REYES MARTÍN (PSE-EE, 2013-11-07):
Gracias, presidente andrea.
Discutimos el asunto de la morosidad y el Grupo Socialista trae esta iniciativa con la intención de solucionar un problema de supervivencia en Euskadi del sector del transporte de áridos, que no es menor, afecta a unas mil empresas de este sector.
Son Pymes que dependen del crédito a corto plazo para sobrevivir y necesitan por lo tanto cobrar en un plazo razonable. La normativa les ampara. El plazo está fijado, en el caso de la contratación pública, para un máximo de 30 días y 60 compacto.
Esto se cumple en el ámbito de la industria, en el comercio, pero curiosamente no en el de las obras públicas y no porque las administraciones no cumplan. El Gobierno Vasco, las diputaciones forales pagan en plazo, generalmente en 30 días o menos. Los ayuntamientos no, hay de todo.
Pero el problema está dentro de la obra pública, en la contratación de las empresas constructoras y sobre todo en la subcontratación.
Hasta no hace mucho, hasta hace tres años, estas empresas pagaban en un plazo máximo de 60 días, pero como consecuencia de la crisis, han decidido que ésta era para ellas una buena forma de financiarse, aplazando el pago a los subcontratistas. Es decir, la Administración paga a una empresa en 30 días, en cualquier caso en menos de 60, pero esa empresa no paga a sus subcontratas ni en 30 ni en 60, sino que lo está haciendo en 200 días de ese orden.
Es el caso de San Mamés donde por ejemplo, hay subcontratas que están pagando a 200 y a 300 días. Es el caso de algunos tramos del AVE y se podrían poner muchos sin necesidad...
...por ejemplo hay subcontratas que están pagando a 200 y a 300 días. Es el caso de algunos tramos del AVE y podrían poner mucho sin necesidad de hablar de las empresas de referencia, pero generalmente es en el ámbito de la construcción y lo sufren las subcontratas, que a veces es un autónomo que tiene un camión, o una empresa pequeña de transportes.
Esto es gravísimo, porque tienen que adelantar para funcionar estos empresarios el dinero del gasto cotidiano, de los días que trabajan, y eso supone, hablando de promedios, es un promedio estadístico oficial, unos 6.000 euros al mes de gasto, si tardan seis meses en cobrar, estamos hablando de que ese transportista está adelantando 36.000 euros en ese semestre, y además se cronifica, porque si cobra un mes lo que trabaja ese mes siguen aplazándoselo seis meses.
Es decir, tiene que adelantar un dinero que no tiene en una época de crisis porque tiene que amortizar el camión o los camiones, porque trabajan con márgenes cada vez más reducidos y no tienen tampoco fácil el financiarse en las entidades bancarias, por un lado, porque no hay crédito fácil para estos casos, por otro, porque las empresas no le garantizan ante la entidad bancaria, y luego, cuando consiguen algo de crédito, porque los costes son inasumibles para los márgenes con los que trabajan.
Eso significa lo que ha ocurrido, que hace aproximadamente tres años había como 500 empresas de éstas en Bizkaia, y ahora quedan unas 120, en cuestión de tres años. Y no es una mera reestructuración del sector, es que a veces se recurre a servicios de fuera de la Comunidad que puede a veces trabajar incluso más barato, lo cual puede ser inexplicable.
El foco del problema está, por lo tanto, no en la ley, la ley dice con claridad que son 30 días y el plazo máximo 60 con pacto. El problema está en las subcontratas, en obligar a que los contratistas paguen en el plazo, como a ellos les hace la administración, a los subcontratistas.
La forma de obligar a esto la hemos incorporado a la transacción en el primer punto que hemos acordado, lo cual agradezco al grupo Nacionalistas Vascos, que es solicitar, instar al Gobierno de España a que establezca un régimen sancionador, porque el asunto viene de largo.
Ha habido cambios legislativos, se han introducido medidas en las administraciones públicas, pero cuando alguien no paga y quien puede reclamar, quien sufre el impago se le dice no trabajas más si vas al juzgado y las cosas no están para perder muchos trabajos, lo que ocurre es lo que está ocurriendo, que el sector se va muriendo de inacción, no por falta de trabajo, sino por falta de cobro.
Lo cual es tremendo, entre otras cosas, no porque sea injusto para estos autónomos, estas empresas y para los trabajadores (...) las tienen, es porque es un problema para todos en un momento de crisis económica. Si estos acaban desapareciendo, prácticamente desapareciendo, otros transportistas de Cantabria, de La Rioja, de Valencia cubrirán algunos servicios, pero pagarán el IVA en su comunidad, los limítrofes probablemente echen el gasóleo en la comunidad de procedencia y al final nada de lo que se genera en ese sector en riqueza en Euskadi quedaría aquí.
Por lo tanto, la única forma de obligar es que se establezca por el Estado, que es quien tiene competencia, un régimen sancionador, de tal manera que cuando alguien no pague en el plazo que tiene que hacerlo sufra una sanción que le haga desistir, a él y al resto de persiste en esa práctica. Es algo efectivo, en Portugal y en Francia, las mismas empresas, las mismas, cumplen el plazo de los 30 días y aquí pagan a 200, financiándose fuera del mercado financiero, expoliando a los subcontratistas.
Así mismo, en la transaccional pedimos, instamos al Gobierno Vasco a que incorpore en las convocatorias de licitación o el pliego de condiciones como condición de ejecución del contrato el pago en plazo a los subcontratistas, es decir, que pueden perder el contrato si no cumplen, lo cual es muy razonable y viable.
También pedimos con carácter general, que la administración, por iniciativa propia y en contacto con el sector haga todo aquello que esté en su mano para luchar contra esta lacra de la mora en las subcontratas en las obras publicas.
Y también, por último, que se estudie cómo asegurar que el límite legal de subcontratas en una obra pública se cumpla. Es decir, que no haya más subcontratas de las que están marcadas legalmente.
Porque cuantas más haya, cuanto más fraccionamiento, por más manos va a pasar el pago debido, al último subcontratista, que es el que trabaja y más va a tardar en cobrar. Y en condiciones más difíciles.
Esta transacción responde a la iniciativa del Partido Socialista, de los cuatro o cinco puntos, a todos menos uno, y también a dos que eran comunes, con la de Nacionalistas Vascos.
El que se ha eliminado, que a mí me parecía muy importante, que era que la posibilidad de transferir el estipendio del contratista al subcontratista, en caso de mora, en caso de que el contratista no pague que sea la propia administración la que legalmente pudiera derivar lo que le corresponde por el trabajo realizado al subcontratista del estipendio del contratista.
Esto es verdad que con la actual Ley del Contrato del Sector Público pudiera tener alguna dificultad y entonces, en la transacción lo hemos quitado, dejándolo como intención política, porque creemos que vienen cambios en ese sentido, en estos tiempos.
Por lo tanto, que el Gobierno Vasco y el Gobierno de España se aplique la solución a este problema, porque no es un problema meramente sectorial, no es un problema menor, sino que en Euskadi se está cargando a un sector comercial, fundamental. Y sino, lo pagaremos todos.
Gracias.