PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2016-04-07):
Buenos días, presidenta. Primero un saludo a los alcaldes, cargos públicos locales, que hoy nos acompañan, al senador Bildarratz.
Hoy es un día que debiera ser destacado en la historia política de Euskadi porque por fin, aunque sea con un retraso de 33 años, Euskadi va a dejar de ser la única comunidad autónoma que carece de ley municipal propia. Porque por fin vamos a completar la base legal de las instituciones que vertebran nuestro país definiendo el marco de actuación de los municipios como hace ya décadas hicimos con el Gobierno Vasco y las diputaciones forales.
Vamos a tener por fin  - es verdad -  una ley municipal. Pero siento decirlo, créame que los socialistas lo lamentamos, va a ser una mala ley municipal, una ley poco respetuosa con el ámbito local, una ley que a nuestro entender es más foralista que municipalista. Es todo un síntoma que el texto haya perdido su denominación originaria en el tramo final, pasando a denominarse ley de distribuciones locales de Euskadi en vez de ley municipal. A lo mejor el nuevo nombre es más preciso pero la desaparición del adjetivo municipal no es en este caso gratuito precisamente.
Porque señorías, no estamos hablando de adjetivos, sino de contenidos. Por eso, mi grupo, que es sin duda el que más ha peleado en este país durante décadas porque los ayuntamientos de Euskadi tuvieran su ley, no va a respaldar con su voto esta ley por insuficiente, porque pone más énfasis nacer salvaguardas de las competencias de los territorios históricos que en definir de los municipios. Uno va leyendo el texto y se habla más de lo foral que de lo municipal en muchas ocasiones.
Porque por mucho que se diga, señores del PNV y señores de Bildu, siguen manteniendo a los ayuntamientos como los parientes pobres del Concierto institucional vasco. El proyecto ya era deficiente en origen pero confiábamos en que podríamos mejorarla entre todos en su tramitación parlamentaria. Por eso, el Grupo Socialista no presentó una enmienda de totalidad y sí una batería de enmiendas parciales. Sin embargo, más de 16 meses después, el proyecto es verdad que ha tenido alguna mejora parcial pero también ha sufrido empeoramientos en algún aspecto, y sobre todo mantiene su sesgo foralista y, en el fondo no nos engañemos, antimunicipal.
Algo que  no me sorprende en el PNV porque esta es precisamente la causa de que hayamos tardado tanto tiempo en aprobar esta ley. Pero que llama la atención en una formación como Bildu que ha tragado con este enfoque de la ley a cambio por cierto de concesiones nada sustanciales, salvo la entrada por cierto con mucho retraso en los órganos directivos de Eudel.
Los socialistas hemos defendido siempre que la autonomía municipal  - porque de eso se trata esta ley, o debiera de tratarse -  se garantiza definiendo con claridad el marco de actuación que corresponde a este nivel institucional y dotando a los ayuntamientos de los recursos adecuados y suficientes para desarrollar esas competencias, pero no por delegación o por concesión graciosa de otras administraciones, sino de un diálogo de igual a igual. Ese debiera de ser el objeto troncal de esta ley.
Esos principios son los que debieran de regular un proyecto de ley municipal de Euskadi. Pero no ha sido así. Después de llenarse la boca con el derecho a decidir, los partidos nacionalistas van a dejar a los municipios vascos sin capacidad de decidir sobre casi nada, con una autonomía recortada y controlada como hasta ahora por las diputaciones forales.
Y voy a reiterar brevemente los motivos que fundamentan la postura del Grupo Socialista. En lo que se refiere al marco competencial, consideramos que el texto es claramente insuficiente. Debiera de precisarse mejor que las competencias propias, tasadas en la ley, implican la titularidad de las funciones y las potestades que le acompañan, como defendemos en nuestras enmiendas. Y que la atribución de nuevas competencias a los municipios deberán hacerse siempre por ley del Parlamento norma foral contando con su aceptación previa y acompañada de los recursos económicos necesarios.
Respecto al tratamiento del euskera, consideramos que tanto este como el castellano son lenguas oficiales, por lo que tienen que ser lenguas de uso, de trabajo y de relación con la ciudadanía. Y eso había que haberlo plasmado en una redacción clara, no en relaciones enrevesadas y además intencionadas.
Nosotros defendemos que cualquier ciudadano se pueda relacionar con la Administración, también con su ayuntamiento, en el idioma oficial que elija, por igual. Y tal y como queda la ley, esto no se garantiza y deja además al arbitrio de los ayuntamientos que estos dispongan o no de servicios de atención en euskera y en castellano.
