LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (San José López) (EAJ, 2018-04-27):
Eskerrik asko, presidente andrea, jaun-andreok, eguerdi on guztioi.
Señora Goirizelaia, voy a ser rotunda en la respuesta a su interpelación.
Mis intenciones para cumplir con las funciones que corresponden al Departamento de Trabajo y Justicia son absolutas.
Además, creo que lo estamos demostrando en el día a día y le voy a decir más, no se trata de intenciones, sino de hechos y espero que a la luz de los argumentos que le voy a dar así lo entienda usted también.
Respecto al funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer, tengo que decirle, como más adelante le repetiré, que es una de las cuestiones que más dedicación para el Departamento en cuanto al cumplimiento de sus competencias que, como usted sabe, son proveer de medios materiales y personales a la Administración de Justicia.
Somos perfectamente conscientes de los problemas que se suscitan en este ámbito, uno de las que más resultan es la adecuación de los edificios de los palacios de justicias para que se preserve la seguridad de las víctimas y la conveniente separación entre víctimas y victimarios, así como a la atención integral a las víctimas.
Al respecto puede decirle que se han revisado todos y cada uno de los palacios de justicia de los 14 partidos judiciales de nuestra Comunidad Autónoma, para analizar las dependencias de todos los juzgado, en orden a proceder a la adopción de medidas para garantizar, dentro de lo posible, esa separación de las partes y la protección de las víctimas y trabajadores del juzgado.
Y fruto de esa revisión se están estudiando diversas actuaciones que fundamentalmente tienen que ver con las posibles utilizaciones de las salas multiusos, de las unidades procesales de apoyo directo a jueces y magistrados, reestructuración de salas de espera y de testigos y transformación de algunas posibles dependencias en zonas restringidas de las propias unidades de apoyo directo y otras.
He de decirle, asimismo, que estamos requiriendo los apoyos de los operadores jurídicos, residentes, presidentas de la Audiencia, jueces, juezas decano, jueza de violencia, letradas directores o, en su caso, coordinadoras, responsables de seguridad y personal para posibilitar los programas funcionales requeridos.
Como consecuencia de ese análisis y también de la colaboración, como no puede ser de otra manera, de los operadores jurídicos, se han realizado las obras del nuevo palacio, en el Palacio de Justicia de Vitoria del juzgado de violencia, que están pendientes de la inauguración.
No tengo tiempo suficiente para relatarle exhaustivamente el contenido de las obras, pero estoy a su disposición para ampliarla cuando usted quiera.
Esta labor, queremos extenderla al resto de los edificios judiciales y se ha constituido un grupo de trabajo de edificios judiciales formado por magistrados, magistradas, vocales designados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y representantes de la Viceconsejería de Justicia.
Entre todos están valorando elaborar un plan general sobre adecuación de edificios, de los espacios de todos los edificios judiciales en el que la prioridad son las dependencias destinadas a la acogida de las personas que acudan en calidad de perjudicadas víctimas, con especial atención a las de violencia de género.
Por supuesto que en este trabajo nos encontramos con dificultades derivadas de la falta de espacio y de otras que estamos tratando de superar, con el afán de atender no solamente las necesidades físicas, sino también las personales.
El Servicio de Atención a la Víctima está ofreciendo un servicio de acompañamiento terapéutico, psicosocial de apoyo a la persona víctima en su contacto con las instancias judiciales, que se realiza en el periodo anterior al proceso.
En la fase preparatoria y en el acompañamiento en las diligencias judiciales y en el juicio, pretendemos con ello cumplir con el compromiso de que la víctima se encuentre acompañada en todo momento.
Por aportarle un dato, el número de atenciones de este tipo realizadas durante el año 2017 han sido 300 entre los diferentes tipos de acompañamiento.
Insisto, señora Goirizelaia, el objetivo es la instauración de un nuevo servicio de acompañamiento integral a mujeres víctimas de violencia de género.
En relación a los puntos de encuentro familiar por derivación judicial, tengo que puntualizarle también que desde el inicio de la actual legislatura del Departamento de Trabajo y Justicia, constatamos y dejamos clara la necesidad de descentralizar y ampliar la red de puntos de encuentros familiar y dotar de todos los medios humanos y técnicos y materiales necesarios para su funcionamiento, como puntualmente puse en conocimiento de este Parlamento.
En las primeras semanas de 2017 se iniciaron contactos con representantes municipales de la mancomunidad de Durangaldea Lea-Artibai, de Busturialdea y de Tolosa, a los que quiero agradecer su colaboración.
