PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2013-09-26):
Buenos días. Gracias presidenta.
¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué somos parlamentarios y parlamentarias? ¿Y para qué celebramos esta sesión? Y comienzo haciendo estas preguntas porque sólo si empezamos respondiendo a las mismas podemos abordar de verdad el fondo de este debate.
Porque hay quienes quieren plantear esta cuestión exactamente al revés. Hay quienes pretenden pasar por alto la finalidad de la fiscalidad. Quienes quieren que renunciemos a nuestra responsabilidad política, que no es otra que la de dar respuesta a los problemas que los ciudadanos nos demandan.
Y de hecho, podíamos venir a esta Cámara a decir a los ciudadanos que como no lo hay recursos tenemos que introducir nuevas medidas de repago sanitario. Podíamos venir a decir a los ciudadanos que como no recaudamos lo suficiente tenemos que recortar las becas o incrementar las tasas académicas.
Podíamos venir a decir que como los ingresos han disminuido tenemos que prescindir de nuestra apuesta por la innovación y la investigación. Podíamos venir a esta Cámara a lamentar ante los ciudadanos que a falta de financiación suficiente, eliminamos las ayudas de protección social.
Podíamos venir a exponer ante los empresarios que lo sentimos mucho y que lo mismo que los bancos no les financian, las instituciones tampoco les vamos a ayudar. Todo esto se puede hacer. De hecho, está ocurriendo exactamente así en un entorno bien próximo. E incluso algo de eso había en el proyecto presupuestario que finalmente no se aprobó en esta Cámara.
Lo que hoy hacemos es un ejercicio exactamente en el sentido contrario. Venimos a esta Cámara a decir a los ciudadanos que sus representantes vamos a explorar todas las vías para encontrar nuevos recursos. Hacer uso de las capacidades de nuestro autogobierno en materia fiscal para poner esos recursos al servicio de la sanidad, de la educación, de la protección social, de la investigación y del respaldo a las actividades productivas.
Venimos para decidir de dónde queremos obtener esos ingresos, porque sabemos también a qué queremos destinarlos. Venimos a analizar cómo mejorar la recaudación para destinar recursos a un tejido productivo que es competitivo pero al que le falta gasolina económica. Y al conjunto de los ciudadanos con igualdad de oportunidades a través de unos servicios públicos esenciales.
Venimos a hacer un debate de país, del país que queremos, de cómo queremos financiarlo y de cómo repartimos entre todos los esfuerzos para conseguirlo. El de hoy, por tanto, en este pleno, es el camino opuesto al de la resignación. Es el camino de la acción y de la utilidad de la política.
Porque los socialistas queremos poner fin a ese mantra de "tendremos el Estado de bienestar que nos podamos pagar". Tras ese debate, los representantes de los ciudadanos de Euskadi vamos a darle la vuelta a ese eslogan para decidir cómo queremos pagar el Estado de bienestar que queremos y que necesitamos.
Y es imprescindible que todos aquí lo tengamos claro. Desde luego los socialistas lo tenemos y a nadie puede extrañar ni nuestra actitud ni nuestras propuestas. Ésta es la tercera ocasión en poco más de un año que dedicamos una sesión entera de esta Cámara a debatir cómo obtener ingresos para llevar adelante políticas de crecimiento económico y sostenimiento de servicios públicos.
Tres ocasiones propiciadas todas ellas por el Partido Socialista; en el Gobierno y en la oposición. Porque esta discusión era entonces tan pertinente como lo es ahora. Y llegar a unos criterios compartidos es imprescindible, lo era antes y lo es ahora. Y que sea este Parlamento donde se fijen esos criterios compartidos es necesario también, lo era antes y lo es ahora.
El ejercicio que hoy nos comprometemos a hacer es someter al análisis de todos los partidos sin excepción una visión sobre la reforma fiscal. Una forma de entender la recaudación de impuestos con criterios de equidad, de progresividad, de justicia, de eficiencia y suficiencia. Y sobre esos criterios incorporar las propuestas que todos podamos realizar.
Y todo con un fin muy concreto. La fiscalidad tiene que ser un instrumento útil. Una herramienta con la que construir los proyectos de país que nos hagan progresar como sociedad. Que permitan a los ciudadanos, que son quienes pagan los impuestos, contar con los servicios públicos que reclaman y con el apoyo para emprender sus proyectos personales, empresariales o colectivos.
