GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2013-04-25):
Gracias señora presidenta. Buenos días señorías.
Yo creo que toda la Cámara comparte la oportunidad de este debate que vamos a tener hoy aquí, pero yo creo que también es conveniente saber de qué estamos hablando.
Desde una perspectiva formal, jurídica, hay que decir que hasta la fecha en nuestro país –como ustedes entiendo que ya saben–, el sistema de ejecución hipotecaria es un sistema sumarísimo. Cuando una persona no puede pagar una cuota de su hipoteca, el banco, el prestamista o entidad que sea, puede acudir a esa ejecución y el deudor solamente puede oponerse por dos motivos fundamentales, o bien el pago o error en la determinación de la cantidad exigible.
Cualquier otra cuestión que el deudor quiera alegar –como nulidad del título, cláusulas abusivas, etcétera–, no se pueden ventilar en ese proceso sumarísimo, sino que tiene que ir obligatoriamente a un procedimiento declarativo, en este caso, la de jurisdicción mercantil, sin que la tramitación de ese procedimiento mercantil produzca la suspensión de la ejecución.
Esto significa que, en realidad, a la hora de la verdad en muchos caso, cuando se dicta la sentencia de ese procedimiento declarativo y se le da la razón al deudor, ya ha sido su casa subastada y él ha sido lanzado de su vivienda.
Con esta situación, ¿Qué es lo que ha ocurrido para que estemos hablando hoy de esto? Pues que un abogado de Barcelona tuvo una idea brillante. Tuvo la brillante idea de interponer una demanda alegando que los intereses de demora del 18,75 %, que estaba abonando su cliente ejecutado en un procedimiento hipotecario eran abusivos y, por tanto, pedía que se declarara nulo el procedimiento de ejecución.
Esto motivó que el juez, concretamente es el juez del Mercantil Nº 3 de Barcelona, que debía ver el asunto, manifestara sus dudas en cuanto a la conformidad del derecho español con el marco jurídico establecido por la Directiva Europea 93/13 sobre cláusulas abusivas y planteara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial en la que pedía que se le aclararan fundamentalmente dos cuestiones.
Por un lado, si el procedimiento de ejecución hipotecaria de nuestro ordenamiento limita claramente los derechos de los consumidores y usuarios, porque esos exiguos motivos de oposición a la ejecución obstaculizan de manera casi absoluta el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos.
Y por otro, solicitaba que el Tribunal diera contenido al concepto de desproporción. Es decir, que determinar a qué concepto puede entenderse cláusula abusiva en relación con el vencimiento anticipado, los intereses de demora y también la determinación de la liquidación de la deuda por parte del propio acreedor.
Y como ya saben, el 14 de marzo, la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia por la que declara que el derecho procesal hipotecario español vulnera el ejercicio de los derechos de los consumidores y es contrario a lo establecido en la Directiva Europea sobre cláusulas abusivas de los contratos.
Lo que en puridad y en definitiva permite a los jueces españoles suspender esas ejecuciones hasta la resolución declarativa que corresponda.
Se podría hablar de cuál ha venido siendo la situación del problema de los deudores hipotecarios, pero fundamentalmente el problema es el problema del deudor sobrevenido. El deudor que ha podido siempre pagar sus deudas y que por causas de lo que hablaremos después, que es precisamente esta crisis que nos está comiendo todo, se ven en una situación de insolvencia a la que no puede hacer frente.
Como certeramente dice el magistrado Rodríguez Achútegui, es sorprendente que nuestro derecho procesal no garantice los derechos de quienes afectados por un proceso de ejecución hipotecaria no pueden esgrimir en ese procedimiento la nulidad por abusivas de cláusulas que, cotidianamente, en otros juzgados y tribunales se están declarando nulas, cuando los procedimientos no son de carácter hipotecario. Hasta aquí lo formal.
Pero lo material, la cuestión principal, que es el objeto en sí del debate, que subyace a esta proposición, es cómo dar respuesta a estas situaciones de endeudamiento sobrevenido, cómo capear esta crisis que lo está arrasando todo, cómo dar respuesta a esos dramas personales, familiares, que esta crisis interminable está produciendo, cómo solucionar esas situaciones de desamparo de miles de familias en este país, cómo conseguir que nadie, en definitiva, en este país se quede sin su vivienda.
Esta sentencia, de todas maneras, señoría, no es la panacea, no es la solución para el deudor hipotecario de buena fe. No es el final del trayecto, ni mucho menos.
Tiene una trascendencia importante para muchas familias que están inmersas en esta serie de procedimientos, pero lo cierto es que no afecta a todas las ejecuciones hipotecarias, no define qué es cláusula abusiva y qué no, no tiene carácter retroactivo, no habla de dación en pago, no garantiza, en definitiva, perder la vivienda.
Por tanto lo que toca, lo que tocaba es que el legislador estatal mejorase la Ley, elaborase una ley decente que regule de manera justa, equilibrada, y repito decente el tráfico de muchas situaciones de nuestras vidas, que garantice condiciones de igualdad en la contratación y que nos permitiera tener expectativas de justicia y de igualdad en la protección de nuestros derechos.
Como decía, señorías, era lo que tocaba, era lo que toda la sociedad española, toda la sociedad vasca, todo el mundo mundial está con un grado de movilización desconocido hasta la fecha está pidiendo al Gobierno de España y éste, de nuevo, ha frustrado todas y cada una de las expectativas que tenía cada una de estas personas. Con una ley corta que es absolutamente insuficiente para abordar en su integridad la situación de los deudores hipotecarios y el desequilibrio de su posición en relación con la posición del acreedor. Es así de sencillo.
En definitiva, señorías, muy pocas alforjas para tan largo viaje. Así que parece que esas medidas que no le parecen suficientes a la señora Beitialarrangoitia que hemos acordado en nuestra enmienda transaccional para la que pedimos el apoyo de la Cámara, pueden hacer más por todos los afectados, señorías, que esta ley que presumiblemente se aprobará dentro de dos meses después de su tramite por el Senado y que seguirá siendo insuficiente, como digo, si nadie le pone remedio.
En definitiva, ¿Tendremos que seguir dependiendo de la sensibilidad social de algunos jueces o de las ideas innovadoras o brillantes de algunos abogados? Nuestra respuesta, la respuesta de los socialistas es que no. Y por ello reiteramos nuestra exigencia al Gobierno para que actúe, para que solucione los problemas de la gente y para que ponga, en definitiva, coto a esta injusticia. Para que se cumplan, en definitiva, todos y cada uno de los puntos que le instamos con esta enmienda transaccional al Gobierno de España, al resto de instituciones y entidades directamente interpeladas.
La enmienda recoge, señora Beitialarrangoitia, absolutamente todos y cada uno de los puntos menos uno, que es concretamente el punto referente, el punto en el que ustedes se refieren a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudia los casos de desahucios que han sucedido en aplicación de los artículos que vulneran los derechos de las personas consumidoras, establezca una vía para ofrecer las indemnizaciones.
Las cosas cuando se piden hay que hacerlas bien, es decir, la vía para pedir indemnizaciones está en el Derecho español, es decir, usted tiene que conocer fundamentalmente las normas de lo que se llama el derecho internacional privado, que es lo que regulan las relaciones entre personas que celebran este tipo de obligaciones contractuales y no hay norma de conflicto que remita una norma, en este caso, comunitaria.
Es decir, de lo que se trata es de hacer viables las peticiones y que en definitiva solucionen los problemas de la gente.
En definitiva, señorías, yo me quedo con el valor del acuerdo y agradezco de ante mano el voto favorable de los grupos.