SARASUA DÍAZ (PSE-EE, 2013-06-06):
Bai, arratsaldeon denoi. Señorías, lehendakari.
Quiero comenzar mi intervención recordando por qué estamos hoy aquí debatiendo de manera conjunta tres mociones de tres grupos diferentes en torno al mismo tema.
Señorías, estamos hoy aquí para dar solución a un problema que afecta a miles de personas con nombres y apellidos, y que la mayoría de este Parlamento no supo ver hace tres meses, problema agravado con las declaraciones de la señora Belén Greaves en calidad de directora de Kontsumobide, unas declaraciones en torno a las participaciones subordinadas de Eroski y Fagor negando cualquier responsabilidad de estas empresas y asumiendo que ni las empresas ni las entidades bancarias estaban obligadas a aceptar las soluciones que se les pudiera proponer desde Kontsumobide.
Unas declaraciones muy poco apropiadas que deslegitiman a Kontsumobide, sin duda alguna, para arbitrar una solución digna a las subordinadas de Fagor y Eroski, unas declaraciones que dieron pie a diversas reacciones y especialmente de las personas afectadas.
Quiero recordar que hace un mes, este grupo parlamentario quiso obtener explicaciones, interpelando al consejero de Salud y Consumo sobre las declaraciones de la directora de Kontsumobide, y lo único que conseguimos fue que el señor Darpón nos dijera que todo se estaba haciendo bien.
Y he de apuntar que el señor Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco, decía hace unas semanas que la directora de Kontsumobide había querido explicarse en esta Cámara y que no había podido.
Qué contradicción, porque la señora Greaves ni ha solicitado comparecer en este Parlamento, ni siquiera se ha dignado a dar explicaciones pertinentes cuando ha tenido la oportunidad, porque fuimos los socialistas quienes solicitamos la comparecencia de la señora Greaves a fin de escuchar sus explicaciones, y lo único que recibimos fue su silencio y el desprecio más absoluto a este Parlamento y a las personas afectadas.
Porque la señora Greaves ni se molestó en responder a lo que preguntábamos y a lo que demandan los afectados. Se limitó a levantar acta de las actuaciones de Kontsumobide y no ofreció ni una sola solución al caso que nos ocupa, ni una propuesta para que se resuelva lo que en otras partes y con otros casos se está resolviendo por pacto.
Los socialistas vascos entendemos que se hace necesario fijar una posición desde este Parlamento que responda de forma adecuada a los ciudadanos que han visto lesionados sus derechos como consumidores. Necesitamos una propuesta de actuaciones y responsables dispuestos a llevarlas adelante.
Y hoy, los socialistas vascos pretendemos reconducir esta situación. Es lo que nos han pedido los afectados, que seamos valientes, que seamos útiles, que las instituciones y en concreto este Parlamento demos una salida digna a su problema, que hagamos valer sus derechos frente a los abusos y a los fraudes del mercado.
Decía el señor consejero de Salud y Consumo que con esta moción sólo pretendíamos castigar a su Gobierno. Curioso comentario. Quizás lo conciba para lavar su conciencia, porque el Grupo Socialista trae a este Parlamento la misma voluntad de solución que trajo en el debate de febrero.
El Grupo Socialista trae a este pleno la misma voluntad de solución que plantean las personas afectadas, el Grupo Socialista trae a este Parlamento la misma voluntad de solución que...
...la misma voluntad de solución que plantean las personas afectadas.
El Grupo Socialista trae a este Parlamento la misma voluntad de solución que se plantea desde la judicatura. El Grupo Socialista trae a este Parlamento la misma voluntad de solución que algunas entidades, probablemente empujadas por la presión social, están buscando con clientes con los que no han actuado de forma correcta.
Y es curioso que sea el Gobierno Vasco, que dice situar a los ciudadanos en el centro de la política, quien se ha enrocado en una posición numantina. Un Gobierno Vasco que ante las declaraciones de la directora de Kontsumobide prefiere no enmendar el error y seguir dejando al borde del precipicio a las personas afectadas. Esto es situar al ciudadano en el centro de sus políticas.
Digo alto y claro que no existen conspiraciones ni contra el PNV ni contra el Gobierno Vasco. Existe una mayoría que cree que las cosas hay que hacerlas de forma diferente a como se están haciendo.
De hecho, el Partido Nacionalista no ha tenido inconveniente hace unos días en reprobar a una concejal en el ayuntamiento de Vitoria por una actuación que consideraban no acorde con sus responsabilidad. ¿Está el PNV ejerciendo con ello un complot contra el gobierno minoritario del consistorio gasteiztarra? ¿O simplemente ejercen de oposición? ¿O acaso tiene una vara distinta de medir dependiendo de quién sea la persona reprobada?
Hace unos días el Gobierno Vasco aprobaba en Consejo de Gobierno un extenso código ético y de conducta. Y es llamativo que esa responsabilidad ética no incluya la referida a atender los mandatos parlamentarios. Es llamativo que incluya medidas para evitar voces disonantes y no haya ninguna para cesar a quien simplemente no ejerce la función que se le ha encomendado. En este caso, la de defender los derechos de los consumidores y usuarios.