Por eso y porque estas ideas las hemos venido poniendo sobre la tribuna de manera reiterada en los últimos tiempos, no deja de sorprendernos que algunos hayan azuzado una especie de campaña del miedo sobre esta reforma que hoy empieza su recorrido y que continuará en las Juntas Generales. Campaña que se desmonta con los datos reales de las propuestas fiscales y desde luego, resiste cualquier comparación con nuestro entorno más cercano.
Pero por mucho que algunos se empeñen en querer dejar esta sesión es una especie de discusión sobre subidas o bajadas de impuestos, nosotros no hemos venido a eso. En Euskadi, por diferentes circunstancias hemos obviado durante muchos años –demasiados años– hacer una reflexión profunda sobre la fiscalidad.
En los años 80 comenzábamos a levantar el proyecto común de Euskadi, también el de la fiscalidad. Fuimos adoptando medidas fiscales, incentivos, deducciones, desgravaciones, diferentes figuras que se han ido retocando de forma parcial desde entonces. En apariencia el sistema funcionaba, incluso en las distintas haciendas presumían de superar con creces sus previsiones de recaudación. Y de repente una crisis nos estalló en la cara. Sin entrar en sus motivos, el sistema económico se colapsó.
En Euskadi es verdad que el proceso de crisis comenzó más suave y eso hizo que viviéramos una especie de espejismo, como si esto de la recesión no fuera con los vascos y por eso podíamos vivir con el mismo modelo fiscal que en épocas de bonanza. Pero en un par de años nuestra recaudación se situó en los niveles del año 2005 pero con más gastos.
Abordábamos así una crisis con el mismo modelo fiscal que en época de crecimiento, con esa compleja tela de araña de normas, subnormas, apartados, subapartados, excepciones y más excepciones. Y eso hacía necesario una reflexión profunda.
Lo trajo a esta Cámara el lehendakari Patxi López en enero del 2010. Los socialistas teníamos ya claro el país que queríamos: El moderno, sostenible, solidario y competitivo, y reclamamos discutir sobre la forma de financiar. No fue posible. No voy a repasar primero el silencio y después el desprecio a esa idea. Cada cual deberá reflexionar sobre las consecuencias que aquella actitud ha podido tener en la vida de muchos ciudadanos vascos y de muchas empresas.
Pero nosotros nos cejamos y allí donde sí ha habido receptividad, hemos seguido trabajando en esa línea por las dos patas: Decidir sobre los ingresos para poder decidir sobre los gastos. Es lo que hemos hecho en Gipuzkoa estos dos años. Es lo que impulsamos ahora para el conjunto de Euskadi.
Hemos considerado importante explicar para qué hacemos esta propuesta fiscal, porque sólo si se entiende el para qué, es posible que debatamos de verdad el contenido. Hemos visto en estas semanas previas al debate, se han propiciado muchas informaciones que prescindían de lo objetivo para de forma sesgada sembrar miedo. Es curioso porque esto no ha ocurrido en los debates anteriores y tampoco se ha realizado esta crítica de forma generalizada cuando lo hemos acordado por ejemplo en Gipuzkoa, ni cuando Rajoy emprendió y puso en marcha una subida tributaria a la totalidad de los contribuyentes en el resto de España.
Ahora, cuando queremos hacer una propuesta compartida para el conjunto de Euskadi, que deja el esfuerzo tributario de los ciudadanos y de las empresas por debajo del territorio común, contra lo que dicen algunos, y que bajará también si se aprueban estas propuestas la factura fiscal a muchos guipuzcoanos para intentar equilibrarla con vizcaínos y alaveses, a alguno le han salido sarpullidos probablemente porque tocan sus bolsillos, los que no se habían tocado hasta ahora.
Queremos denunciar esa campaña del miedo y dejar claro algunas cosas, que pagarán muchos que no pagan, a esos sí les va a subir la factura fiscal que han venido eludiendo hasta ahora. Pagarán más los que han hecho uso y abuso de la ingeniería fiscal para adelgazar su contribución al sostenimiento de los servicios públicos; pagarán más quien tiene rentas superiores a 90.000 euros y quienes asuman herencias por encima de los 400.000 euros. Pagarán más quienes obtienen importantes rentas de capital y hoy pagan mucho menos que quienes sólo dependen de sus nóminas.
