HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2016-06-02):
Eskerrik asko, legebiltzar-buru andrea, lehendakari, sailburuok, legebiltzarkide jaun-andreok, egun on guztioi.
Gaurkoan, Osoko Bilkuraren gai-zerrendatik aurreikusten denari jarraiki, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoaren antolakuntzari buruzko lege asmo hau aurkeztera natorkizue.
Herri administrazioak gure artean bi ezaugarri nagusi ditu zutabe: Alde batetik, interes orokorrak objetibotasunez zerbitzatzeko sortua izan da; eta bestetik, bere jardun osoa legearekiko eta zuzenbidearekiko menpekotasun osoz gauzatu behar du. Horrela aldarrikatzen du argi eta garbi Konstituzioaren 103. artikuluaren hirugarren atalak, esaten duenean: "La Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa con pleno sometimiento a la ley y al derecho".
Bigarren ezaugarri honetatik, alegia, "con pleno sometimiento a la ley y al derecho" honetatik dario hain zuzen ere administrazio orok zerbitzu juridiko sendoa eduki beharra. Izan ere, Administrazioak legearen arabera jokatu behar badu beti eta bere jarduera osoan argi ulertu daiteke aholkulari juridiko jantziak eta eskarmentudunak behar dituela, eta hori bai une oro Administrazioari legezkoa den bidea erakusteko eta baita ere beharrezkoa denean, epaile eta auzitegien aurrean Administrazioak egin duen ibilbidea legearen arabera egin izan dela defendatzeko.
Horiek guztiak arautzera dator gaur aurkezten dizuedan lege asmoa. Zuzenago eta zehatzago esango dut oraindik. Arautzera baino, duela 30 urte Legebiltzar honek araututako guztia osatu eta gaurkotzera dator, alegia, ekainaren 26ko 7/1986 legeak arautu zuena osatu eta gaurkotzera dator.
El proyecto de ley que hoy tengo el honor de presentar ante la Cámara, pretende establecer las bases de un modelo propio, completo, integral, de actuación de la Administración vasca en el área de Justicia. Un modelo completo, porque incluye tanto la función consultiva como la contenciosa, ambas imprescindibles para hacer efectivo el principio de pleno sometimiento de la Administración pública a la ley y al derecho.
Integral, porque ha sido dispuesto no solamente para la administración general, sino también para todos aquellos organismos de la Administración institucional cuyas normas de creación y de organización no hayan recreado en el ámbito propio la disponibilidad de servicios propios de asesoría jurídica.
Y propio, porque consolida y completa una forma singular de organizarse y de hacer en el ámbito de la asistencia jurídica de la Administración pública, cuyas bases vienen observándose, vienen practicándose prácticamente desde que se constituyó el Gobierno Vasco en el año 1980.
Un modelo que descansa sobre dos pilares. Por una parte, un conjunto de asesores jurídicos especialistas que se organizan en el seno de cada uno de los departamentos de la Administración general para dar soporte jurídico a sus resoluciones y decisiones administrativas; y por otra parte, un grupo restringido de juristas más bregado y con más experiencia en labores propias de la abogacía, que a modo de progreso en la carrera profesional, conforman un Servicio Jurídico central que por un lado refuerza la asistencia jurídica departamental en relación con las decisiones más especializadas del propio Gobierno; y por otra, se ocupa también de la defensa letrada ante los tribunales de justicia de todas y cada una de las decisiones de la Administración pública vasca que son objeto de impugnación en la vía judicial.
Sin despreciar, por supuesto, otras fórmulas organizativos, todas ellas lícitas, la experiencia acumulada en el seno de la Administración general, acredita que esta permite conciliar la necesaria solvencia de los servicios jurídicos, hoy más necesarias si cabe que nunca, con la siempre aconsejable cercanía a los responsables de las políticas públicas sectoriales.
Pero el proyecto no se agota en lo estrictamente organizativo, aborda también otros aspectos de la función jurídica relacionados con la representación de la Administración pública ante los jueces y tribunales y disciplina el ejercicio de la defensa letrada ante las instancias judiciales.
En este punto, la ley es fruto del ejercicio de la competencia prevista en el apartado 6º del artículo 10º del Estatuto de Gernika, referido a las normas procesales que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco; una competencia autonómica que obviamente debe cohonestarse con la que la Constitución reserva al Estado en el ámbito de la legislación procesal.
Creo que en torno a estas cuestiones ha habido una buena sintonía en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, y de hecho, se han asumido e integrado en su texto la mayor parte de las enmiendas y de las posiciones defendidas por los grupos, hasta el punto de mejorar el proyecto inicial y de poder sobre la base de ese acuerdo, adentrarnos en perfilar nuevas cuestiones  - como lo son y me consta que así ocurre con todos los servicios públicos de la misma índole - , los supuestos de conflictos de intereses en los que la representación y defensa en juicio deberá denegarse por la mera aplicación de las soluciones legales generales y habituales en este tipo de situaciones.
