URIA SERRANO (EP, 2019-03-13):
Bakartxo Tejeria andrea, lehendakari, sailburu, María Jesús sailburua, egun on guztioi.
Estoy contento porque partimos de un posible consenso social importante y político que está esperando la gente, que está esperando la sociedad vasca y también de los resultados del esfuerzo que se ha hecho por parte de Elkarrekin Podemos y por parte de Bildu en la actividad de la Comisión de Trabajo y Justicia y las más de 14 comparecencias que hemos organizado.
Esfuerzo especialmente de la presidenta, de Jone, pero son gente del mundo académico, del mundo de los expertos y expertas en distintas materias, del mundo de las entidades sociales, que nos han permitido a todos y a todas los parlamentarios y parlamentarias que ahí estábamos tomar buena nota y aprender de la realidad de la gestión penitenciaria en otras partes, como en Cataluña, y de las bondades y maldades de la política penitenciaria.
Por eso no es de extrañar que algunas cuestiones que han planteado...
...y de las bondades y maldades de la política penitenciaria.
Por eso no es de extrañar que algunas cuestiones que han planteado ya la parlamentaria de Bildu y la parlamentaria Socialista, y también la parlamentaria del PP, sean comunes, quiero decir los hemos oído juntos.
Dicho esto, voy a hacer una breve exposición, nunca más de 30 minutos, en ocho breves reflexiones, que se refieren al marco jurídico, al marco político, a otro modelo de gestión en el cumplimiento de penas, a la realidad penal y penitenciaria, a las mujeres presas y, al final, unas breves reflexiones sobre los presos y presas de ETA.
El marco jurídico. Casi todas las leyes se organizan y desarrollan como pactos de convivencia para la gente, como pactos entre desiguales para convivencia entre diferentes, o sea, todas las leyes tiene una dimensión histórica y depende de los juegos de poder político y social en cada momento para que unas leyes u otras tengan trascendencia, cambien o no.
Así, la Ley Orgánica 3/1979, del 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, votada por mayoría en el Parlamento Vasco, en las Cortes Generales y en referéndum, con una participación cercana al 60 %, el 25 de octubre de 1979, votaron si el 90,27 %. Los artículos 10.14 y 12.1 recogían la transferencia de las competencias en materia de gestión de prisiones y de la organización de régimen y funcionamiento de las instituciones penitenciarias.
Hasta en ocho ocasiones se ha solicitado desde el Parlamento Vasco al Gobierno español la transferencia de dicha competencia al Gobierno Vasco, bien con carácter general, listas de prioridades de competencias pendientes o puesta en marcha de comisiones mixtas, etcétera, etcétera, bien con carácter específico, julio de 1983.
Octubre del 95, donde se redactó el informe de las 37 prioridades a transferir por unanimidad en este Parlamento. Octubre del 2001, julio del 2002, noviembre del 2003, noviembre del 2017, abril de 2018 y el pasado 22 de enero de 2019, además de los trabajos que las comisiones de justicia se han hecho sobre el tema de forma reiterada.
Dos, marco político. Es un acuerdo de la mayoría de la ciudadanía vasca hace ya 38 años y se ha planteado que se cumpla. No debería haber llegado este momento, es injustificable, es impensable, a veces es hasta molesto, y por lo tanto, nuestra posición, nuestra opinión es que es imprescindible que se cumpla la transferencia de la gestión de presiones, el Estatuto y su cumplimiento es una Ley Orgánica.
38 años sin cumplirlo y dependiendo de procesos de negociación que se den en distintas coyunturas; el PNV con el PP, el PNV con el PSOE; en distintos escenarios políticos, en relación casi siempre con ausencia de mayorías absolutas en el Gobierno español, escenarios que posibilitan otro tipo de negocios políticos.
Esta situación a lo largo de los años ha desajustado la conciencia acerca de los derechos civiles, de los derechos sociales, acerca de la necesidad de su cumplimiento.
