MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2014-06-26):
Sí, muchas gracias presidenta.
Nosotros tenemos pendientes 15 enmiendas, que no las hemos mantenido digamos que por cabezonería, sino que simplemente son las 15 enmiendas que quedaron pendientes e incluso de votarse en la última comisión celebrada.
Efectivamente, nosotros presentamos bastantes más enmiendas, algunas se incluyeron, alguna otra fue retirada finalmente, pero estas 15 sí que hemos decidido mantenerlas y ciertamente pretenden un mayor nivel de exigencia del cargo público, puesto que la ley que se va a aprobar es un avance, pero en nuestra opinión podía ser más avanzada, podía considerarse que en algunos aspectos se queda corta y de ahí que queramos mantener todas estas enmiendas.
La primera de ellas es relativa al ámbito de aplicación de la ley, para incluir a los cargos públicos de las diputaciones forales de los territorios históricos y de su sector público, y también a los cargos públicos de las entidades locales del País Vasco y de su sector público, aunque sabemos perfectamente que a estos les afecta la Ley de Bases de Régimen Local.
Se nos dirá que esta propuesta contraviene la legalidad vigente y que no tiene en cuenta la distribución de competencias. Bien, es correcto, pero en todo caso nosotros la mantenemos porque nos parece razonable, nos parece razonable que no solamente afecten a los cargos públicos de las diputaciones forales de los territorios históricos y de su sector público digamos los principios generales de esta ley, sino que la propia ley también pudiera afectarles.
Efectivamente, esto no va a ser posible en un breve espacio de tiempo, pero esperamos que más pronto que tarde pues esto pueda ser así, porque querrá decir que el entramado institucional vasco se ha racionalizado y nos hemos modernizado internamente.
La segunda de las enmiendas planteadas hace referencia a los derechos lingüísticos de los ciudadanos, hace referencia a los principios generales que rigen el código de conducta de los cargos públicos. En el texto original lo que se dice es que en el ejercicio de su actividad los cargos públicos garantizarán el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, prestando especial atención al impulso de la normalización del euskera y fomentando su uso. Digamos que estamos de acuerdo con la primera parte de esta afirmación. La segunda parte nos parece un exceso.
Nosotros pensamos que, efectivamente, en el ejercicio de su actividad los cargos públicos deben garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, efectivamente, pensamos que esto debe hacerlo, pero decir que además su labor debe ser fomentar su uso o impulsar la normalización del euskera pues nos parece ciertamente un exceso al que no le vemos sentido.
Sobre esto ya se debatió y efectivamente creo recordar que ningún grupo, salvo el Partido Popular, veía con buenos ojos nuestra enmienda.
La enmienda número nueve, la enmienda número nueve hace referencia al deber de abstención e inhibición. Se propone en el texto original que no intervendrá en el conocimiento o decisión de asunto en los que se afecten a intereses de empresas, sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público, etcétera. Nosotros proponemos ampliar de dos años a cinco años, que hay un mayor control, que haya mayor rigor en este asunto.
Esto es lo que propone nuestra enmienda número nueve, ampliar de dos a cinco años, cosa que también en otros artículos de la ley hemos planteado.
La enmienda número 10 lo que propone con ella, lo que proponemos es que la retribución máxima de un cargo público sea la de un viceconsejero del Gobierno Vasco, lo cierto es que la ponencia apenas se debatió este asunto y no se me dieron razones o al menos yo no las recuerdo para rechazar finalmente esta enmienda. Proponíamos, en todo caso, que la retribución máxima sea la de un viceconsejero del Gobierno Vasco.
Con la enmienda número 11, proponemos la supresión de los incentivos. En nuestra opinión, los incentivos realmente no se abonan por cumplimiento de objetivos, sino que terminan siendo un sobresueldo, así ha sido en el pasado y, por lo tanto, podría ser así también en el futuro. Lo que proponemos con nuestra enmienda es prohibirlos por ley. No recuerdo, tampoco, que en la ponencia se me dieran razones suficientes para definitivamente poder retirar esta enmienda y, por ello, lo mantenemos en el Pleno de hoy.
