MENDIA CUEVA (PSE-EE, 2013-02-28):
Egun on guztioi, legebiltzarkideak, lehendakari jauna.
Talde Sozialistak gaur Ganbera honetan Kargudun publikoaren Jokabide Kodea eta haien Bateraezintasunen araubidea arautzen duen lege proposamena aurkezten du, aintzat hartua izan dadin.
Talde Sozialistatik kontsideratzen dugu beharrezkoa zela indarrean dagoen erregimena gaurkotzea, dakizuen bezala lehendabizi 7/1981 Legeari zegokiona eta ondoren 32/1983 Legeari, azken hau, gai honi buruzko lege berezien artean lehenetarikoa izan zen.
Aipaturiko bi lege hauen helburu nagusiena gardentasuna, eraginkortasuna eta funtzio publikoetara dedikazio bermatzea izan da. Eta, era berean, euren independentzia eta inpartzialtasuna arriskuan jarri ditzaketen edota zeregin publikoa kalte dezaketen iharduera edo interesak saihestea.
Cuando elaboramos este texto, nos guiaron varios principios. El principal era el de elaborar una ley que permitiese un control exhaustivo sobre los cargos públicos como primer paso para tratar de evitar la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia la gestión de lo público y sus gestores.
Y otro principio era el de tratar de que alcanzase el máximo consenso. Por eso partimos de la base del proyecto decaído y de las enmiendas presentadas al mismo, partiendo así de la base de lo propuesto por todos los grupos de esta Cámara.
La presente proposición de ley avanza y profundiza en este camino, ampliando el concepto de cargo público, con la finalidad de incluir en el sistema de control y garantías que regula el mayor universo posible de quienes ejercen este tipo de funciones públicas en el sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y regulando los principios, obligaciones, garantías, procedimientos y sanciones que procuran la primacía del interés general.
La finalidad de la ley, ésa sí, la satisfacción de un deber ético por quien ejerce esas funciones públicas. Y también de un deber social, pues trata de preservar la legítima confianza que la sociedad deposita en quien gestiona el interés común, así como la transparencia de su actuación en la vida política.
Legeak zeregin publikoetan dihardutenen betebehar etikoa eta betebehar soziala (...) du helburu, interes komunak kudeatzen dutenengan gizarteak jarritako konfidantza legitimoa eta iharduera politiko gardena babestu nahi baititu.
La ley se ordena en seis capítulos, siete disposiciones adicionales, res disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final, que abordan los aspectos necesarios para regular de una manera eficaz y transparente esta materia.
El capítulo I define el objeto y el ámbito de aplicación de la ley, estableciendo los principios generales que rigen el código de conducta de los cargos públicos, la regulación de las situaciones que pueden generar conflictos de intereses y el régimen de incompatibilidades, todo ello de forma que se garantice la prevalencia del interés general.
El ámbito de aplicación comprende el conjunto de cargos públicos al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma, y otros que se definen en la ley y que se entiende necesario que queden sujetos. Por ello, además de la inclusión del lehendakari, de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración contemplados ya en la Ley del 81 de Gobierno, la ley extiende su campo de aplicación a todo el personal que, estando al servicio del sector público, desempeñe funciones directivas o asimiladas y su nombramiento resulte independiente de los procesos de selección regidos por los principios de publicidad y concurrencia competitiva.
La referencia a los principios de publicidad y concurrencia como línea que marca la aplicación o no de esta ley a quienes desempeñan funciones directivas, tiene su razón de ser en el hecho del surgimiento de la figura del directivo público profesional, el cual está llamado a constituir un factor decisivo de modernización en las administraciones públicas y en cuya selección rigen los principios de mérito y capacidad.
Al directivo público y al personal eventual les será de aplicación la normativa de la función pública. Con los matices necesarios, incluyen también los miembros de aquellos órganos que desempeñan funciones participativas o representativas de intereses sociales, económicos o culturales, o funciones consultivas y de control.
Asimismo, se aplica el régimen legal a los miembros de los órganos que sus normas de creación los vinculan funcionalmente al Parlamento Vasco.
No obstante, en relación con estos últimos órganos, se condiciona la aplicación de esta ley a que ésta resulte lógicamente compatible con su legislación especifica.
La presente ley, apartándose de los antecedentes de la ley del 83, no incluye en su ámbito subjetivo a los órganos forales de los territorios históricos, si bien les serán de aplicación los principios de actuación y conducta y las reglas relativas al conflicto de intereses, a la dedicación exclusiva y a la retribución única contenidos en esta ley. Con ello lo que se trata es de respetar la autonomía foral garantizada.
El sistema legal establecido busca dar a la ciudadanía la garantía de que quien desarrolla funciones públicas en razón de un nombramiento o designación basado en la elección parlamentaria, en la confianza de naturaleza pública o en nombramiento fundado en atención a las capacidades que se consideren necesarias para la dirección de los asuntos públicos, sin participar en procedimientos de selección competitiva, asumen un código de conducta ética y antepone, en todo caso, los intereses generales a los particulares.
Con el propósito de aportar certeza jurídica en el desarrollo y aplicación de esta ley, se prevé la aprobación por parte del Gobierno de un catálogo de cargos públicos, que sirva de instrumento de identificación e información del elenco de cargos públicos que se encuentran sujetos al régimen jurídico establecido en esta ley.
