LLANOS GÓMEZ (PP, 2017-10-26):
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo a todos.
Efectivamente, como se establece en la iniciativa y aquí se ha dicho, el 18 de junio de 2015 se aprobó la Ley de Vivienda. Y en dicha ley se recogían los puntos que aparecen en la proposición no de ley original, que era la creación de ese organismo autónomo, dar preferencia  - más que preferencia, era exclusividad -  a la política de alquiler y la creación del registro de viviendas deshabitadas.
Nuestro grupo expresó (...) los criterios sobre esos puntos en ese momento y hoy sí que lo queremos trasladar aquí.
Efectivamente, creo que todos estamos de acuerdo, tal y como ha dicho la representante del Partido Nacionalista Vasco, en esa necesidad de satisfacer la vivienda, el derecho a la vivienda, y que todos los vascos y todas las vascas cuenten con una vivienda digna, y que puedan ejercer ese derecho reconocido constitucionalmente.
Por eso, siempre hemos defendido en esta Cámara la necesidad de que Euskadi contase con una ley de vivienda. Pero lo dijimos en ese momento, y yo lo quiero reiterar hoy aquí, que reconociésemos la necesidad de la existencia de una ley de vivienda, no significaba que estuviésemos de acuerdo con cualquier ley de vivienda, y no lo estábamos con la que se aprobó en ese momento; por eso, en su momento, votamos en contra de la ley.
Además ya dijimos entonces que esa ley nacía con inseguridad, con grandes dosis de inseguridad jurídica y así fue, porque después el Tribunal Constitucional admitió un recurso a trámite, suspendiendo parte de dicha ley.
Con relación a los puntos que hoy se traen aquí relativos a esa ley, en relación a la creación del organismo autónomo, nosotros ni estábamos de acuerdo en ese momento, ni seguimos estándolo, en esa necesidad de la creación del organismo autónomo. Creo que en este momento el propio Departamento de Vivienda tiene los instrumentos suficientes para desarrollar esas políticas, como digo, dirigidas a que todos los vascos puedan contar con una vivienda.
Con relación a dedicar todos los recursos públicos al alquiler, nosotros también expusimos nuestras salvedades en ese momento. Nos parece que no solo debe existir esa fórmula del alquiler, es verdad que esa debe de ser la prioritaria, porque es verdad que la demanda de alquiler cada vez es mayor, y nosotros consideramos que en función de eso, efectivamente, debe darse prioridad a esa fórmula de acceso a una vivienda, pero que sea prioritaria no quiere decir que deba de ser la exclusiva.
Nosotros ya lo dijimos en ese momento, en el momento en el que se aprobó la Ley, y era que no se debieran excluir fórmulas distintas para satisfacer esa necesidad de vivienda. Además, ante la falta de vivienda lo que establecía esa ley es trasladar la acción de los poderes públicos al ámbito privado y trasladar cargas al ámbito privado, y así existían en ese momento, y siguen existiendo viviendas de protección que están en manos de instituciones públicas que están desocupadas, pero aun así se pretende trasladar la carga a los propietarios privados y penalizarles por no poner en alquiler dichos inmuebles.
Por ello, nosotros lo que proponíamos entonces era eliminar esos artículos porque, en primer lugar, considerábamos que chocaban con otros derechos que estaban constitucionalmente reconocidos y de esa manera poder dotar a la ley de seguridad jurídica.
A nuestro juicio se incidía en el estatuto de la propiedad, que con arreglo al artículo 33 de la Constitución y al artículo 149.1.1 y 18 corresponde al Estado. Por ello, todos los artículos relativos al alquiler forzoso de las viviendas deshabitadas, y otros reguladores de intervención en el mercado de vivienda y alojamientos dotacionales incidían, a nuestro juicio, y así luego después ha quedado patente de manera directa en ese estatuto del derecho de la propiedad, cuya regulación compete exclusivamente al Estado.
La regulación del canon de vivienda deshabitada, el alquiler forzoso, las expropiaciones forzosas, chocaban con ese derecho y, por lo tanto, existían dudas de que tuviéramos competencia para poder regularlos. Y así, como digo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y además, de no estar de acuerdo porque se chocaban, a nuestro juicio, con la Constitución, tampoco estábamos de acuerdo con la filosofía del mismo.
No estamos de acuerdo con la imposición de un canon en un alquiler forzoso. Nosotros considerábamos que es mucho más efectivo, frente a esas medidas coercitivas, medidas positivas, medidas que fomenten la puesta en el mercado de viviendas vacías y parte de esas enmiendas iban dirigidas en esa ley entonces a ello, y creemos que esa es la política que se debe seguir por parte del Departamento de Vivienda.
Siempre lo hemos dicho, creemos que es mucho mejor incentivar que penalizar, que es mejor llevar a cabo medidas positivas que lleven y que empujen a los propietarios de los inmuebles a ponerlas en el mercado que no castigarlos por no hacerlo.
Por eso no estábamos de acuerdo con ese registro, y tal y como está perfilado en la ley, ese registro va dirigido exclusivamente no a poder contar con información de cuáles son las viviendas que están vacías y de esa manera poder llevar a cabo una política de incentivos, sino simplemente tener un instrumento que puedan permitir, si se levanta la suspensión, en su caso, de esas medidas coercitivas, poder aplicarlas, y nosotros no estamos de acuerdo con ese registro que se pretende crear.
En cualquier caso, evidentemente la ley de aprobó, las...
...y nosotros no estamos de acuerdo con ese registro que se pretende crear.
En cualquier caso, evidentemente la ley se aprobó, las leyes están para cumplirse, y por eso yo solicito que de la enmienda de transacción a la que se ha llegado, los puntos, uno, dos y cinco, si es posible se voten por una parte, y los puntos tres y cuatro se voten por otra.
Con respecto a los uno, dos y cinco, pues nosotros vamos a votar a favor, y con respecto a los tres y cuatro, nos vamos a abstener, porque aunque no estamos de acuerdo, como he explicado con el contenido, ni con ese registro, evidentemente como decía la ley se aprobó, la ley está para cumplirse, y no nos vamos a oponer a dicho cumplimiento.
Nada más y muchas gracias.