OYARZABAL DE MIGUEL (PP, 2014-12-18):
Muchas gracias señora presidenta, señorías.
Estamos a nuestro juicio, al juicio del Grupo Popular ante un asunto grave, desde luego, tanto por su trasfondo político como por las cantidades de las que estamos hablando.
Como se ha dicho ya por parte del portavoz del grupo proponente, en las últimas semanas los medios de comunicación se han hecho de eco de las denuncias sobre presuntas irregularidades alrededor del proceso de contratación de los comedores sociales en la escuela pública vasca durante más de una década.
Ahora mismo se está investigando el reparto por parte de siete empresas de todos los contratos de la educación pública en relación con los comedores escolares y con el catering. La Autoridad Vasca de la Competencia ha abierto un expediente para investigar las presuntas irregularidades.
Esa misma Autoridad Vasca de la Competencia ha constatado que desde el año 2003 hasta 2014 las empresas adjudicatarias del servicio fueron siempre las mismas, en cada lote las mismas, en cada lote sacado a concurso siempre, cada uno de esos lotes han conseguido ganarlos las mismas empresas. Los contratos suman, señorías, 700 millones de euros, no estamos hablando de ninguna broma.
Aunque la investigación se ha centrado en la última década, competencia admite que esta dinámica ya se empezó a producir desde el año 2000, las mismas siete empresas que se llevan los contratos de educación en materia de comedores escolares, se llevan todas las adjudicaciones desde el año 2000, los mismos y siempre de la misma manera.
Según la mencionada Agencia Vasca de la Competencia, la seguridad de ganar que tenían las empresas era tal, que tras 14 años que cada una de las siete empresas en lugar de pelear por un mayor trozo de la tarta, se presentaban únicamente a la oferta de un lote y cada una de ellas se han ido repartiendo siempre los siete lotes de adjudicación de los comedores escolares.
Y además, según la propia Agencia Vasca de la Competencia, las ofertas no se separaban en ningún caso ni en el 1 % del precio tope puesto por la Administración para adjudicar esos lotes. O sea, aquí siempre se iba al precio máximo, las empresas seguramente se han puesto de acuerdo para conseguir los lotes al mayor precio posible como realmente que el que paga es la Administración y el dinero parece que cae del cielo, pues se ha venido funcionando así desde hace ya casi 15 años.
Además, se trata de un comportamiento llamativo y además que esto no haya llamado la atención a los responsables políticos del Departamento todavía es más curioso cuando se trata de uno de los contratos más voluminosos de ese Departamento.
La diferencia del precio que el ejecutivo paga a las empresas por el servicio catering en los colegios públicos sería (según fuentes del mercado, en los propios medios de comunicación ha aparecido( superior hasta un 30 % superior de lo que los colegios concertados pagan por esa misma prestación del servicio de comedor. En algunos casos, supera hasta el 50 % los costes que se sufragan por parte de la Administración en los comedores de los centros públicos.
Estos hechos podrían haber obligado, por tanto, al Gobierno Vasco a afrontar un sobreprecio en estos años de más de 200 millones de euros. O sea, estamos hablando de que aquí se han pagado de más 200 millones de euros, estamos hablando de una cifra que no es menor, a lo largo de una década más de 200 millones de euros.
Si nos remontamos al año 2000, podríamos hablar ya de 300 millones de euros tirados a la basura, alguien se los ha llevado. En todo caso, hay que exigir responsabilidades de aquellos que tenían la responsabilidad de velar por la mejor gestión de los recursos públicos.
Supone, señorías, 10 veces más...
...de aquellos que tenían la responsabilidad de velar por la mejor gestión de los recursos públicos. Supone, señorías, diez veces más de lo que el Gobierno Vasco destinará en 2015 a las ayudas de emergencia social.
La investigación ya cuenta con indicios suficientes para que la Asociación Vasca de la Competencia comunique, comunicara en agosto que abriría un expediente sancionador.
De las siete firmas investigadas, las siete empresas privadas investigadas, la más afectada sería la perteneciente a la Cooperativa Mondragón Auzolan. En 2013 se llevó a través de sus tres empresas la mitad de los 84 millones del contrato anual que licita Educación.
La mecánica para acceder al contrato de servicio de catering tiene una fase previa, se ha dicho ya por parte del proponente, se ha explicado. Educación realiza una licitación previa para homologar a las empresas y evalúa los criterios para sus capacidades para presentarse al contrato.
