MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-05-05):
Sí, gracias, presidenta.
La enmienda transaccional firmada por EH Bildu y el Grupo Socialista pide básicamente cuatro cosas al Gobierno Vasco o pretende que este Parlamento pida cuatro cosas al Gobierno Vasco. Por un lado, hacer frente de modo activo y con todos los recursos a su disposición a la LOMCE, situar a la escuela como referente el sistema, retirar los desarrollos curriculares autonómicos de la LOMCE, Heziberri y la suspensión inmediata de su inaudito sistema de evaluaciones, y avanzar en el cumplimiento de objetivos cuantificables de mejora en términos de equidad, inclusión y calidad.
Nosotros podemos compartir algunos de estos objetivos. Estamos a favor, evidentemente, de que se pretenda alcanzar los objetivos de equidad, inclusión y calidad, y estamos de acuerdo con que la escuela pública sea el referente del sistema.
Estamos también en contra de la Ley Wert que, como decía la señora Celaá, ciertamente, se cae a pedazos y se va a caer más a pedazos en los próximos meses, casi con toda seguridad. Y estamos también en contra del Plan Heziberri 2020 y de su sistema de evaluaciones, pero, evidentemente, no compartimos otras muchas cosas que se plantean y no compartimos muchas cosas de lo sustancial que se ha defendido ya y que se va a defender a continuación por parte de determinados grupos políticos.
En todo caso, también pensamos que las leyes, aquellas que nos gustan y aquellas que nos disgustan, deben cumplirse y también la Ley Wert actual, más allá de que, ciertamente, todo parece indicar que tiene escaso futuro.
Dado que la representación política, por lo tanto, está cambiando y la aritmética electoral será diferente en el próximo Congreso de los Diputados, y la Ley Wert caerá y también caerá Heziberri  - y si no al tiempo - , preferimos hablar del futuro de las decisiones que se deberían tomar cuanto antes, incluida la derogación de le Ley Wert y la aprobación de una nueva ley de educación.
No basta con criticar lo que tenemos, sino que se trata de tomar nuevas decisiones y algunas de estas decisiones que pensamos nosotros humildemente que deberían tomarse están recogidas en nuestra enmienda de totalidad.
Nosotros lo que proponemos es instar al Gobierno de España y a los partidos políticos con representación en el Congreso, a impulsar de común acuerdo y buscando el mayor consenso posible un pacto por la educación en España para las próximas décadas, para los próximos 20 años, que incluya una reforma constitucional para que la educación sea competencia del Estado, se garantice la excelencia educativa y la igualdad de oportunidades, y donde el profesorado sea pieza esencial para la mejora educativa de los alumnos.
El sistema educativo español no logra hacer que florezca el talento, hay muchos menos alumnos excelentes en nuestro país que en otros. El fracaso escolar es muy elevado y aunque no estemos lejos de la media en los resultados globales, estamos por debajo del puesto que nos correspondería respecto al tamaño de nuestra economía y así llevamos una década.
Los problemas parecen bastante bien localizados. Hay que mejora la calidad de los docentes, reducir el número de asignaturas, potenciar la autonomía de los centros, e instaurar procesos de evaluación y de control. Estos objetivos, evidentemente, valen para cualquier comunidad política y también para la Comunidad Autónoma Vasca.
Por desgracia, la Ley Wert afrontaba de forma insuficiente estos retos y renunciaba por completo a resolver el principal problema que tiene, en nuestra opinión, la educación en España, la desigualdad territorial, además de introducir elementos que criticamos en su momento también en el Congreso de los Diputados.
En España el dinero puede no ser un problema para obtener buenos resultados educativos pero, desde luego, sí lo es el lugar de residencia, las diferencias son las mismas que existían en el siglo XIX. España está fracasando escandalosamente en reducir esta fuente de desigualdad y el culpable, al menos en los últimos 35 años, es el modelo territorial del Estado que se deriva de la Constitución de 1978. La educación, principal arma contra la desigualdad social, es una competencia transferida completamente a las comunidades autónomas, el resultado es que tenemos 17 sistemas educativos con las consecuencias conocidas.
Y, por lo tanto, en nuestra opinión, el Estado autonómico ha aumentado y aumenta la desigualdad en todo lo que tiene que ver con la educación; unas comunidades autónomas están mejor y otras están peor, y esto no se corrige y lo que se trata es de igualar el nivel por arriba, evidentemente.
