MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2014-06-05):
Sí, gracias presidenta.
Nosotros no vamos a apoyar la iniciativa de EH Bildu, nosotros vamos a votar finalmente nuestra propia enmienda de totalidad, no hemos llegado a ningún acuerdo con ningún otro partido político.
Bueno, hemos leído la iniciativa de EH Bildu, lo cierto es que tal como se dice en la justificación, pues las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron efectivamente el 17 de julio del año pasado la Norma Foral sobre cláusulas sociales.
Como consecuencia, en todas las obras públicas promovidas por la Diputación, las empresas deben cumplir el convenio laboral correspondiente al territorio y además se dice que se garantizan algunos otros aspectos relacionados con las condiciones de trabajo.
Efectivamente, la Norma Foral está vigente, pero la Autoridad Vasca de la Competencia presentó un recurso en su contra y además solicitó su suspensión provisional como medida cautelar.
Nosotros no vamos a instar a la Autoridad Vasca de la Competencia a abandonar la vía judicial emprendida contra la Norma Foral, no vamos a apoyar tal cosa. Entendemos que tendrá sus argumentos para hacerlo.
Si tuviéramos que instarle a algo, en fin, le instaríamos posiblemente a su propia disolución. Disolución de la Autoridad Vasca de la Competencia, pero no por haber presentado un recurso contra esta Norma Foral, sino fundamentalmente porque pensamos que es uno de esos organismos superfluos autonómicos que bien podría ser suprimido. En todo caso, efectivamente, éste no es el debate.
Además, en la justificación se recuerda la resolución del pasado 11 de febrero de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que dice lo que dice y a partir de ahí la parte propositiva: "Instar a la Autoridad Vasca de la Competencia a que abandone la vía judicial contra la Norma Foral", con el argumento de que la defensa de los derechos de los trabajadores debe prevalecer sobre el principio de competencia.
Yo no creo que sea el asunto sobre el que deba debatirse, de hecho, no es esto lo que EH Bildu nos somete a votación. Es decir, si existe ese argumento de que la defensa de los derechos de los trabajadores debe prevalecer sobre el principio de competencia, sino, en concreto, la posibilidad de instar a la Autoridad Vasca de la Competencia a abandonar la vía judicial contra la Norma Foral y nosotros ya hemos dicho que no vamos a hacerlo.
Creo que el asunto importante a debatir, o sobre lo que nosotros queremos debatir, o aquello que nosotros queremos plantear es el debate sobre la posibilidad de introducir determinadas cláusulas sociales en los pliegos que aprueben las distintas instituciones públicas, respetando, en todo caso, la legalidad vigente –tanto la legalidad vigente que nos gusta como la que no nos gusta– y asegurando la máxima seguridad jurídica.
Yo creo que éste es el asunto de fondo y sobre la cuestión creo que hay que hablar de manera lo más rigurosa posible. Es decir, posibilidad de introducir cláusulas sociales, pero teniendo en cuenta cuáles son los límites establecidos, la legalidad vigente y garantizando la máxima seguridad jurídica.
Se definen las cláusulas sociales como la inclusión de aspectos sociales en los procesos de contratación pública, bien como requisito previo, como elemento de valoración o como una obligación inherente al contrato.
De forma coherente, y así lo sanciona nuestra normativa nacional y comunitaria, debe vincularse la contratación con la cohesión social, pudiendo abordarse diversas temáticas desde la contratación pública responsable: discapacidad, igualdad entre mujeres y hombres, comercio justo, medio ambiente, calidad en el empleo o inserción socio-laboral, entre otros.
No podemos olvidar que cada vez que una autoridad pública adjudica un contrato está produciendo un impacto en el mercado y en el empleo, por lo que resultaría incongruente obviar sus consecuencias sociales.
En nuestra opinión, la contratación pública debe salvaguardar sus principios básicos –libre concurrencia y no discriminación–, pero no debe obviar otros principios objetivos de carácter social.
Compaginarlos no sólo es lícito, sino que es coherente con los principios rectores del ordenamiento eficiente, sinérgico y además rentable económica y socialmente. Y, tal como se ha dicho, existe diferente legislación que defiende y garantiza y posibilita la introducción de cláusulas sociales en los contratos públicos. Distintas instituciones en el ámbito español están introduciendo ya distintas cláusulas sociales en sus contrataciones. Diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos están dando esos pasos en los últimos tiempos.
La contratación pública es un instrumento más de la política pública y, por lo tanto, debe de tener en cuenta todos los aspectos de esas políticas públicas. A la hora de asignar el contrato público o bien las subvenciones públicas deben tenerse en cuenta, obviamente, el precio y la calidad del servicio, pero también otros aspectos como los criterios sociales que incentiven conductas socialmente deseables y que contribuyan a penalizar aquellas que no lo son.
Se trata, por lo tanto, de que existan criterios sociales que incentiven conductas socialmente deseables y que penalicen conductas socialmente indeseables, obviamente con las debidas cautelas: Prácticas proteccionistas, prácticas abusivas o directamente comportamientos ilegales.
Y es ahí donde se inserta y tiene sentido nuestra enmienda de totalidad, en la que proponemos que este Parlamento inste al Gobierno Vasco y al resto de las instituciones a que, en los pliegos que se aprueben para la licitación de la obra pública, se incorporen cláusulas sociales que, por un lado, valoren de forma positiva las (...) socialmente responsables y por otro lado, se penalicen las conductas y actuaciones sociales indeseables.
Entre las actividades socialmente responsables: El cumplimiento del convenio colectivo, los contratos indefinidos, la inserción de personas con discapacidad, objetivos medioambientales, entre otros. Y entre las conductas y actuaciones socialmente indeseables: Condenas por tráfico de influencias, condenas por fraude fiscal y sanciones de la Inspección de Trabajo, entre otros.
Nosotros, por lo tanto, proponemos que todo eso se tenga en cuenta y que se valore de forma positiva las actuaciones socialmente responsables, y se penalicen las conductas y actuaciones sociales indeseables.
Digamos que guarda cierta relación o bebe del espíritu de una enmienda que hace casi un año se aprobó en este Parlamento, en concreto en la Diputación permanente en el mes de julio del año 2013 y que fue apoyada por el Partido Socialista, el Partido Nacionalistas Vasco y UPyD, donde se decía que "el Parlamento insta al Gobierno Vasco a que en los pliegos de condiciones de los concursos públicos que vayan a licitar se valore positivamente el hecho de que las condiciones laborales del personal de las empresas concurrentes estén reguladas sobre la base de un convenio colectivo".
Por lo tanto, por esto y por todo esto nuestra enmienda de totalidad. La iniciativa no podemos considerarla como apoyable y tampoco las demás enmiendas, ni la enmienda del grupo Nacionalistas Vascos ni tampoco la del grupo Socialistas, porque el primero de sus puntos pretende que instemos a la Autoridad Vasca de la Competencia.
Creo que esta Autoridad hace la labor que le corresponde en función de sus funciones y, por otro lado, recuerda un acuerdo de este Parlamento del 17 de octubre del 2013. En aquella ocasión, salió adelante ciertamente con los votos del Partido Socialista y EH Bildu, puesto que UPyD y el Partido Popular nos abstuvimos. En este punto, obviamente, nosotros volveríamos a abstenernos.
Nada más y gracias.