GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2013-05-30):
Gracias presidenta. Buenos días señorías.
Pues bien, seguimos debatiendo sobre justicia. Parece que es de justicia debatir sobre la justicia.
Como ustedes ya saben, y así consta en nuestra proposición no de ley, la Ley 38/88, de 28 de diciembre, de Enmarcación y Planta Judicial, diseñó un mapa judicial estructurado en partidos judiciales, con criterios de proximidad y poblacionales y con el objetivo principal de acercar de manera importante la justicia a la ciudadanía y, sobre todo, para dar respuesta a un considerado aumento de la litigiosidad, provocado fundamentalmente por la mayor conciencia ciudadana de los derechos y de la garantía de su contenido real.
También por la desaparición de vínculos sociales y políticos, restrictivos de la libertad individual y del derecho de defensa de las personas, por el control democrático de los defectos de funcionamiento de las instituciones públicas, por la mayor conflictividad social, derivada de la creciente complejidad democrática y de los episodios de crisis económica –tal cual hoy– y fundamentalmente por la culminación del Estado de derecho, según se recogía expresamente en su exposición de motivos.
Cuando nosotros presentamos esta proposición no de ley, el Gobierno de España venía barajando la posibilidad cierta de utilizar como guía el denominado informe de bases para una nueva demarcación judicial, que fue aprobado por el Consejo General del Poder Judicial el 3 de mayo de 2012, que planteaba fundamentalmente, una reducción drástica de los partidos judiciales, concretamente, a nivel del Estado, pasaba de los 431 a 199, y en Euskadi esto se concretaba con una reducción superior al 50 %, pasando de los 14 actuales a seis.
Y eso es lo que realmente nos preocupa, de lo que hemos venido a hablar. Concretamente, desaparecerían tres en Bizkaia, Getxo, Balmaseda, Gernika. Desaparecerían cuatro en Gipuzkoa, Irun, Tolosa, Eibar y Azpeitia. Y desaparecería uno en Álava, concretamente el de Amurrio.
Ha habido múltiples pronunciamientos en orden a la posición de no, en fin, de oponerse a esa supresión, fundamentalmente en Amurrio, por el problema especifico demográfico y de extensión geográfica, y Eibar tiene añadido, además, que aparte de desaparecer los juzgados de primera instancias e instrucción, que son los que en realidad van a desaparecer, tiene un juzgado de los social que funciona estupendamente.
Bien, este informe y estos planteamientos, como digo, lo que hacen es vaciar de contenido ese objetivo de acercar la Administración de Justicia como servicio público a la ciudadanía. Y esto, unido a la liquidación de tasas para litigar, no es otra cosa, a nuestro juicio, que un ataque frontal al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en beneficio de un supuesto objetivo de optimización de recursos que, en realidad, a nuestro juicio, no es más que lo de siempre: más recortes, más recortes.
Con la excusa de que hay que modernizar y racionalizar la Administración de Justicia, lo que realmente se produce y lo que realmente se pretende y además se produce, y esto es lo peor de todo, es un ahorro, conseguir un ahorro económico a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Se consigue también reducir las inversiones en la Administración de Justicia, que es a nuestro juicio un servicio público esencial del Estado del bienestar con el que se pretende acabar. Alejar la justicia del ciudadano, lo que supone más gastos, más tiempo y, por lo tanto, muchas más trabas para acudir a la tutela judicial, a los tribunales.
Afecta también al tejido socioeconómico de esas poblaciones concernidas. En los ayuntamientos afectados se han desarrollado actividades económicas e inversiones múltiples alrededor de los juzgados.
Afecta también al empleo público, porque va a producir, obviamente, reducciones de plantillas y movilidad geográficas de trabajadores y trabajadoras y de sus familias.
Se deslocalizan los municipios más pequeños. Esta manía –porque no se le puede denominar de otra manera– de concentrar en las capitales todos los servicios, pues lo que producen es que al final, ¿Yo para qué me voy a quedar a vivir en un municipio más pequeño si al final me tengo que desplazar para conseguir todos los servicios que necesito a cualquier otra población más grande?
En fin, son múltiples las consecuencias de una modificación estructural de lo que viene siendo la Administración de Justicia sin un estudio previo, de modo y manera que de entrada a lo que nosotros nos toca es manifestar nuestra absoluta oposición a este informe de modificación, a este proyecto de modificación basado en este informe.
Sin embargo, hay que decir también, señorías, que parece, y digo parece, porque una nunca puede estar segura de lo que vaya a plantear el ministro Gallardón, que no va a ser ese informe al final del Consejo General del Poder Judicial el paradigma para establecer criterios y una nueva ley de planta, si no que, en su caso, se van a tener, parece, como digo, repito, en cuenta las conclusiones de una comisión de expertos nombrada por el Consejo de Ministros del 2 del marzo del año pasado, que de entrada y a beneficio de inventario parecen menos radicales y traumáticas.
