AIARTZA ZALLO (EAJ, 2013-02-07):
Eskerrik asko legebiltzarburu andrea. Legebiltzarkideok, arratsaldeon.
Como ya ha comentado el señor Itxaso, por acuerdo de 15 de diciembre de 2011 se constituyó en el seno de la anterior Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad de este Parlamento una ponencia de estudio con el fin de analizar el contenido, los fines y las responsabilidades de un posible fondo de compensación por los problemas derivados del amianto.
Se perseguía también que sus recomendaciones pudiesen incorporarse a la estrategia vasca de seguridad y salud laboral.
El desarrollo de esta ponencia durante 2012 nos ha ayudado a clarificar diversos aspectos esenciales en el conocimiento de este enemigo silencioso y paciente.
En el campo de las normas, desde la inicial e incipiente normativa recogida en el Decreto de 30 de noviembre de 1961, reglamento de industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en la que se crea un libro de registro de empresas con riesgo de amianto, pero no se establece medida de protección individual alguna, han transcurrido o transcurrieron 40 años y 12 concretas normas en relación a este problema hasta la Orden de 7 de diciembre de 2001.
A partir de ese momento quedó prohibida la utilización, producción y comercialización de las fibras de amianto y de los productos que las contenían.
Posteriormente, en 2006, como también ha comentado el señor Itxaso, se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud. Hoy la única posibilidad teórica de exposición al amianto debe ser la manipulación de los materiales que se utilizaron con anterioridad al 2001, pero que siguen realizando su función, es decir, serían los trabajos de mantenimiento, retirada, desmantelamiento, demolición, transporte, tratamiento y vertido de estos materiales.
En el campo del conocimiento de nuestra concreta realidad, el uso del amianto en Euskadi se inicia en grandes cantidades durante la década de los 60, incrementándose hasta mediados de los 70, siguiendo unos parámetros de utilización similares a los europeos.
Su manipulación se realizaba con total ignorancia de su nocividad, por falta de información y de formación, tanto de empresarios como de trabajadores.
1984 marcó un cambio con el reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Se inicia la época del conocimiento de la nocividad de este componente, tanto para los agentes industriales como para la población en general.
Se crea el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto –RERA– y se fijan valores límites de exposición, lo llamado concentración promedio permisible.
En la actualidad, en la Comunidad Autónoma tenemos más de 150 empresas registradas en el RERA, destacando que la mitad de ellas radican en Gipuzkoa. La práctica totalidad de estas empresas se dedica a los trabajos vinculados a la retirada de estos materiales.
Nos quedan, efectivamente, muchos productos con amianto que debemos retirar en los próximos años, fundamentalmente diferentes modalidades de fibrocementos, placas planas y onduladas, tuberías, bajantes y gran parte de este fibrocemento está instalado en pequeñas construcciones particulares: casetas, garajes, cobertizos, depósitos, muchos de ellos perdidos en el interior de nuestros pueblos.
Es por ello, un problema no solamente vinculado al mundo industrial, sino también al rural. En definitiva, una cuestión multidisciplinar: sanidad, medio ambiente, trabajo, industria y agricultura.
En el campo de las posibles actuaciones habrá que desarrollar detalladamente el ámbito de la prevención de la exposición, el ámbito de la vigilancia de la salud y el ámbito de la compensación, y en este último sentido será necesario estudiar detenidamente los modelos existentes en otros países, persiguiendo criterios de garantía de compensación a las víctimas, rapidez frente a un litigio civil y economía procesal.
A pesar de todo lo avanzado, los objetivos de todo lo avanzado con la ponencia, los objetivos con los que ésta nació, los objetivos de estudio, aquellos objetivos referidos al conocer el estado de la ciencia médica en esta materia, de las experiencias extranjeras, de la opinión de los operadores en el ámbito del trabajo, de la posición de la Seguridad Social y de las mutuas de trabajo, de las demandas sindicales en relación al problema y sobre todo conocer la problemática revelada por los colectivos de afectados en orden a establecer un fondo de compensación para su protección, no pueden considerarse objetivos del todo cumplidos.
Es por ello que desde Euzko Abertzaleak consideramos oportuno apoyar la proposición no de ley del Grupo Socialista, en orden a recuperar las reflexiones realizadas en el seno de dicha ponencia y darles continuidad en un órgano de trabajo equivalente dentro de la Comisión de Empleo, Política Social y Vivienda.
Besterik ez. Eskerrik asko.