GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2016-02-04):
Muchas gracias presidenta. Buenas tardes señorías.
En primer lugar, quiero saludar a todas las personas que nos acompañan hoy, representantes y abogados, asociaciones empresariales, autónomos y a organizaciones no gubernamentales, en fin, a los padres en definitiva de esta iniciativa. Buenas tardes a todos ellos y muchísimas gracias por venir.
Bueno, como ustedes seguro que ya recordarán, no es la primera vez que hablamos de tasas judiciales en esta Cámara, pero espero, espero y espero no confundirme también, espero que sea la última, por lo menos en lo que se refiere a solicitar su derogación o modificación. Porque todo parece indicar que en el próximo Pleno del Tribunal Constitucional que tiene previsto abordar el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, que hay que decir que fue el primero de los muchos que se presentaron que se interpusieron, así como varias cuestiones de inconstitucionalidad, parece como digo que en el próximo pleno se va a estimar dicho recurso y se va a declarar la inconstitucionalidad de las tasas fijas más elevadas y de todas las tasas variables.
Porque como se ha manifestado sin descanso desde su instauración y con un extraordinario consenso  - hay que decirlo -  por parte no solo de los operadores jurídicos, abogados, procuradores, notarios, sino también de Tribunales Superiores de Justicia, Fiscalía, asociaciones de consumidores, de usuarios, sindicatos, en fin, organizaciones sociales de todo pelo y condición, lo que ha quedado claro es que estas tasas volatilizan, dinamitan el artículo 24 de la Constitución, al vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Y efectivamente, señorías, no recuerdo hasta la fecha una ley que haya suscitado tanta oposición y rechazo en todos los sectores sociales, pero sí recuerdo y lo recuerdo perfectamente, que no fue por casualidad, sino por la presión de todas esas personas que hoy están aquí y que representan a numerosos colectivos sociales y gracias también a este Parlamento y a otras instituciones, que el Gobierno de España tuvo que rectificar alguna de esas tasas previstas inicialmente.
Pero lo cierto, es que las tasas judiciales limitan derechos, siguen limitando derechos, vulneran derechos constitucionales, de manera que sin duda, más tarde o más temprano así lo habrá de recoger esa resolución del Constitucional, que como les decía se espera a la mayor brevedad.
Los socialistas lo hemos venido diciendo alto y claro y repetidamente, la Ley de Tasas Judiciales no solamente es una de las leyes más regresivas que se recuerden, sino que nacía clara y alevosamente inconstitucional, porque vulnera de frente pero no por derecho, la posibilidad de acceso a la justicia de todas las personas, de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad, porque consagra una justicia para ricos y otra para pobres.
Y el Gobierno que lo hizo lo sabía perfectamente, y hay que reconocer que y hay que darle al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios, que consiguió su propósito principal, que era limitar el acceso a la justicia y disuadir a la ciudadanía para no acudir a los tribunales.
Porque a nuestro juicio, está claro, yo creo que medianamente claro y creo que nadie duda en ello, que se produce un efecto disuasorio casi absoluto, cuando por ejemplo se reclaman contra sanciones de carácter administrativo multas de pequeña entidad, porque en realidad el corte de la tasa señorías, supera en ocasiones el coste de la propia sanción. Y ello no solamente limita el acceso de los ciudadanos a la justicia, sino que tiene otro efecto también perverso, y es que no se garantiza como se debiera la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Y ocurre lo mismo también en la vía del recurso, en segunda instancia y en la casación civil o administrativa, donde las tasas superan de manera importante el salario mínimo interprofesional, lo que en definitiva supone dedicar a la tasa un porcentaje muy importante de la renta mensual de las personas.
Hay múltiples ejemplos, pero el resumen es que es una ley que afecta de manera irremediable la posibilidad de reclamar y exigir justicia, y que tuvo la virtud incluso de consagrar el latiguillo de...