BARRIO BAROJA (PP, 2019-04-04):
Gracias, presidenta. Buenos días. Lehendakari, consejeros, consejeras, señorías, buenos días. Egun on.
Quiero en primer lugar saludar a los representantes y a las representantes de los sindicatos, a las asociaciones policiales que hoy nos acompañan aquí en el hemiciclo y fuera de la Cámara, miembros de la Ertzaintza, la Guardia Civil, la Policía Nacional, a los que esta ley les afecta en su honor, en su profesionalidad y en su imagen. Esta ley, podemos hablar de estas leyes. Esta ley lo será dentro de un rato pero hay otra ley de la que cuelga.
Y decir que en relación a la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que hoy se somete al trámite final, quiero manifestar la oposición de mi grupo a la misma, y la consideración de que este Parlamento no va a apoyar, no va a aprobar una buena ley.
Y ya expusimos una serie de razones en la toma en consideración de la proposición hace unos meses de lo que era nuestra posición en contra de la misma. Razones fundamentalmente jurídicas, pero razones también políticas.
Como todos ustedes saben, votamos en contra de la Ley 12/2016 que esta proposición pretende reformar parcialmente y que creaba un sistema parajudicial de investigación de delitos y de vulneraciones de derechos humanos.
Apoyamos el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España que presentó a la referida norma.
No hemos entendido ni hemos compartido la retirada del citado recurso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, cuestión que ha traído a trámite la presente proposición de ley. Ha sido un profundo error no haber permitido al Tribunal Constitucional haber valorado la creación de un órgano administrativo con características judiciales llamado Comisión de Valoración y la investigación a través de un expediente administrativo de asuntos competencia exclusivamente de los tribunales de justicia.
Desde luego, no hemos dicho nunca  - nunca lo hemos dicho -  que no se deba resarcir a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Todo lo contrario. Ya lo pusimos de manifiesto en la tramitación de la Ley 12/2016.
Lo que no puede ser es que una ley autonómica configure un sistema parajudicial, que una ley de estas características sirva para el desprestigio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Autónoma, sin que haya decisiones judiciales para identificar responsabilidades.
Cito: "No son posibles en nuestro Estado de derecho, actuaciones del Poder Público directa y específicamente dirigidas a la investigación criminal, si no se realizan bajo la dirección o el control inmediato del Poder Judicial".
Esta es una de las afirmaciones con la que el propio Tribunal Constitucional anuló el pasado mes de julio, la ley navarra de víctimas por actos de motivación política provocada por funcionarios públicos. Y es íntimo el paralelismo entre la ley navarra y entre estas normativas que nosotros tenemos entre manos.
Mi grupo presentó cinco enmiendas a la proposición de ley, como lo hizo también en su día la Ley 12/2016, con el propósito de ser enmiendas a la totalidad. Una proposición de ley no tiene enmiendas a la totalidad, quisimos manifestar y ya lo hicimos en la toma en consideración nuestra oposición a esta iniciativa legislativa.
Lógicamente no compartíamos ninguno de los cuatro artículos de la proposición, o la exposición de motivos, o las adicionales que entonces constaban, ya que parten de una ley, la Ley 12/2016, a nuestro juicio inconstitucional, y no modifican sustancialmente el contenido de aquella, sino que lo adecuan a unas necesidades más de procedimiento que de fondo. Lógicamente votaremos a favor de nuestras enmiendas y en contra del conjunto de la proposición de ley.
Además, tanto en el proceso de elaboración de la Ley 12/2016, como en el de esta proposición fruto de la retirada del recurso de inconstitucionalidad, ha existido una grave falta de sensibilidad a lo manifestado por la representación profesional de la policía.
Ellos ya manifestaron su desacuerdo, su discrepancia, pero parece que la insensibilidad política ha neutralizado su valor esencial de artífices de la democracia, esa democracia que hemos ido construyendo con ellos también.
