ZORRILLA IBAÑEZ (EAJ, 2018-04-12):
Eskerrik asko, legebiltzar-buru andrea. Sailburu andrea, legebiltzarkideok, jaun-andreok, eguerdi on guztioi.
Nuestro grupo parlamentario no ha presentado enmienda a la proposición no de ley urgente del Grupo Popular, pero me imagino que por las iniciativas llevadas a cabo con nuestro partido en el Congreso de los Diputados no tendrán ninguna duda los proponentes de cuál va a ser el sentido de nuestro voto.
Un no. Y un no además rotundo a la cadena perpetua introducida en la legislación penal en 2015 por el Partido Popular.
Eta ezetz diogu irmotasun osoz uste dugulako horrelako zigorren atzean betiko kartzela zigorra dagoela eta hori ez dela bateragarria arrazoian eta funtsezko eskubideetan oinarritutako sistema batekin.
La incorporación de la cadena perpetua revisable en el Código Penal supone la modificación más regresiva de la legislación penal en las últimas décadas. Nos retrotrae a épocas anteriores a la Constitución  - hacía referencia el señor Becerra -  retrocediendo un siglo en materia de derecho penal.
Atzerapen handia da berme juridikoetan eta zigor printzipioetan eta zigor legeen eredurik txarrenetakoa hauteskunde bultzakadaz egindakoa.
Bestalde, zalantzan jartzen dugu lege horren konstituzionalitatea. Egia da guretzat eztabaida nagusia ez dela hori, arduratzen diguna ez da legalitatea eta konstituzionalitatea, baizik eta horren egokiera eta beharra eta Euzko Abertzaleak taldearentzat ez da ez egokia, ez beharrezkoa.
El PNV ya se posicionó en contra en las Cortes Generales al igual que todo el arco parlamentario y presentamos junto a diputados del resto de grupos un recurso de inconstitucionalidad en junio del 2015.
De hecho, la Constitución del 78 excluyó la pena de muerte y también indirectamente la cadena perpetua, al exigir que las penas estén orientadas a la reeducación y a reinserción social, como mencionaba la señora Castelo, en el artículo 25.2 que ha leído ella.
Entendemos que esta pena choca directamente con los principios de reeducación y reinserción social del recluso. Además, al ser indeterminada es una pena inhumana que vulnera el principio de legalidad  - principio que entendemos básico en un estado de derecho en su vertiente de seguridad jurídica -  y no es proporcional, salvo desde una visión propia de la ley del talión de la justicia, incompatible en un estado de derecho, y conculca también al derecho a la dignidad de las personas y a no ser sometido a trato degradante, que protege también el artículo 15 en relación con el 10.1 de la Constitución.
Pero la pregunta es si era necesaria esta medida con el alto coste para los derechos humanos que supone. Podríamos pensar que los índices de delincuencia en España estaban subiendo de manera alarmante para la adopción de esta medida pero nada más lejos de la realidad:
Según el Anuario Estadístico del Ministerio de Interior, las memorias policiales, judiciales y fiscales, la cifra de delitos más graves no deja de disminuir.
De hecho, España se encuentra en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo. Pero por contra, cuenta con una de las mayores tasas de población reclusa. Ayer se nos decía que es el segundo país de la Unión Europea con más población reclusa tras el Reino Unido, y se encuentra también en los niveles más elevados de cumplimiento de las condenas.
Recientemente, el pasado 20 de marzo, en un informe del Consejo de Europa dice que la estancia media en prisión en España son de 21,9 meses, más del doble que los 9,8 meses que se cumplen en los 47 países analizados. Por ejemplo, frente a ese casi 22 meses Francia son 8,5 y Alemania 8,2.
Esto demuestra que el Código Penal Español, era uno de los más duros de Europa, y esto ocurre, como decía la señora Goirizelaia, desde la reforma del 2003, que ya contemplaba penas privativas de libertad de muy larga duración reservadas para los delitos más graves, hasta 40 años de cumplimiento efectivo.
Por lo tanto, nos parece incongruente este rigor punitivo excesivo.
Por otro lado, según el CIS, en julio del 2015, fecha en la que entra en vigor el nuevo Código Penal, las preocupaciones de la ciudadanía nada tenían que ver con las problemáticas generalmente asociadas a esta medida, inseguridad ciudadana, terrorismo etcétera. Tampoco a día de hoy, si atendemos al barómetro elaborado en enero de 2018.
De acuerdo con estos datos del CIS, la sociedad española estaba y está más interesada en que se tomen medidas encaminadas a la reducción del desempleo y la corrupción, así como a la mejora de la situación económica y política.
En concreto, la preocupación por la inseguridad era uno de los tres principales problemas únicamente para el 2,7 % de la población. Por lo tanto señor Sémper, no era una medida reclamada por la sociedad.
Y finalmente, tampoco era una medida reclamada por los expertos, ni el Consejo de la Abogacía, ni la doctrina mayoritaria criminalista, ni la Universidad a través de las cátedras de Derecho Penal, ni la Fiscalía, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Policía Judicial ni el personal de instituciones penitenciarias. Incluso el Tribunal Supremo ha hecho referencia en varias sentencias a la ilegalidad de las largas condenas.
