LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-05-09):
Gracias señora presidenta, buenas tardes a todos.
Como decimos en la parte expositiva de la iniciativa que hoy aquí defiendo, se remitió a esta Cámara la recomendación 2/2013 del Ararteko de fecha 5 de febrero.
Dicha recomendación versaba sobre la necesidad de garantizar la accesibilidad universal en aquellos edificios residenciales colectivos que dispongan de barreras arquitectónicas, en especial mendiante la instalación de ascensores.
Nos parecía un tema importante, recoger esta recomendación y desde aquí intentar instar a las distintas instituciones a adoptar medidas para que dicha recomendación pueda cumplirse.
Y en realidad, como recogemos en la exposición, lo que dice la recomendación no es más que poner negro sobre blanco lo que es una realidad, que muchas personas se ven obligadas a vivir confinadas, aisladas en sus domicilios.
Y la razón no es otra que los inmuebles en los que se encuentran esos domicilios cuentan con unos obstáculos físicos que les impiden salir de los mismos, porque son insalvables para aquellos cuya movilidad se ve reducida por cualquier causa.
Y estas dificultades no sólo existen en el ámbito privado, en los domicilios particulares, sino que también hay espacios públicos que todavía cuentan con estas barreras. Y en los dos ámbitos es preciso actuar, eso creo que todos lo tenemos claro.
En los edificios públicos, por supuesto, porque no es de recibo que las instituciones públicas, los poderes públicos que deben ser los garantes de que la libertad y la igualdad de todas las personas sin exclusión sean reales y efectivas no sean accesibles.
Porque no es de recibo que una sociedad que quiera basarse en la igualdad de todos no garantice la accesibilidad de todas las personas y especialmente, como decía, aún más, si cabe, a los propios edificios públicos.
En esta propuesta nos queremos referir más al ámbito privado, porque como decía hay que garantizar que nadie pueda ser condenado a vivir enclaustrado en su domicilio porque por falta de voluntad o por impedimentos técnicos o económicos el edificio en el que se encuentre dicho domicilio tenga barreras arquitectónicas.
Y por ello creo que entre todos debemos tomar medidas positivas que puedan favorecer esa igualdad real y permitir esa accesibilidad universal.
Los poderes públicos han sido consientes de la necesidad de vivienda y entorno accesible, de la necesidad de promover las condiciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio del derecho a circular y a deambular.
Nosotros hemos de reconocer aquí que existen dificultades de todo tipo: Legales, es necesario dotarnos de instrumentos normativos adecuados; técnicos, porque la configuración de muchas edificaciones implica que a veces no se pueda poner elementos de accesibilidad como ascensores en el edificio, sino ocupando la fachada o parte del suelo público; y económicas, por el costo elevado que en muchas ocasiones supone la eliminación de barreras arquitectónicas o la instalación de ascensores, sobre todo en la época actual de crisis.
Pero debemos intentar desde las instituciones públicas salvar todas estas dificultades. Con relación a las legales hay que distinguir entre las viviendas construidas con posibilidad a la Ley 20/97 y las anteriores, dado que la normativa no puede ser aplicada retroactivamente salvo que se lleve a cabo una reforma integral del edificio.
Esta Ley 20/97, para la promoción a la accesibilidad, desarrollada por el Decreto 68/2000, establece la obligatoriedad de garantizar la utilización de los accesos y comunicaciones en las construcciones de nueva edificación, es decir, todos aquellos edificios residenciales construidos a partir de la entrada en vigor deben tener garantizada la accesibilidad universal.
Pero antes de la promulgación de esta Ley en Euskadi, no existía esta regulación técnica que obligara a la accesibilidad universal y por ello muchos de los edificios construidos con anterioridad a dicha fecha tienen un importante número de barreras arquitectónicas.
Según datos del propio Gobierno Vasco, en Euskadi existe un parque de viviendas formado por un 1.004.740, cuya antigüedad supera los 39 años, constituye así, el parque de viviendas más antiguo de Europa, después del Reino Unido.
Casi el 20 % de la población considera que es el edificio el origen de sus problemas de movilidad y, según datos del Eustat, todavía en el año 2010 el 34 % de los edificios en Euskadi no tienen convenientemente resuelta la accesibilidad a la vivienda y al resto de los espacios privativos del inmueble.
Y es necesario, señorías, hacer frente a esta cuestión de eliminar las barreras del parque ya edificado.
Ello se puede conseguir, en primer lugar, con la voluntad mayoritaria de los propietarios, ya que según la Ley se precisan la mayoría de dos quintos para la colocación del ascensor.