Y la gente, a la gente le puede pasar por la cabeza que las leyes, las leyes orgánicas, las leyes importantes, insisto, los derechos sociales o los derechos civiles son motivo de componenda y de acuerdos de oportunidad, y no de obligado cumplimiento para todos y para todas.
Como parlamentarios y parlamentarias, como gentes que estamos aquí para legislar, no nos deja en un buen lugar. Así se distorsiona la conciencia jurídica del país.
La transferencia de prisiones es una ley orgánica; que se cumpla. La transferencia de prisiones no es solamente el acercamiento de los presos y presas de ETA a sus lugares de origen, no es solo que salgan los presos enfermos de ETA  - reivindicaciones legítimas, por otra parte que se tenían que haber cumplido hace tiempo - .
No agotan la transferencia de prisiones estos asuntos. Estamos hablando de un colectivo de más de 1.400 presos y presas que están en las prisiones vascas y, posiblemente, varios centenares, cerca de un millar de presos y presas vascas más que están en prisiones fuera de la Comunidad Autónoma vasca.
Estamos hablando de que la gente que está privada de libertad por haber cometido todo tipo de delitos, desde pequeños robos o hurtos a grandes delitos o asesinatos, tenga la oportunidad de gestionar su privación de libertad en Euskadi, en claves de derechos humanos. Este debate no es solamente los presos y presos de ETA ni debe de serlo.
El traspaso de la política penitenciaria va a ayudar fundamentalmente a personas presas por delitos comunes, las en torno a 1.500 personas privadas de libertad en Euskadi podrían participar de mejores programas de reinserción social o mejores recursos. Tienen privado el derecho a la libertad, no el derecho a la salud, no el derecho a la educación, no el derecho a la reinserción socio-laboral, no el derecho a rehacer sus vidas. La Constitución habla de la reinserción social como fin de la privación de la libertad. Para eso es necesaria la transferencia, para avanzar en este fin.
Los procesos de privación de libertad se deben gestionar en clave de cumplimiento de los derechos humanos para todos los presos, para todas las presas. Esa y no otra es la clave de la cuestión que estamos discutiendo, respetar los derechos humanos básicos.
Tres. Pensemos en otro modelo de gestión del cumplimiento de penas. Hace falta un proceso de planificación y gestión de los objetivos ya consensuados en el pacto del PNV y PSOE.
Ayer me preguntaba un periodista, ¿pero el Gobierno no hace las leyes o qué? No, hombre, no, le decía yo; es el Parlamento el que hace las leyes. ¿Y el Gobierno no tiene una posición sobre el tema, no tiene un modelo? Dice, seguro que en el Departamento de la consejera María Jesús San José hace tiempo que están discutiendo de un modelo. Entonces el Gobierno hace las leyes. No, no, no, hace las leyes el Parlamento. Así estuvimos cerca de cinco minutos hablando.
Veis que hay un poco de confusión sobre el tema. Nosotros queremos y nosotras queremos proponer al Gobierno Vasco que tome muy buena nota de las proposiciones que aquí vamos a consensuar para establecer el modelo penitenciario elaborado.
Tienen privado el derecho a la libertad, no el derecho a la salud, no a la educación, no a la inserción socio-laboral. Tienen derecho, pues, como decía, a rehacer sus vidas.
Necesitamos otro modelo de gestión, efectivamente, pero para otro modelo de gestión del cumplimiento de penas hace falta pedagogía social, hace falta explicar a la población de la forma más minuciosa posible las propuestas de modelo de gestión en el cumplimiento de penas que estamos discutiendo.
Puede crear controversias entre la gente establecer una prisión en espacios urbanos o un centro de inserción social, no es un tema sencillo mediáticamente este tema de la gestión de prisiones, pero realmente los presos y las presas fueron condenados a la privación de libertad, no a vivir en una situación indigna o humanamente difícil de manejar, y mucho menos a vulnerar las cuestiones básicas de la condición humana.
Desde Elkarrekin Podemos creemos que desde el punto de vista humanitario, las instituciones públicas y nuestro Gobierno tenemos una importante responsabilidad en el cuidado de estas personas, porque es un buen indicador de la calidad de la democracia social que nos hemos dotado. La transferencia de la competencia en materia humanitaria es una oportunidad de mejorar las en ocasiones precarísimas condiciones de vida de estas personas.
