GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2015-05-28):
Sí, gracias presidenta. Buenos días lehendakari, buenos días consejero, buenos días señorías.
Bien, esperamos no sin un poco de temor a asistir a un debate que por su enunciado, por su formulación dispositiva a pesar de esa rectificación que se hizo por parte del proponente y a tenor de las enmiendas de totalidad presentadas, puede resultar falaz, quizá un poco engañoso, un poco escapista.
Y esperamos también que no transcurra este debate por derroteros tangenciales al que debe ser el verdadero objetivo de la iniciativa, que entiendo que no es otro que la reivindicación del respeto interinstitucional.
Interesa señalar, señorías, para que recordemos todos, que la interpelación que dio origen a esta moción, la representante del PP partía de una serie de afirmaciones realizadas por un representante del partido que apoya al Gobierno. Y ese punto de partida al final resultó ser exactamente el centro nuclear de la interpelación, lo que permitió si se me permite la expresión al portavoz del Gobierno, escaquearse del pronunciamiento que se pretendía con la interpelación y lavarse las manos como Poncio Pilatos. Pero eso ya es una cuestión, porque efectivamente, sí hubo un representante del único grupo que apoya al Gobierno, que es el Grupo Nacionalista, y único grupo de esta Cámara que no respaldó las conclusiones de la Comisión de Investigación del llamado caso De Miguel, que hizo unas declaraciones claramente despectivas de la labor judicial. Y esto señorías, además de una injerencia en la acción de la justica  - si se me permite también la expresión - , es aparte de mezquino, una señal inequívoca de inexistencia de ciertos déficits democráticos esenciales.
Pero hay que decir, señorías también que este desprecio a la resolución judicial, a ese auto de conclusión de las diligencias previas instruidas en ese caso, no lo es únicamente respecto de la cuestión de fondo o porque no convengan al partido que sustenta al Gobierno, en este caso al PNV, sino porque las conclusiones judiciales de la fase de instrucción coinciden plenamente con el relato parlamentario. Y eso hay veces que al Gobierno le molesta.
Y esto además sin duda, viene a demostrar que aquella comisión de la pasada legislatura actuó con rigor, que las competencias sustanciadas y la documentación recopilada tenían entidad desde el punto de vista tanto jurídico como político y no como ese mismo representante insistió en denunciar, que era un complot político con intenciones o fines electorales.
Es un recurso fácil que utilizan a menudo desde el Partido Nacionalista Vasco y desde el Gobierno. Cada vez que quedan en minoría, en una minoría incomoda, todo tiene un trasfondo electoralista y como muestra señorías, botones, no un botón, botones.
El rechazo a la ley de administración pública es electoralista, la aprobación de la Ley de Vivienda es electoralista, todo lo que este Parlamento aprueba contra los intereses del Gobierno es electoralista, no es el resultado del acuerdo, del consenso y del interés en la consecución del bien común, es electoralista.
Pero voy a volver al asunto. Les decía señorías, que hubo una Comisión de Investigación que actuó estrictamente de conformidad con lo estipulado por el reglamento de esta Cámara, sin interferir de manera ninguna en la jurisdicción, sin interferir en los actos de investigación e instrucción que se estaban produciendo en sede de proceso de judicial, y dando cuenta a la fiscalía de cuantos datos pudieran obrar en poder de la Comisión y pudieran tener relevancia desde el punto de vista penal, que es lo obligado.
Y un inciso, por si acaso hay alguien en este Parlamento  - que no lo sé -  que quiera eliminar las comisiones de investigación, sólo tiene una vía y es interponer y proponer la pertinente reforma parlamentaria.
Y paralelamente señorías, volviendo al núcleo, ha habido una instrucción judicial como decía y por lo tanto, hay una evidente coincidencia entre las personas llamadas a declarar por el juzgado y las citadas por la Comisión.
Se ha dado una evidente coincidencia en la documentación manejada por unas y otras instancias. Y en consecuencia, señorías, hay una evidente coincidencia entre las conclusiones judiciales y las parlamentarias. Y aunque parezca de Perogrullo, el Gobierno está obligado a acatar lo que decidan los jueces y también debe acatar lo que dice este Parlamento.
