SARASUA DÍAZ (PSE-EE, 2013-10-03):
Lehendakari, señorías, egun on denoi.
¿A estas alturas quién no ha oído hablar en Euskadi de las aportaciones financieras subordinadas de Eroski y Fagor y de la situación que padecen aproximadamente unas 40.000 personas afectadas que se sienten engañadas y defraudadas ante la imposibilidad de recuperar su inversión, de recuperar en definitiva su dinero?
Señorías, estarán de acuerdo conmigo en considerar este asunto como un problema grave, con muchas irregularidades, y en definitiva, un laberinto sin salida en el que se encuentran atrapadas demasiadas personas.
Las aportaciones financieras subordinadas vinieron a este mundo tras la reforma de la Ley de Cooperativas de Euskadi y, para ser más exacta, gracias al artículo 57.5 que la regula. Permite utilizar este instrumento para capitalizar las cooperativas. Por lo tanto, las aportaciones financieras subordinadas nacieron con luz y taquígrafos y en este Parlamento. De aquellos polvos estos lodos.
¿Con qué nos encontramos hoy? Con un producto financiero de riesgo que emana de una ley aprobada en este Parlamento y que se ha convertido en una trampa para miles de ahorradores que creían haber adquirido un producto con liquidez asegurada y que sin embargo, ahora se encuentran con la imposibilidad de recuperar su inversión. Ésta es la verdad.
Los Socialistas Vascos planteamos la derogación del artículo que dio vida a las aportaciones financieras subordinadas y lo hacemos básicamente por tres razones. Primero, porque la práctica y el tiempo nos está demostrando que es una figura con grandes riesgos. Segundo, porque los tribunales están anulando vía sentencias previsiones amparadas por las leyes como la que nos ocupa. Y tercero, porque su uso ha generado un problema a las cooperativas y a miles de personas afectadas.
No cuestionamos que la ampliación de capital de las cooperativas hayan sido legal y tampoco que se haya comercializado de forma lesiva. Cuestionamos la razón de ser de una previsión legal que está siendo problemática para las cooperativas y para las personas afectadas. Las propias cooperativas reconocieron en su comparecencia en este Parlamento que hoy en día no utilizarían esta vía. Entonces, pregunto: ¿Para qué queremos esta previsión? Si los tribunales están dejando sin efectos la cobertura legal de esta figura, ¿de qué sirve mantenerla?
El Gobierno, al emitir su opinión contraria a la toma en consideración de la derogación del artículo 57.5, hace una división artificial entre la regulación societaria de la financiación subordinada y la comercialización. Y nos dice que por tanto no es un problema de ley, sino de consumo. Sin embargo, el informe emitido en el año 2004 por la asesoría jurídica de MCC y que elaboró Zorione Arregi dice que lo que se pretendía era reforzar el capital social de las cooperativas.
¿Ustedes de verdad se creen que elaborando una redacción de la ley totalmente favorable a las cooperativas, reteniendo el dinero a perpetuidad y que en caso de cierre de las cooperativas, las personas afectadas serán las últimas en cobrar, es tan sólo un problema de consumo? Está claro que para llegar a ser consumo, primero fue ley.
Entiendo que es una argumentación pobre, que bajo nuestro entender no justifica la no derogación de este artículo. El Gobierno Vasco asimismo, descarta una solución global y ve la solución más por la vía judicial y el arbitraje.
Esto sin embargo, entra en contradicción con lo que apuntó la directora de Kontsumobide Elena Unzueta recientemente en este Parlamento, en comparecencia en la Comisión de Salud y Consumo, que abogaba por una solución vía mediación.
El Gobierno Vasco alude para no tomar en consideración nuestra propuesta, el hecho de que la financiación subordinada ha servido para financiar la necesaria expansión de la actividad cooperativa, y con ello el mantenimiento y la creación de los puestos de trabajo.
Y partiendo de la base que sí, que ésta fue la intención inicial –no lo dudamos–, debieron ustedes valorar si fue acertada la política de expansión llevada a cabo con esta fórmula de financiación y si realmente el efecto ha sido el contrario.
Por ejemplo, si analizamos la expansión de Eroski comprando Caprabo en 2007 o de Fagor que empleó su emisión del 2006 para la compra de Brandt, pues señorías, ustedes me dirán si es un argumento que se cae por su propio peso, no voy a decir más. Valórenlo.