Por lo tanto, más que una transferencia de carácter político, para Elkarrekin Podemos es una transferencia de un fuerte contenido social. La ejecución penitenciaria, a nuestro juicio, y el de los principales colectivos sociales que atienden a las personas presas con los que estamos trabajando, deberían pivotar sobre dos bases, y ya se ha comentado: La reinserción social de las personas presas y dejar la privación de libertad en régimen cerrado de cumplimiento de penas como último recurso.
Sin duda, es una oportunidad la transferencia de la gestión penitenciaria para que las instituciones vascas den valor añadido a nuestra capacidad de gestión eficaz, a nuestra capacidad de gestión humanitaria y sobre la base de los derechos civiles. Hablamos de intentar captar los enfoques más avanzados de las sociedades democráticas más avanzadas en Europa, desde un enfoque ético, para que la sociedad vasca se fije en que son posibles gestiones de carácter humanitaria basadas en los derechos civiles de las personas presas.
El problema no es el PP. Les guste o no, es conocido que el PP suele llegar tarde casi siempre al desarrollo de los derechos civiles, no es el PP el problema. El asunto es que tampoco es asunto de oportunidad política, ahora es oportuno o ahora no es oportuno la transferencia de prisiones.
Es simplemente necesario para organizar adecuadamente los procesos de convivencia y de paz de la sociedad vasca, para ser atrevidos y atrevidas, para diseñar políticas basadas en derechos que tengan que ver con la mejora de la condición humana.
Hoy es imperativo recuperar el valor social y político del Estatuto de Gernika, además de nuestro autogobierno, de recuperar su valor entre la ciudadanía vasca. Y para ello mejor diría casi el mismo camino sería explicar que ese autogobierno debe necesariamente ser la base para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, para blindar sus derechos sociales. Una verdadera carta magna vasca de derechos sociales. Este es el futuro de la actualización de lo que tenemos entre manos, difícil de gestionar.
Cuatro, realidad penal y penitenciaria. Son varios los elementos que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos acerca de la cultura de los derechos sociales de los presos y de las presas. Se ha comentado ya, la dignidad, el derecho a la ciudadanía, la legalidad, la participación social, la calidad de los servicios públicos, la integración de las prisiones en las políticas sociales del país, la perspectiva de la víctima, los derechos laborales, los contratos de trabajo, etcétera, etcétera.
Y sin embargo, hoy en nuestras prisiones nos encontramos con que la seguridad es la única preocupación del sistema o la más importante. Esta es la situación. Y no se trata de negar su importancia, sino de buscar que la seguridad no sea incompatible con garantizar los derechos de las personas presas, con garantizar los itinerarios de reinserción social.
Cerca de 700 presos y presas cumplen sus sentencias en la cárcel de Zaballa. Cuando fuimos a hacer una visita el otro día, 698 exactamente. Con una capacidad de 1.200 internos, aproximadamente otros 500 en las antiguas cárceles de Martutene en Gipuzkoa y Basauri en Bizkaia.
Llamamos la atención acerca de la variabilidad de estas cifras, porque según nos decía la jueza de vigilancia penitenciaria en comisión, hasta 540 presos puede haber nuevos en un año, por el importante movimiento de presos y presas a distintas cárceles.
Otros 1.000 presos y presas, aproximadamente, no llega, se estima que estén cumpliendo penas entre las distintas prisiones del resto del Estado, entre las que se encuentra los aproximadamente 270 presos y presas de ETA, incluyendo las cárceles en Francia.
Recogiendo las aportaciones de las entidades de iniciativa social que trabajan en la reinserción de las personas en prisión, la transferencia de prisiones nos daría la posibilidad de desarrollar en Euskadi una política coherente e integral en materia penitenciaria, y nos permitiría intervenir en cuanto a las clasificaciones de presos y presas, destinos y régimen interno de las prisiones.
