OYARZABAL DE MIGUEL (PP, 2016-02-04):
Muchas gracias señora presidenta. Señorías.
El proceso de matriculación de los centros públicos y concertados tanto en educación infantil, como en primaria y en secundaria, obligatoria en nuestra comunidad, tiene establecido un calendario común de presentación de solicitudes para la admisión de los alumnos y las alumnas.
Dichas solicitudes también pueden ser complementadas online mediante una aplicación informática facilitada por el Departamento de Educación, a la que se deben adjuntar escaneados los documentos requeridos al efecto. En ese sentido, las personas solicitantes autorizan a la dirección de centros escolares a comprobar en otros organismos públicos, en otras administraciones, la veracidad de los documentos presentados.
Sin embargo, los ciudadanos tenemos derecho a no presentar ante la Administración aquella documentación que ya obra en su poder, o que no es necesaria para el procedimiento del que se trate.
Esto ya se contempla en un artículo, es decir, la normativa es extensa, viene ya contemplado en artículos de diferentes leyes. No quiero enumerarlas pero, en todo caso, sí que queremos aquí hacer hincapié en que, efectivamente, las sociedades avanzan, los cambios que se van produciendo, se producen cada vez con mayor rapidez, por ese motivo las administraciones creemos que deben adaptarse a esas nuevas realidades, a las nuevas necesidades de la ciudadanía. Una ciudadanía que por otra parte, entendemos que está plenamente preparada para ello, y además es consciente de sus derechos, de sus capacidades, que están acostumbrados además a manejarse con soltura a través de las nuevas tecnologías.
Y para hacer frente a esas nuevas realidades, es precisamente por lo que el Gobierno de España impulsó el pasado octubre de 2015 la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una ley que entre otras cosas trata de avanzar y mejorar las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos, adaptándose a las nuevas realidades de nuestro tiempo y evitando duplicidades e ineficiencias, a fin de poder ofrecer un servicio más eficaz al conjunto de la ciudadanía.
Han sido muchas, como les decía las leyes que se han ocupado de esto. La Ley 30/1992, la Ley 58/2003, Ley General Tributaria, la 11/2007 de Acceso Electrónico, esta ya dio carta de naturaleza legal al establecer el derecho a los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de estas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse.
A nuestro juicio la Administración vasca, puede y debe ponerse las pilas al efecto. La tramitación electrónica no puede ser una forma excepcional, especial de gestión en los procedimientos, sino que debe constituir una actuación habitual de las administraciones. Porque una administración que apuesta por el funcionamiento electrónico, no solo sirve mejor a los principios de eficiencia y de eficacia, ahorra costes a la ciudadanía, a las empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. La constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita a nuestro juicio, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, y permite ofrecer información puntual, ágil y actualiza esa información de los propios interesados.
Y nuestra legislación no es una excepción, el Decreto 21/2012 de Administración Electrónica, así como el convenio de colaboración entre el Gobierno Vasco y las diputaciones, ya permitía atisbar que efectivamente, nos tenemos que encargar de que esto funcione de una manera definitiva.
La finalidad principal de estos acuerdos y de este decreto efectivamente, era facilitar el ejercicio de ese derecho, el derecho a no aportar los datos y los documentos que ya obran en poder de las administraciones. Tenemos que facilitar todo ese procedimiento, todos esos procesos se los tenemos que facilitar a las familias.
Queda por tanto patente por toda esta legislación, también por los pasos dados en nuestra comunidad, que tanto ciudadanos como empresas tienen ese derecho, que especialmente cuando se trata de documentación que no es necesaria para el procedimiento de que se trata, no tiene porqué exigirse su presentación, ya que desde hace tiempo existe, como decía, esa regulación, suficiente regulación al respecto.
