DE BENGOECHEA ESTRADE (PP, 2018-10-05):
El año 1994, el 5 de octubre, la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO firmaron un acuerdo sobre las docentes a nivel mundial.
Y por eso desde ese año de 1994, el 5 de octubre es el día internacional del docente. Entonces, nos van a permitir una pequeña introducción a mi intervención, que es de expresar a todos los docentes, en nombre de nuestro grupo, nuestro respeto, nuestro apoyo y nuestra consideración en su día internacional.
Bueno, vayamos ahora al tema. Este asunto normativamente deriva del decreto del viernes, que se publica en el Boletín Oficial del País Vasco, el viernes 22 de mayo de 2015, que es el Decreto 69/2015, de 19 de mayo firmado, y que tiene por título lo siguiente: "Sobre el transporte escolar del alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco financiado por el departamento competente en materia educativa", es decir, por la Consejería de Educación.
Este Decreto regulaba, efectivamente, el transporte, pero dejaba abierto, había lagunas, había cosas de las que no hablaba, había excepciones, admitía situaciones especiales, etcétera.
Entonces, en esos huecos no cubiertos se coló que los niños de dos años usaban el transporte escolar, no, su situación no estaba recogida en el Decreto, pero como excepcionalidad, como situación especial lo usa.
En el mes de marzo la Consejería, y me pueden decir que no fue la Consejería fue no se quien, pero alguien autorizado de la Consejería de Educación comunica a los centros lo siguiente: "Por todo lo cual, el alumnado de primer ciclo de Educación Infantil no está dentro del ámbito de aplicación de la normativa reguladora del transporte escolar".
Es decir, los expulsa de este Decreto. Bueno, estamos en marzo, estamos en marzo; abril, mayo, junio, julio, agosto y llega septiembre. Y en septiembre a los centros vizcaínos, por lo menos, se les comunica que si los niños menores de tres años van a utilizar el transporte escolar, lo harían siempre bajo su responsabilidad.
Las palabras en algo que es normativo son muy importantes. Porque esto en realidad no quiere decir nada. Porque la responsabilidad será de quien haya contratado los seguros y de quien pague el transporte, y eso es la Consejería de Interior.
Y se forma el caos. Y además se forma un caos en un momento en que estos niños en muchos colegios tienen periodos de adaptación, con horarios de entrada y salida diferentes, pues no voy a decir cada día, pero cada cuatro o cinco días. Hay problemas en que hay varios hermanos, uno de los cuales pueden usar el autobús y el otro no puede. En fin.
Y en la prensa aparece el 2 de octubre, quizás sea de época anterior, pero aparece el 2 de octubre, que el Gobierno  - entre comillas -  "da marcha atrás", lo que se materializa en otro escrito a los centros.
Permítanme, lo tengo aquí, y estas cosas hay que leerlas, porque, es que si acabamos todos en un conflicto, lo escrito va a tener una importancia muy, muy grande.
Se dice "que la Consejería no va a obstaculizar desde el aplicativo  - no me pregunten que es el aplicativo, pero bueno, es lo que está aquí - , no va a obstaculizar desde el aplicativo que las direcciones de los centros, en base a su criterio y la autonomía del centro, puedan autorizar el transporte del alumnado de dos años. Dicha decisión deberá ser compartida entre los responsables de los centros educativos y las familias".
Y luego, en prensa leemos, entrecomillado, como si se hubiera dicho, que me imagino que sí, que los periodistas lo habrán cubierto así, en El Correo, leemos que en una nota de prensa se dice: "que esta decisión de utilizar los autobuses lo harían los centros siempre bajo su responsabilidad"
Mire, en una nota de prensa no tiene eficacia en un conflicto, lo que sí tendría eficacia seria esto escrito. Y en este escrito no viene de quien es la responsabilidad. Dice que no se va a obstaculizar, y que tendrá que ser una decisión compartida entre los centros educativos y las familias. No habla de responsabilidad.
Señores, si hay un accidente, Dios no lo quiera, y tenemos una situación grave, ¿de quién es la responsabilidad?
Nuestro grupo cree, que de quien contrata el servicio y de quien lo paga, que es la Consejería de Interior. Es decir, que este lavado de manos no es posible.
Bueno, y entonces los niños de dos años parece ser que vuelven a estar incorporados al transporte escolar.
Claro, desde que se levantó la veda en marzo hasta el mes de octubre han pasado bastantes meses, muchos de ellos estivales, lo sabemos, pero los ciclos educativos no coinciden con los ciclos de los trabajadores más habituales.
Entonces, han pasado muchos meses y en este Decreto tienen ustedes, tiene la Consejería una herramienta perfecta para solucionar estos problemas.
El Decreto crea una comisión de seguimiento del transporte escolar y propondrá las medidas que se estimen adecuadas para mejorar el transporte escolar en todas sus modalidades e informará de las autorizaciones excepcionales a que se refiere el transporte escolar.
Y está el director o directora de gestión económica, el director o directora de infraestructura y recursos materiales, el director o directora de centros escolares, el delegado o delegada territorial de educación, la responsable de gestión económica y presupuestos, el o la responsable de servicios complementarios y becas, y el presidente o presidenta será el director o directora de gestión económica.
Es decir, se crea un órgano precisamente para resolver estos problemas y verá, por lo que les he leído, que es un órgano al más alto nivel.
¿Qué ha hecho este órgano desde marzo, en que se expulsa a los menores de tres años del transporte escolar, hasta septiembre? No lo hemos visto actuar.
Entonces, en función de lo que he expuesto, que creo que es bastante objetivo, quisiéramos formular, nuestro grupo quisiera formular, las siguientes preguntas a la consejera.
¿Hay un problema de seguridad en el transporte de niños de dos años o no lo hay? Esa es la fundamental.
Si ocurre hoy un accidente en el transporte escolar, ¿quiénes son los responsables? ¿Quién ha contratado los seguros? ¿Quién ha contratado el servicio de autobús? ¿Quién lo paga? ¿Quiénes son los responsables?
En tercer lugar. ¿Cuándo se ha reunido la comisión de seguimiento de transporte? Esa que venía en el Decreto, que era una buena idea, porque se puede hacer un decreto sobre un servicio, pero las necesidades de servicio cambian, las circunstancias, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se ha reunido la comisión de seguimiento de transporte escolar para abordar este problema? ¿En qué fecha lo ha hecho?
¿Ha pedido informes técnicos, como está capacitada, a otros órganos o administraciones? ¿Qué consecuencias ha sacado? Y si ha sacado verdaderamente consecuencias y puede plantear acciones, ¿cuándo se van a poner en vigor?
Muchas gracias.