SÉMPER PASCUAL (PP, 2015-10-22):
Eskerrik asko presidente andrea. Egun on guztioi. Señor lehendakari, buenos días.
Una vez más este Parlamento, señorías  - y no es un lamento, sino que es una descripción de la realidad - , se convierte en tercera Cámara. Está el Congreso de los Diputados, está el Senado y también está el Parlamento Vasco para debatir sobre aspectos como los de hoy se somete a consideración de esta Cámara. No hay acción de control al Gobierno, sino que hoy venimos a hablar de otras cosas.
Sorprende  - es verdad, como decía el señor Pastor, si cabe como cuestión previa - , que quienes no sólo no creen en el Tribunal Constitucional y quienes no sólo no creen en el Estado social y de derecho en el que se articula España, muestren no preocupación por las formas en las que el Tribunal funciona o los poderes del Estado funcionen en relación al Tribunal constitucional, no sólo preocupación, sino lo que quieren ustedes es cargárselo.
Y entiendo que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid o el Bidasoa por Irún, cualquier oportunidad es buena. Pero nos vemos una vez más en la obligación en esta Cámara de insistir sobre lo obvio, de reivindicar lo obvio, de proteger lo obvio, en definitiva, de intentar hacer efectivo lo obvio.
Y con su permiso, señor Arraiz, voy a derivar el debate otra vez en el objeto que estaba planteando a través de la iniciativa, que no es debatir sobre la independencia de Euskal Herria ni de Cataluña, que no es debatir, bueno, debatamos sobre separación de poderes y debatamos sobre la buena salud de nuestro Estado de derecho. Hagámoslo, no hay ningún problema.
Pero de lo que estamos hablando aquí es de una reforma de una ley orgánica para que un tribunal pueda hacer efectivas sus resoluciones. No estamos hablando de otra cosa. No se está hablando ni de separación de poderes, ni se está hablando de... No son ésas las consideraciones.
Se ha hecho una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que las resoluciones, para que las sentencias del Tribunal Constitucional sean efectivas. Algo que parece razonable en una Estado de derecho, que, por cierto, hacen otros estados también sobre los que nadie  - por lo menos, en esta Cámara yo no he oído -  ha proyectado una sombra de sospecha.
Lo hace Alemania, que tiene herramientas jurídicas también para hacer efectivas las resoluciones de su tribunal constitucional, lo hace Austria, en buena medida también lo tiene Italia. Es decir, lo hacen países de nuestro entorno, que probablemente para EH Bildu no sean democráticos tampoco, pero lo hacen países de nuestro entorno, de occidente, que se dotan de herramientas para que las resoluciones judiciales, también las de los máximos órganos de interpretación constitucional, puedan hacer efectivas sus resoluciones.
Pero al final, la madre del cordero  - si me permiten la expresión -  o el origen de toda esta historia es efectivamente lo que decía el señor Arraiz. Hay un cuestionamiento del Estado democrático de derecho que significa España, que ustedes lo cuestionan. Cuestionan tanto que se atreven a decir en esta tribuna que estamos peor que hace 40 años. Parece cierta nostalgia, señor Arraiz, sus manifestaciones, porque EH Bildu dice que estamos peor que hace 40 años.
Quizás ustedes estén peor que hace 40 años, eso es cierto. Quizás ustedes estén peor que hace 40 años, porque el Estado democrática de derecho, que es España, se ha consolidado. Es un Estado democrático y de derecho que, con la Constitución Española y con el Estatuto de Autonomía en Euskadi, articula la convivencia de los vascos que ustedes rechazaron desde el principio. Que rechazaron desde el principio y que otros intentaron derribar a base de violencia y, afortunadamente, ha vencido el Estado democrático de derecho.
¿Que necesita ser perfeccionado y continua evolución? Sin duda, pero ha vencido a quienes pretendían cargárselo. Y, por lo tanto, entiendo que si algún sentido tiene esa manifestación de que estamos peor que hace 40 años, o es nostalgia, señor Arraiz, que es nostalgia  - que todo puede ser - , o es meramente una descripción de cuál es su situación.
Y como cuestión previa también  - porque creo que hace falta decir - , la legalización de Sortu, dicho de una manera poco técnica, a través de sentencia del Tribunal Constitucional, yo no creo que estuvo sustentada en intereses políticos  - que los había -  en torno a esa resolución judicial, sin duda.
Esa resolución judicial se produce en los términos que se produce porque ustedes hicieron lo que tenían que hacer y si hubieran tenido que escribir el Ave María lo hubieran escrito en esos estatutos. Aceptaron el ordenamiento jurídico, aceptaron lo que España, lo que el Estado democrático y de derecho pasaron de la épica revolucionaria a la aceptación de las normas, por lo menos por escrito, por lo menos por escrito. Eso es lo que hicieron ustedes.
