CORCUERA LEUNDA (PSE-EE, 2019-05-09):
Sí, gracias, presidenta.
No pensaba el grupo Socialista intervenir en este turno, sino en el de explicación de voto, pero creo que algunas de las intervenciones que hemos oído aquí no dejan más opción que la de por lo menos intentar aclarar la posición del Gobierno Vasco y también la del Grupo Socialista respecto a esta proposición de ley.
Nada que decir, nada que objetar, a la intervención que ha realizado el grupo Populares Vascos por parte de la señora Mari Carmen López de Ocariz, compartimos absolutamente toda su argumentación, excepto la cuestión de la presentación de la proposición de ley y le explicaré porqué. Lo demás absolutamente nada objetable.
Miren, los Socialistas Vascos no apoyamos y no podemos mostrarnos a favor con nuestro voto a favor de esta proposición de ley, porque entendemos que este documento que hoy nos traen aquí a la toma en consideración no tiene las suficientes garantías jurídicas para quienes van a operar en el ámbito del comercio.
No tiene las suficientes garantías jurídicas para que, una vez planteados los recursos por los operadores comerciales en los tribunales, los ayuntamientos, que serán los que en última instancia concedan o no autorizaciones a la implantación o a la ampliación de las grandes superficies comerciales, puedan tener garantías jurídicas para que no tengan al final que acabar pagando esas reclamaciones, grandes reclamaciones pecuniarias que realizan esos operadores comerciales.
No podemos dar el voto a favor a esta proposición de ley, porque entendemos que reitera criterios que ya han sido anulados, tanto en el Plan Territorial Sectorial de Creación de Suelo Público para Actividades Económicas y la Implantación de Grandes Equipamientos Comerciales, son criterios ya anulados por sentencia en el 2015 del PTS, de ese plan territorial sectorial.
Y además también este documento reitera criterios que también contravienen el derecho comunitario y el derecho estatal. Por lo tanto, entendemos que no goza de las máximas garantías jurídicas para que puedan los operadores, como digo, los ayuntamientos, las instituciones locales, que van a ser las que en última instancia van a tener que ser al menos consecuentes con las decisiones que adopten y seguramente todos estos temas van a acabar en tribunales.
Lo sabemos, porque ha venido así ocurriendo en otras comunidades autónomas y también, lógicamente, acabará siendo así en la Comunidad Autónoma Vasca. Los Socialistas Vascos y el Gobierno no compartimos ni la forma de esta proposición de ley, ni el fondo, ni la regulación material que en ella se plantea, como digo, porque vuelve a reincidir en criterios que ya han sido anulados por los tribunales.
Tampoco entendemos porqué se pretende, entenderíamos una proposición de ley que acogiera una de las tres alternativas del plan territorial sectorial que el Gobierno Vasco ha estado trabajando y que puso, llegó hasta el final de su tramitación en lo que es el avance de esa modificación del plan territorial sectorial, hubiésemos entendido que se acogiera esta proposición de ley a lo que es la segunda alternativa, la de restricción a las grandes superficies comerciales, pero bajo criterios de ordenación territorial.
Pero esto no es así. La regulación material de esta proposición de ley que nos traen aquí a la toma en consideración va más allá, da una vuelta de tuerca más; condiciona y concentra lo que son las grandes superficies, en cuestión de metraje de esas superficies que las iguala en lo que es igual o superior a 700 metros cuadrados, cosa que antes no estaba.
Entendemos y compartimos que el espíritu del PTS, del Plan Territorial Sectorial del 2004 que logró un amplio consenso, pudiera ser objeto también de esta proposición de ley. Pero no. Vuelven ustedes a reincidir en hablar del comercio minoritario, de la defensa del comercio minorista y eso no significa ni que el Gobierno Vasco esté en contra del comercio minorista, ni que los Socialistas Vascos estemos en contra del pequeño comercio.
Lo que significa es que para hacer una regulación material que proteja a ese pequeño comercio, o que limite y restrinja la implantación o la ampliación de las grandes superficies comerciales, debemos de hacerlos olvidándonos de esa protección y defensa del pequeño comercio; debemos restringir, debemos limitar con razones jurídicas de ordenación territorial, o bien también con razones medioambientales o bien razones urbanísticas.
Y eso es lo que aquí no viene en esta proposición de ley, porque hablan ustedes del comercio minorista, y volvemos a estar en la casilla de salida de lo que los tribunales anularon, tanto en artículos del plan territorial sectorial, como en diversos pronunciamientos y consultas que se han realizado a los tribunales, también al de Justicia de la Unión Europea.
