BARRIO BAROJA (PP, 2015-05-28):
Gracias señora presidenta.
Pues no sé, señor Ramírez-Escudero, cómo calificaría usted en este momento la actitud del que fue presidente de su partido en relación con este debate, no lo sé. ¿Sería un traidor ahora a esas cuestiones? No lo sé, es una pregunta que usted se tiene que hacer y que nos la tiene que contestar en relación con esta cuestión, pero bueno.
Bueno, con el habitual sarcasmo político del señor Arzuaga pues vuelve a traer una iniciativa a este Parlamento.
Señor Arzuaga, parece que le preocupan algunas cosas pero otras no. Propugna cuestiones en las que no cree y mucho menos practica. Pide actuaciones y responsabilidades, incluso cronogramas de actuación a los demás y no ve las suyas, sus responsabilidades, sus asignaturas pendientes, sus ataduras con ETA y con las consecuencias de su colección de desapariciones y de crímenes y de asesinatos.
Ésta es una cuestión suficientemente seria como para que la plantee el señor Arzuaga, defensor habitual de la intolerancia y del totalitarismo que representa ETA.
El franquismo y la dictadura franquista han sido condenados por todos nosotros, por todos los demócratas en este país, pero el señor Arzuaga no ha hecho lo mismo con el fascismo y la degeneración que ha representado su banda de referencia.
Señorías, aquí no sólo existe la simplificación que el proponente nos plantea. Aquí hay un debate jurídico y de legalidad de calado, que afecta además a los pilares de nuestra transición, de nuestra convivencia democrática.
Está claro que en la actuación política, institucional, surgen debates jurídicos que hay que fundamentarlos en las normas, en las leyes, en los acuerdos democráticos, en los tratados, en los acuerdos entre las naciones.
El relator especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff realizó un informe que ha sido analizado, que ha sido estudiado, también contestado por la representación del Estado en términos jurídicos y de representatividad democrática, ligados a la legalidad, y que está siendo tenido en cuenta y desarrollado en ámbitos posibles, jurídica y legalmente.
Ahora, en función de un buen número de iniciativas parlamentarias tramitadas en el Congreso de los Diputados, el Gobierno ha dado información sobre su posición sobre el informe y sobre los pasos que se están dando para cumplir las recomendaciones que no van contra la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
Cuando el señor de Greiff presentó su informe, el Gobierno se posicionó y, entre otras cosas, dijo que España agradecía la visita del grupo de trabajo en septiembre de 2013, en respuesta a una invitación abierta y permanente que se extendió en 2001 a todos los procedimientos especiales de Naciones Unidas, fueron fruto del compromiso con el multilateralismo y con el sistema universal de protección de los derechos humanos.
España, su Gobierno ha agradecido al grupo de trabajo, las recomendaciones y ha dicho que ha tomado buena nota de ellas. Como suele ser el caso con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, algunas recomendaciones se comparten, otras se han empezado a aplicar y, sobre todo, sobre otras hay divergencias de opiniones, como se tuvo ocasión de explicar al presidente del grupo de trabajo en la sesión 27 del Consejo de Derechos Humanos el pasado día 12 de septiembre del año 2014.
Y además, el presidente del grupo de trabajo agradeció expresamente la colaboración de España y su posición a dialogar sobre los asuntos objeto de su mandato. Ésas son algunas de las cuestiones que están sobre la mesa, efectivamente, con esa voluntad de asumir, de desarrollar o de discrepar jurídicamente y legalmente de algunas de las cuestiones que se planteaban.
En la intervención del Gobierno de España y de la representante en Naciones Unidas, en la contestación al informe se dijo que una cosa importante y básica para todos nosotros. Fundamenta el hecho de por qué estamos aquí y porqué tenemos lo que tenemos y lo hemos conseguido, bueno, que la transición española es también un caso especial porque constituye un caso de reconciliación nacional sin justicia penal, de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias elegidas libre y democráticamente.
