SÁNCHEZ MARTÍN (PSE-EE, 2017-03-16):
Muchas gracias, presidenta.
Para los Socialistas una preocupación constante es que las personas puedan vivir con dignidad cuando se jubilan o cuando se interrumpe su vida laboral por causas inesperadas. Defendemos el sistema público de pensiones porque es el único que garantiza que todas las personas, independientemente de su condición social, tengan acceso a una pensión digna.
Hoy la realidad generada por la crisis económica es que el sistema público de pensiones se encuentra con dificultades a corto y largo plazo, por lo que es urgente arbitrar las medidas necesarias para garantizar el sistema público en condiciones dignas y suficientes. La experiencia histórica nos dice que cualquier circunstancia de crisis va a ser aprovechada para que a quienes se resisten a admitir el sistema público, o sea, la derecha o determinados grupos financieros trabajen, para reducir y dar oportunidades a los sistemas privados.
Consideramos que, a pesar de las dificultades, un sistema público es viable y sostenible si se basa en la solidaridad intergeneracional y territorial; un sistema de reparto soportado en la redistribución de conjunto de recursos generales obtenidos en cada momento; un sistema en que los cotizantes de hoy lo hacen para que cobren pensiones los actuales pensionistas y ellos lo cobrarán con lo que coticen otros. Así lo puso de manifiesto la consejera de Trabajo y Justicia, doña María Jesús San José.
En los últimos cinco años el Gobierno del PP ha impedido desarrollar el Pacto de Toledo y, además, se han recortado derechos, prestaciones y el poder adquisitivo del que disponían pensionistas y jubilados. Estos sectores apuestan por los sistemas alternativos basados en las aportaciones a planes privados, que se pueden hacer a lo largo de la vida laboral, y este es un sistema que deja fuera a los más desfavorecidos, creando una vía que solo es posible para los ricos.
En el sistema público se observa, en este momento, un desfase entre el gasto que supone el pago de las prestaciones y el ingreso obtenido a través de las cotizaciones, por una serie de razones: Por efecto de la crisis económica en el empleo, por su drástica reducción y, por consiguiente, la reducción de las cotizaciones, por la precarización generalizada del empleo, que ha ascendido en los contratos temporales y los contratos a tiempo parcial, que aportan menos desde el punto de vista contributivo.
Por la devaluación de los salarios, los trabajadores que inician su vida laboral cobran menos ahora que los que llevan más años insertando en el mercado laboral. Pero estos, además, están viendo cómo sus salarios no se incrementan o incluso se reducen por el debilitamiento de la negociación colectiva.
Y por otro lado, los ratios de trabajadores activos y pasivos se reducen año a año; la natalidad baja y la esperanza de vida aumenta.
El resultado, los ingresos son menores que los gastos. Menos personas trabajando, quienes trabajan lo hacen en condiciones más precarias, con sueldos más bajos, frente a unos pensionistas que parten de haber disfrutado mejores condiciones salariales y, por tanto, devengan pensiones más altas.
Por otra parte, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, creado a iniciativa del Pacto de Toledo, y que se incrementó de manera importante en años de gobiernos Socialistas, hasta alcanzar la cifra de 66.618 millones de euros en el 2011, ha venido haciendo frente a estos desfases, pero la política de los gobiernos del PP, saltándose las propias normas de gestión del Fondo, los está consumiendo y, con las reservas que quedan, en el 2017 estarán totalmente agotadas.
Por lo tanto, es urgente adoptar medidas para dar la vuelta a esta situación y superar este desajuste. Hay que asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y para los Socialistas esto pasa por una visión progresista, social y de igualdad efectiva.
Es importante incrementar ingresos; a mayores salarios, mayores cotizaciones, mayores ingresos. En definitiva, menos precarización. También habrá que combinar este incremento de ingresos por cotizaciones con la participación en presupuestos generales en la financiación de las pensiones incrementando el Fondo de Reserva de las Pensiones.
Es cuestión de cómo se concibe el Estado. Estamos hablando de uno de los pilares del Estado de bienestar y estaremos de acuerdo en que su viabilidad se basa en la redistribución de la riqueza generada en nuestro país.