Por lo tanto, creemos que esta proposición de ley, su bondad, si tuviera una, y nosotros creemos que una tiene, es que nos permite el encauzar, el orientar este trabajo de restricción y limitación a través de una ley para las grandes superficies comerciales, permite encauzarlo en el sentido del diálogo político que podemos llevar a cabo.
Hemos intentado ese diálogo político, yo agradezco a los grupos de la oposición que frenasen lo que era la presentación de esta toma en consideración de la proposición de ley en la Cámara, hasta que el Gobierno, se comprometió en su momento a entregar un texto, un texto articulado, que fue encargado, su redacción en el mes de noviembre a Juan Ramón Fernández Torres  - no es un cualquiera, sino un catedrático de Derecho Administrativo, un prestigioso y reputado urbanista -  y, por lo tanto, aquel texto articulado, que surge porque en el avance de modificación del plan territorial sectorial se produce la coyuntura de que se nos da a entender que si no lo hacemos por ley, si esa modificación del plan territorial sectorial no acaba siendo una regulación por ley, podría ser también anulada en los tribunales y, por lo tanto, estaríamos ante una inseguridad jurídica más.
Por lo tanto, re reconduce el tema por el Gobierno Vasco; el consejero, Iñaki Arriola, da cuenta de esta circunstancia en dos ocasiones, con motivo de la presentación de los Presupuestos 2019 y también a raíz de una respuesta a la señora López de Ocariz, a una interpelación que le formula.
Y por lo tanto, se encarga, como digo, oficialmente, una redacción de un texto articulado, que bajo el prisma del máximo consenso, que también tuvo aquel plan territorial sectorial, algunos de cuyos artículos se anularon por sentencia del Tribunal Supremo, logremos, bajo ese mismo espíritu de amplio consenso y teniendo en cuenta la adaptabilidad necesaria, obligatoria, impepinable que los criterios de ordenación territorial y los criterios medioambientales fueses elementos claves para esas limitaciones y estas restricciones a la implantación o ampliación de grandes superficies comerciales que, por cierto, tenían que ser además razonadas de forma jurídica, razonadas con peso, con suficiencia, con solvencia y eso se realiza también a través de los datos que proporciona el avance del plan territorial sectorial, es por lo que entendemos que el texto articulado, que llegando en tiempo y forma por parte del Gobierno Vasco a los grupos de la oposición un 21 de marzo de este mismo año, entendíamos que ese texto protegía mejor los intereses de ese pequeño comercio, de ese comercio minorista, que puede ver en peligro, digamos, su actividad con esa implantación desarmonizada de las grandes superficies en la periferia de las ciudades.
Por lo tanto, por eso apostamos en su momento los Socialistas Vascos y pretendimos que la oposición entendiese nuestras justificaciones.
Se nos presentó por parte de Euskal Herria Bildu, de Elkarrekin Podemos y del Partido Popular otro texto en el que incluían esta regulación material que hoy nos traen aquí, la volvían a incluir en el esquema del texto articulado que nosotros les habíamos planteado, con lo cual, volvíamos otra vez al inicio de esta, digamos, de un intento bastante frustrante, porque no se reconocían las inseguridades jurídicas que esta regulación material que tiene la proposición de ley y el texto que en su momento ustedes nos plantearon, no se reconocen esas inseguridades jurídicas y, por lo tanto, volvemos a estar en el desencuentro.
No obstante, yo sí quiero decir y agradecer también al Gobierno su, digamos, predisposición a que por responsabilidad, en primer lugar, porque no valdría cualquier ley; ni al Gobierno, ni a los Socialistas Vascos, les digo desde ahora, no nos vale cualquier ley por salvar a lo que es el comercio minoritario, o restringir y echar el candado a las grandes superficies si no les damos a los ayuntamientos, cuya campaña electoral empieza hoy, pero hay que decírselo muy clarito, si no tienen una ley con máximas seguridades jurídicas, pueden verse en el brete de que toda las ciudadanía vasca, la guipuzcoana, en concreto, porque es quien tiene además puestos esas grandes superficies comerciales hoy en día en la mesa de los arquitectos y urbanistas de los ayuntamientos, podamos vernos la ciudadanía vasca en el brete de tener que pagar reclamaciones pecuniarias muy, muy importantes.
No estamos hablando de pocos euros; estamos hablando de muchos miles y de millones de euros. Esto no es ninguna broma, aquí no estamos por irresponsabilidad, aquí nos debemos todos una obligación mínima de responsabilidad como parlamentarios, que tenemos que dar forma y tenemos que aprobar una ley con las máximas garantías jurídicas. Aquí no valen experimentos con gaseosa, aquí tenemos que ser todos muy conscientes muy, muy conscientes de cuál es nuestra responsabilidad.
