LLANOS GÓMEZ (PP, 2017-05-25):
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos.
Pues sí, efectivamente, como se disponía en la proposición y como se ha dicho aquí, en las cláusulas suelo se establecía un umbral mínimo por el cual no se puede situar el tipo de interés variable y a partir del año 2009, como consecuencia de las sucesivas bajadas del Euribor, la activación de ese suelo motivó una proliferación de demandas solicitando la nulidad de dichas cláusulas. Y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre del año pasado ha puesto sobre la mesa una realidad compleja que afecta a un buen número de ciudadanos.
El Gobierno de España y las Cortes Generales han llevado a cabo iniciativas precisamente para hacer frente a los problemas surgidos por la aplicación de la legislación hipotecaria y los avances en esta materia, como se ha dicho aquí también, han venido de la mano de la regulación aprobada en Europa en relación con la protección de los consumidores y los pronunciamientos, de pronunciamientos tanto de tribunales nacionales como europeos.
Es cierto, como ha dicho el proponente, que el Tribunal Supremo en el año 2013 declaró la nulidad de las cláusulas suelo en la firma de las hipotecas, pero limitó la retroactividad de esa nulidad de las cláusulas suelo. Y distintos tribunales nacionales cuestionaron esta jurisprudencia del Tribunal Supremo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, presentando distintas cuestiones prejudiciales. Y así, tres años y medio después, el 21 de diciembre de 2016, se dicta sentencia en la que se señala que la cláusula es nula, es decir, que nunca ha existido y que, por lo tanto, debe restaurarse la situación de hecho y de derecho.
Ante la previsible situación de que la sentencia del tribunal europeo trajese consigo el incremento de demandas de consumidores afectados solicitando la restitución de las cantidades indebidamente pagadas, el Gobierno central consideró necesario y urgente arbitrar un procedimiento sencillo y rápido que permitiese dar una solución ágil y satisfactoria para el consumidor. Asumió la necesidad de crear un marco para atender una decisión judicial que podía afectar a más de millón y medio de españoles.
Aunque es cierto que se trata de una regulación entre particulares, no es menos cierto que debía de intervenirse por parte del Gobierno, en primer lugar, por el, como decía, la gran cantidad de ciudadanos que iban a verse afectados y, en segundo lugar, porque iba a poder tener un importante impacto en un servicio público como era el de la justicia.
Y se hace, como se ha dicho aquí, de manera rápida, ya que la sentencia es de diciembre de 2016 y se da respuesta en enero a través del Real Decreto-ley 1/2017, en el que, con una regulación mínima, se establece un cauce de carácter voluntario para el consumidor que le permita obtener una rápida respuesta a sus reclamaciones, llegando a un acuerdo con la entidad de crédito para la restitución de las cantidades indebidamente cobradas por esta.
El principal objetivo, como decía, de ese Real Decreto era establecer ese mecanismo de reclamación alternativo a la interposición de demandas judiciales, y es voluntario, repito, voluntario para el consumidor afectado, pero obligatorio para las entidades de crédito, que deben ponerlo en marcha en el plazo de un mes.
Las medidas previstas en este Decreto facilitan el restablecimiento de los derechos de los consumidores en el plazo más breve posible, evitando así tener que acudir a un proceso judicial que se dilate en el tiempo, pero eso sí, dejando a salvo el derecho a la tutela judicial efectiva y si no quieren acudir a este proceso voluntario pueden acudir, en su caso, a los tribunales de justicia.
Es decir, que este Decreto lo que hace es crear, primero, una vía preventiva, esa vía extrajudicial y, además, este procedimiento de reclamación extrajudicial tiene carácter gratuito. En cambio, como decía, es obligatorio para los bancos, que en un mes, como máximo, deben informar, y así se establece en el propio Decreto, deben informar a los clientes afectados para que estos conozcan la existencia de un nuevo sistema de reclamación, y eso viene recogido en el Real Decreto, la obligación de informar, y el proceso, además, no puede durar más de tres meses.