Todo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno de Rajoy: Poca inversión productiva pública y privada; poco empleo, mal pagado, por efecto de una reforma laboral que ha precarizado el mercado de trabajo y hundido la negociación colectiva.
Y para conseguir aumentar los ingresos, es necesario actuar contra las causas directas del desfase, mediante el crecimiento del empleo de calidad, reduciendo empleos temporales y a tiempo parcial, así como incrementar los salarios.
La lucha contra el fraude en las contrataciones también es una medida que debe reforzarse y ahí considero importante la campaña de control en el fraude de los contratos a tiempo parcial recientemente anunciada por la consejera de Trabajo y Justicia.
Los Socialistas apostamos claramente por el sistema público de pensiones, el único que puede garantizar unas condiciones dignas y suficientes para todas las personas, y superar el riesgo de pobreza que puede ceñirse sobre los pensionistas.
Defendemos el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social, porque consideramos que es la mejor manera de asegurar unas pensiones dignas para todos los trabajadores en España, vascos incluidos. Es la garantía de pervivencia del sistema de pensiones público, sostenible y solidario.
Y frente a los que apuestan por un sistema propio, vamos a mantener nuestro compromiso solidario sin renunciar a mejorar nuestro autogobierno en esta materia, pero también sin poner en riesgo los derechos adquiridos por nuestros actuales y futuros pensionistas.
En el acuerdo de Gobierno entre PNV y el Partido Socialista se propone asumir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de un carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, todo ello mediante un convenio, tal y como establece la Disposición Transitoria 5ª del Estatuto.
Frente a opiniones, como pueden ser la del Colegio de Economistas, que consideran viable un sistema propio de pensiones, hay otros informes, como el realizado por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en el año 2015, donde se pone de manifiesto que el déficit de Euskadi entre unas y otras se elevaría a más de 2.500 millones de euros e incluso aumentaría con el paso de los años.
Euskadi es una comunidad que no está en situación de donantes, sino receptora. De hecho, desde el 2006, la Comunidad Autónoma vasca siempre ha estado en números rojos, porque nosotros tenemos pensiones más elevadas, porque en nuestra comunidad existían salarios más altos.
Estamos de acuerdo con la propuesta de iniciativa de la señora Pinedo, que nuestra prioridad debe ser que todos los ciudadanos y ciudadanas vascos perciban una pensiones dignas, que les permitan satisfacer sus necesidades vitales. Para eso tenemos establecido el sistema a través de la renta de garantía de ingresos, para completar las pensiones cuando estas no alcancen para asegurar la vida digna. Y es una realidad que el Gobierno Vasco viene realizando un gran esfuerzo en el complemento de las pensiones bajas a través de la renta de garantía de ingresos.
El objetivo es plantear soluciones que garanticen la viabilidad del sistema para toda una generación. Creemos en el sistema, y no podemos ni debemos dejar a nadie atrás. Pero los Socialistas creemos que la iniciativa que hoy se trae al Pleno ha de ser tratada en lo que tiene que ser la reforma de la garantía de ingresos, en todo su conjunto, en el Parlamento y no de una forma aislada.
Creo más que nunca es un momento de aunar fuerzas. Debemos conseguir un amplio consenso en la edificación de este sistema fundamental para la cohesión y la justicia social. Pero hagámoslo donde hay que hacerlo y en su conjunto, dentro de la reforma de la RGI que pronto abordaremos.
Por eso, defiendo la enmienda a la totalidad, al acuerdo que llegamos entre Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, donde se instaba al Gobierno del Estado a que, en incumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika, transfiera en la mayor brevedad la gestión del régimen económico de las Seguridad Social a Euskadi.
Hoy no hemos conseguido ningún tipo de acuerdo. Cada uno de los grupos hemos defendido nuestra postura. Estamos muy de acuerdo en muchas de las cuestiones de fondo en cuanto a los problemas existentes en la actualidad en el sistema público de pensiones. Tenemos un complemento a través de la renta de garantía de ingresos, vamos a debatir dentro de poco la reforma de la RGI. Hagámoslo ahí todo en su conjunto y no aprobando parches separados de ella. Eso es lo más lógico y coherente a futuro.
Nada más y muchas gracias.