ZABALA ARTANO (EP, 2018-06-28):
Mila esker, presidente andrea, lehendakaria, legebiltzarkideok. Arratsalde on guztioi.
Eztabaidatzeko dugun legez besteko proposamena irailaren 22ko 29/2011 Legea, Terrorismoaren Biktimen Aitorpenerako eta Babes Integralerakoa, aldatzeari buruzkoa da.
Hoy con la proposición que traemos a debate y con la enmienda transaccionada con PNV y PSOE, se pone encima de la mesa una cuestión urgente, la necesidad de actualizar la Ley estatal de Víctimas del Terrorismo y hacerlo para que quepan en ella todas las víctimas, todas las víctimas y que lo hagan con igualdad de derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Hoy las víctimas del terrorismo de Estado tenemos vetado el derecho a la reparación. Las víctimas de la violencia de persecución no están reconocidas. Las víctimas de un delito tan grave como la desaparición tampoco. Siempre debieron de estar protegidas por la ley.
Todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. Un derecho fundamental en un Estado democrático, no habría más que añadir, debería de ser así de simple, así de claro; es más, esa proposición que tratamos no debería ni de existir, pero ya lo ven, aquí estamos.
Tras recibir una carta del Gobierno Vasco, en la que se informaba a las víctimas del terrorismo de que podían solicitar el reconocimiento y la reparación amparada en la Ley 29/2011, al ejercitar dichos derechos se encontraron con una negativa del Ministerio del Interior.
Es cuando tienen conocimiento de que, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, el Gobierno español, con mayoría absoluta del Partido Popular, introdujo en el Senado una modificación de esta ley, con la que excluía del derecho a la reparación a aquellas víctimas que consideraba que presuntamente pertenecían a una organización terrorista o que supuestamente perpetraron delitos violentos, pese a que su culpabilidad nunca ha sido legalmente demostrada.
En concreto, se hace una interpretación muy particular del artículo 8.2 del Convenio Europeo, sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos, artículo que establece que se podrá reducir o suprimir la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos.
Lógicamente, en un Estado de derecho solo cabe interpretar este precepto desde un prisma garantista, es decir, en el que solo se es delincuente tras una resolución judicial firme. Así de simple, así de claro.
La presunción de inocencia es un derecho fundamental, que no solamente está amparado por la propia Constitución Española, sino por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos ellos, quiero recordar, tratados y acuerdo internacionales ratificados por el Reino de España.
Pero aun así, desgraciadamente a determinadas víctimas se les ha venido negando la reparación y se les ha negado, no solamente por parte del Poder Ejecutivo, que todos sabemos que pueden atender a plegarse a interpretaciones políticamente intencionadas, sino en lo que es muchísimo más grave, se les ha negado también por parte del Poder Judicial y todo esto no lo digo yo.
El catedrático de Derecho Penal de la UPV, Ignacio Muñagorri, en su dictamen sobre indemnización a víctimas del terrorismo, denuncia que se trata de una interpretación  - y cito textualmente -  "degradada e ilegal del Convenio Europeo, que se instrumentaliza falsariamente, que lo vacía de garantías en relación a derechos fundamentales, presupuestos básicos de un Estado de derecho constitucional, rompiendo con la división de poderes y convirtiéndose el ámbito administrativo en juzgador sin serlo".
Pero Muñagorri aun va más allá y concluye que es tal la gravedad de las violaciones de derecho que se han detectado y suficientemente demostrado, que podría ser de aplicación el delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, que indica que a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 10 años.
Asimismo, la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asua, critica que a falta de decisión legislativa para trasponer ese artículo 8.2 del Convenio Europeo, la Judicatura legisla y genera incertidumbre, es decir, el Poder Judicial legisla, dice Asua, el Ejecutivo juzga, dice Muñagorri, ¿qué falta? ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué el legislativo gobierne?
Lo que evidentemente falta aquí es una verdadera división de poderes y lo que sobra es toda intencionalidad política, sesgada e ilegal, al margen de cualquier canon comunitario e internacional. Me gustaría vivir en otro, como decía, no me acuerdo del nombre, yo tengo un sueño, me gustaría vivir en otro Estado.
Una conquista de la civilización en las democracias avanzadas es la sujeción de los poderes públicos a las normas estatales y convenciones internacionales; ahora recuerdo, Martin Luther King, y también a los valores éticos que lo sustentan.
Cuando en determinadas ocasiones se arrinconan reglas y derechos básicos, aunque ello resulte aplaudido por unos y silenciados o encubierto por otros, los poderes públicos deberían ver como se encienden esas luces rojas, esas alarmas; reflexionar y remarcar los límites legales no significa ser débiles, sino al contrario, fuertes en las convicciones, solo así tendremos credibilidad para exigir democracia a otros.
No soy experta en derecho, pero me gustaría decirles que el artículo 24 de la Constitución Española dispone que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia; me gustaría decirles que el artículo 10 de la Carta Magna...
...el artículo 24 de la Constitución Española dispone que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia.
