BECERRA CAROLLO (EP, 2017-04-06):
Entre todas las instituciones intervinientes, así como establecer un procedimiento de contratación respetuoso con la Ley de Contratos del Sector Público.
Hasta aquí, por supuesto, nada que objetar.
Sin embargo, cuando llegamos a la cláusula octava del citado convenio, nos encontramos con que toda la información relativa a la ejecución de este convenio a la que las partes tengan acceso, va a tener un carácter confidencial y que, además, las partes están obligadas a guardar secreto sobre dicha información y a no transmitirla a terceros, salvo con el previo consentimiento por escrito de las otras partes.
Una cláusula que, repito, se encuadra en un simple convenio para la cofinanciación de contratos entre las administraciones públicas y que tan solo hace referencia a las fondos públicos que se van a destinar a una programa de ayudas públicas.
Desde luego, este exceso de celo y esta prevención, a nuestro juicio desmedida, no parecen encajar con las buenas intenciones de ser una administración transparente que muestra nuestro Gobierno a la menor oportunidad.
He imprimido aquí una copia de lo que aparece en la página del Gobierno sobre transparencia y es muy ilustrativa, porque dice: "Transparencia significa garantizar el libre acceso a la información generada por la Administración Pública, para crear un ambiente de confianza entre el Gobierno y la sociedad y, de esta manera, formar a una ciudadanía responsable y participativa". Y cuando explica qué es la transparencia y que la transparencia en el ámbito de la Administración Pública, supone la apertura de todos los asuntos del Gobierno para que la ciudadanía, información en mano, sea capaz de tomar parte con solvencia en las decisiones que le concierne.
Transparencia es, por tanto, devolver a la ciudadanía parte del poder que deposita en la Administración, para que participe y colabore en la construcción de lo público, lo de todos y todas, imagino.
La transparencia, dice, es una exigencia social que la Administración Pública debe abordar y cumplir, no es una tarea pasiva de dejar ver, sino que, más bien, requiere de políticas que permitan mantener a la ciudadanía bien informada. Esto es lo que dice el Gobierno en su portal de transparencia.
Habrá quienes digan que la internalización es una cuestión tan importante para el desarrollo de este país como para justificar la existencia de este tipo de cláusulas y usarán para su argumentación términos como decisión estratégica, mejora de la competitividad en los mercados exteriores. Sin embargo, consideramos que sería falaz esa argumentación para esta cuestión.
En este convenio no estamos hablando sobre cómo orientar la política económica del Gobierno, sino tan solo de cómo se gestiona el dinero público. En esta materia, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo, dónde y en qué se invierten sus impuestos. Si un negocio precisa ayuda para implantarse en el extranjero, pues habrá que apoyarlo, y después será necesario explicar cómo y cuanto se le ha apoyado. Si no se puede explicar con argumentos comprensibles, entonces quizá es que no merecía esa ayuda, porque las decisiones estratégicas solo son validas si han podido ser conocidas y entendidas por la ciudadanía.
Y porque, si bien entendemos que el Gobierno utilice figuras jurídicas de este tipo para facilitar la colaboración entre instituciones, su forma de actuar no puede sustraerse ni distanciarse de las garantías que las leyes exigen a las propias administraciones.
Un gobierno al promover negocios y apoyar inversiones tiene deberes y obligaciones que van mucho más allá de maximizar las utilidad de los fondos. En consecuencia, el derecho a la confidencialidad de que gozan las partes contratantes en una legislación comercial está fuera de lugar en estos contratos públicos.
Por eso, en nuestro escrito de oposición dejamos claro que una sociedad democrática debe incluir la capacidad de las gobernadas para fiscalizar a sus gobernantes. Y que por encima de las cláusulas contractuales ha de prevalecer la ley. Por eso, en Elkarrekin Podemos no podemos admitir una cláusula de confidencialidad como la establecida en el citado convenio marco; el principio de transparencia no es más que la garantía de que se ha cumplido la legalidad y de que la actuación de las personas o instituciones intervinientes es ajustada a derecho.
Por lo tanto, un convenio marco sin esta cláusula de confidencialidad no debe suponer menoscabo alguno de los intereses del Gobierno, de las diputaciones, ni de las empresas que acometan sus planes de internacionalización.
Ahora bien, lo contrario, es decir, renunciar a la transparencia, sí tiene sus riesgos. En mi primer discurso en esta Cámara dejé claro que en materia de transparencia la credibilidad lo es todo.
Por eso, termino mi intervención leyendo uno de los párrafos de la página web del Gobierno, titulado Para qué la transparencia: "La transparencia como uno de los pilares del Gobierno abierto  - dice -  consiste en abrir las puertas y ventanas de la Administración para que la ciudadanía recupere la información que es suya y conforme una sociedad responsable". Aplíquense el cuento.
Mila esker.