BOLLAIN URBIETA (EP, 2017-02-09):
Eskerrik asko, Tejeria andrea. Egun on hemen behean gauden legebiltzarkideoi eta egun ere bai, hor goian zaudeten borrokalariei.
Aurrekoek esan daben moduan, prestazio eta zerbitzu sozialen dekretua eguneratzea du gaur helburu oraingo puntu honetan, eta eman behar diegu erantzuna gaur egun dauden beharrizanei.
Eta benetan pozten naiz denon artean akordio batera iritzi izana, nahiz eta akordio honetara iristea zaila izan den.
Me alegra enormemente que en el poco tiempo que aquí llevamos, nuestro pilar fundamental a la hora de hacer política haya sido llegar a acuerdos y a consensos con los demás grupos parlamentarios y que, como lo hemos hecho hoy, en temas que realmente preocupan a la ciudadanía.
Y para este pleno hemos tenido que llegar a un acuerdo ya que, por desgracia, las demandas del personal de las residencias tienen que ser escuchadas una vez más en este Parlamento, debido a que el Gobierno ha hecho caso omiso al compromiso que tomó al aprobar el pasado 29 de junio de 2016 en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, la proposición no de ley 90/2016.
En la misma se acordó entre EH BIldu, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, instar al Gobierno Vasco a actualizar los decretos que regulan las prestaciones y servicios sociales, donde se regulen además de los ratios y otras cuestiones inherentes al personal, los requisitos funcionales y materiales que deben cumplir los centros y servicios.
Yo me pregunto, o nosotros nos preguntamos, ¿dónde están esas actualizaciones? ¿En casi ocho meses no ha dado tiempo a hacerlas? O a lo mejor es que no le hemos dado la prioridad que un asunto...
...¿Dónde están esas actualizaciones? ¿En casi ocho meses no ha dado tiempo a hacerlas? O a lo mejor es que no le hemos dado la prioridad que un asunto de tal magnitud demanda.
Esta vez no queremos que se nos venda humo y, por ello, no vamos a aceptar esta enmienda vacía que se ha presentado entre el Partido Socialista  - o no hemos querido aceptar -  y el Partido Nacionalista Vasco, donde, pese a ser conscientes todos y todas de las deplorables condiciones laborales de las trabajadoras de las residencias, se conforma simplemente con  - y cito textualmente -  "instar a que el Gobierno Vasco continúe con la actualización de los decretos que regulan las prestaciones y servicios sociales".
Y nos preguntamos si de verdad, vista la situación de esas trabajadoras, es suficiente continuar haciendo lo que ya hacen. O si creen ustedes que esa enmienda satisface, tranquiliza o aporta algo a esas trabajadoras y a sus familias; o creen ustedes que es de recibo seguir evitando dar respuesta a unas trabajadoras que se están dejándola piel para cubrir las carencias con las que se encuentran día tras día, sobre todo porque esas carencias vienen impuestas por su política.
Por eso proponemos una actualización de ratios que, por decirlo de alguna manera digamos políticamente correcta, están un poco desfasados, regulados a través de un decreto de 1998, ratios que, en palabras de las propias trabajadoras, son absolutamente insuficientes y que no están ni siquiera actualizados a la realidad de las necesidades presentes.
Narraban también las propias trabajadoras cómo, por ejemplo, en las residencias privadas concertadas trabajan anualmente más de 100 horas por encima que las residencias públicas, cuando el servicio prestado es el mismo y, por ende, las condiciones de las trabajadoras también debieran ser las mismas.
Nos gustaría que quedara claro que la carencia de medios y recursos han sido una constante, pero no solo como algunos han dicho durante la crisis, sino también antes de la misma. Porque las carencias percibidas por las personas usuarias de las residencias son carencias estructurales, carencias estructurales cuyos responsables son las instituciones y que afectan gravemente a las personas usuarias de este servicio.
Esta vez esperemos que funcione esa táctica que a veces usa el Gobierno de ponerse a un lado a ver si con suerte pasa el problema y no nos mancha mucho, ya que no tenemos duda de que las condiciones laborales de las trabajadoras de un servicio público privatizado también incumben a las propias administraciones públicas.
Espero que, tras ocho meses de la aprobación de la proposición no de ley 90/2016, en los que no se ha hecho absolutamente nada, esta vez la voz de las trabajadoras de las residencias les haga moverse de sus sillones. Y no tenemos duda alguna de que la privatización de un servicio público no hace sino empeorar las condiciones de las trabajadoras. Cuando una Administración pública privatiza un servicio, es claramente consciente de que el beneficio empresarial se consigue indudablemente por dos vías. La primera vía es mediante el ahorro en la partida del personal y, la segunda, que está estrechamente ligada con el ahorro de la partida del personal, es mediante la precarización del servicio prestado a los usuarios.
Y porque desde Elkarrekin Podemos no comprendemos una sociedad que ponga la salud y el bienestar de sus mayores en manos de un servicio que está basado en los beneficios y no en la asistencia digna a los usuarios. Porque desde Elkarrekin Podemos no podemos tolerar que a trabajadoras que están sufriendo lesiones músculo-esqueléticas no se les reconozcan las bajas porque el servicio ofrecido tenga como único objetivo el beneficio empresarial, traduciéndose esto en unas pésimas condiciones laborales y en un peor servicio ofrecida a nuestros mayores.
Creemos sinceramente que no es una barbaridad que se realice una revisión en profundidad de los ratios para que se adecuen a las necesidades del 2017 y no a las del 1996, hace 19 años. Creemos sinceramente que no es una barbaridad que esas trabajadoras quieran volver con 1.200 euros a casa tras finalizar el mes y tener unas condiciones de trabajo dignas. No es un sueldo precisamente escandaloso con lo que con justicia están demandando.
Pero lo que sí es una barbaridad es encontrarse constantemente con un frontón por parte de las instituciones que se niegan a hablar con las empresas y a buscar un acuerdo que dignifique las condiciones de trabajo en este ámbito.
Y creemos que no podemos permitir ni un día más esta pasividad del Gobierno y, por eso, nos alegra enormemente que hoy hayamos llegado a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, pero tendremos que estar vigilantes en que este acuerdo realmente se cumpla y que no pase como hace ocho meses.
Porque las trabajadoras llevan 80 días en huelga, luchando por sus derechos laborales y, ante los oídos sordos de las instituciones, han convocado pues todo febrero, otros 25 días de huelga para reivindicar unos derechos laborales dignos.
Y para nosotros y nosotras el de esas compañeras es el mejor ejemplo de que hay que seguir luchando tanto en la calle, como en las instituciones.
Y luchar hasta que se consigan unas condiciones laborales dignas para todas las trabajadoras.
Porque  - y voy finalizando -  desde Elkarrekin Podemos también entendemos que esta conflicto, con trabajadoras en huelga durante más de 80 días por unas condiciones laborales dignas, pues estaría resuelto, si no fueran mujeres y, como decía el mismo Adolfo Muñoz, algunas veces para las instituciones las mujeres no son sino un cartel morado el día 8 de marzo.
Eskerrik asko.