PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2019-02-07):
Gracias, presidenta.
Hoy tenemos aquí una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos, relativa a garantizar la gratuidad de la enseñanza en todos los centros escolares del sistema educativo sostenido con fondos públicos, y es un tema importante, tan importante que no entendemos cómo ustedes han tenido en el congelador esta iniciativa desde hace más de un año y la traen ahora, precisamente ahora, en este momento, al Parlamento, un tema que era tan trascendente y tan importante, como ustedes mismo decían.
Sinceramente yo me da el olfato que tiene un cierto tinte de oportunismos traer a debate esta iniciativa justo en este pleno y justo en el momento en que se está dando una situación de cierto caos por la huelga de la enseñanza concertada, es casualidad, pero hay pocas casualidades en política.
Y no nos parece adecuado que en esta situación de huelga en estos centros se trate de usar este tema en un debate plenario, cuando han tenido ustedes 12 meses por delante para haberlo traído en otras ocasiones.
Y en esta proposición además ustedes tocan un poco todo, sin realmente sacar nada en claro. Se toca el tema de la matriculación, la responsabilidad del Gobierno, la inspección de cuotas, el factor económico y quizás no se atreven a decir explícitamente en la iniciativa lo que realmente parece ser el fondo de la cuestión, que es que ustedes preferirían que se eliminasen los centros concertados.
Y quiero decirle que nosotros nos somos partidarios de que haya una excesiva concentración en centro concertados, preferiríamos que hubiera preponderancia de la escuela pública, creo que ustedes también, pero es que la actual ley, la que tenemos, la Ley de la Escuela Pública Vasca, y es verdad que es una anomalía en el concierto europeo y en el conjunto de España, reconoce una situación que viene dada por una situación muy específica que existía en Euskadi en el momento de aprobarse dicha ley y a nosotros nos gusta respetar la ley, y si no poner los mecanismos encima de la mesa para facilitar que se cambien.
Es cierto, como dice usted, que la financiación de las cuotas, denominadas cuotas voluntarias, son difíciles de sortear o de vigilar, y mi grupo está a favor, ya se lo avanzó, de que esas cuotas se controlen adecuadamente, y además es verdad que se puede decir que son ilegales, puesto que no son obligatorias.
Y esta cuota voluntaria es la que tendrá que vigilar el Departamento, se tendrá que sentar y negociar, y tomar un papel más activo en el proceso de huelga, también, para llegar a un consenso que sea en beneficio de todos, tomando un papel quizás de mediador.
Y ese plan de inspección que ustedes plantean, un plan de inspección específico, puede no estar desencaminado como fin para controlar esas cuotas, pero aun sinceramente, señora Macazaga, no vemos que sea necesario en este momento, no consideramos que haga falta hacer un plan de inspección específico para asegurar la gratuidad real, como ustedes lo denominan, puesto que al ser fondos de centros concertados y fondos públicos, en este caso, deberán de ser controlados y supervisados por la Administración.
En todo caso, podemos decir que la Administración tiene que vigilar con mayor ahínco y mayor eficacia. Debe hacer, efectivamente, que la normativa se visibilice y, sobre todo, que se haga respetar y se haga cumplir.
Y de este modo la normativa se debe conocer, de la forma o manera que el Departamento de Educación estime oportuna, pero se tiene que conocer de forma adecuada.
Y estamos de acuerdo que el momento de matricularse en un centro público debe ser público todo, hasta la cuota. Y es cierto que a veces esta no suele aparecer, o no se suele aparecer de la misma.
Debe estar claro, en nuestro criterio, qué es un centro gratuito. Otro tema después es el de las cuotas voluntarias por servicios complementarios.
Pero este tema que ustedes plantean va más allá, y lo que hay que garantizar de manera efectiva es la libertad y el derecho que tienen las familias a elegir libremente el centro y proyecto educativo, no porque lo digamos los Socialistas, sino porque está expresamente recogido en la Ley de Escuela Pública Vasca.
Y la primera problemática que existe, y que es un factor a tener en cuenta, y también influye, es la baja tasa de natalidad que tenemos en Euskadi, una de las más bajas, sino la más baja de Europa en este momento, y eso es un problema evidente también, que hace se produzca una especie de caza de alumnos por algunos centros en algunas zonas.
Por eso nos parece importante hacer una división entre colegios públicos y concertados atendiendo a las demandas de los barrios.
Alguien ha propuesto zonas únicas, como la que se proponía en Vitoria, y nos parece que sería un problema de raíz, puesto que con esta premisa lo que conseguiríamos es una situación en la que algunos centros tendrían una altísima tasa de matriculación, y otros se verían abocados en una irremediable pérdida de alumnos o a la desaparición de los mismos.
Pero todo eso no se puede mezclar en una misma iniciativa y para un mismo debate, cuando quien tiene clara la respuesta fundamentalmente es el Gobierno. Eso es lo que el Grupo Socialista tiene bien claro, y es que cualquier centro o cualquier entidad sostenida con fondos públicos tiene la obligación de promover la igualdad y trabajar en contra de cualquier discriminación.
Eso es lo que hemos defendido y eso es lo que pensamos, que la educación hecha con criterios de racionalidad y equidad es la mejor herramienta para transformar la sociedad.
Y ahí coincidimos en el planteamiento general con ustedes y con el grupo de Euskal Herria Bildu, ahora diferiremos en la forma de hacerlo efectivo y en la propuesta concreta.
Nosotros hemos formalizado una enmienda con el Partido Nacionalista Vasco, en la que se hace una instancia al Gobierno Vasco a que, de acuerdo con el Decreto 1/2018, de 9 de enero, sobre admisión y escolarización del alumnado, a supervisar, se le insta a supervisar a través de las comisiones territoriales de garantía de admisión, el proceso de admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados en su ámbito territorial, y a garantizar el cumplimiento de la normativa que lo regula, sin perjuicio de las funciones y competencias de la Inspección de Educación.
Es decir existen los instrumentos, están puestos en marcha, lo que hay que exigir es que se cumplan y que funcionen. No hace falta crear más planes, planecitos, campañas y campañitas, cuando existen los instrumentos necesarios en la Administración, pongámoslos a trabajar.
A que se continúe con las actividades de inspección, tanto desde las comisiones territoriales como desde la inspección educativa, para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de las personas que conforman la comunidad educativa reconocidos por la normativa vigente.
Y cómo no, si yo sé que le preocupa mucho a la señora Bengoechea, también el derecho a las familias a elegir libremente el centro y proyecto educativo que quieren para sus hijos e hijas.
Creo que hemos hecho una propuesta muy razonable, muy centrada, y que creo que aborda una solución del problema, probablemente no de forma completa, pero sinceramente, crear campañas, campañitas y chiringuitos nuevos para solucionar problemas que ya tienen instrumentos, que lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar, me parece de una cierta irresponsabilidad.
Ahora, queda muy bien para sacar una pancarta, pero para nada más.