RUIZ CHICO (EP, 2019-11-29):
Egun on guztioi, señora presidenta, señora Artolazabal. Es para mí un honor subir hoy por primera vez a esta tribuna. Lo es más aún para plantear una cuestión de suma importancia para el futuro de los servicios sociales en Euskadi.
Se ha iniciado la fase de información pública correspondiente al proyecto de decreto por el que se regularán el régimen de concierto social y los convenios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, pero ese contenido aún no ha sido publicado ni es accesible. Así que, a tenor de lo que pueda contener este decreto, me estreno hoy, en este hemiciclo, preguntando al Gobierno y, en particular, a la señora Artolazabal, qué va a hacer el Gobierno Vasco para garantizar unos servicios públicos de calidad que no abran la puerta a la mercantilización de los servicios sociales.
Y hago esta pregunta porque contamos con una Ley de Servicios Sociales aprobada ya hace más de diez años, pero, sin embargo, hay aspectos muy importantes que aún hoy en día todavía no se han regulado ni concretado. Nos preocupa conocer qué cuestiones se establecen en este decreto. Nos preocupa la orientación que este pueda tener; si frente a la indefinición actual va a suponer un paso adelante en la protección de unos servicios esenciales para nuestra sociedad, o si va a suponer un paso atrás abriendo la puerta de par en par a empresas privadas con ánimo de lucro y a fondos de inversión.
Y es que las empresas privadas, los fondos de inversión, los accionistas tienen, lógicamente, como principal objetivo tener el mayor beneficio posible, lo cual es muy legítimo, pero absolutamente incompatible con la prestación de unos servicios sociales con garantías y de calidad. Y esto no es que lo diga yo, es que, por desgracia, tenemos numerosos ejemplos que respaldan esta afirmación. Tenemos, por ejemplo, el caso de Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón, donde hace poco más de un año el servicio fue abandonado por la unión de empresas que la desarrollaba; abandonado porque ya no le salía rentable si no podía seguir explotando a sus trabajadoras. O como ha ocurrido con la residencia de Bizkaia, en el año 2017, cuando muchas de sus trabajadoras estuvieron casi un año huelga para denunciar no solo sus precarias condiciones laborales, sino también enormes carencias en la prestación de servicio. Así, claro, era un negocio lucrativo, que suponía un millón de euros al año en algunos centros, lo que nos lleva a que un fondo de inversión pueda interesarse en la compra de residencia de mayores, como acaba de hacer la sociedad de inversión inmobiliaria Adriano Care, una sociedad de inversión inmobiliaria.
¿Ese es el modelo que queremos? Está claro que un empresario, que un inversor, lo que pone en el centro es el beneficio, legítimamente. La cuestión es qué es lo que quiere poner en el centro este Gobierno en materia de protección social: el núcleo de terceros o las personas a las que tienen la responsabilidad de cuidar y proteger.
Si Euskadi está a la vanguardia, que lo está, en materia de protección social, es en gran medida porque cuenta con una nutrida base de entidades sociales que, lejos de primar dividendos, tienen intrínseca en su ADN la vocación por ofrecer los mejores servicios posibles. Si Euskadi está a la vanguardia en protección social es porque cuenta con una excelente red de profesionales. Y esta suerte, este orgullo que tiene Euskadi de contar con tal valiosos recursos ni llueve del cielo ni se riega sola, requiere de la protección por parte de las instituciones públicas, protección para nuestras y nuestros profesionales del tercer sector. Es por todas estas preocupaciones relativas al buen desarrollo de uno de los iconos de Euskadi, y que se ve cada vez más amenazado, por lo que preguntamos al Gobierno Vasco qué planes tiene, qué va a hacer para garantizar unos servicios públicos de calidad y cómo piensa proteger los servicios sociales de los riesgos que supondría su mercantilización y su apertura definitiva al interés por el lucro privado.
Eskerrik asko.