LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (San José López) (EAJ, 2018-10-05):
Presidente anderea, legebiltzarkideok, eguerdi on guztioi.
Señor Casanova, me interpela sobre si este Gobierno tiene la intención de modificar el modelo de Mesa de Diálogo Social que impide la participación de los sindicatos mayoritarios. Y bueno, en esto le tengo que decir que no tenemos ni ningún pitote, ni ninguna distinta interpretación.
Voy a tratar de responderle siguiendo un esquema y una argumentación mediante la cual espero trasladarles la filosofía del diálogo social que defiendo, que defendemos dentro del Gobierno y las diferentes formas en que pueden articularse y la realidad que estamos viviendo en Euskadi al respecto.
En Euskadi nos alegramos de tener índices que nos sitúan a la cabeza de las regiones de Europa en muchas cuestiones que tienen que ver con el Estado de bienestar social y con la sociedades más avanzadas, como son la educación, y más concretamente la Formación Profesional; como tiene que ver con la sanidad, con la innovación, con la esperanza de vida y con la renta media, por citar algunos.
Sin embargo, voy a reconocerle que en nuestra comunidad la salud del diálogo social no está a la altura de esos indicadores sociales.
El problema no es fácil, es complejo, por lo que no se admiten soluciones sencillas o simples. Intervienen muchos factores a los que es preciso que demos respuesta desde la responsabilidad que asumimos cada una de las partes.
Voy a partir de la definición más extendida y reconocida de lo qué es el diálogo social como es la que ofrece la Organización Internacional del Trabajo, que dice textualmente cito: "El diálogo social comprende todo tipo de negociación, consulta o simplemente intercambio de información entre los representantes del Gobierno, los empleadores y de las personas trabajadores, sobre temas de interés común relativos a la política económica y social".
Por lo tanto, el modelo del diálogo social basado en la participación tripartita, es un modelo de referencia y que en el caso del Gobierno Vasco asumimos como válido y no consideramos conveniente modificar.
Puede complementarse con otras formas de diálogo social como son las relaciones bipartitas entre empleadores y los representantes de las y los trabajadores, pero en ningún caso puede eludirse la implicación de los gobiernos. Aunque como usted sabe, aquí tenemos otros órganos bipartitos como es el Consejo de Relaciones Laborales o el Consejo Económico y Social.
El diálogo social necesita responsables públicos con voluntad política de impulsarlo y de agentes sociales que actúen como sujetos activos en el mismo.
Es imprescindible que los agentes sociales cumplan con la función que les asigna el artículo 7 de nuestra Constitución, que les califica como organismos de máxima relevancia, que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
El diálogo social constituye una necesidad en cualquier sociedad moderna y avanzada, como es la nuestra. Es el mejor mecanismo para mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y es un instrumento que permite avanzar hacia la justicia social y desempeña un papel crucial en el reto de conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Se exige también el reconocimiento mutuo en una relación de igualdad, no existirá diálogo social si alguno de los actores imprescindibles se considera con más relevancia o derechos que otro.
Pues bien, en Euskadi tenemos las partes integrantes, pero no la voluntad integradora, y esto es evidente a la luz de las declaraciones de alguno de sus representantes sociales.
Promover el diálogo social por delante de la confrontación es una característica de las sociedades que evolucionan y se engrandecen. No, el motor de la historia no es el enfrentamiento, señor Casanova, es el consenso. Esto no quiere decir que deba restringirse el derecho a las reivindicaciones y a las movilizaciones que sirvan para defenderlas. La paz social es una aspiración, que permite que las sociedades crezcan en términos económicos, sociales, y de derechos. Pero esta no puede imponerse, será fruto del diálogo.
El respeto a los derechos fundamentales de la libertad sindical, y la negociación colectiva, son condiciones imprescindibles para que sea posible el diálogo social. Habitualmente el diálogo social se identifica con la forma más cercana, como es la negociación colectiva, que tiene por objetivo la revisión positiva de las condiciones de trabajo que se plasman en convenios colectivos. En este caso el papel de los gobiernos es el de impulsor, no tiene una participación directa en la misma. Y aquí le tengo que decir, señor Casanova, que en cualquier momento que he tenido ocasión de reunirme con la patronal, esto es lo que les traslado.
