricciones, las aportaciones a las entidades de previsión social voluntaria, el año 2010, el año 2011. Antes de que se estableciera esa prohibición a la que se refiere usted, ya se habían ajustado las aportaciones a las entidades de previsión social voluntaria.
Y no porque hubiera una prohibición estatal, sino porque había unos objetivos de estabilidad presupuestaria, inexorablemente establecidos a través de ese mecanismo de bonanza económica, impuesto para las administraciones públicas, que lo imponía.
Bien, desde entonces es verdad que el Gobierno Vasco no ha vuelto hacer aportaciones. No hizo el año 2012, no lo hizo el 13. No lo ha hecho el 14 y tampoco lo ha hecho el 15. Pero no lo ha hecho porque esta prohibición se ha mantenido vigente en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado. Si usted se mira, repasa las leyes de Presupuestos Generales del Estado de todos estos últimos años, podrá comprobar que existe una prohibición para hacer esas aportaciones, taxativa.
Es cierto que a partir del año 2014 se modula esa prohibición como consecuencia de una enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados.
Una enmienda que es aceptada solo en parte, porque la condición que impone el Gobierno central para poder aceptar esa enmienda es, que se podrán hacer aportaciones siempre que esas aportaciones no supongan un incremento de la masa salarial. Y en el caso del Gobierno Vasco esas aportaciones suponían siempre un incremento de la masa salarial. Porque no había consignación presupuestaria para ese fin en el Capítulo I.
Por tanto, hacer aportaciones a las EPSV durante los años 14, 15, 13, hubiese supuesto un incremento de la masa salarial en el caso del Gobierno Vasco, porque las aportaciones a EPSV como bien sabe usted, son salario diferido, conceptualmente son salarios que se presupuestan en el Capítulo I. Esto hubiese supuesto automáticamente un recurso por parte de la Abogacía del Estado, que ha seguido muy de cerca todas las medidas que se adoptaban por parte de las administraciones públicas en este ámbito.
Y ha interpuesto no pocos recursos contra las medidas adoptadas por las diferentes administraciones en contra de estas previsiones, incluso aquí en Euskadi, no es el momento de hablar de los recursos que ha interpuesto, pero son muchos.
Claro, usted da por supuesto que de cara al año 2016 hay un cambio normativo. No sé por qué lo da. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en su artículo 19, apartado tercero, reproduce literalmente la norma prohibitiva que viene estando en vigor desde el año 2014. Es decir, las administraciones públicas siguen sin poder hacer aportaciones a entidades de previsión social voluntaria de empleados públicos, si eso supone un incremento de la masa salarial, que es clarísimamente el caso del Gobierno Vasco.
Usted me está diciendo, ¿cuándo van hacer esa aportaciones? Hombre, el año 2016, mientras se mantenga en vigor esa norma prohibitiva que acaban de aprobar las Cortes Generales con el apoyo básico del Grupo Parlamentario Popular, esa norma está en vigor, está en vigor a partir del 1 de enero y prohíbe taxativamente hacer aportaciones que supongan un incremento de la masa salarial.
Me dice que hay administraciones que lo han hecho. Sí, pero son administraciones que pueden acogerse a esa excepción, porque o tenían esas cantidades consignadas en el Capítulo I y por tanto hacer las aportaciones no suponían un incremento de la masa salarial, o vaya usted a saber qué otras triquiñuelas de tipo presupuestario han podido hacer, para que esas aportaciones pudieran hacerse efectivas, sin que el abogado del Estado plantea el oportuno recurso.
Pero hoy por hoy, hoy por hoy, lo que usted me está pidiendo es que incumpla objetivamente una norma básica incorporada a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que acaba de ser aprobado por las Cortes Generales.
Si esto me lo dijera EH Bildu, yo lo podría comprender, aunque sabemos que EH Bildu, luego donde gobiernan cumplen a rajatabla las normas básicas, esto lo plantean donde son oposición. Pero comprenda mi sorpresa cuando veo que el que me plantea precisamente es usted.
Cuando las condiciones económico-financieras lo permitan, esas aportaciones se harán, siempre y cuando se levante esta prohibición que todavía se mantiene por parte del Gobierno central, y que estará vigente también de cara al año 2016, conforme a lo regulado ya en la Ley de Presupuestos que está aprobada, publicada y entrará en vigor cuando comience el ejercicio presupuestario en el año 2016, el 1 de enero.
Eskerrik asko.