MENDIA CUEVA (PSE-EE, 2017-09-28):
Bueno.
Yo he querido hacer una intervención en el turno a favor de esta ley, porque creo que el empujón que el grupo Nacionalistas Vascos y el Grupo Socialista propone hoy a esta Cámara es una tarea pendiente de esta Cámara, pero que fundamentalmente lo que ambiciona es regular el modelo de rendición de cuentas porque la transparencia está ya instalado en el día a día del Gobierno Vasco desde hace varios años. Porque queremos ofrecer servicios a la ciudadanía no solo desde la responsabilidad y la vocación social, sino con claridad en nuestras actuaciones, para seguir el rastro de los euros que los vascos y vascas dejan en manos de nuestras administraciones en forma de impuestos.
La transparencia debe ser una marca de agua de todas las políticas públicas que se hagan desde el conjunto de las instituciones, y con ese afán es con el que hemos planteado la proposición de ley de transparencia y participación ciudadana. Aquí se reordena todo aquello que se comenzó impulsando desde el Gobierno Socialista y que seguimos impulsando años después desde la oposición y que se ha incorporado al compromiso conjunto que tenemos suscrito sobre la acción de Gobierno para esta legislatura, que queremos reforzar con un amplio consenso.
Y bueno, señora Macazaga, quiero agradecer al grupo Podemos que se haya sumado en el turno a favor de esta proposición de ley, porque queremos que todo el mundo participe, sume, pero, sobre todo, que valore positivamente el esfuerzo que se ha hecho por ambos grupos para sacar adelante esta proposición de ley. Porque en su momento ya conseguimos dar pasos en esta Cámara aprobando la Ley de Incompatibilidades y como también aspiramos a completar el puzle con la futura ley del sector público, porque son tres normas que son complementarias entre sí.
Creemos que el texto que planteamos responde a una ambiciosa propuesta de transparencia radical, porque cambia el eje; pasamos de hablar de iniciativas de las administraciones a garantizar los derechos ciudadanos a la información y participación.
No es, por tanto, una mera reordenación de prácticas que ya se habían puesto en marcha con anterioridad. Esta ley pretende contribuir sobre todo a superar miedos y dejar atrás definitivamente las viejas tentaciones de distribuir a cuentagotas los datos de que disponen las administraciones públicas.
La información ya es el poder de los ciudadanos, pero no es solo una cuestión de rendirse a la evidencia. Para los Socialistas esto es una cuestión de profunda convicción política.
Hace dos legislaturas en Euskadi se inició una experiencia desconocida. Sin ninguna ley que obligara a ello, el Gobierno de Patxi López aprobó el primer código ético; a ello se añadió una web abierta de información Irekia, servía y sigue sirviendo para dar cauce a la participación ciudadana; y también se publicaron las condiciones para la contratación pública; se abrieron los datos que obran en poder del Gobierno, para su posible reutilización pública por parte del conjunto de la ciudadanía, es lo que se conoce como Open Data.
Y con todo ello en 2012 Euskadi logró la máxima puntuación de transparencia internacional. Y esas prácticas fueron asumidas por el Gobierno después, pero quedaba algo más. Quedaba saldar de esa exposición de herramientas de transparencia a la radicalidad que me refería al inicio de mi intervención, y lo que queremos hacer es que sea un concepto nuevo, la publicidad activa. Esto supone una obligación para los sujetos concernidos por esta ley, la obligación de hacer pública por propia iniciativa, de manera periódica y actualizada, toda la información de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública.
No hay que esperar a que el ciudadano pida la información. Es la propia Administración quien va a ofrecer, y va a evaluar, y la va a explicar, y lo va a hacer con un lenguaje claro y entendible. Ya no queda a decisión de ningún gobierno. Será obligatoria presentarlo, actualizarlo y evaluarlo. Como tampoco habrá excusas para otras instancias directa o indirectamente dependientes de lo público; esta norma afectará además a los tres niveles institucionales, a todos entes que de ellos dependen y será clave para afrontar la modernización de las administraciones públicas y a todas las instancias que interactúan con ellas.
Hablamos, por ejemplo, de los centros educativos y de salud concertados, o de los entes privados que reciben más de un 40 % de su financiación desde el erario público.
Igualmente, también se prevé la publicación de todas las subvenciones que se otorguen y también las de los grupos de interés, que deberán estar inscritos en un registro específico. Y añadimos también, y creo que esto es muy importante, un exigente régimen sancionador, de forma que la garantía de esos derechos ciudadanos a la información y a la participación se sitúen en máximo nivel de exigencia.
Nuestra vocación, en definitiva, es que se pueda seguir el rastro de cada euro que los ciudadanos dejen en manos de las administraciones a través de sus impuestos, hasta que ese euro vuelve al propio ciudadano, sea en forma de prestación de servicios públicos, de ayudas diversas o de becas. El único límite que debemos tener en cuenta es el de la protección de datos y estoy convencida de que será posible tramitar esta ley sin grandes problemas.
En la pasada legislatura me correspondió proponer la Ley Reguladora de Cargos Públicos y Conflictos de Intereses, y hoy conseguimos sortear las dudas y reticencias de otros grupos. Hoy nadie cuestiona aquella Ley y eso esperamos con este texto. Los Socialistas lo planteamos desde la profunda convicción de que una administración del siglo XXI no se entiende sin responsabilidad, pero, sobre todo, sin rendición de cuentas.
Gracias.