LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (San José López) (EAJ, 2018-03-23):
Eskerrik asko, presidente andrea.
Señora Otamendi, antes de nada, me congratulo por el éxito de las movilizaciones del 8 de marzo en todos los países en general y en Euskadi en particular.
La huelga laboral ha de ser convocada para ser legal por los legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras, sindicatos, secciones sindicales, delegados de personal, comités de empresas o por el propio personal trabajador.
Haciéndose eco de la movilización iniciada por el Movimiento Feminista, los principales sindicatos presentaron diferentes convocatorias o huelgas de 24, de cuatro y de dos horas. Ante esta realidad, se decidió publicar una única orden de determinación de los servicios esenciales con el objeto de facilitar la organización del trabajo en aquellas empresas y entidades dedicadas a la prestación de servicios que se consideran esenciales, facilitando a las personas que quisieran participar en la huelga su elección entre las distintas modalidades.
La orden de 27 de febrero de 2018 firmada por mí, garantizaba el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga general convocada el pasado 8 de marzo, y fue publicada en el boletín del 6 de marzo.
El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga de los y las trabajadoras para la defensa de sus intereses como uno de los derechos fundamentales, otorgándole idéntica protección que los derechos más relevantes como la vida, integridad física y salud entre otros.
Por lo tanto, para evitar colisiones, resulta imprescindible dictar las medidas oportunas encaminadas a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad, de manera que no quede vacío de contenido ninguno de los derechos fundamentales en conflicto.
Los sectores esenciales en los que establecimos servicios mínimos fueron el sanitario, emergencias, seguridad, educativo, transporte, energía, telecomunicaciones, EITB y el de las administraciones públicas, en ningún caso y esto lo quiero resaltar, han sido cuestionados por ninguna organización, la esencialidad de estos servicios.
Ahora bien, deducida la premisa anterior, es evidente que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de los derechos fundamentales, ha de venir determinada por una estricta observancia del principio de proporcionalidad.
Y esto también creo que se ajustaba la orden referida. Es verdad también que la falta de regulación del derecho de huelga hace que se vaya construyendo con sentencias que van creando jurisprudencia.
El recurso al que se refiere, señora Otamendi, fue interpuesto por alguna de las centrales sindicales, convocantes no por todas, y cuestionando exclusivamente los siguientes servicios: El sanitario, atención primaria y el call center, emergencias y seguridad vial, los servicios sociales, residencias destinadas a personas mayores, el traslado de los usuarios de centros de día, tele asistencia, residencias de menores no acompañados y centros de intervención social, y en el sector educativo, el Consorcio Haurreskolak.
En las medidas cautelares que se plantearon, el Tribunal estimó parcialmente las pretensiones de la demanda y dictó auto de medidas cautelares por las que se modificaban los servicios mínimos en el sector de las residencias de la tercera edad, cuantificándolas en el 50 % de los mismos.