ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUAK (Toña Guenaga) (EAJ, 2016-06-03):
Mahaiburu andrea, sailburuak, legebiltzarkideok, eguerdi on berriro. Eta Blanco andrea estimatua.
2013ko maiatzaren 24an orduko Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburu zen Juan Mari Aburtok erantzun zuen gaur galdetzen didazun antzeko galdera bat, 2012ko urriaren 11ko Aginduaren inguruarena, alegia. Ordutik hona izan den desberdintasuna, hau da, zuk aipatu duzuna, Etxebizitza Legea ez zegoela indarrean.
Lehenik eta behin, gogora ekarri nahi dut 2012ko Agindu hau aurreko lege aldian onartu zela eta honen bidez, etxebizitza eskatzaileen erregistroa arautzeaz gain, babes ofizialeko etxeak eta etxebizitza dotazionalen esleipena  - adjudikazioa -  ere arautzen dela.
Se ha referido usted, señora Blanco, a otros colectivos aunque es verdad que el colectivo más importante es de los colectivos de irregulares, el de los extranjeros, con los que comparto que ciertamente aportan mucho más de lo que algunos colectivos quieren decirnos que nos quitan.
En el Capítulo II de la Orden que regula la inscripción registros de solicitudes, y en concreto en los artículos 8, 9 y 10, se disponen los requisitos y excepciones a estos, y los requisitos de las personas extranjeras.
Y en relación a las personas extranjeras, el artículo 10 de la Orden que hemos dicho  - que hemos citado -  determina los requisitos exigidos para su acceso al registro de solicitantes de vivienda, siendo el primero de ellos el de estar en posesión de una autorización de residencia en vigor. A ello me referiré más adelante.
2014eko maiatzean azaldu zen moduan, Euskal Erkidegoak etxebizitza arloan osoko eta berariazko eskumena du  - competencia plena y exclusiva -  Autonomia Estatutuaren 10. artikuluak jasotzen duen moduan.
Baina etxebizitza alorrean dugun eskumenaren garapenak inmigrazio politikoei eragiten dionean, 4/2000 Lege Organikoa, Estatukoa izan behar dugu kontutan, derrigorrez, nahita nahiez. Izan ere, lege organiko horren bidez, atzerritarren gizarte integrazioaz gain, hauen eskubide eta betebeharrak arautzen baitira.
Y en este sentido, le voy hacer un sucinto repaso sobre la normativa relativa a los derechos de las personas extranjeras en el Estado y la evolución a peor que ha sufrido en la misma en los últimos 16 años.
Y le anticipo que supongo  - y supongo bastante bien -  que nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados estará en condiciones de que, si se dan las condiciones y se solicita modificar algunas de las recortes que se han introducido en la leyes orgánicas que afectan a los derechos de los extranjeros y de los inmigrantes, lo votará y lo valorará muy positivamente.
Pero, entre tanto, nosotros cumpliremos la normativa que está en vigor y que tenemos la obligación de cumplir. No somos ni queremos ni vamos a ser desobedientes en estas cuestiones. Creo que el rigor institucional y el rigor del cumplimiento legal es una característica que es propia de este Gobierno y que quisiera que fuese propia de este Parlamento, que creo que lo es, sinceramente.
En su primera redacción, el artículo 13 al que me refiero, relativo a los derechos en materia de vivienda, determinaba que las personas extranjeras residentes y las que figuraban inscritas en el padrón tenían derecho a acceder al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones. Es decir, las personas que se encontraban en situación irregular pero figuraban inscritas en el padrón municipal tenían derecho a acceder al sistema público.
Pero es importante reseñar que, a tenor de lo establecido en la propia ley orgánica, había que entender como situación irregular el no haber tenido la prórroga de estancia, al carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la autorización, siempre que no se hubiese solicitado la no renovación en plazo.
Solo unos meses después, en diciembre del 2000, se modificó el artículo 10 omitiéndose la referencia relativa a las personas extranjeras que se encontraban inscritas en el padrón municipal. Y en consecuencia, el acceso al sistema público de vivienda quedaba vinculado a la obtención de la residencia temporal o de larga duración. Empezamos con los recortes  - serios recortes -  que nos obligan...
...el acceso al sistema público de vivienda ha quedado vinculada a la obtención de la residencia temporal o de larga duración, (...) con los recortes, serios recortes, que nos obligan a la Ley de Vivienda que les obliga a la ley que se aprobó en este Parlamento.
La última modificación se produjo en el año 2009, y en ella se equipara el derecho al acceso al sistema público de ayudas en materia de vivienda a las personas extranjeras residentes de larga duración.
Por lo tanto, la conclusión que debe extraerse es que en el momento de ejercitar la competencia normativa para regular el acceso al sistema público de vivienda vasco, tenemos obligación de respetar los principios establecidos en la referida ley orgánica, nos guste o no guste, lo digo por activa y por pasiva.
Y por ello la orden que regula el registro de solicitantes de viviendas protegidas y alojamientos dotacionales, cumple con lo estipulado en aquella ley, no podía ser de otra manera. Por otro lado, la decisión de introducir dichos requisitos se tomó como consecuencia de la necesidad de abordar la cuestión de referencia que estaba ocasionando problemas prácticos en las delegaciones territoriales de vivienda.
En este punto, me gustaría destacar además, que para establecer la nueva regulación se contó con el asesoramiento específico del Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural Biltzen, servicio entonces y ahora vinculado a la Dirección de Inmigración del Gobierno Vasco, que también evidentemente, contra seguramente su voluntad, tuvo que respetar la ley orgánica que es una ley de bases.
Además, se daba una contradicción. Por un lado tenía que adjudicarse una vivienda de protección oficial cuya principal característica reside en la utilización de la misma como domicilio habitual, tal como lo establece el Decreto 39/2008 sobre Régimen Jurídico de Viviendas de Protección Pública; y por otro lado, dichas personas no tenían permiso de residencia, permiso que otorga otra administración, en este caso la estatal, tal y como le hemos señalado anteriormente.
No obstante, hay que decir que la actuación del Gobierno Vasco ha ido más allá de lo estipulado en la ley orgánica, y efectivamente, se exige para su inscripción la posesión de una autorización de residencia en vigor, pero se posibilita a las personas extranjeras con autorización temporal que se inscriban en el registro de solicitantes de vivienda que puedan inscribirse en el registro en régimen de arrendamiento no en régimen de compra.
Y por lo tanto, la orden de 15 de octubre de 2012 otorga una mayor protección dentro del cumplimiento de la Ley de bases de la Ley orgánica a las personas extranjeras con una autorización temporal que la contempla el artículo 13 de la Ley Orgánica Estatal.
Eskerrik asko.