MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-07-08):
Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos, señores consejeros, señor lehendakari.
Realizaré una serie de consideraciones previas y, a continuación, explicaré las razones para presentar esta enmienda de totalidad a la ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidos en un contexto de represión ilícita en el País Vasco entre 1978 y 1999, que paso a defender.
En primer lugar, tengo que decir que el proyecto de ley fue presentado con prisas y de manera precipitada, y ello por intereses electorales y partidistas del partido en el Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco.
Llama la atención que tanto el Gobierno Vasco como el Partido Nacionalista Vasco hayan priorizado la aprobación a marchas forzadas de esta ley a otras que pudieran ser mucho más importantes para la sociedad vasca, como puede ser la ley de transparencia, la ley del sector público vasco, la ley de empleo, la ley de empleo público, entre otras muchas que tendrían una mayor repercusión en la vida de los ciudadanos vascos.
Nos parece lamentable que el Partido Nacionalista Vasco haya paralizado tramposamente una posible modificación del Reglamento de esta Cámara para habilitar de manera permanente enero y julio y, sin embargo, en este caso, cuando le ha interesado, por simples intereses electorales, haya forzado el propio Reglamento de la Cámara para acortar los plazos de una ley que electoralmente le interesa, mientras paraliza  - ha paralizado -  leyes, ponencias y comisiones a lo largo de toda la legislatura.
La decisión del Partido Nacionalista Vasco y de EH Bildu de impedir la ampliación del plazo para la presentación de enmiendas solicitada por dos grupos políticos solo puede entenderse como lo que es, otra cacicada política protagonizada principalmente por el Partido Nacionalista Vasco.
La decisión de vulnerar los derechos de dos grupos parlamentarios nos parece inaceptable; porque además este proyecto de ley ha tardado en llegar años por la desidia del señor Jonan Fernández y el propio lehendakari, ya que la ley podría ser igualmente aprobada durante los primeros meses de la próxima legislatura, con calma y el máximo consenso y con todas las garantías jurídicas, sin tener que forzar plazos y el propio Reglamento de la Cámara.
Así, se ha entregado finalmente a la Cámara, en nuestra opinión, un trabajo a medio hacer; un proyecto no lo suficientemente trabajado, con un buen número de dudas jurídicas no resueltas y conflictos competenciales que, si no se resuelven, invalidarían finalmente la ley. Todas las leyes deben ser jurídicamente seguras, pero esta, en concreto, teniendo en cuenta su polémico contenido, más que ninguna otra. Y no se ha hecho lo suficiente, no se ha trabajado lo suficiente para que el proyecto de ley sea un proyecto jurídicamente seguro.
Además, con este proyecto de ley, tal y como estaba inicialmente redactado, se avala, en nuestra opinión, una actuación cuasi judicial del órgano de valoración que en él se recoge. Se produce una invasión de títulos competenciales reservados en exclusiva al Estado: El reconocimiento de vulneraciones de derechos humanos al margen de un procedimiento judicial e incluso en contradicción con sentencias absolutorias socava el principio de exclusividad de la función jurisdiccional del Estado.
Las resoluciones de la comisión de valoración y también el derecho a la verdad, recogido en el artículo 8, pueden violar el derecho fundamental al honor, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado supuestamente relacionados con los casos que se analicen.
La potestad de la comisión de valoración de requerir  - tal como se dice -  a otras administraciones antecedentes, datos o informes para tramitar los expedientes implica posibles obligaciones a entidades y personal dependiente de la Administración General del Estado, cuando el principio constitucional de cooperación no ampara extralimitaciones competenciales.
El proyecto deja todo abierto para que esta comisión de valoración pueda dar la calificación de víctima sin todas las garantías, dándose, de ese modo, carta de naturaleza a un procedimiento extrajudicial para decidir sobre cuestiones que pueden ser constitutivas de hechos delictivos, cuestiones que la Constitución Española, en su artículo 117, reserva en exclusiva a los tribunales, uno de los pilares del Estado de derecho.
La competencia de investigación y de imponer penas sobre hechos delictivos corresponde únicamente a los jueces. Incluso se da la potestad a la comisión de valoración para que en el proceso de reconocimiento de víctimas se puedan reestudiar las causas judiciales previas, incluso las que dieron como resultado la absolución.
Nos podemos encontrar con que se puede vulnerar el derecho al honor de policías o de otros implicados que en su momento fueron absueltos por la justicia, puesto que el órgano, al revisar el caso y al considerar al demandante víctima, da lugar a que se produzca una condena extrajudicial para el que ocasionó el supuesto daño al que se le ha reconocido como víctima.
Por no hablar de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que aquí quedaría totalmente vulnerado, al actuarse, al actuarse al margen de las garantías que otorga el procedimiento jurisdiccional consagrado en la Constitución.
Además, el concepto "represión ilícita" recogido en el texto entendemos que es un concepto erróneo, poco claro, confuso y muy problemático y así, por cierto, lo han recogido otros grupos parlamentarios en algunas de sus enmiendas, tanto de totalidad como parciales.
La ley da por ciertas víctimas y hechos que no han sido esclarecidos y demostrados, y así lo recoge también algún otro grupo en algunas de sus enmiendas parciales.
Inexplicablemente, además, en el texto legal se cita, en nuestra opinión, innecesariamente a las víctimas del terrorismo de ETA, cosa que entendemos está fuera de lugar, es algo innecesario y provoca confusión.
No tiene sentido, además, que se reconozca por vía administrativa, como pretende la ley, la existencia de vulneraciones de derechos humanos cuando está abierta la vía judicial.
El artículo 2.2 del proyecto de ley señala que: "A los efectos de esta ley, se considera vulneración de derechos humanos producidos en un contexto de represión ilícita, aquella que se haya producido con la concurrencia de las siguientes condiciones:
"Por un lado, que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política.
"Por otro lado, que haya sido llevada a cabo en un contexto de actuación o actuaciones, con fines de represión ilícita y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, o fuera del ejercicio de sus funciones, o bien particulares que actuaban en grupo de forma aislada, individual, o incontrolada, sin que sea preciso establecer una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones".
Esta última expresión es otra razón más para presentar esta enmienda de totalidad por parte de UPyD.
En fin, estas son las consideraciones que yo quería realizar en relación a la forma en que se ha presentado este proyecto de ley, y en relación también al contenido del mismo, y las razones que explican nuestra enmienda de totalidad.
Dicho esto, y puesto que estas enmiendas de totalidad van a ser rechazadas por una mayoría de grupos, participaré en la ponencia para que todas estas cuestiones, todas estas dudas jurídicas, todas estas dudas competenciales puedan ser aclaradas.
Nada más y muchas gracias.