SÁNCHEZ MARTÍN (PSE-EE, 2015-06-25):
Gracias presidenta.
Presentar unas bases mínimas de un acuerdo unánime del Parlamento es para mí un honor, como lo ha sido haber tenido la oportunidad de elaborar este informe.
He de confesar que personalmente como inspectora de trabajo que durante 20 años he sido testigo de penalidades y peleas ante los tribunales de los afectados por amianto, habilitar el camino de la reparación es un alivio y una compensación de mi labor política, insuficiente pero importante.
En la actualidad ya es claramente admitido que existe una fuerte evidencia en la relación entre los casos de mesotilomas y el consumo de amianto en los distintos países.
Hace 15 años no, hemos avanzado en algo, pero todavía quedan pasos muy importantes que dar y en esta línea hoy vamos a dar un paso de gigante y aprobaremos este dictamen de forma unánime, porque en la necesidad de su creación todos los grupos parlamentarios de esta Cámara estamos de acuerdo.
En este dictamen el Parlamento Vasco ha decidido afrontar uno de los temas más graves a los que se enfrentan miles de trabajadores, ciudadanos y familiares de trabajadores que han estado expuestos al amianto. Y por ello consideran necesario la creación de un fondo de compensación que sirva para resarcir a los afectados, en parte, el daño sufrido por la exposición al amianto en el pasado. Todos los comparecientes han manifestado estar a favor de la creación de un fondo de compensación para resarcir a las víctimas.
Su creación es necesaria y además fundamental en los casos en las que las víctimas han trabajado en distintas empresas o las empresas en las que se produjo la exposición ya no existen. Y garantiza la supervivencia de muchas empresas, fundamentalmente pequeñas, dado que esas indemnizaciones son difíciles de encajar en las mismas.
Nadie más lo ha hecho antes, la vía la abrimos en Euskadi, la comenzamos al final de la pasada legislatura y hemos llegado en esta a mínimos compartidos, pero el camino hay que seguir transitándolo.
El objetivo de la ponencia parlamentaria se ha visto cumplido con las comparecencias y reuniones realizadas en la novena y la décima legislatura, que junto con las aportaciones de los responsables políticos y en análisis de la diferente documentación, ha facilitado que la ponencia haya formulado sus consideraciones y 21 conclusiones.
En esta presentación, me limitaré a hacer referencia a las más importantes, porque no es posible referirlas todas en 15 minutos. La constitución de la ponencia ha sido oportuna y beneficiosa teniendo en cuenta el volumen de afectados por exposición a fibras de amianto existente y que irá aumentando en los próximos años hasta el 2023.
A partir de esta fecha se estabilizarán las cifras y se iniciará una rápida tendencia a la caída, teniendo en cuenta el final de los periodos de latencia tras el tiempo transcurrido desde la posible exposición. Ésas son las previsiones.
Sin embargo y a pesar de ello, todavía en España a pesar del volumen de afectados existentes, no existe ningún fondo de compensación para los mismos, como ocurre en otros países de la Unión Europea. En la ponencia se ha valorado como necesario abordar la conveniencia de crear este fondo de compensación para los afectados por amianto y su ámbito de aplicación, si estatal o de comunidad autónoma, así como su forma de financiación.
Y creemos que sea el estatal, no por eludir responsabilidades sino por dar garantías a los afectados. Un fondo en Euskadi no garantiza suficientemente a los afectados, pretendemos que no sigan luchando en los tribunales, que la Seguridad Social reconozca una enfermedad profesional derivada de un material cuya utilización fue aceptada en el pasado, y que ahora se ha convertido en tortura para las víctimas.
El amianto tiene una dificultad para la compensación de sus patologías, dado el periodo de latencia para que se manifieste la enfermedad desde el momento de la exposición, porque es muy prolongado en patologías más severas. Entre 20 y 30 años en asbestosis y cáncer de pulmón, y entre 40 y 50 años en el mesotelioma pulmonar.
