LLANOS GÓMEZ (PP, 2015-06-11):
Gracias señora presidenta. Buenas tardes ya a todos.
Señor Arzuaga, manipulaciones, tergiversaciones, falsedades interesadas suelen ser las señas de identidad de las iniciativas presentadas por Eh Bildu. Y ésta, pues no iba a ser una excepción.
Parte usted en la iniciativa del Decreto de reconocimiento y reparación de las victimas de vulneración de derechos humanos, producidas entre 1960 y 1978, en el contexto de violencia de motivación política, para inmediatamente, en la propia iniciativa y hoy aquí también, hablar de violencia policial.
En lo que pudiera entenderse a su juicio como una violación sistemática y continuada de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales. Quieren hacer ver, como digo, que la policía ejerce reiterada y continuamente la violencia.
Es cierto y lo quiero dejar desde el principio de manifiesto, que, igual que en otras partes de España, en Euskadi no ha sido ajena a actos de violencia, aunque el término de violencia de motivación política pues no se sí es el más correcto, pero en cualquier caso han sido actos de violencia.
Hechos violentos que producen violaciones de los derechos de las persona. Y tras cada vulneración se encuentra una persona, una familia, una vida, que, en función de su intensidad, provoca mayor o menor dolor y sufrimiento, pero que en cualquier caso provoca un daño.
Nosotros, no solo yo hoy aquí, nuestro grupo y yo en otras cámaras hemos reconocido y hemos apostado porque se reconozca y se repare las vulneraciones de los derechos que se cometieron con esas personas, aunque es verdad que no sea siempre fácil, porque la prueba de las mismas no siempre es fácil.
Pero también quiero distinguir perfectamente entre los hechos cometidos antes de la instauración del Estado democrático y después. Porque en democracia, en el Estado de derecho consagrado por nuestra constitución, cualquier abuso, cualquier lesión, cualquier tortura cometida por un funcionario público está perseguida y penada, y hay condenas de los tribunales por ello.
Y desde aquí quiero dejar bien claro una cuestión para que ustedes, señores de Bildu, no hagan uso del ejercicio constante de manipulación al que nos tienen acostumbrados. Desde este grupo, desde el Grupo Popular condenamos cualquier abuso que por parte de un funcionario público se haya podido cometer, que sea perseguido y penado. Sobre cualquiera que cometa tortura que caiga todo el peso de la ley. Y como he dicho, ha habido sentencias de los tribunales al respecto.
Luego, el Estado de derecho debe funcionar y funciona ante estas vulneraciones, absolutamente inadmisibles y nosotros nos congratulamos de que el Estado de derecho funcione.
Pero es verdad, que antes de que ese Estado...
...ante estas vulneraciones, absolutamente inadmisibles y nosotros nos congratulamos de que el Estado de derecho funcione.
Pero es verdad que antes de que ese Estado de derecho se instaurase, se produjeron una serie de hechos violentos, muchos de ellos con resultados muy trágicos. Se cometieron excesos y abusos, violaciones de derechos absolutamente inadmisibles que deben de ser reconocidos institucionalmente y resarcidos. Pero desde luego hay que hacerlos desde la verdad y el rigor, como se decía aquí, pero también desde la seguridad jurídica.
Es cierto que contra el Decreto del 2013 se interpuso un recurso, que por cierto se dijo que era para entorpecer, pero que dicho recurso tenía base y, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado parte de ese Decreto.
Pero es que en el año anterior, en el año 2012 se había publicado un primer decreto, un primer decreto que no se impugnó. Luego, si la motivación para la impugnación del decreto fuera políticas se hubiera impugnado también el del 2012 y no se hizo. No se hizo, se impugnó el Decreto 426/2013 y como digo, el Tribunal ha venido a dar la razón en varias de las cuestiones que motivaban la interposición del recurso, que no era otra que la falta de seguridad jurídica que había tras el nuevo decreto.
