LLANOS GÓMEZ (PP, 2015-02-05):
Gracias señora presidenta. Buenos días a todos.
Para enmarcar la ley de empleo público y por lo escuchado cuando se sustanció la interpelación, es verdad que, y además lo recoge la propia Ley 7 del 2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que la Constitución Española establece que por ley se regulará el estatuto de los funcionarios públicos y que el artículo 149.1.18 atribuye al Estado de competencia sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las administraciones públicas.
La normativa últimas, efectivamente, la del 2007 y antes de ese 2007 las tres normas legales que habían venido constituyendo el núcleo esencial de la legislación básica del Estado fueron la Ley 30 de 1984, de medidas para la reforma de la Función Pública, la Ley 53 de 1984, incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y más tarde la Ley 9 de 1987, por el que se regulaba el sistema de representación de los funcionarios públicos y su participación y negociación colectiva para la determinación de las condiciones de empleo.
Pero, como decía, la última es la Ley 7/2007, el Estatuto Básico del Empleado Público, que fue aprobado con la intención de reducir el contenido básico dispuesto por el Estado, ya que el enorme desarrollo de las administraciones autonómicas y locales exigían un replanteamiento del diseño del régimen del personal a su servicio.
El régimen de los empleados públicos no puede configurarse hoy sobre la base de un sistema homogéneo que tenga como modelo único de referencia la Administración del Estado, sino que cada administración debe poder configurar su propia política de personal, sin merma de los necesarios elementos de cohesión y los instrumentos de coordinación.
Por lo tanto, ahora hay más espacio y además se pone de manifiesto, más que nunca, la necesidad de la aprobación de esta ley de empleo público, que viene motivada en parte por el Estatuto Básico del Empleado Público del 2007 y por las modificaciones que la propia Administración ha sufrido a lo largo de estos años y de la Administración vasca también.
Y no se trata de saltarse las bases, como aquí se dijo cuando se sustanció la interpelación. No, no será este grupo el que diga que no haya que respetar la legislación básica del Estado.
Pero también hay que dejar claro que, en función de nuestro autogobierno, tenemos un amplio margen para elaborar, aprobar y desarrollar una ley de empleo público propia, actualizada y adaptada a los tiempos y a las características de nuestra administración.
El desarrollo de nuestro autogobierno no consiste únicamente en una continua reclamación de transferencias competenciales, sino en el desarrollo de las herramientas legislativas de las competencias ya transferencias y, sobre todo, en una buena gestión de las mismas por parte de los poderes públicos.
Esa permanente reivindicación de mayores cotas de autogobierno no esconden sino un planteamiento puramente político, cuando a fecha de hoy existen un buen número de materias pendientes de desarrollo, pero por falta de impulso político necesario.
Algunos realizan acusaciones de falsas recentralizaciones  - y esta materia es un buen ejemplo de esas afirmaciones - , pretendiendo alentar un estado de opinión basado en apreciaciones políticas.
Y lo decimos porque aquí se puso como excusa la legislación básica para decir cuál debía ser el contenido o no debía ser el contenido de...
...de opinión basado en apreciaciones políticas. Y lo decimos porque aquí se puso como excusa la legislación básica para decir cuál debería ser el contenido o no debe ser el contenido de la ley de empleo públicos. Y el principal rasgo de la legislación básica en materia de empleo público es la flexibilidad, ya que partiendo de los competencias atribuidas por los estatutos de autonomía y la doctrina del Tribunal Constitucional, el Estatuto Básico del Empleado Público reconoce expresamente la capacidad de cada Administración pública para desarrollar su propia política de función pública.
Y en desarrollo de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 7/2007, cada comunidad autónoma, al igual que el legislador estatal, están obligados a aprobar una nueva legislación de desarrollo de función pública para el personal de su respectivas administraciones, así como la Administración Local, con respecto, en este último caso, a la autonomía de organizativa de ésta última.
Esta obligación, además, constituye una oportunidad para abordar, como decía antes, una profunda transformación y modernización del empleo publico también aquí en Euskadi.
