ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUAK (Artolazabal Albeniz) (EAJ, 2017-06-02):
Mahaiburu andrea, sailburuok, legebiltzarkideok, egun on guztioi.
Yo venía aquí a hablar de la interpelación que la señora Kortajarena me hacía, donde la pregunta en concreto era cuál era la situación creada ante la denuncia contra los criterios que se utilizan en la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos, y no hablar de la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos que se ha presentado por parte de este Gobierno, de la que ya hemos hablado y tendremos oportunidad de hablar.
Yo me voy a ceñir en principio a responderle a las dudas e inquietudes que su grupo planteaba en cuanto a la denuncia que se ha presentado en los juzgados de Vitoria, y luego sí que igual le trasladaré alguna serie de cuestiones que me ha planteado, que creo que nada tienen que ver con el debate que nos ha traído hoy a esta Cámara.
Este departamento y en concreto Lanbide va a seguir aplicando la legislación vigente teniendo como soporte los criterios que aclaran el articulado de la normativa en vigor y que han sido publicados en la web de Lanbide y en el portal de la normativa vasca Legegunea.
Así, ante las diferentes casuísticas que se producen, estos criterios nos sirven de guía para la tramitación de los expedientes de la RGI de una forma homogénea en todas las oficinas y también son útiles para que toda la ciudadanía vasca conozca de una forma clara y transparente las resoluciones que se adoptan.
Trabajamos con los criterios en base a la normativa vigente y con las instrucciones correspondientes, con el objetivo de facilitar a las personas tramitadoras la resolución de los mismos, y también para que ante una casuística similar la resolución adoptada sea igual en cualquiera de las oficinas de Lanbide. Seguimos trabajando.
Como ya les he comentado en sucesivas intervenciones sobre esta misma cuestión, hemos mantenido diversas reuniones técnicas y políticas relacionadas con este tema. Hemos estado hablando con el Ararteko y con su equipo. Citas en las que se ha puesto en común la preocupación por la necesidad de una reflexión sobre la difusión de los criterios de tramitación de la RGI, entre otras cuestiones. Y esas recomendaciones eran positivas y por eso las asumimos.
La definición y el conocimiento de los criterios de tramitación de la Renta de Garantía son elementos claves en el ejercicio de la transparencia y servicio público que el departamento desarrolla.
Estos criterios son una necesidad para una correcta y transparente tramitación y han de ser conocidos por la ciudadanía, ya que inciden directamente en la mejora de la gestión de dicha prestación.
En la definición de esas instrucciones de trabajo se da respuesta clara y concisa a las preguntas más frecuentes que se generan en la tramitación de los expedientes.
Y ante la reclamación planteada, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales va a contestar con detalle a esa demanda puntual formulada por un ciudadano.
Por cierto, no hay una suspensión cautelar alguna para ese criterio y en el recurso planteado se solicita como medida cautelar  - es una solicitud que hace el ciudadano -  la suspensión de la ejecución de algunos apartados del documento: Lo referido a la obligación que se impone al arrendatario para inscribir el contrato de arrendamiento en el Registro de Contratos, y el relativo a la obligación de que todos los coarrendatarios se empadronen en la vivienda que han arrendado. Estos son los únicos dos puntos de las 70 propuestas publicadas de criterios de tramitación de la RGI que han sido reclamados por este ciudadano, por un único ciudadano.
Por lo tanto, existe una propuesta de medidas cautelares propuesta, insisto, exclusivamente para estos dos puntos, y cuyo plazo para presentar una alegación a la misma concluye el 5 de junio. Y estamos trabajando ya en la presentación de esas alegaciones y estamos posteriormente a la espera de que se nos dé una respuesta por parte de los entes y de la parte judicial. Cuando llegue el momento, todavía estamos a 2 de junio.
Por ello, al no haberse estimado hasta ahora esa demanda, continúan vigentes los criterios publicados y seguimos resolviendo en base a ellos. Sorprende en todo caso, que de un documento calificado por la persona demandante como muy perjudicial para los beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos, únicamente se solicite la suspensión de dos de sus puntos.
Examinada la reclamación en sus aspectos más relevantes, se dice que la misma puede tener efectos a terceros, estableciendo obligaciones no contempladas en la normativa actualmente en vigor, sirviendo como ejemplo de ello, como ya le he mencionado, la obligación que se impone al arrendatario beneficiario de la prestación para inscribir el contrato de arrendamiento en el registro correspondiente.
Y esto es como consecuencia de la aplicación de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Todo contrato de arrendamiento se tiene que registrar. De esta forma, el documento de criterios lo que intenta es aclarar que sí que existen otras normas que pueden establecer obligaciones...
...tiene que registrar, de esta forma el documento de criterios lo que intenta es aclarar que sí que existen otras normas que pueden establecer obligaciones para los ciudadanos y, como es este caso, más allá de su carácter de preceptor de RGI, tiene que cumplir también con estas normas.
Por tanto, el hecho de ser perceptor de renta de garantía no exime a una persona del cumplimiento de estas obligaciones, y cabe advertir que las resoluciones administrativas concretas de la renta de garantía fundamentan su decisión únicamente en la normativa vigente y nunca en clave de criterios vigentes en la fecha de la misma, como es fácilmente constatable.
La publicación de los criterios en la página web de Lanbide, obedece a una interpretación amplia de lo establecido en la Ley 19/2013, de transparencia y acceso a la información pública y de buen gobierno, y en espera a la resolución judicial, como le comentaba al inicio de mi intervención, vamos a seguir resolviendo los expedientes en base a los criterios publicados el pasado mes de abril, ya que entendemos que están ajustados a la legalidad y a la norma.
Insisto, no existen medidas cautelares de suspensión. Hemos preparado las alegaciones a esa reclamación presentada dentro de los plazos previstos y quedamos a la espera de la respuesta a las alegaciones que hayamos presentado.
Usted, además de lo que mi interpelaba en relación a lo que era la propia denuncia, ha hecho una serie de comentarios y ha hecho una serie de aseveraciones que creo que obedecen a otro debate y que, en este momento, creo que tienen que quedar al margen de la pregunta que me hace, pero cuando usted me dice que si estimo oportuno, necesario, suficiente, que son 650 euros para que una persona tenga un vida digna.
Yo lo que sí que creo, en base a esos documentos y a ese análisis y a ese trabajo que se realizó de una forma técnica, objetiva, en base a la encuesta de pobreza, en base a la encuesta de desigualdades, se estima que esas cantidades son cantidades suficientes para poder llevar a cabo, para salvaguardar las condiciones o las necesidades básicas de una persona que, además, tenemos que recordar que son 650 euros de la prestación de la renta de garantía, más 250 euros como consecuencia de la prestación complementaria de vivienda.
Por tanto, estamos en un debate intenso, en un debate que va a ser largo, pero yo espero que las aportaciones que todos hagamos sirvan para mejorar y consolidar un modelo que todos queremos defender y del que nos hemos dotado.