PRIETO SAN VICENTE (PSE-EE, 2014-12-04):
Presidenta, señorías.
Que en el País Vasco se haya puesto en marcha una política fiscal de país no ha resultado fácil. Llevamos 34 años de autogobierno y si no se ha hecho antes, no ha sido por falta de competencias.
Desde 1989 este Parlamento dispone de competencias en armonización, colaboración y coordinación fiscal.
La realidad demuestra que si no se han utilizado, no ha sido por falta de oportunidades…
...en armonización, colaboración y coordinación fiscal.
La realidad demuestra que si no se han utilizado no ha sido por falta de oportunidades y por falta de necesidades. Los problemas surgidos con los incentivos fiscales o el tipo de impuesto de sociedades de años anteriores así lo ponen de manifiesto.
Han hecho falta 24 años y una tenaz voluntad del Partido Socialista para que el 26 de septiembres de 2013 esto empezara a cambiar. Aquel Pleno de Fiscalidad, producido en una coyuntura de debilidad y soledad del actual Gobierno Vasco, se hizo a regañadientes, con muchas cautelas, con más limitaciones de las que eran necesarias, algunos llegaron a ese Pleno forzados por la existencia de otros acuerdos y otras necesidades, y con unos antecedentes de rutina fiscal foral que amenazaban con perpetuar inercias.
Se aprobaron 32 resoluciones sobre aspectos muy diversos de fiscalidad, desde entonces han pasado 14 meses y, aunque las apelaciones a la importancia de la materia concreta de la lucha contra el fraude fiscal no han cesado, la puesta en marcha de las resoluciones aprobadas en esta actividad no han corrido la misma suerte.
Hace unas pocas semanas, a petición del grupo parlamentario Socialista en esta Cámara, comparecía la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, una Comisión compuesta por representantes de la tres diputaciones forales y del Gobierno Vasco, una Comisión pensada y formada para hacer mejor y con más resultado la lucha contra el fraude fiscal, y una Comisión que, a nuestro juicio, evidenció la necesidad del impulso político, para señalar objetivos concretos y para disponer de medios y herramientas necesarias.
Una de esas necesidades de impulso político los Socialistas la hemos situado en cómo hacer efectiva una parte de la Resolución 6, cuando plantea en el plan anual de lucha contra el fraude, que establecerá unos objetivos evaluables en actuaciones y resultados, y que estos objetivos evaluables en actuaciones y resultados deberán ser informados a las tres juntas generales y a este Parlamento Vasco.
Como sus señorías pueden apreciar en el Plan que se aprobó a finales de marzo por la Comisión, en él no se precisa un número concreto de actuaciones, en los capítulos de obtención de información tributaria, en acciones preventivas y actuaciones de regularización y de cobro, y tampoco se fijan unos resultados en términos de recaudación.
En aquel Pleno de Fiscalidad de 2013, se dieron diferentes consensos sobre las diferentes resoluciones, pero si alguna rebosó apoyos fue la de la lucha contra el fraude fiscal. Podemos admitir que en la Comisión, la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, necesita rodaje, que hay que tejer complicidades de trabajo y que hay que homogeneizar datos.
Y porque admitimos todo esto, queremos que sea en el año 2015 cuando se fijen esos objetivos evaluables en actuaciones y resultados, y hemos traído aquí esta iniciativa porque, como ha quedado demostrado, la responsabilidad política de la lucha contra el fraude está en la política, necesita el impulso de la política, y esta facultad y responsabilidad está depositada en este Parlamento.
La Comisión de Lucha contra el Fraude es de nueva creación, la lucha contra el fraude no. En las diputaciones, en sus haciendas, en sus servicios de inspección fiscal hay datos, hay experiencias, hay resultados, hay herramientas para situar objetivos y esto debe hacerse ya.
La Agencia Tributaria de España en el año 2013, que es el último año que podemos tomar como referencia, ya que el 2014 todavía no ha finalizado, publicó el 12 de marzo del año 2013 en el Boletín Oficial del Estado cuáles eran sus objetivos y los cuantificó en 9.130 millones de euros, lo que suponía, por un lado, un 11,7 % más que lo obtenido en 2012, y lo que finalizó, ese objetivo, con una recaudación de 10.950 millones de euros, por lo que se ha puesto de manifiesto algo que ya viene sucediendo desde legislaturas anteriores y con gobiernos diferentes en una secuencia importante de años, que se pueden fijar objetivos de recaudación y que estos incluso pueden ser cumplidos y, en este caso, hasta mejorados.
