GARRIDO KNÖRR (PP, 2013-02-21):
Eskerrik asko presidente andrea. Lehendakaria, sailburuok, legebiltzarkideok.
La pasada legislatura se modificó la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. A través de esta modificación, el Gobierno Vasco lo asume a través de Lanbide- Servicio Vasco de Empleo todas las competencias relacionadas con la tramitación y resolución de las prestaciones económicas de derecho.
Es decir, la Renta de Garantía de Ingresos y la prestación complementaria de vivienda, y las cuestiones relativas a la gestión de los convenios de inclusión. Todo lo que tiene que ver con la elaboración, propuesta, negociación, suscripción y seguimiento de estos convenios.
El objetivo era simplificar y mejorar la gestión de estas prestaciones económicas previstas en la legislación vigente y que conforman el sistema de protección para buscar una mayor eficiencia.
Junto a la transferencia de las políticas activas de empleo, hay una oportunidad de conectar y vincular las prestaciones económicas al empleo porque el objetivo final es la empleabilidad no el cobro de la prestación, sino que estas personas cobren estas ayudas pero que salgan del sistema de protección cuanto antes. Es decir, que las personas estén en el sistema y reciban las ayudas sociales durante el tiempo que estrictamente lo necesitan. Es decir, que no se cronifiquen en el sistema de protección.
Con la modificación, se introdujeron y se cambiaron cuestiones puntuales que a juicio del Partido Popular, como ya lo manifestamos en su momento y sobre todo porque algunas de ellas fueran instancias precisamente del Partido Popular, se modificó la normativa vigente y se perseguía el fin último que nosotros, desde luego, es el que siempre hemos tenido, el de que las ayudas lleguen realmente a las personas que lo necesiten.
Así se modificaron los requisitos de acceso a la prestación, se cambió el requisito de empadronamiento –de un año se pasó a exigir tres años de empadronamiento, o un año de empadronamiento y cinco años de vida laboral– y también se modificó todas las cuestiones relativas a las revisiones del cumplimiento de los requisitos, no sólo al inicio cuando se tiene acceso a la prestación, sino durante la percepción de estas prestaciones.
Antes de las modificaciones, las revisiones se hacían anualmente y con las modificaciones las revisiones se hacen de forma más periódica, es decir, trimestralmente, cada tres meses. Se introdujeron también modificaciones en relación a la extinción del derecho. Antes para extinguir el derecho, la ley permitía rechazar hasta tres veces un empleo y con la modificaciones, ya con un empleo, se inicia el procedimiento de suspensión de este derecho.
Y finalmente, se introdujo una cuestión en la legislación vigente (hay que decirlo también a raíz de una enmienda concreta del Partido Popular( que tiene que ver con la iniciativa que hoy este grupo ha presentado para debate en esta Cámara.
Es una cuestión que siempre hemos defendido porque además va en coherencia y consonancia con la normativa existente en los países más avanzados de la Unión Europea y con los sistemas de protección más avanzados en la Unión Europea: Es la obligatoriedad de que los perceptores de ayudas sociales se mantengan disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad cundo sean requeridos de forma extraordinaria para realizar estos trabajos.
Obviamente, se establecen excepciones para personas titulares de estas percepciones que están inválidos y que están en un proceso de invalidez absoluta, menores de 23 años que cursen estudios académicos reglados y también aquellas personas que a juicio de Lanbide no se encuentren en situación para realizar estas tareas a las que podrían ser requeridos –vuelvo a insistir– de forma extraordinaria.
Para nosotros era necesario, y lo vuelvo a reiterar en coherencia y en consonancia con la legislación de los países más avanzados y que tiene normativas más avanzadas en relación a los sistemas de protección, introducir la idea de corresponsabilidad y de responsabilidad. Es necesario que se revierta a la sociedad de alguna forma el esfuerzo que la propia sociedad realiza en la financiación de estas prestaciones.
No en vano, en Euskadi –y está aquí el consejero presente que lo sabe muy bien y sobre todo que va a tener que elaborar los presupuestos de su departamento– prácticamente la mitad del presupuesto del Departamento de Vivienda Empleo y Asuntos Sociales se destina a sufragar y a financiar estas prestaciones económicas.
