ARARTEKOAK (Lezertua Rodríguez) (ARARTEKO, 2015-11-19):
Legebiltzarkide jaun-andreok, gobernukideok, egun on.
Ohorea da, ulertuko duzuenez, Legebiltzarraren aurrean osoko bilkura honetan lehendabizikoz agertzea Ganbara honetan kargua hartu eta gero 2014.eko 20ko txostenaren berri ematera.
Atsegin handiz ordezkatzen dut erakunde hau Euskadiko herritarren ordezkarion aurrean, batez ere Arartekoa euskal herritarren eskubideak defendatzeko goi mandataria delako eta haiek euskal administrazio publikoekin dituzten harremanetan. Eta bestalde, gobernantza ona sustatu ere egin behar dudalako.
Joan den urriaren 26an Giza Eskubideen, Berdintasunaren eta Herritarren Partaidetzaren Batzordearen aurrean agertu nintzen txosten hauxe ezagutarazteko asmoz. Agerraldi hartan herritarrek iaz egin zizkiguten erreklamazioak, kexak, analisi kuantitatiboa egin nuen eta labur azaldu nituen erakundeak burututako jarduerak.
Gaur osoko bilkura honen aurrean azalduko dut Arartekoak arautu zuen legeak, autonomia erkidegoko eskubideak babestearen egoeraren balorazio orokorra deritzona. Mintzaldi honetarako eman didaten denbora tartean ez dago zehatz-mehatz adierazterik eskubideak zenbateraino babesten diren Arartekoaren jarduera antolatzen duten 28 arloetako bakoitzean, eta Haur eta Nerabeentzako Bulegoari dagokionean. Horregatik, pertsonen eskubideak ongi babestearen ikuspegitik begiratuta, hemen azpimarratuko dut bakarrik zer alderdi iruditzen zaizkigun garrantzitsuenak.
Eusko Jaurlaritzaren, foru aldundien eta euskal udalen jarduera eta politika publikoetan; eta bereziki nabarmenduko ditut talde ahulen alde burutu dituzten ekintzak.
Nire agerraldiaren mamiari zuzenean heldu aurretik, iaz Arartekoak egin zuen lanaren datu orokor esanguratsuenak aipatu nahi nizkizueke. Herritarrei zerbitzu (...) eta administrazioak kontrolatzearekin lotura duten ia 9.000 jarduera zenbatu ziren pasaden urtean. Horietatik, ia 6.500 kexak, erreklamazioak izan ziren eta 2.000 baino gehiago, jardueratan, informazioa eta aholkuak eman ditugu.
33 bilera egin ditugu eta era askotako gizarte erakundeekin eta, aldi berean, 57 bilera egin ziren hainbat administrazioekin, baita askotako beste jarduerak ere. Eragindako Administrazioak kexak sorrarazi zuen jarrera zuzendu eta aldatu da ia % 92 kasuetan. Kasu gehienetan ez da ia gomendio formalik egin behar izan, eragindako Administrazioak Arartekoaren arrazoi bidea onartzeko. Datu horrek aztertutako urteetako altuena izanik, agerian utzi du berak bakarrik, Arartekoaren esku-hartzeak oso eragingarritasun handia duela.
Badakizuenez, Haur eta Nerabeentzako bulegoak Arartekoaren baitan jarduten du.
El trabajo de esta oficina, de la Infancia y de la Adolescencia, desde una perspectiva cuantitativa, se ha traducido en 329 expedientes de queja tramitados, 33 de ellos de oficio, y en múltiples colaboraciones con organizaciones sociales y en participaciones en foros de encuentro y debate sobre la mejor manera de proteger la infancia y la adolescencia. Esto supone alrededor del 13 % del total de los expedientes de queja que tramita nuestra institución.
Estas cifras que acabo de dar no incluyen  - aunque esto merece ser tenido en cuenta -  576 reclamaciones que estaban relacionadas principalmente con el sistema vasco de garantía de ingresos y que son también susceptibles de afectar a menores, que corren el riesgo de encontrarse en situación de penuria económica.