Los Socialistas Vascos no decimos que el texto articulado que ha presentado el Gobierno sea quizás el mejor y el más satisfactorio. Es el mejor para nosotros ahora que tenemos uno; si quizás en este proceso, en este, digamos, ámbito de diálogo técnico que nos hemos dado, al acuerdo al que hemos llegado de crear una comisión, un grupo de trabajo técnico en cuanto salga adelante esta proposición de ley, intentando que esos expertos juristas y urbanistas, entendiendo cuál es el modelo de comercio que quiere la sociedad vasca.
Entendiendo, además, cuál es el modelo que compartimos y que consensuamos en su momento en el plan territorial sectorial y cuáles son los artículos anulados, entendiendo todo eso, ver si esos expertos juristas urbanistas, que además tienen la experiencia profesional de verse en los tribunales, pueden llegar a un consenso mayoritario que aúne las voluntades mayoritarias de lo que es el parlamentarismo, en este caso, del Parlamento Vasco, de los grupos que formamos el Parlamento Vasco.
Yo espero que así sea, yo confío en que así sea, estoy segura de que ni el texto que ha presentado el Gobierno en esta ocasión no va a ser el fiel reflejo de ese texto de consenso, pero estoy también cada vez más convencida de que no tendrá nada que ver con lo que es también la proposición de ley que traemos a la toma en consideración.
Y por lo menos, tendremos la seguridad de haber hecho todo lo posible porque tengamos una seguridad jurídica cierta y podamos decirles a los ayuntamientos, que tienen en sus planeamientos la obligación legal de asumir las normativas que nosotros pongamos a su disposición, podremos decirles que hemos actuado con plena conciencia y responsabilidad para que no tengan, o al menos de tenerlas sea la mínima, inseguridad jurídica si tienen que ver estos temas en los tribunales.
Por eso, vuelvo a reiterar, agradezco al Gobierno que no emitiese criterio, en su momento, ante esta proposición de ley; creo que fue un gesto que le honra, en ese querer favorecer un marco de diálogo entre los grupos parlamentarios. Creo también que es de agradecer, señor Arriola, que llegase su Departamento en tiempo y forma a tener aquel 20, 21 de marzo el texto articulado de principio a fin, para que nos permitiera el juego del diálogo político a los parlamentarios.
Y creo también que es importante que seamos capaces entre todos los grupos de dar, al menos, esperar que el grupo de expertos pueda culminar un trabajo, que los políticos hemos llegado hasta donde hemos llegado. No ha sido posible; nosotros les marcamos tres líneas rojas al texto que nos presentó la oposición, nos dijeron que no era viables, que no entendían las razones que presentábamos para ellos y, si hay ocasión, se las volveremos a comentar, pero entendemos que no ha sido posible llegar en el ámbito de la política a que podamos apoyar esta proposición de ley.
Es verdad, hoy se abre un camino a través de la ponencia para enmendar, para, como digo, en primer lugar, que el grupo de trabajo plantee un trabajo serio y riguroso, y esperemos que con muchas, muchas garantías jurídicas.
Y si ese no fuera el caso, porque no es viable o porque no se hace factible, lo que si les comentaría es que los Socialistas Vascos presentaremos de nuevo nuestro texto, el texto que presentaba también el Gobierno Vasco, lo formatearemos a modo de enmienda, intentando que a través de las comparecencias que tuvieran lugar en la ponencia pues hacerles ver a ustedes, que entiendo que tendrá la mente abierta, para hacerles entender y hacerles ver que, bueno, pues cuanto mayor sea la seguridad jurídica, mejor.
Compartimos, compartimos creo que todos los grupos parlamentarios un modelo comercial, ese modelo comercial que supone que habrá restricciones a la implantación de las grandes superficies en la periferia de...
...ese modelo comercial que supone que habrá restricciones a la implantación de las grandes superficies en la periferia de las ciudades, de las tramas urbanas. Pero lo que no compartimos es que se eche el cerrojo a cualquier posibilidad de que una gran superficie se instale en la periferia e incluso en las superficies si tiene más de 700 m[2]. Eso va contra el derecho comunitario, contra el derecho estatal, también contra las sentencias que ya han manifestado la nulidad del plan territorial sectorial.
Anuncio que nos abstendremos para encauzar de nuevo por la vía de ese grupo técnico, a ver si es posible encauzar un texto que sea de amplio consenso, más del que pueda tener esta proposición de ley en el día de hoy.
Gracias.