PRIETO SAN VICENTE (PSE-EE, 2015-05-07):
Presidenta, señorías.
Los productos y servicios del sector financiero de cajas y banco llevan años experimentando importantes variaciones en su localización, seguridad, riesgo, costes o beneficios.
La pequeña en el tiempo, pero dramática en consecuencias, historia de estos últimos años de cajas y bancos ha derivado en escándalos, deterioros patrimoniales, destrucción de empleo, cierres de negocios, desahucios, intereses abusivos, ruinas que han terminado afectando y maltratando a muchísimos ciudadanos y ciudadanas.
Los sellos, las subordinadas, las preferentes, determinadas hipotecas, la cláusula suelo son algunos ejemplos de excesos y abusos comerciales operados en cajas y bancos.
En innumerables casos de estos productos ha quedado demostrado que se ha jugado con el desconocimiento, algunas veces de quien vendía y muchas veces más de quien compraba, en otros ha quedado acreditado que se ha abusado de la confianza, en otros de una información insuficiente, en cualquier caso, los perdedores siempre han sido los mismos, los consumidores.
En este Parlamento hemos tratado en muchas sesiones estos problemas, y en diversas ocasiones ha tenido que intervenir la política para mediar y para tratar de paliar algunas de las consecuencias de estos excesos y abusos.
La justicia también ha actuado y a fecha de hoy son muchas las sentencias que han fallado en defensa del consumidor.
Legislaciones por un lado y sentencias por otro han ido reparando y corriendo parte de esta dramática situación, aún así, queda mucho por hacer.
En la actualidad existen productos difícilmente interpretables, comprensibles y evaluables para los clientes, llegando a desconocer el alcance de lo que consumen o adquieren.
A diario en las oficinas de las entidades financieras hay personas que no saben el riesgo de los productos que toman, si es alto, medio o bajo, productos sobre los que desconocen cuáles son sus ventajas, cuánto les va a reportar, cómo y de qué manera lo pueden cancelar, productos sobre los que se desconocen qué otras ofertas existen en las entidades de la competencia.
Las entidades financieras venden muchos seguros en los que bueno parte de los clientes desconocen las coberturas hasta que tienen un siniestro, también venden fondos de inversión de los que se desconocen su rentabilidad, venden cuentas en las que se desconoce su coste de mantenimiento hasta que te pasan la factura, venden operaciones de las que no se sabe la comisión hasta que hay que pagarla, cobran comisiones por descubiertos en ocasiones injustamente desproporcionados.
Cada día restringen más el operativo y la disponibilidad para gestiones de recibos y para otro tipo de atenciones a los usuarios, y además, que se sepa a fecha de hoy, ya se está preparando el cobro de comisiones por operaciones a terceros. Estos y otros problemas requieren nuestra consideración y también un tratamiento.
Según el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, durante el 2013 las reclamaciones aumentaron un 142 % respecto a 2012. Buena parte de estas reclamaciones las resolvió el Banco de España dando la razón a los usuarios. Aún así, en muchas de ellas las entidades financieras no quisieron atenderlas.
Según informa la OCU, la mayoría de usuarios de banca lo que más solicitan es que se les vendan productos fáciles de entender, donde se establezcan con claridad las comisiones que les van a cobrar.
Parece que todavía estamos lejos de este objetivo, porque siguen proliferando productos vinculados a múltiples condiciones con limitaciones y comisiones ocultas o semiocultas.
En un estudio realizado por Adicae sobre la educación financiera, uno de los datos más relevantes es que el 70 % de los usuarios consultados quiere más formación porque desean tener más seguridad en su relación de la banca, ya que temen que les cuelen cláusulas abusivas y productos tóxicos.
Las entidades financieras son muy conscientes de esta situación y para curarse en salud, tras importantes escándalos, protestas, quejas y judicialización de casos han decidido tratar de transferir toda responsabilidad al consumidor o dejar que el consumidor se dé de bruces con esa realidad.
Dicho de otra forma, las entidades financieras han decido autoprotegerse, pero de la forma en que lo están haciendo no está nada claro, más bien al contrario, que este procedimiento de inundar de papeles al consumidor y de recabar su firma garantice con seguridad que el consumidor sepa qué está adquiriendo, con qué valor trata esa entidad a sus clientes, o qué servidumbres y costes tienen los servicios y productos que le ofertan.
La abundancia de papel supuestamente informativo y el requerimiento de firma del consumidor puede tener utilidad para tratar de que las entidades financieras no se responsabilicen ante la justicia de lo que venden, pero no queda claro que sirva para mucho más. El exceso de información no garantiza su compresión.
De ahí que la política que debe velar por el interés colectivo sea capaz de construir y ofrecer al conjunto de la ciudadanía, a la parte más vulnerable en esta relación comercial, herramientas de conocimiento y defensa en la adquisición de estos servicios y productos.
