LLANOS GÓMEZ (PP, 2014-02-13):
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos.
En desarrollo de nuestra Constitución y del Estatuto de Gernika en su artículo 17, corresponde a las instituciones del País Vasco en la forma que se determina en dicho Estatuto, el régimen de policía autónoma para la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro de nuestro territorio.
Y a través del mandato que establece la Disposición Transitoria Cuarta del propio Estatuto, corresponde a la Junta de Seguridad establecer las dotaciones, estructuras, reclutamiento y en definitiva, la puesta en marcha de la Ertzaintza.
No fue hasta el año 1992 cuando se aprobó la primera Ley de Policía del País Vasco que pretendía aglutinar y poner fin a la dispersión normativa por la que se había venido rigiendo hasta entonces la Ertzaintza. La Ley pretendía, por tanto, establecer un marco legal que ofreciera una mayor seguridad jurídica y aglutinara en un mismo texto legal los derechos y obligaciones del cuerpo.
Sí que me gustaría aprovechar la ocasión y hacer una especial mención a todos los profesionales que contribuyeron a la consolidación de este cuerpo, en un contexto de incertidumbre sobre el modo y las condiciones en las que se debía de poner en funcionamiento, motivado por la carencia de un marco normativo adecuado y que dentro de un marco político y social muy delicado cumplieron con la tarea de garantizar la seguridad del conjunto de los vascos.
Los miles de hombres y mujeres que conforman el cuerpo policial de la Ertzaintza han cumplido con creces la labor encomendada por las instituciones vascas, en aras a salvaguardar y custodiar nuestra seguridad. La profesionalidad del conjunto de agentes que conforman la Ertzaintza también ha quedado patente durante los largos años de lucha contra el terrorismo de ETA. Y hoy, desde esta tribuna, quiero realizar un merecido reconocimiento a su labor y un recuerdo cargado de justicia para las víctimas de este cuerpo.
El Decreto 315/1994 modificado por el Decreto 36 del 2004, por el que se aprueba el reglamento de selección y formación de la policía del País Vasco establece, entre otras cuestiones, las reglas básicas y comunes para el ingreso en las escalas y categorías, así como los requisitos para el acceso a los procesos selectivos de ingreso por turno libre en los cuerpos que integran la policía del País Vasco.
Este texto normativo establece en su artículo 4.b, como requisito de acceso a la Ertzaintza no haber cumplido los 35 años. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 21, incorpora la edad entre los supuestos por los que se prohíbe la discriminación.
La Constitución española indica en su artículo 23, que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. En su artículo 103 expresa que el Estatuto de los Funcionarios Públicos regulará el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y así lo recoge el Estatuto del Empleado Público en su artículo primero.
La Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social en su artículo 28, define el principio de igualdad de trato como la ausencia de discriminación directa o indirecta, incluyendo entre los supuestos el de la edad.
Y por último, el artículo 14 de nuestra Carta Magna proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia.
La edad no es una de las circunstancias recogidas expresamente en el citado artículo, es verdad, pero en ello no ha de verse una intención tipificadora cerrada y excluyente respecto a cualquier otra de las precisadas en este texto legal, ya que en la redacción del mismo se alude a cualquier otra circunstancia personal o social, cuestión extrapolable, por tanto, a la edad.
Por ello, la edad y dentro de los límites establecidos por legislación para el acceso y permanencia en la función pública, es una de las circunstancias comprendidas en los artículos 14 y 23 de la Constitución desde una perspectiva excluyente de criterios discriminatorios. De ello no se puede conferir que todo aspirante a funcionario tiene las puertas abiertas a la función pública con independencia de su edad, ya que la edad es un elemento diferenciador y por tanto el legislador puede fijar objetivamente límites de edad.
Esto es cierto, pero siempre que sean objetivos y razonables para el buen desempeño de las funciones inherentes al puesto de trabajo.
La Constitución configura el principio de igualdad ante la Ley como un derecho subjetivo de los ciudadanos, evitando privilegios y desigualdades discriminatorias entre aquellos, siempre que se encuentren en situaciones de hecho que requieran un tratamiento jurídico similar.
Ante estas situaciones, la legislación debe ser idéntica para el conjunto de los ciudadanos, garantizando la igualdad de derechos, ya que en caso contrario nos encontraríamos ante un tratamiento diferenciado derivado de una conducta arbitraria o cuando menos indebidamente justificada del poder legislativo.
Sólo resulta posible al legislador establecer para la ciudadanía un marco diferenciado cuando tenga que resolver situaciones diferenciadas, que requieran en su solución por su mismo contenido una decisión diferente.
Pero para cumplimentar dicha finalidad, resulta indispensable huir de decisiones discrecionales o arbitrarias, exigiendo por tanto justificaciones objetivas y razonables conforme a los criterios que deban aplicarse en relación con la finalidad y los efectos de la medida planteada. Para ello debe de existir en todo caso una razonable proporcionalidad entre las exigencias planteadas y la finalidad perseguida, tratando de evitar exigencias irrazonadas.
Por lo tanto, ese derecho a la igualdad recogido en el artículo primero de la Carta Magna garantiza también en el acceso a la función pública o a lo largo de la evaluación funcionarial, la igualdad y la no discriminación de los ciudadanos.
Ello no impide, como he citado anteriormente, que el legislador no pueda establecer reservas de ley, criterios y exigencias diferenciados de acuerdo con las necesarias capacitaciones exigibles para el desempeño de las funciones del puesto a desarrollar.
Por lo tanto, de lo que se trata de discernir es si para el desempeño de las labores propias de la policía, la exigencia de un límite de edad para el acceso en esta caso a la Ertzaintza, se ajusta a criterios objetivos, razonables y proporcionados con respecto a la finalidad perseguida, tal y como lo han venido estableciendo los tribunales de justicia.
Es evidente y así lo han determinado los tribunales de justicia, que no ha quedado demostrado de forma alguna que el acceso con una edad superior a los 35 años, impida un adecuado desempeño de las funciones policiales. Es cierto, que las funciones asociadas a la labor policial son eminentemente operativas y en ocasiones arriesgadas e incluso penosas, lo que requiere sin duda determinadas aptitudes psicofísica.
Pero también es evidente que no existen ni limitaciones ni impedimentos para que una personas con una edad superior a los 35 años no pueda acreditar esas condiciones físicas y psíquicas aptas para el desempeño de sus funciones.
El único impedimento o la única cortapisa que pudiera existir a la hora de acreditar unas adecuadas condiciones psicofísicas son su mera voluntad individual, su actitud y su empeño a la hora de mantener una óptima preparación física y mental.
Entendemos que la Ertzaintza debe estar conformada por los mejores profesionales, consideramos en armonía con las resoluciones judiciales de los tribunales de justicia que el establecer un límite de edad para el acceso a la Ertzaintza, ni es razonable ni es objeto ni es proporcional al fin perseguido.
La edad no puede establecerse como veto, como el único veto para poder ser aspirante a formar parte del cuerpo de la Ertzaintza. Deben ser las aptitudes, capacidades y la...