Reconocía, como ha dicho aquí el señor Maneiro, que primero se debería aplicar la Ley General de Subvenciones del Estado que tiene carácter básico y que, con arreglo a esa ley básica, se exige una prueba fehaciente de las lesiones, es decir, informes o certificados médicos. Y el decreto nuevo exigía, por lo tanto, era contrario a la seguridad jurídica y no tenía las garantías precisas ni el carácter objetivo necesario.
También cree que la comisión que ha actuado de forma correcta y su trabajo tiene que ser sujeto de valorarse positivamente pero, sin embargo, no es una comisión médica, no está formado por médicos. Por lo tanto, al no ser un tribunal médico ni compuesto por médicos, las valoraciones debían de haber sido realizadas si no se quería con el INSS, desde luego, por un médico independiente.
Y con relación a los baremos, lo mismo. El decreto señalaba que se aplicarían los criterios establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos o cuales quiera otros que se considerasen oportunos. Sin embargo, la sala estima que carecen de definición suficiente estos conceptos y que, por lo tanto, se vulnera el principio de seguridad jurídica.
Pero es que el propio secretario de Paz y Convivencia reconoció que el decreto era bueno pero no suficiente para garantizar la seguridad jurídica. Y anunció, como se ha dicho aquí, que iba a traer una ley; una ley que nosotros cuando se traiga, analizaremos y que intentaremos, como se ha dicho aquí, a ver si es verdad que puede salir con el máximo consenso posible y fundamentado en conceptos de verdad, de reparación y de seguridad jurídica.
Por lo tanto, señores de Bildu, si una de las cosas que ustedes pretendían era que se trajese una ley, deberían de haber retirado la iniciativa porque ya se ha anunciado que esa ley se va a traer. Pero no la han retirado, vamos, no teníamos ninguna duda de que no la iban a retirar porque ustedes esta iniciativa y ese decreto lo utilizan como un instrumento más en su estrategia.
Yo hablaba de la verdad y el rigor, pero la verdad y el rigor es algo que ustedes no acaban de conocer porque siguen en la misma estrategia y para eso cualquier instrumento es válido, incluso utilizar e instrumentalizar a estas víctimas, instrumentalizarlas para abonar la teoría del conflicto.
Pero es que es más, usted lo ha dicho aquí, las víctimas del conflicto vasco. Y eso es lo que ustedes persiguen abonar esa teoría del conflicto, hacer ver que aquí ha habido dos bandos. Por una parte, ETA y por otra parte, el Estado. Eso es lo que ustedes pretenden totalmente con todas y cada una de las iniciativas que aquí presentamos, decir que había dos bandos y que los dos bandos infringían sufrimiento.
Nosotros no íbamos a votar su iniciativa inicialmente, fundamentalmente lo que le digo, porque es un intento de instrumentalizar. Nosotros lo hemos dicho y lo quiero volver a reiterar.
Ha habido una serie de violaciones de derechos que deben de ser reparadas, que deben de ser reconocidas. Eso sí, como digo, con garantías, con seguridad desde la verdad y desde el rigor. Pero desde esa misma verdad reconozcan ustedes que no había ningún conflicto vasco, que aquí lo que había era una banda terrorista que mataba. Reconozcan eso.
Tenga la valentía de reconocer eso y de que ETA nunca debió existir, que no acaban reconociendo ni lo van a hacer ni tan siquiera hoy en las votaciones. Cuando hagan eso, tendrán legitimidad para hablar de determinadas cuestiones. Mientras tanto, ninguna legitimidad, señor Arzuaga.
No les vamos a permitir mientras tanto que pongan en cuestión las garantías que ofrece nuestra democracia y no vamos a aceptar lecciones de ética en materia de derechos humanos por parte de nadie y, desde luego, muchísimo menos de ustedes que a día de hoy no han condenado ni una sola de las vulneraciones de los derechos humanos cometidos por la banda terrorista ETA.