ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2015-06-18):
Gracias, presidenta. Lehendakari, señorías.
Por fin llega hoy a este pleno, a estación terminus el trámite legislativo para aprobar la ley de vivienda. Ha sido un recorrido largo en el que por momentos no se veía el día en que pudiéramos terminar aprobando esta ley, ley que en su momento impulsamos los Socialistas, hace ya dos años que se tomó en consideración y por eso el tiempo transcurrido.
No hubiera sido posible entonces su tramitación si no hubiera contado desde el primer momento con el voto favorable de Euskal Herria Bildu y de Unión, Progreso y Democracia. Por lo tanto, desde el primer momento se ha revelado como imprescindible la aportación y la colaboración de ambos grupos para el alumbramiento de esta ley.
Por lo tanto, desde aquí quiero expresar mi reconocimiento y mi agradecimiento a ambos grupos por sus aportaciones y por favorecer el alumbramiento, como digo, de esta ley.
En buena parte esta prolongación en el tiempo ha estado presidida por una atmósfera dilatoria que ha tratado de impedir de un modo u otro que esta ley llegara hasta aquí y que llegara además en estos términos. En este recorrido se ha podido ver con nitidez la fobia que tiene el pensamiento liberal a la concreción de los derechos.
Para las derechas, los derechos sólo son meras jaculatorias que sólo sirven para ser invocadas, para ser apeladas a ella, pero cuando llega el momento de su concreción, el momento de garantizarlo ahí aparecen los problemas y éste es el caso.
La ley de vivienda que pretendemos aprobar hoy, empieza por declarar el derecho subjetivo a la vivienda. No hay mayor concreción.
Sobre el derecho subjetivo se puede hablar tanto como se quiera, pero la ley que aquí vamos a aprobar zanja cualquier discrepancia, cualquier disidencia, cualquier conjetura y plantea claramente la aplicación del derecho subjetivo.
Y esta declaración de derecho subjetivo es la que pone, en concreto el Gobierno Vasco que ha mostrado en todo momento su discrepancia, es lo que le hace lanzar esa angustiosa llamada de SOS internacional, diciendo que esto plantea nada menos que un efecto llamada mundial.
Naturalmente que para decir esas cosas, para decir esas cosas quiere decir que existe un grado de paroxismo cuando se plantean estas cosas en esos términos. Es decir, los derechos de las personas no se pueden concebir como una amenaza en ninguno de los casos.
Porque la ley no trata de ser una amenaza para nadie, trata de guiar políticas públicas que hagan posible el derecho a la vivienda y para ello define su función social y, seguidamente, expresa que la provisión de vivienda y de los alojamientos destinados a políticas de protección pública se configura como un servicio de interés general. Y este título habilitante es el que da lugar a las intervenciones que están previstas.
Intervenciones que contempla la ley que el Gobierno del PP y, en general, toda la derecha consideran que invade el derecho de propiedad, y de ahí los recursos de inconstitucionalidad con los que amenaza. Ésta es la gran cuestión, la propiedad.
El Gobierno español, a través de un informe del Ministerio de Fomento, que envió en octubre del 2013, alertaba ya de la eventual inconstitucionalidad de la proposición de ley de vivienda. Afirmaba que los artículos de la Ley el 9.4, el 71 y el 73 definen contenidos esenciales de la propiedad y reclama para el Estado esa competencia.
Por supuesto, en ese amplio informe, repleto de referencias legislativas, constitucionales y demás, no hay la más mínima referencia al artículo 47, principio rector que habla del derecho a la vivienda, ni siquiera del artículo 33, que habla de la función social de la propiedad. De nuevo la vieja distinción entre privilegiados y excluidos que ha marcado durante siglos el escenario social de la historia.
Decía Marcuse, El final de la utopía, que existen medios para eliminar el hambre y la miseria en el mundo, y que si eso no ocurre es por la organización socio-política de la tierra.
La creencia y la voluntad de que es posible transformar la sociedad en estos términos son las que marcaron desde tiempo atrás las políticas públicas que apuestan por el Estado de bienestar.
