SÁNCHEZ MARTÍN (PSE-EE, 2014-12-04):
Gracias, presidenta.
Señorías, vamos a tomar la palabra al nuevo ministro. Si es que lo dijo en la toma de posesión es cierto, hoy parece que vamos a tener la oportunidad de que se atienda al Parlamento Vasco en la defensa del derecho a la salud y a la defensa de los derechos sanitarios de las mujeres.
Si lo que escuchamos ayer al vecino de esta ciudad, exalcalde de Vitoria-Gasteiz y nuevo ministro no fue un mero acto de comunicación y propaganda cuando hablaba del giro social de su Departamento, estamos convencidos de que se retirará la orden de octubre por la que se excluye de la cartera común básica de servicios asistenciales del Servicio Nacional de Salud a determinadas mujeres del derecho a decidir su maternidad y contar para ello con la asistencia pública.
Porque de eso estamos hablando, hablamos de derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y de que no haya discriminación en función de criterios arbitrarios sobre la interpretación que un partido determinado tiene sobre la familia. Por eso esta iniciativa registrada hace un año adquiere ahora plena actualidad.
Más desde que el 31 de octubre lo que eran meras intenciones del Gobierno de Rajoy se tradujo en realidad en la orden del 31 de octubre que actualiza la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud. Cambios que hemos tenido en cuenta en la redacción de la enmienda transaccional que hemos acordado entre mi grupo parlamentario, el grupo Nacionalista y el grupo EH Bildu.
En julio del pasado año quien ha sido ministra hasta anteayer generaba gran alarma. A los Socialistas nos la generó, pero compartimos esa alarma con miles de personas que, aun no siendo de nuestra ideología, no entiende que se excluya de la prestación de servicios sanitarios a quienes optan por modelos familiares distintos al matrimonio entre hombre y mujer.
Y es llamativa esta discriminación. El mismo Gobierno que tan preocupado ha estado porque las mujeres no decidan libremente interrumpir su embarazo, por no responder una decisión libre de maternidad. El mismo Gobierno que alenta de que el descenso de la natalidad es un factor que va a afectar al futuro de las pensiones.
Ese Gobierno, el Gobierno de España, pone coto a que las mujeres puedan ser madres. Si esta contradicción de discurso genera ya una injusticia de base, para aquellas mujeres que deciden no casarse o hacerlo con personas de su mismo sexo, la iniciativa del Gobierno de España confirma la falta de convicción sobre lo que es el reconocimiento del sistema público sanitario, en este caso, en lo que se refiere a la prestación de asistencia para la reproducción asistida.
El Gobierno del Partido Popular ha dado claras muestras a lo largo de toda la Legislatura de no creer en las mujeres, de no apostar por la igualdad y ocultar a las mujeres y su papel en la sociedad y en la política. En estos tres años del Gobierno de PP el balance de igualdad es muy negativo, habiendo sido los años en los que de manera más rápida han crecido las desigualdades.
Tenemos un Ejecutivo que ha estado trabajando sistemáticamente contra los derechos de las mujeres. Un Gobierno que se ocupa sólo de los que piensas como piensas sus ministros, porque es evidente que los españoles y las españolas son ahora más pobres que hace tres años.
Los salarios son más bajos y contamos con menos derechos laborales, socioeducativos y sanitarios, habiendo crecido sólo las desigualdades, reflejo todo ello de quién gobierna para un sector de los ciudadanos y no para todos. Triste balance de legislatura.
Pero esta actitud la hemos sufrido sobre todo las mujeres. El Partido Popular ha dado claras muestras durante toda la Legislatura de anteponer su ideología conservadora a los derechos y libertades de las mujeres. Hemos tenido unos cuantos ejemplos de ello.
En la afortunadamente aparcada ya reforma del aborto, el exministro Gallardón puso de manifiesto su prisa por eliminar la libertad de las mujeres a decidir sobre su vida alentando posiciones ultraconservadoras y la conflictividad y protesta social.
