MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2014-10-16):
El total de ahorradores perjudicados por esta situación es de casi medio millón y el importe del ahorro afectado supera los 6.000 millones de euros.
El 24 de junio de 2013 las Cortes de Aragón, el 15 de octubre de 2013 las Cortes valencianas, el 30 de octubre de 2013 la Asamblea Regional de Murcia, el 6 de febrero de 2014 la Asamblea Autonómica de Ceuta y el 13 de febrero de 2014 el Parlamento gallego han venido aprobando por unanimidad de todos los grupos iniciativas semejantes a la que hoy planteamos desde UPyD y también desde el grupo Socialista.
Casi ocho después del estallido del caso, el procedimiento de liquidación concursal se encuentra paralizado en la práctica, siendo ineficaz ante un macroproceso de esta envergadura y con una coyuntura económica desfavorable.
Detrás de ello se encuentra medio millón de personas, más de un millón si tenemos en cuenta las familias, esperando justicia, de las cuales han fallecido por cierto un importante número debido a su elevada edad.
Cada año perdido pesa como una losa para las familias que no pueden recuperar sus ahorros y más en un momento de especial necesidad, como es la presente crisis económica que padecemos.
Por ello urge que el Estado apruebe cuanto antes una solución a este grave problema social. Los datos constatados por las administraciones concursales demuestran el carácter popular de los afectados y su pertenencia a estratos sociales en su mayoría humildes que confiaron en esas empresas, como cualquier ahorrador lo hacía con entidades financieras reconocidas.
El papel y la responsabilidad del Estado es central en la búsqueda de una solución, urge resolver el problema de una manera beneficiosa para los ciudadanos, y para la dignidad y credibilidad del Estado de derecho.
A pesar del alcance social y económico del problema, todavía no se han instrumentado medidas extraordinarias de respuesta a la situación en la que se encuentran numerosísimos consumidores que fueron presuntamente víctimas de unas actuaciones que están siendo objeto de investigación penal...
...extraordinarias respuesta a la situación en la que se encuentran numerosísimos consumidores que fueron presuntamente víctimas de unas actuaciones que están siendo objeto de investigación penal. Y la perspectiva es que la duración de los procedimientos judiciales en curso serán muy dilatada, por lo que es preciso y urgente encontrar una respuesta eficaz al problema planteado.
Desde la Plataforma Unitaria Solución Fórum-Afinsa, que en su conjunto agrupa y defiende a más del 50 % de las familias afectadas, se ha planteado a las instituciones una fórmula de solución, que daría satisfacción digamos que razonable, anticipar en el tiempo las resoluciones judiciales a la casi totalidad de las familias afectadas por la insolvencia de las empresas incursas en procedimiento concursales.
La propuesta consiste en síntesis en que el Ministerio de Economía a través del ICO dirija a quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición por un determinado porcentaje de su valor nominal de las cantidades reconocidas como crédito en los respectivos procedimientos concursales en curso de Fórum y Afinsa.
No se trata de una fórmula nueva y además no produce incremento del déficit público. De ahí, nuestra proposición no de ley para que este Parlamento manifieste su apoyo y solidaridad con los pequeños ahorradores afectados e insta al Gobierno Vasco a que solicite al Gobierno de España lo siguiente. Por un lado, la búsqueda de una solución para estos pequeños ahorradores que les permita avanzar a la mayor brevedad posible hacia la finalización de los respectivos procedimientos judiciales y que valore detenidamente, y si lo estima procedente, acepte y lleve a cabo la propuesta planteada por la Plataforma Unitaria Solución Fórum-Afinsa para buscar una solución a los afectados.
Como decía antes consistente, el Ministerio de Economía a través del ICO dirija a quienes sustentan la condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición de las cantidades reconocidas como crédito en los respectivos procedimientos concursales en curso.
Estamos hablando de 477.000 familias afectadas en el conjunto del país, estamos hablando de 15.000 familias afectadas en Euskadi, estamos hablando de un importe del ahorro afectado que supera los 6.000 millones de euros y estamos hablando de que han pasado ya ocho años sin que se haya encontrado una solución justa a esta injusticia y a la situación en la que se encuentra miles y miles de ciudadanos.
Iniciativas idénticas se han aprobado en otros parlamentos autonómicos y se han aprobado de manera unánime. Sin embargo, sigue sin producirse una respuesta clara y unánime por parte del Gobierno pese a que de manera previa al estallido de la estafa de Fórum Filatélico –del engaño, como quieran ustedes llamarlo– ya existían asociaciones de consumidores que la armaron sobre este tipo de inversiones.
Se trata de que el Gobierno impulse medidas concretas para mejorar la situación en la que se encuentran estas personas. Algo se ha hecho en el pasado pero lo cierto es que no ha tenido repercusión práctica en la práctica y es necesario, por lo tanto, que desde el Gobierno de España se dé una respuesta a esta situación.
Es por esto que hemos presentado esta iniciativa. La iniciativa del Grupo Socialista es prácticamente idéntica a la del grupo UPyD y por eso hemos intentado ni siquiera transaccional. Son iguales, da igual que salga aprobada una o la otra; son prácticamente idénticas.
Yo, por lo tanto, pido el voto favorable tanto para la una como para la otra, y espero que además el voto sea unánime y podamos ayudar a solucionar los problemas de tantas personas.
Nada más y gracias.