LLANOS GÓMEZ (PP, 2015-06-18):
Gracias, señora presidenta. Egun on guztioi.
Bien, tomo la palabra para exponer la posición de mi grupo tanto con relación a la proposición de ley como a las enmiendas, para defender las enmiendas que este grupo ha presentado a la misma. Y quiero hacerlo dejando claro un extremo desde el principio, desde el principio.
Desde el Grupo Popular queremos manifestar que siempre hemos dicho, y lo queremos reiterar ahora, era necesario y es necesario que Euskadi cuente con una ley de vivienda. Lo hemos defendido en esta Cámara en muchísimas ocasiones.
Una ley que articule los mecanismos que permitan hacer efectivo el derecho a contar con una vivienda digna y adecuada, derecho, como se ha dicho aquí, constitucionalmente reconocido en el artículo 47. Derecho además que con arreglo al número 31 del artículo 10 de nuestro Estatuto debe materializar nuestra Comunidad Autónoma.
Está claro, y también se ha dicho aquí, que existe una demanda no satisfecha y que corresponde a los poderes públicos satisfacer esa demanda. Y muchos han sido los intentos de los distintos gobiernos por aprobar una ley de vivienda. Intentos que siempre han sido in extremis.
Recordemos que el Gobierno de Ibarretxe lo presentó dos días antes de convocar las elecciones y el Gobierno de Patxi López, después de un vía crucis de innumerables estaciones, tras muchos anuncios y promesas incumplidas, lo presentó a finales de junio de 2012, pero su debate no pudo tener lugar, porque, finalmente, en agosto se convocaron las elecciones.
Y como no se pudo aprobar aquel proyecto de ley, se presentó como proposición de ley, porque la proposición que se presenta es un plagio a aquel proyecto de ley. Proyecto que ya aquel no se gestó bien, que no se hizo ningún trabajo previo de negociación y que cuando se presentó pues no contó con muestras de adhesión por parte de esta Cámara, sino más bien al contrario.
Pero en ese momento el propio consejero ya dijo que no le interesaba, que probablemente no gustaría ni al Partido Nacionalista Vasco ni al Partido Popular, pero no se preocupó en ese momento por buscar el consenso, no.
Y además, pensamos que pretendía que esa ley naciera muerta. Pretendía ya desde ese momento la defunción de aquel proyecto de ley.
Pero cuando el arco parlamentario ha cambiado y el Partido Socialista estima que puede contar con otros apoyos, con los que parecen ser sus socios naturales, trajo a esta Cámara el anterior proyecto en forma de proposición no de ley.
Y tampoco ahora se ha buscado el consenso, no, por mucho que aquí se diga. Tampoco ahora se ha aceptado, ni se ha buscado el consenso. Se han admitido por parte del grupo proponente muchas enmiendas de Bildu, tan es así que muchas de las sesiones de la ponencia parecía que el proponente de la iniciativa era Bildu y no el Partido Socialista.
Y se ha buscado únicamente el voto de quien podía hacer que la suma diese, el voto de UPyD. Y así vemos como esta ley no es fruto del consenso como decía, es simplemente el resultado de una suma aritmética de los parlamentarios de Bildu, PSE y UPyD.
Como vemos cada vez más, la política se ve reducida a esto, a sumas aritméticas, a que den los números, sin importar qué hay debajo de esos números, sin importar el resultado que se pueda obtener.
Porque que desde el Grupo Popular reconozcamos que es necesario una ley de vivienda ello no quiere decir que valga cualquier ley de vivienda, no. Y desde luego ésta, a nuestro juicio, no es una buena ley de vivienda. Lo dije cuando se tomó en consideración esta ley por múltiples razones.
En primer lugar por razones de técnica legislativa. Un instrumento de esta envergadura, como es la vivienda, debería de haber contado con la tramitación de los grandes proyectos, con la tramitación de un proyecto de ley, que hubiera hecho que fuera con los informes que acompañan a las leyes, pero no, se prefirió prescindir de ellos y, sin embargo, presentarlo como proposición.
Y ello, como digo, hubiera permitido contar con informes respectivos, con bases fácticas y no con esa remisión genérica que se hace en la exposición de motivos de "tenemos en cuenta los estudios y análisis de demanda realizados en el momento de la redacción del presente texto legal".
Creo que no es serio fundamentar una ley en esos informes que se tiene. Pero, como decía, se presenta esa proposición que en su día fue un proyecto de ley. A pesar de que aquel proyecto de ley en los informes que emitieron muchos organismos, informes preceptivos, tenía muchos reparos, pero no, se presenta.
