TELLERÍA ORRIOLS (EAJ, 2013-02-14):
Legebiltzarreko presidentea, sailburuak, lagun guztiok, egun on denei.
Es mi primera intervención ante un Pleno y ante el orgullo de hacerlo se confronta a pesar de mi prolecita edad y supuesta experiencia una tensión nerviosa que no puedo evitar y que espero puedan disculpar. Tampoco parece la mejor manera de afrontar mi debut hablar de catástrofes pero no puedo elegir en la temática del estreno.
No obstante, sí estoy satisfecho por haber pactado de una manera amplia el texto tanto con la proponente como con otros grupos: Un poco de racionalibilidad, otro de sentido común y, cómo no, en un día como hoy alguna gota de San Valentín puede que haya ayudado a lograr el acuerdo.
La propuesta del PP, hecha por voz y pluma de la señora López de Ocariz, tiene una lógica ante la situación generada por unas circunstancias meteorológicas. Esperando a que el Gobierno Vasco (que en general se le echa la culpa de casi todo( quede eximido de la meteorología más o menos adversa, no porque todavía no haya sido transferida, sino básicamente porque los hados son un negociado ajeno. Este pacto parece que de momento no ha provocado una tempestad pero ya esta mañana algún chaparrón ha caído.
Efectivamente, las lluvias y las nevadas de los días de enero a que se refiere la proposición dejaron una huella a su paso por algunas zonas de Araba provocando daños de grosor en cultivos, caminos e infraestructuras.
Constatado los hechos, la proposición inicialmente presentada solicitaba (con buena lógica( la declaración urgente como zona catastrófica de las comarcas afectadas. A partir de ahí acudimos a la ley para declarar cualquier cosa.
La Ley de Política Agraria Alimentaria del País Vasco en el artículo 83 prevé precisamente esta posibilidad, bien porque lo toma la decisión el departamento competente o bien la propuesta de la Diputación Foral, que es lo que ocurrió.
Con salida del 4 de febrero, cuatro días después de que se presentara esta proposición, la Diputación Foral de Araba se dirigió al Gobierno y solicitó la declaración de zona catastrófica. Remitió un informe y evaluaba supuestamente los daños producidos por el tiempo. La idea era buena porque sólo cuando se sabe la dimensión del daño provocado se puede estimar la amplitud de la catástrofe o del desastre o de lo que sea que se haya producido.
Conozco que se ha efectuado algún informe posterior más completo pero el que hasta el momento tiene el Gobierno y el que motivó la solicitud de la declaración de zona catastrófica no es muy completo. Muestra algún cuadro con municipios afectados, algunas fincas, describe brevemente afectaciones a caminos y pistas sin más datos parciales.
Eso sí, al final, como en las facturas aparece una cifra: 1.269.175 euros. No pusieron céntimos porque supongo que les dio apuro. Añade el último informe que envían como coletilla que se siguen recibiendo llamadas de afectaciones de otros lugares y que esos daños pueden ser elevados gutxi gorabehera a 500.000 euros redondos. Y que por tanto, el monto total del coste es de 1.769.175 euros. Pues eso, que pasaron 2.000 sitios: Primero uno, luego otro y luego unos mil.
Insisto, creo que el informe se ha mejorado pero éste el que cito es el que utilizó para solicitar la declaración. Y claro, no es muy contundente para poder hacer. Eso por un lado, porque en el fondo ¿cuándo estimamos que se ha producido una catástrofe o cuándo un daño menor? ¿Cuándo se aplica el protocolo previsto en la ley?
A partir de ahí, yo lo primero que acudo es al diccionario y el diccionario dice: "Catástrofe: suceso infausto que altera gravemente el orden de las cosas". No he conseguido nada. Catástrofes serían cantidad de cosas que nos ocurren cada día. Voy a la ley. La Ley dice "que se hayan sufrido daños y pérdidas sustancialmente importantes en las producciones agrícolas, ganaderas y forestales". ¿Qué es sustancialmente importante?
Falta el manual. La ley puso la doctrina. El compromiso de la Administración y particularmente del Gobierno para actuar en caso de perjuicio a la agricultura y ganadería por daños provocados por meteorología, pestes y epidemias (creo que pone( pero la doctrina necesita un manual, un catecismo y ése todavía no lo han escrito.