Esos son los que se van a haber afectados por esta propuesta de reforma fiscal. Los nuevos recursos que obtengamos por esta vía se inyectan de nuevo en el tejido productivo y en los servicios básicos. Y eso es exactamente lo contrario a ir contra el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos como algunos pregonan. Lo que va de verdad contra el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos, porque atenta contra su calidad de vida, son los copagos sanitarios, la disminución de las becas, los recortes en inversiones públicas, en programas de empleo, en ayudas a la economía real, en prestaciones sociales, los tajos sociales y las subidas generalizadas de tasas de matrículas o de billetes de transporte.
En nuestra propuesta fiscal planteamos que las rentas por trabajo, las que tienen la inmensa mayoría de los vascos, las que proceden de una nómina y son inferiores a 90.000 euros se mantengan exactamente igual que hasta ahora. Y a partir de esa cantidad se establecen nuevos tramos que aumentan la progresividad, los mismos –por cierto– que están en vigor en Gipuzkoa.
Podíamos haber ido más allá, por supuesto. En esas rentas altas y sólo eso, sí podíamos haber tomado como ejemplo, por ejemplo el modelo de Rajoy que sitúa tres puntos por encima esas tarifas fiscales y que incluso algunas autonomías como Cataluña, las amplían a siete puntos por encima.
Podía haber sido así, pero hemos considerado que el efecto era menor porque a partir de ciertas cantidades es más habitual tributar, no a través de este impuesto sino a través del Impuesto de Sociedades, al que luego me referiré y donde se ha actuado con otras iniciativas.
Por tanto, no hay subida de impuestas en la renta por trabajo de la inmensa mayoría de los vascos. Sí hay una subida del 1 % en la mayoría de las rentas procedentes de ahorro, un 1 % en una rentabilidad de 1.000 euros anuales para un depósito de 50.000 euros en un depósito corriente, el 2 % anual supone 10 euros más, y éste no es un dato estadístico, es una referencia.
La pregunta es, ¿cuantos contribuyentes vascos disponen de 50.000 en ahorro ordinario? Desde luego, la inmensa mayoría no y, por lo tanto, deberán pagar menos incluso de esos 10 euros de más.
Y para que quede clara nuestra posición en este asunto. Los socialistas hemos planteado varias veces, y hemos coincidido, por cierto con gran parte de esta Cámara, que en el IRPF las rentas de trabajo y las de capital debería igualarse, que debe llegar un momento en el que en la declaración de un contribuyente se sumen todos los ingresos, y esa suma sea la cantidad sobre la que se apliquen los tipos impositivos, porque de otra manera hay un tratamiento diferente a dos formas de obtener los ingresos, y eso no es justo.
Y esta dualidad que aún se mantiene en Euskadi y también en el resto de España, es anacrónica. Apenas hay cuatro o cinco países europeos que mantienen este sistema. Nosotros no podemos pasar por alto que existen amplísimos colectivos que hace décadas construyeron su futuro, el complemento de sus pensiones, con las rentas que les generaron los ahorros que habían podido hacer o sus inversiones en acciones, en inmuebles que tienen alquilados, etcétera.
No lo obviamos y por eso no exigimos en este caso ir más allá, pero sí mantenemos esa reflexión para un futuro, habrá que ir a la tributación por la suma de todos los ingresos del contribuyente, sea cual sea su procedencia.
Y en cuanto a los tipos en IRPF no hay más, no lo hay, otra cosa son las deducciones y las desgravaciones, y aquí tengo que recordar que este Parlamento ya se ha pronunciado al respecto, sin ir más lejos, en el último Pleno Monográfico de Fiscalidad y decidimos revisar el cálculo de deducciones, el capítulo deducciones y desgravaciones, eliminando todas aquellas que no fueran eficaces. Porque las deducciones y las desgravaciones no son un derecho, son figuras que se incluyen en los sistemas tributarios para lograr un fin concreto.
Cuando se deduce por alquilar la vivienda –figura que por cierto proponemos mantener–, no es para premiar al contribuyente ni para aliviar su carga fiscal, es porque decidimos políticamente favorecer el alquilar como solución de vivienda, y porque incluir ese alquiler hace que afloren las rentas de alquiler.
Por tanto, por una parte se deduce al inquilino y por otra se recauda del arrendador. Si se deduce la rehabilitación afloran trabajos de todos los gremios que han participado en la misma y de paso se prima la actividad económica en el sector y el mantenimiento de edificios, y si se deduce por compra de vivienda es porque en algún momento del pasado consideramos que había que favorecer la actividad inmobiliaria, ésa que ahora está tan denostada.
