MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2014-11-14):
Sí, gracias presidenta. Señor lehendakari.
No hace demasiado, el pasado día 12 de junio UPyD defendió en este pleno una iniciativa parlamentaria que proponía...
...el lehendakari no hace demasiado, el pasado día 12 de junio UPyD defendió en este Pleno una iniciativa parlamentaria que proponía exactamente lo siguiente.
"El Parlamento Vasco insta al Gobierno de España a que, por un lado, en el próximo proceso de reforma constitucional se eliminen los supuestos de aforamiento previstos en la Constitución, sometiendo a revisión en su conjunto todas las prerrogativas parlamentarias y, por otro lado, sin prejuicio del anterior y mientras ese proceso de revisión constitucional se produce, en el plazo máximo de seis meses impulse toda la reformas legales necesarias a fin de suprimir en el ámbito de sus competencias todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas leyes en los últimos años".
Proponíamos también que este Parlamento instara al Gobierno Vasco y se comprometiera él mismo a impulsar en el ámbito de sus competencias, que también las tiene, todas las reformas legales que sean necesarias con el objetivo de eliminar todos los supuestos de aforamiento existentes actualmente en Euskadi, sometiendo a revisión en su conjunto todas las prerrogativas parlamentarias.
Proponíamos también que este Parlamento instara a las juntas generales de los territorios históricos y a las diputaciones forales a impulsar todas las reformas y normativas que sean necesarias con el objetivo de eliminar los supuestos de aforamiento previstos en el ámbito de sus competencias.
Bien, tal propuesta no recibió el apoyo de ningún otro grupo parlamentario y, por tanto, decayó, del mismo modo o parecido que iniciativas semejantes decayeron antes en otros parlamentos y en concreto en el propio Congreso de los Diputados.
En aquella ocasión, cuando defendimos la supresión de todos los aforamientos, en fin, todos los grupos criticaron contundentemente la propuesta de UPyD y consideraron innecesaria la idea de suprimir los aforamientos existentes en España.
Ese mismo día 12 de junio se aprobó la enmienda presentada por el Grupo Socialista, votada favorablemente por el grupo proponente y también por UPyD que decía lo siguiente: "El Parlamento Vasco considera procedente abrir un proceso de examen, reflexión y adecuación del régimen de garantías de los cargos públicos y sus límites".
Una enmienda, en nuestra opinión, claramente insuficiente, pero algo más que nada ya era, esto de al menos considerar procedente abrir un proceso de examen y reflexión sobre la cuestión.
Es curioso, porque después de aquello y después de que el grupo Popular también en el Congreso de los Diputados nos llamara de todo por proponer esta iniciativa, el ministro de Justicia del Gobierno de España, sustentado por el grupo parlamentario que vilipendió la propuesta de UPyD planteada en el Congreso, afirmaba en una entrevista periodística lo siguiente:
"Proponemos pasar de 17.621 aforados que hay en España a 22". Admitiendo de ese modo, al menos parte de los planteamientos expuestos por nuestro partido político unos pocos meses antes y que el mismo ministro criticó duramente.
Por ello y dado que el resto de partidos políticos de ámbito nacional se han mostrado, ahora sí, dispuestos a abordar la cuestión como una de las medidas de regeneración democrática indispensables para recuperar la confianza de los ciudadanos, consideramos apropiado volver a traer el asunto a debate y preguntarle a usted sobre esta cuestión.
Por eso le preguntamos por el conjunto de medidas y decisiones que piensa tomar su Gobierno, que estaría dispuesto a impulsar para desde Euskadi eliminar la anacrónica institución del aforamiento.
En nuestra opinión no debería haber ni un solo aforado, ni en Euskadi, ni en el conjunto de España, cero aforados. Ése sería el objetivo de UPyD. El aforamiento implica alterar las reglas de competencia judicial penal en beneficio de determinadas personas, quienes tienen derecho a ser encausadas y juzgadas por determinados tribunales previamente señalados.
El aforamiento, hoy en día, como han tenido oportunidad de denunciar muchos juristas y asociaciones judiciales, supone un verdadero anacronismo, no tiene ningún sentido que se mantengan esta institución en el siglo XXI.
