GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2015-02-19):
Buenos días, señorías. Gracias, presidenta.
Bien, ya decía Confucio que quien comete un error y no lo corrige está cometiendo otro error muchísimo mayor. Y esto es exactamente lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en ese imparable afán privatizador de los servicios públicos.
Porque lo que en un primer momento parecía un empecinamiento personal den anterior ministro de Justicia, que consiguió concitar la oposición más absoluta a sus reformas en la Administración de Justicia, se ha consolidado como la evidencia y la confirmación de un despropósito.
El debate que vamos a sustanciar hoy no es nuevo, de hecho ya lo tuvimos el año pasado, concretamente, exactamente hará mañana un año en que este Parlamento, con los votos de todos los grupos parlamentarios, menos del grupo Popular, obviamente, y la abstención de UPyD, aprobó una enmienda transaccional en la que se reclamaba la retirada del anteproyecto que ponía la llevanza del Registro Civil en manos de los registradores y cuestionaba el mantenimiento de los juzgados de paz, y se posicionaba a favor del Registro como lo que ha sido hasta ahora, un Registro público, gratuito, y cercano y accesible a la ciudanía.
A esa ciudadanía, señorías, es decir, todos y cada uno de nosotros que día sí y día también se casa, se divorcia, adopta, tiene hijos, necesita una fe de vida, se muere o quiere heredar, y para ello acude a su registro, a su juzgado de paz, aquí, al ladito de su casa o lo solicita por Internet, y un funcionario le facilita cualesquiera de esos documentos o certificaciones que desee, sin cobrarle nada de nada.
Y va a dejar de ser así en breve si no ponemos coto a otro de tantos desmanes a los que nos viene acostumbrando el Ministerio de Justicia. A partir del 15 de julio, señorías, de eso nada de nada, serán los registradores de la propiedad y mercantiles quienes se encarguen de la llevanza del Registro Civil. Se va a poner en manos privadas lo que hasta ahora estaba en manos de funcionarios públicos, porque los registradores no, señorías, no son funcionarios públicos.
Y aunque se repita lo contrario a macha martillo y como un mantra, no por mucho repetir una mentira se convierte ni en verdad, ni en lo que la sociedad necesita, ni se va a creer, porque la privatización de una institución pública, como la del Registro Civil que supone también la eliminación de gran parte de las encomienda de los juzgados de paz como medida previa a su supresión, no se sostiene con ninguna de los argumentos que contiene la ley que la consagra en su larga, farragosa y autocomplaciente exposición de motivos.
Así que como tienen absolutamente claro todos y cada uno de los operadores jurídicos y lo han dejado claro, claro, como el agua clara, está ley no tiene justificación, porque todos los argumentos que se utilizan de manera falaz para defender lo indefendible, eran los que consolidaban la motivación de la Ley de 2011 que se pretende enterrar.
Traducido al esperanto. La Ley socialista, que se consensuo con todos los grupos del arco parlamentario, ya consagraba la desjudicialización, ya racionalizó la estructura del Registro, la informatización estaba realizada y el funcionamiento electrónico en marcha. También estaba instituida la demarcación registral con una atribución territorial de las oficinas del Registro, atendiendo a las necesidades poblacionales y a la estructura competencial propia de las comunidades autónomas.
Así que de racionalización y modernización nada de nada, señorías. Eso ya era un hecho con la Ley del Registro del 2011. Ustedes, los señores del Partido Popular utilizan el concepto de racionalización como si fuera la panacea del buen hacer, de lo que toca hacer, pero el contenido de racionalización no tiene un contenido, el concepto de racionalización no tiene un contenido propio por sí mismo, sino sólo en relación con los fines públicos que se pretenden y la adecuación de los medios para conseguir esos fines.
Y en esto, la Ley del 2011 era muy expresiva, muy, muy expresiva, al conformar en un Registro Civil al servicio del ciudadano, que lo que hacía era suprimir cargas administrativas y consagraba el principio de gratuidad.
¿Quién asegura, señorías, que la entrega de los registradores supone un avance en racionalidad? ¿Quién asegura, señorías, la gratuidad de ese servicio? Nadie, absolutamente nadie, nadie. Nunca se ha avanzado, señorías, poniendo en manos privadas servicios públicos. Nunca, jamás se ha avanzado alejando los servicios públicos de los ciudadanos, y esto es lo que va a pasar, sí o sí, con la privatización del Registro y la supresión de los juzgados de paz.
¿Y qué pasa, señorías, con las inversiones realizadas hasta ahora? No se explica en ningún momento, en ningún momento cómo va a compensarse al Estado la inversión pública ya realizada en esa modernización del Registro. ¿Dónde se va el valor añadido? ¿Dónde se va el coste público? En definitiva, en este asunto ganan los registradores y pierden los ciudadanos.
En cuanto al mantenimiento del Registro dentro de la Administración de Justicia, la desaparición de nuestros funcionarios encargados del Registro. ¿Qué pasa con esos puestos de trabajo? ¿Qué pasa con esos empleados públicos perfectamente formados, capacitados, especializados en la llevanza del Registro, que conocen perfectamente las herramientas del funcionamiento de servicio?
Que son sí, esto sí, funcionarios públicos sujetos a exigencias de confidencialidad y seguridad en la protección de datos personal. ¿Quién garantiza su continuidad? ¿Quién garantiza una prestación de servicio sujeto a principios de seguridad y de confidencialidad y gratuidad?
Se trata de garantizar el empleo público y por eso en el punto tres de esa enmienda de transacción que hemos firmado con Bildu establecemos lo siguiente:
"El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que, en el supuesto de la definitiva implantación del modelo previsto en la Ley 128/2014, de 15 de octubre, mantenga el compromiso de sostenimiento del empleo público, manteniendo la plantilla actual inscrita al Registro Civil y planteando, en su caso, un plan de readscripción, con el fin de reubicar los efectivos existentes en otras unidades y servicios de la Administración de Justicia".
Pero esto tendría que ser, señorías, una última opción, porque lo que estamos pidiendo también es que el Gobierno se moje, que el Gobierno se moje y negocie, que negocie la posibilidad de conseguir esas competencias ejecutivas, que promueva e impulse negociaciones que permitan la solución de competencias de gestión y ejecución o un título habilitante necesario que permita garantizar la permanencia de la Institución del Registro en sede de Administración de Justicia.
No vale con que el Gobierno diga que quiere competencias, con el Gobierno diga que exige competencias. No vale con que siempre se diga es que no me las dan, es que yo las peleo y el Estado me chulea. No, hay que trabajar y eso es lo que le estamos pidiendo al Gobierno con el punto cuarto de nuestra enmienda transaccional.
En definitiva, señorías, voy a ir acabando porque yo creo que de este asunto ya hemos hablado largo y tendido, y además creo que las posiciones de todos los grupos están claras, sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa del Registro, común y servicio público cercano y gratuito.
Se trata en definitiva de eso, de defender lo público. Se trata de defender la justicia de proximidad, se trata de defender el derecho de la ciudadanía a los servicios en condiciones de igualdad y todo eso es lo que recogemos en nuestra parte propositiva y en la enmienda transaccional que hemos firmado con Bildu, y a la que espero  - por lo menos en una mayor parte -  el apoyo del resto de los grupos.
Y no me queda más que agradecer a estos grupos su disposición para (...).
Muchas gracias.