Se prevé una reducción también sustancial de los aranceles notariales y registrales derivados de las novaciones de contrato que pudieran resultar de la adopción de medidas compensatorias distintas a la devolución de efectivo, que aquí se ha hablado de la posibilidad de que no se haga la devolución en efectivo, pero eso solamente es si el cliente lo desea, porque se le da la posibilidad al cliente de que sustituya la devolución en efectivo por otros productos, pero si el cliente no quiere esos productos y quiere la devolución en efectivo, debe hacerse la devolución en efectivo.
Y en el caso de que finalmente se llegue a un proceso judicial, esta norma también regula las costas judiciales para incentivar acuerdos entre el consumidor y la entidad, y que se resuelva de la manera más adecuada. Y esto es así porque lo que se ha determinado es que se impone la condena en costas a la entidad en el caso de que la sentencia sea económicamente más favorable de lo que se había ofrecido inicialmente por parte de la entidad, o bien no tiene que soportar las costas la entidad en el caso de ella se allane antes de la respuesta judicial.
Por lo tanto, ni es cierto que se cierre la vía judicial, aquí no se ha dicho, pero en el Congreso de los Diputados así se establecía, que se cerraba la vía judicial, o que se proteja a las entidades financieras, porque tampoco es cierto; lo que se hace es penalizar a las entidades financieras en caso de que sean contrarios a la buena fe.
El Decreto habilita  - aquí se ha hablado del seguimiento, pero es eso también está previsto en el Decreto - , el Decreto habilita un órgano de seguimiento, habilita al Gobierno para establecer un órganos de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones, en el que estarán presentes consumidores y abogados.
Y también en este Decreto se regula el tratamiento fiscal, concretamente, en el IRPF, de las cantidades percibidas por la devolución de lo indebidamente pagado a las entidades de crédito para, de esta manera, conseguir la neutralidad de esta medida y que los consumidores no se vean afectados vía impuestos. Tratamiento fiscal que, efectivamente, aquí nos corresponde a las distintas diputaciones forales las que tendrán que adoptar las medidas pertinentes, tal y como se ha establecido.
Con relación a la modificación de la Ley Hipotecaria, señalar que por parte del Gobierno ya se está trabajando en un nuevo proyecto de ley hipotecaria, que igual que este Decreto, se acordó con distintos grupos, un decreto que se acordó hasta con cuatro grupos en el Congreso de los Diputados, también con la Ley Hipotecaria se está hablando con los distintos grupos, con el objetivo de que este proyecto de ley aumente la transparencia de cualquier cláusula en un contrato de hipoteca, porque de lo que se trata es de mejorar el funcionamiento del sistema hipotecario para la financiación para adquirir una vivienda pueda seguir fluyendo, tal y como se ha hecho siempre en España.
Con relación a las distintas medidas que aquí se han puesto en la enmienda, es verdad, bueno, a nosotros se nos ofreció la enmienda ayer a última hora, algunas de las cuestiones son propias de aquí. Quiero decir que yo no veo en el Congreso de los Diputados instando a las diputaciones o instando a Kontsumobide. Pero bueno.
Algunas de las cuestiones que se establecen en esa enmienda se pueden reclamar aquí, en el Parlamento Vasco, no en el Congreso de los Diputados. Otras cuestiones se pueden reclamar. Y muchas cuestiones no es que se puedan reclamar, es que ya se están haciendo, es que como les digo ya se están haciendo.
Aquí algunos, el proponente y seguro que después vendrán también, van a criticar el Real Decreto, pero, desde luego, lo que hay que reconocer es que el Gobierno de España reaccionó de manera rápida, ya digo, la sentencia fue en diciembre y en enero el Real Decreto-ley ya estaba y dando un procedimiento mediante el cual, de forma también rápida, ágil, de carácter voluntario y protegiendo sus intereses, los consumidores puedan recuperar lo indebidamente cobrado.
Además de felicitarnos por la sentencia, yo sé que cuesta mucho y por eso no está puesto en la enmienda, pero también debiéramos felicitarnos por ese Real Decreto-ley, como digo, acordado con muchos grupos y que resuelve la cuestión a muchos consumidores.
Nada más y muchas gracias.