ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2014-11-20):
Gracias presidenta.
Bueno, hemos hablado en esta Cámara en bastantes ocasiones sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública.
Este parlamentario ha tenido ocasión de participar en varios de esos debates lógicamente estando a favor de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública y, a lo largo de esos debates además, hemos referido diferente normativa, justamente ésta que se plantea hoy: La resolución de 2008. Nunca la había citado, nunca llegué a tener en cuenta que había un precedente en esta Cámara tan antiguo.
La iniciativa que trae EH Bildu hoy se ciñe sobre todo al capítulo IV de dicha resolución en la que habla de la reserva de contratos a favor de centros especiales de empleo. Por lo tanto, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que hay dos cuestiones. Una, digamos el objeto concreto del propósito de los proponentes y otra, sobre el hecho parece ser que incontestable de que es factible introducir cláusulas sociales en la contratación pública.
Lo cual choca con algunos otros debates que hemos tenido como digo aquí en la que parece ser que esta posibilidad no tenía lugar hablando de otros temas. Por lo tanto, nuestro grupo se congratula en primer término de que estemos todos de acuerdo en que es perfectamente factible, hay más que título habilitante para ello para introducir esas cláusulas sociales en la contratación pública.
Sin embargo, es cierto que la legislación existente, y me voy a referir en primer lugar a la Ley 13/1982 de Integración Social del Minusválido, la conocida como LISMI, que introdujo ya entonces la obligatoriedad de que en plantillas de más de 50 trabajadores, Administración Pública o empresas privadas contrataran el 2 % de trabajadores que tuvieran al menos alguna discapacidad.
Esto luego ha sido también derogado y sustituido por el texto refundido de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad e Inclusión Social en otro artículo pero viene a hablar lo mismo y plantea además la cuestión alternativa, porque como esto no se cumplía, se planteó en un Real Decreto 364/2005 que efectivamente si no se podía cumplir esto, que al menos externalizaran servicios que pudieran cumplir centros especiales de empleo, personas con discapacidad.
La verdad es que este hecho, a pesar de ser un imperativo legal y una exigencia que tiene que ver con la economía social y tiene que ver también como decía el Partido Popular con las políticas activas de empleo, tiene dificultades para ser llevado a cabo en los términos en los que está planteado.
Yo le agradezco, señora Nerea Llanos, que haya utilizado el comodín del Gobierno anterior en el primer turno y no en el de réplica porque es verdad, estas dificultades no son del Gobierno actual, sino que es verdad que los gobiernos anteriores también han tenido sus dificultades para poner en marcha este tipo de políticas que desde luego hablan a favor de una sociedad, de unas instituciones y de una comunidad que tiene en cuenta esto, no sólo por cumplimiento de la ley, sino también por espíritu, por compromiso y por sensibilidad social.
Nosotros estamos lógicamente a favor del acuerdo que se alcanza. Celebramos que tenga digamos un consenso tan amplio pero queremos llamar la atención sobre el hecho de que aquí se han adoptado algunos acuerdo a los que se ha referido la señora Zulaika, por ejemplo.
Claro, esta iniciativa, referida a la reserva de contratos a favor de centros especiales de empleo, choca con el hecho de que aquí se adoptó un acuerdo en su momento por el cual se le pedía al Gobierno que habilitase el registro de inscripción para los centros especiales de empleo.
Es decir, si en este momento este acuerdo se pusiera en marcha instantáneamente, los centros especiales de empelo ya existentes podrían lógicamente concurrir pero otros que quisieran transformarse en centros especiales de empleo, no se pueden inscribir ante la inexistencia de un registro. Por eso, le pido al Gobierno que haga suyo el acuerdo de aquella fecha y que lo ponga en marcha más allá de las justificaciones que ha venido dando.
Luego, por otra parte, en ese capítulo IV de la resolución, habla de la caratula del pliego de prescripciones de cláusulas particulares. Hay otro acuerdo que se adoptó aquí también en este Parlamento que instaba al Gobierno a que, en atribución de la Ley de Contratos del Sector Público artículo 114.3, se habilita a las comunidades autónomas para que desarrollen el pliego de cláusulas generales, el pliego de cláusulas administrativas generales que según buena parte de la doctrina tiene carácter normativo.
Ahí se podría introducir éstas y otras cláusulas sociales de las que hemos hablado en su momento para que efectivamente tuvieran ese carácter general y no quedar residenciado en el incumplimiento o no de otras instituciones aguas abajo.
Nosotros hacemos un llamamiento al Gobierno para que esos acuerdos que en su día se adoptaron se cumplan porque darían a este que vamos a adoptar mayor sentido, mayor capacidad de ser ejecutados y desde luego con toda la seguridad jurídica.
Celebramos el acuerdo, como no puede ser de otra manera, y nada más por el momento.