MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2015-06-11):
Gracias presidenta.
En junio de 2012, el Gobierno Vasco aprobó el Decreto de reconocimiento y reparación de las víctimas de la vulneración de derechos humanos producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política. Aquel Decreto no fue denunciado por ningún gobierno.
En octubre de 2013 el Gobierno Vasco, ya del Partido Nacionalista Vasco, reformuló dicho Decreto. El Gobierno de España denuncia esa reforma. La Abogacía del Estado interpone un recurso contra la reforma del Decreto.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tomado en consideración el recurso. Por lo que sabemos la lehendakaritza recurrirá finalmente al Tribunal Supremo para que avale su decreto, el Gobierno Vasco asegura que el 13 de mayo interpuso recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como paso previo al Supremo.
Fue el 29 de abril cuando la sala de lo contencioso-administrativo vasca notificó al Gobierno Vasco la estimación parcial del recurso planteado por la Abogacía del Estado contra la reforma del decreto. La Abogacía del Estado recurrió esa reforma asegurando que permitía reconocer a víctimas sin las pruebas necesarias, lo que evidenciaría los errores del decreto impulsado por parte del Gobierno Vasco.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le ha dado en parte la razón, anulando las novedades introducidas por el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, por no exigir pruebas fehacientes, es decir, informes médicos oficiales.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aprecia que no se garantiza la valoración objetiva y fehaciente de las lesiones de los potenciales beneficiarios y su origen. El Estado ha alegado y el tribunal ha asumido que no se exige una prueba fehaciente de las lesiones sufridas por los interesados, al admitir cualquier clase de informe médico.
El Gobierno Vasco alegaba que una comisión de valoración analizaría todas las solicitudes, un argumento que el tribunal ha desestimado por estimar que la comisión carece de los conocimientos médicos adecuados, puesto que no se trata de un tribunal médico ni está compuesto por médicos, luego, no garantiza, dice la sentencia, la exigencia de fehaciencia de las lesiones que se alegan.
El fallo determina, además, que el baremo que plantea la reforma para reconocer a una persona como víctima y proponer una compensación económica peca de genérico y carece de la definición necesaria para ser considerado realmente un baremo, con lo cual vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica.
Todo esto y alguna cosa más demuestra, en mi opinión, que el Gobierno Vasco evidentemente hizo mal las cosas, que elaboró una chapuza de decreto y que se equivocó gravemente. Demuestra, creo, además que lo que el Gobierno Vasco quizá perseguía no era tanto tratar de atender a unas determinadas víctimas, sino directamente la confrontación con el Gobierno de España.
Y creo que puede también evidenciar que lo que el Gobierno Vasco pretendía era, en fin, sacar adelante, llevar a cabo un acto propagandístico. Lo cierto es que rápidamente ha intercedido EH Bildu, como siempre lo hace cada vez que se tratan estas cuestiones, para contaminar la iniciativa y ensuciarla con su letra y con su firma.
No me voy a alargar, pero conocen las razones por las cuales digo esto, y creo que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi deberían decirlo claramente. Deberían recordar quiénes son y qué representan quienes han firmado esta iniciativa, y deberían ser exigentes en relación a EH Bildu.
Creo que sería interesante que ustedes recordaran nuevamente en esta Cámara o lo dijeran que EH Bildu no está legitimada para hablar de derechos humanos, es decir, que ustedes marcaran una línea roja para diferenciarse claramente de EH Bildu y para diferenciar a los partidos políticos democráticos de quienes no lo son.
Dicho esto, también quiero comentar alguna cosa en relación a la enmienda inicial del Partido Nacionalista Vasco. En esa enmienda, es curioso, el grupo Nacionalistas Vascos llama al Gobierno de España a no judicializar y obstaculizar la política de reparación a las víctimas del período 1960-1978. Ya, pero, si los decretos del Gobierno Vasco son manifiestamente legales, ¿Cómo no va a judicializarse el tema?
Es su obligación y, de hecho, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le ha dado la razón, al menos en algunas cuestiones que son muy importantes. Por lo tanto, en fin, creo que es evidente que el Gobierno de España tiene que estar atento a cualquier, a que vigile cualquier tipo de decreto que este Gobierno o cualquier otro pudiera aprobar.
De hecho, en fin, el propio Gobierno Vasco también lleva permanentemente determinados asuntos al Tribunal Constitucional por conflictos competenciales cuando considera que no se atienden las resoluciones judiciales o el ordenamiento jurídico.
En fin, el Gobierno Vasco ha anunciado que pretende convertir este decreto en ley, pretenden convertir este decreto en ley, al parecer, seguramente en otoño. Yo, en relación a esto, quiero decirles algunas cosas.
Y yo les digo que el calendario legislativo lleva un retraso considerable y que es posible que existan otras prioridades antes que la elaboración de esta ley y, por lo tanto, sería interesante que el Gobierno Vasco atendiera a cuales son los problemas reales de la ciudadanía, y a cada problema especifico le confiera la importancia que merece.
Quiero también decirle al grupo Nacionalistas Vascos y al Gobierno Vasco que no repitan torpezas como ésta, que no repitan la torpeza del decreto que ustedes han elaborado, que no repitan la chapuza de este decreto.
Estamos hablando de un periodo negro de nuestra historia, dictadura, unos años de la dictadura y estamos hablando de víctimas de excesos policiales que merecen nuestra atención. Por lo tanto, yo les pido a los miembros del Gobierno, al Gobierno Vasco al lehendakari, a los grupos políticos democráticos que no olviden que estamos hablando de un asunto muy serio y muy sensible.
Por lo tanto, hay que hacer las cosas bien, con el máximo consenso posible. Yo les pido que sean serios y rigurosos, que no acepten los planteamientos de la izquierda abertzale, que no defiendan la teoría del conflicto político, que no humillen a las víctimas del terrorismo, que busquen el consenso con los partidos políticos democráticos, que garanticen la seguridad jurídica de todos los decretos y leyes que decidan impulsar, que respeten el ordenamiento jurídico y que respeten las decisiones judiciales.
A día de hoy, por lo tanto, y en relación a esta cuestión es de momento, todo lo que tengo que decir. Si ustedes presentan ese proyecto, lo analizaremos en profundidad.
Gracias