GUANCHE SUÁREZ (EP, 2018-05-25):
Bueno, señora Artolazabal, primero eskerrik asko por la clase.
Yo venía con los deberes hechos y después de escucharla mi preocupación no desciende, sino que asciende. Porque usted no solo no me ha respondido, insisto, sino que parece que no ha hecho los suyos y parece que insinúa que no se va a hacer nada más.
Y yo vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las medidas que se están adoptando para cumplir la implementación de la huella digital con el reglamento europeo que hoy entra en vigor? Y yo le digo, no hay medidas suficientes y también le digo, no salgo de mi asombro.
Usted está surfeando sin complejos la legislación europea y haciendo oídos sordos a las funciones de la Agencia Vasca de Protección de Datos. La señora Uria nos decía que a la agencia oficialmente le había llegado una petición de opinión el 16 de febrero de 2018 del viceconsejero de Empleo y Políticas Sociales. En la comunicación a la agencia se le anunciaba que tenían intención de iniciar un procedimiento de elaboración de una disposición de carácter general, a lo que la agencia le contestó que el trámite al que está llamada a la agencia, debe hacerse cuando la norma esté en vigor, sin perjuicio, por supuesto, de las consultas que se puedan atender. La norma, señora Artolazabal, norma que no ha pasado por este Parlamento.
También nos decía la señora Uria que no parece, voy a citar textual: "No parece que el proceso vaya a contar con el consentimiento explícito que establece el reglamento, ya que la orden emitida por el viceconsejero se deduce que se quiere establecer obligatoriedad". De sus declaraciones en El Correo, las del señor (...), ya no se deduce, ya está claro que lo quieren hacer obligatorio. No salimos de nuestro asombro.
No vamos a entrar a si lo están considerando desde una perspectiva ética o no, si no que usted no está cumpliendo los requisitos. El artículo 35 del reglamento europeo que tengan adaptado más o menos, hoy entra en vigor y tienen obligación de cumplirlo, dice que tiene usted que presentar un informe de impacto de esta medida. ¿Dónde está? ¿Dónde está el análisis de riesgo? ¿Es consciente de que esto es una obligación y de que así ya se lo ha informado la Agencia Vasca de Protección de Datos? ¿Este es el Gobierno del bien común y la formalidad?
Hay muchos casos, como bien decía usted, en los que se aplica firma digital e identificación, pero estos tienen una base que los regula y esto que está usted implementando en Lanbide no lo tiene, legalidad, proporción, adecuación, siempre ponderando la situación concreta, ponderando el por qué y el para qué. En el caso de las personas desempleadas hay que ser especialmente cuidadosa por la vulnerabilidad de los datos, y a día de hoy en Lanbide con este documento, señora Artolazabal, que está puesto en su página web, no se cumple.
Y no se cumple porque no se puede presumir que el consentimiento se haya otorgado libremente, porque además no permite autorizar por separado las distintas operaciones del tratamiento de datos, ni que cada persona de su consentimiento para unos documentos y no para otros.
Además se hace depender el derecho de la RGI a la firma de este documento. Por esto, usted con Lanbide está cometiendo como mínimo una irregularidad. Además, esto no explica que es una facultad de la persona usuaria, no informa de qué manera puede ser revocado el derecho.
Finaliza con una cláusula extensiva, contraria a derecho, que la persona usuaria y sus familiares están prestando un cheque en blanco y esto se aplica hoy al igual que su proyecto piloto sin respaldo legal, señora Artolazabal.
Lo decía el Ararteko en su informe sobre la RGI y lo manifestamos nosotras aquí. Y le han puesto unas cuantas reclamaciones muchos colectivos sociales en estos días ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.
Por último y ya para terminar recordarle, recordarle que es lo más importante de toda esta interpelación de hoy que el artículo 43 de reglamento dice textual, que para garantizar que el consentimiento se haya dado libremente, este no debe constituir un fundamento jurídico válido para el tratamiento de datos de carácter personal en un caso concreto en el que exista un desequilibrio entre el interesado y el responsable del tratamiento.
Aquí lo voy a dejar, usted sabrá la responsabilidad que tiene.