HERNÁNDEZ HIDALGO (EP, 2017-02-09):
Egun on. Nuestro grupo considera más que necesario la creación de este fondo y agradece la deferencia, tanto de la asociación de víctimas del amianto, como del resto de grupos de la Cámara, a la hora de permitirnos estudiar esta iniciativa que, como bien se ha dicho, es una iniciativa que ya fue aprobada por este Parlamento, y además, aprobada por unanimidad.
Nuestra coalición no estaba presente en esta Cámara cuando se aprobó esta iniciativa, pero parte de la coalición sí estaba presente cuando se iniciaron los trabajos de la ponencia, allá por el año 2012, es decir, es una iniciativa que viene ya de lejos y que no nos es ajena.
Nos ha sido fácil sumarnos por lo tanto a la misma, puesto que es una cuestión que nos ha preocupado y ocupado hace mucho tiempo. Primero buscando la prohibición del amianto, lo cual no llegó a la Unión Europea hasta el año 2005, una fecha muy tardía si tenemos en cuenta que los primeros estudios concluyentes sobre los perjuicios para la salud del amianto se remontan a 1977.
Prohibición que no erradicación. La lucha siguió por lo tanto tras la prohibición formal del amianto, tanto por su erradicación como por el establecimiento de derechos para los afectados del amianto. Todavía queda mucho por hacer en este terreno, porque muchas de las iniciativas que además han sido aprobadas, son por desgracia papel mojado.
Mi compañera, la europarlamentaria Paloma López, fue parte impulsora en el Parlamento Europeo de una iniciativa en el año 2015, apremiando a la Comisión Europea a incluir la lucha contra el amianto en la estrategia de salud y seguridad comunitaria.
Hemos planteado diferentes iniciativas en todo el estado, para eliminar de una vez por todas este material. Así, hemos presentado recientemente en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados iniciativas para la elaboración y aprobación de planes de eliminación de las conducciones de agua potable de fibrocemento. Mezcla de amianto y cemento. Unos 40.000 kilómetros de las redes de abastecimiento en el Estado podrían estar construidas a base de este fibrocemento.
Tal y como afirma la compañera Eva García Sempere, la posibilidad de que estemos consumiendo agua contaminada por amianto existe, es real. Lo que no sabemos es exactamente dónde.
Hemos denunciado también que a pesar de la prohibición total, en el conjunto del Estado quedan millones de toneladas de amianto que suponen un riesgo para la salud.
La Directiva Europea 2003/18 prohíbe los usos y comercialización del amianto, y se marca su sustitución por otros materiales dada su potencial peligrosidad.
Es evidente que esta directiva no se cumple. Si la directiva versase sobre recortar derechos a los trabajadores, seguramente ya estaría aplicada en nuestro Estado y en nuestro país hace más de una década.
En marzo de 2013 el Parlamento Europeo, aprobó una resolución que alertaba sobre el desmontaje de dichas redes de agua. Las mismas ahí siguen cuatro años después. En Euskadi también se han aprobado desde hace muchos años, iniciativas para acabar con el amianto en nuestro entorno, pero tampoco se cumplen en su totalidad. No se ha completado por ejemplo, el mapa de amianto en los municipios.
Nuestra coalición se compromete hoy en esta Cámara a trabajar para que esta iniciativa esta vez llegue a buen puerto. Y así se lo hemos hecho saber a nuestros compañeros en el Congreso de los Diputados, para que adquieran el mismo compromiso.
Una parte importantísima de estas víctimas del amianto, son además trabajadoras y trabajadores afectados en el transcurso de su actividad laboral. A diferencia de los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales no se producen instantáneamente. Algunas, como en este caso, los cánceres, la silicosis, la asbestosis, aparecen décadas más tarde de la exposición laboral, favoreciendo su invisibilidad.
Mientras en Alemania el 14 % de los cánceres se reconocen como enfermedad profesional, aquí no llegamos ni al 1 % con una legislación similar. Con la aprobación del Real Decreto 1299/2006 sobre el nuevo sistema de declaración de enfermedades profesionales, algunos pensaron que estas aflorarían automáticamente, olvidando que su gestión y pago pasaba a las mutuas, entidades experimentadas, en nuestra opinión, en ahorrar a la hora de pagar a los trabajadores y especialistas en lavar las responsabilidades de los empresarios.
El reconocimiento de las enfermedades profesionales mejora además la gestión económica de Osakidetza, al verse obligadas las mutuas a correr con dichos gastos sanitarios; sin olvidar, por supuesto, que su reconocimiento beneficia a las prestaciones económicas de los trabajadores y de sus familias.
Ahorraríamos, por lo tanto, mucho dinero a la Administración Pública Vascas si actuásemos con contundencia en este campo de detección de las enfermedades profesionales. Creo que ese es un trabajo para el Departamento de Trabajo y Justicia.
Hoy podemos impulsar entre todas y todos esta iniciativa importantísima para las víctimas y afectados. Pero no podemos recuperar ya las vidas perdidas ni hacer desaparecer las enfermedades contraídas.
Lo que sí podemos también es evitar nuevas afecciones, no solo del amianto, sino de diversos riesgos a los que se exponen las y los trabajadores.
Nos alegramos de que haya unanimidad en una propuesta así. Y desde luego nos sumamos a la misma, y como he dicho, nos comprometemos a que nuestras compañeras y compañeros en el Congreso impulsen también esta iniciativa para que llegue a buen puerto.
Eskerrik asko.