La conmemoración del 25 aniversario de la formación por la Asamblea General de las Naciones Unidas del Convenio sobre los Derechos del Niño, ha estado presente de manera constante en la actividad de la oficina.
En este contexto, el incremento del número de niños, niñas y adolescentes en situación de precariedad económica en Euskadi nos lleva a recordar que, primero, los derechos proclamados por el convenio son derechos de todos los niños y todas las niñas, sin excepciones. Por ello, actuar para garantizar unas condiciones de vida dignas, especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, es una cuestión de derechos, no es una cuestión de caridad.
La experiencia, en segundo lugar de la crisis económica ha afectado casi de manera imprevista al principio de igualdad de oportunidades; cuando el efecto protector e inclusivo de las políticas públicas se debilita, las personas que parten de una situación de desventaja tienen dificultades para salvar las distancias. La desigualdad se incrementa y se traslada de generación en generación. Romper con la desigualdad es, en este caso, de nuevo, una cuestión de derechos.
Hablar en todo caso del convenio, es destacar el papel protagonista de sus titulares; las niñas, niños y adolescentes, quienes son auténticos sujetos de derechos, tienen voz propia y reclaman espacios de participación.
En el ámbito de la educación, desde esta institución hemos asistido con una cierta preocupación a la existencia de diferencias que mantienen los principales agentes educativos con respecto a la puesta en práctica de los proyectos presentados en el marco del plan Heziberri 2020, para la mejora del sistema educativo vasco.
A esto se suma  - lo hemos constatado -  un fuerte rechazo suscitado en nuestra Comunidad Autónoma Vasca, por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como la LOMCE. A nuestro modo de ver, sería deseable buscar el máximo consenso en torno al modelo educativo propio, como ya ocurrió con ocasión de la aprobación de la actual ley de la Escuela Pública Vasca.
En este sentido, lo que respecta al apartado de admisión del alumnado, y aún a riesgo de resultar reiterativos, creemos que se debería abordar una reflexión en profundidad sobre los criterios prioritarios que son aplicados en los supuestos de insuficiencia de plazas.
En particular, sobre el criterio referido a la proximidad del domicilio familiar, debido a la utilización abusiva de los datos del padrón, que constituye una práctica fraudulenta sobrada conocida por la administración educativa, sin que hasta ahora se hayan tomado contra ella medidas que se puedan considerar suficientes.
En cuanto a la planificación educativa, es ineludible que los responsables continúen con la línea ya emprendida de propiciar y favorecer la planificación democrática, o la participación de todos los representantes de la comunidad escolar.
En cualquier caso, nos parece irrenunciable evaluar la aplicación del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en el marco de una escuela inclusiva; lo que contribuirá evaluar la aplicación de este plan, lo que contribuirá a mejorar la respuesta educativa que se ofrece al alumnado con dificultades educativas especiales, cuya situación es motivo de quejas repetidas por parte de las familias afectadas.
En el ámbito de la sanidad y el derecho a la salud, la reforma del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones no está siendo fácil en un contexto de competencias compartidas.
A ello debemos añadir la necesaria toma en consideración de decisiones adoptadas desde otras administraciones exteriores a las sanitarias, como puede ser el Ministerio de Interior en relación con las cuestiones de extranjería, y en particular con los permisos de residencia.
Es preciso intensificar el apoyo institucional a las entidades de iniciativa social que son numerosas en nuestro país, y que no tienen ánimo de lucro, y que persiguen mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas y las de sus familias.
En 2014 se han registrado diversos e importantes avances en el desarrollo del espacio socio-sanitario. Hemos de insistir no obstante, en la necesidad de culminar cuanto antes el proceso de aprobación de la cartera de servicios socio-sanitarios y los mapas correspondientes. Así como la de garantizar la implantación de una estructura común para los planes operativos territoriales.
Con respecto a las personas con trastorno de salud mental, su especial vulnerabilidad y la dificultad que sufren para el acceso a los recursos públicos, obliga a los poderes públicos a garantizar un efectivo ejercicio de los derechos de los que son también titulares. Esto exige impulsar actuaciones que permitan su efectiva integración en la comunidad.
