MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2015-05-29):
Sí, gracias presidenta.
Señor consejero, hace ya dos años, presentamos una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno Vasco a presentar en este Parlamento un proyecto de ley de transparencia, que recogiera una serie de principios que nosotros consideramos fundamentales. Y que son los siguientes y que seguimos considerando que son absolutamente fundamentales.
El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas y/o reciban dinero público, con independencia de la cuantía del mismo.
El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas sin importar como esté almacenada. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes. Toda la información en poder de las administraciones, de todos los poderes del Estado y de todas aquellas entidades privadas que ejerzan funciones públicas, debe ser pública.
La denegación de acceso a cualquier tipo de información debe ser excepcional. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o a la no contestación a las solicitudes realizadas.
Las entidades públicas a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial, sin que sea necesario realizar una solicitud. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.
El Gobierno será el principal encargado de realizar labores de promoción del derecho, garantizando y promoviendo el conocimiento y uso de dicho derecho. Se establecerán en la ley sanciones en relación a las infracciones que se comentan sobre lo especificado en el texto legislativo.
Pedimos por lo tanto hace ya dos años, una ley de transparencia propia e independiente. Es decir, una ley diferenciada y en concreto, separada de la norma que rija y discipline el quehacer de la Administración Pública vasca. Una ley desde luego, que fuera más allá que la ley nacional que ya criticamos en el Congreso de los Diputados por ser claramente insuficiente.
En la justificación de aquella iniciativa decíamos que los ciudadanos necesitan acceder a toda aquella información que les permita conocer y evaluar con objetividad la actividad de las diferentes instituciones públicas. Tal información debe considerarse como propiedad de los ciudadanos.
Que las administraciones públicas y el sector público, han de generar de manera activa la información relevante para la comprensión de su actividad y deben hacerla accesible a los ciudadanos.
Que toda información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión de las autoridades, es pública. De modo que sólo se puede limitar el acceso a esta información para proteger otros derechos e intereses legítimos legalmente tasados.
Que todas las personas tienen derecho a solicitar cualquier información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué la quieren. Y tiene el derecho a recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible. Que un efecto importante, fundamental de las medidas de transparencia de la gestión es el de reducir las zonas de opacidad y las prácticas oscurantistas que favorecen la corrupción, el despilfarro y la mala gestión. Que cualquier entidad o persona que se beneficie de ayudas públicas debe dar cuenta igualmente pública del uso de esas ayudas.
Y a partir de ahí, hace ya dos años, pedíamos que este Parlamento instara al Gobierno Vasco a presentar en el plazo máximo de seis meses de la aprobación de aquella iniciativa, un proyecto de ley de transparencia, y proponíamos también instar al Gobierno Vasco al desarrollo de un portal de transparencia que diera cabida a toda la información relativa a la administración donde como mínimo quedaran reflejadas.
Las retribuciones e indemnizaciones por razón de servicio de los cargos electos, altos cargos y miembros del Gobierno Vasco, el registro de actividades bienes e intereses de los cargos electos, altos cargos y miembros del Gobierno, la totalidad de la contratación de la Administración Pública vasca, las listas de contratación temporal del personal, las concesiones administrativas, el inventario actualizado de los procedimientos administrativos, las resoluciones administrativas y judiciales, el gasto público realizado en campañas institucionales y sus destinatarios. Todo esto pedíamos en aquella iniciativa de hace dos años.
Por lo tanto, exigencias evidentemente máximas para que pudieran ser llevadas a cabo cuanto antes y puestas en marcha por este Gobierno. Además, pedíamos que se incluyera dentro de ese portal de transparencia un registro de contratos. Un registro de adjudicatarios, un registro de convenios de colaboración y un registro de subvenciones.
Finalmente el Gobierno Vasco decidió presentar su proyecto de ley de la Administración Pública vasca donde se incluyó los asuntos relacionados con la participación la transparencia y el acceso a la información.
