LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-01-31):
Gracias señora presidenta. Buenos días a todos.
La verdad es que este tema fué uno de los últimos de la anterior legislatura y debemos, por desgracia, empezar en parecidos términos en esta legislatura.
La justicia gratuita como medio para hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en nuestro ordenamiento constitucional en el Artículo 24, de aquellos que carecen ingresos suficientes, necesita de recursos y de una regulación adecuada. De otra forma, pueden verse afectados los derechos de los ciudadanos, los de los letrados que prestan el servicio y el propio sistema judicial.
El pasado 1 de septiembre sin acuerdos, sin conversaciones que fructificasen, entró en vigor el nuevo Decreto 2010/2012 regulador de la Justicia Gratuita en el País Vasco.
Tras más de tres años de infructuosas negociaciones entre el Departamento de Justicia y los colegios de abodagos que, como digo, no han llegado a ningún término.
Decreto que ha desmontado un servicio que funcionaba bien y al que se destinaban unos recursos razonables. Mucho se ha debatido en esta Cámara sobre este Decreto y sobre la procedencia de él mismo.
Como dijimos en esos debates, a pesar de la complejidad de muchos asuntos, efectivamente el servicio funcionaba correctamente y tanto los profesionales como los usuarios estaban razonablemente satisfechos, siendo el número de quejas muy pequeño en comparación con el volumen de asuntos tramitados.
A pesar de esto, a pesar de este correcto funcionamiento, como decia, desde el principio de la anterior legislatura el Departamento de Justicia dejó clara la empecinada intención de modificar el decreto, con el interés, en parte, de tener un control absoluto del turno de oficio, control que no procede, ya que quienes forman parte de este turno son profesionales independientes y no funcionarios.
Con la justificación de hacer un uso transparente de los fondos públicos, como si hasta ese momento ese uso no se hubiera hecho. El Partido Socialista, al frente...
...con la justificación de hacer un uso transparente de los fondos públicos como si hasta ese momento ese uso no se hubiere hecho.
El Partido Socialista al frente del Gobierno de España puso de manifiesto la intención de modificar la Ley de Justicia Gratuita, ley que tras más de 15 años de vigencia y ante una muy diferente situación socioeconómica y jurídica es cierto que debe ser reformada. Esta reforma finalmente, como en tantos otros asuntos, quedó en un mero anuncio. El actual gobierno del Partido Popular sí tiene ya un anteproyecto de ley de justicia gratuita.
Ante la posibilidad de esa reforma, ya se puso de manifiesto que dada la ausencia de quejas y de problemas del anterior Decreto regulador de la justicia gratuita en el País Vasco, era procedente esperar a la nueva ley y después plantease la adaptación de nuestro Decreto a la misma. Y en todo caso, si se empecinaba en realizar el anterior departamento cambios en nuestra regulación, el objetivo debiera de haber sido mejorar el servicio y su calidad. Y evidentemente no lo contrario, que es lo que se venía denunciando lo que iba a ocurrir y lo que finalmente ha sucedido.
Además la modificación debería de haberse hecho de acuerdo con aquellos que van a gestionar y prestar el servicio con los profesionales, con los colegios de abogados, cosa que tampoco ha sucedido. Los colegios de abogados representando a los que son un puntal del sistema en la negociación del Decreto velaron por los derechos de los profesionales y por el correcto funcionamiento del servicio de justicia gratuita para todos los vascos, a pesar de los ataques que desde la más absoluta demagogia se les hizo desde el departamento de que únicamente estaban defendiendo sus intereses.
El borrador de Decreto que se presentó para las negociaciones era un glosario de eficiencias. Se inmiscuía en el funcionamiento de los colegios profesionales y aumentaba la burocratización. Establecía una obligación en el profesional de perseguir a los solicitantes para que tramitasen la justicia gratuita o sino, tramitarla ellos mismos cuando debe ser la Administración la que debe de responsabilizarse de la comprobación de la insuficiencia de recursos por parte del beneficiario: Organizaba de forma incorrecta la asignación de letrados de guardia, disminuía los recursos de los colegios y modificaba los módulos de compensación, entre otras cosas.
