HERNÁNDEZ HIDALGO (EP, 2017-06-08):
Legebiltzarkideok, egun on denoi.
¿Por qué traemos esta iniciativa hoy al Parlamento Vasco? En primero lugar, traemos esta iniciativa porque hay tantas razones como infinitos casi casos de corrupción del Partido Popular. Esa sería una primera razón suficiente en nuestra opinión para traer esta cuestión a que se posicionase el Parlamento Vasco ante la alarmada opinión pública por tratarse del partido que se sitúa en el Gobierno del Estado y que tiene no casos de corrupción, sino una corrupción estructural.
También porque el principal partido de este Parlamento y principal sustento del Gobierno Vasco ha apoyado con su apoyo a los Presupuestos Generales que este Partido Popular se pueda mantener en el Gobierno en estos momentos.
No se trata solo de condenar execrables casos de corrupción en el partido que preside el Gobierno del Estado, el Partido Popular, lo cual ya es suficientemente grave en nuestra opinión como para que el Parlamento Vasco se posicione, sobre todo cuando ese partido  - como decía -  ha conseguido aprobar esos Presupuestos con el apoyo del principal partido de esta Cámara y contra la opinión mayoritaria, no solo ya de la sociedad vasca, sino también contra la opinión mayoritaria de este Parlamento.
Nosotros queríamos aprovechar también para preguntar al Partido Nacionalista Vasco si las cuestiones que plantea en su enmienda y en la que se reconoce estas características de corrupción profunda del partido que gobierna en el Estado, si ustedes creen que eso es compatible con sostenerle en estos momentos en el Gobierno del Estado.
Pensábamos que en este momento y con las últimas informaciones aparecidas también en el último mes desde que nosotros iniciamos esta proposición no de ley, ni tan siquiera se trataba ya solo de denunciar y reprobar la corrupción estructural que recurra al Partido Popular a todos los niveles, con cientos de casos graves de corrupción, que atraviesan su columna vertebral. Y por la que han sido condenados importantes altos cargos populares, incluidos sus anteriores tesoreros.
La cuestión que traemos a esta Cámara hoy entendemos es aún más grave. El Partido Popular, ha desarrollado durante décadas toda una trama criminal para sufragar su maquinaria electoral a costa de dinero público. Y de paso, se engordan las cuantías particulares de importantes dirigentes populares, a lo largo y ancho del Estado.
Esta trama criminal, es una auténtica mafia organizada que ha utilizado su posición privilegiada en diferentes gobiernos a todos los niveles, municipales, autonómicos y también en el Gobierno del Estado, para llevar a cabo sus actividades delictivas, saqueando lo público para mantener sus redes clientelares, financiar sus campañas electorales, y llenar los bolsillos particulares de no pocos chorizos de cuello blanco.
Mediante auto del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido llamado a declarar como testigo por el denominado caso Gürtel. El próximo 26 de julio, nada más y nada menos que el presidente del Gobierno del Estado tendrá que declarar en un caso de corrupción de su partido.
Según el auto, esta citación se produce porque el Partido Popular, procesado por ese caso, se negó a prestar ninguna declaración respecto de los hechos.
A raíz de esa citación y de posteriores actuaciones judiciales y de fiscales, hemos entrado en una situación insostenible para Mariano Rajoy y para el Partido Popular, en la que cada día aparecen nuevos investigados, detenidos, querellados o procesados relacionados con el Partido Popular o con las empresas corruptoras de estos.
Situación insostenible para Mariano Rajoy y su Gobierno, si no fuera porque en estos momentos el PNV ha decidido suministrarle una bombona de oxígeno política al aprobarle los presupuestos del Estado.
El reciente caso Lezo, uno de tantos casos de corrupción por los que se juzga al Partido Popular, ha puesto de manifiesto de manera especialmente visible, el uso que este partido hace de la fiscalía anticorrupción y de otras instituciones del Estado para entorpecer las investigaciones abiertas contra su partido.
Así, se detuvo e ingresó en prisión a Ignacio González, del Partido Popular, iniciándose un procedimiento que afecta a más de 60 personas, entre ellas, al exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, al presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino o al exviceconsejero de presidencia de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo.
Los encausados lo están siendo por delitos de malversación, organización criminal, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude.
