MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2013-02-15):
Gracias presidenta. Buenos días a todos. Señores consejeros, señor lehendakari, buenos días.
UPyD, como todos ustedes saben, siempre se ha mostrado dispuesta a debatir en este Parlamento sobre fiscalidad. De hecho, pensamos que es el órgano adecuado para hacerlo con luz y taquígrafos, sin opacidad, con claridad y transparencia. De hecho, así lo hicimos durante la pasada legislatura y lo hacemos y lo haremos en ésta siempre que sea necesario. Efectivamente, es un debate imprescindible no solamente ahora en Euskadi, sino que también tenía que haber sido en el pasado.
Así, varias han sido las ocasiones durante la pasada legislatura en las que UPyD planteó determinados debates como cuando ya en diciembre del año 2009, señor López, planteamos la necesidad de recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio en Álava y en Bizkaia, suprimir las ICAP que entonces existían, pedir progresividad en aquella famosa deducción lineal del señor Zapatero de los 400 euros o defender un mayor compromiso en la lucha contra el fraude fiscal.
Finalmente, en aquella ocasión –señor López, señores parlamentarios–, en diciembre del año 2009, UPyD se quedó sola junto con Ezker Batua y Aralar defendiendo en concreto la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio y el incremento de medios para la inspección fiscal, diciembre del año 2009.
PNV y PP y también el PSE votaron en contra en aquella ocasión en diciembre del año 2009. Salió aprobada una transaccional acordada por el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco que en aquellos tiempos compartían las mismas ideas en materia fiscal.
En diciembre del año 2009, señor López, el Grupo Socialista firmó una transaccional con el grupo Nacionalistas Vascos para defender la misma fiscalidad y votó en contra de una transaccional firmada por UPyD, Aralar y Ezker Batua que pedían, entre otras cuestiones, más lucha contra el fraude fiscal y la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
Obviamente, no hemos iniciado nosotros todos los debates, ni mucho menos, pero me parece justo recordar que ya por el año 2009 algunos pedíamos cambios fiscales, y en concreto una fiscalidad más progresiva. Algunos pedíamos la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio en Euskadi.
Algunos criticábamos las ICAP y algunos criticábamos la deducción generalizada de los 400 euros del señor Zapatero. Algunos criticábamos la reducción del Impuesto de Sociedades llevada a cabo por Zapatero y que supuso nada menos que casi 9.000 millones de euros menos para las arcas del Estado. O el cheque-bebe para todo ciudadano independientemente de su nivel de renta, o las sociedades de promoción de empresas, hoy finalmente desaparecidas o parcialmente desaparecidas.
El Grupo Socialista entonces se oponía junto con el resto de grupos parlamentarios de esta Cámara a iniciar ese debate y a impulsar estas reformas que parece ser hoy son asumidas por un mayor número de grupos parlamentarios.
Ya en diciembre del año 2009 pedíamos un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, y esto frente al Partido Popular y al Partido Nacionalista Vasco pero también frente al Partido Socialista de Euskadi que hoy recuerda al Partido Nacionalista Vasco su falta de voluntad política para impulsar durante los dos últimos años cambios fiscales en Euskadi mientras olvida su responsabilidad previa.
El señor López ha pretendido dar la sensación de que el Partido Socialista de Euskadi carece de responsabilidad, carece de pasado como si nunca hubieran gobernado. Insisto, en diciembre del año 2009 ustedes mantenían y defendían la misma fiscalidad que el Partido Nacionalista Vasco al que hoy critican. Critican hoy con razón pero hace tres años –hace algo más de tres años– compartían el mismo modelo fiscal.
Digo esto por recordar pues la memoria de algunos parece selectiva y porque me parece justo hacerlo. Al fin y al cabo, en bastantes ocasiones nos quedamos solos o casi solos defendiendo determinadas propuestas, algunas de las cuales ya casi nadie cuestiona.
Es obvio que si estas medidas y otras muchas se hubieran aprobado en 2009, en 2010 o en 2011 mejor habríamos enfrentado la crisis durante esos años y los siguientes del mismo modo que, es una obviedad, si el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular hubieran tenido otra actitud durante, por ejemplo el año pasado, este año podríamos hacer unos presupuestos mejores con menos recortes sociales o sin recortes sociales. Por lo tanto, las dos cosas son verdad, señor López, no solamente una de ellas, las dos cosas son verdad.
