PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2013-01-31):
Bien buenos días.
El Grupo Socialista trae a la Cámara esta proposición de ley. La toma en consideración de esta proposición de ley, que trata de ser el primer paso para la aprobación de una ley que los socialistas consideramos absolutamente necesaria, especialmente porque ha sido tantas veces postergada.
Una ley que siempre hemos considerado, no sólo necesaria, sino además urgente. Y más urgente aún cada día que pasa. Basta oír la voz de los ayuntamientos y de sus representantes, sean del color ideológico que sean, para percatarnos de esa realidad.
Y lo que nos están diciendo los ayuntamientos es algo muy claro. Nos están diciendo que los ayuntamientos vascos están destinando a día de hoy el 30 % de sus gastos, aproximadamente 552 millones de euros, a servicios que no les competen. Que la situación financiera de los ayuntamientos es hoy en día tremendamente complicada. Que a los menores ingresos municipales se une el incremento continuo de demanda de servicios sociales a la que no se puede prestar la atención debida.
Y nos dicen también de manera reiterada, que es necesario por eso mismo concretar de una vez las competencias municipales, y sobre todo garantizar la financiación suficiente para poder asumirlas. Y garantizar igualmente que los ayuntamientos estén representados para ello con voz y con voto en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas.
Y todo eso se resume en una reivindicación unánime, la necesidad de una ley municipal que acabe con la actual inseguridad jurídica de los ayuntamientos y les dote de competencias y de recursos suficientes para atender las demandas de los ciudadanos. Una reivindicación que no es del Partido Socialista, una reivindicación planteada con insistencia en los últimos años, tanto por el anterior presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, como por la actual presidenta, Ibone Bengoetxea, cuando compareció ante la Comisión de Duplicidades de este mismo Parlamento.
Una reivindicación que el Gobierno anterior hizo una prioridad de su mandato. Y en coherencia con esa posición, empezó a desarrollar un trabajo intenso que culminó con la remisión a este Parlamento de un proyecto de ley en mitad de la legislatura.
Y lo hizo después de un proceso de diálogo muy intenso y muy productivo por cierto, con los más interesados en que la ley saliera adelante. Con la asociación de Eudel que agrupa a los ayuntamientos, con la que se alcanzaron importantísimas líneas de consenso.
Después de más de 30 años de autogobierno lo que no pudieron o no quisieron hacer gobiernos con lehendakari nacionalista lo hizo el Gobierno socialista de Patxi López. Lo hizo un Gobierno que apostó desde el primer día por la recuperación del Estatuto y su desarrollo. Y un Gobierno además de probada sensibilidad municipalista.
Un Gobierno que siempre ha creído en el diálogo con los ayuntamientos y por eso se tomó todo el tiempo necesario, y fue mucho, para que el proyecto de ley que se remitiera a la Cámara contara con las aportaciones de los entes municipales como así fue. Después de más de 30 años de autogobierno sin ley municipal, llegaba a este Parlamento en tiempo y forma, un proyecto de ley municipal de la mano de un Gobierno que apostó por el desarrollo de las competencias de los ayuntamientos.
Como todo ustedes saben, casi desde el principio la tramitación de este proyecto fue consciente y deliberadamente retrasada porque fue impugnado por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Popular ante la Comisión Arbitral por supuesta invasión de competencia de las instituciones forales. Y conocen también perfectamente lo que la Comisión Arbitral dijo, que no existía tal invasión de competencias para tranquilidad plena de los ayuntamientos, por si hubiera dudas de legalidad que el texto del Gobierno de Patxi López garantizaba.
Porque ahora ya podemos saber que el único obstáculo que puede haber, para que tengamos ley municipal en Euskadi, para que los ayuntamientos puedan prestar los servicios que le reclaman sus ciudadanos, no es otro que las lecturas restrictivas del foralismo que hicieron las diputaciones de Bizkaia y de Álava, que son las que recurrieron el proyecto con el único fin, además de forma bastante evidente, de que la ley no saliera adelante en la pasada legislatura.
