ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUAK (Artolazabal Albeniz) (EAJ, 2019-02-22):
Egun on berriro.
En Ley de Servicios Sociales, señora Kortajarena, se define como usted bien sabe, la estructura competencial que deben tener los servicios sociales públicos de Euskadi. Así, la ley sitúa a los servicios de atención primaria bajo la competencia de los ayuntamientos, a excepción de la teleasistencia, y la atención secundaria queda bajo la responsabilidad foral.
El Gobierno Vasco, por tanto, asume las funciones de coordinar, planificar y legislar, así como la prestación de los servicios considerados dentro de su acción directa.
Se refiere usted a la situación laboral que viven las residencias y sabe usted bien que las relaciones laborales entre las personas que trabajan en los centros y las residencias corresponden a las empresas y a los representantes de las personas trabajadoras. Es un tema delicado ya que una huelga, protesta o acción que altere la vida de los residentes afecta directamente a un colectivo muy vulnerable, como es el de las personas mayores allí atendidas y a sus familias.
No solo los responsables institucionales, sino toda la sociedad ha de preocuparse por la situación de esas personas allí atendidas y también de la condición laboral de quienes las atienden.
Es evidente que los responsables de la Diputación están preocupados por lo que suponen esas huelgas en los centros de atención a las personas mayores. Lo hacen los responsables forales actuales y lo han hecho también hace años otras corporaciones. El papel de la Diputación en la negociación entre los sindicatos y las empresas por un convenio territorial, es el de posibilitar ese diálogo para una solución y el de garantizar unos servicios que atiendan a esas personas mayores especialmente vulnerables.
Pero lo que nos compete a nosotros, en mayo del 2017 remitimos a esta Cámara el borrador de decreto de centros residenciales para personas mayores. Con dicha norma se regulan los requisitos materiales, funcionales y personales que deben reunir los centros residenciales para personas mayores en Euskadi, además de establecer las condiciones para su autorización de funcionamiento, acreditación y homologación.
El 30 de octubre del año 2015 entró en vigor el Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, y en el anexo relativo a los centros residenciales para personas mayores se define el servicio y los objetivos, así como las prestaciones que incluye la delimitación de la población destinataria y la especificación de los restantes requisitos de acceso, estableciendo qué está sujeto a copago.
Dentro de este marco legal, a través del proyecto de decreto, se pretende regular los centros residenciales para personas mayores, con la finalidad de garantizar a las personas que los precisen, el derecho a recibir unos servicios de atención residencial de calidad.
Este proyecto de decreto se ha elaborado en estrecha colaboración con el personal técnico de las tres diputaciones forales, con Eudel, con las entidades sociales, con los sindicatos, y nos hemos marcado como objetivos básicos para este decreto, cuatro puntos.
Garantizar, en primer lugar, a las personas usuarias los cuidados y la asistencia personal para realizar las actividades de la vida diaria; mantener su autonomía personal y fomentar el desarrollo personal y la adquisicion de habilidades y evitar su deterioro.
En segundo lugar, que las personas usuarias desarrollen, con el apoyo necesario actividades orientadas a mantener sus relaciones con el entorno comunitario y a participar en el mismo.
En tercer lugar, que las personas usuarias amplíen las relaciones con la familia y con otras personas residentes o ajenas al medio residencial y participen en la vida del centro.
Y por último, es el de favorecer su sentimiento de seguridad.
Creo que desde la perspectiva de una persona mayor o de su familia, son unos mínimos básicos fundamentales que deben guiar el desarrollo de la actividad y definición de cada servicio residencial.
En el decreto no solo se definen las cuestiones físicas o estructurales que debe tener un centro residencial para personas mayores, también se establece un modelo de atención que se debe prestar en el mismo, algo especialmente relevante.
Así, el modelo de atención aplicable en el centro tendrá los siguientes componentes básicos: Una atención integral y centrada en la persona, el modelo de gestión, evaluación y mejora continua de la calidad basada en la garantía de derechos.
Se lo decía en mi intervención anterior a la señora Arana, para el Gobierno Vasco constituye una prioridad que las personas disfruten del máximo bienestar, los mayores en un envejecimiento activo y empoderado, y toda la sociedad conciliando su vida personal, familiar y laboral, y siempre, todo ello, en igualdad.
La viceconsejera de Políticas Sociales del Departamento de Empleo y Política Sociales, ya venía trabajando en la modificación de la normativa del decreto sobre servicios residenciales para la tercera edad desde la pasada legislatura. Se desarrollaron muchas intensas jornadas de trabajo y tras un dilatado periodo de negociaciones, el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto se inició en mayo del 2017. Previamente trasladé a esta Cámara su estructura y contenido básico.
En junio de 2017, se inició el trámite de consulta pública, previo a la elaboración del decreto. Dicho trámite, novedoso y que mejora la participación de la ciudadanía en el procedimiento de las normas, deriva del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Transcurrido el plazo fijado, se recibieron 20 aportaciones y el proyecto fue aprobado con carácter previo, por Orden el 28 de julio de 2017. Se redactaron las memorias explicativa, económica y acto seguido se emitió el informe preceptivo, informe jurídico de la Dirección de Servicios.
Se modificó el proyecto de decreto para actualizar la normativa de referencia sobre protección de datos y, en este momento, el proyecto de decreto es estudiado por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, por la COJUA, que deberá emitir dictamen en el plazo máximo de dos meses, y este es el último plazo ya de su tramitación.
Tras incorporar el proyecto al decreto, las modificaciones que procedan a raíz del dictamen que emita la COJUA, será aprobado por el Consejo de Gobierno, esperemos que en un plazo breve de tiempo.
Por tanto, señora Kortajarena, nuestra competencia en esta materia la fija la Ley de los Servicios Sociales, y es la de coordinar y planificar y la de legislar si estamos cumpliendo con nuestra función de una manera permanente, trabajando en la mejora permanente de los centros para nuestras personas mayores, mediante la aprobación en breves meses de este decreto que, de verdad, se ha dilatado excesivamente en su tramitación, dos años desde que yo vine a esta Cámara en mayo, y que esperemos venga a mejorar y a consolidar un sistema que tenemos entre todos previsto.