ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2016-04-14):
Muchas gracias, presidenta. Buenos días.
La Ley de Vivienda ha estado acompañada desde su inicio, desde el primer día, ha estado acompañada de polémica por diferentes motivos. Pero si ha habido uno que ha caracterizado el (...) que ha seguido esta ley hasta su aprobación definitiva, ha sido el hecho paradójico por inusual de ser una ley que se aprobó sin el concurso del Gobierno. Es decir, sin lo que habitualmente son las mayorías que apoyan a un Gobierno, es decir, fue otra mayoría, una mayoría de oposición.
Este hecho paradójico daba lugar a la impresión nada aventurada de con qué voluntad y con qué espíritu desarrollaría reglamentariamente el Gobierno dicha ley. Esa preocupación estaba basada lógicamente en la reiterada oposición que el Gobierno hizo a los contenidos más emblemáticos de dicha ley.
Esos temores pudieron desterrarse si quiera momentáneamente cuando el 2 de octubre del año pasado se le preguntaba al lehendakari en esta Cámara, en el pleno de control, acerca de cómo pensaba defender las competencias del Gobierno frente a los eventuales recursos de inconstitucionalidad que el Gobierno de España planteaba. Y de resultas de aquella contestación, pues efectivamente, dio la impresión de que el lehendakari entendía que la norma emanada de este Parlamento atendía políticas públicas y que señaladamente la función social de la vivienda era una de ellas.
Este momentáneo instante por el cual esas preocupaciones pudieron desvanecerse, enseguida volvieron de nuevo a asomar a nuestras impresiones cuando llega el momento de desarrollar reglamentariamente dicha ley y sobre todo el reglamento más importante, el que se desarrolla el artículo 7, 8 y 9 que hace referencia al derecho subjetivo.
¿Y qué dice el borrador de decreto que el gobierno colgó en Irekia y que tenía vocación de ser finalmente un reglamento? ¿Qué es lo que decía? Pues dice que tiene como finalidad, efectivamente, atender estos artículos de la Ley 3/2015 y dice  - y aquí es donde arranca el problema -  que lo hace de acuerdo con la voluntad del legislador con el ritmo gradual que lo ha previsto el legislador.
Y lo hace tomando en consideración la Disposición Transitoria 4º y por lo tanto, ya tenemos una primera cuestión de naturaleza jurídica y política. Porque la regla general es que las normas jurídicas las aprueban las instituciones competentes para ello, tratando de regular conductas que tienden a orientar determinado orden social. Sin embargo, el derecho transitorio no va dirigido a los particulares, sino que va dirigido precisamente a los aplicadores de la ley. Por lo tanto, el artículo o las disposiciones transitorias, tienen naturaleza temporal y pierden su eficacia una vez cumplida la condición a la que están sometidas.
Y he aquí que la previsión de dicho derecho es convertir en permanente lo que no era más que una situación transitoria, es decir, que el régimen gradual previsto en la ley, que es un régimen transitorio, el borrador de decreto quiere convertirlo en un régimen definitivo, teniendo en cuenta y de forma muy breve, que la pensión económica complementaria que sustituye a la adjudicación de una vivienda, va a sustituir a la PCV, a la pensión complementaria de vivienda, pero lógicamente empeorando notablemente sus condiciones de acceso.
Y por lo tanto, el derecho transitorio, que son disposiciones que regulan situaciones existentes, es decir, pues el tiempo que llevan las personas inscritas en Etxebide, entonces estas condiciones son las que se tienen en cuenta, hasta que el reglamento establezca con carácter definitivo y general otra cosa, o como pretendía este borrador, la misma cosa. Es decir, que fuera la graduación que pone la ley, pero que la pone en régimen transitorio.
Y ¿por qué lo hace el Gobierno? ¿Por qué hace esta reglamentación que hace colisionar lo que es un derecho subjetivo, anteriormente ya consolidado, el derecho a la pensión complementaria de vivienda, y lo sustituye por este que tiene unas condiciones más difíciles de acceso?
Bueno, pues efectivamente, para poder demostrar, que la dificultad de regular y armonizar estas dos prestaciones, pues obedece a la mala calidad de la ley, y por lo tanto, no queda otra, como así se deduce de la propia enmienda que presenta el Partido Nacionalista Vasco, que hay que modificarla. Hay que modificarla, porque realmente en los términos en los que está, no es posible reglamentar de otro modo, cosa con la que estamos en total desacuerdo, porque la propia Disposición Transitoria 4ª dice: Régimen provisional. No dice que sea el régimen definitivo.