En cualquier caso, para centrar también el debate. Lo que esta reforma pretende, lo que esta reforma pretende conseguir es que el Tribunal Constitucional pueda hacer efectiva, lo decía antes, la facultad que por ejemplo le concede el artículo 117.3 de la Constitución Española para hacer ejecutar lo juzgado, que la ley orgánica antes de la reforma no lo contemplaba.
Se trata de que el Tribunal Constitucional  - y fíjense de lo que estamos hablando -  garantice algo tan importante, tan importante en un Estado democrático de derecho, como que la tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 24.1 de la Constitución Española sea una realidad también para las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Se trata con esta reforma de que el Tribunal Constitucional pueda hacer efectivo también el artículo 164.1 de la Constitución Española para que las resoluciones tengan efecto.
Se trata de reforzar y hacer efectivo lo que ya contemplaba la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional antes de la reforma en su artículo 92, sobre la posibilidad de intervenir por parte del Tribunal Constitucional en la resolución de sentencias, que lo hacía de una manera indiciaria, que era una mera declaración de principios.
Por lo tanto, por lo tanto y entiendo que ésta es, éste es el origen de la discrepancia, se trata de que el Estado de derecho dote de herramientas al máximo órgano, al Tribunal Constitucional para conseguir o garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y de los poderes públicos. De los ciudadanos y de los poderes públicos.
Insisto, herramientas que ya de las que están dotados también estados poco sospechosos, supongo, a ustedes supongo que no, porque son también sospechosos, como Alemania, Austria, Italia, etcétera, etcétera.
Pues bien, entremos al detalle muy brevemente de cuál es el objeto de la tremenda reforma. ¿Qué es lo que dice esta reforma que se quiere cargar la división de poderes que pretende poner patas arriba el Estado de derecho? ¿Qué es lo que dice la reforma? Vamos a entrar al detalle, porque una cosa es el discurso político y otra cosa es la realidad jurídica, qué es lo que dice la norma escrita y qué es no sólo las interpretaciones, que ya muchas veces nos interpretan, yo creo que hay invenciones.
Y fíjense, dice que "para lo no previsto expresamente en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en materia de ejecución, será aplicable supletoriamente la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo". Que levante la mano el primero que vea dónde se carga alguien la separación de poderes, por favor.
"En particular el Tribunal Constitucional podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario. El Tribunal Constitucional, en este caso, podrá recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones que lo presten con carácter preferente y urgente". Como hace cualquier otro tribunal.
"En caso de advertirse, en caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, se dota al Tribunal Constitucional de herramientas para solucionar esta anomalía". ¿Cuáles son esas herramientas? "Imponer una multa coercitiva, de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal". Esto le tiene que preocupar al que quiera incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional.
"Acordar la suspensión en sus funciones el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal", como por cierto hacen otros muchos tribunales ordinarios.
"Y la ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales", es decir, que también el Tribunal pueda requerir la colaboración del Gobierno de la Nación a fin de que en los términos fijados por el Tribunal adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones.
No sé, no parece que aquí se esté nadie cargando la separación de poderes, ni el Estado de derecho.
Y para terminar, señora presidenta. El señor Pastor hacía algunas referencias a otros, bueno, a gente que se ha pronunciado en contra de esta reforma. Bueno, es lo que tiene la libertad y el Estado de derecho, que hay algunos que sí les parece bien, otros les parece mal y se pronuncian.
Pero es que no sólo la Asociación Profesional de Magistratura se han manifestado a favor de esta reforma, no sólo el Foro Judicial Independiente se ha manifestado, sino que también importantes catedráticos de derecho constitucional...
No sólo el Foro Judicial Independiente se ha manifestado, sino que también importantes catedráticos de derecho constitucional, que nadie proyectará una sombra de sospecha al menos sobre alguno de ellos, sobre vinculaciones políticas no precisamente con el Partido Popular, como Francesc de Carreras o Jorge de Esteban, se han pronunciado también a favor.
Quiero decir, que aquí como en botica, hay a quien les ha padecido bien, menos bien, regular o mal. Pero lo que es una realidad y lo que parece sorprendente es que el Tribunal Constitucional de España, Tribunal Constitucional en un Estado de derecho, no tuviera herramientas, no se hubiera dotado de herramientas para hacer efectivas sus resoluciones. Parece sorprendente pero eso sucedía.
Y a quienes más les preocupa que esto sucediera o deje de suceder mejor dicho, es a quienes están dispuestos a no cumplir con las sentencias judiciales. Y no estamos hablando de ciudadanos particulares, que también; estamos hablando de poderes públicos que son además representantes del Estado, que deben ser además garantes del cumplimiento de la ley también de las prescripciones constitucionales, los que se oponen de una manera más furibunda a esta reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y eso debería de hacernos reflexionar.
Muchas gracias.