MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2014-06-26):
Sí, gracias presidenta.
Nos hemos finalmente abstenido a la toma en consideración d esta proposición de ley porque nos mostramos críticos con el contenido de la Ley, con lo que se propone y con la forma de proponerlo.
Al fin y al cabo, y por resumir, se propone modificar una Ley ante el hecho cierto de que los municipios no la han cumplido, independientemente de las causas, o bien por irresponsabilidad o bien porque no han tenido o no tienen capacidad suficiente, lo que evidentemente nos hace preguntarnos en voz alta, ¿Por qué no tienen capacidad suficiente para cumplir la ley? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Es que la Ley es mala? ¿Es que los municipios no quieren cumplir la Ley? ¿Es que no tienen capacidad suficiente? ¿Es un cúmulo de problemas? ¿Qué es exactamente lo que es? Yo creo que es esto precisamente lo que habría que analizar a fondo.
Según la exposición de motivos, el gran coste económico que conlleva la redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico y la falta de recursos para costearlos, así como la larga duración de los procedimientos de revisión del planeamiento son serios obstáculos a los que han de hacer frente los municipios para poder cumplir el plazo legal en cuestión.
Tanto el gran coste económico que conlleva la redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico, como la falta de recursos para costearlos quizás podrían resolverse a través de un proceso amplio y ambicioso de fusión de municipios, al menos en bastantes casos podría resolverse este problema, tal y como venimos desde hace años en solitario.
Los ayuntamientos grandes no deberían tener ningún problema en cumplir la Ley, al parecer, según se nos dice, es más una cuestión de enfrentarse a un proceso y tedioso, mientras que los pequeños tienen problemas de financiación. Habrá que resolver, por lo tanto, estos asuntos en cuestión en lugar de proponer chapuzas o trampas políticas o jurídicas.
Consideramos que las medidas propuestas de ampliación de plazo hasta los 15 años, así como la discrecionalidad por parte del consejero para ampliar o disminuir el plazo, ya digo que es una especie de chapuza, una especie de trampa para cumplir indefinidamente la ley sin cumplirla realmente nunca.
Y, en todo caso, demuestra que los proponentes de esta iniciativa creen que pueden pasar nuevamente años hasta que los municipios cumplan o puedan cumplir la legalidad vigente o las exigencias establecidas en la ley.
Sobre lo que se propone, evidentemente se plantean varias incógnitas. ¿Cuáles serán los argumentos objetivos que la consejera o el consejero competente en materia de urbanismo considerará necesario para la ampliación o disminución de los plazos? ¿Se establecerán herramientas para que no se repita la situación y se incumpla de nuevo la Ley? ¿Exactamente cuáles?
¿O lo que se pretende realmente es que se cumpla la Ley sin realmente cumplirla nunca? ¿Se irá al fondo del problema o se impulsarán nuevas prórrogas legales o del consejero competente? ¿Cuáles son las reformas concretas y concisas que ustedes plantean?
Nosotros, en todo caso, somos partidarios de exigir a los municipios que cumplan la ley y que si no puede cumplirse se analice a fondo las razones por las cuáles no puede cumplirse. Es irresponsabilidad, es dejación, es incapacidad, es que es una mala ley.
¿Si es incapacidad a qué se debe esa incapacidad? ¿Podría resolverse este hecho si lleváramos a cabo un proceso de fusión de municipios del tipo de los que ya se han llevado a cabo en toda Europa y a la que aquí los grandes partidos políticos se oponen? ¿Podría resolverse este problema de algún otro modo? ¿En fin, de qué modo?
En todo caso, en nuestra opinión es mala práctica esto de modificar las leyes porque no se cumplen, habrá que modificar las leyes porque son malas o porque son mejorables. Pero en este caso, lo que se plantea es modificar una ley porque se ha visto que no se cumple. Sobre todo si estas modificaciones legales son simples parches y no se va al fondo de la cuestión.
Por tanto, no hay un verdadero análisis de por qué no se ha adaptado, no se ha cumplido esta legislación en ocho años. Y sin este análisis y sin aplicar las soluciones que se necesitan podemos encontrarnos en la misma situación transcurridos otros 15 años, quizá por eso se incluye ahora la discrecionalidad del consejero o la consejera para ampliar de nuevo el plazo.
En fin, para terminar. En un país donde prevalecen las chapuzas políticas y las improvisaciones, ¿No estamos ante otra chapuza política y otra improvisación, teniendo en cuenta que el plazo finaliza a penas dentro de tres meses, para que los municipios adecuen sus planes generales y normas subsidiarias a la Ley? Nosotros pensamos que sí, que nos encontramos ante una nueva improvisación, ante otra nueva chapuza política.
¿Por qué no se trajo esta ley antes? ¿Qué hizo el anterior Gobierno? ¿Qué ha hecho este Gobierno?