PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2018-05-03):
Buenos días.
Bien, tuvimos la ocasión todos los grupos de esta Cámara de escuchar, tanto en reuniones particulares, como en la Comisión de Educación, a los representantes de Adostu, a los que aprovecho para darles las bienvenida a este Pleno, Asociación de Docentes No Universitarios Jubilados de Euskadi, quienes nos contaron su preocupación y denunciaron los recortes y que pese a todo, en todo momento, han mostrado su voluntad de acordar y de alcanzar un acuerdo satisfactorio, cosa que creo que es digno de resaltar.
Esto comienza, ya se ha contado un poco, pero me quiero extender un poco en este tema, comenzó en el año 2010 cuando el 6 de julio de ese mismo año se firma un Convenio Regulador de las condiciones de trabajo del personal docente no universitario que finalizaba el 31 de diciembre del 2012.
Ese convenio permitía a los profesores que tuvieran 60 años o más, pertenecientes a Muface, jubilarse y cobrar una indemnización que, entre otras cosas, tenía el objetivo fundamental de favorecer el relevo generacional y de dar también una compensación por los servicios prestados en aquel momento en condiciones no precisamente fáciles.
Para ello había una serie de requisitos que debían cumplimentar, como llevar un determinado número de años trabajados o haber estado los últimos diez años trabajando en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La Ley 6/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2012, contiene en su artículo 19 y en sus disposiciones adicionales, previsiones con el objetivo de la reducción del gasto público.
Gran parte de las medidas son la consolidación en 2012 de las medidas de reducción salarial aprobadas por la Ley 5/2010, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2011, donde refleja que quedan suspendidos en su aplicación para 2012, todos los acuerdos, convenios o pactos cuya aplicación derivase incremento retributivo para el ejercicio 2012.
Y cierto es, que esta medida se tomó en el Gobierno de Patxi López y nosotros asumimos la responsabilidad que nos corresponde.
Por tanto, en aquel momento quedaron modificados los acuerdos reguladores o convenios colectivos de condiciones de trabajo del personal empleado de la Administración Pública General de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, así como de las sociedades públicas y fundaciones del sector público dependientes de aquella y también los consorcios del sector público.
Y entre otras quedaron suspendidas las primas por jubilación, entre otras medidas de suspensión que se adoptaron.
Es cierto, que esa medida azotó al profesorado de la enseñanza no universitaria, que se iban a acoger a la jubilación voluntaria, además esta suspensión estaba prevista para el año perteneciente a 2012 pero, es verdad que, sin justificación aparente, se ha ido alargando a lo largo de los años.
Para un colectivo que como se recordaba, que es una especie de colectivo a extinguir, puesto que estaba muy tasado a qué personas se refería y los que queden pendiente de recibir esta prima son ya un colectivo de mucha menor importancia que el actualmente vigente que son dos mil seiscientas y pico personas.
Posteriormente a esto vino el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, que suprimía durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional del complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre.
Con esta medida, es verdad, que se recaudó mucho dinero pero el problema siguió persistiendo, hasta que se ha alargado en el tiempo y cado vez son más los jubilados que reivindican aquellos derechos.
El 30 de mayo del 2013, el Gobierno Vasco regula las bases para poner en marcha la jubilación parcial y el contrato de relevo en el colectivo docente, que anteriormente se había suspendido y les había afectado al colectivo del que hoy tratamos.
Esta colectivo es el que se ha visto más afectado y más perjudicado por aquel Decreto de 2012. Se han visto en una especie de tierra de nadie, porque los anteriores pudieron cobrar y los que han venido después de esa suspensión se podrán acoger a la misma, porque otros colectivos han podido cobrar las indemnizaciones por jubilación y han ido recuperando alguno de esos derechos con carácter preceptivo.
Mi grupo quiere mostrar aquí mi total disposición a que se dé una solución a este problema y entendemos que se puede dar porque ese derecho no está suprimido, se ha recalcado también aquí, está simplemente suspendido.
Y se debiera de levantar esa suspensión recogiendo la esencia de la moción que el Grupo parlamentario Aralar presentó como ya se ha recordado en esta Cámara el 2012.
Y por lo tanto, sería conveniente y quiero insistir en que es necesario que se sienten y que se acuerde en la mesa de negociación un planteamiento o un acuerdo calendario de pagos, en función de las disposiciones de las disponibilidades presupuestarias actuales, o de otros factores que puedan influirlo.
Ese fue nuestro compromiso, cuando estas personas vinieron a comparecer en la Comisión de Educación y lo queremos seguir manteniendo, levantamiento de esa suspensión, que actualmente sigue vigente, en los actuales presupuestos y negociar un plan de pagos con la duración que se estime viable.
No sé exactamente de qué cuantía, ni en que procedimiento y calendarios estaríamos hablando, eso debiera de corresponder al proceso de negociación, porque entendemos la complejidad y las dificultades que tienen desde el punto de vista técnico y presupuestario.
Pero nos parece que sería un paso importante para comenzar a desatascar una situación que se viene arrastrando desde el año 2012.
Y quiero terminar agradeciendo la disponibilidad que ha tenido la Asociación Adostu, el trabajo que han realizado y la cortesía y la amabilidad con que han tratado a todos los interlocutores, a pesar de las circunstancias y creo que ese espíritu de alcanzar acuerdos tiene que tener también su correspondencia por parte de la Administración.