PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2014-10-09):
Como decía, esto son informaciones que no han sido oficialmente confirmadas ni desmentidas.
Y no sabemos tampoco si esa decisión, caso de haberse adoptado, es consecuencia de la oposición frontal del Partido Socialista y del resto de la oposición, justamente escandalizada por el pucherazo legislativo que el Gobierno de la derecha trataba de perpetrar de cara a las próximas elecciones municipales.
En cualquier caso, lo que sí parece claro es que esta cuestión, de momento, ha quedado al menos retirada de la circulación, de la opinión pública inmediata. Y eso, que es muy positivo, esperemos que sea para siempre.
¿Y por qué? Pues porque las normas y los procedimientos democráticos están para algo, también aquí señor Sémper, y no pueden forzarse por el simple hecho de tener una mayoría absoluta. También aquí.
Y el Gobierno del PP ha tratado de retorcer las normas y procedimientos del sistema de libertades, que en una democracia son tan importantes como los propios contenidos.
Y ése es el pecado original de los cambios que este Gobierno quería o quiere introducir en la Ley Electoral. Su déficit democrático.
La cuestión que está en juego no es la de saber si los cambios que se pretenden se proponen y benefician más a unos u a otros, aunque parece que no hace falta ser un lince para sospechar que están pensados, o lo estaban, para que el PP se perpetúe en el poder.
Tampoco lo es saber si los contenidos que se proponen pueden ser defendibles y debatidos en un marco de respeto a las reglas del juego democrático.
Pero es que el problema precisamente es que en esta cuestión no se respetaban las reglas del juego. Y hay cosas que no se pueden hacer, con mayoría absoluta o sin mayoría absoluta.
Es la primera vez, la primera desde que vivimos en democracia que se quiere reformar una ley electoral, una ley electoral nada menos, algo troncal en un sistema democrático, de manera unilateral y sin consenso político.
Y también la primera vez que un gobierno pretende cambiar a toda prisa, una ley electoral para condicionar las próximas alcaldías de los ayuntamientos en vísperas, a poco más de seis meses de unas elecciones locales.
Y, por lo tanto, es la primera vez, que un Gobierno democrático de España, quiere cambiar las reglas del juego unos minutos antes de terminar el partido, cuando además no existía demanda política para ello, ni razón alguna que aconsejara los cambios, salvo que las razones sean basadas en cálculos partidistas.
Y también es la primera vez que un Gobierno trata de alterar de manera unilateral, y además de forma prepotente, las mayorías electorales y un tema tan troncal, en nuestra democracia, como las relaciones entre mayorías y minorías, que son las que han regido hasta el presente y, por cierto, con muy buen criterio democrático.
Quizás por eso la oposición política se encuentra por primera vez en la obligación de recordar que las mayorías electorales no están en manos de quien obtiene un 40 % de los votos, sino más bien en el 60 % restante, que, por cierto, tiene todo el derecho a trabajar para convertirse en Gobierno.
Por eso sorprende que este Gobierno y su partido nos digan que lo que pretenden es más democrático, que quieren que los alcaldes se elijan por los ciudadanos y no en los despachos, que es más democrático que lo que ha habido hasta ahora, porque con su reforma, los alcaldes y alcaldesas serían elegidos en las urnas, como si esto fuera una especie de reclamación y clamor ciudadano y no hubiera salido, esto sí precisamente, de unos despachos, los del PP y a medida además de sus propias conveniencias electorales.
Y lo que nos llega al alma y nos ofende especialmente es que el Partido Popular y su Gobierno hagan de los señores de Bildu la prueba del algodón de la limpieza democrática de sus planes.
De este modo hemos visto con sorpresa y con desagrado, he de decirle, que la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy, la señora Sáenz de Santamaría, como antes Arancha Quiroga, nos digan que el hecho de que el nuevo sistema de elección de alcaldes pudiera favorecer a Bildu es una prueba de que no obedece a ningún cálculo electoral.
Es decir, en román paladino, que al Gobierno de Rajoy y a su partido no les importaría que su nuevo sistema favoreciera a Bildu en Euskadi, con tal de mantener a sus alcaldes en los ayuntamientos que ahora gobiernan en el resto de España.
Y eso es una prueba de hasta dónde llegan los principios de quienes se han venido erigiendo en campeones de la lucha contra el terrorismo, dando por cierto lecciones sobradas de cómo se lucha contra el terrorismo y cómo otros traicionan o traicionábamos a la lucha contra ETA.
Son todas estas razones más que suficientes para rechazar una iniciativa que está guiada solo por intereses exclusivamente partidistas, al margen del consenso político y en agresión directa a la autonomía de los ayuntamientos y a la democracia municipal.
Y supone una vuelta de tuerca más en la agresión constante del Gobierno de Rajoy a la autonomía local, algo que afecta y mucho a los ayuntamientos vascos y también a nuestras competencias autonómicas en el ámbito municipal, razón por lo cual debiera ser objeto de atención de este Parlamento.
Porque si hay algo que este Gobierno ha sido especialmente persistente ha sido en el intento continuado de dejar sin voz y sin capacidad política real a los ayuntamientos.
Sacó adelante en primer lugar –por cierto con el apoyo de PNV, todo hay que decirlo– la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que no tenía otro fin que desmantelar los servicios públicos que los municipios venían prestando.
Después anunció una ley de demarcación y planta judicial, también con el objeto de desvitalizar la actividad judicial de los ayuntamientos que han sido cabeza de partido judicial.
Y finalmente, a unos meses de las elecciones municipales, nos anuncia –espero que se confirme el anuncio de la retirada– y hasta ahora lo que sabemos es que nos anuncia que pretende modificar la LOREG para que sean alcaldes sólo los candidatos de las listas más votadas.
En definitiva, este Gobierno nos esta acostumbrando a una forma de hacer política en la que la transparencia y la defensa de los intereses generales brilla por su ausencia.
Y pensamos que hay que manifestar aquí, en esta Cámara, en el Parlamento Vasco un no rotundo ante esta forma de actuar, ante esta forma de hacer política, que se basa en una progresiva de evaluación de los valores del sistema democrático, de sus normas y de sus reglas de juego.
Y pensamos que hay que decir un basta ya a quienes tratan de utilizar la mayoría absoluta de que disfrutan para degradar la calidad de la democracia.
A mí me gustaría mucho que usted saliera después aquí a esta tribuna y nos confirmarse oficialmente que esta ley ha quedado definitivamente aparcada por el Gobierno de España, créame que me gustaría muchísimo, porque me alegraría mucho de que no fuera necesario presentar esta iniciativa, pero, en todo caso, tenemos informaciones periodísticas tan potentes en un sentido como en el otro, no desmentidas oficialmente por ninguna voz autorizada dentro ni del Gobierno ni del Partido Popular.
Y aquí hemos presentado una iniciativa que hemos intentado pactar de forma mayoritaria, no ha sido posible y quiero agradecer al Partido Nacionalista Vasco la buena disposición que ha tenido para hacer posible esta enmienda de transacción que presentamos conjuntamente y que, afortunadamente, saldrá adelante en este Parlamento.