MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2013-11-21):
Gracias presidenta.
Lo cierto es que UPyD desde el inicio de su presencia en el Congreso de los Diputados, vino solicitando al Gobierno de España la presentación de un proyecto de ley de transparencia nacional.
Lo hizo en varias ocasiones porque considerábamos que esta ley era fundamental, teniendo en cuenta además que España era uno de los pocos países europeos, quizás el único, que seguía sin contar con una ley de transparencia. Y de ahí las distintas iniciativas que planteamos en el Congreso de los Diputados para poder tener cuanto antes una ley de transparencia nacional, una ley de transparencia digna de ese nombre.
Hace aproximadamente año y medio presentamos nuestro propio proyecto de ley de transparencia en el Congreso de los Diputados. Un proyecto que fue apoyado por todos los grupos de la oposición, pero que fue votado en contra por parte del grupo que apoya al Gobierno.
A partir de ese momento el Gobierno de España presentó su propio proyecto de ley y efectivamente, finalmente, se ha aprobado una Ley de Transparencia Nacional.
Nosotros a este proyecto de ley de transparencia nacional, presentamos la correspondiente enmienda de totalidad, porque considerábamos que era una ley claramente insuficiente. Y presentamos un buen número de enmiendas parciales para tratar de mejorarla. Participamos en todas las ponencias habidas. Quisimos debatir punto por punto cada una de las propuestas planteadas por el Gobierno en ese proyecto.
Creo que es obligación de los grupos hacer ese ejercicio de responsabilidad política, y a pesar de que pudiéramos no estar de acuerdo con la iniciativa planteada por el Gobierno, nuestra responsabilidad no se podía basar únicamente en decir que era un proyecto de ley insuficiente y presentar la correspondiente enmienda de totalidad, sino además de eso presentar enmiendas parciales, un buen número de enmiendas parciales. Y no sólo eso, sino además defenderlas tanto en la ponencia que se constituyó, como en la comisión correspondiente para tratar de minimizar daños y poder tener la mejor Ley de Transparencia Nacional.
Finalmente, a pesar de que se pudieron introducir algunas medidas planteadas por UPyD, el resultado final ha sido claramente insatisfactorio. De ahí el voto en contra de UPyD a esa Ley de Transparencia Nacional.
Creo que es bastante evidente...
...resultado final ha sido claramente insatisfactorio, de ahí el voto en contra de UPyD a esa ley de transparencia nacional.
Creo que es bastante evidente que esta ley de transparencia nacional que ha día de hoy tenemos es claramente insuficiente, no cumple los parámetros europeos, no recoge el derecho a la información como un derecho fundamental y además no recoge tampoco sanciones, y ni siquiera ha sido finalmente una ley orgánica, cosa que nosotros considerábamos fundamental.
Y además, ha sido una ley que se ha tramitado de manera opaca. En fin, ahí están nuestras críticas por lo tanto, a todo ese proceso y al contenido también de esa ley de transparencia nacional, que evidentemente supone un paso respecto a lo que teníamos, que era nada, pero que en todo caso queda lejos de lo que nosotros queríamos tener.
Creo que evidentemente esta ley de transparencia nacional deberá corregirse en el futuro, deberá mejorarse para sobre todo pueda recogerse que el derecho a la información de los ciudadanos pueda ser considerado como un derecho fundamental.
Ya digo que esta ley de transparencia nacional es claramente insuficiente y habrá que modificarla en los próximos tiempos. Nosotros, en todo caso, lo plantearemos en el Congreso de los Diputados.
También es cierto que no basta con aprobar leyes y no basta con aprobar una ley de transparencia nacional o autonómica para que haya transparencia. Creo que lo más importante de todo –más allá de la aprobación de leyes– es, digamos tener una actitud transparente, que creo que es lo que ha faltado por parte de los partidos políticos y de las instituciones españolas a lo largo de las últimas décadas.
Ha habido demasiada opacidad. Ha habido muy poca transparencia y eso ha tenido resultados ciertamente negativos. Ha habido un proceso de alejamiento por parte de los ciudadanos de los representantes políticos, de las instituciones, de los partidos políticos, de los sindicatos o de las asociaciones empresariales al observar que en España, efectivamente, no había la suficiente transparencia, sino que reinaba, sobre todo, una gran opacidad.