También ha habido registros y actuaciones contra empresas como la constructora OHL, Indra, o PriceWaterhouseCoopers. Y sus directivos, como el conocido empresario Villar Mir, o Javier López Madrid, de quienes se investiga si han pagado al Partido Popular, más de 1.500.000 euros, en mordidas o si le han financiado, con más de 700.000 euros en el caso de Indra.
Pero si la corrupción es un hecho gravísimo, los intentos de ocultarla o de dar apoyo a las personas implicadas desde las instituciones y poderes del Estado, utilizándolos para ello, es algo que cuestiona los fundamentos mismos del llamado Estado de derecho y de la arquitectura institucional.
Especialmente alarmante, es el uso que el Partido Popular está haciendo de la Fiscalía y de la Fiscalía Anticorrupción, con maniobras para obstaculizar e impedir la actuación de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales, por delitos relacionados con la corrupción de su partido.
El desde hace ya una semana ex fiscal jefe de la Oficina Anticorrupción, Manuel Moix, intentó impedir que se prorrogaran las escuchas a los investigados nada más llegar a su cargo, en febrero de este mismo año, e intentó además que no tuvieran lugar los registros planteados.
Los fiscales que llevan 18 meses investigando este asunto, tuvieron que invocar el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía para convocar la Junta de Fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe...
...invocar el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía para convocar la Junta de Fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe y apoyó la práctica del registro.
Moix también ha intentado apartar al fiscal del caso Lezo, Carlos Iañez, pidiéndole que renuncie a su plaza en Madrid y vuelva a su puesto en Granada. Para estas actuaciones Moix ha contado con el aval del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el mismo que impidió que el Ministerio Público acusara al expresidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, también del Partido Popular, en contra de la opinión de los fiscales del caso que sí veían motivos para la imputación. Es también el que sustituyó a los fiscales encargados del denominado caso del 3 %.
Es extremadamente grave que, tal y como figuran en los autos, Ignacio González y Eduardo Zaplana intercambiaran mensajes telefónicos en los que aseguran que han hablado con el ministro de Justicia para colocar en la Fiscalía Anticorrupción a un tipo que, según ellos, sería bueno y serio, que se llama Moix, bueno y serio para sus intereses, claro está.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, manda apoyo al delincuente Ignacio González con un mensaje claro, "gracias Nacho, un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos", al más puro estilo de Mariano Rajoy, "se fuerte, Luis". Ni las actuaciones de la Fiscalía ni las de los ministros de Justicia y de Interior han supuesto ningún reproche por parte de Mariano Rajoy en su eterna actitud de esconder la cabeza, como ha hecho desde que preside el Partido Popular y el Gobierno del Estado. No hacer absolutamente nada para luchar contra la corrupción, en la que su partido es el máximo protagonista.
No se trata de un caso más ni de un caso aislado, como le gusta justificarse al Partido Popular. Esta operación pone de relieve que el Partido Popular ha sido protegido por la Fiscalía Anticorrupción y por la Fiscalía General del Estado, que ha utilizado las instituciones para defenderse de la justicia y ha utilizado la propia justicia para defenderse de la justicia.
El primero, el fiscal anticorrupción, ya dimitió la semana pasada después de que se destapase que poseía parte de una empresa ubicada en un paraíso fiscal. Era solo el último capítulo de quien nunca tuvo que ocupar ese cargo, un jefe de la Fiscalía Anticorrupción que ha estado al servicio del partido más corrupto de Europa, un hombre considerado por Ignacio González como uno de los suyos en la famosa conversación telefónica con Zaplana.
Parece ahora que lo más grave es que el señor Moix tuviera una empresa en Panamá, esto es muy grave, pero para nosotros hay algo todavía peor; es que dos presuntos delincuentes, Ignacio González y Eduardo Zaplana, actualmente en la cárcel el primero, digan en una conversación grabada que Moix es el fiscal anticorrupción que necesitan para protegerles. Una conversación, además, que le constaba al Fiscal General del Estado, al señor Maza, porque la Unión Progresista de Fiscales y otros fiscales le hicieron saber que existía ese pinchazo y esa conversación.
