ALDAITURRIAGA ZORROZUA (EAJ, 2016-03-17):
Eskerrik asko mahaiburu andrea, lehendakari jauna, sailburu andrea, legebiltzarkideok, arratsalde on guztioi.
Señor Casanova, voy a intentar responder a sus inquietudes y las de alguno que me ha precedido en el uso de la palabra en su tribuna.
Lo primero que debo de decirles es que no es cierto que en Euskadi exista una libertad de establecimiento absoluto para los grandes establecimientos comerciales, no ha habido desidia por parte del Gobierno. El Gobierno entendía que cumplía la ley y lo ha defendido hasta el final, inclusive hasta el Tribunal Supremo como se ha podido comprobar. El Gobierno ha defendido los intereses del pequeño comercio, como digo, hasta el final y no existe ninguna desprotección del pequeño comercio, ni tampoco se va producir ningún destrozo en el territorio como usted nos augura.
En este sentido hoy mismo en Getxo, la consejera de Desarrollo Económico se ha reunido con los agentes sociales para celebrar una jornada de comercio local y tramo urbano, en el que sin duda se habrá hablado de estas cuestiones. Pero vayamos al fondo de la cuestión, no es solamente una sentencia del Tribunal Supremo, sino que son dos señor Casanova.
Son dos recientes sentencias del Tribunal Supremo vinculadas entre sí sobre la ampliación de un conocido equipamiento comercial en Donostia que han puesto de manifiesto la compatibilidad de la normativa reguladora del establecimiento de grandes superficies comerciales en la comunidad autónoma, con la normativa europea que regula la libertad de establecimiento.
Esta sentencia es del pasado septiembre como se ha indicado, han declarado que determinadas limitaciones del Plan Territorial Sectorial de Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales aprobados en el año 2004, que tenía la finalidad de proteger al pequeño comercio, deben ser eliminadas de nuestro ordenamiento jurídico.
El Tribunal Supremo ha establecido que las determinaciones contenidas en este PTS condicionaban las nuevas implantaciones en base a criterios de orden económico. Y como cuestión previa hay que hacer una breve referencia normativa enjuiciada en la sentencia. Y en primer lugar, hemos de decir que se trata de un plan que como se ha dicho ya, fue aprobado en el año 2004. Con posterioridad a esa fecha fue aprobada la directiva 2006/123 del Parlamento y el Consejo del 12 de diciembre del 2006, relativa a los servicios de mercado interior; directiva que como se ha dicho fue traspuesta en nuestro organismo jurídico mediante varias leyes, también en nuestra comunidad, entre otras en la segunda modificación de la Ley de Actividad Comercial 7/2008.
También se ha dicho el mandato de Disposición Final tercera que no voy a repetir que la doy por reproducida en las intervenciones que me han precedido en el uso de la palabra.
La directiva europea lo que hace es prohibir que se pueda condicionar el ejercicio de la libertad de establecimiento al cumplimiento de criterios económicos. Únicamente permite restringir la libertad de establecimiento sobre la base de las denominadas razones imperiosas de interés general.
El Gobierno Vasco entendió que la trasposición de la directiva de servicios se había realizado correctamente y que la regulación en materia de equipamientos comerciales era la correcta, que el PTS se adecuaba a la normativa europea y que no era necesario realizar ningún cambio al respecto.
En este sentido, el 22 de diciembre de 2009 el Consejo de Gobierno de aquella época manifiesta que existe una plena adecuación entre el PTS y la directiva, y consecuentemente que no es necesario realizar ninguna adaptación entre ambas normativas como digo.
En este escenario el Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias, una sobre el Plan General de Organización Urbana de Donostia y otra también sobre esta decisión del Consejo, y en ambos actos fueron recurridos, primero ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que le da la razón al Gobierno y al Ayuntamiento de Donostia, y posteriormente ante el Tribunal Supremo que revoca este primer fallo y manifiesta que no existe tal adaptación del PTS a la directiva.
El Tribunal Supremo tras analizar el marco jurídico estatal y autonómico, declara nulas de pleno derecho el acuerdo del Consejo de Gobierno y de forma indirecta las determinaciones del PTS que imponen limitaciones a la superficie máxima para equipamientos comerciales, por vulnerar el ordenamiento jurídico, sin especificar cuáles son esas determinaciones que se anulan señor Casanova.