Tras este ejercicio de memoria histórica, avanzo para decir que en nuestra opinión –y creo que debe decirse– es imposible debatir seriamente sobre la fiscalidad en Euskadi sin al menos mencionar, y en nuestro caso criticar, el disparatado modelo institucional y fiscal vasco; modelo que condiciona no solamente las políticas fiscales que pudieran aplicarse, sino toda la política y todas las decisiones políticas en el País Vasco. El modelo foralista no es tan intangible. Es bastante tangible y nos perjudica a todos los ciudadanos gravemente.
Es un absurdo que una comunidad autónoma como Euskadi de apenas 2 millones de habitantes tenga cuatro Parlamentos y tres Haciendas Forales al margen del control del Parlamento Vasco. Es un absurdo evidente que una comunidad como Euskadi tenga cuatro Parlamentos, tres Haciendas, tres políticas fiscales distintas. Es un disparate que los ciudadanos vascos paguemos distintos tributos en función del territorio histórico donde vivamos. Carece de sentido. Es un absurdo, por lo tanto. Del mismo modo, por cierto, que es absurdo que un ciudadano español pague distintos tributos en función de la parte de España donde viva. Defendiendo los mismos principios es igual de absurdo una cosa como la otra.
Euskadi es la única región con amplias competencias fiscales de la OCDE que no aprueba sus normas fiscales en su Parlamento. Lo hace formalmente a través de tres votaciones en cada una de las tres juntas provinciales. Podría hacerlo quizás a través de la aplicación de la mencionada Ley Vasca 3/89, de 30 de mayo, en la que se especifica que el Parlamento Vasco tiene competencias fiscales y puede fijar al menos los temas esenciales de los impuestos pero lo cierto es que en la práctica no se ha hecho.
En todo caso, nosotros volvemos a defender que las competencias fiscales residan en este Parlamento sin menos cabo de que efectivamente, en nuestro caso –en el caso de UPyD y no lo ocultamos– consideramos que debamos avanzar hacia una sola política fiscal no ya en España, sino en el conjunto de Europa. Eso debería ser el futuro.
Por lo tanto, este sistema no sólo rompe la igualdad, sino que el hecho de que existan tres políticas fiscales diferentes nos impide alcanzar la mejor política fiscal posible porque es habitual que ocurra (y así ha ocurrido históricamente( que cada territorio histórico utilice su política fiscal digamos que para hacer competencia al resto de territorios históricos o a las comunidades autónomas vecinas. Y esto ha impedido y sigue impidiendo alcanzar la mejor política fiscal posible y provoca desarmonización fiscal y provoca, por lo tanto, evidente desigualdad.
Para paliar este absurdo y coordinar las políticas fiscales, tenemos el Órgano de Coordinación Tributaria cuyo modo de funcionamiento es un misterio para todos nosotros, algo absolutamente opaco. Este órgano debe pasar a mejor vida cuanto antes. Debemos modernizarnos y ese nuevo modelo que nosotros propondríamos órganos de esta naturaleza desaparecerían.
Además, Euskadi se rige por el sistema del Concierto Económico. Pagamos al Estado un cupo o los servicios que el Estado presta en nuestra comunidad. Lo normal sería que su cálculo fuera absolutamente claro. Sin embargo, ocurre todo lo contrario: No se entiende y crecen las voces de quienes señalan que el cálculo del cupo supone una sobrefinanciación para los ciudadanos vascos.
Espero que los progresistas alcen la voz ante estos privilegios. No lo harán obviamente y nos quedaremos nosotros solos denunciando que no puede haber privilegios para nadie pero tampoco para nosotros. En todo caso, es obvio que no se calcula, sino que más bien se negocia políticamente como históricamente ha ocurrido.
Por tanto, tenemos un sistema opaco, confuso, caro, poco transparente, ineficaz e ineficiente que provoca disfunciones y duplicidades, y que evita que tengamos la mejor política fiscal posible. Y en Euskadi es obvio que a día de hoy no tenemos ni de lejos la mejor política fiscal posible.
Es otra obviedad y un hecho conocido que los impuestos en Euskadi son en general más bajos que en el resto de Europa. La presión fiscal es claramente inferior a la media de la Unión Europea y, por lo tanto, hay un margen para incrementarla.
Por tanto, somos partidarios de que puedan incrementarse determinados impuestos. Somos partidarios de que puedan incrementarse determinados impuestos pero para garantizar el Estado del bienestar, la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, para defender más igualdad, para defender la justicia social, para defender la distribución de la riqueza. Pero no para pagar embajaditas, una EITB mastodóntica o para privatizar determinados aspectos de nuestra administración. No para soportar un modelo foral absolutamente insostenible, no para sostener el elefantiásico modelo foral actual, no para sostener un gasto institucional a todas luces excesivo. Y, desde luego, priorizando la lucha contra el fraude fiscal.
