PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2015-06-11):
Gracias presidenta.
Los socialistas tenemos un compromiso formalizado en esta Cámara. No vamos a promover debates que ahonden en las diferencias que existen aún en relación a la memoria de lo que ha pasado en este país y sí vamos a colaborar en asentar las bases de la convivencia futura.
Por eso, nuestras únicas iniciativas en esta materia han sido para hacer realidad el memorial de víctimas del terrorismo  - ya se está trabajando en él -  y la Ley de Instituto a la Memoria que en breve va a dar sus primero pasos.
También promovimos al principio de esta legislatura recuperar la ponencia de paz para avanzar sobre los pilares ya construidos en la pasada legislatura. Y en cuanto constatamos riesgos de retroceso, optamos por esperar a que los rezagados asuman cosas tan básicas como que nunca se debió marcar.
Hemos evitamos al máximo la confrontación en este ámbito porque estamos convencido de que revolver todos los días lo que nos separa, no facilita en nada este camino, y tampoco ayuda a las personas que esperan de nosotros un avance en la memoria, en la justicia y en la reparación.
No estoy muy seguro de que eso haya sido el espíritu de la iniciativa que nos traído hoy Bildu, remarcando lo obvio sobre los derechos de las víctimas y abusos policiales y pidiendo lo ya anunciado, que el Gobierno Vasco presente un proyecto de ley a las víctimas de otras violencias.
Y yo quiero reiterar la posición de mi partido en este asunto. Las otras víctimas no incluidas en la Ley de Víctimas del Terrorismo y que se ha constatado fehacientemente que lo son, tienen que tener el reconocimiento y la reparación que merece.
Ése fue el criterio y el camino que en el 2012 tomó el Gobierno socialista de Patxi López, con el máximo consenso en Euskadi y buscando el consenso con el Gobierno central, repito, buscando también el consenso con el Gobierno central, elaboró el Decreto que reconocía a las víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978.
Sin embargo, hoy estamos hablando de esta cuestión y probablemente sea porque el actual Gobierno no actuó con la misma disposición al diálogo al intentar ampliar sus contenidos y se encontró con un recurso del Gobierno central, seguido más recientemente de una sentencia adversa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Por eso, lo que se puede decir en junio de 2015 es lo que ya decíamos y hacíamos en junio de 2012. Que si existe una reparación, aunque sea parcial, a las víctimas de abusos policiales, es porque la hizo posible el anterior gobierno. Y que si ese avance fue posible, es porque se realizó con convicción, con seguridad jurídica, con discreción y con búsqueda de acuerdos.
Quedaba más trabajo por hacer, es evidente, pero se cambió el método, de la misma forma que se han movido los principios en el resto de políticas de convivencias. La búsqueda de consenso, la discreción y el rigor jurídico han sido sustituidas por fotos, golpes de efecto o actuaciones unilaterales sin suficiente cobertura o competencia legal para hacerla.
Y en abril, cuando llegó el correctivo judicial y el desencanto consiguiente de una parte de estas víctimas, algo que debiéramos evitar porque provoca una frustración innecesaria, el secretario de Paz y Convivencia se sacó de la chistera la elaboración de una ley específica para salir al paso ante la opinión pública. Y utilizó esta expresión porque apenas dos meses antes, utilizó esta expresión por algo concreto. Dos meses antes de anunciar el señor Fernández la elaboración de esta ley, en la remisión del último calendario legislativo actualizado del Gobierno, no se citaba ninguna iniciativa de este tipo.
Y también nos preocupa porque, si no se cambia de método, con una ley el Gobierno puede obtener el mismo resultado que ha tenido con su decreto modificado. Una ley efectivamente no podrá ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia por la vía contencioso-administrativa, ése fue el argumento empleado por el señor Fernández. Pero desde luego nada impedirá que el Gobierno central la pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional suspendiendo además inmediatamente su aplicación.
¿Ésta es la seguridad jurídica que se ofrece a las personas afectadas con el cambio de rango de la norma? No hay tal seguridad jurídica. La única proviene del acuerdo del consenso del trabajo serio con los agentes políticos y también con el Gobierno de España.
Los socialistas no nos oponemos a una ley, ni la defendemos, no le vamos a decir al Gobierno cuál es el instrumento jurídico con el que debe llenar los vacios en materia de memoria, reparación y justicia, porque lo esencial no es el instrumento, sino el método y el espíritu con el que se elabora la norma, sea decreto, sea ley. Deberá seguir el mismo camino que ha permitido avanzar hasta ahora con éxito en este campo.