Y tendremos que decir que ésa fue una idea cuanto menos discutible, y a los hecho me remito, de la crisis en toda España. La deducción por compra se trasladó al precio de los pisos, propició adquisiciones que no hubieran sido necesarias si se hubiera alentado más la rehabilitación y el alquiler, y eso es algo en la que coinciden los expertos, en el resto de España, de hecho, esa deducción se ha eliminado totalmente.
Los socialistas creemos que habría que repensar también para el futuro esta figura, pero también entendemos que tenemos margen para que quienes adquirieron sus viviendas con una previsión de alivio por la vía de la deducción, no vean de repente paralizadas todas sus expectativas.
Por eso no hemos eliminado la deducción de vivienda pero cada contribuyente dispone del mismo crédito fiscal, 36.000 euros, que puede deducirse a lo largo de su vida, pero retrasamos...
...la deducción de vivienda, pero cada contribuyente dispone del mismo crédito fiscal –36.000 euros– que puede deducirse a lo largo de su vida, pero retrasamos, eso sí, ligeramente el tiempo en que puede hacerlo.
Si esos 36.000 euros los dividimos por los 1.800 que son como máximo hasta ahora deducibles al año, el contribuyente tardaría, en caso de llegar al límite, 20 años en agotar ese crédito.
Con el nuevo límite tardará unos 23, pero en esto tampoco vamos a pasar por alto que eso sería solamente para un nuevo comprador, ya que la mayoría de los contribuyente ya han ido gastando gran parte de ese crédito fiscal.
Así que mienten, siento decirlo así, pero así es, mienten quienes dicen que eliminamos esta deducción o que ese cambio de límite va a provocar perjuicios, como si todo el mundo destinara 10.000 euros anuales a amortizar la compra de una vivienda. Como si todo el mundo agotara el crédito fiscal del que dispone, como si la gente comprara un piso por la deducción y no porque lo necesitase para vivir, aunque igual los que protestan son los que hacen trampas y lo tienen como bien deducible falseando que sea su residencia habitual.
El problema para pagar la vivienda no es precisamente la deducción, es que hayas perdido tu puesto de trabajo y que no puedas pagar la hipoteca. Y este capítulo de deducciones, por el que anualmente dejamos de recaudar entre 400 y 500 millones de euros, proponemos simplemente que sea algo más limitado para que con ese recurso podamos precisamente impulsar medidas para generar empleo y que el ciudadano pueda afrontar el pago de su vivienda y el resto de sus necesidades.
Y tampoco es un derecho inalienable la desgravación por aportaciones a planes de pensiones. Ésta es una fórmula de ahorro para el futuro muy utilizada, muy utilizada por quien puede ahorrar para el futuro, dicho sea de paso, porque hay mucha gente que ni siquiera puede hacerlo, porque son aportaciones de ahorro no disponibles durante muchos años. Luego, quien invierte ahí es porque ese dinero que invierte no lo necesita de forma inmediata, si no se opta evidentemente por otras formas de ahorro.
Pues bien, aunque sea algo muy utilizado, la capacidad de destinar seis mil euros anuales, es decir, unos 500 euros mensuales para bajar la base sobre la que pagar impuestos no está precisamente al alcance de la inmensa mayoría de ciudadanos a la que algunos apelan.
Por esa vía se nos van cada año unos 1.000 millones de euros. Sinceramente creemos que hay margen en esos 1.000 millones que dejan de pagar quienes tienen más capacidad de ahorro para destinar una parte a necesidades más urgentes para la sociedad. Y quien disponga de esa capacidad de ahorro, las entidades financieras les ofrecen múltiples posibilidades, aunque por ellas no se puedan deducir.
También ponemos límite a la deducción por edad, es verdad, porque no es justo que tener una edad u otra sea de por sí un criterio sin tener en cuenta las rentas, y que alguien por razón de edad pueda deducirse una cantidad determinada, aunque sus rentas sean superiores a la media, mientras que un trabajador con la mitad de ingresos no tenga esa bonificación desde luego no responde a nuestro modelo.
No es justo que eminentes banqueros y empresarios de edad, es verdad que de edad, accedan a esa deducción y sus empleados no puedan hacerlo.
Y hasta aquí lo referido a impuestos que afectan a la mayoría a la que algunos apelan, con un añadido, el Impuesto de Sucesiones. Hay quien, efectivamente, defiende que las herencias no deben contribuir, puesto que lo que se hereda ya ha pagado sus impuestos, lo hemos oído aquí en esta Cámara en varias ocasiones.
