SÁNCHEZ MARTÍN (PSE-EE, 2013-04-18):
Bueno, muchas gracias presidenta. Buenos días lehendakari, buenos días señorías.
Intervengo en este Parlamento en el representación del grupo Socialistas Vascos con el fin de debatir la proposición no de ley presentada por el grupo EH Bildu sobre el abandono del proyecto de decreto elaborado por el Gobierno, para la constitución de una comisión que dilucide los desacuerdos suscritos por el incumplimiento de los convenios colectivos redactado por el anterior Gobierno Vasco, que se encuentra en estos momentos en fase de elaboración de informes y contactos entre el Gobierno y los agentes sociales. Así como defender en su lugar la enmienda transaccional acordada entre mi grupo parlamentario y el grupo Nacionalistas Vascos.
Consideramos que es importante que el Parlamento Vasco inste al Gobierno Vasco a que mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra determinados artículos de la Ley 3/2012, aborda un proceso de conversaciones y negociaciones con los representantes sociales, al objeto de constituir en Euskadi un órgano alternativo de la resolución de desacuerdos en la negociación colectiva que evite tener que recurrir a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, pero insta a la reforma del Estatuto de los Trabajadores.
Y a su vez, el Parlamento Vasco inste al Gobierno Vasco y demás agentes sociales a consensuar unos mínimos comunes para la resolución de los desacuerdos en la negociación colectiva; y en el supuesto de que sean terceros ajenos quienes hayan de resolver los conflictos, el nombramiento se ha hecho de común acuerdo entre los representantes de las partes. Y voy a explicar por qué.
La ley 3/2012 de 6 de julio de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, contiene elementos de continuidad, pero han traducido elementos de ruptura muy importantes sobre los procesos reformadores precedentes, y trata de ampliar los espacios de decisión del empresario en la contratación, la gestión del personal y el reajuste de efectivos.
En su preámbulo, la Ley reconoce que esta reforma ha sido reclamada por las instituciones económicas mundiales europeas, pero no sólo proclama pretender crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, sino que da un paso más haya que marca una gran diferencia. También para los mercados y los inversores.
Esta referencia a los mercados e inversores, marca la ruptura entre las anteriores reformas laborales y la reforma del 2012, desplazando el objeto tradicional del derecho del trabajo, la tutela del trabajo, hacia la tutela de la empresa y de la productividad, lo que implica un cambio significativo del enfoque en la aplicación de los espacios de decisión unilateral del empleador, tanto en la flexibilidad interna como en al flexibilidad interna. Y traslada a los trabajadores riesgos de la situación y desarrollo de la empresa.
Lo que ha hecho la reforma laboral del Partito Popular en 2012 ha sido ampliar los mecanismos a través de los cuales los empresarios pueden adaptar, incluso disponer de las condiciones de trabajo de sus trabajadores por medio o a pesar de la negociación colectiva, a nivel de la empresa.
Ello ha tratado (...) a través de tres medidas fundamentales.
Uno. Facilitar el descuelgue o en aplicación temporal en la empresa del convenio colectivo en vigor.
Dos. Establecer ex lege la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en determinadas materias.
Tres. Suprimiendo la ultractividad indefinida de los convenios colectivos que hubieran agotado su vigencia.
Aunque se trata sólo de tres medidas concretas, las mismas trastornan profundamente el sistema precedente de relaciones laborales y de negociación colectiva.
Amplían los espacios de decisión colectiva a nivel de la empresa y reducen el papel de los sindicatos y de las organizaciones patronales a nivel sectorial e interprofesional.
Sigue en pie la regla de que los convenios colectivos obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos, dentro de su ámbito de aplicación mientras dure su tiempo de vigencia; pero los negociadores pueden salir de ese círculo impuesto cuando la aplicación del convenio superior pueda ser más perjudicial que ventajoso. Esto es lo que se conoce como el descuelgue salarial por causas objetivas, que puede referirse a materias concretas cuando concurran razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y no sólo económicas como hasta ahora.
La medida debe ser pactada con los representantes de los trabajadores antes de que venza el convenio colectivo y se elimina la traba que suponía la facultad de los convenios superiores de establecer condiciones para el descuelgue. Y ahora se garantiza ese derecho, en todo caso, sin necesidad de que esté reconocido en el convenio de superior rango.
El descuelgue solamente puede afectar a una serie de materias pero son las más relevantes de toda la negociación como son la jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, trabajo a turnos, renumeración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones y mejoras voluntarias de la seguridad social.
