BARRIO BAROJA (PP, 2019-10-10):
No funciona. ¿Ahora? Sí. Gracias.
Buenos días, a todos y a todas, presidenta, lehendakari, consejeros, consejera, señorías.
Aprobamos un buen dictamen en la comisión de investigación el pasado 25 de junio, y hoy tratamos su resolución definitiva en este pleno. Un dictamen sólido, un dictamen sin acritud, un dictamen constructivo.
El texto del dictamen lógicamente está en la documentación del Pleno, con la descripción de la situación a través de los antecedentes de hecho, los hechos probados, en relación con las distintas irregularidades en los procesos, las necesarias recomendaciones y las conclusiones y responsabilidades.
Cuando por parte de la Administración las cosas no se hacen bien y se identifican los problemas, tenemos la obligación en este Parlamento de analizar las disfunciones y de intentar corregirlas, y este dictamen lo hace con el análisis, los hechos, las conclusiones y sobre todo, con las recomendaciones  - vuelvo a decir - . Quiere ser un dictamen constructivo.
Y cuando las empresas no lo hacen bien, en su relación con la Administración, razón de más para analizar lo que tiene que ver con las malas prácticas o con la concertación ilegal en este caso.
Hemos trabajo en la comisión, hemos escuchado declaraciones, testimonios y estudiado documentos y mi grupo ha llegado a las conclusiones finales, que ya expusimos el pasado 25 de junio en la última sesión de la Comisión de Investigación, y que se refleja en este dictamen aprobado por la mayoría de la misma.
La Comisión de Investigación del proceso de adjudicación de la prestación de los comedores escolares de gestión directa del Gobierno Vasco desde el año 2003 y responsabilidades políticas derivadas, se puso en marcha ante las numerosas alertas que llegaron a este Parlamento, por ciudadanos privados, y por autoridades públicas y tribunales, y debe de formar parte de la normalidad de los trabajos que un Parlamento desarrolla para ineficiencias o irregularidades de la Administración y sus responsables, en cualquier actuación con dinero de los presupuestos generales de la comunidad autónoma.
Mi grupo quiere pronunciarse sobre lo referido a la Comisión de Investigación, en la gravedad de las cuestiones analizadas, y en lo constatado por la Autoridad Vasca de la Competencia, que luego fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia.
Quedaba acreditada la práctica concertada de reparto de mercado en la prestación de servicios de comedores escolares de gestión directa del Gobierno Vasco, y el refrendo formal jurídico-administrativo, que la administración competente hizo en sucesivos años a esa concertación con la asunción de esa situación de hecho, y sin tomar medidas correctoras.
Y todo indica que un mayor control de la Administración y del Departamento de Educación, concretamente en todo el proceso de pliegos, de exigencias administrativas, el proceso de licitación, etcétera, hubiera evitado precios por encima de lo normal.
Como dice el dictamen en los hechos constatados, en la parte sobre las consecuencias de la concertación ilegal, la principal consecuencia y motivación de la concertación ilegal entre empresas, fue la de alterar los precios del mercado en su propio interés, para incrementar sus beneficios de forma ilícita.
A esta conclusión llegó la Autoridad Vasca de la Competencia, al afirmar, que el sistema de adjudicación existente entre 2002 y 2014 ha tenido un efecto de mantenimiento de los precios por encima del precio que hubiera resultado de una situación de competencia efectiva en el mercado de los servicios de restauración colectiva a centros públicos de enseñanza con comedores de gestión directa dependientes del Departamento de Educación  - cuestión grave - .
Y además de la concertación, el quebranto económico que esta actitud concertada ilegalmente ha supuesto de una manera multidireccional, también el dictamen en los hechos constatados en lo que se refiere a quebranto económico en la administración y las familias (...) dice que:
"Por otra parte, esta comisión debería dirimir si el reparto ilícito del mercado por parte de las empresas adjudicatarias supuso una merma a las familias usuarias del servicio de comedores y o a la ciudadanía vasca en general. Y a la vista del sobrecoste estimado en el apartado anterior, sí se considera acreditado un perjuicio patrimonial a las arcas públicas, a la ciudadanía y a las familias usuarias, al constatarse que los precios por los que se ofrecían los menús eran más caros de lo que hubieran sido de no haberse producido esa concertación".
Y si hemos detectado esas graves deficiencias e irregularidades, el trabajo de la comisión no podía quedarse en una simple descripción de sucesos, en unas recomendaciones genéricas, en unos planteamientos o conclusiones globales.
Era necesario desde luego concretar, afinar, detallar más de lo que lo hacía también el borrador del dictamen que propuso la presidencia de la comisión, y definir mucho mejor de qué se estaba hablando, qué se estaba investigando para llegar a las conclusiones que nosotros hemos llegado y que queremos someter a consideración y que hemos aprobado en la propia comisión de investigación.
Y por ello, analizamos, elegimos rigurosamente, claramente, las enmiendas propuestas al dictamen por el grupo Elkarrekin Podemos al estar, desde nuestro punto de vista, fundamentadas en un estudio detallado de las cuestiones que afectaban a la concertación entre varias empresas para repartirse el mercado y alterar los precios, con el fin de obtener lo que ya sabemos, lo que es un beneficio ilícito.
