ARANA VARAS (EP, 2018-12-14):
Eskerrik asko.
A pesar de las medidas que ha presentado, desde Elkarrekin Podemos que hay un amplio margen de mejora de protección de niños, niñas y adolescentes, y en el acceso real y efectivo a sus derechos y, como decíamos en la primera intervención, si incorporamos la perspectiva de género para analizar estas situaciones, tendremos en cuenta que están impactando directamente y principalmente en la mujeres, que son quienes están ejerciendo todavía de forma mayoritaria las custodias.
Hablamos de un sector de la población, las mujeres, que ya de por sí parten de una situación de desventaja; según el último informe sobre la brecha salarial realizado por Emakunde en la Comunidad Autónoma de Euskadi, existe una brecha salarial del 24,3 %, es decir, las mujeres en Euskadi ganan 7.552 euros menos que los hombre, dato, por cierto, que ha aumentado en 2,2 puntos con respecto al 2009, y todo esto con un Gobierno, el del PNV, y su Departamento, señora consejera, que sigue teniendo planes de conciliación que ahondan en la brecha salarial, medidas que ustedes mismos tachan como perversas para la mujer y que lo siguen teniendo como pertinentes para la igualdad; políticas patriarcales en toda regla, muy estilo del PNV, señora Artolazabal.
Impacta en las mujeres, por supuesto, porque se reduce de forma importante su capacidad adquisitiva, muy autonomía económica, su capacidad para conciliar vida familiar y laboral, de manera que el riesgo de exclusión para toda la familia puede aumentar de forma significativa.
Este tipo de situaciones contribuyen, sin duda, a engordar los fenómenos conocidos como infantilización y feminización de la pobreza, los dos están estrechamente relacionados, hay que atacar a las causas de ambos de una manera simultánea.
El otro día mi compañera Tinixara Guanche facilitaba algunos datos reveladores, algunos de ellos: El 95,4 de las prestaciones complementarias de monoparentalidad son solicitadas por mujeres; el 15,3 de las mujeres que reciben la RGI son responsables de familias monoparentales; según Emakunde, las mujeres sufren mayor pobreza en cualquiera de sus dimensiones y de un modo especialmente grave cuando son mujeres que encabezan familias.
Los datos confirman que en Euskadi no estamos libres del fenómeno de la infantilización de la pobreza, en torno a casi una cuarta parte de niños y niñas está en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social, de acuerdo con la definición que hace Eurostat sobre pobreza y exclusión social, tasa que ha aumentado en Euskadi en cinco puntos porcentuales desde el 2010.
Con este panorama, echamos en falta gestos y pasos más firmes para incorporar de forma clara y concreta el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes en las normas, reglamentos y procedimientos del sistema de garantía de ingresos.
Mire, se ha señalado en varias ocasiones, y también desde la oficina del Ararteko, la necesidad de revisar las sanciones cuando se trata de situaciones que involucran a unidades de convivencia en la que hay menores de edad. Por una cuestión de sentido común y de cumplimiento con las normas de protección de la infancia, no se debería poner en riesgo el acceso a la alimentación de niñas y niños en ningún caso.
Las medidas que se impulsan para la corresponsabilidad están orientadas principalmente a la corresponsabilidad de mujeres y hombres dentro de las familias, ustedes siempre a que los problemas se solucionen en los hogares y no introducen una mirada más amplia que involucre la sociedad entera.
Cuando se hacen políticas pensando solo en un modelo familiar, heterosexual, tradicional y siempre feliz, los niños y niñas a cargo de una sola progenitora ven recortado su derecho a ser cuidados respecto a los que conviven con dos progenitores y las mujeres tienen que asumir, en una carrera de fondo y repleta de obstáculos, todo lo necesario para el bienestar de hijos e hijas, incluidos los obstáculos que son las medidas perversas por parte del Gobierno.
El Gobierno, a través de Emakunde, también ha planteado recomendaciones en la evaluación del impacto de género en la exclusión social y la pobreza, que ha publicado este mismo año. En concreto, sobre el tema de las pensiones de alimentación, se menciona este párrafo de la Ley de Igualdad, que en su intervención se ha olvidado de mencionar:
"Las administraciones públicas vascas promoverán las medidas de índole jurídica y económica necesarias para mejorar las condiciones de las personas que se encuentren en una situación de precariedad económica, derivada de pensiones compensatorias y alimenticias fijadas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, en los casos de nulidad matrimonial, separación legal, divorcio, extinción de la pareja de hecho por ruptura o proceso de filiación o de alimentos. A tal fin, crearán un fondo de garantía para situaciones de impago de pensiones y establecerán complementos para las pensiones de viudedad más bajas".
Nos gustaría que amplíe formación e información sobre el margen de mejora que tienen estos temas concretos que le estamos mencionando, sobre todo este último párrafo que le acabo de leer de la Ley de Igualdad, que se menciona en el informe de Emakunde de 2018, como un mandato en materia de igualdad que está pendiente de ser cumplido.
A ver si dejamos los grandes titulares y me puede responder a esto, señora Artolazabal.