BARRIO BAROJA (PP, 2018-11-15):
Gracias presidenta, lehendakari, consejera, consejero, señorías. Buenos días.
Bien, mi grupo quiere defender el voto en contra a la toma en consideración de esta proposición de ley que modifica la Ley 12/2016.
Y antes de hacer referencia a las consideraciones jurídicas, queremos recordar que la citada Ley 12/2016 fue una ley muy mal hecha, con prisas, sin tiempo y además con advertencias de su falta absoluta de acomodo con la realidad a la constitución, de acomodo constitucional.
Podemos decir que esta modificación que se nos plantea hoy no arregla los problemas y aunque se plantea, según dice para sortear los obstáculos constitucionales planteados en el recurso de inconstitucionalidad 2336/2017, se mantienen a nuestro juicio las graves dificultades de acomodo constitucional como trataré de indicar enseguida.
También queremos previamente llamar la atención, sobre que no puede ser que una iniciativa de estas características suscite tanta oposición entre diversos colectivos como son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, asociaciones de víctimas de terrorismo o sindicatos de la Ertzaintza como todos hemos podido comprobar.
Nosotros hacemos nuestra la protesta, su protesta y entendemos que el reconocimiento de víctimas de delitos no puede ir de la mano de una ley autonómica en la búsqueda del descrédito hacia cuerpos policiales, como puede ser este caso. Y este procedimiento utilizado a través de esta proposición de ley.
Entendemos que estos tienen razón en su protesta. Algo falla en este planteamiento que esta proposición de ley hace, y está claro la inquietud y graves reservas sobre lo que puede conllevar las previsiones de esta proposición de ley.
La proposición de ley arranca del acuerdo del pasado 30 de julio entre la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma vasca en la comisión bilateral, pero no ha tenido en cuenta ese parecer negativo, vuelvo a decir, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo.
Y las consideraciones de esta son, de estas asociaciones, de estos sindicatos son de calado absolutamente legal, de calado constitucional. También lo son las que trataremos de realizar nosotros.
Y la proposición de ley que materializa dicho acuerdo, de julio pasado, supone un intento de desligar la comisión del hecho, en qué consiste la vulneración de derechos, hecho normalmente delictivo de la responsabilidad normalmente penal de su autor, autores o quienes a quienes no se les exigiría ninguna responsabilidad.
Bien, se dice en el acuerdo de Gobierno punto primero letra A, que las modificaciones que se pretende incorporar en la Ley 12/2016 afectan de manera específica a los preceptos de la misma que fueron objeto de recurso de inconstitucionalidad, y que han sido objeto de controversia ante el Tribunal Constitucional.
Esto es una verdad a medias, ciertamente las cinco modificaciones planteadas afectan a prefectos que fueron objetos de recurso, pero no todos los recurridos específicamente, de hecho en el fundamento de derecho primero, se afirma que constituye el objeto del recurso de la de la Ley del País Vasco 12/2016 de 28 de julio, de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política de la Comunidad Autónoma vasca entre 1978 y 1999.
La interconexión evidente de todos los preceptos que integran la ley impugnada, determina que el objeto de la impugnación no se circunscriba exclusivamente a algunos preceptos de la norma, por más que tomados aisladamente pudieran no parecer inconstitucionales, sino que se extienda a la impugnación de aquella en su totalidad, en la medida en que parten de un mismo presupuesto inconstitucional, a cuyo fin se ponen a su servicio.
El recurso consideraba que dicha ley  - esa Ley 12/2016 - , incurría en inconstitucional inmediata en relación con los artículos 117, 118, 9.3 y 103.1 de la Constitución Española, lo que conlleva la vulneración de derechos fundamentales consagrados en los artículos 18 y 24 de la Constitución, y por razones competenciales dentro del artículo 149 determinados párrafos, letras y apartados del artículo 149, todos ellos también de la Constitución.
Del mismo parecer es el Consejo de Estado en el informe emitido sobre la Ley 12/2016, donde manifiesta que ha de subrayarse que aun cuando el objeto principal de la Ley Vasca no es la creación del referido órgano  - hablamos de la Comisión de Valoración - , sino el esclarecimiento de la regulación necesaria, el establecimiento de la regulación necesaria para permitir la declaración de víctima de vulneración de derechos humanos a favor de las personas que las sufrieron y reconocer determinados derecho inherentes a tal condición; no ofrece dudas que dicha regulación se articula a través de un procedimiento cuya fase nuclear se asienta sobre la atribución a la Comisión de Valoración de las mencionadas funciones de investigación de delitos y determinación de su autoría incardinada, según se ha razonado, en la función jurisdiccional. Y esta es la cuestión y esta es la clave de la cuestión y la clave de nuestra oposición.
