PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2019-09-26):
Gracias, presidenta.
Bueno, se cumple una máxima en este Parlamento: Cada vez que hay una propuesta firmada por unanimidad, más se empeña cada partido político en manifestar las diferencias que les separan de ese supuesto acuerdo. Pero, en fin, yo creo que al final debe de prevalecer el acuerdo.
Bien, los Socialistas siempre hemos defendido y vamos a seguir defendiendo la educación pública vasca de calidad y garantizando a todos una igualdad de oportunidades.
Los centros privados concertados, aquí supongo que habrá diferencias de opinión sobre este tema, nacen con la democracia, cuando el sistema público se expande de tal forma que resultaba insuficiente e imposible matricular el número de alumnado existente.
Desde mediados del XIX se ha venido instaurando en España centros escolares privados, por la gran demanda de centros escolares que había y la dificultad del Estado de crear centros educativos públicos.
Fue con una ley que nosotros aprobamos con el Gobierno de Zapatero en el año 85, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, en la que se establecía el criterio de que allá donde no llegasen los centros públicos, el Estado podría financiar centros privados que cumplieran una función social y que funcionaran bajo los criterios de gratuidad y no segregación en la admisión del alumnado. Ese, de esa declaración de principios, es la que inspira en gran parte lo que hoy vamos a probar aquí.
De ese modo, muchos centros privados se fueron convirtiendo en centros concertados, como complementos a la red pública para cubrir esa creciente demanda. Y debemos de reconocer que la escuela pública vasca tuvo una gran mejora, tanto cualitativa, como cuantitativa. Consideramos que es el eje del sistema educativo, por ello siempre hemos trabajado por su mejora y lo vamos a seguir haciendo, para que siga siendo el eje y el centro del sistema educativo vasco.
Nosotros lo tenemos claro: La formación desde la infancia y hasta el final de la vida laboral es el eje troncal para recuperar la cabeza, el liderazgo de Euskadi y subirnos definitivamente al tren del siglo XXI. Y nuestra obligación es defender y garantizar el derecho a la mejor educación pública de calidad que tienen todos los niños y niñas, garantizando una oferta pública suficiente en todos los niveles y modalidades educativas, que respete criterios pedagógicos y equitativos, que beneficie a los alumnos y alumnas, y que ofrezca igualdad de oportunidades.
Nuestro objetivo es muy claro y además lo hemos remitido en varias ocasiones, y es promover un gran pacto educativo que culmine con una nueva ley vasca de educación, en la que se reconozca el papel esencial de la escuela pública, una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades y que sea de calidad.
Pero entendemos la realidad de nuestro sistema educativo  - el vasco, me refiero -  y el derecho que las familias tienen de matricular a sus hijos e hijas en un determinado centro escolar, y lo que no podemos permitir es que exista ninguna brecha entre redes ni entre centros educativos de la misma comunidad.
Hay que establecer, por eso, bases regulatorias para la financiación del conjunto del sistema, porque no pueden existir desigualdades entre los dos modelos educativos. Y una cosa tenemos clara, y es que cualquier centro que esté sostenido con fondos públicos tiene que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Y cada vez se va notando que esa desigualdad entre ambos modelos, el público y el privado, están aflorando. Cada vez es mayor el peso que soporta la escuela pública en matriculaciones de extranjeros, por ejemplo, que la concertada, no solo a red pública sino especialmente algunos centros de la red pública.
Y aquí debiera de haber una equidad entre ambas redes, que por desgracia, no se da por muchos motivos, entre ellos entendemos que no puede haber clases en los que el 70 % del alumnado, en algunos casos, sea extranjero, como se está dando.
Eso no es integración, ni de unos, ni de otros; el nivel de las clases no se debe adecuar siempre al nivel de los alumnos, sino al revés, los alumnos tienen que tener los medios y la capacidad y los recursos para seguir los niveles que se imparten.
Es nuestro deber, por tanto, luchar contra la segregación y la exclusión social y trabajar por la inclusión, la integración y la igualdad de oportunidades.
Nos postulamos a favor de esta lucha de una sociedad sin segregación, y la escuela pública vasca debe ser la herramienta para canalizar esta brecha social, pero, evidentemente, también se necesita la ayuda de la concertada.
Los cambios que se han producido en los últimos años en nuestro entorno  - cambios culturales, cambios socioeconómicos -  han dibujado una sociedad muy diversa, y en este contexto, la política educativa debiera de ser el motor, el factor que interviene en el fomento de la cohesión social, promoviendo una intervención, que con un carácter inclusivo, tiene que incidir sobre las desigualdades y favorecer la igualdad de oportunidades.
Y por eso se deben de tomar medidas que impulsen y ayuden a la integración del alumnado, con políticas públicas de calidad y además eficaces, porque el tema de la segregación es muy sensible y merece mucho trabajo para alcanzar soluciones.
Y otro punto son los recursos económicos, pero más importante que eso solamente es su eficiencia y su eficacia, porque hemos podido comprobar que en otras comunidades con menos recursos económicos obtienen mejores resultados que el País Vasco, por lo tanto, se denota que tenemos un amplio margen de mejora y hay que trabajar para alcanzar un punto óptimo.
Tenemos un sistema educativo potente, con expectativas, que trabaja para reducir desigualdades entre alumnos y alumnas, y que ha de seguir trabajando y tomando medidas para no caer en un sistema de dos velocidades.
Es verdad que hay muchos problemas; no está, ni mucho menos, todo perdido; hay que seguir trabajando para garantizar la igualdad de oportunidades y para garantizar la escolarización en términos de igualdad y calidad para todo el alumnado de la comunidad autónoma. De eso quiere hablar esta propuesta de hoy.
Y seguir trabajando con todos los agentes educativos, buscando siempre avanzar en un sistema público plural, inclusivo y de calidad. Y eso requiere también un profesorado bien formado, competente, motivado y comprometido con el progreso de los alumnos.
Por eso son tan importantes las ofertas públicas de empleo, porque garantizan, entre otras cosas, la estabilidad del sistema educativo y reducen la tasa de interinidad.
Por ello, nos reiteramos, defendemos la escuela inclusiva, equitativa e innovadora de calidad, para lograr un mayor equilibrio, cohesión social y convivencia, teniendo como eje central, como todo el sistema, a la escuela pública vasca. Debemos de mejorar la calidad del sistema educativo, avanzando en una mayor y más eficiente gestión de los recursos, teniendo al alumno en el centro del sistema educativo y garantizando la igualdad de oportunidades.
Probablemente el texto de hoy no satisfaga los máximos de ninguno de los partidos políticos que estamos en la Cámara, por eso se trata de una enmienda transaccional. La virtud es encontrar un mínimo común denominador, que es absolutamente esencial encontrarlo en un tema tan transcendente para cualquier sociedad, y para la vasca también, como es la educación. Y ese mismo espíritu de alcanzar un mínimo común denominador es el que debiera inspirar también la puesta en marcha de la nueva ley de educación.
Muchas gracias.