GUANCHE SUÁREZ (EP, 2017-05-05):
Egun on guztioi. Eskerrik asko mahaiburu andrea. Sailburuak, legebiltzarkideok.
Bueno, lo primero que entiendo que tengo que decir es que esta interpelación surge antes de la comparecencia de la señora Artolazabal en comisión, y por la publicación en la página web de Irekia de las medidas para, cito textualmente: "Mejora de la gestión y eficiencia de la RGI".
Como me he quedado con algunas dudas concretas, y como ya todas saben en este Parlamento, que soy una preguntona oficial, hemos creído que no estaba de más continuar ampliando esta información con la señora consejera.
Y es que cuando presentamos esta interpelación, lo hicimos copiando de forma literal la nota de prensa que publicó el Gobierno el 22 de marzo, y que contemplaba siete medidas establecidas en la justificación de esta interpelación, que desglosaban una parte de las 10 medidas que posteriormente la consejera nos presentó en la comisión. Así que tal y como planteábamos en la interpelación, nos gustaría que la señora consejera, desarrollase y ampliase en qué forma van a mejorar estas 10 medidas, la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, considerando que la RGI ahora mismo está en un lugar central, pero en concreto en lo que tiene que ver con la afección a las personas perceptoras.
En primer lugar porque entendemos que hay medidas en las que la mejora se ve claramente, y otras en las que nos surgen dudas, por eso vamos a ir desglosando poco a poco el contenido de las mismas.
La primera de las medidas relacionada con la reducción de los pagos indebidos y en teoría como medida genérica, nos parece un acierto, creemos que ya era hora de que se pusiesen medios para frenar la cantidad de pagos indebidos.
Pero releyendo las explicaciones dadas por la consejera en la comparecencia, no entendemos bien qué quiere decir cuando se limita a detallar la propuesta y parece que esté orientada a que los pagos indebidos se acumulen con más agilidad, no a buscar mejores formas de devolución de las personas perceptoras, y queríamos saber si en este sentido había alguna cosa.
Respecto a las unidades de convivencia y la residencia efectiva, no terminamos de ver el vínculo de estos dos aspectos, y nos gustaría que concretase, cómo el protocolo de intervención con las instituciones de la policía local van a impactar en la mejora de esa gestión para las personas, sobre la identificación de las y los usuarios de Lanbide, y teniendo en cuenta lo que usted afirmó en comparecencia el pasado 10 de abril, solo se trata de aplicar nuevas tecnologías para facilitar la accesibilidad de la ciudadanía al sistema.
Está queriendo decir que el uso de la biometría para el control de las personas, no es siendo aislada la aplicación de esta en Lanbide y no en otros servicios de la administración, un elemento centrado en el control. Ya hemos reiterado en múltiples ocasiones que tenemos dudas sobre esta medida, porque creemos que debe implementarse con una evaluación previa del impacto.
Y sobre todo, porque se va a implantar en un organismo autónomo que tiene muchísimo movimiento y que cualquier fallo en la identificación o en la documentación, provoca dramas humanos.
Pero además es que consideramos que es una medida que redunda en la identificación, no en hacer la gestión más accesible y nos entran dudas concretas, que formulo, aún a sabiendas que no tiene obligación de respondérmelas, por no estar contenidas en la interpelación.
¿Va a implicar que ya no se pida la documentación identificativa? ¿Cómo se va a hacer en aquellos casos en lo qua hay personas que estando trabajando no pueden acudir a entregar personalmente esa documentación, y hay en la ley habilitados mecanismos para que lo hagan personas en su lugar?
La implantación de la huella digital, creemos que a futuro puede ser una forma de identificarse ante la Administración, pero se pueden y de deben dar pasos previos para asegurarnos de su buen funcionamiento antes de ponerlo en marcha para identificar a las personas perceptoras de RGI, que no podemos olvidar, en su totalidad son un colectivo que merece especial protección por parte de la Administración.
Espero que con esto que digo usted no disienta, porque son palabras formuladas por la señora Arregi el 30 de abril de 2015 en este mismo Parlamento.
Sobre el rechazo a las ofertas de empleo y formación, decía la consejera Artolazabal en su comparecencia, y cito textual: "Alegando situaciones diversas de tipo personal o familiar". Y nos preguntamos dónde quedan las medidas para facilitar la conciliación, especialmente importante para tantas mujeres que están solas con menores a cargo. Proponen medidas para identificar cuál es el empleo adecuado en cada persona, está bien, pero ¿se plantean medidas también para analizar la calidad de esas ofertas de empleo, de los salarios, de las jornadas, de las tareas?
¿Es eso incentivar la activación laboral, como se planteaba en la nota de prensa publicada por Irekia?
Nos parece grave que en orden a esto se equiparen despidos con bajas voluntarias, o se tenga que pedir, entre comillas, permiso a Lanbide, para mejorar un empleo.
El otro día se lo pregunté y no me respondió, sé que no tiene obligación, pero me gustaría saber qué capacidad de decisión tendrán las personas en torno a elementos tan importantes como mejorar o modificar su empleo.
En relación a la medida que tiene que ver con el rediseño del proceso de trabajo, así como las que tienen que ver con la plantilla y la mejora en la situación de los recursos y coordinación con la dirección de lo contencioso, ya le comenté en la comparecencia que me parecían buenas medidas, si bien me siguen quedando algunas dudas, que seguro que usted en su concreción hoy me las puede resolver.
Sobre la unidad anti fraude y a la espera de su respuesta, quiero hacer dos afirmaciones, la primera es que numerosos artículos y opiniones de personas expertas que han analizado el sistema de garantía de ingresos, y ustedes mismas en el pasado, coinciden en que no existe un nivel significativo de fraude, porque desde su inicio, éste ha estado sometido a un alto nivel de control.
Y la segunda es el hecho de que una persona cometa un delito, un fraude, una extorsión...
...porque desde su inicio este ha estado sometido a un alto nivel de control. Y la segunda es que el hecho de que una persona cometa un delito, un fraude, una extorsión, también un fraude fiscal, por ejemplo, no hace culpable al resto y vuelvo a traer aquí palabras que no son mías, sino de la señora Sarasua del Partido Socialista.
¿Podría indicarme concretamente las personas beneficiarias de la RGI en qué repercute la creación de esta unidad antifraude? En relación a aquellas medidas que tienen que ver con la comunicación del sistema de prestaciones sociales, ¿podría detallar en qué van a consistir y qué beneficios concretos se espera de ellas para las personas? Vaya por delante que no es la primera vez que digo en esta tribuna que me parece más que oportuno e indispensable informar a la ciudadanía y, por lo tanto, no estoy manifestando oposición a esta medida.
Por último, en la comparecencia nos hablaba de indicadores de calidad en el procedimiento de tramitación y para este año 2017 está previsto terminar con la definición del modelo de gestión de calidad. Nos gustaría que nos ampliase información sobre el enfoque de esta gestión de calidad, si incorpora o no perspectiva de género, perspectiva de derechos. Porque entendemos que no es lo mismo implementar un modelo de gestión de calidad en un supermercado, en una metalurgia, que en una oficina de Lanbide.
No nos oponemos a estas iniciativas, pero, como ya le he comentado en otras ocasiones, tengo duda en la forma en la que esas certificaciones revierten en la atención a las personas. Estoy segura de que usted me lo va a poder aclarar.
Mila esker.