HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2014-12-12):
Eskerrik asko legelbitzaburu andrea.
Señora Sánchez, había formulado usted una interpelación que se circunscribía estrictamente al anteproyecto de ley del estatuto del empleado público vasco y preguntaba concretamente sobre el propósito del Gobierno en relación con la negociación o el planteamiento de una negociación real con la representación del personal a propósito de la tramitación de ese anteproyecto de ley.
He visto que en su primera intervención ha ampliado el perímetro de la interpelación y además de la cuestión relacionada con la negociación colectiva, ha planteado otras dos cuestiones.
Primero, ha hablado de otra ley, de la Ley de Administración Pública Vasca, y segunda, ha planteado una cuestión que me ha sorprendido más que tiene que ver con la pretendida o presunta subordinación de los contenidos del anteproyecto a los dictados de la normativa básica estatal que usted ha identificado como la normativa de Rajoy.
Le quisiera recordar sólo de manera tangencial porque no es el núcleo de la interpelación no voy a entrar en esta cuestión y no tenemos un tiempo ilimitado para hablar sobre el tema, pero quisiera recordar que la normativa básica del Estado en el ámbito de la función pública básicamente contenida en este momento en el Estatuto Básico del Empleado Público no es de Rajoy, es del año 2007 es la normativa aprobada en la época de Zapatero.
Yo estaba en el Congreso de los Diputados y asistí personalmente en la tramitación de la ley. Me extraña, por tanto, que por parte del Partido Socialista primero se cuestione el necesario respeto a la normativa básica estatal, que lo haga EH Bildu es normal pero que lo haga el Partido Socialista no es tan raro. Y llama mucho más poderosamente la atención todavía el hecho de que la normativa básica a la que se pretende que no se subordine o que no respete la normativa autonómica vasca sea además dictada por un Gobierno socialista. Esto llama mucho la atención escuchado por parte de una portavoz del Partido Socialista.
En cualquier caso, como la interpelación, insisto, a parte de estas consideraciones tangenciales que ha hecho usted en su primera intervención y a las que no voy hacer referencia central o nuclear en mi intervención, procuraré hacer un relato de los hechos, de lo que ha llevado a cabo este Gobierno en relación con la representación del personal durante la tramitación del anteproyecto de ley del empleado público vasco y para intentar demostrarle no solamente que es propósito del Gobierno llevar a cabo una negociación real, efectiva y verdadera en relación con este anteproyecto de ley, además sino además que esa negociación se está desarrollando ya, que está constituyendo una realidad que esta teniendo lugar en estos momentos a través de los mecanismos que están previstos en la ley para hacer efectiva la negociación con la representación del personal.
No solamente porque lo exige la ley, la ley lo exige, es evidente, se trata de norma de carácter general que va a establecer una regulación de la ordenación de la función pública y por tanto con arreglo al artículo 37.1 del Estatuto Básico del Empleo Público la negociación colectiva es obligada no solamente porque además del Estatuto Básico del Empleo Público lo establece así, la norma o la Ley de Función Pública Vasca, sino además porque es convicción personal de este consejero –que es también empleado público aunque hace ya muchos años que no ejerce directamente como tal–, que es convicción de este consejero el de no impulsar una norma de carácter general relacionada con la ordenación de los recursos humanos de las administraciones públicas sin contar con la opinión de la representación sindical.
Por tanto, no solamente porque lo exige la ley, sino porque es convicción personal del consejero el que eso tenga que hacerse así. La negociación como usted bien sabe no significa –y hay una amplia jurisprudencia en este sentido– no significa que necesariamente tenga que producirse acuerdo. Eso sí, también la jurisprudencia exige que la negociación sea no ficticia, no aparente, no un mero paripé, sino que sea real y auténtica, que tenga contenidos. Y el indicador incuestionable que pone de manifiesto, que acredita cuándo una negociación es real y cuándo es mera ficción, el indicador infalible es que a lo largo de la misma, de la negociación, se hayan producido o no cambios en los contenidos del texto sometido a la misma.
Bien, ¿cuándo se produce esta negociación? Usted me hablaba de que el texto ha sido elaborado unilateralmente por parte del Gobierno.
Es que claro, este Gobierno, este Parlamento en el que estamos que aprobó hace ya años, hace 11 años, una ley que regula el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, fija un momento en el que se tiene que llevar a cabo la negociación con la representación sindical, cuando el proyecto ley requiera esa negociación.
El artículo 7 de esa ley, de la Ley de Elaboración de Disposiciones de Carácter General, que es de 22 de diciembre del año 2003, dice que esa negociación se produce tras la aprobación previa del proyecto y juntamente con los trámites de audiencia, consulta y de información pública. Y esto es exactamente lo que ha hecho el Gobierno, cumplir una previsión legal aprobada por este Parlamento.
