CORCUERA LEUNDA (PSE-EE, 2017-10-05):
Gracias presidenta.
Los Socialistas Vascos salimos en este turno en contra de la proposición planteada por el Partido Popular por varias razones.
Primero, porque la Ley 1/2012, 2 de febrero de la Autoridad Vasca de la Competencia, aprobada en su día por este Parlamento, tuvo por objeto la creación y regulación de la Autoridad Vasca de la Competencia cuya actividad se ajusta al derecho público y es un organismo autónomo de carácter administrativo. Y al querer dotarle de autonomía orgánica y funcional respecto a la administración a la que se adscribe, este organismo se integra como una administración independiente, categoría implantada cuando la finalidad era neutralizar políticamente una actividad integrada en la órbita del poder ejecutivo.
La característica común en las administraciones independientes es que gozan de independencia funcional frente a la Administración gubernativa en el cumplimiento de sus fines, es decir, que implica la exclusión de las directrices gubernativas y la inexistencia del denominado recurso de alzada impropio ante la Administración gubernativa, así como las facultades de revisión de oficio de sus actos por esta.
Esa independencia alcanza además a los elementos personales de la organización a los cuales, aun siendo nombrados por el Ejecutivo, se les garantiza la inamovilidad durante su mandato, salvo en supuestos excepcionales y previamente (...).
Se busca además en estas administraciones independientes una sintonía entre el mandato de los miembros de estas organizaciones y el del Gobierno que les nombra a través de los mandatos que superan los cuatro años en la legislatura. En nuestro caso, la Autoridad Vasca de la Competencia tiene seis años de vigencia antes de ser renovado.
Por tanto, nos encontramos que en el caso de la Autoridad Vasca de la Competencia estamos ante un organismo que puede considerarse administración independiente, dado que desarrolla su actividad con autonomía orgánica y funcional, y ejerce sus funciones con plena independencia del Gobierno Vasco y también de los agentes económicos.
Los actos de la dirección de investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable son recurribles ante el Consejo Vasco de la Competencia y no ante el Departamento de Hacienda al cual se adscribe ese organismo y, frente a los actos de la presidencia o del consejo, solo cabe interponer recurso ante la jurisdicción contenciosa-administrativa puesto que finalizan la vía administrativa.
Los titulares de la presidencia, de las vocalías y de la dirección de investigación son nombrados por un periodo de seis años cesando en el cargo solo por los motivos que expresamente se determinan en la ley.
El titular de la presidencia y de la dirección de investigación tiene la consideración de alto cargo y están sujetos al régimen de incompatibilidades de los mismos.
La titularidad de las vocalías es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo o actividad que pueda comprometer su independencia y tiene un régimen de incompatibilidades específico que alcanza los dos años anteriores a su nombramiento y los dos años posteriores a su cese.
En aquellos supuestos limitados en los que se prevé la intervención al departamento al que se adscribe, esta resulta limitada, proporcionada y respetuosa con los principios que deben regir su actuación, de forma que por ley se prevé únicamente la participación del departamento competente, en el establecimiento de las directrices de la autoridad, correspondiendo a la presidencia de este organismo, aprobar los planes de actuación en los que se definen objetivos y prioridades, mientras que el control de la eficacia y eficiencia de su actividad por el Departamento de Hacienda fue suprimido para evitar precisamente un exceso de celo.
Por tanto, habiendo dejado clara la actuación con independencia de criterio de la Autoridad Vasca de la Competencia y su autonomía orgánica y funcional, los Socialistas manifestamos nuestro criterio, contrario también a esta proposición de ley que hoy se nos trae, porque no existe en el ordenamiento jurídico nombramientos de cargo público sometido a la posibilidad de veto por parte del Parlamento Vasco, ni siquiera cuando se trata de nombramientos que realice el propio Parlamento Vasco.
En tercer lugar, la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de creación de la Autoridad Vasca de la Competencia, tuvo un amplio consenso en esta Cámara y contó también con el pleno apoyo del Partido Popular y nunca pusieron en dudas  - el Partido Popular -  los requisitos exigidos para el nombramiento de las personas titulares de sus órganos para garantizar su capacidad, su competencia, su independencia y su imparcialidad.
El presidente o presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia es nombrado por el Gobierno Vasco por un periodo de seis años renovable entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de actuación de la autoridad. Y está sometido al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de nuestra Comunidad Autónoma, y ejercerá sus funciones actuando con independencia plena y absoluta.
