ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAKO SAILBURUAK (Aburto Rique) (EAJ, 2013-12-13):
Bai, mahaiburu andrea. Egun on, sailburu, legegiltzarkideok. Egun on guztioi.
Señor Itxaso, para responderle quizá de la manera más clara a su interpelación le diré que estamos trabajando. Hemos iniciado los trabajos para crear ese marco administrativo, pero esos trabajos se encuentran en una fase inicial. Por lo tanto, no voy a poder precisarle quizás con el detalle necesario dándole una fecha cierta sobre cuándo estará disponible, máxime teniendo en cuenta que nos gustaría regular más aspectos relacionados con el empleo de personas con discapacidad que el hecho importante en sí, pero limitado a la calificación y el registro. Creemos que habría que aprovechar para dar una regulación más amplia a otros aspectos relacionados con el empleo con discapacidad.
Nos gustaría –y lo vamos a intentar– que fuera dentro del próximo año. En el 2014 pensamos contar con ese decreto. En cualquier caso trataremos de que sea lo antes posible, teniendo en cuenta la complejidad de los procedimientos administrativos de esta naturaleza.
No obstante, lo hemos incluido entre nuestras prioridades, porque hay una previsión legal, aún a día de hoy incumplida. Y aunque tampoco es una demanda urgente por parte del sector –tuvieron ustedes ocasión de comprobarlo en la reciente comparecencia del EHLABE en este Parlamento–, sí es cierto, como usted, señor Itxaso, ha reconocido, que hay varias organizaciones que desean registrarse como centro especial de empleo.
En estos momentos, que nosotros conozcamos, hay presentadas ocho solicitudes de calificación como centros especiales de empleo: cuatro solicitudes en Bizkaia, una en Gipuzkoa y tres en Araba. A la luz de la legislación anterior hasta la transferencia de la materia, quizá en un previo análisis algunas de ellas no cumplirían los requisitos.
Como bien sabe, hasta el 31 de diciembre del 2010, fecha en la que se produce la transferencia de las políticas activas a Lanbide, la solicitud de calificación como centro especial de empleo se presentaba ante cada una de las direcciones provinciales del SEPE, del Servicio Estatal Público de Empleo, en cada uno de los tres territorios históricos. Una vez presentada la solicitud, previa elaboración de un informe técnico que comprobaba básicamente el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Decreto 2273/1985, regulador de los centros especiales de empleo, la dirección provincial del SEPE dictaba una resolución en la que concedía o denegaba el reconocimiento solicitado.
El Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, de centros especiales de empleo, se estableció porque se había detectado que la política de integración de las personas con discapacidad debía pasar de lo meramente asistencial a la integración laboral, requiriendo la regulación de la materia. Este decreto con el reconocimiento como centro especial de empleo permitía acceder también a las ayudas establecidas en la norma, las mismas que están vigentes en la actualidad.
Evidentemente, las solicitudes se presentan para la actividad desarrollada en el ámbito del territorio histórico para el que la entidad estaba acreditada.
Hoy nosotros entendemos que además debemos dotarnos de un marco jurídico de carácter integral en el tratamiento de todos los aspectos relativos al apoyo del empleo en el ámbito de la discapacidad.
Creemos que el modelo vasco, que integra no solamente los centros especiales de empleo sin una especificidad propia como son los centros ocupaciones e incluso el empleo ordinario con apoyos, es un modelo ejemplar, es un modelo específico y es un modelo que funciona y requiere quizás un marco legal adecuado.
Con fecha 1 de enero del 2011 entró en vigor la transferencia, pero, como usted mismo ha reconocido, no se creó entonces el marco administrativo necesario para la calificación y el registro de los centros especiales de empleo.
Sí es cierto que se elaboró un primer documento, un primer borrador que no llegó más allá.
A la llegada al Gobierno nos encontramos, por lo tanto, con una propuesta que estaba a nivel de borrador y que las propias entidades del sector pensaban o consideraban que debería ser modificada en algunos aspectos. Nosotros mismos iniciamos una evaluación que esperamos completar con diversos estudios que estamos elaborando a ese efecto para, en la medida de lo posible, dar con la mejor regulación para el sector.
Nuestra intención actual es estudiar la posibilidad de elaborar un marco legal propio, un decreto, que, como decía antes, no sólo aborde la cuestión de la calificación de los centros especiales de empleo, sino que contemple la cuestión del empleo de las personas con discapacidad en su conjunto, es decir, que aborde también el mantenimiento de puestos en centros especiales de empleo, las unidades de apoyo, el empleo en empresa ordinaria, la fórmula de convocatorias de ayudas anuales o la regulación de empresas con ánimo de lucro que aspiran a articularse como centros especiales de empleo.
En este sentido hay experiencias como la de Aragón, que nos parece ilustrativa, donde estas empresas –las empresas con ánimo de lucro– han de ir de la mano de una entidad sin ánimo de lucro para acceder a ese registro de centro especial de empleo.
También hay que evaluar la oportunidad o no de establecer un procedimiento único de calificación para todo Euskadi. Esto último implicaría, entre otras cosas, revisar en algunos casos las calificaciones existentes que quisieran ampliar su ámbito territorial. Hasta ese momento, los directores de los servicios provinciales tenían cada uno de ellos un procedimiento, y el procedimiento no era homogéneo en los tres territorios.
Son temas que, como ve, requieren de un profundo estudio, tanto en lo jurídico como también en lo económico. Son muchas las cuestiones que hay que contemplar, y la producción legislativa nunca es sencilla y requiere tiempo.
Como he dicho, hemos iniciado los trabajos previos, hemos abordado la elaboración de un primer estudio para la creación de ese marco administrativo. Por otra parte, hemos tenido contactos con EHLABE y con Berezilan para abordar este tema, especialmente con EHLABE, que es la asociación que agrupa a siete entidades con centros especiales de empleo de los tres territorios de Euskadi, agrupando a más de cien centros de trabajo.
Nuestra intención es acometer cuanto antes la revisión y el desarrollo de la normativa en materia de discapacidad. Hemos iniciado los trabajos a pesar de que las prioridades de Lanbide y las de los propios centros durante este año han sido otras. La prioridad ha sido poder sacar adelante todos los programas y subvenciones pendientes del ejercicio del 2012 y las correspondientes a este año, al 2013.
En las diversas reuniones que hemos mantenido con el conjunto de entidades que representan a los centros especiales de empleo, la prioridad expresada por ellas era también ésa, la de intentar que el año 2013 –al ser un año de transición de un Gobierno a otro– la máquina no se parara y los decretos de subvenciones, las convocatorias, salieran adelante lo antes posible para que los centros especiales de empleo pudieran funcionar y no se generaran, como podía venir ocurriendo en algunos casos, gastos financieros que no ayudaban en nada a las entidades y que servían en todo caso para enriquecer al sector bancario y que tenían muy poco impacto, evidentemente, en el ámbito de las personas con discapacidad.
Nada más y muchas gracias.