En el tema de la inclusión social, y en particular el sistema de garantía de ingresos, se ha consolidado en estos últimos años, y también lo fue en 1914, como un instrumento fundamental para garantizar la cohesión social y la dignidad de las personas que residen en nuestra sociedad.
El equilibrio social es a nuestro juicio mayor generador de riqueza que la propia desigualdad social. La protección social es a la postre una fuente de riqueza a la que no podemos renunciar.
Este año  - el 2014 quiero decir - , el sistema vasco de protección social ha sido objeto de un animado debate público. Se ha destacado la información relativa al origen nacional de las personas beneficiarias...
...ha sido objeto de un animado debate público. Se ha destacado la información relativa al origen nacional de las personas beneficiarias sobre otro tipo de consideraciones, como es la situación de vulnerabilidad o las dificultades para encontrar empleo.
Y se ha creado una amalgama desafortunada e infundada que vincula, injustamente, creemos, prestaciones sociales con fraude. Los motivos por los que se deniegan, se suspenden o se extinguen las prestaciones no están, en la mayoría de los casos, relacionados con la existencia de fraude. Y esto se infiere del análisis de las quejas que hemos tramitado, las numerosísimas quejas que hemos tramitado.
Los casos que han salido a la luz en los medios de comunicación son, a nuestro juicio, casos aislados que no reflejan la realidad de las personas que habitualmente solicitan prestaciones ni su situación de pobreza. La mayoría de las personas que han presentado quejas en este terreno ante el Ararteko carecen simplemente de ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas.
En cambio sí hemos detectado que existen algunas personas que no cumplen los requisitos o las obligaciones que Lanbide exige. Por eso es importante dar bien a conocer a los ciudadanos que existen esos numerosos requisitos y obligaciones, que son las que permiten poder beneficiarse de estas prestaciones.
Como ya se señalaba en 2013, Lanbide ha ido mejorando su gestión de la prestación en renta de garantía de ingresos y en materia de vivienda. Se constata mayor agilidad en cuanto a plazos de resolución, se constata también una disminución de los retrasos para resolución de los recursos. Y también se ha avanzado mucho en la mejor motivación de las resoluciones.
Insistimos en la importancia de preservar, mantener las garantías procedimentales, tanto las que están previstas en la normativa específica de la renta de garantía de ingresos, en la legislación relativa a la renta de garantía de ingresos, como en la general, que se deriva de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
También nos parece importante que se regule un régimen adecuado de infracciones y sanciones, en el que se tipifiquen detalladamente las conductas, se gradúen las infracciones y se prevea un régimen de prescripción, teniendo en cuenta, entre otros, los principios básicos del derecho sancionador y, sobre todo, el principio de proporcionalidad.
La suspensión o extinción del derecho a la prestación únicamente debería imponerse cuando haya una pérdida o ausencia de requisitos, de tal manera que se garantice que la persona a la que se le suspende o extingue el derecho a la prestación dispone de ingresos para hacer frente a sus necesidades más básicas. El resto de los incumplimientos y obligaciones deberían dar lugar a sanciones, y no a la suspensión o extinción del derecho.
Las administraciones públicas vascas deben asumir con responsabilidad el reto de materializar el derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y a la protección de la dependencia, priorizando en todas sus políticas la atención a este colectivo especialmente vulnerable.
Para ello resulta clave establecer niveles adicionales de protección para el colectivo afectado y aprovechar la excelente oportunidad que se nos ofrece con la aprobación del decreto de cartera de servicios sociales, para paliar el retroceso que se ha producido en el plano estatal y garantizar una efectiva aplicación de la Ley de Servicios Sociales del País Vasco, y constituir una clara expresión de la competencia exclusiva en materia de asistencia social de la que disfruta nuestra Comunidad.
