MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2013-05-30):
Muchas gracias presidenta.
Nos encontramos ante una iniciativa y un tema clásico y habitual de este Parlamento, el tratamiento dispensado por el Estado a las diferentes confesiones religiosas. Lo cierto es que durante la pasada legislatura al menos en dos o en tres ocasiones pudimos debatir este asunto.
Nosotros pensamos que es un tema importante. En definitiva, se trata de una iniciativa que lo que trata de defender es la laicidad del Estado, la separación entre Estado y las diferentes iglesias.
Por lo tanto, nosotros pensamos que el laicismo es algo que está muy relacionado con la propia democracia y esto es lo que hay que defender, otro de esos cambios que España necesita y que durante tantos años se ha venido posponiendo por los diferentes gobiernos de todos los colores.
Podemos recordar que, efectivamente, ya aproximadamente hace dos o tres años planteamos esta iniciativa. Se planteaba esta iniciativa por parte de algún otro grupo, proponíamos instar al Gobierno de España –en aquel momento Gobierno Socialista– a dar todos estos pasos que volvemos a plantear en esa enmienda de transacción sabiendo las dificultades que había porque, efectivamente, el Gobierno de Zapatero no estaba dispuesto a dar los pasos que nosotros consideramos necesarios.
Ahora parece que es todavía más complicado porque, efectivamente, el Gobierno de España está en manos del Partido Popular y goza de una mayoría absoluta.
En todo caso, queremos plantear nuevamente esta propuesta, aunque sea de manera testimonial, porque nos parece que es necesaria.
Lo cierto es que no hay demasiadas cosas que explicar más allá de leer la enmienda de transacción que nosotros hemos conseguido firmar con el Grupo Socialista, a quien agradecemos. Creo que es perfectamente clara y que en esa enmienda de transacción se explica perfectamente qué es lo que nosotros proponemos.
Proponemos instar al Gobierno de España a analizar el marco de relaciones creadas con la Iglesia Católica y con otras confesiones religiosas, definidos por los acuerdos con la Santa Sede y los acuerdos de cooperación de 1992, y la revisión de los mismos, con el fin de asegurar y defender la laicidad del Estado, como un elemento consustancial a la idea de libertad e igualdad, y yo añadiría que con la idea de democracia.
Creo que esto es lo fundamental, asegurar y defender la laicidad del Estado como un elemento consustancial a la idea de libertad e igualdad.
Proponemos instar al Gobierno de España a acometer la oportuna reforma del Acuerdo de 3 de enero de 1979 con la Santa Sede sobre asuntos económicos y la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, a fin de establecer los mecanismos y criterios necesarios –y esto es lo importante– para distinguir entre las actividades de la Iglesia Católica y las restantes confesiones religiosas que se dirigen exclusivamente a la promoción de la fe religiosa de aquellas otras funciones o actividades de índole social o asistencial, y de los rendimientos de aquellos bienes o actividades afectos a cualesquiera explotación de índole económico, a fin de que las actividades de índole social o asistencial tengan los mismos beneficios fiscales que los que disfruta...
…de índole económico a fin de que las actividades de índole social o asistencial tengan los mismos beneficios fiscales que los que disfruta cualquier otra entidad sin fin o ánimo de lucro y, por otro lado, las actividades dirigidas a la promoción o proselitismo de la fe, dogmas o cultura religiosa que no tienen que ser sustentadas y apoyadas por el Estado, y aquellas otras aceptas a una explotación económica carezcan de beneficios especiales teniendo a efectos impositivos la misma fiscalidad que cualquier otro sujeto pasivo en las mismas condiciones.
Proponemos también que el Gobierno de España lleve a cabo las medidas oportunas para establecer un calendario con un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia Católica y del resto de confesiones religiosas, lo cual es algo perfectamente razonable y lógico en un estado que quiera llamarse laico. Y por otro lado, modificar la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Mecenazgo y Fundaciones para que su regulación se adapte a la nueva situación, promoviéndose además la reforma de la Ley Hipotecaria para impedir que la Iglesia Católica se equipare a las administraciones territoriales y corporaciones de derecho público y pueda inmatricular inmuebles y terrenos emitiendo sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito.