Ello determina que la impugnación deba dirigirse frente a la totalidad de la ley dada la evidente interconexión que existe entre todos los perfectos que le integran orientados todos ellos a un fin cuya consecución quedaría frustrada si se declarase la inconstitucionalidad de los preceptos de los que se infiere la naturaleza jurisdiccional de las funciones de la Comisión de Valoración.
Para este grupo parlamentario, la reforma o las modificaciones que se pretenden operar en la Ley 12/2016 a través de esta proposición de ley resultan manifiestamente insuficientes en orden a la adecuación de la ley al marco constitucional, contrariamente a lo que se asevera en la exposición de motivos de la propia proposición de ley.
Y en relación con las exposiciones de motivos, resulta significativo que se mantenga sin modificación alguna, muy significativo que se mantenga después de esta modificación, que se mantenga sin modificación la propia exposición de motivos de la Ley 12/2016, a pesar de que estas modificaciones  - según se dice -  resultan tan sustanciales que transforman a la norma inicial en perfectamente constitucional de forma que el recurso planteado perdería su objeto.
Bien, la exposición de motivos de la ley contiene principios y afirmaciones contrarias de la Ley 12/2016 contrarias a la reforma pretendida, en cuanto que expresa que la Ley busca facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos en los años 1978 y 1999, o abordar aquellos casos que por haber prescrito no han encontrado el merecido reconocimiento, determinando que la...
...1999 o abordar aquellos casos que por haber prescrito no han encontrado el merecido reconocimiento, determinando que la función principal de esta comisión se centrará, a partir de la acreditación de los hechos, en la valoración de los daños y todo sin entrar en la consideración penal de dichos hechos, lo cual resulta imposible cuando esos hechos, presupuesto fáctico y necesario para el reconocimiento de la condición de víctima, consisten, en nada más u nada menos, que vulneraciones de derechos humanos con el resultado de lesiones, secuelas, daños, etcétera.
Así, a pesar de las cinco modificaciones que se pretenden introducir, la Ley resulta que seguiría siendo e incurriendo en inconstitucionalidad, en la medida en que, mediante la comisión de valoración que en la misma se crea, se desarrollan funciones propias de la jurisdicción penal en la investigación de hechos que pueden ser constitutivos de delito, prescritos o no, pero delitos, es decir, invadiendo con todo ello la reserva de la función jurisdiccional de juzgar y hacer juzgar, ejecutar lo juzgado contemplada en el artículo 117 de la Constitución.
Además, el procedimiento a seguir ante la comisión de valoración, contemplado en el Capítulo IV de la Ley, así como las consecuencias asociadas a la declaración de la condición de víctima, implican una sustantación de un procedimiento extrajudicial para dilucidar hechos que pueden ser constitutivos de tipos delictivos, siendo así el procedimiento para la determinación de las circunstancias o la autoría del delito, aunque esté prescrito, es susceptible de vulnerar el derecho al honor de las personas o el derecho a la presunción de inocencia, sin que se posibilite que las personas afectadas puedan defenderse adecuadamente con las mismas garantías que en un proceso judicial, señaladamente las previstas en el artículo 24 de la Constitución Española, y entre otras, el derecho a ser enjuiciado por el órgano, por el juez ordinario predeterminado por la ley y su correlativo derecho a la recusación del mismo si existen motivo de parcialidad  - algún ejemplo tenemos de ello - , o el derecho a la defensa o asistencia del letrado, o el derecho a no declarar contra sí mismo, o a la presunción de inocencia.
Por otro lado, la Ley 12/2016 se aparta, se separa de las normas que regulan otras ayudas a las víctimas, cuyo reconocimiento derivado de unos hechos generadores, que son así mismo, delitos, faltas o infracciones administrativas, exige la tramitación de un procedimiento en el que se verifica la previa actividad judicial, incluso cuando, sin existir sentencia, se hubieren llevada a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado procesos penales para el enjuiciamiento de los hechos constitutivos de posibles delitos.
Así sucede, por ejemplo, en el ámbito del Estado con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconoce o amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura, etcétera.
Por ello, conviene también dejar sentado la crítica, que no se refiere a la existencia y regulación de un procedimiento administrativo para la declaración de la condición de víctima, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia para regular ayudas a víctimas de delitos violentos  - y ya lo ha hecho ya, algunos se han referido a ello -  en el ámbito autonómico para atender a esas personas, pero la cuestión aquí implica un conflicto constitucional que ya hemos explicado.