El equilibrio entre paz y democracia, justicia y reconciliación se encontró en España a costa de renunciar a la justicia penal. Esa decisión vino acompañada igualmente de medidas de reconocimiento y reparación para los derechos de las víctimas, culminando con la adopción de la conocida como Ley de Memoria Histórica  - ya se han referido ustedes -  en 2007 que aglutina medidas de reparación y reconocimiento, así como de carácter simbólico.
Y no conviene, sin embargo, obviar que la legitimidad de todo este proceso nace del apoyo social, del consenso político en la transición. Estos elementos están igualmente presentes en la adopción de la Ley de Amnistía de 1977 que merece la especial atención del relator y que se agradeció especialmente al relator que haya examinado esta Ley con mayor rigor. Y en ese sentido, algunas cuestiones fueron analizadas, en algunas se podía discrepar, pero bueno eso es las cuestiones jurídicas.
También, en segundo lugar, diferente a lo que se afirmaba por parte del relator, no es cierto que existiera un alto grado de consenso sobre la extinción de la responsabilidad penal de los opositores a la dictadura, pero que se debatiera la extinción de la responsabilidad penal de los defensores de la dictadura. Al contrario, tanto en los debates parlamentarios previos a la adopción de la Ley como las declaraciones de los partidos de la oposición, existen múltiples referencias al convencimiento de que sólo a través de esta fórmula era posible la reconciliación.
Es más, ya en 1960 las actas del sexto congreso del Partido Comunista de España, entonces ilegal, recogían la propuesta de la amnistía general extensiva a ambos bandos contendientes. Unas cuestiones de referencia incluso en la época de la ilegalidad por parte del Partido Comunista de España, una cuestión de referencia y que tiene que marcar algunos planteamientos de referencia.
Y en esa posición el Gobierno de España decía que "deseamos rechazar la calificación peyorativa que el relator otorga a la interpretación que el Poder Judicial ha dado en España al principio de legalidad y a la Ley de Amnistía". Efectivamente, es nuestro planteamiento también en este debate. Nosotros estamos con los pronunciamientos de los tribunales españoles, de todos ellos.
Toda norma penal ha de ser aplicada, interpretada con exquisita observancia del principio de legalidad y sus manifestaciones de lex previa, cierta, stricta y scripta. Es por ello erróneo calificar peyorativamente como interpretación formalista la aplicación por los jueces de dichos principios de legalidad y de irretroactividad de la Ley Penal, pilares, por otra parte, del Estado de derecho y del Estado democrático.
Bueno, son cuestiones que se planteaban, que se plantean como posición política pero como debate jurídico también y que, desde luego, nosotros compartimos.
Otras preguntas parlamentarias también se han referido de una manera efectiva al informe. En una pregunta parlamentaria al señor Centella en el Congreso de los Diputados se decía que el informe del relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el señor de Greiff sobre la visita a España parte de la constatación de que la puesta en práctica de medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en España se ha desarrollado en un contexto que implica complejidades peculiares.
Ya se hablaba de esa cuestión en relación con el informe. Reconoce, sin embargo, que la consolidación de la democracia, eso lo reconoce el informe, constituye uno de los logros insignes de la transición española.
Señala, además, que la consolidación de la democracia robusta y estable es en sí misma un instrumento para garantizar la no repetición. Hay elementos de referencia también en ese informe. Algunos se olvidan de ellos y solo leen lo que les interesa o lo que no les interesa vamos. En cualquier caso, el señor Arzuaga entendemos que lo ha hecho así.
Y en ese contexto combine recordar y decía la importancia que en la construcción de España democrática moderna, tuvo la Ley a la que nos hemos referido antes y ese papel clave que desempeñó en transición de la democracia.
Son ésas las cuestiones que nos llevan a votar en contra de la enmienda de transacción. Mi grupo iba a apoyar las enmiendas de totalidad del Partido Socialista y de Unión, Progreso y Democracia, pero está claro que el frente nacionalista vuelve a marcar el rodillo de la simplificación y el rodillo de la confrontación.
Desde luego que votaremos en contra de la enmienda de transacción, ya que nos alineamos con los pronunciamientos realizados por la justicia española.
Muchas gracias.