BARRIO BAROJA (PP, 2016-03-03):
Gracias, presidenta. Señorías.
Yo también quiero saludar a los representantes de la Asociación 3 de Marzo que nos acompañan en este pleno parlamentario en un día como este.
Y lo primero que quiero expresar desde mi grupo parlamentario, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, es nuestra solidaridad con las víctimas del 3 de marzo, con sus familias, nuestro reconocimiento, nuestro homenaje y nuestra condena por la brutal operación policial que causó la muerte de 5 trabajadores y heridas a otras muchas personas aquel día de aquel triste invierno de 1975. Y también, como no puede ser de otra manera, condenar los ataques a su memoria de los que hemos sido testigos y hemos tenido noticias en las últimas horas, algo inadmisible y que merece toda la condena y todo el rechazo de la sociedad.
Hemos visto que ha habido una enmienda de transacción por parte de tres grupos parlamentarios. Básicamente están recogidas las cuestiones que nos ha llevado a nosotros a hacer la enmienda de totalidad que habíamos presentado, quitando un punto que ahora me referiré y que, en ese sentido, pediremos si lo tienen a bien, votación separada de los puntos.
Es decir, nosotros el segundo punto lo votaríamos a parte, pero sí que es cierto que la enmienda de transacción, vuelvo a decir, pues recoge gran parte de las cuestiones que nosotros habíamos trasladado...
...pero sí que es cierto que la enmienda de transacción, vuelvo a decir, recoge gran parte de las cuestiones que nosotros habíamos trasladado en nuestra enmienda de totalidad.
Por un lado, esa solidad y esa condena, como no puede ser de otra manera, por los hechos acaecidos; el recuerdo de nuestras propias declaraciones parlamentarias. Aquí se ha trabajado también sobre esa cuestión, ha habido declaraciones, se recordaba a la del 2006, también hubo trabajo parlamentario en una comisión especial que se celebró en este Parlamento; o sea, que en ese sentido también podemos ver que las cuestiones se recogen.
Y desde luego la actuación, el uso de nuestras competencias y facultades para, desde luego, para la reparación, para el resarcimiento, para el homenaje, para el reconocimiento de las víctimas en ese sentido. Por eso se recogen, básicamente, en la mayoría de los puntos lo planteado también por nosotros y lo que nosotros entendemos que es de justicia.
Vamos a rechazar de todas maneras las denuncias; eso, la palabra "denuncias", venía en el texto original de la proposición no de ley, la propuesta, ahora sustituida por la "constatación de la inacción de la justicia". No estamos de acuerdo nosotros con ese planteamiento. Es decir, y ahí tendremos la discrepancia, en la iniciativa que ustedes nos plantean.
No, no se puede denunciar, no se puede acusar a la Administración de Justicia de inacción por aplicar la ley. Es decir, es lo que la Administración de Justicia, los Tribunales, los jueces españoles durante este tiempo han hecho en algunas de las cuestiones a las que nos referimos, ha sido aplicar la ley. Ley que todos conocemos, la ley a la que se han referido todos ustedes, la Ley de Amnistía.
Y en ese sentido no estamos de acuerdo con acusar de inacción a la Administración de Justicia y de hacerle que aplique responsabilidades penales cuando no puede, en base a la aplicación de una ley en vigor en España; de una ley, además, tan importante, a la que ahora me referiré.
La justicia española, desde nuestro punto de vista  - y, desde luego, lo defendemos -  no ha obstaculizado ningún proceso de investigación. Ha aplicado la ley en vigor. La justicia española no podía establecer responsabilidades penales, puesto que la Ley de Amnistía de 1977 se lo impedía.
Y la aplicación de esa ley se lo impide. No hay más que ver sentencias, autos del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de otras instancias judiciales, para ver que el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte, en este caso, del proceso penal, ni puede haber juicio penal por delitos prescritos o amnistiados. Son otros los instrumentos a utilizar para identificar la verdad histórica.
Pero, en este caso, podríamos decir que, lamentablemente o no, pero en este caso no los judiciales. Yo creo que ha quedado claro en muchas afirmaciones y en muchos autos judiciales en este sentido. Y hay una, efectivamente, como todo, hay una controversia jurídica. Pero los tribunales son los que aplican las leyes y los que deciden lo que pueden juzgar o lo que no se puede juzgar.