Se presenta una proposición que es mimética, con una única novedad, una única novedad, que es la del decreto andaluz, que por cierto, ha sido declarado inconstitucional el pasado mes de mayo, es verdad que se ha modificado, pero nosotros seguimos dudando de la constitucionalidad de lo que hoy aquí se va a aprobar.
Lo dije cuando se presentó esta proposición. La política de vivienda llevada a cabo por los distintos gobiernos que ha contado Euskadi ha sido un rotundo fracaso, porque no es suficiente con tener competencias, con reclamar más competencias. Lo que hay es que gestionar eficazmente las competencias que se tienen y eso aquí nunca se ha hecho.
La gestión de la política de vivienda, desde luego, ha sido todo menos eficaz, ha sido un rotundo fracaso, pero es que la política que va a salir después de esta ley también está abocada al fracaso, porque parte de falsedades, parte de que la solución al problema de la vivienda radica exclusivamente en declarar que existe un derecho subjetivo a la vivienda, derecho subjetivo que luego no es tal, porque luego en la propia ley se establece que no todo el mundo, se tiene que hacer por tandas, se tiene que hacer por fases. Pero, en fin.
El lema de la función social de la vivienda y del reconocimiento del derecho subjetivo, como digo, creemos que va a traer consigo, además de un nuevo fracaso, mucha frustración en la ciudadanía por las expectativas generadas que no van a poder ser satisfechas.
Porque el derecho a la vivienda está reconocida constitucionalmente, como se ha dicho aquí, y es verdad que se obliga a los poderes públicos a que se satisfaga ese derecho. Pero, de verdad, para que los poderes públicos se pongan la tarea, se impongan la tarea de satisfacer ese derecho, ¿es necesario declararlo como derecho subjetivo? ¿Tenemos que declarar todos los derechos subjetivos, todos los derechos reconocidos en la Constitución como derechos subjetivos? ¿Que puedan ser reclamados ante los tribunales y que, si no pueden ser reclamados ante los tribunales, eso supondrá que los poderes públicos no van a hacer nada por satisfacerlos?
De nada, además, sirve declarar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo si luego no se le da satisfacción. Porque, como digo, las declaraciones en un papel quedan muy bien, pero lo importante para los ciudadanos es la satisfacción de esos derechos.
Y la cuestión, como digo, no está en la exigencia, sino en ponderar los cuantiosos medios económicos y la posibilidad social de disponer de los mismos en la presente situación económica, porque, de no hacerlo así, supone un ejercicio de legislación ideológica, voluntarista y alejada de la realidad.
Es, por tanto, como digo, necesario tener en cuenta las posibilidades económicas y presupuestarias de las instituciones implicadas, no sólo del Gobierno Vasco, sino también de los propios ayuntamientos.
Porque es evidente que la configuración del derecho de vivienda como un derecho subjetivo traerá consecuencias para el Gobierno Vasco, primera línea en las demandas de los particulares, pero también para los municipios, que ocuparán la segunda línea en la demanda de los mismos.
¿Y con qué recursos se van a afrontar, no sólo en el Gobierno Vasco, sino también en los ayuntamientos esta demanda? Porque, como decía, la propia ley reconoce que la satisfacción de este derecho se hará de forma escalonada, se hará por tramos, pero se tiene que materializar.
Y el papel, como digo, lo aguanta todo, pero luego en la realidad exige algo más que populismo y demagogia.
Es necesario contar con recursos presupuestarios, es necesario contar con recursos humanos y organizativos, máxime cuando el propio texto incluye la posibilidad de que la exigencia del derecho, si no es posible, sea suplida por una prestación económica, que según se nos informó, puede suponer más de 700 millones hasta el 2025.
Y es necesario saber si vamos a poder contar con esos recursos. Es necesario saberlo. Si para ello, si para contar con esos recursos nos vamos a tener que endeudar más, si vamos a tener que subir los impuestos, o si vamos a recortar de otras partidas del Gobierno Vasco y de cuáles.
Eso hay que decirlo. Y esta ley, contempla además, una única fórmula que es el alquiler, con el que este grupo no está de acuerdo. Es verdad que la demanda se está invirtiendo, que son cada vez más los inscritos en Etxebide que eligen la opción del alquiler, pero no todos. No todos. Y nosotros, aunque compartimos que debe priorizarse la fórmula del alquiler, tampoco a nuestro juicio debe ser la única fórmula.
Y la ley no explica, además, en un primer momento por qué era prioritario el alquiler y ahora ya por qué solamente va a ser el alquiler.
Además, esta ley pretende sustituir la acción de los poderes públicos o, mejor dicho, la inacción que los distintos gobiernos, tanto los Nacionalistas, como el Gobierno Socialista han dejado patente y trasladar la carga al ámbito privado.
