ROJO SOLANA (PSE-EE, 2018-12-20):
Gracias, presidenta y buenos días a todos.
El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren.
Estas prácticas han sucedido siempre, han existido y la verdad que no son nuevas. Solo han empezado a considerarse como un problema que transgrede las normas sociales, cuando por un lado se ha reconocido su impacto y las consecuencias negativas que tienen en la vida y el desarrollo de los niños y las niñas víctimas y, por otro lado, se ha reconocido al niño como sujeto de derechos.
El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña como la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona hacia ellos y ellas.
Cualquier forma de violencia sexual contra los niños y las niñas tiene que ser una de las mayores y más graves preocupaciones de la política, y por supuesto también de la política vasca. Son nuestros niños los que están siendo agredidos con consecuencias a veces irreversibles en su vida, y en la de su entorno, y en todos y cada uno de los contextos en los que los niños víctimas se desarrollan. De ahí que los ámbitos para la intervención en la protección de los niños...
...su entorno y en todos y cada uno de los contextos en los que los niños víctimas se desarrollan.
De ahí que los ámbitos a la intervención en la protección de los niños contra este tipo de violencia incluyan desde la familia y su entorno social a los ámbitos educativo, sanitario y policial, así como el legislativo y de políticas públicas.
Eso es lo que aconsejamos en su día en este Parlamento, cuyo cumplimiento íntegro pedimos en esta enmienda transaccional y es lo que ratificamos, entre otras cosas, nuevamente los grupos políticos firmantes para su cumplimiento en ámbito de la competencia de las instituciones vascas.
Porque esto es un fenómeno a veces invisible, silencioso, complejo, oculto, de difícil tratamiento, donde la información escasea y las tasas de incidencias son superiores a los que se cree. Y en un fenómeno tan complejo y difícil, porque, según nos informan los expertos, no se dispone de estudios y los que hay, aunque son metodológicamente correctos, adolecen de carencias que los hacen incompletos o no extrapolables, y eso les hace caer en las estimaciones, donde obviamente cabe la equivocación.
La falta de fuentes y la deficitaria información proviene del carácter íntimo de este tipo de violencia y del ámbito de intimidad en el que se desarrolla, porque estamos ante una violencia que no es pública y que no acostumbra a dejar evidencias físicas, lo que muchas veces complica su detección externa. Se incrementa invisibilización del abuso, sobre todo cuando la víctima es un niño.
Es una violencia cercana, dice el informe de Eraikiz. El enemigo está siempre cerca, cuanto más pacífica es una sociedad en su conjunto, disminuye la violencia ejercida por extraños en la calle, pero permanece e incluso puede incrementarse la violencia de cercanía, más difícil de identificar y más complicada de tratar.
Esta violencia no responde a perfiles, no hay rasgos distintivos de las víctimas o de los abusadores, sin estereotipos definidos, no hay nada que determine el que un menor o una menor sufra abusos sexuales, cualquiera puede ser una potencial víctima, pero compartimos los hoy intervinientes y sobre todos los expertos que nos informan, como Eraikiz, en que hay factores que coadyuvan a que existan estructurales y de riesgo.
Es verdad que ahora la infancia que una protección que nunca tuvo, pero supeditada a la protección y tutela de otras personas. La infancia es un bien valioso para la sociedad, pero a la vez son invisibles y se mantienen al arbitrio de los mayores, que no siempre son garantía de amparo.
Ante la desprotección social de la infancia derivada de su consideración, me centraré en todas las medidas consensuadas en ese importante, acuerdo como al que llegamos hace un año, que van destinadas a la visibilización del problema y su desplazamiento de lo privado a lo público.
Visibilización para sacar a la luz la experiencia sufrida, condición sine qua non para iniciar cualquier proceso que lleve a superarlo, primero, para detenerlo si aún se está produciendo y, segundo, para iniciar procesos de construcción personal. El abuso tiene que dejar de ser un secreto entre persona abusada y la abusadora, dejan la intimidad y pasan a la espera de lo público.
Y la dimensión pública es una visualización social, dimensión pública que puede ser la judicialización y la denuncia pública, y que nunca más tiene que ser ocultada, ni bajo el silencio familiar, ni en los confesionarios de la iglesia. Ni magia, ni ética; rigor y servicio público. Situar por encima de todo la verdad, visibilizarla. No hacer caso de los que puedan mirar hacia otro lado.
También en el ámbito judicial, acabar con los procedimientos judiciales insensibles al interior superior del niño y la niña, incrementando la obligación de denuncia de todos aquellos lugares donde se puede conocer el abuso.
Eso es así y pasa en España, aún investigada por la Comisión Europea para evaluar que la práctica judicial en España garantiza los derechos de los menores que denuncian haber sufrido abusos sexuales en el ámbito familiar, pudieran verse privados de derechos fundamentales y procesales.
Se refiere la Comisión que ha observado una posible aplicación indebida del interés superior del menor como una consideración primordial.
Hasta aquí las explicaciones del Partido Socialista a un tema de una forma más general en lo que tiene que ver con los abusos sexuales a niños y niñas y adolescentes, pero el Partido Socialista de Euskadi no quiere quedarse en esas consideraciones generales y quiere hablar del caso Gaztelueta, que entendemos en esta proposición no de ley queda contextualizada.
Ante la situación creada, las instituciones vascas, en concreto el Gobierno Vasco y el Departamento de Educación, no pueden hacer como que no ha pasado nada, ni quedarse de brazos cruzados, máxime con la actuación vergonzosa que han protagonizado los órganos de dirección del Colegio Gaztelueta, incumpliendo los protocolos de actuación ante la denuncia de abuso sexual y defendiendo al condenado por abusos después del fin del procedimiento judicial, aunque sabemos que todavía queda el último escaño.
Las autoridades de este colegio puede que no hayan tenido responsabilidad, no hayan sido declarados responsables administrativa o penalmente de la situación de abuso sexual que sufrió el menor, pero su actuación ha sido moralmente reprochable, éticamente repugnante e indigna de unos responsable educativos en esta sociedad vasca mayoritariamente comprometida contra la violencia.
En la enmienda transaccional, hay compromisos vinculantes para que los poderes públicos, desde el judicial al Gobierno, con un objetivo, poner por encima de cualquier interés partidista, partidario o de protagonismo político, la garantía de que en nuestro país, y en todo el país, en todos los ámbitos, pero, especialmente, por el asunto que nos ocupa, los centros escolares públicos, privados y concertados se constituyan como espacios seguros ante los abusos sexuales a la infancia.
Existen protocolos de actuación, es verdad, pero también es cierto que no siempre se cumplen. Es más, puede ser incluso que además de eso, después de existir condena de los abusos sexuales denunciados, como hemos dicho antes, que los órganos de dirección del colegio incurran en una actitud o comportamiento público vergonzante e incluso negador de lo que una sentencia judicial ha recogido.
Por todo lo dicho, concluir esta intervención, por supuesto, mostrando nuestra solidaridad, el apoyo y respeto a la víctima del abuso en el colegio Gaztelueta y a su familia, reconociendo la necesidad y exigencia de actuación de los poderes públicos. Existen herramientas, se aprueban protocolos, pero hay que continuar trabajando con un objetivo claro y es que esto no puede volver a suceder.
Por último, creemos que es necesaria una legislación que obligue y sancione; es fundamental el compromiso ético de la sociedad que no puede mirar hacia otro lado, y es exigible para trabajar para que las víctimas y sus familias no sufran el desamparo después de lo sucedido.
Nada más, muchas gracias.