Se da incluso la circunstancia de que el legislador no justifica las razones que le han llevado incorporar esta medida al Código Penal, siendo criticado dicha falta de motivación tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por el Consejo de Estado. Se habla simplemente de nuevas demandas sociales y la necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia.
Entendemos que no se debe legislar en caliente al albur de circunstancias por muy execrables que sean, que ocurren en un determinado momento y lo que más populista pueda ser. Estamos como decíamos en un sistema penal que ya contempla 40 años de prisión que pueden ser perfectamente efectivos. ¿Qué se busca con esto, justicia o venganza?
Entendemos que el legislador tiene que abstraerse de la venganza y buscar justicia.
Las víctimas de estos crímenes horrendos deben tener un lugar destacado en las políticas públicas, por supuesto. Estas deben contar no solo con ayudas estatales sino con una protección especial y un acompañamiento que mitigue lo posible su dolor, pero no deben intervenir en la labor legislativa punitiva, salvo que lo que se busque sea venganza y no la justicia rehabilitadora que debe inspirar un sistema penal democrático.
Ninguna pena, lo decía la señora Castelo, puede que ni siquiera la de muerte, será consuelo suficiente para los padres de un menor asesinado, por tanto, ninguna pena puede ser elaborada con tal fin.
Y con respecto a la eficacia y la eficiencia de la Administración de Justica, tampoco se obtiene con penas más o menos duras, sino adaptando el servicio público a las necesidades de la ciudadanía.
Atendiendo a las demandas de jueces y fiscales que están amenazando huelga porque hablan de sobrecarga de trabajo en los órganos judiciales y falta de recursos en los juzgados.
Se ha argumentado también que es una pena existente en muchos ordenamientos democráticos y es cierto, aunque solo desde el punto de vista meramente semántico. Es cierto que hay países que lo recogen, otros que no lo recogen como Portugal, Escocia, Croacia, que no tienen la cadena perpetua.
Pero este argumento parte en primer lugar de un desconocimiento histórico importante, que es que la cadena perpetua en la mayor parte de estos países europeos es un residuo histórico que se implementó en los años 50-60 como sustituto alternativo de la pena de muerte, para el castigo de los delitos más graves, a diferencia de España, donde la cadena perpetua se abolió incluso antes de la pena de muerte.
Por otro lado, ningún país europeo que tiene esta clase de pena mantiene unas garantías tan férreas como las que establece el 25.2, el artículo 25.2 de la Constitución.
Y finalmente, en aquellos países en los que se prevé este tipo de pena, generalmente el tiempo para la revisión de la permanencia en prisión es mucho más bajo que el inicialmente previsto en España, generalmente la media está en torno a los 15 años.
Por tanto, la cadena perpetua española, es la más dura de Europa, llevando los plazos de revisión más allá de los 25 años que el Tribunal Europeo considera un límite razonable.
Un país con una tasa de criminalidad tan baja como España, con un Código Penal entre los más duros de Europa, no creemos que necesite medidas de este tipo.
Para finalizar, Euzko Abertzaleak entiende que independiente de lo que diga el Tribunal Constitucional respecto a su posible constitucionalidad o no, la pena de prisión permanente revisable debiera ser derogada de nuestra legislación penal por ser inhumana y totalmente innecesaria, inoportuna e ineficaz.
Y consecuente a ello y con gran convicción, nuestra iniciativa en el Congreso para derogarla, y así como hablaba el señor Sémper de que aquí se ha tratado con cierto retraso, les instamos a que en el Congreso no se produzcan estos retrasos que parece que pueden ser voluntarios e intencionados.
Y entendemos que no resulta eficaz para evitar delitos, como desgraciadamente hemos podido comprobar hace escasas semanas con esta pena en vigor.
La misma según la investigación criminológica, demuestra que el endurecimiento de las penas no disuade al delincuente de cometer delitos, pero sí que puede poner en peligro los valores básicos de la democracia moderna...
...investigación criminológica demuestra que el endurecimiento de las penas no disuade al delincuente de cometer delitos, pero sí que puede poner en peligro los valores básicos de la democracia moderna, compromete alguno de los valores fundamentales que nos configuran como sociedad democrática.
El concepto de justicia entendida como venganza o expresión de los sentimientos de odio y repulsa de la sociedad no es el concepto más aceptable del sistema penal de un Estado que se denomina democrático y de derecho, que debe sustentarse en una serie de valores humanos que deben alcanzar tanto a las víctimas como a los infractores. El legislador no puede guiarse por los titulares y legislar desde la visceralidad, apartándose de la racionalidad que se le presume.
Por eso, en definitiva se trata de una sanción, desde nuestro punto de vista, desproporcionada, inhumana, indeterminada y contraria a la orientación resocializadora de la pena. Y nuestro partido, el Partido Nacionalista Vasco, no está por la labor de profundizar en este modelo que plantea el Partido Popular tipo Estados Unidos, ejemplo de la ineficacia de las políticas de mano, dura sino que apuesta por otros modelos, con la resocialización y reinserción como objetivo. Y por todas estas razones jurídicas, de eficacia político criminal, sociales e incluso morales expuestas, votaremos en contra.
Besterik gabe. Eskerrik asko.