OGASUN ETA EKONOMIAKO SAILBURUAK (Azpiazu Uriarte) (EAJ, 2019-02-14):
Eskerrik asko, legebiltzar-buru andrea. Lehendakari jauna, sailburuok, legebiltzarkideok, egun on.
Legebiltzar honen aurrera nator 2019ko Euskadiko Aurrekontu Orokorren luzapena osatuko den hiru lege-proiektuen aurkezpen ofiziala egitera. Aurrekontuekin guztiz erlazionatuta dagoen politika barruko hainbat neurri dira eta guztiek, itxuraz desberdinak iruditu arren, izaera ekonomikoa duen ekimen bakarra osatzen dute. Horietako bakarrak ere ez du aldaketa garrantzitsurik sartzen Euskadiko funtzionarioei edo indarrean dagoen hezkuntza ereduari aplikatu behar zaien araubide juridikoan. Eta askoz gutxiago diru-sarrerak bermatzeko errentaren bitartez aurrera eramaten den gizarte babeserako euskal sisteman.
Como todos ustedes saben, cada una de estas políticas públicas tiene iniciativas parlamentarias para que se propicie una nueva regulación de fondo de las tres materias, pero ninguna para su alcance presupuestario, que solo corresponde a la norma anual de presupuestos. Lo hago de una sola vez porque, en mi opinión, sigue siendo un bloque normativo de carácter unitario, conciso en sus contenidos y de materia presupuestaria estricta, y todo ello a pesar de ser tres las iniciativas diferentes en la forma.
Diferenciación que, como anticipé la semana pasada en el momento de aprobación de los proyectos por el Gobierno Vasco, se ha hecho para eludir el serio riesgo de que los grupos políticos de oposición en esta Cámara impidan que las medidas contempladas en un único proyecto legislativo pudieran prosperar, seguramente por motivos muy ajenos a las regulaciones propuestas y a sus contenidos.
No abundaré sobre las cuestiones de forma que nos han traído hasta esta situación de tener que lidiar con tres iniciativas de votación diferenciada. Ya se ha hablado demasiado de ello y creo que no siempre con conocimiento de lo que se estaba diciendo, tal y como corroboró el informe de legalidad elaborado por esta misma Cámara.
Pero llegados a este punto, también es bueno que cada grupo pueda manifestar su opinión sobre cada materia en base a la libertad ideológica que cada iniciativa le motive.
Este Gobierno sabe que no tiene presupuestos para el año 19. Sabe también que se hicieron todos los esfuerzos posibles para que los hubiera y sabe, mejor que nadie, que tiene que seguir gobernando este ejercicio con una prórroga presupuestaria. Una prórroga que, con sus claras limitaciones, ha de ser afrontada desde la responsabilidad.
Responsabilidad que hace que determinadas políticas, necesitadas de ley para su puesta en marcha, deban ser inmediatamente abordadas como se ha hecho habitualmente en el pasado y, como en mi opinión, procede ahora.
No son políticas menores, pero, sobre todo, son políticas insoslayables para un actuar coherente y para la cohesión de nuestra sociedad, o esto es lo que pensaba el Gobierno cuando propuso de manera absolutamente normal unos contenidos intrínsecamente positivos, equilibrados en su conjunto para con las posiciones políticas de los grupos parlamentarios, sin ningún abuso normativo y con un modelo de tramitación parlamentaria ágil.
Lo que no podía es reproducirse la discusión presupuestaria, ya que esta no cabía, ya había tenido lugar.
Esto no es el presupuesto. Esto son medidas presupuestarias, sí, pero limitadas y directas, con las que se puede estar de acuerdo, o lo contrario, pero que no requieren una negociación, al no caber, además, mucho margen de maniobra en las medidas propuestas, por ser, salvo el tema de la renta de garantía de ingresos, máximos legales a los que se puede acceder.