Manifiesta el Tribunal que en el PTS se utilicen criterios económicos para la regulación de la materia, pero no los identifica, no dice cuáles son. Ordena también la sentencia que se publique en El Boletín Oficial del País Vasco, la parte dispositiva y determinaciones declaradas nulas.
Cabe recordar que sobre este asunto  - también lo ha dicho el señor Casanova -  se produjo la comparecencia de la señora consejera de Medio Ambiente y Política Territorial en comisión en reunión del pasado día 10 de febrero, en el que se explicaron las dificultades con que se encuentra el Gobierno para identificar y determinar los aspectos del PTS que resultan afectados por la anulación. Así mismo, especificó los pasos que pretenden dar al respecto y ahora lo que procede es ejecutar la sentencia en sus términos, procede ponerse manos a la obra para revisar el PTS.
Y procede hacerlo teniendo en cuenta los criterios generales contenidos en las leyes y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europea al respecto. Ese tribunal viene exigiendo que las medidas que pueden obstaculizar el ejercicio de la libertad de establecimiento deben reunir una serie de requisitos: Que se apliquen de manera no discriminatoria, que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para garantizar la realización del objeto que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para conseguir este objetivo.
A nuestro juicio, las medidas que debe elaborar el Gobierno deben estar justificadas en razones imperiosas de interés general, tales como la ordenación del territorio, la protección del medio ambiente y la protección de los consumidores. Que la normativa que elabore ha de superar el conocido como triple test, de idoneidad, necesidad y proporción.
En definitiva, que las razones imperiosas de interés general deberán existir y tener un fundamento objetivo relativo para este caso concreto, que las previsiones normativas que realice el Gobierno para los emplazamientos de esas actividades y los límites de superficie de ventas que pueden autorizarse deben justificar las restricciones que se impongan en el futuro plan territorial sectorial. En definitiva, que la directiva de servicios ha supuesto una alteración del régimen jurídico de los equipamientos comerciales en nuestra comunidad y que la normativa que elabore el Gobierno Vasco debe resolver el encaje de la regulación de los equipamientos comerciales con el derecho de la unión.
Será preciso que este plan incluya una motivación adecuada y suficiente, que acredite que la ubicación y el dimensionamiento persigue unos objetivos de ordenación territorial o de protección del medio ambiente, que no siga respondiendo a fórmulas económicas porque entonces seguirá el mismo camino que lo que se ha producido en la sentencia del Tribunal Supremo que hemos comentado.
Como se ha dicho, hemos alcanzado un acuerdo entre el Grupo Socialista, el Grupo Popular y nosotros  - que ya se han explicado las características - , y nosotros entendemos que eso es lo que procede en estos momentos. Y en ese sentido darles las gracias a los miembros de los grupos que la suscriben.
Usted en su iniciativa presenta en este Parlamento, pide que en este Parlamento se elabore un plan territorial sectorial en el plazo de un mes, y debo decirle que usted desconoce las características de estos instrumentos de planificación. Esto aunque hablemos de comercio señor Casanova, no es una tienda a la que va uno y pide, póngame un kilo de pan, si acaso de plan. Lo que no se puede pedir es elaborar un plan territorial en 30 días, pregúntele si no al señor que se sienta en este momento a su izquierda y le podrá explicar en qué consiste, cuáles son las características y los largos procedimientos de tramitación. Y en ese sentido, existe ya un mandato parlamentario respecto a cómo se debe operar en estos casos, que se contiene en la Ley de Ordenación del Territorio conocida por todos nosotros.
Solicitan también que el Gobierno pida a los ayuntamientos que no realicen modificaciones que vayan contra el PTS nuevo, nos parece un absurdo señor Casanova con todo respeto se lo digo. En primer lugar por razones de orden técnico, porque los planes generales de ordenación urbana no pueden ir en contra de los planes territoriales sectoriales, existe el llamado principio de jerarquía normativa. Y desde el punto de vista político, porque el Gobierno no puede invadir el ámbito competencial municipal.
Yo creo que todos conocemos casos en que eso se ha producido y las tensiones al respecto. Y puestos a pedir los ayuntamientos puedan abstenerse de solicitar ampliaciones de emplazamiento, yo creo que este consejo debería trasladarlo al alcalde de Oiartzun, que a lo mejor es, digamos igual al político que se refiere usted en orden a la satisfacción de algunos intereses particulares.
Y de momento nada más. Eskerrik asko.