MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2014-12-12):
Sí, señor lehendakari.
El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco ha presentado una propuesta denominada Zuzen Bidean, que recoge una veintena de medidas relacionadas con la política penitenciaria que se aplica a los presos de la organización terrorista ETA.
Entre ellas figuran el acercamiento de estos reclusos a las cárceles vascas, la puesta en libertad condicional de los mayores de 70 años, el cómputo de penas cumplido en cárceles extranjeras, la transferencia de la competencia de prisiones a Euskadi, el agrupamiento de los terroristas dentro de la misma cárcel.
Reformar leyes como la de Enjuiciamiento Criminal para suprimir la detención incomunicada, o reducir la prisión provisional, aplicar medidas en investigación, prevención y reparación de la tortura, o cambiar la Ley 7/2003 sobre cumplimiento íntegro de las condenas, entre otras. Ya digo que estamos hablando de una veintena de medidas planteadas a través de este programa por el señor Jonan Fernández.
Es sabido que la organización terrorista no se ha disuelto, ni ha entregado las armas, ni ha pedido perdón por los cientos de atentados, crímenes y estragos cometidos durante 50 años.
La mayoría de los presos de la organización criminal tampoco han cumplido los requisitos que marca la ley para poder acogerse a los beneficios penitenciarios. En concreto, no ha colaborado con la justicia para ayudar a resolver los crímenes cometidos por ETA pendientes de esclarecimiento, de lo que hablábamos en el punto anterior.
En nuestra opinión el Gobierno vasco, el señor Jonan Fernández con la presentación de este programa, y se lo diré también muy claro, señor lehendakari, quiere o pretende dar la sensación de que no vivimos en una democracia, ni en un Estado de derecho y que se vulneran los derechos de los presos de ETA. Ésta es la sensación que quiere dar el Gobierno vasco y en concreto el señor Jonan Fernández cuando presenta este programa.
Quiere trasladar la sensación de que no vivimos en un Estado de derecho y que los derechos de los presos de ETA están vulnerados. Esto es lo que pretende, por lo tanto, el Gobierno vasco y el señor Jonan Fernández, cuestionar el Estado de derecho, y tratar de vendernos la idea de que los presos de ETA son víctimas.
Yo le quiero recordar los principios absolutamente irrenunciables de UPyD. Memoria, verdad, justicia, reparación, que no haya ningún tipo de impunidad, cumplimiento estricto de la legalidad vigente, sin trampas ni manipulación de ningún tipo, incluido el cumplimiento íntegro de las penas para los presos de ETA.
También quiero recordarle el documento de bases, principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad, que hace no demasiados años presentaron todos los colectivos de víctimas del terrorismo, no algunos, sino todos. El día 23 de noviembre de 2010, presentaron este documento de bases que sería interesante que el señor Jonan Fernández tuviera siempre a mano.
Y en este informe, en este documento se dicen cosas muy interesantes a tener en cuenta. Se decía en aquel momento que la debilidad de la banda no es fruto de la casualidad, si no de la actuación decidida del Estado de derecho en la lucha antiterrorista, de los acuerdos entre los partidos democráticos, de la colaboración internacional y del hastío mayoritario con la violencia en Euskadi y Navarra, así como el compromiso decidido del resto de España.
En consecuencia, es fruto de las políticas de tolerancia cero con el terrorismo y de deslegitimación del mismo, puestas en marcha por los distintos gobiernos durante un determinado momento.
Y ahí se anuncian también, se plantean los principios rectores del modelo del fin de ETA. Y se habla de la apuesta por la claridad y la franqueza. Y se habla también de la apuesta por la sensibilidad con las víctimas del terrorismo. Y se apuntan unas notas básicas de un modelo de fin de ETA sin impunidad y se dice que nuestra sociedad no debería olvidar que en un Estado de derecho el derecho a la justicia real no es negociable ni relativo.
Y que si se permite algún tipo de impunidad muchas de las víctimas no podrán completar su duelo, y que resulta necesario un modelo de fin del terrorismo con ley y justicia. Y se apuntaban ahí estos principios, no a la impunidad en el discurso, o evitar la impunidad histórica.