Potenciando la labor que se viene desarrollando por parte de las autoridades vascas en dos ámbitos fundamentales, en los que sí tenemos las transferencias ya hechas: La salud penitenciaria, como ya se ha comentado y, por otro lado, los itinerarios de inserción socio-laboral.
En este sentido, hemos de recordad la necesidad de que la cartera de servicios sociales contenga en sus tipologías de centros y plazas las suficientes para atender las necesidades de acompañamiento, no solo postpenitenciario, sino también penitenciario. Esto es, tanto durante el cumplimiento de la condena, como de cara al disfrute de premisos que posibilitan el avance en la clasificación penitenciaria y, en consecuencia, acceso a diversas modalidades de régimen abierto.
Es interesante, en este sentido, atender a la sociedad civil, que por medio de las entidades especializadas trabaja en este ámbito, demandan un cambio de modelo.
Asumir que en la Comunidad Autónoma del País Vasco basta con la prisión cerrada o el cumplimiento de penas de Zaballa; que en Bizkaia y en Gipuzkoa son necesarios sendos centros de inserción social, para atender a las personas privadas de libertad que vayan progresando en sus itinerarios de inserción socio-laboral; para internos e internas de residencia de Álava, posiblemente con un centro de reinserción social sería suficiente, más los pisos de acogida ubicados en Vitoria-Gasteiz.
Hablando de un modelo penitenciario propio, consideramos importante pararnos en la labor desarrollada por el Servicio Vasco de Gestión de Penas, del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, una labor que en la que nuestro Gobierno ya tiene plena competencia.
No solo nos referimos a sus intervenciones directas, sino también y muy especialmente a las sinergias que genera con la red de entidades de iniciativa social que trabajan en el sector.
De lo adecuado hasta la fecha, se desprende la necesidad de recomendar dos líneas de actuación al respecto: En primer lugar, sabemos que se han superado con creces más de 3.000 casos que inicialmente estaba previsto fueron atendidos actualmente por dicho Servicio de Gestión de Penas y la previsión es que vayan en aumento; sino se produce un refuerzo correlativo en sus medios, existe un riesgo real de deterioro de la calidad del servicio ofrecido, lo que incidía negativamente en el logro de una parte importante de los objetivos estratégicos que ya se anunciaron en el 2014, y contemplados en el actual Pacto de Gobierno, referente al tema de la justicia restaurativa y de reinserción.
Y en segundo lugar, las entidades de iniciativa social, a las que creemos, obviamente, hay que hablar con ellas, hay que invitarlas a los procesos de gestión y planificación del modelo.
Son un factor fundamental a nuestro juicio, sobre el que descansan las posibilidades de que la persona en prisión reciba un apoyo efectivo en su proceso de inserción socio-laboral...
...son un factor fundamental, a nuestro juicio, sobre el que descansan las posibilidades de que la persona en prisión reciba un apoyo efectivo en su proceso de si inserción socio-laboral.
Es de valorar positivamente, por tanto, que hayan comenzado a actuar coordinadamente como ESEN-Espetxe Sarea Euskal-Nafarroa, que son aproximadamente unas 20 entidades sociales de apoyo a presos y presas, donde está la Cruz Roja, Cáritas, Sare, Bidezari, etcétera, etcétera, Gizakia Fundazioak eta besteak...
Esperamos que ello contribuya al conocimiento de su labor por parte de los poderes públicos vascas, así como a consolidar la realidad penitenciaria como parte de la agenda en las políticas sociales.
Cinco. El objeto de las penas. En un debate sobre política penitenciara no podemos dejar de lado la cuestión de las penas de prisión. Si la propia Constitución afirma en su artículo 25.2, que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y la reinserción, no se elige, en consecuencia cuando las penas en el Estado español son mucho más largas que en tiempos predemocráticos y que en los países de nuestro entorno.
No siendo el territorio español un país inseguro, la tasa de criminalidad es 43,2 delitos por 1.000 habitantes, se cometen pocos delitos y muy pocos son violentos, digan lo que digan los medios de información. En el 2018, la tasa de criminalidad en el Estado fue 44,1 por 1.000 habitantes y en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 38,3 delitos por 1.000 habitantes.
