HERNÁNDEZ HIDALGO (EP, 2018-10-25):
Sí.
Podemos discutir de muchas cosas, podemos discutir de hasta dónde podemos llegar dentro de los márgenes legales, pero lo que a mí no deja de sorprenderme es que cada vez que hablamos de condiciones de trabajo, se use como justificación y se diga, en este caso por parte de la señora Castelo, que es recurrente con esto, aunque hoy, desde luego también el señor Ruiz de Arbulo también ha utilizado este argumento, se diga que lo que se pretende es sustituir a los sindicatos, cuando saben ustedes además que esto no es verdad.
Esto es un Parlamento, esto es un Parlamento político y los derechos de los trabajadores son también cuestiones políticas, y lo que vayamos a acordar aquí nunca va a poder trasgredir los convenios colectivos que acuerden trabajadores y empresarios. No van a poder.
Los convenios establecen condiciones mínimas. Establecen condiciones mínimas. Y hoy estábamos hablando de condiciones de trabajo de empresa que contratan para la administración pública y, por tanto, de lo que estamos hablando es de cómo la administración pública puede ejercer la responsabilidad que tiene sobre puestos de trabajo que dependen de ella en última instancia. De eso es de lo que estamos hablando.
Y podremos afinar sobre cuestiones concretas y desde hasta dónde nos deja o no nos deja la legalidad. Lo cierto es que creo que, si no me equivoco, que a quienes han traído en esta ocasión la propuesta no les ha llegado ninguna contraoferta sobre esa cuestión. Y se pone el foco en la cuestión de los 1.200 euros.
Nosotros incluíamos en nuestra enmienda la cuestión de las subcontrataciones, porque nos parece fundamental, porque nos parece importante, porque es absolutamente legal y se puede hacer, la administración puede combatir una política, no es que pueda combatir, es que puede tener una política diferente a la que se está haciendo, no solo la administración vasca, todas las administraciones de nuestro entorno.
Ese es el modelo. Es un modelo que se da en el ámbito privado y que del ámbito privado también las administraciones públicas han copiado. Es un modelo recomendado por los grandes órganos del capital internacional: Es abaratar costes a base de abaratar la mano de obra. y para eso se utilizan las contratas y las subcontratas. y no se desarrolla por parte de la administración pública, como yo decía, como he dicho muchas veces, un sector potente para garantizar las necesidades que como administración pública tenemos.
Pero es que, además, en las contrataciones que se hacen se hace un abuso de este método y además no solo no es contrario a ley alguna de las cosas que proponemos, es que está recogido en la ley, es que la propia Ley para la Contratación Pública, como he dicho antes, establece una serie de prioridades a la hora de contratar y esas prioridades no se cumplen y en Euskadi no se cumplen.
Y la tendencia y la norma es a utilizar contrataciones de empresa para todo tipo de servicios que se pueda, a pesar de haber también acuerdos con los sindicatos, que los sindicatos han denunciado muchas veces que no se cumplen y que este Gobierno reiteradamente insiste en decir que sí.
Por eso también duele oír que se utilice a los sindicatos de excusa en esta Cámara cuando algún grupo parlamentario propone cuestiones relaciones con las mejoras de las condiciones de trabajo, cuando luego constantemente a los sindicatos, cuando vienen a decir que no se cumplen acuerdos con los gobiernos, se les niega la mayor.
Yo creo que esta iniciativa es realmente posible, se puede llevar a la práctica. Las cuestiones sociales tienen que estar en la contratación pública. Hoy en día el único criterio que se maneja es el económico, a pesar de existir cláusulas sociales, a pesar de existir esa ley vasca relativa a las cláusulas sociales.
Y la normativa europea también lo prevé y la normativa europea habla precisamente de que se tiene que contar con este tipo de cuestiones con las que no se cuentan.
Y hoy no estábamos aquí hablando de salario mínimo. No estamos hablando del salario mínimo interprofesional que, efectivamente... ¡Claro que no! Hoy no estamos hablando del salario mínimo interprofesional que, efectivamente, no tenemos competencias para establecer salario mínimo interprofesional.
Pero de lo que se está hablando es de cómo podemos utilizar las herramientas que sí tenemos en la administración pública para los contratos de trabajo que dependen de la administración pública, para trabajadores que trabajan para su empresa privada, pero que están haciendo un trabajo que es para nosotras y nosotros, para la administración pública, para lo que es de todos. Y eso se puede hacer.
Y sí defendemos aquí lo mismo que defendemos en otros sitios. En cada sitio habrá unos niveles de vida necesarios y unos salarios diferentes; no es lo mismo vivir en Donosti que vivir en otras partes del Estado.
Izquierda Unida ha llevado iniciativas de este estilo en otras partes del Estado y en otros sitios hemos hablado de 1.000 o de 1.100 euros.
Defendemos exactamente lo mismo y hemos llegado a un acuerdo, no Podemos, sino Unidos Podemos, donde está también Izquierda Unida, hemos llegado a un acuerdo presupuestario para un salario mínimo de 900 euros, lógicamente usted no me tiene que convencer a mí de esto, porque lo hemos firmado, sé que se dirigía a la señora Ugarte, que es una mejora para muchísima gente en el conjunto del Estado...