Por otra parte, la Ley de Presupuestos para el 2016, la Ley 9/2015 dice por el contrario, que hasta que se desarrolle reglamentariamente, se utilizará el régimen previsto en la Ley 18/2008 de la RGI. Y entonces la pregunta es, ¿por qué esta situación de transitoriedad que plantea la Ley de Presupuestos donde se da preeminencia al sistema de acceso de la PCV ya consolidado, por qué no hace que esa transitoriedad sea definitiva?
Bueno, pues de nuevo porque la voluntad del Gobierno y del partido que lo sustenta realmente es ir contra los dicterios y contra el espíritu que anima esta Ley. Y por eso plantean lógicamente modificarla.
Como puede verse claramente, el Partido Nacionalista aboga por eso, por la modificación, y además mediante la vía de proyecto de ley, con todo el fárrago que todo eso supone. ¿Por qué no plantea como vimos la semana pasada, una reforma exprés de la Ley de Tasas? Legamos a un acuerdo, pin pan pun, en dos líneas se corrige, si existe, alguna dificultar objetiva. No, no, plantea un proyecto de ley. Es decir, todo un camino largo como sabemos.
Por lo tanto, si su vocación fuera resolver los problemas que pueden plantear la ley, efectivamente acudiría a una de esas vías que como digo, la semana pasada llevamos a cabo aquí, y fue un trámite que duró, nada, 15 minutos, en 15 minutos se hizo la reforma nada menos que de una Ley de Tasas.
Por otra parte, la Ley de Vivienda tiene sus pertinentes disposiciones derogatorias, entre las que no se encuentra para nada referencia alguna a la Ley 18/2008 de la RGI, o al Decreto 2/2010, que hace referencia a la PCV. O sea, no hay ninguna disposición derogatoria que hable expresamente de derogación de estas normativas. Y tampoco en las disposiciones transitorias hay previsión sobre régimen de transición de la PCV a la nueva prestación económica.
Pero al final de todo, ¿qué es lo que nos preocupa a los socialistas? Lo que nos preocupa es, so pretexto a esta cuestión jurídica, lo que el Gobierno está viniendo a demostrar es que no tiene política pública de vivienda. Y que las políticas que la Ley de Vivienda alumbra y propone, constituyen una carga demasiado onerosa para este Gobierno y por lo tanto, huye como gato del agua escaldado, no quiere efectivamente esta Ley, porque plantea herramientas, plantea instrumentos para llevar a cabo políticas de vivienda. Y ¿qué es lo que plantea el Gobierno? Bueno, monetarizar el derecho. Monetarizar el derecho, 250 euros, toma y corre, y arréglate como puedas.
Y lo que nosotros planteábamos con la Ley de Vivienda no era buscar una solución fácil de cualquier manera, y mucho menos restringiendo derechos ya adquiridos, en todo caso ensancharlos, y eso es lo que en todo momento preside el espíritu de la norma a poco que se quiera leer, en fin, con una mínima objetividad. No plantea la ley en modo alguno, restricción de derechos o limitación de los ya existentes. Para nada.
Por otra parte, están los recursos de inconstitucionalidad. Claro, los recursos de inconstitucionalidad que hablan del derecho subjetivo, como en un momento dado dejen en suspenso dichas normas, pues nos podemos encontrar que la decisión de sustituir la pensión complementaria de vivienda en los términos en los que está...
...momento dado dejen en suspenso dichas normas, pues nos podemos encontrar que la decisión de sustituir la pensión complementaria de vivienda en los términos en los que está actualmente por esta nueva prestación económica que, insisto, tiene carácter subsidiario, aunque parece que para el Gobierno tiene un carácter preeminente, puede ocurrir, como digo, una vez de sustituir una prestación por la otra, esta que está sujeta al derecho subjetivo de la vivienda y sobre el cual gravita la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad, ¿qué ocurre sí queda en suspenso? ¿Qué no hay ningún tipo de prestación entonces?
Bueno, nosotros pensamos que, como poco, bueno, en fin, lo de los recursos es otra materia, pero hoy de lo que hablamos es de la vocación del Gobierno al regular con el primer reglamento, con el primer decreto que ha hecho frente, que tiene que ver con lo nuclear, el derecho subjetivo, ya se plantean serias dudas sobre la vocación de este Gobierno para llevar a término ese desarrollo reglamentario, como digo, en fin, con cierta lealtad a los principios y valores que encierra tanto la ley, como el acervo asistencial y de protección que tenemos, es decir, no conculcar todo eso.