Nuestra tasa de encarcelamiento es la tercera más alta de Europa. La duración de las penas más del doble de la media europea, y contamos con una política penitenciaria de unas 60.000 personas, cuando lo que correspondería a su tasa de criminalidad sería la mitad.
Un 60 % de las personas encarceladas en nuestro país no presentan delitos que generan una gran alarma social, siendo estos de tipo patrimonial y de mediana gravedad, hurtos, robos y tráfico de drogas, en los cuales hay una base donde las condiciones socioeconómicas, la pobreza, inducen al delito, cometido muchos de ellos además, por personas que presentan problemas de adicciones previamente.
Una política criminal coherente debería dirigir sus esfuerzos hacia el objetivo de reducir el número de personas encarceladas sin que aumente la criminalidad, y esto es apostando por otros mecanismos alternativos a la prisión  - se han comentado ya -  como son la mediación, el tratamiento terapéutico, los trabajos en beneficio de la comunidad, el régimen abierto o la libertad condicional. Estas medidas permitirían reducir la reincidencia, algo de lo que se beneficiarían tanto las víctimas como la sociedad en su conjunto.
Seis. La salud mental y las drogodependencias y otras adicciones. Las personas que sufren enfermedades mentales no deben estar en la cárcel porque no es el lugar idóneo para su total curación, evolución y desarrollo, manifestado en el XXVII Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría legal celebrado en Bilbao recientemente.
Más del 40 % de las personas que cumplen penas privativas de libertad en la cárcel de Zaballa presentan trastornos mentales, con un seguimiento frágil por el sistema público de salud. Trastornos de personas duales, trastorno de personalidad duales, dependencias, psicosis, la mayoría de los trastornos mentales denominados graves. Una unidad de salud mental de Osakidetza atiende a este colectivo.
La droga entra y circula libremente entre los reclusos de cualquier cárcel del país incluyendo la de Zaballa, generando, en ocasiones, nuevos drogodependientes de los que antes no lo eran. Parece necesario, por tanto, primero, mejorar la calidad y los recursos disponibles para la atención a estas personas. Segundo; desarrollar el tratamiento en el ámbito comunitario. Tercero; que se tengan en cuenta las necesidades del paciente y de sus familiares, de forma singularizada. Cuarto; organizar adecuadamente las intervenciones coordinadas e integrales por parte de los sistemas judicial, penitenciario, sanitario y social. Y quinto; que los planes de abordaje terapéutico se enfrenten a la discriminación y al estigma de la enfermedad mental y de la privación de la libertad.
El filosofo francés Michel Foucault, comenta acerca de la prisión y su papel social. "Las prisiones no disminuyen la tasa de criminalidad, la detención provoca reincidencia e incluso fabrica delincuentes, los ex presos y ex presas van a tener mucha dificultad para que la sociedad les acepte, la presión hacer caer en la miseria a la familia del detenido".
Ahora bien, a pesar de estas críticas la prisión se ha seguido defendiendo como el mejor instrumento, el menos malo de pena siempre, de cumplimiento de pena, siempre que se mantengan ciertos principios. Ya prácticamente desde el siglo XVIII.
"Principio de la corrección: La detección penal debe tener como función esencial, la transformación del comportamiento del individuo.
"Principio de clasificación: Las personas detenidas deben estar repartidas según criterios de edad, disponibilidad, procedimientos terapéuticos y o pedagógicos que va a utilizar con ellos y las fases de su evolución.
"Principio de modulación de penas: El desarrollo de las penas debe poder modificarse de acuerdo con la individualidad de la persona detenida.
"Principio de trabajo como obligación y como derecho: El trabajo debe ser uno de los elementos esenciales de la transformación y de la socialización de la persona detenida.
"Principio de educación penitenciaria: La educación, el proceso educativo de la persona detenida, es una precaución en interés de la sociedad, a la vez que una obligación frente a la persona.
