LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (San José López) (EAJ, 2017-03-17):
Eskerrik asko, presidente andrea. Eguerdi on guztioi.
En primer lugar, quiero agradecerle, señora Ubera, las consideraciones positivas que ha realizado en cuanto a la decisión del Departamento que dirijo de realizar desde la Inspección de Trabajo una campaña específica para que, en dos años, seamos capaces de revisar el grueso de la contratación a tiempo parcial en Euskadi.
Atajar el fraude laboral es un compromiso no solo del Gobierno Vasco, sino de todos los agentes sociales, organizaciones sindicales y patronales, y hacerlo ejemplarmente, a través de los mecanismos que disponemos, es una labor que debemos hacer frente en beneficio del conjunto de la sociedad.
Como decía en respuesta a otra compañera parlamentaria, cuando alguien defrauda a la administración está lesionando los intereses generales, perdemos todos y todas, los directamente afectados, porque ven menoscabados sus derechos, y el conjunto de la ciudadanía, porque la Administración no podrá devolverle como servicios públicos lo que deja de recaudar vía impuestos.
Con todo el respeto, señora Ubera, permítame que le diga que su iniciativa mezcla dos materias que no puede identificarse como similares. Usted suma a nuestra campaña otra que debe dirigirse a lo que denomina fraude en la contratación de empleo público.
Me gustaría detenerme en este punto para aclarar algunas cuestiones al respecto. Admito que en los últimos años ha crecido la temporalidad en la contratación en el sector público y también admito que la interinidad se ha prolongado más de lo deseable, pero tengo que indicarle que esta situación no gusta al Gobierno Vasco, que no obedece, en ningún caso, a una predeterminada forma de actuar.
Tenga la seguridad, señora Ubera, que no es una estrategia del Gobierno Vasco para  - entrecomillo -  "ahorrar dinero", ni mucho menos para lesionar los derechos de las y los trabajadores que acceden a un empleo público.
No le quepa la menor duda de que apostamos por el empleo estable y de calidad. Señoría, es usted perfectamente consciente de que en los últimos años las tasas de reposición en el empleo público han limitado las posibilidades de realizar ofertas de empleo público, que son las herramientas más eficaces para operar una clara disminución de la temporalidad y la interinidad.
Estamos de acuerdo en que es necesaria la adopción de acuerdos en la mesa general de función Pública y en las sectoriales, para aprobar y convocar cuanto antes más ofertas de empleo público, que complemente las que, como usted sabe, ya están en marcha.
Queremos que sea el conjunto de la administración general y todos los organismos y sociedades públicas que de ella depende, quienes puedan contar con esa eficaz herramienta de creación de empleo y de superar precariedades actuales.
Cuando ustedes reprochan al Gobierno Vasco esta situación, obvian que ni las tasas de reposición, ni la determinación de las ofertas de empleo público pueden realizarse sin tener en cuenta los límites que se establecen por parte del Gobierno de España a través de los presupuestos generales.
Conocen perfectamente los debates y discusiones que a consecuencia de ello se provocan, y también que la actitud de este Gobierno no es precisamente pasiva
Hoy se está solicitando por parte de las organizaciones sindicales, además de la eliminación de la tasa de reposición, una oferta de empleo público excepcional que se calcula, debe cubrir a nivel estatal 360.000 puestos ocupados en el sector público por trabajadores temporales, interinos o vacantes.
Como puede observar, es esta una realidad que no afecta exclusivamente a nuestra comunidad y una realidad cuya superación llegará a través de la convocatoria de ofertas de empleo público.
Se refiere usted en la justificación a esta interpelación en la situación general, tanto en Osakidetza, como en Educación, y como en otros entes. La situación de temporalidad en estos dos colectivos, como usted bien sabe, se debe a las especiales características de los empleos en ellos. En los dos casos hay evidencias claras de que se están adoptando medidas para superarla. Es un compromiso del conjunto de Gobierno.
En el caso del Departamento de Educación, sabe usted perfectamente que hace dos días se ha acabado el plazo para presentar inscripciones a una oferta de empleo público para 740 plazas para los niveles de Educación Primaria e Infantil.
Osakidetza está finalizando el proceso de la OPE de 2015 y este mismo año se convocará otra, que, sumando a las ofertas de 2016 y 2017, pueden llegar a 2.400 plazas de diferentes categorías.
Pero para que sea consciente del empeño en el que estamos inmersos los responsables del Gobierno Vasco, permítame que le traslade una consideración personal.
En la reunión de la conferencia sectorial de la Administración de Justicia, a la que asistí el 22 de febrero en Madrid, pedí acumular a la Oferta de Empleo Público de 2016, dotada con 106 plazas, la del 2017, todavía por determinar las plazas que se van a ofertar.
Como puede usted deducir fácilmente, mi objetivo no es otro que mediante este proceso consolidar el empleo público y reducir en todo lo posible la interinidad.
También se refiere usted a las reclamaciones y demandas que se están tramitando, solicitando indemnizaciones similares para los trabajadores y trabajadoras que son despedidas después de haber tenido un contrato temporal que para los que tenían un contrato indefinido.
Estas demandas, efectivamente, están soportadas en una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia y aquí, señora Ubera, vuelve usted a mezclar asuntos de diferente condición. No tiene nada que ver la equiparación de la indemnización a la que tenga derecho una persona en función de la naturaleza del contrato que firmó, con el hecho de que ese contrato fuera temporal en base a las necesidades de servicio que debía cubrir.
Sinceramente, estoy segura que para solucionar el problema que usted plantea tenemos medios y herramientas suficientes en el ámbito de nuestra administración. Coincidimos en que tenemos un problema: El de la temporalidad e interinidad en el empleo público.
Por parte del Gobierno Vasco, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para ofrecer una solución a través de las ofertas de empleo público y contamos con un marco de negociación, que es la mesa general de la administración y las sectoriales, para dar cauce a esa y otras posibles soluciones.
Para finalizar, tengo que decirle, señoría, que la situación que usted y yo hemos descrito dista mucho de la que pretendemos abordar con la campaña que hemos impulsado desde la Inspección de Trabajo.
Nuestro objetivo es abordar el problema en el conjunto del sistema, pero vamos a prestar especial atención a las situaciones que nos parecen más vulnerables.
Estamos hablando de personas que, por necesidad, son obligadas a firmar un contrato con determinadas condiciones y a trabajar con otras, de colectivos que tienen respaldo sindical nulo o insuficiente, de situaciones donde no se da un marco de negociación colectiva.
Queremos priorizar actuaciones en los sectores más propensos a cometer irregularidades. En definitiva, queremos determinar de la manera más precisa posible si la jornada real de trabajo se corresponde a la jornada establecida en el contrato de trabajo. Y usted es perfectamente consciente de que ese hipotético fraude a la jornada pactada en contrato no se da en el ámbito público, que cuenta con sistemas de control, tanto propios, como los que llevan a cabo los sindicatos, haciendo inviables prácticas fraudulentas.
Esto no quiere decir en absoluto que no vayamos a actuar en todos los casos en que se refiera la intervención de la Inspección de Trabajo.
Eskerrik asko.