GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2014-02-20):
Gracias presidenta. Buenas tardes señorías.
Bien, como ya les dije creo que la semana pasada, al Gobierno no le gustan los servicios públicos gratuitos, así que, si no ponemos remedio, se va a acabar esto de llegar a un juzgado de paz o a un registro y decir "buenos días, necesito un certifico literal de matrimonio o de defunción o de nacimiento", recogerlo, dar las gracias –bueno, eso si uno es educado, que ésa es otra– y salir sin abrir la cartera.
El Gobierno del PP, en otro alarde privatizador, quiere traspasar el Registro Civil a los registradores de la propiedad por lo que la reforma del registro, la Ley 20/2011, 2011, del Registro Civil, que se aprobó al final de la legislatura del Gobierno socialista con el apoyo de todos los grupos políticos, repito, de todos, va a mandarse al hoyo antes de su entrada en vigor, que estaba prevista para julio de este año.
Y mientras tanto, como digo, el consenso parlamentario al hoyo y el registrador al bollo, porque como todo el mundo sabe, porque todo el mundo ha tenido que ir alguna vez al Registro, más de una vez, en el Registro Civil se inscriben y se anotan casi todas las vicisitudes de la vida de las personas.
Se anota el nacimiento, la filiación, el matrimonio, la defunción, todas estas inscripciones de la ciudadanía. Una ciudadanía, que aunque sea evanescente, lo cierto es que tiene que hacer unos trámites, que son algunas veces ineludibles y otras veces son queridos.
Por ejemplo, tiene que tramitar el DNI, tiene que hacer la inscripción del nacimiento de sus niños, tiene que inscribir su matrimonio si quiere tener determinadas cosas –eso ya es discutible–, tiene que inscribir su divorcio, quiere heredar, en fin.
Para todas esas cosas hace falta un Registro Civil que hasta ahora es público y gratuito. Y es público y gratuito porque, en realidad, los caracteres esenciales de los servicios públicos es la publicidad y la gratuidad.
Les voy a hacer una breve reseña histórica, porque conviene recordar que el registro se creó en 1870 o 1871, no es de ayer. Y fue consecuencia de una revolución que trajo la Primera República y que trajo el laicismo, porque separó la Iglesia del Estado, ya que con anterioridad, todas estas inscripciones registrales las hacía las parroquias donde se escribían las inscripciones de bautismo, de matrimonio y de defunción.
En un primer momento, se reguló que fueran llevados por los juzgados municipales y al suprimirse la justicia municipal pasa llevarse por los juzgados de primera instancia y, desde 1986, es decir, casi 30 años, sus inscripciones, certificaciones y todos los expedientes son gratuitos.
Esta Ley de 2011 que, aunque impulsó el Gobierno socialista, como digo, es una Ley de todos porque concitó el consenso de todos los grupos políticos y que entrará, que entrará espero en vigor en julio de 2014, desjudicializaba y ponía al frente a los secretarios judiciales y funcionarios especializados, funcionarios de la Administración de Justicia, que en Euskadi, los medios personales...
...al frente a los secretarios judiciales y funcionarios especializados, funcionarios de la Administración de Justicia, que en Euskadi los medios personales y materiales son competencia nuestra.
La informatización y la interconexión de los diferentes registros hacían ya innecesaria que la tradicional dirección de los magistrados fuera siguiendo llevada por ellos y, por lo tanto, podrían dedicarse ya a dictar sentencias, a ejecutar lo dictado y dejar de lado esta serie de labores estrictamente burocráticas. Y todas las fuerzas políticas, todas que están aquí salvo alguna que entonces no estaba, estaban de acuerdo.
Con este anteproyecto, el ministro Gallardón ha roto el consenso político y ha puesto en pie de guerra a todos los sectores afectados: Funcionarios judiciales, notarios, secretarios, todas las asociaciones de jueces han puesto el grito en el cielo. Pero esto no es algo raro. Esto lo estamos viendo todos los días y, de hecho, estamos debatiendo en este Parlamento sobre estas cuestiones.
Pero la verdad es que él sigue con su actitud. Ya se ha convertido en una especie de costumbre y sigue por ahí como pollo sin cabeza, llevando la contraria a todo el mundo con el empecinamiento y la contumacia de los obstinados, señorías. Porque esto no parece otra cosa que una especie de aquello que hablábamos de la soberbia, ¿lo recuerda señora Llanos?
La privatización de este servicio público es una medida más de las desmanteladoras de los servicios públicos por los que tanto hemos trabajado y que sólo van a traer perjuicios al ciudadano que tendrá que pagar por servicios que hasta ahora son gratuitos.
