LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (San José López) (EAJ, 2017-11-03):
Eskerrik asko, presidente andrea, eguerdi on guztioi.
Señor Becerra, me interpela sobre los planes del Departamento de Trabajo y Justicia para evitar que se produzca una actuación fraudulenta en el procedimiento de tramitación del expediente de regulación de empleo en la planta General Electric en la localidad vizcaína de Ortuella.
Con toda mi consideración, señoría, le tengo que responder que el Departamento va actuar en esta ocasión como lo hace ante cualquier otra circunstancia similar, cumpliendo la ley, cumpliendo la ley para impedir que se produzca fraude alguno en la tramitación de un expediente de regulación de empleo.
Le recuerdo que, como bien sabe, la reforma laboral implantada por el Real Decreto-ley de febrero del 2012 introdujo cambios importantes en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, limitando la actuación de la autoridad laboral en esta materia y dando paso a la judicialización de los procedimientos de expediente de regulación de empleo.
La principal modificación clave para contestar a su interpelación, es que no es necesaria la autorización de la autoridad laboral para llevar a cabo el despido colectivo, salvo en los supuestos de fuerza mayor como causa de la extinción.
Esta autorización constituía la llave para que, desde la autoridad laboral, se llevarán a cabo procesos de negociación que minimizaran las consecuencias negativas de estos procesos.
Por lo que atañe a las competencias asignadas al Departamento de Trabajo y Justicia, voy a describirle someramente cuáles son las acciones y funciones de la inspección de trabajo en estos casos.
El marco que regula esta actuación es el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de suspensión de contratos y reducción de jornada; concretamente, el artículo 11 del Real Decreto es el que se refiere al informe preceptivo, que al que se refería usted y es el que debe de emitir la inspección de trabajo y que tiene que contar con las siguientes características:
La autoridad laboral es quien recibe la comunicación de la decisión empresarial de despido colectivo, junto con la documentación requerida. Posteriormente, la autoridad laboral la remite a la inspección de trabajo. Y a partir de ese momento, el informe debe ser evacuado.
Y digo en ese momento. En el plazo improrrogable de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral, de la finalización del periodo de consultas y queda incorporado al procedimiento. El informe debe dar cuenta de la comunicación empresarial y sobre el desarrollo del periodo de consultas.
Concretamente reflejara los siguientes apartados: Constatara que la documentación presentada por el empresario en relación a las causas de despido se ajusta a la exigida, es decir, si se produce por causas económicas, por causas técnicas, organizativas o de producción; también debe incluir la constatación de que se ha aportado la documentación común a todas las variantes del procedimiento.
El informe hará especial énfasis en verificar que los criterios para la designación de los trabajadores y las trabajadoras afectadas por el despido no resultan discriminatorios por razones de edad, discapacidad, sexo, origen, estado civil, condición social, religión, ideas políticas, orientación sexual, afiliación sindical y demás supuestos contemplados en el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores.
Otro apartado importante del informe es la comprobación por parte de la inspección de Trabajo y Seguridad Social de que se ha cumplido estrictamente el objetivo del periodo de consultas, es decir, que se haya tratado de llegar a un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores, que se hayan estudiado las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos, es una materia que debe incluirse en la negociación establecida en el periodo de consultas.
Como bien sabe usted, señor Becerra, en todo expediente de despido colectivo, de suspensión de contratos y de reducción de jornada deben contemplarse medidas sociales de acompañamiento y una valoración de las mismas estará incluida en el informe al que me estoy refiriendo.
Por otra parte, si el despido colectivo atañe a más de 50 personas, en la documentación que acompaña a la comunicación de inicio del procedimiento debe incluirse un plan de recolocación externa para los trabajadores y trabajadoras afectadas. El informe de la inspección de Trabajo y Seguridad Social comprobara y dará fe de que es así.
En definitiva, un aspecto fundamental de la actuación de la inspección de trabajo es velar por que no se cometa fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo adoptado en el periodo de consultas.
Por tanto, señoría, existe una normativa que trata de evitar cualquier fraude o intento de fraude. Es una normativa garantista para la parte más débil, que en este caso son los trabajadores y trabajadoras afectados por un expediente de regulación de empleo.
Es posible que tanto usted como yo quisiéramos que fuera otra la normativa, pero tengo que decirle que el Departamento de Trabajo y Justicia y la inspección de trabajo le corresponde hacer cumplir la que hay.
Hasta aquí, señor Becerra, la explicación de las competencias asumidas por cada parte y la responsabilidad que corresponde al Departamento que dirijo.
Pasando a la situación concreta de la planta General Electric de Ortuella, señalar que la empresa presento el 16 de octubre expediente de despido colectivo, que afectaría en un principio a 145 trabajadores de los 137 que tiene en el centro de trabajo que tiene en esta localidad vizcaína.
Entre los afectados hay 12 con más de 55 años, para los que la empresa ha suscrito un convenio especial con la Seguridad Social. La causa del expediente según la empresa, y repito, según la documentación presentada por la misma, es económica.
Volviendo a nuestro procedimiento, se ha iniciado un periodo de consultas con los trabajadores que terminará, salvo que las partes decidan ampliarlo, a mediados del mes de noviembre, el próximo 16.
Debido a las circunstancias que le he mencionado anteriormente, el Departamento de Trabajo y Justicia, con el máximo respeto a la autonomía de las partes y según el marco de las relaciones laborales que rigen nuestro sistema, solo podemos instar a la empresa General Electric y a los representantes de los trabajadores a que lleguen a un acuerdo, acuerdo que debiera tener como objetivo el mantenimiento en Euskadi del mayor número posible de empleos incluso al mantenimiento de General Electric en Ortuella.
Posteriormente, se elaborará el informe de inspección de trabajo en los términos que dicta el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
Por mi parte, estoy totalmente segura de que dicho informe contendrá todas las consideraciones que exige la norma.
Para concluir, le reitero en este caso que no son necesarias medidas extraordinarias que sumar a lo ya prescrito.
Tenga la seguridad, señoría, que cualquier vulneración del procedimiento será identificado y denunciado por la inspección de trabajo.
Y tenga la seguridad, señor Becerra, de que cualquier vulneración...
...será identificado y denunciado por la inspección de trabajo.
Y tenga la seguridad, señor Becerra, de que cualquier vulneración del procedimiento será puesto en manos de los tribunales correspondientes.
Eskerrik asko.