ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2016-04-07):
Muchas gracias, presidenta. Buenos días.
Efectivamente, es el trámite final para la aprobación de una iniciativa legislativa popular cuyo enunciado habla de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública. Eso nos llevaría necesariamente a plantear dos cuestiones. Una, ¿qué son las cláusulas sociales en la contratación? Y una segunda cuestión, si la iniciativa legislativa popular trataba realmente de este hecho. Y de esto es de lo que queremos hablar hoy los socialistas en esta Cámara, tratando nada más y nada menos que de una iniciativa legislativa popular.
Y comenzaré planteando una pregunta retórica. ¿Cómo se llamaría al hecho de recoger firmas para una iniciativa legislativa sobre la que no tenemos competencia legislativa? Dejo formulada la pregunta para que cada cual entienda cuál es la respuesta que le merece. Pero esta es una cuestión trascendente, porque el principal argumento de autoridad de los postulantes es, efectivamente, que hay 110.000 firmas recogidas y que eso hace que la propuesta no pueda ser rechazada por mor de la multitud que la apoya.
Precisamente y antes de entrar en el contenido de lo que es la ILP, conviene hablar siquiera someramente, de lo que son las cláusulas sociales en la contratación. Este es un concepto que ha ido adquiriendo importancia creciente de mano de las directivas europeas, que vienen a decir, en definitiva, que la inclusión de condiciones sociales, laborales o medioambientales en la contratación pública, pueden constituir un factor o herramienta al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o políticas públicas.
Es una forma de intervención de los poderes públicos en la vida económica, social y política, pudiéndose orientar comportamientos destinados a los agentes económicos que se tratan de favorecer. De manera que, al final, en todo este acervo jurídico europeo, lo que se trata es de mutar la idea de la oferta más ventajosa de los licitadores, por la idea de la mejor relación calidad-precio.
Esta explicación necesariamente breve, de qué son las cláusulas sociales en la contratación pública, son necesarias para a continuación, analizar si lo que propone la ILP es verdaderamente una cuestión de esta naturaleza. Claro; lo primero que plantea es una ley. Nosotros, como ya ha dicho el portavoz, el señor Maneiro de UPyD, no tenemos competencia legislativa en materia de contratos, en contratación pública, y en cuestiones laborales ni siquiera la tenemos de desarrollo legislativo; solamente de mera ejecución. Por lo tanto, plantear que una ley pueda recoger este tipo de cosas nos parece simplemente que no tenía posibilidad de recorrido alguno.
Porque básicamente hablamos de cláusulas sociales, pero la iniciativa legislativa popular solo hacía mención a dos cuestiones nucleares, la cuestión de los convenios y la cuestión de la subrogación. Claro, la cuestión de los convenios para empezar está recogida en el Estatuto de los Trabajadores y sobre cuál es la preferencia de aplicación, está recogida en el 84.2.
Nosotros no podemos como legisladores, invadir un ámbito de la negociación colectiva y esto pasa lo mismo con la subrogación, que como se ha dicho por el portavoz anterior, se planteaba que fuera indiscriminadamente para todo tipo de contratos, servicios, suministros, obras... Cuando resulta que la subrogación recogida en el Estatuto de los trabajadores solo habla de sucesiones de empresa, en el artículo 44, solamente sucesiones de empresa.
Y es muy abundante la doctrina de la jurisprudencia tribunal constitucional, que dice claramente que los relevos en las contratas administrativas no significan, ni mucho menos, sucesión de empresas. Quien si habla de la subrogación es el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que habla en el caso de que se produzca la subrogación, que puede tener como digo, el origen legal, es decir, basado en el Estatuto de los trabajadores si hay una sucesión de empresas, o un origen convencional. Es decir, si hay un convenio colectivo que así lo recoja. Y de nuevo, entramos en el ámbito de lo que es la invasión de aspectos que forman parte de la negociación colectiva.
Hay un hecho muy reciente, el Tribunal Constitucional a solicitud del Tribunal Supremo dicta una sentencia por la cual le da la razón precisamente al sindicato ELA, en el asunto de los trabajadores de EITB. Y qué dice el Tribunal Constitucional, pues justamente que la ley de presupuestos en las que se les quitaba el 5 % a estos trabajadores no se podía adoptar, porque solo podía ser fruto de un acuerdo entre la dirección y los trabajadores.
Es decir, tenemos un ejemplo claro de que el legislador aquí, allá y acullá no puede entrar en aspectos que están reservados exclusivamente para la negociación colectiva. Pero claro, cuando decimos que la subrogación cabe en los convenios colectivos, hablamos de convenios colectivos de naturaleza estatutaria, que son aquellos que firman precisamente las centrales sindicales más representativas. Pero es que resulta que aquí, justamente en Euskadi, tenemos la tasa de cobertura por convenios menor de toda España, de todo el Estado, es decir, con el sindicato mayoritario ELA.
