BECERRA CAROLLO (EP, 2019-06-06):
Arratsalde on guztioi.
La semana pasada tuvimos aquí en esta Cámara un debate interesante sobre la despoblación del mundo rural, en el cual, más o menos, todos los grupos llegamos a un cierto acuerdo, a un cierto consenso de la importancia que tiene el mundo rural, la importancia que tiene los concejos, las juntas administrativas, las entidades locales, en la prestación de una serie de servicios, que son servicios para toda la sociedad, bien sea el mantenimiento de caminos, bien sea la buena conservación de las masas forestales o bien sea la puesta a disposición de las otras administraciones de un suelo, en este caso de un suelo de un monte, para poder ubicar en él una serie de infraestructuras.
En ese debate la semana pasada, como digo, teníamos un cierto consenso de que esa prestación de servicios tenía un valor. Pero una cosas es predicar y otra es dar trigo. Y claro, cuando nos encontramos con un problema concreto, con un ejemplo concreto, entonces ya el pasar de la reflexión teórica a la práctica es más complejo para, posiblemente para algunos grupos.
El debate que ha traído la señora López de Ocáriz y yo le agradezco, no creo que venga por la cuestión de la autorización, porque habiendo una norma foral de montes que deja claro que estas instalaciones, estos repetidores, tienen que tener autorización, pues esto no puede ser el objeto del debate.
El objeto del debate yo creo que tampoco es sobre la contraprestación económica que tiene que aportar Itelazpi por aquí, en Álava sus 33 instalaciones y por las 66 que tiene en todo el País Vasco.
No tiene que ser ese el debate, porque esa cantidad estará basada en condicionamientos técnicos que, lógicamente, les corresponde a las administraciones y a los técnicos competentes.
Lo que trae, desde nuestro punto de vista, Elkarrekin Podemos, este debate aquí es realmente la actitud de Itelazpi, la actitud que en la comparecencia de ayer yo califiqué de soberbia institucional, derivada de la respuesta que le da a las Juntas Generales, diciendo que las Juntas Generales, de alguna manera, diciendo que las Juntas Generales no son quien para evaluar su trabajo y que el único ente que puede evaluar su trabajo, que puede fiscalizar su trabajo es el Parlamento. Y, obviamente, eso es lo que hace que esta tarde estemos hablando de esto.
Porque yo puedo coincidir con el señor Prieto y también con la señora Larrauri en que la cuestión administrativa, puramente administrativa, el cuello de botella administrativo, ahora mismo no está en Itelazpi ya, está en la Diputación Foral de Álava y en la tramitación que tiene que hacer de las diferentes órdenes forales.
Pero como digo, lo que tenemos que evaluar es la actitud. Podemos evaluar la actitud presente que ayer se nos dijo que, en un alarde de generosidad, Itelazpi no estaba recurriendo las órdenes forales. Y eso ya da una buena medida de cuál es el cambio de actitud que ha tenido.
Tampoco vamos a prejuzgar cuál será la actitud futura y a mí sí me gustaría que esta proposición no de ley o el resultado transaccional, que nuestro grupo sí va a apoyar, sirviera para, de una vez por todas, alinear a Itelazpi con el resto de instituciones del país, para dar un servicio administrativo, digamos, honesto y en la línea de lo que dan el resto de instituciones.
Pero sí es importante hacer resaltar, hacer ver por qué hemos llegado hasta aquí. Porque la señora Larrauri dice que Itelazpi tiene un buena actitud y tenemos que recordar que Itelazpi mantuvo un pulso jurídico hasta el final, alegando, primero, que no era necesario la autorización, porque era un servicio público, osa que no es desde año 2003; en segundo lugar, que no era necesario porque no existía un beneficio económico, cosa que tampoco es verdad, porque Itelazpi recauda más de 12 millones de euros al año por la prestación de los servicios y el canon, el canon que tiene que pagar a los concejos, a las juntas administrativas, apenas supera los 100.000 euros, con lo cual estamos hablando de un 1 %.
El asunto es que Itelazpi no ha querido pagar en ningún momento. Y tal ha sido su actitud proactiva, que el simple acceso de los peritos de los expertos de la Universidad del País Vasco a los repetidores de Zaldiaran para poder evaluar si, efectivamente, allí había un beneficio económico, una utilidad económica o no, tardaron dos años, siete meses y 13 días en permitirles el acceso.
Y este ha sido el talante que ha tenido Itelazpi hasta ahora. Y eso no prejuzga cuál será el futuro y, en ese sentido, no nos vamos a pronunciar, pero, evidentemente, eso es lo que trae este debate aquí.
A mí me gustaría terminar de alguna manera, que el código ético de Itelazpi, en su página web, el código de buen gobierno y código ético, dice que "Itelazpi procurará el desarrollo económico, social y cultural de la sociedad vasca". No dice si la sociedad rural o de la sociedad urbana, pero habla de la sociedad vasca.
Y dice que "es una empresa eficiente, referente y que aporta valor a la sociedad". Si aporta valor a la sociedad, si lo que busca es el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestras comunidades rurales, no se hable más, paguen y listo.
Muchas gracias.