Ya sé que a ustedes igual esto les da igual, pero la seguridad jurídica y las garantías judiciales se obtienen de la aplicación de las leyes emanadas de los parlamentos, nos guste o no. Es decir, y en ese sentido, nosotros entendemos que la ley de 1977 es un instrumento jurídico que los jueces han aplicado.
Y la Ley de Amnistía fue el primer pilar de la transición democrática española. Fue la gran noticia política que propiciaron y ensalzaron, especialmente, personalidades. Todos conocemos, y lo hemos recordado, y lo hemos visto. Políticas de Marcelino Camacho, como el propio Xabier Arzalluz, y algún otro, Txiki Benegas. Es decir, ahí están sus afirmaciones en relación con el valor de aquel instrumento jurídico. Aquel instrumento jurídico que, efectivamente, tuvo su valor en su momento y que, además, se ha aplicado, se ha aplicado por parte de la justicia en este país.
¿Qué pasa? ¿Que eso que valió entonces, ahora no vale? Hay que... nosotros pensamos que sí vale, que sí vale, y que sí que sirvió para la reconciliación y para garantizar la no repetición, y para consolidar el sistema democrático en la sociedad española. Nosotros pensamos que sí sirvió. Pensamos como lo que pensaba pues Marcelino Camacho, que decía que consideraba que la pieza capital de esa política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía, eso decía él: Cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros sino borramos ese pasado de una vez para siempre.
La amnistía es una política nacional, democrática, la única consecuente que puede cerrar este pasado de guerras civiles y de cruzadas. No, son reflexiones de aquel momento, no, es, no valen esas reflexiones ahora, a algunos nos siguen valiendo.
Xabier Arzalluz también consideraba y decía públicamente que la amnistía es era el paso previo, inexcusable para acceder a una situación democrática, "la política atañe a la solución de una situación difícil en la que, de alguna manera, hay que cortar con un tajo un nudo gordiano". Así se refería Xabier Arzalluz a ese y valoraba precisamente esa ley, ese momento histórico de la transición española, ese primer gran momento de la transición española que marcó todo lo demás.
Decía también Arzalluz, "no vale en este momento aducir hechos de sangre, porque hechos de sangre han habido por ambas partes, también por el poder y algunos bien tristes y bien alevosos para justificar la necesidad de esa Ley de Amnistía".
Pero, efectivamente, eso ha marcado la actuación de los tribunales, pues está claro que no debe valer para que no se investiguen, para que no se analicen, ahí están estudios y siguen habiendo, y la condena de la historia también es una condena importante que tenemos que valorar, las responsabilidades políticas o las responsabilidades históricas salen también del conocimiento y salen también de la verdad.
Pues vamos a seguir avanzando, lo han hecho institutos históricos y universitarios en este país, vamos a seguir avanzando y, desde luego, nosotros que lo trataremos y lo queremos propiciar.
En definitiva, yo les ruego a los proponentes que nos dejen votar punto por punto. Desde luego, el primer punto donde se manifiesta la solidaridad a las víctimas del 3 de marzo y a sus familiares y la condena de la masacre que ocurrió, pues está bien claro que lo hemos manifestado, lo defendemos y desde luego lo hacemos nuestro.
El punto tercero que proclama que debe otorgarse reconocimiento, reparación, rehabilitación, indemnización a las víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos, en este caso producidas por agentes del orden público, en igualdad respecto a otras víctimas está bien claro que sí, nosotros eso lo valoramos y lo defendemos, y el Parlamento Vasco exige al Gobierno español que otorgue a las víctimas del tres de marzo el reconocimiento y la reparación que les corresponde, por supuesto, e insta al Gobierno Vasco también a que desarrolle en función de sus capacidades y sus facultades que continúe materializando ese derecho a las víctimas.
Está bien claro que discrepamos, como ya he explicado del segundo punto, que constata la inacción de la Administración de Justicia, y le dice y le insta a que se establezcan responsabilidades penales de las que puedan derivarse, hemos visto que hay una ley que condiciona esto, que esto efectivamente no podemos defenderlo, porque nosotros estamos de acuerdo con la aplicación de la ley en sus términos y en ese sentido solicitamos la votación separada del punto segundo.
Muchas gracias.