GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2013-01-31):
Gracias señora presidenta. Buenos días señoría. Egun on.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente es cierto que esto ya se ha debatido en multitud de ocasiones. No es la primera vez y por eso más de la mitad de ustedes, parlamentarios de esta Cámara van a oír una intervención que seguro les sonará, porque como digo, esto ya se debatió hace poco más de siete meses, concretamente en junio del año pasado.
Además van a oír más o menos lo mismo que entonces porque las posiciones que va a mantener el Grupo Socialista son exactamente iguales que las que mantuvo entonces. Es decir, vamos a defender lo mismo estando en el Gobierno que fuera del Gobierno, estando en la oposición. Vamos a mantener el mismo criterio, como digo, y ese criterio no es otro que el de apostar y considerar necesario ese Decreto que en su momento se aprobó porque logra los objetivos que defendía señora Llanos.
¿Ha dotado de mayor control, transparencia y agilización a la gestión del servicio? ¿Ha ampliado los supuestos de reconocimiento de derecho y los módulos?
Establece –esto es una apuesta personal del Grupo Socialista, del Partido Socialista– la elección de abogado con limitación de llamamientos, mejora sustancialmente la organización de los turnos de guardia de asistencia al detenido, ha agilizado los pagos a los letrados y ha habilitado previamente a los colegios del quantum anual referido a los gastos de funcionamiento y los turnos de guardia, etcétera. Y yo, y usted también porque es abogada en ejercicio igual que yo, doy fe de ello.
Quiero recordarles, como ya les dije entonces y les acabo de decir ahora, que soy abogada en ejercicio colegiada en Gipuzkoa y que llevo 26 años adscrita al turno de oficio y al servicio de asistencia jurídica. Como bien saben ustedes, no es lo mismo. Por tanto, puedo afirmar que durante estos 26 años, sobre todo en los últimos, las condiciones económicas y de funcionamiento del servicio han cambiado y han mejorado como del negro al blanco. Pero a la vez de abogada en ejercicio soy socialista y por eso creo absolutamente en varias cosas.
Creo en la justicia como un valor ético, como valor filosófico, entendida como algo que es esencialmente bueno; un valor de la sociedad. Creo en el derecho a la justicia determinado como derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución española que establece expresamente que todas las personas tienen derecho a obtener eso de lo que tanto se habla y que seguiremos hablando después, que se llama tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales para ejercer sus derechos e intereses legítimos.
Creo en el derecho de esas personas que carecen de medios o no tienen suficientes recursos para litigar a la gratuidad de la justicia, recogido también en el artículo 119 de la Constitución; creo en la obligación de los poderes públicos de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a todas las personas con independencia de sus capacidades económicas.
Creo en una justicia social igual para todos, ricos o pobres, príncipes o mendigos; creo en el derecho de los ciudadanos desprotegidos para acceder a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad; creo en eso que llamamos justicia. Creo que en eso que llamamos el derecho a los beneficios de la justicia gratuita porque, como digo, creo que en la justicia.
Creo en la justicia social porque eso soluciona fundamentalmente los problemas de la gente. Y eso que llamamos el Estado de derecho no es otra cosa que la garantía que tenemos todos de que tenemos las herramientas y los mecanismos necesarios para resolver nuestros conflictos, nuestros problemas y para exigir lo que nos corresponde.
Y fundamentalmente y finalmente y además también, creo en el derecho de los abogados y abogadas de este país a cobrar por el trabajo que realizan mediante su adscripción voluntaria al servicio de justicia gratuita. ¡Faltaría más!
En todo esto creemos los socialistas. Esto es lo que defendemos, señora Llanos. ¿Pero usted cree en la justicia como un derecho, como un servicio público? O, ¿cree en la justicia como un servicio privado al que pueden acceder solamente aquellas personas que pueden pagarlo? Cada vez menos, por cierto.
Y este servicio público en el que no creen, ¿cómo se paga? Se paga con fondos públicos, con el dinero de todos; más de unos que de otros también hay que decirlo.
¿Y cómo se reconoce ese derecho en el que usted parece que no cree, señora Llanos? Por ley. El derecho a la justicia gratuita se reconoce por ley, efectivamente. Esa ley a la que usted se ha referido. Y es una ley que determina textualmente que la intervención de esos profesionales designados en el turno de oficio para la defensa, la asistencia, la representación, –no sólo abogados, también procuradores– etcétera...
...que la intervención de esos profesionales designados en el turno de oficio par la defensa, la asistencia, la representación no sólo abogados, también procuradores etcétera.
Sólo puede ser pagada con nuestro dinerito, con el dinerito de todos, cuando existe un reconocimiento expreso del derecho a la asistencia gratuita en los términos previstos por la ley. Esa ley, dicho sea de paso señora Llanos, que ustedes cumplen a rajatabla allí donde gobiernan. Donde además de no pagar ni un solo duro, ni un solo euro por actuaciones que no tengan reconocido expresamente el beneficio de justicia gratuita, abonan cantidades insultantes, por ridículas, en los turnos de guardia.
