LLANOS GÓMEZ (PP, 2015-02-19):
Gracias señora presidenta. Egun on guztioi.
Efectivamente, señora Gallastegui, volvemos a debatir en esta Cámara el asunto del Registro Civil. Volvemos a debatir sobre una cuestión que en este momento está en trámite en el Congreso de los Diputados en una muestra más por parte de algunos grupos de convertir en este Parlamento en la segunda instancia de la Cámara baja. Lo que no consiguen allí, lo traen aquí para debatir. No sé, igual es que esas victorias morales reconfortan pero donde realmente se decide este tema es en el Congreso.
En la exposición de su proposición, hace una serie de afirmaciones con las que no podemos estar de acuerdo en absoluto, como esa afirmación grandilocuente de que el Partido Popular deja en manos privadas el Registro Civil.
...como esa afirmación grandilocuente de que el Partido Popular deja en manos privadas el Registro Civil. Se vuelve a mezclar, y otros grupos también lo han hecho, el tema de los juzgados de paz y de las demarcaciones judiciales con este debate. Se hace referencia a la pérdida de puestos de trabajo, a la eliminación del carácter gratuito, a la falta de seguridad en la protección de datos, a la puesta a disposición en manos privadas de dinero público.
Y lo de manos privadas no lo entendemos muy bien si se refiere al tema de que los registradores son o no son funcionarios públicos. La verdad es que en este tema, en un párrafo de su exposición, de su justificación reconoce usted, señora Gallastegui, que los registradores son funcionarios públicos para en el párrafo siguiente negarle dicho carácter.
Yo ya le he dicho, una está acostumbrada al cambio de los Socialistas de opinión lo que pasa que éste sorprende por lo meteórico, porque que de un párrafo a otro se cambie de opinión es realmente sorprendente.
Algunas cuestiones que se ponen en esa proposición y que se han puesto de manifiesto aquí han sido rebatidas por el propio ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados. En diciembre del año pasado, con ocasión del debate del proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y Registro Civil.
Y con ocasión de ese debate, como decía, el señor Catalá desmontó algunas de las afirmaciones que ustedes aquí hacen como verdades taxativas. Como bien se ha dicho aquí es verdad que la Ley de Registro Civil databa de 1957, y ello llevaba unos modos administrativos y unos sistema tecnológicos propios de aquella época, y que hacía necesario el cambio del mismo. Y que por eso en el año 2011 y con un amplio consenso se modifica la Ley de Registro Civil.
Una de las acusaciones que se hace es que el Gobierno del Partido Popular lo que pretende es una contrarreforma del esa Ley del 2011, en absoluto. Lo que pretende el Gobierno es de una visión pragmática, es de una visión posibilista, desde una visión realista precisamente es la implantación de esa Ley del 2011 del Registro Civil y que mejore y modernice el servicio, que consiga los objetivos precisamente que esa ley tenía.
Porque el propio ministro puso de manifiesto en el Congreso que en la memoria del Consejo General del Poder Judicial, el 50 % de las quejas y reclamaciones que se reciben por el funcionamiento de jueces y tribunales se refieren al funcionamiento del Registro Civil, al funcionamiento actual, de los tiempos de espera y de los horarios de atención al público.
Y por ello el propio ministro reconoció las bondades de la Ley 2011, al intentar mediante esta Ley dar respuesta a gran parte de los problemas mediante una modificación en profundidad y que fuera más acorde con la realidad social política y tecnológica actual.
Y, por tanto, esa ley, y es lo pretende el Gobierno del Partido Popular continuar, diseñaba un Registro Civil único para toda España, informatizado, accesible y que pudiera ser consultado por otras administraciones públicas, y en las que los asientos pudieran ser firmados electrónicamente por los encargados y que se dejase el sistema de secciones para pasar a ser un registro de personas identificadas con un código personal.
Es verdad que esta Ley tenía una vacatio legis hasta el pasado año 2014. El problema es que, como en tantas otras leyes hechas por el Gobierno Socialista, se hacía la ley y luego ya el dinero Dios proveería. Pero Dios no debió proveer, entonces, no llevaba aparejada ni memoria económica, ni recursos, con lo cual todo eso había que ponerlo en marcha, señora Gallastegui. Y ése es al problema al que se enfrentó el Gobierno y por eso ha decidido que la vacatio legis vaya hasta el 15 de julio de 2015.
En esa ley a la que yo le hacía referencia, ese proyecto de ley que se presentó en diciembre, se establece el carácter público gratuito, como ha dicho el señor Zorrilla, de las prestaciones del Registro Civil, tanto para los ciudadanos como para las administraciones públicas. Esa misma ley es cierto que dice que la llevanza corresponde a los registradores mercantiles, pero eso no significa, no supone una amenaza para el empleo de los funcionarios públicos.
Es más, el propio ministro ha trabajado con los sindicatos para que tanto aquellos funcionarios con plaza en propiedad como los funcionarios interinos conserven su puesto, mediante una reorganización y reasignación de efectivos a otros órganos de la Administración de Justicia.
