ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUAK (Artolazabal Albeniz) (EAJ, 2018-12-14):
Eskerrik asko berriro, presidente andrea.
Señora Arana, nosotros también tenemos esa preocupación que usted ha manifestado hoy en esta tribuna, y nuestra actuación se enmarca en lo que es el cumplimiento de la normativa existente en aquellas materias en las que somos competentes.
En este caso, para garantizar los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes en caso de ruptura o separación de los progenitores, nos debemos al cumplimiento de dos leyes:
Por un lado, la Ley 3/2005 de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia y, por otro lado, la Ley 7/2015 de Relaciones Familiares en Supuesto de Separación o Ruptura de los Progenitores.
La Ley de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia nos ofrece un marco normativo acorde a la Convención de los Derechos de la Infancia promovido por Naciones Unidas en 1989. Con la aprobación de esta ley, la infancia ha pasado de ser objeto de protección a ser un sujeto de derechos. Y uno de esos derechos que se quiere garantizar con esta ley es el derecho a la protección.
En este sentido, se ha desarrollado desde el Gobierno Vasco en colaboración con el resto de las instituciones un instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo que se regula en el Decreto 152/2017 llamado coloquialmente Instrumento Valora.
Este instrumento, que también se utiliza para valorar los riesgos de los menores en situaciones de ruptura de pareja, es algo que nos está ayudando sobre todo a las diputaciones y ayuntamientos, que son las instituciones que las utilizan, para detectar estas situaciones de riesgo.
Este instrumento ha sido diseñado para ser aplicado, como le decía, en los servicios sociales municipales y también por los servicios de atención y protección a la infancia y a la adolescencia de las diputaciones forales.
Y así, en la ejecución de sus competencias, pueden analizar y determinar las situaciones de riesgo y desamparo, vinculadas al ejercicio de los deberes de protección para la guarda de los niños y niñas y adolescentes por parte de sus padres, madres o personas tutoras.
Y a través del uso de esta herramienta, los profesionales pueden anticipar e intervenir en situaciones de riesgo de desprotección, que son las que se pueden producir cuando los progenitores no cumplen con las obligaciones en caso de separaciones o divorcio.
Ese instrumento ha sido actualizado mediante decreto  - el 152/2017 -  el pasado mes de mayo, con el objetivo de mejorarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades y situaciones, que una de ellas puede ser el caso que usted nos ha traído hoy a la tribuna.
La Ley de Infancia, por otro lado, tiene como objeto garantizar el ejercicio de derechos que se reconoce en la infancia, y así establece el marco de actuación en el que deben ejercerse las actividades de fomento de los derechos y del bienestar de los y las menores.
Además también define los principios de actuación y el marco competencial e institucional en el ámbito de la protección de los niños, de las niñas y adolescentes.
En el principio inspirador de la Ley de Infancia y Adolescencia se recoge que las actuaciones públicas que guarden relación directa con la infancia y adolescencia deberán tener como base el interés superior del menor; y nuestro deber como institución es trabajar para y por este principio del interés superior de la persona menor, ya sean familiar monoparentales, en familias desestructuradas o en cualquier tipología de familia, nuestro deber es trabajar para que los y las menores vascas puedan tener igualdad de oportunidades en su desarrollo e integración.
Y así lo hemos venido y lo hemos recogido en el Pacto Vasco de Apoyo a las Familias y también en el IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias...
...en su desarrollo e integración, y así lo hemos venido y lo hemos recogido en el Pacto Vasco de Apoyo a las Familias y también en el IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias.
Entendemos que esta labor de proteger y apoyar a la infancia es responsabilidad de todos los niveles institucionales y también de las distintas áreas del Gobierno.
En el IV Plan de Familia, el cuarto eje, en concreto, está dedicado exclusivamente al bienestar de la infancia y adolescencia, también para los casos que se produzcan rupturas o separaciones de los progenitores y que tengan consecuencias en los menores.
Y en cuanto a la segunda ley que le decía, la de relaciones familiares, en supuestos de ruptura o separación de los progenitores, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, pone a disposición de las familias vascas el servicio de mediación familiar.
Este servicio es público, gratuito y voluntario, y está dirigido a ayudar a solventar los conflictos familiares, ya sean por ruptura de la pareja, matrimonios o parejas de hecho, o también por otras circunstancias surgidas en el entorno familiar. Está disponible en los tres territorios y este servicio anualmente atiende a unas 10.000 personas.
El 86,5 % de la intervención que se realiza en este servicio, se debe a conflictos derivados de rupturas de las parejas, el 77 % de los expedientes finalizados en 2017 en los servicios públicos de mediación familiar, se cerraron con un acuerdo sobre la situación planteada originalmente, lo que en muchos casos evitó que las personas usuarias del servicio tuvieran que iniciar la vía contenciosa y de esta forma se evitaron situaciones de desprotección que se podrían generar si no hubiera acuerdo entre los progenitores en la protección de sus hijos e hijas.
Además, hemos analizado lo que los acuerdos y si se siguen manteniendo o no en el tiempo, y hemos comprobado que, transcurrido un año, el 94 % de las personas usuarias de los servicios de mediación familiar siguen responsabilizándose de sus acuerdos.
Pero las situaciones en las que no se genera un acuerdo, en las que no existe un acuerdo, esto hace que se puedan generar situaciones de desprotección y, por tanto, se activa el sistema de protección social de Euskadi.
En los casos en que la unidad convivencial con menores a cargo que no dispone de ingresos suficientes y necesite de una renta de garantía de ingresos, si existe una denuncia por parte del cónyuge que no recibe la pensión compensatoria, puede hacer valer sus derechos, y con la denuncia que presente por parte del juzgado, no se computan ya como ingresos y, por tanto, se le concede la prestación.
Y en aquellos casos en la que algunos de los padres aportan menos de la cuantía que está establecido en el convenio regular, Lanbide complementa este ingreso hasta las cuantías máximas previstas en la normativa de la renta de garantía de ingresos.
Como le decía, es deber de todos trabajar por garantizar el interés superior del menor en cualquiera de las circunstancias en que se encuentre, y en el marco de las competencias que tenemos como Gobierno Vasco, atendemos a la infancia y a la adolescencia que pueda encontrarse en este riesgo de situación de desprotección.
Por tanto, señora Arana, nosotros, dentro de nuestras competencias, actuamos previamente, cuando se produce la ruptura o el conflicto en el ámbito de la mediación familiar, y si no existe ese acuerdo entre las partes y se produce un incumplimiento del convenio regulador y existe una denuncia que la parte que tiene que percibir esa ayuda no recibe, ante la denuncia presentada en los juzgados, acuden a Lanbide y se les concede directamente la renta de garantía de ingresos, hasta que haya una sentencia en firme.