GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2014-02-20):
Gracias presidenta.
Voy a empezar por el final, señora Otadui, porque lo que usted ha leído es cierto pero lo cierto es que ustedes firmaron y apoyaron con sus votos, aprobaron esta Ley de Registro Civil y lo que dice es lo que dice.
Y, efectivamente, las competencias ejecutivas es un problema fácilmente subsanable, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes siempre han tenido a bien querer afirmar su posición y obviamente traer para nuestro autogobierno la mayor cantidad de competencias y eso redunde en beneficio de la ciudadanía y pensando en las personas que es lo que interesa. Por lo tanto, no creo que haya ningún problema en ese sentido. En ese caso, estamos usted y yo totalmente de acuerdo.
Señora Llanos, usted y yo hemos debatido de la profilaxis lo que no está escrito. Es decir, que si todo el mundo nos hiciera caso, estaríamos perfectamente vacunados para todo porque lo cierto es que la verdad es que la experiencia dice que es mucho mejor prevenir que lamentar. Y afortunadamente, por todas estas iniciativas que se están discutiendo y dilucidando en sedes parlamentarias y en otras sedes, pues estamos consiguiendo que haya cosas que no se aprueban definitivamente. Pero vamos a ir al grano.
Usted ha dicho una cosa que es muy interesante. Efectivamente, la Ley del 57 era muy elástica y se ha venido adaptando a los tiempos. De hecho, aunque la Ley del Registro Civil del 2011 no entrara en vigor por esa vacatio legis de tres años que fue creo que una enmienda de ustedes por la cual solicitaban una vacatio legis porque, obviamente, hay un montón de comunidades autónomas que no tenían actualizados o bien puestos al día los registros civiles.
Y por eso se dio esa vacatio legis para que fundamentalmente pudieran cumplirse con los criterios de modernización, digitalización, en fin interconexión, etcétera. Pero lo cierto es que en realidad parte de lo que establece la Ley de Registro Civil se ha venido aplicando ya.
Actualmente, quien se encarga fundamentalmente de los registros civiles, por lo menos en aquellos juzgados donde son Juzgados de Primera Instancia e Instrucción o Juzgados de Primera Instancia, son los secretarios judiciales fundamentalmente. Los jueces no se dedican a verificar, salvo estampar firma en su caso y sello, que es lo que pasa con las certificaciones del Registro Civil.
Pero, en cualquier caso, ¿por qué tenemos que reformar una ley que todavía no ha entrado en vigor, que es una ley muy reciente que concitó el absoluto consenso de todos los grupos parlamentarios y que ustedes votaron a favor cuando estaban en la oposición?
No sé cuál es la razón pero lo cierto es que ustedes en esa exposición de motivos del anteproyecto, alude a unos fines de la reforma en un intento de explicar lo que resulta casi inexplicable. Prácticamente la mayor parte de la exposición de motivos utiliza premisas que no son correctas.
Por ejemplo, le voy a repetir. La modernización, la informatización está ya hecha. El funcionamiento del Registro Civil está ya hecho, está informatizado desde el 2000 como le he dicho antes y las inscripciones posteriores al año 57 están digitalizadas.
El anteproyecto de la Ley de Registro Civil que se quiere reformar por parte de ustedes, introduce como elemento esencial para esa ley, el funcionamiento informatizado, la inscripción electrónica, la comunicación mediante el uso de las tecnologías de la información en el registro. Todo eso ya está hecho y recogido además en los artículos 3, 5, 7, 8, etcétera de la Ley que ustedes pretenden mandar como le digo al hoyo.
El tema de los registradores. Yo le doy la parte de razón que tiene. Y efectivamente, los registradores acceden por oposición. Acceden por oposición pero no son funcionarios públicos. No son funcionarios públicos porque ellos trabajan de manera privada.
Trabajan de manera privada, organizan sus propios despachos, su personal está sujeto al sistema organizativo que ellos quieran y cobran por arancel. Y el dinero que cobran por cada una de las actuaciones e inscripciones que hacen va directamente a su bolsillo. No va a la Administración, no es precio público, no es tasa; es arancel. Y eso significa que no podemos estar hablando de funcionarios públicos.
Habrá gente que si fuera un poco menos conciliadora que yo le diría algunas cosas bastante desagradables acerca de por qué se puede ser que se haya previsto traspasar el Registro Civil a los registradores –gracias señor Maneiro, es usted muy amable– pero ésa no es la cuestión.
Voy terminando, señoría. Los registradores en España son aproximadamente 800. Con la Ley de Registro Civil que puede entrar perfectamente a funcionar, no en vigor, quiero decir, porque su entrada en vigor es la que es.
Le voy a dar el dato si es que lo encuentro. Vamos a ver, pasan de 431 registros municipales a 7677 registros elevados en el registro único, con aproximadamente 106 oficinas del Registro Civil junto a la oficina central y con competencias propias.
El servicio a los ciudadanos va a ser muchísimo mayor obviamente que el servicio que se le da a los ciudadanos con el traspaso –como si fuera un bar– del Registro Civil a los registradores.
No tenemos ninguna necesidad de modificar lo que funciona perfectamente, es una cuestión de economía procesal fundamentalmente pero también es de economía, de nuestro dinerito.