MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2015-06-25):
Sí, muchas gracias presidenta por su amabilidad.
Presento la iniciativa, esta proposición no de ley, efectivamente de la mano del Grupo Popular, para pedir en este Parlamento la creación de una comisión especial de investigación sobre el histórico trato de favor dado a los presos de ETA por parte de la UPV. O mejor dicho, por aclararlo, por parte de determinados elementos de la UPV. Las irregularidades e ilegalidades habidas y las responsabilidades evidentemente políticas que de esos hechos pudieran derivarse.
En abril el colectivo de víctimas del terrorismo que en los últimos tiempos está realizando un trabajo absolutamente descomunal y digno de aplauso, presentó denuncia ante el Tribunal Supremo contra cinco militantes de ETA, recientemente excarcelados y que obtuvieron en su momento beneficios penitenciarios por la realización de supuestos estudios en la UPV.
La denuncia entiende que estos etarras habrían obtenido sus títulos de forma irregular o fraudulenta, por lo que se denuncia una supuesta falsedad documental. Y lo cierto es que aporta datos contundentes. Y en las próximas semanas y en los próximos meses se van a seguir aportando datos absolutamente contundentes, que en nuestra opinión, demostrarían definitivamente que existió una trama dentro de la UPV que tenía como objetivo fundamental beneficiar a los presos de ETA.
Por los datos de los que se dispone, uno de estos etarras denunciados, habría realizado el examen de acceso a la universidad 10 años después de iniciar sus estudios universitarios. Otros dos habrían cursado sus estudios sin haber realizado el preceptivo examen de acceso a los estudios superiores. Otro habría estudiados una carrera sin haber superado el examen de acceso para mayores de 25 años.
Y en el último caso, dentro de esa primera denuncia, en su expediente aparecería con DNI falso y una fecha de acceso para mayores de 25 años también falseada. Y al parecer habría decenas de casos semejantes a estos.
En aquella demanda de Covite se pide que se impongan las condenas que correspondan por el delito de falsedad documental, además de que se anulen todos aquellos títulos obtenidos o los estudios universitarios cursados supuestamente de manera fraudulenta.
Covite amplió ayer mismo la denuncia inicial, en este caso ante la Audiencia Nacional y en este caso contra otros 6 etarras. Los datos son evidentes y evidencian la existencia de una trama mantenida en el tiempo durante largos años dentro de la UPV.
Hay, ya digo, casos como los que he citado antes y en esta nueva denuncia se aportan nuevos casos, como por ejemplo el caso de Inés del Río que inició periodismo en la UPV en 1989 con DNI falso.
En fin, no hizo el examen de selectividad ni la prueba de acceso destinada a mayores de 25 años, requisitos imprescindibles. Además pese a estar en prisión, se matriculó en grupos reservados a alumnos que toman clases presenciales.
O el caso de Ignacio Erro Zazu que se matriculó con el DNI también falso y la fecha de nacimiento que aparece en su registro es también falsa. Y se inscribió en el grupo 26 cuyo horario era de tarde y presencial.
O el caso de Troitiño que comenzó magisterio en 1988 y se matriculó con DNI número 33333333 y según su expediente realizó la prueba de acceso para mayores de 25 años el 1 de enero de 2011, domingo y 20 años después de iniciar sus estudios universitarios.
O el caso de Txikierdi, número de DNI que aparece en todos sus documentos de su expediente es el 9999555 también falso. O el caso de Elías Fernández que comenzó magisterio matriculándose con el DNI 3333334. En fin, no consta tampoco prueba de acceso. Tampoco en el caso de Inmaculada Noble que se matriculó en magisterio en la modalidad de clase presencial.
Son innumerables ejemplos, casos concretos que demuestran que este asunto tiene que ser investigado a fondo políticamente y por lo tanto por este parlamentario.
Hay muchos datos ya concretos que conocemos y que se van a conocer en las próximas semanas que evidencian lo que yo decía antes, la existencia de una trama, de una estrategia diseñada por la propia izquierda abertzale, supuestamente para desde dentro de la UPV favorecer a esos presos de ETA para que con el paso de los años pudieran no solamente beneficiarse de beneficios penitenciarios de manera fraudulenta, sino utilizar unos títulos que realmente no les corresponde.
Más allá de lo que determine la justicia en torno a estas denuncias de Covite, a la vista del trato de favor recibido por los presos de ETA por parte de determinados elementos de la UPV, interesa en nuestra opinión, poner en marcha una comisión especial de investigación en esta Cámara al objeto de investigar y sacar a la luz dicho trato, depurar las responsabilidades que correspondan y en última instancia conocer la verdad.
Tras décadas depresión terrorista, asesinatos, atentados y amenazas, éste puede ser un buen momento para dar los pasos necesarios que lleven al esclarecimiento de los hechos ocurridos también en el ámbito universitario. Y a través de las investigaciones políticas que seamos capaces de llevar a cabo, esclarecer esta historia.
En los últimos tiempos se habla del relato, de la necesidad de construir el relato, de la necesidad de contar todo lo que ha ocurrido en Euskadi en las últimas décadas.
Evidentemente pensamos que esto también debe salir a la luz. Debe ser investigado para conocer las responsabilidades de todo tipo que pudieran estar involucradas en esta tremenda historia.
No olvidemos que consecuencia del trato de favor dispensado a los presos de ETA y los títulos obtenido de manera fraudulenta, muchos de ellos habrían obtenido beneficios penitenciarios, gracias a los cuales habrían sido excarcelados y recientemente por cierto, y otros podrían serlo en el futuro.
No olvidemos la obtención de cursos y títulos universitarios de manera fraudulenta. No olvidemos que a la vista de los hechos gravísimos ante los cuales podríamos encontrarnos, los ciudadanos necesitan, necesitamos conocer la verdad de los hechos ocurridos y a los representantes públicos determinar todas las responsabilidades políticas que correspondan.
Esta iniciativa no ataca a la UPV, es justo lo contrario, pretende repasar la historia, conocer la verdad y hacer justicia, saber qué pasó. Trama organizada por lo tanto, no por la UPV sino por elementos de dentro de la UPV, una estrategia perfectamente diseñada para favorecer a los presos de ETA que duró años y que tuvo como consecuencia  - ya digo -  la obtención fraudulenta de determinados títulos y el acceso a beneficios penitenciarios. Así lo atestiguan afirmaciones de distintos profesores, algunos de los cuales han mostrado su disposición de comparecer en este Parlamento. Así lo atestiguan informes policiales.
No podemos ni queremos admitir que quienes participaron de esta trama vivan a cuerpo de rey o sigan sin más en sus puestos de trabajo, mientras decenas de profesores universitarios que vivieron amenazados o tuvieron que exiliarse, vivan hoy sin habérseles reconocido como merecían y siguen mereciendo.
En fin, ésta es la propuesta que planteamos, que planteo de la mano del Grupo Popular, a quien evidentemente agradezco su firma y su colaboración para defender conjuntamente esta iniciativa justa y necesaria.
Gracias.