Los asesinatos de ETA, y toda su historia de acoso y coacción para la consecución de su proyecto político poseen, más allá de la dimensión del daño causado, una dimensión pública innegable.
Su derrota pasa irremediablemente por no privatizar el daño, por no esconder la dimensión pública de lo que en las personas asesinadas...
...innegable. Su derrota pasa irremediablemente por no privatizar el daño, por no esconder la dimensión pública de lo que en las personas asesinadas quisieron destruir.
Lo primero que se debe exigir a ETA, a Batasuna se dice en este documento y, en general, el entramado político de ETA es la condena de la historia de terror de ETA. De no hacerse así, uno de sus objetivos clave para el futuro será seguir utilizando su depurada capacidad propagandística para establecer que esa historia del terror ha sido una historia legítima y volverán a ofender gravemente a tantas familias rotas que ellos han provocado.
Si los responsables del daño causado no asumen su responsabilidad y no denuncian la historia del terror, pretenderán relativizar nuestra memoria y verdad como si fuera una opción más. Es preciso, dice este informe, tener muy claro que una narrativa que justifique a posteriori el terror de ETA significa tanto como justificar cada uno de los asesinatos que componen esa historia de terror.
Se apunta también otro principio fundamental como es el compromiso contra la impunidad jurídica y la tolerancia cero con las identidades asesinas, y se reclama una política penitenciaria que no se convierta en una política de gracia. Y se dice que una política penitenciaria que llegara a basarse en la excarcelación anticipada de presos juzgados y sentenciados, enmascarándolo en una aplicación laxa de la progresión de grados supondría una forma de impunidad.
Y se reclamaba también el principio de cumplimiento íntegro de las penas y de la ley. Y se defiende también el principio de contra la banalización del mal en la comunicación pública, en fin, un documento de bases que recogen los principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad.
Este documento se trajo a este Parlamento y lo cierto es que este Parlamento aprobó una iniciativa parlamentaria en la que se valoraba positivamente este documento de bases, principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad.
Y se decía que este Parlamento en la pasada legislatura comparte que las víctimas del terrorismo tienen derecho a la verdad, a la dignidad, a la justicia y a la memoria. Y coincide este Parlamento con este colectivo en que el final del terrorismo deberá regirse por lo previsto en nuestro Estado de derecho y, en este sentido, participa igualmente del rechazo que expresa a la impunidad.
En fin, es importante señalar también que es lo qué dice la ley en relación a todas estas cuestiones y los requisitos establecidos perfectamente en la ley para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario, que ya digo que están en la ley.
Y conviene también señalar cuáles son los requisitos establecidos en la ley para acceder a la libertad condicional: estar clasificado en tercer grado penitenciario, haber cumplido las ¾ partes de la condena, y haber mostrado buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social.
Y según establece el Código Penal, se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas.
Porque, efectivamente, la muestra definitiva de que un preso está arrepentido, de que su petición de perdón si se produce no es falsa y de que está reinsertado o puede reinsertarse en la sociedad es su colaboración con la justicia.
Todo esto dice la ley y algunas cosas más. El artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria señala que la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonios presentes y futuros en los términos del apartado anterior, que muestren signos inequívocos de haber abandonado a los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades para ayudar a resolver los crímenes cometidos por ETA.
Por tanto, para el acceso al tercer grado o la libertad condicional nuestra legislación exige la colaboración con las autoridades. En fin, creo que nuestra ley, la ley vigente es lo suficientemente clara y, por lo tanto, nosotros planteamos que se respete exactamente lo que dice la ley y que no haya, por lo tanto, ningún tipo de impunidad.
También es claro lo que dice el Tribunal Constitucional y lo que dice el Tribunal Supremo en relación a la reinserción, y cuando dice también que la reeducación o reinserción no es el único fin de la pena, sino que ésta ha de armonizarse con la exigencia de justicia y con otros principios.
En fin, nosotros lo que queremos reivindicar, en todo caso, es el cumplimiento estricto de la ley y que no haya ningún tipo de impunidad, que es lo que parece defender en bastantes ocasiones el señor Jonan Fernández.