GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2015-03-06):
En que esta justicia debe tener objetivos propios, respuestas diferentes de las de justicia penal de los adultos y un enfoque multidisciplinar durante todas las fases de la intervención, que respete, sobre todo, los derechos de los menores.
La ley reguladora, que es la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, que regula, como digo, la responsabilidad penal de los menores, articula el régimen jurídico aplicable a las personas mayores de 14 años y menores de 18 que comenten infracciones contempladas como delitos o faltas en el Código Penal y en el resto de leyes penales especiales.
Y como saben también ustedes, para determinar sus responsabilidad, sancionar sus conductas y para el cumplimiento de las medidas que les impongan se aplican normas, como digo, especificas.
El enjuiciamiento corresponde a juzgados diferenciados y el cumplimiento de las sanciones se atribuye a las comunidades autónomas, que deberán disponer y deben disponer de recursos suficientes para estos distintos tipos de medidas, dotados de las condiciones materiales y medios profesionales necesarios para la función que deben cumplir, garantizando, en todo momento, como digo, los derechos de los menores.
En Euskadi, el Departamento de Justicia y Administración, a través de la Dirección de Justicia, es quien ejerce estas competencias en materia de justicia juvenil, como, por ejemplo, la ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de esta Ley de Responsabilidad Penal del Menor; la organización, dirección y gestión de centros y servicios para la ejecución de estas medidas judiciales; la creación, dirección y coordinación, además de la supervisión de los programas, en relación con menores y jóvenes sometidos a medidas judiciales, incluso la propia gestión para la ejecución de las medidas judiciales; la elaboración de informes, propuestas y comparecencias ante el Ministerio Fiscal y otras series de órganos judiciales en relación con esa situación, incluso la situación personal de los menores.
Es misión del Departamento asegurar la disponibilidad de recursos idóneos para atender de manera satisfactoria la ejecución de esas medidas impuestas por los juzgados de menores, atendiendo, como digo, al carácter primordial de la intervención educativa, a la búsqueda de la reinserción ejecutiva y asegurando el interés superior del menor.
Como digo, en Euskadi, como decía, el sistema de justicia juvenil está reconocido. No es la joya de la corona, pero funciona razonablemente bien. Aunque, como todo en esta vida, es susceptible de mejora, es mejorable.
Me estoy refiriendo en este caso a los menores infractores y su tratamiento y a la mejora de los proyectos educativos en orden a diseñar planes de intervención específicos, dirigidos a estos infractores, que aborden de manera multidisciplinar y con mayor efectividad las actitudes y conductas violentas.
Pero con independencia, señorías, de que la relación de causalidad, derivada de la mejora de las intervenciones, debe provocar una modificación positiva en la actitud de los menores infractores y, por tanto, en las condiciones de trabajo de los equipos educativos, lo que hoy debatimos tiene un componente más terrenal, más a pie de pista.
Trata sustancialmente de que el Gobierno Vasco ejecute medidas de mejora de esas condiciones de trabajo, porque lo que efectivamente no ha sido objeto de actualización  - y me estoy refiriendo a una actualización en profundidad, a una actualización necesaria, algo se ha hecho, es verdad, pero no es suficiente, porque si no, no pasaría las cosas que pasan, que son las cosas que ocurren que dan origen a este tipo de iniciativas - , es el tratamiento y cumplimiento de aquellas recomendaciones recogidas en la propia evaluación del sistema de riesgos del centro de Ibaiondo que se elaboró en 2009.
De eso precisamente es de lo que se trata en esta iniciativa de hoy. Se trata, señorías, de garantizar la seguridad de los trabajadores del centro. Se trata de garantizar la formación continua de los trabajadores del centro. Se trata de garantizar, muy importante, la supervisión psicológica de los trabajadores del centro.
Los proyectos educativos de este tipo, los proyectos educativos en centros de intervención con menores infractores como Ibaiondo, que acoge a menores que han cometido los delitos más graves dentro del amplio abanico, la ejecución de estos proyectos ejecutivos requiere de un alto nivel de especialización, que se traduce en un trabajo complicado, muy complicado.
Queremos, por tanto, que se empodere a los educadores. Queremos que se empodere a los equipos que trabajan en el centro, con situaciones de tensión muy elevada y que se reconozca el trabajo. Queremos que se reconozca también que las situaciones de estrés, provenientes de situaciones de tensión en el propio centro, sean calificados como enfermedad profesional y no como enfermedad común.
El Gobierno Vasco ha asegurado que trabaja con la dirección del centro de menores de Ibaiondo y sabemos que es cierto, porque quiere poner en marcha todas aquellas medidas que permitan que el personal pueda desempeñar su trabajo con plenas garantías de seguridad. Eso es lo que le estamos pidiendo que haga, que haga lo que dice que hace.
Por eso, hemos firmado esta enmienda de transacción, que yo creo que va a contar con el apoyo de todos los grupos y a los que agradezco de antemano su disponibilidad y, sobre todo, su actitud colaborativa para mejorar la proposición inicial.
Y que textualmente y sobre todo muy claramente, tan claramente incluso que sería evitable cualquier tipo de intervención para explicar la transacción a la que hemos llegado dice:
"El primer punto es una declaración de principios en la que se insta, pero sobre todo una declaración de principios, al Gobierno Vasco a mantener una política de justicia juvenil dirigida a la reeducación de las personas menores infractoras a través de un proyecto educativo que les posibilite expectativas reales de futuro".
Va de suyo, principio fundamental reconocido y además con una trayectoria importante, como digo. Y luego le pone deberes, porque entre otras cosas para eso están las proposiciones de ley, no de ley, para poner deberes al Gobierno y para impulsar la acción de Gobierno.
Y en ese sentido se insta al Gobierno para que en el plazo de un mes empiece a ejecutar aquellas recomendaciones recogidas en la valoración de riesgos laborales, en colaboración con la dirección del centro y los profesionales  - muy importante -  que están relacionados con la protección física de las personas trabajadoras en el ejercicio y sus funciones ejecutivas.
También a que elabore un protocolo integral de actuación para evitar situaciones de violencia desde el punto de vista educativo, sanitario y jurídico. Aquello que hablábamos de la multidisciplinariedad.
Y garantizar las medidas de seguridad necesarias en el centro educativo Ibaiondo y en el resto de los centros de justicia juvenil, promover la formación continua del personal, fomentando el empoderamiento de las y los educadores, y finalizar todos los protocolos de prevención de riesgos laborales, con especial incidencia en los riesgos psicosociales.
Muy importante esto también. Es un avance importante que están solicitando desde hace mucho tiempo los y las trabajadoras del centro Ibaiondo, que ponga en marcha las medidas necesarias, en definitiva, para establecer con carácter obligatorio una supervisión externa psicosocial de los equipos y responsables, educativos, profesionales del centro.
Como digo, señorías, hay veces que da gusto firmar transaccionales, fundamentalmente, porque creo que el acuerdo ha mejorado sustancialmente la proposición inicial y las enmiendas que se presentaron.
Y les agradezco de nuevo su colaboración, su actitud para el acuerdo y espero que, efectivamente, esta iniciativa se resuelva con un voto afirmativo mayoritario.
Muchas gracias.