MARTÍNEZ HIERRO (EP, 2017-06-22):
Eskerrik asko, presidente andrea.
Badator gaur gai bat ez naiz asko luzatuko, zeren azkenean gehiena jada esanda dago eta kontatuko dago. gaienera, esan den bezala ere, gai hau askotan tratatu egin dugu bai egon diren agerraldietan, ni Itelazpiren zuzendaritza ikusita edo baita ere Ariñezko Batzordeko presidentea esan genuen duela gutxi, Ariñez kasu honetan izan dela afektatu bat edo lan asko egin duena borroka honetan beraien mendietako okupazioa dela eta.
Lehenik eta behin, poztea ere izan dugun akordioagatik, poztu bazelako momentua Eusko Jaurlaritzak, behar genuelako Eusko Jaurlaritzak parte hartzea akordio hauetan edo alderdi (...) edo Jaurlaritzan dauden alderdiak parte hartzea, azkenean Itelazpi enpresa, enpresa publiko bat da % 100 eta beharrezkoa delako egoera oso (...) batekin bukatzeko, baina, nik uste dut, beharrezkoa dela azaltzea zeintzuk diren gaur izandako gaurko akordioaren puntua eta zergatik edo zeintzuk dira kausa akordio honetara heltzeko.
El primer punto del acuerdo, refiere a materializar un acuerdo entre las entidades locales alavesas, la Diputación e Itelazpi SA, para establecer unos requisitos de uso de los espacios ocupados por las antenas, por las torres entre los cuales, en este punto que hemos aprobado, se incluye la contraprestación económica, que es donde está una de las grandes partes de la cuestión, el meollo, porque, al fin y al cabo, es importante señalar que los reclamantes, que son concejos o juntas administrativas, son entidades locales para las cuales obtener la prestación o no por el uso de su monte supone una gran diferencia.
También el tercer punto llama a editar y trata de evitar la judicialización de los acuerdos establecidos, a nosotros nos gustaría que directamente de dijera que no se van a judicializar estos acuerdos, como ya ha pasado, pues ya que hay precedentes y existe, esto ya ha sucedido, como el recurso que interpuso Itelazpi y el que interpuso el Gobierno Vasco contra la Orden Foral 471/2014, de 31 de octubre, que trataba de regularizar la ocupación del repetidor ubicado en Zaldiaran, una Orden Foral que fue anulada por la caducidad del procedimiento.
La Junta Administrativa de Ariñez, que es la afectada en el caso que hablamos, ha vuelto a solicitar en febrero de 2017 la regularización de la ocupación por el uso privativo del monte de utilidad pública.
El servicio de montes de la Diputación de Álava y la asesoría jurídica han empezado otra vez ya a trabajar, o empezaron a trabajar en la redacción de una nueva orden foral en contenido y forma para regularizar la ocupación del repetidor al considerarse una utilización privativa, y esto queda claro, de una parte de un monte catalogado en una entidad ajena al titular de ese monte y, por tanto, sujeta a concesión administrativa, fijando las condiciones de utilización de esta ocupación.
En el caso de Kontrasta también, otra junta administrativa afectada, otro concejo afectado por esto, igualmente se hizo una Orden Foral, 161/2016, que fijaba un canon de ocupación y tuvo el mismo resultado que la Orden Foral anterior.
Son el comienzo de otros muchos ayuntamientos o juntas administrativas que tienen el mismo problema. Si ya es sorprendente que no se pague ningún canon, más lo es que la mayoría de estos centros de telecomunicaciones no cuenten con la autorización correspondiente de la Diputación Foral, que es la institución competente para regular las actuaciones en los montes.
En Araba, de los 33 repetidores, solo uno cuenta con este permiso, que es concretamente el de Aspárrena, por el centro emisor de Araia, siendo al único al que se paga el correspondiente canon de 4.109,52 euros anuales. Los 32 restantes repartidos por toda la geografía alavesa no disponen de la correspondiente autorización administrativa de las diputaciones forales.
