CELAÁ DIÉGUEZ (PSE-EE, 2013-11-14):
Presidente andrea. Legebiltzar kideok.
Ikastetxeen autonomia gaur egungo hezkuntza sistema garatu eta moderno guztien funtsezko ezaugarria da eta, era berean, era bateko korrelazioa du eskola emaitzen hobekuntzarekin eta oro har hezkuntzaren kalitatearekin, nazioarteko maila egiten diren hezkuntza ikastetxeen ikerketen arabera.
Ikastetxeen autonomiak bide luzea egina du gure hezkuntzan ibilbidean. Duela 20 urtetik hona, 1993an Euskal Eskola Publikoaren Legea onartu zenez geroztik, ikastetxeen autonomia gure hezkuntza arautzen duen printzipioetako bat da, idazpuru oso bat ematen diolarik Legeak ikastetxeek hainbat arlotan izan behar duten autonomia arautu eta ezartzeko.
Honela dio, hitzez hitz, Legearen zioen azalpenak: "Ikastetxeek, beren antolakuntza, irakaskuntza jarduera eta ekonomia eta finantzen kudeaketa zein langilegoaren kudeaketa moldatzeko ahalmen handiagoak izanez gero, irakaskuntzaren kalitatea hobetuko da".
Uste horretan oinarriturik, Lege honetako bosgarren idazpuruak ikastetxeen autonomia arautzen du, saiatzen delarik ikastetxeetarako ahalik eta autonomia handienaren, eta administrazioak haien gainean egin beharreko koordinaketa eta kontrolaren arteko oreka mantentzen.
Administrazioak bermatu beharra baititu eskola publikoen helburu nagusiak sistema osoak lortzeko behar diren gutxieneko neurriak.
Legebiltzarkideok, 1998an Eusko Jaurlaritzak Dekretu bat onartzen du, hain zuzen ere Ikastetxeen Ekonomia eta Finantzen Kudeaketari, dagokiona erregulatzeko. Bertan, 5.7 artikuluan honako hau planteatzen du Dekretuak: "Así mismo, se incluirán en el estado de ingreso de los presupuestos los recursos que hayan resultado excedentes en el ejercicio presupuestario anterior, que conformarán el remanente de dicho ejercicio.
"El remanente de cada ejercicio se obtendrá de sumar el remanente del ejercicio anterior, los ingresos efectivamente recaudados en el ejercicio en curso, restándole a continuación los gastos realmente pagados en el mismo".
Hau da beraz, joko esparrua. Hauek dira joko arauak.
Esta proposición no de ley encuentra, señorías, su origen en el tratamiento recibido por los centros públicos para sus gastos de funcionamiento y mantenimiento para 2013.
Ahí encuentra su origen, porque para el cálculo de sus gastos se tuvieron en cuenta los remanentes de gestión de cada centro, de tal manera que el que mejor gestión, el más ahorrador o el que coyunturalmente y en la confianza de que todo funcionaría como durante los últimos 15 años, desde 1998, había, por ejemplo, dejado la carga de fuel para enero, fue sorprendido en su práctica.
Fue castigado, literalmente castigado sin previo aviso por la atribución de gastos de funcionamiento hecho a los centros. Una atribución que, desde nuestro punto de vista, vulnera claramente la autonomía de gestión económico financiera que se venía ejerciendo y aplicando durante los 15 años y que, desde luego, costó muchísimo implantar.
Las reglas de juego, como les digo, señorías, durante 15 años se han mantenido. Era una verdadera necesidad de los centros educativos el establecer este Decreto del año 1998.
Eran las reglas de juego entre administración y centros educativos, reglas que, como digo, se vieron quebradas de forma unilateral e inesperada con esta decisión del Departamento, una decisión desde nuestro punto de vista, llena de torpeza o de insolvencia, y que sin previo aviso y una vez cerrado el ejercicio 2012, sorprendió a los centros y los dejó a los que más tenían o a los que más habían hecho un deposito para poder hacer un gasto más importante absolutamente desabridos.
Pero antes de entrar en esta cuestión, permítanme hacer una valoración de lo que más haya de lo legal en el terreno real que debe de ser determinante, supuso para los centros la posibilidad de operar con un remanente económico.
Supuso evitar la locura que se producía todos los años en diciembre, una fecha que para un centro educativo no tiene relevancia alguna, puesto que el curso, como ustedes saben, señorías, termina en junio.
La locura –como les decía– de los centros de tener que cuadrar a cero el capítulo de gastos de funcionamiento, pues cualquier remanente desaparecía, aunque pudiera ser necesario para poder pagar una factura que fuera llegar en enero. Esto ocurría hasta 1998.
Hemos conocido a centros educativos que para comprar un ordenador utilizaban las facturas de la lejía. Hemos conocido centros educativos que en diciembre se apresuraban hacer facturas falsas...
...utilizaban las facturas de la lejía.
