PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2014-06-26):
Gracias presidenta.
Bueno, parece claro que lo que debatimos hoy tiene mucho de testimonial pero tampoco está de más que de vez en cuando quienes no comulgamos ni con la autodeterminación ni con sus mitos y ritos, podamos de vez en cuando explicar nuestras posiciones, las propias en la institución que representa al fin y al cabo a todos los vascos.
Y a defenderlas aquí en Euskadi desde la legalidad constitucional, ésa que los ciudadanos vascos respaldamos en las urnas cuando se hizo el referéndum y no desde la subasta de ocurrencias que desde un tiempo a esta parte está saltando con demasiada frecuencia en Euskadi al debate público.
No vamos a respaldar la moción de UPyD sobre su modelo de estado y sobre las reformas necesarias para mejorarlo y no lo vamos a hacer porque no compartimos lo que nos proponen y porque los socialistas tenemos nuestras propias posiciones al respecto.
Las hemos madurado en el debate interno, como partido, las hemos explicitado, las hemos dado también a conocer públicamente, y pensamos que son lo suficientemente sólidas como para servir de base a un gran diálogo de país en Euskadi y en el resto de España sobre el futuro de nuestro marco político general.
Defendemos, como ya he sabido y recoge la enmienda que hemos presentado, una reforma de la Constitución que parte de un reconocimiento expreso del valor de la misma, de su valor como pacto de convivencia, como instrumento para el desarrollo social para la modernización del país, y como punto de partida del estado de las autonomías y, en Euskadi en concreto, como motor de arranque de lo que es hoy nuestro marco de autogobierno.
Porque no está de más recordar de vez en cuando que nuestras instituciones estatutarias, este Parlamento entre ellas, son realidades constitucionales y esta Constitución nos ha sido útil hasta ahora para avanzar en todos los sentidos. Y como queremos que siga siendo útil en el futuro y útil también para los vascos, pensamos que es el momento de reformarla, profundizando en sus valores, en sus potencialidades de progreso.
Por eso, proponemos renovar aquel pacto constitucional y proceder a la vez a la reforma de nuestra ley de leyes desde el más amplio consenso político y social, y no por un capricho de los socialistas, sino porque pensamos que hay necesidad de hacerlo para poder hacer frente a los nuevos desafíos que se nos presentan y que la crisis económica ha puesto especialmente de relieve.
Para que el Estado democrático defienda mejor y con mayores garantías los intereses públicos, para que las inmensas mayorías de este país se vean mejor representadas por un sistema político que necesita con urgencia recuperar la credibilidad perdida.
Una reforma constitucional que responda a las preocupaciones, a las demandas, y a las aspiraciones de una sociedad que se siente cada vez más alejada de sus instituciones representativas, y que salga al encuentro de una ciudadanía que está cada vez más angustiada, más empobrecida y más desconfiada sobre sus posibilidades de fututo.
Una reforma constitucional que permita a las instituciones públicas pertrecharse mejor para defender los intereses de todos frente a las apetencias de poderes económicos sin control que tratan de imponernos unas determinadas políticas, sin tomarse la molestia por supuesto de pasar por las urnas.
Una Constitución que recupere su espíritu, que dé mayor concreción a sus contenidos sociales sobre todo, y a su vocación integradora, frente a una derecha económica y política que trata de momificarla para dejarla al final en letra muerta.
Y necesitamos esa reforma para enfrentarnos desde la política a una realidad que ya no admite paños calientes porque no podemos desconocer que la crisis económica ha creado un enorme malestar social que se ha proyectado sobre el conjunto del sistema político.
Y no podemos hacer oídos tampoco a un hecho evidente que la sociedad cada vez cree menos en el funcionamiento de las instituciones democráticas y menos también en la capacidad del sistema autonómico para resolver los problemas de fondo de los ciudadanos.
Lo cual ha hecho renacer no sólo tensiones sociales muy evidentes, sino también tensiones territoriales y tentaciones paralelas que creíamos haber desterrado con la aprobación de la Constitución: La tentación centralista, por un lado, y la secesionista por otra. Las dos están ahora mismo otra vez en la sociedad española. Y a todo esto es a lo que hay que dar respuesta sin mayores demoras.
