CASTELO DE SA (PSE-EE, 2018-04-12):
Egun on guztioi.
Bueno, yo desconozco cuál es la motivación del interés que tiene el Partido Popular en que se reitere en esta Cámara, en la cual no reside la competencia en esta materia, un debate que se ha producido en el órgano competente, que es el Congreso de los Diputados. Porque pedir la influencia a nuestros grupos no es necesario que el Parlamento Vasco tome ningún acuerdo.
Entonces yo creo que hoy habrá poca novedad en los discursos o en el posicionamiento que los grupos de esta Cámara vamos a realizar.
Yo lo que no sé si voy a ser breve. Lo que sí le voy a seguir es el consejo de debatir con serenidad, porque la Cámara no es para dar espectáculos.
Nosotros lo que creemos, el Grupo Socialista lo que cree es que estamos ante un debate sobre el modelo de política penitenciaria, y reconocemos que cada cual puede proponer un modelo.
Y el que nos plantea a debate el Partido Popular, pues no es nuestro modelo de política penitenciaria. Es un modelo que creemos que no va en favor de la reinserción, no creo que vaya en favor de la prevención de la comisión de delitos graves, ni redime el dolor que puedan sufrir las víctimas de los delitos más abominables que se puedan producir y que a todos nos remueve.
Cabe otra interpretación que es la que hoy usted nos ha traído aquí, pero no es la nuestra. La nuestra es que es una medida innecesaria que, llena cárceles pero que no atiende a las necesidades de justicia y de reparación que tienen las víctimas, que no evita la comisión de los delitos  - usted ha evitado hablar de ello pero desde el 2015 hasta el 2018 se han producido delitos execrables - , ni favorece el arrepentimiento de los criminales. Y esa es la razón por la que nuestro grupo, el Grupo Socialista, va a votar en contra de su propuesta.
Hemos de recordar que cuando se redactó la actual Constitución en relación a las cuestiones penitenciarias, se analizaron las distintas realidades legales de nuestro entorno democrático y expresamente, desde el principio, se vetaron dos cuestiones: Una es la pena de muerte y la otra era la cadena perpetua para todo tipo de delitos sin ningún tipo de excepción y a los Socialistas nos pareció entonces y nos parece ahora una decisión acertada.
Fue a partir de ese descarte que se recoge en el artículo 15 de la Constitución, cuando se redacta el artículo 25.2 y que lo voy a leer de forma íntegra por un motivo concreto que luego le diré. Dice el artículo 25.2 de la Constitución:
"Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.
"El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los derechos fundamentales de este capítulo de los que le recoge la Constitución, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena, y la Ley Penitenciaria.
"En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes a la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad".
Y se lo he querido leer entero, porque al hacerlo yo creo que se ve la integridad de la intención que tuvo el constituyente, que es la de la reinserción y la de la preservación de los derechos que tiene el penado.
Y si la Constitución prevé que un penado tenga derecho al trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes a la Seguridad Social, es porque está pensando en una vida fuera de la cárcel para la gente que es penada.
Es posible que alguien  - muchos incluso -  piensen que los criminales no merecen siquiera estos derechos, pero nuestra Constitución se los garantiza, y la alternativa que nos presenta el Partido Popular hoy creemos que no.
No lo hace porque lo que propone, bajo nuestro punto de vista, es el encierro de personas entre las cuatro paredes de una celda. Y es verdad, esto es una opción de política penitenciaria, pero no es nuestra opción de política penitenciaria. La nuestra no es que el Código Penal sirva para almacenar personas.
Por tanto, este es el primer argumento para rechazar esta proposición: Nuestra interpretación del modelo penitenciario, coincide con la que realizaron los constituyentes de la Carta Magna.
A esto le tenemos que sumar la cuestión de la eficacia para evitar los delitos. Desde el punto de vista de la eficacia sabemos que en las democracias, incluso la pena más grave existente que es la pena de muerte, ha evitado grandes tragedias.
Como no resulta útil en absoluto, y así lo dijimos también en su momento, para evitar el terrorismo yihadista, sobre el que se mantiene el riesgo en nuestro entorno, porque a personas dispuestas a matarse así mismo, de poco les va a disuadir la posibilidad de una condena a muerte.
Y citando algo, lamentablemente más doméstico, tenemos una Ley que es vanguardista, contra la violencia de género y recoge también un endurecimiento expreso de las condenas, en caso de agresión machista y eso no está evitando ni evita la luctuosa estadística que lamentamos aquí de forma unánime.
Por eso nos hemos empeñado y en eso hemos venido coincidiendo todas y todos y es la línea de trabajo que queremos seguir, en la necesidad de actuar antes de que una mujer acabe asesinada. Por tanto, tampoco el endurecimiento de las penas puede ser sostenido desde el punto de vista de garantía de seguridad.
Seguridad que por cierto en España, lo dicen los datos, está muy por encima de la media del resto de países europeos. Por lo que no quita también, es cierto, que tengamos nosotros una media de cumplimiento de penas muy por encima también de la media europea y una población reclusa que sobrepasa absolutamente todos los ratios de nuestro entorno.
El dato objetivo que tenemos es que la tasa delictiva ha disminuido de forma notoria, antes de la entrada en vigor de la prisión permanente revisable en el año 2015, y también la de los delitos relacionados con muerte.
