LLANOS GÓMEZ (PP, 2014-02-20):
Gracias señora presidenta, egun on guztioi.
Bien, voy a intentar llevar un debate sosegado, porque creo que ni por gritar, ni por insultar, ni por utilizar eslogan y muchos adjetivos, como se han hecho aquí, se tiene más razón.
Nos encontramos debatiendo una vez más en esta Cámara y como en otras ocasiones una iniciativa legal que todavía no ha iniciado su andadura.
Porque ustedes, señorías, todos ustedes lo que están solicitando es que no se debata, que no se aborde una iniciativa que ni siquiera ha llegado a la Cámara, porque no, señor Maneiro, en su iniciativa ponía proyecto de ley, no lo es. Es un anteproyecto. Y que en nuestro entramado institucional que tiene competencia para abordarlo es el Congreso de los Diputados.
Como decía, lo que existe en este momento es un anteproyecto que ha iniciado su andadura. Se dice que no se escucha a nadie, ahora es cuando se va a escuchar. Ha iniciado su andadura este anteproyecto, su tramitación y será informado por distintos órganos consultivos, como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Comité de Bioética, el Colegio de Médicos, Colegio de Enfermería, Organización Médica Colegial, Consejo Nacional de la Discapacidad, asociaciones de mujeres, comunidades autónomas, etcétera. Y podrá ser con el concurso de estos informes objeto de debate, de mejora, de nuevas aportaciones y de diversos enfoques.
Como en el resto de los anteproyectos de ley, tras el inicio del camino en el Consejo de Ministros y su remisión a los órganos consultivos, llegará a las Cortes Generales para, en ese momento, dialogar, debatir, analizar posiciones y sugerencias.
En este momento en el que estamos es el momento de la iniciativa del Gobierno, pero ustedes lo que pretenden es privar al ejecutivo, al Gobierno de su capacidad de iniciativa y al legislativo, al Congreso de los Diputados de su trabajo parlamentario.
Todavía, como decía, no ha comenzado el trabajo parlamentario y ustedes ya están pidiendo la retirada.
Como se les ha dicho en los múltiples debates del Congreso de los Diputados, piden la retirada de todos los proyectos del Gobierno y anuncian la derogación, sobre todo el Partido Socialista, porque la suya es la política de la oposición por la derogación. Eso sí, esa derogación sólo la puede hacer un gobierno socialista, es el único que está legitimado para derogar y reformar.
Todo lo que no nace del trabajo del Partido Socialista parece que hay que derogarlo y lo que, en cambio, es aprobado a iniciativa del Partido Socialista es inmutable y nadie puede plantear ni su reforma, ni su derogación.
El Gobierno del Partido Popular quiere reformar la Ley del 2010, sí, sí claramente, pero a diferencia de lo que sucedió con ésa, con la del 2010, era una reforma anunciada y además es una reforma coherente y consecuente.
Es coherente y consecuente con la postura que siempre ha mantenido el Partido Popular de conciliar la protección de dos bienes jurídicos, dos bienes jurídicos, algo que ninguno de ustedes ha mencionado aquí, y que pueden entrar en conflicto.
Coherente y consecuente con la postura mantenida durante la tramitación de la anterior Ley, donde presentamos una enmienda de totalidad a la misma, un veto en el Senado, establecimos un voto particular que presentamos en la subcomisión que debatió la Ley y presentamos un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Y por último, es coherente y consecuente con lo recogido en nuestro programa electoral, tal y como dije aquí en octubre del año pasado.
La reforma supone, sí, volver a la Ley de supuestos como en el año 1985. Supone no criminalizar a la mujer eliminando todas las penas y se suprime la posibilidad de que las menores de 18 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres.
No vamos a entrar ahora en el contenido, más allá de poner de manifiesto que la necesidad de la reforma viene justificada porque la Ley ahí lo deja totalmente desprotegido uno de los dos bienes jurídicos, el del no nacido.
Porque la protección del bien jurídico del no nacido no es una excusa, como se señala en alguna de las iniciativas. Es una obligación que establece la Constitución. Sí, señor Maneiro, la Constitución, no la moral, la Constitución y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, y en derecho comparado también se establece.
Por ello, una ley de plazos implica una situación de desprotección absoluta que es incompatible con nuestra Constitución.
Es preciso hacer una consideración previa en torno a la iniciativa legislativa en curso y el doble rasero que en numerosas ocasiones se utiliza.
Cuando en 2010 se realiza la reforma, que ni se llevaba en el programa electoral, ni existía una demanda social, porque no existía, ni se planteó por el propio Gobierno, se hizo esa reforma sin ninguna gerencia externa. Por supuesto, con absoluta legitimidad.
Cuando lo pretende hacer el Gobierno del Partido Popular, siendo consecuentes y coherentes con su posición siempre mantenida y con el programa electoral votado mayoritariamente, lo hace por mandatos e injerencias ajenas, y se le niega la legitimidad para hacerlo.
Y también hay que negar dos afirmaciones que no se cansan de repetir y que son absolutamente inciertas. La primera, que el Gobierno del Partido Popular quiere romper el consenso. No es cierto, no se engañen.
El consenso lo rompió el Gobierno socialista, un consenso mantenido durante más de 25 años, desde el año 1985, con gobiernos del Partido Socialista y gobiernos del Partido Popular, uno de ellos con mayoría absoluta pero que no modificó esa Ley del 1985.
