HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2012-12-28):
Legebiltzar buru andrea, legebiltzar kideok egun on.
Kargua hartu eta oso egun gutxitara natorkizue 2013ko aparteko ordainsarien gaineko neurriei buruzko lege proiektu hau aurkeztera.
Esperientzia historikoari eta konparatuari begiratuz gero, oso gutxitan gertatuko zen, inoiz eta inon horrelakorik gertatu bada, gobernu baten lehenbiziko lege egitasmoa legebiltzarrean hain azkar aurkeztu izana. Oso gutxitan gertatuko zen horrelakorik.
Izan ere, hamar egun baino ez dira igaro Gobernu Kontseilu berria eratu zenetik eta hementxe naukazue Gobernuaren izenean lege proiektua aurkezten. Hamar egun besterik ez eta esan dezadan bidenabar gabon jaiak bitarteko direla, horrelakoak normalean Administrazioaren ihardunean suposatzen duen atzerapenarekin edo geldiarazpenarekin.
Bene-benetan nekez aurkituko duzue iraganera zein ingurura begiratuta marka hau hautsiko duen kasurik edo adibiderik.
El proyecto que hoy tengo el honor de presentar ante la Cámara, en un tiempo récord, dicho sea de paso, a la luz al menos de la experiencia histórica y comparada, porque pocos casos habrá, ciertamente, si es que puede realmente registrarse alguno, de un ejecutivo que presenta su primer proyecto ante la Cámara a tan sólo diez días después de su constitución.
El proyecto, insisto, que hoy tengo el honor de presentar ante la Cámara tiene por objeto dar respuesta a la delicada y específica, a la muy concreta situación generada en el sector público vasco por el Real Decreto-Ley de 13 de julio 2012, de Medidas Extraordinarias para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria, y la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional el pasado 11 de diciembre, acordando la suspensión de la decisión adoptada por el Ejecutivo anterior de hacer efectiva la paga extra de los empleados públicos correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2012.
No creo necesario extenderme demasiado sobre la etiología de este proyecto de ley que hoy presento. Sobre sus antecedentes o sobre el contexto en el que se ha elaborado por parte del Gobierno, porque considero que todos estos elementos son sobradamente conocidos por los integrantes de la Cámara.
Tan solo precisaré, por si alguien abriga alguna duda al respecto, que el consejero que les habla, así como al partido al que pertenece, ya tuvieron ocasión de manifestarse al respecto, de manifestar más concretamente su posición contraria al Real Decreto-Ley de 13 de julio de 2012, la norma que se encuentra en el origen de este conflicto, con ocasión de su convalidación en el Congreso de los Diputados.
Quien lo desee puede consultarlo sin dificultad en el diario de sesiones correspondiente. Este consejero era a la sazón diputado en activo en el Congreso, y en el momento de la votación activó personalmente el botón del no a la convalidación del Real Decreto-Ley.
Pero al margen de la posición política que se pueda mantener en relación con este Real Decreto-Ley, lo cierto es que recientemente el Tribunal Constitucional ha hecho valer su fuerza vinculante, por lo menos ha querido hacerlo así, aunque no se más que de modo provisional y cautelar, lo cual significa que hasta que el Alto Tribunal no diga lo contrario o no ponga fin al procedimiento pronunciándose sobre el fondo del asunto, la paga correspondiente al mes de diciembre de 2012 no puede ser satisfecha ni bajo el ropaje de paga extra, ni tampoco otro ropaje más o menos original o creativo.
No tengo ninguna duda de capacidad creativa, tenemos en el Gobierno y también existe en esta Cámara, para dotar a esta paga extra de otros ropajes y otros revestimientos. Capacidad creativa no nos falta.
Pero, insisto, el marco normativo y las últimos resoluciones, la resolución, en concreto, del Tribunal Constitucional del 11 de diciembre, no deja margen a otra opción. Deja taxativamente claro que esta paga extra, con este ropaje o con otro, no es posible ser satisfecho, no puede ser satisfecha hasta en tanto no haya un pronunciamiento sobre el fondo del asunto por parte del Tribunal Constitucional.
No, al menos no puede ser satisfecha sin incurrir en las responsabilidades derivadas del incumplimiento de una resolución judicial.
Garrantzitsua uste dut dela azpimarratzea lege egitasmo hau Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen ukaezinak egikarituz aprobatzen dela. Hain zuzen ere, Gernikako Estatutua hartu eta Estatutuaren 10. artikuluan hiru atal daude, argi eta garbi, lege egitasmo honi oinarria eskaintzen diotenak, oinarri konpetentziala eskaintzen diotenak –inolako zalantzarik gabe– arau hau aprobatua ahal izateko.