En cuanto a algunas de la modificaciones concretas contempladas en la proposición de ley, cabe apuntar el artículo 1 de la proposición de ley; la proposición de ley introduce en el artículo 2.4 de la Ley 12/2016, en que se regula la forma de acreditar las vulneraciones de derechos humanos en un contexto de motivación política, o sea, la forma de acreditar los hechos que constituyen la vulneración.
Se propone la adición de algo obvio, que no se puede desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal, pero se mantiene expresamente que se podrán acreditar dichas vulneraciones en defecto de resolución judicial, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que haya existido un proceso judicial previo.
Es decir, se siguen contemplando la constitución de una nueva instancia, paralela a la judicial, con competencias para apreciar violaciones de derechos humanos allí donde los órganos jurisdiccionales no se han pronunciado, hurtándose estos a su competencia reconocida constitucionalmente de juzgar cualquier presunta violación de derechos humanos en la medida son constitutivas de delito contra los derechos fundamentales de las personas.
También el artículo 2 de la proposición contempla, por un lado, la supresión del artículo 4.2.c de la expresión "esclarecimiento de los hechos que no conlleva eficacia alguna", pues en realidad todo el articulado está trufado de referencias a expresiones tales como pruebas de los hechos, acreditación de los hechos, medios de pruebas admisibles en derecho a efectos de demostrar, acreditar, testimonio de personas para su conocimiento directo e indirecto por los hechos, dar cuenta del resultado de las investigaciones que ayuden a tener un conocimiento exhaustivo y real de lo sucedido, la comisión realizará un resumen de los hechos que ocasionaron la vulneración...
Es decir, conocer, acreditar, demostrar, investigar, probar los hechos o resumir los hechos, obviamente probados. No es otra cosa que esclarecer los hechos, algo que se quita en un artículo, pero que se explica en todo el conjunto de la ley o algo muy parecido, por lo menos.
Por otro lado, en el mismo artículo 2 de la proposición se propone la adición de una nueva letra e al mismo apartado 2 del artículo 4, en la que se incluye el denominado principio de preservación de la jurisdicción penal en la investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de delito.
Esto entra en contradicción no solo con la exposición de motivos de la ley  - que ya lo hemos dicho antes - , sino con el articulado de la misma, en el que se contempla que la comisión de valoración solo suspenderá el procedimiento cuando se encuentre ante las actuaciones ilegales no prescritas.
Es decir, la comisión podrá determinar la existencia de hechos con relevancia penal de delitos que, por definición, siempre son actuaciones ilegales constitutivos de violaciones de derechos humanos no prescritas.
El artículo 4 de la proposición de ley propone diversas modificaciones del artículo 14 de la Ley 12/2016, que dada la horrorosa técnica legislativa empleada; es que hay que ver en la proposición de ley cómo se explica ese artículo 4 y esas modificaciones del artículo 14; es decir, una técnica legislativa lamentable, a base de puntos suspensivos o de la expresión en una ley "el resto igual".
Es decir, eso es un borrador, pero eso no es una proposición de ley que pueda ser aprobada. No se sabe qué es lo que se suprime. Con los puntos suspensivos no se sabe si se suprime, si no se suprime, si hay que meter más cosas...
¿Qué es lo que pasa? Eso no es... Desde luego, como técnica legislativa es absolutamente lamentable. No se sabe qué es lo que se suprime y que es lo que se mantiene del texto original del artículo 14.
Es decir, en concreto nos gustaría saber exactamente qué queda redactado el apartado 8 del artículo 14, pues tal y como está redactado en la proposición, tanto puede entenderse que se suprime la mayor parte del mismo como que se conserva en su integridad.
Es decir, esto ya, por sí solo, sería y es motivo para solicitar la retirada de esta proposición de ley, por ininteligible. Es decir, es un artículo que nadie sabemos lo que quiere decir, basado en puntos suspensivos y en expresiones como "el resto igual".
Yo creo que hay que hacer una reflexión y yo no sé si, alguien habrá hecho esa reflexión desde servicios jurídicos, sobre todo de los partidos proponentes. Pero, en cualquier caso, es verdaderamente llamativo por lamentable.