Nosotros, en todo caso, queremos y proponemos cambiar radicalmente el actual modelo foralista: Racionalizarlo, modernizarlo y democratizarlo. En fin, o directamente hacerlo desaparecer por ser más directos y más claros.
No necesitamos un sistema de riesgos como el Concierto Económico ni un cupo opaco, ni un entramado institucional que provoca ineficiencias y duplicidades. Tampoco un sector público sobredimensionado también opaco ni tres políticas fiscales distintas que provocan desigualdad, ni cuatro parlamentos, ni tres diputaciones forales que hagan oposición al Gobierno Vasco.
En fin, insisto, todo esto proponemos cambiarlo radicalmente para ganar en claridad y en transparencia para servir mejor en definitiva a los ciudadanos. Nosotros proponemos, por lo tanto, que la política fiscal sea competencia del Parlamento Vasco. Evidentemente, para modificar radicalmente este sistema tal como lo proponemos habría que modificar la Constitución Española, el Estatuto de Gernika o la Ley de Territorios Históricos.
Nosotros no tenemos miedo, no pensamos que haya leyes sagradas: ni la Ley de Territorios Históricos, ni el Estatuto de Gernika, ni la Constitución Española. Todo puede cambiarse obviamente con el mayor consenso posible pero, en todo caso, nosotros decimos que sí a todos esos cambios.
Y mientras tanto, es decir, mientras no se alcanzan esos objetivos que UPyD plantea, pues obviamente plantear todas...
...a todos esos cambios.
Y mientras tanto, es decir, mientras no se alcanzan esos objetivos que UPyD plantea, pues obviamente plantear todas las modificaciones que consideramos son necesarias con realismo y sabiendo el campo de juego foralista en el que nos movemos aunque no nos guste, porque el propio terreno de juego, el foral, es un verdadero lastre, como decía, antes para aplicar la mejor fiscalidad posible y atender de la mejor manera posible y de la manera más igualitaria posible y de la manera más justa posible a los ciudadanos.
No solamente porque estemos en situación de crisis estamos obligados a analizar casi permanentemente la política fiscal, de modo que podamos habilitar e impulsar la política fiscal más justo, más progresista y que mejores resultados obtenga para el conjunto de la sociedad que sirva para mantener el Estado del bienestar.
Tenemos que hacerlo continuamente y en este caso también debe servir para impulsar la actividad económica y para crear empleo.
Por lo tanto, no renunciamos sino todo lo contrario, a proponer medidas concretas que deberían hacerse realidad cuanto antes. Efectivamente, luego propondremos algunas en forma de proposiciones de resolución. Hoy toca plantear por tanto, propuestas que al menos puedan servir para acercar el indispensable acuerdo entre las distintas formaciones políticas.
30 años después seguimos necesitando un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal que haga disminuir el fraude y la elusión fiscal a niveles, al menos, soportables.
Y el fraude fiscal hoy en Euskadi es absolutamente insoportable y esto hay que cambiarlo. Y no tenemos un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal como consecuencia de esta estructura arcaica, pero también de la actitud boicoteadora y muy poco responsable de las diputaciones forales, así como de la negativa permanente de los partidos foralistas aquí presentes y que no llegan al 50 % de los parlamentarios.
No sé si el resto de partidos políticos son o no foralistas, lo cierto es que en la práctica han venido siéndolo. Nosotros no lo somos, lo hemos demostrado y proponemos por lo tanto llevar a la práctica todos estos cambios.
Por lo tanto, hoy nuevamente reivindicamos la necesidad de articular un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal para el conjunto de Euskadi, que refuerce los mecanismos de colaboración, coordinación e intercambio de información entre todas las administraciones tributarias.
Desde luego las estrecheces económicas y presupuestarias nos obligan a ello, pero ésta debería ser una lucha permanente e independiente de que vivamos o no en una crisis económica, puesto que el fraude y la elusión fiscal atentan contra la igualdad de los ciudadanos y son consultas éticamente inaceptables.
El fraude fiscal perjudica la financiación de la Administración, fomenta la insolidaridad y la injusticia y distorsiona la actividad económica. El fraude fiscal reduce el Estado del bienestar y el gasto social; el fraude fiscal nos empobrece. A más fraude fiscal más recortes sociales. A menos fraude fiscal menos recortes sociales; a menos fraude fiscal más Estado del bienestar, a menos fraude fiscal más igualdad y más solidaridad.