Como se dijo cuando se sustanció la interpelación por parte del señor consejero, es verdad que en la elaboración de las disposiciones normativas que vienen regulado por ley, se exige una serie de trámites. Ahora, es verdad que esos pasos, esos trámites se pueden dar de forma más rápido o menos rápida y para no hacer solo una critica a este Gobierno, también he de decir que ahora que estamos inmersos en la ley de vivienda, quiero manifestar que el proyecto de ley de vivienda anterior no pudo ver la luz porque según el anterior consejero, los trámites eran tan largos y tantos, que fue como un vía crucis, lo que pasa, claro, aquél de vía crucis, debía tener más estaciones de las normales porque no se llegó a culminar y la legislatura acabo sin ley. Pues esperemos que esta vez no pase lo mismo, que algunas de las leyes que están en trámite no tengan que soportar un vía crucis tan largo que al final nunca acabemos por culminarlo.
Porque esta ley de empleo público ya lleva retraso, estaba previsto para el 2014 y se ha retrasado hasta el 2015 por petición de los sindicatos. Pero aparte de esta ley, según el calendario del Gobierno Vasco se tendría que haber presentado otra serie de leyes. Yo también lo traía escrito, es una pena que el señor Maneiro no esté aquí porque si no parece que él es el que se arroga las únicas criticas. Pero debo decir que 29 son las leyes que componían dicho calendario, que se anunció en el 2013; que 13 proyectos se aprobarían en el primer semestre del 2014, 7 en el segundo y el resto en el 2015.
Pues bien, no se han hecho porque en los dos primeros años de legislatura sólo hemos aprobado una ley de las previstas en el calendario legislativo. Se han remitido 10 de las 20 que se debían de haber remitido y 7 que estaban previstas para el 2014 y han sido aplazadas.
Y como decía, es verdad que existe una serie de trámites y dentro de esos trámites está el consultar a la parte social y nosotros estamos de acuerdo con los proponentes y con el resto de los grupos que esta consulta debe ser efectiva, que no debe ser un paripé.
Se dijo aquí que en noviembre del año pasado se produjo esa reunión con los sindicatos y el viceconsejero de Función Pública y puso de manifiesto que en la Mesa General de Función Pública se habían producido avances y que las aportaciones de los sindicatos se iban a tener en cuenta en la redacción del proyecto de ley de empleo público. Nosotros esperamos que sea así, que se tengan en cuenta en la medida que son aportaciones de una parte importante como son los representantes de los trabajadores públicos.
También, después de eso, se volvió a anunciar que estas medidas se iban a tener en cuenta y estas aportaciones se iban a tener en cuenta. Es verdad que se dijo que dado que el volumen de las alegaciones eran muchísimas, más de mil, que era necesario más tiempo.
Por lo tanto, nosotros creemos que en vista de las alegaciones puede ser necesario más tiempo, pero tampoco creemos que ese tiempo deba ir más allá de junio del 2015. Es verdad que hay que intentar llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, es verdad que hay que tener en cuenta sus aportaciones y el establecimiento de un calendario hará posible que eso se visualice. Pero también es cierto, y aquí se ha dicho, que negociar no significa admitir inexorablemente todo lo que se proponga, y nosotros en eso podemos estar de acuerdo.
Ni tampoco el que porque haya asuntos en los que no vaya a ser muy difícil encontrar un acuerdo o unos puntos de conexión, al final se demore (...) la aprobación de esta ley porque creemos que la existencia de la ley de empleo público es importante y porque para que a todos nos dé tiempo y también los grupos podamos hacer nuestras aportaciones a lo largo de la tramitación de dicho proyecto en esta Cámara, no debe ir más allá del 2015.
Por eso nosotros estamos de acuerdo con esas dos premisas que se han puesto aquí de manifiesto. Una, que exista una negociación de verdad, y nosotros no tenemos tampoco por qué poner en duda que esa negociación de verdad y sin ningún paripé se vaya a dar, pero en cualquier caso, la ley esté aquí antes de junio de este año.
Nada más, muchas gracias.