MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2013-12-05):
Muchas gracias, buenas tardes.
El grupo Socialistas Vascos proponía inicialmente instar al Gobierno Vasco a regular la atención sanitaria de las personas inmigrantes sin permiso legal de residencia en los términos previstos por el decreto de junio de 2012 y avalados por el Tribunal Constitucional de forma que ninguna persona que reside en Euskadi quede sin asistencia primaria.
Inicialmente, nos parecía correcta esta iniciativa pero insuficiente. De ahí que registráramos nuestra enmienda de totalidad con el objetivo de que se garantice la asistencia sanitaria completa a todas las personas residentes en la Comunidad Autónoma vasca independientemente de cuál sea su situación legal.
Debo reconocer que nuestra enmienda presentada es incorrecta. No habría que proponer la modificación de la orden del actual Gobierno Vasco, sino que lo que habría que hacer sería modificar el decreto del Gobierno anterior. Es un error técnico pero, en todo caso, sí que nuestra intención era garantizar, como se dice ahí, la asistencia sanitaria completa a todas las personas residentes en Euskadi independientemente de cuál sea su situación legal.
Para que quede claro, compartimos la recomendación del Ararteko que se permita el acceso a la asistencia sanitaria de las personas necesitadas que no puedan hacerlo en función de la (...) derivada de su tiempo de empadronamiento. Creo que ha quedado esto claro una vez que nuestro grupo ha firmado la enmienda de transacción con el Grupo Socialista.
Todo esto comienza otra vez con una normativa injusta del actual Gobierno de España. En este caso todo, comienza con el Real Decreto del Gobierno de España, el Real Decreto 16/2012 llamado para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Lo cierto es que el Gobierno de España, a través de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha venido enfatizando permanentemente la publicación de este Real Decreto-Ley en las siguientes necesidades:
Necesidad urgente de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud; necesidad de clarificar los titulares del derecho a la protección de la salud a través de una normativa estatal; necesidad de adaptar la normativa española a la legislación europea para evitar el abuso del turismo sanitario; necesidad de garantizar un igual acceso a prestaciones sanitarias en función de la comunidad autónoma en la que se resida mediante la modificación de la cartera común básica y las medidas de cohesión del Sistema Nacional de Salud, como la instauración de la receta electrónica, historia clínica digital y una tarjeta sanitaria común interoperable; y, necesidad de eliminar duplicidades y trabas burocráticas para que los profesionales sanitarios puedan desarrollar su carrera en todo el territorio nacional sin impedimentos de movilidad.
Digamos que estos eran los argumentos que ha venido exponiendo la ministra durante el tiempo en que se tramitó este Real Decreto. Sin embargo, lo cierto es que la publicación de este Real Decreto-Ley no soluciona muchas de las necesidades esgrimidas para su elaboración.
La realidad de los hechos, más allá de la propaganda del Partido Popular, es que este Real Decreto no elimina trabas burocráticas. Este Real Decreto no garantiza un igual acceso a prestaciones sanitarias en función de la comunidad autónoma en la que se resida. Este Real Decreto-Ley no aumenta la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Este Real Decreto-Ley no ha conseguido frenar el deterioro de los servicios de sanidad en diferentes comunidades autónomas –podemos echar la vista a lo que ha venido ocurriendo en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la de Valencia o en Cataluña– y este Real Decreto no garantiza tampoco el derecho de los dependientes como se prometió en un inicio. Y, desde luego, el Real Decreto Ley del Gobierno de España no universaliza la sanidad como ha venido afirmando la ministra de Sanidad si no que hace que la sanidad sea menos universal.
Ésta es la realidad. Quedan cubiertos sólo aquellos ciudadanos que coticen en la seguridad social o estén cubiertos por esta por parentesco familiar con un asegurado. Toda persona mayor de 26 años que no haya cotizado y que no esté cubierto por sus progenitores quedaría fuera. Los inmigrantes indocumentados dejan de recibir asistencia sanitaria incluso en casos en el que el tratamiento de sus enfermedades en un medio y largo plazo pudiera suponer riesgos para la salud pública.
