LARRAURI ARANGUREN (EAJ, 2019-05-02):
Eskerrik asko, legebiltzar-buru andrea. Lehendakari, sailburuak, legebiltzarkideok, jaun-andreok, egun on guztioi.
Lege proposamen honek proposatzen duena ez da berria Legebiltzar honetan eta ez denez egon eragin ahal dion aldaketarik, gure legebiltzar taldeak lege proposamen hau aintzat hartzearen kontra bozkatu egin du, Eusko Jaurlaritzaren iritziaren zentzu berean.
En concreto, mañana hará un año que debatimos una proposición no de ley con el mismo objeto que la proposición de ley que hoy se ha sometido a votación y desde entonces no ha habido cambios sustanciales que puedan afectar a su contenido.
Por lo tanto, mi grupo nos remitimos íntegramente a la posición mantenida en aquel debate de 3 de mayo de 2018 y al criterio emitido desfavorable por el Gobierno Vasco el 2 de abril de 2019.
En cualquier caso, al igual que lo hemos hecho en ocasiones anteriores, queremos expresar todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto y reconocimiento social a la labor pública realizada por el colectivo de docentes de enseñanza pública no universitaria jubilados anticipadamente.
Entendemos que, al igual que todo el personal del sector público vasco que ha tenido o tuvo acceso a jubilarse anticipadamente desde el año 2012, no solo el personal docente, como de forma engañosa se ha hecho ver en la proposición de ley, aunque este sea el colectivo mayoritario, que se hayan podido sentir perjudicados por esta medida, una de las medidas contenidas en el Decreto 9/2012, del 31 de enero, medida reiterada sucesivamente, o sea, en las sucesivas leyes presupuestarias, que por cierto, ha sido aprobada, leyes presupuestarias apoyadas por el grupo hoy proponente.
Recordar que nuestro grupo parlamentario se opuso en su momento a esta medida, porque cuando aquí en Euskadi había disponibilidad se prohibió, y ahora su recuperación con carácter retroactivo, como pretende, como plantea la proposición de ley, supone un impacto económico multimillonario, inasumible en este momento para las arcas públicas, un impacto económico superior a los 275 millones de euros para un número reducido concreto de personas en relación a toda la plantilla de este sector publico, que además, supondría el incumplimiento de la regla de gasto y la imposibilidad de continuar con mejoras ya comprometidas para todo el personal público, como puede ser el incremento salarial, aportaciones a Itzarri, permisos de paternidad, maternidad, políticas de igualdad.
En definitiva, lastraría la gestión de las políticas personal de este Gobierno. Y este Gobierno debe actuar, actúa y debe actuar con una visión conjunta de la función pública vasca.
Es cierto que la mejora de la situación económica y de la recaudación ha permitido en los últimos ejercicios mejoras en las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como la recuperación de la paga extra de 2012, incrementos salariales, retomar aportaciones a Itzarri, pago del 100 % de las retribuciones en las IT, retomar el contrato relevo.
Muchas mejoras en las que se ha dado prioridad, que afecten al mayor número de empleados o a la totalidad de empleados y empleadas públicas, pero no es cierto que esta mejora en la situación económica y en la recaudación permita la recuperación con carácter retroactivo de todas estas medidas, porque ello supondría un coste económico para las arcas públicas.
En ninguna, además, puntualizar que en ninguna de las leyes presupuestarias que han prohibido estos pagos se reconocía la garantía de un cobro diferido de estas medidas cuando la situación lo permitiera, a diferencia de lo que sí se preveía para la paga extra de 2012.
Y además también puntualizar que ninguna resolución judicial firme ha reconocido de momento el derecho al cobro con carácter retroactivo.
Y decir que esas leyes decían lo que no dicen, eso sí es un fraude de ley.
Por otro lado, supondría esta proposición de ley, plantea un doble agravio comparativo, por un lado, respecto a las otras medidas que se ha dicho, salvo la paga extra que no se han recuperado, que sí se han retomado, pero no con carácter retroactivo y dentro del propio personal, efectivamente, es un agravio comparativo cuando personal que ha tenido acceso, que ha tenido derecho a acceder a jubilarse anticipadamente no lo ha hecho y ha decidido seguir en activo conociendo la normativa que ya estaba en vigor.
Además, efectivamente, también interfiere en la negociación colectiva, no considera y distorsiona el actual marco, el actual escenario de la negociación colectiva de la función pública vasca y desconoce los acuerdos alcanzados desde el 2012 con la representación sindical, como el contrato relevo o acuerdos sectoriales que sí tiene objetivo la rejuvenecimientos de las plantillas o el relevo generacional.
Por lo tanto, esta propuesta, de haberse planteada, debería haberse planteado de forma conjunta en la tramitación de las leyes presupuestarias, pero en esas ocasiones o no se ha pedido o ni siquiera se ha entrado en la negociación presupuestaria, y en esas leyes presupuestaria sí que se han dado mejoras de las condiciones laborales para la función pública vasca.
Es curioso el consenso alcanzado entre grupos tan distintos, entre grupos tan antagónicos, que en ocasiones se vetan, pero en esta ocasión parece que tienen un objetivo común, que es dificultar, en definitiva, dificultar la responsable y equilibrada política de personal y presupuestaria de este Gobierno, y si se quiere materializar esto, habrá que decidir de dónde se quita para poder pagar esto.
Besterik gabe, eskerrik asko.