En cuarto lugar, cuando discutimos el proyecto de ley, entonces en el 2012, se reservaron por los grupos parlamentarios algunas enmiendas para la discusión plenaria en esta Cámara. Entre esas enmiendas estaba la del requisito de antigüedad de 10 años en el ejercicio profesional para presidir la autoridad y el Grupo Popular votó, junto al Grupo Socialista, en contra de esta enmienda.
Por entonces, considerábamos que el nombramiento para la presidencia entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de actuación de la autoridad era mérito suficiente y de rigor para que se ejerciera dicho cargo. No entendemos, por tanto, la propuesta nueva o novedosa que pretende hacer el Partido Popular.
Con el grupo Nacionalistas Vascos consensuamos en su momento  - en el año 2012 -  y aceptamos y transamos el 75 % de todas las enmiendas que habían presentado. Tan solo quedaron tres para la discusión plenaria y entre esas estaba el tema de los 10 años de antigüedad para la presidencia.
También entonces, Eusko Alkartasuna reservó una serie de enmiendas para el pleno aunque se asumieron también por parte de la ponencia un importante número de ellas.
El propio Tribunal Vasco de la Competencia de entonces hizo una serie de aportaciones que fueron en algunos casos también incorporadas al proyecto de ley y en otros casos no se tuvieron en cuenta porque se entendía que la propia ley iba más allá que el propio Tribunal Vasco de la Competencia pretendía plantear.
Sea como fuere aquella ley, tuvo un importante consenso, un amplio consenso en esta Cámara. Hace cinco años que aprobamos la Ley de Creación de la Autoridad Vasca de la Competencia y no se ha dado hasta la fecha ningún caso de puertas giratorias con este organismo autónomo como señala el Partido Popular a través de su proposición en algo que quiere evitar.
Yo creo que el Partido Popular está poniendo la venda antes que la herida y tampoco consideramos en este caso, por los hechos demostrados, porque cada vez que ha venido la Autoridad Vasca de la Competencia a realizar sus memorias anuales, compareciendo en la Comisión de Hacienda, nunca se ha dado ningún problema en cuanto a la independencia, la objetividad de criterio que haya podido tener este organismo.
Hemos tenido ocasión en este Parlamento de analizar y debatir muchos informes de la Autoridad Vasca de la Competencia, muchos. En los asuntos de la contratación, por ejemplo, de los servicios de comedores públicos que realizaba el Gobierno Vasco. También se analizó el informe que realizó la Autoridad Vasca de la Competencia respecto a la Ley de Turismo, un exhaustivo informe respecto a ese proyecto de ley.
Por lo tanto, no eran precisamente ambos temas favorables para el Gobierno desde el punto de vista del informe que realizaba la Autoridad Vasca de la Competencia, informe que realizaron con total independencia y con total objetividad de criterio. Y nadie, ni desde el Gobierno ni desde este Parlamento, pretendió en ningún momento ninguna modificación a aquellos informes.
Por lo tanto, no hubo ningún atisbo de injerencia, ni política ni jurídica, por parte de ninguna de las partes, ni del Departamento de Hacienda, ni del Gobierno Vasco ni de este propio Parlamento. Como digo, no hubo ningún atisbo de injerencia en esos informes o para que la autoridad emitiera informes diferentes.
La Autoridad Vasca de la Competencia no tiene el mismo tratamiento que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, no es lo mismo. No está determinado de igual manera. Por tanto, entendemos que su proposición  - la que hicieron en su momento y que fue atendida respecto a la modificación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas -  no viene al caso para la Autoridad Vasca de la Competencia a nuestro modo de ver.
Los Socialistas Vascos creemos que, a pesar de los beneficios derivados para el conjunto de la sociedad de funcionamiento competitivo de los mercados, en determinadas ocasiones los intereses particulares de algunos agentes económicos pueden no coincidir con los principios inspiradores de la libre competencia y los incentivos para llevar a cabo, prácticas restrictivas de la misma, pueden ser importante.
Por eso, nosotros confiamos en que la intervención de la Autoridad Vasca de la Competencia, en esos casos, es cuando se hace realmente necesaria para garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados y que sus beneficios alcancen al conjunto de la sociedad.
No creo que estemos haciendo ningún flaco favor a la Autoridad Vasca de la Competencia manteniendo la ley como está, sin modificarla, cuando es una ley plenamente garantista, como digo, para el mantenimiento de los criterios de objetividad y el criterio de independencia de este organismo autónomo.
Nada más y muchas gracias.