La Ley 26/2011, de adaptación de la normativa a la convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, salva esta necesidad de acuerdo mayoritario, es cierto, pero a falta de acuerdo es la disponibilidad económica de la persona con discapacidad la que influye y muy mucho en hacer posible la eliminación de las barreras arquitectónicas.
Y ello, señorías, consideramos no debiera ser así, no debiera depender de que no hay intereses contrapuestos o de que se tenga disponibilidad económica suficiente, debiera articularse fórmulas para garantizar esa accesibilidad a todos.
Por otra parte, la ley nos da posibilidades de intervenir en las edificaciones con problemas de accesibilidad.
Un instrumento para ello, son los planes de rehabilitación y renovación de edificios...
...la ley nos da posibilidades de intervenir en las edificaciones con problemas de accesibilidad. Un instrumento para ello son los planes de rehabilitación y renovación de edificios.
A través de estos planes y en uso de la previsión incluida en el artículo 111 de la Ley 2/2011, los ayuntamientos pueden ordenar a las comunidades de propietarios la realización de obras dirigidas a garantizar los derechos de todas las personas a la accesibilidad, posibilidad que también venía recogida en la Ley 2/2006.
Y otro instrumento sería la inspección técnica de las edificaciones para poder diagnosticar los problemas de accesibilidad y fijar las medidas para garantizar la misma. Y supeditar así la concesión de subvenciones para rehabilitación de los edificios a que sus propietarios se comprometan a la eliminación de las barreras arquitectónicas.
Vemos por tanto que la legislación estatal y la autonómica permiten intervenir en aquellos edificios que tienen problemas de accesibilidad, permite determinar la necesidad de ejecutar obras de mejoras entre las que se incluyan la eliminación de las barreras arquitectónicas con el objetivo, como decía, de garantizar a todas las personas el ejercicio de sus derechos.
Y eso es lo que pedíamos y lo que se recoge en la enmienda de transacción que finalmente hemos firmado, que desarrollemos esas posibilidades normativas que tenemos.
Y también como decía dificultades económicas pueden impedir la posibilidad de llevar a cabo estas obras de mejora y rehabilitación.
Y para solventar estas dificultades es necesario, como decía, que se concedan como se ha venido haciendo hasta ahora ayudas para rehabilitación, pero sería conveniente que todas esas ayudas se subordinases al cumplimiento de la obligación de realizar esas obras de mejora de la accesibilidad. Y eso también se establece así en la enmienda.
Desde el Gobierno Vasco nosotros hemos de reconocer que se tienen instrumentos, que se han puesto en marcha instrumentos para conseguir esto. Por una parte está el Plan Estratégico de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Rehabilitación de Edificios y Regeneración Urbana 2010-2013 entre cuyos objetivos estaba la extensión a todo el territorio elaborar una ley que dé cobertura a todo el territorio de la política de rehabilitación y revisar los criterios de las órdenes para las ayudas de rehabilitación y regeneración urbana.
Así mismo, el año pasado se aprobó el Plan Revive, plan que estaba dirigido a que las comunidades de propietarios que quisieran rehabilitar el conjunto de los edificios anteriores a 1980 pudieran hacerlo y a este Plan se dotó con 9.300.000 de euros.
En dicho Plan se establecía expresamente que esos proyectos de intervención en el patrimonio edificado deberían estar encaminados a la mejora de la accesibilidad, entre otras, siendo las actuaciones destinadas a garantizar el acceso de los edificios desde la vivienda pública eliminando peldaños para salvar desniveles una de los conceptos por el que se podía recibir este tipo de ayudas.
Este Plan va a tener continuidad en este Gobierno, en el Plan Renove para el que se han anunciado que se van a destinar 14 millones de euros.
Y es necesario también, señorías unificar las medidas adoptadas en todos los municipios vizcaínos para facilitar la instalación de ascensores en los edificios que no dispongan de los mismos. Normativas y facilidades técnicas y económicas que no dependan de la sensibilidad del gobierno municipal de turno, que permita la ocupación de suelo público o que conceda ayudas municipales.
Como decía, hemos llegado a una enmienda de transacción con el grupo Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos y desde aquí quiero dar las gracias al señor Aldaiturriaga y al señor Itxaso, enmienda que trata de recoger tanto los planteamientos de la iniciativa original como los planteamientos de estos dos grupos que mejoraban dicha iniciativa original.
Por ello, desde aquí y para terminar, pedimos el apoyo para la enmienda porque creemos que se debe de garantizar a todas las personas sus derechos y desde luego el derecho a la accesibilidad debe ser uno de los derechos que prioritariamente debe ser garantizado.
Nada más. Muchas gracias.