LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-03-21):
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos.
Quiero empezar diciendo que no es que esta parlamentaria sea monotemática ni obsesiva, pueden creerme, ni que tenga una especial fijación con la justicia gratuita.
Si traemos de nuevo aquí esta cuestión de corregir las disfuncionalidades del Decreto 110/2012, regulador –como decía– de la Justicia Gratuita, es porque desde la Conserjería de Justicia del Gobierno Vasco, es porque el Gobierno Vasco no acaba de pasar de las palabras a los hechos y no acaba de dar solución a los problemas generados por la nueva regulación, dando cumplimiento además a lo aprobado en esta Cámara.
Y si siempre es de recibo, a nuestro juicio, el cumplimiento de las resoluciones de esta Cámara, aún es más cuando de ese cumplimiento deriva el garantizar el ejercicio de un derecho como es este caso. Se trata, como decía, de garantizar el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, ejercicio seriamente afectado por este discutido Decreto como tantas veces hemos dicho en esta Cámara. Porque para que aquellos que no cuentan con recursos suficientes puedan acceder a las Justicia con garantías, se necesita de una regulación adecuada.
Y la regulación introducida por el controvertido Decreto es todo menos adecuada. Y adecuarla es responsabilidad de este Gobierno y este Gobierno a día de hoy no ha cumplido todavía con esa responsabilidad.
Esta Cámara aprobó el 31 de enero instar al Gobierno Vasco a corregir las disfunciones del Decreto 210/2012. El señor Erkoreka en respuesta a la interpelación que ha dado lugar a esta moción también se comprometió a hacerlo, pero lo cierto es que aunque ha habido conversaciones, no se ha avanzado y que los problemas que yo he relatado aquí en numerosas ocasiones, siguen existiendo.
Nosotros trajimos en primera instancia a esta Cámara la derogación del Decreto, pero en aras de llegar a un consenso y a un mandato parlamentario dirigido al Ejecutivo, finalmente llegamos a una enmienda de transacción con el grupo Nacionalistas Vascos y lo que se aprobó en esta Cámara era –como decía– instar al Gobierno a tomar las medidas adecuadas para solventar las disfuncionalidades planteadas por el Decreto 110/2012.
Como dijimos el 31 de enero y en la sustanciación de la interpelación, dábamos así un voto de confianza al Gobierno con el fin de que se pusiese manos a la obra y solucionase los problemas generados. Y ese mismo voto de confianza fue el que dieron los colegios profesionales que no formalizaron la demanda ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia y que las medidas de protesta que tenían previstas las suspendieron.
Pero como dije también aquí en esa interpelación, esa oportunidad no fue aprovechada, se traicionó en cierta medida nuestra confianza y la confianza de los profesionales. Esas conversaciones no llegaron y los problemas no se solucionaron, por ello, los letrados finalmente formalizaron la demanda el 18 de febrero, el 20 de febrero el Servicio de Orientación Jurídica de Bizkaia fue cerrado y se anunció el cese de la designación de letrados de guardia y el cese de las designaciones de oficio, es decir, como dije, lo que se conoce como una huelga a partir del 1 de marzo.
Este grupo presentó la interpelación al consejero de Justicia para conocer cómo iba a dar cumplimiento al mandato parlamentario. La verdad es que ya se lo dije allí, era curioso que la carta de la viceconsejera la recibieran los colegios de abogados un miércoles a la mañana, dos días antes de la huelga de los profesionales y dos días antes también de la comparecencia que fue sustanciada en este Parlamento. Pero como le dije, en ese momento el señor Erkoreka, esos días nevó mucho en Vitoria y probablemente eso fue lo que provocó los retrasos en Correos que impidieron que la carta llegara antes.
Porque como también le dije, no tengo ninguna duda que ni las medidas de presión de los colegios profesionales, ni la iniciativa de este grupo tuvieron nada que ver con la remisión de esa carta y con el avance en las conversaciones.
Pero el señor Erkoreka en la interpelación no acabó de concretar en su respuesta cómo iban a solucionar los problemas planteados para garantizar el acceso a la justicia gratuita y cuáles iban a ser el cronograma de reuniones y contactos con los colegios profesionales.
El calendario señaló que no nos lo podía dar pero que había un plan y un marco para llevar a cabo lo solicitado en la iniciativa y que las cuestiones que yo planteaba estaban siendo objeto de estudio y tratamiento conjunto con los colegios de abogados, con el fin de dar esa solución satisfactoria para todos en beneficio del acceso a la Justicia y de la tutela judicial efectiva.
