SARASUA DÍAZ (PSE-EE, 2013-05-10):
Señor consejero.
Claro que no tengo una bola de cristal, ojalá la tuviera y resolviera los problemas que tanto nos están afectando a las personas.
Yo tengo dos orejas, dos oídos y una lengua para utilizar, para escuchar dos veces, ver dos veces, y hablar una. Y eso es lo que debiéramos de hacer todos, no hablar primero y luego escuchamos y vemos.
Yo creo que ustedes se han quedado solos en esto y en esta Cámara se está viendo hoy con todas las interpelaciones, preguntas, de todos los grupos, hasta los que primero se unieron con el partido que sujeta al Gobierno.
Me ha reprendido porque hablo de arbitraje y no de mediación, pero es que usted ha dicho que no lo tienen claro hasta que se termine el arbitraje, es que yo creo que no lo tienen claro.
Y señor Darpón una cosa es que la emisión de las aportaciones financieras que fue realizada por las cooperativas Eroski y Fagor tendría la verificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y otra muy distinta es cómo se comercializaron. Sí, cómo se comercializaron estos productos de alto riesgo financiero y hay que conocer caso a caso, porque miles de ciudadanos se han sentido engañados porque las entidades financieras no les han dado una información certera y en muchos casos se les aseguraba que podrían recuperar su dinero a las 24 o 48 horas.
Porque no se les advirtió de ese riesgo real, ni de su perpetuidad y, bajo una opaca información, confiaron en su entidad de toda la vida o en aquel empleado que siempre les había atendido y con el que nunca habían tenido problema alguno.
Y, señor Darpón, el partido empieza en el minuto 1, pero es que mucha gente ya está fuera del tiempo. Partiendo de la base que nadie es culpable mientras que no se demuestre lo contrario, los afectados se cargan de razones para no confiar en Kontsumobide, cuando su directora les ha señalado directamente a ellos como culpables.
En junio de 2012 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció una doctrina que debe estar presente en todas y cada una de las actuaciones futuras. Esta sentencia, referida a las cláusulas abusivas en un contrato hipotecario, resolvía precisamente una cuestión que está en el fondo del caso que estamos hablando.
Establece que aunque la legislación nacional establezca determinadas condiciones a las que se pueden acoger las prestaciones de servicios y las firmas de contratos, en la defensa de los consumidores debe prevalecer la Directiva europea del año 1993, y según esa Directiva, las cláusulas abusivas no tienen aplicación, precisamente para proteger al consumidor.
Hay sentencias judiciales en España en donde los jueces que no pueden por sí anular las cláusulas previstas en las leyes nacionales, sí pueden acogerse a esta doctrina y dejar sin efecto las cláusulas abusivas, y de hecho, la pasada semana el Consejo de Ministro decidió introducir un nuevo artículo en el Código Civil para dar potestad a los secretarios judiciales para determinar la condición abusiva de alguna cláusula.
A los Socialistas no nos duelen prendas reconocer que éste es un camino correcto para mejorar la defensa de las personas, consumidores y usuarias, lo sorprendente es que la directora de Kontsumobide no sea conocedora de estas situaciones, que quien tiene que proteger a los consumidores no haga valer la doctrina europea y se pliegue a la legislación nacional, cuando ésta favorece los intereses de las empresas y de la entidades bancarias.
Nos parece que desde las instituciones debiéramos emprender una acción global en esta materia, que los ciudadanos se sientan acompañados por las actuaciones que podamos emprender, porque en estos tiempos de crisis hay algunas empresas que intentan suplir carencia de negocio con recovecos legales que compensen sus cuentas de resultados.
Y lo que se debe hacer, sin perjuicio de la seguridad jurídica y viabilidad de dichas empresas, es proteger a los ciudadanos que no cuentan con gabinetes jurídicos que los asesoren. Vemos que los jueces han empezado a adoptar una posición activa en esta materia, las demás instituciones no podemos descargar la responsabilidad y el trabajo en los tribunales, tenemos que asumir la nuestra, señor consejero, tenemos que actuar y necesitamos que el Gobierno Vasco también lo haga, que atienda con rigor a las situaciones de desprotección en la que se quedan los particulares.
Kontsumobide no puede quedar en una oficina que recoge las reclamaciones, las sistematiza y una vez al año presenta un informe con las quejas. Debe ser un instrumento de defensa y protección, eso es lo que reclamamos al Gobierno, no hemos venido a hablar de las empresas que emitieron o comercializaron participaciones subordinadas, hemos venido a exigir que los ciudadanos que se sintieron engañados puedan recuperar el dinero que les prometieron que podían recuperar.
Y estaría bien que Kontsumobide les ayudará, en lugar de limitarse a levantar la acta de queja.