LLANOS GÓMEZ (PP, 2019-02-07):
Gracias, señora presidenta, buenos días de nuevo a todos.
Volvemos a debatir y a hablar sobre el tema de desahucios que evidentemente, es bueno ponerlo sobre la mesa, es bueno poner los datos fundamentalmente como decía la señora Otamendi, por la situación de vulnerabilidad en el que los ciudadanos se encuentran ante una situación como esta.
Y es bueno dar los datos. A finales del año pasado del 2018, conocimos las estadísticas sobre lanzamiento que fueron publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, y que señalaban que durante el año 2018 fueron causados más por la imposibilidad de hacer frente al alquiler, que por no hacer frente a la hipoteca.
Así como hace 10 años, el 80 % de los lanzamientos tenía precisamente ese origen, la imposibilidad de pagar la hipoteca, ahora la situación ha dado la vuelta y la razón fundamental es no poder hacer frente a los alquileres.
Así, en Euskadi en el último trimestre del año pasado, uno de cada cuatro desalojos que se llevaron a cabo se debió al impago de la cuota de alquiler por parte de los inquilinos. Se contabilizaron un total de 231 sentencias judiciales que terminaban en lanzamientos, de esas 231, solo 38 respondían a ejecuciones hipotecarias, es decir el 16,5 % del total, y el 74 % se debía precisamente al no pago del alquiler, lo cual suponía un aumento con respecto al mismo periodo del año anterior de un 6,2 %, mientras que los que se derivaban de no poder o de no querer pagar la hipoteca, descendieron un 5 %.
¿Por qué doy estos datos? Porque evidentemente hay que tener en cuenta cuál es la procedencia de esos lanzamientos, si es hipoteca o es arrendamiento, para en su caso poder hacer las modificaciones que fueran pertinentes.
Es verdad que tenemos cifras altas, que cualquier lanzamiento y la situación de vulnerabilidad que produce, bueno, para quien lo vive es único, pero también es verdad que en otras comunidades como en Cataluña, el número de desahucios multiplica por 10 las cifras de Euskadi.
En cualquier caso, también es verdad que algunas de las cifras que se dan, en la justificación hay que matizarlas. Porque se habla de 1.105 decretos sobre reclamación de pagos. Esos decretos, son eso, en muchos casos reclamaciones de pago que no conllevan el lanzamiento.
No siempre que hay un decreto ese se dicta justo después de que se pone la reclamación judicial y que pues evidentemente, lo primero que se hace es reclamar al dueño el pago de la renta.
Reclamaciones, que evidentemente deberán hacerse. Porque la solución, lo ha dicho el señor Andueza, es cierto que hay veces que no se paga la renta, porque no se puede, porque hay una imposibilidad económica, y veces que no se paga la renta porque no se quiere.
Y desde luego la solución no puede ser que no se reclame. Porque si a alguien que no le abone la renta, a un propietario se le da la imposibilidad o no se le da esa seguridad jurídica en la reclamación, pues ¿cuál va a ser la consecuencia? Que se retraiga, que no haya alquileres. Que se retraiga la oferta de vivienda y si no hay suficiente oferta, ¿cuál es la consecuencia? Un incremento de los precios.
Y esto no implica, por si el señor Martínez luego tiene tentaciones de decírmelo, que no tomar medidas para evitar fraudes, que no se pueda disfrazar un alquiler de temporada de lo que no es, que no se puedan pedir fianzas de más de un mes, que en ese caso en todo caso esa cláusula sería nula... Creemos que todo esto tiene que controlarse, pero también creemos que para controlar todas estas cuestiones ya existen instrumentos.
La solución debe de venir a nuestro juicio, porque si la renta no se paga por falta de medios económicos, los poderes públicos actúen para dar posibilidades a que se page esa renta o en todo caso, para dar una solución habitacional a esa persona o a esa familia.
Una solución que nosotros compartimos, que no es fácil. Pero, y no seré yo precisamente la que más loas haga al Gobierno, pero también hay que decir que las instituciones vascas, que el Gobierno está trabajando para dar esas soluciones.
Que todo es mejorable evidentemente, como se ha dicho aquí, pero no creemos que una afirmación que se hace precisamente en la justificación de que ha habido una relajación con relación al problema de los embargos, no creemos que eso se corresponda con la realidad.
Como decía el señor Andueza, en Euskadi ya contábamos con un servicio de mediación público, gratuito y opcional, que está constituido por profesionales expertos...
... como decía el señor Andueza, en Euskadi ya contábamos con un servicio de mediación público, gratuito y opcional, que está constituido por profesionales expertos del mundo de la abogacía y de la economía, que mediaban entre las instituciones financieras en los casos de sobreendeudamiento familiar e impago de cuotas de la vivienda habitual, para garantizar la consecución de las mejores condiciones posibles, para la liquidación de la deuda de los afectados.