Y le voy a poner un ejemplo. Una abogada gallega cobra 19,34 euros descontado el IVA en concepto de guardias de asistencia al detenido al trimestre. Aquí, yo no sé ustedes en Bizkaia, pero aquí yo, en Gipuzkoa 221 euros por día de guardia. Sólo por ese concepto en Euskadi se pagan casi 3.310.000 de euros. No hay comunidad autónoma en este País que retribuya ni de lejos lo que se paga aquí.
¿Qué podemos decir del turno de oficio? Qué podemos decir donde se han aumentado no solamente la cuantía de los módulos. Se han aumentado las cantidades, se han aumentado los módulos, se han aumentado las actuaciones a las que se puede acceder. Todas esas segundas instancias que antes no entraban. Esas actuaciones en el orden social que tampoco antes entraban.
Incluso juicios de faltas en determinadas condiciones cuando no es necesaria la presencia de letrado. Efectivamente el único punto de fricción ha sido el tema de los fallidos. Y el problema ha sido fundamentalmente, voy a decir claramente que mi opinión es que ha habido una falta de disposición real por parte de los colegios profesionales a encontrar soluciones a esos supuestos de hecho, y actuaciones procesales, que no pueden solventarse por la normativa de la justicia gratuita.
Porque en paridad, y desde el punto de vista estricto de legalidad, no son justicia gratuita. Eso que dice la ley de reconocimiento expreso, esa ley de la que usted habla y esa ley que ustedes aplican como decía antes a machamartillo en todas las comunidades donde gobiernan. Esos asuntos fallidos cuantificados por los colegios de abogados en las primeras negociaciones en aproximadamente 300 anuales.
Esas negociaciones de las que usted habla también había otra parte de la negociación. Es decir, la posibilidad que de manera vía subvencionad probablemente, se dotara a los colegios de un monto aproximadamente del 2,5 % de una cuantía aproximadamente del 8,5 % del monto total de lo que es el turno de oficio y la justicia gratuita. Más de 7 millones de euros al año. Traducido al esperanto y en números, yo soy muy torpe, pero cero que son 175 mil euros.
A razón de 300 casos fallidos más o menos al año, estamos hablando de 538 euros por fallido. Cosa que no se acepto por los colegios de abogados. Ya hablamos anteriormente también de la disponibilidad. Yo creo que la disponibilidad, en fin, cuando dos personas o dos grupos, o dos discuten sobre algo, e intentan llegar a un acuerdo la disponibilidad para el acuerdo tiene que ser mutua.
Habábamos entonces aquello de la prueba diabólica o inquisitorial, es decir, quien tiene que demostrar que no se ha podido llegar a un acuerdo por falta de interés. ¿El Gobierno?
El Gobierno, que lo que intentó en su momento fue planificar un decreto que no clarificaba muchas cosas, que no dotaba de transparencia al servicio con el que se atendía a determinadas personas y que lo pagamos, todos como digo y como decía antes, unos más que otros.
Vamos a ser serios. El Decreto de Justicia Gratuita no tiene como fin exclusivo, que es lo que parece, garantizar el derecho de los abogados al cobro. Tiene que garantizarlo, y de hecho usted sabe exactamente igual que yo que antes de ese decreto había un montón de cosas que tampoco no se cobraban hasta que se decretaba la declaración de insolvencia vía judicial. Exactamente igual que ahora. Igual que antes los abogados tenían que ir a hacer las tasaciones de costas y las juras de cuentas, exactamente igual que antes.
Pero el turno de oficio, la justicia gratuita, lo que tiene que garantizar no es sólo el cobro de los abogados y de los procuradores y del resto de operadores jurídicos que trabajan de manera, en fin...
Tiene que garantizar sobre todo, y asegurar que aquellos ciudadanos que no tienen dinero para poder acceder a la justicia, y no tienen libre acceso a la jurisdicción y a la defensa de sus intereses en igualdad de condiciones, lo tengan.
Ése es el fin del beneficio de justicia gratuita. No es otra cosa que un derecho fundamental. Para terminar, se me está acabando el tiempo pero sí quiero mencionar a la enmienda transaccional. La enmienda transaccional, nosotros vamos a abstenernos, fundamentalmente porque en cualquier caso, cualquier gobierno que sea, que vaya a gestionar un servicio con transparencia, con claridad, con voluntad de servicio público, va a tener nuestro apoyo.
Desconocemos cuáles son las disfuncionalidades exactas que pueda haber para no llegar a un, en fin, a que esto no sea un problema. En ese caso, cualquiera que sea la situación como digo, en la el gobierno que sea, sea el que sea, acceda a tramitar las cosas con transparencia, legalidad, con claridad meridiana, el Grupo Socialista, estará ahí.
Nada más, gracias.