MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2014-02-21):
Sí, muchas gracias presidenta.
Señor lehendakari, le pregunto por la orden del consejero de 3 de noviembre de 2010 que se aplica al parque público de vivienda que gestiona Alokabide y las posibles modificaciones que se puedan introducir en la misma y en el resto de la normativa, para tratar de perfeccionarla y acabar con determinadas injusticias que se han venido produciendo en los últimos tiempos, y que han sido también planteadas y solicitadas por algunas asociaciones y por los mismos beneficiarios y usuarios de estas viviendas de protección oficial.
Parece ser que el Gobierno está elaborando una nueva orden con la intención de que esta nueva orden pueda tener efectos retroactivos a 1 de enero de 2014.
En fin, queremos preguntarle por su contenido. Cuáles son los aspectos y cambios que piensan ustedes introducir en esa orden. Qué aspectos van a ser modificados, qué alcance van a tener esos cambios. Cuáles de las reivindicaciones de los inquilinos van a ser aceptadas. Cuáles consideran que son razonables, cuáles consideran ustedes que no son razonables y que no pueden ser aceptadas.
La viceconsejera se debió reunir con plataformas y ciudadanos. Para hablar de la cuestión, nosotros queremos realizarle una serie de preguntar para saber cuál es la opinión del Gobierno en relación a este asunto y qué es lo que piensa hacer.
Quería preguntarle por lo tanto y quería plantearle algunas preguntas.
¿Alokabide ha llegado a poner en marcha procedimientos de desahucio? En caso de que se hayan puesto en marcha, ¿van a paralizarlos? ¿El Gobierno va a intentar paralizar los procedimientos de desahucio que se hayan podido poner en marcha?
¿Van a dejar sin efecto las demandas judiciales sobre desahucios de Alokabide? ¿En qué casos? ¿Van a facilitar una más ágil revisión de los ingresos de los beneficiarios para revisar igualmente, evidentemente a la baja, la renta que abonan? Es decir, reducir los plazos para poder revisar más rápidamente, de forma más ágil en el corto plazo los ingresos de los beneficiarios para reducir a su vez cuanto antes las rentas que abonan.
¿Van a garantizar que las rentas de las viviendas no superen el 30 % de los ingresos de los inquilinos? ¿Van a modificar estas cifras? ¿Van a modificar estos límites? ¿En qué sentido? ¿Van a incluir las tasas y los gastos fijos de comunidad junto con la renta para que ese sumatorio, digamos, no supere el 30 % de los ingresos del beneficiario? Es decir, que se tenga en cuenta también los gastos fijos y las tasas que abonan estos inquilinos.
¿Van a eximir, van a proponer eximir del pago del IBI a todos los inquilinos de viviendas de protección oficial? ¿Van a establecer mecanismos que permitan la participación directa de los inquilinos en la gestión de los gastos de comunidad?
Obviamente para poder reducir esos gastos que en muchos casos parece ser que son muy elevados.
Es también una reivindicación de algunas asociaciones y de algunos inquilinos que, en nuestro caso, pues efectivamente lo vemos como bastante razonable permitir la participación directa de los inquilinos en la gestión de los gastos de comunidad.
¿Van a permitir que los inquilinos de Alokabide puedan acceder a la ayuda económica complementaria de vivienda que concede el Gobierno Vasco?
¿Van a plantear la revisión del precio base de venta de las viviendas de protección oficial porque el valor de los inmuebles se ha desvalorizado drásticamente en los últimos años y es el precio que sirve para determinar la renta de alquiler?
¿Plantean algún mecanismo de permuta? ¿Piensan modificar la instrucción 2/2013 de 12 de diciembre?
En fin, le pregunto por todo esto. Cuáles son las intenciones del Gobierno, qué es lo que ustedes consideran que puede ser aceptable, qué es lo que consideran ustedes que no es aceptable.
Observamos en todo caso nosotros, que en lo que se refiere a las viviendas de protección oficial gestionadas por Alokabide... En todo caso, hay margen para introducir mejoras, y esperamos que el Gobierno esté dispuesto a introducir determinadas mejoras, de modo que puedan evitarse situaciones injustas y dramas personales y familiares, incluido el desahucio como consecuencia de la crisis económica y los recortes sociales y la situación de incapacidad de pago sobrevenida que padecen algunas personas.
Consecuencia de la situación de crisis económica. Por lo tanto algunas personas, algunas familias lo están pasando realmente mal.
Y preguntamos al Gobierno qué es lo que piensa hacer, qué es lo que cree que puede hacerse, qué es lo que va a hacer en el futuro inmediato para corregir determinadas injusticias que se han venido produciendo en los últimos tiempos.
Gracias.