Los Socialistas vascos nos opusimos desde el principio a este intento de quitar a las mujeres la capacidad de decidir sobre su vida y de eliminar nuestro estatuto de ciudadanas de pleno derecho ,y así como a que por complacer su ideología conservadora se pusiera en riesgo con esta reforma la vida y la salud de las mujeres de este país.
Otro ejemplo es la negativa a finales del 2013 en el Parlamento Europeo a sacar adelante un informe que pedía que las mujeres en la Unión Europea tuvieran acceso a revisiones ginecológicas y a mamografías anuales, que los servicios de fertilidad y opciones reproductivas no sean discriminatorias, o que se garantice el acceso al aborto a las mujeres y niñas que son víctimas de violaciones, así como aquellas mujeres cuya salud pudiera sufrir un riesgo grave.
Este informe, el de la eurodiputada socialista portuguesa Edith Estrela, que también pedía que las mujeres que se hayan sometido a un aborto ilegal no sean perseguidas por la justicia, no llegó ni siquiera a votarse, porque por sólo siete votos de diferencia salió adelante una resolución contraria de los grupos de Partido Popular europeos, conservadores y reformistas.
Así, los populares españoles en la eurocámara una vez más hicieron gala de su más profundo desprecio a las libertades de las mujeres y contribuyeron con su voto unánime a dar otro hachazo a nuestros derechos.
Es en este contexto como llegamos a la iniciativa que debatimos hoy, porque es otro ejemplo de atentado contra la igualdad de trato del Gobierno del Partido Popular.
Los nuevos requisitos para los tratamientos públicos de reproducción asistida demuestran que el Gobierno está empeñado en discriminar a todas las mujeres que deciden ser madres sin pareja y a las parejas de lesbianas que deciden tener una familia.
Una vez más, el PP utiliza la crisis para imponer su ideología y para coartar la libertad de las mujeres, impidiéndoles el derecho a la maternidad.
Esto se plasmó en la propuesta del Ministerio de Sanidad que se vio con las comunidades autónomas y que sigue dejando fuera claramente a las lesbianas y a las mujeres solas del derecho a la reproducción asistida.
Esta propuesta pone de manifiesto la actitud homófoba y sexista del PP, contraria a la diversidad familiar y a la igualdad de las personas y las familias.
La obligación de un gobierno tiene que ser muy diferente, tiene que actuar protegiendo a todas las familias y apoyar la maternidad libre, y no llevar a cabo una política que suponga una clara involución respecto a lo aprobado por el Gobierno de Zapatero en materia de reproducción asistida.
El Estado de derecho tiene que garantizar el derecho a la ciudadanía en igualdad y un ejecutivo tiene la obligación de garantizar el acceso a la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos y no puede –bueno, hemos visto que sí que puede–, no debe, marcar diferencias por razones de orientación sexual en el acceso a esos mismos derechos.
¿Pero a quién pretenden engañar con esta medida discriminatoria? No están priorizando recursos, como afirman, sino lo que están pretendiendo es priorizar su modelo de familia tradicional y, una vez más, imponerlo a toda la sociedad.
Quieren fomentar la natalidad, pero siempre y cuando no se trate de lesbianas o mujeres solas, porque en ese momento cambian radicalmente el discurso.
También conlleva una segunda discriminación, pues porque excluyéndolo del sistema público aquellas mujeres lesbianas o solas a las que se les deniegue el derecho, si cuentan con recursos podrán acudir a clínicas privadas, es decir, de nuevo, al igual que ocurría con la reforma del aborto, el derecho de la reproducción asistida sólo para el que se lo pueda pagar.
Quien pueda pagarse el tratamiento podrá tener a sus hijos y nadie le preguntará qué orientación sexual tiene, y si aquellas mujeres pueden pagárselo y podrán ser madres.
Esta medida supondría la eliminación de dicho derecho para las parejas de lesbianas y mujeres solas que no puedan pagarse en una clínica privada ese derecho y, por tanto, va en la línea de privatizaciones que ha venido defendiendo el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales, Igualdad y una evidencia de cómo se entiende desde el Gobierno de España el acceso al Servicio Nacional de Salud y a la Sanidad universal.
