ALDAITURRIAGA ZORROZUA (EAJ, 2013-01-31):
Eskerrik asko. Legebiltzarburu andrea, lehendakari jauna, legebiltzar buru andrea barkatu eta sailburu andrea. Legebiltzarkideok, arratsalde on.
La Ley de Tasa Judiciales que motiva la iniciativa que ahora debatimos generó ya polémica durante su tramitación y sigue alimentándola una vez aprobada, seguramente lo segundo es consecuencia de lo primero.
Y se trata de una ley que afecta al importantísimo derecho que poseen los ciudadanos para pedir justicia, para resolver los problemas de sus relaciones con los vecinos, con los particulares y para combatir las decisiones administrativas que se consideran incorrectas.
Esta ley fue aprobada en el Congreso en un acto en el que los diputados de todos grupos de la oposición se marcharon de sus escaños expresando de esta manera su enfado por el que consideraron el desprecio de los usos parlamentarios.
Pero no es solo que se haya posicionado en contra todo el grupo de la oposición, también, como se ha dicho, han sido asociaciones de jueces, fiscales, colegios de abogados, procuradores, etcétera, etcétera, inclusive el propio Consejo del Poder Judicial ya lo hizo en la fase de elaboración.
Si tal y como se señala en la exposición de motivos de esta ley, de lo que se trata no es de recaudar más impuestos, sino de una cuestión procesal dirigida a hacer frente al problema del exceso de litigiosidad, creemos que no se ha acertado con la medida.
Si existe un problema generado, como digo, por el excesivo recurso a la litigiosidad en los tribunales por parte de los ciudadanos, creemos que se debiera analizar en profundidad esta cuestión.
Y seguramente coincidiremos en la necesidad de reformarlo para aliviar este problema. La cuestión es cómo. Y para reducir la litigiosidad hay que establecer, entre otras cuestiones, un sistema de solución extrajudicial de conflictos reforzando procedimientos como la conciliación o la transacción, pero de eso no se habla para nada en esta ley.
Sin embargo, se ataca este problema mediante el establecimiento de nuevas tasas y la subida desmesurada de otras.
Al hacerlo de este modo, con esta ley nuestro grupo entiende que se perjudica un derecho fundamental y se crea, por activa o por pasiva, la impresión de que existe una justicia a la que sólo tienen acceso los ricos y poderosos.
Con esta ley el servicio público de la justicia se encarece. El ciudadano, a través de sus impuestos, ya está sufragando el coste de la Administración de Justicia, por lo que con esta Ley de Tasas estaría pagando dos veces el servicio. Y eso nos parece un claro retroceso.
Con esta ley, como se ha dicho anteriormente aquí en esta tribuna, se está poniendo un auténtico precio a la justicia, algo aberrante en un Estado de derecho.
Habrá una parte importante de la sociedad que se verá excluida del acceso a la justicia en todas sus instancias, provocando su indefensión y vulnerando el derecho constitucional a la ayuda judicial efectiva.
Por ejemplo, va a convertir en algo imposible sostener un pleito judicial contra las grandes empresas de servicios, electricidad, telefonía, las cadenas comerciales, los bancos o las compañías aseguradoras, todos ellos con una ilimitada capacidad litigadora.
Esta dificultad para plantear litigios, sin duda, va a abonar el terreno para la comisión de abusos. No va a compensar presentar una reclamación en los juzgados en una cuantía que no supere los 3.000 euros, por cuanto el coste de las tasas a pagar va a superar el coste de la reclamación a presentar.
De este modo, la Ley de Tasas Judiciales va a terminar expulsando de la vía judicial a los consumidores, pero es que además de expulsar a los consumidores, tiene otro efecto pernicioso sobre la economía y los pequeños comerciantes.
Va a provocar una disminución del consumo, porque los comerciantes no van a facilitar a los compradores el pago aplazado de los bienes ante la posibilidad de impago de tales bienes y lo gravoso del coste de una hipotética reclamación en vía judicial.
Que esta ley está hecha para...
...el pago aplazado de los bienes ante la posibilidad de impago de tales bienes, y lo gravoso del coste una hipotética reclamación en vía judicial.
Que esta ley está hecha para disuadir del acceso a justicia no cabe ninguna duda, el caso de las multas de tráfico es paradigmático. Las infracciones leves, la imposición de la cuantía de la multa es inferior a las tasas que hay que pagar, con lo cual evidentemente, nadie va a recurrir.
Pero hay otra cuestión, que plantea muchos problemas para mí uno particularmente interesante, que es el de el relativo al problema de las costas en los pleitos en el orden de lo social. Las tasas deben abonar la parte que pierde el pleito, aunque no haya sido ella precisamente la que haya presentado el recurso (esto es una cosa curiosa(.
Puede ocurrir que alguien que no recurre una decisión judicial porque no puede hacer frente a las tasas, no se libre de tener que pagarlas, señorías. Si la otra parte decide recurrir y le dan razón, digamos, en la segunda instancia.
Por ejemplo, ya he dicho que en el orden social un trabajador que demanda a una empresa y obtiene una sentencia favorable, la primera actuación está exenta de tasas. No obstante, el empresario puede recurrir la decisión y en ese caso, en segunda instancia si obtiene una sentencia a su favor, el trabajador está obligado a pagar las tasas.
Pero esto no solamente puede ocurrir en los trabajadores contra las empresas, sino también a las pequeñas empresas cuando litiguen contra las grandes compañías (que como digo( tienen enormes recursos jurídicos a su disposición. Y a nuestro juicio, más grave todavía, parece su aplicación en otros casos como el de la Protección de los Derechos Fundamentales.
Por ejemplo, la protección del derecho a la intimidad de un menor por la vía civil. Para proteger la intimidad de un menor por la vía civil se puede llegar a pagar, como mínimo y sólo en tasas 2.300 euros, si hay un recurso al Tribunal Supremo. ¿Quién va a atreverse a presentar una demanda con estas previsiones? ¿No se está primando con ello a los infractores?
Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos intereses y sus derechos, y no se puede impedir o disuadir del acceso a la administración de justicia imponiendo unas tasas excesivas.
Las cuantías de las tasas son excesivas y por ello impiden a muchos ciudadanos (como digo( el acceso a la justicia en todas sus instancias, a la tutela judicial efectiva, en definitiva.
Por todas estas razones, nuestro grupo ha suscrito una enmienda con el Grupo Socialista y con el Grupo UPyD y animo al resto de los grupos a que suscriban la misma porque entendemos que es de justicia.
Besterik ez.