SARASUA DÍAZ (PSE-EE, 2014-02-27):
Eskerrik asko presidente anderea, señorías, lehendakari egun on
Volvemos una vez más a traer a esta tribuna la situación de miles de familias cuyos ahorros están atrapados en las aportaciones financieras, subordinadas de Eroski y de Fagor, personas con nombres y con apellidos que siguen esperando una solución digna a su problema.
Es un problema que les afecta directamente, a ellos, a su sentir diario, a ellos y a sus familias. Por eso, queremos hablar hoy los socialistas de esta situación que están viviendo. Son ahorradores, ahorradores que merecen la defensa de las instituciones y más concretamente del Gobierno Vasco.
Sí, señorías, de esto queremos hablar y de eso es lo que llevamos haciendo desde hace un año en este Parlamento, porque el grupo Socialista ha metido numerosas iniciativas a modo de pregunta, solicitudes de información, interpelaciones, mociones, proposiciones no de ley, más de 25 iniciativas.
Mañana hace un año que se debatía por primera vez en esta Cámara sobre este asunto, y el entonces acuerdo alcanzado y suscrito por los Nacionalistas Vasco y por el grupo Euskal Herria Bildu, no sólo no ha resultado el problema, sino que lo ha agravado, llevando a las personas afectadas a una situación de indefensión y desamparo del actual Gobierno Vasco. Esto no es una opinión de la bancada socialista. Es la opinión mayoritaria de aquellas personas que están esperando a que este Gobierno les mire, les vea, les escuche y, sobre todo, lo más importante, les defienda.
Los Socialistas Vascos entendemos que se hace necesario fijar una posición desde este Parlamento que responda de forma adecuada a los ciudadanos que han visto y están viendo lesionados sus derechos como consumidores. Necesitamos una propuesta de actuaciones y responsables dispuestos a llevarlas adelante.
Hoy los Socialistas Vascos pretendemos, una vez más, reconducir esta situación. Es lo que nos han pedido las personas afectadas, que desde este Parlamento demos una salida digna a su problema, que hagamos valer sus derechos frente a los abusos y los fraudes del mercado, y que denunciemos la inaceptable actuación de Kontsumobide. Y cuando me refiero a Kontsumobide, me refiere a quien dirige este instituto con el aval del Gobierno nacionalista.
El 6 de junio del 2013 se aprobó una moción transada por los Socialistas Vascos y UPyD, y que a día de hoy se están incumpliendo por el Ejecutivo vasco. Se está incumpliendo de forma consciente, porque este Gobierno ha renunciado desde sus inicios a la defensa de los derechos de las personas con nombres y apellidos afectadas por aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor.
Hoy debatimos de nuevo dos propuestas, una moción consecuencia de interpelación que metió hace 15 días el grupo UPyD y una proposición no de ley que presentó hace un mes el Partido Socialista.
UPyD incorpora al debate la actuación de la Fiscalía en esta materia, algo sobre lo que no tenemos ninguna objeción que hacer. Al contrario, que el Ministerio público vele por los derechos que se han vulnerado y actúe en lo que determine, nos parece muy oportuno. Pero no queremos que se desvíe el foco. Los Socialistas consideramos muy importante someter a la consideración de esta Cámara una posición sobre el canje ofertado.
No era nuestra intención inicial, pero hemos asistido al lamentable espectáculo de un Gobierno que está incumpliendo lo previsto en la ley por la que se crea Kontsumobide y su propio código ético. Un Gobierno que está haciendo dejación sobre la defensa de los derechos de los afectados y que ha desestimado una de las posibilidades de defensa, como es la judicial, y omitido información.
Vamos primero a hablar de la Ley de creación de Kontsumobide. Y leo: "El instituto vasco de consumo Kontsumobide debe colaborar activa y económicamente en el asesoramiento, defensa e información de los consumidores, actuar en el ámbito de las sanciones e impulsar protección legal efectiva de las personas consumidoras y usuarias, iniciando las acciones judiciales pertinentes y personándose en las que se refieren a asuntos que merecen especial atención por razón de la transcendencia de los derechos que hay que proteger o de la alarma social que generan". Esto lo recoge la Ley fundacional de Kontsumobide en su artículo 4.
