LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-11-21):
Pero la crisis económica está teniendo como principal efecto el desempleo y, como consecuencia del mismo, evidentemente muchas personas se ven imposibilitadas a la hora de afrontar el pago de sus cuotas hipotecarias.
Somos conscientes –nosotros los primeros– de que esta situación se ha convertido en un verdadero drama social y que entre todos debemos tratar de solucionarlo, pero debemos de hacerlo alejándonos de tentaciones demagógicas que en muchos casos esconden intereses malintencionados.
Señor Itxaso, una vez más tengo que destacar en esta tribuna las prisas y las urgencias que acucian al Partido Socialista cuando se encuentra en la oposición. Parece que los desahucios nacieron ayer y usted decía que no obsta el que se apruebe la directiva para que se haga una normativa. ¿Y dónde estaban ustedes para modificar esa normativa? ¿Por qué no lo hicieron antes?
Se lo dije en la anterior sesión plenaria. Es una lástima, sobre todo para el conjunto de la ciudadanía, que esas urgencias y esa profusión de soluciones para los ciudadanos se les ocurran siempre cuando traspasan la puerta de salida de sus responsabilidades de gobierno.
...urgencias y esa profusión de soluciones para los ciudadanos se les ocurran siempre cuando traspasan la puerta de salida de sus responsabilidades de gobierno.
Y lamentamos que ustedes se inspiren y se iluminen cuando se instalan en la oposición, porque si les hubiera llegado la luz con mayor premura, cuando estaban en el Gobierno, con toda seguridad los ciudadanos se hubiesen ahorrado muchísimos problemas y muchísimos desahucios.
La proposición hace una crítica a la legislación nacional en esta materia y la califica de incompleta e insuficiente.
Yo, desde aquí, quiero expresar que doy la bienvenida a la futura normativa europea, pero desde una postura seria y reflexiva, que no solamente la dice el Grupo Popular, sino que la dicen también numeroso expertos, esa directiva no va mucho más allá de lo contemplado en nuestra normativa, como más adelante explicaré.
Porque, por mucho que usted diga, ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha intentado legislar nada más entrar en el Gobierno para dar solución al drama de los desahucios, mientras que otros gobiernos aquí y en Madrid miraban hacia otro lado.
En primer lugar, aprobaron el código de buenas prácticas, al que se han adherido la mayor parte de las entidades crediticias, cuyo objetivo principal consistía en que las personas sin recurso pudieran proceder a la reestructuración de la deuda hipotecaria, al objeto de alcanzar la viabilidad de sus obligaciones de pago a medio y largo plazo, viabilidad que será descartada si su cuota hipotecaria excede el 50 % de los ingresos de la unidad de convivencia.
Ese plan de reestructuración pretende establecer un mecanismo de flexibilidad a la hora de hacer frente a las obligaciones hipotecarias con el objeto de evitar un proceso de ejecución.
Y en el caso de que el deudor no pueda hacer frente a dicho plan, se podrá solicitar una quita de la de deuda en un 25 %. Y en caso de que esta fórmula no sea suficiente, podrá acceder a la dación en pago, que supondrá la cancelación total de las obligaciones contraídas.
Se suspenden, además, los lanzamientos por un periodo de dos años. Se limitan los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero. Se establecen medidas que garanticen la independencia de las sociedades de tasación, con el objeto de que éstas no actúen al servicio de las entidades de crédito y que no haya conflicto de intereses.
Y así mismo, será necesario para el inicio del proceso de ejecución el impago de tres cuotas hipotecarias y se eleva el precio de adjudicación del bien hipotecado del 60 al 70 %.
Por lo tanto, legislar se ha legislado, cosa que antes no se hizo. Se pretende ofrecer una respuesta a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad.
Para algunos, ya comprendemos que nada es suficiente, aunque nada hubieran hecho cuando podían hacerlo y, siempre desde el parapeto que ofrece estar en la oposición, proponen medidas que ni la propia normativa europea, a la que tanto alaban, recoge, porque impulsan allí lo que aquí se oponen a hacer.
Y no pedimos una adhesión inquebrantable en la normativa aprobada por el Gobierno de España, simplemente lo que le solicitamos, señor Itxaso, es que abandonen discursos instalados en posiciones populistas y demagógicas que tienen una inviabilidad manifiesta.
Como decía, la directiva europea tiene muchas similitudes con la norma española, como, por ejemplo, ambas están dirigidas a aumentar la protección de los consumidores.