El texto presentado por el Grupo Socialista que recoge el proyecto ley que impulsó el anterior Gobierno, sigue siendo a día de hoy la única propuesta seria y concreta que existe para la elaboración de una ley. Porque no hay otra, ésta es la única propuesta que ha sido trabajada a fondo además con los agentes políticos e institucionales, la única propuesta que viene avalada por el mayor consenso alcanzado hasta la fecha con los ayuntamientos vascos, la única propuesta que cuenta con garantías jurídicas suficientes, como las establecidas por la Comisión Arbitral y además no existe alternativa conocida a la proposición que planteamos.
La que se conoce hasta la fecha, la que el Gobierno del señor Urkullu presenta esta propuesta no es otra que volver a dilatar en el tiempo la ley municipal a juzgar por los argumentos en que basa su criterio desfavorable a esta iniciativa, porque el Gobierno de Urkullu lo que nos da a entender en su escrito desfavorable a la toma en consideración, es que tenemos que partir de cero, como si no hubiera ya un trabajo serio, avanzado de más de año y medio, avanzado por el anterior Gobierno.
Nos dice que volvemos a tener que empezar a tejer contactos, negociaciones y consensos que ya fueron tejidos en la anterior legislatura. Y nos dicen además algo mucho más sorprendente todavía y es que las instituciones vascas –parece ser– que tenemos que esperar a la que decida el Gobierno de Rajoy, para que los representantes políticos de los ciudadanos vascos podamos aprobar en el uso de nuestras competencias, el marco legal de nuestros ayuntamientos.
Porque eso es lo que viene a decir cuando el Gobierno afirma que tenemos que estar a resultas de lo que ocurra con ese anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que está preparando el Gobierno de España, cuando tenemos la absoluta seguridad de que una cosa tiene muy poco que ver con la otra. Porque la ley municipal regula algo muy concreto, las competencias municipales que nos corresponden en virtud del Estatuto de Autonomía de Gernika y las leyes de base de régimen local, que es lo que se pretende aprobar por el Gobierno de España, deberán regular todo aquello que sea de competencia estatal y no de competencia exclusiva del País Vasco.
Y resulta bastante sorprendente, la verdad, que a un Gobierno Vasco de verdad, un Gobierno vasco-vasco, como ha dicho en alguna ocasión el lehendakari Urkullu, muestre tal grado de sumisión al Gobierno de España.
No me negarán que resulta sorpresivo que un Gobierno al que le falta tiempo para eliminar la marca España de nuestra política turística, nos diga ahora que hay que esperar a que el Gobierno de España decida previamente sobre algo que nosotros tenemos que decidir, salvo que esto sea un anticipo de esa especie de nuevo status político que nos anuncia el lehendakari Urkullu o un ejemplo más del ritmo que se ha impuesto el lehendakari Urkullu par enfrentarse a esta emergencia nacional que tiene el país.
Pero aquí tenemos una verdadera emergencia, una emergencia municipal –y desde hace muchos años–, que la tienen los ayuntamientos, que se están viendo obligados a cuadrar sus cuentas como pueden por la reducción agobiante de sus ingresos.
Y ahí está el caso más dramático de la treintena de ayuntamientos vizcaínos que se han visto obligados a solicitar la ayuda de la Diputación con ampliaciones de créditos para hacer frente a sus deudas, alrededor de 30 millones de euros que mantienen con lo acreedores, o las solicitudes generalizadas del Ayuntamiento de Gizpukoa, de aplazamiento de la reintegración a la Diputación de las liquidaciones anuales correspondientes de lo recibido por el Fondo Foral de Financiación Municipal, porque no les llega el dinero y porque está habiendo casos de ayuntamiento que tiene que recurrir a operaciones de rescate.
O los anuncios que nos han llegado hace meses desde el Ayuntamiento de Bilbao de recortar servicios en competencias que hasta ahora se venían ejerciendo por el Ayuntamiento, pero que no le son propias o al menos no le son exclusivas. Por no hablar de que cuanto más tardemos en tener una ley municipal...
...hasta ahora se venían ejerciendo por el Ayuntamiento, pero que no le son propias, o al menos no le son exclusivas.
Por no hablar de que cuanto más tardemos en tener una ley municipal, más se va a cuestionar, como ya se está haciendo, un organismo como Eudel, interlocutor necesario que ha jugado y sigue jugando un papel básico en la defensa de los intereses municipales.