Se ha pretendido justificar, alegando que las elevadas funciones de los beneficiarios de tales prerrogativas exigen protegerlas de la inquina de aquellos dispuestos a proceder contra ellos movidos por razones políticas, pero la verdad es que tal argumento resulta incomprensible en el día de hoy. En un Estado democrático la mejor garantía para impedir la instrumentalización política del procesamiento o detención de un parlamentario consiste en la independencia de los jueces y tribunales.
La institución del aforamiento ha sufrido una extraordinaria expansión en los últimos años. El aforamiento consiste en que determinados procedimientos judiciales deban ser conocidos por un órgano judicial diferente al habitual.
El aforamiento supone, por lo tanto, una excepción evidente al principio de igualdad, una diferenciación, una distinción de trato, porque, precisamente, los altos tribunales del Estado, como el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia son los más susceptibles de politización, habida cuenta de que en el nombramiento de sus magistrados interviene directamente el consejero general del Poder Judicial, a cuyos miembros nombran a su vez los partido políticos, mediante un calculado sistema de reparto de cuotas.
Además, el aforamiento conlleva que tan pronto como le conste al juez de instrucción que está investigando un delito cuya responsabilidad pueda imputarse a un aforado, deberá remitirla al órgano jurisdiccional competente, perdiendo así el caso.
La figura del aforamiento retrasa el procedimiento y provoca disfunciones y, algo que nos parece ciertamente importante en los tiempos que corre, una sensación entre la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos, hay una mayoría inmensa de ciudadanos que a día de hoy lo que pretende es que los partidos políticos impulsemos medidas para regenerar la democracia, también aquí en Euskadi y, desde luego, hay una inmensa mayoría de ciudadanos que a día de hoy quieren que esta institución del aforamiento desaparezca, de tal forma que no haya un solo aforado, y que todos los ciudadanos seamos tratados igual ante la ley.
Ostentar la condición de aforado también tiene alguna consecuencia negativa, como la pérdida, en algunos casos, del derecho a la segunda instancia. También por ello hay que suprimir el aforamiento. En España, por lo tanto, existen más de 10.000 aforados. No sólo están aforados los parlamentarios y senadores ante el Tribunal Suprema, sino también los parlamentarios autonómicos, presidentes autonómicos y miembros del gobierno regional.
Hay, por lo tanto, miles de aforados, unos aforados al Tribunal Supremo, otros a los tribunales superiores de justicia y otros a las audiencias provinciales, pero todos con idéntico anacrónico privilegio. Los más perjudiciales son aquellos que afectan a los cargos de designación política, porque se percibe por la ciudadanía como un privilegio creado a fin de proteger a tales cargo de posibles imputaciones por corrupción política. Así se percibe por parte de la ciudadanía.
Miremos que es lo que pasa a nuestro alrededor. Portugal e Italia no tienen más que un aforado, Francia tiene alrededor de 10 aforados, en Alemania no hay ningún aforado, en el Reino Unido no hay ningún aforado, en Estados Unidos no hay ningún aforado.
Que los ciudadanos perciban que los partidos políticos queremos cambiar alguna de las cosas que les preocupa creo que es fundamental, por lo tanto, hay razones evidentes para dar pasos, cada uno en su ámbito competencial, para eliminar esta institución, hay razones suficientes.
Todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley, todos los ciudadanos debemos recibir el mismo trato, el aforamiento supone una excepción del principio de igualdad, una diferenciación y una distinción de trato. A los aforados les juzga el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia en lugar de los tribunales ordinarios. El aforamiento retrasa el procedimiento, y provoca disfunciones y una sensación en la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos.
A los aforados se nos trata de modo distinto que al resto de los ciudadanos, se trata, por lo tanto, de defender la igualdad. Se trata, por lo tanto, de acabar con todos los privilegios existentes a día de hoy.
Ya digo, nuestra posición es clara y la llevamos años defendiendo, en solitario, bien es cierto, pero lo seguiremos haciendo y creo, por las declaraciones de determinados miembros de algunos partidos políticos que podemos alcanzar, más pronto que tarde, ese objetivo, acabar con todos los privilegios, y nuestro objetivo, ya digo, que es que ni en España ni en Euskadi haya ni un solo aforado.
Y, por lo tanto, le pregunto por lo que piensa usted sobre la cuestión y si estaría dispuesto a impulsar medidas legales para acabar con todos los aforamiento.
Gracias.