LLANOS GÓMEZ (PP, 2014-03-13):
Gracias señora presidenta, buenos días de nuevo a todos.
Bien, señor Maneiro, trae usted aquí una iniciativa referida a la política penitenciaria, política que tiene en la Ley General Penitenciaria y en su Reglamento las bases para la clasificación de los penados en grado y la aplicación de los beneficios penitenciarios.
Como ya se dijo aquí, el legislador a partir de 1987 quiso utilizar un criterio que fue ratificado después por...
Como ya se dijo aquí, el legislador a partir de 1987 quiso utilizar un criterio que fue ratificado después por la reforma penal del 2003 consistente en que la concesión de los beneficios penitenciarios sólo pudiera hacerse a presos terroristas mediante el cumplimiento de determinados requisitos.
El haber cumplido las ¾ partes de la condena, que los casos de los delitos de terrorismo por la aplicación del artículo 76 del Código Penal, que establece que el cumplimiento máximo es de 40 años, el cumplimiento debiera ser el 87,5 % de dicho límite, haber observado buena conducta y contar con un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social emitido por la autoridad penitenciaria.
Ese pronóstico sólo puede ser positivo para los condenados por delito de terrorismo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 90 del Código Penal cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades para bien, para impedir la producción de otros delitos, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de los responsables de delitos terroristas o bien para obtener pruebas o impedir la actuación o desarrollo de las organizaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón.
Como señala la iniciativa y se ha dicho aquí, el pasado mes de diciembre el colectivo de presos de ETA anunciaba por primera vez su disposición a asumir las medidas individuales contempladas en la ley para acogerse a los beneficios penitenciarios.
Parecía –sólo parecía– de que dejaba así la línea mantenida siempre en la que los presos eran un apéndice más de la manda, el frente de las cárceles parecía que se abandonaba la postura mantenida durante décadas por los presos de ETA negándose a asumir los requisitos que exige la legislación penitenciaria en esta materia.
Parecía que ese comunicado daba libertad a los presos de ETA para que de manera individual pudieran decidir si se acogían o no a la reinserción porque ETA ha expulsado, cuando no asesinado como dije el otro día en comisión y si no que se lo pregunten a la familia de Yoyes, a todos aquellos presos que habían decidido acogerse a las políticas de reinserción.
Aunque ese comunicado bien leído sólo era más de lo mismo. Seguía utilizándose lenguaje lleno de falacias insoportables, ese lenguaje obsceno que usted ha vuelto a utilizar hoy aquí señor Arzuaga, en la presentación de los asesinos como presos políticos secuestrados por los estados enemigos –el español y el francés– y ninguna referencia al arrepentimiento o a la petición de perdón a las víctimas.
Dejaban claro que la aceptación de los beneficios penitenciarios era una aceptación finalista, únicamente para conseguir la vuelta a casa. Y utilizaban frases como que están dispuestos a asumir las responsabilidades sobre las consecuencias de su actividad política en el conflicto. Frases como éstas que están en las antípodas de abjurar de ETA o de la violencia. Porque no hubo una actividad política, lo que hubo es una actividad criminal.
Pero luego hubo un segundo comunicado que se produce a finales de enero en el que lo que se hacía es exigir al Gobierno que cambiase su política penitenciaria, que finalizase con la dispersión. En este comunicado, señalaban que se les había malinterpretado en el comunicado anterior en el que anunciaban que asumirían la legalidad. Es decir, se corregían a ellos mismos. Además, había transcurrido un mes desde ese primer comunicado y ningún preso de ETA había realizado su petición individual que viniese acompañada de los requisitos que exige la ley para acogerse a los beneficios penitenciarios.
El comunicado de diciembre lo que vendría a señalar es que no aceptaban la actual Ley Penitenciaria, sino que por lo que abogaban es porque dicha ley se modificase. Y esas exigencias viene siendo realizados por quienes también en una actitud poco responsable parecen querer compartir el papel de portavoces del colectivo de presos etarras.
