ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUAK (Artolazabal Albeniz) (EAJ, 2018-03-23):
Egun on berriro.
Lehenik eta behin, nahiz eta eskumen hau gaur egun Estatuak duen pentsioen sistema publikoa defendatzen dut eta horretan sinesten dut irmotasunez.
Nire ustez, funtsezkoa da hainbeste urtez eraikitzen jardun dugun gizarte ongizatearen ereduan. Hala ere, oraindik hemen, Euskadin eta Europa osoan alderdi ugari dugu garatzeko.
Nire ustez, bidezkoak dira egungo egoerara egokitzen diren pentsio duinak bermatzeko egiten ari diren mobilizazioak.
Esas manifestaciones evidencian el compromiso de la ciudadanía en la defensa de los derechos sociales adquiridos gracias al esfuerzo social para consolidarlos como pilar fundamental del Estado de bienestar.
El Gobierno Vasco no tiene competencias en materia de pensiones, ese debate se ha de dar en el marco adecuado, partiendo de los principios de suficiencia y sostenibilidad y basado en la existencia de unas pensiones dignas en el marco de la solidaridad y transparencia.
Los planteamientos deben ser honestos y buscando el mayor consenso para garantizar la estabilidad de las medidas y acuerdos. Además, defendemos la actualización de las pensiones en base al IPC.
Demandamos la transferencia a Euskadi de la competencia del Régimen Económico de la Seguridad Social. Las políticas se gestionan mejor desde administraciones más cercanas a los problemas de la ciudadanía...
...demandamos la transferencia Euskadi de la competencia del régimen económico de la Seguridad Social, las políticas se gestionan mejor desde administraciones más cercanas a los problemas de la ciudadanía y Euskadi constituye un ejemplo de ello.
Conscientes de la situación de las personas con pensiones más bajas, complementamos sus ingresos a través de la renta de garantía de ingresos; esto pone de manifiesto que si gestionamos desde aquí lo hacemos mejor y la sociedad está más avanzada.
El lehendakari hoy mismo lo decía y ha recordado la petición de la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social contemplado en el Estatuto de Gernika, dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad, y todo ello mediante un convenio, tal y como establece la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Gernika.
En estos momentos, de las 59.206 unidades convivenciales que son beneficiarias de la renta de garantía de ingresos, 15.279 son pensionistas, es decir, un 25,8 %; a este colectivo se destinan más de 46 millones de euros, mensualmente se abonan 4 millones de euros a las unidades convivenciales pensionistas.
Debemos ser conscientes y consecuentes con lo que los datos aportados implican: Las prestaciones de nuestro sistema de garantía de ingresos son las que más directamente se centran en la población en mayor situación de riesgo, un 96,6 % del gasto de renta de garantía de PCV y de AES llega a este colectivo.
Ustedes también gobiernan en otros lugares en los que también se está produciendo esta exigua subida del 0,25 %. ¿Y qué medidas van a adoptar en los mismos para corregir o para solucionarlo? Son precisamente esos límites del sistema general de protección del Estado los que han dado sentido al sistema de garantía de ingresos de Euskadi.
Nuestro sistema aporta un 41,7 % de los ingresos de la población que se enfrenta a situaciones de pobreza real. Una aportación que es casi el doble del 23,2 % que corresponde al conjunto de los ingresos procedentes del sistema estatal de protección general, bien sea pensiones, desempleo u otros.
Creo que disponemos de suficientes datos en Euskadi como para conocer la situación de las personas pensionistas que viven aquí; con ello, podemos asegurar que nuestro Gobierno defiende y adopta medidas para adoptar de dignidad a las pensiones más bajas. Precisamente, nuestra sociedad percibe en Euskadi las pensiones más altas del Estado.
El tema en esta Cámara no es nuevo, señor Hernández. Ayer mismo se trató aquí. No es la primera vez que venimos a hablar de dignificar las pensiones y lo haremos cuantas veces haga falta, con tal de avanzar en el debate necesario, para conseguir consensos, para conseguir una consolidación y que el futuro del sistema de pensiones se consolidare de una forma adecuada.
Pero son necesarias ya medidas de urgencias a largo plazo buscando el consenso y este no es el marco; es otro marco en el que se tiene que llegar a analizar, a evaluar y a debatir.
En ese escenario hay que plantear soluciones para las personas pensionistas de hoy y que estas no pierdan bienestar, poder adquisitivo y sigan contribuyendo al avance y economía del país. Asimismo, hay que plantear medidas para que se garanticen las pensiones de mañana. Es necesario actualizar el sistema a fin de consolidarlo y hacerlo viable para generaciones futuras, porque así lo exigen la inversión de la pirámide demográfica, el impacto de la crisis económica y la situación de los salarios.
Y tenemos que superar la reforma laboral para posibilitar mejores empleos, con mayores aportaciones a la Seguridad Social. A nuestro entender, debe derogarse la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revaloración del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. Tal y como se concibe, y sin ningún otro condicionante, la ley aboca a una bajada drástica de las percepciones, que se haría aun más evidente a partir del año que viene, con la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.
En esta cuestión, también nos alineamos con la proposición no de ley debatida el 1 de marzo pasado. Tal y como se consiguió en el año 1989, debemos alcanzar un amplio consenso en la edificación de este sistema fundamental para la cohesión social y justicia social.
Y recuerdo e insisto que la decisión de este Parlamento instando al Gobierno español a que garantice un sistema público de pensiones suficiente y sostenible, basado en un derecho a las pensiones dignas, en un marco de solidaridad y transparencia, y sostenido por fuentes de financiación ciertas, es algo en lo que estamos de acuerdo y en lo que estamos defendiendo y reclamando.