RONCAL AZANZA (PSE-EE, 2013-01-31):
Eskerrik asko, señora presidenta. Egun on denoi.
Señorías, sozialistok osoko bilkura honetan irtenbide bat eskaini nahi diegu botiken kopagoaren eraginpean daudenei. Gure eskumenak erabil daitezela nahi dugu, gastu erantzi bidegabe bat saihesteko, osasunaren babes publikoaren eskubideari eragiten diona, zeren eta hemen, Euskadin, egin dezakegu. Eta guztien konpromezua nahi dugu, gure Gobernuarena baita ere hauxe berea ekiditeko.
Señorías, los socialistas queremos en este Pleno ofrecer una solución a quienes se puedan ver afectados por el copago farmacéutico. Queremos que se utilicen nuestras competencias para evitar un gasto añadido injusto y que afecta al derecho a la protección pública de la salud. Porque aquí, en Euskadi, lo podemos hacer.
Tenemos instrumentos para evitar esta injusticia y queremos el compromiso de todos. También de nuestro Gobierno para impedirlo. Porque nosotros no entendemos el autogobierno como un instrumento de mera protesta. Creemos profundamente en la capacidad que tenemos en Euskadi para crear un sistema público de bienestar y cohesión social, dotado con recursos suficientes.
Creemos que tenemos los instrumentos jurídicos y económicos a nuestro alcance para impedir que nuestros mayores, a quienes se congela y no se revaloriza las pensiones que ya han cotizado, para acceder a la medicación se les vuelva hacer pagar. Creemos que tenemos herramientas para evitar que sean los enfermos los que paradójicamente tengan problemas de acceso a las medicinas que necesitan, sobre todo los enfermos crónicos y los mayores.
Por eso, nuestra iniciativa no es una mera declaración de oposición a las medidas adoptadas por el Gobierno de España, es una medida a favor del servicio público de protección a la salud de los ciudadanos vascos. Por eso esta propuesta no ser queda en una encomienda genérica al Gobierno Vasco, es un compromiso de la Cámara.
Y en vísperas de que se nos traiga un proyecto presupuestario, que nos anuncian recortado, queremos blindar este sistema público. En este sentido, pedimos al Gobierno del señor Urkullu, que siga haciendo posible este sistema de salud que garantice la universalidad, que sea público y gratuito, que sea de calidad, y que para ello utilice todos los instrumentos jurídicos.
Y el primer reto jurídico es la defensa del decreto aprobado por el anterior ejecutivo en el uso de sus competencias, para garantizar este derecho precisamente. Queremos que el actual Gobierno no se arrugue, que tome nota, el Tribunal Constitucional ya nos dijo que teníamos razón cuando defendimos el derecho a la asistencia a los inmigrantes irregulares. Y ahora toca que el Gobierno se vuelque en impedir el copago.
Nuestro grupo está convencido de que nos asiste la razón, pero si hubiera una resolución judicial contraria no podemos ser insumisos. Debemos acatar la sentencia. Eso sí, sin perjuicio de nuestra capacidad para utilizar otros instrumentos en nuestra mano. En breve, tendremos que discutir los presupuestos.
Pues bien, pedimos al señor Urkullu que en el proyecto incluya o que se destaque un fondo de compensación para los colectivos que se vean afectados por la imposición de esta medida.
Un fondo cuyo costo puede ser compartido con medidas fiscales, especialmente desgravaciones por este gasto añadido. Porque creemos que todas las instituciones tenemos que estar implicadas en este objetivo. Y todos tenemos capacidad competencial para hacerlo.
Y añadimos una última consideración, que el coste total para las arcas públicas vascas sea descontado de lo que se debe de pagar al cupo.
Esta fórmula del descuento ya la hemos aplicado en otras cuestiones que hemos considerado estratégicas para Euskadi. De hecho, lo hacemos para avanzar en los trabajos del Tren de Alta Velocidad. ¿Y por qué no para la salud? ¿Es que hay algo más estratégico que el derecho a la protección de la salud?
