JAURLARITZAKO LEHENDAKARIAK (Urkullu Renteria) (EAJ, 2013-03-15):
Legebiltzarburu andrea, legabiltzarkideok.
Damborenea jauna arrazoia duzu, diru gehiegirik ez daukagu Jaurlaritza honetan, behintzat aurtengoz inbertsio berriak egiteko eta hara irudikatzen da edo islatzen da aurrekontuen egitasmoan. Hala ere garrantzitsua iruditzen zait zure interpelazioaren kontestua aurkeztea, zerbait egin duzu baina niri ere badagokit eta interesgarri iruditzen zaidalako hori egitea.
Duela 15 urte gertatutako gai baten inguruan ari gara eta beraz, ondo baderitzozu momentu hartatik hona egindakoaren berri emango dut. Ondoren etorkizunari begiratuko diogu, hau da, hartu diren eta hartu beharko diren neurriei buruz arituko gara eskatu didazun bezala.
Arazo hau, arazo bera, beste erkidego batzuetan ere gertatu egin da, Valentzian, Andaluzian eta Euskadin eman egin da eta hiru lurraldeetan prozedimentu bera jarraitu egin da Damborenea jauna. Are gehiago, prozedimentu bateratu bat jarraitu egin da. Estatuko Administrazio orokorrarekin batera. Estatuko Administrazio orokorrarekin batera.
En el inicio de esta explicación, por lo tanto, me va a permitir señor Damborenea, una precisión importante. Es necesario precisar que en realidad no estamos hablando de un pago por sanción. No se trata de un pago por sanción, sino de una aminoración de la ayuda máxima concedida por los fondos estructurales o FEDER al País Vasco. Creo que es distinto.
El contexto de la interpelación que usted plantea hoy nos sitúa en los años 1997 y 1999. En aquel momento gracias a la labor del conjunto de las instituciones públicas, el denominado Programa Operativo País Vasco 1997-1999 otorgó a la comunidad autónoma una subvención máxima de 301 millones de euros de los fondos FEDER.
Finalmente la Comisión Europea no permitió al conjunto de las instituciones públicas solicitantes disponer de parte de estos fondos. En concreto hablamos –como usted bien ha indicado– de la cifra de 27 millones de euros que usted menciona.
Señor Damborenea, usted es perfectamente conocedor de que la gestión de los programas FEDER es compleja, muy compleja diría yo. Es una gestión que está influida por tres niveles de normativa: La normativa europea, la normativa estatal y la propia autonómica. Esta complejidad derivada de la confluencia de diversas normas reguladoras promulgadas por diferentes niveles de Gobierno, está en la base de la explicación de lo acontecido y lógicamente como expondré más adelante, está también en la base de las decisiones adoptadas para que no vuelva a suceder.
Me parece importante subrayar que esta misma situación, insisto, que se ha producido en Euskadi, la misma se ha producido en otras dos comunidades que fueron también auditadas. Esto es la Comunidad Valenciana y la comunidad andaluza.
Las tres comunidades fueron auditadas y en las tres el resultado fue el mismo. Éste es un indicador de que el cruce de normativas diferenciadas al que he hecho referencia, ha tenido una clara incidencia en el resultado final, que no ha sido otro que la aminoración –que no sanción–, que la aminoración de la ayuda comunitaria inicialmente prevista.
El caso específico que nos ocupa es el de la ampliación o el de la modificación de determinados contratos de obra pública. Los procedimientos en ese período –recuerdo nuevamente que nos encontramos en los años 1997, 1999– estaban amparados por la normativa de contratación estatal, y estos procedimientos son los que no fueron admitidos por la Comisión Europea. Estaban amparados por la normativa estatal y no fueron admitidos por la Comisión Europea, al entender que no son acordes con el espíritu de las directivas comunitarias en esta materia.
La interpretación de la Comisión Europea es que en los casos de ampliación o contratos modificados de los referidos contratos, deberían haberse producido nuevos concursos, pero volvemos otra vez a la disquisición en el amparo de la normativa estatal y la contradicción con la europea.
No se trata señor Damborenea de un mal uso de los recursos, sino de diferencias de interpretación. Por eso la Administración General del Estado, a través de la Abogacía del Estado, la propia Administración General del Estado interpuso un recurso conjunto, un recurso conjunto en nombre de las tres comunidades autónomas contra la decisión adoptada por la Comisión Europea. Y por la misma razón, la Abogacía del Estado está en el momento actual presente, estudiando la posibilidad de interponer un nuevo recurso conjunto a la sentencia emitida hace tres semanas como usted recordaba el pasado día 26 de febrero.
Tiene usted razón señor Damborenea cuando señala que en plena crisis económica no estamos sobrados de ingresos de ningún tipo y el Gobierno Vasco no lo está y menos aún podemos permitirnos perderlos, en su caso, por una gestión inadecuada. Tiene usted razón.
Ahora bien, la aminoración de ingresos no afecta a nuestra situación actual, se refiere al Programa Operativo del año 1997-1999 y es importante conocer que la Unión Europea se reserva habitualmente el 5 % de las contribuciones máximas concedidas hasta el momento del cierre definitivo de los programas.
Fueron básicamente fondos provenientes de ese 5 % los que sirvieron para aminorar la ayuda máxima a concebir. Me plantea usted cuáles son las intenciones del Gobierno Vasco en relación a la necesaria adecuación, a las exigencias de Bruselas y mi respuesta es muy clara en una doble línea.
En primer lugar respaldamos plenamente el recurso presentado por la Abogacía del Estado y somos además partidarios de plantear un nuevo recurso conjunto por parte de la Abogacía del Estado y de forma complementaria, señor Damborenea, la adecuación del Gobierno Vasco a las exigencias de Bruselas va a ser completa, como va a serlo también la del conjunto de las administraciones públicas.
Eskerrik asko.