RONCAL AZANZA (PSE-EE, 2013-12-05):
Señor Orbegozo, usted coincide conmigo en que el Real Decreto 16/2012 no se debe aplicar. Ha invadido nuestras competencias y recorta derechos sociales, que estamos en contra.
Usemos nuestra competencia, usemos nuestro Gobierno para defender los derechos de la protección a la salud de todos los ciudadanos. Pongámonos todos de acuerdo, al menos todos los que estamos de acuerdo en rechazar los recortes sociales y en defender nuestro autogobierno. Pongámonos de acuerdo para, efectivamente, dar un paso más adelante y continuar con todos los instrumentos jurídicos que nos da nuestro autogobierno para rechazar de plano el Decreto 16/2012.
Es verdad que el Gobierno socialista previó en el Decreto 114 el año de empadronamiento pero también es verdad –y no se ha dicho aquí– que se daban tarjetas temporales, cada tres meses se renovaban, y nunca ni un solo inmigrante durante este periodo, hasta julio del 2013, tuvo rechazo de alguna asistencia sanitaria, ni factura por la atención sanitaria.
Sin embargo, es verdad que no se han dado demasiados datos pero alguno se ha dado, se ha facturado por asistencias sanitarias y de atención en los hospitales. Es verdad que dicen que no se ha cobrado pero ahí queda la factura, no la han retirado. Y cuando ese inmigrante tenga recursos se le facturará, se le cobrará. Se pretenderá cobrar. Y es contra eso contra lo que estamos en desacuerdo.
No estamos de acuerdo en ni facturar a los inmigrantes para en el futuro tengan recursos sanitarios y puedan pagar. Creemos que como el resto de los ciudadanos tengan acceso libre y universal a los servicios sanitarios públicos que presta Osakidetza.
Y a la señora del PP, ¿qué le voy a decir? Con todo cariño, el turismo sanitario también lo rechazamos. También lo rechazamos pero eso no puede ser una excusa para eliminar del listado de derecho a quienes por múltiples circunstancias necesitan hacer posible su derecho a la protección de la salud.
También tengo que decirle que tiene usted un argumento recurrente y que les gusta mucho hablar los fraudes en las ayudas o en la sanidad. Es decir, las corruptelas y fraudes de los más vulnerables pero se callan los fraudes de otros colectivos que son bastante más importantes.
Y luego decirle que aquí no hay efecto llamada. Nadie cruza el Atlántico ni esquiva las concertinas de las vallas de Melilla para operarse del menisco, señora Garrido.
El efecto llamada que pueda existir sería de las comunidades autónomas vecinas y, en ese caso, tampoco tendríamos que echar la culpa a quien por haber sido abandonado a la prestación de la asistencia sanitaria gracias al decreto de Rajoy, tiene que acudir a nuestra comunidad autónoma que es más comprensiva y que respeta más los derechos universales. El responsable, en ese caso, es el Gobierno de Rajoy.
Pero ni siquiera está sucediendo eso y me extraña que usted en su iniciativa, después de haber tenido en su mano el informe del Gobierno, haga una enmienda diciendo que esto es por la sostenibilidad del sistema.
¿Usted cree que puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, atender a 81 emigrantes en Álava, 185 en Gipuzkoa y 390 en Bizkaia que es lo que tiene contabilizado el Gobierno?
Sea sincera. Esto no es por la sostenibilidad del sistema. Ustedes saben a qué va esto. Esto va por el negocio del sistema sanitario que ustedes quieren poner en marcha, privatizando y eliminando del sistema a todos aquellos que no tienen recursos económicos para entrar en él.
Nada más y muchas gracias.