LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-01-24):
Gracias señora presidenta. Buenos días a todos.
Efectivamente como se ha dicho aquí, la vivienda es un derecho fundamental, un derecho recogido en nuestra Constitución. Y una de la cara más amarga de la crisis que estamos viviendo es la de muchos ciudadanos que han perdido su empleo, que han perdido sus ingresos y que a ello han debido de unir el drama de perder su hogar colocándolos y condenándolos en una situación de exclusión social.
La situación económica que estamos padeciendo a dado lugar a un crecimiento exponencial de los desahucios hipotecarios, ha dado lugar a una nueva realidad social protagonizada por los deudores involuntarios y de buena fe.
Quienes sufren esta situación se ven envueltos en una espiral de difícil solución, ya que a la deuda contraída por el impago de la hipoteca se le suman los intereses de demora, se le une que el bien inmueble entregado no cubre en muchas ocasiones la deuda pendiente. Y por lo tanto, ven una situación de insolvencia que les puede condenar financieramente de por vida.
En Euskadi, también estamos padeciendo estos desahucios y desde el año 2008 hasta el primer semestre del año pasado se han producido más de 6.000.
Es por tanto evidente que estamos también ante un problema social de considerable magnitud, ante el que cualquier persona con un mínimo de empatía, debemos mostrar nuestra sensibilidad. Pero no es menos cierto que es problema complejo y ante el que desde los poderes y de las instituciones públicas se debe afrontar con medidas posibilistas y no con meras declaraciones de intenciones que generen expectativas que luego pudieran defraudarse.
Además, en las soluciones debe coordinarse la respuesta a la perentoria situación de los afectados, con evitar que a futuro se produzca una situación que pueda cerrar la puerta al crédito. Se debe conciliar el dar respuesta a los casos más extremos y urgentes, con soluciones que a largo plazo no impidan el futuro acceso a la vivienda.
El Partido Socialista durante su etapa al frente del Gobierno de España, puso el foco de su preocupación en la estabilidad financiera –que no nos parece incorrecto–, pero lo puso como decimos, por encima de la defensa del consumidor y del drama de los desahucios y éste no tuvo prácticamente ninguna respuesta. Eso sí, se rechazó una proposición de ley presentado por el Partido Popular en las Cortes Generales para limitar las cláusulas suelo y considerarlas abusivas cuando diera lugar a un interés superior al 40 % al de la fecha de contratación.
Frente a esto el Gobierno del Partido Popular nada más llegar publicó el Real Decreto Ley 6/2012, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios Sin Recurso. Esta nueva norma legal tenía por objeto principal establecer medidas conducentes a procurar la reestructuración de la deuda hipotecaria, incluyendo la dación en pago y el acceso a un alquiler social de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago y cuyos beneficiarios serán las familias que se encuentren situadas en el umbral de exclusión definido éste como ausencia de rentas, cuota hipotecaria al 60 % de los ingresos o ausencia de bienes patrimoniales.
Es cierto que en este Decreto se establecía un código de buenas prácticas que era de adhesión voluntaria por parte las entidades, aunque una vez producida dicha adhesión se torna en obligatorio. Y hay que señalar además que el carácter voluntario del mismo viene justificado en que la alteración de las obligaciones contraídas durante la vigencia de las mismas en perjuicio de una de las partes, es un claro ejemplo de retroactividad que conduce a inseguridad jurídica.
Pero siendo conscientes de que estas medidas debían ser completadas, se aprobó el 15 de noviembre de 2012 un nuevo Real Decreto, el 27/2012, que pretende reforzar la protección de los deudores hipotecarios.
El objeto de dicho Decreto es parar las consecuencias sociales más agudas de los desahucios en tanto en cuanto se busca una solución definitiva. Este Decreto que no fue apoyado por el Partido Socialista, se ha convalidado en el Congreso y está en trámite de enmiendas que vence a principios de febrero en su tramitación como proyecto de ley.
En dicha tramitación a las medidas de urgencia que se contienen, se unirán otras de fondo, que sin poner en peligro la estabilidad financiera den una respuesta al problema social planteado.
Esta nueva normativa cubre la mayor parte de los casos más grave de insolvencia sobrevenida. Establece una paralización durante dos años de los lanzamientos a todas aquellas familias que no superen unos ingresos de 1.600 euros mensuales, aquellas en las que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, en aquellos casos en que la carga hipotecaria se haya multiplicado al menos por 1,5 en los últimos cuatro años, aquellas en las que la cuota hipotecaria supere el 50 % de los ingresos netos y aquellas que tengan un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad y se encuentren en alguna de las condiciones señaladas en el Decreto.
Así mismo, la propia normativa establece la creación urgente de un fondo social de viviendas destinadas al alquiler con precios accesibles para las personas que han perdido su vivienda.
El pasado jueves 17 de enero, se firmó el convenio entre los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, la FEMP, la Plataforma del Tercer Sector, las patronales bancarias y las tres entidades de crédito, que son las que han aportada las 5.891 viviendas ampliables, destinadas a familias de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de su vivienda a partir del 1 de enero de 2008.
Por el propio objeto del Real Decreto, lo que constituye la esencia del mismo, en él se recogen la solución a los casos de extraordinaria urgente necesidad y otras medidas como la reforma de la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Concursal, pueden y deben hacerse con más calma y moderación.
