ARANA VARAS (EP, 2017-01-26):
Mila esker Tejeria anderea, jaun-andreok, egun on guztioi.
Antes de meterme en harina, me gustaría resaltar señor Sémper, la falta de lenguaje inclusivo en su proposición de ley.
A lo largo de todo el documento menciona diputado del Congreso, parlamentario vasco, senador, diputado foral, consejero del Gobierno Vasco, ministros, empresarios, etcétera, etcétera.
Dicen que lo que no se nombra no existe, y me gustaría recordarle que sí que existimos. Que existen ministras, empresarias, diputadas del Congreso, parlamentarias vascas, existimos y nos gusta que se reconozcan en los escritos y cómo no, también en las proposiciones de ley y en cualquier iniciativa parlamentaria.
El pasado 15 diciembre subíamos por primera vez a esta tribuna para defender ante esta Cámara que en materia de transparencia es preciso ir más allá de la mera publicidad de los documentos administrativos. Que trabajar en favor de la transparencia de las instituciones, implica por coherencia política hacerlo también contra los conflictos de interés de las personas con altos cargos, y en última instancia contra su consecuencia más lacerante, el trasvase entre política y empresa privada, al que se ha denominado las puertas giratorias.
Pues bien, la cuestión sobre la forma en la que se eligen las personas miembro del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y en concreto sobre si la práctica parlamentaria de su elección posibilita la politización de las mismas, tiene que ver con la misma cara de la moneda. Si cabe, todavía tiene mayor influencia en la credibilidad del sistema, puesto que afecta al supremo órgano fiscalizador de las actividades económico-financieras y contables del sector público vasco.
Tiene que ver con la prevención de la corrupción y toda corrupción en el sector público conlleva, de una manera u otra, perjuicio para las arcas públicas y para el desarrollo de políticas que mejoren la vida de la gente.
Vista la importancia de la cuestión, desde nuestro grupo parlamentario no solo nos preguntamos si esta iniciativa que modifica la Ley del Tribunal de Cuentas es necesaria, que ya avanzamos que sí, sino también si es suficiente para que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas pueda realizar las tareas que tiene encomendadas conforme a los valores de independencia, integridad, profesionalidad, credibilidad, inclusión, cooperación e innovación que la organización internacional de entidades fiscalizadora superiores considera como esenciales para los órganos del control externo.
Los OCEX necesitan ser independientes de las entidades que auditan y deben estar protegidas contra cualquier forma de influencia externa. También resulta crucial que sus métodos de auditoría estén basados en conocimientos técnicos y científicos actuales, y que los auditores tengan las calificaciones profesionales e integridad moral necesarias.
Solo una labor fiscalizadora de gobiernos que sea externa e independiente en conjunción con un equipo y metodologías profesionales, puede garantizar información sobre los resultados de la auditoría que sea imparcial, confiable y objetiva.
En consecuencia, en un primer análisis podemos concluir que esta iniciativa resulta necesaria, puesto que establece criterios más estrictos encaminados a garantizar mayor independencia y profesionalidad. Pero si bien en condiciones en que los órganos de control y fiscalización de la actividad política institucional deben garantizar en su ejercicio funcionamiento y composición, una independencia e imparcialidad objetiva que despeje cualquier sombra de sospecha sobre posibles vínculos partidistas o control por parte de los partidos políticos, desde Elkarrekin Podemos creemos que para ser una proposición de reforma de ley se debería ir un poquito más lejos.
Para nuestro grupo parlamentario el establecimiento de normas para que quienes vayan a dictaminar sobre el correcto uso de los recursos públicos no puedan estar condicionados por su anterior vinculación, tanto si es haber ejercido algún cargo en alguno de los entes susceptibles de ser fiscalizados, como si se trata de cualquier otro tipo de vinculación emocional, como puede ser pertenecer pongamos por caso al mismo partido. Aun siendo esencial, no garantiza por sí sola, la efectividad de los informes de los órganos de control contra la corrupción.
A juicio de INTOSAI y cito textualmente: "La auditoría gubernamental permite crear transparencia, hacer visible el riesgo y crear controles internos sólidos y eficaces para contribuir específicamente a la prevención de la corrupción". Y si de los siete valores que considera centrales para este funcionamiento de estos órganos de control, el primero y más importante, es el de la independencia, otro de los valores básicos a juicio de esta organización es el que se centra en los propios auditores, como las piedras angulares sobre las cuales construyen su profesión, la integridad. En base a estos dos principios se alcanza el profesionalismo y la credibilidad a través de la cooperación, la innovación y la inclusión.
