LLANOS GÓMEZ (PP, 2017-06-15):
Gracias, señora presidenta. Egun on guztioi.
Nuestro grupo no suele ser un grupo que se niegue a que se realicen ponencias en este Parlamento pero, evidentemente, cuando uno propone la realización de un ponencia, o se plantea la creación de una ponencia en este Parlamento Vasco, tiene que ver en primer lugar cuál es el objeto de dicha ponencia y, en segundo lugar, si existe necesidad de que se constituya dicha ponencia.
En un primer momento, y además se ha puesto así en ese orden cuando se han explicado los motivos para la creación de la ponencia, se ha dicho que tenía por objeto el análisis de la situación actual y de las propuestas en relación con la transferencia de las instituciones penitenciarias.
La verdad es que si nos atenemos a este punto específico, al tenor literal, crear una ponencia para esto es excesivo, porque la transferencia en la competencia de prisiones, será algo a decidir, es verdad que está en el acuerdo de gobierno entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, pero en todo caso, será algo a decidir entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España, será mediante un acuerdo entre ellos cuando se decida esta transferencia.
Por lo tanto, existe la fórmula, dicen que la han utilizado, que luego contesten de manera más o menos claro será cuestión de volverla a presentar en caso de que las explicaciones no sean las adecuadas, pero como digo, la fórmula sería interpelar o preguntar, tanto al Gobierno de España en el Congreso de los Diputados, como al Gobierno Vasco aquí, cuándo...
...fórmula sería interpelar o preguntar tanto al Gobierno de España en el Congreso de los Diputados como al Gobierno Vasco aquí cuándo entre ellos van a acordar la oportunidad, el tiempo y la fórmula para hacer la transferencia.
Y si lo que se pretende, como se ha dicho aquí, es para hablar de una nueva legislación penitenciaria y de una nueva política penitenciaria, hay que señalar que muchos aspectos de los que se ponían de manifiesto en la justificación y que hoy se han también reiterado aquí, son indisponibles para el Gobierno Vasco cuando en su caso tengamos la transferencia de las instituciones penitenciarias.
Hay que distinguir claramente entre la competencia ejecutiva en materia penitenciaria y la legislación penitenciaria, porque con arreglo en lo dispuesto en nuestra Constitución, en el artículo 149.1.6, es competencia exclusiva del Estado tanto la legislación penitenciaria como la legislación penal.
Es cierto que con arreglo a nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 10.14 Euskadi puede ejercer la competencia en la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de protección y tutela de menores penitenciarios y de reinserción social conforme a la legislación civil, penal y penitenciaria que, como digo, es competencia del Estado. Con arreglo del 12.1 del Estatuto ya lo dice claramente que a nuestra comunidad autónoma lo que le corresponde es la ejecución de la legislación penitenciaria del Estado.
Por tanto, aspectos que se mencionan en la iniciativa, como lo relativo a modificaciones en el ordenamiento jurídico, como lo relativo a los juzgados de vigilancia penitenciario no son competencia ni lo van a ser a pesar del traspaso de Euskadi. No entran en aquellas cuestiones que se puedan transferir, como tampoco entran  - que usted lo ha dicho aquí, señora Goirizelaia -  el analizar fórmulas para dar respuestas distintas al delito. Ello constituye legislación penal, recogida en el Código Penal, que  - repito -  es competencia exclusiva del Estado.
Entonces, nosotros podemos crear una ponencia y podemos traer aquí distintos expertos que nos digan cuáles serían otras posibles soluciones, otras posibles respuestas más óptimas para actos delictivos. Pero no tendríamos competencia para, en su caso, modificar esas respuestas distintas al delito porque, como digo, eso en el Congreso de los Diputados.
Lo que sería objeto de la transferencia serían las instituciones penitenciarias, el cumplimiento, efectivamente, el tratamiento o las fórmulas de tratamiento, pero en ningún caso  - reitero -  la legislación penitenciaria.
En Cataluña es verdad que en su Estatuto contemplaba esa transferencia, se realizó en el 83 y luego fue ampliada en el 86. En el Estatuto de Cataluña actual, el que trae origen de la redacción del 2006, en su artículo 186 adopta un tratamiento más amplio del tema, aunque no altera lo fundamental que yo les estoy exponiendo yo aquí, limitando el poder de la Generalitat a la competencia ejecutiva y aspectos referidos a la planificación, gestión, administración y organización.
Aunque también he de decirle que tener la competencia no siempre supone hacerlo mejor, porque existen bastantes críticas a la forma o a la ejecución de esta competencia en Cataluña.