Porque existían viviendas de protección pública desocupadas y siguen existiendo. Y, sin embargo, se penaliza a quienes las tienen vacías, pero, desde luego, no se ha puesto todas esas viviendas vacías a disposición de quien las necesita.
Además, esta ley tiene grandes dosis de inseguridad jurídica. Hay invasiones competenciales con el Estado y también hay disposiciones contrarias a la autonomía municipal. Creemos que se exceden las competencias legislativas del Parlamento Vasco en varias materias, en el Estatuto de la Propiedad, en las expropiaciones, en facultades tributarias y en el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
La Comunidad Autónoma del País Vasco dispone de atribución competencial plena en materia de urbanismo, pero no tanto en materia de vivienda, por cuanto ésta puede afectar a la propiedad. Y regular el estatuto jurídico del derecho de la propiedad es competencia del Estado, como de manera reiterada lo ha proclamado el Tribunal Constitucional.
El Estatuto de la Propiedad, que con el arreglo del artículo 33 de la Constitución y a la reserva competencial del artículo 148.1 primero...
...reiterada lo ha proclamado el Tribunal Constitucional. El Estatuto de la Propiedad que, con arreglo al artículo 33 de la Constitución y a la reserva competencial del artículo 148.1.1 y 18 como digo, corresponde al Estado.
Por lo tanto, los artículos relativos al alquiler forzoso y otros reguladores de instrumentos públicos de intervención en el mercado de la vivienda y los alojamientos dotacionales, inciden de manera directa en ese Estatuto de la Propiedad, que como digo, no le corresponde regular a esta Cámara. Lo mismo sucede con el canon de vivienda deshabitada, el alquiler forzoso y las expropiaciones forzosas que chocan, como digo, con ese derecho de la propiedad.
Y en lo relativo a la expropiación de viviendas afectadas por deudas hipotecarias, como he dicho antes claramente, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y, como digo también, influye en la autonomía municipal.
Por lo tanto, como digo, esta ley además de que con grandes dosis de demagogia, nace también con grandes de inseguridad jurídica. Es una ley que descansa en la penalización, en el castigo y, desde este grupo, siempre hemos dicho que somos mucho más partidarios de medidas de fomento que de medidas de castigo.
Desde el Grupo Popular hemos propuesto 178 enmiendas, de las cuales han sido aceptadas una cuarentena y tres han sido transadas. Todas ellas en el sentido de plasmar en propuestas los extremos a lo que me acabo de referir. Algunas contenían aspectos de mejor definición, de inclusiones  - a nuestro juicio -  necesarias o de redacciones más adecuadas.
Existe otro grupo de enmiendas dirigidas a garantizar ese adecuada reparto competencial y autonomía municipal, a garantizar en definitiva la seguridad jurídica; otras son fruto de propuestas que en su día hicieron los organismos informantes del anterior proyecto que, como digo, es mimético a éste, organismos como por ejemplo la Oficina de Control Económico; otras, que no solamente las presentamos nosotros, sino también coincidieron y finalmente han desaparecido, para acabar con esa peregrina idea del fondo de compensación; otras iban dirigidas a que la función social de la vivienda se configurase de modo coherente con las prescripciones constitucionales del derecho a la propiedad.
Con relación a garantizar el derecho a la vivienda que nosotros sí creemos, porque lo hemos dicho antes que los poderes públicos deben garantizar ese derecho a la vivienda y, por tanto, hemos propuesto el reconocimiento del derecho al disfrute a una vivienda digna, adecuada y accesible a todos aquellos que tengan vecindad administrativa con una antigüedad de 3 años en Euskadi, imponiendo las satisfacción de ese derecho a los poderes públicos de nuestra comunidad pero, como digo, sin reconocerlo como un derecho subjetivo. Porque, como he dicho antes, hacerlo sin ponderar los medios económicos y sin saber si hay posibilidad de disponer de los mismos, constituye un ejercicio de voluntarismo político alejado de la realidad.
Hemos propuesto también reservas de vivienda para determinados colectivos de especiales dificultades como familias numerosos, monoparentales, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, personas con movilidad reducida o víctimas del terrorismo que quieran volver a Euskadi. También hemos propuesta que no se excluyan, como he dicho antes, otras fórmulas distintas del alquiler para satisfacer la necesidad de vivienda. Hemos puesto, como digo, de manifiesto esa inseguridad jurídica de la ley y también hemos intentando con nuestras enmiendas reducir la misma.
