HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2014-11-14):
Eskerrik asko legebiltzarburu andrea.
Señor Maneiro, efectivamente, ha hecho usted un repaso completo de lo que supone la figura jurídica del aforamiento, su tratamiento legal y el tratamiento que está recibiendo también por parte de la doctrina y por la crítica política y mediática más moderna.
El aforamiento constituye –usted lo ha hecho notar– una figura jurídica propia del ámbito del derecho público ,en virtud de la cual determinadas personas, en función de los cargos que ocupan o de las funciones que desempeñan, no van a ser enjuiciadas por el juez natural, por el juez de primera instancia, sino lo van a ser por un tribunal superior, que puede ser el Supremo, el tribunal superior de justicia de la comunidad autónoma correspondiente o, en su caso también, en algunos casos de aforamiento, la audiencia provincial correspondiente.
Se trata de una figura arraigada en el derecho público y procesal del Estado español, que apenas tiene presencia en otros territorios, en otro estados y sobre la que se ha escrito muchísimo.
Usted ha hecho notar algunas de las características de la figura. Con respecto al aforado, el régimen del aforamiento tiene efectos positivos y tiene efectos negativos.
Tiene efectos positivos en la medida en que –esto no lo digo yo, hay una larga doctrina del Tribunal Constitucional que ha postulado estos planteamientos y lo ha sostenido–, los efectos positivos son que a través del aforamiento se pretende garantizar una determinada independencia institucional, hacer que determinados cargos, de determinadas responsabilidades públicas, queden al margen o puedan sustraerse al efecto perturbador que pueda producir una utilización torticera de la judicatura para atacarlos o para impedir su actuación.
Insisto, esto no es que lo diga yo. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones y forma parte, además, de la reflexión que la doctrina jurídica, los procesalistas han defendido a este respecto.
El Tribunal Constitucional seguramente en buena parte en su doctrina es tributario de la presencia en su seno durante muchos años de un catedrático de derecho procesal, Vicente Gimeno Sendra, que seguramente ha sido el autor de algunas de las aportaciones que se han hecho a la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con este asunto.
Éste es uno de los aspectos positivos. Usted ha apuntado algunas patologías. Ha puesto de manifiesto que la sensación de la ciudadanía es que el aforamiento produce retrasos injustificados en la tramitación de algunos procedimientos, y la convicción o la sospecha de que las personas aforadas son objeto de un tratamiento privilegiado por parte de los jueces y tribunales, en función precisamente, del aforamiento.
Y ha hablado también de las sospechas que genera en la ciudadanía y en la opinión pública, el hecho de que el aforamiento reconduzca la competencia objetiva a tribunales superiores, cuya composición tienen una fuerte componente política en la medida en que es adoptada o es acordada por el Consejo General del Poder Judicial, que tiene una designación política, en la medida en que sus miembros pues son designados por el Congreso, por el Senado, en fin, a través de los procedimientos establecidos en la ley. Bien.
Pero lo cierto es que –también usted lo ha apuntado– el aforamiento tiene un serio inconveniente para la persona que se acoge al mismo. El fundamental inconveniente procede del hecho de que la persona aforada carece del derecho a la segunda instancia.
Es cierto que el derecho a la segunda instancia no está expresamente reconocido en la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a los recursos, pero el derecho a los recursos que están recogidos en la ley y, en la medida en que la propia ley establece el mecanismo del aforamiento, pues es un derecho que difícilmente se puede invocar porque es un derecho de configuración legal.
Sin embargo, se puede decir que el derecho a la segunda instancia en el ámbito penal forma parte de nuestro ordenamiento jurídico a través de la previsión contenida en el apartado segundo del artículo 10 de la Constitución, cuando dice que "las previsiones de la Constitución relativas a los derechos fundamentales y las libertades públicas, se interpretarán con arreglo a los pactos y convenios internacionales suscritos sobre la materia".
Porque sí hay convenios y pactos internacionales suscritos sobre la materia en los que el derecho a la doble instancia penal aparece expresamente recogido.
Podríamos citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ambos lo recogen, ambos han sido suscritos por el Estado español y ambos tienen, por tanto, una presencia efectiva en el ordenamiento jurídico español, con independencia de lo que al respecto pueda establecer el ordenamiento propiamente interno.
Es cierto que a partir del año...