Estamos en desacuerdo con que al Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, órgano que reúne todos los niveles institucionales para coordinar las políticas locales, se le hurte la posibilidad de participar e intervenir ante iniciativas de los territorios históricos que puedan afectar a las competencias municipales, algo verdaderamente sorprendente.
Porque curiosamente, el Consejo sí puede actuar ante el ejercicio de competencias de las instituciones comunes que interfieran en el ámbito propio de los municipios. Pero no se sabe por qué misterios se le escamotea la posibilidad de hacerlo ante iniciativas de los territorios históricos que puedan también vulnerar derechos de los municipios. Debe de ser el pase foral aplicado en el seno de la Comunidad Autónoma vasca.
Lo mismo sucede con la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi, que actúa como órgano de alerta temprana ante iniciativas del Gobierno o del Parlamento Vasco que puedan menoscabar las competencias municipales. Sin embargo, se deja fuera de su ámbito de actuación también las iniciativas de las diputaciones y de las juntas generales, como si estuvieran por encima del bien y del mal.
Pero el punto de mayor desacuerdo es el referido a la financiación municipal. En el proyecto, la participación de los municipios en los tributos concertados no se reconoce de forma igualitaria junto a los demás instituciones, y de acuerdo a criterios objetivos y comunes para los tres territorios históricos, en absoluto, por mucho que Bildu quiera vender como gran avance lo que ya estaba en el texto original la presencia de los municipios con voz y voto en el Consejo a la hora de repartir los recursos que corresponden a las entidades locales.
El problema es que sí tienen voz y voto, pero no tienen capacidad alguna de decisión. No están en absoluto en un plano de igualdad por mucho que se diga.
Y la redacción del artículo 118 del proyecto lo dice muy claramente. No dice que esos recursos se repartirán conforme a lo que los representantes de los tres niveles institucionales acuerden soberanamente en el Consejo de Finanzas. No, eso no lo dice el proyecto de ley. Lo que dice es que la determinación de los recursos que le corresponde a los municipios de cara a territorio histórico es competencia de sus órganos forales, los cuales la ejercitarán libremente de acuerdo en lo previsto en sus normas.
Y únicamente después de esta manifestación extemporánea de alabanza a lo foral en una ley municipal, se hace la concesión de que, en su caso, el reparto se pueda ajustar a los criterios que acuerde el Consejo Vasco de Finanzas o no, sin el voto de representación autonómica, por cierto, salvo en caso de empate.
Pero tras precisar de nuevo que dichos criterios de distribución de los recursos económicos para los municipios carecen de fuerza vinculante, ya que solo tienen carácter de recomendación de política fiscal. ¿Dónde está, por tanto, la capacidad de decisión de los ayuntamientos en el reparto de tributos si lo que acuerden no tiene fuerza vinculante, solo carácter de recomendación?
Y para postre, el remate que proclama que los territorios históricos se podrán apartar de dichos criterios si la diputación de turno lo considera conveniente. ¿Cómo se puede sostener con una cierta solvencia, que con esta regulación se respeta la autonomía de los ayuntamientos y su interlocución en pie de igualdad con las otras dos administraciones vascas? No existe, se ha camuflado pero no existe. Estamos como estábamos, eso sí, con más parafernalia.
El Estatuto es verdad que atribuye a los territorios históricos la facultad de regular y recaudar los impuestos concertados, es verdad. Pero no les concede en ningún momento la propiedad de sus recursos ni la potestad de distribuirlos a su antojo a los municipios. Eso es una interpretación sui géneris del Partido Nacionalista Vasco, no algo que se recoja en ninguna disposición legal.
¿Hubiéramos aceptado, por ejemplo, que en la Ley del Concierto Económico se dijera algo similar respecto a la Administración del Estado que podrían apartarse de los criterios si así lo estimaban conveniente? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hubiera supuesto un escándalo político mayúsculo? Pues eso es lo que ustedes acaban de hacer con los municipios vascos.
Y, por todo esto, por coherencia municipalista, los socialistas no vamos a dar nuestro voto positivo a un proyecto de ley que tiene en tan baja consideración la autonomía y el papel de los ayuntamientos de Euskadi. Vamos a votar, en consecuencia, a favor de las enmiendas presentadas y mantenidas por el Partido Socialista y vamos a oponernos a las de los demás grupos y al texto de la ley.
Muchas gracias.
LEHENDAKARIAK. Eskerrik asko, Pastor jauna.
EH Bildu taldearen ordezkaria, Maeztu jauna, zurea da hitza.