REYES MARTÍN (PSE-EE, 2015-06-18):
Arratsalde on guztioi.
Bueno, pues efectivamente, hablamos hoy de una situación especial que ha sido inscrita por el proponente que ha hablado anteriormente, por el señor López de Munain. Y hablamos sobre todo de una situación contraria a los principios democráticos más evidentes.
Es contraria a los principios democráticos, porque especialmente la situación que teníamos hasta ahora atribuye a la Iglesia Católica el tratamiento de administración pública, y le da por lo tanto potestad para inmatricular, para registrar como propios, igual que si fuera un ayuntamiento o fuera una diputación, aquellos bienes para los cuales no tienen un título de propiedad y, sin embargos puede registrarlo como propios.
Eso se ha acabado la semana pasada con la aprobación en el Congreso de los Diputados de la modificación de la Ley Hipotecaria y del Catastro, y en eso ha tenido que ver dos cosas fundamentalmente. Una, el papel relevante del Partido Socialista, por lo que voy a comentar respecto a las enmiendas que he introducido, y otro, el clima social unido a ese impulso político que ha sabido representar, en este caso, el Partido Socialista de que hay cosas que no es que sean anacronismos, sino que son inaceptables por antidemocráticas, porque vulneran la separación Iglesia y Estado, que no tiene nada que ver con que la Iglesia no sea una institución respetable y respetada, por supuesto, sino con la separación de Iglesia y Estado, que ya está bien, y esta vez por lo menos respecto a esto hemos zanjado definitivamente.
Decía que el Partido Socialista para corregir esta situación presentó en el Congreso tres enmiendas, aparte de otras, pero tres referidas a este tema. Una, para evitar que continuara esa situación, de manera que se eliminara el artículo 206 de esa Ley Hipotecaria y los del Reglamento correspondiente, y eso al final se ha aceptado.
Ha habido otros grupos que lo han apoyado y sobre todo ha habido una gran presión. Como supongo que el representante del Partido Popular, porque nos conocemos y le estoy viendo al señor Damborenea va a decir, "pero si es que tienen mayoría absoluta, si es que podían haberla aprobado". Claro, pero es que en el proyecto de ley que salió del Gobierno iba ese artículo y si se quitó tarde, fue por una enmienda del Partido Socialista que apoyó una presión social y política, que resultó al final inaceptable para el Gobierno.
Segundo. Impedir la prórroga de esta situación, porque en ese proyecto de ley también en una disposición final, en la quinta, iba que la ley empezaría, entraría en vigor al día siguiente de su aprobación, pero, casualidad, para el asunto de la Iglesia, al cabo de un año.
Con lo cual se da un año para que aquellos obispos que lo desearan pudieran acabar los trabajos de matriculación de aquellos bienes para los que no tienen ningún título de propiedad, tardó en quitarse, pero eso también al final se eliminó de la Ley, porque era impresentable, enmienda socialista.
Y la tercera se refería a un procedimiento para reparar el daño. Se pedía que el Gobierno de España hiciera un estudio para conocer la situación en la que aquellos bienes que se hubieran matriculado sin haberse acreditado la propiedad por parte de la Iglesia pudieran ser recurridos por el Gobierno de España para reponer la situación original de bien de uso público, que el uso público, los bienes de uso público son imprescriptibles, y en ningún momento tenían que haber pasado a ser propiedad de la Iglesia Católica y menos de esa manera.
Pues bien, esto no fue aceptado por el Partido Popular, es decir el Gobierno no quiere por un lado conocer la situación de algo que, al aceptar las otras enmiendas reconoce que está mal y, por otro lado, no quiere hacerse cargo, como correspondería a un gobierno que quiere reponer una situación antidemocrática y que vulnera derechos nada menos que de los distintos municipios, del esfuerzo de los presupuestos público de las distintas instituciones, del mantenimiento de templos, cementerios y otros que no son de uso religioso, de otros bienes de usos religioso, que el mantenimiento colectivo de los ciudadanos a lo largo del tiempo han hecho que estén ahí.
Pues el Gobierno no ha querido reponer esa situación, no quiere ser quien, una vez conocida la situación recurra que se puede recurrir ante los Tribunales, para eso no hace falta ningún recurso de inconstitucionalidad, que sería posible, no hace falta y se niega a hacerlo. Ésa es la posición del Gobierno actual, del Gobierno de España, del Partido Popular.
Quiero dejar bien claro que los socialistas no somos contrarios a que la Iglesia inmatricule bienes, pues solo faltaría, como cualquier entidad, como cualquier persona física o jurídica, aquellos para los que tenga un título de propiedad, como todo el mundo.
Pero que no inmatricule, que no registre como propios aquellos que son de uso público, que para los cuales no tiene un título de propiedad, ésa es la diferencia, bien clara, como para los demás, es pura Constitución.
Y decía que es verdad, que ese artículo es inconstitucional por partida doble. Por un lado, la Constitución dice en su artículo 16 que en ninguna confesión tendrá carácter estatal y, sin embargo, le han dado tratamiento de administración pública, agravado porque en el 98 el gobierno del señor Aznar es verdad que dio el último paso concediendo a la Iiglesia la posibilidad de inscribir como propios los edificios de culto, que hasta ese momento eso había estado exento, lo que no había hecho Franco, se hizo en el 98.
Bueno, en fin, al final todo esto se ha acabado con la tramitación de esta, Ley pero queda la reparación de lo que está mal, sobre todo, y para eso en la transacción de hoy entre el Partido Nacionalistas Vasco, Bildu y los Socialistas proponemos unas cosas muy sencillas, que tanto el Gobierno Vasco como el Gobierno de España pidan a los colegios de registradores de la propiedad que envíen los datos de inmatriculaciones desde que se aprobó la Constitución para analizarlos y que hagan un estudio.
Que luego se apoye a aquellos ayuntamientos que quieran recurrir por vía judicial aquellos casos que sean inadecuados, porque necesitan apoyo de las instituciones, sobre todo los ayuntamientos más pequeños de las instituciones más grandes, como las Diputaciones o el Gobierno Vasco, y queremos que el Gobierno Vasco no debería ver esto como un trabajo oneroso, sino como algo que le da conexión con la ciudadanía, ir en sintonía con los tiempos.
Y en definitiva, entrar en una senda que le corresponde desde el punto de vista de la sensibilidad política, desde una visión global, tratar de identificar un daño que es evidente, que no se perjudica ninguna institución, salvo a aquellos a los que se les ha quitado sin ningún título de propiedad que lo permitiera bienes que eran suyos por tradición, porque el uso para el culto no da título de propiedad a ninguna institución. El título de propiedad lo dan otro tipo de documentos.
Y para acabar, por si alguien cree que en Euskadi no hay casos, yo he preguntado en el colegio de registradores, es decir, que nadie me diga que no se puede pedir, en fin, he preguntado en el colegio de registradores y es verdad que, lógicamente, no me han dado un detalle individual de cada uno de los casos.
Pero me han dicho estadísticamente con claridad que en Euskadi desde 1998, que es el dato que me han dado, se han hecho 425 inmatriculaciones, con un posible error del 7 % porque hay un 7 % más de derechos que de fincas. Es decir, hay fincas en las que hay matriculado dos bienes. Por lo menos dos bienes, la Iglesia, que puede ser una capilla y un cementerio, o un frontón y sabe Dios.
Pero del orden de 400 inmatriculaciones desde el 98 ha hecho la Iglesia en Euskadi. Luego, sí hay tema que abordar.
Y nada más. Gracias.