MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-06-03):
Sí, gracias presidenta. Lehendakari, señores consejeros.
Uno de los más graves problemas que tiene España es la politización de la justicia, España tiene muchos problemas, pero, desde luego, este es uno de ellos y seguramente uno de los principales.
La justicia en España está politizada, están politizados el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Es urgente, por lo tanto despolitizarla, desconolizarla y profesionalizarla, es decir, obligar a los principales partidos políticos a sacar sus manos de los órganos judiciales, de modo que dejen de condicionar la justicia en España.
El Partido Nacionalista Vasco ha participado también del reparto de la justicia y, por lo tanto, de su politización, como lo han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español durante largos años. Es urgente, por lo tanto, llevar a cabo esa reforma como otras muchas hoy ya indispensables y urgentes.
Las principales instituciones del Estado están tomadas por los partidos políticos españoles, tras un proceso de privatización de todas esas instituciones que han terminado provocando que la democracia en España sea de baja calidad. Están tomados por los partidos políticos el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, también la Fiscalía, pero también los órganos reguladores: El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, los tribunales de cuentas o las radios y televisiones públicas.
Todas o las principales instituciones del Estado están tomadas por los principales partidos políticos, eso que se llama o se llamaba en su momento la privatización de estas instituciones en favor de los interés de los principales partidos políticos.
Esta politización digamos que de todo, esta pretensión de los partidos políticos de controlarlo todo para defender sus interés partidarios lo ha contaminado todo y hace que muchas cosas funcionen muy mal en España y, como decía antes, que la calidad de la democracia sea menos, muy mejorable.
Todo esto hay que reformarlo para regenerar la política en España y, por tanto, también en Euskadi, dado que ese estado de cosas nos afecta también a los ciudadanos vascos y por esto yo pregunto también, evidentemente, sobre esta cuestión y sobre estas cuestiones al lehendakari y al Gobierno Vasco.
Hace falta voluntad política para reformar y regenerar todas esas instituciones y llevar a cabo las reformas que España necesita, hoy mismo leemos, podemos leer en un medio de comunicación que los jueces cifran en 2.000 los investigados por corrupción política y exigen más medios.
Diez son los jueces por cada 100.000 habitantes en España, frente a los 25 de media europea; España, por lo tanto, tiene un problema evidente de falta de medios, pero creo que el problema fundamental que tiene España es que no hay independencia judicial, y la independencia judicial y la profesionalización de la justicia es algo esencial para luchar también contra esa lacra que es la corrupción política.
Son decenas y decenas de casos que afectan a la práctica totalidad de los partidos políticos, decenas y decenas de casos de corrupción.
UPyD se ha mantenido a salvo de toda esa basura de corrupción, de todo ese barro de corrupción, nos hemos mantenido limpios. Desde 2007, cero imputados y cero corruptos, 10 en trasparencia, compromiso diáfano contra la corrupción política y múltiples iniciativas parlamentarias para luchar contra el amiguismo, la opacidad, las corruptelas, la mala gestión, el derroche y la corrupción política, incluidas también actuaciones ante la justicia: Caso Bankia, caso de las preferentes, tarjetas black, Rato y tantos otros.
Creo que este compromiso de UPyD en contra de la corrupción política es algo que la práctica totalidad de los partidos políticos hoy día la reconocen, aunque no sea públicamente.
UPyD se negó a formar parte de los consejos de administración de las cajas de ahorros, denunció su politización también y se negó a estar en los consejos de administración de las diferentes televisiones públicas. Nos negamos a participar de la tarta de la justicia.
Hemos defendido múltiples iniciativas para profesionalizar la justicia, suprimir los aforamientos, despolitizar las principales instituciones del Estado y, en general, perfeccionar y regenerar la democracia. Con hechos, no con palabras, no con humo, no con pura cosmética, que es lo que ahora mismo se lleva en España. Con hechos, con iniciativas, con actuaciones concretas, con compromiso.