Y lo rompe, como he dicho, cuando no lo había incluido en su programa electoral, cuando no formaba parte de los compromisos adquiridos en el debate de investidura, pasado ya ampliamente el ecuador de la legislatura y emprendiendo una reforma legislativa del aborto, respondiendo a una demanda política porque no existía una demanda social, no existía. Y así era reconocido por el propio señor Zapatero y por la vicepresidenta, sólo un año antes, que no existía esa demanda social.
Lo que se pretende, como les decía, es volver al consenso, a una regulación ajustada con la normativa constitucional que contemple los dos derechos, los de la madre y los del no nacido, porque los dos existen pero ninguno de los dos es absoluto.
Y se pretende, como decía, volver a esa conciliación de la protección de los derechos en una ley de supuestos o indicaciones que apoya la mayoría.
Y segundo, negar esa falsedad de que esta ley –se ha dicho hoy aquí– no tiene en cuenta los derechos de la mujer, que es una ley contra la mujer.
Eso no es cierto. No lo es, señorías, y por muchas veces que lo repitan eso no lo va a convertir en verdad. Ni la Ley Aído daba derechos a la mujer, ni la ley que en este momento está en trámite se los quita.
Claro que tiene en cuenta los derechos de la mujer, pero como le digo, sus derechos no son absolutos, no son ilimitados. Existen dos valores en conflicto que deben de ser ponderados, que deben de ser armonizados y, cuando no es posible hacerlo, se deben precisar las condiciones y los requisitos en los que se dé la prevalencia de uno de ellos.
Y no lo dice sólo el Partido Popular. Lo dije aquí hace cuatro meses, en otros grupos políticos esto también se pone de manifiesto. El propio Tribunal Constitucional al señalar que el no nacido es un tertium diferente de la madre y merecedor de protección. Lo dijo el informe del Consejo Fiscal a la anterior Ley y eso es lo que recogía la Ley del 1985 y lo que pretende recoger esta reforma.
Señorías, hasta en el propio título se quiere recoger esto. Mientras la Ley Aído se denominaba Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el título de este anteproyecto es ley orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la embarazada.
La Ley del 2010 presenta el aborto como un derecho, aunque en algunas iniciativas hablan de derecho a decidir, hablan de derecho a una maternidad libre y elegida.
Pues bien, el pretendido derecho al aborto no existe en nuestra legislación, ni en ninguna normativa internacional. No aparece en los textos internacionales firmados por España, ni en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950, ni en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. No existe un derecho al aborto. Así lo dictaminó el Consejo de Estado cuando informó sobre la Ley de 2010.
Lo dejó claro el Parlamento Europeo el 10 de diciembre del año pasado y con anterioridad lo había dejado claro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por ellos, señorías, lo que procede es el debate. Lo que procede es empezar entre todos a debatir y hay que poner de manifiesto –y se ha dicho aquí– que el aborto puede tener consecuencias graves para la mujer y así está establecido médicamente en el síndrome post aborto
Y como se ha dicho aquí también, es un fracaso. No es una solución como algunos lo presentan, sino un fracaso político y un fracaso social, un fracaso de las políticas de prevención de embarazos no deseados, de las políticas de igualdad, de las de lucha contra la violencia de género y las de apoyo a la maternidad.
Por eso es necesario plantearse una reforma de la Ley vigente. Permitan ustedes que la ley llegue a la Cámara, señorías. Si tan seguros están de sus argumentaciones, sometan las mismas a debate, aunque es verdad que a ustedes –sobre todo a ustedes, señora Sánchez y los Socialistas– lo de debatir no les gusta.
La subcomisión en la que se debatió la Ley de 2010 debía durar al menos seis meses y se le dio carpetazo a las cinco semanas, sin comparecencias de los ministros de Igualdad y de Justicia. ¿Y por qué le dieron carpetazo? Pues porque muchos de los comparecientes no eran proclives a sus tesis y por ello, ni les quisieron escuchar ni quisieron debatir.
Y ahora quieren hacer lo mismo. Quieren impedir el debate y para ello son capaces de poner en duda la legitimidad del Gobierno mayoritariamente elegido en las urnas porque, al parecer, como decía, solo la Izquierda puede reformar las leyes en este país, porque –como también dije aquí y quiero reiterar– creen gozar de una superioridad intelectual y moral superior al resto.
Parece que sólo las mujeres del Partido Socialista, solo su opinión vale y en cambio las mujeres, la opinión de las mujeres del Partido Popular –ésas que usted ha enseñado en una foto– no vale, porque las opiniones de hombres o de mujeres solo valen si coinciden con las suyas. Y ahora pretenden negar –como decía– legitimidad al Gobierno de Partido Popular para reformarla.
¿Que a quién hemos preguntado? A los españoles, que ya les digo que el Partido Socialista no lo preguntó, nosotros sí. Lo llevábamos en el programa electoral y lo votaron mayoritariamente, mayoritariamente. ¿Qué sucede? ¿Lo que sucede aquí es la única opinión? ¿Lo que la gente vota, eso no cuenta?
Señorías, finalizo ya. Es necesario escuchar y debatir. Ayer mismo, ayer mismo el presidente del Gobierno ofrecía consenso, pero es que ustedes no quieren el consenso, porque el consenso significa acordar y ustedes no saben lo que es un acuerdo, no saben lo que es un consenso. Es porque lo digo yo y lo que digo yo, y todo lo que no es lo que digo yo y porque lo digo yo, ya está mal.
Pues miren, es necesario escuchar y debatir y nosotros lo que queremos es escuchar y debatir.
Señorías, no tengan miedo al debate.