Y esta propuesta supondría, además, claramente una discriminación para las mujeres sin pareja o con parejas del mismo sexo que vulnera lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Española, que señala que nadie puede ser discriminado por una serie de razones, entre las que indica por razones de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Según la Organización Mundial de la Salud, la salud incluye el derecho a esas personas a ser madre a través del sistema de reproducción asistida en las mismas condiciones que lo pueden ser otras personas.
Consideraron que la ausencia de hijos en una pareja heterosexual es un problema médico y hay que facilitarles el acceso. Pero no si se trata de una pareja de dos mujeres o una mujer sola. En este caso se considera un capricho y se excluye de la sanidad pública. ¿Por qué?
El Partido Popular, en vez de ampliar y mejorar las prestaciones públicas, las ha recortado, pero aprovecha estos recortes para imponer además un modelo social tradicional, en este caso, reduciendo la cartera de servicios.
En el año 2006 cuando se modificó la cartera de servicios, se hizo de forma consensuada con las comunidades autónomas y con el principal partido de la oposición.
El Partido Popular, sin embargo, no ha buscado el consenso y ha reducido utilizando su mayoría absoluta unilateralmente la cartera de servicios.
Por eso y dado que tenemos facultades de garantizar el acceso en igualdad en nuestra Comunidad Autónoma a la reproducción asistida, es fundamental que sigamos aplicando como hasta ahora políticas que permitan el acceso en igualdad a este derecho a todos los ciudadanos, con independencia del tipo de familia que quieran formar, porque estas mujeres tienen el mismo derecho a ser madres que las que han formado una pareja heterosexual, exactamente el mismo.
En nuestras manos está seguir manteniendo un buen sistema de salud universal, equitativo e igual para todos los ciudadanos, sin discriminaciones, por condición personal o por su orientación sexual en nuestra Comunidad Autónoma.
Por eso defiendo la enmienda transaccional que hemos acordado hoy, mi grupo el grupo Socialista con el grupo Nacionalista Vasco y con el grupo EH Bildu, porque a través de él se señala y se indica que el Parlamento se reitera en el rechazo a cualquier tipo de discriminación y muestra su repulsa ante la concreta e injustificada discriminación por razón de sexo y orientación sexual que se recoge en la aprobada orden del 31 de octubre del 2014, que actualiza la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.
Y en este sentido, este Parlamento Vasco rechaza de plano cualquier exclusión o limitación de acceso a tratamientos reproductivos de reproducción asistida de las parejas conformadas por dos mujeres, así como por mujeres solas, por entender que supone un grave quebrantamiento del principio de igualdad en el acceso a las prestaciones públicas sanitarias.
Y por otro lado, también el Parlamento insta al Gobierno Español a cesar en cualquier tipo de discriminación, recordando el deber de remoción de los obstáculos que impidan la constitución de igualdad a las que están obligadas los poderes públicos.
Y también insta a que deje sin efecto la orden a la cual he hecho mención y que concreta y actualiza la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, así como al Gobierno Vasco a seguir manteniendo su criterio contrario al mismo.
Y por otro lado, ratifica la decisión adoptada por el Gobierno Vasco de preservar el derecho de acceso de los tratamientos de fertilidad de las mujeres sin pareja o parejas del mismo sexo en pie de igualdad con el resto de la población. Y en este sentido, insta al Departamento de Salud a que siga prestando este servicio en las mismas condiciones de equidad e igualdad que se presta en la actualidad.
Y por supuesto, dar traslado de este acuerdo a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Sanidad, a las Cortes Generales y así como a los departamentos de Salud de las comunidades autónomas que forman parte del consejo interterritorial de Sanidad.
Y quiero terminar siendo optimista, porque, como decía al principio, parece que el nuevo ministro quiere dar un giro social y que quiere escuchar más. Y yo le propongo que comience escuchando a este Parlamento, que conoce tanto, que escuche a las mujeres que desean ser madre, que no les pregunte qué estado civil tiene o cuál es su orientación sexual, que les pregunte sólo cuál es su voluntad y ampare sus derechos.
Y doy las gracias por el esfuerzo realizado a todos los grupos para llegar a esta enmienda transaccional.
Nada más y muchas gracias.