HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2016-04-22):
Eskerrik asko, legebiltzarburu andrea.
Señora Rojo, efectivamente el hecho de que se celebren dos interpelaciones sucesivas otorga ventaja a quienes intervienen en segundo lugar, en la medida en que hay una cierta parte del debate no irrelevante, creo yo, sino sustancial, que ha sido despejada ya en la primera y, por lo tanto, esto nos permite a todos ahorrarnos algunas consideraciones, algunas reflexiones que ya las hemos formulado en la primera interpelación y vamos a ir concretando más el campo del debate.
Yo creo que he hecho un reconocimiento explícito del buen trabajo jurídico que hizo la Cámara cuando afrontó la regulación de este aspecto.
Me llamó la atención la sutileza con la que en el propio título de la Ley 6/2015, de 30 de junio, se hablaba de las condiciones adicionales de protección medioambiental.
Las leyes recurridas y declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional no reparaban en mientes, y hablaban abierta y explícitamente de la prohibición de la técnica de la fractura hidráulica.
Creo recordar que la propia iniciativa que se registró en la Cámara aquí se expresaba en idénticos términos. Estábamos hablando de una prohibición absoluta e incondicionada que a esas alturas ya empezaba a saberse que estaba llamada a ser inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Por tanto, he reconocido, efectivamente, la calidad técnica del trabajo que se desarrolló en esta misma Cámara en relación a este asunto.
Yo haber, admito que, efectivamente, este es un debate que tiene múltiples dimensiones. Tiene una dimensión ideológica innegable, tiene una dimensión económica que nadie puede poner en cuestión y tiene una dimensión jurídica, que yo creo que en estos momentos es prioritaria, en el sentido al que antes he apuntado.
La cuestión relativa a la fractura hidráulica está regulada a través de un sistema complejo, que a partir del año 2013 ha visto añadida su complejidad.
Y que, además, en lo que respecta a esta comunidad autónoma, a partir del momento que se interpone el recurso por parte del Gobierno central, pero todavía no sabemos exactamente cuál es su alcance y contenido, no sabemos una cosa decisiva, si va a invocar el 161.2 de la Constitución a efectos de su suspensión o no.
No lo sabemos y esto es decisivo, porque de eso puede terminar, el que la ley acabe dentro de una semana suspendida en su totalidad o parcialmente, o no lo esté.
Usted me dice, pero esto es irrelevante. Pero cómo me dice usted esto. Sí, esto no es irrelevante desde el punto de vista jurídico, porque, querámoslo o no, el con junto de los poderes públicos en el ámbito de la comunidad autónoma vamos a tener que desarrollar nuestra actividad en el marco que establezca la ley, en primer lugar de lo que establezca esta ley, de lo que establezca la ley aprobada por la Cámara; y, en segundo lugar, del texto del resto del ordenamiento jurídico.
Entonces, usted a partir de ahí, me dice, no el debate es ideológico, bien, pero también tiene un aspecto ahora prioritariamente jurídico que no podemos soslayar.
Mañana mismo o el año que viene mismo podemos encontrarnos con un marco jurídico completamente distinto, y eso no es irrelevante, no es precisamente indiferente.
También en su interpelación las consideraciones jurídicas, por lo menos en el texto escrito, son importantes y yo, en fin, yo creo que esto tiene que ser necesariamente así. No podemos soslayar el factor jurídico en este debate.
Usted me dice, pero si finalmente la ley se...
...importantes y yo, en fin, yo creo que esto tiene que ser necesariamente así, no podemos (...) el factor jurídico en este debate. Usted me dice, pero si finalmente la ley se declara inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que van a hacer?
Bueno, permítame en primer lugar que me resista a ponerme en esa hipótesis. En fin, el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para que en la sentencia que finalmente dicte el Tribunal Constitucional en esta materia valide en todos sus términos la ley aprobada por la Cámara. Se esté o no de acuerdo con su contenido, quien esté comprometido con la competencia de la comunidad autónoma debe afirmar la posibilidad que tienen sus instituciones, las instituciones de la comunidad autónoma para aprobar una ley con ese contenido o con el contrario, pero reconocerle la capacidad y la competencia.
Por tanto, yo espero que esa sentencia no se produzca y cuando he hecho algún llamamiento a la cautela en la formulación de expresiones, en la utilización de argumentaciones y tal iba, en esa línea. Porque hay declaraciones, hay debates, que pueden facilitar la defensa jurídica ante el Tribunal Constitucional de la ley aprobada por la Cámara, y hay también declaraciones que lo pueden dificultar, y le aseguro que el seguimiento que hace la abogacía del Estado de las actuaciones oficiales de las instituciones vascas a la hora de determinar alcance y contenido de las leyes, es importante.
Por tanto permítame en primer lugar que me resista a situarme en la hipótesis que me emplaza usted, la de que el Tribunal Constitucional declare contrario a la Constitución la ley aprobada por la Cámara de Medidas Adicionales de Protección Medioambiental.
