LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-03-01):
Gracias señora presidenta, buenos días a todos.
De nuevo hablando de justicia gratuita en esta Cámara y créame señor Erkoreka no porque a esta parlamentaria le guste reiterar debates, como algún otro parlamentario en esta Cámara, sino porque la solución que provocó el controvertido Decreto 110/2012 no acaba de llegar.
Dos meses lleva como consejero, señor Erkoreka, y ha dado lugar a muchas dudas sobre la actuación de su Departamento en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos a los que se llega en esta Cámara. Dos meses y ha defraudado en cierta medida la confianza de este Parlamento y de este grupo en su actuación. Y digo en cierta medida porque la situación ha cambiado algo. Desde el momento de la presentación de esta interpelación, que fue el lunes, a esta sustanciación que estamos realizando en este momento.
Voy a comenzar refiriéndome como lo hizo usted en la comparecencia del día 20, señalando que el derecho al acceso a la justicia para los que no tienen ingresos reconocido en el artículo 119 de la Constitución, hace necesario que se cuente con unos ingresos suficiente pero también con una regulación adecuada porque de otra forma sin recursos y también y sin la regulación adecuada, pueden verse afectados los derechos de los ciudadanos, los de los letrados que prestan el servicio y el propio sistema judicial. Y en este momento no se cuenta con una regulación adecuada.
El pasado 1 de septiembre entró en vigor el nuevo Decreto 210/2012, regulador de la Justicia Gratuita en País Vasco, que vino a desmontar un servicio que funcionaba bien, al que se destinaban unos recursos razonables y que había dado lugar a pocas quejas.
Supongo que compartirá conmigo que esto es así porque si bien es cierto que usted no estaba, sí que el grupo que sustenta su Gobierno estaba presente y así lo expresó también en esta Cámara en numerosas ocasiones.
Por contra, el nuevo Decreto lejos de mejorar, ha provocado unas disfunciones que ya se venían denunciando por parte de los grupos en esta Cámara y de los colegios de abogados, y ha quedado más que patente después de la entrada en vigor del mismo. Ahora ya no son denuncias. Es una realidad constatable el empeoramiento del servicio con la nueva regulación.
A pesar de la falta de modificación de la normativa, se dijo que si se hacía finalmente esa modificación debería de hacerse de acuerdo con aquellos que gestionan el servicio y que lo prestan con los colegios de abogados. Cosa que no sucedió y sus aportaciones y sus sugerencias no fueron tenidas en cuenta.
Como he dicho aquí en varias ocasiones y ahora quiero reiterarle a usted, señor consejero, los colegios de abogados en la negociación del Decreto velaron sobre todo por un correcto funcionamiento del servicio de justicia gratuita para los vascos. Y no únicamente por defender sus intereses profesionales como se les acusó desde la más absoluta demagogia por parte de responsables máximos del anterior departamento.
Y fue teniendo en cuenta ese derecho a la justicia gratuita la razón por la que los colegios de abogados mostraron sus discrepancias con ese decreto desde el principio, discrepancias formales y materiales. Y lo mismo hicimos los grupos en esta Cámara cuando presentamos numerosas iniciativas para que el decreto no entrara en vigor.
Por parte de los profesionales a este nuevo Gobierno se les planteó desde el principio una serie de cuestiones que van más allá de los casos fallidos por mucho que usted, señor Erkoreka, sumandos en parte a la posición mantenido por su predecesora en el cargo y por el Grupo Socialista se haya centrado únicamente en este tema en la comparecencia del día 20. Y así se lo hicimos saber también desde este grupo.
Yo no sé la razón. Espero que la misma no sea la que pretendía el anterior gobierno, hacer ver que aquí solo se defienden unos intereses económicos, que solo se defienden unos honorarios cuando ello no es así, señor Erkoreka.
Desde los colegios de abogados se tuvieron una serie de contactos con su departamento desde el mismo momento que tomaron posesión. Pero a principios de enero le hicieron llegar una serie de planteamientos y es dentro de esos planteamientos la primera cuestión era la de necesidad de simplificación de los trámites.
Porque la exposición de motivos del ecreto no dice la verdad al señalar que la regulación clarifica las funciones, los trámites que plantea el actual decreto son muy enrevesados, no solo para el justiciable si no para los propios abogados, porque algunos se encuentran regulados de forma ininteligible. Y eso hace muy poco para garantizan el acceso a la justicia gratuita.
En este momento, la complejidad de los trámites introducidos unido al aumento del volumen de los mismos hace que se encuentre en este momento absolutamente atascado tanto el servicio de orientación jurídica, cuyas colas son cada vez mayores, como la comisión de justicia gratuita que tiene más de mil casos por resolver.