Evidentemente, esto deberá cambiarse en los próximos años. La transparencia es absolutamente fundamental para devolver la confianza a los ciudadanos. Ya digo y decía que no basta con la aprobación de leyes, hay que cambiar la actitud de los representantes políticos, la actitud de los partidos políticos para que lleguen a comprender que la información que poseen las instituciones no es una información que sea únicamente de las instituciones, sino que es una información que es de los ciudadanos y que, por lo tanto, los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a exigir y pedir esa información.
Y las instituciones y las distintas instituciones tienen la obligación de entregar esa información al conjunto de los ciudadanos, es decir, la información corresponde a los ciudadanos, la información es de los ciudadanos
Y ya decía que hay que cambiar actitudes. Sin ir más lejos no haría falta, ni hace falta, ningún tipo de ley, por ejemplo, que obligue a los partidos políticos a publicar sus cuentas anuales en sus correspondientes páginas web, sin embargo, lo cierto es que a día de hoy únicamente UPyD lo hace y lo ha venido reclamando al resto de partidos políticos para que ellos también hagan lo mismo.
En principio no haría falta ningún tipo de ley para que los partidos políticos, sin ir más lejos, publicaran sus cuentas en sus correspondientes webs. No se ha hecho así y esto también ha generado desconfianza en los ciudadanos.
Por lo tanto, no se trata sólo de aprobar leyes, no se trata sólo de perfeccionar las leyes existentes, de mejorarlas, sino que sobre todo lo que hay que cambiar en el conjunto de España, sobre todo, es la actitud de los representantes institucionales e incluso también la actitud de los propios ciudadanos.
Creo yo que deberían ser más exigentes en todo lo relacionado con la transparencia y la recepción de los datos que, insisto, son suyos, los datos que tienen las instituciones son de los ciudadanos y, por lo tanto, creo que también los ciudadanos deberían ser más exigentes, más exigentes para exigir todo esto al conjunto de las instituciones y de los partidos políticos.
En España en los últimos tiempos ha habido demasiada opacidad, en España ha habido demasiado despilfarro de dinero público, en España ha habido demasiada corrupción y corrupción política. Todo esto, todo esto se podía haber evitado no solamente con una ley de transparencia nacional digna de ese nombre, sino sobre todo con la actitud de los representantes políticos, con la actitud de los partidos políticos de ser mucho más transparentes y dejar de ser tan opacos como lo han sido en los últimos tiempos.
En España, en los últimos tiempos, en las últimas décadas ha reinado la opacidad, ha reinado el derroche del dinero público y ha reinado la corrupción y todo esto debe cambiarse y, en ese sentido, digamos que la ley de transparencia es un paso más que debería cambiar todo este estado de cosas.
Se tiene que entender que los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a saber qué es lo que se hace con el dinero público, qué es lo que se hace con el dinero que aportan a las arcas del Estado o a las arcas de la Comunidad Autónoma Vasca, tienen todo el derecho del mundo a saber el destino final del último euro que utilizan las diferentes instituciones.
Y creo que hay mucho por andar, hay mucho camino por recorrer, tanto en el conjunto de España como también en Euskadi. Por lo tanto, puesto que no hemos conseguido tener, ni mucho menos, la mejor ley de transparencia nacional posible, una ley de transparencia claramente insuficiente que se aleja de los parámetros europeos, al menos queremos que Euskadi pueda tener su propia ley de transparencia, que incluso pueda o pudiera corregir o completar lo que la ley de transparencia nacional no hace.
En ese sentido va nuestra proposición no de ley, una proposición no de ley –como han visto todos ustedes– extraordinariamente extensa, seguramente una de las iniciativas más extensas que se han planteado en el Parlamento, al menos en los últimos 5 años, con una parte propositiva ciertamente con mucho contenido y muy exigente.
