SÁNCHEZ MARTÍN (PSE-EE, 2018-03-21):
Gracias, presidenta.
El grupo Socialista afronta este debate con el reto de hablar de igualdad y futuro, porque el asunto de fondo que subyace en las políticas de familia, las que hemos desempeñado en el pasado y las que tenemos que tener en cuenta para el futuro, están expresamente ligadas a las cuestiones de igualdad, la igualdad de la mujer y la igualdad de oportunidades, sin limitaciones por razones económicas.
Esta es la idea central sobre la que queremos que pivote este debate de hoy que nos propone el grupo EH Bildu, pero que lo hace, y quiero decirlo, por si acaso se pasa por alto, porque el Gobierno ha tomado la iniciativa y porque lo ha hecho a partir de un compromiso adquirido desde el acuerdo que suscribimos en noviembre del 2016 los Socialistas con el Partido Nacionalista Vasco, y porque este compromiso público de entonces fijó en la primavera del 2018 aprobar el nuevo plan.
Creemos que siguiendo el orden habitual de las cosas, y conocido este compromiso y conocido también que ese plan iba a partir de un pacto previo entre las instituciones y agentes implicados en el ámbito de la familia y los derechos de los menores, se esperara a la comunicación pertinente desde el ejecutivo y se procediera a su posterior debate y mejora parlamentaria; así se hace en otros planes, pero no con este. Ahora sí, bienvenido sea.
Bienvenido porque para los Socialistas era una cuestión ineludible en la agenda para esta legislatura, y eso no es una mera declaración, voy a leer literalmente lo que dice nuestro programa electoral, con el que nos presentamos por última vez a unos comicios y con el que nosotros nos sentimos comprometidos.
"Las ciudadanas y los ciudadanos tenemos derecho a constituir, si así lo decide libremente, una familia que adquiere estructura tan diversas como diversas en nuestra sociedad.
"Los y las Socialistas reconocemos la importancia de las familias como núcleos de la relación humana y de educación social afectiva y comunitaria, y por ello, apostamos decididamente por el desarrollo de políticas que faciliten a las personas con responsabilidades familiares y aquellos que quiera constituir una familia, la realización de su proyecto vital en las mejores condiciones posibles.
"Consideramos que, del mismo modo que nadie está obligado a emprender un proyecto familiar, nadie debe ser obligado a renunciar al proyecto de iniciar una familia, sea por razones económicas o laborales.
"Asimismo, estamos convencidos de que las responsabilidades familiares que tradicionalmente han descansado sobre las mujeres, deben ser compartidas entre todos los miembros de la familia; una especial atención merecen los miles de hogares monoparentales que existen en Euskadi por viudedad, divorcio o libre ejercicio en solitario de la maternidad o paternidad; la gran mayoría de los hogares tiene por cabeza a mujeres y están dispuestas de forma especial a situaciones de pobreza.
"Por ello, impulsaremos un pacto de apoyo a las familias que, a través de medidas sectoriales en los ámbitos de ayudas económicas, la fiscalidad, la corresponsabilidad, el cuidado, la vivienda y el mundo laboral, remueva los obstáculos con los que se encuentran muchas ciudadanas y ciudadanos vascos a la hora de emprender una vida familiar o a la hora de hacer frente a la responsabilidades familiares que han contraído".
Y respecto al pacto de apoyo a las familias, se establecía que (...) que se aplique políticas públicas efectivas para la corresponsabilidad, a través de medidas de sensibilización y formación que permitan un reparto de tareas domésticas y de cuidado de hombres y mujeres, y que prestigie socialmente la economía de cuidados; que en función de la renta de la familia disponible, desarrolle la extensión de las ayudas por nacimiento y mantenimiento de hijos e hijas; que impulse las modificaciones normativas necesarias para que la política fiscal sea también un instrumento de política familiar y social, homogeneizando las deducciones por realidad familiar existente en el IRPF.
Que ponga en marcha un plan de ayudas para el cuidado de menores, a través de un sistema de cheque-servicio, desarrollado servicios profesionalizados de cuidados en el hogar; que analice los servicios prestados por las Haurreskolak, adaptándolos a los horarios laborales de padres y madres; que desarrolle programas de apoyo extraescolar y ocio-comunitario, en colaboración con la administración educativa; que incorpore criterios de priorización en las políticas de vivienda para las familias monoparentales y para los jóvenes; que promueva la negociación colectiva, las medidas de conciliación laboral y familiar, y premie a las empresas que desarrollen planes de flexibilización de los salarios y la incorporación de procesos de teletrabajo que la faciliten; y que inste a las Administraciones del Estado competentes a hacer efectiva la Ley de Igualdad Salarial y a estudiar la ampliación de los meses de permiso por maternidad o paternidad.
