BOLLAIN URBIETA (EP, 2017-06-22):
Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Lehendakari jauna, legebiltzarkideok, egun on guztioi.
El pasado 1 de marzo de 2017 desde Elkarrekin Podemos registramos una proposición no de ley en relación a la educación fiscal donde instábamos, por un lado, al Departamento de Educación a ser un impulso (...) consensuando los contenidos adecuados con la comunidad educativa en la educación sobre el sistema fiscal y los servicios públicos.
Y, por otro lado, instábamos al Gobierno a adquirir el compromiso de establecer de cara al curso 2017-2018 todos los recursos necesarios para garantizar proyectos firmes y adecuados a todos los niveles educativos.
Esta iniciativa se debatió en la Comisión de Educación el 30 de mayo. Pero curiosamente, dos días antes, el 28 de mayo, el Gobierno Vasco, representado por el consejero de Hacienda y Economía Pedro Azpiazu y la consejera de Educación Cristina Uriarte y las Diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, presentaron un proyecto compartido de implantar un módulo educativo cívico-tributario en los centros de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se adhieran a partir del 4º curso de la ESO.
Tal y como expusieron en la rueda de prensa, la iniciativa se marca dentro...
...en los centros de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se adhieran a partir del 4º curso de la ESO. Tal y como expusieron en la rueda de prensa, la iniciativa se enmarca dentro del plan conjunto de lucha contra del fraude fiscal y parte de la experiencia que viene desarrollando durante los últimos años Gipuzkoa en los centros escolares del territorio.
Hace año y medio la consejera, Cristina Uriarte, anunció que el alumnado vasco de Primaria y Secundaria iba a trabajar la conciencia y la educación fiscal. Desde entonces, el Departamento de Educación no se ha hecho cargo del timón como debía, y a pesar que en los currículos sí se ha recogido, no se ha hecho un proyecto real, no se ha desarrollado unidad didáctica alguna sobre el tema y no se ha formado, sobre todo al profesorado, en materia de fiscalidad y administraciones públicas.
Sin embargo, hemos de decir que aunque la firma de este convenio nos parece una buena acción, sinceramente, para promover como valores de la sociedad la participación en el sostenimiento de los servicios públicos y la tolerancia cero frente al fraude fiscal, vemos una incoherencia en ello, ¿por qué? Primero porque no es coherente formar e informar al alumnado vasco acerca de la importancia de ser consciente de nuestras obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, no luchar contra el fraude fiscal mediante el establecimiento de normas que evite la elusión, condonar las deudas tributarias o cubrir la opacidad de la información sobre los grandes defraudadores.
Y en segundo lugar, porque no es coherente formar e informar alumnado vasco acerca de la importancia de ser conscientes de nuestras obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, no aceptar las recomendaciones de las personas expertas en lucha contra el fraude, y no dar ejemplo, por ejemplo, permitiendo la existencia de fraude en economías sumergidas de más de 3.700 millones de euros, o no permitiendo en esta misma Cámara la creación de un observatorio independiente contra el fraude fiscal.
No estamos en contra de que se imparta esta tipo de formación al alumnado, ni mucho menos, y lo vemos muy necesario y urgente para contribuir a educar a una generación ética, pero sí nos preocupa que estas iniciativas se utilicen para hacer mera propaganda.
Por otro lado, nos hubiese sido interesante, nos hubiese parecido interesante evaluar de manera formal las formaciones y los proyectos realizados hasta el momento en dicha materia y así ayudar a su mejora.
Asimismo, vemos bien y nos parece positivo trabajar conjuntamente entre las diferentes administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pero nos hubiese gustado que el Departamento de Educación hubiese liderado los contenidos educativos al objeto de que el alumnado asuma sus deberes de ciudadanos en el mantenimiento y la mejora de los bienes comunes y de nuestro sistema del bienestar, valorando la participación individual y colectiva en la financiación de los servicios públicos, la solidaridad y la redistribución como elementos de cohesión social a través de las obligaciones fiscales para la construcción de un proyecto vital, comprometido con un desarrollo social justo y sostenible.
Por otro lado, en cuanto al contenido de la unidad didáctica, detectamos falta de contenidos en relación a la progresividad fiscal. Observamos que las distintas opciones sobre fiscalidad se presentan al alumnado descontextualizadas y sin presentar el marco teórico que sustenta cada una de ellas.
Y por último, y no por ello menos importante, nos hubiese gustado que el Gobierno Vasco hubiese adquirido el compromiso de asegurar que en el diseño de los contenidos de dichas formaciones, se cuente con la colaboración de la red de redes de economía alternativa y solidaria y banca ética, con el fin de ofertar al alumnado una formación en materia tributaria y fiscal que contemple todas las alternativas posibles.
En definitiva, nos parece que hay que invertir en este tipo de formación y no vemos problema alguno que sea un proyecto financiado por todas las instituciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Eskerrik asko.