LLANOS GÓMEZ (PP, 2019-04-04):
Gracias señora presidenta, buenos días a todos.
Bien, voy a intentar no debatir precisamente, porque estamos en explicación de voto, y de lo que se trata es de explicar por qué hemos votado negativamente a esta toma en consideración.
Votar en contra de esta toma en consideración no quiere decir que no estemos de acuerdo con los objetivos de intentar garantizar una vida digna, de reconocer el papel que la Administración a través de los contratos puede hacerlo, pero consideramos que a través de esta proposición de ley, pues no considerábamos que se fuera a conseguir pues por las razones que voy a explicar; lo cual no quiere decir que no estemos a favor precisamente de que las cláusulas sociales puedan incluirse en los contratos públicos.
¿Por qué hemos votado en contra de esta proposición? Que viene a ser una transposición de la norma foral de Gipuzkoa, y que precisamente por ser esa transposición en algunos casos, bueno, pues es difícil llevarla o aplicarla.
En primer lugar, hemos votado que no porque consideramos que técnicamente está obsoleta, está desfasada y está superada por la nueva y reciente legislación en materia de contratación pública que se aplica en todo el estado desde el nueve de marzo de 2018.
La aprobación de la directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, ya obligó a introducir en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental, de innovación y desarrollo para calcular la mejor relación de calidad-precio en cada expediente de contratación.
También añadió nuevos criterios de valoración, incluyendo las cláusulas sociales y el cálculo del coste del ciclo de vida, que corregían el anterior criterio preferente del precio más bajo u oferta económicamente más ventajosa.
La citada directiva ha sido incorporada  - como decíamos -  al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 9/2017 de ocho de noviembre de Contratos del Sector Público.
Esta norma que viene a sustituir a la del 2011, viene a incorporar las cláusulas sociales y medioambientales de manera preceptiva y transversal en todos los procesos de contratación pública, concretamente en su artículo 1.3.
Esta ley ha venido a ordenar, clarificar y de alguna forma a superar  - por eso decía que estaba superada - , la variedad de tipología de cláusulas sociales, laborales, medioambientales, éticas, de género y lingüísticas que números ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones, habían incluido en sus diversas normativas e instrumentos de contratación.
A la espera del desarrollo reglamentario de esta ley, la obligación de introducir este tipo de cláusulas en los pliegos de contratación, que impone a la administración esta obligación, deja total libertad para decidir su inclusión en cada contrato en concreto, como criterio de adjudicación, como criterio de preferencia en casos de empate, o como condición especial de ejecución.
Eso significa que se pueden introducir las cláusulas en las diversas fases del proceso de contratación siempre que se respeten, eso sí, como no podía ser de otra manera, los principios de transparencia, libertad de trato y no discriminación de las empresas licitadoras. Por lo tanto, las posibilidades de inserción en los contratos públicos de este tipo de cláusulas son infinitas.
Corresponderá a cada respectiva administración, entidad local o entidad integrada en el sector público vasco mediante el correspondiente programa de gobierno, declaración político e instrucciones de contratación, determinar cuáles son los objetivos que se quieren cumplir en cada proceso de contratación, y en virtud de eso, cuáles son las cláusulas que se incluyen. Así podrán preverse o introducirse cláusulas de contratación socialmente responsables en los siguientes apartados de un pliego: Consultas preliminares al mercado, en la determinación del objeto del contrato, en la selección de las empresas licitadoras mediante reserva social del contrato, reconociendo expresamente el acceso a la contratación a las pequeñas y medianas empresas, empresas de economía social, centros especiales de empleo o centros de inserción o programas de empleo protegido.
También se podrán incluir cláusulas sociales como criterios de adjudicación o en el cumplimiento en casos de desempate, o en condiciones especiales de ejecución de contrato.
Queremos, como observa también el Gobierno en la manifestación de su criterio, que a través de esta proposición se pretende regular a través de una normativa contractual, materias que no le competen y que competen al orden o a la legislación laboral, salarial o que son propias de los respectivos convenios colectivos y que por lo tanto no consideramos ajustado que se incluyan.
Por otra parte, la regulación de la propia ley establece la relativa a la denominada comisión técnica de verificación y evaluación del cumplimiento de las cláusulas de carácter social, contiene una regulación con posición y funcionamiento que solo está pensada para la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la iniciativa, o la Diputación Foral o ayuntamientos de determinados tamaños, pero en ayuntamientos pequeños como en Araba que existen muchos, pues no tienen esos dos funcionarios que exigen entre los integrantes de la mesa de contratación, además del letrado, con lo cual no sería aplicable la proposición que hoy se ha traído aquí.
Se inspira, como hemos dicho antes, en la norma foral de Gipuzkoa, y por tanto, a veces solo se refiere a los contratos de obra de la Diputación Foral...
...se inspira, como hemos dicho antes, en la norma foral de Gipuzkoa y, por tanto, a veces solo se refiere a los contratos de obra de la Diputación Foral. Por lo tanto, no consideramos que sea aplicable aquí.
Por último,...