Pedimos, por lo tanto, la devolución de la competencia de educación al Estado, más formación para el profesorado, más autonomía para los centros, seguimiento y evaluación, más atención a la Primaria, mayor reconocimiento para la figura de los docentes, una Formación Profesional más atractiva y temprana. Esto para el conjunto de España, para igualar por arriba el nivel educativo en cada una de las comunidades autónomas.
Ya sé que hay diferencias entre las diferentes comunidades autónomas, ya sé que algunas de estas cosas ya se hacen en Euskadi, pero creo que hace falta una visión global del país y tratar de implementar estas medidas para el conjunto de los ciudadanos españoles.
Esta es, por lo tanto, nuestra posición política, que la educación sea competencia del Estado, para mejorar la calidad de todos los ciudadanos.
¿Qué diferencia percibiría el ciudadano si la educación fuese competencia del Estado? La diferencia principal con la situación actual radicaría en los contenidos curriculares, que serían básicamente los mismos en toda España, con independencia de la lengua vehicular.
Un currículo unificado tiene como consecuencia una segunda ventaja importante: Facilitar la movilidad de escolares y profesorado por todo el territorio español. En la actualidad, la existencia de 17 sistemas educativos y 11 leyes diferentes hace que un traslado familiar se complique cuando hay niños en edad escolar.
En el País Vasco o en Galicia ya es muy difícil elegir el castellano como lengua vehicular en un centro público para, por ejemplo, niños que provengan de otras partes de España. Y en Cataluña es, sencillamente, imposible. Incluso entre comunidades autónomas sin lengua oficial, hay diferencias curriculares que significan barreras de acceso para niños de otras comunidades autónomas.
Por otra parte, el estilo de vida actual y las exigencias de la economía hacen que hoy sea muy habitual que familias jóvenes con niños deban cambiar de residencia por motivos laborales. Hay que facilitar esa movilidad y la unificación del sistema escolar es, sin duda, un modo de hacerlo.
Favorecer la movilidad del profesorado también es importante; permite optimizar los recursos humanos, compartir experiencias y abrir la mente a la realidad social y cultural de otras comunidades autónomas. El único límite para acceder a un puesto docente debería ser de cualificación.
Por supuesto que para las asignaturas en euskera debe contratarse profesorado que domine perfectamente esa lengua, pero no hay ninguna razón, no debería haber ninguna razón para impedir el acceso de profesorado de otras comunidades autónomas y también de otros países.
Pensamos que esto puede conseguirse con una ley de educación única para toda España, que prevea un porcentaje suficiente de contenidos autonómicos y garantice la elección de la lengua vehicular, con el aprendizaje de la lengua cooficial que se ignore.
Es absurdo e injustificable, en nuestra opinión, que por una parte se trabaje en el espacio educativo superior europeo, para lograr que cualquier universitario pueda cursar esencialmente la misma carrera en cualquier país de la Unión Europea, y en España se haya destruido el espacio educativo común por la presión del nacionalismo y del localismo.
Respecto a la gestión, es mejor que siga siendo competencia de las comunidades autónomas, porque es seguro que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su caso, conocerán mucho mejor las necesidades y los problemas educativos de cada Comunidad.
Ellas deben decidir dónde se abre un centro escolar, cómo equiparlo, cómo reforzar sus medios para afrontar problemas locales, decidir si se invierte en determinados programas propios, etcétera. Pero, en nuestra opinión, el currículo escolar es mucho mejor que lo establezca una ley común.
Una misma ley, por lo tanto, y gestión descentralizada. Es lo que defendemos. Una sola ley educativa común para un sistema educativo descentralizado en la gestión, abierto y de calidad.
En fin, este es nuestro modelo y esto es lo que pretendíamos decir, más allá de criticar la LOMCE, más allá de criticar Heziberri. Creo que de esto deberían hablar los principales partidos políticos en los próximos meses. Esto es lo que pedimos que se lleve a cabo. Pensamos que esto es lo importante.
Esta es la tarea que pensamos deben impulsar en los próximos tiempos las principales fuerzas políticas. Un pacto nacional por la educación, consensuado, para las próximas dos décadas, que deje al margen las luchas partidistas y sectarias entre los principales partidos políticos. Que Educación sea competencia del Estado. Y, a partir de ahí, apoyo especial a la educación pública, educación laica, más inclusión, más calidad y más equidad para todos.
Las críticas a la LOMCE y a Heziberri están bien y las compartimos, pero pensamos que es insuficiente, especialmente en este nuevo tiempo político, donde, muy probablemente, tanto la Ley Wert como el propio Heziberri 2020 se caigan poco a poco a pedazos en los próximos meses y los próximos tiempos.
Gracias.