Es preciso señalar que la discapacidad reduce la capacidad económica, no sólo de quien la padece, sino también de su entorno familiar, ascendientes, cónyuges y descendientes, quienes han de asumir en su día a día una serie de gastos adicionales que limitan su renta real disponible. En este sentido, son deseables medidas que tomen en consideración ese mayor esfuerzo económico que tienen que realizar las personas con discapacidad para poder incorporarse a la sociedad y participar en ella de una manera normalizada.
La crisis financiera y económica ha tenido un fuerte impacto en muchos hogares, pero aún más en los hogares de emigrantes, de inmigrantes, más bien, que tienen miembros en paro o bien carecen de ingresos. Las personas inmigrantes se encuentran en situación mucha veces de mayo vulnerabilidad en comparación con las familias autóctonas, sobre todo en el caso de las familias monoparentales.
Destaca como elemento emergente sumamente preocupante la pobreza infantil de los menores extranjeros. En este sentido, las políticas sociales deben tomar en consideración la situación de vulnerabilidad o dificultad o necesidad social, con independencia de otros factores como es el origen de las personas o su situación administrativa.
Por otro lado, la estigmatización de las personas gitanas sigue siendo una barrera que obstaculiza su promoción social, económica y cultural, aunque algunas han podido superar estas dificultades, y acceder a estudios y al mercado de trabajo, todavía son muchas, demasiadas, las personas gitanas que viven sin un alojamiento adecuado, agua, luz y otras carencias de necesidades básicas.
La lucha contra la discriminación y la denuncia de racismo, o de situaciones discriminatorias o vejatorias contra su dignidad nos sigue pareciendo prioritario. Debemos trabajar para cambiar los valores sociales y hegemónicos, y aceptar la diversidad sexual y emocional.
Los chicos y chicas y utilizando el acrónimo LGTBI, que es el que se utiliza hoy en día, y los hijos e hijas de familias monoparentales deben tener las mismas condiciones y oportunidades en la escuela y en la sociedad para proteger su libertad, desarrollo, dignidad, autoestima y seguridad, y evitar que se conviertan en invisibles.
En Euskadi el apoyo público a las familias se ha orientado a la dotación de recursos y servicios comunitarios de proximidad, como pueden ser las haurrreskolak en el ámbito del cuidado de niños o niñas, o los centros de día para las personas en situación de dependencia. Sin embargo, las autoridades y las administraciones vascas deben reforzar también los programas y servicios de apoyo a la conciliación.
Una de las primeras cuestiones que es preciso abordar en Euskadi es la identificación de aquellas realidades familiares que son merecedoras de especiales recursos o protección, con objeto de crear un marco unificado para los titulares de derechos de las medidas dispuestas por las diferentes administraciones. Éste es, por ejemplo, el caso de las familias monoparentales.
El año pasado hemos tenido todos que lamentar nuevos casos de violencia de género. Los asesinatos sucedidos en Euskadi de Mari Luz Alejo Rodríguez y su madre Amelia Rodríguez, en Abadiño, y Andina Pereira, en Mungia. Detrás de cada agresión grave o asesinato ha de evaluarse de forma exhaustiva lo sucedido, analizar qué puede ser mejorable en términos de protección policial y social, mayor información de acompañamiento a la víctimas y de detección contra los malos tratos, para evitar la repetición de casos trágicos como los que acabo de mencionar.
Constatamos la persistencia de dificultades para la participación de las mujeres en ámbitos de la cultura, el arte y de ciertas prácticas deportivas y acontecimiento festivos. En este sentido, los alardes de Irún y Hondarribia siguen siendo espacios en los que, con la cobertura de un cierto respaldo social, subsisten las desigualdades, sin que las instituciones públicas concernidas actúen con la determinación necesaria para ponerle coto. Es nuestro deber institucional, lo es el del Ararteko, en cualquier caso, insistir en que los poderes públicos deben favorecer con medidas de acción positiva las iniciativas de defensa del derecho de igualdad de las mujeres en este ámbito.