Hay quien entiende, por otra parte, que eso es un nuevo ingreso que los contribuyentes heredan y que, por lo tanto, debe tener lógicamente una carga tributaria.
Lo que proponemos es que se pague un mínimo por cada heredero que asuma más de 400.000 euros y eso significa que quien herede 1 millón de euros pagará aproximadamente unos 9.000, quien herede medio millón pagara 1.500 euros. No son, desde luego, cantidades que se puedan calificar de tasa de expropiación de patrimonios familiares, como también se ha oído en esta Cámara.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, el que afecta a los beneficios de las empresas, repito, a los beneficios de las empresas, no a la actividad económica de la misma, hemos decidido empezar a poner orden. No puede volver a ocurrir que grandes corporaciones con sede en nuestros territorios, conocidas por todos ustedes, y con grandes beneficios puedan desgravarse hasta el infinito y acabar teniendo una tasa real del 0 %.
No puede ser y por eso hemos puesto un suelo. Una empresa que gane dinero debe pagar como mínimo un 13 % de sus beneficios, que, por cierto, siguen estando por debajo de lo que contribuyen los trabajadores.
Además comenzamos la vía de la simplificación de deducciones, desgravaciones y exenciones, esa especie de laberinto por el que el común de los ciudadanos y pequeñas empresas se pierden, pero donde algunos saben encontrar un buen refugio para evitar pagar aquello que le corresponda.
Y vamos aquí al eje de la reforma tributaria, donde más recursos podemos obtener y al que curiosamente quienes están azuzando ese discurso del miedo prestan muy poca atención. Es el compromiso con medidas concretas para atajar esa elusión fiscal a la que me acabo de referir y el de la ingeniería que permite reducir la factura con Hacienda y que sólo está al alcance de unos pocos, de los que más tienen y más ganan.
Y el compromiso con el fraude, esa vía de escape a la que sólo se le han puesto parches pero que necesita una reparación general, articulamos una vía de entendimiento que haga posible emprender medidas que por otra parte ya se habían acordado también en otros plenos de esta Cámara y que los ciudadanos deben saber que vamos a poner en marcha la interconexión entre las distintas haciendas forales para detectar actuaciones de contribuyentes en distintos territorios fiscales que pretenden escapar de sus obligaciones.
También se va a poner en marcha una comisión de lucha contra el fraude que realice programas concretos de actuación. Vamos a conocer de forma periódica la evaluación de estas actuaciones para perfeccionarlo.
Me van a preguntar ustedes, ¿Eso es suficiente? Pues seguro que no, seguro que además deben materializarse cuanto antes un aumento de los recursos técnicos y humanos para esta tarea. Hoy, por ejemplo, la probabilidad de que una empresa reciba la visita de un inspector viene a ser de un 0,08 %. Seguro que hay que explorar vías que se dan en otros países, como buscar la colaboración activa de las empresas, y seguro que hay que mejorar el sistema legal para que defraudadores sepan que no habrá impunidad para ese ejercicio de insolidaridad.
Pero se ponen en marcha mecanismos inéditos en Euskadi en esta tarea y lo hacemos impulsándolo desde este mismo Parlamento, donde además nos comprometemos a definir el destino concreto de esos nuevos recursos, los que lleguen del fraude, los que lleguen de la eliminación de deducciones y exenciones ineficaces, los que lleguen de las rentas más altas, para devolverlos a los ciudadanos, mejorando los servicios que reciben y a las empresas, con planes que les ayuden a financiarse a crecer y a crear empleo.
Y ése y no otro es el sentido del debate que celebramos, el de entender que la fiscalidad no es ni mucho menos un fin en sí mismo, sino una herramienta de solidaridad. Que la contribución justa, progresiva y equitativa a las arcas públicas nos hace ser a todos partícipes de una sociedad que ofrezca igualdad de oportunidades para todos, y donde cada uno contribuya en función de sus posibilidades y cada uno reciba en función de sus necesidades.
¿Eso es todo lo que los socialistas hubiéramos podido conseguir? Pues no, evidentemente no. Pero creo que abrimos un camino que va a ser eficaz, va a ser más justo y, desde luego, va a ser más útil para los ciudadanos, y para eso hemos venido y para eso estamos en esta Cámara.
Muchas gracias.