MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-07-08):
Gracias, presidenta.
Ya en su momento, hace más de dos años, apoyamos la toma en consideración de la proposición de ley de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, iniciativa presentada por EH Bildu, texto semejante a la ley andaluza, la primera de este tipo aprobada en España.
Hoy votaremos a favor de la ley. Nos encontramos ante una ley que finalmente y tras los trabajos en ponencia y en comisión, en los que, ciertamente, UPyD no ha podido participar consecuencia de la acumulación del trabajo parlamentario, consagra los derechos de los enfermos terminales, garantiza el máximo respeto a la autonomía del paciente en el proceso de muerte, delimita las obligaciones del personal sanitario y refuerza el papel de la unidades de cuidados paliativos para cuidar a los pacientes en el proceso final de su vida.
Las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tendrán el derecho a recibir información clínica sanitaria y asistencial; si rechazan de forma voluntaria y deliberada la información deberá respetarse esa decisión. El paciente terminal podrá rechazar una intervención o interrumpir un tratamiento e, incluso, en contra del criterio medico y a pesar de que esta decisión pueda poner en riesgo su vida.
Podrá elegir recibir los cuidados paliativos en el hospital o en casa y, en el caso de que elija morir en un centro sanitario, la ley garantizará que pueda estar en una habitación individual.
Hasta la fecha ya existían cauces para hacer posible la dignidad del paciente en el proceso de muerte, como son la Ley de Autonomía del Paciente o el documento de voluntades anticipadas. Esta ley perfecciona y facilita todo el proceso.
Gracias a la ley se instaura el derecho a recibir cuidados paliativos, incluida la sedación, y se podrán prestar en su domicilio, en la residencia o en el centro sanitario en que sea ingresada la persona, además, se procurará facilitar los medios necesarios para que los familiares o cuidadores puedan recibir ayuda específica, y se evitará que la atención en cuidados paliativos sea diferente según el centro.
Se trata de que en el proceso final de la vida no haya encarnizamientos innecesarios, tratamientos prolongados y que la muerte llegue en un proceso lo menos doloroso posible. Hoy contamos con los medios necesarios para ello, con la preparación de los profesionales y con la conciencia social que nos empuja a dar este paso adelante.
Por tanto, la ley supone un avance respecto a la normativa de la que disponemos y contará con nuestro voto. Sin embargo, el texto finalmente acordado entre EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco no menciona ni la eutanasia ni el suicidio asistido. El Grupo Socialista se ha reservado tres enmiendas, dos de las cuales hacen referencia a estas importantes cuestiones. UPyD va a votar a favor de esas enmiendas del Grupo Socialista.
En el segundo congreso ordinario de UPyD, aprobamos una resolución que literalmente decía lo siguiente: "Proponemos avanzar en la regulación legal del derecho a la muerte digna, es decir, a disponer el final de la propia vida sin sufrimiento adicional o eutanasia, en situaciones donde la persona interesada, plenamente consciente e informada no puede decidir y actuar por sí misma a consecuencia de cualquier impedimento físico, necesitando del auxilio de profesionales de la salud para dar fin a un sufrimiento insoportable.
"La regulación de este derecho deberá tener en cuenta la máxima protección jurídica del solicitante y del profesional dispuesto a auxiliarle, sobre la base de que la solicitud debe ser expresa y reiterada, con plena información y coincidencia del afectado y del personal sanitario".
UPyD apoya la ayuda a morir sin sufrimiento en aquellos casos en los que el interesado no puede provocar su propia muerte, es decir, vamos un paso más allá de lo que este texto final ha concluido y coincidimos con la definición del concepto de eutanasia que propone la Asociación por el derecho a morir dignamente y, en general, con lo que han reconocido la mayoría de las legislaciones de países donde se ha avanzado en esta cuestión  - Canadá, Bélgica, varios estados de Estados Unidos -  donde se asume el suicidio asistido por un profesional que receta los fármacos necesarios para poner fin a la vida por el propio interesado o con el auxilio de terceras personas.
En su momento recogí una frase de la sentencia del Tribunal Supremo canadiense que legalizó el suicidio asistido que me sigue pareciendo paradigmática y que merece ser recordada también en el debate de hoy: "El derecho a la vida no debe transformarse en obligación de vivir".
Esta ley que vamos a aprobar supone un avance, pero no un gran avance, porque, en gran parte, lo que se recoge ya se está haciendo. Es cierto, en todo caso que con esta ley se conseguirá mejorar la seguridad jurídica de los profesionales y que los pacientes tendrán un derecho claro a pedir que no se les administren determinados tratamientos para prolongar la vida.
En definitiva, supone dar rango de ley a lo que básicamente se está haciendo, "dormir antes de morir para no sufrir", que es otra de las frases típicas de los grupos y personas defensoras de la sedación en los procesos finales de la vida.
Hoy Euskadi se va a incorporar a la lista de comunidades autónomas que ya han elaborado leyes de estas características; primero fue Andalucía y luego Aragón, Navarra, Canarias, Baleares o Galicia.
Nosotros, en todo caso, abogamos por una ley nacional que fuera más allá de lo que llega esta y por la modificación del Código Penal para despenalizar la eutanasia.
Votaremos a favor de las enmiendas socialistas que hablan de la eutanasia y del suicidio asistido, y retiramos todas nuestras enmiendas, porque básicamente su sentido está recogido en el texto aprobado por la ponencia y la comisión. Nos hubiera gustado que se hubieran precisado de otra manera algunas definiciones y que se hubieran precisado mejor algunos extremos de las unidades y profesionales de los cuidados paliativos, pero seguramente en el día de hoy estas cuestiones pueden ser consideradas ya cuestiones menores.
Como digo, apoyaré las enmiendas socialistas que tratan de automatizar la aplicación de la eutanasia y el suicidio asistido en el mismo momento en que se reforme el Código Penal.
Realmente esto es lo verdaderamente importante, reformar el artículo 143 del Código Penal, que castiga con penas de hasta seis años de prisión al que coopere en la muerte de otra persona enferma. Esta es la cuestión, esto es lo que queda pendiente. Esta es la reforma que los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados deberán llevar a cabo cuanto antes.
Lo dicho, apoyamos la ley por las razones expuestas, porque da seguridad jurídica a los profesionales y garantiza el derecho de todos los ciudadanos a tener un proceso final de la vida digna y sin sufrimiento, aunque UPyD, ya digo, aboga por ir más allá y avanzar hacia una legislación en la que se despenalice la eutanasia y el suicidio asistido en toda España, con la máxima seguridad jurídica, obviamente, de modo que cada persona con plena libertad y consciencia pueda decidir sobre su vida, y sobre el momento y la forma de poner fin a esa vida.
Nada más y muchas gracias.