Pero las exigencias debieran de tener otra dirección. No deberían ir dirigidas al Gobierno. Debieran estar dirigidas a ETA y a sus presos. Es ETA la que tiene que desaparecer, por tanto, una apuesta sincera por la resocialización pasa porque se exija a los presos de ETA que se desmarquen de la organización, que renuncien a la violencia, que pidan perdón a sus víctimas y que colaboren con la justicia en el esclarecimiento de los todavía numerosos asesinatos pendientes de esclarecer.
Pasa por la desaparición de ETA, por la petición expresa a ETA de que se disuelva de forma inmediata e incondicional y a sus presos de que cumplan los requisitos legalmente establecidos en materia de reinserción social. En el comunicado de finales de enero, lo que solicitaban era que se modificase la legislación y se alejaban de soluciones individuales porque lo que querían era una solución integral.
Pero la solución es clara y es la de siempre: La aplicación de la ley y del Estado de derecho, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación y que ya he mencionado antes. Lo demás sería la concesión de privilegios. La solución es el cumplimiento de la ley, no las interpretaciones interesadas de esa ley como las que quieren hacer algunos. Es el cumplimiento de la ley y no los privilegios: lo demás es propaganda, propaganda que ya se preveía que se iba a realizar mediante la campaña mediática que se está realizando, propaganda a la que tanto nos tienen acostumbrados el mundo de ETA y esa querencia de algunos de ser el soporte publicitario de ETA y de sus presos.
Portavoces a través de los llamamientos continuos de cambios de la política penitenciaria, política que siempre ha tenido la finalidad de dividir a los reclusos de ETA para facilitar su reinserción, para romper ese cordón umbilical entre la banda y los presos, política además que recibió para bienes de destacados dirigentes nacionalistas.
Y esa política penitenciaria no puedo modificarse al hilo de los comunicados de los presos de ETA. La modificación vendrá de la desaparición definitiva de ETA, de su disolución, de la entrega de las armas, del reconocimiento del daño causado, de la colaboración con la justicia para la esclarecimiento de los hechos pendientes de esclarecer y que estos sean juzgados.
Quien tiene que plantearse los cambios no es el Estado de derecho. No sigan dirigiendo sus exigencias al Estado de derecho, el balón no está en el tejado del Estado de derecho ni en el tejado del gobierno. El balón está en el tejado de ETA y en el tejado de los presos de ETA.
Son los presos de ETA los que tienen que decidir romper con la banda, los que tienen que decidir acogerse a la ley, a los requisitos que están establecidos en la ley, sin pedir privilegios, sin pedir medidas de gracia, sino simplemente el cumplimiento de la ley.
Y la enmienda que nosotros hemos presentado (que es muy parecida a su iniciativa señor Maneiro(, ¿por qué lo hemos hecho? Porque tiene dos diferencias fundamentales. Una, que no le tiene que exigir al Gobierno que cumpla porque el Gobierno ya lo viene haciendo y dos, que no le tiene que decir al Gobierno qué leyes tiene que cumplir.
El Gobierno sabe perfectamente qué normas tiene que cumplir, las que nos hemos dado entre todos. El Gobierno tiene claro qué es lo que establece la legislación y lo que va a hacer es lo que ha hecho siempre, cumplir la ley y aplicar el Estado de derecho.
Porque lo he dicho aquí en otras ocasiones y lo quiero reiterar hoy. Es el Estado de derecho lo que ha llevado a ETA a su derrota. No es una convección ética o moral la que ha llevado a ETA a anunciar el cese de la actividad armada, no. No nos engañemos, es la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la actuación de los jueces, la aplicación de la ley, la movilización de la sociedad y la exigencia la que ha ganado la batalla.
Y la desaparición definitiva de ETA no vendrá de rebajar esas exigencias, sino del trabajo conjunto de todas las instituciones, del Gobierno de España, del Gobierno Vasco y de todos los partidos democráticos. Así, conseguiremos que ETA por fin acabe.
Nada más, muchas gracias.