En conclusión, el Real Decreto-Ley hace que la sanidad en España sea menos gratuita, menos accesible y menos universal.
UPyD se posicionó en contra del Real Decreto del Gobierno de España. UPyD además ha presentado toda una serie de iniciativas en las que exigía al Gobierno la inclusión de nuevo de los inmigrantes indocumentados dentro de la cobertura sanitaria.
UPyD votó en contra, obviamente, de este Real Decreto-Ley y además hemos realizado preguntas en relación al cobro por la asistencia a inmigrantes indocumentados y hemos mostrado posicionamientos similares en otras comunidades como Asturias, Murcia o en la asamblea de Madrid.
Por lo tanto, con la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, la atención sanitaria de las personas extranjeras en el Sistema Nacional de Salud se ha limitado a quienes se encuentran en situación administrativa irregular. Y posteriormente, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 114/2012 reconoció a estas personas su derecho a la asistencia sanitaria previo cumplimiento de determinados requisitos. El Decreto del Gobierno López supuso que quienes tienen restringido el acceso a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud puedan hacerlo en el ámbito de Euskadi.
Sin embargo, la limitación de un año dejaba sin derecho a asistencia a las personas que no cumplieran el requisito de empadronamiento previo durante ese tiempo. Y nosotros queremos que se elimine el requisito de empadronamiento previo.
Posteriormente, llegó el auto del Tribunal Constitucional de diciembre de 2012. Al justificar el levantamiento de la suspensión de la vigencia del Decreto 114/2012, el Tribunal Constitucional tuvo en cuenta el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas a quienes afectan las medidas impugnadas por el Estado, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad.
El Tribunal Constitucional hacía suyos los argumentos del Gobierno Vasco, considerándolos vinculados a la defensa de bienes constitucionales particularmente sensibles y entendía que son motivos que no pueden ser desvirtuados por la mera consideración de un ahorro económico.
El derecho a la salud, ligado al acceso a las prestaciones sanitarias, es un derecho humano fundamental y universal que debe aplicarse a todas las categoría de la población. Nosotros estamos dispuestos a defender este derecho humano fundamental en cualquier lugar y también aquí en Euskadi.
La orden del consejero de Salud del actual Gobierno supuso un paso atrás. Esta orden obvia la situación provisional. Por primera Euskadi excluye del derecho a la salud universal y gratuita a quienes lleven empadronados menos de un año salvo determinadas excepciones y las urgencias.
En conclusión, estamos de acuerdo con la recomendación realizada por el Ararteko, que se revise el límite de un año de empadronamiento establecido en el Decreto 114/2012, de 26 de junio, de manera que sea posible el acceso efectivo a la asistencia sanitaria de las personas que no tienen la condición de aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud.
Es por esto que nosotros hemos firmado la enmienda de transacción que hemos firmado con el Grupo Socialista. Se trata de instar al Gobierno Vasco a modificar toda la normativa en vigor que en el momento actual impide el acceso a todas las personas a recibir atención sanitaria universal.
Se trata de desarrollar la normativa necesaria para garantizar la asistencia sanitaria, tanto primaria como especializada, a todas las personas con residencia en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa independientemente de su situación jurídico-administrativa, respetando los criterios de equidad y universalidad, tomando como ejemplo según se dice en la transaccional, las fórmulas adoptadas en Navarra. Y proporcionar a las personas residentes en Euskadi y que están en situaciones regular una tarjeta individual sanitaria que garantice su atención sanitaria universal.
Creo que esto es todo lo que desde aquí podemos hacer para poner freno a los recortes permanentes impulsados por el Gobierno de España también en el campo sanitario.
Queremos defender un derecho humano fundamental como es el derecho a la salud. Y por lo tanto, hemos firmado esta transaccional con el Grupo Socialista.
Gracias.