Nos ha dicho que nadie respondió a las insinuaciones de la señora López de Ocariz. Yo recuerdo una pregunta que se formuló al Gobierno en relación precisamente con esas declaraciones que respondí yo, justamente además en las fechas en las que se reunía la Comisión Bilateral de Cooperación aquí desde esta misma tribuna. Y di cuenta de que la primera reunión oficial y válida por tanto que el Gobierno Vasco había tenido con el Gobierno central para abordar esa cuestión, se celebraba en aquellos días. Esto se produjo en torno al 12 de noviembre del año 2015, yo mismo lo dije, y dije que en absoluto en ese nuestro planteamiento, que en la representación oficial del Gobierno Vasco en la Comisión Bilateral de Cooperación la postura que vamos a mantener va a ser la de defensa a ultranza de la competencia del Parlamento, de las instituciones autónomas, para aprobar esa ley. Esto lo dije.
En fin, tampoco conozco yo más datos pero la relación oficial de este Gobierno con el Ejecutivo central se articuló a través de esa vía, y en esa vía le puedo asegurar que ni yo que no estuve personalmente, pero ninguno de los colaboradores que forman parte de mi equipo y que participaban habitualmente en la Comisión Bilateral de Cooperación hizo un planteamiento de este tipo, instando a nadie a que recurra ninguna ley autonómica, en absoluto. Esto lo puedo negar absolutamente en lo que se refiere a los cauces oficiales de comunicación. Pero ya lo dije, no diga usted que nadie se pronunció en esta línea, porque en esta misma Cámara, en esta misma tribuna, lo dije en aquella fecha.
Bien, usted me dice, bueno, ¿y si se suspende la ley? ¿Cabe la posibilidad de que se suspenda la ley por parte del Tribunal Constitucional total o parcialmente? Cabe la posibilidad, esto no se puede negar. Pero a lo que el Gobierno está dispuesto por supuesto, y no va a tener otro planteamiento va a ser no solamente aprobar los mandatos de este Parlamento traducidos en norma jurídica, sino también todo tipo de resoluciones, todo tipo de proposiciones aprobadas en forma de resoluciones que insten al Gobierno a adoptar unas decisiones u otras, por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Pero no es irrelevante lo que vaya a ocurrir con la ley en el marco del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central. Vamos a esperar que se concrete exactamente cuál es el alcance del contenido del recurso, porque en este momento es que no sabemos exactamente ni cuáles son los preceptos que quiere impugnar, ni cuáles son las alegaciones y los argumentos que quiere utilizar el Gobierno central para impugnar la disposición, ni tan siquiera, insisto, si se va a invocar la facultad suspensiva que tiene el presidente del Gobierno reconocida por la Constitución. Y no es irrelevante.
En cualquier caso, la voluntad del Gobierno es la de seguir respetando el marco jurídico en esta materia, desenvolverse estrictamente siempre dentro de la legalidad, una legalidad que viene marcada en primer lugar por esta ley, por la Ley 6/2015, de 30 de junio, y en segundo lugar, por el resto del ordenamiento jurídico porque esta ley, como le decía el señor Maeztu, no cuelga de las nubes, cuelga, se inserta en un marco jurídico dentro del cual se tiene que interpretar y aplicar. Esto es así como cualquier jurista lo sabe.
Por tanto, la actitud del Gobierno va a ser no solamente la de respetar la ley, la que en cada momento resulte porque, insisto, también he hecho referencia a una voluntad que parece emerger en el Congreso de los Diputados alternativa al régimen actual. Ya se ha aprobado una resolución por parte de la Comisión de Industria que ha sido apoyada entre otros también por el grupo parlamentario Nacionalistas Vascos  - como ha hecho notar el señor Maeztu -  una resolución que apunta ya un cambio legislativo en esta materia. No sé si en esta legislatura o en la próxima, esto ya no lo sé. Pero esta mayoría alternativa ya emerge, ya toma cuerpo y ya empieza a fijar posiciones.
Entonces, señalar desde ahora lo que puede ocurrir en relación con esta materia cuando, en primer lugar, no sabemos exactamente qué va a suponer el recurso ya interpuesto por el Gobierno en relación con la ley aprobada por esta Cámara, y tampoco sabemos cómo va a evolucionar la legislación básica del Estado en un panorama parlamentario en el que las mayorías han cambiado, y la voluntad ya explícita es la de promover una modificación de esa normativa básica que condiciona la actuación autonómica en esta materia, pues muy poco más se puede decir, más que expresar la voluntad del Gobierno de actuar en el marco de la ley; en primer lugar, aprobada por esta Cámara y, en segundo lugar, por supuesto, de las resoluciones que puedan aprobarse también en el Parlamento Vasco para orientar, para impulsar o para encauzar la actuación del Gobierno en esta y en otras materias.
Eskerrik asko.