El artículo 47 no sólo proclama el derecho a la vivienda, sino que impone a los poderes públicos la obligación de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, pero el informe que refiero del Gobierno español no lo menciona en absoluto.
Y es que el propósito de esta ley no es otro que dar cumplimiento a dicho mandato constitucional, mientras que el propósito de la derecha es que el derecho a la vivienda no pase de ser de una mera entelequia.
Los instrumentos con los que se pretende favorecer la realización, concreción y garantía de dicho derecho son objeto de los peores calificativos.
Por ejemplo, algo que produce verdadera urticaria es la cuestión de la vivienda vacía y la imposición de un canon a las propiedades de viviendas así declaradas.
El fenómeno de las viviendas vacías por sí mismo daría para un largo debate, pero a lo que la ley hace referencia, mencionaré un elemento que considero importante, teniendo en cuenta que para el pensamiento liberal el derecho de propiedad es un señorío absoluto que no puede ser conturbado por nadie, ni siquiera por los poderes públicos.
Pero aquí se olvida, se olvida que existe lo que se llama el abuso del derecho y el ejercicio antisocial del mismo, como reza el artículo 7 del Código Civil.
Y esto es lo que pretende la ley precisamente, no amparar el abuso del derecho y el ejercicio antisocial del mismo, que supone que constituye que tener viviendas vacías a lo largo del tiempo, habiendo necesidad de las mismas.
Es evidente que existe un desajuste entre la necesidad de vivienda y el parque existente, y la decisión de actuar sobre los desajustes del mercado exige considerar tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda.
Si bien es verdad que es un problema identificar con exactitud el número de viviendas vacías, porque primero es un concepto que hay que delimitar, pero incluso con esas dificultades previas, hay estudios que vienen a dar unas cifras más o menos elocuentes.
Y según el Observatorio Vasco de Vivienda teníamos en 2013 un 8,7 % de vivienda existente en situación desocupada.
Esta mera constatación ya nos habla de un uso o utilización deficiente del espacio urbano. Y esto tiene su importancia en el debate sobre la propiedad, porque, si bien una vivienda es una propiedad privada, no es menos cierto que ésta se encuentra en espacios urbanos que no son propiedad privada, sino bienes públicos y colectivos y, por lo tanto, dos bienes jurídicos a armonizar, la propiedad colectiva pública del espacio urbano y la propiedad privada de la vivienda inserta en el anterior.
Esta obligada necesidad de conjugar intereses no debe hacer obligar el principio rector de la política social del artículo 47 de la Constitución Española y tampoco la primacía de los intereses colectivos sobre los privados.
Por una parte, un número importante de viviendas vacías sólo puede ser entendido como un fenómeno cargado de connotaciones negativas. De un lado, un patrimonio que no produce rentabilidad, al menos aparente, sólo puede tener como finalidad probable esperar unas plusvalías.
De otra parte, no estaría la propiedad de la vivienda vacía incumpliendo sólo con la función social, sino que además la amenaza, porque el comportamiento especulativo conduce inexorablemente a la alteración del precio de las cosas, en este caso de las casas.
Para la concepción de la ley, hay que entender que la consideración de vivienda es una porción de espacio urbano de uso privado destinado a ser usada como alojamiento de un hogar, aunque no se ignore que es un activo económico y una inversión.
Que la definición de vivienda vacía es un concepto jurídico indeterminado, incluso diríamos difuso, es verdad, porque cabe en muchas situaciones que expliquen tal situación. Sin embargo es posible llevar a cabo una concreción. Ya lo pretendía el artículo 89.2 del anteproyecto de ley de garantía del derecho ciudadano a una vivienda digna, auspiciado por el consejero Madrazo en Gobierno del señor Ibarretxe.
Por lo tanto, cuando planteaba desarrollo de en qué situaciones se podía definir una situación de vivienda vacía, ya daba una serie de situaciones que podía describirla. La ley lo que hace es remitir a desarrollo reglamentario en esta cuestión.
