MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2013-04-18):
Sí, gracias presidenta.
Creo que tanto la señora Sánchez como la señora Arregi han explicado perfectamente el asunto. En la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, es decir, la Ley de Reforma Laboral que UPyD ha venido criticando de manera contundente, lo cierto es que el artículo 14 se dedica a la negociación colectiva.
A través de ese artículo 14, se modificó el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores que se refiere a la posibilidad de inaplicar el convenio colectivo aplicable en una determinada empresa cuando se den las causas fijadas en ese artículo. La inaplicación del convenio sólo puede afectar a las materias establecidas en la norma que en realidad son las más importantes: Jornada, horario, sistema de remuneración, funciones, etcétera.
Para poder llevar a cabo la inaplicación del convenio –también llamado descuelgue– es necesario acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores tras el correspondiente periodo de consultas. A falta de acuerdo en dicho periodo de consultas, cualquiera de las partes puede someter la discrepancia a la Comisión Paritaria del Convenio que deberá pronunciarse en el plazo de siete días. Si la Comisión Paritaria no alcanza un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.
Por último, cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad autónoma o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en los demás casos.
En base a este último inciso es donde se sustentaba la propuesta de decreto del Gobierno de López para constituir una comisión tripartita a semejanza de la nacional para que resolviera los desacuerdos relativos a la inaplicación de los convenios cuando afectasen exclusivamente a centros de trabajo ubicados en Euskadi.
En este sentido, conviene recordar que el Real Decreto Ley 5/2013 incorpora una Disposición Adicional Sexta que obliga a que las comunidades autónomas se provean del órgano tripartito capacitado para la adopción de la decisión en los conflictos derivados de la falta de acuerdo sobre la inaplicación del convenio en el plazo de tres meses, o suscriban un convenio de colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordando la actuación de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos en su ámbito territorial.
En todo caso, de no haberse llevado a efecto tales prevenciones, las partes podrán dirigirse a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para la resolución del conflicto de inaplicación. En marzo de 2013, se ha firmado el primer acuerdo de colaboración en este sentido entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Cantabria. Por otro lado, las comunidades de Andalucía...
...de colaboración en este sentido entre el ministerio de empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Cantabria. Por otro lado, las comunidades de Andalucía, Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha han conformado su órgano tripartito propio.
Pensamos que la propuesta EH Bildu está equivocada, o es un error evidente o plantea algo así como la insumisión. Debería aclararlo, creo que la propuesta de EH Bildu, digamos que no tiene mucho sentido tras la modificación introducida por el Real Decreto 5/2013, ya que si en el plazo de 3 meses no se crea ese órgano será la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos la que asuma dicha función y creo que no es lo que pretende EH Bildu.
Pero es lo que ocurriría en el caso de que se lleve a efecto lo que EH Bildu propone. Antes de esa modificación del Real Decreto 5/2013 sí que tenía su razón de ser la propuesta la EH Bildu, en la medida en que si no se creaba ese órgano ni se firmaba el convenio de colaboración con el Ministerio se bloqueaba a las empresas radicadas en el País Vasco esa vía.
Y de manera indirecta, se impedía el descuelgue de los convenios si no había acuerdo entre empresa y trabajadores. Ahora esa posibilidad ha desaparecido, por eso digo que tenía sentido la propuesta de EH Bildu si lo que se pretendía era bloquear a las empresas radicadas en el País Vasco esa vía e impedir el descuelgue de los convenios, si no había acuerdo entre empresa y trabajadores.
En conclusión y en definitiva, y para exponer finalmente la posición de UPyD, se trata de decidir, determinar si se prefiere crear un órgano propio o firmar el convenio de colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta que en caso contrario en menos de tres meses la empresas vascas podrán dirigirse a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Y nuestra conclusión es que sería firmar un convenio de colaboración con el Ministerio y no crear nuevos órganos.
Y por lo tanto, ésa es la posición política de UPyD, pensamos que lo ideal sería firmar un convenio de colaboración con el Ministerio y no crear nuevos órganos.
Nada más y muchas gracias.