Zehatz mehatz adierazteko, atal horiek dira 10. artikuluaren 4garrena, 24garrena eta 25garrena. Lehenbizikoa funtzio publikoaren (...) juridikoari buruzkoa, jakina denez. Bigarrena, 24garrena, alegia, euskal sektore publikoaren antolaketa eta egituraketari buruzkoa, eta hirugarrena, berriz, 25garrena, euskal ekonomiaren garapen eta sustapenari buruzkoa.
Kontuan hartu behar da, azken puntu honi dagokionez, 2013ko ordainketa, ordainsaria aurreratzearen helburuetako bat, ez dut esango helburu bakar da, baina helburu nagusietako bat dela euskal ekonomiak eta euskal merkataritzak behar duen sustapenari bultzada bat ematea, erosle pribatuen demanda piztuz.
Me parece importante reseñar, dejar constancia evidente que la norma que el Gobierno somete a la consideración de la Cámara, este proyecto de ley, tiene un inequívoco fundamento competencial. Invoca como títulos competenciales que justifican su aprobación los recogidos en el apartado 4º, 24º y en el 25º del artículo 10 del Estatuto de Gernika relativos, respectivamente, al régimen jurídico de la función pública, a la organización del sector público vasco y el fomento e impulso de la actividad económica sin perjuicio de la ordenación general de la economía.
El proyecto, por otro lado, además de contar con un inequívoco fundamento competencial en el texto del Estatuto de Gernika, carece de puntos de colisión con el Real Decreto-Ley de 13 de julio, porque las medidas que contempla el Real Decreto-Ley de 13 de julio se refieren exclusivamente al ejercicio presupuestario del 2012, y el proyecto de ley que el Gobierno trae hoy a la Cámara opera sobre las cuentas públicas del año 2013.
Cualquier intento, por tanto, venga de donde venga, de forzar las cosas para acusar al proyecto de ley de vulnerar los preceptos del Real Decreto-Ley de 13 de julio de 2012 está inexorablemente abocado al fracaso. No existe tal colisión, es imposible que la colisión exista porque el Real Decreto-Ley opera, insisto, sobre el ejercicio del 2012 y el proyecto de ley se proyecta sobre el ejercicio 2013. No hay colisión, por tanto, y que nadie intente encontrarla, porque es imposible.
Por lo demás, el proyecto encierra –como se puede comprobar– una estructura muy sencilla. Se trata de un texto de artículo único, que se limita a alterar con carácter excepcional y, exclusivamente para el ejercicio 2013, el régimen presupuestario de las pagas extras de los empleados del sector público vasco.
No modifica ni su régimen jurídico, ni el régimen jurídico sustantivo de las pagas extras, ni tampoco altera su periodicidad. Las pagas extras, según el proyecto que el Gobierno remite a la Cámara, seguirán siendo dos, seguirán abonándose con la misma frecuencia, con frecuencia semestral, y seguirán teniendo el mismo contenido y la misma cuantía que venían teniendo hasta ahora, exactamente las mismas. La novedad radica en que en el ejercicio 2013 se abonarán en enero y en julio, en lugar de hacerlo en junio y en diciembre.
El Gobierno está absolutamente convencido de que con este proyecto se da una solución equilibrada y razonable, a la situación creada por la resolución del Tribunal Constitucional de 11 de diciembre pasado, conciliando –así lo vemos nosotros– los requerimientos de legalidad con los intereses de los empleados públicos, al tiempo que se alcanza o se persigue un tercer objetivo también, que consiste en contribuir a estimular la demanda privada y con ello, a promover el crecimiento que necesita la economía vasca.
En una medida limitada, evidentemente, en la medida en que puede hacer el Gobierno a través del mantenimiento de la paga extra de sus empleados públicos.
En una medida limitada, pero es una medida que inequívocamente puede contribuir a estimular la demanda privada, sobre todo en relación con el comercio, y contribuir también al desarrollo de este estímulo que necesita la economía vasca en este momento.
Gobernuak argi eta garbi ikusten du lege egitasmo honekin, Auzitegi Konstituzionalak abenduaren 11ko erabakiarekin sortu duen egoerari irtenbide zentzuzko bat, arrazoizko bat, orekatu bat ematen zaiola, legea errespetatuz, funtzionarioen interesak babestuz eta euskal ekonomiak behar duen sustapenari bultzada emanez, demanda pribatua piztuz ala suspertuz.
Eta honekin nire sarrera aurkezpena bukatzen dut eta orain Legebiltzarrak dauka hitza.
Eskerrik asko.