PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2013-04-11):
Gracias presidenta.
Mire, señor Semper, usted ha empezado justificando ese llamado informe que dice usted, porque según usted nos obliga la Unión Europea y no es cierto. Es una gran mentira.
La Unión Europea no nos obliga a cerrar ayuntamientos ni a despedir funcionarios, ni a quitarles competencias políticas a los ayuntamientos, ni a intervenirles políticamente, ni acatarles la capacidad de representatividad que tienen de una parte de la sociedad española.
La Unión Europea obliga una racionalización de las administraciones, pero usted tiene un concepto totalmente distinto del mío de lo que es racionalizar una administración.
Por lo tanto, no me diga usted que lo que quiere hacer el Partido Popular lo hace porque se lo manda la Unión Europea, porque no es cierto.
Porque los deberes se pueden hacer bien o mal. Y ustedes los están haciendo mal. Ese llamado informe que ustedes plantean y con el que es verdad que empezamos a negociar con ustedes y que afortunadamente dejamos de hacerlo, porque lo que se venía encima, era bastante desastroso, pues plantea un horizonte muy preocupante para los ayuntamientos.
Y no estamos hablando de defender concejales, ni de defender instituciones públicas, que también, porque cuando se oye hablar a representantes del PP de las administraciones públicas, da la impresión de que se olvidan de que las instituciones públicas son también un elemento representativo importantísimo de la sociedad española, y que tiene una función representativa y política tan importante o más que la de administrar los recursos de los ciudadanos españoles.
Y eso se tiene que tener también perfectamente en cuenta. No se puede hacer una especie de dicotomía entre la sociedad y las instituciones públicas, y justificar todo en base a los intereses ciudadanos. ¿O no son ciudadanos los 250.000 empleados públicos que se van a ir a la calle con la propuesta que ustedes hacen?
Sí, sí, lo que ustedes plantean, de eliminación de ayuntamientos y de regulación de otros provoca el despido de 250.000 empleados públicos que se van a la calle, y ojalá no lo veamos.
Pero también son ciudadanos y desde luego nosotros no vamos a entrar en su criterio de hacer del déficit cero una especie de sacrosanto tótem.
En primer lugar, porque habrá que recordar que es la administración local en el conjunto de España la que menos aporta al déficit del Estado y, por cierto, la que mejor se ha aplicado a hacer los deberes de la reducción de su situación de deuda. Excepto horrorosas excepciones, como los ayuntamientos de Madrid y Valencia, por cierto regidos por alcaldes del Partido Popular.
No son los ayuntamientos los que están aportando, ni mucho menos, la mayor carga a la deuda del país. En ningún caso, de ninguna manera y en cualquier caso, si es tan importante el déficit cero, por qué están ustedes reclamando desde el Gobierno Central que se amplíe el plazo para cumplir el criterio de déficit que marca la Unión Europea.
Del primero 6 y pico, que planteó el señor Montoro, que luego se demostró que era una trampa y en realidad era el 7, y ahora están pidiendo que se flexibilice. Y qué quiere que le cuente de las comunidades autónomas del PP, que sobrepasan con creces el límite establecido y que están pidiendo que se les dé un trato de cierto privilegio para seguir manteniendo esa situación.
Por lo tanto, quienes están cumpliendo mejor que nadie entre las administraciones, son precisamente la administración local. Por tanto, no tratemos de poner la carga de la prueba donde no corresponde.
Y en cualquier caso, señor Semper, como usted ha venido casi a justificar que no podíamos pedir la retirada porque no había tal anteproyecto, sino un informe, supongo que cuando pase de ser informe a anteproyecto pedirá la retirada como estamos pidiendo nosotros ahora, si quiere usted utilizar ese argumento.
Y luego, me ha llamado la atención cuando usted trataba de diferenciar– y me parece muy bien– lo público de lo privado, la actividad privada de la sociedad con lo público, pero permítame que le recuerde que quien está mezclando permanentemente en la vida política lo público y lo privado, son ustedes.
¿O no es mezclar lo público y lo privado que el Ayuntamiento de Madrid le subvención a la familia Aznar las clases de golf? ¿O no es mezclar lo público con lo privado que dos consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid privaticen servicios que luego ellos gestionan a través de determinadas empresas de los que ellos forman parte? Eso es mezclar lo público con lo privado, señor Semper.
Y brevemente, para la señora Otadui. No se moleste usted también, ya sabemos que no soporta usted cualquier atisbo de crítica, pero en fin, un poquito de autocrítica, porque si la ley municipal, el proyecto de ley municipal llegó con retraso a este Parlamento pregúntele usted al señor Bilbao o al señor Olano o al señor Agirre, que estaban entonces originalmente diputados generales, por qué se dedicaron a torpedear permanentemente la tramitación del proyecto.
Pregúntele a Eudel por qué pidió reiteradamente prórroga tras prórroga para hacer posible que el tema llegara un poquito más tarde.
Pregúntele usted a las diputaciones forales y al Partido Nacionalista Vasco, que lo inspiró, por qué recurrió a la Comisión Arbitral para volver a intentar retrasar nuevamente el proyecto.
Y en cualquier caso, nosotros no queremos hacernos partícipes de ningún privilegio respecto a la elaboración del proyecto. Si lo que nos extrañó muy mucho es que como era un proyecto de gobierno (en cualquier caso, de uno o de otro(, de gobierno, el actual Gobierno no lo hiciera suyo. Eso es lo que nos llamó poderosamente la atención.
Tan nos parece que era de gobierno, que por eso no entendíamos por qué ustedes no lo recogieron encima de la mesa y al menos lo plantearon como documento de trabajo, porque la contestación del Gobierno es que no había proyecto de gobierno y que había que esperar a la Ley de Régimen Local en su modificación en Madrid. Y luego daban por descartado que aquel proyecto del Gobierno Vasco no lo consideraban como tal.
Por lo tanto, cada cual que asuma su propia responsabilidad. Se lo sigo sin acritud, como se solía decir anteriormente, porque en cualquier caso, vamos a quedarnos con la parte positiva de este punto, que es que vamos a ser capaces de aprobar una enmienda transaccional, que esperemos que acabe con bien dentro de un año, cuando el Gobierno cumpla el compromiso que aquí se adquiere por parte de los tres partidos políticos que firmamos la transacción.
Y podamos entrar a debatir, de verdad, la ley municipal y en esta legislatura se pueda aprobar.