Tiene que acatar lo que decidan ambos, cada uno en su ámbito. Y del resultado de las actuaciones podrán derivarse responsabilidades penales si así lo decidieran finalmente los tribunales. Y también podrán derivarse responsabilidades políticas, pero sobre todo lo que tocará, será proponer mecanismos de actuación para impedir que algo así vuelva a ocurrir. Eso es lo que tocará fundamentalmente.
A nuestro grupo por tanto, nos parece que lo más constructivo que puede salir de aquí es volver a recordar a Perogrullo y recordar al Gobierno que debe respetar y cumplir los mandatos parlamentarios. Todos los mandatos parlamentarios que sean acordes con la legalidad vigente y con las recomendaciones de las comisiones de investigación aprobadas por esta Cámara, así como con las resoluciones judiciales y esto para no despistarnos.
Y puestos a recordar también, hay que recordar cuestiones fundamentales y una de ellas es que nuestro sistema democrático, en nuestro sistema democrático, este Parlamento no es quien debe decir lo que debe hacer el Gobierno con el partido que le apoya, como se recogía en la literalidad de la moción inicial a pesar de la rectificación para salvar la tramitación de la iniciativa. Pero por el contrario, nosotros sí podemos volver a recordar esos compromisos adquiridos...
...inicial a pesar de la rectificación para salvar la tramitación de la iniciativa.
Pero por el contrario, nosotros sí podemos volver a recordar esos compromisos adquiridos, esos compromisos adquiridos por el propio Gobierno y por el grupo que lo sustenta en esta Cámara. Y esos compromisos que nosotros deducimos son compromisos solidarios entre Gobierno y el partido. Nos estamos refiriendo el código ético, a sus principios, a las apelaciones, al respeto institucional y personal, de forma que todas las opiniones, todas las opiniones, todas, son respetables, no puedan ser ni trasladadas ni entendidas como un insulto o una descalificación.
Denunciar la incidencia entre las conclusiones judiciales y parlamentarias, dando entender que el juez no ha hecho su trabajo en la forma en la que debe, es cuando menos entender que hay una falta de rigor. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, señorías, es quedó demostrado absolutamente que en la Comisión de Investigación de este Parlamento actuó con absoluto rigor.
En cualquier caso, es una buena ocasión  - como siempre, cualquiera es buena -  para reivindicar todos nuestra libertad de expresión. Y cuando digo nuestra, digo efectivamente la de todos porque, entre otras cosas, entiendo que es la mejor manera que se me ocurre para dignificar la política, sin que ninguno de nosotros olvidemos cuál es nuestra responsabilidad institucional, porque en realidad la tenemos todos, quienes gobiernan y quienes no.
Hay que decir también que las negligencias, errores de apreciación o de valoración, torpezas o incluso intencionalidades políticas que pudiera haber en las decisiones judiciales, tienen su propio mecanismo de reproche jurisdiccional. Que si no cabe denuncia, recurso o cualquier otra medida de impugnación contra cualquier resolución de un tribunal, se pueden exponer siempre discrepancias legítimas, pero lo que no se puede hacer nunca  - y ahí es donde está el límite -  es cuestionar la propia función de los tribunales.
Así que para finalizar, señorías, en esta extraña moción que estamos debatiendo, que ya veremos cómo resultan, los Socialistas preferimos quedarnos con una reiteración expresa de principios y una apelación también expresa a este Gobierno ad cautelam, por si acaso, está tentado o alguien pudiera pensar que está tentado, a menospreciar las decisiones judiciales por la vía que sea, incluso con la ayuda o a través de portavoces interpuestos.
Obviamente, señorías, vamos a votar esta enmienda de transacción que hemos firmado con el grupo Popular y con UPyD. Yo creo que esa enmienda hace una apelación expresa, como digo, a todos y a cada uno de nosotros, a todos y a cada uno de los miembros de las instituciones.
Hace una mención expresa al respeto, a los códigos éticos no sólo del Gobierno, sino a los códigos éticos de funcionamiento de todos nosotros que somos ciudadanos y ciudadanas que trabajamos en la política. Por lo tanto, con independencia de que haya dos grupos que no hayan votado esta enmienda, entiendo que es perfectamente asumible por todos ellos y pido el respaldo expreso del resto de grupos.
Gracias.