GUANCHE SUÁREZ (EP, 2017-06-15):
Baina ez errolda bera helburua balitz bezala, baizik eta eskubideak lortzeko tresna bezala.
Creo que para ello lo lógico es empezar por definir a qué nos referimos cuando hablamos de estas dos cosas. La exclusión residencial constituye una manifestación de la exclusión social relacionada con el acceso al bien básico que es la vivienda.
Tiene múltiples definiciones y espacios desde donde acercarse a ella. Podemos entender que nos referimos al hablar de exclusión residencial a aquella que abarca toda situación individual o familiar en la que no se tienen resueltas las necesidades de alojamiento. Esta definición abarca una amplitud que implica a las personas abocadas a vivir en situación de dependencia o en condiciones de infravivienda y se habla de que puede tener un carácter estructural o coyuntural.
Hay otro tipo de definiciones o planteamientos teóricos que dicen que no se puede aislar la exclusión residencial de la exclusión social y, por lo tanto, son fenómenos que van de la mano.
En Euskadi, la definición más consensuada y que se utiliza tanto por el tercer sector, impulsor sin parangón del trabajo tanto teórico como práctico con personas sin hogar, como el que se utiliza las instituciones vascas que han ido tomando de referencia los avances en este sentido es la que propone Feantsa y que se conoce como definición Ethos; una definición que pretende establecer un lenguaje común para poder emprender procesos consensuados de trabajo.
Esta definición hace referencia a cuatro tipologías: personas sin techo, personas sin viviendas, personas con vivienda insegura y, por último, con una vivienda inadecuada. Es importante señalar que dentro de las diferentes definiciones se contemplan diferentes situaciones. Por ejemplo, dentro de vivienda insegura se contempla el hecho de vivir sin título legal, sin un contrato de arrendamiento, con familia o amigos de forma involuntaria.
Por otro lado, cuando hablamos de empadronamiento, hablamos del registro donde figuran todas las vecinas o vecinos que viven o residen actualmente en un municipio. Según la Ley de Bases de Régimen Local, que regula este registro, toda persona que viva en el Estado tiene la obligación de empadronarse en el municipio que resida. Y dicho esto, voy al motivo de la iniciativa.
Planteábamos en la justificación de la misma que en Euskadi hay 2.300 personas en situación de exclusión residencial, centrándonos en la exposición en aquellas que se encuentran en la parte más vulnerable de las categorías, que son las personas sin hogar. En este sentido, hoy tenemos una oportunidad de visibilizar que lejos del imaginario colectivo que asocia la exclusión residencial con hombres en situación de calle, por ejemplo, el último informe sobre exclusión residencial nos pone en relevancia la perspectiva de género, ya que revela, por ejemplo, entre otros, el perfil de sinhogarismo encubierto en las mujeres.
Esta es una de las cuestiones que podemos encontrar: Mujeres en situación de trabajo interno, mujeres que comparten piso con terceras personas para constituir redes de apoyo mutuo, mujeres que despliegan estrategias para evitar la calle o utilizan recursos residenciales. Esta es una de las situaciones, pero existen otras.
Sabemos que las administraciones vascas han dado pasos importantes en esta materia. Sabemos que se ha avanzado, hacen trabajo estratégico para abordar las problemáticas de las personas sin hogar y sabemos también que se va a poner en marcha en breve una estrategia vasca de personas sin hogar. Lo aplaudimos y, de hecho, estamos dispuestas, como siempre, a aportar en lo que podamos y en lo que tengamos cabida.
Sabemos también que desde julio del año 2016 existe un protocolo de colaboración institucional que contribuye  - leo textual -  "a organizar y formalizar la investigación en el seguimiento y los análisis de las situaciones de exclusión residencial grave en la comunidad autónoma". También aplaudimos y también estamos dispuestas, como, siempre a aportar en lo que podamos y en lo que tengamos cabida.
Sabemos también que, dentro de los múltiples factores que afectan a la exclusión residencial, hay un elemento clave que es el empadronamiento.
Porque el empadronamiento es una llave de acceso a los derechos: al derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho a la vivienda, al derecho a la garantía de ingresos, al derecho a los servicios sociales, excepto en algunos casos en los que no se solicita inscripción. Y es por eso que hoy venimos aquí a presentar una proposición asentada en tres ideas.
Por un lado, la necesidad de abordar la exclusión residencial más allá del sinhogarismo, con todos los elementos institucionales implicados e impulsado por el Gobierno como agente entendemos esencial a la hora de liderar estos temas y tomando como referencia que es desde el Gobierno desde donde parte la estrategia de personas sin hogar.
Entendemos que esta estrategia de personas sin hogar es una pata fundamental para este trabajo, entendemos que además es de justicia tomar de referencia los espacios existentes de los cuales yo desconocía en el momento de presentar la moción. La necesidad de realizar un diagnóstico es otra de las ideas sobre las que asentamos esta propuesta, con una mirada amplia siempre sobre la exclusión residencial, entendiendo que el acceso al empadronamiento posibilita o frena el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y que es un elemento fundamental a tener en cuenta para abordar dicha amplitud.
Y por último, incorporar este diagnóstico a la estrategia vasca de personas sin hogar, como no puede ser de otra manera, porque entendemos que es la herramienta de trabajo fundamental.
Que en esta estrategia se contemple además una mirada técnica sobre el empadronamiento y las problemáticas de acceso. Porque no tener una vivienda es un drama, tener vulneración de derechos es un drama para muchas personas. No tener empadronamiento a veces es mucho más importante que no tener una vivienda o por lo menos tan importante como, porque supone trabas en el ejercicio de derechos de la ciudadanía.
Entendemos que desde ahí es importante dar un paso más de los ya dados hasta ahora en el abordaje de problemáticas que tienen que ver con la inclusión social, es importante conocer cuáles son las dificultades que encuentra la ciudadanía a la hora de acceder a esta llave fundamental.
Según la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, todas las personas, insisto, todas deben estar empadronadas en el municipio de residencia habitual. Sabemos que no es competencia de este Parlamento determinar lo que hagan o dejen de hacer los municipios, pero sí que en esta estrategia los ayuntamientos están incluidos y el Gobierno lidera.
Sabemos además, también, que en una resolución de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales se establece que la inscripción en el empadronamiento ha de ser independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, sobre las circunstancias físicas o de otra índole que afecte al domicilio, considerando incluso la ausencia total de techo como una de las situaciones que pueden darse, pero no la única.
Sabemos también que hay municipios que han emprendido iniciativas para poner en marcha padrón ficticio, padrón social. Sabemos que esto es una solución, pero también sabemos que esto no se da en la totalidad de los territorios de Euskadi. Además, entendemos que este trabajo que hoy proponemos y acordamos puede ayudar, por un lado, a saber cuántas personas viven aquí, pero no constan para nadie.
El protocolo interinstitucional afirma que hay un déficit de estadísticas y estudios específicos que recopilen datos sobre la incidencia y las características socio-demográficas del colectivo de personas sin hogar. Desde el año 2010, se están haciendo esfuerzos en este sentido, se están haciendo recuentos en salas nocturnos bianuales. Se están diagnosticando las dificultades existentes en este ámbito, pero no se aborda o no se aborda en la magnitud que entendemos que sería necesario los problemas de acceso al empadronamiento, que entendemos que además contribuiría a subsanar esos déficit que nos nombra el protocolo.
Además, creemos que es importante y que esto puede ayudar a dejar constancia de las consecuencias que para muchas personas tiene es impedimento de acceso al padrón y, además, entendemos que las personas que conforma la comisión tienen criterio más que suficiente para poder proponer soluciones a estos problemas y entendemos también, y por último, que hoy estamos dando un pequeño paso en la futura mejora de esas dificultades de acceso a los derechos y, desde ahí, me toca agradecer, como no puede ser de otra manera ,la generosidad de quienes hoy han hecho un esfuerzo para encontrar acuerdos.
Creo que este es un buen acuerdo, ya he dicho en una de mis primeras intervenciones en esta tribuna que en materia de políticas sociales nos toca buscar acuerdos, no sacar réditos. Entendemos que toca mejorar lo que existe con una mirada larga, con paso corto, con ganas y con soluciones creativas, participadas, en las que todas las personas tengamos cabida y en la que, desde luego, el horizonte sea mejorar las condiciones de las personas que, consten o no consten en los registros, son también nuestras vecinas.
Besterik gabe, mila esker.