Ante esto los colegios de abogados mostraron discrepancias con el Decreto desde el principio, desde su planteamiento, dejando patente las disfunciones materiales y de fondo, así como formales de la nueva regulación planteada.
Comenzaron las primeras conversaciones que llegado a un punto se atascaron, por lo que a propuesta de este grupo, esta Cámara se pronunció el 17 de octubre del 2011 para que el Departamento de Justicia siguiese negociando hasta alcanzar un consenso sustancial en torno al nuevo decreto previo la aprobación del mismo.
Pero como hemos dicho en muchas ocasiones, lo que se pretendía con esta propuesta finalmente aprobada por esta Cámara era abrir una vía de entendimiento para corregir y en su caso eliminar esas disfunciones que ya he dicho contenía el borrador y procurar que las modificaciones se hiciesen teniendo en cuenta la opinión de los colegios de abogados y ahora que todo ello redundaría en beneficio de los usuarios del turno de oficio y el propio servicio de justicia gratuita.
Pero las actuaciones del anterior departamento en este asunto estuvieron totalmente alejadas de las que hubiese procedido si se hubiese querido llegar a algún tipo de acuerdo. No hubo ninguna intención de llegar a este acuerdo, ninguna intención de negociar, ni siquiera se contestaron a las 45 páginas de alegaciones presentadas por el Consejo Vasco de la Abogacía. Lo que sí hubo fue intención de obviar los mandatos de esta Cámara.
Incluso, se llegó a advertir de la creación de una oficina de turno de oficio; idea que se desechó probablemente porque la complejidad y el costo, como ya hemos dicho aquí en alguna ocasión, hubiese sido mucho mayores ya que hubiesen tenido que dar medios materiales y medios personales que desde luego se hubiesen llevado muchos más fondos públicos.
Esas disfunciones y defectos del Decreto que se denunciaban por parte de los colegios de abogados y que se pusieron de manifiesto en esta Cámara han quedado patentes de forma absoluta tras la entrada en vigor del Decreto. Y lo que se venía diciendo que el nuevo Decreto iba a empeorar el servicio, es ahora ya no una advertencia, sino una realidad. No beneficia a nadie: Ni a los letrados que presta el servicio, ni a los usuarios del mismo, ni al propio servicio.
En el tiempo que lleva en vigor se ha puesto de manifiesto que puede incluso haber casos de indefensión, ya que las designaciones puedan demorarse hasta que se dé el reconocimiento del derecho de justicia gratuita, cosa que antes no procedía. Ya sabemos que la justicia tardía es menos justicia y que estos retrasos se podían haber evitado si se hubiese mantenido la anterior legislación.
Por ello, en primer término, es necesario una simplificación de los trámites que el actual Decreto contiene. La Exposición de Motivos del Decreto no dice la verdad cuando señala que la regulación clarifica las funciones. Más bien al contrario. Muchos trámites aparecen regulados de forma inteligibles resultando muy complicados, tanto para el beneficiario de justicia gratuita como para los propios profesionales.
Y además, el Decreto provoca que el letrado más que de la defensa tenga que ocuparse de los tramites de petición de justicia gratuita. Les obliga a actuar más como administrativos que como abogados, les obliga a estar más pendiente de un expediente administrativo quitándole tiempo y esfuerzo a la defensa del asunto.
También es necesario que se regule de forma distinta la prevista en el actual Decreto el número de letrados de guardia. El control de la gestión del servicio no debe corresponder al Gobierno Vasco –ya que no le compete–, sino a los propios colegios que lo han venido realizando con absoluta transparencia y eficacia.
Lo adecuado es que sean los propios colegios en coordinación con los órganos judiciales y los policiales los que determinen el número de letrados que deben estar de guardia en cada partido judicial, en función de las necesidades y de la carga de cada uno de ellos.
