MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2015-06-18):
Gracias presidenta.
Hace dos años presentamos una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno Vasco a presentar en este Parlamento un proyecto de ley de transparencia que recogiera una serie de principios, 12, que nosotros consideramos fundamentales, en concreto los siguientes:
El derecho al acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas o reciban dinero público, con independencia de la cuantía del mismo.
El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes. El secreto y la denegación de la información son la excepción, la denegación de acceso a cualquier tipo de información debe ser excepcional.
Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial, sin que sea necesario realizar una solicitud.
El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente. El Gobierno, a través de sus instituciones, será el principal encargado de realizar labores de promoción del derecho y de las nuevas herramientas proporcionadas por la ley, último principio que consideramos fundamental, se establecerá en la ley sanciones en relación a las infracciones que se cometan.
Pedíamos, por lo tanto, allá por noviembre de 2013 una ley de transparencia propia e independiente, una ley diferenciada del resto de la legislación vasca y, en concreto, separada de la norma que pudiera regir y disciplinar el quehacer de la Administración pública vasca. Una ley de transparencia avanzada, digna de tal nombre, una ley que facilitara a los ciudadanos el conocimiento de toda la información de la que disponen las distintas instituciones y que fuera más allá que la ley nacional, que ya criticamos en el Congreso de los Diputados por ser claramente insuficiente.
En la justificación de aquella iniciativa decíamos que los ciudadanos necesitan acceder a toda aquella información que les permita conocer y evaluar con objetividad la actividad de las diferentes instituciones públicas.
Tal información debe considerarse como propiedad de los ciudadanos, que las administraciones públicas y el sector público han de generar de manera activa la información relevante para la comprensión de su actividad y deban hacerla accesible a los ciudadanos, que el ejercicio del derecho de acceso a los documentos públicos fomenta la integridad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad de las autoridades públicas, contribuyendo así a reforzar su legitimidad.
Toda información registrada, de cualquier forma elaborada, o recibida y en posesión de las autoridades es pública. Que todas las personas tienen derecho a solicitar cualquier información a todas las administraciones e instituciones, sin tener que explicar para qué la quieren o qué uso darán a la misma, y tienen el derecho a recibir una respuesta en un plazo breve, y en un formato claro y comprensible.
Que las medidas para la mejora de la transparencia de la gestión pública son particularmente eficaces en periodos de crisis política o económica, o en periodos de desconfianza ciudadana en las instituciones, como es el nuestro, pues inducen un mejor y más eficaz funcionamiento de las instituciones políticas y de las administraciones y sector público al introducir principios de evaluación y seguimiento público del resultado de las decisiones administrativas.
Que el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación permite hoy poner en práctica sistemas de acceso público a la información impensables hace sólo unos años y, por lo tanto, no puede haber ningún tipo de excusa para no activar toda esa información al conjunto de la sociedad.
Que cualquier entidad o persona que se beneficie de ayudas públicas debe dar cuenta igualmente pública del uso de esas ayudas y someter su actividad a auditoría externa y evaluación de resultados.
Que la acción jurídica a favor de la transparencia y del buen gobierno, con especial énfasis en la lucha contra la corrupción, el despilfarro y la mala gestión no es suficiente por sí misma para lograr estos objetivos, hay además que reformar las instituciones públicas y privadas más implicadas en su desarrollo, es decir, aquellas instituciones que ofrecen oportunidad para las prácticas de opacidad, despilfarro y corrupción.
Que las actividades o que las políticas activas de transparencia también tienen importantes y positivas consecuencias de índole económica y financiera y, a partir de ahí, presentábamos nuestra iniciativa para instar al Gobierno a presentar en el plazo máximo de seis meses, decíamos, un proyecto de ley de transparencia que se rija por el principio democrático, según el cual el derecho de los ciudadanos está por encima de todo lo demás.
Y que tenga en cuenta y corrija las limitaciones de la recientemente aprobada ley nacional de transparencia. Esta ley de transparencia, pedíamos, deberá respetar y cumplir los principios que antes he señalado.
También proponíamos que este Parlamento instara al Gobierno al desarrollo de un portal de transparencia que dé cabida a toda la información relativa a la administración, donde, como mínimo pudieran quedar reflejados, las retribuciones e indemnizaciones por razón de servicio de los cargos electos, altos cargos y miembros del Gobierno, el registro de actividades, bienes e intereses de los cargos electos, altos cargos y miembros del Gobierno.
La totalidad de la contratación de la Administración pública vasca, las listas de contratación temporal del personal...
...intereses de los cargos electos, altos cargos y miembros del Gobierno, la totalidad de la contratación de la Administración Pública vasca, las listas de contratación temporal del personal, los expedientes de gasto que no tengan conformidad de la intervención y que deban ser convalidados por el Consejo de Gobierno, las concesiones administrativas, los convenios de colaboración y el régimen subvencional de la Administración del Gobierno Vasco. el inventario actualizado de los procedimientos administrativos, las resoluciones administrativas y judiciales, la información que sea solicitada con mayor frecuencia y el gasto público realizado en campañas institucionales y sus destinatarios. por lo tanto, AHÍ introducíamos un buen cúmulo de exigencias avanzadas al actual Gobierno.
Decíamos que habría que incluir en ese portal de transparencia un registro de contratos, un registro de adjudicatarios, un registro de convenios de colaboración y un registro de subvenciones. Partíamos del principio de que toda información registrada de cualquier forma elaborada o recibida y en posesión de las autoridades es pública, de modo que tiene que ser accesible a cualquier persona y sólo debe ser limitado su acceso cuando se deba proteger otro derecho legítimo que pueda prevalecer sobre el derecho a la información. Por decirlo claramente, la información de la que disponen las instituciones es de los ciudadanos.