Sin embargo creo, por eso hemos traído esta iniciativa hoy aquí, que muchas administraciones, empresas, instituciones en el sector público, desconocen la existencia de este derecho básica, y son muchos los ejemplos que podríamos poner de situaciones que incomodan, que exasperan a los ciudadanos en su relación con las administraciones.
Hemos traído el ejemplo palmario, el que traemos hoy aquí, el que se refiere al proceso de matriculación en centros educativos de la CAPV. Podríamos haber puesto otros ejemplos, pero efectivamente cuando se va a solicitar la admisión, esta se puede realizar por dos canales. Uno es el presencial, tiene que ir la madre o el padre del alumno o de la alumna al centro que eligen como primera opción, tienen que presentar toda la documentación, in situ, o bien lo pueden hacer por internet como antes les detallaba.
En ambos casos se deben entregar una serie de documentos, ya salvamos el de la renta, pero se tienen que presentar fotocopias del libro de familia correspondientes al alumno, fotocopias del libro de familia del padre, de la madre, el DNI de ambos, certificación del empadronamiento expedido por el ayuntamiento correspondiente, documento acreditativo del cumplimiento del protocolo establecido por el Departamento de Educación en el caso de familias separadas o divorciadas, certificados de minusvalía cuando corresponda, certificados de minusvalía del padre, de la madre, de los miembros de la unidad familiar, fotocopias de la cartilla de la familia numerosa, documentos acreditativos de si hay algún hermano ya en el centro... Por supuesto, muchos de estos datos los conoce ya la Administración, documento justificativo de la puntuación otorgada por el OMR o el consejo escolar del centro...
En fin, una serie de datos y de documentos que efectivamente muchos de ellos obran ya en poder de la Administración. De la misma forma que no se entrega la renta anual de la unidad familiar, ya que basta con autorizar al Gobierno Vasco, a la Administración, la comprobación por parte del departamento en la correspondiente Hacienda Foral, no se puede entender sin embargo, que el propio departamento solicite un documento acreditativo de que un hermano, de que algún hermano está en el centro. Es decir, esa información la tiene el departamento, debe disponer de ella el departamento, o algo tan sencillo como el certificado de empadronamiento, fotocopias del DNI, etcétera, que acrediten la paternidad.
Todo ese tipo de información que obra ya en poder de las administraciones. O cómo puede entenderse que las familias tengan que facilitar varias fotocopias del libro de familia, etcétera, cuando existe ya un registro civil que precisamente tiene como objetivo facilitar, agilizar los trámites burocráticos, eliminar trámites innecesarios...
...un registro civil que precisamente tiene como objetivo facilitar, agilizar los trámites burocráticos, eliminar trámites innecesarios y configurar un registro que debía ser ya electrónico, moderno, rápido, accesible y único.
Por todo ello y no me extiendo más, por todo ello presentamos hoy aquí esta iniciativa que persigue la mejora de la gestión en los procedimientos de la Administración, que creemos que puede avanzar en la eficacia y en la eficiencia, ahorrando costes, esfuerzos, especialmente esfuerzos a la ciudadanía, a ciudadanos, a empresas y que facilita, desde luego, el ejercicio de ese derecho que hemos venido poniendo de manifiesto desde el inicio de mi intervención, ese derecho a no aportar los datos y los documentos que obran en poder de las administraciones públicas cuando realicen esos trámites administrativos.
Yo lo que quiero es agradecer a todos los grupos la disposición que desde el primer momento han tenido para apoyar esa iniciativa, para alcanzar un acuerdo en esa enmienda de transacción que firmamos el grupo Socialista, el grupo Nacionalistas Vascos y el grupo Popular y, desde luego, esperar que se tomen las medidas adecuadas lo más urgente posible, lo más rápidamente posible para evitar efectivamente otra vez estos trámites a las familias el próximo año cuando llegue el momento en el que nos encontramos, que es un momento de prematrícula en Infantil, Primaria y Secundaria en los centros públicos y concertados de la CAV.
Nada más y muchas gracias.