Esta fue la apuesta que hicimos en el 2016 y la que vamos a ver reflejada en este nuevo plan y en este monográfico.
Un cambio de paradigma en las relaciones familiares, que es lo que se recoge en el análisis del que parte el pacto suscrito en diciembre en el Consejo Vasco de Familias. Órgano, por cierto, de coordinación institucional y participación social, previsto en la ley de 2008, pero que se desarrolló, no por casualidad, durante el mandato socialista, hace dos legislaturas.
Y decimos que es participativo, porque, sin que nadie hasta la fecha lo haya cuestionado, da cabida no solo a las instituciones y agentes socioeconómicos, sino también a la representación de las distintas formas de familia que existen: monomarentales, numerosas, de personas separadas, con discapacidad, inmigrantes u homoparentales. Y también da cabida a las opiniones de las asociaciones que trabajan los derechos de la infancia.
No siempre ha ocurrido así, no siempre todas estas organizaciones civiles han sido escuchadas para definir los objetivos de anteriores planes de familias. Esta vez sí y no está de más tenerlo en cuenta.
Así que creemos que nadie puede obviar en esta sesión que el pacto, donde están los fundamentos de nuestro plan tiene, detrás un amplio proceso participativo y de contraste, y lo que es más destacable, un amplísimo consenso.
Consenso en la evaluación del último plan en vigor, consenso sobre los méritos y sobre sus lagunas, y consenso sobre las cuestiones que debemos corregir, todas ellas, como acabamos de señalar, las teníamos recogidas en nuestro plan electoral, porque las consideramos muy necesarias y es hora de abordarlas.
Y todavía parece más pertinente que nunca, cuando estamos constatando que gran parte de las consecuencias de la crisis de la última década se traducen en forma de destrucción de empleo, trabajos precarios, temporalidad, contratos a tiempo parcial, aumento de la brecha salarial, pensiones empobrecidas, y retroceso en la conciliación y en la corresponsabilidad, y que todo ello ha afectado a las familias y, especialmente, a las mujeres.
Estamos hablando, por tanto, de la libertad para conformar familias, de la libertad para no conformarlas si no se desea, pero que no haya impedimentos para hacerlo con quien se quiere, como se quiere y cuando se quiere.
Lo que nos propone este pacto es que no circunscribamos nuestra discusión a una cuestión de ayudas, al asistencialismo y al paternalismo, al mero fomento de la natalidad; que veamos los riesgos que existen cuando alguien quiere tomar la decisión de formar una familia, y eso le condene a la pobreza o al riesgo de exclusión, que conduce a menores a la desprotección y que les conduce a heredar situaciones de desigualdades de origen de sus familias.
Hemos construido una Euskadi con unos servicios públicos que deben garantizar los derechos a la salud y a la educación, sin mirar la cuestión corriente de nadie, y no puede ser que la forma de protección de esos menores les encadene a heredar la desigualdad.
Y este es uno de los puntos fuertes de la reflexión que se nos plantea: La libertad para crear familias y la inversión en la infancia, no siendo mirado como un gasto, sino como una apuesta de futuro, una apuesta de país.
¿Es que nos hemos equivocado hasta ahora, desde que la primera década de este siglo se hayan desplegado políticas públicas, familiares? ¿O es que los fallos son solamente del III Plan, el que nos toca revisar y actualizar?
No parece que en esta materia que ninguno de los grupos que estamos aquí tengamos que hablar de fracaso.
Y digo ninguno, aunque alguno se haya incorporado recientemente y crea que las cosas puede que no vayan con ellos, porque incluso en su seno hay formaciones que en el pasado han participado de esas estrategias.
Quiero recordar, por ejemplo, que el plan anterior al vigente, el que elaboró el consejero Azcárraga en 2006, tenía medidas como el aumento de ayudas por hijos y a la conciliación, el aumento de plazas en las Haurreskolak o el incentivo a los permisos de paternidad.
Tampoco le faltaron críticas por insuficiente, pero sin duda se avanzó, se fue por delante de lo que se hacía en el conjunto de España.
Y el III Plan, el que ahora evaluamos, fue más allá. Y tal y como se reconoce, incluso, a pesar de la crisis, consiguió un tímido repunte en la natalidad.
En este que tenemos por delante, se hace un balance global dentro de la Estrategia Vasca para la Familia y la Infancia. De esa tendencia de políticas que han sido, como decía, fundamentalmente asistencialistas, incluso, a pesar de que la Ley del 2008 se fijaba objetivos más ambiciosos, que mi grupo considera que mantienen toda su vigencia.