"Principio de control técnico de la detención: El régimen de la prisión debe ser controlado por un personal especializado que posea la capacidad ética y moral y técnica para velar por la buena formación de los individuos.
"Principio de las instituciones ajenas: La prisión debe ir seguida de medidas de control y asistencia hasta la readaptación definitiva del antiguo detenido".
La realidad actual de nuestras prisiones es la suma de los viejos problemas y de los más reincidentes, aparición de nuevas drogas con efectos muy patológicos. Una crisis económica crónica que desplaza hacia la marginación a amplias capas sociales. Los aumentos de desigualdades sociales, los desajustes administrativos en el llamado sistema sociosanitario que pueden alterar, de hecho, la cohesión social, o la incomprensión y dificultad en el abordaje de los trastornos de personalidad.
En este contexto es necesario reflexionar sobre las alternativas de los procesos terapéuticos a estos pacientes. El proceso de desinstitucionalización que se ensayó hace años fue positivo y ha sido un fallo en las alternativas comunitarias y de estructuras intermedias lo que ha causado importantes disfunciones y desatención en estos momentos.
Lo que sumado a una política basada en el endurecimiento del Código Penal y en la insuficiencia de alternativas a las penas privativas de libertad, llena las prisiones mayoritariamente de personas con diversas adicciones y otras patologías mentales.
Siete. Las mujeres presas. La tasa de mujeres presas en la Comunidad Autónoma del País Vasco es cerca del 10 %, 8 % en el Estado español, 5 % es la media europea. Es decir, en Euskadi doblamos la media europea de mujeres reclusas.
Muchas de ellas cargan con un historial de abusos psicológicos, físicos y sexuales. Las mujeres que cumplen condenas sufren además problemáticas añadidas a su condición de estar en prisión. Puesto que sus hogares suelen presentar una mayor desestructuración y proceden de ámbitos de mayor pobreza y exclusión social, dándose entre ellas mayores tasas de analfabetismo.
Más de la mitad de las mujeres actualmente en prisión han consumido drogas. Los delitos previos de machismo son habituales y el 80 % aproximadamente tienen hijos e hijas. Las mujeres encarceladas en Euskadi lo son por delitos contra la salud pública, drogas y contra la propiedad, pequeños delitos.
Las que son madres en prisión con hijos e hijas mayores de tres años, son separadas de ellos o trasladadas a prisiones con unidades para madres. Los espacios son inadecuados. Sería necesario y conveniente crear unidades aquí en Euskadi para que esto no se produzca. Equipamientos comunitarios y otro tipo de pisos protegidos y dependientes de la gestión penitenciaria en régimen abierto.
No son suficientes los centros de inserción social que tenemos. No hay habitualmente recursos específicos para madres que están en prisión.
Con carácter general ante la falta de una perspectiva de género en las políticas penitenciarias, es necesario y conveniente elaborar o fortalecer los protocolos para funcionarios y funcionarias en relación con el trato no machista en su relación con las mujeres privadas de libertad.
En el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a las condiciones de reducción de penas y al proceso de relación entre madres e hijos antes y después de los tres años de edad, es fundamental respetar la cadena de afectos, y por eso una formación especializada y unidades específicas son esenciales.
Acerca de los presos y presas de ETA. No podemos terminar nuestra intervención, sin referirnos al colectivo de personas privadas de libertad por delitos de terrorismo.
No es el colectivo más numeroso de los que pueblan nuestras cárceles, pero sin duda su situación genera una evidente preocupación social y política a la que nuestro grupo nunca ha sido ajeno.
Tanto el Ararteko como múltiples agentes sociales y políticos han venido manifestando su criterio favorable a un cambio en el tratamiento penal y penitenciario de los delitos de terrorismo, en los mismos términos de defensa de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad a las que nos hemos referido en nuestra intervención.
Teniendo en cuenta que el año no ha registrado avances significativos al respecto, debemos reiterar la demanda de que todas las personas presas cumplan su condena en cárceles próximas a sus lugares de origen para satisfacer un triple objetivo: Favorecer su reinserción social tal como exige el ordenamiento jurídico...