LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-10-10):
Gracias señora presidenta, buenos días, casi ya buenas tardes a todos.
Señor Maneiro, usted ha dado en una de las claves de la iniciativa, porque nos encontramos hoy aquí debatiendo sobre una propuesta que es, una vez más, muestra de esa política preventiva, de instrumentalización ideológica y proclive a los eufemismos tan propia de los socialistas.
Preventiva porque, como usted decía, estamos debatiendo sobre un proyecto que todavía no existe, estamos poniendo puntualizaciones a una iniciativa legislativa que todavía no está en trámite. Pero como he dicho alguna vez en esta Cámara, su obsesión y parece que también ahora la de UPyD, la obsesión de los socialistas por hacer oposición les lleva a oponerse a todo. A todo, a los anuncios, a las noticias que salen en los periódicos, incluso.
Es una iniciativa de instrumentalización ideológica, porque mezcla interesadamente aborto –y usted también lo ha dicho– con la aconfesionalidad del Estado. Y el eufemismo radica en la utilización de esa expresión, que últimamente se usa en muchos aspectos que es el derecho a decidir, en este caso sobre la maternidad, la salud o la autonomía reproductiva.
El derecho a decidir, que parece haberse convertido en un mantra que se utiliza para todo. Pero de lo que estamos hablando y es de lo que el Partido Popular va hablar es si de aborto sí, aborto no y aborto en cualquier circunstancia.
No se preocupe, en este grupo no nos vamos a quedar en el matiz, como decía fundamental, por otra parte, de estar aquí planteando peros a una iniciativa que ni siquiera ha tenido entrada en el Congreso de los Diputados. Y vamos a entrar en el fondo de la proposición, pero vamos a entrar desde la realidad, dejando al margen las caricaturas que de esa realidad alguna de las intervenciones de compañeras suyas, señora Sánchez, han hecho y que usted reitera en la iniciativa.
El Gobierno del Partido Popular es cierto que ha anunciado que va a modificar la Ley del 2010. Pero no lo hace por un mandato de la Conferencia Episcopal, no lo hace porque se lo manden los obispos, lo hace por un mandato de los casi 11 millones de españoles que votaron el programa del Partido Popular en cuya página 108 venía claramente que se iba a reformar la Ley del Aborto.
Mandato que, además, compartimos fundamentándonos en dos criterios, ninguno relacionado con la moral, religiosa, cristiana llámela como quiera. La doctrina del Tribunal Constitucional reiterada en tres ocasiones, hasta en tres ocasiones la defensa de los derechos tanto de la mujer como del concebido.
Cuando el Gobierno del señor Zapatero, sin haberlo incluido en su programa electoral, sin formar parte de los compromisos adquiridos en su debate de investidura, pasado ampliamente el ecuador de la segunda Legislatura emprende de la reforma legislativa del aborto rompiendo los consensos anteriores, lo quiso justificar en una supuesta demanda social, demanda que no era tal y que esa demanda no existía fue reconocida incluso por el propio Gobierno.
En una encuesta del CIS de diciembre de 2008, el aborto ocupaba el número 27 de los 32 problemas citados por los ciudadanos y en ese mismo año 2008, Sigma Dos realizó una encuesta en la que prácticamente el 60 % de los ciudadanos españoles se mostraban conforme con la regulación del aborto en aquel momento, cifra constante cualquiera que fuera la horquilla de edad o su recuerdo de votos. Y estas cifras eran similares entre los votantes del Partido Socialista e Izquierda Unida.
Pero es que es más, señora Sánchez, en una encuesta realizada por Demoscopia, en el año 2012 el 31 % de los votantes de su partido, del Partido Socialista, siguen mostrándose partidarios de volver a la Ley de supuestos, supongo que será esa cuota de retrógrados que tienen ustedes en el partido.
Pero ustedes, por lo visto, la legitimidad se les presupone, porque a pesar de no llevarlo en el programa electoral, de no existir ni demanda ni consenso social para reforma de esta ley, a pesar de contar con un informe contrario del Consejo Fiscal, de no contar con un informe del Consejo General del Poder Judicial y de no ser refrendado por el Consejo de Estado, no, porque pusieron reparos a la mayor parte de los artículos de la Ley, reparos que, por cierto, no fueron atendidos. Se reformó la Ley y se reformó contraviniendo la doctrina del Tribunal Constitucional.
Y ahora pretenden negar legitimidad al Gobierno del Partido Popular para reformarla, como, cuando le digo, 11 millones de españoles votaron un programa electoral en el que nosotros sí, claramente, llevábamos la reforma de esta Ley.
¿Qué sucede, señora Sánchez? ¿Sólo la izquierda en este país está legitimada para reformar las leyes, para decir qué es una reforma y qué es una contrarreforma? ¿Creen ustedes que son portadores de una superioridad intelectual y moral superior al resto?
Con la Ley del 2010 los abortos, lejos de disminuir, han aumentado, señora Sánchez. En el año 2011 el número de abortos ha sido de 118.359 y además hay que tener en cuenta que en los abortos de este año el 36 %, uno de cada tres, venía procedido de abortos anteriores, cifra que alcanza el 41 % en menores de 25 años.
Y que el aborto es algo malo es reconocido por todos. En los debates que se hicieron de la reforma de la Ley, todos, los que estaban a favor y los que no estaban a favor, reconocían que el aborto no era malo.
