LLANOS GÓMEZ (PP, 2014-06-26):
Gracias señora presidenta. Buenos días.
No es la primera vez que hablamos en este Pleno de cláusulas sociales, no es que no se haya debatido, es más, se ha debatido profusamente. Y como hemos dicho en otras ocasiones, la contratación pública creemos que puede ser un instrumento al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de determinados fines o políticas públicas. Es decir, puede ser una técnica para conseguir objetivos de política social que se estimen de interés general.
Estos criterios sociales, medioambientales, en este caso objeto de la iniciativa de cumplimiento de una serie de normativas laborales, viene siendo admitidos y fomentados por las instituciones comunitarias y nuestra normativa, que prevé mecanismos para la introducción en la contratación pública de consideraciones de tipo social.
También pueden arbitrarse y utilizarse medios dirigidos a asegurar el cumplimiento de las condiciones laborales en las empresas adjudicatarias de los contratos del sector público. Y en este sentido ha supuesto un hito importante la normativa comunitaria en relación a las cláusulas sociales, la directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y de Consejo Europeo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, que supone un considerable avance en materia de cláusulas sociales, despejando dudas existentes y abriendo nuevas posibilidades.
Con arreglo a esta directiva entre otras cosas, se amplían los contratos reservados a empresas de inserción. Se consagra de forma inequívoca la legalidad de los criterios sociales de adjudicación, por ejemplo. Y con respecto a la cuestión objeto de esta iniciativa, esta directiva ofrece garantía jurídica inequívoca de legalidad, al exigir el cumplimiento de los convenios colectivos y garantizar unos mínimos laborales y salariales.
Y lo hace en el artículo 18 cuando se insta a los estados miembros a tomar las medidas pertinentes para garantizar en la ejecución de los contratos públicos que los operadores económicos cumplan las obligaciones aplicables, entre otros los referidos s los convenios colectivos.
Y también lo hace y no me voy a extender en los considerandos 37, 39 y 105. Y también en la legislación nacional se contempla el texto refundido de la Ley de Contratos Públicos aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, contiene dentro de su articulado mecanismos para introducir en la contratación cláusulas sociales.
En la iniciativa que hoy se nos presenta, lo que se solicita es que todos aquellos contratos regulados por los artículos 6, 7, 8 y 10 del mencionado texto refundido, puedan establecer cláusulas de carácter social. Concretamente lo que pretende es una regulación de las cláusulas referidas a las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas, las referidas a la subcontratación.
Y se establece también las consecuencias del incumplimiento, señalando que podría dar lugar a la resolución del contrato.
Hemos dicho en muchas ocasiones que el Gobierno Vasco debe ser exigente y debe articular fórmulas para garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos, en todo lo relativo a las condiciones laborales de jornadas, salarios, seguridad y salud en el trabajo; tanto en las empresas con las que directamente contrate como en aquellas que estas últimas subcontraten. Debe primar aquellas que no hayan tenido sanciones y establecer mecanismos de control en las contrataciones de obra de todo tipo de servicios públicos para que se cumplan estas prescripciones.
Pero debe hacerse dentro de los términos establecidos en la normativa vigente. Tanto a nivel nacional como a nivel comunitario, en lo relativo a materia laboral como en los preceptos relativos a la libre competencia. La iniciativa legislativa popular hoy objeto de debate, se mueve en los mismos parámetros como se ha dicho aquí de la Norma Foral 4/2013, que se encuentra recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por considerar que restringe la libre competencia.
Y además también puede haber dudas sobre la posible conculcación de la legalidad laboral vigente. Y es claro como hemos dicho en otras ocasiones, que no se puede primar aquellas empresas que no cumplan la legalidad o en sentido contrario penalizar aquellas empresas que lo único que hacen es cumplir la ley.
Nos hemos abstenido en esta iniciativa legislativa popular, porque si hubiera sido la iniciativa de otro grupo probablemente hubiéramos votado en contra, pero precisamente porque es una iniciativa legislativa popular, es por lo que nos hemos abstenido. Porque lo que se viene aquí a debatir es si nos parece correcto el contenido de la iniciativa, o no nos parece correcto el contenido de la iniciativa.
Y el contenido de la iniciativa es dudoso, porque ya digo que puede traer dudas de legalidad, y además ese contenido es el mismo que está siendo objeto de recurso y habría que esperar a ver la resolución del mismo. En cualquier caso como no nos parece, dada la procedencia de la iniciativa, y porque nos va a permitir la introducción mediante el mecanismo de las enmiendas de que finalmente el objetivo perseguido con el que sí estamos de acuerdo que es la posibilidad de introducir estas cláusulas, es por lo que desde aquí digo que intentaremos conseguir el objetivo pero siempre respetando la legalidad vigente y los principios de competencia.
Nada más muchas gracias.