Asimismo argumentar que es la única forma de acceder a capital ajeno al de los propios socios, no se corresponde con la realidad, porque las cooperativas han utilizado otras fórmulas que no han generado problemas, como los bonos a largo plazo u otras con mayor o menor riesgo. De hecho, ésta es una de las posibilidades que podrían dar salida al problema generado, pudiera ser convertir esas aportaciones financieras subordinadas en bonos a largo a plazo.
El Gobierno también argumenta que la derogación del artículo 5.7 impediría que en el futuro se pudiera usar este mecanismo de financiación con los complementos, añade, de información pertinente. ¡Qué contradicción! Y precisamente esto es lo que se trata de evitar, que situaciones tan despreciables por su contenido y volumen de gente que afectan, se puedan repetir. ¿Acaso no se podría haber evitado previamente aportando la información debida en su momento?
Proponemos, por tanto, que aunque el Gobierno se haya comprometido en una reforma más amplia de la Ley de Cooperativas, eliminemos de forma inmediata una previsión que deja la puerta abierta a prácticas que están siendo condenadas por los tribunales.
Procede apuntar que en junio de 2012, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció una doctrina que debe estar presenta en todas y cada una de las actuaciones futuras. Habló de la sentencia referida a las cláusulas abusivas en un contrato hipotecario y que resolvía precisamente una cuestión que está en el fondo del caso que estamos hablando.
Establece que aunque la legislación nacional fije determinadas condiciones a la que se pueda acoger las prestaciones de servicios y las firmas de contratos, en la defensa de los consumidores debe prevalecer la directiva europea del año 93, y según esta directiva, las cláusulas abusivas no tienen aplicación, precisamente para proteger al consumidor.
Hay sentencias judiciales en donde los jueces, que no pueden por sí anular las cláusulas previstas en las leyes nacionales, sí puede acogerse a esta doctrina y dejar sin efectos las cláusulas abusivas para los consumidores. Es decir, que esa separación entre previsión legal y comercialización que argumenta el Gobierno se diluya.
A tal punto se diluye que son ya unas cuantas sentencias dictadas en España, también por los jueces vascos, que de forma generalizada amparan a los pequeños ahorradores y dejan sin efecto la razón legal que esgrime también ahora el Ejecutivo.
Esta Cámara ya se ha pronunciado de forma clara en contra de las figuras financieras abusivas para los consumidores, también en contra de las llamadas preferentes, cuya regulación depende de instancias ajenas, pero en lo que afectan a nuestras cooperativas, está en nuestra mano, no sólo mostrar nuestra opinión sino evitar que vuelvan a reproducirse casos como los que estamos intentando solucionar.
Y lo que planteamos no impide que el Gobierno presente la reforma que prevé la Ley de Cooperativas, porque está claro que se hace necesario introducir nuevas fórmulas de financiación.
Y señorías, estoy convencida de que eso va a significar el fin de las aportaciones financieras subordinadas, porque entre otras cosas va a ser una consecuencia de las múltiples resoluciones judiciales que en consonancia con lo que nos ha dicho el Tribunal de la Unión Europea, ponen coto a las previsiones de las legislaciones nacionales.
Señores, en la política toca ser valiente y hacer lo correcto. Éste es el momento en el que estamos ahora y en este caso lo correcto es adelantarnos y adoptar decisiones antes de que los acontecimientos nos fuercen.
Por eso, señorías, solicitamos a esta Cámara que se tome en consideración la tramitación de la reforma que pretende eliminar un artículo 57.5. Ya hablaremos de las futuras modificaciones que hagan falta. Ya analizaremos las distintas formas por las que las cooperativas puedan acceder a ese capital externo.
Pero no queremos que se espere dos años o tres. Podemos eliminar esa figura en apenas un mes, no impediría los males causados, lo sabemos, pero evitaría tentaciones futuras. Creemos que no merece la pena que siga en vigor una norma que ha propiciado en miles de ciudadanos y ciudadanas vascas que se sientan estafados, que tengan sus ahorros en peligro o se diluyan cuando los han necesitado. Y por el contrario, sí merecen una respuesta a sus demandas.
La respuesta que se arbitre en su caso por la vía abierta, pero también la respuesta política que debemos desde esta Cámara dar para que sepan que no se volverán a producir los abusos que han provocado la incorrecta utilización de estos instrumentos financieros.
Muchas gracias.