LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-03-14):
Muchas gracias señora presidenta. Buenos días a todos.
Empezaré diciendo que, como muy bien se ha dicho aquí, la sentencia del Tribunal Supremo 197/2006 modificó el criterio jurisprudencial en el cumplimiento de las penas, a traves de –como se ha dicho aquí también– la conocida Doctrina Parot, Doctrina que posteriormente fue confirmada por el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias.
Mediante esta resolución judicial, el Tribunal Supremo no hacia una aplicación retoactiva de la ley, sino que lo que hacía era que las redenciones de la pena por beneficios penitenciarios no debían descontarse del tiempo máximo de estancia en prisión, sino que la reducción se debería aplicar a cada una de las condenas de forma individual, comenzando por aquellas de mayor cuantía.
Se trataba, como he dicho, por lo tanto, no de la aplicación de una nueva legislación, sino una nueva interpretación del cómputo de los beneficios penitenciarios.
Tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, como decía, no nos encontramos, por mucho que ustedes insistan en esa manipulación que siempre hacen, en la aplicación de los tipos penales, sino en el de la ejecución de la pena.
Esta resolución resolvía el recurso presentado ante el Tribunal Supremo por el miembro de ETA Henri Parot, condenado a 4.799 años de cárcel, o lo que es lo mismo, a 50 siglos, y que iba a salir de prisión tras cumplir menos de 20 años del total de su condena.
Es cierto que la Constitución en su artículo 25 orienta el cumplimiento de las penas hacia la reeducación y la reinserción social, pero ello no significa que la reinserción sea el único fin de la pena, sino que ésta debe armonizarse con otros principios fundamentales, como la prevención especial y la prevención general, y además también tener en cuenta la gravedad en los criterios retributivos de la pena.
Por tanto, la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, mantiene que las penas tienen una finalidad resocializadora, pero también una finalidad aflictiva.
Ello no viene sino a decir que la reinserción no tiene un carácter absoluto y debe ser, por lo tanto, armonizable, como decía, con otras finalidades de la pena y con la exigencia de justicia prevista.
Y existe otro principio que preside la interpretación en esta materia en estos casos relacionados con la política criminal, que descansa en que el autor de diversas infracciones cometidas debe cumplir por todas y cada una de ellos, en caso contrario, estaríamos dando el mismo trato punitivo al autor de un solo delito que al seriado criminal que tiene sobre sus espaldas un amplio historial delictivo y, por lo tanto, en los casos de múltiples asesinatos, ese principio, el principio de humanidad debe estar al lado de las víctimas y ello sin perjuicio del cumplimiento humanitario de la condena.
Y así lo ha establecido el Tribunal Supremo cuando señala que el establecimiento de límites máximos del cumplimiento de la pena no supone el olvido radical por parte del Estado de la responsabilidad y culpabilidad por cada hecho cometido.
No se puede, como les decía, señorías, equiparar legalmente a quien ha cometido un solo delito con el que ha delinquido de forma múltiple. Y por ello, y en aplicación de este criterio, no es de recibo que terroristas, no presos políticos vascos, porque no están en la cárcel ni por política ni por ser vascos, sino por haber cometido delitos terroristas.
Como decía, no es de recibo que terroristas como Henri Parot, Santi Potros, Kubati o Domingo Troitiño, condenados a 4.799 años, a 3.122, a 1.076, a 900 años de cárcel respectivamente, o el propio caso de Inés del Río, condenada a 3.000 años por 23 asesinatos consumados y 57 en grado de tentativa, salgan de prisión habiendo cumplido una parte exigua de la condena impuesta, ya que ello supondría una afrenta hacia sus víctimas y hacia el conjunto de la sociedad democrática.
Pero no solamente se aplica a terroristas, porque no es de recibo tampoco que criminales, como asesinos múltiples, violadores, pederastas, proxenetas, narcotraficantes, autores de múltiples delitos reciban el mismo tratamiento que los autores de un solo delito.
Y es cierto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado en este caso, en el caso de la Doctrina Parot, pero no es menos cierto que la resolución de dicho Tribunal no ha adquirido firmeza, ya que sus decisiones únicamente son definitivas en el caso de que las partes no recurran su dictamen y está recurrido por parte del Gobierno, que ha presentado un recurso ante la Gran Sala, siendo admitido a trámite dicho recurso y, por lo tanto, se debe esperar a su dictamen final.
Bildu, una vez más, falta a la verdad a sabiendas debido a que el artículo (...) al que se alude en la proposición señala que la sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución.
Pero ese compromiso nace, como decía, a partir de la promulgación de la sentencia definitiva, que tras el recurso presentado por el Gobierno todavía no lo es.