...ordenamiento jurídico español con independencia de lo que al respecto pueda establecer el ordenamiento propiamente interno.
Es cierto que a partir del año 2003 hay una tendencia del legislador orgánico a generalizar el derecho a la segunda instancia. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tuvo lugar el año 2003 tendió a generalizar la segunda instancia en el ámbito penal, previendo un recurso de apelación para las sentencias penales de las audiencias provinciales ante los tribunales superiores de justicia. Y para las sentencias de contenido penal de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo.
Hay una tendencia en ese sentido pero es cierto que por sí mismo el sistema del aforamiento impide que la persona aforada pueda acogerse a esta segunda instancia. Y es un obstáculo para la persona aforada y es un obstáculo adicional que genera perjuicios especiales para quien sin ser aforada es una persona que es arrastrada por la figura del aforado al conocimiento de la causa penal en la que pudiera estar implicado como consecuencia del aforamiento y de la atribución de la alteración de las reglas de atribución de competencia objetiva de los tribunales.
En relación con este asunto, ya hay resoluciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que están poniendo de manifiesto las perturbaciones que el régimen de aforamiento plantea en relación con el derecho a la segunda instancia penal. Lo que pasa es que son dictámenes que no son jurídicamente vinculantes hasta la fecha. Y en la medida en que el legislador no adopte medidas más drásticas, alterando o suprimiendo sencillamente las previsiones jurídicas que contemplan el aforamiento, pues esas cautelas, esas observaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no van a verse efectivas.
El problema es que el aforamiento hoy por hoy está contemplado en normas jurídicas cuya modificación no está al alcance del Gobierno. No son, por tanto, previsiones que puedan ser modificadas por este Gobierno. Estamos hablando de la constitución. Estamos hablando de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estamos hablando de los estatutos de autonomía y estamos hablando incluso de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Y alguna norma más que contempla supuestos específicos de aforamiento.
Ninguna de estas normas que acabo de citar puede ser modificada por el Gobierno y el impulso para su modificación podría ser puesto en marcha por el Gobierno pero podría ser puesto en marcha por cualquiera de los parlamentarios de esta Cámara que tiene iniciativa legislativa. Con presentar una proposición de ley que se tramite en la Cámara como proposición de ley que plantea una iniciativa autonómica para reformar la Constitución o el Estatuto de Autonomía o la Ley Orgánica del Poder Judicial pues podría hacerse perfectamente.
Usted ha hecho referencia a una iniciativa que usted presentó y defendió aquí en la Cámara allá por el mes de junio de este mismo año. Una iniciativa en la que se planteaba la adopción de medidas tendentes a la supresión del aforamiento y a la modificación o a la derogación de las normas que la configuran, que la prevén y configuran esta figura jurídica. Pero esa iniciativa no prosperó y si no prosperó no fue por el Gobierno sino porque la Cámara no le prestó apoyo.
Sin embargo, usted se sumó a una enmienda formulada por otro grupo parlamentario en la que lo que se planteaba no era directamente derogar esas normas, sino que se planteaba el examen, reflexión y adecuación. Iniciar un proceso de reflexión. Un proceso de reflexión al que, lógicamente, el Gobierno no se opone. Y lo que hoy estamos haciendo, este intercambio de opiniones, puede formar parte de ese proceso de reflexión.
Yo le puedo decir que la iniciativa que en relación con el borrador de Ley Orgánica del Poder Judicial adoptó el Gobierno central a impulsos no del actual ministro de Justicia sino del anterior, en el que se suprimía la figura del aforamiento para un amplio elenco de los cargos públicos que venían estando aforados y que siguen estando aforados con la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente actualmente. Esa propuesta llegó al Gobierno Vasco. Nosotros desde el Gobierno Vasco hicimos muchísimas alegaciones a ese proyecto de ley, a ese anteproyecto, pero no pusimos ninguna objeción al hecho de que la Ley Orgánica del Poder Judicial optara por suprimir los aforamientos que dependen de ella.
Ésa es la posición de este Gobierno, no defendemos el aforamiento en absoluto, independientemente de lo que al respecto se pueda decir y que yo he pronunciado aquí de aspectos positivos y negativos del mismo. El Gobierno, por tanto, no se opone. El problema es que no depende del Gobierno la adopción de medidas jurídicas que supongan esa supresión.
Eskerrik asko.