HERNÁNDEZ HIDALGO (EP, 2018-10-25):
Eskerrik asko, egun on legebiltzarkideok.
Bueno, ante la iniciativa que traía el grupo EH Bildu, la señora Ugarte, pues bueno, yo creo que la propia señora Ugarte era consciente que con nuestra coalición iba a ser fácil entenderse, porque desde luego, cualquier tipo de iniciativa cuyo objetivo y contenidos sean las mejoras de condiciones de trabajo de nuestra clase, de la clase trabajadora, pues ahí desde luego nos van a encontrar a la coalición Elkarrekin Podemos.
Ha sido tan sencillo, que yo con la señora Ugarte solo he tenido una conversación telefónica de unos dos o tres minutos, y hemos intercambiado un correo electrónico.
Eso ha sido todo lo que nos ha costado llegar a un acuerdo, porque estábamos efectivamente, ante una iniciativa de mejora de condiciones de trabajo de las y los trabajadores, en este caso de un sector importante, de quienes trabajan en contratas para la administración pública, y por lo tanto, ahí siempre van a encontrarnos a la coalición Elkarrekin Podemos.
Y además, en este caso esta iniciativa también no solo de salir adelante supondría una mejora para las condiciones de trabajado de miles de trabajadoras y trabajadores, sino que en nuestra opinión, supondría también una mejora de los servicios que hace la administración pública.
Porque nosotros somos absolutos convencidos y convencidas de que a mejores condiciones de trabajo, las y los trabajadores desarrollamos mejor también el trabajo.
Donde sí era más difícil encontrarnos era con la enmienda a la totalidad que presentaron conjuntamente Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, porque aunque era una enmienda pequeñita, solo tiene un párrafo. A pesar de eso, a mí me parece una enmienda absolutamente extensa, para lo que dice y para lo que quiere decir.
Era un párrafo, cuatro o cinco líneas, que para lo que quieren decir, yo creo que con una línea y media era suficiente. Básicamente lo que le instan al Gobierno es a que cumpla la ley. Es básicamente lo que están diciendo, a que haga cumplir la ley.
En relación a los convenios de aplicación, faltaría más, es que son convenios de aplicación. Si son convenios de aplicación, las empresas están obligadas a aplicarlos.
Y es triste, que haya que pedirle al Gobierno que los convenios de aplicación en empresas que están trabajando para la administración pública, pues se tienen que cumplir.
Y luego hablaba de la ley a la que ha hecho referencia la señora Ugarte. Lógicamente, pues una ley que habla de las cláusulas sociales en la contratación pública, pues lógicamente se tiene que cumplir.
Por lo tanto, era difícil encontrar un punto intermedio entre las dos iniciativas.
A nosotros nos parece que la contratación pública, es una de las principales herramientas que tenemos en la Administración para garantizar el cumplimiento de los valores, por los que tienen que velar las autoridades públicas, la igualdad, la cohesión social, etcétera. Porque supone un porcentaje muy importante de nuestra economía, en torno a un 15 %, y por lo tanto, nos parece grave que se esté admitiendo y que se esté utilizando también en el caso de nuestra comunidad autónoma una herramienta  - y por eso nosotros incluíamos el tema de la subcontratación - , una herramienta diseñada y que se utiliza en todos los países de nuestro entorno, que se utiliza para degradar las condiciones de trabajo y ahorrar costes y aumentar beneficios de las empresas, que es la de la subcontratación. Esto se hace en el sector privado pero se está haciendo también en las empresas que contratan con la Administración pública.
Nosotros pensamos que los contratos de trabajo que dependen en última instancia de la Administración pública tienen que estar en el centro, es decir, y yo lo he dicho también alguna vez y lo he repetido en comisión desde el principio de la legislatura, para nosotros, la Administración pública es también una herramienta para generar puestos de trabajo y para generar buenos puestos de trabajo.
El objetivo de las administraciones públicas y de los servicios públicos no debe ser solo, por supuesto que también, pero no debe ser solo generar servicios a la ciudadanía, tiene que ser también junto a ello generar un sector de empleo público importante, que garantice unas condiciones de trabajo dignas.
