GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2013-03-21):
Gracias señora presidenta. Buenos días señorías, buenos días a todos.
Si efectivamente la señora Llanos dice que no tiene una monomanía con este tema de la justicia gratuita, yo desde luego le voy a creer. Pero lo cierto es que debatimos por enésima vez en este caso una moción consecuencia de interpelación del Grupo Popular en el que se vuelve a insistir sobre la necesidad de solventar las disfunciones del Decreto 110/2012, de 19 de junio, sobre Justicia Gratuita que tanta guerra nos da.
A lo largo de la historia de los debates que se han sustanciado en esta Cámara, ha venido a quedar claro –yo creo que es una cosa que ya no duda nadie– que el escollo principal, aunque ahora la señora Llanos hable de tutela judicial efectiva y de cumplir fundamentalmente los mandatos de la Cámara, es un uno. Está planteado fundamentalmente por el Colegio de Abogados de Bizkaia y ha dado lugar a esta cascada interminable de iniciativas que es efectivamente el caso de los denominados casos fallidos.
Como ustedes ya sabrán incluso soñaran con ellos, son aquellos casos en los que supuestamente no se paga a los abogados –supuestamente digo– que están adscritos al turno de oficio porque el peticionario de la justicia gratuita o bien el usuario del servicio en definitiva no tramita el expediente de justicia gratuita, o bien, no se le concede el beneficio.
Sentado el anterior y con la misma y pertinaz insistencia con que la señora Llanos afirma en su iniciativa original que el Decreto ha venido a empeorar las condiciones de los letrados de oficio, yo lo voy a negar, y me afirmo y ratifico en todas las manifestaciones que he venido efectuando en todas mis intervenciones, le aseguro de nuevo que en los últimos años las condiciones retributivas de los letrados del turno de oficio han mejorado sustancialmente.
Y cuando hablo de condiciones retributivas no solamente hablo de la cuantía de los pagos, sino también de los plazos de pago. No hablo solamente de lo que se paga por cada actuación, sino también de cuándo se paga. Pero hay una diferencia sustancial entre usted y yo, señora Llanos: Yo traigo pruebas, usted solo retórica, muestra un botón.
Partido judicial de Eibar –que es el que le puedo facilitar yo–, año 2007, turno de asistencia al detenido 189,91 €, turno de asistencia al detenido en el 2011, incluida la rebaja del 7 % establecida, 248,57, un 31 % más. Divorcio contencioso, partido judicial de Eibar porque claro luego tampoco ocurre que nadie sabe exactamente cómo se pagan las cosas porque no todo las partidos judiciales pagan igual ni no todos los territorios pagan igual. Separación o divorcio contencioso de 641 a 686 exactamente, aproximadamente un 7 %.
No hay comparación con lo que se paga en nuestra comunidad en relación con otras comunidades autónomas que tienen trasferida el pago de este servicio, ni con lo que paga el Ministerio. Le voy a enseñar que ya se lo dije el otro día por ejemplo lo que cobra un abogado gallego al trimestre: 18,34 euros por el turno de oficio al trimestre. Nosotros, como le digo, 248 al día. Eso es lo que se llama justicia gratuita a precio de saldo.
Sigamos. Vamos a volver a la cuestión principal, a cuál es el origen, el fin y por qué se establece el Decreto de Justicia Gratuita. Había que conseguir una serie de logros que no existían antes y ¿cuáles son los logros constatables? Esto constatable, se produce un mayor control que es lo que preocupa a los colegios de abogados, no a los abogados.
Se consigue transparencia porque se paga lo que se tiene que pagar, es decir, la justicia gratuita. Lo que no es justicia gratuita, no se paga. Pero eso no lo digo yo lo dice el consejero de Justicia en sede Parlamentaria y lo dice cualquier persona que tenga sentido común. Porque existe una ley reguladora de la que ya hemos mucho y que no voy a repetir.
Se han ampliado los supuestos de reconocimiento del derecho y los módulos: Jurisdicción social, menores. No hay nada más que comparar los dos decretos para no extenderme.
Hay una libre elección de abogados con limitación de cupo, eso que a ustedes tanto problema les supone, si simplemente lo que hace es igualar a personas que no tienen capacidades económicas para elegir abogado con las que sí lo tienen. No sé por qué les produce tanto problema porque en Galicia, comunidad que ustedes gobiernan, existe.
La organización de los turnos de guardia de asistencia al detenido mejora sustancialmente. Si efectivamente se cumple lo que ordena el Decreto que es que haya 41 letrados de guardia todos los días, los 365 días al año, en las sedes judiciales de todos los partidos judiciales de la comunidad.
Ha agilizado los pagos de los letrados. En eso no hay discusión entiendo pero por si acaso lo digo. Y habilita a todos los colegios del quantum para esos gastos de funcionamiento, etcétera de los que luego hablaremos, a inicio del ejercicio. Yo creo que esto no tiene discusión.
