CASTELO DE SA (PSE-EE, 2017-01-26):
Podría yo también iniciar mi intervención explicando el servicio de emergencias, pero como los tres que me han precedido lo han explicado perfectamente, uno con ámbito sanitario, otro hemos tenido un tema de infraestructuras, creo que nos ha quedado claro.
Yo creo que hay que dejar una cosa clara, y es que el servicio que se recibe del 112 de SOS Deiak es un servicio y una respuesta profesional, adecuada e inmediata y que eso no lo cuestiona absolutamente nadie.
Pero claro, a mi me resulta un tanto extraña esta propuesta final que la última portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, ha defendido con tanto ardor.
Porque, primero tenemos ahí como una especie de reformulación, así como contradictoria entre el punto primero y el segundo. Les incorporamos pero luego lo estudiamos, pero luego nos dedicamos en el cuerpo central de la proposición a hacer desde aquí un tema de regulación de condiciones laborales desde el propio Parlamento, haciendo referencia a que exista un convenio futuro, porque actualmente el que existe, no nos gusta y no queremos que se utilice de referencia.
Bueno, pero yo creo  - que no voy a entrar en este momento, lo haré después en cuestiones concretas - , yo creo que debajo de esta propuesta, subyacen dos cuestiones que son desde mi punto de vista nucleares.
La primera de ellas, es que debemos de reconocer que los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio de obtención de servicios en las condiciones más ventajosas para la Administración, sino que además, a través de la contratación pública, los poderes públicos, las administraciones pueden y deben realizar una política de intervención en la vida económica, social y política que garantice al mismo tiempo un uso eficiente de los recursos públicos pero también la consecución de otros fines de interés público general como pueden ser unas condiciones de trabajo dignas.
La política de contratación por parte de la Administración pública, puede y debe incorporar cláusulas sociales, aún a pesar de que hoy aquí alguien las defienda, pero luego el delegado del Gobierno allá donde alguien quiere regularlas, las recurre y las lleva a los tribunales, es una cosa curiosa. Pero siempre esta contradicción en los discursos a mi me resulta realmente conmovedora.
Como venía diciendo, las cláusulas permiten introducir condiciones especiales en relación con la adjudicación y con la ejecución de los contratos, que pueden tener por ejemplo como objetivo, garantizar el respeto de los derechos laborales básicos que estén fijados en ese sector.
La promoción del empleo de personas con...
...que pueden tener, por ejemplo, como objetivo garantizar el respeto de los derechos laborales básicos que estén fijados en ese sector, la promoción del empleo de personas con dificultades para el acceso al mercado de trabajo, la inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión, promocionar el empleo de calidad, la seguridad, la salud laboral, la protección del medioambiente, los sistemas de protección respetuosos con el entorno, la garantía de derechos lingüísticos, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres...
Claro que todo esto pueden decirlo las cláusulas sociales, y los Socialistas creemos y defendemos y no recurrimos que la Administración Pública debe utilizar estas cláusulas para la contratación, para garantizar esos dos efectos que hemos dicho antes.
Y también creemos y defendemos que la Administración tiene que tener una actitud vigilante, escrupulosamente vigilante, para que compruebe que estas condiciones, que estas cláusulas que se introducen se cumplen por las empresas a las que se adjudican contratos públicos.
Porque hay que recordar que esta capacidad de los poderes públicos para llevar a cabo políticas transversales a través de la contratación fue algo que fue recogido primero por la normativa europea, que se ha venido posteriormente, no de hace tanto tiempo, es bastante reciente, ha sido recogido en la normativa de diferentes instituciones, la última ha sido la Diputación Foral de Bizkaia, que lo anunciaba esta semana, y este Parlamento, sin ir más lejos, hace menos de un año que también lo hizo cuando aprobó la Ley 3/2016, para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, algo que no está tan lejos en el tiempo.
Y es por ello por lo que nosotros entendemos, los Socialistas entendemos que esta es la herramienta de la que este Parlamento ha querido dotar a todo el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en la que a nuestro entender, debía ser la base sobre la que hubiera descansado la proposición no de ley que se ha presentado, para que, conforme a la misma, los pliegos de condiciones para la contratación de este servicio de atención de llamadas 112 se incluyeran las cláusulas referentes a las condiciones laborales exigibles a la empresa contratista, tal y como se recoge en la enmienda que hemos presentado de forma conjunta con el Partido Nacionalista y en la que expresamente mencionamos que se introduzcan cláusulas de respeto a los derechos laborales que tienen los trabajadores, a la subrogación de la plantilla, o los planes de formación específicos de forma continua para la mejora del servicio.
Pero no debió resultar interesante la propuesta que realizábamos, porque ningún grupo se ha dirigido a nosotros en un intento de transacción.
Esto debía ser más una cuestión de debate de cara a quien asistía, que de poder llegar a posibilitar un entente entre todas las fuerzas.