Dicho artículo 14 regula la instrucción del procedimiento y resulta patente que, a pesar de las modificaciones que se proponen, se mantienen en el texto de la ley auténticas funciones de investigación, de investigación, coincidentes con las judiciales, tales como la de grabar la declaración del solicitante, de recabar datos e informes del Gobierno, de la Administración, solicitar información a otras administraciones o entidades públicas o privadas sobre datos, antecedentes, informes, solicitar testimonios de personas o de peritos cuyo testimonio podrá igualmente ser objeto de grabación, personas que pueden ser citadas y tienen la obligación de comparecer... En fin, llevar a cabo cuantas actuaciones estime precisas en orden a la más completa resolución de los expedientes, lo cual guarda semejanza con las antiguas diligencias para mejor proveer o diligencias finales propias de los procedimientos judiciales.
Además, el apartado 7 del artículo 14 atribuye a la comisión, con carácter exclusivo e independiente, la facultad de proponer la no admisión de la solicitud una vez admitida, proponer o denegar la declaración de condición de víctima.
Este procedimiento supone la atribución a un órgano administrativo de competencias de investigación, reconocimiento de hechos delictivos aun prescritos y valoración de pruebas atribuidas por el artículo 117 de la Constitución Española a los tribunales de justicia.
El apartado 7 del artículo 14 supone, igualmente, un poder de naturaleza parajurisdiccional de la comisión para admitir o inadmitir denuncias, solicitudes, demandas de violaciones de derechos humanos, valorar pruebas y proponer la declaración de la condición de víctima.
Se trata, por tanto, de preceptos legales que transforman a la comisión de valoración en una especie de comisión de la verdad paralela a la judicial, que corre el riesgo de atentar contra los derechos fundamentales de las personas objeto de investigación y que funcionaría al margen de la tutela judicial efectiva que a todos nos otorga el artículo 24 de la Constitución española.
Y todo ello a pesar de las declaraciones o buenas intenciones contenidas en algunas de las modificaciones que se pretenden, por lo menos, declarativamente.
En resumen, a pesar de las mencionadas modificaciones que se pretenden introducir en la Ley, esta continuaría incurriendo en inconstitucionalidad, por dos tipos de razones.
Por una parte, porque la Ley 12/2016 atribuye la comisión de valoración un carácter paralelo al jurisdiccional. Frente a ello, el Título 6 de la Constitución Española de 1978, y en particular sus artículos 117 y 122, junto a las reglas quinta y sexta del artículo 149.1, consagran el principio de unidad del Poder Judicial y su configuración como un poder del Estado, lo cual implica dos consecuencias: La primera, que la función jurisdiccional es exclusiva de los jueces, nunca de una comisión de valoración; y la segunda, que el Estado tiene la competencia exclusiva para su regulación.
Y por otra parte, la Ley 12/2016 es un susceptible de vulnerar, a través de su aplicación, los derechos fundamentales protegidos en los artículos 18 de la Constitución, derecho al honor, y del artículo 24 de la Constitución, derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.
En este aspecto, es cierto que la reforma contemplada en la proposición suprime la previsión inicial de difusión por los poderes públicos, de las relaciones de hechos, de que la comisión de valoración haya considerado vulneración de derechos humanos producidas en contexto de violencia, artículo 7 y 14.8, pero no es menos cierto que, a pesar de lo proclamado en el artículo 4 y 14 de la proposición, los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y tutela judicial efectiva recogidas en el artículo 24 de la Constitución, a través de la intervención preceptiva de la Administración de Justicia, como órgano depositario en exclusiva de la facultad de investigación, reconocimiento, reparación de las actividades de naturales jurídica, como sin duda son las violaciones de derechos humanos a las que se refiere la Ley impugnada, son objeto de vulneración.
Señoría, mi grupo ha analizado esta proposición, esta ley y ha querido utilizar este turno a modo de enmienda de totalidad. No es un proyecto de ley, sabemos que este trámite es el de la toma en consideración, pero hemos entendido que esto nos tenía que servir con rigor pues para establecer nuestra oposición y el porqué de nuestra oposición.
Hemos hecho una valoración política al principio, en relación con la sensibilidad o la no sensibilidad de los grupos proponentes en relación con las dificultades que tenía esta proposición de ley, como lo tuvo la Ley 12/2016 de la que hemos hablado antes, y por eso hemos planteado y hemos entendido que teníamos que oponernos.
Es decir, lógicamente, si se admitiera a trámite, también presentaremos nuestras enmiendas, como hicimos, con mala suerte, con la Ley 12/2016, donde el procedimiento legislativo se hizo sin plazos, con prisas, sin ampliación de plazos, en tiempo record, sin análisis en ponencia.
Bueno, en cualquier caso, si se admitiera a trámite, de la misma manera que hemos hecho este planteamiento de enmienda a la totalidad ahora, lo haremos también en nuestras enmiendas parciales.
Muchas gracias.