Con el nuevo Decreto, los colegiados estén o no adscritos al turno de oficio son los que sufragan parte de la organización de este servicio, ya que por parte del Gobierno Vasco no se abona la integridad de todos los costes administrativos que conlleva la gestión de la asistencia jurídica gratuita, es decir, el servicio de orientación jurídica, el turno de oficio y la asistencia al detenido.
Otra de las disfunciones del Decreto es el cobro de los honorarios por parte de los letrados. Como dije en esta Cámara, pareciera que el anterior Gobierno pretendiese garantizar el derecho de justicia gratuita a costa de no pagar a los abogados.
Por tanto, los colegios de abogados lo que solicitaban y siguen solicitando es una solución a los llamados casos fallidos, es que independientemente de lo que haga su defendido en la tramitación del beneficio de justicia gratuita, el abogado si interviene –si trabaja– deba cobrar.
Si finalmente no se tiene derecho al beneficio de justicia gratuita, porque nosotros estamos de acuerdo que solo aquellos que cumplan las condiciones deben tener garantizado este derecho, la Administración reclamará al justiciable. Pero lo que no debe suceder es que al final como digo el letrado trabaje sin que su labor se vea remunerada.
En el borrador del proyecto de ley de justicia gratuita así se contempla, que los profesionales cobren en todo caso sin perjuicio de que se pueda repetir contra quien finalmente no le correspondiese ser beneficiario de la asistencia jurídica gratuita.
Éste es uno de los principales problemas que provoca el Decreto para los letrados que componen el turno de oficio y que provocó que anunciase una huelga y se amenazase con dejar de turnar a partir del pasado 15 de enero.
Como ya hemos dicho, el Gobierno tiene un borrador de anteproyecto de ley de justicia gratuita. Si ese proyecto se transforma finalmente en ley, podría suponer la derogación de facto de más de la mitad del articulado de este Decreto.
Por ello, lo procedente ahora es corregir esas disfunciones: Acabar con todos aquellos problemas que el nuevo Decreto ha dado lugar y que tras la aprobación de la nueva ley de justicia gratuita se proceda en su caso a las modificaciones que procedan a fin de adaptarse a la nueva ley y de mejorar el servicio.
Se presentaron recursos ante el Tribunal Superior de Justicia contra el actual Decreto, aunque es cierto que no se ha formalizado la demanda en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Finalmente, no se ha hecho así porque los colegios han querido dar muestras de voluntad de acuerdo y de llegar a entendimientos dando un margen de confianza al nuevo Gobierno.
Como nosotros, nuestro grupo también es lo que hemos pretendido con la enmienda transaccional que hemos firmado finalmente con el Partido Nacionalista Vasco: Dar un voto de confianza al nuevo Gobierno que se ha mostrado ante los colegios de abogados dispuesto a eliminar todas estas disfunciones que el Decreto ha provocado y a resolver todos los problemas que, como digo, dicho Decreto ha traído.
Y es nuestro grupo lo que solicita es que por parte del Gobierno se aproveche este margen de confianza que si finalmente la enmienda resulta aprobada no se haga como con anteriores mandatos de este Parlamento que se obviaron totalmente y que, desde luego, no se cumplieron como así se establecía.
Nosotros solicitamos de este Gobierno que aproveche este margen de confianza, que no defraude ni las expectativas tanto de este grupo como por parte de los propios profesionales que sí le han dado este margen de confianza, que finalmente se lleven a cabo todas las medidas que fuesen pertinentes para acabar con las disfunciones, para garantizar los derechos económicos, para garantizar un correcto funcionamiento del servicio de justicia gratuita, y de los servicios y órganos que lo prestan.
Esperamos de verdad que este servicio funcione correctamente y que en su día, cuando se apruebe la ley de justicia gratuita, se adapte a la misma. Sin más, solicitar el apoyo para esta enmienda.
Nada más. Muchas gracias.