No se puede presentar el aborto como una solución cuando lo que constituye es un fracaso político y social, señorías, un fracaso de las políticas de prevención de embarazos no deseados, de las políticas de igualdad, de las de luchas contra la violencia de género y de las de apoyo a la maternidad.
El aborto no puede ser utilizado como un método anticonceptivo, como un método de planificación familiar y sobre esto sí hay reconocimientos en documentos internacionales.
Y también se presenta el aborto como un derecho. Sí quisiera preguntarle, señor Maneiro, si usted también lo considera así, como ese derecho a decidir.
Y ese pretendido derecho al aborto no existe en ninguna legislación y normativa internacional. En ningún texto internacional se reconoce ese derecho al aborto. Lo que sí recogen los instrumentos internacionales es que el aborto es un recurso último, un recurso a evitar.
Y hay que poner de manifiesto que, dados los efectos negativos físicos y psíquicos para la mujer, el aborto es difícilmente concebible como un derecho.
Existe un síndrome postaborto, que no lo dice la iglesia ni los obispos, que lo vienen reconociendo desde instancias médicas. Un síndrome que puede durar de cinco a seis años y que puede prolongarse toda la vida si no se realiza terapia adecuada. Por ello, el consentimiento debe ser un consentimiento informado, un consentimiento real y efectivo.
Y he hablado de los derechos de las mujeres, que deben de contar con una información necesaria, que deben, para que puedan decidir si quieren abortar o no, pero también voy a hablar de esos derechos que a ustedes se les olvida porque parecen concebir al no nacido como si fuera una parte del cuerpo de la madre.
Y usted ha dicho aquí, y lo dice en su iniciativa, que el nasciturus es un bien protegido por la legislación actual.
Mire, señora Sánchez, una está acostumbrada a las visiones distorsionadas de la realidad de los socialistas, pero decir que la actual Ley protege al no nacido va más allá de una visión distorsionada. Es simplemente una falsedad.
En las primeras 14 semanas el feto está absolutamente desprotegido en la regulación actual, contraviniendo lo proclamado, lo dispuesto en el artículo 15 de nuestra Carta Magna, refrendado por el Tribunal Constitucional –como le he dicho antes– hasta en tres ocasiones, que señala que la vida del nasciturus es un bien jurídico merecedor de tutela en nuestro ordenamiento jurídico.
Puso de manifiesto el Tribunal Constitucional que el Estado tiene el deber de proteger la vida del feto, que tiene la obligación, con carácter general, de abstenerse a interrumpir el proceso de gestación y estoy leyendo, estoy leyendo lo que dice taxativamente el Tribunal Constitucional.
Por ello, una Ley de plazos implica una situación de desprotección absoluta que es incompatible con la Constitución. Y se lo he señalado antes, así lo han puesto de manifiesto. Lo que pasa es que por lo visto también hay lecturas diferentes.
Lecturas diferentes de esa manifestación que pone el Tribunal Constitucional cuando señala que la vida humana concebida es...
...lecturas diferentes de esa manifestación que pone el Tribunal Constitucional cuando señala que la vida humana concebida es un tertium distinto de la vida de la madre, que es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15 de nuestra Norma Fundamental y que esa protección incluye como garantía última las normas penales.
Es cierto que la vida del nasciturus no puede prevalecer incondicionalmente frente a los derechos de la mujer, pero tampoco estos pueden tener una primacía absolutamente sobre la vida del nasciturus, ya que de ser así supondría la desaparición de un bien que no sólo está constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central de nuestro ordenamiento jurídico.
Existen, por lo tanto, valores en conflicto, que deben de ser ponderados y que si no es posible armonizarlos se deben de precisar las condiciones y requisitos para dar prevalencia a uno sobre otro y en la actual Ley durante las primeras 14 semanas no existe ponderación de valores en conflicto, señora Sánchez, no existe.
En esas primeras 14 semanas existe vida humana, y no lo digo yo, se recoge así en el Manifiesto de Madrid, firmado por más de 2.000 científicos, profesores y catedráticos que declaran que la vida comienza en el momento de la fecundación, que la unión del espermatozoide y el óvulo forma una unidad biológica vital con carga genética propia.
La Ley supone también una desprotección de los menores entre 16 y 18 años, una desprotección, porque, como les digo, que una menor de 18 años, aunque tenga más de 16, tenga que prescindir del consentimiento parental implica que va a afrontar sola, sin el apoyo de su familia, ese aborto.
Una Ley, ésta, que ha sido, la actual, cuestionada por el Comité de Seguimiento de las Naciones Unidas de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Congreso de los Diputados en el año 2008, que da un plazo al Gobierno de España hasta el 2015 para modificar la Ley por ser contraria a dicho Convenio y que es contraria a los derechos del niño, de la Organización de las Naciones Unidas, que declara que un niño tiene que ser protegido antes y después de su nacimiento.
Y todas estas cuestiones claro que se abordarán. Se abordarán cuando el texto legal llegue al Congreso de los Diputados, porque aunque ustedes quieran negar la legitimidad al Gobierno del Partido Popular, legitimidad, que le repito, está avalada por 11 millones de votos, el Gobierno está plenamente legitimado para proponer una reforma de la Ley, reforma que estará en consonancia con el compromiso adquirido –eso sí se lo digo desde ahora– de preservar el derecho a la vida.
Nada más, muchas gracias.