BECERRA CAROLLO (EP, 2017-10-05):
Bueno, egun on guztioi.
Vengo hoy a defender una proposición no de ley relacionada con la financiación del transporte público. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente el transporte público es hoy en día un servicio esencial en nuestras comunidades y lo es hasta el punto de que se está pidiendo desde muchos ámbitos que pase de ser un servicio público a ser considerado un derecho subjetivo de la ciudadanía, el derecho a la movilidad de las personas, un derecho a la movilidad de las personas independiente de sus condiciones personales y económicas, que permita su desarrollo individual y social.
Evidentemente, cuanto mayor es el cumplimiento por parte de las instituciones de ese servicio público social, cuanto mayor y mejor servicio se da, cuanto mayor es su función social, generalmente mayor es el coste del servicio y, por lo tanto, mayor es el déficit de explotación que tiene.
Para que nos hagamos una idea, el transporte urbano de Donosti, el municipal, apenas se autofinancia en una 57 %. Por lo tanto, no hay un transporte público rentable y eso implica que necesita necesariamente el apoyo de las instituciones.
Aquí en Euskadi todas las instituciones apoyan o disponen de su propio transporte público. El Gobierno central tiene las líneas de ferrocarril; el Gobierno Vasco, ferrocarril, tranvía y autobús; diputaciones, sus autobuses; y los ayuntamientos, autobuses, microbuses, servicios de car sharing o incluso préstamo de bicicletas.
Sin embargo, el problema que tiene la financiación del transporte público es que especialmente afecta al ámbito municipal. Por un lado, porque los ayuntamientos son los que más difícil tienen la financiación de sus competencias y, por otro lado, porque son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y, por lo tanto, las que tienen que dar respuesta inmediata a las demandas de esta ciudadanía.
Para que nos hagamos una idea, el autobús urbano de Vitoria-Gasteiz le supone, en los últimos tres años le ha supuesto al ayuntamiento 50 millones de euros, Bilbao supone 32 millones de euros a las arcas municipales el último año, Donosti 14 millones y medio, Barakaldo 25 millones de euros en los próximos...
...millones de euros a las arcas municipales el último año.
Donostia 14 millones y medio, Baracaldo 25 millones de euros en los próximos diez años, y así indefinidamente partiendo de los municipios más grandes a los más pequeños que son, precisamente, los que tienen la financiación más difícil, y sin embargo, en Euskadi no tenemos una ley, que permita la financiación del transporte colectivo.
La Ley Municipal da una competencia exclusiva a los ayuntamientos vascos en materia de transporte urbano municipal, en su término municipal pero, sin embargo, no dice nada de la financiación, se regula conforme al resto de la financiación de todas las demás competencias.
Lo mismo sucede en España, no hay una ley expresa, no hay una ley de financiación expresa y únicamente a través de la legislación en materia de haciendas locales y de bases de régimen local, se da una línea de subvenciones, subvenciones desiguales, subvenciones irregulares e imprevisibles que eso sí, permiten que los municipios de más de 50.000 habitantes tengan unos ingresos de los que, sin embargo, se ven privados los ayuntamientos vascos.
Para que nos hagamos una idea, Valencia, Zaragoza reciben 6 millones de euros al año, Sevilla cinco y medio, Málaga tres, Palma 2,6, Granada 2,2 y, sin embargo, los municipios vascos nada, el único que ha accedido el año pasado a esta subvención fue el ayuntamiento de Donostia y recibió 10.000 euros.
Con estos mimbres, con estos mimbres, los ayuntamientos vascos tienen un problema de financiación de su transporte público municipal, y esto tiene unas consecuencias muy claras, los ayuntamientos que tengan problemas para financiarlo, tienen dos vías, una, encarecer las tarifas, dos, no encarecerlas y, por lo tanto, dar un peor servicio si no tienen el dinero suficiente.
Encarecer las tarifas implica que aquellos usuarios o usuarias que no tengan el suficiente nivel económico, van a ver perjudicado su derecho, su derecho a la movilidad y, por lo tanto, como he mencionado al principio, al desarrollo individual y social.
Si los ayuntamientos asumen el coste de los bonos sociales, tienen un hándicap adicional y es que las ayudas de emergencia social no cubren, no cubren los desplazamientos de transporte. Solo por este concepto, Donostia el año pasado dejó de ingresar 2,2 millones de euros adicionales, por lo tanto, tenemos un problema, queramos o no queramos verlo, y es que los municipios, además de todo el resto de sus competencias, ahora mismo tienen un problema para financiar las competencias del transporte urbano municipal.
A día de hoy, la aportación pública por viaje en Vitoria-Gasteiz, es de 1,21 euros, en Bilbao es de 1,26, en Donostia, están mucho mejor, es solo medio euro por viaje, pero aun así los ayuntamientos tiene que estar financiando los viajes de la ciudadanía.
¿Qué posibles soluciones hay? Bueno, aquí viene nuestra proposición no de ley, evidentemente, tener una ley vasca de financiación municipal.
¿Por qué? Porque, por un lado, una ley de ese tipo nos permitiría garantizar ese derecho a la movilidad al que me he referido al principio, y por otro lado, nos permitiría financiar el servicio público con unos criterios objetivos, unos criterios objetivos que, en nuestra proposición decimos que puedan ser el grado de cobertura del servicio, la función social que se cubre y, por lo tanto, las tarifas sociales que se aplican, el grado de eficiencia energética de los medios de transporte utilizados, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que tengo que recordar que el 40 % del cambio climático lo genera el transporte, la reducción de las emisiones contaminantes que también el 70 % de las emisiones contaminantes se producen por parte de tráfico privado en las ciudades, cualquier criterio objetivo sería válido.
Y nuestra propuesta estaba abierta al consenso, estaba abierta a las aportaciones de los grupos. No se han hecho, únicamente las he hecho los grupos que apoyan al equipo de Gobierno y, sin embargo, no ha sido posible transaccionar.
No era nuestra intención establecer los criterios que tuviera que tener una ley de este tipo cerrados. Tampoco era argumento necesario que fuera una ley específica, nos acogíamos a la posibilidad de que la Ley de movilidad sostenible que está preparando el Gobierno pudiera contener estos criterios y, sin embargo, tampoco eso ha sido posible.
Por lo tanto, lamentamos que los grupos de esta Cámara de hoy, no vean un problema que es un problema muy grave, es un problema muy importante.
En la anterior campaña electoral en Vitoria-Gasteiz hubo una auténtica revolución con el canon de la capitalidad y apenas suponía 1 millón de euros o 5 millones de euros y tenemos que Vitoria-Gasteiz está dedicando 50 millones de euros en tres años a financiar el transporte público municipal sin tener ninguna ayuda ni del Gobierno, ni de la Diputación, ni del Gobierno del Estado.
Y por lo tanto, me gustaría que los grupos valorasen en su justa medida la propuesta que hacíamos, porque se apruebe hoy o no, y evidentemente, va a ser difícil que salga a delante, el problema va a seguir mañana, el problema va a seguir pasado, el problema va a seguir en 2018 y cada vez va a ser más grave porque los ayuntamientos cada vez tienen un problema de financiación más grave.
Nada más, muchas gracias.