En la actualidad hay entidades financieras que bien o por un problema de costes o de otra naturaleza instruyen a sus empleados para que no pasen demasiado tiempo dando explicaciones a los clientes. Como dicen algunos que gestionan recursos humanos no se trata de actuar como asesor del cliente, sino como vendedor, que el cliente compre y firme, que ya tiene los papeles la información y ahí acaba el trabajo.
Sin embargo, cualquier profesional honesto del gremio sabe y así lo manifiesta cuando se le pregunta, que los consumidores según que productos y además de manera mayoritaria sigue necesitando de la confianza del gestor de la entidad financiera para decantarse por un producto y tener tranquilidad sobre lo que está adquiriendo.
Estando así las cosas, hay que revelarse ante este juego maquiavélico de anular asesoramiento de calidad por información a peso. Con estos antecedentes tan lesivos para tantas personas y con el objetivo de evitar que se repitan en el futuro, los Socialistas hemos decidido traer a este Parlamento esta iniciativa para consideración de todos ustedes.
Una iniciativa que se sustenta en tres razonamientos más. El primero, el convencimiento de estar tratando un problema colectivo que, de una u otra manera, afecta a la mayoría de la ciudadanía.
El segundo, porque entidades financieras semipúblicas o privadas están sujetas a leyes hechas por instituciones públicas, este Parlamento, entre otros, por lo tanto, hechas desde la política, cuyo funcionamiento y resultados nos implica y nos exige observar los fallos y problemas que genere para corregirlos en beneficio del interés público.
El tercero, porque visto y sufrido lo visto y sufrido en la factura pública para asistir y rescatar a buena parte de las entidades financieras, visto y sufrido lo que nos está costando reflotar a una buena parte del sector financiero, es de justicia social que se atienda igualmente al interés ciudadano.
Si la política nacional e internacional ha salido en defensa del sector financiero, con ayudas económicas multimillonarias, trasladando su coste a toda la ciudadanía sin excepción y otorgándole un carácter estratégico muy superior al de la sanidad, la educación, el empleo o las políticas sociales, bien estará que la política autonómica salga en defensa de las personas en el ámbito de nuestras competencias.
Quien debe garantizar en última instancia la protección de los consumidores son las leyes y los organismos supervisores y de consumo.
La educación financiera da herramientas al consumidor para tomar mejores decisiones, pero ni sustituye ni complementa los derechos de los usuarios y la correcta regulación del sistema financiero.
Mientras las entidades financieras están desarrollando una estrategia para que la responsabilidad de que no se cometan abusos recaiga en el consumidor, al cual se le carga la obligación de estar preparado para saber lo que contrata, la realidad es que la relación entre la entidad financiera y el consumidor es profundamente desigual.
Al consumidor casi siempre se le ofertan contratos preestablecidos sólo por la entidad financiera, sin ningún margen de negociación, por lo que la relación se convierte en una simple adhesión a los términos y condiciones que fija la entidad.
Con toda seguridad, para mediar, intervenir y resolver en favor de la transparencia y el equilibrio entre cajas y bancos y usuarios, será necesario legislar más, establecer más controles y sancionar con más contundencia los abusos.
En este itinerario también debemos sacar más provecho de las herramientas públicas que ya existen. En Euskadi disponemos de un Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, un instituto para proteger a la ciudadanía en las transacciones económicas mediante información, formación y protección de las personas consumidoras y usuarias ante la compra de productos y servicios.
Kontsumobide está preparado y dotado para fijar instrumentos y procedimientos que permitan a las personas elegir mejor los productos y servicios más adecuados a sus necesidades y exigencias.
Sin duda alguna, en el ranking de necesidad de información, formación y protección, está en primer lugar los productos y servicios de las entidades financieras.
Señorías, en este escenario resulta más que razonable que Kontsumobide intervenga. El interés que ha suscitado esta iniciativa en esta Cámara es evidente, Partido Nacionalista Vasco y Bildu han presentado enmiendas, que, si bien aportan matices y algún aspecto nuevo, en el núcleo principal de nuestra iniciativa muestran bastante coincidencia con el objetivo.
Finalmente hemos hecho una transacción con el Partido Nacionalista Vasco que espero que tenga más apoyos, que abre el plazo en el que deberá de presentarse el trabajo de Kontsumobide, lo amplía un poco ante esta Cámara y que abre también la puerta a la colaboración con las asociaciones de personas consumidoras de Euskadi y a la información con otros trabajos comparativos.
Por lo tanto, espero que a partir de hoy la ciudadanía vasca, los usuarios de los productos financieros, de los servicios y los productos financieros puedan disponer de más protección, de más defensa, de más información...
...los usuario de los productos financieros, de los servicios y los productos financieros puedan disponer de más protección, de más defensa, de mas información y de más formación para que la transacción con esos productos y servicios sea en igualada de condiciones y sabiendo lo que se contrata, y no con cantidad de situaciones anómalas, como viene ocurriendo en los últimos años.
Muchas gracias.