MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2015-02-19):
Sí, gracias presidenta. Buenas tardes.
Votaremos a favor de la iniciativa planteada por el grupo Socialista. Nos gustaría analizar o explicar la situación en la que se encuentra la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco.
La situación en la que se encuentra es el resultado de una mala transferencia y de una mala gestión del servicio que se prolonga hasta hoy, desde el momento en que se produjo la transferencia hasta el día de hoy.
En el año 2012 se transfirieron 18 inspectores en activo en Bizkaia, 10 en Gipuzkoa y seis en Álava. Antes de la transferencia, cuando la Inspección era estatal, había 24 inspectores en Bizkaia, 14 en Gipuzkoa y siete en Álava.
Es decir, la propia transferencia, de alguna manera, mermó los efectivos dedicados a esta materia. Así mismo, la estructura organizativa se redujo al mínimo absoluto, un jefe por territorio histórico.
Una vez realizada la transferencia, se plantearon todo tipo de problemas por parte del Departamento de Función Pública y por parte también del Estado.
En primer lugar, la RPT no estaba aprobada y el Estado consideró que, al no haber un nivel de destino definitivo para las plazas, éstas no podían salir a concurso, aunque sí salieron en Cataluña, comunidad que se encontraba en la misma situación que Euskadi.
En segundo lugar, como solución alternativa se propusieron comisiones de servicios para que viniera personal que está en otras comunidades autónomas, a la espera de poder acceder a una plaza aquí.
Sin embargo, el Departamento de Función Pública del Gobierno se negó, alegando que sin la RPT aprobada no se podían conceder comisiones de servicios.
Pero lo realmente grave es que cuando cambia el Gobierno, resulta que el Departamento de Función Pública dice que sí se pueden cubrir las plazas por comisiones de servicio.
Entre tanto, entre inspectores que se van en concursos nacionales, alguno que se jubila, bajas maternales, etcétera, el resultado es que en la actualidad están trabajando 13 inspectores en Bizkaia, seis en Gipuzkoa y cuatro en Álava.
A todo ello se unió el hecho de que, además, pretendían suprimir los despachos de los inspectores en Gipuzkoa, aprovechando el cambio de ubicación de la Inspección.
El mes de noviembre de 2014, hace tres meses, la Asociación de Inspectores emitía una contundente nota de prensa en la que decía lo siguiente: "En el mes de febrero de 2012 denunciábamos la improvisación, el desconcierto y la falta de coordinación y de organización a la hora de realizar la transferencia a Euskadi. Hemos continuado ejerciendo nuestra labor de la mejor manera posible. Los actuales responsables del Gobierno Vasco, después de aprobar la relación de puestos de trabajo a finales del año 2013, parece que ya han hecho todo lo que tenían que hacer y de facto están desmantelando la Inspección de Trabajo en el País Vasco".
Antes de la transferencia en Bizkaia había 24 inspectores en activo, dedicados a materias competencia de la Comunidad Autónoma, en Gipuzkoa 14 y en Álava, 7. Se transfirieron 18 en Bizkaia, 10 en Gipuzkoa y seis en Álava.
En la actualidad, y sin que este Gobierno haya hecho nada para evitarlo, Bizkaia se va a quedar con 13 inspectores, Gipuzkoa con 6 y Álava con cuatro.
Decía, esta nota de prensa: "Es un auténtico desastre organizativo que es imputable directamente a los más altos responsables de este Gobierno, que son incapaces de mantener una mínima gestión en un momento de máxima conflictividad social, donde constantemente se nos exigen intervenciones rápidas y de una envergadura tal, que es totalmente imposible asumir, tanto por la ausencia de afectivos como por la inexistencia de un mínimo cuadro organizativo".
Decía también la nota de prensa: "La última barrabasada de este Gobierno ha sido la de decidir que los inspectores de trabajo y Seguridad Social del País Vasco no necesitamos despachos para realizar nuestra labor.