Lo que pretende esa Ley 18/2014 es matizar, perfeccionar y hacer posible todas las prescripciones mencionadas. Y no se trata de una contrarreforma, por mucho que se insista, sino de desarrollar la ley en vigor. Una ley que sacaba del ámbito jurisdiccional el Registro Civil, que suponía una desjuicialización del servicio, aunque ahora algunos no lo vean tan claro, y que fueran funcionarios distintos de los que integran el Poder Judicial los que fueran a llevar al Registro.
Es verdad que al principio se pretendió una corporación de derecho público y finalmente esta idea ha sido abandonada y lo que se va a hacer es ser sustituida por una plataforma electrónica puesta a disposición del Ministerio de Justicia por el colegio de registradores. Por cierto, que el Ministerio de Justicia y el colegio de registradores ya se han reunido precisamente para poner esto en marcha.
Y la estructura que fija esa ley es la de oficinas centrales en las capitales de provincia, en las islas y en las poblaciones de más de 100.000 habitantes y, como oficinas colaboradoras, las oficinas consulares y las oficinas de los registros de la propiedad y de los juzgados de paz, que no desaparece, porque también el propio ministro se ha comprometido a que no van a desaparecer los juzgados de paz.
Yo comprendo que a veces, bueno, pues las fiabilidades de algunos dirigentes por experiencia propia no le dan crédito a las palabras de un ministro, pero créame que se ha comprometido y que, en algunos grupos, algunas palabras son más fiables que en otros.
Y lo que se pretende es una estructura con total permeabilidad y que alcance a todos los ciudadanos. Un nuevo registro civil y bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, que no va a dejar de supervisar y no va a convertirse en un servicio que no tenga carácter público.
Y no va a tener ningún coste, ni para el Estado, ni para los ciudadanos y por ley, como digo, está garantizado el carácter gratuito del mismo.
Una de las cuestiones en las que se insiste, como usted decía, señora Gallastegui, en alusión a lo que usted mismo decía es a fuerza de repetir se acaba convirtiendo en verdad, pero no, no. Y una de las cosas que se pone de manifiesto una y otra vez es que que lo lleven los registradores va a suponer la privatización del servicio, que no, que no tiene nada que ver, que el carácter público del servicio no depende de si lo llevan los registradores o no.
Y además, por mucho que usted diga que no, que ya no sabemos si es que sí o que no, en función de cómo le he dicho, que sin solución de continuidad entre un párrafo y otro leerá el carácter de funcionario público y luego se lo quita, pero le diré que según el artículo 274 de la Ley Hipotecaria son funcionarios público los registradores a todos los efectos legales, son funcionarios públicos.
Serán, por tanto, funcionarios públicos los encargados de llevar el Registro Civil bajo la supervisión, como digo, del Ministerio de Justicia, que va a ejercer en cualquier caso la potestad disciplinaria.
Por tanto, a ver si queda claro, al señor Catalá no le cree, a ver si yo tengo más suerte, será un registro civil gratuito llevado por funcionarios públicos, supervisado y controlado por los poderes públicos.
También es cierto que el Gobierno cuando se ha tramitado está ley, y si no vayan ustedes al Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, se ha comprometido al diálogo, al acuerdo, a introducir modificaciones e introducir ajustes, y eso llevó a que a algunos grupos no pusieran, no interpusieran una enmienda de totalidad, precisamente porque en pos de ese ofrecimiento al diálogo van a presentar enmiendas a la misma.
Se solicita en su propuesta, señora Gallastegui, que el Gobierno Vasco se posicione en contra de la reforma del Registro Civil. Mire, si es que el Gobierno Vasco ya se ha opuesto, pero ya se ha opuesto al Registro Civil y a todos, y no hace falta que usted se lo diga, señora Gallastegui.
Si el Gobierno Vasco se opone por sistema, si los martes del señor Erkoreka son lamentaciones continúas contra el Gobierno de España, lamentaciones continuas, con el Registro Civil y con los temas que no son el Registro Civil, eso es lo que ocurre martes tras martes, con lo cual se podía haber ahorrado esa solicitud, porque de suyo la iba a hacer el señor Erkoreka.
Si ya lo puso, como ha dicho el señor Zorrilla, ya sabemos cuál es la posición. Además, hoy el señor Erkoreka ha tenido de portavoz aquí al señor Zorrilla, porque ha repetido miméticamente lo que en comisión el señor Erkoreka nos contó, miméticamente.
Yo lo que creo es que esto se tiene que debatir donde se tiene que debatir, que es en el Congreso de los Diputados, que allí se tienen que hacer las aportaciones que se tienen que hacer y yo ya no sé si algunas de las manifestaciones que están establecidas en la ley, en un precepto legal que es el carácter gratuito y público del servicio, pues no sé si es que también van a exigir un aval, pues si es que ahora para el cumplimiento de las leyes también van a exigir avales, pues oiga, planteen la fórmula de exigir ese aval.
Nada más. Muchas gracias.