PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2018-03-22):
Bien, vamos a volver a hablar con otra variante de lo que hablamos hace dos semanas en este Parlamento y el Grupo Socialista vuelve a reivindicar en esta tribuna el derecho y la necesidad de contar con un sistema público de pensiones y el derecho y la necesidad real de una red pública de protección social que garantice en cada hogar, también de las personas pensionistas, la atención de sus necesidades vitales.
El sistema público de pensiones es un derecho reconocido en la Constitución y una necesidad en un país que quiera seguir definiendo como estado social. El sistema público de protección social es un derecho que hemos conquistado aquí en Euskadi sabiendo desarrollar nuestro autogobierno y que los Socialistas queremos que quede reconocido expresamente en el futuro estatuto. Y una necesidad que como la vasca, tiene la voluntad firme de avanzar de forma cohesionada, y por eso vamos a aprovechar para reiterar hoy aquí el compromiso Socialista con ambas redes públicas y de seguir profundizando en ellas desde el consenso, tanto en el Congreso de los Diputados como en este Parlamento Vasco.
Por eso pedimos que acaben las trabas impuestas a la solidez del sistema público de pensiones en los últimos seis años, por una mayoría absoluta pésimamente administrada, y por eso trabajamos en una propuesta de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos que alcance a esas realidades a las que no hemos sabido llegar en estos años, y muy específicamente a los pensionistas que han tenido que hacerse cargo de sus familiares. Esa es la posición que venimos a defender en este pleno.
Compartimos el análisis del que parte el grupo proponente, el empobrecimiento constatable de la mayoría del medio millón de personas que en Euskadi cobran una pensión y la obligación de los poderes públicos de utilizar nuestras herramientas, de autogobierno en este caso, para garantizar unos mínimos de dignidad en todos los hogares, como compartimos el objetivo de la Carta Social Europea, repito, compartimos ese objetivo de avanzar hacia una pensión mínima que garantice esos requisitos de dignidad.
Y lo que planteamos es combinar esos factores en su justa medida. Nosotros entendemos, aunque discrepemos radicalmente, que un partido independentista quiera tener un sistema propio y diferenciado para Euskadi. A nosotros nos parece que no solo es un mal negocio si se hacen bien las cuentas, sino que es un modelo que nos excluye del proyecto común y compartido que defendemos con el conjunto de España.
Por eso nos parece que lo esencial, y hace dos semanas este Parlamento expresó una contundente posición al respecto, que yo quiero otra vez reivindicar aquí porque me pareció un gran acuerdo en el que estuvimos representados prácticamente todos los miembros de este Parlamento. Y es que el debate sea sobre el carácter público del sistema de pensiones, su garantía de financiación y la suficiencia para los perceptores.
Que las pensiones actuales se actualicen según el coste de la vida, que se revaloricen más las más bajas, que se blinde su financiación para que las cotizaciones no se destinen a gastos que no sean de prestaciones, y para obtener también nuevas fuentes de ingresos que se garanticen las cotizaciones con la recuperación de los derechos laborales anulados con la última reforma laboral que se ligue la mejora económica a una mejora salarial. Esa creemos que es la vía para conseguir el objetivo fijado en la Carta Social Europea, la garantía del derecho constitucional a tener una pensión digna con la que se puedan satisfacer todas las necesidades vitales.
Pero tampoco queremos eludir nuestra responsabilidad en cada ámbito en el que trabajamos y hemos venido defendiendo que tenemos que exprimir hasta sus últimas consecuencias las competencias que tenemos en Euskadi para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Lo hemos defendido y además lo hemos venido haciendo. Como es conocido este Gobierno ha asumido como compromiso propio...
...en Euskadi para ponerlas al servicio de la ciudadanía.
Lo hemos defendido y además lo hemos venido haciendo. Como es conocido, este Gobierno ha asumido como compromiso propio lo que en su día fueron acuerdos que se impulsaron en la pasada legislatura y que afectaban al colectivo de pensionistas. Es lo que hicimos cuando el Gobierno de Rajoy atacó a esas personas con lo que se llamó el medicamentazo, que este mes de abril cumplirá su triste sexto aniversario.
En aquel momento, aquí en Euskadi había un Gobierno Socialista que reaccionó de forma inmediata con un decreto alternativo, que quería cubrir con nuestras competencias el agujero que dejaba aquella medida. Aquella norma fue recurrida y suspendida, y ya desde la oposición ideamos otra fórmula, hoy, por cierto, consolidada, como fue la de compensación del pago de medicamentos, que cada año viene a cubrir este derecho de cerca de 100.000 pensionistas y que ahora queremos extender a otras familias de rentas bajas.
También exploramos la forma de compensar los gastos energéticos para quienes, como ocurre con muchos pensionistas, por distintas razones no acceden a las ayudas de emergencia social, pero sus ingresos no le permiten atender esas facturas.
Y sabemos que todo es insuficiente. También detectemos que la crisis había convertido a muchos abuelos y abuelas en la red silenciosa que se estaba haciendo cargo de obligaciones familiares que ya no debieran de ser suyas, de atender necesidades vitales de sus hijos y de sus nietos, para lo que no estaban previstas las pensiones. Y que nuestra red de protección, la de la renta de garantía de ingresos, no estaba a su alcance, porque esta situación no se contemplaba.
Por eso, en el acuerdo de gobernabilidad considerábamos que era ineludible abordar la reforma de la RGI, cuyo debate hasta entonces había estado envenenado por quienes no entendían que no se trataba de enfrentar a personas con necesidades, sino de paliar esas necesidades y, sobre todo, de conseguir que cada vez menos personas las tengan.
Lo que los Socialistas quisiéramos es que ninguna persona jubilada tuviera que acudir a la RGI porque sus pensiones sean suficientes, pero la realidad es que hay más de 15.000 que ya acuden hoy en día a ese derecho complementario y que hay más que deben tenerlo por razones sobrevenidas.
Y los Socialistas reconocemos esa realidad y no nos escondemos de ninguna, y miramos alrededor para saber cómo se está trabajando en esa cuestión, para saber también en qué podemos mejorar y cómo.
Vemos, por ejemplo, que en Navarra, que tiene el sistema de protección más parecido al nuestro, acaba de entrar en vigor una norma de complemento de las pensiones que pretende hacer un esfuerzo similar al nuestro, pero que sinceramente queda bastante lejos de garantizar esos míticos 1.080 euros, ni siquiera con una proyección a tres años. Por lo tanto, tampoco me parece muy razonable que quien no ha sabido o querido hacerlo en Navarra, lo exija aquí, en el País Vasco.
Por eso, nos parece que quienes compartimos esa defensa del derecho y la necesidad de un sistema público de pensiones, no debiéramos de desenfocar el debate para mayor satisfacción de quienes solamente quieren escurrir el bulto.
Y en lo que nosotros respeta, mantenemos nuestro compromiso tanto con el sistema público como también con en reformar nuestro sistema de protección social, para reforzarlo, para llegar a quienes debe llegar y para conseguir que, sobre todo, haya menos gente que lo necesite, porque consigue encontrar un empleo digno y porque consigue tener unas pensiones dignas.
Y en todo caso, sea cual sea el resultado de la votación de hoy, yo me quiero quedar con que el espíritu mayoritario de esta Cámara es el de reforzar y dignificar las pensiones.
Y quiero volver a poner en valor lo que me pareció un magnífico acuerdo, que fue el que alcanzamos hace dos semanas en esta Cámara.