Dos ejemplos. La Ley de Reconocimiento de Víctimas del Terrorismo del 2008 tardó sólo tres meses en aprobarse en el Parlamento Vasco desde que la envió el Gobierno, y eso fue posible porque se había trabajado previamente con intensidad, discreción y voluntad de consenso. Fue esa labor callada de urdir acuerdos la que permitió que saliera adelante en el momento de mayor tensión política de Euskadi.
Y eso pasó también con el acuerdo del 2012 referido a los mínimos éticos en materia de convivencias. Cuántas broncas previas, cuántos debates parlamentarios sin llegar a un punto común hasta que se encauzó en una ponencia y se buscó con ahínco el entendimiento.
Eso es lo que defendíamos en nuestra enmienda original y lo que recoge también la que hemos transado con el Partido Nacionalista Vasco: Una ratificación de los compromisos adquiridos, una apelación a la responsabilidad de los Gobierno Vasco y español y una invitación expresa al Gobierno de Urkullu a reconducir la forma en la que trabajar las políticas de memoria porque, si se hace así, el acuerdo será mucho más fácil en esta materia.
Es verdad también, que el Gobierno de Rajoy no ha sido precisamente atento con la demanda de reparación de las víctimas de abusos policiales y como ya he dicho los socialistas conseguimos en 2012 que aquel decreto trabajado en Euskadi no tuviera problemas de recorrido legal.
No nos gustaría que una ley de reconocimiento a las víctimas de abusos policiales fuera a chocar con la misma piedra en la que ha encallado el decreto reformado en 2013 por no haber hecho previamente el trabajo de consenso y concertación política dentro y fuera de Euskadi.
De ahí, que en nuestra enmienda transada con el PNV se inste al Gobierno a que el proyecto de ley que ha anunciado para sustituir al decreto busque desde el inicio el máximo consenso político social y desde luego institucional. En esta materia tan sensible de reconocimiento y reparación del irreparable daño causado por la violencia y el terrorismo, en cada uno tenemos nuestros aciertos y nuestros déficits.
Los socialistas tenemos una historia de participación activa en todas las iniciativas que tienden a garantizar la justicia de quienes han visto vulnerado sus derechos.
Participamos desde el consenso en la Ley de Reconocimiento de las Víctimas del Terrorismo, la de todas, la de todas las bandas terroristas, también el GAL, también el Batallón Vasco Español, una ley de la que desgraciadamente dimitió la izquierda abertzale, presente en el Parlamento Vasco - pero ausente en el momento de la votación.
Y fuimos los que elaboramos desde el Gobierno Vasco el decreto que reconoce a las víctimas de abusos policiales por primera vez en décadas de Gobierno. El primero que se había hecho nunca y que todavía queda que completar. De la misma forma que también desde el Gobierno quienes nos reunimos con las familias de Txiki y Otaegi los últimos fusilados por el franquismo y acudimos al reconocimiento familiar que se les hace cada año.
El partido ha estado en todos los trabajos sobre memoria y convivencia se han dado porque asumimos con convicción que nadie debió matar, secuestrar, torturar ni amenazar en nombre de ninguna causa. Que no se debió matar por la misma razón ni a un terrorista ni a un torturador. Que consideramos vomitiva cualquier justificación si quiere utilizar de la existencia de la existencia de lo GAL, que nadie que murió o resultó herido por excesos policiales puede quedar desamparado por falta de justicia, de reconocimiento y de reparación.
Queremos que se recupere la senda del entendimiento, del consenso, de la discreción para que esta legislatura no sea baldía en materia de memoria y convivencia. Porque justo cuando menos presión ha tenido el Gobierno en esta materia, es cuando menos se ha conseguido avanzar. Me parece evidente que algo falla y que algo hay que repensar. Creemos, en todo caso, que es posible corregir ese camino y está en la mano del Gobierno encauzarlo.
El pasado viernes el lehendakari hizo algo que le estaban demandando las víctimas del terrorismo y lo hizo bien. Ahora debe refrendar aquellas palabras con hechos. Y lo mismo cabe esperar de la tarea de atender con realismo las demandas pendientes de las víctimas de abusos policiales con trabajo, con mucho trabajo discreto y sobre todo con espíritu de consenso.