Reconocemos que la percepción de seguridad puede ser otra por parte de la ciudadanía, por el impacto público que tienen algunos de estos crímenes que a todos nos conmueven, a ustedes y a todos. Pero esa percepción, nosotros creemos que no debe utilizarse para legislar ni juzgar en caliente, sino que debe de combatirse desde la información, la reflexión y la colaboración entre las instituciones y la ciudadanía.
Por otro lado, y en cuanto a la cuestión de la reincidencia, es probablemente el asunto que más dudas puede suscitar. La posibilidad de alguien que haya cometido un crimen al salir de la cárcel, pues pueda volver a cometer delitos graves.
Bueno, hay que decir y eso también tiene que quedar claro que quienes cometen delitos graves cumplen en la actualidad entre 30 y 40 años de prisión. Y salvo quienes pertenecen algún tipo de banda organizada, la reincidencia es ínfima.
Usted ha mencionado cuatro casos a lo largo de la historia, seguramente si hubiese encontrado 23 nos los hubiese dicho. Usted lo sabe. Quienes suelen reincidir suelen ser los penados por delitos menores, aquellos a los que no les es aplicable esta figura de prisión permanente.
Nosotros lo que creemos es que de lo que se trata, es de reforzar un sistema penitenciaria en el que los funcionarios de prisiones, en todos sus distintos ámbitos, desarrollen un inmenso trabajo reeducador, que la inmensa mayoría de los casos da buenos resultados.
Casualmente ayer tuvimos la oportunidad de escuchar en comisión a responsables de política penitenciaria, y nos dijeron o nos comentaron, cómo la apuesta que ellos han hecho y el refuerzo de las políticas penitenciarias basadas en la reeducación y la reinserción del penado, contribuye a la seguridad de la sociedad y ofrecía como resultado una disminución de la tasa de reincidencia, por debajo de la que tenían en este momento en el Estado.
Son datos objetivos y contrastables que pudimos conocer ayer y que usted también puede consultar. Un esfuerzo educador y de intervención social que debe también tenerse en cuenta antes, y eso nos lo dicen todos los expertos, antes de la comisión de los delitos. Un objetivo que es fundamental, y que persigue por ejemplo el ayuntamiento de Bilbao con la aprobación del pacto de seguridad que se ha respaldado de forma unánime por todas las formaciones políticas. Esa es una forma de trabajar que nosotros creemos más acertada.
La última cuestión a la que me quiero referir y también desde la serenidad es la del punto de vista de las víctimas. Partamos de que para ellas jamás habrá consuelo posible ni castigo suficiente que pueda resarcir su dolor, ni la pena de muerte lo haría, porque la pérdida injusta y cruel de un hijo no puede compensarse de ninguna manera.
Lo que las víctimas requieren es justicia, que haya un castigo y que sea acorde al daño causado. Decirle a una víctima que 40 años es una pena muy dura, porque realmente encierra a una persona durante toda su vida adulta, es como no decirles nada. Porque todo les parecerá insuficiente.
Por tanto, los Socialistas no vamos a entrar en esa interpretación, pero sí creemos que desde Euskadi tenemos algo que aportar a este debate, aquí hemos sufrido un crimen organizado que se dedicaba a aniquilar personas y aniquilar voluntades políticas y aquí se ha acabado con ese crimen, sin la necesidad de la prisión permanente revisable.
Y si algo hemos tenido aquí, es unas víctimas exigentes, extraordinariamente exigentes con los poderes públicos, pero que no se han llevado sus exigencias a donde se quieren llevar ahora.
Y las víctimas, también hay que recordarlo y usted lo ha hecho, son distintas y con distintas opiniones. Pero en el muy largo camino trabajado con los más diversos colectivos y las más distintas opiniones, han aceptado la vigente legalidad penitenciaria, y lo que ellas piden es que no haya saltos en la ley, ni nuevas humillaciones...
...han aceptado la vigente legalidad penitenciaria y lo que ellas piden es que no haya saltos en la ley, ni nuevas humillaciones ni revictimizaciones a través de enaltecimientos públicos de penados.
Para los Socialistas esta actitud ha sido esencial también para poder acabar con ese crimen organizado, porque ha habido que ver cosas muy dolorosas. Particularmente, nosotros recordamos aquella acusación que se nos hizo en el Congreso de los Diputados de estar traicionando a las víctimas, mientras nos mataban a nosotros mismos.
Jamás, nunca se nos habría ocurrido deslizar la más mínima sospecha de responsabilidad, ni arrojar la memoria de un asesinado y sus familiares sobre otra fuerza democrática o sobre un Gobierno. Los Socialistas, que sí hemos tenido que sufrir esa sospecha, además de perder a compañeros, creemos que la actitud responsable que tuvimos entonces para gestionar el dolor y la reparación de las víctimas, es la misma que debemos mantener hoy ante otro tipo de crímenes.
Por tanto, admitiendo que hay otras opiniones sobre el castigo, y usted lo ha explicado muy bien, los Socialistas vamos a votar en contra de la proposición que usted nos trae aquí, porque creemos que ni va a servir para paliar el dolor de la víctimas, ni nos va a hacer más seguros, ni nos va a hacer un mejor país.