Por otra parte, la cuantía no es elevada, que esa es la mayor previsión de la decisión del Gobierno de España. Lesionar el derecho a la salud sin conseguir a cambio un gran beneficio económico. El anterior consejero de sanidad, Rafael Bengoa, ya adelantó que las distintas fórmulas de copago decretadas por el Gobierno de España supondrían un ahorro, que no un gasto, para las arcas públicas, un ahorro de 33 millones de euros. 33 millones de euros en unos presupuestos superiores a los 3.000.
Pero alertó que el coste de aplicación del coste de aplicaciones informáticas y de gestión administrativa podrían ser superiores al ahorro obtenido. Por no hablar del coste real, el del largo plazo, el de la salud de los vascos. El de quienes se lo piensen, tengan que pensárselo dos veces o elegir entre pagar una medicina o comer, que los hay.
Porque decir que 18 euros al mes no son nada, que eso es mínimo, que se lo pueden quitar de cafés, es algo propio de quien desconoce el país en el que se vive, que no están al tanto de la dramática situación por la que están pasando tantas familias, de quien pasa por alto a tantos pensionistas que hoy tiene que volver a acoger a hijos y a nietos, y que les dan de comer con sus propias pensiones.
No sé qué es peor, si tomar decisiones tan graves por desconocimiento de la realidad social o por tener intenciones más oscuras. Y de seguir así, no sé si este tipo de decisiones acabará algún día en ese modelo a la japonesa, en la que un ministro opta por recomendar a los mayores que se mueran cuanto antes, porque una población muy longeva es una carga muy importante para la sociedad. No lo sé, pero camino llevamos.
También lo advirtió el consejero Bengoa, el copago, aparte del daño que causa a los colectivos afectados, lanza un mensaje profundamente negativo para el conjunto de la sociedad, también para aquellos que hoy gozan de buena salud y que no se dan por aludidos. Se les está diciendo, se está mandando un mensaje en el que se dice que el paciente estorba.
Pues no, los socialistas nos negamos. Apostamos, naturalmente, por medidas de eficiencia en la gestión, ésas que en la pasada legislatura permitieron atender a 33.000 personas más cada año a la vez que reducíamos las listas de espera y, sin embargo, con presupuestos congelados o menguantes. Tales medidas apuestan por recetar medicinas genéricas, por las subastas de medicamentos para alcanzar el mejor precio, o por instaurar y continuar con la estrategia de atención a crónicos.
Éstas son las medidas con las que se pueden permitir ahorros y destinar esos ahorros a atender a más gente, a hacer un servicio mejor y a hacer, en definitiva, una sanidad sostenible. Por eso, nos oponemos al copago farmacéutico, al del transporte y al de la ortopedia.
Con este mismo argumento nos defendimos ante el Constitucional para hacer valer el derecho a la atención sanitaria de los inmigrantes ilegales, porque creemos en sus derechos a la protección y porque pensábamos que la decisión del Gobierno de España no ahorra. Desviaba el gasto a urgencias e impedía el seguimiento de determinadas enfermedades.
Recupero lo que dijo en diciembre el Constitucional, a la vez que defendía el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de los inmigrantes sin papeles, señalaba la convivencia de evitar riesgos para la salud al conjunto de la sociedad.
Porque tiene una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado. Y esto es lo que venimos defendiendo aquí.
Y si el Constitucional considerara que hay cuestiones o que por cuestiones competenciales el Gobierno Vasco debería seguir el Decreto de Rajoy, hacemos valer otras competencias: las de compensación, las de asistencia social, las fiscales.
Porque, en definitiva, que el Gobierno Vasco con nuestro acompañamiento siga la estela del predecesor, que siga defendiendo el autogobierno, pero aplicándolo en defensa del Estado de bienestar, para hacer que sea verdad y que sea realidad el lema tantas veces defendido en esta Cámara, que más autogobierno signifique más bienestar.
Que no haya excusas de dificultades presupuestarias, dificultades que no habría, por cierto, si se hubieran avenido a hablar de ingresos, de fiscalidad hace ya tres años.
Por tanto, queremos que hoy blindemos con medidas concretas el derecho a la protección pública de una sanidad universal, gratuita y de calidad.
Nada más y muchas gracias.