En ese mismo Boletín Oficial del Estado al que hago referencia, también se publicaron cuáles iba a ser las principales líneas de actuación de dicha Agencia Tributaria.
No creo que nuestro sistema de inspección fiscal sea de menos nivel que el de España, y no creo que en el País Vasco tengamos menos determinación para luchar contra el fraude fiscal y para ofrecer objetivos y resultados que forman parte de las cuentas de la Administración, como sucede en España.
A esta proposición no de ley se ha presentado una sola enmienda por el grupo Nacionalistas Vascos. La enmienda va en dirección contraria a lo que planteamos y proponemos los Socialistas. No quiere concretar nada, no quiere que la Comisión esté arropada e impulsada por la determinación política, no quiere el compromiso de un objetivo concreto, no quiere que este objetivo se someta a la evaluación y a la responsabilidad política que pudiera derivarse de sus resultados.
Por ello, si se llegara a votar, la rechazaremos, aunque espero que a esa situación no se llegue porque antes se haya apreciado el apoyo a la proposición no de ley que estamos presentando.
Señorías, estamos avanzando en la lucha contra el fraude fiscal. Estamos avanzando política y socialmente, pero también hay que hacerlo económicamente. A la política le corresponde demostrar con hechos sus compromisos y esto, cuando se habla de recursos públicos, es nuestra obligación cuantificarlo. Esto es lo que proponemos y lo que decimos que hay que hacer en el año 2015.
Señorías, la lucha contra el fraude fiscal tiene cuatro pilares. Uno, la sensación de control, de que se sabe lo que se está haciendo. La sensación de control de que nuestros servicios de Hacienda, nuestros servicios de inspección saben ejercer el control correcto, adecuado, público, transparente, abierto y eficaz de lo que son los contribuyentes en las distintas figuras en nuestro país.
En segundo lugar, el segundo pilar de la lucha contra el fraude, es la localización del defraudador. Efectivamente, hay que localizar a aquellos que defraudan y para eso hay que situar herramientas y hay que situar objetivos. En tercer lugar, es la penalización del fraude. Ciertamente, si hay un control y hay una localización del defraudador, tiene que haber también una herramienta de penalización del fraude.
Y la cuarta es la recaudación por fraude. Y ésta es la que hoy sometemos a su consideración. Si hay un control de quien tiene que tributar, si hay una localización del defraudador y si hay una penalización del fraude, tiene que haber unos resultados económicos cuantificables, tiene que haber una recaudación por ese fraude.
Estos cuatro pilares son responsabilidad, no de los técnicos, sino de la política. Los técnicos tienen que estar al servicio de la política, los técnicos tienen que hacer su función técnica, tienen que hacer su trabajo de campo. Pero es la política la que tiene que situar los objetivos, la que tiene que exigir responsabilidades y la que tiene que dar herramientas para que todo esto se pueda llevar a efecto.
Por lo tanto, sí es responsabilidad de la política, es responsabilidad de todos y todas los que aquí nos sentamos. Esto es lo que estamos planteando con esta proposición no de ley, esto es lo que estamos proponiendo, que este Parlamento se implique más, dé una vuelta de tuerca a la lucha contra el fraude fiscal, que deje de hacer sólo declaraciones y testimonios sobre la importancia de la lucha contra el fraude fiscal, sobre la solidaridad social y fiscal de toda la ciudadanía y que pase a escenarios mucho más ejecutivos, mucho más prácticas y mucho más visibles. Es obligación de la política, es obligación de este Parlamento fijarse objetivos de recaudación, de fiscalidad y poder conseguirlos en esa lucha contra el fraude fiscal.
Éste es el planteamiento, ésta es la propuesta que hoy les traemos, que sometemos a su consideración y que esperamos sea apoyada por el conjunto de los grupos de esta cámara.
Muchas gracias.