Ello genera que en muchos casos al tener un periodo de latencia tan largo cuando se manifiesta la enfermedad, los trabajadores ya están jubilados o las empresas han desaparecido, dado que podemos estar refiriéndonos a exposiciones que se produjeron entre 20 ó 50 años antes. O los trabajadores han podido prestar servicios en diferentes empresas, dificultando así la definición exacta de la empresa en la que se produjo la exposición.
Esto genera una dificultad de identificación de las empresas responsables del pago de indemnizaciones que pueden corresponder a los afectados. Muchas de esas empresas han podido sufrir además con el paso del tiempo reconversiones, escisiones y transformaciones que además pueden dificultar mucho más la identificación de cual puede ser el actual responsable.
Ello conlleva por parte de los afectados o sus familiares, una labor detectivesca enorme y un dificultoso esfuerzo para identificar a la empresa a la que tienen que reclamar, quedando estos afectados en muchos casos sin compensación a pesar del daño sufrido en su salud o haber fallecido.
Otro problema añadido es la judicialización de los procesos. Las víctimas han de luchar para reclamar sus derechos con los organismos de la Seguridad Social, las mutuas y en los tribunales. Los trabajadores afectados y sus familiares se ven abocados a procesos judiciales de un elevado coste económico, porque el problema es que no vale con tener la enfermedad, sino que hay que demostrar que se ha trabajado expuesto al amianto. Y muchas de las empresas no facilitan la documentación y las pruebas para ello.
Los afectados encuentran la dificultad de demostrar la exposición y en qué empresa o empresas se produjo ésta. A ello hay que añadir la inseguridad jurídica de lo que resulte del proceso y su prolongación en el tiempo, ya que se trata de procesos muy largos.
Y además, para los afectados existen plazos muy cortos para poder ejercer acciones de daños y perjuicios; un año desde el fallecimiento de la persona o del reconocimiento de la enfermedad profesional. Muchas veces la afección psicológica del afectado o de sus familiares, hacen que cuando quieran reaccionar se ha expirado el plazo...
...muchas veces la afección psicológica del afectado y de sus familiares hace que cuando quieren reaccionar se ha expirado el plazo para poder reclamar sus derechos.
Todas estas dificultades justifican la petición de un fondo de compensación. El fondo de compensación consigue que aquellas familias o trabajadores afectados que tienen vedada la vía judicial por no tener empresa a la que reclamar la indemnización vean compensado el daño, aunque sea en parte, con las cuantías que se determine que deban percibir.
Pero para poder contar con el fondo de compensación es necesario también contar con una financiación que la nutra, como financiarlo a través del INSS, lo que implicaría que necesariamente tiene que tener un ámbito estatal, o por cotizaciones solidarias de los empresarios.
Estos días hemos leído la sentencia que reconocía los derechos de una mujer por lavar la roja de trabajo de su marido que contendría amianto. Es del 20 % de los casos de personas no expuestas laboralmente, sino afectadas por contaminación ambiental o doméstica. Para estos supuestos, el sistema de compensación actual es inoperante y solo cabe litigar.
El número de afectados es realmente elevado, los datos constan en el informe y seguirán aumentando hasta el 2023. Por ello, tiene gran importancia plantear la necesidad de la existencia de un fondo de compensación ya.
Dentro de la Unión Europea existen tres fondos de compensación para afectados por exposición a fibras de amianto. En Francia el FIVA, en Bélgica el AFA y en Holanda el IAS. Los tres fondos existentes están ligados a la normativa de la Seguridad Social de cada país. Sólo contamos con tres ejemplos fiables. A partir de aquí habrá que valorar si llegamos al supuesto francés, que es el de máxima cobertura a los afectados, o nos quedamos con un sistema de cobertura inferior.
Es evidente que el ejemplo francés es el más completo y puede ser comparable, porque se produce antes que el nuestro y porque lo que se ha producido o ha pasado en Francia nos va a pasar a nosotros.
Están claramente recogidos en el dictamen las diferencias de los tres modelos y por ello no voy a entrar en ellas. También, tal y como figura en las conclusiones, Osalan manifestó en sus comparecencias que a la hora de plantear la creación de este fondo de compensación hay que valorar tres parámetros: el número de población activa existente, la cantidad de amianto consumida y el número de fallecidos directamente afectados.
