BARRIO BAROJA (PP, 2016-07-08):
Buenos días, egun on. Gracias, presidenta. Señorías, lehendakari, consejeros, consejeras.
No ha sido esta la mejor forma de abordar un proyecto de ley complejo jurídicamente, complicado políticamente que necesitaba de espacio parlamentario más amplio, dee más posibilidades para los grupos, que no son del Gobierno.
Sirva también esta enmienda de totalidad como protesta por el rodillo aplicado desde la mesa de esta Cámara en lo relativo a la no concesión de ningún plazo de ampliación de enmiendas, situación insólita en este Parlamento e insólita también en la práctica parlamentaria.
Los retrasos del Gobierno, lo pagan los grupos parlamentarios. Las prisas del Gobierno las asumimos los demás y la Mesa de la Cámara protegiendo al Gobierno por encima de los parlamentarios.
Ha habido proyectos de ley, proposiciones de ley, Plan Vasco de Estadística, dos ampliaciones casi un año de tramitación. Proyecto de contaminación del suelo, dos ampliaciones, año y medio, año y un mes de tramitación.
Mujeres agricultoras, dos ampliaciones, un año de tramitación. Modificación de elecciones al Parlamento Vasco, tres ampliaciones, un año siete meses de tramitación.
Espectáculos públicos, tres ampliaciones, un año y siete meses de tramitación. Adicciones, tres ampliaciones, un año y tres meses. Municipal, tres ampliaciones, un año, cinco meses.
Gestión de emergencias, dos ampliaciones, un año y siete meses. Tercer sector social, tres ampliaciones, un año, dos meses. Servicios jurídicos, dos ampliaciones, 11 meses. Fundaciones, tres ampliaciones, 11 meses.
Proposiciones de ley, iniciativa legislativa popular, cuatro ampliaciones, dos años y nueve meses. Vivienda, cuatro ampliaciones, dos años y un mes.
Estatuto cargo público, cuatro ampliaciones, un año, cinco meses. Muerte digna, cuatro ampliaciones  - luego aprobaremos la ley - , dos años y los meses de tramitación.
El proyecto de ley que estamos debatiendo, cero ampliaciones, tres meses, previsiblemente el día 28 se aprobará, tres meses de tramitación.
Pues esto, mire, hasta la ley exprés, a la ley exprés de la derogación del Estatuto del 25 de octubre, de la fiesta, tuvo dos ampliaciones de plazo y también seis meses de tramitación, incluso esa ley exprés que tanto se necesitaba aprobar, porque era tan esencial para este país. Pues eso es, desde luego, hay que protestar, es vulnerar los derechos de los parlamentarios.
El propio Partido Nacionalista Vasco ha presentado siete solicitudes de ampliación de enmiendas que se han concedido, a proposiciones de ley, en algún caso, dos veces a la misma. E incluso, alguna proposición de ley que no se va a ver en esta Legislatura y que lleva un montón de tiempo en tramitación, como la de la reforma del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
Eso es intolerable a los efectos parlamentarios, es sencillamente intolerable, y queremos protestar desde aquí y no queremos diluir la importancia del contenido de esta ley, porque, señores del PNV, ustedes ha vulnerado los derechos de los parlamentarios en esta Cámara.
Y como ha dicho el señor Maneiro, bien que podíamos haber seguido con el estudio, bien se podía haber continuó la siguiente Legislatura, es decir, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de calidad parlamentaria y aquí ha fallado la calidad parlamentaria, señor lehendakari, señores del Partido Nacionalista Vasco.
Bien, en otro orden de cosas, en el mismo, pero ya entrando en las cuestiones que afectan al proyecto ley, cuestiones de forma y de fondo hacen que el Grupo Parlamentario Popular, presente enmienda de totalidad al proyecto ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, producidas en contextos de represión ilícita en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre los años 1978 y 1999, y pida la devolución del mismo al Gobierno Vasco.
El Gobierno Vasco ha enviado a la Cámara en el tramo final de la Legislatura un proyecto ley que arranca, como se recordaba, de compromisos parlamentarios que apelaban como elemento fundamental a la búsqueda de consensos para la reparación y el reconocimiento de víctimas causadas por vulneraciones de derechos humanos, cuestiones en las que todos queremos trabajar y todos estamos dispuestos a trabajar.