Estamos ante una auténtica violación flagrante de la división de poderes, con objetivos partidistas y delictivos por parte del Gobierno que gobierna el Estado. A ese Gobierno no se le puede sostener  - me dirijo de nuevo al Partido Nacionalista Vasco -  y por eso nosotros también trajimos una iniciativa relativa a los Presupuestos Generales del Estado hace unas semanas, porque no se puede sostener votando esos Presupuestos a este tipo de Gobierno.
Hablamos del uso de instituciones públicas y de ministerios para proteger a delincuentes, para proteger a corruptos. Hablamos del uso del Ministerio de Justicia, de quien ha dependido en última instancia el nombramiento de Moix, que ha sido forzado a dimitir pero que en última instancia ha revelado ser solo una pieza clave en una trama más compleja. La estrategia del Partido Popular ante los enjuiciamientos por corrupción es utilizar su situación en el Gobierno para usar la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado para protegerse.
Hay quien dice que el PP cuando le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. Nosotros pensamos que eso está pasando de verdad. Recientemente, en la Audiencia Nacional se están ocupando posiciones estratégicas por algunos magistrados recusados en el pasado por su cercanía al Partido Popular. Hasta 2016 más de 800 cargos del PP imputados en 31 casos de corrupción, Gürtel, Bárcenas, Bankia, Brugal, Acuamed o la Púnica son solo algunos de los más conocidos, a los que se han sumado otros como la Operación Lezo.
El propio Partido Popular ha sido imputado por borrar hasta 35 veces los discos duros de los portátiles que utilizaba su extesorero Luis Bárcenas, en los que según este se almacenaban los documentos de la contabilidad B del partido. Eso le supuso el honor de ser el primer partido imputado en democracia.
Al primer partido imputado en democracia también el Partido Nacionalista Vasco le está sosteniendo en estos momentos. Hablamos de una organización criminal. Y no lo digo yo, lo ha dicho la Guardia Civil. Es un partido imputado por financiación ilegal, definido como organización criminal, que tiene exdirigentes detenidos, cazados o dimitidos por defraudar, malversar o mentir. Es un Gobierno que censura, coacciona, encubre, desampara, maltrata y engaña. Son un peligro público, una amenaza social. Las cosas como son.
Gómez de la Serna, Aristegui, (...), Aznar, Rato, Rita, Ignacio González, el PP de Valencia, el de Aguirre, el alcalde de Granada y su concejala de Urbanismo, la mujer de Arias Cañete, el ministro Soria... no hay UDEF para tanto chorizo.
Por eso, el Partido Popular ha ido colocando las piezas del ajedrez en puestos clave de la judicatura con el objetivo de controlar y tratar de paliar los previsibles efectos negativos que tendrá la cascada de casos de corrupción que salpican a esta formación, que aún se están investigando y sobre los que se seguirán sucediendo las vistas orales en diferentes tribunales en los próximos meses.
La aritmética parlamentaria hace posible que este tipo de partido corrupto y que utiliza las instituciones de manera partidista para protegerse de la justicia esté ahora mismo o llegase al Gobierno. Pero en estos momentos solo se sostiene en él gracias a los apoyos conseguidos para aprobar los Presupuestos Generales, como yo ya dije en otra ocasión, y es especialmente sangrante en nuestra tierra que lo haga gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco.
Cómo se puede estar, estando en el acuerdo en definir al Partido Popular como un partido corrupto y que utiliza además las instituciones a su antojo para obstaculizar la justicia en su propio beneficio, apoyarle en cambio para sacar adelante acuerdos económicos y los presupuestos, nada más y nada menos que los Presupuestos Generales del Estado, sin los que tendría absolutamente complicada su situación y su continuidad al frente del Gobierno.
Seguramente el Partido Popular saldrá aquí a intentar defender su honorabilidad. Yo creo que en estos momentos es complicado y, por eso, seguramente, pondrán el ventilador o incluso también me hablen de Venezuela o de Cuba.
Creo que el Partido Socialista está de acuerdo a grosso modo con muchas de las cosas que he dicho, pero creo que no lo podrá expresar por su acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco.
Y creo que el Partido Nacionalista Vasco, si de verdad piensa lo que dice en su enmienda, tiene una oportunidad hoy excelente de votar esta iniciativa. Tiene una oportunidad excelente, además, la semana que viene de cambiar su opinión respecto a la moción de censura al presidente del gobierno Mariano Rajoy. Nosotros les invitamos a ello.
Eskerrik asko.