Hoy todos ellos son ya una realidad. En el mes de enero de 2018 se inauguraron los nuevos locales de Bilbao que han mejorado sustancialmente el servicio y que tuvieron la oportunidad visitar.
El pasado 20 de abril se inauguró el punto de encuentro familiar de Durango que dará servicio a partir de mayo a la Mancomunidad Durangaldea Lea-Artibai, y por otro lado están ya en distintas fases administrativas el de Tolosa y el que dará servicio a la Mancomunidad de Busturialdea en los próximos meses.
Con el ánimo de mejorar también el funcionamiento de este servicio en el año 2017, se unificaron mediante la circular 1/2017 de la dirección de justicia, las normas de funcionamiento de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial en sus apartados de horarios, personas usuarias, normas de convivencia y cuidados de los menores, modificaciones de convenios, o cumplimiento en caso de existencia de órdenes de protección, alejamiento y comunicaciones, así como anulación o suspensión de las visitas.
Para concluir este apartado voy a adelantarles que en breve que estará concluido el informe evaluativo del servicio correspondiente al año 2017 y espero que los datos que reflejen ofrezcan un idea bien precisa del valor de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial.
Paso ahora a relatar la situación de otro de los temas que nos ha ocupado desde el primer momento, tanto a mí como a las personas responsable directas del área de justicia, como es la elaboración y publicación del Decreto de Justicia Gratuita.
En primer quiero expresarle una cuestión de principios, y es que el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita es para nosotros un servicio público esencial, que garantizamos con más de 15 millones de euros para que las personas en situación de vulnerabilidad accedan gratuitamente a la Administración de Justicia.
Como sabe ese nuevo decreto se encuentra en la fase final de su tramitación y es el desarrollo de un texto que tiene su inicio en el año 2014, a raíz de una propuesta del Consejo Vasco de la Abogacía.
Durante los años 2015-2016 se trabaja en un texto consensuado con los colegios profesiones, que convendrá conmigo, constituye la base de un sistema que permite el acceso a la justicia a toda la ciudadanía con independencia de que pueda pagarla o no.
Este decreto incorpora los cambios legislativos operados en las recientes reformas estatales tanto en materia de enjuiciamiento civil como en el régimen de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y corrige las disfuncionalidades practicas detectadas simplificando y minorando la carga de la gestión, tanto para la ciudadanía como para los colegios de abogados y procuradores y para las comisiones de asistencia jurídica gratuita a quienes corresponde la gestión administrativa de los procedimientos.
El decreto persigue la máxima agilidad y eficacia en la gestión del sistema de justicia gratuita.
A partir de la constitución del acuerdo se inició la tramitación que tiene los siguientes pasos fundamentales:
Septiembre de 2016, firma por parte del consejero de Administración Pública y Justicia, de la orden con la nueva estructuración del Gobierno Vasco correspondía al Departamento de Trabajo y Justicia continua su tramitación, requiriendo los diferentes informes preceptivos como el impacto de género o la memoria económica.
A finales de junio de 2017 firmé la orden de aprobación previa y a partir de ese momento se han solicitados los distintos informes al Consejo General del Poder Judicial, Consejo Vasco de la Abogacía, el Consejo de Procuradores del País Vasco y a los colegios oficiales de graduados sociales.
Dichos informes se recibieron en septiembre de 2017, han sido revisados y se han solicitado los informes preceptivos a la (...), Emakunde y normalización lingüística, y posteriormente se solicitó el informe a la oficina de control económico que está a punto de recibirse, con lo que quedaría el de la Comisión Jurídica Asesora.
Señoría, comprendo que pueda resultar un procedimiento extremadamente dilatado, pero si queremos dotar de garantías jurídicas a los procedimientos que iniciamos, debemos cumplir rigurosamente con lo establecido en la leyes.
De todas formas puedo anunciarle señora Goirizelaia que contamos con que en los primeros días del próximo mes de julio, el esperado decreto esté publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
Con respecto a las cuestiones que ha planteado, trasferencias penitenciarias, euskera, todas estas cuestiones desde luego están en nuestro trabajo diario y en nuestra atención diaria.
Nosotros no hacemos dejación de nuestras funciones, sino que precisamente las atendemos, bueno pues hay veces que determinadas cuestiones requieren de decisiones que no son unilaterales sino que abarcan a un escenario mucho más amplio.
Y desde luego pues intentamos coordinar y desde luego llegar a un consenso con todos los que tienen que tomar decisiones en cuestiones que nos afectan o en cuestiones que bueno, entran dentro de nuestras funciones y nuestras competencias.