REYES MARTÍN (PSE-EE, 2015-06-11):
Eskerrik asko, presidente andrea. Egun on guztioi.
El grupo Socialista presenta hoy una proposición de ley para ayudar al sector audiovisual vasco que arrastra desde hace años una decadencia agravada por la piratería de sus productos. Por eso creemos que el pequeño impuesto que pretendemos aplicar a los operadores telefónicos es un acto de justicia que devuelve al sector de la producción cinematográfica y audiovisual algo de los costes de su trabajo para que puedan seguir produciendo. En definitiva, es una ayuda de justicia y fundamental para la supervivencia del sector y la garantía de que se cumple el derecho a la cultura en ese ámbito.
Tengo que decir que esta iniciativa tiene el apoyo de los productores y también de los trabajadores y trabajadoras de este sector, cámaras, actores, electricistas, guionistas, etcétera, profesionales con trabajos cada vez más precarios que no tienen más remedios que aceptar porque esta actividad está muy golpeada por la crisis y por el abandono de la Administración.
Es cierto que otros muchos sectores tienen problemas en esta época de crisis, pero en el caso de la producción audiovisual es necesaria una medida fiscal directa como restitución de lo que pierde por las descargas gratuitas. Y a esto se dirige esta iniciativa, a reforzar la producción cinematográfica y audiovisual vasca sin detraer de los presupuestos públicos ni gravar a los consumidores, financiándola desde el propio sector.
No hay actividad que aguante invertir sin obtener un retorno razonable para seguir invirtiendo y el caso es que los beneficios de su trabajo van a los operadores telefónicos que ofrecen cada vez bandas más anchas para la transmisión de datos, por las que circula gratis para el consumidor la producción de la industria cinematográfica y audiovisual.
Así que a esta industria la está azotando una tormenta perfecta. Por una parte, el Gobierno reduce sus ayudas al sector, ETB reduce su contratación de productos externos, el IVA a la cultura es el más alto de Europa y los operadores de telefonía facilitan la descarga gratuita de las producciones, con lo que ellos aumentan sus contratos, pero la industria audiovisual se desmorona. Fíjense hasta qué punto eso es así que las ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual del Gobierno Vasco se han reducido a menos de la mitad de la pasada legislatura a ésta, concretamente en 2014 en un 54,5 %.
Y en un alarde de lo que le importa este sector al Departamento de Cultura, ha eliminado esta legislatura el Programa de Financiación al Audiovisual, cerrando así la línea de préstamos sin interés a la producción y la de financiación de contratos. Y lo han eliminado sin más, sin sustituirlo por nada en plena crisis.
Para arreglar esto, el grupo Socialista propuso una proposición no de ley para la financiación de las industrias culturales que se aprobó con los votos del PNV, entre otros. Y, sin embargo, el Gobierno lleva dos años sin aplicarla.
Parecido ocurre con ETB. La subvención del Gobierno ha disminuido aproximadamente la cuarta parte desde la pasada legislatura y, sin embargo, el gasto de ETB en producciones de encargo ha bajado a más de la mitad, el 52 %.
Y en este contexto el Gobierno Vasco ha emitido un criterio contrario a la tramitación de esta proposición de ley, olvidando que sin producción independiente no podrán iniciarse en la industria cinematográfica nuevos actores, ni técnicos, ni directores, ni ningún profesional nuevo. Y sin reconocer el valor estratégico de la afición propia como generadora de valores culturas y creadora de talento.
Pues bien, los Socialistas sí consideramos muy importante tener un sector cinematográfico y audiovisual vasco fuerte, y por eso presentamos una proposición de ley que supondría, de ser aprobada, una justa compensación a su trabajo que ahora no recibe, como decía, por la descarga gratuita de sus producciones.
En cuanto al contenido de la ley, decir que planteamos aprobar un impuesto a los operadores telefónicos, no a los usuarios, de 25 céntimos al mes por cada contrato de telefonía fija o móvil que permita el acceso a contenidos de internet.
