MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2014-03-13):
Sí, muchas gracias presidenta.
Ésta es una iniciativa contra la impunidad de ETA a favor de la justicia, a favor de las víctimas del terrorismo, a favor de la sociedad decente y en contra de las mentiras de ETA y de quienes les acompañan.
El pasado día 28 de diciembre, el colectivo de presos de ETA emitía un comunicado en el que reconocía el sufrimiento y daño multilateral generados como consecuencia del conflicto y donde se mostraba dispuesto a estudiar la posibilidad de que el proceso –todo son palabras de ellos– que culmine con la vuelta a casa se efectúe de manera escalonada mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial.
El objetivo es sin renunciar a su historia y sin petición de perdón, salir cuanto antes de la cárcel. Éste es el objetivo fundamental de los presos de ETA y de algunos servicios auxiliares que les acompañan. Creo que a día de hoy podemos estar todos básicamente de acuerdo que ellos tienen ese objetivo.
Asimismo, afirmaban los presos que podrían aceptar que su excarcelación se produjera utilizando cauces legales.
En ese comunicado, los presos decían aceptar el nuevo escenario y manifestaban su renuncia expresa al método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos.
"Asumimos –decían– toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias de las acciones y mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes" añadían.
El colectivo de presos afirmaba en ese comunicado que "somos rehenes de los estados español y francés y a través de sus funcionarios sufrimos el acoso del sistema carcelario construido para aniquilarnos a nosotros y a nuestros familiares". Y reclamaban que los procedimientos judiciales sean revisados y evaluados y reparado el daño causado.
Sobra decir que nosotros no queremos aniquilar a nadie, sino que lo que queremos hacer es que se haga justicia en Euskadi y en el conjunto de España.
Tras criticar la práctica de la tortura y la política carcelaria, añadía el comunicado que "los enemigos de la libertad de Euskal Herria, que hoy son enemigos de la paz, pretenden ahogar entre los muros de la prisión el proceso democrático que la ciudadanía vaca trata de llevar hasta el final".
Sobra decir otra vez que no pretendemos ahogar a nadie en ningún lado. Pretendemos que se haga justicia, que se aplique la legalidad vigente en definitiva.
El colectivo se mostraba dispuesto a tratar de que el proceso de solución a la cuestión de las personas presas sea escalonado basado en compromisos individuales y en tiempo prudencial. Es decir, salir cuanto antes de la cárcel.
"Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa –otra vez volver a casa otra vez la excarcelación–, nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena".
Es decir, el objetivo de ETA es la impunidad. El objetivo de ETA es que los presos salgan cuanto antes de la cárcel sin reconocimiento del daño causado, sin petición de perdón a las víctimas del terrorismo y a la sociedad, y sin colaboración con la justicia.
Desgraciadamente, es falso que quieran reinsertarse. Ojalá quisieran reinsertarse pero es falso que quieran reinsertarse. Sólo quieren impunidad y salir cuanto antes de la cárcel. Por lo tanto, nuestra obligación es recordarles a ellos, pero también al Gobierno, qué es lo que dice la ley para condicionar cualquier tipo de beneficio penitenciario al cumplimiento de lo que marca la ley, nada más y nada menos.
Su objetivo decía ser "buscar un amplio consenso que posibilite nuestro regreso a casa –otra vez su regreso a casa, otra vez las excarcelaciones– enmarcado en un proceso integral que no pongan cuestión nuestro carácter ni dignidad política".
Leído el comunicado, es obvio que no hay en él un atisbo de arrepentimiento ni gesto alguno de solicitud de perdón a las víctimas. Si no hay arrepentimiento y si no hay petición de perdón, no puede haber reinserción y no puede haber tampoco beneficios penitenciarios; sin arrepentimiento y sin petición de perdón, no puede haber reinserción.
El comunicado está plagado de las mentiras habituales desplegadas históricamente por el mundo de ETA. Realiza un ejercicio de victimismo insoportable para la sociedad democrática y presenta a los presos etarras condenados por delitos tipificados en el Código Penal como presos políticos, luchadores por la libertad y rehenes de los estados español y francés. Todo esto se dice en ese comunicado.
Es obvio que el colectivo de presos, con aquel comunicado y en general el mundo de ETA con sus distintas representaciones y actos, están presionando y están exigiendo al Gobierno de España tanto más ventajas políticas como resquicios legales para alcanzar la excarcelación de los presos. Está bien que acepten la legalidad, Nosotros pedimos que se aplique toda ella y se lo pedimos al Gobierno de España.
