ALDAITURRIAGA ZORROZUA (EAJ, 2013-01-31):
Eskerrik asko mahaiburu andrea.
No tenía previsto intervenir, señor Damborenea, pero no me puedo resistir a lo que usted está diciendo por tres cuestiones.
En el asunto de ahí de arbitraje, hay que recordarle que los acuerdos que se alcanzan en ese procedimiento para que tengan efectos tienen que pasar por el juzgado. Por tanto, en fin, estamos en el negocio de los árbitros en este momento, en esa materia.
...para el que tengan efectos tienen que pasar por el juzgado, por tanto, en fin, estamos en el negocio de los árbitros en estos momentos, en esa materia.
Dos cuestiones más. Nos ha acusado aquí de que no leemos la ley. Hay un asunto, el articulo 82 in fine, señor Damborenea, no sé si lo conoce, pero se lo recomiendo que lo lea y usted que es tan, digamos, meticuloso, le gusta tanto el tema de las tasas, la fiscalidad, etcétera, etcétera, fíjese lo que dice: "En caso de que no acompañase el justificante de pago –dice– la falta de presentación del justificante de autoliquidación (...) de manera la ausencia de su sanción de tal deficiencia, tras el requerimiento del secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación –y aquí viene lo bueno– o finalización del procedimiento, según proceda."
Es decir, aquí no actúa como en un caso de un pago de una tasa ordinaria, que se da traslado a Hacienda para que, digamos, vaya a la vía ejecutiva y actúe en consecuencia. No. Aquí lo que se está diciendo es un auténtico destrozo en los derechos del litigante. Se le impide la posibilidad de continuar el procedimiento y, por tanto, en derecho sabemos que cuando se pierde el procedimiento, por el tema de los fallos (...) se pierde el derecho, muchas veces.
Por tanto, es una, como decía antes en esta misma tribuna, eso sí que es poner auténtico precio a la justicia. Es decir, por un tema de una tasa se está cercenando el derecho de los particulares, señor Damborenea.
Hablaba también del tema de otra cuestión que referida que existen sentencias del Tribunal Superior de los Derechos Humanos sobre esa tasa, y es cierto. Pero se refiere a la sentencia del caso Kreuz contra Polonia en el año 2001, léaselo con detenimiento, porque dice que, textualmente, vamos a decir por aquí, dice:
"Que si bien un sistema de tasas no es per se contrario al derecho de acceso a la justicia, habrá que a atender a las circunstancias concretas del caso, y en particular a la capacidad económica del sujeto que pretende acceder a los tribunales".
Es cierto que hay la Ley de Tasas no exime, la que comentamos, del pago de las tasas a los que tienen derecho a la justicia gratuita, pero el Tribunal Europeo va más allá y obliga a evaluar la capacidad económica en cada caso.
Finalmente, señor Damborenea. ¿Qué le parece el siguiente caso? Que ocurre aquel padre familia, o aquella madre de familia, vamos, aquel responsable de familia numerosa, que tiene unos ingresos de 15.000 euros anuales y, por tanto, no es de aplicación del derecho de justicia gratuita, que quiere interponer una acción de responsabilidad por daños y perjuicios por importe de 1.200.000 euros. ¿Sabe usted lo que tiene que pagar de tasas? 5.800 euros.
¿Cree usted que se facilita el acceso a la justicia a alguien que tiene que destinar el pago de las tasas judiciales el 40 % de los ingresos brutos anuales? ¿Señor Damborenea, está usted de acuerdo con eso?
Nosotros creemos que de facto eso sí que es impedir el acceso a la justicia.
Besterik ez.