Esas enmiendas, que hoy son el dictamen, fijaban de una manera mucho más concreta y calculada los perjuicios que la práctica de la concertación ha causado a las arcas públicas, a la sociedad y a las familias usuarias.
Por ello, compartimos todas las cuestiones referidas a la concertación ilegal de empresas claramente explicado en el dictamen, al sistema de gestión directa de los comedores que se analiza, a las responsabilidades políticas, a las consecuencias de la concertación ilegal, desde luego también a lo que tiene que ver con el quebranto económico a la administración, a las familias y a la ciudadanía en general, esas cuestiones todas ellas que formaban parte de los hechos constatados.
También compartimos la mayoría de las recomendaciones que ampliaban y concretaban las referidas en el texto inicial  - en el borrador de dictamen inicial - .
Desde luego eran las recomendaciones que me referiré brevemente, eran interesantes, concretaban y analizaban cuestiones que la Administración debe de abordar de cara a que cuestiones así no se produzcan.
Y por último, también las conclusiones que apoyamos y compartimos contenidas en aquellas enmiendas 72 a 75 que hoy son las conclusiones del dictamen.
La situación de concertación ilegal unida al quebranto económico y a lo que el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco calificó como  - esto es grave -  falta de reacción, de indagación, de consulta o prevención por parte de la Administración, por parte del Departamento de Educación, en relación con esa práctica, hace que sea procedente fijar esas responsabilidades políticas sin ningún género de dudas.
También tenemos que decir  - lógicamente, se dice en el dictamen y estamos todos de acuerdo -  la valoración de que no se ha acreditado que se haya producido colaboración, connivencia, en relación con cuestiones económicas expresas entre las empresas sancionadas y los responsables del Gobierno Vasco en todo ese tiempo.
Por ello, y para que este tipo de malas prácticas que perjudican a la sociedad no se vuelvan a producir, es importante seguir...
Por ello, y para que este tipo de malas prácticas que perjudican a la sociedad no se vuelvan a producir, es importante seguir las recomendaciones que el dictamen que se somete a este pleno contempla, en relación con cuestiones básicas a la hora de entender, a la hora de estudiar, de analizar y de organizar, y de regular esa relación entre las empresas y la Administración para servicios esenciales como este.
Estamos hablando de un servicio de comedores escolares. Es un servicio que forma parte también de la educación, es un servicio importante y esencial y tiene que estar sometida, desde luego, a un control mucho más estricto del que ha estado hasta ahora, en relación con algunas cuestiones que forman parte de las recomendaciones del dictamen.
Nos referimos a las recomendaciones en cuestión a la gestión descentralizada del servicio, recomendaciones sobre el precio del servicio, la recomendación sobre la elaboración de los pliegos, desde luego, sobre los anuncios previos de licitación, sobre la división en lotes  - de lo que ya hemos hablado en la comisión - , sobre los tribunales de contratación. También  - y es esencial -  recomendaciones sobre el control a posteriori de los contratos y recomendaciones sobre las sanciones. Cuestiones claramente descritas y desarrolladas en el texto del dictamen.
De la misma manera, el dictamen se cierra con las conclusiones claras y que responden a lo sucedido. Las conclusiones ahí están, cuatro conclusiones en las que se dice lo siguiente: Queda acreditada la práctica colusoria cometida por las empresas adjudicatarias del servicio de gestión de los comedores escolares públicos entre 2003 y 2015, sancionada como infracción muy grave a la Ley de Defensa de la Competencia por la Autoridad Vasca de la Competencia, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y avalada por el Tribunal Supremo.
Queda acreditado  - como segundo punto de esas conclusiones -  un sobrecoste no justificado en la gestión de servicio de comedores de entre 70,8 y 80,2 millones de euros entre 2003 y 2015, de los cuales entre 28,7 y 33,7 millones se habrían quebrantado al Departamento de Educación, y entre 42,1 y 48,5 millones de euros se habrían detraído a las familias o a través de las cuotas de comedor.
Como tercer punto de las conclusiones, queda acreditada la responsabilidad política de las personas que desde el 2003 y 2007 han ocupado la Dirección de la Gestión Económica, la Viceconsejería de Administración y Servicios y la Consejería del Departamento como responsables de la inacción pasada de la Administración ante los indicios de concertación y por su falta de respuesta en el presente ante el quebranto patrimonial sufrido por la Administración.
Y como cuarto punto de las conclusiones, el dictamen dice que queda acreditada la necesidad de introducir cambios relevantes en el sistema de gestión directa de comedores escolares, tanto en lo referente a la implantación de un sistema de gestión descentralizado, como lo relativa a una mayor transparencia en la financiación del sistema, en los criterios técnicos de los futuros pliegos de contratación o en la necesidad de establecer mecanismos rigurosos de control y seguimiento de las adjudicaciones.
Es decir, unas conclusiones claras, que responden a lo investigado por la comisión y que ponen deberes también a la Administración en relación con lo que hay que mejorar y que identifican responsabilidades claras en relación con lo sucedido.
Señorías, estas son las razones que llevan al Grupo Parlamentario Popular a votar afirmativamente al dictamen de la comisión de investigación que estudiamos en este pleno.
Muchas gracias.