Es legítimo que pidamos al Gobierno Vasco que respete los mandatos de este Parlamento, que respete lo que aquí hoy se decida para resolver el problema de las miles de personas afectadas por las participaciones subordinadas de Eroski y Fagor.
Los socialistas esperamos que dejen de ver fantasmas conspiratorios ni complots políticos porque el PNV, en otras instancias, defiende los mismo que planteamos hoy los socialistas vascos en este Parlamento y les invito a que relean lo que el PNV dice en Madrid en torno a las preferentes, a la actitud de los bancos y a la actitud de las autoridades que lo consienten.
En Euskadi no somos una isla, por desgracia. Existen miles de personas, miles de familias afectadas. Fundamentalmente pequeños ahorradores que están sufriendo una situación lo que no pueden sino considerarse como un abuso de confianza que a muchos de ellos les parece una estafa, pero parece que el PNV no quiere verlo o quiere mirar para otro lado. Porque cuando hablamos de preferentes, hablamos de participaciones subordinadas. ¿En qué se diferencian de las anteriores? Son incluso más complejas porque no es una sola relación de entidades bancarias y clientes, sino de entidades emisoras comercializadoras y clientes.
Señorías, el fondo es el mismo. Que la emisión de estas participaciones puedan pararse en figuras legales, no es el problema que intentamos resolver aquí porque una ley contiene artículos de obligado cumplimiento y previsiones que no obligan, se eligen.
Podríamos poner todos los ejemplos que se nos ocurran. Que la ley nos permita ir a 120 por la autopista, no significa que tengamos que ir a esa velocidad. Que una ley permita interrumpir un embarazo en unos plazos determinados, no obliga a hacerlo y que la ley permita buscar fórmulas de captar capital para una actividad económica no significa que haya que hacerlo.
Aquí estamos ante un caso en las que unas empresas cuyos esfuerzos por salir adelante –reconocemos expresamente– han utilizado unas figuras legales y otras no lo han hecho. Estas empresas que han utilizado estas figuras las han comercializado a través de diversas entidades bancarias.
Para ello, han utilizado criterios de confianza por tres vías: Confianza del comercializador con el cliente, confianza en que se ofrecía un producto sin riesgos similares a un depósito a plazo, un producto de carácter perpetuo, que no fue vendido como tal; confianza en el nombre de unas empresas que transmiten a todos los ciudadanos inputs de cooperativas, solidaridad, competitividad y economía social. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que queremos solucionar.
Hemos firmado un acuerdo transaccional con UPyD que recoge cinco puntos básicos y los voy a leer uno por uno porque me parece los cinco muy importantes.
En el primer punto, pedimos la reprobación de la directora de Kontsumobide Belén Greaves por las declaraciones en las que defiende la actuación de Eroski y Fagor al emitir aportaciones subordinadas y la de las entidades colocadoras al comercializarlas sin tener en cuenta que la función del instituto es la defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.
En el segundo punto, pedimos que este Parlamento muestre su rechazo expreso a prácticas contractuales abusivas, sobre todo cuando pretenden conseguir la confianza de los ciudadanos más vulnerables, incluida la comercialización engañosa y fraudulenta de determinados productos financieros, e instamos al Gobierno Vasco a que dé los pasos necesarios para su inmediata erradicación.
En el tercer punto, el Parlamento Vasco insta a las entidades emisoras y a las entidades bancarias colocadoras a que adopten las medidas necesarias para que los afectados y afectadas, con un perfil de riesgo conservador, sin experiencia inversora previa, sin cultura financiera y sin formación suficiente que así lo deseen y a todos aquellos consumidores a quienes se les trasladó una información insuficiente, tendenciosa, incompleta o engañosa, recuperen el 100 % de su dinero y requerimos a las empresas emisoras y entidades bancarias comercializadoras a que se reúnan con los afectados para encontrar una vía de solución.
Lo hacemos sabiendo las dificultades de las empresas emisoras, lo hacemos reconociendo sus esfuerzos por mantener su actividad y lo hacemos porque si se busca una solución para quien la reclama, reforzarán también la confianza de esas empresas.
En el cuarto punto, instamos al Gobierno Vasco que establezca un servicio de atención a los afectados y afectadas por las participaciones preferentes, subordinadas o productos financieros o bursátiles similares de entidades financieras y empresas donde se les facilite la información y los medios necesarios para poder ejercer cuantas actuaciones judiciales sean precisas en demanda de sus derechos. Y si fuera necesario, se articule un canal de ayudas para hacer frente a dichas actuaciones judiciales.
Y en el quinto punto y muy importante, instamos al Gobierno Vasco a que promueva la derogación del artículo 8 de la Ley 1/2000 de 29 de junio de modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi que es el origen de que miles de personas tengan sus ahorros atrapados sin poder aliviar sus economías familiares.
Y termino mi intervención solicitando responsabilidad a todos los grupos en un tema tan sensible y pidiendo que apoyen la propuesta transaccional, pensando que quien recibe sus votos son los ciudadanos y ciudadanas, miles de personas afectados con nombres y apellidos que, evidentemente, no voy a relacionar porque me llevaría todo el día.
Por mi parte nada más y muchas gracias.