Es ante esta pretensión de lograr impunidad para los terroristas o una reducción de penas ante lo cual UPyD presenta esta iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno de España a que en el desarrollo y la aplicación de la política penitenciaria que aplique a los presos condenados por terrorismo y para evitar cualquier tipo de impunidad o injusticia, aplique rigurosa y estrictamente el Código Penal, la Ley General Penitenciaria y el reglamento penitenciario, cosa que, en nuestra opinión, no lo ha hecho el Gobierno de España, de modo que se condicione la obtención de cualquier tipo de beneficio penitenciario al cumplimiento por parte del preso de todos los requisitos legalmente establecidos sin excepción que, por otro lado, son requisitos perfectamente democráticos y perfectamente entendibles.
Desvinculación definitiva de la banda terrorista, petición de perdón a sus víctimas. Por cierto, el perdón tiene que ser público. El daño cometido es público, el daño cometido es contra la sociedad, contra la paz social, contra la convivencia. Por lo tanto, el perdón tiene que ser público.
Asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue condenado y colaboración fehaciente y acreditada con las autoridades y la justicia que permita además resolver los crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución, a día de hoy más de 300. Ya digo, requisitos absolutamente razonables y entendibles.
Si los presos de ETA no quieren cumplir estos requisitos, lo lógico es pedirle a Gobierno de España que no aplique ningún tipo de beneficio penitenciario. Pero ha ocurrido. Se han concedido beneficios penitenciarios a lo largo de los últimos tiempos a presos que no habían cumplido estos requisitos.
Lo cierto es que una iniciativa semejante fue debatida en esta Cámara a propuesta de UPyD en junio de 2012 y no fue apoyada por ningún grupo. Ante la pretensión de ETA y del mundo de ETA de tratar de lograr impunidad para sus presos, defendemos esta iniciativa para defender a las víctimas del terrorismo y la justicia que implica el cumplimento estricto de la legalidad vigente, sin trampas…
...defendemos esta iniciativa para defender a las víctimas del terrorismo y la justicia, que implica el cumplimiento estricto de la legalidad vigente, sin trampas de ningún tipo, rigurosa y estrictamente, cosa que, por cierto, ayudaría a esclarecer los crímenes cometidos por ETA. Si de verdad se quiere hacer justicia, impedir que haya ningún tipo de impunidad y lograr que sean aclarados todos los crímenes cometidos por ETA, todos los grupos deberían votar a favor.
Tras el comunicado del 28 de diciembre y su anuncio posterior de solicitar excarcelaciones y beneficios penitenciarios e, incluso, vistas las noticias de los últimos días en relación a esta cuestión, es imprescindible, a nosotros nos parece absolutamente imprescindible recordar la legalidad vigente. Y recordar al Gobierno de España que debe aplicar esa legalidad vigente.
La legislación actual obliga a los presos de ETA a romper con la banda, pedir perdón a sus víctimas y colaborar con la justicia para que puedan acceder a beneficios o para que puedan ser excarcelados. Unos requisitos que van más allá de la asunción genérica del sufrimiento y el daño multilateral generado expresada en el comunicado.
El mayor beneficio penitenciario contemplado en la ley es la libertad condicional, que la otorgan los jueces y permite no volver a prisión. Los requisitos para acceder a la libertad condicional son estar clasificado en tercer grado penitenciario, haber cumplido las tres cuartas de la condena, y haber mostrado buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social.
Según establece el Código Penal, se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas.
La ley, por lo tanto, está clara porque, efectivamente, la muestra definitiva de que un preso está arrepentido, de que su petición de perdón si se produce no es falsa, y de que está reinsertado o puede reinsertarse en la sociedad es su colaboración con la justicia, cosa que prácticamente ningún preso hace.
La gran mayoría de los etarras no se arrepiente, no se ha arrepentido de sus actos. Si se niegan a colaborar con la justicia es que no están reinsertados ni quieren reinsertarse. Y además, no se cumple uno de los requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios establecidos en la ley.
El paso previo para acceder a la libertad condicional es el tercer grado penitenciario que, en la mayoría de los casos, permite salir todos los días de prisión con la única condición de volver al centro para dormir. La decisión de los grados de cumplimiento recae sobre Instituciones Penitenciarias.
El artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria señala que la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil, con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los términos del apartado anterior, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas.
Y, otra vez, que hayan colaborado activamente con las autoridades. Creo, por lo tanto, que la ley es clara. Y además, es una cuestión de justicia, es cuestión de garantizar que no haya ningún tipo de impunidad.
Esto es lo que nosotros les pedimos a ustedes y pedimos al Gobierno de España con esta iniciativa, que se cumpla la ley, que no permitamos que haya fraude de ley, que no permitamos que el Gobierno de España otorgue beneficios penitenciarios como ha ocurrido en el pasado, a presos de ETA que no se han arrepentido, que no han pedido perdón, que no han colaborado con la justicia.
Creo que, en fin, ya digo, la iniciativa es meridianamente clara, es de justicia. Decía al principio que es una iniciativa en contra de la impunidad, a favor de la justicia, a favor de la sociedad decente, a favor de las víctimas del terrorismo.
Nada más y muchas gracias.