Son medidas para un periodo limitado de tiempo, en tránsito hacía las regulaciones generales de cada política pública sobre la que este Parlamento habrá de pronunciarse, esperemos más pronto que tarde.
En lo que toca a los proyectos concretos y sus contenidos, no queda mucho por exponer que no se sepa ya. Yo mismo los he presentado en la comisión del Proyecto de presupuestos generales del ejercicio 19, el 6 de noviembre del año 18, y en el pleno de las enmiendas de totalidad del Presupuesto el pasado 11 de diciembre.
Es por ello que me referiré brevemente lo ya transcrito en las memorias de los proyectos que se acompañan como documentación parlamentaria y que todos ustedes, presumo, que conocen bien.
En su conjunto, estos tres proyectos de ley tienen por objeto el establecimiento de una serie de disposiciones que vienen a complementar el régimen de prórroga presupuestaria, con el objeto de autorizar determinados gastos para los cuales no existe habilitación en el Presupuesto prorrogado, y que de conformidad con las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, requieren la concesión de créditos adicionales y, por lo tanto, una norma con rango de ley.
Así, en el primero de ellos, se procede a la actualización de determinadas autorizaciones de gasto destinadas al incremento de las retribuciones de personal y de los haberes pasivos en un porcentaje del 2,25 % con respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2018
También procede a fijar la dotación presupuestaria del Parlamento Vasco para el ejercicio 2019 de conformidad con el Presupuesto aprobado por la propia Cámara el pasado mes de diciembre.
Y, por último, actualiza la cuantía de las tasas para el presente ejercicio, con un incremento del 1,5 % con respecto a la cuantía que resulta exigible el año 18.
Todo ello se completa con varias disposiciones que habilitan al Gobierno y al Departamento de Hacienda y Economía para realizar las operaciones presupuestarias que sean necesarias hasta el límite de las aportaciones previstas para el presente ejercicio y con la garantía de cumplir los parámetros de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.
Este proyecto permitirá afrontar las subidas salariales de los funcionarios y laborales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y atender, además, con suficiencia, los compromisos sectoriales adquiridos en esta materia en sanidad y educación, básicamente.
Además abre todas las posibilidades permitidas por la legislación básica en la materia y las amplia hasta el máximo posible en administraciones con superávit el año anterior, como es el caso de la Administración vasca.
Esta norma, por tanto, modifica el régimen general de prórroga y no condena al funcionario vasco a una subida salarial mimética como máximo a la del ejercicio anterior.
El resto de las regulaciones incluidas en la ley son también importantes, si bien, desde el punto de vista estrictamente crediticio, son más adjetivas. Así, la dotación del Parlamento Vasco, con una subida inferior a 1 millón de euros respecto al año 18, y la subida general de las tasas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que suponen menos de medio millón de euros de incremento en el estado de ingresos, son dos medidas testimoniales que también requieren de ley y, en el primer caso, de créditos adicionales.
En el segundo de los proyectos de ley, se procede a la fijación de la dotación presupuestaria para la Universidad del País Vasco para el ejercicio 2019, de conformidad con lo que disponen los artículos 90 a 93 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.
También se actualizan los componentes de los gastos de personal de los módulos de los conciertos educativos para el presente ejercicio, finalizando con la habilitación al Gobierno para realizar las operaciones presupuestarias que sean necesarias a tales efectos.
Se trata de unas medidas que tradicionalmente forman parte del contenido de las leyes de presupuestos generales y, en su defecto, de las leyes de medidas presupuestarias, similares a las aprobadas en ejercicios anteriores.
Por un lado, tal y como dispone la Ley del Sistema Universitario Vasco, la dotación anual a la UPV debe ser acordada por el Gobierno para cada ejercicio presupuestario e incluida en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
A falta de dicho proyecto de ley, resulta oportuna su inclusión en una ley de medidas de esta naturaleza a los efectos de proceder a la fijación de la dotación necesaria para el presente ejercicio sin proceder a la prórroga de la dotación prevista en el 2018.
