ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAKO SAILBURUAK (Aburto Rique) (EAJ, 2014-11-14):
Bai, mahaiburu andrea, sailburuok, legebiltzarkideok.
En primer lugar, y antes de responder a la cuestión planteada por la señora Llanos, quisiera aclarar una cuestión previa que si bien se expone de manera somera en la justificación, creo que debe ser destacada.
Nos encontramos ante una promoción privada. Ante una promoción privada de 540 Viviendas de Protección Oficial en régimen de alquiler situada en Donostia. Por tanto, no son viviendas propiedad del Gobierno Vasco ni tampoco de la sociedad pública Alokabide.
En consecuencia, la relación que se produce entre los inquilinos y la empresa es una relación jurídica privada, siendo la única intervención del Gobierno Vasco en la actualidad, el visado en su caso de los nuevos contratos de arrendamiento que se produzcan.
A través del visado de los contratos de arrendamiento, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales se limita a verificar que las personas que acceden a esas viviendas cumplen con los requisitos de acceso que están determinados en la normativa aplicable sobre Viviendas de Protección Oficial.
Una vez aclarada esta cuestión, debemos retrotraernos al origen de esta promoción y recordar que en su condición de promoción concertada, los beneficios de la promoción y de la construcción de las 540 Viviendas de Protección Oficial fueron adjudicadas a la UTE formada por las mercantiles, tal y como usted ha señalado, Metrovacesa y Vallehermoso, mediante una resolución de la Dirección de Panificación y Gestión Financiera de 15 de septiembre de 1994.
En la citada resolución se disponía, en cuanto a las condiciones del régimen de alquiler, que el plazo de duración de la cesión obligatoria en alquiler de las viviendas, tal y como usted también ha señalado, era de 12 años.
Asimismo, en aquel momento las Viviendas de Protección Oficial tampoco se calificaban de manera permanente como ocurre hoy en día, sino que quedaban protegidas por un plazo determinado, que en aquel caso, en el caso de las viviendas en régimen de alquiler era de 30 años, tal y como se disponía en la Disposición Adicional del Decreto 306/2000, de 26 de diciembre, sobre Régimen de Viviendas de Protección Oficial.
Teniendo en cuenta su calificación, es importante señalar también que las personas inquilinas tienen que tener presente que sus contratos de alquiler son contratos de alquiler de Viviendas de Protección Oficial, con una serie de requisitos tanto para poder acceder a las mismas, como para calcular sus rentas. Y esta calificación como Viviendas de Protección Oficial se mantendrá hasta el año 2028, año en el que transcurriría el plazo de 30 años anteriormente expuesto.
Posteriormente a todo esto, el 9 de diciembre de 1996 se firmó un protocolo entre el entonces consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medioambiente y la UTE formada por Vallehermoso y Metrovacesa mediante el que no se modificaba el plazo de cesión obligatoria de las viviendas de alquiler.
Así pues, el plazo de duración del régimen de alquiler seguía siendo el de 12 años, por lo que transcurrido ese plazo mínimo, al termino de los 12 años, los adjudicatarios, Vallehermoso y Metrovacesa, eran libres de continuar gestionando las viviendas en régimen de arrendamiento o bien proceder a la venta de las mismas.
En el protocolo, así como en los contratos de arrendamiento, se recogía expresamente que los arrendatarios gozarían de los derechos de adquisición preferente establecidos en el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
En el ejercicio de ese derecho de adquisición preferente sin embargo, hay que tener en cuenta que en todo caso, tendría preferencia el derecho de adquisición preferente a favor de nuestra Administración, de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, regulado en la Ley 7/88 de 15 de abril.
En este punto es importante señalar que estamos hablando de viviendas de protección oficial y por lo tanto, los futuros adquirientes de estas viviendas, en su caso, sean o no sean los actuales arrendatarios, tendrán en todo caso que reunir los requisitos para ser beneficiarios de viviendas de protección oficial en el momento de efectuarse esa compraventa. Éste es un hecho, a mi modo de ver reseñable.
Como sabrán, actualmente los requisitos para poder acceder a una vivienda de protección oficial en régimen de compra son, ser mayor de edad, estar empadronada o empadronado en un municipio de Euskadi, carecer de vivienda en propiedad, en nuda propiedad o en derecho de superficie o usufructo los dos años anteriores y que aquellas personas que vayan a ser titulares de la vivienda, acrediten en el último fiscal vencido que sus ingresos ponderados se sitúan entre los 9.000 euros de la franja baja y de los 39.000 de franja alta.
En el contrato de arrendamiento firmado por todos y cada uno de los inquilinos, contrato que fue entregado con anterioridad a su firma a todas las personas interesadas para que analizaran su contenido, tal y como nosotros hemos tenido ocasión de saber, se establecía que el plazo de duración del contrato era de un año a contar desde la firma del citado contrato. Sin embargo, para alcanzar la duración mínima de 5 años, el contrato se prorrogaría obligatoriamente por otros 4 años sucesivos salvo que el arrendatario manifestara al arrendador una voluntad diferente, una voluntad de no renovarlo.
Además, al vencimiento de la cuarta prórroga obligatoria el arrendatario tenía también el derecho de prorrogar el contrato por un plazo de otros cuatros años, en plazos sucesivos o en prórrogas sucesivas de un año, salvo también que manifestara su voluntad de no renovación. A la fecha de vencimiento de la última prórroga, en el año 2010, el contrato se prorrogaría de manera tácita por periodos de un año, salvo que cualquiera de las partes notificara a la otra la voluntad de no renovación.
En este contexto, el 22 de julio de 2010, la UTE comunicó al departamento competente en materia de vivienda que estaban considerando la posibilidad de proponer a los arrendatarios que tuvieran contrato en vigor, cuyo plazo inicial estuviera próximo a su vencimiento y que estuvieran al corriente de sus obligaciones contractuales, una prórroga de cinco años.
Atendiendo a la voluntad de la UTE de continuar con los alquileres, los contratos fueron prorrogados cinco años mediante un anexo a los contratos sin necesidad en ese caso, de visado. Usted, señora Llanos, manifestaba en su intervención que el Departamento de Empleo y de Políticas Sociales, no ha propiciado una solución definitiva a las más de 500 familias donostiarras que se alojan en las viviendas de protección oficial de Benta Berri en Donostia. Sin embargo, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, ha mantenido numerosas conversaciones tanto con la UTE Benta Berri, ahora formada por Metrovacesa Alquileres Urbanos y Testa Residencial, como también con los inquilinos de las viviendas.
La conclusión de esas conversaciones y encuentros es que la UTE Benta Berri ha trasladado al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que su voluntad, su voluntad sigue siendo la de continuar gestionando las viviendas en régimen de arrendamiento, ésa es la voluntad de Benta Berri y este Gobierno creemos que debe respetarlo.