Y lo que es más preocupante, aunque fuera en contra de la voluntad, tanto del legislador, como de los distintos gobiernos, han permitido ahondar tanto en las desigualdades por género, como en las desigualdades sociales.
Los y las Socialistas, ya veníamos señalando esos déficit. Así lo trasladó nuestra secretaria general, Idoia Mendia, en el Monográfico sobre Paro y Pobreza que celebramos hace tres años y medio en esta Cámara, donde, entre otras cosas, pusimos sobre la tribuna, los problemas concretos a los que se enfrentan las cada vez más numerosas familias monomarentales, con mujeres sacando adelante a sus hijos en solitario, y otras realidades que en algunos casos pudieran requerir ayudas, pero en otros servicios públicos, para tener la garantía de conciliar, cuando no se cuenta con otra mano.
Cuestión que hemos reiterado en cada Pleno de Política General, porque nos parece una cuestión central. Como quedó ya en esos discursos, se nos estaban reclamando otras políticas de natalidad, de conciliación, de vivienda, de educación, como hay para familias tradicionales.
Porque ha costado mucho conquistar el derecho a las mujeres para tomar sus propias decisiones. Y no puede ser que decidir ser madre en solitario sea un nuevo techo de cristal.
Queríamos que este debate de familias pasase a ser un mero debate sobre ayudas, para que pasara a ser un debate de derechos.
Y hace un par de años, mi también compañera, Rosa Fresno, apuntaba, que además de cambios legislativos, que no solo reclamamos, sino que el Partido Socialista está impulsando en el Congreso de los Diputados, teníamos que empezar por hacer lo que está en nuestra mano.
Por ejemplo, en la Administración Pública Vasca, con medidas de flexibilidad en el trabajo, en aquellos puestos en los que sea posible explorando en la extensión del teletrabajo en los puestos públicos; fomentando el acuerdo social en la negociación colectiva, para que padres y madres tengan los hijos que deseen, sin temor a perder su empleo, ni su bienestar; para que hombres y mujeres atiendan también a sus dependientes, en especial a los mayores en una Euskadi cada vez más envejecida.
Debemos trabajar en evitar que los cabezas de familia monoparentales no sigan haciendo malabares para ocuparse de sus allegados; en definitiva, que cada cual, pueda elegir su modelo de familia, sin que eso le suponga un riesgo de exclusión.
En eso estamos, en un cambio de paradigma, como se señala y defiende en el pacto, y para mi grupo ese cambio de paradigma pasa también por un cambio de cultura.
Decía al principio que estamos en un debate de futuro, un debate que excede de las políticas de natalidad, que tienen que ver con una sociedad de iguales y con derechos, y que tiene que ver con una realidad demográfica que hay que corregir a corto, medio y largo plazo.
Y que aunque no volverá a niveles del pasado, su tendencia nunca cambiaría en la medida que queremos conseguir, si no se mantienen políticas de familia estables a lo largo de los años, que consigan cambiar esas tendencias.
Esta reflexión fue ya una cuestión estratégica en el Gobierno Socialista hace dos legislaturas, en la que el lehendakari Patxi López quiso plantear políticas de respuesta a medio plazo a todas las consecuencias de este fenómeno, que está para quedarse durante bastante tiempo y que va afectar a nuestros servicios públicos, al empleo y a las realidades familiares.
Y se comenzó revisando uno de esos pilares básicos de nuestro sistema de bienestar, como la estrategia sanitaria de crónicos, que hoy se ha consolidado y que se mira como un ejemplo en otras comunidades.
Como desde el ámbito público, desde la Administración se empezaron experiencias piloto, como el teletrabajo, que se ha demostrado...
...desde el ámbito público desde la Administración se empezaron experiencias piloto como el teletrabajo que se ha demostrado ser una herramienta que facilita la conciliación.
Una experiencia que también se quiere consolidar como se quieren ampliar los permisos de parentalidad intransferibles que ha sido una demanda reiterada de esta Cámara. Pero compartimos también ese temor que ya se ha expresado públicamente de que pudiera darse una dualidad entre el sector público y el privado en materia de conciliación y corresponsabilidad, pero eso hay que seguir legislando, también en las Cortes Generales, y tomar decisiones que garanticen la igualdad real entre hombres y mujeres, que ser mujer no suponga una penalización si se decide conformar una familia.