Las conversaciones las habrá, acercamientos los habrá, pero es que las medidas concretas no acaban de llegar. Y por esto este grupo pensó que tal vez ese mandato parlamentario era tan genérico que dificultaba su cumplimiento y por lo que esta vez este grupo ha preferido incorporar a su moción y también se refleja en la enmienda a la que al final hemos llegado con el grupo Nacionalistas Vascos, de que más allá de esa generalidad, más allá de que se solventen todas las disfunciones de la regulación anterior, se introduzcan cuestiones concretas que darán lugar a un correcto funcionamiento del servicio de justicia gratuita para todos los vascos, que es lo que pretendieron desde un principio los colegios en la negociación del decreto y lo que movió tanto este grupo como otros grupos en esta Cámara.
Cuestiones que fueron planteadas a este nuevo Gobierno desde el principio y que como dije, van más allá de los casos fallidos por mucho que algunos quieran sumarse a esa posición mantenida por el Gobierno anterior que quería centrar el debate en eso, en los casos fallidos cuando iba mucho más allá.
Yo hice referencia en esa interpelación a una serie de cuestiones que las he traído hoy aquí en esta moción para conseguir una aprobación de esta Cámara. Aprobación para la que ahora solicito a todos su apoyo. Para que de aquí salga un mandato más concreto que el que salió el 31 de enero.
Y así la primera cuestión que plantearon los colegios profesionales, que es el primer punto de nuestra moción y también de la enmienda de transacción, es la necesidad de la simplificación de los trámites. Trámites muy enrevesados no sólo para los beneficiarios de la justicia gratuita sino también para los propios abogados. Lo que ha llevado que esa complejidad unido al aumento del volumen de los casos, se haya producido un atasco tanto en el servicio de orientación jurídica como en la Comisión de Justicia Gratuita.
Por lo tanto como digo, una de las primeras cuestiones a resolver es estudiar y poner en marcha medidas que puedan conseguir esa simplificación de los trámites.
Y además como dije, no se puede obligar al letrado a estar más pendiente de un expediente administrativo que le dé la defensa del caso. No se puede obligarle a quitar tiempo y esfuerzo de la dirección del asunto y por lo tanto es necesario aligerar su papel en la tramitación de la justicia gratuita.
Una segunda cuestión que hemos planteado es que debe hacerse frente al coste de la organización de la prestación de servicio de asistencia jurídica gratuita. Porque en este momento, los colegios de abogados están utilizando fondos propios –como he dicho muchas veces–, fondos procedentes de dinero público y fondos de las cuotas de los profesionales, de los que están inscritos en el servicio de justicia gratuita y de los que no lo están.
Porque no podemos olvidar que aunque como hemos dicho aquí en muchas ocasiones el servicio está delegado en los colegios profesionales, estamos ante un servicio público. Y que como tal servicio público debe ser sufragado con fondos públicos.
Y el tercer punto es el tan mentado caso de los casos fallidos, que es procurar que quien realiza un trabajo vea renumerada la labor realizada.
Y yo lo he dicho muchas y lo comparto y lo quiero reiterar hoy aquí. Estamos hablando de fondos públicos y debemos ser responsables en la utilización de esos fondos públicos. Debemos velar por la correcta utilización de los mismos y porque sólo aquellos que demuestren de verdad una insuficiencia de recursos para litigar, puedan verse beneficiados del servicio de justicia gratuita. Y en caso de que no lo sean, que la Administración recupere esos fondos públicos.
Y todo eso lo compartimos como no podía ser de otra manera este grupo. Pero como decía, también consideramos que quien trabaja debe cobrar.
El señor Erkoreka ha mostrado la intención de crear un fondo para hacer frente a esos casos fallidos, porque por razones de índole, jurídica y administrativa no se puede hacer de otra forma.
Bien, yo ya puse de manifiesto aquí y hoy lo quiero reiterar, que hay muchas reticencias por parte de los colegios profesionales y de los propios profesionales sobre la consistencia de ese fondo. Y por ello, lo que solicitamos en la enmienda de transacción es precisamente que las condiciones de dicho fondo sean acordadas con los colegios profesionales, que este asunto sea también fruto de la negociación entre el Gobierno y los colegios.
Y por último, los colegios de abogados, las comisiones de asistencia jurídica están teniendo problemas a la hora de acceder a la información necesaria para dictaminar si el solicitante tiene derecho a la justicia gratuita o no.
Por ello venimos a instar aquí en nuestra moción –y se recoge también en la enmienda de transacción– que se puedan acceder a esos datos. Que las diputaciones forales consideren a los colegios profesionales como administración pública a efectos de suministrarle la información pertinente para el pronunciamiento sobre la existencia o no de este derecho.
Como digo, con esta iniciativa hemos querido concretar más, dado que no sabemos si por la generalidad del mandato anterior o por otros motivos, los problemas derivados de la inadecuada redacción del decreto no han sido resueltos.
Esperamos el voto favorable de la Cámara a esta iniciativa y sobre todo esperamos que el Gobierno –esta vez sí–, pase de las conversaciones a los acuerdos y finalmente pueda conseguirse una regulación adecuada que permita un correcto funcionamiento de servicio y garantizar el acceso a la justicia gratuita de todos los vascos.
Nada más y muchas gracias.