Por eso, planteamos incorporar a la Constitución mecanismos que garanticen el Estado de bienestar, que fortalezcan y amplíen los derechos fundamentales de la ciudadanía, los políticos por supuesto y también los sociales, que incorpore la protección social y la sanidad pública, que garantice los servicios sociales básicos –la educación, la sanidad, las pensiones– para que todas las personas que viven en España, cualquiera que sea su origen o lugar de residencia, tengan garantizados esos servicios.
Que dé cobertura constitucional, por ejemplo, a un fondo de garantía del Estado de bienestar, que refuerce la integración política y social de la ciudadanía y también la integración territorial, teniendo en cuenta el papel protagonista que ha tenido y debe seguir teniendo en el nuevo escenario las comunidades autónomas en la construcción del Estado de bienestar y en la consolidación de derechos y servicios públicos esenciales para la gente.
No es casual que el mismo Gobierno de la derecha, que está desmantelando poco a poco el Estado de bienestar en España, sea el mismo que por la vía de los hechos consumados pretenda también dejar sin contenido la España de las autonomías y poniendo bravas a las comunidades autónomas, sus políticas de recortes en algunas materias, como educación y sanidad, que son de su propia competencia de las comunidades autónomas.
No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Nosotros creemos que el estado de las autonomías ha sido un sistema de éxito para España.
Hemos sido protagonistas decisivos además en su puesta en marcha, lo hemos desarrollado cuando hemos estado en el Gobierno y también desde las comunidades autónomas cuando hemos gobernado. Y lo vamos a seguir defendiendo como el único marco político viable de una España moderna, libre, democrática y de progreso.
Creemos que la mejor forma de defenderlo es reformar en la Constitución la estructura territorial del Estado en un sentido federal que, entre otras cosas, consiga un blindaje de las competencias autonómicas, introduciendo mecanismos de cooperación institucional de los que hoy carecemos para evitar en el futuro incertidumbres, lagunas, improvisaciones o arbitrariedades como la que se están dando en estos momentos para hacer posible, lo que ha sido posible a lo largo de más de 30 años, que nacionalidades históricas como Euskadi y Cataluña, se puedan ver reflejadas en una España plural pero que comparte muchos elementos comunes.
Eso es lo que los Socialistas Vascos y los de toda España defendemos como una contribución para solucionar no cualquier cosa, los problemas reales de la gente. No para embarcarnos en querellas nacionalistas inútiles. Defendemos una reforma constitucional que pueda ser socialmente comprendida por guardar relación directa con la vida diaria de la gente, con sus derechos, con sus libertades, con su deseo convivencia y con sus posibilidades y esperanzas de progreso. Algo que tiene que ver muy poco con algunas estrategias de confusión que nos despistan de lo que realmente importa a la gente.
Aquí también en Euskadi con la confusión perpetua a la que últimamente somete al país un lehendakari que por la mañana se levanta republicano y por las tardes nos habla de un pacto con la corona porque por lo visto, un rey que Gobierne es el último grito en materia de republicanismo en esta país o que asiste con desgana, por cierto ampliamente publicitada, a la proclamación de un nuevo Rey pero luego le falta el tiempo para pedirle que venga a Gernika a curar los fueros o que prioriza la exaltación de sentimientos (...) para ocultar la falta de actividad de un Gobierno incapaz de tomar decisiones sobre las políticas de verdad que interesan a la gente o que las toma a remolque, entre otros del Grupo Socialista.
O que deja en manos de los partidos vascos decidir sobre el futuro de nuestro autogobierno –que está muy bien– pero acto seguido nos marca que ese futuro debe incluir sí o sí la doctrina nacionalista del derecho a decidir. Y nos dice algo más y es que "ese nuevo estatus soberanista que persigue lo sacará adelante pese a quien pese y diga lo que diga Madrid" según su expresión literal.
Y ese modelo político que nos publicita el lehendakari Urkullu y su partido es el que conduce a Euskadi al final a ser un país subordinado a la estrategia independentista del presidente de Cataluña.
Nosotros pensamos que la sociedad vasca y la española se merecen alguna otra cosa. Se merecen un proyecto colectivo que sea capaz de suscitar nuevas esperanzas. El nuestro pensamos que es una aportación para ese objetivo y, por eso, lo defendemos en nuestra enmienda.