OTADUI BITERI (EAJ, 2013-05-30):
Eskerrik asko presidente andrea, sailburuok, legebiltzarkideok, egun on berriro ere bai.
Gallastegui andreak esan duen moduan, adostasuna lortu dugu Talde Sozialistak eta Euzko Abertzaleak Taldearen artean. Eta, berak esan duen moduan, Alderdi Popularra ere bai gonbidatu nahiko nuke adostasun honetara gehitu dadin.
Eta batez ere kontutan hartuta Llanos andreak esan diguna, atzo ministroak esandako berbengatik, uste dut egokia izango litzatekeela eta ez litzatekeela egongo kontraesanik zuek ere batuko bazinete adostasun honetara.
El Gobierno del lehendakari Urkullu apuesta y trabaja por una justicia al servicio de la ciudadanía. Uno de los retos fundamentales del actual Administración de Justicia es lograr una mayor cercanía a la ciudadanía y conseguir impartir una justicia cada vez más ágil, eficaz y transparente.
Y en aras a la consecución de ese objetivo, ya en nuestro programa electoral adoptamos el compromiso de impulsar la descentralización de la justicia, con una iniciativa concreta, instar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que sea el Gobierno Vasco el que diseñe la planta judicial y las programaciones anuales, y determine la creación de juzgados en Euskadi.
La reducción de partidos judiciales que se plantea en el informe de bases para una nueva demarcación judicial no ayuda para nada en la consecución de una Administración de Justicia cercana a la ciudadanía, porque en lugar de facilitar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia, se les van a poner trabas.
El actual Gobierno, con su obsesión por considerar como única fuente de derecho el ahorro, no es extraño que vea positiva la concentración de partidos judiciales, pero no debemos olvidar que ya en la anterior legislatura, el 24 de abril del 2009, el Consejo de Ministros constituyó una comisión institucional con el cometido de determinar, estudiar y proponer los elementos esenciales para la elaboración de una nueva ley de planta y demarcación judicial.
La comisión –como ha mencionado también la señora Llanos– presentó su informe con la unanimidad de sus miembros y presentaron cinco recomendaciones. Como consideración previa, quiero destacar que reorganizar la planta y demarcación requiere debate público y acuerdo, y se debe abrir, por tanto, un proceso de formación de consensos para la materialización de las cincos recomendaciones.
Voy a leer únicamente la primera de las recomendaciones: "Superación del partido judicial como base del modelo. El acceso a la justicia precisa de proximidad pero precisa que las actuales infraestructuras permitan obtener resultados análogos a los del pasado, con una menor dispersión territorial.
"La reordenación de la demarcación lleva necesariamente a la concentración hay que explorar formulas que superen la división actual en partido judiciales e implantar estructuras territoriales más amplias y funcionales".
El informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en mayo del 2012, como se ha dicho, toma como base precisamente ese informe, en el que se prevé la desaparición de partidos judiciales y, en concreto y en lo que a nosotros se refiere, ya ha hecho la señora Gallastegui el repaso de cómo quedaría nuestro mapa, por lo tanto, me remito a lo que ella ha comentado.
El grupo Nacionalista Vasco, tanto en esta legislatura como en la legislatura precedente, se ha mostrado contrario a la concentración prevista y la consiguiente desaparición de partidos judiciales, y puedo decir con orgullo que fue un representante del Partido Nacionalista Vasco el que logró arrancar un acuerdo, un compromiso al Gobierno Socialista en el sentido de mantener la demarcación tal y como está actualmente configurada.
Y no será tampoco el Partido Nacionalista Vasco el que se oponga a plantear un debate en torno al actual organización judicial, sobre todo cuando dicha petición provenga de los jueces y magistrados.
Pero, tal y como se recoge ya en 1996, en el Libro Blanco de la Justicia, y cito textualmente, "cualquier modificación de la demarcación judicial debe ser realizada entre el Gobierno, las Cortes Generales, los consejos de Gobierno, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, previo un análisis en profundidad del Consejo General del Poder Judicial".
La actual configuración de la demarcación judicial existente ha asegurado y asegura el equilibrio entre la garantía a un fácil acceso y comunicación de los ciudadanos con los órganos judiciales, y la necesidad de evitar una excesiva dispersión de recursos humanos y medios materiales.
No obstante, insisto en que no nos negaremos a debatir y concertar una solución que esté amparada por los estudios oportunos y acordada en los conciertos necesarios entre los actores a los que he hecho referencia, y que garantice la comunicación de la ciudadanía con los órganos judiciales.
Lo que ciertamente carece de sentido, si queremos actuar bajo los parámetros de eficacia y eficiencia y del máximo rigor en la gestión de los recursos públicos, es que la administración vasca tenga una mera función instrumental, que sea relegada a lo que el Tribunal Constitucional ha denominado administración de la Administración de Justicia, de tal forma que su función simplemente sea la de dotar de recursos y medios al ejercicio de la función jurisdiccional, que sea quien dote de infraestructuras, que pague los edificios, que sea quien ponga en marcha las nuevas aplicaciones informáticas y un largo etcétera, y en cambio no pueda decidir autónomamente en un asunto tan relevante como es el del diseño de la demarcación y planta dentro de su propio territorio.
La atomización de la competencia judicial entre diversos actores impide que la misma pueda ser realmente eficiente y eficaz. Esta reivindicación la hacemos no sólo como Partido Nacionalista, sino para realizar una mejor gestión de los recursos públicos. Es la misma fundamentación que cuando solicitamos la transferencia de prisiones, no sólo por razones políticas y jurídicas, también por razones sociales, humanitarias y de buen gobierno.
Porque, tal y como ha manifestado el señor Erkoreka, aquí presente, a veces ocurre que pese al dinero y al esfuerzo invertido por el Gobierno Vasco en desarrollar el itinerario de inserción socio-laboral diseñado para una persona privada de libertad, la dirección general de Instituciones Penitenciarias decide trasladarle a una prisión radicada en Andalucía, con lo que todo el trabajo llevado a cabo y todos los recursos invertidos quedan en agua de borrajas.
En lo referente a la constitución de los consejos autonómicos del poder judicial, solicitamos que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía. Ello conllevará, como decía al inicio de mi intervención, a que sea el Gobierno Vasco quien diseñe la planta judicial y las programaciones anuales y determine la creación de juzgados en Euskadi.
La constitución de los consejos autonómicos del poder judicial no es una reivindicación nacionalista, es una cuestión de mejora organizativa, es necesario que el poder judicial, al igual que lo han hecho otros poderes del Estado, se acomoden a la estructura de un Estado compuesto. La constitución de los consejos autonómicos no sólo la pedimos nosotros, lo dicen además dos libros blancos para la reforma de la justicia y del Consejo General del Poder Judicial.
Es por ello que instamos al Gobierno de España a que impulse las medidas legislativas necesarias para hacer posible la constitución de los consejos autonómicos.
Besterik ez eta eskerrik asko.