MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2013-06-27):
Sí, gracias presidenta.
La corrupción política es vomitiva. Como es vomitiva, los representantes políticos, además de decir que es vomitiva, lo que debemos hacer es impulsar reformas legales para luchar más y mejor contra ella, de manera más contundente, para evitar dejar resquicios a los corruptos y a los que sólo se quejan, pero no actúan, protegiendo con esa inacción a los corruptos.
Los casos de corrupción están generando una profunda desafección y enorme desconfianza en la ciudadanía hacia el propio sistema democrático y hacia los propios partidos políticos, indispensables en una democracia, a los que se acusa de permisividad, cuando no de complicidad con la corrupción política.
Según el barómetro global de corrupción de transparencia internacional, España ocupa el puesto 31 de una lista de 183 países y recalca, en su último informe sobre el sistema de integridad nacional de España, la necesidad de despolitizar las distintas instituciones financieras, judiciales y supervisoras, y la necesidad también de reformar la Ley Electoral.
Ese informe critica además, el férreo control de los partidos políticos de las listas electorales y de todos los órganos representativos. Ese informe califica el sistema español como de bipartidismo imperfecto y añade que ninguno de los dos grandes partidos políticos tienen interés en mejorar profundamente el estado de cosas.
No podemos mantenernos de brazos cruzados ante el avance de la corrupción política y el desprestigio creciente de la práctica totalidad de las instituciones democráticas.
A pesar de que, efectivamente, en los últimos tiempos algunas medidas se han tomado, a pesar de que algunas reformas legales se han adoptado, algunas de ellas gracias al impulso de UPyD en el Congreso de los Diputados, debemos impulsar nuevas reformas porque hay margen y algunas de ellas las planteamos en esta iniciativa que registramos en su momento y defendemos ahora.
Gracias a una interpelación de UPyD, desde el pasado día 17 de enero de 2013 es posible imputar penalmente a un partido político gracias a la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que prevé por vez primera en nuestro ordenamiento que los partidos políticos y los sindicatos estén sujetos directamente a responsabilidad penal. Fue sin duda un paso importante, pero no suficiente.
El pasado día 8 de marzo se aprobó una moción en la que se instaba al Gobierno de España a, en el plazo de tres meses, impulsar las reformas legales que sean necesarias en relación con la persecución y la prevención de la corrupción política, a fin de, por un lado, sancionar penalmente mediante un tipo delictivo autónomo la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos, tanto de sus estados contables como de su patrimonio social, que deberá ser publicado en un registro específico debidamente actualizado.
Dos. Establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos, aplicable tanto a la financiación ordinaria como a la electoral, en el que incurrirían los propios partidos de forma directa en el caso de que se descubrieran bienes, fondos o patrimonio oculto cuya adquisición no pueda ser debidamente justificada en virtud del régimen legal de financiación actualmente vigente, y en coherencia con la contabilidad formulada y presentada a fiscalización ante el Tribunal de Cuentas.
Tres. Incorporar a nuestra legislación penal el denominado delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos, cuyo elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio desproporcionado o injustificado de un político en relación con los ingresos que por obligación legal debe declarar públicamente.
Todo esto es lo que se ha incluido en la transaccional que nosotros hemos firmado, porque fue esto, en concreto estos tres puntos, lo que se aprobó en esa moción del pasado mes de marzo.
Y ésta es la moción que traemos a votación y debate, a la que sumamos un cuarto punto que finalmente no ha sido incluido en la enmienda de transacción por las razones que ya digo, porque este último punto no se aprobó en aquella moción de marzo del año presente. En todo caso, nosotros insistiremos en defenderlo cuando toque.
Proponíamos el reforzamiento de la responsabilidad de los políticos en el desempeño de sus cargos al frente de sociedades o entes públicos, sancionando a los gestores públicos que, bien de forma dolosa o bien por negligencia grave, hayan causado por actos u omisiones contrarios a la ley daños patrimoniales a los bienes o al caudal público, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, contemplando la posibilidad de un tipo específico de acción popular que permita iniciar los correspondientes procedimientos judiciales.
