MENDIA CUEVA (PSE-EE, 2018-11-15):
Egun on guztioi. Lehendakari, sailburuok, legebiltzarkideok.
El Grupo Socialista propone a esta Cámara que terminemos de desbrozar el camino de una tarea inacabada, en relación al reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos en un contexto de violencia de motivación política.
Una tarea que quiero recordar que tiene un mandato unánime de esta Cámara de marzo del año 2011, con una sola abstención y ninguna otra oposición para, entre otras cosas, establecer las medidas normativas precisas para ese reconocimiento y reparación.
Nadie, ni incluso cuando ETA no había cesado en su amenaza, absolutamente nadie, cuestionó esa necesidad.
Ese mandato llevó al Decreto del año 2012, que nos ha permitido reconocer a 187 víctimas, que lo son sin que se haya determinado el victimario y nadie lo cuestiona tampoco ahora, y es el que llevó a la ley que aprobamos en el año 2016, bajo los mismos principios. Pero ahora sí hay quien quiere poner en cuestión.
En esa ley, los Socialistas aportamos todos los elementos, desde el cambio del título, a la supresión de los apartados referidos al derecho a la justicia y distintas correcciones de redacción que pudieran impedir interpretaciones equívocas.
Aun así, es cierto, quedaban algunas dudas. Y lo que hacemos hoy es proponer a esta Cámara que, como en los casos anteriores, pensemos exclusivamente en las víctimas sin ninguna otra interpretación posible, para hacer posible esas vías de reparación.
Estamos obligados a hacerlo. Estamos obligados por el artículo 15 de la Constitución Española, que dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
Y como figura en la propia exposición de motivos de esta Ley, cuando en un sistema democrático se vulnera ese derecho fundamental, los poderes públicos deben actuar, no solo en la prevención de esas actuaciones, sino también, en su caso, en su reparación y en su reconocimiento.
Este Parlamento es parte de esos poderes públicos. Y Euskadi tiene competencias reconocidas para hacerlo. Y como continua esa misma exposición de motivos, tanto esta Ley como el Decreto anterior, asumir y reparar no es equiparar.
Las acciones terroristas no justifican ni una sola vulneración que haya sido ejercida mediante abuso de poder, pero la existencia de vulneraciones de derechos humanos no puede tampoco ser presentada como un enfrentamiento entre dos violencias provocado por un conflicto político.
Por tanto, esta Ley se ciñe a la atención de las víctimas, que en su condición de tales no han sido reconocidas, ni reparadas como tal, sin ninguna otra interpretación posible y lo decimos expresamente en esa norma, y de esto hablamos en la Ley, de víctimas, de un Estado de derecho que se fortalece cuando corrige y repara los fallos que haya tenido, y del valor para construir una convivencia futura desde una memoria critica del pasado.
Eso hoy no todos lo hacemos. Quienes proponemos esta ley sí lo hacemos, porque refirmamos nuestro compromiso con el principio inequívoco de que jamás hubo una razón para segar una vida, ni para atentar contra la integridad de nadie.
Aquí hay, por tanto, una voluntad política de reparar institucionalmente lo que es irreparable moral y personalmente, porque es irreparable el sufrimiento padecido de forma injusta y porque la ley excluye expresamente cualquier denuncia que no hay prescrito, que pueda seguir siendo reclamada ante donde debe, ante los tribunales.
Biolentziak ez zuen inolako justifikaziorik, eskubide urraketek ez zuten inolako justifikaziorik. Gaur hemen ordain pertsonalik edo judizialik ezean, biktimei dagokien ordain politikoa ematea dugu helburu. Ezin dugulako erreparatu biktimek jasan zuten sufrimendua, baina onartu eta zuzendu ditzakegu Estatuak egindako akatsak, eta horixe da gaur egiten duguna.
Terrorismoak ez zuen inolako eskubide urraketarik justifikatzen, baina eskubide urraketa horiek ez dute inolako gatazkarik agerian uzten ere, eta hori argi uztea funtsezkoa dela uste dugu.
Hay por parte de mi grupo un compromiso socialista con el Estado de derecho, ese que defendimos arriesgando nuestras vidas, ese que se ha ido ganando espacio frente a quienes quisieron abatirlo, el que venció a ETA, este que debe garantizar la integridad de cada ser humano, ese que hace más fuerte, cuando es capaz de reparar cada vulneración de derechos humanos.