Y no es menos cierto, además, que se podía haber exigido la inmediata liberación de Inés del Río y lo que se hizo fue sugerirla. Por ello, al no ordenar esa ejecución provisional de su sentencia y en base al alto riesgo de fuga valorado por el propio Gobierno, atendiendo a casos anteriores como el de Troitiño, es por lo que se consideró adecuado mantenerla en prisión a la espera del fallo definitivo.
Tampoco es cierto, como usted ha dicho aquí, que el Gobierno de España obvie total y absolutamente el Tribunal de Derechos Humanos, que obvie las instancias europeas, porque, es más, ha dicho en sede parlamentaria el ministro del Interior que a pesar de que las sentencias del Tribunal Europeo son sentencias declarativas y así se ha dicho en múltiples ocasiones y por múltiples juristas, a pesar de ello ha dicho que su...
...de que las sentencias del Tribunal Europeo son sentencias declarativas y así se ha dicho en múltiples ocasiones y por múltiples juristas, a pesar de ello ha dicho que su caso la cumplirá.
Y además no es cierto, como dicen ustedes, que se haya presentado por una motivación puramente política, sino como decía y como se ha dicho aquí, por entender que no se trata de una aplicación retroactiva de la ley, sino de lo que se trata es de una interpretación que entra dentro de las propias competencias de cada estado que es la legislación penitenciaria.
Y ustedes señores de Bildu, una vez más realizan un ejercicio de cinismo político. Ponen en valor las sentencias judiciales en función de si les son o no les son favorables. Cuando dichas sentencias son contrarias a sus intereses no sólo critican las mismas sino que tienden a desacreditar y deslegitimar al conjunto del sistema.
Por el contrario cuando estas sentencias le dan la razón, aunque sea parcialmente y provisionalmente, aunque las mismas no sean firmes, tratan de amplificar por todos los medios dicho dictamen y aunque sea sobre un caso particular, ustedes maestros en el ejercicio de la propaganda lo magnifican y lo extrapolan a cualquier otro hecho o circunstancia.
Pues bien, quiero decirles y les he dicho aquí, que el Gobierno, que el Partido Popular, que el resto de los partidos, desde luego respetan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ¿y ustedes? Ustedes ahora que parecen ponen en valor a ese Tribunal de Derechos Humanos, a ése que a ustedes ahora apelan una y otra vez, es el mismo que ha avalado punto por punto de manera rotunda y contundente la Ley de Partidos. Ley que ha servido para ilegalizar por ser parte de ETA a todas y cada una de las marcas que ha presentado la banda terrorista a lo largo de su historia.
Y la última sentencia en este sentido se produjo recientemente, cuando dicho Tribunal avaló la ilegalización de ANV utilizando frases tan clarificadoras como que el proyecto de ANV y su (...) era una necesidad social imperiosa porque estaba en contradicción con el concepto de sociedad democrática.
O que no respetaban las reglas de la democracia y que busca su destrucción. O que la disolución de ANV perseguía el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos humanos y las libertades del prójimo.
Por tanto, se avalan y conceden legitimidad en este caso a las resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos les quiero formular las siguientes preguntas: ¿Consideran ustedes, como ha expresado de forma rotunda y categórica dicho Tribunal, que Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna o ANV entre otras marcas, han sido parte integrante de ETA y son parte integrante de ETA? ¿Consideran ustedes que en base a esas resoluciones del citado Tribunal que esas marcas ilegalizadas estaban al servicio de una organización terrorista? ¿Avalan, por tanto, los dictámenes del alto tribunal europeo respecto a las citadas marcas que dan legitimidad a las resoluciones previamente dictadas por los tribunales españoles?
Y quiero terminar que además este asunto tiene una vertiente jurídica. Contiene una vertiente ética y humanitaria que debe primar en toda sociedad democrática. Ello exige un cumplimiento justo y proporcionado de las penas que acompañe al resarcimiento de las víctimas que es precisamente lo que persigue la Doctrina Parot.
La realidad jurídica debe confluir, debe ir de la mano y debe terminar abrazando a la razón moral con el fin de evitar la desnaturalización y la degradación de nuestro sistema de garantías.
Nosotros no se equivoquen, no creemos en una justicia vengativa, porque ello sería una expresión de injusticia. Pero sí apostamos por una justicia que ayude a cerrar todas las heridas y para ello se necesita una justicia real, moral y con dignidad.
Queremos por tanto una justicia que no provoque indefensión moral, que no caiga en el abandono ético y por supuesto que no abunde en el olvido porque ello nos degeneraría como sociedad democrática.
Y luego me referiré a la manipulación del lenguaje y de los hechos que ustedes hacen y que no me da tiempo porque se me ha acabado el mismo.
Nada más. Muchas gracias.