Con relación a Euskadi, en el año 2011, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias firmó un convenio de colaboración institucional con el Departamento de Justicia e Interior del Gobierno Vasco, mediante el cual, a modo de encomienda de gestión, los servicios de penas y medidas alternativas se pasaban a dicho departamento para realizar las gestiones de tramitación, seguimiento y ejecución de las mismas que fueran dictados por los juzgados de lo penal del País Vasco o dictados por otros juzgados si los penados fueran residentes en cualquiera de nuestros tres territorios históricos.
En concreto, y de conformidad con lo dispuestos en el artículo 21 del Decreto 188/2013, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia, la Dirección de Justicia es competente para ejecutar en el ámbito de su competencia la legislación penal y penitenciaria en coordinación con el resto de actuaciones del Gobierno en dichos ámbitos.
La Dirección de Justicia en el ejercicio de estas competencias y dentro de las limitaciones existentes sigue las recomendaciones realizadas por el Parlamento Europeo en su resolución 17 de diciembre de 1998 sobre las condiciones carcelarias de la Unión Europea, reorganización y penas de sustitución, que insta a los estados miembros a aplicar el conjunto de las disposiciones de la normativa penitenciaria del Consejo de Europa. Es decir, que parte de esa gestión ya ha sido asumida por el Gobierno Vasco, parte de eso, gestión de servicios sanitarios y educativos.
Y también, con arreglo a nuestra regulación actual, el Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos, como también lo reconocen las propias entidades a las que usted ha hecho referencia, pueden atender las necesidades de atención a personas privadas de libertad.
Por lo tanto, hay que exigir la responsabilidad a esas instituciones y coordinar esas competencias que tenemos ya en materias sanitarias, de educación, de empleo, de políticas sociales, etcétera. Porque esas asociaciones a las que usted ha hecho referencia dicen esto, o sea, lo que dicen es que hay mucho que decir con las competencias actuales, que antes de esa transferencia también tenemos mucho que hacer y mucho que decir.
Y por otra parte está el Servicio Vasco de Gestión de Penas, que es un servicio público del Gobierno Vasco que se encarga por velar en nuestra comunidad del efectivo cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, de las suspensiones de la ejecución de las penas privativas de libertad, así como de las medidas de seguridad impuesta de todos los juzgados y tribunales de Euskadi. ¿Por qué le hago referencia a todo esto? Porque parece que cuando venga, se produzca la transferencia de instituciones penitenciarias a Euskadi no hay nada, esto es un solar en el que nada se ha hecho y se tiene que empezar de cero y eso no es así, eso no es así.
Es verdad que en su comparecencia la consejera señaló que se planteaba el desarrollo de una política penitenciaria en la que la reeducación y la reinserción social se constituyeran como un horizonte esencial y que fuera una verdadera política de rehabilitación, y nuestro grupo no puede estar más de acuerdo con ello. Pero es que eso viene establecido en nuestra propia Constitución, el objetivo de la pena es precisamente eso, y es a través de ese tratamiento penitenciario cómo es posible hacerlo.
Ese sistema de grados del sistema penitenciario español se adecúa a lo establecido, al tratamiento penitenciario de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos de 1984 y la recomendación 87/3 del Consejo de Europa sobre Normas Penitenciarias Europeas. Y ambas recomendaciones o reglas se encuentran claramente respetadas y es más, incluso interpretadas de forma más progresiva que si uno mira en derecho comparado en nuestra legislación penitenciaria.
Por lo tanto, estimamos que tenemos los datos suficientes para que cuando en su momento, por un acuerdo entre los dos gobiernos se produzca ese traspaso de las instituciones penitenciarias, se puedan aquí ejecutar el cumplimiento de las penas y cumplir ese mandato constitucional establecido en el artículo 25. Consideramos que no es necesaria la creación de una ponencia, ni para ver cuándo se produce y cómo se produce la transferencia, ni tampoco para ver qué es lo que hay que hacer, porque hay información.
Cosa bien distinta es lo que usted ha dicho que estamos cerrando las puertas del Parlamento a posibles experiencias o a posibles aportaciones de asociaciones. No, porque esas asociaciones que ustedes ya las ha mencionado han estado en este Parlamento, todos los grupos las hemos podido oír y las puertas de cualquier comisión están abiertas para todo aquel que quiera venir a hacer una aportación, pero eso no quiere decir que haya que crear una ponencia específica ni para ver cuándo se produce la transferencia o cómo se produce la transferencia, ni en su caso para debatir sobre cuestiones que son indisponibles a este Gobierno porque no son competencia del Gobierno Vasco, sino que son competencia exclusiva del Estado.
Por todo ello nuestro grupo va a votar en contra de la creación de esta ponencia.
Nada más. Muchas gracias.