SARASUA DÍAZ (PSE-EE, 2013-10-31):
Y mucho menos del Partido Popular por mucho que se empeñe.
El Grupo Socialista por supuesto apoya esta iniciativa lógicamente porque se trata de un mandato legal que fue aprobado en el Congreso de los Diputados por todos los grupos en la pasada legislatura –en la pasada legislatura me refiero al Gobierno de Zapatero, no al Gobierno de López–.
A pesar de ello, quiero señalar dos cuestiones. En primer lugar, que la Ley de Adaptación Normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su Disposición Final Segunda, otorgaba al Gobierno el plazo de un año desde la entrada en vigor de la propia ley para la elaboración y aprobación del texto refundido de la LISMI, la Liondau y la Ley de Infracciones y Sanciones de 2007.
El Gobierno del Partido Popular amplió este plazo hasta el 31 de diciembre del 2013 a través de una enmienda al proyecto de ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Justificaron el retraso de un año y medio por el cambio de legislatura, por la complejidad en la elaboración y por la voluntad de consultar al tercer sector, las comunidades autónomas y demás órganos pertinentes.
Lo que nos preocupa es que este asunto sea realmente una prioridad del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. He de decirle, señor Llanos, que a los socialistas nos parece fuera de lugar y de tiempo que el grupo parlamentario Popular Vasco nos traiga una proposición no de ley para pedirle a su Gobierno, al Gobierno del Partido Popular en Madrid, que cumpla la ley y el mandato que ya dio la Comisión de Discapacidad del Congreso el 26 de febrero de este mismo año.
Lo razonable sería que a día de hoy y desde el mes de febrero, los populares hubieran presentado el proyecto de ley. Mientras tanto, el Gobierno del Partido Popular ha estado entretenido en recortar derechos de las personas con discapacidad que les están afectando, y mucho. Se lo aseguro, señora Llanos, y mucho.
En segundo lugar, nos inquieta el Gobierno quiera aprovechar la elaboración de la Ley General de Discapacidad para recortar derechos, reducir financiación y desproteger a las personas con discapacidad.
Razones tenemos para no fiarnos y por eso, el Grupo Socialista en el Congreso está muy pendiente de todo el proceso de tramitación de esta Ley.
No obstante, como este tema lo estamos debatiendo y en su momento hubo un período para presentación de enmiendas, los Socialistas Vascos planteamos dos puntos en la enmienda que presentamos a la propuesta original y agradecemos por supuesto que hayan sido incorporadas en la enmienda transaccional. Esos dos puntos dicen:
"El Parlamento Vasco insta al Gobierno de España a continuar arbitrando políticas de no discriminación y de acción positiva para que las personas con discapacidad puedan hacer valer sus derechos.
Asimismo, instamos al Gobierno de España a seguir desarrollando las actuaciones y medidas estratégicas que recoge la Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020 y a que se articule y concrete el plan de acción 2013-2015, buscando el acuerdo respecto a su contenido con las Comunidades Autónomas".
Termino mi intervención esperando que cuando esta nueva Ley General de Discapacidad se apruebe, no suponga un recorte de derechos, sino una ampliación. Y que exista un clima de consenso, de diálogo y se tengan en cuenta por supuesto las aportaciones de las entidades y también las aportaciones de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.