LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (San José López) (EAJ, 2018-05-11):
Señor Hernández, antes de responder a su interpelación, le haré algunas consideraciones que me parece oportuno señalar.
El Decreto 24/2016 del 26 de noviembre, del Lehendakari, de Creación, de Supresión, Modificación de los Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, es el que regula las competencias departamentales.
En su artículo 16, en dicho Decreto se especifican concretamente las referidas al Departamento de Trabajo y Justicia, en su punto D, se dice textualmente: "Seguridad Social, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía".  En el programa de Gobierno para esta XI. legislatura se encuentran la reclamación y negociación de la trasferencia del Régimen Económico de la Seguridad Social, en los términos de la Disposición Transitoria 5ª del Estatuto de Gernika.
Desde estas competencias y desde la preocupación por el futuro de las pensiones públicas, preocupación que nos ocupa a todos y a todas, le voy a responder.
...y desde la preocupación por el futuro de las pensiones públicas, preocupación que nos ocupa a todos y a todas le voy a responder.
He seguido con sumo interés los debates que se han sustanciado en esta Cámara sobre la situación de los y las pensionistas, y sobre la conveniencia o no de complementar las pensiones hasta un mínimo de 1.080 euros.
Voy a comenzar declarando la idea de sistema de pensiones que defiendo y luego le hablaré sobre la cuantía mínima de la pensión.
Yo defiendo el sistema público de pensiones vigente en el Estado, otra cosa son los problemas con los que se encuentra, que luego comentaré también. Defiendo el sistema público de pensiones porque es el único que garantiza que todas las personas independientemente de su condición social puedan tener acceso a una pensión digna.
Por otra parte, es un derecho recogido en la Constitución de 1978 en los artículos 41 y 50. Este sistema es viable y sostenible si se basa en la solidaridad intergeneracional y territorial, si se dota de las aportaciones necesarias y si las políticas económicas de empleo y de condiciones laborales acompañan adecuadamente.
En años muy recientes y en décadas más lejanas, el sistema ha garantizado las pensiones e incluso ha producido importantes excedentes que han constituido el denominado...
(Grabazio-akatsa)
...esencial de carácter social y solidario, un sistema en el que los cotizantes de hoy, trabajadores y empresas lo hacen para que cobren su pensión los actuales pensionistas, y ellos la cobrarán con lo que coticen otros.
Esto es básicamente lo que está recogido en el Pacto de Toledo, que por cierto, debería activarse y fortalecerse, porque el Pacto de Toledo es el lugar natural donde debe abordarse la cuantía de la pensión mínima, una cuantía para la que ya existen referencias con más o menos consenso y habría que concretar cuantía, periodo de consecución y garantías de financiación a largo plazo.
Si queremos unas pensiones públicas para todos, suficientes y solidarias, es un error pretender localizar parcialmente su solución. Seguro que coincidimos en que en esta sociedad hay sectores políticos que pretende llevarnos hacia otros sistemas alternativos basados en las aportaciones a planes privados de capitalización. Planes privados que dejan fuera a los más desfavorecidos, a los que no pueden ni aportar ni generar el ahorro suficiente para vivir dignamente al acabar su vida laboral.
Le decía antes señor Hernández, que sistema que yo defiendo está acusando problemas que lo ponen en cuestión. La reducción de cotizaciones por efecto del desempleo, la precarización del empleo, la devaluación de los salarios o el debilitamiento de la negociación colectiva son algunas de las causas que producen que los costes de mantenimiento del sistema público de pensiones se sitúen por encima de los ingresos.
Para superar esta situación es preciso aplicar medidas que tengan una fuerte carga de voluntad política, que se aborde globalmente, que se trate como lo que es, un problema de país; y esto nos lleva y llevará otra vez al Pacto de Toledo. Porque estamos hablando de uno de los pilares básicos del Estado de bienestar y su viabilidad se basa en la redistribución de la riqueza generada en el país.
Me preocupan y mucho los y las pensionistas que están sufriendo un proceso de empobrecimiento, que tienen ingresos por debajo de lo que se considera el umbral de la pobreza a los que el Estado no responde con los incrementos que necesitan. Pienso que las administraciones debemos de actuar, pero también creo que la solución definitiva va a venir entre otras cosas porque se cree empleo de más calidad reduciendo los empleos temporales y los de tiempo parcial.
En definitiva, que los jóvenes accedan a empleos con mejores salarios y más estables, que se impulse la negociación colectiva para que se incrementen los salarios de los y las trabajadoras, que exista una verdadera concertación y un diálogo social, que insisto, se ponga en valor el Pacto de Toledo.
También creo que las pensiones no contributivas, determinados gastos de gestión y políticas de subvención a la contratación pueden y deben financiarse desde los presupuestos generales del Estado.
Paralelamente, hay que afrontar las situaciones de pobreza a las que me he referido antes y que se están produciendo en el colectivo de pensionistas.
Encuentro dos días para superar esas situaciones. Por una parte, mantener el compromiso con el sistema público de pensiones y, por otra parte, reformar para reforzarlo nuestro sistema de protección social. Este segundo es un debate que está pendiente de suscitarse en esta Cámara y sobre el que ustedes tienen la última palabra.
Señorías, lo sustancial es mantener y fortalecer el sistema público de pensiones, que las pensiones alcancen los ingresos suficientes para garantizar una vida digna. Mi ideal sería que no fueran necesarios los subsidios. Los responsables de la situación que viven muchos de las y los pensionistas son los que aplicaron en medicamentazo, los que han recortado las ayudas por dependencia y los que anunciaron una subida del 0,5 % de las pensiones.
Otra de las cuestiones que se suscitan a la hora de afrontar estos debates es la de cumplir con las recomendaciones de la Carta Social Europea. Estas recomendaciones deben constituir un referente de actuación y nos obligará a actualizar las herramientas de las que nos dota el autogobierno para alcanzar el objetivo.
Relacionar las pensiones con el salario mínimo interprofesional, incrementarlas en función del índice de precios al consumo y como le decía, completarla con los instrumentos propios de nuestra autonomía, deben ser el compendio que permita la vida digna de los y las pensionistas.
No voy a entrar en más detalles. Como le decía al principio de mi intervención, no quiero abordar temas que no son de mi única competencia, pero ustedes van a debatir una proposición de ley para la reforma de la renta de garantía de ingresos, una proposición de ley que han presentado los grupos que apoyan al Gobierno y que contiene una renta de garantía diferenciada para los y las pensionistas, una renta de garantía que aumentará el complemento de ingresos, que, estoy convencida, va a suponer una mejora sustancial.