No estamos tampoco de acuerdo, más allá de su seguridad o no, con la imposición del canon o el alquiler forzoso porque consideramos, como decía, que frente a medidas coercitivas, son mucho más eficaces, medidas que esas sí garanticen más allá de penalizar, la apuesta en el mercado de viviendas desocupadas.
Además, como hemos dicho en otras ocasiones, el castigo no debe de ser el objetivo de las administraciones públicas, no lo debe ser. Lo que debe de ser es la satisfacción de los derechos y creemos, como digo, que incentivar que los propietarios de inmuebles los pongan en el mercado es mucho más efectivo que simplemente imponerles un canon.
Hemos procurado que en lo relativo a la rehabilitación de vivienda, ése sea el verdadero objetivo perseguido, que las viviendas se rehabiliten y no afectar al final al derecho de la propiedad.
Hemos propuesto  - y eso sí se ha incluido, se ha aceptado -  que se tenga en cuenta lo establecido en la Ley 13/2008, de Apoyo a las Familias, en lo relativo a la renta estandarizada. Es decir, que se tenga en cuenta el número de miembros de la unidad familiar o convivencial. Hemos propuesto enmiendas también dirigida a evitar ese excesivo intervencionismo de la Administración, así como a garantizar la utilidad social de las viviendas de protección pública.
Y, por último, me quiero referir a algo que siempre ha salido cuando se ha debatido de vivienda en esta Cámara, y algo que yo creo que es una necesidad. Y es que, la ley de vivienda va indisolublemente unida a la Ley del Suelo y es necesario una modificación de la Ley del Suelo porque la actual es absolutamente ineficaz.
Estimamos que estos dos instrumentos legales, los dos conjuntamente, deben abordarse para garantizar el derecho a la vivienda de todos los vascos, de los que tienen menos recursos económicos y de que aquellos que, sin contar con excesivos recursos económicos, sin embargo, no pueden acogerse a viviendas de protección pública, pero que tienen derecho a poder acceder a una vivienda a un precio adecuado, y la actual Ley del Suelo no lo garantiza, no lo garantiza.
Esta Ley del Suelo actual, además de encorsetar a los ayuntamientos sin tener en cuenta las diferentes realidades de cada uno, como digo, no ha servido para ese objetivo esencial. Por ello, nosotros hemos propuesto en estas enmiendas y a falta de que se produzca una modificación en la Ley del Suelo...
Por cierto, Ley del Suelo que se trajo aquí su intento de reforma también en la anterior legislatura por parte del Grupo Socialista pero de ésa ya se ha olvidado totalmente. Y además, se dijo que era necesario acometer las dos modificaciones pero de eso se ha olvidado totalmente y esa Ley del Suelo de momento no ve la luz.
Bien, pues nosotros hemos propuesto que se aminoren las cargas urbanísticas a los ayuntamientos precisamente para facilitar la construcción, tanto de protección como libres, y que éstas tengan un precio adecuado. Y también que esas concesiones sean fijadas por el ayuntamiento teniendo en cuenta las características de su término municipal.
Así como también hemos propuesto la modificación de los números 2 y 3 del artículo 80 del actual Ley 2/2006 del Suelo, precisamente para que los porcentajes destinados a vivienda de protección sean disminuidos. Porque el excesivo porcentaje, como digo, igual que esta ley de vivienda, queda muy bien sobre el papel pero luego los resultados han sido los que han sido, que las viviendas durante mucho tiempo su precio ha estado absolutamente disparado o si no, simplemente momentos como el actual que no se construyen.
Por lo tanto, como digo, es necesario reducir esas reservas de suelo destinadas a viviendas de protección públicas, con el fin de incentivar la construcción de viviendas públicas y también de viviendas libres, pero que tengan precios asequibles a la ciudadanía porque lo que no podemos es proteger a uno y dejar absolutamente desprotegidos a otros.
La verdad es que muchos han sido los debates que se han producido en esta ley de vivienda. La casa se empezó por el tejado, debería haber sido un proyecto, debería de ir acompañado de una serie de informes, debería de haber acompañado de unas comparecencias y luego después ver la luz la ley. Pero se ha hecho todo al revés. Pero, de todas formas, yo quiero agradecer a todos aquellos que han comparecido en la comisión para hacer sus aportaciones. Todas ellas han sido enriquecedoras.
Y termino como empecé, diciendo que nosotros desde el Grupo Popular siempre hemos creído necesario que haya una ley de vivienda. Pero una ley efectiva, una ley que contenga instrumentos. No medidas voluntaristas que sobre el papel pueden quedar muy bien pero que luego no solamente puede que se queden sólo en el papel, sino que al final sean únicamente papel mojado.
Nada más. Muchas gracias.