Por otro lado, en el caso de los módulos de conciertos educativos, la actualización de sus cuantías para el ejercicio 2019, posibilita la translación a la enseñanza concertada de la subida salarial del personal público docente no universitario de manera automática desde la ley.
Y si bien esta es una medida de carácter estrictamente presupuestario, es conocido que el Gobierno lleva tiempo trabajando en medidas que pudieran ayudar a afrontar la realidad demográfica o fortalecer el apoyo en el ámbito de la educación especial, para contribuir a la mejora educativa y ayudar a la normalización de la actividad en la escuela concertada.
Por último, el tercero de los proyectos de ley contempla dos medidas de política social solo abordables desde una norma de rango legal.
Así, a través de este proyecto, por un lado se procede a la actualización de las cuantías de la renta de garantía de ingresos en las diferentes modalidades y de subsidio mensual complementario para unidades de convivencia monoparentales. El incremento de carácter general es del 3,5 % con respecto a la aplicada durante el ejercicio 2018. No obstante, dicho incremento será del 4,5 % para aquellas unidades de convivencia constituidas por personas perceptoras de pensiones.
En relación a la cuantía de la renta de garantía de ingresos, el proyecto de ley contempla un incremento superior al previsto en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 19 y muy cercano al que subirá el capítulo de gastos de personal en la Administración Vasca.
Se trata, en opinión del Gobierno, de un incremento económicamente abordable en el presente ejercicio, en espera de la regulación definitiva que pueda aprobar este Parlamento a partir de la proposición de ley actualmente en tramitación.
Sobre las razones que han motivado la propuesta de este incremento porcentual, puede señalarse que el considerable incremento experimentado por el salario mínimo interprofesional para el ejercicio 2019, permite acometer una mayor subida en la renta de garantía de ingresos, sin que dicha medida sea directamente desincentivadora de la búsqueda de empleo para los perceptores de dicha prestación en edad de trabajar.
Por otra lado, no voy a negar que esta variación porcentual ahora propuesta también obedece a la voluntad del Gobierno de suscitar el mayor consenso posible en torno a la mejora de la cuantía de estas prestaciones dirigidas a los colectivos más desfavorecidos, haciendo un especial esfuerzo en las personas pensionistas, perceptoras de la renta de garantía de ingresos.
Por ello, desde la seguridad de que ninguno de los grupos de la oposición es capaz de suscitar un consenso superior al del Gobierno en este Parlamento en torno a esta cuestión, creemos sinceramente que una propuesta para el consenso es esta.
Creemos que es una propuesta muy razonable para la generalidad de las fuerzas políticas aquí presentes, probablemente sin contentar del todo a nadie, pero sin que se condenase a los perceptores de la renta de garantía de ingresos a una subida de 1,5 % idéntica a la del ejercicio anterior, sean perceptores pensionistas o no.
Quiero entender que, a tenor de las manifestaciones hechas días atrás por algún grupo político, así se ha apreciado, cosa que...
...pensionistas o no.
Quiero entender, que a tenor de las manifestaciones hechas días atrás por algún grupo político, así se ha apreciado, cosa que agradezco.
Además, por otro lado, este proyecto de ley, también prevé la derogación de la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018; norma legal aplicable en virtud del régimen de prórroga durante el ejercicio 19.
Esta disposición introducida por primera vez en el ejercicio 2012, con la finalidad de contener el déficit, hace referencia a la reducción de la cuantía de determinadas ayudas, subvenciones y prestaciones económicas, y en particular a la reducción en un 5 % de las prestaciones establecidas en el Decreto 177/2010 de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral y su normativa de desarrollo.
