CORCUERA LEUNDA (PSE-EE, 2015-10-01):
Gracias presidenta, lehendakari, consejera, señorías buenos días.
Los Socialistas Vascos presentamos esta enmienda a la totalidad y solicitamos la devolución al Gobierno del proyecto de ley de tercera modificación de la Ley de Actividad Comercial porque consideramos que este proyecto se basa en todo un compendio...
...a la totalidad, y solicitamos la devolución al Gobierno del proyecto de ley de tercera modificación de la Ley de Actividad Comercial, porque consideramos que este proyecto se basa en todo un compendio legislativo compuesto por un Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, por el Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio y por la Ley 18/2014 de 15 de octubre, que inciden en las materias de comercio y turismo sin respetar el ámbito competencial que en estos asuntos tiene la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El Gobierno Vasco tenía que haber recurrido el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio como lo hizo con los preceptos del Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio ante el Tribunal Constitucional, fundamentalmente para la defensa de nuestras competencias en materia de comercio y pensamos que debe esperar la resolución de esos recursos que también han interpuesto otras comunidades autónomas, por las consecuencias que de los mismos pudieran derivarse, antes de proceder a modificar nuestra propia regulación autonómica.
El relato de la influencia que ha tenido la aplicación de estas disposiciones del Gobierno de España en el País vasco es bien sencillo. El Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio introdujo una serie de medidas tendentes a la libertad horaria para los comercios, entre las que destacaba la obligación para 14 ciudades de España de designar zonas de gran afluencia turística en las que se garantizase la libertad horaria y de apertura de los comercios.
De este modo Bilbao fue una de las ciudades forzadas a fijar dichas áreas dentro de su municipio. Los criterios para elegir estas ciudades  - ya los ha comentado la consejera - , se objetivaron en que son ciudades de más de 200.000 habitantes, que tengan más de 1.000.000 de pernoctaciones de turistas al año y/o bien que tuviesen 400.000 viajeros de crucero. El resto de municipios que lo desearan también podían solicitar tener declaradas zonas de gran afluencia turística y lograr así horarios comerciales más amplios.
Pero la diferencia fundamental es que las ciudades fijadas por ese Real Decreto del Gobierno de España, quisieran sus gobiernos autonómicos o no, estaban obligadas a disponer de esas zonas de afluencia turística con normativa especial. El plazo que se daba una vez entrada en vigor esa norma, era un plazo de seis meses para comunicar qué zonas habían sido las seleccionadas.
Además, el Gobierno de España mediante el Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, extendió a otras diez ciudades la obligación de designar esas áreas de zona de gran afluencia turística y, por tanto, abrir, tener otros horarios más amplios, horarios comerciales y días de apertura. En este caso le tocó la lotería a Donostia-San Sebastián.
Ante esta situación, el Gobierno Vasco procedió a la aprobación de dos resoluciones, la de 1 de septiembre de 2014 de la viceconsejera de Comercio y Turismo, por la que se hacía pública la declaración en el municipio de Bilbao de tres zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales. Y la resolución también, la segunda, fue la de 11 de diciembre de 2014, por la que se declaraba una determinada zona de gran afluencia turística en el municipio de San Sebastián.
En ambos casos se hacía mención expresa y se justificaba esa medida en el artículo 5 de ese Real Decreto Ley 8/2014, que establecía que si en el plazo de seis meses a partir de la publicación de estos datos las comunidades autónomas competentes no hubieran declarado alguna zona de gran afluencia turística en el municipio en el que concurran determinadas circunstancias, se entenderá declarada como tal la totalidad del municipio y los comerciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus establecimientos durante todo el año.
Las resoluciones, conforme con lo dispuesto en esa Disposición Adicional Undécima del Real Decreto Ley 20/2012, establecieron como ámbito temporal de la declaración de zona de gran afluencia turística los meses de julio y agosto de 2015 para ambas ciudades, tanto para Bilbao como para San Sebastián.
Y decía la consejera que, bueno, era el mal menor la modificación legal que traía aquí, que era el mal menor. Y no señora consejera, el mal menor son las resoluciones que sacó la Viceconsejería de Comercio y Turismo, no este proyecto de ley. Porque este proyecto de ley es una ratificación de todas las disposiciones normativas del Gobierno de Rajoy que pretenden una extensión y una ampliación de los horarios y de los días de apertura, y usted lo sabe.