El capítulo II se dedica a la importante función de establecer los principios generales que informan el código de conducta de los cargos públicos. Se diferencian los principios de actuación de los de conducta, estando los primeros más ligados a la ética del servicio y los segundos al comportamiento exigible.
Es evidente que, sobre todo en el primer caso, los principios mencionados ya forman parte de la ética pública o de las normas propias de un Estado de derecho. Ahora bien, se entiende que en una ley de estas características es necesaria la manifestación y constancia de los mencionados principios.
Así, es necesario recordar la esencia de los valores y la misión del servicio público en un régimen democrático y, por lo tanto, la obligación de todo cargo público de promover y respetar esos principios básicos que componen el código de conducta.
Se aborda también la cuestión de los conflictos de intereses que pueden enfrentarse en el ejercicio de dicha función pública. Se entiende que cuando se produzcan determinados supuestos, el cargo público debe abstenerse de intervenir o de participar en el conocimiento de los mismo y, con la finalidad de controlar adecuadamente y de conocer esos posibles conflictos de intereses, se establece la obligación de declarar las actividades realizadas durante los dos años anteriores al nombramiento.
Finalmente, el capítulo recoge dos aspectos básicos del régimen del cargo público: La dedicación exclusiva y la retribución única.
La dedicación exclusiva supone la incompatibilidad del ejercicio del cargo con cualquier otra actividad, a excepción de las permitidas en la propia ley o las que el Gobierno autorice expresamente por razones de interés público.
Por su parte, la retribución única prohíbe la percepción de cualquier otro emolumento con cargo a los presupuestos públicos, así como cualquier remuneración que provenga de una actividad privada, salvo las excepciones establecidas en la propia norma.
Hori bai, arau hauekin ez da kargu publikoen ordainsari erregimenik ezartzen, ez delako horretarako lekua. Ordainsari bakarraren printzipio ezartze da baizik arduraldi esklusiboaren ondorioz, alegia, aurrekontu publikoen kargura ordainsari bakar bat jasotzea.
En el capítulo III se establecen las actividades compatibles. La ley sigue la mecánica de la definición concreta de las actividades que pueden ser desempeñadas, siendo incompatibles todas las demás. Se diferencia cuatros tipos de actividades compatibles: Privadas, públicas, electivas y de docencia. Su ejercicio no debe limitar o comprometer el ejercicio del cargo público, ni perjudicar el interés general.
Se identifica la competencia para analizar, conocer y determinar la naturaleza de las actividades de los cargos público, así como en los casos necesarios conceder la necesaria autorización para su ejercicio. Se regula también de forma detallada la prohibición de desempeñar determinadas actividades privadas durante los dos años siguientes al cese, debiendo de ser declaradas con carácter previo a su inicio para su análisis por el órgano competente.
Debido a esta limitación, los cargos públicos no podrán tras el cese prestar ningún tipo de servicio ni mantener relación laboral o mercantil con las empresas o sociedades privadas con las que hubieran tenido relación directa debido al desempeño de las funciones propias del cargo.
El capítulo IV aborda la obligación de declarar las actividades y los bienes y derechos patrimoniales, a efecto de control y garantía de la objetividad e imparcialidad en el desarrollo de las funciones públicas de los cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley.
Se diferencia entre la declaración de actividades y la declaración de bienes y derechos patrimoniales, estableciendo los contenidos de cada una de ellas.
El capítulo V, se encarga de regular los órganos de gestión y control de las obligaciones establecidas en la ley. Se crea la oficina de conflicto de intereses, órgano fundamental para la gestión y la aplicación de esta ley, dependiendo de ella el registro de actividades y de bienes y derechos patrimoniales.
El capítulo recoge también las obligaciones de información parlamentaria.
Por último, el capítulo VI se encarga de regular el régimen sancionador, frente a los incumplimientos de esta ley. Tipifica, independientemente de otro tipo de responsabilidades, las posibles infracciones, su sanción y medidas complementarias correspondientes, el procedimiento y los órganos competentes para su instrucción y su resolución.
En las disposiciones adicionales, se señalan los criterios de aplicación de los preceptos relativos al código de conducta y buen gobierno a las diputaciones forales y su sector público, y a las entidades locales.
Se recogen los criterios relativos a la aplicación de la ley a determinados cargos que disponen de una marcada especificidad recogida en sus correspondientes leyes. Se ordena la comunicación, por las entidades del sector público, de los nombramientos que efectúen y se adapta a la normativa disciplinaria de función pública, al deber de secreto que se impone a los empleados públicos al servicio de los órganos de aplicación de la ley.
Las disposiciones transitorias, finalmente, establecen la obligación de renovar las declaraciones efectuadas, conforme al régimen vigente con anterioridad a esta ley –lógicamente cuando se apruebe– y la revisión de las compatibilidades autorizadas con anterior a su entrada en vigor.
Ésta es, en síntesis, la proposición de ley que hoy el Grupo Socialista somete a la toma en consideración de esta Cámara. Esperemos que goce del voto favorable de la misma.
Besterik gabe, eskerrik asko.