Al parecer la empresa denunciante llevaría más de una década, una empresa, como ya se ha mencionado el nombre me lo ahorro, lleva más de un década intentado acceder sin éxito al contrato de catering, pese a que Osakidetza, el Ministerio de Economía y Hacienda avalan con nota las capacidades sanitarias, económicas y financieras de dichas empresa.
Pero, bueno, es imposible meter el morro en esa contratación. Los mismos siete, las mismas siete empresas se reparten cada año de manera sistemática los cientos y cientos de millones de euros que nuestra Comunidad dedica a las contrataciones de los caterings de los comedores escolares.
Siempre son las mismas siete empresas, las únicas que pasan el filtro y fuentes del sector, desde luego, muestran su extrañeza por un concurso público en el que las empresas apenas reducen nunca sus precios, mientras que en el sector privado la rebaja media para llevarse cualquier contrato en un centro escolar oscila entre el 15 y el 20 % como mínimo, como ya se ha explicado.
Según la Autoridad Vasca de la Competencia, los hechos expuestos constituyen indicios racionales de la existencia de prácticas prohibidas en la Ley de Competencia.
En caso de confirmarse, estaríamos hablando de multas millonarias que podrían llegar al 10 % del volumen de negocio de esas empresas.
Según dieron cuenta los medios de comunicación, lo hemos denunciado también y se ha tratado por parte de los diferentes medios, la empresa denunciante, y esto resultó muy curioso y muy llamativo, la empresa denunciante adivinó mes y medio antes del fallo de la contrata, adivinó ante notario el resultado de las adjudicaciones que firmaba el Gobierno Vasco.
Acertó tanto las empresas que se iban a llevar el concurso, como los lotes que se les iban a adjudicar a cada una de las empresas y eso que el sistema había cambiado, había pasado de ocho a diez lotes.
Pero esta empresa, la que siempre dejan fuera del concurso, fue capaz, mes y medio antes, ante notario, decir qué empresas van a ser las adjudicatarias, qué lote se va a llevar cada una y por qué importe. Acertó de pleno y se hicieron eco de ello los medios de comunicación.
El motivo de esta predicción confirmada, desde luego, no puede responder a otra cosa que a la de acuerdos previos entre las empresas adjudicatarias de dicho servicio de comedor.
Resulta obvio, desde luego, absolutamente sospechoso, desde luego, que esto pueda ocurrir y que venga ocurriendo año tras año, desde hace más de diez años, ya se hace 15 años sin que ninguno de los sucesivos responsables del Departamento les haya llamado la atención semejante cosa.
Hay demasiados indicios, a nuestro juicio, demasiadas casualidades que se vienen produciendo y además hay unos responsables concretos en relación con quiénes son los que deciden quién pasa el filtro y quién no, qué laboratorios son los que lo deciden, qué personas, qué funcionarios y qué responsables políticos están por encima de esos funcionarios.
Estamos hablando de uno de los servicios de contratos más sustanciosos de la administración, con importes multimillonarios, algo a nuestro juicio, desde luego, huele fatal, huele fatal en el proceso de contratación de los comedores.
Podemos estar ante un caso grave, podemos estar ante un caso grave de corrupción, efectivamente, hoy se ha hablado mucho de esto y estamos hablando aquí de las contratas de 700 millones de euros, donde se está pagando un sobreprecio de 300 millones de euros siempre a las mismas empresas, curiosamente.
Oye, nos podemos poner a hablar, señora presidenta, aquí de lo que pasa a fuera, en otras comunidades, de que si hay corruptos en no sé donde, en Madrid, el otro, las tarjetas black, oiga y lo que está ocurriendo aquí ¿Quién investiga? ¿Quién investiga lo que ocurre aquí?
Podemos estar ante un caso grave, en todo caso, grave de corrupción, de financiación ilegal, en todo caso, se deben delimitar cuanto antes la responsabilidad, se tiene que dilucidar cuanto antes si efectivamente esto –y termino ya– responde a estrategias de determinadas empresas que con artimañas ilegales pretenden aumentar y engordar el beneficio propio, o si efectivamente aquí ha habido connivencia de responsables públicos, responsables públicos, responsables políticos.
Eso es lo que tenemos y necesitamos que se nos explique cuanto antes, aprovechando que está aquí la señora consejera, esto es muy importante que lo expliquen los responsables del Departamento.
Nada más y muchas gracias.