Las autoridades públicas que cumplen estos parámetros que facilitan la información relevante a sus ciudadanos sale reforzadas y legitiman su actuación es bueno por lo tanto para ellas y para todos.  Las autoridades públicas que asumen que la trasparencia es un derecho fundamental inducen un funcionamiento más eficaz de las propias instituciones.
Una política transparente propicia que se limiten los espacios de opacidad, con lo que también se conseguirá que se dificulten al máximo las prácticas que favorecen la corrupción, el clientelismo, la mala gestión, el enchufismo o el despilfarro que tanto daño hacen a la democracia.
El Gobierno Vasco decidió presentar finalmente su proyecto de ley de la Administración Pública vasca donde se incluyeron los asuntos relacionados con la participación, la transparencia y el acceso a la información.
Analizada aquel proyecto de ley, ya dijimos en su momento que era un proyecto de ley que se quedaba corto y se quedaba muy lejos de los principios que defendemos y que en su día ya defendimos también en este Parlamento, de ahí que presentáramos una buena batería de enmiendas parciales y también la correspondiente enmienda de totalidad.
Dijimos que el proyecto remitido por el Gobierno prefirió hacer un seguidismo absoluto de la Ley Nacional de Transparencia, una ley que ya en su momento criticamos por insuficiente. Al tomar como modelo una ley que no supo adaptarse a los nuevos tiempos el proyecto de ley que nos presentó el Gobierno Vasco, nacía muy limitado.
Partía de la Ley Nacional y no iba más allá. Además el proyecto no preveía un régimen de sanciones jurídicas en caso de incumplimientos o que la transparencia no sea un derecho absoluto. Pero es que además la primera parte del proyecto de ley que nos trajo el Gobierno, aquella que hacía referencia a la organización de las Administración Pública vasca también era francamente mejorable.
En lugar de plantearse un proyecto que propusiera una verdadera reforma de la administración, que simplificara su entramado, que redujera y acotara su maraña de entes y sociedades, se limitaba a hacer una enumeración de las distintas tipologías de órganos administrativos. Difícilmente se podrá mejorar la percepción de la ciudadanía respeto a la llamada cosa pública. Su revalorización contribuyendo a la creación de una nueva cultura administrativa según se reflejaba en la introducción, si lo que se regula no intenta simplificar, clarificar, reducir y modernizar el complejo entramado institucional vasco.
Se limitaba a enumerar las distintas tipologías de entes y órganos y como crear otros nuevos, como si no hubiera suficientes en la actualidad. En lugar de recoger mecanismos para simplificar la administración se seguía apostando por un modelo complejo.
El Gobierno nos trajo, por lo tanto, un proyecto de ley farragoso que no daba ningún paso adelante en ese campo. El proyecto de ley debería haber planteado la forma en que se regule la justificación de la exigencia de los organismos actuales y la disolución, fusión, absorción de los que se consideren innecesarios introduciendo un horizonte temporal para llevar a cabo esas operaciones.
No se veían ni se vislumbraba si quiera una estrategia de simplificación y reducción del entramado administrativo o de control de las externalizaciones o de las encomiendas de gestión.
En fin, no queremos echar demasiado la vista atrás, pero lo cierto es que el Gobierno Vasco utilizó su capacidad legislativa como acción propagandística y cosmética. Se negó permanentemente a dialogar a negociar con el resto de grupos parlamentarios y al final lo que tuvo que hacer, lo que decidió hacer libremente fue retirar ese proyecto de ley de administración pública.
Fue ciertamente curioso escuchar al portavoz del Gobierno decir, que estaba dispuesto el Gobierno a admitir un buen número de enmiendas parciales planteadas por los diferentes grupos.
Llegó a hablar de más de 300 enmiendas parciales que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar. Pero ya fuera de plazo, cuando ya ese proyecto había sido retirado. Por lo tanto no hubo voluntad de hacer una buena ley. No hubo voluntad de hablar con el resto de grupos, no hubo voluntad creo yo, de aprobar esa ley, y definitivamente se retiró.
En fin, lo cierto es que a partir de ahí nosotros seguimos pensando que es absolutamente indispensable que Euskadi tenga una ley de transparencia. Diferenciada de lo que sería la ley referida a la administración pública.
De ahí la moción que nosotros hemos presentado y que defiende básicamente eso, presentar antes del 30 de septiembre de 2015 dos proyectos de ley, uno sobre transparencia, y otro de organización y funcionamiento de la administración pública, separados e independientes, que cumplan los principios fundamentales que ha defendido UPyD en relación a esta cuestión y los principios que también han defendido otros grupos. Que tenga en cuenta esas enmiendas parciales que el resto de grupos presentamos, para que esa ley pueda ser lo más avanzada posible, y pueda ser aprobada cuanto antes.
De la misma forma pedimos también al Gobierno, que en el proyecto de administración pública se incluya la regulación y ordenación del sector público de todas las administraciones que operan en Euskadi, la general, la foral y la local.
En fin, se ha firmado una transaccional creo, si no me equivoco entre EH Bildu, Grupo Socialista y grupo Nacionalistas Vascos. Creo que está bien recogido lo que nosotros pretendíamos. Creo que es una buena transaccional. Y por lo tanto nosotros votaremos a favor de ella. Ahora lo que hace falta, evidentemente, es que esta transaccional se cumpla. El Gobierno Vasco haga su trabajo y tengamos cuanto antes esos dos proyectos de ley.
Dos proyectos que son muy importantes para los ciudadanos vascos. Seguramente los dos, pero queremos resaltar la importancia que tendría la aprobación de una ley de transparencia avanzada, progresista, que tenga en cuenta el tiempo que vivimos, y que vaya mucho más allá de lo que va la Ley nacional aprobada en su momento por el Gobierno de España.
Gracias.