En relación con las personas en prisión, hay que resaltar que la vulnerabilidad de las personas que sufren enfermedad mental se manifiesta de forma particularmente aguda en su relación con el sistema judicial penal y la estancia en prisión. Así lo puso de manifiesto el informe extraordinario del Ararteko titulado "La atención sociosanitaria de la salud mental de las personas privadas de libertad en la Comunidad Autónoma del País Vasco", que se debatió en comisión muy recientemente.
Al mismo tiempo, hemos tenido que constatar en este mismo informe la existencia de ventajas, de grandes ventajas del nuevo modelo asistencial penitenciario en materia de salud implantado en 2013, que define el recurso sanitario en prisión como una parte más de la estructura global de la asistencia sanitaria pública.
La mediación sigue representando uno de los ámbitos que más noticias positivas produce en materia de justicia, habiendo destacarse tres puntos. Su (...) en el ámbito de la justicia juvenil, la fuerte irrupción del derecho colaborativo, un método alternativo de resolución de conflictos, y la justicia restaurativa, un modelo que tiene en la mediación una de sus herramientas y en cuya aplicación Euskadi está siendo pionera.
Los servicios al servicio de justicia gratuita son, desgraciadamente, insuficientes para poder atender adecuadamente el nivel de demanda provocado por las actuales circunstancias socio-económicas, lo que requiere esfuerzos suplementarios por parte de las administraciones vascas en este terreno.
Seguimos constatando en tema de vivienda una amplia brecha entre la demanda y la oferta, sobre todo la vivienda protegida. Los poderes públicos deben adoptar medidas normativas y económicas enérgicas para una efectiva garantía del derecho a disfrute de una vivienda digna y adecuada.
La aprobación reciente de la Ley de la Vivienda, que garantiza la exigibilidad del derecho a la vivienda ante los tribunales, debe venir acompañada de un importante esfuerzo presupuestario por parte de las administraciones públicas vascas, especialmente si se quiere dar la respuesta efectiva a la creciente demanda protegida en régimen de alquiler.
Del análisis de nuestras intervenciones en 2014, se observa que las administraciones públicas vascas están tomando conciencia de la relevancia que tiene para el desarrollo de una vida digna una adecuada política pública de vivienda y, en este sentido, se han adoptado medidas positivas para contener el precio de los alquileres y evitar que las dificultades económicas por las que atraviesan muchas familias puedan perjudicar al disfrute estable y continuado de una vivienda de protección pública.
La coordinación entre las administraciones públicas con competencias en el área de vivienda y de asistencia social continúa resultando imprescindible para evitar situaciones de exclusión residencial.
En el ámbito de la función policial, debo decir que es ésta una de las más importantes en cualquier sociedad democrática, porque tiene por objeto garantizar el ejercicio de derechos y libertades por parte de la ciudadanía, velando por la seguridad y la tranquilidad ciudadana, y combatiendo para ello la delincuencia. Queremos, en consecuencia, recalcar y agradecer la labor que realizan los agentes y las agentes de la Ertzaintza, así como los de las policías locales, que son las policías sobre las que el Ararteko ejerce sus competencias.
Las quejas sobre el ejercicio de la función policial han vuelto a suscitar cuestiones que son recurrentes, como el uso de la fuerza, su control interno, la investigación interna de actuaciones incorrectas o supuestamente incorrectas, el control de los atestados en cuanto a los hechos que los motivan, la identificación y el cacheo en la vía pública, el registro corporal durante la detención, las detenciones por simples faltas o incluso por hechos que no son constitutivos de infracción penal, el abuso de autoridad y la negativa de ciertos agentes a facilitar su número de identificación personal.
Hemos recomendado al Departamento de Seguridad del Parlamento Vasco que adopte medidas para prevenir y controlar la elaboración de perfiles raciales en la Ertzaintza, por considerar que tal manera de proceder, primero, no sirve a los objetivos de prevención de delincuencia, en segundo, lugar carece de justificación y, en tercer lugar, tiene una naturaleza discriminatoria.
En materia de medio ambiente, y para promover y proteger el estado de salud y el bienestar de la ciudadanía, hemos propuesto a las administraciones competentes aprobar las medidas adecuadas en los términos de la Directiva Marco del Agua, que garantiza el correcto estado medioambiental de las aguas destinadas al consumo humano.