Es obvio que una tormenta puntual y local, por ejemplo, que ahoga unos tomates cherry que tiene uno en la terraza o un rosal pues no es una catástrofe. Puede ser una catástrofe para la persona que lo cuidaba que incluso necesita un mes de psicólogo pero no es una catástrofe en el sentido administrativo de las cosas.
Debemos poner límites para cuando lo es. La propia Ley, que como he dicho apuesta genérica y políticamente por abordar desde la Administración el alivio de daños agrarios, cuando éstos sean generalizados prevé en el artículo 83 la creación de un fondo de catástrofes. Ése es el instrumento para la declaración.
Inmediatamente después, en el artículo 84 dice textualmente "reglamentariamente se establecerá el sistema de gestión de fondo". Pues bien, a día de hoy y pasados más de cuatro años desde la aprobación de la Ley, no se ha reglamentado el fondo.
Lo acontecido, así como el informe enviado por la Diputación de Álava, revelan la necesidad de abordar con seriedad la regulación del fondo; regulación que debería puntualizar el modo de efectuar la evaluación del daño, las administraciones responsables de tales tareas, del contraste, los daños a partir de los cuales un acontecimiento puede ser declarado catástrofe.
Por ejemplo, la propia Ley dice que los beneficiarios podrán ser aquellos que tengan riesgos que no estén incluidos en los planes de seguros agrarios, no que no estén asegurados, que no estén incluidos en los planes. Volvemos a la Ley en el artículo 81 dice que hay que desarrollar los planes de seguros agrarios. ¿A que se lo imaginan? No está desarrollado tampoco.
También dice la Ley que los agricultores beneficiarios tienen que ser agricultores a título principal, que tienen que estar en el Registro de Explotaciones Agrarias. En el informe de la diputación no viene nada de eso. ¿Cómo se va a abordar nada si no sabemos el costo real de afectación a los supuestos previstos en la ley?
Tampoco se dice nada en la Ley de Pistas y Caminos Rurales, que es el mayor daño que se ha provocado. No quiere decir esto que no puedan incluirse en su momento en el reglamento pero, insisto, en la Ley no aparecen como daños auxiliales. Tampoco se dice el porcentaje de daño que hay que subvencionar o auspiciar o el método si es por intereses de bancos, si es por subvención directa.
La Ley cita que las administraciones públicas vascas crearán un fondo de catástrofes con dotaciones presupuestarias. ¿Cuánto ponen las diputaciones? ¿Cuánto va a poner el Gobierno? Es decir, hay demasiadas incógnitas sobre la declaración de catástrofe que sería algo que no significa nada en estos momentos.
Luego, se han añadido dos puntos muy interesantes sobre la necesidad de abordar la prevención, sobre que la gente que tiene que trabajar para que los lugares en los que tradicionalmente hay rebosamientos del agua intentamos evitarlos los primeros frente a otros donde se pueda trabajar. Y nos consta que hay una cantidad de convenios entre administraciones y lo único que estamos pidiendo es que prioricen en la medida que puedan esas zonas que tradicionalmente se vienen rebosando.
El Gobierno Vasco en 2008, al hacer la Ley de Política Agraria Alimentaria del País Vasco, efectuó un gran avance normativo y político al abrir posibilidades para el impulso de estas actividades en Euskadi. Eso sí, lo hizo con el sentido de un marco legal amplio que después debía desarrollarse. Se ve que en algunos temas no se hizo y el actual Gobierno deberá de cubrir los déficits del anterior.
Por todo ello y volviendo a efectuar una alabanza de una ley innovadora, entiendo que lo razonable para que no quede en papel mojado muchos avances de la misma, se requiere un esfuerzo que aborde aquellos aspectos normados y no reglamentados para que la legislación se pueda aplicar con rigor.
No olvidemos que la Ley en su Disposición Final Tercera dice: "El Consejo de Gobierno en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley aprobará las disposiciones en aplicación y desarrollo contempladas en la misma". Y esta norma que pone la ley es independiente de si el Gobierno que tiene que hacerlo, apoyó o no apoyó la ley, le gustó o no le gustó la ley; lo tiene que hacer.
La ley entró en vigor exactamente el 1 de enero de 2009, no el 15 de marzo, ni el 16 de noviembre, fechas difíciles de recordar. No, el 1 de enero del 2009, facilísimo de saber. Una vez más el PNV va a tener que hacer lo que no hizo el Partido Socialista.
Muchas gracias.