Por lo tanto, nosotros hemos llegado a un acuerdo como se ha dicho con el Partido Nacionalista Vasco pese a que tenemos muchas discrepancias, que a lo largo de los debates que se han suscitado en esta materia se han manifestado. Le reprochábamos al Gobierno en la toma de consideración que nos explicará cual era el título competencial el título habilitante para regular esta materia.
De la misma manera, hay un acuerdo de 2013 en el que se le instaba al Gobierno a redactar un pliego de cláusulas generales en las que se incluyeran cuestiones referidas a los convenios. De la misma manera, una comparecencia nada menos que de la junta asesora de contratación que en Comisión de Hacienda tuvo lugar, y desde luego, no tuvimos la más mínima oportunidad de ser asesorados en nada, porque a las preguntas nucleares sobre si era posible legislar en esta materia, la respuesta fue no, o no contesta.
Sin embargo, hemos llegado a este acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco porque nos ha parecido a los socialistas que después de todo este recorrido, era necesario que al menos saliera un texto que fuera viable dentro de las limitaciones. Y ese es el texto que como se ha dicho hemos convenido, que seguramente a ojos de los patrocinadores les parecerá flojo y escaso, pero es el único texto que es viable.
Porque nosotros podíamos haber hecho otros acuerdos seguramente muy pro-soviéticos, muy bolcheviques, pero tampoco habrían salido por la aritmética parlamentaria. Y por otra parte, nosotros efectivamente, ostentamos representación política y tenemos responsabilidades políticas, porque  no es lo mismo decir tengo derecho a intervenir en la política, por supuesto, todo el mundo, pero la responsabilidades políticas las tenemos los partidos políticos que representamos a los ciudadanos.
Y esto lo digo, porque claro, para empezar haría falta también que la propia central asumiera sus propias responsabilidades sindicales, porque como he dicho, ni siquiera la negociación colectiva que tanto se invoca vive sus mejores días con este tipo de central sindical y con esos planteamientos, que por cierto, priorizaban los convenios de empresa.
Y entonces nosotros hablamos en general de que tenemos dudas sobre la capacidad y la competencia, pero lo decimos, en fin, porque siempre hay que conceder el beneficio de la duda. Pero realmente dudas no tenemos ninguna, entre otras cosas, ¿por qué? Porque aquí hay una ley...
...conceder el beneficio de la duda. Pero realmente dudas no tenemos ninguna, entre otras cosas, ¿por qué? Porque aquí hay una ley, la 8/1986, que habla de la iniciativa legislativa popular y dice claramente, en el artículo 2: "quedan excluidas de la iniciativa legislativa popular  - ¿cuáles? -  aquellas materias sobre las que la comunidad autónoma carezca de competencia legislativa". Vaya, hombre, si estaba tan claro, ¿por qué hemos hecho todo este recorrido? Nosotros lo hemos hecho porque el debate nos parece importante, porque la cuestión es verdaderamente trascendente, que la contratación pública sirva en el futuro para orientar determinadas políticas públicas.
Pero si alguien queda insatisfecho con lo que aquí se va a acordar, debe de tener la garantía y la seguridad de que no va a ser por insuficiencia, porque el 18 de abril, que acaba el plazo para la trasposición de las directivas europeas en materia de contratación, al no haberse transpuesto en esa fecha son de aplicación directa por el conocido efecto directo vertical, y se podrán plantear y se podrán los poderes adjudicadores llevar adelante los procesos de adjudicación en base a lo que dicen estas directivas, concretamente la 24/2014, en el artículo 18 habla de que los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos públicos los operadores económicos cumplan las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.
Y luego, en una serie de considerandos habla precisamente de la sujeción a los convenios. Esta garantía de que puede figurar en la existencia de los convenios nos parece que en aplicación de las directivas tiene toda la virtualidad posible que la pretensión de los postulantes quizás no podía alcanzar, pero viene de la mano, como digo, de esa normativa europea.
Y lamentar, en todo caso, que en este trámite hayamos podido transitar con unas dudas que no tenían porqué, porque nosotros no hubiéramos hechos ascos a que el debate tuviera, lugar pero sí con la seguridad jurídica de hasta dónde se puede llegar. Lo que nos parece inaceptable es que ni el Gobierno haya hecho una referencia, que suele ser una cláusula habitual y de estilo en toda toma en consideración sobre si tenemos título habilitante o no, no lo hizo.
La Junta Asesora de Contratación también se desvaneció en explicaciones que no encontraban ningún sentido y resulta que tenemos una ley que habla de la iniciativa legislativa popular que excluye claramente todas aquellas cuestiones sobre las que no tenemos competencia. Y en este caso hablamos de contratación pública y de asuntos laborales, de derecho laboral.
Por lo tanto, entendemos que el acuerdo alcanzado es no, sé si el mejor posible, pero es el que era factible, y yo le agradezco al señor Aldaiturriaga sus buenos oficios, su disponibilidad, que es una de las razones por las que nos hemos avenido también a ese acuerdo.
Nada más.