El ejecutivo no ha conseguido ubicar el debate de algo tan importante como es un proyecto de ley de estas características con las suficientes garantías jurídicas y con el suficiente tiempo para que los parlamentarios puedan desarrollar un estudio normativo completo, y elaborar un trabajo riguroso y fundamentado, en la posibilidad de la búsqueda óptima de instrumentos necesarios para regular la materia en cuestión.
Circunstancia esta que adquiere especial complejidad y dificultad debido a una serie de aspectos que no pasan desapercibidos, y que todos ustedes conocen.
Un proyecto de ley de estas características, necesita tiempo...
...que no pasan de desapercibidos y que todos ustedes conocen.
Un proyecto de ley de estas características necesita tiempo señor lehendakari, usted lo ha tenido. Un proyecto de ley de estas características necesita tiempo de estudio y tiempo de análisis por parte de los grupos parlamentarios que así lo reclamen, y tiempo para su estudio y debate en ponencia; única garantía de eficacia en la búsqueda de soluciones jurídicas a partir de la negociación de las enmiendas y única vía de generar acuerdos y consensos.
Eso está claro, consultar la aplicación de estas cuestiones a otras leyes. Es decir, lo que tenemos que ver es si estas cuestiones se han aplicado en otras leyes, hemos trabajado y hemos alcanzado el consenso y el acuerdo. El siguiente punto del orden del día de este pleno lo demuestra.
El elemento fundamental que guía en nuestro trabajo ha de ser garantizar la seguridad jurídica y llevar a cabo una confección legislativa que no corra riesgos de vulnerar otras normativas de carácter superior, lo que conllevaría además una frustración política y social importante y nada deseable. En ese sentido, expertos juristas  - participantes en los trabajos previos a la apertura del periodo de enmiendas - , han puesto el acento en esas garantías, en la preservación de la seguridad jurídica y han llamado la atención sobre cuestiones que el proyecto de ley no aclaraba, sobre cuestiones que el proyecto de ley desbordaba jurídicamente o sobre aspectos que corrían un grave riesgo de ser recurridos o anulados.
El Gobierno Vasco no ha hecho bien su trabajo y quiere trasladar la responsabilidad al conjunto del arco parlamentario. El precedente no solo del Decreto 426/2013, de 16 de octubre, impugnado por la sentencia del Tribunal Superior de País Vasco, sino también la propia Ley Foral 16/2015, el del Parlamento de Navarra. Nos indica que este proyecto también, que comparte algunas características, no se asienta aún en unas claves de seguridad jurídica cierta y de respeto competencial exigible, cuestiones que son importantísimas y que eso se pueden tratar trayendo un proyecto de ley adecuado o haciendo un trabajo importante parlamentario jurídico, que necesita tiempo, que necesita estabilidad, que se tenga que ser sostenido en el trabajo parlamentario. Lo cual se va a producir.
Es decir, la entrada in extremis en el registro del Parlamento del proyecto de ley referido, lo que ha incrementado son las dudas, en materia de legalidad y de la propia viabilidad. Y se ha certificado la necesidad de tener un tiempo necesario para completar el análisis normativo del texto con más argumentos jurídicos y de legalidad que busquen una garantía de seguridad jurídica a través de la confección y posterior debate de enmiendas.
Además, los marcos definidos como contexto de motivación política y contexto de actuación con fines de represión ilícita, que son los que sustentan el ámbito de aplicación y de actuación procedimental del proyecto ley, están básicamente inexplicados y con una muy deficiente justificación que avale una actuación cuasi judicial del órgano de valoración regulado y del procedimiento diseñado en la norma.
