ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL (EAJ, 2015-06-18):
Sí, la verdad es que no tenía la intención de intervenir ahora, señor Damborenea.
Sí, a pesar de las risas, es absolutamente cierto. No tenía intención, pero ha hecho usted unas preguntas que creo que merecen ser contestadas.
Usted decía por qué hasta la Constitución. Pues bueno la razón es, ya he intentado explicarlo antes pero no creo que lo he dejado suficientemente claro.
Como usted sabe, con la aplicación del Real Decreto 1867 del 98 permitía inscribir lo que ante no se podía inscribir, que eran los bienes dedicados al culto, pero tampoco se podía inscribir los bienes de dominio público.
Por lo tanto, a partir de ahí sí puede haber un cierto problema de que se hayan podido inscribir algunos bienes de dominio público y no quiero remontarme hasta la desamortización, porque iríamos al siglo XIX.
Pero, como usted bien conoce también, no todos los bienes de la desamortización, por ejemplo, se vendieron para financiar las arcas y algunos se cedieron para el culto, por ejemplo, a las parroquias y podría caber la duda, por ejemplo, de si son bienes de dominio público o no.
Por ponerles sólo un ejemplo, no quiero tampoco entrar. Ya le digo, es un debate apasionante, pero no creo que sea el lugar ni el momento.
Por otro lado, ¿por qué hasta la Constitución? Porque claro, los que no son bienes demaniales, en esos casos, corre la usucapión como usted ya sabe pasados los 10 años de inscripción por justo título.
En ese caso, la única posibilidad que quedaría sería la cuestión de inconstitucionalidad. Y la cuestión de inconstitucionalidad sería por una inconstitucionalidad sobrevenida que, lógicamente, tiene que ser a partir de la entrada en vigor de la Constitución.
Bueno, intentando de aclarar esto de una forma sencilla y simple, que ya sé que requiere más debate, pero que no ha a lugar, preguntaba, también hablaba sobre por qué se pide el listado y por qué se va a enviar a otras administraciones.
Hombre, porque el listado es necesario para saber realmente qué es lo que se ha inmatriculado y qué no, creo que eso es obvio. Y por otro lugar, también se dice que hay que ver las inversiones realizadas por la Comunidad Autónoma en esos bienes, porque probablemente pueda dar también alguna pista sobre lo que le comentaba hace un momento de dominio público o no dominio público.
Y finalmente, con respecto al asesoramiento a las entidades locales es algo que corresponde, como también usted bien sabe, a las diputaciones.
En cualquier caso, para terminar, quiero de decir que es bueno para todos que no queden dudas sobre la titularidad y mejor derecho de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica. Consideramos que la más beneficiada por ello sería la propia Iglesia Católica, puesto que despejaría dudas sobre su mejor derecho sobre los bienes inscritos, inmatriculados.
En cuanto a las administraciones públicas, lógicamente, están obligadas, por una parte, a defender el patrimonio público y, por otra parte, para velar por la eficacia y eficiencia de las leyes.
Así pues, con la transacción que hemos firmado, nosotros pensamos que ganaremos todos, porque despejará las dudas que hoy existen, debido a un procedimiento que ha sido cuestionado por diversos motivos, pero además también por su posible inconstitucionalidad sobrevenida.
Por lo tanto, no me voy a alargar más, espero haberle por lo menos contestado, he tratado de contestar a lo que preguntaba.
Eskerrik asko.