Es una manera de intervenir en el sector privado, porque estamos hablando de una cuestión que afecta a toda la sociedad. Ahora bien, ni podemos ni queremos intervenir en la negociación colectiva, no queremos interferir en el ámbito que compete a los agentes sociales y a su papel fundamental en la construcción de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Eso sí, debemos de propiciar esos acuerdos, y desde el Departamento de Trabajo y Justicia estamos liderando la concertación de esfuerzos con los agentes sociales para que esas medidas se puedan extender a las empresas privadas.
Es un empeño de mi partido, pero es además un acuerdo unánime de este Parlamento que no vamos a consentir que quede en un papel mojado, por convicción y por obligación, porque no nos tomamos los mandatos parlamentarios a beneficio de inventario. La brecha salarial, el fraude laboral en donde se explica en gran parte esa diferencia de ingresos, es también reflejo de esas políticas públicas que consolidan que solo concilien ellas y, por tanto, un foco de desigualdad a atajar.
Por eso esta sesión vuelve a ser una ocasión para volver a solicitar a todos los agentes sociales a que se sienten en una mesa para proponer medidas que trasladen a la negociación colectiva y faciliten esa libertad de la que vengo hablando desde el principio, la de decidir si conformar una familia y que eso no suponga un lastre para la igualdad, junto con seguir aplicando políticas que vayan dirigidas a la eliminación del fraude en las contrataciones temporales y a tiempo parcial.
Este es punto en el que estamos, siendo conscientes de que todos los grupos hemos participado de políticas voluntaristas, en políticas que han sido buenas pero que están demostrando que no se tienen hijos por recibir un dinero a cambio y que ya vamos tarde en la reacción. Que no hemos conseguido revertir las bajas tasas de natalidad ni la perpetuación de la desigualdad. Que el modelo vigente reproduce el de siempre, aquel por el cual son ellas las que se quedan en casa al cuidado de menores y mayores, que les expulsa de sus carreras profesionales, que les arrastra a los empleos parciales, que les condena a la precariedad y a reducir sus ingresos, que les conduce a la dependencia durante su vida laboral y al riesgo de pobreza cuando se puedan jubilar.
Y otra cuestión que se apunta con claridad en el análisis del que parte este pacto, es la dificultad de la emancipación de la juventud, que es un factor directo que influye en la dificultad de conformar familias y de poder decidir si se tienen hijos. Hoy en el Parlamento Vasco resulta que hay una mayoría de voces que piden que haya una ley integral para esta cuestión. Pero no puedo más que recordar el último pleno de hace dos legislaturas, cuando en el último momento de la misma, en el último segundo, se echó para atrás esa opción solo porque venía de la mano de un gobierno Socialista y solo por querer castigarlo en vísperas de unas elecciones.
Tenemos que añadir esa reflexión al saco de las explicaciones por las que vamos con retraso, en concreto seis años, a pesar del largo proceso participativo, a pesar de que por primera vez se consideraba a la juventud agente activo de una sociedad cambiante que necesita herramientas para su desarrollo formativo, laboral, experiencia y adelantar la emancipación real.
Pero vamos a mirar al futuro, por eso y aunque no sea objeto concreto de debate en este pleno, mi grupo parlamentario mira al plan que deberá llegar en semanas, pero mira a lo que queremos para después. Por eso, en la propuesta para la actualización de nuestro autogobierno, hemos planteado que la nueva Euskadi se defina en torno a la voluntad decidida de construir una comunidad en plena igualdad entre hombres y mujeres. Implica la garantía efectiva de los derechos de estas y su reconocimiento como parte activa imprescindible para el progreso de la sociedad.
Creemos que desde el mismo preámbulo del nuevo Estatuto y en su desarrollo articulado, proclamemos que en el ejercicio de la libertad de la mujer, se consideren las nuevas realidades familiares y que eso tenga su reflejo en una nueva manera de conformar las relaciones económicas, laborales y sociales. De eso vamos a tener que seguir hablando, del país en que mujeres y hombres, con igualdad de derechos e igualdad de obligaciones, puedan desarrollar sus proyectos de vida con dignidad, y unos poderes públicos obligados a garantizarlos. Así entendemos el autogobierno y así queremos el nuevo Estatuto con derechos reales y plenos.
El Grupo Socialista tiene la firme determinación de que todo lo que afecta a nuestra sociedad, a sus retos, debe construirse con todos. Esperamos que así pueda ser en esta sesión después del consenso alcanzado en el Consejo Vasco de Familia y esperamos que así lo hagamos lo que nos queda después.
Si no conseguimos cambiar el presente, nunca cambiaremos el futuro. Ese es nuestro reto en la estrategia de familia e infancia en nuestra Comunidad Autónoma vasca.
Nada más y muchas gracias.