Hemos conocido centros educativos que en diciembre se apresuraban hacer facturas falsas con el librero de la esquina aprovechando la amistad. Hemos conocido centros que tenía centros educativos que se veían forzados a tener cuentas B, economía sumergida.
Esto realmente se paró en seco en el momento que entró en vigor el Decreto de 1998 que permitía que ahormaran los remanentes y que los mantuvieran y que pudieran hacer una gestión económica-financiera muchísimo más rigurosa, muchísimo más eficiente y más ahorradora. Paró en seco con aquellas costumbres y prácticas de los centros educativos de tener que gastar absolutamente todo aunque no fuera necesario en diciembre.
Por lo tanto, supuso dotar a los centros de la capacidad de planificar sus gastos a más de un año vista, de usar los excedentes o los remanentes de un año para hacer un gasto más cuantioso que no fuera a ser costeado por la dotación económica correspondiente a un sólo ejercicio, si no es a riesgo de dejar desatendidas las partidas destinadas a funcionamiento diario.
Supuso, en definitiva, dar tranquilidad a los centros en su gestión, permitirles competir, permitírselo. Oiga, es un Decreto del Gobierno de Ardanza. Y reconocer la madurez de los centros para gestionar sus gastos e ingresos a corto pero también a medio plazo. Supuso, sin duda, la apuesta de largo de la autonomía económico-financiera de la que avalaba la ley de la escuela pública del año 93.
Pues bien, esto es lo que vino a mal parar con la entrega de los gastos de funcionamiento a los centros en el año 2013. Una decisión que, desde luego, tiene más consecuencias que las que se puedan ver a primera vista. Porque hemos de aprovechar esta proposición no de ley para parar en seco esta práctica ejercitada sólo durante el año 2013 porque es una práctica tremendamente ineficiente. Es una práctica que vulnera la gestión económico-financiera que les permite ahorrar y ser rigurosos, y es una práctica que verdaderamente está acomodada perfectamente en la ley, en el decreto y en los usos y costumbres de los últimos 15 años.
Por tanto, ¿hay que pararla en seco por qué? Porque lo que hemos hecho ha sido vulnerar la confianza de las direcciones de los centros. Si me ha pasado una vez, me puede pasar la siguiente. Por lo tanto, voy apresurarme en gastar y estamos en noviembre. Por eso, el debate de esta proposición no de ley tiene todo el sentido a pesar de haber sido presentada en abril y estar debatiéndola en noviembre.
Sé que hubo otros libramientos a los centros, posterior a todo el clamor popular que se suscitó en los centros educativos después de la primera atribución. Sé que ha habido otros libramientos. Pero es muy importante pensar que realmente esto se hizo mal y no se puede volver a repetir porque sin una administración tiene menos recursos o decide aportar menos recursos a los gastos de funcionamiento de los centros públicos que en definitiva es un servicio esencial, si decide esto, lo que tenía que haber hecho es un recálculo, un recálculo del módulo que corresponde a cada uno de los centros educativos.
Es decir, seguir manteniendo y sosteniendo la costumbre importante de que cada centro educativo público, y estamos hablando de los públicos señorías, que no estamos hablando de los concertados, que por cierto, en los concertados ustedes mantienen en el módulo de concierto exactamente igual la partida de gastos de funcionamiento, en el 12, en el 13 y en el 14 de la propuesta. Por tanto, está igual mantenida.
Sin embargo, a los públicos oiga el 13 les hicieron verdaderamente una avería. Es muy importante que llegue el mensaje a los centros de que efectivamente esto ha sido un año en el que no se ha gestionado bien pero que se va a recomponer el uso, la costumbre, la ley, la normativa de que efectivamente van a tener la posibilidad de mantener sus remanentes porque eso es ahorro señorías, ése es el ahorro.
Y si uno tiene menos recursos, tiene que recalcular sobre el módulo. No aprovecharse del remanente porque ha habido centros que efectivamente la factura de la caldera les venía en enero y no la han podido pagar, cuando ha habidos muchos centros, la inmensa mayoría que han tenido los gastos de luz y los gastos de agua que han crecido y se han visto en esta operación.
Por tanto, señorías, sirva esta proposición no de ley para corregir el rumbo, para dar un mensaje de confianza a las direcciones de los centros educativos que la están esperando y para decir que efectivamente puede que haya menos recursos.
Y si hay menos recursos en el presupuesto 2014, que habrá alguno más que en el 13 pero algo menos que en el 12, si lo hay, desde luego la atribución será como en los últimos 15 años en función del módulo de cada centro y no. desde luego. en función de sus remanentes.
Por cierto, ahora no tendrán ninguno pero ese mensaje tiene la obligación el Gobierno de llevárselo a los centros educativos para que se restaure la confianza y para que efectivamente hagan una gestión mucho más rigurosa que la otra fórmula aporta porque la otra fórmula, la de quitar los remanentes, lo único que aporta es derroche y mala gestión.
Nada más y muchas gracias.