BECERRA CAROLLO (EP, 2019-10-10):
Eskerrik asko, presidente anderea.
Nuestro grupo interviene hoy, señoras y señores, en defensa del dictamen que ha aprobado la Comisión de Investigación. En febrero de 2018 el pleno de este Parlamento aprobó la creación de una comisión de investigación de la gestión de los comedores escolares a propuesta del Grupo Popular y del nuestro propio. Los objetivos de esta comisión eran dos: Por un lado determinar las posibles responsabilidades políticas que pudiera haber y, por otro lado, determinar si hubo algún quebranto económico tanto para la Administración como para las familias.
A día de hoy, 10 de octubre de 2019, un año y medio después, consideramos que la Comisión de Investigación que impulsamos ha cumplido la misión que se le encomendó. Por un lado, hubo un quebranto para la Administración y para las familias y, por otro lado, hubo una mala gestión del servicio entre 2003 y 2015.
Gaur bozkatuko dugun txostenean, txosten horretan egiaztatuko da zazpi enpresa 12 urteetan zehar legez kontrako akordio batera iritsi zirela eskola menuen merkatua banatzeko eta kontrolatzeko. Eta kobratu zuten prezioak altuagoak izan ziren, euren etekinak handitu ahal izateko, diru-publikoaren lepo eta familien kuoten lepo.
Gaurko txostenak hainbat galdera erantzuten ditu, zer gertatu zen, zergatik gertatu zen, eta nor edo nortzuk baimendu edo ahalbideratu zuten gertatutakoa.
Hor daude emaitzak, hemen daude emaitzak. Aquí están los resultados y los resultados de esta comisión de investigación concuerdan con lo que en 2016 resolvió la Autoridad Vasca de la Competencia y con lo que en 2017 sentenció el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No son diferentes, no son contradictorios, son exactamente los mismos.
Y este dictamen demuestra, uno, que las empresas adjudicatarias pactaron repartirse el mercado para alterar al alza los precios de los menús con el fin de obtener un beneficio ilícito. Y dos, que como consecuencia de ello hubo un sobrecoste no justificado en el sistema de comedores, en el servicio de comedores, de entre 70 y 80 millones de euros, concordante, por cierto señor Pastor, con las cifras que en su día ya atisbó la Autoridad Vasca de la Competencia, la propia Autoridad Vasca de la Competencia.
Y quiero decir aquí y responder al señor Pastor, porque esto ha sido una afirmación que él ha hecho repetidamente, que las familias no han resultado perjudicadas por esta cuestión. Mire, en 2003 las familias pagaban 2,95 euros el menú. En 2012 pagaban ya 5,20, prácticamente el doble. Es cierto que entonces las cuotas se estabilizaron, es verdad, de 2012 a 2015, pero de 2012 a 2015 el Gobierno ahorró un 16 % y las familias ahorraron cero. Las familias empezaron 2003 pagando un 60 % del servicio, y acabaron 2015 pagando un 75 % del servicio.
Eso no es ilegal, coincido con usted, porque el propio sistema puesto en su día en marcha decía que el servicio tenía que ir a una autofinanciación.
Pero esto significa que durante todo este espacio de tiempo han sido las familias las que han ido soportando progresivamente el mayor coste del servicio y, por lo tanto, dentro del sobrecoste global a ellas es a quienes ha correspondido la mayor parte de este sobrecoste.
Y paso ahora a las responsabilidades, a las responsabilidades políticas, porque esta Comisión de Investigación no tiene conclusiones políticas pero sí es una comisión política, para determinar cuáles fueron las responsabilidades.
Se han diferenciado dos tipos de responsabilidades, señor Pastor: Antes de la investigación de la Autoridad Vasca de la Competencia y después de la investigación de la Autoridad Vasca de la Competencia.
Son conclusiones, son responsabilidades no penales, porque eso ya lo determinó la Fiscalía y no son responsabilidades administrativas, son responsabilidades políticas de quienes ostentaban la potestad de controlar el sistema, son responsabilidades por control negligente, por establecer criterios de licitación cuestionables. Y esto lo dijo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en una de sus sentencias donde decía: "Se confunden requisitos de solvencia con requisitos de ejecución".
Y la propia exdirectora de la Autoridad Vasca de la Competencia afirmó que los pliegos de condiciones de la licitación, si no contienen exigencias proporcionales al objetivo que se persigue con el servicio, se pasa de la discrecionalidad a la arbitrariedad.
Esto no lo dice la Comisión de Investigación, esto lo decía el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, lo decía la Autoridad Vasca de la Competencia.
Y hubo una pasividad en el control de la ejecución de los contratos. Y es cierto que los Socialistas intentaron hacer algo, pero es cierto también que los tribunales se lo tumbaron.
Y por lo tanto, usted ha dicho la palabra exacta: Intentaron. Pero no lo consiguieron. Pero no consiguieron. Con lo cual, hasta 2012  - como dice el dictamen -  no se hizo nada práctico para tratar de evitar esta práctica colusoria.
Pero después, quienes sí hicieron algo para evitar la práctica colusoria, incurrieron en otro tipo de responsabilidad, y es la responsabilidad de no defender el interés público, porque cuando uno tiene una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco diciendo que ha habido unas empresas que han pactado el mercado para incrementar los precios, lo primero que tiene que hacer  - atendiendo, entre otras cosas, al mandato de este Parlamento dado en marzo de 2016 - , es ver hasta qué punto se ha producido ese sobrecoste y tratar de recuperarlo por todos los medios posibles.
Y eso es lo que no hizo el gabinete o el Departamento de Educación desde 2017 hasta aquí, que son quienes actualmente ostentan la titularidad del departamento. Y por lo tanto, tienen una responsabilidad política por no haber acometido esa parte de su responsabilidad.
Voy a detenerme ahora en una cuestión que posiblemente en la votación de hoy será menor, pero que a nuestro grupo le parece interesante.
Ha habido dos enmiendas que no se admitieron en la comisión que el Grupo Popular estimó oportuno no tenerlas en cuenta y que, sin embargo, quiero dejar constancia el señor Barrio que son dos enmiendas en las cuales hemos tenido acuerdos con el Partido Popular en su momento y, por lo tanto, les pediríamos que se replanteasen. Una de ellas es la extensión de los programas piloto de gestión compartida de comedores entre centros y Departamento de Educación a otros centros que puedan ser interesados. Esa es la enmienda número 39.
Y la número 40 es la recuperación de las cocinas escolares, porque tengo que decir también aquí que el hecho de que cada vez nuestro sistema haya dependido más del sistema de cáterin en caliente  - que para la Administración resulta entre un 30 y un 35 % más caro -  a su vez ha incidido en un mayor control por parte de las empresas de cáterin del sistema. Por lo tanto, nos parecen dos enmiendas interesantes de defender hoy aquí.
Honaino iritsi da gure lana; honaino iritsi da Ikerketa Batzordearen lana. Harro gaude. Harro gaude Legebiltzarrak ezarri zituen helburuak bete ditugulako, Legebiltzarrak ezarri zituen galderak erantzun ditugula, gertatutakoa argitu dugu, erantzukizun politikoak zehaztu ditugu eta kalte ekonomikoa neurtu dugu eta poz-pozik sentitzen gara talde politikoen babesa lortu dugulako bide horretan, eta batzordean lortu genuen babesa espero dugu gaur ere lortuko dugula azken txosten hau aurrera eraman ahal izateko.
Eskerrik asko.