GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2013-01-31):
Gracias de nuevo, señora presidenta. Buenos días de nuevo, señorías.
Voy a ver si consigo explicarme con claridad. Durante todo el tiempo, desde la entrada en vigor de la Ley de Justicia Gratuita y la promulgación del Decreto del 96, las condiciones en las que se pagaban los turnos de oficio eran francamente desconocidas. Fundamentalmente la administración daba unas cantidades de dinero que gestionaban directamente los colegios porque los servicios de orientación, las comisiones de los propios colegios decidían cómo se repartían aquellos turnos.
De lo que se trata fundamentalmente con la redacción del decreto es que la administración, en tanto que administración pública que va a prestar un servicio, que va a ser un servicio obviamente público, que se va a pagar con el dinero de todos, el dinero de todos, aparte, con independencia de lo que los colegiados paguemos trimestralmente por nuestra condición de colegiados al colegio, tiene que ser claro, nítido, transparente.
Muchas de las cantidades que se pagaban por el concepto de justicia gratuita iban a parar directamente a gasto estructural y de funcionamiento de los propios colegios, no del sistema de adjudicación de los turnos de oficio.
Por lo tanto, de lo que se trata fundamentalmente...
...gasto estructural y funcionamiento de los propios colegios, no del sistema de adjudicación de los turnos de oficio.
Por lo tanto, de lo que se trata fundamentalmente con el Decreto era garantizar que las cantidades de justicia gratuita iban directamente contra el reconocimiento del beneficio. ¿Qué se ha hecho? Y eso es algo que usted no me podrá negar, porque hasta la promulgación del Decreto ha habido muchísimas veces en las que muchísimos abogados hemos tenido que acudir a la reclamación correspondiente vía jurisdiccional –bien por costas, bien tasaciones, bien lo que fuera, bien por juras– porque había designaciones de turno de oficio que no estaban cubiertos por el beneficio de justicia gratuita ahora y antes.
Pretender, como dice el representante de Bildu, que lo abogados hagan un ejercicio de inspección fiscal es una perogrullada porque la administración tiene su vía para acudir a la inspección fiscal. Pero lo que sí es cierto es que la justicia y los adscritos al turno de oficio de manera voluntaria tienen que trabajar siempre con la declaración de ese beneficio.
Y efectivamente, antes se estaban pagando cantidades de una manera que no era clara. Es decir, si la ley dice que el reconocimiento expreso es necesaria para el reconocimiento del beneficio, hay muchas veces ahora como antes en que los imputados, por ejemplo, en el ámbito penal no tramitaban la justicia gratuita.
Antes, efectivamente, todo lo que era vía penal iba directamente sin reconocimiento. Se modificó en situaciones puntuales en los que obviamente se puede prever que las personas afectadas o las personas imputadas en ese tipo de delitos no van a ser ciudadanos que vayan a tener problemas siempre para acceder a la justicia. Y, por lo tanto, estamos hablando de asuntos de tráfico por ejemplo.
El ejemplo que le puse el otro día, ¿es razonable? ¿Tiene que pagar la Administración con el dinero de todos la defensa en un procedimiento abreviado por alcoholemia contra la seguridad del tráfico porque no les sale del moño hacer la tramitación de la justicia gratuita? ¿Tiene que pagar directamente la Administración eso? De hecho, muchas veces las resoluciones de los servicios de orientación jurídica reconocen al final el archivo de las actuaciones por falta de presentación y se han pagado esos turnos.
¿Qué pasa con los fallidos? Los fallidos, la propia oficina de control económico dice que no se pueden abonar. No se pueden abonar por ese sistema. Habrá otra vía probablemente, una subvención colegial a (...) alzada a los diferentes colegios para sufragar esas posibles situaciones en las que el beneficiario no lo es porque no tiene reconocido el derecho. Y, por lo tanto, no lo es.
Hablaba el señor representante de Bildu de las aplicaciones informáticas que permiten que una administración se conecte con otra rápidamente y que, por lo tanto, qué problema hay para saber si uno tiene algo o no tiene nada. Efectivamente que no hay ningún problema. El problema es que las aplicaciones informáticas de los colegios son cada una, una. Y así, de hecho, me parece que sólo Álava la única que tiene el aplicativo informático que facilitaba el Gobierno para hacer la gestión del servicio de justicia gratuita.
En cualquier caso –porque se me acaba el tiempo–, cualquier cosa que cualquier gobierno de este país haga en orden a gestionar los servicios de conformidad con las normas reguladoras, de conformidad con criterios de transparencia y de absoluto control, será bienvenido.
No sé, por eso nos vamos a abstener porque no sabemos, cómo se va a poder gestionar algo que no es beneficio de justicia gratuita. En cualquier caso, repito, siempre que las actuaciones de un gobierno vayan en ese sentido nos tendrán de su lado.
Gracias.