Desde el año 2000, como ya les he comentado, se habían informatizado todos los registrados y se habían digitalizado todas las inscripciones y asientos de los libros que estaban hechos desde el año 1957. Esto en pesetas, en euros, ha tenido un coste de más de 180 millones de euros que se van a regalar a los registradores.
El Ministerio nos alega, nos aduce, nos intenta convencer diciendo que no se va a privatizar. Y dicen que no se va a privatizar porque los registradores de la propiedad son funcionarios públicos y que las inscripciones necesarias como las de nacimiento, defunción, etcétera, serán gratuitas. Yo permítanme dudarlo pero si así fuera, qué necesidad hay de modificar una ley que concitó el consenso de todos y poner patas arriba algo que funciona perfectamente.
Les voy a dar algunos apuntes que desvirtúan los argumentos del Gobierno. Los registradores no son empleados públicos, son funcionarios sujetos arancel. Son profesionales colegiados que realizan una función pública pero con un modelo de autogobierno independiente, que cobra a los ciudadanos por sus servicios en un régimen de monopolio legal.
Sus empleados, los empleados de los registradores, no son funcionarios públicos y cobran exclusivamente del propio registrador. Por cierto, cuando había convenio, del convenio de Oficinas y Despachos que, por cierto, era un convenio digamos bastante cutre.
Por otra parte, tengo que señalarles que para poner en funcionamiento esos nuevos registros civiles, habrá que hacer una inversión de más de 300 millones de euros. Nosotros no consideramos que esto sea un uso riguroso, un gasto riguroso de los fondos públicos. Esto en román paladino, en lenguaje coloquial, se le llama despilfarro.
Pero además, ¿qué es lo que pasa con el personal de la Administración de Justicia, que es un personal que nosotros tenemos en nuestro autogobierno? ¿Qué pasa con esos funcionarios expertos y formados, con el dinero que ha costado formar, en la llevanza del Registro Civil? Pues pasan varias cosas.
Una. Se abre la espita de los concursos de traslados, se abre la espita de los despidos de interinos, la movilidad forzosa de los titulares y sus familias, la amortización de plazas, la restricción de la promoción interna, la devaluación de las funciones. En fin, una cosa estupenda pero también lo podemos definir como un perfecto desastre.
La verdad es que no es la primera vez que este Parlamento ha tenido que posicionarse y se ha posicionado con mayorías importantes en contra de esta fiebre desmanteladora de los servicios públicos y de privatizaciones del Gobierno. Pero al paso que vamos, señorías, no vamos a tener dentro de poco nada que defender, ningún servicio público que defender. Lo único que vamos a tener que hacer es pagar y solicitar, y pagar previamente y que nos emitan la certificación literal de defunción del Estado de bienestar.
Por eso, parece ser necesario y ésa es la intención que tenía el Grupo Socialista con esta proposición no de ley de solicitar un nuevo posicionamiento de esta Cámara ante un nuevo desaguisado en lo público.
Y solicito, por tanto, el apoyo de los grupos que no han firmado la enmienda transaccional que hemos firmado con EH Bildu, al que le agradezco expresamente su disposición, a la transaccional como les digo que hemos firmado en la que de manera clara se expresa queremos que el Registro Civil se mantenga como está, no como está en sentido estricto porque tenemos una ley que va a entrar en funcionamiento –espero en 2014– que es una de las leyes más avanzadas que hay en Registro Civil. Pero cuando nos referimos a como está, lo estamos haciendo en el sentido de que es un servicio público y gratuito.
Estamos diciendo también en esa transaccional que apoyamos que los juzgados de paz porque son quienes en realidad están dando al servicio a todos los ciudadanos que no viven en ciudades o núcleos de población importantes. Y le estamos pidiendo al Gobierno Vasco, que tiene la competencia en medios materiales y en medios personales, y tiene funciones ejecutivas reconocidas en la ley que se aprobó con sus expresos votos, que ejerza esas competencias ejecutivas.
Y finalmente, pedimos al Gobierno de España a que retire esta ley, señora Llanos, como tantas otras o en fin, y si no que la dejen dormir en el sueño de los justos como le decía el otro día.
Y finalmente, presidenta, si se me permite desde el Grupo Socialista queremos expresar la solidaridad de los Socialistas Vascos con todos aquellos funcionarios de la Administración de Justicia del País Vasco y del resto de España en defensa de un Registro Civil público y gratuito, y mostrarles nuestro total apoyo a sus reivindicaciones.
A lo dicho, espero que voten todos a favor de esta iniciativa.
Gracias.