LATXAGA UGARTEMENDIA (EAJ, 2017-01-26):
Eskerrik asko mahaiburu andrea. Arratsalde on legebiltzarkideok, lehendakari jauna, sailburuok.
Aldez aurretik, ongi etorria eman nahi diet SOS Deiak zerbitzuko langileei.
Hasteko, aurreko legealdian eman genuen urratsa hartuko dut abiapuntu, uste dut ezinbestekoa dela lan publikoari koherentzia minimo bat eman nahi baldin badiogu. Eta hori da hain zuzen, falta zaiona Elkarrekin Podemos eta Alderdi Popularraren artean adostutako zuzenketari, koherentzia.
En este sentido, quiero recordar que el pasado 7 de abril, este Parlamento aprobó una proposición de ley para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública, y tanto nuestro grupo como el Grupo Socialista incardinamos ahí toda lo referente a la contratación del servicio de atención telefónica SOS Deiak-112.
La señora Castelo lo ha explicado magníficamente y no voy a redundar en ese asunto. En ese sentido, nuestra enmienda, nosotros defendemos nuestra enmienda, que dibuja una trayectoria coherente y que toma como base el principio de legalidad y el principio de realismo, un pragmatismo que resulta a todas luces ausente en la enmienda pactada entre el Partido Popular y Podemos. La enmienda tiene cuatro puntos, pero pongo en duda que el papel lo pueda aguantar todo.
En primer lugar, exigen ustedes que se incorpore el servicio a una estructura organizativa pública como pide el punto 26, que modifica la Ley de Gestión de Emergencias, dicho precepto no exige pasar al personal de una empresa privada a una estructura pública, no lo exige.
Ello sería un despropósito jurídico. ¿Y saben por qué? Simplemente no es factible por muchas razones, pero la principal radica en que es imposible publificar un servicio que no ha sido privatizado. Por existir, ni siquiera existe una concesión de un servicio público.
El Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, antes Centros de Coordinación SOS, en el Decreto del 83, es un servicio adscrito a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología. Y en consecuencia está dentro de la administración general y de la estructura pública.
En Euskadi las emergencias ni se atienden ni se coordinan de forma privada, sino pública. Lo que existe es un contrato de servicios para prestar asistencia exclusivamente en cuanto a la recepción o atención de las llamadas que se reciben en el 112.
Pero además, el punto 26 de la Ley que modificaba la gestión de emergencias no dice lo que ustedes dicen que dice, lo que realmente dice es que "el Gobierno Vasco implementará la estructura organizativa pública de atención de emergencias más adecuada para dar soporte y apoyo a la ejecución de las atribuciones que la presente Ley confiere al mismo y al departamento competente en la materia".
Dicho precepto no se refiere a servicio de atención telefónica 112, se refiere en otros artículos a él, sino a la coordinación y a la cooperación entre los centros de coordinación de emergencias y los servicios que deben de atenderlas, siendo unos como otros, evidentemente, públicos.
El precepto en su contexto sólo cabe ser interpretado en el sentido de que se estudie la fórmula organizativa pública que permita una mayor eficacia en el sistema de atención de emergencias, administración general o cualquiera de las múltiples posibilidades que ofrece el ordenamiento en cuanto a procurar una personificación propia a quien gestione los servicios.
El precepto ni siquiera, ni siquiera se decanta ni aconseja el tipo de organización. Por lo tanto, no obliga a lo que pretende la extraña pareja el binomio Podemos-PP.
En el segundo punto exigen que los pliegos de contratación contengan algunas cláusulas que chocan frontalmente con la legislación básica estatal. La legislación básica estatal, señora Llanos, la legislación básica estatal de contratos del sector público. ¿Creen, de verdad, que quien contrata un servicio mediante un contrato público sujeto a los principios generales de contratación pública puede exigir a los licitadores que su plantilla se rija por un convenio específico inexistente que habría que pactar a posteriori?
En tal caso, lo que se les exigiría como coalición contractual es que la empresa, la empresa que resultase adjudicataria se sentara a negociar con los trabajadores y pactase un nuevo convenio cuyas condiciones laborales serían por completo desconocidas. ¿Creen que necesariamente las condiciones serían más favorables como resultado de dicha negociación? ¿Creen eso sinceramente?
Las empresas van a calcular sus ofertas y su margen de beneficio industrial atendiendo a los precios hoy existentes en el mercado. ¿Qué margen resultaría para la negociación en tal caso? Existiría el riesgo de que el empresario adjudicatario promoviese en el futuro el descuelgue del convenio, cosa, cosa que permite la reforma laboral propiciada por el Partido Popular, y que Podemos y Bildu deberían conocer.