La norma europea, como usted ha dicho, establece un periodo de reflexión anterior y posterior a la firma de la hipoteca de siete días. La normativa nacional exige la firma de un manuscrito donde el comprador reconoce haber sido perfectamente advertido de los riesgos que conlleva su contrato. A ello hay que sumar que el notario podrá detener la firma de la hipoteca si se detectan cláusulas abusivas.
La norma europea establece garantías para evitar la concesión de préstamos irresponsables. La legislación aprobada por el Gobierno de España indica, recogiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, una limitación a la concesión del crédito hipotecario de un 80 % del valor de tasación y una duración máxima de 30 años para evitar sobreendeudamientos.
Con esta medida, se ha pretendido poner fin a una política crediticia expansiva que la Comisión Europea denunció ante el Banco de España cuando estaba dirigido entonces por el señor Fernández Ordóñez.
La denuncia no fue atendida. Perseguía poner fin a esa práctica generalizada de conceder préstamos por un importe del 120 % del valor de inmueble y por un periodo de hasta 40 años.
Y en cuanto a la dación en pago, la nueva directiva expresa que la legislación no se podrá oponer a la dación en pago si previamente las partes la han pactado. Es decir, no se contempla ni con carácter universal ni con carácter retroactivo.
Y en torno a este asunto, la normativa nacional también contempla la posibilidad de que la dación en pago y dicha posibilidad está incluida en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, que indica que podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de hipoteca voluntaria, que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados y la nueva legislación de protección de los deudores hipotecarios obliga a las entidades de crédito a tener que aceptarlas y los colectivos más vulnerables acreditan que no pueden hacer frente al pago de sus obligaciones hipotecarias.
Por tanto con todo esto, se puede concluir que la normativa europea y la nacional comparten muchas similitudes y que incluso la norma aprobada por el Gobierno de España ofrece, en muchos aspectos, mayores garantías para los deudores hipotecarios.
Y esto, señor Itxaso, lo que pone muy a las claras es el doble rasero y la doble vara de medir de los diferentes grupos políticos aquí presentes, que aplaudieron y aprobaron aquella normativa y denostan una muy similar, como es la española.
Porque, como decía, la normativa comunitaria ha sido aprobada por la totalidad de los grupos políticos con representación en esta Cámara, a través de los respectivos grupos parlamentarios.
Es decir, como decía, mientras en Europa votan a favor, en España votan en contra de una normativa muy similar y no solamente votan en contra lo que apoyan luego en Europa, sino que además hacen casus belli, como usted ha hecho hoy aquí, contra un gobierno que se anticipó y legisló a lo que ahora proponen las instituciones comunitarias.
Y esto pone muy a las claras, señor Itxaso, cuál ha sido el objetivo encabezado por el Partido Socialista y el resto de formaciones entorno a los desahucios, que es tratar de utilizar el sufrimiento de miles de personas.
Se puede discrepar que la normativa antidesahucios aprobada por el Gobierno de España. Es legítimo, incluso, considerarla insuficiente, pero lo que no es admisible, señor Itxaso, es que usted hoy venga aquí a alabar una normativa a la que se han opuesto en el Congreso de los Diputados.
Y quizás, la doble moral que algunos practican reside que en Europa sí hacen planteamientos políticos serios, rigurosos y posibilistas y, en cambio, en otros foros no.
No es omisible que durante la tramitación de la legislación sobre la protección de los deudores hipotecarios se agitara a una parte importante de la ciudadanía, se respaldaran escraches contra políticos del Partido Popular, exigiendo la dación en pago universal y retroactiva y, por el contrario, en Europa este tipo de reclamaciones ni se planteasen.
Nuestro grupo entiende que una máxima de la política debe de ser predicar con el ejemplo y es evidente que determinadas formaciones no lo llevan a cabo.
El Gobierno anterior, el Gobierno del señor López en el año 2011 desahució a 133 familias de pisos sociales por impago de cuotas hipotecarias y, por ponerle otro ejemplo de ámbito nacional, que pone muy a las claras las dos formas de gestión, mientras que la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de las personas afectadas por desahucios 1.000 viviendas propiedad de su sociedad pública, la Junta de Andalucía se dedica a expropiar a los bancos mientras mantiene 5.000 viviendas públicas vacías.
Termino expresando que nosotros apoyamos la normativa europea y aceptamos de buen grado que todos aquellos aspectos de la misma que puedan mejorar nuestra normativa se incorporen cuanto antes. Porque el Grupo Popular estará en cualquier iniciativa que pueda evitar el drama de los desahucios, pero lo hará siempre desde la responsabilidad, la seriedad y el rigor legislativo. La demagogia y el populismo se lo dejamos para otros.
Nada más.