Tejeria Otermin LEHENDAKARIA (EAJ, 2018-10-19):
Eskerrik asko, Martínez jauna.
Erantzuteko, Arriola jauna, zurea da hitza.
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZAKO SAILBURUAK (Arriola López): Gracias, señora presidenta.
Señor Martínez, es posible que recuerde que a primeros de abril de este año, al responder a una pregunta por escrito del grupo parlamentario de EH Bildu sobre la situación en que se encontraba el Reglamento de Viviendas Deshabitadas, indiqué que en fechas inmediatas se había producido un hecho relevante sobre esta cuestión, y me refería a la sentencia que con fecha de 22 de febrero había dictado el Tribunal Constitucional sobre la ley navarra de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda de 2013.
Destaqué en esa contestación que el Tribunal Constitucional entendía que la Comunidad Foral de Navarra era competente para incidir en la delimitación del derecho de propiedad al tener atribuido estatutariamente la materia de vivienda, y más precisamente en la definición de su función social mediante regulaciones orientadas a atender los intereses generales relacionados con la garantía a los ciudadanos al disfrute a una vivienda digna.
Resultaban inconstitucionales sin embargo, las disposiciones que permitían la expropiación forzosa en el caso de personas en especiales circunstancias de emergencia social, cuando estaban incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria llevados a cabo por entidades financieras.
Pero estas intervenciones se declaraban nulas no por excesivas o incongruentes, sino porque ya existía una normativa estatal al respecto, concretamente la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, o la creación del fondo social.
Por consiguiente, entendía el Tribunal Constitucional que estas medidas estatales ya imponían cargas a los acreedores hipotecarios para aliviar la situación de los deudores regulando el mercado hipotecario en su conjunto, de modo que no consideraba procedente establecer medidas adicionales como las contempladas en la normativa navarra, que el Tribunal entendía que podían menoscabar la plena efectividad de la competencia estatal.
En aquella misma respuesta por escrito señalé que en nuestro departamento creíamos que el fallo del Tribunal Constitucional relativo al recurso del Gobierno del Partido Popular contra nuestra Ley de Vivienda nos haría espera demasiado, y expresamos nuestra confianza en que el Tribunal Constitucional reconocería al Gobierno Vasco la capacidad para determinar qué viviendas podían calificarse como deshabitadas en Euskadi, conforme a la definición legal de la Ley vasca de Vivienda y mediante el garantista procedimiento recogido en ella.
Terminaba mi respuesta afirmando que una vez analizado el contenido de la citada sentencia, habíamos procedido a poner en marcha internamente el desarrollo del reglamento que regulará el registro de viviendas deshabitadas, con la intención de iniciar su tramitación como decreto en el momento en el que contáramos con el fallo del Tribunal Constitucional sobre nuestra Ley.
Sí, no empezamos a trabajar sobre el decreto una vez que tengamos la sentencia, sino que ya por el precedente de la sentencia sobre la ley navarra, reiniciamos el trabajo interno para tener elaborado un borrador que nos permitiera salir el fallo de la sentencia y en previsión de que fuera en la línea del fallo de la sentencia navarra, poder iniciar también conversaciones con los grupos parlamentarios, con Eudel, etcétera, de forma que pudiéramos avanzar, en la medida de lo posible, el máximo tiempo necesario para poder tener aprobado el proyecto de decreto y poder iniciar su tramitación procedimental.
De hecho estamos a día 19 de octubre y la sentencia ha sido hace unos días, ¿no? Y estamos diciendo que queremos iniciar la tramitación procedimental del decreto antes de final de año.
Estamos avanzando con paso decidido en base a que hemos tenido una previsión. Sí que es cierto, también en base a las resoluciones de esta Cámara, de trabajar internamente para poder avanzar en lo que es el borrador del decreto.
Recordará también que adelanté que en este tiempo de espera habíamos realizado los trabajos de campo en la encuesta sobre el uso de la vivienda que era una operación prevista en el último Plan Vasco de Estadística.
Hasta el 2015 esta encuesta estadística se denominó Estadística sobre Vivienda Vacía, y el propósito principal del estudio era conocer el número y las soluciones del estado de viviendas no ocupadas que tenemos en la comunidad autónoma y determinar su uso según la vivienda o temporada y deshabitadas, y dentro de estas últimas identificar las que son potencialmente gestionables. Es una herramienta fundamental todo esto.