Lo hacemos, además, desde la convicción de que en democracia la mayoría de los ertzainas, guardias civiles, policías nacionales y jueces han sido respetuosos con el Estado de derecho, desde el agradecimiento a esa gran mayoría de servidores públicos, que fueron imprescindibles para acabar con medio siglo de vulneración de derechos humanos a cargo de ETA, también con las bandas que utilizaron a ETA como excusa para sus crímenes.
Y desde la reivindicación de que esos funcionarios públicos no merecen ser cuestionados porque hayan quien pretenda esconder bajo una pesada losa los sufrimientos que otros pudieron provocar; que no merecen que cualquier denuncia pública que no se quiera analizar sea utilizada por quienes todavía hoy, cuando siguen sin reconocer lo injusta, dolorosa e inútil que fue la historia del terror de ETA, pretendan alimentar inaceptables teorías del conflicto.
Esta fue la razón que nos movió en el acuerdo parlamentario del año 2011, en el Decreto del año 2012 y en la Ley de 2016, que ahora afinamos más para que esa reparación pueda hacerse posible.
Creíamos, sinceramente, que el texto aprobado y mayoritariamente en vigor cumplía con las exigencias de máxima seguridad jurídica, pero es evidente que quedaron dudas, que eran las que tenía sobre la mesa el Tribunal Constitucional, porque recordemos, ese Tribunal no cuestionaba la competencia vasca para hacer esa reparación, ni su necesidad, lo que estaba estudiando era si quedaban resquicios que pudieran lesionar otros derechos, como el de la presunción de inocencia o una eventual colisión con el poder judicial.
Y es verdad que esas dudas, a pesar de todo, podían quedar porque la Ley, como dijimos en su momento en este Parlamento, se había precipitado en el final de la legislatura y se había promovido con voluntarismo, pero falto de cocina de consenso que requiere toda norma o propuesta que mire a las víctimas.
Mi grupo no se cansará, ni en lo que respecta a esta Ley, ni a otras dolorosas cuestiones sobre nuestro pasado reciente, de exigir máxima prudencia, máximo consenso, y máxima sensibilidad.
Eso pasa por no intentar alimentar falsos agravios y por no alimentar promesas que este Parlamento no puede atender, porque no es competente para atender la reclamación de justicia ni determinación de responsabilidades.
Y este pleno sería una buen ocasión para que todos, quienes estábamos en aquel pleno del año 2011 y quienes no estaban, volviéramos a coincidir en lo esencial.
Personalmente me lo tomé como un mandato, más que político, moral. Porque me correspondió atender como consejera aquella petición parlamentaria. Y lo primero que hice, fue visitar a esas víctimas olvidadas; junto con quien era mi directora de Derecho Humanos, empecé a entrar en aquellas casas, a su espacio más privado, en donde habían tenido que esconder su dolor, para decirles que era nuestra intención rescatarles de las cunetas del olvido.
Les dijimos con claridad que no íbamos a saciar su ansia y derecho de justicia, porque no nos correspondía, pero sí su necesidad de reconocimiento y reparación; que iba a quedar claro que no hay nada por encima de la dignidad e integridad humana, y que la impagable labor de las fuerzas policiales para acabar con ETA no puede ser cuestionada por los intolerables abusos de algunos pocos.
Y ese es el camino que pactamos: Con las víctimas, explicando las oportunidades y también las limitaciones; con todos los grupos parlamentarios; y con el Gobierno de España en el año 2012.
Por eso hoy hay 187 familias que han sido reconocidas, porque aquella norma que elaboramos, aquel Decreto que trabajamos, y que no fue recurrido, fue un paso más en el recorrido para completar nuestra memoria.
Porque lo hicimos desde los mismos principios que nos han permitido ir conquistando nuestra libertad: Legalidad, Estado de derecho y consensos, entre nosotros y entre los gobiernos de España y Euskadi.
La Ley de 2016 se concibió con la misma voluntad, pero, por razones ajenas a las víctimas, los consensos dejaron de ser posibles.
Hoy el Gobierno de España y Euskadi vuelven a demostrar capacidad de entenderse, y los grupos parlamentarios que los apoyamos damos cauce a ese entendimiento, volviendo de nuevo los ojos a las víctimas, sin dejar puertas abiertas a la interpretación que alguien pudiera derivar a injustos agravios entre quienes han sufrido el terrorismo o cualquier otra violación de sus derechos.
Es lo que pretendemos hacer con esta reforma que hoy traemos a esta Cámara y para la cual pedimos el respaldo para la misma.
Muchas gracias.