A tal efecto le voy a describir cuales son los pasos que hemos dado hasta la fecha. Bien, el texto que está en circulación en este momento, que fue remitido a la representación sindical, sale no unilateralmente del Gobierno, sino de un equipo de trabajo que se constituyó en septiembre del año 2013, integrado por representantes de los tres niveles institucionales que articulan la Comunidad Autónoma, representantes del Gobierno, de las tres diputaciones forales y de Eudel.
El grupo de trabajo de composición eminentemente técnica, integrado por representantes de las instituciones responsables de gestión de personal con formación jurídica todos ellos, desarrolla su trabajo hasta el mes de abril del año 2014, una sesión aproximadamente por mes.
Inmediatamente después de que concluya su trabajo suscribo yo la orden de inicio, el 13 de mayo del año 2014, y la aprobación previa del texto tiene lugar el 1 de septiembre del año 2014.
Inmediatamente después, abrimos un trámite de audiencia en el que se da opción a participar y hacer alegaciones a prácticamente todas, no solamente personas y organizaciones sindicales, sino también a todas las instituciones y organismos que tienen algo que decir en relación con este asunto.
Mantenemos reuniones sectoriales y bilaterales con todas las formaciones sindicales de carácter sectorial, es decir, con los que no tienen representación directa en la mesa general. Con ERNE, con ESAN, con STEE-EILAS, con el CSIF, con SATSE y con el sindicato médico.
Y el 11 de septiembre efectivamente se reúne la mesa general y se hace una entrega formal del anteproyecto de ley a la representación sindical. En esa mesa general donde las centrales sindicales que forman parte de la mesa general, reciben el texto lógicamente con críticas normal, ocurre con casi todos los proyectos de ley, que establecen o abordan una regulación general de la función pública, pero la mayoría de ellos se comprometen a participar en el proceso negociador y hacer aportaciones.
Además de esto, el Gobierno hace un esfuerzo de información y de comunicación a todos los empleados públicos en relación con los contenidos del anteproyecto. Celebra varias reuniones directamente con los empleados públicos en la sede central del Gobierno Vasco, en la asamblea que se convoca a tal efecto y en las delegaciones de los tres territorios y en contacto directo con los propios empleados públicos, no ya con sus representantes, sino con los propios empleados públicos.
Y se celebran durante el mes de octubre reuniones bilaterales con los sindicatos que sí tienen reunión, sí tienen presencia en la mesa general.
Además de la información que se cursa a los que antes he hecho referencia, a los sindicatos de carácter sectorial que no están presentes en la mesa general.
El 5 de noviembre, usted ha hecho referencia a esta reunión, ha hecho una referencia parcial, ilimitada, pero efectivamente se celebra una reunión, la segunda de la mesa general, y en esa reunión de la mesa general algún sindicato presenta ya alegaciones por escrito y la mayoría de los restantes se comprometen a presentarlos también por escrito en el próximo mes.
Bien, cerrando ya el plazo de representación y alegaciones por parte no solamente de los sindicatos, sino de todos los organismos, entidades y personas que habían sido invitados para ello, se pueden contabilizar en este momento 1.241 alegaciones de 3.120 alegantes.
Sindicatos. Los sindicatos presentan 427 alegaciones, según el informe que me han pasado de función pública: ELA 137, LAB 8, CCOO 105, UGT 68, SATSE 47, SME 40, UTESE 6, SAE 1 y STEE-EILAS 5.
Bien, el plazo se amplió para la resolución de solicitudes. Las últimas alegación se presentaron por parte de UGT el 1 de diciembre, hace exactamente 11 días y lógicamente este magno trabajo, 1.241 alegaciones no pueden ser tramitadas con rigor, con seriedad, analizadas, estudiadas y respondidas en tan poco margen de tiempo, por tanto, estamos analizándolas.
...alegaciones no pueden ser tramitadas con rigor, con seriedad, analizadas, estudiadas y respondidas en tan poco margen de tiempo, por tanto, estamos analizándolas.
La previsión del Gobierno es contestar a todas, incorporar muchas modificaciones, algunas de ellas ya se introdujeron en la propia reunión del 5 de noviembre. Se explicitó claramente allí no solamente la voluntad del Gobierno de examinar con criterio abierto y receptivo las alegaciones que se hacen, si no que se comprometieron ya muchas modificaciones que afectan a muchos artículos del texto, lo que fue el texto del anteproyecto.
Por tanto, modificaciones reales ya se han producido en el contexto de la ley, y es propósito del Gobierno a lo largo del mes de enero responder a todas las alegaciones y avanzar con el proceso negociador.
Eskerrik asko.