Respecto de la imposición del canon, como del alquiler forzoso, en estos casos no son distintas estas medidas por alarmantes que les parezcan a algunos, de las que se adoptan en otras partes, en Europa señaladamente.
Un recorrido por la diferente legislación nos daría como resultado que la ley que aquí se presenta está en línea con la legislación más eficaz en orden a garantizar el derecho a la vivienda. Y que penalizan de un modo u otro la vivienda así considerada. Y, por tanto, digamos que estas figuras jurídicas se asientan en una cultura política homologable.
Hay otros aspectos relevantes a destacar, sí, como es la política del alquiler como forma de entender las políticas públicas de vivienda y eso adquiere concreción.
Sobre este particular, también podría extenderme, pero basta decir que la ley apuesta por esta fórmula como única alternativa de política de vivienda con un periodo de adaptación de cinco años. Derecho de tanteo y retracto, registro de contratos de alquiler, expropiación forzosa, sujeta a la Ley estatal de Expropiación Forzosa, como no puede ser de otra manera. Y otras intervenciones, como la creación de un organismo autónomo en el que confluyan todas las sociedades públicas, e integrar los diferentes programas y políticas de vivienda.
Toda una batería de medidas legales para intentar hacer efectivo el derecho a la vivienda, según recogen numerosos instrumentos de derecho internacional en materia de derechos humanos. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en el artículo 25, Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Carta Social Europea de 1961.
Y si bien el Estado español es uno de los que recogen de manera más exigente el derecho a una vivienda digna y adecuada, su política de vivienda no ha sido capaz de dar adecuado cumplimiento al mandato constitucional y a los compromisos internacionales adquiridos en la materia.
En términos generales, puede decirse que el sistema de provisión de viviendas reúne las características de un estado social débil, en el que el mercado es quien asigna y regula de manera principal esta necesidad básica para las personas.
Esta política hunde sus raíces en el régimen franquista y no se ha modificado sustancialmente desde entonces. En el resto de Europa la situación es marcadamente diferente. Ya desde los años 50, muchos países europeos experimentaron una fuerte intervención del poder público sobre el mercado, con el objeto de dar respuesta a las necesidades sociales.
Nada de esto ha ocurrido en el caso español, donde puede afirmarse que nunca ha existido una auténtica política social en materia de vivienda.
La ley que aquí se presenta trata de superar este déficit democrático y social. Y lo hace en el marco de nuestras competencias, porque en materia de vivienda...
...y lo hace en el marco de nuestras competencias porque en materia de vivienda sólo por ley autonómica se puede legislar.
El Estado persiste en su voluntad de negar esta capacidad a las autonomías invocando el 149.1.13 que habla de la competencia para la planificación económica de todo el Estado. Con lo cual, corrobora lo anteriormente dicho en materia de fobia obsesiva, a todo lo que es concreción de los derechos.
Lo que hemos conocido es un mercado de propietarios privatizado, con altos índices de especulación y corrupción, receptor de dinero negro, superavitario y ecológicamente insostenible. Por el contrario, una política pública basada en una perspectiva de derechos habitacionales obliga a reconocer a la vivienda no como una mercancía de lujo, sino como una necesidad inalienable e indisponible, tanto para los poderes del mercado como para los poderes del Estado.
Ésta es la finalidad de la ley que este dictamen, aún incompleto por las dificultades de negociación  y la complejidad del propio texto, pretende. Por lo tanto, quiero agradecer en este momento como he dicho al principio, tanto a EH Bildu como a UPyD por su colaboración en el alumbramiento de esta ley.
Y recordar que éste es el fruto colectivo en el que han participado muchas personas, muchos colectivos, muchos movimiento sociales, que han contribuido a generar una conciencia sobre este estado de cosas y, por lo tanto, a todas esas vanguardias ciudadanas que han logrado mantener en alto la reivindicación de un derecho efectivo a la vivienda y a todos los que han colaborado de alguna manera o de otra haciendo sus aportaciones a este texto que vamos a alumbrar, desde aquí quiero dar mis gracias y mi agradecimiento por todo ello.
Nada más y muchas gracias.