CELAÁ DIÉGUEZ (PSE-EE, 2015-06-25):
Egunon guztioi.
Señorías, el Grupo Socialista respalda, siempre lo ha hecho, la oferta de estudios universitarios con todas las garantías  - subrayo, con todas las garantías -  a la población reclusa en las condiciones establecidas por la legislación vigente, como vía muy importante para la reinserción.
Y estima que son los tribunales y no este Parlamento los competentes para, en su caso, investigar los supuestos situaciones de falsificación, casos de falsificación que denuncia Covite. O eventualmente, cualquier otro colectivo o persona individual.
Señorías, lo que nos trae aquí los dos grupos, UPyD y el Partido Popular, el Grupo Popular, perdón, afirma lo siguiente: "El Parlamento Vasco acuerda crear una comisión especial de investigación sobre el histórico trato de favor dado a los presos de ETA por parte de la universidad del País Vasco, las irregularidades e ilegalidades habidas y las responsabilidades que de esos hechos pudieran derivarse".
...por parte de la Universidad del País Vasco las irregularidades e ilegalidades habidas y las responsabilidades que de esos hechos pudieran derivarse.
No afirma presunto trato de favor, afirma trato de favor por parte de la universidad, no de algunos profesores, irregularidades e ilegalidades habidas. Oiga señorías, esto es un ilícito penal. Y como ilícito penal tiene su consiguiente responsabilidad o sanción penal.
Hasta ahora señorías, no ha habido ningún ilícito penal, ninguna cosa juzgada que haya dado lugar a ilegalidad alguna. Irregularidades, ilegalidades no.
Señorías, el delito de falsificación de un acta, de un expediente es un delito grave, es un delito con consecuencia penal y la responsabilidad penal es individual. Y son los jueces, como ha venido siendo hasta la fecha, los competentes para investigar el delito, juzgarlo e hacer cumplir lo juzgado.
Por eso el colectivo de víctimas del terrorismo hace lo que tiene que hacer tras mantener la convicción, su convicción, de que ha mediado falsificación en algunos casos, denunciarla ante los tribunales. Y serán ellos señorías, lo que determinen en su caso la responsabilidades a las que haya habido lugar.
Señor Oyarzabal, señor Maneiro, una comisión de investigación parlamentaria de la que no puede derivarse ninguna responsabilidad política, ni responsabilidad académica, porque la universidad es autónoma señoría si se acuerda. Ni responsabilidad penal, porque nosotros no tenemos capacidad de sancionar, señorías, no puede ser el procedimiento adecuado.
Y es del procedimiento, entiendo, de lo que hablamos, porque no hablaremos de las víctimas, no hablaremos de las víctimas. Porque todas las víctimas del terrorismo saben que los socialistas estamos con ellas, que su sufrimiento ha sido el nuestro durante muchos años y sigue siendo. Y que el respeto a la justicia, a la dignidad y a la memoria es siempre la guía de nuestra acción política para ir cerrando las heridas que el terrorismo ha ido dejando en nuestra sociedad.
En ocasiones señorías  - y aquí se han mencionado -  la responsabilidad política nos ha obligado, obliga a que el Parlamento actúe en paralelo, incluso en paralelo a la justicia, para el esclarecimiento de determinadas actuaciones que puedan parecer irregulares o delictivas, siempre que de ellas puedan derivarse responsabilidades políticas y así ha sucedido en esta Cámara con múltiples comisiones de investigación sobre cosas que estaban siendo, efectivamente en paralelo, investigadas por los tribunales.
Pero es que lo que ahora se nos plantea en sobre cosas que estaban siendo, efectivamente, en paralelo, investigadas por los tribunales.
Pero es que lo que ahora se nos plantea  - además de ser ya en sí mismo, en su expresión un delito constatado en la expresión - , lo que ahora se nos plantea riza el rizo señorías.
Porque se nos pide investigar no al mismo tiempo que la justicia lo está haciendo, sino cuando la justicia ya ha emitido su sentencia absolutoria. Eso es lo que se nos pide investigar, más aún cuando la justicia ha dicho que ésa era la cosa juzgada y por lo tanto tiene la verdad judicial de su lado, oiga, desde la época romana al (...), es decir, tiene la verdad judicial de su lado, cosa juzgada o prescrita. Y oiga, los que creemos en la Constitución, los que defendemos la Constitución sabemos que la prescripción es una institución jurídica contenida en el artículo 9.2 de la Constitución, que precisamente lo que afirma es que por el paso del tiempo las situaciones sencillamente decaen. No todos los delitos decaen, pero estos sí.