Llama la atención la ausencia en este proyecto de ley de aquellas víctimas que, pudiendo hipotéticamente a lo considerado contexto de violencia política, han sufrido vulneraciones de derechos humanos por consecuencia de la acción de los terroristas o de la violencia callejera y que no han tenido la consideración de víctimas del terrorismo por otro lado, así como personas amenazadas, víctima de la persecución por parte de ETA, personas que han padecido situaciones que les han causado daños físicos, psíquicos y morales de relevancia y que no entran en ninguna categoría. Por ello, hubiese sido más correcto haber abierto la regulación al conjunto de las vulneraciones de derechos humanos que se puedan acreditar.
Estas cuestiones ya justifican que el Grupo Parlamentario Popular Vasco que solicite a través de la presente enmienda de totalidad la devolución del proyecto de ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos entre los años 78 y 99. Pero también hay más cuestiones, debiéramos decir que en el debate jurídico hay muchas más cuestiones.
Y vuelvo a decir lo que he comentado antes, las dudas jurídicas importantes. Este proyecto de ley parte de unos presupuestos que consideramos discrepan en alguna medida, o pueden hacerlo, y por eso sería importante debatirlo con el Estado de derecho que surge de la Constitución del 78.
El proyecto de ley, tal y como está redactado  - por eso mismo habría que trabajarlo y entendemos que habría que trabajarlo - , puede incurrir en inconstitucionalidad en la medida en que atribuyen funciones propias de la jurisdicción penal en la investigación de hechos que constituyen delitos penados en el Código Penal, invadiendo por ello la reserva de esta función jurisdiccional, artículo 117 de la Constitución, que solo corresponde a los jueces y que es susceptible de producir vulneraciones de los derechos fundamentales, como los incluidos en los artículos 18 y 24 de la Constitución Española.
Por otra parte, al esclarecer una regulación que tiene una clara naturaleza procesal y jurisdiccional invade los títulos competenciales exclusivos, puede invadir los títulos competenciales inclusivos del Estado del artículo 149.1.5.6 y 29 de la Constitución Española. Y respecto a la instrucción, se puede infringir y hay un riesgo de que se infrinja el artículo 141.1.18 y 29 de la Constitución.
Es decir, en consonancia con los expuesto, algunas previsiones del proyecto podrían estar afectadas y eso lo podríamos estar debatiendo y discutiendo en un trabajo sostenido de ponencia para arreglarlo lo que discrepáramos jurídicamente. En consonancia con lo expuesto, algunas previsiones del proyecto estarían afectadas de inconstitucionalidad tanto por cuestiones de fondo, como competenciales.
Específicamente serían las siguientes: El artículo 2, en su apartado 2, ya se ha hecho referencia antes y no me voy a extender porque ya lo comentaremos supongo en los trabajos de la ponencia; el artículo 8, en el que se desarrolla el denominado derecho a la verdad porque la difusión de las relaciones de hechos que la Comisión de Valoración haya considerado vulneraciones de derechos humanos, puede violar el derecho fundamental al honor, el artículo 18 de la Constitución y la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia del artículo 24 de la misma, los apartados 1, 2 y 4 del artículo 15, relativa a la instrucción del procedimiento administrativo, también posiblemente en cuestión; y algunas otras cuestiones que tienen que ver con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, dichas previsiones reguladoras de un procedimiento en el que podrán constatarse infracciones de derechos humanos al margen del cauce de un procedimiento judicial y si las mismas garantías podrían vulnerar la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución.
Por ello, se necesita señor lehendakari, un trabajo intenso para despejar dudas jurídicas, para establecer procedimientos adecuados, para que los órganos que se constituyen tengan toda la seguridad jurídica posible y necesitamos tiempo para ese trabajo, tiempo parlamentario para ese trabajo, el que ustedes no nos han dado.
También tenemos que decir que por otro lado hemos presentado 42 enmiendas parciales y tenemos que decir una cuestión, claro que estamos dispuestos a alcanzar acuerdos y a trabajar contra las vulneraciones de los derechos humanos, vengan de donde vengan. Pero la calma, el debate sostenido, la búsqueda de la seguridad parlamentaria es la mejor fórmula para conseguirlo, ello junto al rigor jurídico. Y de momento no estamos en ese escenario, nos lo han puesto difícil, nos lo han hecho complicado y por eso presentamos la presente enmienda de totalidad.
Muchas gracias.