Otro de los retos a los que han de enfrentarse los OCEX en aras a mejorar la transparencia y el control de la gestión pública, tiene que ver con los principios a los que debe ajustar su actuación: legalidad, eficiencia y economía, a los que recientemente se han venido a bien añadir igualdad de género, sostenibilidad ambiental y transparencia.
Tampoco se hace referencia las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías y la posibilidad de adaptarse a una mayor exigencia y control en el tiempo y la forma en que se dictan los informes, pues al igual que se dice de la justicia que si es lenta no es justicia; la excesiva tardanza bien en la realización de la auditoría en sí misma, como en el conocimiento, tanto por parte del Parlamento, el ente auditado o la ciudadanía en general de los informes derivados de aquella, socava la efectividad de estos controles y por tanto dificulta la lucha contra la incorrecta utilización de los...
...la ciudadanía en general de los informes derivados de aquella, socava la efectividad de estos controles y, por tanto, dificulta la lucha contra la incorrecta utilización de los recursos públicos y del bien común.
Además, la incorporación de la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental o la transparencia entre los principios de actuación de los OCEX hubiera aconsejado pensar en una reforma que abarcase también las materias y ámbito objetivo de fiscalización, para incrementar las auditorías operativas y priorizar las áreas de riesgo y que mayor volumen de recursos utilizan.
Auditorías operativas, que, dicho sea de paso, presuponen programas de actuación de las administraciones que establezcan costes y objetivos, es decir, indicadores que puedan ser evaluados con el objetivo de superar el mero control de legalidad, que permiten evaluar los sistemas de compras y de contratación, fiscalizar los ingresos, entrar a evaluar aspectos relativos a los entes instrumentales y la racionalidad de las decisiones que, sin ser ilegales, no responden a la finalidad de la institución, control de oportunidad.
Y si ponemos encima de la mesa estas cuestiones es, señorías, porque en materia de lucha contra el fraude y la corrupción, si bien actualmente los OCEX no tienen competencia para imponer sanciones, sí efectúan una importante labor de vigilancia y detección.
En consonancia con lo expuesto, también echamos en falta la incorporación de perfiles profesionales, más allá de los tradicionales de derecho o economía, como pueden ser arquitectura, urbanismo, informática, ciencias ambientales, que no aparecen expresamente reconocidos en la propuesta de la reforma del artículo 15.1.
Por último, lamentamos la oportunidad perdida  - como sí ocurre en el Reino Unido -  de establecer entre las funciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la de ayudar al Parlamento para que el Gobierno garantice los servicios públicos a los que está obligado a prestar, así como la de ayudar a ahorrar recursos, ahorro que, por cierto, en dicho país establece con cifras concretas.
El pasado 15 de diciembre decíamos que una parte importante de la sociedad vasca ya no pone la mano en el fuego por sus representantes políticos, ni por las instituciones que estas gobiernan. Decíamos que era preciso un acuerdo de país para que, desde el ámbito político y administrativo, todas las instituciones y las personas con altos cargos nos impliquemos en esta tarea y nos dotemos de las reglas más robustas, creíbles y avanzadas, con el doble objetivo de que la ciudadanía recupere su confianza en las instituciones y de que la Administración vasca en su conjunto avance de forma decidida en la defensa del interés público y del bien común.
Pues bien, esa misma argumentación es perfectamente aplicable a los miembros del Tribunal Vasco de Cuentas, pues como dice INTOSAI, y cito textualmente, "solo las entidades fiscalizadoras que sean totalmente independientes y profesionales pueden asegurar la rendición de cuentas, transparencia, buena gobernanza, así como la utilización racional de fondos públicos y la eficiencia de los esfuerzos contra la corrupción. Porque la corrupción es un problema omnipresente y global que amenaza las finanzas públicas, el orden jurídico, la prosperidad social, pone en peligro la Seguridad Social e impide reducir la pobreza".
En consecuencia, nuestro grupo parlamentario va a apoyar la tramitación de la modificación de ley que presenta el grupo del Partido Popular, aunque entendemos que no es lo suficientemente ambiciosa y desaprovecha la ocasión de entrar en una reforma de mayor profundidad. Porque quizás, al menos esa impresión nos da, en el fondo de esta iniciativa solo subyace la necesidad imperiosa de lavado de cara del partido al que usted, señor Sémper, pertenece.
Eskerrik asko.