ALDAITURRIAGA ZORROZUA (EAJ, 2014-11-06):
Eskerrik asko presidente andrea. Lehendakari, sailburu jauna, legebiltzarkideok, arratsalde on guztioi.
Vaya por delante, en primer lugar, la opinión de nuestro grupo favorable a la filosofía contenida o que subyace en esta iniciativa de que la única promoción de vivienda protegida que debe producirse en el futuro es la ligada al programa de fomento de un parque público de viviendas en alquiler, hacia lo que pudiéramos llamar el alquiler social de vivienda.
Pero esta filosofía, señorías, no ha sido la seguida durante los últimos años por los responsables de la materia, entre los que se encuentran tanto el grupo político promotor de la iniciativa, como de algunos otros que hoy la van a apoyar.
Ambos tienen enormes responsabilidades en relación con lo que acontece hoy en día en Euskadi en el sector de la vivienda. Una incorrecta planificación de ustedes en esta materia ha tenido como resultado que se hayan construido viviendas de protección pública en régimen de venta allí donde no se necesitan y, por el contrario, no se hayan construido en las zonas donde existe necesidad de ese tipo de vivienda.
Es más, ustedes crearon herramientas para la construcción de un parque público de viviendas de protección pública para su destino a la venta en propiedad, señor Itxaso. Crearon entidades del sector público con personalidad jurídica privada y, dentro de éstas últimas, una sociedad de mercantiles con participación mayoritaria de la Administración Pública vasca, entre ellas Visesa.
Visesa es una sociedad mercantil que depende del Gobierno en cuyo capital participan, como todo el mundo sabe, Kutxabank y Caja Laboral-Euskadiko Kutxa. Es sector público pero no es administración pública y en su actividad se rige por el derecho privado al igual que cualquier empresa privada.
Ustedes crearon una herramienta para que actúe con arreglo a las normas de derecho privado, como una sociedad anónima, que se dedica a construir viviendas para posteriormente venderlas y ahora, a continuación, se les pretende exigir compromisos y actuaciones propias de una administración pública.
Estas empresas funcionan igual que los promotores privados y tienen que firman unos contratos de crédito para conseguir suelo y financiar la construcción de estas viviendas. Estos entes que forman el sector público, estas empresas públicas, tienen que cuadrar sus presupuestos acudiendo al crédito privado. Pero no obstante, como todo el mundo sabe, los préstamos hay que devolverlos. En este caso, los que Visesa ha suscrito como promotor de viviendas protegidas destinadas a la venta.
Por eso, el cambio de régimen de compra a régimen de alquiler no se puede producir de la noche a la mañana, como bien ha dicho el señor Itxaso, sin analizar el impacto que eso supone en las cuentas de explotación de Visesa. Hay que articular un escenario de tránsito que nosotros proponemos sea de 18 meses.
El cambio de calificación de vivienda protegida en venta y bien protegida en alquiler son medidas que tienen un costo. La medida que nos propone afecta a 600 viviendas, señor Itxaso, y no a 1.200 como usted ha dicho, de las que casualmente 500 se hallan en Gasteiz concentradas en pocas actuaciones, fundamentalmente en una de 314 viviendas para cuya financiación se ha suscrito un préstamo de 25 millones de euros.
La aceptación de su propuesta supone colocar en seria dificultades a la propia empresa pública –a Visesa–, no ya como promotora de esta concreta actuación, sino que afecta a la propia existencia de la sociedad. La cuenta de explotación y la cuenta de capital nos demostrarían la inviabilidad de esta empresa.
Por todo eso, nosotros proponemos que en el primer punto de nuestra enmienda que se arbitren fórmulas para dar salida a las 600 viviendas que no se han vendido, otorgando preferencia a aquellas fórmulas que conlleven la recuperación de los recursos públicos empleados en la promoción y construcción de las mismas, como son el alquiler con opción de compra, la compraventa con pago aplazado, etcétera.
Durante 2013 Visesa ha puesto en marcha estas modalidades de adjudicación de vivienda mediante las cuales va dando salida a las viviendas sin vender porque sería iluso pensar señorías, que tal como se deriva de la propuesta del Grupo Socialista, los ingresos derivados de los alquileres sociales son suficientes para financiar la incorporación de estas viviendas del parque de viviendas al de Alokabide.