A pesar de que las competencias en política fiscal y lucha contra el fraude corresponden a las diputaciones forales, es necesario que se impulse por parte del Gobierno Vasco un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Algunas medidas para luchar contra el fraude se han impulsado en los últimos meses, cierto es, pero siguen siendo claramente insuficientes.
Por lo tanto, un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal que contemplara al menos algunas de las siguientes medidas:
Elaboración un plan de lucha contra el fraude fiscal con objetivos definidos y medibles.
Incremento del número de inspectores y del número de inspecciones fiscales.
Impulso de la formación continua de los inspectores fiscales.
Reforzamiento y agilización de los mecanismos de colaboración, coordinación, transparencia e intercambio de información entre todas las administraciones tributarias.
Elaboración de un plan de prevención y detección de bolsas de fraude, estableciendo sistemas de alarma mediante medios informáticos y estadísticos.
Modificación de toda aquella normativa tributaria que posibilite el mantenimiento de regímenes especiales poco transparentes como son las Sociedades de Promoción de Empresas o que faciliten el fraude, el engaño o la fuga de ingresos fiscales.
Aumento de las sanciones tributarias y de lo plazos de prescripción.
Realización de campañas que promuevan la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y sitúen el fraude como comportamiento inadmisible que atenta contra la igualdad de los ciudadanos.
Establecimiento y celebración de reuniones periódicas de todas las administraciones y elaboración anual y presentación en sede parlamentaria, en esta sede, de estudios sobre el fraude fiscal.
Desde luego, defendemos como siempre hemos defendido una política fiscal basada en los principios de progresividad justicia y solidaridad que haga posible el principio general de que pague más quien más tiene y un sistema de servicio público de calidad. Obviamente defendemos aquellas medidas de política fiscal dirigidas a favorecer el impulso de la actividad económica, el crecimiento del empleo, las políticas sociales y el sostenimiento del Estado del bienestar.
Defendemos gravar más a las rentas de capital, hasta gravarlas del mismo modo que las rentas del trabajo, es decir, equiparar las rentas de capital a las rentas del trabajo. Defendemos iniciar al menos una reflexión acerca de determinadas deducciones lineales existentes en el IRPF, deducciones que no tienen en cuenta los ingresos de cada contribuyente o unidad familiar. Deducciones  en definitiva claramente regresivas y muy poco progresistas.
Defendemos un impuesto de sociedades armonizado para Euskadi y para el conjunto de España y Europa, y la revisión de muchas de las deducciones actualmente vigentes en este impuesto. Y lógicamente, ofrecer un tratamiento fiscal diferenciado para las Pymes.
Obviamente rechazamos contundentemente todas las amnistías fiscales y en concreto la última impulsada por el Gobierno central. No sólo porque priman a los defraudadores e incentivan el fraude, sino también porque desincentivan la conciencia social y la solidaridad que implica contribuir con los impuestos a las cargas del Estado del bienestar y al interés común. Rechazamos igualmente tratos privilegiados a determinados deportistas profesionales, como luego plantearemos en una de nuestras propuestas de resolución.
Seguimos defendiendo la supresión total del régimen de Sociedades de Promoción de Empresas, régimen especial poco transparente utilizado como coladero por algunos para pagar menos impuestos; y que se ha mantenido durante largos años mientras ustedes, en fin la mayoría de ustedes, han venido gobernando.
Porque todos ustedes han venido gobernando durante largos años y estas propuestas y en concreto algunas de las propuestas que ustedes mismos plantean hoy o que ha propuesto el propio señor López, se podían haber llevado a la práctica mucho antes. No se hizo y ahora estamos como estamos, soportando o apunto de soportar nuevos recortes sociales.
Y desde luego defendemos la necesaria armonización del denominado Impuesto sobre el Patrimonio o renta de las grandes fortunas para el conjunto de Euskadi.
En conclusión, defendemos la reforma del modelo institucional y fiscal vasco para hacerlo más razonable y transparente. El traslado de las competencias fiscales al Parlamento Vasco, una lucha prioritaria y mucho más intensa contra el fraude fiscal y una política fiscal más progresiva, más progresista, más justa que la actual que garantice las políticas sociales y el Estado del bienestar y que impida más recortes sociales.
Una política fiscal, por lo tanto, para defender más igualdad, más solidaridad, más y mejor distribución de la riqueza. Una política fiscal que atienda más y mejor a los ciudadanos que menos tienen. Esto se tenía que haber hecho mucho antes. Se tenía que haber hecho hace muchos años. Unos y otros pospusieron el debate y las reformas fiscales necesarias. Nosotros esperamos que sea posible hacerlo ahora.
Nada más y muchas gracias.