ORBEGOZO URIBE (EAJ, 2014-10-30):
Eskerrik asko, presidente andrea.Egunon guztioi berriro ere.
Hasteko, ezagutu barik zehatz mehatz Itxaso jaunak adierazi edo hemen kontatu duen kasu konkretu hori eta ezagutu gabe ere bai beste zenbat erakundeetan edo beste aurreko legealdietan antzeko kasuak egon diren, guk azkenean ekimen honen aurrean hartu genuen jarrera izan zen zerbait positiboa ateratzea eta langileen lan baldintzen onerako akordio batera iritsi eta ekimen hau aurrera ateratzea.
Pero bueno dejando a un lado el caso concreto al que usted se refería, con esta enmienda transaccional hemos pretendido llegar a un acuerdo respeto a la proposición inicial planteada por el señor Itxaso, en relación con los criterios aplicar en el ámbito de la Administración pPública en Euskadi respeto a esa sentencia dictadas en procedimientos por despido que califiquen el despido como nulo, en este caso como improcedente.
En nuestra opinión, ante la judicialización de la relación de servicio de naturaleza laboral, la Administración debe responder de manera adecuada, entonces, por eso compartimos el espíritu de su iniciativa y en materia de extinción de la relación laboral en el empleo público, y específicamente en lo que se refiere al despido improcedente, las administraciones públicas deberán aplicar la legislación laboral respeto a la extinción del contrato, desarrollan los artículos 49 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.
Esto es así también como dice la jurisprudencia, en principio, como consecuencia...
...y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.
Estos es así también como dice la jurisprudencia como consecuencia del principio de legalidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo recogido en el artículo 56 del Estatuto, en el supuesto de que el despido sea declarado improcedente, el empresario podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de la indemnización correspondiente. Eso también se ha comentado anteriormente.
La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. Es decir, según la legalidad vigente –es a lo que nos referíamos– ante la consideración del despido como improcedente, la dirección de la empresa en su caso, puede optar entre indemnizar al trabajador o la readmisión en las mismas condiciones que el trabajador tenía antes de de que se produjera el despido.
Pero, además, ese mismo artículo 56 en su apartado 3, señala que en el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entenderá que procede la primera, esto es, la readmisión.
Es decir, que podemos concluir que la Ley, la propia Ley también prioriza el criterio de la readmisión frente a la indemnización. Por lo tanto, en esta enmienda transaccional hemos querido trasladar también que nuestra opinión, en aquellos casos en los cuales la sentencia de la primera instancia que resuelve la demanda laboral declare el despido como improcedente, el criterio general a adoptar por la Administración, debe ser el de readmitir al trabajador.
Estamos convencidos, por lo tanto, de que éste es el criterio general que debe aplicar la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y también la administración institucional. Se debe optar por la readmisión de la persona trabajadora independientemente de que pueda interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, es decir, hasta que la sentencia no sea firme.
No obstante, una vez acordado cuál debe ser el criterio general, hemos considerado acertado incorporar el texto de la enmienda transaccional, uno de los puntos que planteaba también el Grupo Mixto. Tal y como ha dicho el representante de UPyD, el señor Maneiro, puede haber algunos casos en los que haya circunstancias extraordinarias que aconsejen no aplicar el criterio general anteriormente expuesto.
Es decir, aunque se aplique el criterio de adoptar la decisión de readmitir al trabajador, para determinados supuestos, donde las circunstancias así lo requieran, puede ser más indicado eximirle de la obligación de prestar sus servicios hasta que la sentencia adquiera firmeza. Lo ha explicado muy bien también el señor Maneiro. Ésta es una opción recogida por la legislación en el ámbito social es una opción perfectamente legal ya que el propio artículo 297 de la Ley de la Jurisdicción Social contempla esa posibilidad.
Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, nosotros abogamos porque esta opción, perfectamente legal, no sea el criterio general que deba aplicarse por la administración de nuestra Comunidad Autónoma, pero entendemos que es lógico contemplarla para determinados supuestos; precisamente porque puede haber cosas en los que concurran circunstancias concretas que lo justifiquen. Por lo tanto, no hemos tenido mayor inconveniente, tal y como lo propuso el señor Itxaso y el señor Maneiro, en incorporarlo a la transacción que habíamos acordado.
Finalmente, el último punto también, como es lógico, una vez que se adopte este criterio como general, no tenemos inconveniente en que se aplique inmediatamente.
Eta besterik gabe, mila esker.