Como digo, es una moción que ya se aprobó el día 8 de marzo, pero que, por cierto, el Gobierno de España todavía no ha cumplido. Ésta es una de esas mociones que el Gobierno de España tiene pendiente cumplir, porque en aquella moción del pasado marzo del año 2013 se le dio un plazo de tres meses que ya han vencido.
La traemos a este Parlamento porque también desde aquí debemos posicionarnos claramente contra la corrupción política y contra la impunidad vomitiva y porque, efectivamente, ya han pasado los tres meses desde que esa moción se aprobó sin que el Gobierno de España haya tomado ninguna iniciativa al respecto.
Conviene indicar que no existe en nuestro ordenamiento un delito que castigue la financiación ilegal por parte de los partidos políticos.
En los casos de la financiación ilegal de partidos políticos y el enriquecimiento injustificado de políticos, existe una dificultad en la actualidad insalvable en muchas ocasiones para acreditar el hecho delictivo y la imposibilidad de probar el origen ilícito de fondos.
Proponemos, por lo tanto, la tipificación de un delito específico de financiación irregular, aplicable tanto a la ordinaria como a la electoral, en el que incurrirían los propios partidos políticos a título de autor directo en el caso de que se descubran bienes, fondos o cualquier patrimonio cuya adquisición no pueda ser debidamente justificada.
No se trata de que se pueda terminar condenando a un partido político por delitos que demuestren que se ha financiado ilegalmente, sino que la financiación ilegal sea...
Trata de que se pueda terminar condenando a un partido político por delitos que demuestren que se ha financiado ilegalmente. Si no que la financiación ilegal sea considerada en sí misma como un delito.
Respecto a los cargos públicos selectivos se propone la necesidad de incorporar a nuestra legislación penal el conocido delito de enriquecimiento ilícito o injusto, cuyo elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio desproporcionado de un político en relación con los ingresos que por obligación legal debe declarar públicamente.
Deberá entenderse que se produce ese enriquecimiento injustificado tanto por bienes o derechos como por condonación o cancelación injustificada de obligaciones.
A nadie habría de extrañar que tuvieran que estar obligados a dar cuenta de sus bienes al terminar su función y que de la eventual falta de justificación o incoherencia entre ambas declaraciones se pudieran extraer consecuencias legales, incluso de tipo penal.
Finalmente, como decía, proponemos reforzar el régimen de responsabilidad de aquellos gestores públicos que hayan causado daños patrimoniales a los bienes o al caudal público, e insisto en que esta última medida no está incluida en la enmienda de transacción porque fue una de las medidas que en el Congreso de los Diputados, aunque nosotros lo defendimos y la presentamos, no fue aprobada por el resto de partidos políticos.
En definitiva, éstas son las nuevas medidas que nosotros proponemos. Ahí está la enmienda transaccional que hemos conseguido firmar con el resto de partidos políticos que han presentado enmienda. Esta iniciativa supone un avance mayor del que ustedes imaginan, porque esta iniciativa y en concreto la moción de tres puntos no fue apoyada en absoluto por todos los grupos del Congreso de los Diputados, hubo una mayoría de grupos que apoyó esta moción y gracias a ello salieron aprobados estos tres puntos.
Pero hay partidos políticos que firman esta transaccional y que sin embargo no votaron a favor en aquel debate del pasado marzo del año 2013. Con lo cual nos parece ciertamente un paso interesante que una transaccional con este contenido pueda ser aprobado en este Parlamento Vasco y sirva también para instar al Gobierno central a que haga toda las reformas legales que sean necesarias para acabar con la vomitiva corrupción política.
Debo decir en todo caso que esta enmienda de transacción que nosotros hemos firmado, esas medidas que están ahí planteadas no son suficientes y se pueden hacer más cosas de las que ahí se planean. Se pueden hacer más cosas, pero, en todo caso estamos satisfechos porque hayamos conseguido firmar esta enmienda de transacción con el resto de grupos a los que nuevamente agradezco.
Nada más y gracias.