Conforme al objetivo estratégico de fomentar los espacios de participación y diálogo con la sociedad civil, el Ararteko ha propuesto medidas para impulsar una mayor información y participación ciudadana en el ámbito del control ambiental, por ejemplo con la creación de la mesa sobre Petronor.
Sobre el derecho al acceso a la información medioambiental...
...en el ámbito del control ambiental, por ejemplo con la creación de la mesa sobre Petronor. Sobre el derecho al acceso a la información medioambiental, el Ararteko insiste en la obligación de tramitar y resolver las solicitudes de información de modo rápido y preferente, y dentro del plazo de un mes previsto por la Ley reguladora de los derechos de acceso a la información medioambiental 27/2006 de Participación Pública y Justicia en Materia de Medioambiente.
En lo que respecta a los derechos lingüísticos, subsisten a pesar de las mejoras constatadas, quejas en determinados ámbitos específicos. Señaladamente, el policial, el judicial y el sanitario. Pero debemos dar cuenta de la mejoría observada en la gestión por parte de los poderes públicos concernidos. En este sentido, y en el año 2014, se ha demostrado la existencia de una mayor colaboración, y se han adoptado nuevas herramientas de planificación que incorporan algunos de los criterios que esta institución del Ararteko ha venido propugnando desde hace largo tiempo en esta materia.
En materia de deporte, insistimos en una obligación fundamental, que corresponde a todas las entidades que participan en el terreno del deporte escolar, tanto públicas como privadas, que es la de actuar en todo momento de conformidad con un espíritu de participación y un espíritu educativo, que es el que ha de inspirar el ejercicio del deporte a estas edades.
Ararteko erakundeari eman zaion eskumen eremutik kanpo dago finantza eta kreditu erakundeen jarduera kontrolatzea. Hala ere, Arartekoaren jarduera eskatzen dutenei aholkuak ematen saiatzen gara, egin zaizkien bidegabekeriak organo eskudunei azaltzeko aukera izan dezaten. Egungo ekonomia eta finantza krisia argi islatu da herritarrek egin dizkiguten kontsulten edukian. Herritarrak kezkatuta daude, banketxeek komisio baten zenbatekoa areagotu dutelako, edo orain arte doan eskaintzen zen zerbitzu bategatik kobratzen hasi direlako. Halaber, haserrea sortu dute gai hauek, pertsona nagusiei beraien adinekoek eskatzen duten inbertsioaren ezaugarriekin bat ez datozen finantza produktuak saldu zaizkie, edo ezin da pentsio plan bat erreskatatu berreskuratzeko.
Gero eta gehiago erabiltzen ari da Herri Administrazioak daukaten informazioa lortzeko eskubidea. Horretarako, administrazioek jarrera bermatzaileak izan behar dituzte alderdi guztien eskubideekin, lehian dauden eskubideak neurtu behar dituzte eta informazioa eskuratzea ukatzen denean, horretarako arrazoiak azaldu.
Datuak babesteari dagokionez, oraindik ere ikusten dugu gizarte sareak eta komunikazio sare publikoak erabiltzean, oro har ez dagoela ez informaziorik, ez kontzientziaziorik, eta ez direla saihesten jokabide arriskutsuak.
Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet Ararteko erakundean zerbitzuak egiten dituztenei, beraien ardura sutsuagatik eta konpromisoagatik. Pozik nago EUSKALITek iaz Arartekoari diploma eman ziolako, kudeaketa aurrerakoiarekin duen konpromisoagatik. Eta onartu behar dut ere gure informatika sistemaren aplikazio aurreratuak sartzearen ondorioz, Arartekoaren lana eragingarriagoa eta emankorragoa bilakatu dela.
Nire mintzaldia bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkizuet guztiei zuen arretagatik eta zuen laguntza eskatu nahi dizuet Estatutuaren eta legearen bitartez legebiltzar ordezkari honi eman zaizkion eginkizunak behar bezala betetzeko.
Mila esker denoi.