ZORRILLA IBAÑEZ (EAJ, 2016-02-04):
Bai, eskerrik asko presidente anderea. Sailburu jauna, legebiltzarkideok. Arratsalde on guztioi.
Gaur talde sozialistak dakarkigun PNL honek urrian aurkeztutakoa agian gaur egun bide azkarra eta eraginkorragoa izan zezakeen, behin Alderdi Popularra Diputatuen Kongresuan zuen gehiengoa oso galduta, premiazko ekimena aurkeztu dezakezue gai honi buruz jarduteko.
Eta seguru aski Ganbera gai honentzako galderen babesa izan dezakezue, tartean gurea, EAJren taldearena.
De ello, independientemente de la próxima resolución del Tribunal Constitucional que nos anunciaba la señora Gallastegui. Se plantean en esta PNL dos cuestiones básicamente. En primer lugar, expresar nuevamente el rechazo de esta Cámara respecto a la Ley de Tasas Judiciales, en este caso especialmente referido a las pequeñas y medianas empresas y las organizaciones no gubernamentales. Y en segundo lugar, lo relativo a la aplicación de la recaudación por las tasas recaudadas.
Lehenengo gaiari buruz, Eusko Jaurlaritza eta Euzko Abertzale taldeak argi eta garbi esan dugu Tasa Judizialen Legearen aurka gaudela.
El consejero lo dejo meridianamente claro, como suele decir usted, claro como el agua clara, desde la primera respuesta escrita sobre este tema de fecha 15 de mayo del 2013 y en reiteradas preguntas de la señora Gallastegui. Y también de forma verbal en esta misma Cámara a raíz de interpelación también de la señora Gallastegui, sustanciada con fecha 7 de junio del 2013.
El PNV en las Cortes Generales, con la interposición de la correspondiente de la enmienda de totalidad al proyecto de ley y posteriormente en la PNL presentada con fecha 18 de diciembre del 2013, que fue sustanciada en debate el 11 de marzo del 2014. Y también en esta Cámara, en el segundo pleno de esta Legislatura, el 31 de enero del 2013, a raíz de una PNL también del Grupo Socialista, en el sentido de excluir de las tasas a las personas físicas. Haciendo un poco también una autocrítica, en aquel momento también podíamos haber planteado en la exención de la Pymes y de las organizaciones no gubernamentales.
También hemos manifestando, al igual de otros grupos del parlamentario, que no estamos en contra de la tasa per se, aunque entendemos que se debe garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial. Y en esta línea va el punto primero de la enmienda transaccional acordada.
En este sentido nuestra postura es abalada por el tribunal constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dicen que un sistema de tasas no es per se contrario al derecho de acceso a la justicia, sino que habrá que atender a la circunstancias concretas de cada caso y, en particular, a la capacidad económica del sujeto que pretende acceder a los tribunales.
Alegia, gaitasun ekonomikoa kasuan kasu baloratu behar dela. Y serán constitucionales siempre y cuando por su cuantía no limiten o impidan el acceso de la personas a la tutela judicial efectiva.
Respecto a la evolución legislativa de las tasas judiciales, tras las aprobación de la Ley 25/1986, de supresión de tasas judiciales, que derogo el sistema de tasa judiciales franquista...
...las tasas judiciales tras la aprobación de la Ley 25/1986, de supresión de tasas judiciales que derogó el sistema de tasas judiciales franquistas, ha habido algunas modificaciones legislativas, pero que sustancialmente no han afectado al derecho a la tutela judicial efectiva, hasta que llego la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales, cuya precipitación fue evidente, ya que se presentó en el Congreso el día 2 de agosto, y se tramitó por urgencia aprobándose en el Senado el 14 de noviembre, a pesar de contar con enmiendas de totalidad de todos los grupos parlamentarios a excepción, lógicamente, del Partido Popular.
Todo el mundo estaba en contra de este proyecto de ley, toda la oposición, todo el arco parlamentario con enmiendas a la totalidad de todos los grupos parlamentarios, siete en concreto, todos los operadores jurídicos, abogados, procuradores, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios incluso el propio Consejo General del Poder Judicial, asociaciones de consumidores, sindicatos y plataformas ciudadanas, y ante rechazo social frontal hicieron, oídos sordos y aprobaron la Ley de Tasas en absoluta soledad, además en sentido literal, porque el resto de diputados y diputadas de los otros grupos abandonaron el hemiciclo tras su intervención y no participaron en la votación.
Fueron incapaces de abrir ningún proceso de diálogo, el señor Rajoy y su gobierno no han seguido la recomendación de nuestro lehendakari que otra vez insiste en el diálogo y más diálogo para la búsqueda de acuerdos. Diálogo que ahora, curiosamente sí reclaman, de aquellos lodos, estos barros.
Después, muestra de la precipitación y de la improvisación de la ley, hicieron otras dos reformas a modo de remiendos, el Real Decreto Ley 3/2013 y el Real Decreto Ley 1/2015.
Hecho este repaso, la conclusión respecto a esta primera cuestión de nuestros grupo, compartimos lo planteado por EH Bildu en la enmienda de totalidad que curiosamente pues también iba en el hilo argumental de la propuesta inicial del Grupo Socialista, aunque luego en la parte dispositiva no se refería específicamente a la exención de las Pymes y de las organizaciones no gubernamentales. Y lo planteamos respecto a las empresas grandes en la línea de lo establecido en el artículo 35 de la Ley 53/2002, en el sentido de que antes solo tenían obligación de pagar las empresas cuyo importe neto de cifra de negocios fuera superior a 8 millones de euros, y no las Pymes, ni pequeñas empresas.