Es decir, se pretendía un doble objetivo. Por un lado, se trataba de determinar la dimensión que tiene el fenómeno de la vivienda no principal en Euskadi  - la que no se destina a residencia habitual -  y, por otro lado, disponer de una estimación del número de viviendas ocupadas y recabar información sobre su estado, lugar de ubicación y sus características.
Y de hecho, hace un par de semanas dimos conocimiento de lo que son los datos de esta encuesta, que aplicando lo que son los parámetros en base a los cuales se considera la vivienda desocupada por la Ley de Vivienda 2015, estaríamos hablando estimativamente de 20.840 viviendas deshabitadas en Euskadi, un 2 % del parque de vivienda total de la comunidad; que además de esto, incluyendo aquellas viviendas que llevan desocupadas más de seis meses, que son 13.626, estaríamos hablando de un total de 34.466 viviendas que resultarían potencialmente movilizables para programas de dinamización de la vivienda deshabitada, en su conjunto un 3,3 % del parque de vivienda de Euskadi.
Hay que decir también que por territorios, las viviendas deshabitadas 16.456 están en Bizkaia, 11.610 en Gipuzkoa y 6.400 en Álava. También hay que decir que en muchas ocasiones las viviendas deshabitadas no se corresponden con los ámbitos en que hay más demanda por parte de la ciudadanía, que son las ciudades grandes y las capitales.
De hecho, si la media que tenemos de viviendas gestionables es de un 3,3 % del parque de vivienda, pues en la media de las tres capitales sería del 1,8 y Donostia-San Sebastián concretamente un 1,4, en Bilbao de un 1,6 y en Vitoria-Gasteiz el 2,3.
Y además hay que decir que el hecho de que estén deshabitadas no quiere decir que puedan ser habitadas inmediatamente. Y de hecho, también la encuesta nos dice que estimativamente un 37,7 % podría habitarse de forma inmediata, el 26,6 requiere obras leves o moderadas y el 16,8 necesitan una gran reforma.
En fin, han transcurrido apenas seis meses de la respuesta a la que me hacía referencia, y nuestras previsiones y esperanzas se han visto confirmadas positivamente por la fuerza de los hechos.
En primer lugar, la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el pasado 19 de septiembre sobre la Ley de Vivienda  - adoptada hay que decirlo, por unanimidad - , da luz verde definitiva a la norma en prácticamente todos sus extremos y, por tanto, vamos a poder desarrollar la ley en toda su extensión sustantiva.
Pocos días después, el 3 de octubre, presenté los resultados de la Encuesta sobre el Uso de la Vivienda 2017 que nos ha permitido tener una idea precisa, como le he indicado, del alcance del fenómeno de las viviendas no principales en Euskadi, estimando el número de viviendas desocupadas y ofreciendo información sobre su estado y características y esta información es muy relevante para acertar el diseño de la política pública de vivienda.
Además, contamos ya  - como le he comentado -  con un borrador inicial del decreto que desarrolla en su integridad todos los aspectos que configuran la política de vivienda pública, de la puesta en el mercado de la vivienda deshabitada que...
...que configuran la política de vivienda pública apuesta de puesta en el mercado de la vivienda deshabitada, porque el objetivo de la ley no es tanto perseguir a la ciudadanía, ni sancionarla.
El objetivo de ley es que la vivienda deshabitada, en este caso, salga al mercado, salga al mercado tanto de la venta como del alquiler y, en la medida de lo posible también, engrose en mayor medida las políticas de parque público de alquiler que realiza el Gobierno Vasco con sus programas de intermediación social.
Y a partir de estos hitos, y ya con solo legal sólido, en nuestro Departamento continuamos trabajando para aplicar todas las medidas contempladas en el capítulo IX de la Ley, que dota a las administraciones competentes de los recursos necesarios para garantizar la función social de la vivienda.
Y en ese sentido, seguiremos trabajando para que esos objetivos podamos plasmarlos y tengamos las herramientas necesarias desde el punto de vista de desarrollo legislativo para que pueda ser una respuesta.