CASTELO DE SA (PSE-EE, 2017-12-21):
Egun on berriro.
Nuevamente en esta Cámara y por quinta vez se presenta una iniciativa relativa al servicio de atención de llamadas de emergencias SOS Deiak-112.
Yo ciertamente, no sé el resto de los compañeros que han tenido que intervenir antes que yo, tuve mis dudas a la hora de plantear la intervención, dado que ya nos hemos manifestado a este respecto en dos ocasiones, esta va a ser la tercera.
Decía yo pues cómo abordo este tema, porque nuestra posición desde el mes de enero o desde el mes de abril pues no ha cambiado. O sea, seguimos manteniendo el mismo discurso que dijimos en enero y que dijimos en abril.
Y en enero, les recuerdo que ya manifestábamos nuestro convencimiento sobre la oportunidad de que la Administración Pública introduzca cláusulas sociales en la contratación administrativa que realiza. Una posibilidad que les voy a tener que recordar que existe gracias a que en la pasada legislatura algunos nos empeñamos en garantizar una ley, que ya existe, viable, es decir, con cláusulas sociales viables, aunque otros se empeñaban en que desde este Parlamento dictáramos cómo tienen que hacer las cosas otras personas y se empeñaban en que esa ley obviara algo tan niño como la libertad de los agentes en la negociación colectiva, algo de lo que también hemos tenido que hablar hoy en el primer punto de este Pleno.
Elkarrekin Podemos no estaba entonces, pero como en el primer punto que hemos debatido se ha explayado con respecto a lo que se cree que se puede hacer desde una tribuna en negociación colectiva, pues no está mal, de más recordar cosas simples como esta, de que a los parlamentos no nos corresponde la negociación colectiva de las condiciones laborales, que eso tenemos establecido que lo hacen sindicatos y patronal.
Cumpliendo ese mandato parlamentario, esas cláusulas sociales, les guste a ustedes o no, y pueden leerse el pliego de condiciones, han sido incorporadas por el Gobierno Vasco en el pliego que ha sacado en licitación, en concreto apartado 6.33, que recoge seis clausulas especiales de ejecución del contrato: Las relativas a los derechos lingüísticos, la inserción laboral de personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo, sobre seguridad y salud laboral, el respeto a las condiciones laborales reconocidas a los trabajadores por convenio colectivo, o las referidas a la promoción de la igualdad de la mujer y el hombre, más allá de los criterios de adjudicación, que también han sido incluidos, el plan de transacción para la subrogación de los trabajadores que actualmente prestan el servicio, conforme recoge el convenio colectivo que les es de aplicación.
Asimismo, se recogen las necesidades de formación inicial y continua que ha de realizar la empresa que resulte adjudicataria, así como los pertinentes controles a los que ha de someter la empresa durante toda la ejecución del contrato, para que haga un exacto cumplimiento del mismo.
Todo esto no les tiene que sonar novedoso, porque se lo recordaba y se lo mencionaba en las intervenciones que realicé tanto en enero como en abril. Preo recordarán todos ustedes que en aquellas dos intervenciones marqué un límite, les guste o no les guste, y es que hay un marco legal vigente.
Les decía  - y les leo textual - : "Ahora bien, todo esto debe realizarse sin exceder los límites que impone el marco legal vigente y sin que la misma suponga una injerencia en la negociación colectiva que deben pactar libremente la patronal y los representantes de las y los trabajadores".
Esta era, y es para nosotros una cuestión nuclear y que venimos repitiendo en esta Cámara en este y otros asuntos que, como le recuerdo, hemos tenido oportunidad de debatir hoy también en el primer punto.
Las contrataciones tanto de obras como de servicios que realice el Gobierno Vasco deben tener como base fundamental el respeto a las condiciones laborales pactadas en la negociación colectiva. Y a este respecto, es imprescindible que se incorpore en los pliegos de condiciones, y así se ha hecho en la licitación d este contrato, tal y como manifestó la consejera en la respuesta a la interpelación que dio, se ha incorporado como anexo a los pliegos de condiciones el nuevo convenio colectivo firmado apenas hace seis meses por las patronales del sector y por los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras.
Es un dato importante y que parecen ustedes querer obviar en la propuesta que hoy trae a este Parlamento.
Ha habido un acuerdo, ha habido un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y los representantes de las empresas del sector de Contact Center, que incluye, les guste o no les guste, este sector de actividad para establecer las condiciones laborales en que han de prestarse estos servicios.
¿Establecen los convenios colectivos condiciones dignas? ¿O condiciones indignas? ¿Me están diciendo los señores parlamentarios que respetar un convenio colectivo es incluir condiciones indignas a unos trabajadores?
Bueno. Yo les decía entonces, y les repito ahora: La administración no puede intervenir en ámbitos que no son de su competencia. No tengan la tentación de intentar que la negociación colectiva sea suplantada por las tribunas parlamentarias. Es en el marco de esa negociación colectiva donde los representantes de los trabajadores y las trabajadoras legítimamente elegidos han exigido, han defendido y han logrado pactar un acuerdo con las patronales en este sector.
Un pacto que recoge en su artículo 18 la subrogación de los trabajadores en caso de sustitución de las adjudicatarias, un artículo que establece las condiciones límites, y procedimientos para el ejercicio de este derecho a lo largo de dos extensas OPA.
Un pacto en el que también se regula la formación profesional de los trabajadores de este sector y que también han acordado subidas salariales para el año 2017, 2018 y 2019, estos dos últimos años con referencias al IPC más medio punto, uno de los datos que también utilizábamos esta mañana para saber si con eso se va o no a conseguir mantener el poder adquisitivo, o incrementarlo.
Un pacto alcanzado dentro del marco de la negociación colectiva, que también recoge el devengo de pluses por idiomas, por cooficialidad de lengua, por festivo, por nocturnidad, por transporte. Todo eso que se reivindica está recogido.
Y que establece un salario mínimo para la categoría, no de telefonistas, como usted las ha llamado, si no de gestores telefónicos  - porque son algo más que telefonistas - , de 16.193 euros sin incluir en este cómputo pluses según calendario, es decir, festivos y nocturnos, que dependerá de cómo los realicen.
Nosotros tenemos la firme convicción de que es en este marco donde deben resolverse las legítimas aspiraciones de mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores, y que hay un marco propio de relaciones laborales en el ámbito vasco que puede ser utilizado si se quieren mejorar también esas condiciones.
Y yo creo que se equivoca el grupo proponente al intentar nuevamente pretender una injerencia en el establecimiento desde este Parlamento de las condiciones laborales por las que ha de regirse este contrato.
No podemos, no puede, ni debe suplantar a los agentes sociales. No pueden, ni deben desplazar el marco de la negociación colectiva al pleno de esta Cámara por cinco veces.
Ahora bien, hay puntos de su propuesta con los que sí estamos de acuerdo y que, si permite la votación usted por puntos, nos gustaría poder respaldar. Nos referimos a los puntos uno y cuatro, para instar al Gobierno Vasco a que ponga en valor el trabajo que realizan las personas que atienden el teléfono de emergencias 112 y, por otro lado, y lo que nos parece importante, para instar al Departamento de Seguridad a que verifique durante toda la vigencia del contrato que la empresa cumple escrupulosamente con las condiciones que le han impuesto en los pliegos de condiciones, entre ellas, el respeto a los derechos laborales que les asisten a estas trabajadoras según su convenio colectivo.
Muchísimas gracias.