Y esta ley, conscientemente o no, trata de buscar el desprestigio de la policía. La policía con sus virtudes y también con sus defectos, sigue siendo uno de los pilares en los que se asienta el Estado de derecho, y no habrá procedimiento ni estrategia que impida conocer lo que la sociedad vasca y española les debe, que es mucho. Lo contrario sería una gran indignidad.
Y solamente un juez puede decir qué cosas se hicieron mal, y nunca una comisión de valoración administrativa, establecida, compuesta por psicólogos o médicos o historiadores o algún jurista, no juez, para conocer, acreditar, demostrar, investigar, probar los hechos o resumir los hechos, etcétera. Estas cuestiones están reservadas a los jueces cuando se presumen delitos o vulneraciones de derechos humanos. Están reservadas al Poder Judicial.
Para los fines que persigue esta Ley, serían necesarios otro tipo de reformas legislativas que afecten al Poder Judicial, que afecten a las leyes de enjuiciamiento, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluso al Código Penal; o a la protección del derecho al honor, protección del derecho a la defensa...
Pero esta Ley no puede tener un pase desde nuestro punto de vista, de constitucionalidad, al integrarse en un texto que por vía administrativa trataba de resolver asuntos de competencia judicial.
Y como decía antes, con esta regulación, lo que sí está garantizado es un paso más en el desprestigio de la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya que les pone bajo sospecha en un proceso en el que no podrán defenderse ni personal ni colectivamente, o en el que solo cuenten testimonios que les lleven a una identificación directa o indirecta, como responsables de vulneraciones de derechos humanos.
Una estrategia contra su derecho al honor que ya inició el Gobierno Vasco con la elaboración de un informe sobre torturas entre 1960 y 2014, donde se contabilizaban 4.113 casos. Especialmente llamativos los 336 atribuidos a la Ertzaintza, sin la existencia de ninguna sentencia judicial.
Por tanto, hablamos, parece que se está hablando de un intento de contextualizar el terrorismo de ETA, precisamente contra un colectivo que tuvo un papel clave en la lucha contra el fanatismo y que lo sufrió de una manera muy directa.
No podemos olvidar los 368 agentes de la Guardia Civil, policías nacionales y ertzaintzas asesinados por la banda terrorista. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nuestro firme reconocimiento frente a quienes quieren desacreditar su trayectoria profesional debilitando los valores de nuestra democracia.
En resumen, a pesar de las mencionadas modificaciones que se pretenden introducir en la Ley, esta continuaría desde nuestro análisis, incurriendo en inconstitucionalidad por dos tipos de razones: Por una parte, porque la Ley 12/2016 atribuye a la Comisión de Valoración un carácter paralelo al jurisdiccional, frente a ello, el Título VI de la Constitución Española del 78, y en particular, sus artículos 117 y 122, y el artículo 149.1, consagran el principio de unidad del Poder Judicial y su configuración como un poder del Estado; lo que implica dos consecuencias, la primera, que la función jurisdiccional es exclusiva de los jueces; y la segunda, que el Estado tiene la competencia exclusiva para su regulación.
Y por otra parte, asimismo la Ley 12/2016, es susceptible  - por esta vía y la aplicación de estos artículos y de los artículos que surgirán modificados después de la aprobación de esta proposición de ley - , es susceptible de vulnerar a través de su aplicación los derechos fundamentales protegidos en las artículos 18 de la Constitución Española, el derecho al honor, y en el artículo 24 de la Constitución Española, en relación con el derecho a la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva.
Efectivamente, señora presidenta, como ya lo hemos explicado, ya lo hicimos también donde correspondía, nosotros no compartimos esta proposición de ley, no compartimos la ley de la que arranca esta proposición de ley, desde luego, ha sido un error el haber retirado por parte del Gobierno de España, el actual Gobierno de España, el recurso de inconstitucionalidad, votaremos en contra de esta proposición de ley.
Muchas gracias.