SARASUA DÍAZ (PSE-EE, 2015-11-27):
Eskerrik asko.
Sailburu, señorías, ustedes nos indican en la respuesta dada a mi grupo el 17 de noviembre, nos indican y reconocen que hoy en día hay muchas personas en una situación precaria a consecuencia de la crisis económica y del incremento del paro, que, no habiendo necesitado recurrir a las ayudas sociales, lo están haciendo.
Asimismo, reconocen ustedes las circunstancias actuales que han despertado una nueva realidad, que el patrimonio no se pueda liquidar a tiempo para atender las emergencias.
Sin embargo, plantean dificultades para cumplir el mandato del Parlamento en los términos expresados, y apelan a la necesidad de hacer una reflexión previa sobre las consecuencias de cualquier cambio puntual de la normativa.
Dicen por un lado, que el Decreto de las Ayudas de Emergencia se remite al artículo 24.1 del Decreto de la Renta de Garantía en la cuestión que nos ocupa, señor consejero, que establece que cualquier miembro de la unidad de convivencia que posea un bien inmueble en posesión o usufructo diferente de la vivienda habitual, y que no constituya el lugar donde se desarrollan las actividades por cuenta propia, no podrán acceder a las prestaciones sociales.
Se deniega el acceso a las ayudas tanto a las personas que poseen un pequeño terreno, como a las que poseen una segunda vivienda, sin tener en cuenta que no puedan beneficiarse de ellos, bien por sus características en mal estado de conservación, o porque no logran venderlo por las circunstancias actuales del mercado inmobiliario, consecuencia de la crisis económica.
Y por otro lado plantean para el cumplimiento del mandato la posibilidad de añadir al Decreto de las AES todas las especificaciones relativas a ingresos y patrimonio de las que carece. El Departamento ha barajado la idea de poder incorporar en el Decreto la posibilidad de ofrecer a las entidades gestoras utilizar discrecionalmente el 8 % de la asignación que les corresponde, en base a que algunos ayuntamientos han incrementado con cargo a sus propios recursos una línea específica de ayudas, habilitada precisamente para estas situaciones excepcionales, que no pueden ser atendidas con los criterios y requisitos contemplados en la orden de las Ayudas de Emergencia Social y en el propio Decreto. Y sin embargo, muchos otros ayuntamientos que carecen de recursos propios, no pueden hacer frente a estos casos de necesidad. Y la competencia es del Gobierno Vasco, aunque la gestión es de los ayuntamientos.
Por eso entendemos que es necesario modificar el decreto 4/2011, a fin de que puedan acceder a las Ayudas de Emergencia Social las personas que no cuentan con liquidez, que no cuentan con liquidez para atender a gastos específicos, sin depender de que su ayuntamiento cuente o no con presupuesto propio, y sin perjuicio de que se puedan establecer todos los controles que sean necesarios para ellos. Y entendemos que corresponde al Gobierno hacer las modificaciones oportunas y que lo debe hacer de manera urgente, porque quien tiene la necesidad así lo está pidiendo.
Señor consejero: Acabamos de conocer el sociómetro vasco de noviembre sobre las desigualdades sociales y prestaciones. La mitad de las personas encuestadas percibe que el 25 % de la población vasca está en situación de pobreza en Euskadi; que han aumentado las desigualdades sociales; y que las consecuencias de la pobreza son no poder vivir en una vivienda digna, sufrir pobreza energética o no poder comer carne y pescado dos veces por semana.
Asimismo, el 23 % de las personas encuestadas percibe que ha empeorado la atención a las personas en situación de pobreza, que han aumentado el número de personas que necesitan apoyo y que se ha reducido el gasto en protección social.
Señor consejero, el 51 % percibe que las ayudas no llegan a las personas que lo necesitan y el 57 % opina que deberían llegar a más personas.