Son todos estos datos que nos hablan de la necesidad de abordar de verdad y con urgencia un problema aún sin resolver. Un problema que tiene que ver con el cierre definitivo de la institucionalización de este país. Y tiene que ver, sobre todo, con la eficacia y la profundización de las políticas de bienestar que los ciudadanos reclaman a los ayuntamientos como entes representativos más cercanos.
Porque hablar de esta ley, de la ley municipal, y hablar de competencias y recursos de los ayuntamientos es hablar también de ayudas sociales, de educación infantil, de urbanismo, de políticas de vivienda, de juventud, de empleo, y de tantas y tantas cuestiones que tienen que ver directamente con la vida diaria y con la calidad de vida de la gente normal.
De tantas demandas ciudadanas que los ayuntamientos tienen que abordar y abordan cada día, asumiendo muchas veces competencias que no les son propias y, en muchas ocasiones, con una notable carencia de medios.
Por eso, los Socialistas Vascos estamos convencidos de que ha llegado la hora de que los ayuntamientos sean tomados de verdad en serio como agentes institucionales que trabajan por un futuro de progreso para este país.
Como instituciones con voz propia, que trabajan en pie de igualdad y no con carácter subordinado con diputaciones y con el Gobierno, y con proyectos y recursos compartidos para sacar el país adelante.
Como instituciones imprescindibles en el desarrollo de las políticas sociales y así lo reconocen además las leyes –otra cosa es que al final no se puedan cumplir porque no se tienen medios para hacerlo– y puntales fundamentales también en el mantenimiento del Estado de bienestar en Euskadi y como instituciones claves en materia de creación de empleo, también en eso.
Y ésta no es una afirmación retórica, nos la creemos de verdad. Y a este respecto, quiero recordar la intensa colaboración que el Gobierno de Patxi López tuvo con los ayuntamientos para la creación de puestos de trabajo en las zonas más deprimidas de este país.
Como quiero recordar el pleno engarce en nuestro compromiso municipalista con la primera decisión de calado social que tomó el Gobierno anterior. El aumento de más de 20 millones de euros para ayudas de emergencia social, que, dicho sea de paso, hizo respirar con alivio a más de un alcalde, fuera del signo político que fuera.
Y no sé a este Gobierno lo que le parece, pero al Grupo Socialista la ley municipal le corre prisa y a los alcaldes, a todos los alcaldes, sean del color político que sean, también.
Y a este Parlamento, que la pasada semana decidió por amplia mayoría que la aprobación municipal de la ley municipal debiera ser una prioridad de la presente legislatura, eso recogía también el texto de aquella enmienda transaccional.
Y es además un momento especialmente oportuno para trabajar en esta ley abordándolo en una perspectiva bastante más amplia, la enmarcada en los trabajos de la ponencia parlamentaria que hemos aprobado para revisar nuestro entramado institucional y hacerlo así más útil para los ciudadanos vascos.
Porque, si somos de verdad capaces de definir lo que queremos que hagan nuestros ayuntamientos, con qué competencias y, sobre todo, con qué financiación, podemos llegar a hacer lo propio con el resto del entramado institucional vasco, en un debate que queremos que sea integral y no parcial, y que vayamos acompasando en función de las circunstancias.
Hoy la discusión, la discusión de hoy, la votación de hoy no tiene como objetivo decir si nos gusta o no nos gusta esta ley, si coincidimos con todos sus planteamientos o dejamos de hacerlo. Se trata solamente de un ejercicio de democracia parlamentaria, de dar el visto bueno simplemente a la toma en consideración de esta proposición de ley y yo entiendo que haya diferencias entre los diferentes grupos sobre su valoración respecto al contenido de la ley, nos gustará más o nos gustará menos.
Pero se trata hoy de decir si este Parlamento, en un ejercicio de responsabilidad y de compromiso democrático con los ayuntamientos, da el visto bueno para que siga adelante la tramitación de este proyecto de ley y después habrá tiempo de presentar enmiendas, sugerencias o modificaciones. Por eso nos parece importante que tenemos que hacer posible que esta ley salga adelante como un gran objetivo de país.
Y nosotros, desde luego, vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para adelantar este trabajo, que nos parece que lleva ya más de 30 años de retraso.
Por eso y por no otra cosa hemos presentado esta proposición de ley que esperamos, de verdad, sinceramente, que sea tomada en consideración por este Parlamento.