El planteamiento es que son las grandes empresas las que pueden asumir los procesos judiciales por el pago de estas tasas judiciales, esto es lo que se dice o lo que se ha argumentado también, la justicia de ricos para pagar a los que el servicio, para coadyuvar al pago del servicio de los que tienen menos recursos económicos.
Respecto a la segunda cuestión, la aplicación de lo recaudado a las tasas judiciales fruto de la citada Ley, hemos de decir que la actitud durante estos más de tres años del Gobierno español en esta materia se puede calificar de vergonzosa, una autentica tomadura de pelo. Ha tratado a las comunidades autónomas como si estuviéramos en un régimen feudal, haciendo y deshaciendo de forma unilateral y cambiando de criterio unilateralmente en cada reunión.
El Gobierno español que inicialmente defendió el nuevo régimen de tasas argumentando que la recaudación resultante de las mismas iba a utilizarse para financiar el sistema de justicia gratuita.
Alegia, Tasen Legea onartzea justifikatu zuela, doako justizia zerbitzua bermatzeko, bermatzeko, epaiterako baliabide ekonomiko gutxien dituzten pertsonak aukera izango dutela.
Y de la afectación inicial recogida en el anteproyecto, se pasó finalmente a la vinculación establecida en el artículo 11 y de ahí, tres años después, nada se ha hecho hasta este momento, no existe esa vinculación y desconocemos hacia donde han ido los ingresos que al mismo tiempo atentan contra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
Paralelamente, al aprobar el Real Decreto Ley 3/2013, amplió el ámbito subjetivo de los beneficiarios de la justicia gratuita, y elevó los umbrales de su cuantía, que podemos compartir ese criterio, pero con esto el hecho objetivo es que se incrementaban los costes de las comunidades autónomas que tenían transferencia en esta materia, como es el caso.
No voy a hacer repaso de los diferentes criterios para justificar lo que decían, los diferentes criterios mantenidos en las diferentes comisiones sectoriales. Si fuera necesario en la segunda intervención lo haría. Y dejando al margen los compromisos y las palabras dadas en  todo este proceso, el único dato objetivo es que los 564 millones recaudados hasta noviembre de 2014 por la aplicación de las tasas judiciales, últimos datos oficiales conocidos, a día de hoy, 4 de febrero de 2016, tras más de tres años de vigencia, ni un solo euro de lo recaudado a través de las tasas judiciales se ha destinado a financiar el servicio de justicia gratuita.
Las comunidades autónomas con competencia, como esta, lo están haciendo con cargo a sus propios recursos y el resto con cargo a los Presupuesto del Ministerio de Justicia.
Decía el señor Gallardón en una respuesta a una pregunta del señor Olabarria, que se iban hasta un límite razonable: "Lo que vaya a costar de más a las comunidades autónomas por lo que el Gobierno en las Cortes Generales han elevado, lo vamos a cubrir y lo vamos a hacer con cargo a las tasas, por lo tanto, ninguna comunidad autónoma, se lo puedo asegurar, hasta ese límite de tres veces la desviación del Ministerio, tendrá cargo por ampliar los beneficios de la justicia gratuita".
También hemos observado con el planteamiento inicial de la propuesta del Grupo Socialista, observamos una rectificación implícita del planteamiento mantenido por la señora Gallastegui con anterioridad en esta Cámara.
Si en escrito de preguntas para su respuesta por escrito de fecha de 18 de abril de 2013, y en la interpelación a la que antes me refería de 7 de junio de 2013, criticaba duramente la posición del Gobierno Vasco en cuanto que según usted intentaba beneficiarse de una ley que no apoyaba; parece que ahora con su planteamiento inicial pasa a ser  - y bueno, y con las preguntas también planteadas a lo largo del 2014 -  pasa a ser bastante incisiva en el planteamiento de la reclamación de la parte que corresponde para la financiación de la justicia gratuita.
Ahora en cambio, sí le parece bien el reparto, y bueno, pues aparte de esa rectificación implícita, pues sí nos gustaría que lo rectificase expresamente, porque fue bastante dura con el consejero en esta materia.
Por tanto, la cuestión de esta segunda cuestión, estamos ante una tasa, estamos ante una tasa y como bien ha explicado el señor Olabarria en el Congreso, en el debate de 22 de octubre de 2012, una tasa es para cubrir el coste del servicio, no es posible vincularlo a otro servicio.
Y por eso, en la enmienda transaccional a la que hemos llegado, lo que hemos hecho ha sido instar al Gobierno Vasco y al Gobierno español para que en el marco de las relaciones económico-financieras existentes entre la comunidad autónoma y el Estado, en esa bilateralidad, articulen mecanismos para compensar el sistema de asistencia jurídica gratuita a través de los ingresos derivados de las tasas y depósitos judiciales.
Hemos incluido también no solo lo recaudado por las tasas, sino también los depósitos judiciales, ya que la Ley Orgánica 1/2009 en la exposición de motivos, decía que aparte de la modernización de la justicia también esos recursos, esos ingresos, se iban a destinar a financiar el beneficio de la justicia gratuita.
Por lo tanto, agradecer la predisposición a llegar a un acuerdo de la proponente y de Bildu, y solicitar el apoyo del resto de la Cámara a la enmienda transaccional acordada.
Besterik gabe, eskerrik asko.