Es evidente, y a los hechos me remito y así ha sido trasladado por la mayoría de grupos de este Parlamento, que ese proyecto se quedó corto y muy lejos de los principios que desde luego UPyD sigue defendiendo.
El proyecto remitido por el Gobierno Vasco prefirió hacer un seguidismo absoluto de la Ley Nacional de Transparencia, una Ley Nacional de Transparencia que nosotros criticamos en su momento por ser claramente insuficiente. En lugar de utilizar las competencias de este Gobierno para ir más allá y ser más exigente, lo que se dice y se planteó fue hacer un seguidismo absoluto de esa Ley Nacional de Transparencia.
Al tomar como modelo una ley que no supo adaptarse a los nuevos tiempos, este proyecto de ley por lo tanto, nacía muy limitado y además incluía este proyecto carencias importantes, como el hecho de que no se previera un régimen de sanciones jurídicas.
Pero es que además la primera parte del proyecto de ley, aquella que hacía referencia a la organización de la Administración Pública vasca era también francamente mejorable.
No intentaba simplificar, clarificar, reducir y modernizar el entramado institucional vasco, era un proyecto de ley farragoso, era un proyecto de ley que renunciaba a regular y ordenar los sectores públicos de todas las administraciones vascas, incluidos los territorios históricos y los entes locales.
No se veía en ese proyecto ni se vislumbraba siquiera una estrategia de simplificación y reducción del entramado administrativo o de control de las externalizaciones o de las encomiendas de gestión.
Por lo tanto, era un proyecto de ley que se quedaba corto y que era poco ambicioso que no cumplía los principios mínimos que una Ley de Transparencia debería cumplir, que renunciaba a regular y ordenar el sector público de los entes forales y el de los entes locales que no iba más allá de lo que ya avanzó la Ley Nacional de Transparencia. No incluía tampoco un régimen sancionador, un proyecto que renunciaba por lo tanto a una transparencia radical y a limar las duplicidades existentes.
Así fue entendido por la mayoría de grupos de esta Cámara y como consecuencia de ello se presentaron tres enmiendas de totalidad, cuyo argumentario debo decir que es bastante semejante.
Por lo tanto, hubo una coincidencia bastante general, hubo puntos al menos en común que veníamos, en fin, a compartir grupos claramente distintos y a partir de ese momento  - y esto es algo que ciertamente me llama la atención -  el Gobierno retiró el proyecto.
Y esto es algo ciertamente  - de verdad se lo digo -  que me dejó perplejo. Es decir, el Gobierno no hizo absolutamente nada o al menos no hizo todo lo posible...
...que me dejó perplejo.
Es decir, el Gobierno no hizo absolutamente nada, o al menos no hizo todo lo posible, para que este Parlamento asumiera ese proyecto de ley, lo tomará en consideración y a partir de ahí pudieran debatirse las enmiendas.
No hizo nada, el Gobierno no se puso en contacto con UPyD, a pesar de que en ese momento y en ese tema el voto de UPyD podía ser absolutamente fundamental. El Gobierno Vasco decidió no hablar con los grupos parlamentarios, al menos no habló con el grupo UPyD, y dejó pasar los días y finalmente decidió retirar este proyecto, y no sólo eso, sino que además acusó a los grupos de hacer electoralismo.
Todo esto me lleva a pensar, por un lado, lo que ya vimos, que era un proyecto de ley claramente insuficiente, muy mejorable por todo lo que he dicho, pero además me lleva a pensar que el Gobierno no quería que se aprobara ese proyecto de ley.
Ya digo, el voto de UPyD podía ser decisivo. No hubo ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de negociación y, por cierto, a los días nos enteramos, cuando definitivamente se retiró este proyecto, nos enteramos que usted dijo en una rueda de prensa esa misma mañana que el Gobierno estaba dispuesto a aprobar 300 enmiendas parciales, y el resto de grupos sin saber nada de eso.
En fin. ¿Qué es lo que va a hacer este Gobierno en relación a este proyecto de ley? ¿Cuándo va a volver a presentarlo? ¿Qué contenido va a tener? Eso es lo que le pregunto.
Gracias.