ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAKO SAILBURUAK (Aburto Rique) (EAJ, 2014-06-13):
Bai mahaiburu andrea, lehendakari, sailburuok, legebiltzarkideok, egun on guztioi.
El acuerdo del Parlamento, efectivamente, instaba al Gobierno Vasco a impulsar diferentes medidas en la gestión de Alokabide, en relación al sistema de fijación de la renta, el mismo límite de la renta, el plazo de revisión de la misma, el acceso a la prestación complementaria de vivienda, el pago del IBI y la gestión de los gastos de comunidad.
Le agradezco señor Maneiro, que en la justificación de la interpelación haya recordado que efectivamente varias de las medias propuestas por la Comisión de Empleo y Políticas Sociales habían sido ya puestas en marcha por el Gobierno Vasco, antes incluso de la aprobación de la proposición no de ley de 7 de abril de 2014.
Y se lo agradezco, porque demuestra que este Gobierno actúa con toda la celeridad de que es capaz, sobre todo cuando se trata de ayudar a personas que están atravesando dificultades económicas y son vulnerables.
En concreto, antes de la aprobación de la proposición, el Gobierno Vasco ya había puesto en marcha las medidas que dan cumplimiento a los apartados segundo, tercero y quinto de la misma.
En primer lugar, se adoptó la instrucción 2/2013 de 12 de diciembre de 2013, por parte de la viceconsejera de Vivienda, sobre la aplicación de medidas excepcionales en el cálculo de las rentas del parque de vivienda gestionado por Alokabide para aquellos arrendatarios que se encontraran en circunstancias económicas criticas, por causas siempre sobrevenidas.
El objeto de esta instrucción es reducir la renta a aquellas personas cuyos ingresos se hayan disminuido de manera significativa y permanente.
Como medida excepcional, no se tendrán en cuenta los ingresos del ejercicio fiscal cerrado, sino que se establecerá la renta en base a los ingreso actuales que acrediten las personas arrendatarias.
Desde la fecha de aprobación de la referida instrucción en diciembre de 2013, hasta el 10 de junio de 2014, se han tramitado un total de 453 solicitudes de rentas especiales, de las cuales se han estimado el 60 %.
Y por territorios, el 49,29 % en Araba, el 89,53 en Bizkaia y el 88,88 en Gipuzkoa.
Siendo el dato de estimaciones en Araba el más bajo de los tres territorios históricos, le voy a desglosar los motivos de denegación de las 168 solicitudes.
86, porque la renta no superaba el 30 % de los ingresos. 34, porque la disminución de los ingresos obedecía a la obligación de reintegrar por incumplimiento de requisitos, ayudas o subvenciones. 32, porque no habían pasado seis meses desde que se suscribió el contrato. 5, por negativa a suscribir un acuerdo de pago relativo a la deuda anterior. 4, por constatación de otros incumplimientos contractuales. 3, por tratarse de contratos ya resueltos y 2 por inexactitud, falsedad u omisión de los datos.
En conclusión, estamos hablando de 272 unidades convivenciales, que tras la aprobación de la instrucción de las rentas especiales pueden afrontar el pago.
En segundo lugar, la instrucción 1/2014 de 24 de enero, de la misma viceconsejera de Vivienda sobre rentas de alquiler en el parque de vivienda del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Mediante la aplicación de esta instrucción, ninguna renta inicial de las viviendas del parque público de viviendas sobrepasa el 30 % de los ingresos anuales de la unidad convivencial.
Dicha medida se aplica con carácter universal en aquellos supuestos en los que se constata que la renta calculada conforme a la orden de precios de 2010 sobrepase el citado 30 %, ésta se reduce hasta alcanzar ese porcentaje.
En este punto debemos destacar en cifras absolutas que la renta media de alquiler de viviendas libres en el primer trimestre del 2014 se sitúa en los 821,7 euros, mientras que las de viviendas protegidas, en 330,20 euros, siendo la de vivienda social 174,4 euros.
Los precios suponen una caída del 1,8% de los precios respecto del primer trimestre de 2013.
En tercer lugar, y siguiendo con las medidas adoptadas por el Gobierno Vasco, el Consejo de Administración de Alokabide acordó el pasado 31 de marzo de 2014, con efecto retroactivo en este caso a enero de 2014, abonar el IBI de las viviendas de su propiedad, por lo que ninguna persona inquilina del parque público de viviendas del Gobierno Vasco abonará el referido impuesto que se imputará a los propietarios de las viviendas.
Esta medida supone que Alokabide deberá hacer frente este ejercicio de 2014 –y también en posteriores ejercicios– a un gasto superior a los 500.000 euros, lo que supone un nuevo esfuerzo en el ya ajustado presupuesto de la sociedad pública, pero que desde el Gobierno Vasco hemos adoptado al entender que los inquilinos del parque público no deben hacer frente a este impuesto.
En resumen, antes de la aprobación de la proposición no de ley del 7 de abril, el Gobierno Vasco ya había puesto en marcha con la celeridad que requiere la situación económica y social de muchas familias, las medidas a nuestro juicio más importantes, urgentes y de incidencia real en las personas inquilinas.
Con respecto al resto de las propuestas, la valoración del precio de la vivienda, el acceso a la prestación complementaria de vivienda y la relativa a los gastos comunitarios, en estos momentos, en la actualidad, están en fase de estudio en el ámbito de la puesta en práctica del Plan Director de Vivienda o incluso, como en el caso de la prestación complementaria de vivienda, en el proceso de debate sobre la futura Ley de Vivienda. Debate que está residido en este Departamento y del que surgirá ese nuevo modelo que todos esperamos.
En todo caso, con respecto a la prestación complementaria de vivienda y a los adjudicatarios de viviendas sociales en régimen de alquiler social, debiéramos tener en cuenta que hay que hacer una seria reflexión porque en el caso de lo establecido en la proposición no de ley, estaríamos concediendo una doble ayuda a determinadas familias y seguramente dejando sin ayuda a otras familias. Es una reflexión de carácter económico y también de carácter social la que debemos llevar a cabo.
Por ello le reitero, señor Maneiro, nuestro compromiso para poner en marcha todas aquellas medidas que permitan mejorar en la medida de lo posible la situación de las personas inquilinas del parque público de vivienda, es decir, la situación de más de 6.000 familias.
Y es en este momento donde quiero ante una información aparecida en los medios de comunicación del día de hoy con respecto a una posible denuncia por prevaricación a la viceconsejera de Vivienda, precisamente por incumplimiento de la proposición no de ley. Aparte de que una proposición no de ley, el reproche que requiere en todo caso es un reproche político y no de carácter nunca jurídico, el recorrido de esa denuncia será el que tenga que ser. Pero quisiera en esta Cámara, en sede parlamentaria y en el entorno de este debate, mostrar mi solidaridad absoluta con Covadonga Solaguren de la que no tengo duda de su profesionalidad, de su honestidad y de su compromiso político.
Nada más, muchas gracias.