Creemos que es una cuestión de justicia, no de tratamiento especial a un sector. No planteamos, en ningún caso, utilizar impuestos finalistas para cada sector en dificultades, únicamente, para éste y en este caso, porque las descargas gratuitas les impiden cobrar algo razonable por lo que han tenido que invertir para crear y producir las películas.
En definitiva, pretendemos que sean las empresas de telefonía las que paguen una pequeñísima parte de sus beneficios por las conexiones de ADSL y de datos móviles, para, con ese dinero, financiar la producción audiovisual sin que puedan repercutirlo a sus clientes.
Además, la aprobación de esta ley supondría ejercer una competencia que a base de usarla muchos creen que ni existen, y es la facultad de que el Parlamento establezca impuestos autonómicos y el Gobierno los ejecute. Esta facultad es un instrumento político de primer nivel, que permite al Gobierno ejecutar una política fiscal idéntica a los tres territorios, dando un tratamiento único a los fondos que se obtengan, pero no se usa.
En cuanto a los fondos que se obtuvieran, que vista la experiencia catalana serían del orden de 7 millones de euros, servirían para impulsar con fuerza el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual de Euskadi.
Sin embargo, el Gobierno ha decidido rechazar la tramitación de esta proposición de ley y es legítimo, sería legítimo si tuviera razones fundadas para hacerlo, pero sorprende que haya emitido un criterio tan poco riguroso, de tan baja calidad técnica y tan agresivo en su expresión. Da la impresión de que el Gobierno ha pretendido compensar su debilidad argumental con ocurrencias y excesos sacados de tono.
Le pondré un ejemplo. Cuando el Gobierno afirma que el carácter finalista de este impuesto, y cito textualmente, "es insólito y único en la política fiscal de nuestro país" está faltando a la verdad, porque en 2006, gobernando el lehendakari Ibarretxe, este Parlamento aprobó el impuesto del agua con los votos del PNV. ¿Cómo puede decir, entonces, el Gobierno que no existe un impuesto finalista si lo gestiona URA, la agencia del agua del propio Gobierno?
Y lo afirma por escrito al Parlamento, en un criterio aprobado en Consejo de Gobierno y como argumento de valor para justificar la oposición a que se tramite una proposición de ley.
Parece increíble sino fuera verdad. El Gobierno nos ha enviado un escrito oficial que desconoce nuestro ordenamiento jurídico y los impuestos que el propio Gobierno aplica, refleja una insolvencia jurídica y de gestión de este Gobierno muy preocupante y el tono de sus observaciones sólo puede deberse al nerviosismo de un Gobierno que tiene que ver cómo la oposición tiene que cubrir su inoperancia legislativa.
Otra cuestión es si somos competentes o no para este gravamen a los operadores telefónicos y el Gobierno entiende que de esta proposición, y cito también textualmente, "pudiera deducirse una probables inadecuación al reparto de competencias establecido en el artículo 42.b del Estatuto".
Bueno, pues resulta que ese artículo, el 42.b del Estatuto dice, que al hablar de los ingresos de la Hacienda General del País Vasco como estarán constituidos  - digo, dice - , después de hablar de las diputaciones, que tienen otro camino, que "los rendimientos de los impuestos propios de la Comunidad Autónoma que establezca el Parlamento Vasco de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Constitución y en la LOFCA, para no seguir, formarán parte de los ingresos de la Haciendo General del País Vasco".
Es decir, que este Parlamento tiene competencia para, por ley, si es que no hubiera ejemplos que demuestra ya, aquí estaría, por ley para imponer impuestos, para definirlos y son para que los ejecute el Gobierno Vasco, para la Hacienda General del País Vasco.
Por si alguien sale diciendo que esto es interpretable, quiero recordar que una Ley firmada por el lehendakari José Antonio Ardanza referida al juego en su exposición de motivos, supongo que esto no lo cuestionará nadie, al menos de la bancada del PNV, dice que "el Estatuto de Autonomía del País Vasco, así como la Ley de relaciones entre las instituciones de la Comunidad Autónoma y los órganos...
