MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-03-03):
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos, señoras y señores consejeros. Señor lehendakari.
Traemos a debate porque hemos sido varios grupos los que hemos decidido presentar mociones sobre la cuestión, el fraude en la contratación pública de comedores escolares.
La Autoridad Vasca de la Competencia ha emitido recientemente una dura resolución donde señala que siete empresas de catering han estado actuando durante años como un cártel, repartiéndose lotes y fijando al alza los precios de los concursos para el suministro de los menús de los comedores escolares de la red pública del Gobierno Vasco.
El escándalo afecta a la mayor contrata del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. La multa impuesta a las empresas afectadas por la Autoridad Vasca de la Competencia, la mayor de la historia, 18 millones de euros; que es una cantidad que, en todo caso, quedaría lejos de los beneficios que estas empresas habrían obtenido durante los años señalados por la Autoridad Vasca de la Competencia, más de 200 millones de euros de dinero público.
El sistema de contratación consistía en que las empresas que querían concurrir tenían que, primero, ser homologadas para ver si cumplían una serie de requisitos de solvencia económico-financiera y de adecuación de las instalaciones a la posibilidad de servir con garantías esos miles de menús diarios que se les pedía.
Para hacer esa homologación, se convocaba un concurso que curiosamente siempre ganaba la misma empresa. El laboratorio no tenía la categoría de ente homologador. El Gobierno convocaba luego el concurso dividido en una serie de lotes. A partir de ahí, concertación de precios y reparto de lotes por parte de las mismas empresas, y así durante años sin que ningún Gobierno haya movido un dedo para impedir estas prácticas fraudulentas.
La Autoridad Vasca de la Competencia denuncia que las prácticas que señala se habrían llevado a cabo durante al menos una década, y que no puede garantizar que dichas prácticas contrarias a la competencia, no comenzaran antes. Teniendo en cuenta que el sistema de contratación denunciado lo estableció el Gobierno Vasco años atrás, es razonable pensar que las irregularidades, los tratos de favor y el quebranto a miles de familias se producen desde entonces.
Frente a las declaraciones de la consejera de Educación insistiendo en que las familias no se han visto afectadas, la propia Autoridad Vasca de la Competencia señala que es difícilmente sostenible, que si ha habido un sobreprecio, no haya repercutido en parte en las familias.
Es una evidencia que se ha producido un quebranto millonario a las arcas públicas y que los perjudicados hemos sido todos los ciudadanos, y en concreto, las familias cuyos hijos acudían a esos centros públicos.
Las mismas empresas se llevaron los mismos contratos durante años y siempre al precio máximo de licitación. Una empresa privada examina y decide qué empresas pueden competir y presentarse a la contrata, la misma durante largos años, Laboratorios Araba. Además, ni el técnico del Gobierno Vasco estaba acreditado ni la empresa tenía acreditación para homologar a las empresas.
Por lo tanto, se ha producido un sobrecoste, como digo, de más de 200 millones de euros. Se ha beneficiado durante años a determinadas empresas. Se ha perjudicado gravemente a las familias de los centros públicos. Estos hechos fueron denunciados durante años, y lo cierto es que el Gobierno Vasco decidió no mover un dedo. Con lo cual, concluimos que el Gobierno Vasco, los diferentes departamentos de Educación de los últimos años, son responsables por acción o por omisión.
Estos son los hechos, y a partir de ahí, la parte propositiva que hemos incluido en la moción registrada. ¿Qué es lo que nosotros pedimos con esta moción? Lo que pedimos es que este Parlamento exija al Gobierno Vasco que exija, a su vez a las empresas sancionadas por la Autoridad Vasca de la Competencia, daños y perjuicios por los sobreprecios acordados actuando como un auténtico cartel para repartirse el contrato de suministro de los menús escolares.
Que modifique de cara al próximo curso, el sistema de adjudicación del servicio de suministro de menús escolares en la red pública de enseñanza, de tal forma que se evite el fraude y se garantice la calidad de los alimentos suministrados.
Proponemos también que el Gobierno respete la decisión de las comunidades escolares para elegir el modelo de servicio de comedor que quieran establecer en su centro, facilitándoles las condiciones necesarias para poder desarrollarlo.
Pedimos también que la multa de 18 millones de euros impuesta por la Autoridad Vasca de la Competencia a las empresas que suministran los menús escolares, repercuta directamente en los comedores de los colegios de la red pública, mejorando las instalaciones de los mismos y se aumente la dotación de las becas comedor; que investigue también a las empresas adjudicatarias del servicio durante la última década, para conocer si además de funcionar como un cartel organizado para repartirse el mercado y concertar los precios, han podido incurrir en otro tipo de delitos.
Esto es lo que nosotros hemos propuesto a través de esa moción, el resto de grupos que ha presentado moción, y otros grupos que han presentado enmiendas a estas mociones, presentan también, en nuestra opinión, interesantes aportaciones, entre ellas, evidentemente, pedir al Gobierno Vasco que remita a la Fiscalía anticorrupción la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia en relación al reparto concertado de los lotes del servicio de comedores de los colegios públicos.
Todas o casi todas las propuestas que plantean los diferentes grupos en relación a esta cuestión, son asumibles, creo que, por la mayoría de los grupos de este Parlamento, lo que hace falta ahora es que entre todos tratemos de llegar a una enmienda transaccional que recoja estas reivindicaciones.
Ha existido un fraude monumental durante largos años. Se ha producido un quebranto millonario en las arcas públicas, el Gobierno Vasco durante largos años prefirió mirar para otro lado, no movió un dedo para evitar este cártel. Siendo esto así, es lógico pensar que los diferentes grupos parlamentarios exigiremos responsabilidades al Departamento de Educación y al Gobierno Vasco, como digo, por no haber impedido este fraude monumental que ha perjudicado gravemente a los intereses de la ciudadanía vasca.
Como digo, esta es la moción presentada por UPyD, pero espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo en los próximos minutos, que pueda salir adelante con el voto mayoritario de los grupos de esta Cámara.
Evidentemente, pensamos que esto no puede quedar así, que este Parlamento tiene que estar a la altura de las circunstancias, tiene no solamente que denunciar el fraude cometido, no solamente tiene que denunciar la inacción de los diferentes gobiernos, sino que además tiene que plantear iniciativas proactivas para que esto no vuelva a suceder y, evidentemente, remitir el escrito de la Autoridad Vasca de la Competencia a la Fiscalía anticorrupción para que pueda analizar los posibles delitos que habrían incurrido las diferentes empresas o el propio departamento o departamentos del Gobierno Vasco.
Espero por lo tanto, como digo, que en los próximos minutos lleguemos a un acuerdo transaccional. Yo todavía no he podido hablar, ni conversar con el resto de portavoces, creo que no habría ningún tipo de problema en el caso de que esté firmada la transaccional, como parece que lo está, evidentemente la observaremos con mucha atención para ver si efectivamente ahí están recogidas las principales reivindicaciones de los grupos, que espero, en todo caso que así sea.
Nada más y muchas gracias.