Por ello, tanto durante la tramitación parlamentaria como proyecto de ley, como en momentos posteriores se abordarán estos aspectos que modificarán la legislación. Y pueden establecerse nuevos umbrales para la aplicación del Código de Buenas Prácticas para poder entrar en procesos de reestructuración de la deuda de quita o en su caso, de dación en pago. Y a ello se comprometió el Gobierno durante la convalidación del Real Decreto en las Cortes Generales.
Dos deben ser los principios rectores que deben inspirar las medidas, que las deudas deben pagarse y que la arquitectura hipotecaria debe contribuir al acceso a la vivienda. Deben y pueden realizarse reformas de calado, pero manteniendo este foque jurídico y poniendo el acento en la protección de la vivienda habitual y en la distribución de cargas de forma más equitativa entre acreedores y deudores.
...pero manteniendo este enfoque jurídico y poniendo el acento en la protección de la vivienda habitual y en la distribución de cargas de forma más equitativa entre acreedores y deudores.
Por ello, como decía, durante el debate previo a la convalidación del decreto se abordaron estos aspectos referidos a cuestiones que pueden y deben plantearse durante la tramitación como proyecto de ley. Cuestiones referidas a la deuda hipotecaria, por una parte, a las garantías, por otra, y, por último, al procedimiento hipotecario, refiriéndonos a las deudas se pueden plantear medidas que eviten un sobreendeudamiento, iniciando un camino hacia un endeudamiento responsable y limitado.
Se pueden establecer así límites legales al endeudamiento, tanto desde el punto de vista de ratio de esfuerzo como desde el punto de vista de garantía.
También se pueden establecer un máximo de incremento de endeudamiento por acumulación de intereses y comisiones de demora.
Con relación a las garantías, estas medidas deben llevar a la elevación del mínimo de cancelación de deuda a consecuencia de la subasta, a la modificación de la inembargabilidad de las rentas y medidas para aumentar la independencia de las tasadoras, aumentando así los instrumentos de control del Banco de España.
Y por último, y en lo referido al procedimiento ejecutivo de desahucio, que es una fortaleza de nuestro sistema hipotecario, debe plantearse la posibilidad de modificarlo, con el fin de que –tal y como dice la abogada general de la Unión Europea– sea conforme a la Directiva 93/13, que exige que el órgano judicial disponga de la posibilidad de suspender el procedimiento ejecutivo con el objeto de detener la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual.
Todas estas cuestiones deben ser abordadas. Así se ha dicho en el Congreso de los Diputados y así aparece en la enmienda que hemos acordado, que este grupo ha acordado.
Y también en esta enmienda aparece que las entidades bancarias deben implicarse y deben ser reconocidas las que lo hagan, y deben ser reconsideradas las relaciones en función de la actitud ante este grave problema de desahucio de quienes no lo hagan.
También el servicio de mediación del Gobierno Vasco debe ser impulsado, sobre todo en su vertiente preventiva, y para conseguir fórmulas para que las personas desahuciadas puedan continuar en su vivienda.
Y también, como se ha dicho aquí, es necesario la implicación de otras administraciones, de las diputaciones y ayuntamientos, para dar solución a aquellas familias que han perdido su vivienda en un procedimiento de desahucio a través del parque propio de vivienda o a través de medidas fiscales.
Por ello, en nuestra enmienda recogemos que fórmulas de colaboración entre Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos con el fin de establecer un programa de ayudas.
Como decía, es evidente que nos encontramos ante un problema de primera magnitud, que afecta a miles de personas y no podemos ser ajenos a dicha realidad social. Pero las medidas que se adopten, como decía, también deben ser valoradas para que haya una mayor compensación de las cargas y de la protección de acreedores y deudores, sin que de lugar a consecuencias impredecibles.
Y es de justicia reconocer que el actual Gobierno ha sido el único que ha adoptado medidas para tratar de paliar este drama que padecen muchas familias.
Desde luego, lo que no vamos es a permanecer callados frente a aquellos que hoy, cuando todavía se ha cumplido poco más de un año desde su salida del Gobierno, claman determinadas soluciones, que no sólo no aplicaron, sino que las rechazaron durante su mandato, como la dación en pago o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución hipotecaria.
Como no vamos a permanecer impasibles ante discursos que pretenden dar la sensación de que el problema de los desahucios es un drama sobrevenido con la llegada al Gobierno del Partido Popular, como si esta problemática no hubiera existido con anterioridad al 2011.
Y simplemente, por dar un dato, de los 400.000 desahucios ejecutados desde el año 2007, el 88 % se produjeron durante el mandato del señor Zapatero. Una pena que el Defensor del Pueblo de Ecuador no hubiera presentado esa demanda antes.
Por tanto, ¿Qué cuota de responsabilidad asume el Partido Socialista en la actual problemática? ¿Por qué el Partido Socialista rechazó la dación en pago durante su mandato? ¿Por qué no modificaron la legislación en materia de ejecución hipotecaria? ¿Por qué no aprobaron una paralización y una moratoria de los desahucios? ¿Qué supervisión realizó el Banco de España en materia de concesión de préstamos y sus garantías de devolución?
Como decía, nos encontramos ante un problema de grandes dimensiones que requiere que por parte de todos trabajemos desde la responsabilidad, pero no desde la demagogia, no desde el oportunismo político, no pidiendo unas medidas ahora, enarbolando una bandera que, desde luego, se tenía arriada cuando se estaba en el Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.