Según nos dijo hace unos días la directora de Kontsumobide, la señora Elena Unzueta, avalada por el consejero hoy aquí presente, el señor Darpón, no sólo no han iniciado una acción judicial, ni siquiera sancionadora.
Así lo hizo la anterior directora, la señora Collía, la anterior directora de Kontsumobide en la pasada Legislatura con un Gobierno socialista, sí. Entonces sí se sancionó a una entidad bancaria por incurrir en cláusulas abusivas, hecho que lo avaló posteriormente en los tribunales.
Me parece importante resaltar que la señora Unzueta el pasado 17 de febrero en su comparecencia en este Parlamente se tomó un especial interés en advertir que defender los derechos de los ahorradores por la vía judicial es más costoso económicamente que aceptar una propuesta de canje indecente.
¿Qué nos dice este Gobierno? ¿Que es mejor no acudir a los tribunales? Siempre que se acude a los tribunales a defender un derecho hay que afrontar las lamentables tasas que impuso el señor Rajoy y que tanto dificultan el acceso a la tutela judicial efectiva, ya lo sabemos.
¿Qué hace el Gobierno Vasco ante esto? ¿En qué utiliza el fondo de asistencia jurídica con el que cuenta? Que hay que pagar abogados y procuradores ya los sabemos, sí claro, pero el Gobierno nacionalista obvia decir que hasta ahora los tribunales han dado la razón a los demandantes y que las costas acaban recayendo en las sentencias a la parte fuerte del caso, que son hasta el momento las entidades bancarias.
¿Por qué Kontsumobide en la carta que dirige a los afectados informando de las posibilidades del canje oculta las posibilidades del recurso a la justicia para que estos afectados puedan decidir qué prefieren?
¿Por qué no se cuenta que quien no acepte el canje y quiera recuperar todo lo invertido, si la justicia le da la razón, como hasta ahora, puede volver a invertir ese dinero en productos seguros y con la rentabilidad media del mercado? No con unos bonos subordinados de un nuevo producto sin garantías de recuperación, ni siquiera dentro de 12 años.
¿Por qué Kontsumobide no menciona la quita del 30 % en la carta que envía a los afectados que hicieron la reclamación a través del instituto? ¿Quién le ha dicho al Gobierno que diga que lo mejor es el canje?
Nosotros somos respetuosos con lo que decían los ahorradores, pero lo que hace el Gobierno nos fuerza a pedir que se fije su posición en este Parlamento sobre el canje, porque hay afectados que quieren saber todas su posibilidades.
Es nuestra obligación hacerlas ver, ya que Kontsumobide no lo está haciendo. Y esta ocultación de información nos lleva al código ético ya citado.
Leo literalmente el punto 5.2.3, referido a transparencia y gobierno abierto: "Los cargos públicos y asimilados, aparte de exteriorizar sus decisiones y actos, deben ofrecer de forma fidedigna y completa información a la ciudadanía sobre los procedimientos, informes, estudios y razones de sus decisiones, así como especialmente de sus costes financieros y modo de sufragarlos.
"Esta información sólo se podrá restringir cuando excepcionalmente así lo prevean las leyes. La transparencia vendrá acompañada de una apuesta decidida y cada vez más exigente por el gobierno abierto y, en especial, de un compromiso de informar detalladamente sobre todas aquellas decisiones o actos que tengan implicaciones financieras.
"Su guía de actuación será salvaguardar la estabilidad presupuestaria y el endeudamiento sostenible".
Y Kontsumobide, además de la responsabilidad derivadas de la Ley, también ha incumplido este precepto. Sí, señorías, así es, no lo digo yo, lo dice la Ley y el código ético.
Falta de objetividad, falta de rigor, falta de transparencia, falta de información y falta de ética. Todo eso acumula el instituto. Y no sólo el instituto, sino quienes lo han venido dirigiendo en esta legislatura, y el consejero que lo avala, y el Gobierno que lo sujeta.
Ante esta dejación de responsabilidad en la defensa de los consumidores por parte del Gobierno, insistimos desde la bancada socialista en nuestra propuesta, en la propuesta que hemos presentado y que luego hemos transado e incorporado a las aportaciones que hacía la moción de UPyD.
