HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2013-05-10):
Eskerrik asko legebiltzarburu andrea.
Arregi anderea, ondo diozunez, bizi dugun krisi ekonomiko hau pertsona eta familia askoren egoera ekonomikoa ahultzen hasita dago eta horren ondorioz, horietako batzuk hipotekaren kuotei edota etxebizitzaren alokairuari aurre egin ezinik gelditzen ari dira. Gauzak horrela, exekuzio hipotekarioaren eta desahuzioen kopurua nabarmen igotzen ari da bai Estatu espainolean eta baita Euskadin bertan ere.
La solución definitiva a este problema sólo puede venir de la mano de una reforma profunda de la legislación hipotecaria, pero eso, como bien señalaba usted, no está hoy por hoy en manos de este Parlamento y las Cortes Generales, al menos con su composición actual, no parecen dispuestas a afrontar el problema en los términos en los que resultaría preciso hacerlo para atajarlo de raíz.
Y ante ello las administraciones públicas vascas estamos obligadas a arbitrar fórmulas para paliar el daño que la legislación hipotecaria, todavía vigente, está haciendo posible a los colectivos más vulnerables. A falta de soluciones legislativas, que serían las definitivas, se imponen, es inevitable, las paliativas.
El Gobierno Vasco ofrece ya a lo afectados por esta situación un conjunto amplio de prestaciones como el de mediación hipotecaria, el sistema de asistencia jurídica gratuita, ayudas de emergencia social, parque de viviendas, etcétera. Pero se puede hacer más, se puede hacer más porque estamos hablando de seres humanos desvalidos y es en ese contexto en el que se sitúa el protocolo al que se refiere la pregunta.
Se trata de un protocolo de colaboración, que va a ser suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno Vasco y Eudel, con el objeto de facilitar a los servicios públicos de base el conocimiento y la consiguiente posibilidad de intervención en situaciones de posible pérdida de la vivienda por parte de los ciudadanos sin recursos.
El nivel municipal es, como se sabe, el más cercano al ciudadano y en consecuencia es también el idóneo para detectar los casos de vulnerabilidad y, en su caso, tramitar o proponer las medidas más adecuadas para atender a las diferentes situaciones que pueden plantearse en un desahucio hipotecario.
La mayor parte de las veces la identificación por los servicios sociales de una situación de exclusión social o de especial vulnerabilidad, se produce a instancias del propio interesado que lo plantea así. Pero también existen supuestos en los que las personas afectadas no comunican a nadie su situación hasta que ésta resulta ya irreversible, son los efectos inevitables de la estigmatización social de la pobreza.
Y es aquí donde se sitúa la importante aportación que el Poder Judicial puede hacer al protocolo, como son los órganos judiciales los que conocen de primera mano los procesos de desahucio, el protocolo les compromete a poner esta información en poder de los servicios sociales de base, para que estos actúen de inmediato y puedan así atender a los afectados.
La comunicación temprana de los jueces y tribunales de una situación de riesgo de pérdida de vivienda permite qua aquellos afectados que por diferentes motivos no hayan solicitado, por sí mismos ayuda a las instituciones, tengan la oportunidad de conocer y, en su caso, utilizar todos los recursos que la Administración pone a su alcance para evitar los efectos más dramáticos del desahucio.
El protocolo será una más de las herramientas que utilice este Gobierno para atajar este problema, y si la tramitación se desarrolla con normalidad, el protocolo podrá ser suscrito y desplegar a partir de ahí plenos efectos a lo largo del mes de junio.
Eskerrik asko.