HERNÁNDEZ HIDALGO (EP, 2019-04-04):
Miren.
En el caso de las parlamentarias y parlamentarios de la coalición Elkarrekin Podemos hemos votado a favor. Vamos a explicar las razones de nuestro voto.
En primer lugar, y a pesar de que la legislación existente en materia de cláusulas sociales en relación con la contratación pública es relativamente reciente, hemos defendido desde nuestra llegada a este Parlamento en esta legislatura que creemos que hay margen de maniobra para mejorarla en una dirección, la de conseguir la mayor garantía posible para que las condiciones de trabajo de trabajadoras y trabajadores que trabajan en empresas privadas para la administración pública lo hagan en condiciones dignas, en las mejores condiciones posibles, y también para garantizar el respeto al medioambiente por aquellas empresas y para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres.
La realidad, en nuestra opinión, es que hoy en día no está garantizado, tal y como hemos visto en multitud de conflictos laborales y denuncias sindicales al respecto de empresas que trabajan para la Administración Pública en nuestra comunidad, empresas cuyas trabajadoras y trabajadores no solo no lo hacen en las mejores condiciones posibles, sino que en no pocas ocasiones lo hacen en condiciones malas e incluso de precariedad. Es algo que hemos visto en multitud de ocasiones en la propia Comisión de Trabajo.
Por ello, desde nuestro grupo no estábamos dispuestos a cerrar el paso a una proposición de ley en cuyo trámite posterior podíamos trabajar para mejorar las herramientas legales con las que mejorar las condiciones de trabajo de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores, de empresas que contratan con la Administración, empresas por las que pasan muchas y muchos trabajadores.
En segundo lugar, no hemos podido encontrar en el criterio emitido por el Gobierno argumentos suficientes para modificar esta posición previa.
No compartimos el criterio del Gobierno respecto a la incompatibilidad con las directivas europeas, la ley estatal y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un criterio que ni siquiera explica qué preceptos legales o jurisprudenciales concretos se incumplen.
Y no compartimos el criterio del Gobierno sobre la imposibilidad de incorporar cláusulas en materia laboral y salarial en la normativa contractual.
El Gobierno emite un criterio, en nuestra opinión, político, no técnico, para oponerse a mejorar las condiciones laborales y salariales de trabajadoras y trabajadores bajo ámbitos de su responsabilidad, condiciones que, como decía, a día de hoy son en no pocas ocasiones de precariedad inaceptables.
Añadiríamos, no obstante, que el criterio del Gobierno no hubiera sido determinante, en cualquier caso, a la hora de que nuestro grupo fijara la posición, tanto en cuanto creemos que la discusión sobre el encaje jurídico de las propuestas legislativas puede ser solventado durante el proceso de tramitación de la ley con las comparecencias, informes y debates que sean necesarios.
Pensamos que si los grupos tenemos voluntad política de aprobar mejoras sociales por ley de contratos públicos, la toma en consideración de la proposición nos hubiera permitido trabajar para ello con informes jurídicos que posibilitasen ajustar los contenidos al máximo del objetivo y voluntad política dentro de lo legalmente posible.
Y en tercer y último lugar, hemos votado a favor de la toma en consideración, porque el contenido de esta proposición de ley tiene similitudes con planteamientos que hacemos desde Elkarrekin Podemos también en otra proposición de ley que registramos hace algún tiempo en este Parlamento y, por lo tanto, pretendemos ser coherentes en la defensa de nuestras posiciones políticas, vengan de donde vengan las iniciativas.
Para finalizar, quisiéramos manifestar que también en nuestra reflexión sobre el sentido del voto, hemos tenido en cuenta que algunas de las cuestiones más polémicas de la proposición que se ha explicado hoy son cuestiones sobre las que hemos trabajado y que creemos que tienen fórmulas posibles para poder ser llevadas a las prácticas.
Algunas de ellas, por ejemplo, están recogidas en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra que está en vigor. Se ha hecho referencia anteriormente a la misma.
Estas son las razones por las que desde nuestro grupo hemos votado a favor para que se iniciase el trámite y que, desgraciadamente, ha sido rechazado por una mayoría conservadora del Parlamento.
Nada más. Eskerrik asko.