CELAÁ DIÉGUEZ (PSE-EE, 2014-10-23):
Señora presidenta, señorías, egun on guztioi.
La prevalencia de intereses privados y/o particulares sobre el interés general en el ejercicio de lo público está hoy tipificada como corrupción en todos los códigos de conducta vigentes en el mundo.
Hay, desde luego, distintas formas de corrupción y distintos grados, pero detraer recursos del erario público para favorecer una causa particular, en este caso la cuenta de resultados de unos medios de comunicación afines ideológicamente al Gobierno, es una mala práctica, que va en contra de todos los estándares de comportamiento vigentes en una sociedad democrática, y, por lo tanto, rechazable.
Y de que esto ha sido así tenemos suficiente evidencia documental. La propia transcripción de la reunión de la Comisión de Educación celebrada el 18 de junio de 2014 es un ejemplo. Ahí la propia señora Uriarte afirma: "No necesitamos pagar para decir cuál es la posición del Gobierno". Y tiene razón la señora Uriarte, no necesita pagar para decir cuál es la posición del Gobierno con respecto a la Lomce. Pero, sin embargo, paga. ¿Paga para qué? ¿Para quiénes? ¿Por qué paga?
O cuando afirma la señora Uriarte también: "Nosotros no decidimos nada, ellos decidieron todo". "Ellos", señorías, es el Grupo Noticias. Y esta información resulta terrible; es exactamente la verificación de que el Gobierno paga impunemente, y sin control del resultado, a individuos, grupos de confianza, que, proponiéndole primero una determinada inserción publicitaria, convierten luego –en una mesa supuestamente técnica, de reflexión, con juristas, que no fue así–, y finalmente, en cinco entrevistas en una radio.
Señorías, esto es francamente preocupante. Preocupante. Es un asunto tremendamente serio, y mejoraría el Gobierno Vasco en calificarlo como tal. Porque tratar de empequeñecerlo, enmascararlo, tratar de salirse del asunto con apelaciones cínicas, tales como "siempre se hace así", "pues si vieran ustedes otros casos…", esto, lejos de disminuir la preocupación que nosotros como responsables políticos hemos de tener en nombre de la ciudadanía, lo que hace es aumentarla, aumentarla de manera grave.
Porque aquí, señorías, no estamos hablando ni de publicidad institucional legítima, que tiene que comunicar a la ciudadanía, a los administrados, cuestiones de interés general (esa es la publicidad institucional, y no estamos hablando de eso, eso no ha existido, ninguna comunicación de interés general ha habido), ni tampoco estamos hablando de patrocinio (¿qué patrocinio es aquel que, como se ha dicho aquí, oculta la identidad del órgano financiador?, ¿qué patrocinio?, ¿y que además habla de causas que son bombo mutuo, bombos autosatisfactorios de aquel que anuncia, de aquel que lo dice?). No estamos hablando de eso, señorías. No había ninguna necesidad de hacerlo, señorías.
Estamos ante casos de mera propaganda institucional, propaganda clandestina institucional. Estamos hablando de un gobierno que unas veces paga y otras no a grupos de confianza a los que ni siquiera controla, se fía de ellos, y que canta las alabanzas de su gestión.
Y esto, señorías, es un engaño a la ciudadanía, es una perversión clara de la relación entre poder político y medios de comunicación en una sociedad democrática, porque abusa del elogio del órgano pagador para castigar a la oposición sistemáticamente. Cambia las reglas de juego democrático.
Es una vulneración además de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, porque va en contra de lo que esta ley prevé precisamente para estas conductas. Porque una publicidad institucional nunca puede cargar contra las políticas de otro poder político. Porque además tiene que quedar claro quién hace esa publicidad.
Por lo tanto, señorías, estamos en un caso muy serio. La vida pública no ocurre en el vacío, y este es un comportamiento profundamente inapropiado. Este incidente implica que este Gobierno todavía tiene mucho recorrido que hacer en términos de internalizar los principios exigibles de la vida política, los principios que realmente tienen que estar siempre, siempre trabajados sobre los fundamentos de imparcialidad, servicio, responsabilidad y transparencia.
Por eso, señorías, empezar a curar, empezar a reparar el tejido enfermo exige, primero, reconocimiento del hecho en su verdadera dimensión, una cuestión que no se ha producido, con la excepción de la señora Uriarte en la Comisión de Educación; segundo, calificación como asunto grave; tercero, no volver a repetirlo; cuarto, exigir la devolución. Y este es un asunto del que vamos a hacer causa grave, la devolución.
Apenas hace un par de días, el viernes pasado, en ámbito parlamentario, tuvimos la ocasión de oírle al señor lehendakari afirmar que, si bien era legítimo haber buscado una transacción en torno a devolver las cantidades dinerarias indebidamente pagadas en este asunto. por parte de la Diputación Permanente en julio, ese no era título suficiente para conseguir la recuperación de dicha cantidad dineraria. Opinamos exactamente lo contrario. Estamos en contra de esa opinión.
Él afirmaba que el contrato había sido cumplido en todas sus partes. No ha sido cumplido en todas sus partes. El primer reconocimiento de que no lo fue lo hizo la señora Uriarte. ¡Cómo va a ser cumplido en todas sus partes, cuando primero se propone una inserción publicitaria que se convierte en una mesa técnica, señorías, en la que nadie opinaba en contrario, para más tarde ser cambiada por las entrevistas, sin control del Gobierno! El Gobierno tenía confianza bastante en los medios de comunicación afines como para dejarles hacer. Por tanto, no ha habido cumplimiento del contrato.
Pero es que además, señorías, aquí se ha vulnerado de manera flagrante la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. Y en la vulneración de una ley cualquier contrato tiene vicios de procedimiento, y con vicios de procedimiento cualquier contrato es anulable.
Por tanto, señorías y por concluir, el Grupo Socialista al que represento hace causa grave de la devolución, de la recuperación de las cantidades dinerarias que inadecuadamente e inapropiadamente salieron del erario público. ¡Y qué cantidades señorías! Luego no hay dinero suficiente ni para la educación, ni para las becas de excelencia… ¡Qué cantidades, señorías!
Por tanto, sostenemos que el dinero es recuperable, y sostenemos también que el Gobierno ha de retratarse en esta cuestión. Tiene que buscar las fórmulas, tiene que poner en marcha las medidas administrativas oportunas para recuperar las cantidades dinerarias y devolverlas al erario público, del que nunca debieron salir, porque han salido indebidamente, por incumplimiento del contrato y por vulneración de la ley.
Por tanto, señorías, si esto no es ilegal, ¿qué otra cosa será? Y es muy importante que este Gobierno lo califique como tal, lo califique como grave, y empiece a sanar el tejido haciendo sus deberes. Para nada le va a servir tratar de empequeñecerlo o enmascararlo. Sabemos perfectamente de qué estamos hablando, y tenemos el firme propósito de corregirlo.
Por eso, señorías, vamos a seguir muy atentamente este asunto, y por eso hemos transado una proposición no de ley que reitera, en términos generales, la que fue aprobada en la Diputación Permanente el pasado mes de julio.
Nada más, y muchas gracias.