La renta media real del alquiler social en Álava es de 220 euros. ¿Quién va a sufragar el diferencial para hacer frente al pago de los créditos? Nosotros entendemos que se necesita un cambio de paradigma en esta materia, se necesita un cambio del modelo de política de vivienda y para eso estamos trabajando en la proposición de ley en ponencia técnica como todos ustedes saben.
Se necesita ese cambio de modelo que no se resuelve mediante el cambio de calificación de vivienda protegida en venta a venta de vivienda en alquiler, medida que no es sino un remedo, una especie de imitación de la política de vivienda del régimen español y europeo, heredero directo del franquismo como todos ustedes saben.
El reto consiste en cómo damos satisfacción a los 90.000 demandantes de viviendas de protección pública inscritos en Etxebide, entre los cuales, por cierto, más del 40 % demanda una vivienda en propiedad. En Álava, que es donde se concentra el mayor parte del stock de viviendas sin vender, hay inscritos en Etxebide en torno a 9.000 demandantes, 7.000en alquiler, el resto casi 2.000 demandan vivienda en propiedad. Ése es el problema a resolver y éste no se resuelve mediante la recalificación que se nos propone.
Respecto a la determinación de los precios de alquiler de estas viviendas, proponemos que se realicen de conformidad con la normativa regulada de los contratos de arrendamientos de las viviendas de protección oficial que se concreta en la Orden de 3 de noviembre de 2010 –dictada, por cierto, por un consejero del anterior gobierno socialista– y en la instrucción 1/2004, de 24 de enero de este año, de la viceconsejera de vivienda, sobre rentas de alquiler en el parque de viviendas del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.
Mediante la aplicación de esta instrucción, ninguna renta inicial de las viviendas del parque público de viviendas sobrepasará el 30 % de los ingresos anuales de la unidad convivencial. Dicha medida se aplica con carácter universal y, si se constata que la renta calculada conforme a la orden de precios 2010 rebasa el 30 %, esa renta se reducirá hasta alcanzar ese porcentaje.
Por lo que respecta al gasto de comunidad, decir que son variables y van en función en la promoción en que se hallen y oscilan entre 37 y 88 euros, una media de 65 euros por vivienda. Hay que tener en cuenta que la totalidad de las viviendas en alquiler tienen como manejos vinculados un trastero y una plaza de garaje. Estamos hablando siempre de repercutir los gastos ordinarios generados por ascensores, portales, puertas de entrada a garajes, suministro de electricidad a todos estos elementos, la limpieza de los portales, descansillos, trasteros, vados de garaje, etcétera. Porque los gastos extraordinarios tales como arreglos de cubiertas de las fachadas, sustitución de instalaciones, etcétera las paga siempre el Gobierno, es decir, todos los contribuyentes.
Nosotros queremos poner énfasis en promover el sentido de la responsabilidad de los inquilinos, puesto que en él se le escapa que hay gastos que aumentan o disminuyen en función de que se haga un mejor o peor uso del edificio. Que los usuarios abonen los suministros comunitarios de agua y luz conlleva un uso más racional de energía y del gasto por su parte.
Hay otra cuestión sobre este asunto que tampoco les va la vida a nuestro entender y es la siguiente: Estamos hablando de unas 6.000 viviendas a una media de 65 euros al menos de gastos comunitarios arroja una cantidad de 4.680.000 euros al año a cargo de la Administración Pública.
En resumidas cuentas, señorías, es tanto la recalificación de vivienda en venta a vivienda en régimen de alquiler en la forma propuesta por el Grupo Socialista y la asunción pública de los gastos comunitarios de las viviendas en alquiler, tal y como se pretende, ponen en riesgo la sostenibilidad económica de Visesa y Alokabide. Además al (...) recursos públicos, se limita el futuro desarrollo y ampliación del parque público de viviendas en alquiler.
Por eso, señorías, votaremos en contra de la propuesta inicial y mantendremos nuestra enmienda de totalidad.
...se limita el futuro desarrollo y ampliación del parque público de viviendas en alquiler.
Por eso, señorías, votaremos en contra de la propuesta inicial y mantendremos nuestra enmienda de totalidad.
Eskerrik asko. Besterik ez.