SÁNCHEZ MARTÍN (PSE-EE, 2013-10-10):
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Intervengo en este Parlamento en representación del grupo Socialistas Vascos con el fin de debatir la proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario en relación con la defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres.
Voy a centrar el tema. El 5 de julio del 2010 entró en vigor la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que derogó el artículo 417 bis del texto refundido del Código Penal.
El objetivo de dicha Ley Orgánica es garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
La Ley sobre salud sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo, contó con un gran apoyo social y pusieron a nuestro país a la vanguardia de toda Europa en las políticas de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.
En esta Ley, donde se combina una ley de plazos e indicadores, se establece un plazo de 14 semanas en la que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, y sin interferencia de terceros.
Asimismo, se garantiza el acceso a la prestación, incluyendo en la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud y, por lo tanto, también aquí, en nuestra Comunidad Autónoma, de Osakidetza.
El ministro de Justicia ha anunciado que el Gobierno presentará pronto una nueva regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que significa volver a una ley de indicadores mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas.
Además, según lo anunciado por ahora, se limitará la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal, creando un catálogo imposible que las clasificará.
Incluso en el supuesto de riesgo para la salud de la madre, Gallardón ha indicado que tendrá que tener una auténtica constatación, puesto que en la ley de 1985, según el ministro, las mujeres lo usaban como pretexto para abortar.
El ministro desconfía de las mujeres y hará que sólo los profesionales externos puedan decidir, es decir, nos somete a una total tutela.
Se regulará también la objeción de conciencia y las menores de edad deberán tener el consentimiento de sus padres o tutores, sino no podrán acceder en ningún caso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Y esto supone retroceder incluso más allá de la primera Ley del año 1985, en la que las mujeres españolas tenían dos opciones: abortar fuera de España –si tenían recursos para ello– o abortar en España en condiciones de clandestinidad, con el consiguiente riesgo para su salud y su vida.
La Ley actual del 2010 fue avalada plenamente por el Consejo de Estado, que en aquel momento argumentaba que era necesario reformar la regulación para adecuarla a nuestra realidad social y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado.
Además también, muchos catedráticos de derecho constitucional lo dijeron, no hay ningún pronunciamiento específico en la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 –en la que se pretende amparar el Partido Popular para la reforma– que excluya expresamente la posibilidad de introducir otros supuestos como los plazos de la Ley actual.
Según el Tribunal Constitucional en 1985 dejaba claro que no estamos en un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres. Lo demás, es decir, el nasciturus, es un bien jurídico que debe ser protegido por el Estado y la Ley actual de plazos e indicadores lo protege suficientemente.
Gallardón, para justificar su contrarreforma, está utilizando inadecuadamente la sentencia del Tribunal Constitucional.
Además, el PP presentó recurso de inconstitucionalidad a la actual Ley, recurso que todavía no se ha resuelto y ha decidido no esperar a que se resuelva y quiere legislar antes de esa resolución.
La Constitución protege el derecho fundamental de las mujeres y así lo recoge la sentencia del Tribunal Constitucional a la que se refiere Gallardón. Con su propuesta, el Gobierno del PP pretende poner por delante la protección de los no nacidos a los derechos fundamentales de las mujeres.
Con la ley vigente, el primer paso que dimos fue reconocer a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica entre otras cosas que las mujeres decidan sobre su embarazo, y que esa decisión consciente y responsable sea posteriormente respetada.
Pero además esta Ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual, porque sólo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos podemos prevenir con más efectividad, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y, por tanto, el número de interrupciones voluntarias del embarazo.
La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo garantiza también la igualdad en el acceso en todas las comunidades autónomas a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva, así como el acceso a métodos anticonceptivos y de interrupción voluntaria del embarazo.
Además, establece un sistema de plazos complementado con indicadores que regulan determinados supuestos médicos, durante las primeras 14 semanas la mujer puede decidir libremente con la de vida información antes de decidir.