Si no me equivoco, en Euskadi hay...
...repartidos por toda la geografía alavesa no disponen de correspondiente autorización administrativa de las diputaciones forales.
Si no me equivoco, en Euskadi hay 63 torres de las que únicamente 16 cuentan con las condiciones legales correspondientes. La cifra de los centros de telecomunicaciones sin autorización alcanza los 45. Itelazpi sí que cobra a las empresas por la utilización de estas infraestructuras. Según su propia memoria, la cifra del negocio el año pasado se elevó a 12,6 millones de euros.
Aquí también hay una disparidad de opiniones sobre todo si tenemos en cuenta la del director de Itelazpi que cuando compareció aquí planteó una percepción sobre lo que es una empresa pública que nosotros desde luego no compartimos. No compartimos, desde luego, el hecho de que de ser una empresa pública permita usar sin ningún tipo de condiciones el terreno público pero tampoco compartimos el hecho de que el servicio que estas torres están dando es público porque no lo es.
Planteaba el director de Itelazpi que la ley obliga a las compañías de telecomunicaciones a cubrir unos mínimos de cobertura y planteaba  - o así yo entendí -  que este hecho y el bien necesario que suponen estas redes de telecomunicaciones convierten a estos servicios en servicios públicos.
Nosotros obviamente no compartimos eso porque evidentemente son servicios que ofrecen empresas privadas que pagan por la utilización de las torres y generan ingresos a Itelazpi por esta utilización, y que luego se benefician económicamente del negocio que tienen del cual esta red de telecomunicaciones es parte.
Para Itelazpi la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas contempla el seguir manteniendo la actividad de forma gratuita porque no hay utilidad económica para el concesionario, obviando como ya he dicho que el servicio de telecomunicaciones no es un servicio público desde el año 2003 y obviando también el peritaje de los ingenieros de la UPV que tras dos años, siete meses y trece días de espera pudieron acceder al centro emisor realizando una inspección que evaluaba en 1.343.000 los ingresos anuales de la estación que Zaldiaran.
Como ya he dicho antes, Itelazpi omite en sus manifestaciones o lo planteado en las comparecencias aquí que, a partir de la Ley 32/2003, las telecomunicaciones no revisten en carácter de servicio público salvo para la defensa y la protección civil. Y además, como ya se ha dicho también, la Norma Foral de Montes, la 11/2007 de la Diputación Foral de Álava, no contempla en ningún casi la gratuidad de la ocupación de un monte catalogado ni siquiera para concesiones de interés general declaradas por el Estado o de interés para el territorio histórico o de utilidad pública.
Es paradójico además el no abonar a las juntas administrativas mientras que Itelazpi abona un canon anual al Gobierno Vasco y que empresas vinculadas al Ejecutivo para a Itelazpi por los servicios prestados por esta, que una empresa pública como Itelazpi con las cifras de negocio que llevan a cabo recurra el canon de ocupación del suelo que nos suponía unos 21.000 euros para la Junta Administrativa de Ariñez exigiendo la devolución de lo cobrado y las costas del juicio  - esto es unos 30.000 euros - , la verdad es que suponen un ejercicio de soberbia intelectual, un abuso de poder que (...) administraciones.
Era necesario reconocer por el Gobierno Vasco el canon o la contraprestación económica que se deben pagar por el uso de estos montes. Por eso nos alegramos de que este concepto esté presente en el punto 1 incluida además la retroactividad de estos pagos si legalmente así fuera posible. Debe compensarse a las entidades titulares de los montes y hay que estudiar las diferentes opciones y regularizar todas con rigor y responsabilidad porque evidentemente los juicios son malos para todos. Hay que definir criterios de valoración para evitar que los tribunales entiendan que son criterios injustificados.
Ya se alcanzó un acuerdo al respecto en las Juntas Generales de Araba y nos alegramos también que se haya alcanzado un acuerdo hoy aquí.
Eskerrik asko.