El procedimiento de descuelgue es el siguiente:
Se abre el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. Si se alcanza un acuerdo, se presume que concurren las causas que autorizan el descuelgue, pero en caso de desacuerdo, las partes pueden someter sus discrepancias a la comisión paritaria de convenio. Y si no alcanza acuerdo en su seno, se acuerdan los procedimientos previstos en el convenio y puede también someterse a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o los órganos previos en las comunidades autónomas en función del territorio afectado por el conflicto.
Cabe así mismo, el sometimiento de la cuestión a decisión de un arbitraje. Se ha facilitado así considerablemente, la inaplicación en la empresa de reglas establecidas en los convenios colectivos vigentes. Si bien es una inaplicación temporal que rige hasta la extinción de este convenio colectivo.
Por otro lado –y eso es lo más relevante–, aunque el descuelgue sigue requiriendo en principio el acuerdo con los representantes de los trabajadores, la falta de acuerdo ya no bloquea o impide el descuelgue pero ha dado un paso mucho más haya.
En la reforma laboral del Gobierno de Rajoy, desconfiando de los...
...no bloquea o impide el descuelgue.
Pero ha dado un paso mucho más allá, en la reforma laboral del Gobierno de Rajoy, desconfiando de los mecanismos autónomos y solución de conflictos colectivos, en caso de no resolverse el desacuerdo en vías autónomas, prevé a petición de una de las partes que el asunto pueda ser sometido a un arbitraje obligatorio y vinculante, ya sea en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos que hasta ahora era un órgano tripartito de carácter consultivo, o en los órganos similares de las comunidades autónomas, los cuales a su vez podrían delegar en un árbitro si no resulta por supuesto este punto inconstitucional.
¿Y por qué digo esto? Porque como bien ha dicho la representante de EH Bildu, el Partido Socialista como los sindicatos hemos interpuesto recurso de inconstitucionalidad frente a este concreto aspecto de la reforma por entenderlo contraria a la autonomía de las partes.
Tanto la Ley 3/2012, de 6 de julio, que regula la Reforma Laboral como el Reglamento de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, se encuentran recurridas ante el Tribunal Constitucional y en el orden contencioso-administrativo, respectivamente.
No obstante, las reformas en este caso no han quedado aquí. Aunque en la reforma del 2012 no se establecía un plazo determinado para poder crear estos órganos tripartitos dentro de las comunidades autónomas, el Gobierno de España al ver que no se estaban creando esos órganos tripartitos, ¿qué es lo que ha hecho?
Ha dado otro golpe de tuerca más y ha recogido aprovechando que se acaba una norma que no tenía nada que ver con el tema, pero ha aprovechado y ha metido una Disposición Adicional Sexta en el Real Decreto de 15 de marzo de 2013, sobre Medidas para Favorecer la Continuidad de la Vida Laboral de los Trabajadores de Mayor Edad y Promover el Envejecimiento Activo.
Y señala que si llegado el 17 de junio de 2013 las comunidades autónomas no hubiéramos constituido y puesto en funcionamiento un órgano tripartito equivalente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordando la actuación de esta Comisión en el ámbito de las comunidades firmante, directamente la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos puede subsidiariamente y en tanto en cuanto no se constituyan dichos órganos tripartitos equivalentes, conocer las solicitudes presentadas por las empresas y representantes legales de los trabajadores y, por tanto, asumir el arbitraje obligatorio directamente a partir de esa fecha.
De no haber dado esta vuelta de tuerca para obligar a todas las comunidades autónomas a su aplicación, podríamos haber seguido aplicando lo que veníamos haciendo hasta ahora y pudiendo acudir a arbitrajes voluntarios. Pero este procedimiento ha cambiado con este cambio último que se ha introducido en marzo de este año. Por tanto, a partir del 17 de junio, las partes pueden acudir directamente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para pedir el arbitraje obligatorio.
Señorías, esto es lo que hay. No cabe defender sólo una paralización del proyecto que regula este órgano tripartito como defiende Bildu. Esta postura no sirve para nada en estos momentos porque estamos en otras reglas del juego. Por tanto, termino defendiendo lo recogido en la enmienda transaccional firmada por el grupo Socialistas Vascos y el grupo Nacionalistas Vascos.
Yo creo, de todas formas, que sería importante a nuestro juicio que dicho órgano pudiera implicarse en poder establecer limitaciones en causas y procedimientos, que pudiéramos establecer aquí algo diferente con el fin de poder reducir el desequilibrio establecido con la reforma en esta materia, haciendo un órgano distinto que pudiera mejorar las consecuencias de la reforma en este ámbito, aunque soy consciente del problema añadido que tenemos ahora dado que las organizaciones empresariales en estos momentos no están muy dispuestas a renunciar a las ventajas que la propia reforma laboral le está dando y el tiempo corre a su favor.
Nada más y muchas gracias.