¿En qué situación quedarían entonces tanto los trabajadores como la prestación del servicio? ¿Y si los trabajadores y el empresario no llegasen a dicho acuerdo de un nuevo convenio, creen que ello tendría consecuencias en la adjudicación? ¿Daría lugar a la resolución contractual? ¿O acaso creen que el Gobierno debería sentarse a negociar tales condiciones laborales con los trabajadores de una empresa de servicios? ¿Creen que todo esto es legal y legítimamente posible?
Pues no. El Gobierno Vasco no va a poder legalmente exigir como condición contractual que el adjudicatario del contrato se siente a negociar y además, no sólo eso, sino que lleguen a acuerdos, "obligarles"  - entre comillas -  a que lleguen acuerdos. Si como punto de dicha negociación no resulta un convenio...
...de más no solo, eso sino que lleguen a acuerdos, obligarles entre comillas a que lleguen a acuerdos.
Si como (...) de dicha negociación no resulta un convenio de centro, no va a poder resolver el contrato, no va a poder resolver el contrato.
Y no lo va a poder hacer, señora Llanos, no lo va a poder hacer, porque no lo permite la legislación básica estatal de contratos del sector público.
Y el Parlamento no puede obligar al Gobierno a que actúe contra la ley, ¿verdad señora Llanos? El Parlamento no puede obligar al Gobierno que actúe contra la ley, ¿verdad señora Llanos?
Por lo tanto, dichas propuestas son un brindis al sol, un quedar bien o la venta de crecer pelo ofreciendo nada más que humo. Prometer humo no es proteger los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, es engañarles, es estafarles por ignorancia o dolosamente.
Por otra parte, exigen que en el nuevo pliego se aumente la plantilla de dicho servicio. No es cierto que exista un déficit de plantilla en la prestación del servicio, señora Llanos, el dimensionamiento actual del servicio es correcto, se atienden todas las llamadas y los picos de mayor demanda adecuada y eficientemente y es gracias a la concentración del número de personas que pueden atender llamadas simultaneas en el mismo centro sin necesidad de encaminar la llamada a otro centro distinto por saturación, como podía suceder antes en algunos casos.
Y la empresa contratada además de la plantilla ordinaria bien dimensionada, adquiere el compromiso contractual de reforzarla cuando exista necesidad, siempre a criterio de la administración.
Además la evolución histórica que marcan las estadísticas anuales de llamadas no es la que ustedes han dado, el señor Otero, el señor Becerra, ni la señora Llanos, los números son los siguientes y podemos hacer una proyección a que seguirán disminuyendo en un futuro.
Año 2012, señora Llanos, llamadas recibidas 1.267.302.
Año 2013, señora Llanos, 1.144.945.
Año 2014, señora Llanos, 1.014.449.
Año 2015, señora Llanos, 987.553.
Año 2016, señora Llanos, 876.865.
Eso es un descenso. Las matemáticas igual no es lo suyo, pero eso es un descenso.
Las estadísticas muestran además que mientras el número global de llamadas al 112 disminuye, aumenta el número de incidentes atendidos. Eso demuestra que la prestación del servicio es cada vez más eficiente.
Hablan también de desarrollar una formación específica. Si se refieren a que se exija un reciclaje o plan de formación continua, eso es lógico que lo incluyan en los pliegos y nosotros estamos de acuerdo con esa formulación. Pero la formulación de la enmienda del PP y Podemos cuestiona la capacitación de los trabajadores por los que supuestamente se preocupa.
Los trabajadores que prestan el servicio, lo hacen de una forma muy profesional y adecuada y ello es porque están profesionalmente cualificados para ello y han recibido formación, la formación adecuada para ello.
¿Albergan ustedes alguna duda al respecto? ¿Creen que el personal al que dicen defender no está capacitado para su trabajo? Pues bien, tal formación es un exigencia ya en contrataciones anteriores, y lo será en las próximas. Es la formación adecuada a las funciones que deben realizar, no a las que no deben realizar.
En el punto tres, hablan ustedes que se le reconozca una certificación profesional, los certificados de profesionalidad son documentos oficiales que expide la Administración laboral que acreditan las competencias profesionales que tiene una persona para el desarrollo de una actividad laboral.
Ello hace referencia a las cualificaciones del catálogo nacional...