Por lo tanto, una de las primeras cuestiones a resolver y por la que nosotros le preguntamos en esta Cámara, es cómo se va a conseguir la simplificación de esos trámites porque la justicia tardía es menos justicia y esos retrasos podían haberse evitado de no haber entrado en vigor la actual regulación.
Pero bueno, como ya la tenemos, ver cómo se va a solucionar además de cómo se va a liberar a los letrados de llevar a cabo los trámites de petición de justicia gratuita; de actuar más como administrativos que abogados, de estar más pendientes de un expediente administrativo que de la dirección del asunto.
Además, también queremos saber, señor Erkoreka, si por parte del Gobierno Vasco se va a sufragar el coste íntegro del servicio de justicia gratuita porque la organización de este servicio es cierto que corresponde –o que está delegada mejor dicho– a los colegios de abogados pero es un servicio público.
En este momento, colegios de abogados con las aportaciones de sus colegiados, tanto de los que están apuntados al turno de oficio como los que no lo están, están sufragando buena parte de la organización de este servicio. Por parte del Gobierno Vasco no se está abonando la integridad del mismo. En estos momentos, colegios como el de Bizkaia han aumentado con cargo a sus fondos el personal destinado a la organización del servicio.
Por ello es por lo que le preguntamos si se va a sufragar íntegramente un servicio que es público por mucho que este delegado a los colegios de abogados o no. Vaya desde aquí que nuestro grupo, señor Erkoreka, comparte con usted igual que con otros grupos de esta Cámara como no podía ser de otra manera, que el beneficio de justicia gratuita debe de ser un derecho que corresponda solo a aquellos  que carecen de recursos suficientes, que este servicio público se financia con fondos públicos y que cuando se gestionan dichos fondos debe velarse por que se utilicen correctamente, y porque como le digo solo aquellos que acrediten insuficiencia de recursos puedan ser beneficiarios de este servicio.
Pero usted también compartirá conmigo, señor Erkoreka, que los profesionales deben cobrar por los trabajos realizados, con independencia de lo que haga su defendido en la tramitación del beneficio de justicia gratuita, de si presentan o no presentan, de si falsean datos o no los falsean. No se puede garantizar el derecho de justicia gratuita a costa de no pagar a los profesionales.
Si finalmente no tienen derecho a esa justicia gratuita, desde luego, que la administración debe reclamarle con todos los medios a su alcance. Pero como le digo lo que no puede ser es que la final los letrados no vean su labor remunerada.
Usted propuso en su comparecencia del día 20 la ceración de un fondo para este tipo de supuestos. Fondo cofinanciado con fondos públicos y con fondos de los colegios profesionales y apeló al riesgo anejo al servicio de la profesión.
Mire, señor Erkoreka, yo no sé si los colegios estarán de acuerdo. A mí me da la sensación y en nuestro grupo nos da la sensación de que no. Pero le puedo decir que desde luego lo que no están de acuerdo son los letrados. Yo he hablado con muchos compañeros y no están de acuerdo en absoluto con este fondo. Pero bueno, nosotros dado que usted lo ha anunciado lo que queremos saber y lo que le planteamos en esta interpelación es cómo se va a regular ese fondo y cómo se va a solucionar esta cuestión.
También existen otras cuestiones que le plantearon, como la ecuación de los módulos de compensación o la adecuación de los letrados de guardia que están por resolver. Asimismo, como usted dijo en la comparecencia, existe un borrador de proyecto de ley de justicia gratuita a la que luego el decreto se tendrá que adaptar. Y nos gustaría saber si van a tener en cuenta las opiniones de los profesionales en la redacción de ese nuevo decreto y si la van a tener en cuenta de verdad.
El PNV en la anterior legislatura estuvo en total sintonía con las peticiones de los profesionales y así en esta Cámara coincidió con este grupo en muchas ocasiones con estas peticiones. Los letrados confiaron en que usted iba a cambiar esta situación y en parte, por eso suspendieron las medidas de protesta que tenían anunciadas.
Sin embargo, se han visto decepcionados y hasta esta misma semana –qué casualidad este martes– no han recibido una carta con un mínimo de compromiso por parte del Gobierno. Será que como ha nevado mucho en Vitoria, por eso la carta ha tardado tanto en llegar.
En cualquier caso, señor Erkoreka, queremos conocer cómo se van a solucionar los problemas planteados para garantizar el acceso a la justicia gratuita, cuál va a ser el cronograma de reuniones y contactos con los Colegios Profesionales y qué medidas se van a tomar para solventar todas las disfunciones que ha provocado el decreto.
Nada más. Muchas gracias.