Tejeria Otermin LEHENDAKARIA (EAJ, 2019-11-29):
Eskerrik asko, López de Ocariz andrea.
Erantzuteko, Arriola jauna, zurea da hitza.
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZAKO SAILBURUAK (Arriola López): Buenos días, señora presidenta.
Señora López de Ocariz, le respondo a su interpelación: el propósito del Gobierno para modificar a través del proyecto de presupuestos para 2020 algunos aspectos de la Ley de Aguas de 2006, referidos al canon, están claramente recogidos en la memoria explicativa que, sin duda, usted conoce.
Esta modificación es consecuencia de una reflexión conjunta, realizada por la Dirección de Administración Tributaria, es decir, el Departamento de Hacienda, y de la...
... conoce.
Esta modificación es consecuencia de una reflexión conjunta realizada por la Dirección de Administración Tributaria, es decir, el Departamento de Hacienda, y de la Agencia Vasca del Agua-URA, sobre cómo mejorar el cumplimiento y la eficacia del canon del agua cuando se ha cumplido ya diez años desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2009.
Los motivos de los cambios propuestos son, por una parte, avanzar en el cumplimiento del principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua. Como sabe, la norma básica en la protección de los recursos hídricos es la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, que define los objetivos en la preservación de los recursos hídricos e impone las condiciones para la utilización sostenible. Uno de sus pilares es el principio de recuperación de los costes de los servicios, establecidos en el artículo noveno. En otras palabras, la obligación de las administraciones de incorporar en las tarifas de suministro el valor real de lo que cuesta todo el ciclo del agua, desde que se capta hasta que se devuelve a los cauces previa depuración, incluidos los costes medioambientales. Y ello porque se considera que una adecuada política de precios es un factor fundamental para propiciar unos eficiente y responsable de este recurso natural. Así, con la modificación planteada, se acerca el hecho imponible al impacto producido sobre el medio ambiente.
En segundo lugar, simplificar los trámites administrativos a la hora de aplicar y recaudar el canon, que ahora son bastante complejos, y mejorar de paso la gestión tributaria. Y, además, fomentar la reutilización del agua, un aspecto que hasta ahora no estaba suficientemente ponderado y que es fundamental para reducir el consumo, sobre todo, en los sectores de la industria y de la agricultura y la ganadería.
Lo cierto es que, con la regulación actual del canon, no todos los usos del agua contribuyen a recuperar los costes de los daños o los efectos adversos sobre el medio acuático. Por ejemplo, los usos domésticos no están gravados. La Ley de Aguas sí incluyó en el canon los consumos domésticos de más de 130 litros por persona y día, pero el decreto que la desarrolló introdujo la excepción provisional del tributo a los consumos realizados para usos domésticos. La Ley también aplicaba el canon a los consumos de usos agropecuarios. Sin embargo, a raíz de la petición parlamentaria realizada el 18 de noviembre de 2009, se estableció una moratoria en la aplicación del tributo a estos cursos. De este modo, actualmente no están sujetos al canon los usos domésticos, los agropecuarios o las pérdidas y fugas incontroladas de las redes de captación y suministro, porque el hecho imponible es el consumo real o potencial, simplificando, el volumen de agua que sale del grifo.
Esto lleva a que solo un 30,5 % del consumo real en Euskadi sea objeto de imposición por el canon del agua, que afecta únicamente a usos comerciales e industriales, que suponen un 26,7 %, y municipal, con un 3,8 %. Por otra parte, esos usos, que sí están sujetos a tributo, disfrutan de una serie de bonificaciones que reducen del 30,5 % al 14,6 % el porcentaje de consumo gravado, efectivamente, por el canon del agua.
Con la modificación de normativa propuesta, que incluye una nueva definición del hecho imponible y la reducción de exenciones y bonificaciones, se pretende avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la Ley 1/2006, que establece, entre otras cosas, el canon del agua. Y ello a través del incremento del ámbito de aplicación del tributo. De esta forma se progresará en el cumplimiento del principio de recuperación de costes medioambientales.
Los cambios propuestos en el capítulo referido al canon no suponen una modificación sustancial de una ley que es mucho más amplia. La finalidad del gravamen es propiciar un uso más responsable, eficiente y sostenible del agua, de modo que su recaudación debe destinarla URA, según establece la propia ley, a la protección, restauración y mejora del medio acuático, y a colaborar con las administraciones competentes para el logro de unos servicios eficientes de suministro y saneamiento. Fijar que el hecho imponible será la captación del agua para su uso -y no el consumo real, como sucede hasta ahora- no creemos que suponga una alteración sustancial de la ley ni del propio canon.
Y lo mismo sucede con la exclusión del canon para el agua que sea reutilizada en usos industriales o de otro tipo y con la fijación del tipo de gravamen u otros detalles. Se trata de modificaciones de carácter técnico, plenamente acordes con la filosofía medioambiental que inspira la Ley de Aguas y al propio canon. Además, se han propuesto, tras la consulta y participación de los diferentes agentes implicados, concretamente: los consorcios Gipuzkoako Urak, Añarbeko Urak, AMVISA, Txingudiko Zerbitzuak y Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, que concentran a una amplia mayoría de los usuarios de la red de agua de Euskadi. Unos consorcios que, a su vez, venían reclamando una gestión del canon más sencilla, como va a ser a partir de ahora.
¿Que podría haberse abordado estos cambios mediante una modificación de la Ley de Aguas? Sí, se podía haber hecho. Pero usted y yo sabemos lo que eso supone en tiempo, para abordar los retoques que, insisto, tienen un carácter técnico. Creemos que el Proyecto de Ley de Presupuestos es una vía perfectamente adecuada para tramitarlos y que garantiza el grado suficiente de información, de contraste y debate político sobre su idoneidad.
Por otro lado, hay que situar la cuestión del canon en sus justas dimensiones. En estos momentos, gravando, como decía, únicamente el 14,8 % del consumo real de agua, se ingresan con él 2 millones de euros. Con los cambios propuestos, el canon gravaría el 100 % del volumen de agua captada para su utilización o consumo, aunque el porcentaje efectivo se reduce al 85,3 %, debido a que el volumen que utilizan en las explotaciones agrarias y ganaderas tendrían una bonificación del 90 %.
En otras palabras, el sector primario...
... en las explotaciones agrarias y ganaderas tendrían una bonificación del 90 %.
En otras palabras, el sector primario únicamente va a pagar el canon por el 10 % de la cantidad captada para la utilización en los dos sectores.
Como ve, señora López de Ocariz, se ha sido sensible con un sector que tanto nuestro Departamento como el Gobierno en su conjunto tenemos siempre muy presente.
Por otra parte, y pensando en el conjunto de los sujetos pasivos del canon, se ha querido atenuar el impacto que tendría la aplicación del actual tipo de gravamen de seis céntimos por metro cúbico a un volumen de agua que multiplicaría por seis la cantidad actualmente gravada. Y así se plantea la reducción del tipo actual a la mitad: tres céntimos por metro cúbico. De modo que la recaudación estimada del nuevo canon se sitúa en los 7 millones de euros anuales. Respecto a la cantidad actual supone un incremento llamativo, es verdad, pero se trata de una cantidad modesta para el fin pretendido, que es compensar el deterioro ambiental que causamos con la captación y el uso de agua, y propiciar un consumo eficiente y responsable.
Además, con el fin de facilitar las adaptaciones necesarias en la gestión por parte de los entes suministradores, se plantea que los cambios indicados entren en vigor el 1 de enero de 2021. Se da, por lo tanto, un amplio margen para ir poniendo en marcha esos cambios.
Muchas gracias.