Entre la 14 y la 22 semanas, es posible la interrupción si existe un riesgo grave para la vida o la salud de la mujer o existe un riesgo grave de anomalías en el feto. Y a partir de las 22 semanas sólo es posible practicar una interrupción voluntaria del embarazo cuando se diagnostique en el feto la existencia de anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave o incurable, y estos dos últimos supuestos se garantiza que sean también con dictámenes médicos.
La propuesta del Gobierno del PP sobre el aborto nos llevaría a la cola de Europa, a la clandestinidad, a una regulación que estará a la altura de Malta, Andorra y Polonia, los países más restrictivos y conservadores en sus normativas, pero incluso países católicos como Irlanda podrían quedar por delante de nosotros.
La inmensa mayoría de los países europeos permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin justificación hasta la semana 14, oscilando entre las 10 semanas de Portugal y las 24 semanas de Holanda. Curiosamente, Holanda es el estado de la Unión Europea donde menos abortos se practican debido a sus políticas de educación sexual, a pesar de tener una ley de plazos de hasta 24 semanas.
Ésta es la realidad social, señorías, no se puede legislar a espaldas de la realidad y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no. La mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, no, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados.
Por eso mi grupo parlamentario, los Socialistas Vascos apostamos por la defensa a ultranza del derecho a decidir de las mujeres, porque sólo así se garantiza el cuidado de su salud y de su vida. Y porque forma parte de los derechos humanos fundamentales.
Porque de lo que está hablando Gallardón, de acuerdo con la conferencia episcopal, en realidad es de eliminar el derecho a decidir de las mujeres, y que esa eliminación se haga a costa de poner en riesgo su salud y la vida de las mujeres.
Las leyes restrictivas del aborto no reducen el número de abortos, aumentan el número de mujeres muertas y la pérdida de salud de las mismas, porque tendrán que hacerlo en la clandestinidad y en condiciones insalubres.
Cuando esta anunciadísima reforma salga adelante es seguro que se estarán quitando dos derechos a las mujeres, el de la libre decisión y el de la salud.
Estamos en el sueño de la derecha más derecha que está aplicando su programa, que además conocemos, derechos los justos y de pago, y libertad para aquellos que se la pueden pagar.
Hablan de modernidad, pero sus referentes son antiguos. Hablan de reformas, pero en realidad son contrarreformas, porque reformar es modificar una ley para mejorarla, no para empeorarla.
Le pone muchos nombres, pero solo tiene uno, estamos ante una involución social...
...es modificar una ley para mejorarla, no para empeorarla.
Le ponen muchos nombres pero sólo tiene uno. Estamos ante una involución social. Esto es lo que está pasando y con estas políticas del Gobierno de España no estamos conformes. Esta contrarreforma supondría la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres, del derecho a la vida, del derecho a la libertad, de su derecho a la salud y a la dignidad entre otros.
El PSOE se opondrá a cualquier modificación que vuelva a situar la interrupción voluntaria del embarazo en el limbo de la inseguridad jurídica y apoyará la libre decisión de las mujeres a decidir sobre su maternidad, porque incrementa los derechos de las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo, no lesiona los derechos de las que no tienen la intención de hacerlo.
Lo primero que hay que decirle al Gobierno es que el poder que tiene para promover las iniciativas legislativas lo tiene delegado por los ciudadanos y la Constitución, no por los obispos. La Constitución proclama que España es un Estado aconfesional. En consecuencia, tanto los obispos como el Gobierno tienen que tener muy claro que en España no se modifican las leyes al dictado de ninguna moral religiosa.
No legislen a espaldas de la mayoría de la sociedad amparándose en su mayoría absoluta, porque la misma no es un cheque en blanco para que haga retroceder a la sociedad española 30 años. No nos hagan eso a las mujeres por intereses estrictamente partidistas al plegarse a las exigencias ideológicas ultraconservadoras y a la Conferencia Episcopal en un Estado aconfesional porque no es aceptable moralmente. Por ello pido a los diferentes partidos políticos de esta Cámara su apoyo a la PNL presentada. Defendamos la continuidad de la ley actual, porque esa ley defiende los derechos fundamentales de las mujeres.
Nada más y muchas gracias.