"Concretamente se ha decidido que la inspección de Gipuzkoa, pase a ubicarse a las instalaciones de la delegación territorial en un espacio totalmente diáfano y abierto. Ni siquiera la jefa de inspección territorial va a disponer de despacho. En esta situación es evidente que no se va a poder garantizar la confidencialidad ni el sigilo necesarios".
Pretenden que trabajadores, empresarios, sindicatos y ciudadanos en general comparezcan ante los inspectores en un espacio abierto al público, aportando documentos y pruebas, que en la mayoría de los casos están protegidos por la Ley de Protección de Datos.
Continuaba esta nota de prensa: "Al parecer, el responsable de esta tropelía es el Departamento de Hacienda y Finanzas, que ha hecho caso omiso de todas y cada una de las explicaciones y peticiones que se han dirigido desde el Departamento de Empleo y desde la Subdirección de la Inspección de Trabajo del País Vasco.
"El resultado es el desmantelamiento progresivo y sistemático de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco, el único organismo competente para fiscalizar y exigir de oficio y de manera imperativa el cumplimiento de las normas de orden social en el territorio".
Y continuaba y terminaba esta nota de prensa: "Hemos mantenido múltiples reuniones con altos responsables de este Gobierno. Hemos barajado seriamente la posibilidad de una huelga total indefinida. La verdad es que el colectivo está cansado y harto". Esto es lo que decía el colectivo hace apenas tres meses.
Se ha conseguido que los inspectores de Gipuzkoa tengan despachos, ya que el Consejero decidió a ultima hora que la nueva ubicación de la Inspección vasca fuera en el mismo sitio que la estatal, lo que implica tener despachos.
Y que de alguna manera se asumiera como un compromiso de gobierno la reestructuración de la inspección, en fin, una pequeña mejora, un pequeño paso en la buena dirección.
Según nos informa la propia asociación, los problemas gravísimos que afectan hoy mismo a la inspección transferida son los siguientes: Falta de efectivos en todos los territorios, con una situación especialmente grave en Araba y en Bizkaia.
El concurso nacional de traslados no acaba de convocarse y tampoco se conceden comisiones de servicios en un régimen de normalidad.
Falta de estructura directiva intermedia, debido a la transferencia y a las propias decisiones de este Gobierno, incapaz de corregir las deficiencias de la transferencia.
Falta de coherencia y claridad en las relaciones con la Inspección estatal y en la propia organización interna de cada inspección territorial.
En definitiva, falta de un modelo claro de inspección de trabajo, descentralizada y falta de una apuesta clara por la inspección de trabajo. Ésta es la situación real en la que se encuentra.
La Inspección se transfirió por motivos puramente políticos, como pueden ustedes reconocer, antes o después, pero es efectivamente así, por motivos puramente políticos, en donde no se tuvieron en cuenta criterios técnicos, ni jurídicos, ni se planteo la eficiencia o no de la transferencia, ni la necesidad real de que Euskadi asumiera este servicio, ni los efectos sobre los ciudadanos, ni el modelo que se quería, que aquí estamos y nos encontramos con los resultados por todos conocidos.
Y a ello se une, en fin, una voluntad política de desmantelamiento y neutralización de la Inspección, según ha denunciado la propia asociación.
En conclusión, una verdadera chapuza, tanto en lo que se refiere a la transferencia producida como en lo que se refiere a la gestión y a la toma de decisiones posteriores.
En fin, hay que corregir esta situación urgentemente, ya que estamos hablando de un servicio esencial para luchar contra el empleo sumergido, las jornadas abusivas, los falsos autónomos y otras vulneraciones de la legalidad.
En fin, por esto votaremos a favor de la iniciativa socialista, a la espera de que sirva para que se tomen cuanto antes las decisiones, todas las decisiones que sean necesarias para dar la vuelta y corregir esta gravísima situación.
Gracias