MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2014-10-30):
Sí, gracias presidenta.
Leída la iniciativa socialista, leída a fondo la justificación de la iniciativa, consideramos en un primer momento que efectivamente era correcto lo que se proponía, pero quisimos presentar nuestra propia enmienda para tratar de mejorarla, cosa que finalmente ha ocurrido con la firma de esta transaccional, que ha recogido lo que pretendía ser, creo yo, la principal aportación de UPyD a este debate, que es lo que recogemos en el último punto de nuestra enmienda de totalidad.
Cuando decimos que en el supuesto de darse circunstancias extraordinarias que aconsejasen una actuación que se apartase de este criterio planteado por el grupo Socialista, la misma será resuelta mediante decisión al efecto de forma razonada y debidamente motivada, informando de la misma a la representación de los trabajadores y, en su caso, al Parlamento Vasco. Evidentemente, esto de informar al Parlamento Vasco puede ser considerado seguramente, con acierto, un exceso y por esto finalmente esto de informar también al Parlamento Vasco no se ha incluido en la transaccional, pero sí todo lo demás.
Creo que es un asunto que merece ser explicado correctamente. Vamos a ver. ¿Está obligado el empresario a readmitir al trabajador aunque haya recurrido la sentencia del Juzgado? La respuesta es que no está obligado a readmitirle, porque puede optar por abonarle el salario sin que el trabajador preste servicios, según lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social y que dice lo siguiente:
"Cuando en los procesos donde se ejerciten acciones derivadas de despido o de decisión extintiva de la relación de trabajo, la sentencia declare su improcedencia y el empresario que hubiera optado por la readmisión interpusiera alguno de los recursos autorizados por la ley, éste vendrá obligado mientras dure la tramitación del recurso a satisfacer al recurrido la misma retribución que venía percibiendo con anterioridad a producirse aquellos hechos, y continuará el trabajador prestando servicios a menos que el empresario prefiera hacer el abono aludido sin compensación alguna".
En el caso que nos ocupa, el hecho de que la cualidad empresarial recaiga en una sociedad de naturaleza pública no altera lo preceptuado, porque si bien una decisión de iniciar un procedimiento administrativo de selección y contratación de personal laboral en todo ente público está regida por el derecho administrativo, a partir de la firma del contrato de trabajo es otro tipo de derecho, el laboral, el que delimita derechos y obligaciones de las partes intervinientes en el mismo.
Por lo tanto, nadie duda de que Euskotren ha actuado conforme a la legislación vigente en este caso, ya que la misma le da opción para actuar de la manera en que lo ha hecho.
Dicho esto, también es cierto que Euskotren podía hacer actuado de otra manera. Efectivamente, la opción de pagar al trabajador sin trabajar, aun siendo excepcional, es una opción legal, tan legal como tenerle trabajando mientras se le paga con dinero público.
Por lo tanto, los matices importantes en nuestra opinión son dos. Por una parte, que se trata de una empresa pública donde el capital es público y el que actúa como empresario no está arriesgando su propiedad, sino una propiedad de todos.
Y por otra parte, que en la medida en que se trata de una empresa pública, es lícito que desde el máximo poder público se den instrucciones a los gestores de las empresas públicas, al fin y al cabo, los órganos directivos de las empresas públicas no son sino servidores finales del poder político.
Atendiendo a estas dos ideas, nos parece, como digo, legítimo pretender que el Parlamento inste al Gobierno Vasco a actuar de una manera determinada en casos como el planteado.
De acuerdo con la reflexión anterior, proponemos que la Administración Pública actúe de una manera determinada, aquella que nos parece más razonable, cuál es que los trabajadores que han ganado una sentencia y cobren su sueldo también trabajen de acuerdo con el puesto de trabajo que les retribuyen.
No decimos que eso se haga siempre, de hecho en nuestra enmienda proponíamos que en los casos en los que excepcionalmente eso no sea aconsejable hacerlo, se tome la decisión contraria, eso sí, de forma motivada y razonada. Era lo que nosotros planteábamos con nuestra enmienda y lo que finalmente se ha incluido en la transaccional.
No instamos a que con el admitido provisionalmente se haga algo prohibido por la ley, sino a que de las opciones previstas en la ley se tome, salvo excepciones motivadas, una determinada opción. Al fin y al cabo, el Parlamento tiene el control político de las empresas públicas y el Parlamento, evidentemente, no debe abdicar de ejercer su potestad sobre la cosa pública.
Hay que tener en cuenta en el caso planteado que la sentencia es recurrible, pero partiendo de la determinación de la improcedencia del despido, por lo que no se trata de un despido provisional, sino de un despido que no procedía. La decisión de Euskotren, por lo tanto, no deja de ser legal, por supuesto.
En el caso de que no fuera legal, en el caso de que fuera ilegal, la decisión ya no sería política, sino que sería directamente judicial la que deberíamos emprender.
La actuación política lo que pretende, por lo tanto, es incidir en las facultades empresariales, ordenando a los responsables finales de la empresa una actuación determinada en el caso de tener varias opciones en su actuación. El hecho de que el Parlamento pretenda impulsar medidas de actuación empresarial en las empresas públicas, orientándolas de una manera determinada, como lo que aquí se va a votar, es un acto políticamente legitimo e incluso –como es el caso– absolutamente deseable.
Se trata de que en los casos en los que las empresas públicas haya despidos declarados improcedentes en primera instancia y sea recurrida la sentencia que así los ha determinado, se proceda a la readmisión del trabajador con prestación de servicios, en lugar de optar por readmisión del trabajador sin prestación de servicios.
La posibilidad de abono del sueldo y cotizaciones sociales sin prestación efectiva de servicios es una novedad de la normativa laboral española, que deja en manos del empresario una decisión que repercute directamente en la cuenta de resultados de una empresa que es del empresario y que está pensada para casos extremos, en los que el empresario considere que es mayor el daño que se genera en la incorporación que el económico que se genera abonando un sueldo sin contrapartida.
Son dos los supuestos en los que es comprensible tal decisión empresarial, en el caso de despedidos disciplinarios en los que se impute al trabajador algún ilícito penal que no ha sido suficientemente demostrado en la vida laboral, por ejemplo, por defecto en la prueba, o en el caso de suprema arbitrariedad del empresario.
La experiencia nos dice que en el ámbito de la administración pública y sus empresas, son más los casos segundos que los primeros, por lo que un cierto control e instrucciones al efecto no está de más, teniendo en cuenta que puede haber algún caso en el que esté justificada la decisión de abono sin prestación. Ya digo, lo que pretendíamos incluir en la enmienda.
Y que paso a explicar brevemente. El caso más claro es el despido por pillar robando a un empleado al que le han visto por las cámaras de seguridad de la empresa, pero como eso no vale como prueba, sino que están para otras cosas esas cámaras, resulta que el despido es improcedente, por que la prueba está envenenada y no puede usarse. Pero el empresario sabe a ciencia cierta que el sujeto le está robando y no quiere que vuelva a trabajar.
Éste sería uno de los casos que nosotros consideramos excepcional, de ahí nuestra enmienda y de ahí que esto se haya incorporado en la enmienda transaccional.
Por eso, decíamos que en casos excepcionales se informe de la situación de forma motivada y razonada. Creo que todos estos argumentos están detrás de la transaccional firmada, por eso la hemos firmado y por eso vamos a votarla.
Nada más y gracias.