El actual sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se ha demostrado como un completo fracaso y ese fracaso no es realmente imputable el mecanismo legal en sí mismo considerado, sino, sobre todo, a la incapacidad de los partidos políticos españoles para dejar el Poder Judicial fuera de la lucha partidista y de sus intereses particulares.
El Consejo General del Poder Judicial ha sido un campo de batalla partidista, tanto en la elección de sus vocales, como en su funcionamiento. Y es que no hay que olvidar que es un órgano como mucho poder e influencia, tiene muchas tareas que desarrollar: Informe de leyes en cuestiones de política judicial, facultad de proponer reformas legislativas, participación en el trámite de nombramiento del fiscal general del Estado y de los magistrados del Tribunal Constitucional, régimen disciplinario e inspección. Y por encima de todo, el control de los ascensos en la carrera judicial a determinados puestos, es decir, decide quién sube y quién no.
La politización de una institución con tanto poder ha significado la politización de todo el sistema judicial, lo que es profundamente antidemocrático y muy negativo para la sociedad en su conjunto. Por esto quieren seguir estando ahí los principales partidos políticos, por eso han estado ahí, en el Consejo General del Poder Judicial, para condicionarlo todo y para impedir que la justicia sea realmente independiente en España.
Los tejemanejes entre los llamados bloques conservador y progresista para elegir cargos como presidentes de audiencias y tribunales superiores son algo perfectamente conocido y comentado públicamente, y al vocal que se sale de esos bloques se le llega nada menos que a calificar de tránsfuga.
Esta politización ha provocado un deterioro muy grave del sistema judicial, hasta tal punto que una fundación internacional sin ánimo de lucro situaba recientemente a España en el puesto 60 de 133 en cuanto a independencia judicial, por detrás de países con Namibia, Botswana, Malawi o Gambia. En eso estamos, en esa situación estamos.
Realmente impulsar las reformas que España necesita no sería tan complicado. Son cinco, seis, siete reformas esencial que habría que llevar a cabo entre los principales partidos políticos y con el mayor consenso. Es cuestión de voluntad política, no es muy difícil, no debería ser muy difícil hacerlo.
El problema hasta ahora y todavía es que no ha habido ni hay voluntad política para llevar a cabo esas reformas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los partidos políticos principales se han terminado convirtiendo en organismos cuya función principal o primordial ha sido y es defender sus propios intereses particulares y partidarios.
Por eso no funcionan las cosas en España, porque los principales partidos políticos acaban funcionando de esa forma y en lugar de anteponer los intereses de los ciudadanos a los intereses de los partidos políticos, hacen justo lo contrario. Los partidos políticos nuevos, lo hemos comprobado, se han terminado comportando de forma parecida a los viejos. Es mentira esto de que haya que sustituir la vieja política por la nueva política, sin más, realmente lo que hay que sustituir es la mala política por la buena política. Y la buena política consiste en llevar a cabo todas estas reformas que, ya digo, los principales partidos políticos no han querido llevar a cabo pudiéndolo hacer.
Una justicia eficaz, moderna, con medios para investigar todo lo investigable y con independencia frente a las presiones es un contrapeso que nuestra democracia necesita imperiosamente y que la sociedad civil debe exigir de manera enérgica e incansable. Cada cuatro años, es decir, cada vez que se convocan elecciones, los principales partidos políticos introducen en sus programas electorales algunas de estas reformas y también concretas reformas para profesionalizar la justicia. Después todo queda en nada, todo sigue igual y nada cambia.
Esto es lo que nosotros humildemente pretendemos ayudar a cambiar a través de esta interpelación dirigida al Gobierno Vasco. Evidentemente, este no es un asunto que pertenezca únicamente al Gobierno Vasco, que dependa exclusivamente del Gobierno Vasco o del propio lehendakari, pero creo que desde aquí también podemos ayudar o deberíamos ayudar a que esas reformas pudieran llevarse a cabo.
Por eso interpelamos al lehendakari, por el conjunto de medidas que piensa tomar o ayudar a tomar para despolitizar la justicia en el conjunto de España.
Gracias.