LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (San José López) (EAJ, 2017-02-17):
Eskerrik asko, presidente andrea.
Efectivamente, señora Castelo, el próximo día 22 se va a celebrar en Madrid la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia que, como usted sabe, es el órgano de colaboración entre la Administración del Estado y las administraciones de las comunidades que tienen competencias transferidas en materia de provisión de medios materiales, económicos y personales necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Y en ese foro vamos a tratar, entre otros, en asunto relativo al Registro Civil.
A mí, como consejera del Departamento de Trabajo y Justicia, me corresponderá defender la posición del Gobierno Vasco en esa reunión, posición que puedo asegurarle, señora Castelo, que es bien nítida y consecuente. Vamos a defender en Madrid lo que defendemos aquí y que está perfectamente en línea con lo que el Parlamento aprobó en la pasada legislatura, concretamente, en los plenos de 20 de febrero del 2014 y 19 de febrero de 2015.
En le reunión del próximo 22 de febrero voy a defender ante el ministro de Justicia y entre los representantes del resto de las comunidades autónomas un Registro Civil público, gratuito, cercano y accesible, electrónico y al servicio de la ciudadanía.
Un Registro Civil público y gratuito porque, sin duda, los caracteres esenciales que definen a los servicios públicos son la gratuidad y la utilidad pública. Un Registro Civil integrado en la Administración de Justicia, y digo esto expresamente porque, aunque la ley prevé su desjudicialización, ello solo debe entender en el sentido de que sus encargados ya no serán los jueces y juezas y magistrados y magistradas, que habrán de dedicarse a la función jurisdiccional, es decir, a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Señorías, esta medida implicaría, a juicio de este Gobierno, incluir a los letrados y letradas de la Administración de Justicia que han de encargarse del Registro Civil en la transferencia de la Administración de Justicia.
Un Registro Civil con mantenimiento de todos los puestos de trabajo existentes en la actualidad, respetando la actual estructura de oficinas de Registro Civil en cada partido judicial y los juzgados de Paz, y potenciando las agrupaciones de secretarias de juzgados de paz, porque estos son, en nuestra opinión, un elemento indispensable para garantizar la justicia de proximidad.
Y finalmente, un Registro Civil electrónico, moderno, en el que desaparezcan los libros físicos y un registro digital, con asientos informáticos y firma electrónica.
También quiero compartir con ustedes un relato del recorrido que nos ha traído hasta aquí. Durante la legislatura 2011-2015, el Partido Popular aprobó en solitario la asignación del Registro a los registradores de la propiedad y mercantiles, mediante la Disposición Adicional Vigésima del Real Decreto Ley 8/2014.
Este intento de privatización fue rechazado por los trabajadores y trabajadoras del Registro Civil, por numerosísimos ayuntamientos y parlamentos autonómicos, como, por ejemplo este, y que, como he señalado antes, se posicionó claramente en contra en dos ocasiones, por asociaciones profesionales y sindicales, por los operadores jurídicos y por partido políticos, lo que finalmente y afortunadamente provocó su derogación.
Por ello, espero que cuando el próximo 30 de junio entre en vigor la ley 20/2011, de 21 de julio, su aplicación esté en línea con los principios que voy a defender en Madrid. Aspiro, en definitiva, que tengamos una ley del Registro Civil en sintonía con países de nuestro entorno y acordes con las exigencias del siglo XXI.
Eskerrik asko.