Ahora, vamos a ver lo que usted solicita en su proposición original y vamos a empezar a hablar por el servicio de orientación jurídica. El servicio de orientación jurídica que es quien digamos, efectúa los trámites para la concesión del beneficio de justicia gratuita.
Usted habla de facilitar a los colegios los datos necesarios para una rápida tramitación de los expedientes. Bien, usted sabe aunque no lo diga que el Gobierno planteó a los colegios la posibilidad de acudir al Servicio Integral de Gestión de la Abogacía, un sistema informático –el SIGA– como un sistema de gestión colegial mayoritario en todo el Estado que permite la integración, eso que ustedes están pidiendo de las diputaciones por ejemplo, del cualquier aplicativo administrativo de justicia gratuita incluso solicitando información económica. Se rechazó.
A día de hoy, cada colegio sigue disponiendo de un aplicativo informático diferente. Gipuzkoa sí tiene el SIGA pero no se ha producido ningún tipo de unión de colegiación, de esfuerzos entre los colegios. Están triplicadas las estructuras. y por lo tanto. los gastos. Y pese a ello, con el actual Decreto la cifra de gastos por gestión ha sido mayor que la abonada anteriormente.
A día de hoy, Bizkaia no tiene instaurado un aplicativo informático testeado. Su aplicativo informático no está testeado del todo con el aplicativo del Gobierno. Gipuzkoa sí ha implantado el SIGA y Álava plantea siempre una serie de déficit estructurales por los cuales dice que no puede intercambiar los datos necesarios para el funcionamiento de las comisiones.
Seguimos con el SOJ, con el Servicio de Orientación Jurídica. Usted propone que se garanticen medios adecuados, es decir, que se dote de cantidades suficientes para que pueda tramitar los expedientes de una forma digna y eficaz.
Vamos a ser serios. No son los medios del problema, sino el cálculo del abono de esos gastos de gestión. O bien por expediente como se hacía antes, por una cuantía por expediente, o bien por tramos en función de todos los expedientes que se hayan podido tramitar el año anterior.
En 2011, se abonaron 975.747,15 euros con el cálculo que pedían los colegios. Con el cálculo del Gobierno, se hubieran pagado 1.8.952,49 euros, es decir, 32.000 euros más.
En cualquier caso, gastos de gestión de la justicia gratuita más de 1 millón de euros, añadiendo que los Servicios de Orientación Jurídica están físicamente en los Palacios de Justicia y corren por cuenta de la administración, mobiliario, energía, etcétera.
En relación a los letrados, solicita que se garantice el cobro de los profesionales con independencia de lo que haga su defendido. Hay que decir que todos los asuntos en cualquier jurisdicción necesitan la tramitación y la concesión. No se hace ninguna actuación por el abogado hasta que no se reconoce el servicio. Por lo tanto, ni se cobra ni se paga salvo en el ámbito penal, que mire usted que es amplio y sólo hay cuatro supuestos en los que hay que hacer la tramitación ordinaria que son, alcoholemias, menores, querellas y violencia de género. Parece razonable pensar que estos delitos son de suficiente transversalidad social para suponer que no todos los autores de estos delitos vayan a tener problemas económicos, y por lo tanto, ser beneficiarios.
Le recuerdo los últimos datos en relación con los casos fallidos. Se propuso por parte del Gobierno pagar un importe de 2,5 sobre el PIB, importe total de los turnos de oficio que sobre los 300 fallidos más o menos que establecían los colegios, por el cual se pagaba 583 euros por cada caso fallido, casi lo que se paga por un divorcio contencioso. No creo que esté mal.
Y finalmente solicita la simplificación de los trámites administrativos para que estos no sean un impedimento para el acceso a la justicia liberando a los profesionales de la ardua tarea de su realización.
Estos son los decretos que hay que rellenar: Nombre, DNI, diligencias, cuantía de los ingresos que manifiesta el imputado o el asistido. Hombre, complejos no parece que sean, trabajo no creo que den mucho. ¿Te pueden fastidiar? Sí, pueden fastidiar pero con el tiempo que tenemos esperando a que entremos para entrar en sala o a tomar una toma de declaración, mire, no cuesta nada hacerlos. No creo que esto sea el problema principal.
Usted afirmaba que era innecesaria una reforma del Decreto porque se iba a modificar la ley y que además sería su Gobierno el que la hiciera. Francamente, señora Llanos, espero que no. Espero que no porque desde que el ministro Gallardón llegó al Departamento de Justicia y metió la mano en la justicia de este país, el malestar, el desconcierto, el descontento, el rechazo en la judicatura, en la fiscalía, en la abogacía, en la procura, en fin, en casi todos los operadores jurídicos menos los registradores y notarios que van a tener un bonito aumento de volumen de negocio, el rechazo ha alcanzado cotas que no se había visto antes.
Le puedo hablar de las tasas judiciales...