Me gustaría decirles que el artículo 10 de la Carta Magna regula también que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades, reconoce en conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España, me gustaría decirles que el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley en un juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Me gustaría decirles que el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, señala que toda persona acusada de una infracción, se presume inocente hasta que su culpabilidad ha sido legalmente declarada.
En definitiva, me hubiera gustado decirles que vivimos en un Estado en el que se preservan los derechos fundamentales por encima de las suposiciones, pero no ha sido así en el caso de determinadas víctimas.
Y que nadie piense que se trata de una cuestión menor, sino de que todas las víctimas del terrorismo, y digo de todos los terrorismos, tengan los mismos derechos. De que se les considere víctimas, de que no hay víctimas de primera y de segunda. De que las vulneraciones de derechos humanos tengan la misma respuesta de verdad, justicia y reparación y por supuesto, garantías de no repetición.
Por cierto, garantías de no repetición sea quien sea el perpetrador, también en el caso del terrorismo de Estado, aunque ese Estado no haya hecho autocrítica, ni auto reflexión. Aunque ese Estado no haga nada por investigar. Aunque se cometa prevaricación administrativa, como he mencionado. Aunque se niegue política y judicialmente la presunción de inocencia.
Es por ello que no nos queda otro remedio que proponer a las Cortes Generales la modificación de la Ley 29/2011, para regular expresamente que solo se pueda reducir o suprimir la reparación si se acredita por resolución judicial firme, que la víctima ha participado en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que haya perpetrado delitos violentos.
Insisto, no debería ser necesario, pero a la vista está que lo es. Se sobre entiende, pero no. ¿Debería ser así de simple? Sí. ¿Así de claro? También. Pero por favor, que legislen las Cortes Generales que es a quien le corresponde, que juzguen los tribunales, que gobierne el Ejecutivo.
Montesquieu decía: "Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo". Para que no se pueda abusar del poder hace falta que por la disposición de las cosas el poder detenga al poder.
La separación evita, en teoría, que el poder político del Estado se acumule en una persona o grupo de personas. De este modo se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos, ya que cada uno vigila y controla los excesos de los otros para impedir por propia ambición que alguno de ellos predomine sobre los demás.
Es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia. ¿Lo somos? ¿Somos una democracia?
No me voy a extender mucho más, pero no me gustaría terminar esta primera exposición sin hacer una referencia somera al resto de puntos que se tratan hoy, y que anunciamos que nuestro grupo parlamentario va a respaldar en su totalidad. Y más concretamente aplaudimos la iniciativa de instar a los gobiernos vasco y español a que pongan los medios a su alcance para facilitar a las víctimas que desconocen la verdad e incluso la ubicación de los restos de sus familiares, la posibilidad de acceder a toda la información que requieran.
Bien, pero esto choca frontalmente con las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados a la modificación de la Ley de Secretos Oficiales. Si no se desclasifica la documentación, ¿cómo se va a facilitar a las víctimas la posibilidad de acceder a toda la información que requieren?
Esta reflexión la dejo ahí, espero que sirva para algo.
Por último, me alegro, parece que vuelve a soplar viento a favor de las personas que voluntariamente quieren embarcarse en una singladura de autorreflexión, en pro de las víctimas y en clave de reparación del daño causado. Y me refiero a la justicia restaurativa.
La justicia restaurativa, esa a la que no sería necesaria acudir si existiese una justicia real, igualitaria para todos, que juzgase respetando el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad y el principio de no arbitrariedad, porque el Estado de derecho no vence, no humilla. El Estado de derecho aplica la ley.
Incorporar la justicia restaurativa a la ley de víctimas sería aprovechar una buena ola, pero no el fin de esta regata. Aún nos quedan muchas millas reparadoras por surcar en las aguas de la sociedad vasca, sobre todo teniendo en cuenta las implicaciones comunitarias de la violencia política. Habrá que explorar también la utilidad de otros mecanismos, de otro tipo de justicia, por eso abogo por la justicia restaurativa.
Una justicia que permita a un mayor número de perpetradores, a un mayor número de víctimas, a un mayor número de perpetradores de delitos de víctimas, y a otros agentes sociales y políticos, otro tipo de escenarios. Escenarios como pueden ser los círculos de la paz, los foros municipales, los espacios de diálogo seguros.
¿Qué espacio de diálogo seguro necesitan ustedes? Si no es este, podemos ir a cualquier lado. Pero la cuestión es hablar, ya no hay armas. Antes la excusa eran las armas. Luego era que no se había disuelto ETA. ¿Cuándo vamos a hablar?
Si no se ponen las ideas sobre la mesa y sobre el papel, sobre qué vamos a tratar. Si no se respetan las leyes de igual forma para todas las personas, ¿qué tipo de sociedad vamos a construir?
Y con esta reflexión, ahí lo dejo, pero desde luego me parece que hoy va a ser un día triste. No he escuchado al resto de parlamentarios, pero por los intentos de llegar a acuerdo, intuyo que hoy va a ser un día triste para la democracia, un día triste para este Parlamento.
Eskerrik asko.