Así sucederá al tratarse de la defensa de autoridades y del propio personal empleado público, cuando al inicio del procedimiento o por causas sobrevenidas, se pueda apreciar la afección directa en procedimientos relacionados con los delitos contra las administraciones públicas. En tales casos, insisto, en que nos hemos puesto de acuerdo aquí en la Cámara para que proceda la denegación de la representación y defensa por parte del Servicio Jurídico público.
El proyecto opta por un modelo eminentemente público, en el que la representación y defensa de la Administración pública ante los jueces y tribunales, se encomienda en principio, a una instancia pública integrada por funcionarios públicos. Pese a ello su texto no impide habilitar profesionales privados externos para desempeñar esta función. Eso sí, para cuando tal cosa ocurra, se establecen mecanismos de control público como la necesidad de elaborar una memoria justificativa de la decisión y su inscripción en un registro específico de encomiendas de esta naturaleza.
Pero la norma contempla también la hipótesis contraria, esto es, que entes instrumentales dependientes, vinculados o participados por la Administración pública y sujetos al derecho privado, puedan encomendar su representación y defensa al Servicio Jurídico central del Gobierno Vasco.
Durante la tramitación de la ley, en la fase gubernativa, hubo quien objetó que una previsión de estas características podría afectar negativamente a la libre competencia y de esta manera contravenir la normativa que la garantiza. No es este, sin embargo, el criterio del Gobierno y tampoco es el criterio de la mayoría de la Cámara, según se ha podido comprobar en los debates que hemos tenido lugar tanto en ponencia como en comisión. Ni tampoco, esto es evidente, este es el criterio del legislador estatal y el de los legisladores autonómicos que han incorporado reglas similares a sus respectivas leyes de ordenación de los servicios jurídicos.
Personalmente valoro de manera positiva esta opción, creo que constituye una aportación importante al texto, trabajaremos en el futuro si tiene buena acogida; y en todo caso, es innegable que constituye una medida de mejora de la eficiencia de los recursos públicos.
Por último, quisiera hacer una breve consideración sobre la organización pública del personal en relación con las funciones de asistencia jurídica en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El proyecto contiene los elementos mínimos indispensables para conseguir que se refuerce de cara al futuro la organización pública del personal del Servicio Jurídico central del Gobierno Vasco; precisamente, por ser el encargado de realizar las funciones consultivas más singulares y las de defensa en juicio. Y a tal fin, contempla la creación de una especialidad reservada para el personal funcionario encargado principalmente de esta última función, de la representación...
...contempla la creación de una especialidad reservada para el personal funcionario encargado principalmente de esta última función, de la representación y defensa en juicio. Como esta previsión ha sido objeto de particular atención por parte de algunos grupos parlamentarios, me parece obligado prestarle atención en este momento.
En la actualidad, los asesores jurídicos de la Administración general se integran en un único cuerpo de funcionarios, en el que se encuadran cerca de 250 puestos del tipo asesor jurídico y aproximadamente 30 del tipo letrado del Servicio Jurídico central. Pues bien, mientras en el primer colectivo se constata un considerable nivel de interinidad, en el segundo se ha consolidado en el escalón más alto de la carrera administrativa y hoy prácticamente todos sus puestos están cubiertos por personas funcionarias.
Y sin embargo, y he aquí la preocupación de la ley, en el medio plazo no hay duda de que existirán necesidades derivadas de la evolución vegetativa del personal. En esa preocupación se sitúa la medida de crear una especialidad y de diseñar a futuro unas condiciones nuevas para el acceso al desempeño de las funciones del letrado o letrada del Servicio Jurídico central.
Eso sí, con el fin de procurar una estrategia equitativa y eficiente, la disposición adicional del proyecto establece que todos y todas las juristas que hoy prestan servicios a la Administración pública y que cuentan con una antigüedad mínima de cinco años podrán acceder a la especialidad directamente si son funcionarios y cuando accedan en una futura OPE, si hoy son interinos, rentabilizando así la dedicación especializada que han experimentado en el pasado.
Es una medida equitativa, de respeto de los derechos funcionariales y, al mismo tiempo, una medida encaminada a garantizar una optima utilización de los recursos públicos desde el punto de vista de su eficiencia, no desaprovechar la experiencia acumulada durante años de trabajo en unas labores especializadas que pueden ser perfectamente utilizadas y optimizadas en el seno de una unidad especializada como es la del Servicio Jurídico central.
Estas que acabo de resumir son las bases del proyecto, que, una vez aprobado, por la Cámara contribuirá, sin duda, a modernizar nuestros servicios jurídicos y a reforzar su profesionalidad, en un momento en el que la ciudadanía exige con más firmeza que nunca el pleno sometimiento de la Administración pública a la ley y al derecho.
Besterik gabe, eskerrik asko.