En España, entre 1960 y 1995, se han consumido 2.300.000 toneladas de amianto, un 30 % menos que la cantidad consumida en Francia, lo que nos permite extrapolar la tasa proporcional de mesotilomas que se irán produciendo en España y la cuantía económica que podría suponer, dependiendo del sistema de compensación que fuera elegido.
Además, hay que tener en cuenta que, dado el periodo de latencia, la gran mayoría de los casos se diagnosticarán cuando ya no haya una relación laboral, por lo que a los afectados sólo tendrán la posibilidad de dirigirse directamente a la Seguridad Social.
Por ello, tal como figura la conclusión quinta y sexta, se considera que lo lógico es que las indemnizaciones y las pensiones salgan de las cotizaciones de la Seguridad Social a nivel estatal, tras ser reconocida la enfermedad profesional, y se propone que ese fondo de compensación sea a nivel estatal y no de comunidad autónoma.
Una de las razones que se argumentan para defender este carácter estatal del fondo es que el uso del producto fue autorizado por el Estado hasta el 2001 y reconocido como enfermedad profesional por la Seguridad Social, por lo que alguna responsabilidad deberá asumir el sistema de las consecuencias derivadas de esta situación.
Además, es difícil circunscribirlo a una zona determinada. Sino tiene ámbito estatal se pueden generar desigualdades según comunidades autónomas.
La creación del fondo es importante, porque es la oportunidad de resarcir daños a las personas afectadas sin que tengan que pasar por todos los juzgados, por el reconocimiento en la enfermedad profesional cuando ya están jubilados, o están fallecidos y son sus familiares los que tienen que reclamar los fondos.
La creación de este fondo propiciaría una indemnización a las víctimas sin que afectara a intereses de las empresas o la desaparición de algunas de ellas por no poder asumir el coste de las indemnizaciones exigidas por los afectados.
Es un momento difícil para la creación de un fondo por la situación económica, pero seguramente gestionando mejor y organizando mejor los fondos de cotizaciones de los empresarios, trabajadores y de las mutuas que gestionan este dinero, se podría conseguir dinero suficiente para financiar el fondo de compensación.
Pero, además el fondo ha de ser eficaz en la rapidez de su respuesta y ha de ser un fondo cuyas prestaciones sean equivalentes a una indemnización judicial, auspiciado por el Estado y la Seguridad Social, para que desanime a los afectados de acudir a la vía judicial y además con indemnizaciones generosas. Es una realidad que en los países en los que se ha creado el fondo se han reducido las reclamaciones judiciales.
El fondo se crea para superar una injusticia, para que todas las víctimas se les compensen por igual, salvo que una víctima asuma el riesgo de acudir por su cuenta a la vía judicial. También se recoge en la conclusión 15 cuáles deben ser los agente intervinientes en los mismos: el Estado, las comunidades autónomas, la seguridad social, las mutua, empresas y trabajadores, y los afectados.
El fondo de compensación ha de valorar si incluye dentro de su ámbito de cobertura, además de los trabajadores expuestos, la exposición ambiental y doméstica. Contamos con ejemplos a seguir. Es costoso, desde luego, pero nuestro país merece un tratamiento adecuado de este grave problema de una manera más digna y acorde a un país europeo.
Habrá que considerar, sin embargo, cuál de los modelos europeos expuestos se considera el más adecuado a seguir en nuestro país.
Su creación puede ser costosa, pero se conseguiría la resolución de demandas de los afectados de una forma ordenada, la eliminación o disminución elevada de conflictos y reclamaciones judiciales, agilizar el sistema y ahorro de tiempo y dinero, y un calvario para los afectados.
Por ello, proponemos al Congreso de los Diputados la creación de este fondo, pudiéndose crear un grupo de trabajo que decida todas las cuestiones recogidas en las 21 conclusiones de forma consensuada y que figuran en el dictamen.
Se expone también en las conclusiones la conveniencia de elaborar una ley para la creación y financiación de un fondo de compensación para afectados por amianto. Merece la pena y es de justicia para las víctimas.
Nada más, muchas gracias.