El acuerdo sobre asuntos económicos entre el Estado y la Santa Sede establece la exención total y permanente de determinaos inmuebles en la contribución territorial urbana, referencia que en la actualidad debe entenderse realizada de forma inequívoca al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Los inmuebles que quedan exentos del IBI serían los siguientes siempre que su titular sea uno de los entes mayores de la Iglesia Católica: Los templos y capillas destinados al culto y asimismo sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral, la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas, los locales destinados a oficinas, la cura diocesana y sus oficinas parroquiales, los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso, y las universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas, y finalmente, los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas, institutos de vida consagrada.
Para el resto de entidades de la Iglesia Católica siempre que se dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social, se efectúa una remisión a los beneficios establecidos para las entidades sin fines lucrativos.
De igual forma que con la Iglesia Católica, los distintos acuerdos de cooperación establecen la exención en el IBI de determinados inmuebles pertenecientes a las comunidades que forman parte de la federación de comunidades israelitas, a las iglesias integradas en Ferede y a la Comisión Islámica de España y a sus comunidades miembros, tales inmuebles son unos cuantos que aquí no voy a citar porque creo que no merece la pena.
No quiero tampoco que este debate pueda convertirse en un debate técnico. Es un debate claramente político, es un debate en defensa de la laicidad del Estado y de la supresión de todos aquellos privilegios que las diferentes iglesias, que las diferentes confesiones religiosas, vienen disfrutando desde largos años.
Por lo tanto, nuestra propuesta es para suprimir todos esos privilegios sustentados en determinados acuerdos y en determinadas leyes que nosotros proponemos modificar y que proponemos cambiar. Efectivamente, ésta no es una iniciativa –digamos– anticlerical, ni antirreligiosa, sino que es una iniciativa laica; una iniciativa que pretende defender el laicismo, que pretende defender la separación entre Iglesia y Estado.
No vamos a cuestionar la labor realizada por las diferentes iglesias, por las diferentes confesiones religiosas y especialmente por la Iglesia Católica durante largos años. Pero se trata de que no haya ningún tipo de privilegios y de que se den los pasos necesarios para que el Estado español sea realmente un Estado laico que es lo que nosotros queremos que sea.
Creo que es una iniciativa muy oportuna y muy necesaria. Siempre lo es y ahora seguramente más. Estamos en una época de recortes sociales, estamos en una época de dificultades presupuestarias. Estamos en una época en la que las diferentes formaciones políticas plantean incrementos de impuestos que deberían ser pagados lógicamente por el conjunto de los ciudadanos.
En estas circunstancias parece razonable pedir también a la Iglesia Católica exigírselo a través de los cambios legislativos que sean necesarios y las diferentes confesiones religiosas que ellos también paguen los impuestos que en nuestra opinión les debería corresponder.
Ante esta situación de recortes sociales, de bajada de la recaudación de propuestas por parte de los diferentes partidos políticos para incrementar los impuestos, lo normal es que se propongan medidas pospuestas durante demasiados años, propuestas que no tienen otro objetivo que suprimir privilegios, garantizar la necesaria laicidad del Estado y que todos paguen y aporten a las arcas del Estado.
En fin, ésta es la propuesta que nosotros defendemos. Hemos firmado esa transaccional con el Grupo Socialista. No saldrá adelante, no será apoyada y el Gobierno de España no tiene ninguna intención de impulsar todas estas reformas que sean necesarias. Pero valga al menos como testimonio de que en este Parlamento también hay determinados grupos políticos que pensamos que son necesarias impulsar esta serie de cambios.
Lo dicho, iniciativa oportuna y necesaria que lo que pretende es suprimir determinados privilegios de los que goza la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. Se trata de que todos paguen y aporten al sostenimiento de las cargas del Estado.
Nada más y gracias.