En relación a la enmienda número 12, lo que planteamos es que los cargos públicos no puedan compatibilizar su actividad con la de miembro electo de las juntas generales de los territorios históricos, ni con la de alcalde, ni con la de concejal de localidad de más de 20.000 habitantes o que tenga dedicación exclusiva en su corporación.
Digamos que esta enmienda se sitúa entre la enmienda planteada por el grupo EH Bildu y también en relación a esta cuestión y el texto original. Mantenemos también porque pensamos que los cargos públicos tienen que dedicarse a su desempeño y al trabajo que debe realizar como cargo público y sería conveniente que, en fin, alcalde, junteros o concejales de localidades con un número de habitantes bastante elevado, más de 20.000, pues no pudieran ser cargos públicos.
La enmienda número 13 hace referencia a las prohibiciones posteriores al cese como cargo público. Proponemos ser también más exigentes, se dice que quienes desempeñen cargos públicos, sin perjuicio de las compensaciones o prestaciones que pudieran corresponderles según la normativa específica, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese no podrán prestar ningún tipo de servicio, ni mantener relación laboral o mercantil con las empresas, sociedades o cualquiera otra entidad de naturaleza privada con las que hubieren tenido relación directa debido al desempeño de las funciones propias del cargo. Es un avance, nosotros lo que proponemos es que en lugar de ser dos años, sean cinco.
Efectivamente, se nos dirá que cinco son demasiados y que los años correctos sean dos. Bien, es respetable, es comprensible, es debatible, nosotros lo que proponemos es ampliar de dos a cinco años.
Y cosa parecida en relación a la enmienda número 14, se propone aumentar a cinco años la declaración responsable ante la oficina de conflicto de intereses en lugar de lo dos propuestos, a través de la enmienda número 14.
Y con la enmienda número 15, en relación a la declaración de actividades, se propone aumentar a cinco años la obligación de efectuar declaración de las actividades que hubieran desempeñado, en lugar de los dos años propuestos.
Y con la enmienda número 16, se propone aumentar a cinco años la obligación de realizar declaración de actividades privadas que vayan a realizar tras su cese, en lugar de los dos años propuestos. Y la enmienda número 17 y también la enmienda número 18 hacen referencia a las limitaciones patrimoniales en participaciones societarias, también para exigir o plantear una mayor exigencia.
La enmienda número 17 se propone reducir al 5 % las participaciones directas o indirectas en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público, en lugar del 10 % planteado.
Y con la enmienda número 18, se propone reducir a 300.000 euros el límite del capital en las sociedades mercantiles y la referencia al 10 % incluido en el proyecto se bajaría también al 5 %, en consonancia con la enmienda anterior.
En relación a la enmienda número 20, lo que se propone es aumentar el plazo máximo de prohibición de contratar también de dos a cinco años.
Y, finalmente, las enmiendas 21 y 22 relativas a la prescripción de infracciones, proponen también incrementar el número de años, para que en lugar de prescribir a los tres años, prescriban a los cinco.
En fin, algunas enmiendas, digamos que son más importantes que otras, algunas son más de detalle, algunas...
...a los cinco. Algunas enmiendas digamos que son más importantes que otras, algunas son más de detalle, algunas las hemos debatido a fondo en la ponencia, otras digamos que no tanto, pero en todo caso lo que pretendemos con todas ellas es mejorar la ley, elevar el nivel de exigencia y las incompatibilidades al cargo público.
Proponemos también limitar el sueldo al sueldo de un viceconsejero, suprimir por ley los incentivos y prohibir que sean cargos públicos los punteros, los alcaldes y los concejales de municipios de más de 20.000 habitantes.
Y proponemos también, como ya he dicho, que la ley pudiera afectar también a los cargos públicos de las diputaciones forales, cosa que evidentemente, no podrá ser, pero que espero que pueda ser en el futuro más o menos inmediato.
Nada más y muchas gracias.