Pero, por si acaso, por si acaso como digo, nosotros queremos dejar clara nuestra postura y lo que pretendemos defender con nuestra proposición, y esto no es otra cosa que defender la justicia como un servicio público.
Lo hemos venido diciendo en todas las intervenciones que hemos tenido en relación con este o con otros asuntos relacionada con la justicia. Y esto, defender la justicia como un servicio público lo que implica es, primero, el acceso de todos los ciudadanos a los órganos judiciales.
Por otra parte, hay que señalar que, no solamente porque lo diga yo sino porque lo dice la Ley, es necesario el consejo, además lo dice la propia Ley del Consejo General del Poder Judicial, en el artículo 32.5: "Es necesario el consenso de las autoridades de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en esta materia y también el consenso con los ayuntamientos para conseguir una adecuada reordenación que lleve a una Administración de Justicia más eficiente".
El asunto es un asunto de principios, señorías. La reforma no puede ni debe centrarse en una simple fusión de partidos judiciales con el argumento de unificar instalaciones y de ahorrar costes.
Porque supondría –y esto es algo obvio– la pérdida de las garantías básicas judiciales para miles de ciudadanos y porque atenta gravemente contra el concepto de justicia entendida como servicio público esencial para la ciudadanía.
Lo que toca y lo que tocaría, en su caso, es modificar, por ejemplo, ciertos procesos judiciales que están absolutamente obsoletos.
No les voy a recordar que hubo una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000, pero que venía de una ley que todavía sigue, sigue, por ejemplo, en materia jurisdicción voluntaria siendo en la que es vigente, que es una ley del año 81, de 1881, no del 81 del siglo pasado, sino de hace dos.
Y también la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es del año 1882, y que ahora también se está pretendiendo modificar, esperemos que con éxito.
La reforma de estas demarcaciones, como decía, no es la panacea para, es decir, la demarcación no es el paradigma para modificar la Administración de Justicia y hacerla...
En fin, no es la panacea. Es decir, la demarcación no es el paradigma para modificar la Administración de Justicia y hacerla más eficaz y cercana a los ciudadanos.
Esta reforma de la demarcación sobre todo en un proceso integral de modernización de la Administración de Justicia. La reorganización del partido judicial como unidad básica de la actuación jurisdiccional está suscitando también como ustedes saben muchas controversias, un debate social muy profundo entre colectivos de jueces, fiscales, abogados, procuradores, ellos entiendo debería ser escuchados.
La justicia de primera instancia debe ser un servicio próximo a los ciudadanos y, por tanto, debe ser imprescindible compaginar la reordenación con el hecho de garantizar una justicia ágil, eficaz y cercana.
Todas estas cosas que hemos repetido siempre son en definitiva el fondo de la cuestión que nos ocupa y por eso entendemos que lo que hemos firmado con esa enmienda transaccional entre el grupo Nacionalista Vasco y el Partido Socialista no puede no tiene nada para lo cual el resto de los grupos no puedan adherirse.
Por eso, yo pido sobre todo la adhesión del resto de los grupos a la enmienda transaccional que, como digo, lo que garantiza es que a la vista de que no existe un procedimiento distinto ni existen estudios que puedan garantizar que la Administración de Justicia como tal va a ser un servicio más eficaz y más rápido con este procedimiento única y exclusivamente de reducir partidos judiciales con el objetivo final de evitar gastos, parece razonable solicitar el mantenimiento de todos los partidos judiciales de nuestra Comunidad Autónoma, que por cierto funcionan razonablemente bien. Es muy complicado entender que solamente con el hecho de reducir partidos judiciales, las cosas vayan a funcionar mejor. Parece absurdo pensarlo así.
Hablamos también de los posibles funcionamientos de los tribunales de instancia. En fin, éste es un debate importante, señorías. Hay muchísima gente concernida, gente que efectivamente no acude a la justicia a lo largo de su vida pero hay gente que tiene que acudir puntualmente que necesita una justicia cercana, que necesita una justicia rápida, que necesita una justicia eficaz. Y eso, alejando a la justicia de los ciudadanos que son los usuarios de esta Administración difícilmente se va a conseguir.
Por tanto, solicito el apoyo de la Cámara para esa enmienda transaccional que hemos firmado con el Partido Nacionalista Vasco en la que fundamentalmente lo que se viene a decir es que sin que se mantengan los partidos judiciales de la Comunidad Autónoma vasca tal y como están manteniendo igualmente todos y cada uno de los juzgados que forman parte de esos partidos judiciales, y  en eso hago referencia específicamente al Juzgado de lo Social de Eibar que no entendemos por qué tiene que trasladarse con criterios de concentración de los que luego hablaré en su caso, y que para que en su caso modificar esta demarcación y planta a los juzgados de Euskadi se tengan en cuanta los criterios como manda fundamentalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial los criterios de las propias comunidades autónomas y de los ayuntamientos afectados.
Repito señorías, solicito el apoyo de toda la Cámara para esta enmienda transaccional para esta proposición no de ley y, por lo tanto, espero su apoyo.
Gracias.