Y ése fue el razonamiento que utilizó precisamente  - ayer lo supimos, no sabemos cuándo - , la fiscalía de Bizkaia al afirmar que lo que se estaba tratando de plantear ante la fiscalía de Bizkaia por parte de Covite, o era cosa juzgada o era prescrita. Por eso señorías, cosa juzgada o cosa prescrita.
Por eso resulta inadmisible que algún preso de ETA se beneficie o pueda beneficiarse de una reducción de su pena con unos estudios para los que falsificó documentos en un pasado lejano. Puede resultar o resulta inadmisible que pudiera beneficiarse, pero eso es algo que deben corregir las instancias judiciales que velan por el cumplimiento efectivo de las penas impuestas. No es una tarea que corresponda a este Parlamento. Y desde luego es del todo inaceptable señorías, que estos supuestos se utilicen para extender una mancha de sospechas sobre la Universidad del País Vasco. Y quiero recordarles lo siguiente, porque ayer también se especulaba al respecto.
Fue en el año 1983, en el año 1983, cuando se firmó un convenio entre la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la UNED, para abrir la posibilidad, siendo Felipe González presidente, para abrir la posibilidad de una reinserción a través de la oferta de estudios universitarios a la población reclusa.
Es en 1988 cuando siendo rector Emilio Barberá, se convenia con la UNED de Bergara, siendo don Iñaki Maiza el rector de la universidad de la UNED de Bergara, el director de la UNED de Bergara, se convenia con la UPV para empezar a ofertar estudios universitarios a la población reclusa.
Situación que sigue hasta el año 2003, en el que siendo Jose María Aznar presidente del Gobierno, se modifica la Ley Orgánica General Penitenciaria para emitir el requisito de conveniar, de tener que conveniar, entre la universidad e instituciones penitenciarias.
Una situación que sigue hasta la fecha, de 2003 a 2015, sigue hasta la fecha. En 2004 sin embargo, se elabora un protocolo por parte de la universidad, un protocolo que sólo ha sido aplicado a la población reclusa en cárceles francesas y no a la población reclusa en cárceles españolas.
Por tanto señorías, durante todo este tiempo ha habido diligencias presentadas ante los jueces, ante los tribunales. En el año 2005 se presentó una querella ante la audiencia nacional por parte de la AVT, que fue archivada como ustedes bien saben.
Se archivaron otras diligencias además presentadas ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, archivada. Y ante el Juzgado de Instrucción número tres de Getxo, se presentó en el 2005, se presentaron unas diligencias que son de las que hablábamos ayer. Unas diligencias, un procedimiento judicial en la que se han examinado más de 500 expedientes académicos, en las que han sido imputadas  - ayer nos lo recordaban -  36 personas. Y en las que han declarado no solamente el personal docente, sino el personal de administración y servicio, los rectores de la época que se examinaba, los decanos, vicedecanos, etcétera.
Y ha dado lugar a una sentencia absolutoria. ¿Que significa eso? ¿Que todo el mundo es inocente? ¿Que no ha habido lugar a ninguna irregularidad en el pasado? No, señorías. Ustedes saben muy bien y yo ayer también se lo recordaba, que en la verdad judicial puede que alguien sea declarado inocente haya resultado culpable. ¡O incluso entre los no imputados, oiga!
Pero en la línea divisoria entre las democracias asentadas constitucionalmente y los países totalitarios y las sociedades totalitarias, radica precisamente ahí. En si preferimos que un culpable esté en la calle o un inocente en la cárcel.
Y miren señorías, francamente, no sé si me va a dar tiempo a más pero si no lo haré en la réplica. Ustedes sencillamente aquí presentan una situación de facto y pretenden que entremos a investigar no sabemos a quién, no sabemos a qué, no sabemos en qué tiempo, no sabemos quienes van a acudir, con qué competencias. ¿Y si los que no acuden son precisamente los culpables? O qué les vamos a declarar inocentes a los que acuden y culpables a los que no acuden
¡Oiga! ¿Qué responsabilidades podrían devenirse de semejante investigación? ¿Sería un arreglo justo? ¿Sería un resultado justo? Quienes van a venir, con qué procedimientos, con qué fuentes, qué tipo de responsabilidades vamos a derivar de todo esto.
Señorías, esto no da lugar, desde luego es un procedimiento completamente equivocado, completamente incoherente, máxime cuando ya la justicia tiene una sentencia absolutoria sobre el periodo que ha concluido, tiene también una prescripción y por lo tanto estamos a aquellos nuevos asuntos que puedan surgir.
Que por cierto, se planteaban ayer ante la Audiencia Nacional, son los tribunales  - repito -  los competentes para poder llegar a atender a entrar a conocer sobre estos ilícitos penales.
Nada más y muchas gracias.