Por eso nosotros siempre somos favorables a ampliar digamos el funcionariado, ampliar una Administración pública potente, sabemos que aquí hay diferencias ideológicas de fondo con otros grupos. Nosotros pensamos que la Administración pública puede y debe hacer eso, pero también sabemos, que la Administración pública en determinadas ocasiones tiene que contratar con empresas privadas. Y pensamos que cuando se contrata con empresas privadas la Administración pública como contratante debe está obligada a garantizar que todas aquellas personas que trabajen en esas empresas lo hagan en buenas condiciones.
Y por lo tanto, ante una iniciativa así, y que evidentemente se puede llevar a la práctica, nosotros pensamos que no hay razones para oponerse a ella sin colaborar con esa estrategia que solo persigue maximizar beneficio de empresas a través del empobrecimiento de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores porque eso es lo que pasa en la realidad.
La Ley de Contratación Pública además establece tres niveles para la contratación. En primer lugar, debe prevalecer la contratación directa; en segundo lugar, a través de empresas públicas, y en tercer lugar, las contrataciones con empresas privadas y subcontrataciones.
Y nosotros lo que vemos es que en la realidad de Euskadi esto no se respeta. En la realidad de Euskadi se viene utilizando de manera habitual  - yo interpelé una vez al señor Erkoreka también sobre esta cuestión - , se viene utilizando de manera habitual el método de la contratación continua de múltiples servicios que podían ser asumidos por la administración pública si se desarrollase esta para poder suministrarlos.
Y lo que no puede ser de ningún modo es que esto se aproveche para tener siempre empresas contratadas, y que luego, subcontratan con condiciones de trabajo cada vez peores.
Por lo tanto, en la iniciativa en la transacción que hemos firmado con el grupo EH Bildu hay tres cosas que se pueden llevar a la práctica perfectamente. Lo ha explicado la señora Ugarte, además, hay alguna sentencia, se puede exigir las condiciones en la que administración pública debe contratar con empresas para poder garantizar condiciones de trabajo dignas.
Se puede exigir no solo que se apliquen los convenios de aplicación porque eso lógicamente lo deben cumplir, pero se puede exigir en los pliegos que apliquen los convenios sectoriales, los últimos convenios sectoriales, porque sabemos que la reforma laboral hizo decaer algunos de ellos cuando antes esos convenios no decaían.
Se puede exigir unos salarios mínimos que se consideren necesarios, porque además la legislación europea habla de este tipo de cuestiones, porque la contratación pública debe tener también en consideración las cuestiones sociales. Y desde luego, se puede abordar el tema de la subcontratación como no se está abordando en este momento, y sabemos que sería muy difícil, como decíamos en nuestra enmienda inicial, eliminar todas las subcontrataciones que existen.
Pero la práctica habitual de las administraciones públicas y en esto ni la Administración autonómica vasca, ni las de las diputaciones, ni las de los ayuntamientos son una excepción, la tendencia es siempre ahorrar coste a costa de la mano de obra de las y los trabajadores. Y esto se puede revertir con medidas como las que se plantean en esta proposición no de ley.
Lo que desde luego nos parece que no aporta nada  - no voy a decir que esté mal, pero que no aporta nada - , es decirle al Gobierno que cumpla lo que ya son sus obligaciones. Y además, ni siquiera esforzarse en decir cómo lo va a hacer, cómo va a hacer el Gobierno para que se cumplan esos convenios de aplicación.
Porque no sé si el espíritu es el que traslada por ejemplo la señora Artolazabal, cuando en una comisión yo le referí sobre el fraude que utiliza la Patronal con los contratos en práctica y su única respuesta fue que si yo conocía algún fraude de este tipo que lo denunciase en Inspección de Trabajo, se fía todo a Inspección de Trabajo, cuando la Administración pública tiene una responsabilidad con eso.
Por lo tanto, nosotros pensamos que es una buena iniciativa y por supuesto la vamos a votar.