¿Y por qué creemos que no es necesaria la modificación legislativa en este momento? ¿Porque somos muy pegados de nosotros mismos y creemos que la Ley es perfecta? Ni mucho menos, para nada.
Una ley que surge en un parlamento plural, donde no existen mayorías constantes, ni permanentes, es fruto de voluntades diversas que, por supuesto, no se armonizan con técnicas jurídicas, sino con consensos básicos. Por eso la ley, teniendo en cuanta sus muchas limitaciones  - qué duda cabe - , lo que plantea son el concierto de voluntades políticas para que haya políticas de vivienda que permitan asignar debidamente estos recursos a la población y realmente sea un derecho al que pueda acudir aquel que lo necesite y pueda ser atendido.
Por lo tanto, nosotros esta es la razón por la que hemos presentado nuestra proposición no de ley, en la que le decimos al Gobierno que le instamos a asegurar que el desarrollo reglamentario de la Ley de Vivienda respetará en su integridad el espíritu de la misma, que no es otro que el de garantizar el derecho a acceder a la ocupación legal, estable de una vivienda digna y adecuada, a aquellas personas que carecen de los recursos económicos, precisos para conseguir una y subsidiariamente mediante prestaciones económicas, siempre subsidiariamente.
Y también instamos al Gobierno a garantizar que ni el cumplimiento de la Ley Presupuestaria ni los desarrollos reglamentarios previstos en la ley, en cuanto al ejercicio del derecho subjetivo, no supondrá, ni en requisitos ni en cuantías, ningún recorte sobre en lo que la actualidad está regulado para la prestación complementaria de vivienda. Y, en todo caso, el decreto que lo desarrolle ampliará según el sentido y literalidad de la nueva ley de vivienda.
Bien, nosotros hemos alcanzado un acuerdo con el señor Maneiro, con Unión Progreso y Democracia, cosa que le agradezco enormemente. La transacción recoge los aspectos planteados en nuestra iniciativa y también las cuestiones que en la enmienda correspondiente presentaba al señor Maneiro y trata, en todo caso, efectivamente, de hacer suya la que es la idea inicial de la iniciativa, incorporando, efectivamente, nuevas demandas y nuevas exigencias al Gobierno, porque es que le vemos muy remiso, por un lado, a regular con fidelidad y con lealtad al espíritu de la norma y le vemos poco proclive, también, a desarrollar políticas de vivienda.
Por eso aquí, también se le insta a que en el plazo de tres meses presente un estudio detallado sobre el impacto de la Ley de Vivienda y a que en el plazo de tres meses desarrolle un plan para las viviendas propiedad del Gobierno que llevan más de un año vacías.
Es decir, todos estos contenidos de la enmienda de transacción sí que le dan más tarea al Gobierno, pero entendemos que son las propias de un gobierno, que tiene ante sí una Ley de Vivienda que no quiso nunca, que no quiso nunca, y ahora entendemos por qué.
No porque seguramente vaya en contra de sus convicciones ideológicas más profundas, seguramente no. Seguramente porque le obliga es a activarse, a trabajar, a funcionar, a hacer efectivo todos los aspectos que la ley plantea, que no son pocos, que no son pocos.
Por eso hubo por nuestra parte, también, una actitud ciertamente generosa para no hacer más breves los plazos o más inmediatos los plazos de ejecución. Sin embargo, teniendo en cuenta que, efectivamente, la Ley tiene alto contenido y alto voltaje que necesita un tiempo, digamos de puesta en marcha, pero para eso hace falta, no solo tiempo, hace falta también dedicación y entrega. El tiempo solo no es capaz de operar por sí mismo otras formaciones, hace falta que el Gobierno las lleve a cabo.
Y a la vista de este decreto, hemos pedido unos informes cuyo plazo para presentación vence mañana, si la ficha de este Parlamento no me engaña. Yo espero que mañana, que expira el plazo para la presentación de esos informes y que han acompañado al Gobierno en la elaboración de ese decreto, decreto que sigue siendo borrador, sabemos que es borrador, pero alumbra unas intenciones. Esos informes espero que mañana, que es plazo final, no sean contestados con la cláusula de estilo de que se necesita un tiempo adicional para presentarlos, porque entendemos que los informes existen, todo sea que no los encuentren.
Nada más.