Es cierto, los Socialistas instamos al Gobierno de España a encomendar a la Comisión Nacional de Valores para que audite de oficio la comercialización de las aportaciones financieras subordinadas emitidas por cooperativas y comercializadas por entidades bancarias, para comprobar si se ha cumplido con las exigencias establecidas de protección a los clientes de productos híbridos.
En caso de comercialización fraudulenta, la Comisión Nacional del Mercado Valores deberá instar a la entidad bancaria que los ha comercializado a que devuelva a los clientes el valor nominal de su inversión, siendo el banco el que asuma la compra del producto.
En segundo lugar, decía la propuesta socialista que el Parlamento Vasco insta al Gobierno de España a que regule las operaciones de canje que puedan ofrecer las entidades emisoras. No decimos que se mejore la que hay, señor Maneiro, decimos que un canje no puede incluir...
...ofrecer las entidades emisoras.
No decimos que se mejore la que hay señor Maneiro, decimos que un canje no puede incluir ningún tipo de quita al nominal de la inversión. Y como una de las alternativas debe siempre figurar el canje por bonos no subordinados, ahí está la clave, no subordinados, sin subordinación. Y en un plazo no superior a cinco años. Eso es lo que plantea el Grupo Socialista.
Además el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que haciendo uso de todas las competencias a su alcance –y recordemos que en competencias de consumo las tenemos todas–, defienda el interés de los afectados de Euskadi por las preferentes y las aportaciones financieras subordinadas y haga valer estos intereses ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ante el Gobierno de España, y mantenga esa defensa en el caso de quienes decidan acudir a los tribunales. No entendemos que la propuesta tenga que ser avalada porque ésta, desde luego, no es la mejor opción para las personas afectadas.
El Parlamento Vasco, en cuarto lugar recoge la propuesta Socialista, insta a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía del País Vasco a que actúe de oficio para investigar denuncias de situaciones abusivas en la comercialización de productos financieros.
En quinto lugar, el Parlamento Vasco –este punto para nosotros es muy importante–, muestra su rechazo a la actuación de la directora de Kontsumobide y del consejero de Salud y Consumo por desalentar a los ciudadanos en el ejercicio de la defensa de sus derechos, en todos los ámbitos, que incluye la vía judicial al ofrecerle sólo datos parciales para poder tomar una decisión.
En este sentido, pide a la Comisión que vela por el cumplimiento del Código de Ética y Buena Conducta que analice si la ocultación de información a los afectados sobre todas las posibilidades en la defensa de sus derechos y la manipulación de los datos sobre los costes del recurso a la justicia, puede ser sometido a actuación por parte de dicha Comisión.
Y en sexto lugar, el Parlamento Vasco insta a Kontsumobide que en aplicación de la ley por la que se crea el Instituto Vasco de Consumo, colabore activa y económicamente con el asesoramiento, defensa e información de los consumidores y vele por la protección legal efectiva de las personas, consumidores y usuarias, iniciando las acciones judiciales pertinentes y personándose en las que se refieren a asuntos que merecen especial atención por razón de la trascendencia de los derechos que hay que proteger o de la alarma social que genera. Esto es lo que recoge, en definitiva, la Ley fundacional de Kontsumobide.
Hemos firmado una transaccional con el Grupo UPyD que entiendo se someterá a votación del resto de los grupos. Yo he visto las enmiendas que había presentado Euskal Herria Bildu y el Grupo Nacionalista. El Grupo Nacionalista ha retirado su enmienda, –no me extraña porque desde luego que nosotros en ningún momento entendíamos porqué habían metido ese texto–.
Y Euskal Herria Bildu tiene tres puntos en el que insta al Gobierno Vasco a no admitir entre las soluciones que se plantean, la posibilidad de canje por otras aportaciones. Eso ya lo hemos dicho en este Parlamento una y otra vez. Y a cumplir la moción del 6 de junio, que es lo que estamos recogiendo en nuestra transaccional. Y también a que en el presente periodo de sesiones se presente la nueva Ley de Cooperativas en la que las aportaciones subordinadas no tendrán cabida como sistema financiero de cooperativas.
Bienvenido al club, EH Bildu, porque esa propuesta ya vino aquí de manos del Grupo Socialista. Se presentó la modificación de la Ley de Cooperativas para eliminar el artículo 57.5 y ustedes no lo apoyaron. Por lo tanto, no tenemos nada más que decir.
Por mi parte nada más y muchas gracias.