En definitiva, señorías, se trata de configurar un sistema más justo, transparente y solidario. Y esta iniciativa sí que tengo que decir que no es nueva. Se presentó en la pasada legislatura, se presentó en la legislatura pasada. Concretamente fue registrada el 15 de junio de 2012 una vez que ya estaba en vigor las modificaciones a las que me he referido anteriormente que se aprobaron en el pleno, se ratificaron en el pleno, se ratificó el dictamen de la comisión en la pleno de 24 de noviembre de 2011.
Viendo también que el Partido Socialista que es el que ostentaba responsabilidades de gobierno en la anterior legislatura no desarrolló la previsión contemplada en la ley en relación a esta cuestión, el Partido Popular ya presentó esta iniciativa en el mes de junio que como ustedes saben no se tramitó porque se disolvió la Cámara y se convocaron elecciones autonómicas.
Entendemos que hubo tiempo para desarrollar esta previsión pero no se desarrolló. Una vez conformado el nuevo Gobierno y en marcha la nueva legislatura, hemos vuelto a plantear esta iniciativa.
Tengo que decir que finalmente, viendo las enmiendas presentadas, ha sido posible llegar a un acuerdo entre el partido del gobierno en este momento –el Partido Nacionalista Vasco– el partido que ostentaba responsabilidades de gobierno en la legislatura pasada con el que se aprobó esta modificacióna instancias, como decía, de una enmienda del Partido Popular, el Partido Socialista y nosotros.
A través de este acuerdo, el Gobierno Vasco en el plazo de seis meses tiene que realizar un estudio en el que se van a identificar los ámbitos de actividad en beneficio de la comunidad en relación a lo señalado en este acuerdo. Yo creo que es un acuerdo importante que yo quiero resaltar.
Al final ha habido posibilidad de consenso en torno a esta cuestión y sobre todo me parece importante porque va a permitir ya después de más de un año de vigencia, no de la ley sino de las modificaciones que se hicieron en la ley, que como decía fueron aprobadas el 24 de noviembre de 2011, va a permitir desarrollar esta previsión de la que no sabíamos nada hasta ahora.
En este sentido, tengo que agradecer que el partido en ese momento en el gobierno lo haya aceptado de alguna forma dar impulso al cumplimiento de esa previsión y también al Partido Socialista que entiendo que no podía ser de otra forma porque ostentaba responsabilidades de gobierno y con ellos además se aprobaron estas modificaciones.
Obviamente, no va a ser posible el acuerdo con UPyD porque plantean completamente lo contrario, que se suprima este artículo. Usted ahora como va a tener oportunidad de intervenir, explicará las razones por las que plantea lo que plantea –la supresión de este artículo– pero decirle que va en consonancia con lo que se hace en los países más avanzados de Europa, y en los sistemas de protección más avanzados de nuestro entorno.
Y como también nosotros aquí tenemos uno de los sistemas más avanzado pues creemos, desde el Partido Popular, que hay que ir en consonancia y coherencia con lo que hacen los países precisamente más avanzados y que más están a la vanguardia en estas cuestiones.
Por lo tanto, UPyD entiendo que votará que no y también otro de los partidos que aunque no tiene enmienda votará que no, es el grupo EH Bildu, porque aunque no tiene enmienda va en coherencia con lo que ellos plantearon en una iniciativa concreta que ya hemos debatido en esta Cámara.
Esaten nuen bezala, ezarri da testu bat eta azkenean akordioa posiblea izan da hiru alderdien artean, Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista eta Alderdi Jeltzalearen artean, Gobernuan dagoen alderdiarekin. Eta laguntza soziala jasotzen dituztenak, prest egongo dira komunitatean ez oizko egoeretan eskatzen duenean lan egiteko.
Horren helburua da gizartearen alde egiten den ahalegina berreskuratzea eta esan behar dut lehen aipatu dudan bezala gaztelaniaz, proposamen hau ez dela berria, izan ere aurreko legealdian aurkeztu genuela, Alderdi Popularrak aurkeztu zuela eta legealdia bertan behera geratu zenez, azkenean ez zen aprobatu.
Gai honi buruz adostasuna lortu dugu hiru alderdien artean eta izan da aipatu dudan akordio horren arabera Eusko Jaurlaritzak ikerketa zehatz bat aurkeztu behar du  sei hilabeteko epean.
Pues obviamente estaremos atentos a la presentación de este estudio y esperemos que sirva ya de una vez por todas para desarrollar la previsión legal contemplada en la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, que como decía lleva ya vigente un año y todavía no sabemos nada al respeto.
Nada más y muchas gracias.