Este servicio de mediación constituía el eje central de ese servicio de ayuda al sobreendeudamiento familiar que puso en macha el Gobierno.
Como se ha dicho aquí también, en el año 2013 se firmó un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y Eudel, que establecía un protocolo de actuación tanto en los procedimiento de ejecución hipotecaria, como en los procedimientos de desahucio por falta de pago de la renta, en ambos casos, de vivienda habitual.
Y precisamente, desde el momento en el que tiene conocimiento de esa resolución, se pone en marcha todo el procedimiento para poder ayudar a esa persona, porque, precisamente, lo que se pretendía con dicho convenio es activar una alerta temprana para atender las situaciones de especial vulnerabilidad en los procedimientos que pudieran desembocar en un desahucio.
Es decir, lo que decía la señora Otamendi, desde que se ve esa situación de vulnerabilidad, pues que se pongan en marcha todos los recursos para dar esa solución. Es cierto que ese convenio tiene ya unos años, pero también es cierto, como se nos ha dicho aquí, que en breve se volverá a firmar.
Como se dice en la iniciativa y se ha repetido aquí, tenemos también a Kontsumobide, que interviene en procedimientos de mediación y arbitraje, tenemos a Bizilagun, tenemos acuerdos con los colegios de abogados.
Por lo tanto, es cierto que en este momento existen distintos órdenes institucionales, distintos departamento que se encargan de la información y actuación en materia de vivienda, y es necesario, y yo puedo estar de acuerdo con ello, en que es imprescindible la coordinación de todos ellos y una actuación conjunta.
¿Pero para esa coordinación es necesario crear un organismo más? ¿De verdad? Yo no veo que la solución sea crear ese organismo y que eso vaya a solucionar la cuestión, creo que todo los contrario, que lo puede complicar más.
Aquí se ha hablado, y ya se lo han dicho, de otras comunidades autónomas en las que se ha creado, pero es que se crea porque no existía nada previamente, entonces se crea lo que aquí se creó hace tiempo; porque si se crea este organismo, entonces ¿van a desaparecer otros organismos? ¿Se le van a quitar competencias a otros organismos que están en actuación en este momento?
Porque ustedes piden la creación del servicio unificado, pero luego a renglón seguido dice que el Departamento de Vivienda lleve a cabo una coordinación de todos los servicios y recursos disponibles; entonces, en el punto dos dan una serie de funciones, entonces, esas funciones, ¿qué son? ¿Las que tendría esa oficina de intermediación? ¿O esas son las funciones que tiene que coordinar el Departamento de Vivienda? Entonces, ¿cuáles serían las funciones de ese servicio unificado? No las acabamos de ver.
Yo no iba a ser, pero ya que lo ha dicho el señor Andueza, nosotros pocos amigos de nuevos chiringuitos, sobre todo si esos nuevos chiringuitos, como es en este caso, no vienen a aportar nada sino, a nuestro juicio, todo lo contrario, porque lo único que viene a generar es duplicidad.
Y por mucho que usted haya dicho que ese nuevo servicio va a ser barato, nosotros lo que creemos es que va a detraer recursos de lo que realmente tienen que ir dirigidos y es, precisamente, dar satisfacción a esa necesidad de vivienda a quien con sus propios medios no pueda satisfacerla y ese es el objetivo principal, a nuestro juicio, de los poderes públicos.
Lo hemos dicho en muchas ocasiones, esa satisfacción de la oferta de una vivienda en alquiler debe de ser responsabilidad de las instituciones públicas, bien sea mediante la construcción, bien mediante la captación de viviendas a través de los distintos instrumentos y programas con los que cuenta el Departamento de Vivienda.
Pero, desde luego, lo que no se puede es pretender trasladar a los propietarios privados dicha obligación y, por ejemplo, lo hemos dicho en otras ocasiones, aprovecho para reiterarlo, es lo que pretende a veces la Ley de Vivienda mediante el canon, mediante la expropiación, el alquiler forzoso, etcétera.
El aumento de esa oferta de vivienda pública en alquiler lo que traería consigo es una rebaja de los precios y, por lo tanto, una disminución de la litigiosidad.
Por ello, no vamos a votar a favor de la iniciativa, porque usted ha planteado, señor Martínez, este servicio de mediación como si fuera la panacea para la solución de todos los problemas de vivienda, y nosotros creemos  - por eso no habíamos presentado enmienda, porque íbamos a votar que no de inicio - , creemos que la creación de un organismo nuevo no es la solución, que en Euskadi ya existen instrumentos suficientes, que lo que se trata es de coordinar, efectivamente, dichos instrumentos y que las instituciones que tienen las posibilidades de poner en marcha esos instrumentos actúen y mejoren, en su caso, dicha actuación.
Pero este organismo no es necesario. El Gobierno Vasco, que es el competente en materia de vivienda, es el que puede y debe hacerlo.
Muchas gracias.