Bueno, yo creo de todas formas que esto deben de realizarlo y no deben de olvidarlo, sin exceder de los límites que impone el marco legal vigente, y si esto que quieren ustedes hacer suponga una ingerencia en la negociación colectiva que debe pactar libremente patronal y representantes de los y las trabajadores, porque las condiciones laborales se han de regular precisamente dentro de este ámbito de la negociación colectiva.
Aunque también es cierto que hay algunos grupos que han intervenido de forma previa que la negociación colectiva, pues tampoco les gusta. Les gusta más una imposición de condiciones o una retirada de derechos, pero bueno, eso son cuestiones que pasan.
Y es precisamente esta la segunda cuestión que creo que es nuclear y que les enunciaba al principio. Y es que las políticas de contratación deben de tener como base fundamental el respeto a las condiciones laborales pactadas en base a la negociación colectiva y este respeto es necesario que se incorpore  - y para nosotros fundamental -  en los pliegos de la contratación de las licitaciones públicas, pero sin que ello suponga ingerencias de la Administración en campos que no son de su competencia, porque es dentro del marco de la negociación colectiva donde los representantes de las y los trabajadores, legítimamente elegidos por ellos, exigen, defienden y pactan y logran las condiciones laborales en las que han de desarrollar su trabajo.
Y yo tengo la convicción y defiendo con convicción que es en este marco de negociación colectiva donde deben de desarrollarse las aspiraciones legítimas de mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores.
Y yo no creo, o espero no creer, que lo que se pretende por los proponentes de la enmienda transaccional es que este Parlamento en este momento suplante a los sindicatos y las patronales en la regulación de condiciones laborales. Yo creo que no es lo que se nos pretende.
Porque yo tengo que decirles que también comprendo y respeto, como no puede ser de otra manera, las reivindicaciones de las trabajadoras que están en el servicio de atención de llamadas nos han trasladado, porque a mí me parecen muy legítimas. Sobre todo, aspiraciones de mejora de las condiciones laborales que nos plantean: Pluses de transporte, de retén, de domingo, de festivos especiales...
Yo en la reivindicación que me trasladaron por escrito nada pone con respecto a la organización del servicio. Hablan de que sus condiciones laborales, teniendo en cuenta como ellas ven su desarrollo, son insuficientes y quieren mejorarlas y yo creo que están en su derecho, pero creo que estas reivindicaciones se deben plantear dentro del marco de negociación colectiva del convenio sectorial que les corresponde, que nos gustará o no nos gustará, pero es el de Contact Center, y no es por casualidad, porque a la Administración le haya parecido gracioso utilizar este y no otro, es porque recoge específicamente en el ámbito funcional este convenio, que se aplicará a aquellas empresas que realizan atención telefónica en servicios de emergencia, porque la propia clasificación funcional del gestor de operaciones aparecen los servicios de emergencias.
Y también me extraña que algunos hablen porque la subrogación también se recoge en ese convenio colectivo, y por eso se podrá poner en los pliegos de condiciones.
Habla del 90 % de la plantilla tendrá que ser subrogada si cambia la contrata. Y también habla de los dos fines de semana libres al mes, y entonces, lo que habrá que hacer es garantizar que esos derechos que se les reconocen a los trabajadores en los convenios los cumplan las empresas que reciben contratos públicos.
Pero creemos que son esos los interlocutores, los sindicatos y las patronales, y no nosotros, los representantes públicos, a quienes les corresponde pactar las condiciones laborales.
Porque aquí es muy fácil venir, pero yo creo que, más allá del resultado de esta votación, que tal y como va la tarde, pues yo me imagino que será un poco parecida a la anterior votación, más allá del resultado de esta votación, yo creo que lo que tiene que quedarle claro a las trabajadoras y los trabajadores del servicio es que se incluirán por parte del Gobierno Vasco cláusulas sociales, conforme permite la ley con la que le dotó este Parlamento hace menos de un año, para que se le garanticen sus derechos laborales básicos, para que se establezca la subrogación de los trabajadores y para que se valoren los planes de formación continua.
Por eso, aquí no hay que hablar de cuáles son los debates más o menos importantes. Todos los debates son importantes, y este como el que más.
Y por tanto, nosotros no rehuimos ningún discurso y damos nuestra opinión, e intentamos aportar soluciones, porque no es una cuestión de discurso para quedar bien.
Claro, si aquí ustedes me cuentan una cosa, pero allá donde gobiernan me hacen otra, y si alguien, ponga usted el ayuntamiento de Madrid, establece un convenio con cláusulas sociales, en el Ayuntamiento le manda el delegado del Gobierno que la recurra, pues hombre, queda un poco contradictorio con la posición que luego tiene el Partido Popular aquí.
Entonces, yo creo que lo que va detrás de otros proponentes es el tema de la publificación del servicio. Nosotros hemos dicho que los servicios públicos se pueden prestar de forma directa o indirecta, y por eso hay capacidad en la ley para realizarlo.
Y por tanto y por las explicaciones que le he dado, y por la falta o nula intención de debate con nosotros, no apoyaremos la enmienda transaccional presentada.