Y finalmente, hemos firmado una transaccional con el resto de grupos, una transaccional que nosotros consideramos puede ser considerada una transaccional de mínimos que no recoge, ni de lejos, todo lo que a nosotros nos hubiera gustado, pero que, en todo caso, puede ser un paso para plantear la necesidad de tener una ley de transparencia, aunque no vayamos a tener como tal una ley de transparencia, sino una ley de administraciones públicas que, en todo caso, puedan recoger los principios que nosotros planteamos en esta proposición no de ley.
Se tendría que haber hecho mucho antes, se tendría que haber hecho mucho antes, pero en todo caso nunca es tarde.
Ya digo que hemos firmado una transaccional que nosotros podríamos entender como una transaccional de mínimos. Si nosotros tuviéramos en este Parlamento mayoría absoluta, no habríamos firmado esta transaccional, pero teniendo en cuenta que tenemos un sólo diputado, finalmente hemos firmado, entendiendo –ya digo– que es un paso en la buena dirección.
Cuando llegue el proyecto de ley del Gobierno –y espero que llegue cuanto antes, antes, en todo caso, del 30 de junio–, ya habrá oportunidad de estudiarlo a fondo, de presentar todas las enmiendas que sean necesarias y, en nuestro caso al menos, puedan incorporarse todos estos principios que nosotros hemos incluido en esta proposición no de ley.
Entre ellos, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todas ellas, y a todas aquellas entidades privada también que realicen funciones públicos y/o reciban dinero público, a todas ellas sin excepción.
El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito, no un camino tortuoso o prácticamente imposible de transitar para dificultar el acceso a la información de los ciudadanos, sino que tiene que ser de un modo sencillo, rápido y gratuito. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
Principio de publicidad de la información, el secreto y la denegación de la información son la excepción. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas, cosa que a día de hoy no ocurre. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial –y esto también es importante–, sin que sea necesario realizar incluso una solicitud. A iniciativa propia las entidades públicas deben poner a disposición del público esa información.
El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente. El Gobierno será el principal encargado de realizar las labores de promoción de ese derecho. Y se establecerán en la ley sanciones en relación a las infracciones que se cometan sobre lo especificado en el texto legislativo.
Proponíamos también en esta iniciativa instar al Gobierno al desarrollo de un portal de transparencia, se llame como se llame, que incorpore, en todo caso, una serie de datos que nosotros hemos incluido en esa proposición no de ley.
Las retribuciones e indemnizaciones por razón de servicio, de los cargos electos, altos cargos y miembros del gobierno, el registro de actividades, bienes e intereses de los cargos electos.
La totalidad de la contratación de la administración pública vasca. Las listas de contratación temporal del personal. Los expedientes de gasto que no tengan conformidad de la intervención y que deben ser convalidados por el consejo de gobierno.
Las concesiones administrativas, los convenios de colaboración y el régimen subvencional de la administración del Gobierno. El inventario actualizado de los procedimientos administrativos.
Las resoluciones administrativas y judiciales. La información que sea solicitada con mayor frecuencia. Y el gasto público realizado en campañas institucionales y sus destinatarios.
Es posible que parte de esto ya se haga. Ciertamente, en los últimos tiempos ha habido un avance y seguramente parte de esto ya se hace, pero hay mucho camino que recorrer.
Proponíamos también que en ese portal de transparencia se incluyera un registro de contratos, un registro de adjudicatarios, una base de datos pública que guarde un registro de convenios de colaboración con el conjunto de los suscritos en el ámbito de la administración autonómica, para su recopilación y consulta, y un registro de subvenciones, con todas aquellas concedidas en el ámbito de la administración autonómica.
En definitiva, una iniciativa ambiciosa que trataba de recoger esos principios que nosotros consideramos esenciales y que el proyecto de ley del Gobierno debería incluir.
Efectivamente, esperamos que este proyecto se presente cuanto antes, no queremos prejuzgarlo tampoco. Trabajaremos sobre él, presentaremos las enmiendas que consideremos y trataremos de mejorarlo, en todo caso.
Por lo demás, solamente me queda agradecer a los grupos políticos que han firmado esta transaccional y que votaran a favor de la iniciativa transada.
Gracias.