En el modelo tripartito sí se reclama la participación directa de los gobiernos. En este caso el diálogo social adquiere otra dimensión. Tal y como se recoge en las directrices de la OIT, y en diferentes iniciativas que promueven las instituciones europeas, el diálogo social debe servir para que las políticas públicas se adapten y den respuesta a las demandas reales y concretas de la ciudadanía, muchas de las que usted ha planteado.
En la justificación de su interpelación decía que el Gobierno ha realizado dos movimientos, uno de ellos, cito textualmente: "La elaboración del decreto que supondría la institucionalización de la mesa".
Señoría, el proyecto de decreto al que usted alude, no es un movimiento en el sentido de cambio de lugar o de posición. Es consecuencia de una trayectoria larga, es la conclusión y materialización de un acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo Social, algo que se planteó en la reunión de la misma el 22 de julio de 2016, y que se ratificó al año siguiente.
Al elaborar como usted dice el proyecto de decreto, estamos cumpliendo con un compromiso logrado en el seno de la Mesa de Diálogo Social, y estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad institucional, y respondiendo a una demanda de la sociedad. A requerimiento de un grupo de esta Cámara, hemos remitido hoy mismo el proyecto tal y como lo enviamos a los agentes sociales para que lo estudiaran e hicieran aportaciones en forma de alegaciones.
Como podrán comprobar no es un decreto complejo, no es extenso. Y su análisis no requiere de demasiadas reflexiones si se aceptan los principios del diálogo social. Le avanzo que hemos recibido aportaciones al mismo por parte de los agentes sociales y que las estamos analizando, y estamos examinando la forma de incorporar algunas de ellas al texto, y que en muy breve plazo contaremos con un proyecto definitivo.
Este decreto de institucionalización en la comunidad autónoma es un instrumento necesario para consolidar la concertación y los acuerdos alcanzados y por alcanzar en la Mesa de Diálogo Social. El objetivo que pretendemos es garantizar un espacio estable y jurídico que posibilite la intervención de sindicatos y organizaciones empresariales más representativos en los procesos de elaboración y diseño de las políticas públicas que afectan directa o trasversalmente al ámbito de lo sociolaboral.
Tal y como se recoge en el proyecto, la Mesa de Diálogo Social se pronunciará sobre los planes estratégicos, los planes departamentales, los proyectos de ley, normas de carácter reglamentario que incidan en las relaciones laborales, en la negociación colectiva o en cualquier otra de carácter socio laboral. En ese marco se podrán proponer modificaciones, sugerencias o aportaciones de interés para los agentes sociales que enriquezcan las iniciativas del Gobierno antes de ser puestas en práctica.
Creo que con esta iniciativa estamos posibilitando la elaboración de propuestas compartidas y ganando en calidad democrática. Ha hecho usted una lectura negativa del funcionamiento de la Mesa del Diálogo Social y ha desdeñado su trabajo calificándolo de haber obtenido nulos resultados. No estoy de acuerdo con usted y le voy a poner algunos ejemplos de esa importancia.
En la reunión de mesa de 18 de julio de 2017, se reconoció por parte de los agentes sociales el compromiso conseguido en la reunión del 22 de julio de 2016 al respecto de la Formación Profesional, había supuesto un gran avance y la posibilidad de llegar a un amplio consenso que ha permitido la aprobación de la Ley vasca de Formación Profesional, y que indudablemente reportará beneficios al conjunto de nuestra sociedad.
Otro ejemplo del papel que jugó esa reunión de 22 de julio, es que se logró un acuerdo en materia de negociación colectiva en el que primaban los convenios colectivos sectoriales y territoriales. Finalmente, este acuerdo se firmó el 17 de enero de 2017. El acuerdo interprofesional firmado también por organizaciones sindicales que no acuden a la Mesa de Diálogo Social, otorgaba prioridad a los convenios colectivos territoriales e interterritoriales firmados en Euskadi, frente a los convenios de ámbito estatal que pudieran concurrir.
En mi opinión es un caso claro de beneficios que aporta el diálogo social. No hay modelos de diálogo social contrapuestos unos a otros. Existe una forma de entenderlo, que se basa sobre todo en un principio como es el de priorizar los intereses generales de los particulares.
Desde el Departamento de Trabajo y desde el Gobierno Vasco, apostamos por la vía de diálogo y la concertación en el seno de instituciones bipartitas para avanzar y mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía.