SÉMPER PASCUAL (PP, 2017-10-05):
Legebiltzarkideok, lehendakari jauna, sailburuok, egun on guztioi.
Bajo a esta tribuna para compartir con ustedes la idoneidad de la presente proposición de ley, la necesidad y también para intentar compartir con ustedes los argumentos suficientes como para que su voto sea favorable a la tramitación de la presente proposición de ley que lo que pretende, fundamentalmente, además de los artículos señalados y objeto de modificación por parte del grupo parlamentario Popular, es también abrir un debate en torno a otro de los órganos de control y a otro de los órganos fundamentales para garantizar el buen funcionamiento de nuestra, iba a decir economía, que también, el buen funcionamiento de nuestro órganos, en general, de control.
Venimos tiempo discutiendo en esta Cámara y fuera de ella, pero fundamentalmente en esta Cámara a través de la tramitación de diversas leyes y también a través de la tramitación de diversas proposiciones de ley, sobre la necesidad de seguir abundando en criterios de transparencia, de dotar a nuestras herramientas de autogobierno y a nuestras herramientas legislativas de elementos de eficacia, de independencia, por lo tanto, también de cómo hacemos para que los órganos de control de los que nos dotamos sean cada vez más independientes o garanticemos a través de las modificaciones pertinentes esa independencia.
También hemos debatido en numerosas ocasiones, y a buen seguro lo haremos en el futuro, cómo podemos hacer para achicar los espacios de esas llamadas puertas giratorias.
En definitiva, de lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo es de cómo hacemos para dotar a nuestra legislación de herramientas que la perfeccionen, que a través de esa perfección permitan agrandar y mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, en sus normas, en la normas de comportamiento y, en definitiva, mejorar nuestro sistema y mejorar nuestras herramientas - como les decía antes -  de gobierno.
En ese sentido, la proposición de ley que el Partido Popular hoy defiende y para el que solicitamos su aprobación a la tramitación, tiene dos o tres cuestiones fundamentales sobre las que quiero compartir con ustedes una muy breve reflexión. No creo que todos hayan tenido la oportunidad de leerlos en detalle, con lo cual me parece oportuno traerlo así de esta manera.
Proponemos la modificación de tres, cuatro aspectos fundamentales. El primero de ellos es en el apartado 2 del artículo 7. Nosotros creemos que el titular de la Presidencia de la Autoridad Vasca de la Competencia será nombrado por el Gobierno Vasco, tal y como reza la Ley, por un periodo de 6 años, sin posibilidad de reelección. Nosotros creemos que esa imposibilidad de ser reelegido garantiza y profundiza también en la autonomía y la independencia del presidente de la Presidencia del órgano de la Autoridad Vasca de la Competencia, y que, además, será elegido entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio y competencia profesional, con más de 12 años de ejercicio profesional en el ámbito de actuación de dicha Autoridad.
Otro de los aspectos fundamentales que defendemos y que queremos introducir es que la personas propuesta por el Gobierno deberá ser elegida, o materializada su elección, previa comparecencia, después de esa propuesta del Gobierno, ante la comisión correspondiente del Parlamento Vasco, con arreglo a nuestro Reglamento.
Dice también nuestra modificación que el Parlamento Vasco a través de su comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesta en el plazo de un mes natural, etcétera, etcétera.
Nos parece fundamental que este Parlamento pueda tener también no solo voz, sino un criterio y una opinión determinante a la hora del nombramiento de la Presidencia de la Autoridad Vasca de la Competencia, y a buen seguro, esto permitirá también que los criterios a la hora de elegir, y de señalar y de designar al presidente de la Autoridad Vasca de la Competencia por parte del Gobierno sean más exhaustivos, porque va a estar sometido también al buen criterio, seguro que al debate y buen criterio de esta Cámara.
Asimismo, creamos un artículo 3.bis del artículo 7 de la Ley vigente que quedaría redactado de la siguiente manera: "El titular de la Presidencia de la Autoridad Vasca de la Competencia, estará sujeto además a las misma causas de incapacidad, incompatibilidades y prohibiciones, así como abstención y recusación, en su caso, establecidas para los jueces. Será, en todo caso, incompatible con el ejercicio de su profesión o de cualquier otra actividad remunerada o no."
Se endurece, como ustedes podrán comprobar, se endurecen los requisitos y se garantiza también, a través de este endurecimiento de requisitos, los criterios para poder presidir el órgano aludido.
Asimismo, otra modificación planteada en el apartada 4 del artículo 7, planteamos que la persona titular de la Presidencia ejercerá su función con dedicación exclusiva y actuará en el ejercicio de sus funciones con independencia plena y absoluta.
Asimismo, no podrá ser titular de la Presidencia ninguna persona que directa o indirectamente, en el periodo de los 2 años anteriores a la fecha de su nombramiento, haya comparecido ante la propia Autoridad de la Competencia en calidad de persona interesada o representante de alguna persona interesada.
Siguiendo con esta línea argumental de reforzamiento de los criterios de independencia y de ecuanimidad, también planteamos, en este caso, creando un apartado 4 bis al artículo 7, que no podrán ser nombrados presidentes de la Autoridad Vasca de la Competencia aquella persona que en los seis años anteriores haya estado comprendida en alguno de los siguientes supuestos: Que haya sido miembro de esta Cámara, parlamentario vasco, diputado en el Congreso de los Diputados, senador, miembro de la propia Autoridad de la Competencia, haber formado parte de los órganos de dirección de partidos políticos u organizaciones representativas de trabajadores o empresarios, ministro o cualquier cargo político, administrativo del Estado, de comunidades autónomas, consejero del Gobierno Vasco, procuradores, apoderados en juntas generales. Es decir, las puertas giratorias, ir así achicando los espacios que hasta la fecha han tenido.
No quiero abrumarles más, ni aburrirles, porque los criterios y el planteamiento por breve es contundente y es conocido por cualquiera que se asome al texto que tienen ustedes en sus manos. En cualquier caso, sobre los criterios en los que se sustenta el Gobierno Vasco su oposición a la tramitación de la presente proposición de ley, sí quiero hacerles dos consideraciones.
El primer lugar, el Gobierno Vasco alega que no existe, y lo dice de una manera taxativa, y cito literalmente: "Que no existe antecedente en nuestro ordenamiento jurídico al veto propuesto por el Partido Popular y que se tramitaría a través de esta Cámara". Bueno, no es cierto, no es cierto, porque la Ley 3/2013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, regula expresamente el veto del Congreso de los Diputados al nombramiento de un candidato a presidente, vicepresidente y miembro del Congreso.
Existen antecedentes jurídicos, no solo antecedentes, sino presentes jurídicos, en los que los parlamentos, en este caso el Congreso de los Diputados, se pronuncia, se pronuncia sobre un nombramiento, sobre una propuesta de nombramiento del propio Gobierno, en este caso de España, y el Gobierno Vasco nos dice que no existe antecedente y que lo que sí tiene que hacer el Gobierno de España, que es tramitar y someter a consideración del Congreso de los Diputados un nombramiento, aquí el Gobierno Vasco no lo tiene que hacer y este Parlamento queda excluido de esa deliberación, de ese análisis y posterior debate. Por lo tanto, quedaría desmontado este argumento utilizado por el Gobierno.
También el criterio del Gobierno Vasco en su oposición se fundamenta en que la independencia, imparcialidad y objetividad  - y también cito literalmente -  "queda preservada con la actual norma vigente al establecer su nombramiento para un periodo de seis años renovables".
Bueno, son opiniones y como todas cada uno tiene la suya, y este es un criterio muy subjetivo. Nosotros creemos que la imposibilidad de ser renovado garantiza, garantiza que el que ejerce esa función no tiene miedo a que determinadas decisiones puedan influir en su renovación o no y, por lo tanto, teniendo una fecha de caducidad a su presidencia, se puede sentir objetivamente más libre a la hora de efectuar su trabajo.
Y otro de los criterios que estable también el Gobierno para fundamentar  - y este probablemente sea el más sorprendente, si es que los anteriores no lo son suficientemente -  es el argumento de que cuando se tramitó el actual Ley vigente, la Ley 1/2012, de 2 de febrero, no se exigieron, no se pidieron los requisitos que hoy planteamos.
Bueno, muchos de ustedes saben que las leyes no son inmutables y que se pueden reformar y tramitar, tramitar su reforma. Es verdad que en el año 2012 las circunstancias políticas, sociales y de opinión pública eran otras y que los requisitos que se exigían para acceder a los órganos de control eran probablemente más laxos.
Han pasado al menos cinco años, pero en esos cinco años han pasado muchas cosas. Y lo mismo que debatimos en esta Cámara en el pasado sobre el Tribunal de Cuentas o que vamos a debatir, que hemos debatido y vamos a volver a debatir sobre la Ley de Transparencia e introducir requisitos de control a los poderes públicos, esta también es una de las herramientas fundamentales de control, no solo de los poderes públicos, sino también de las empresas privadas, y nos parece fundamental e importantísimo introducir estos criterios.
Estos son los argumentos fundamentales a través de los cuales o por los cuales queremos solicitar su aprobación, para que podamos debatir en esta Cámara estas consideraciones, estas propuestas que hoy le sometemos, pero otras muchas más que a buen seguro serán capaces de mejorar los criterios por los cuales se rige el Tribunal descrito.
Muchas gracias.