Los socialistas ya planteamos en su momento una serie de enmiendas a ese Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, porque considerábamos que las medidas sobre horarios comerciales ahí planteadas no habían sido consensuadas ni con las autoridades competentes encargadas de su aplicación efectiva, ni con los sectores económicos afectados. Además, supone un vaciamiento de competencias de las comunidades autónomas en materia de comercio interior, y es claramente contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Con la última reforma del Gobierno de España, con esa Ley 18/2014 de 15 de octubre, se obvia clara y absolutamente la competencia que tiene el Gobierno Vasco en materia de comercio interior. Y se obvia también claramente su capacidad para diseñar la política comercial que considera adecuada a la realidad socioeconómica de Euskadi, tal y como se recoge en el artículo 10.27 del Estatuto de Gernika.
Y es ahí, señora consejera, donde los socialistas consideramos fundamental, primero, los recursos de inconstitucionalidad. Segundo, preparar una regulación del comercio vasco que sea consensuada, que sea pactada  - por cierto, un término que últimamente se utiliza mucho - , que sea consensuada y pactada con los principales agentes del sector; que solvente la conflictividad existente, porque la hay. Y que sirva para que realmente el comercio vasco pueda aprovechar todo el ámbito de oportunidades que la coyuntura económica pueda plantearle a través de los más diversos sectores que tengan influencia económica, entre ellos, el turismo, por qué no.
En todos los debates que hemos tenido los Socialistas Vascos, tanto en esta Cámara como en los ayuntamientos donde se ha tratado la vinculación comercio-turismo a través de mociones, hemos instado e insistido para que la regulación que se llevara a cabo desde el Gobierno Vasco, en el ejercicio de sus competencias, fuese una regulación consensuada entre las instituciones y los agentes sociales y sindicales del sector comercial vasco.
En el caso que hoy nos ocupa, ha resultado más que evidente, tras las diversas manifestaciones realizadas en el Parlamento Vasco por comparecencias de gente pertenecientes a diversos organismos, entidades, asociaciones y organización sindicales que tuvieron lugar durante dos días, dos largos días, que además de no resultar el comercio, fueron las conclusiones una materia pacífica  - eso sí se concluyó - , se producía en el propio sector un rechazo a esta regulación, un rechazo más que significativo.
Aquellos dos días sirvieron para establecer que las posiciones de las partes afectadas estaban muy alejadas unas de otras, y que con la regulación que se propone hoy, no sólo se logra un mínimo consenso o satisfacción de intereses, sino que además su aplicación no responde, señora consejera, a las necesidades prácticas y reales que tienen las asociaciones, las federaciones, los sindicatos, en definitiva, el sector comercial.
Tampoco son del interés general de los y las consumidoras, porque algunas de sus organizaciones, también tuvimos oportunidad en esos dos días de comparecencias, de oírles y se manifestaron algunos contrarios a la regulación que se pretende impulsar por el Gobierno Vasco.
La memoria económica elaborada para la tramitación de esta modificación de ley tiene como base un documento denominado "Impacto de la declaración de gran afluencia turística en la distribución comercial minorista del País Vasco", que es considerado este documento por el sector como un documento inexacto, parcial y desconocedor de datos objetivos sobre el flujo económico general en Euskadi.
La modificación legal que se propone y que se defiende por sus autores en la vinculación entre el comercio y el turismo, se basa en diversos estudios que, en lugar de avalar con datos objetivos esta vinculación y la captación del incremento del gasto turístico por la actividad comercial, lo que realmente explica ese documento es la captación que se produciría del gasto público del área de influencia en el País Vasco, al que se trata como turista.
En definitiva y en román paladino, que los estudios que avalan el proyecto de ley que hoy se trae a esta Cámara consideran el comercio interior vasco, todo el comercio interior vasco, como el comercio turístico. Y este hecho, desvirtúa la derivada consecuencia de todos los datos que luego se aportan.
Estos estudios además, no detallan los sectores que realizarían la captación del gasto, no distinguen el formato comercial y parten de la base errónea de contemplar la apertura comercial en domingo y festivo como algo novedoso en Euskadi y como algo generalizado, obviando el hecho de que los establecimientos menores de 150 m2 ya pueden abrir legalmente en domingos y festivos. Una práctica que en algunas ciudades de Euskadi sí se viene realizando y en otras no.