Cambiando de perspectiva, en lo que respeta a los créditos necesarios para la financiación de las medidas de gasto previstas en los tres proyectos de ley, que ascienden a una cantidad de entorno de 247 millones de euros, se prevé su financiación con cargo a los ingresos obtenidos por las mayores aportaciones previstas para este ejercicio 19, por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas de octubre, así como con cargo a remanentes de tesorería.
La disposición de mayores ingresos durante el presente ejercicio permite, en consecuencia, proceder a la financiación de las medidas previstas, sin prejuicio de respetar el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos, en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Hasta aquí el contenido de los proyectos, pero no quisiera terminar esta intervención, sin hacer una breve reflexión sobre el procedimiento abreviado elegido por el Gobierno para la tramitación de esta norma.
Ciertamente, ha resultado un tanto sorprendente la crítica y el recelo con la que ha sido acogida la lectura única, para la en principio única ley que incorporaba las medidas de corte presupuestario ahora presentadas.
Y digo sorprendente, porque ni es la primera vez en esta legislatura que se ha usado este procedimiento reglamentario, ni en las legislaturas anteriores ha resultado una cuestión extraña, y nunca ha sido cuestionado como posibilidad que le reglamento parlamentario otorga al Ejecutivo, máxime, cuando este carece de la facultad de dictar decretos leyes.
La elección de este procedimiento, cuya adecuación reglamentaria ha sido rotundamente refrendada por los servicios jurídicos de esta Cámara, hizo precisamente que el contenido del proyecto, ahora proyectos, fuera de mínimos, es decir, sin incluir medidas presupuestarias y desorbitantes, sin por menores de gastos departamentales, y en fin, sin modificar sustancialmente los créditos prorrogados.
Además, este Gobierno informó varias veces a los grupos de la oposición de su contenido, en a mí juicio, un natural ejercicio de responsabilidad y trasparencia públicas, con el fin de recabar su opinión en relación al contenido de las medidas y la viabilidad de su aprobación por el Parlamento.
No se trataba, como he señalado anteriormente, de reabrir el debate y la negociación sobre el contenido y alcance de los presupuestos para el presente ejercicio, sino de pulsar la opinión de los grupos de la oposición en torno a la aplicación de estas medidas, y en lo posible, con citar su adhesión o apoyo de cara a la aprobación de dichas medidas por este Parlamento, aunque fuera una norma pasiva mediante su abstención.
También debo decir que ninguno de estos grupos planteó durante las conversaciones mantenidas con los mismos, reservas u objeciones en torno al contenido elegido, ni tampoco propuso la eventual inclusión de otras medidas de naturaleza similar.
Por lo tanto, difícilmente puede acusarse al Gobierno de pretender actuar con soberbia frente a la oposición y de vulnerar sus derechos a debatir o a enmendar las iniciativas legislativas del Gobierno.
Tampoco parece haberse cuestionado este procedimiento de lectura y votación única en la convalidación de reales decretos leyes con similar contenido en otras cámaras parlamentarias, e incluso con minorías mucho más exiguas.
Ez da prozedurari begira egoteko unea, eta ikusi behar dugu neurri hauek berehalako onura zuzenak ekarriko dizkiotela Euskadiko 150.000 familia baino gehiagori.
Neurri positiboak dira, hauteskunde kontuetan sartzen ez direnak eta beharrezkoak eta umiltasunarekin, lege proiektu hauetarako zuen aldeko iritzia eskatzera nator, seguru nagoelako arrazoizkoak, zuzenak eta euskal gizarte osoarentzat onuragarriak direla ulertuko duzuela.
Creo que no es tiempo de mirar al procedimiento y si procede, ser conscientes de que estas medidas van a beneficiar de forma inmediata y directa a más de 150.000 familias vascas. Creemos que son medidas positivas, y por ello sin electoralismo y con la humildad debida, vengo a pedirles su apoyo a estos proyectos de ley, en la seguridad de que los encontrarán razonables, justos y beneficiosos para toda la sociedad vasca.
Eskerrik asko.