...de Autonomía del País Vasco, así como la Ley de Relaciones entre las Instituciones de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos y el Decreto Legislativo por el que se aprueban la Disposiciones Legales sobre Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, conceden.
Es decir, todo nuestro entramado jurídico, todo  - y lo dice una ley firmada por el lehendakari Ardanza - , conceden a la Hacienda general de la Comunidad Autónoma del País Vasco el poder de establecer sus propios impuestos siempre que no recaigan sobre hechos imponibles gravados por el Estado, lógico.
Bien, ¿cómo es posible que el Gobierno diga que puede que no se esté cumpliendo con esta proposición de ley el Estatuto de Autonomía en nuestra ordenación jurídica? Lo que digo, me he contenido en la expresión pero he querido que se me entienda muy bien lo que ha hecho con este criterio el Gobierno a este Parlamento.
Al final es evidente que somos competentes, que no se vulnera nada pero en el fondo esto es mucho más grave. Con su apreciación el Gobierno está renunciando a una competencia que le da el Estatuto y que ya hemos ejercido. Así, si en el futuro quisiera implantar otro impuesto, con este criterio que maneja no podría. A los socialistas nos parece esto gravísimo. Es una contradicción absoluta de este Gobierno que reclame competencias y a la vez renuncie a las que tiene, sobre todo en algo tan importante como aprobar impuestos.
También aduce el Gobierno que el carácter finalista del impuesto a los operadores impide sumar su recaudación a la caja común para que se distribuya en el presupuesto.
Claro que es finalista porque ha de servir para compensar al sector por el uso de los contenidos audiovisuales que, al ser utilizados de forma gratuita, no revierte al sector perjudicando gravemente su financiación y viabilidad como industria cultural. Y no será tan raro cuando se aprobado en Cataluña, con carácter finalista, con el apoyo de todos los grupos excepto el del Partido Popular que se abstuvo pero no se opuso.
La siguiente objeción del Gobierno es que esta medida no responde al modelo fiscal vasco. ¿Pero cómo no se va a adecuar a nuestra fiscalidad si lo ampara el Estatuto, como acabo de leer, todas nuestras leyes referentes al ordenamiento hacendístico y otro impuesto finalista, el del agua o el impuesto del fuego, lo ha aprobado el Parlamento Vasco? ¿Es que el Parlamento lo aprobó sin ser competente? ¿Es que todo eso no es nuestro ordenamiento jurídico hacendístico? En fin.
En cuanto al último apartado del criterio del Gobierno, simplemente parece el desahogo de un cabreo que no tiene justificación. Les invito a que lo lean. Pero en vez de enfadarse, este Gobierno debería hacer leyes para resolver problemas porque sino les seguirá pasando como en este caso, que las leyes las propone la oposición.
Miren, los productores vascos hablaron hace más de dos años con el Departamento de Cultura que dijo que le parecía bien la idea de este impuesto. Y después de dos años, siguen sin hacer nada. Si habían decidido no aplicar esta medida, al menos podían haber buscado otra para ayudar al sector, que es lo principal, lo que interesa. Pero como no lo hacen, lo hacemos nosotros.
Al no actuar el Gobierno, las dos asociaciones vascas de productores hablaron conmigo hace un año para proponer esta medida. Luego se aprobó en Cataluña lo mismo, prácticamente por unanimidad como decía y finalmente, los socialistas hemos decidido hacer esta iniciativa porque el sector no aguanta más.
Sólo terminar manifestando el respeto por la decisión que adopten los grupos, que luego comentaré, pero sí, en fin, anunciar que quien esté de acuerdo con la ayuda al sector y que la fiscalidad puede hacerlo, debe de entender que las proposiciones de ley se presentan siempre con un texto y luego en la tramitación mediante enmiendas se pueden modificar si hay algún aspecto que lógicamente deba ser mejorable o que lleve al consenso de todos.
Y finalmente, diré que al Gobierno  - más que decirle exigirle -  que defienda el Estatuto, que no niegue la competencia que le da. Eso para empezar y para acabar a este Gobierno, que defienda el Estatuto.