Y en estos estudios, que avalan esta modificación de ley, ni se establecen las causas de esta disparidad de acciones, de por qué sí en algunas ciudades abren los comercios y en otras no los domingos y festivos. Y tampoco explican los motivos por los que aquellos comercios que hoy no abren, sí lo harían si se aplica esta ley, cuando se aplica la ley a comercios de más de 150 m2. Por lo tanto, no es de aplicación a los de menos de esa superficie. Y tampoco explican esos estudios las consecuencias de esta aplicación de la modificación de ley.
Además, cuando para las grandes superficies está la disposición normativa que posibilita en Euskadi la apertura de ocho festivos y esta disposición normativa no se aplica en todos los casos, vuelve a quedar en evidencia que este proyecto de ley que hoy se trae aquí, de modificación de la actividad comercial, no sólo no va a regular una situación alegal, porque efectivamente, disponemos hoy de normativa propia en Euskadi. Sino que su aplicación pueda acrecentar la conflictividad que existe en el sector, y promover desequilibrios de flujos económicos de los municipios que no tuviesen la condición de turísticos, hacia los que sí fuesen así considerados conforme a los criterios que se exponen en este proyecto de ley.
Estudios realizados fuera del País Vasco, es decir, no sospechosos, respecto al comercio minorista y las consecuencias de la aplicación de la liberalización horaria o de la intensidad regulatoria concluyen  - y esto es importante - , que no se encuentran indicios suficientes para afirmar que la liberalización de horarios comerciales provoque los efectos esperados. Ni en aumento de la cifra de negocios, ni en el empleo, ni en la eficiencia del sector.
Así por ejemplo, si tomamos el referente madrileño, un año después de la entrada en vigor de la liberalización total de los horarios, éste arrojaba caídas de la actividad comercial similares a las que estaban padeciendo el resto de comunidades autónomas, que tenían una regulación comercial más restrictiva. Y además, presentaba mayores contracciones del empleo, cuando sin embargo, la tasa turística se estaba incrementando.
Los Socialistas Vascos creemos que cualquier cambio legislativo debe conllevar un equilibrio en su aplicación y unas claras ventajas generales para todo el sector. En este caso para el sector comercial y para el sector turístico en todo Euskadi.
Pero hemos podido percibir que las ventajas de esta modificación legal que se propone no son en absoluto claras para el conjunto del País Vasco, ya que la aplicación y el desarrollo de la actual normativa no está generando problemas o conflictos en el conjunto de Euskadi.
En cambio, la nueva regulación que se nos propone, no cuenta de partida con el acuerdo o el consenso entre el propio sector comercial. Y no hay ninguna previsión de pactos o acuerdos con los agentes sindicales, lo que plantea ya de inicio una previsión de problemas en la aplicación de esta regulación legal.
La modificación que se propone pretende un fortalecimiento del comercio a través del turismo, pero es previsible que sus consecuencias sean las contrarias si no se establecen medidas de protección e impulso al pequeño comercio. Ya que al aplicarse para superficies mayores de 150 m[2] los flujos comerciales que derivarían hacia este sector, quedando el pequeño comercio, tanto de las zonas consideradas turísticas como el de las que no fueren así consideradas, quedaría mermado en su captación de gasto.
Euskadi tiene competencias exclusivas en materia de ordenación comercial. Y las medidas de ordenación y regulación de la actividad comercial deben servir para determinar el modelo a desarrollar en el conjunto del territorio.
Y los Socialistas Vascos no queremos en Euskadi una regulación comercial que vaya contra el propio sector, sino que planteamos la transposición de otras experiencias  - que las hay en Europa -  donde la regulación comercial contempla y se basa en variables como la conciliación laboral y familiar, la sostenibilidad medioambiental o el equilibrio territorial.
Pensamos que hay un trabajo de gestión por parte del Gobierno Vasco importante a realizar, con todos los agentes del sector comercial para buscar esos consensos, esas complicidades en todo Euskadi, en ese sector.
Para lograr un futuro próspero del sector comercial que en definitiva, estoy segura es lo que todos buscamos y pretendemos. Pero señorías, visto y oído lo que las partes nos han estado exponiendo, no solamente a lo largo de los dos días de comparecencia, sino en otras ocasiones, entendemos que el ámbito legislativo debe ser el último peldaño a subir para que se ratifique un acuerdo y las posiciones consensuadas; posiciones comunes.
Pero el ámbito legislativo no puede ser el elemento que genere desencuentros y conflictos. Y esto parece que está anunciado con esta modificación de ley.
Nada más y muchas gracias.