CORCUERA LEUNDA (PSE-EE, 2013-05-30):
Gracias presidenta. Como aquí a veces los señores parlamentarios se van por los cerros de Úbeda...
Bien, para situar la cuestión. Estamos hablando de la financiación de las confesiones religiosas y estamos hablando de esa financiación de las confesiones religiosas –de todas– porque nos hallamos en un contexto de crisis en el que los ayuntamientos que han visto además seriamente mermados sus recursos económicos y sus posibilidades de recaudación, han puesto encima de la mesa, en la calle y hasta en los tribunales de justicia el debate de la exigencia tributaria para con la Iglesia Católica y con el resto de confesiones religiosas.
No nos estamos inventando absolutamente nada. Ese debate ya está y los ayuntamientos ya han iniciado su particular cruzada en los tribunales. Y estamos asistiendo a este debate de la financiación de las confesiones religiosas porque dada la actual coyuntura económica que está padeciendo el país, cuando a nivel institucional se están promoviendo regulaciones para evitar excesos de déficit y un claro ejemplo de ello es ese Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre de medidas urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, se solicita por ese real decreto a los ayuntamientos un incremento del IBI.
Es que si solicita un incremento del IBI entre el 4 % y el 10 %. Y por tanto, esa repercusión en la ciudadanía va a ser importante y esa repercusión en las instituciones va a ser muy importante. Por tanto, si a las administraciones locales se les está instando a incrementar el IBI, señores y señoras parlamentarias, ¿qué hacemos aquí discutiendo y debatiendo de que están exentas las confesiones religiosas de ese IBI? Que se exige por el Estado a las administraciones locales, a las administraciones más cercanas a la ciudadanía y que con esa recaudación del IBI del ICIO se prestan servicios públicos fundamentales desde las administraciones locales. De eso estamos hablando en el día de hoy.
Ya he comentado en mi anterior intervención cuál era el sistema de financiación pública de las confesiones religiosas y cómo se ponía en evidencia clarísimamente una desigualdad de trato respecto de las propias administraciones e instituciones públicas con relación a todas las confesiones religiosas.
El Estado entrega a la Iglesia Católica más de 9.000 millones de euros anuales entre aportaciones directas e indirectas, asignaciones tributarias vía IRPF, exenciones en distintos tributos, por la financiación de personal que imparte religión católica y de centros de ideario católico, por transferencias para asistencia sanitaria y de obra social, para financiación de funcionarios capellanes, para el mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad y otras subvenciones y financiación de eventos religiosos o para asociaciones de ámbito local. Y ante situaciones excepcionales, ¿no debemos preguntarnos si no es momento de tomar medidas excepcionales?
La fiscalidad es el mayor instrumento de redistribución económica y social de los poderes públicos y la manera más directa para que los poderes públicos garanticen la solidaridad, la cohesión social y la prestación de servicios públicos.
Hoy el Estado colabora económicamente con la Iglesia Católica y también lo hace con las confesiones religiosas minoritarias suprimiendo el trato discriminatorio que habían padecido éstas durante siglos.
Pero hoy más que nunca esa colaboración entre Estado y confesiones religiosas debe ser equitativa y equiparable al esfuerzo que se está exigiendo a las administraciones españolas, a las administraciones locales y a la ciudadanía en general no sólo porque se ha establecido una política de recorte del gasto público que está mermando y poniendo en riesgo de desaparición el Estado de bienestar, sino porque también se ha establecido una política de incremento de la imposición fiscal a las propias administraciones públicas y a la ciudadanía, ante la que las confesiones religiosas ni pueden ni deben de estar exentas o ser ajenas al tema.
Por ello, porque estamos también de acuerdo en que hay obra social que realizan las confesiones religiosas, incluida la Iglesia Católica, es por lo que tampoco nos duelen prendas a los socialistas decir que durante ocho años el Gobierno del señor Zapatero, ése al que tantos algunos denostan en esta tribuna, vía Gobierno de España, Cáritas recibió 26 millones y medio de euros y la Iglesia Católica daba a Cáritas 5 millones de euros.
Pongamos en su justo término lo que subvencionamos y lo que no subvencionamos y que algunos dejen de alucinar y tomen tierra y otros sepan qué son servicios públicos que deben darse a la ciudadanía y qué no son servicios públicos y son servicios privados.
Muchísimas gracias.