SARASUA DÍAZ (PSE-EE, 2015-03-05):
Eskerrik asko, presidente anderea. Lehendakari, señorías.
El Grupo Socialista trae a debate la adecuación del decreto regulador de las ayudas de emergencia social para dar respuesta a aquellas personas que, teniendo justificada la necesidad, se están quedando fuera por las situaciones que esta larga e inesperada crisis económica ha destapado.
Era voluntad de mi grupo haber debatido también hoy, y de manera urgente, sobre la habilitación de la partida presupuestaria que los socialistas incorporamos en los presupuestos para atender los casos de pobreza energética, que no están siendo cubiertos por las ayudas de emergencia social, para que esto fuera articulado mediante convenio con las organizaciones sociales.
Pensábamos que la urgencia estaba justificada porque vivimos meses de frío invierno, y es precisamente ahora cuando la gente necesita la ayuda prevista en presupuestos para poder hacer frente a las facturas energéticas. Pero ni el Partido Nacionalista Vasco, ni el Partido Popular, ni EH Bildu han entendido que debatir sobre cómo articular una ayuda para las personas que no pueden pagar sus facturas de luz y agua sea algo urgente.
Decía que la crisis económica nos ha traído a Euskadi una nueva realidad y nuevas situaciones de necesidad. Esto no lo decimos nosotros; lo dicen los numerosos estudios que hemos ido conociendo en los últimos meses: el estudio que realizó el CIS por encargo del Departamento de Empleo y Políticas Sociales para profundizar en la gestión de las ayudas de emergencia social en mayo de 2014; la encuesta de pobreza y desigualdades, también realizada en 2014 y que presentó el consejero Aburto en este Parlamento el 6 de noviembre; el séptimo informe FOESSA sobre la exclusión y desarrollo social en el País Vasco, y los informes de las propias organizaciones sociales.
De todos ellos se desprende un notable incremento de las situaciones de ausencia de bienestar y de riesgo de pobreza. Los datos hablan por sí solos. A finales de 2014 en Euskadi casi 500.000 personas padecían ausencia de bienestar (sí, un 22,7 % de lo población vasca), y 177.000 personas están en riesgo de pobreza. La Comunidad Autónoma vasca presenta en estos momentos una tasa de desempleo del 16,2 %, y las nuevas contrataciones se están precarizando, aumentando preocupantemente la temporalidad y la parcialidad. La situación de quienes están sin empleo es alarmante: el 55,3 % de las personas no cobra ninguna prestación. Es evidente, señorías, que existe más dificultad para llegar a fin de mes, para afrontar los gastos de primera necesidad y los asociados a la vivienda, como los recibos de la luz y el gas.
Nuestro sistema de protección social, que lleva más de veinticinco años en funcionamiento, ha amortiguado en parte los efectos de la crisis económica. Aun así, los estudios anteriormente mencionados evidencian que más de 138.000 hogares se ven afectados por procesos de exclusión social, y, de estos, 46.000 se encuentran en exclusión severa.
Aunque el dinero no es garante por sí mismo de la integración social, sí reduce la intensidad de los problemas de exclusión. Lo cierto es que la precariedad laboral implica contratos discontinuos, con salarios más bajos. La crisis evidencia cada día más la escasez y la ausencia de ingresos por rentas de trabajo en muchos hogares vascos. La mayor parte de estos hogares son de tipo unipersonal o nuclear con hijos, y quiero resaltar que la mayor vulnerabilidad social la sufren los hogares con menores de edad, o con al menos algún miembro en situación de desempleo.
Señorías, no me negarán que ante la coyuntura actual parece importante que nos preocupemos por conocer cuántas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión, y cómo están intentando resolver su situación acudiendo a ayuda a Lanbide y a los servicios sociales de base de los ayuntamientos.
En Euskadi es evidente que la red de solidaridad institucional, la familiar y la de las organizaciones sociales ha paliado los efectos de esta larga e inesperada crisis. No obstante, en los dos últimos años el número de hogares que no cuentan con ayuda económica en momento de necesidad se ha incrementado, y son ya tres de cada diez hogares los que se encuentran en situación de necesidad que no cuentan con ayuda económica.
Estos datos nos deben llevar a la reflexión y al debate político para alcanzar un consenso en torno a los ajustes que necesita un sistema de protección social vasco, y no al camino del disenso y de polémicas artificiales e interesadas sobre las ayudas sociales, que de forma planificada se arbitran bajo espurios intereses electorales que no llevan más que a enfrentar a unos ciudadanos con otros.
Este Parlamento debe frenar esos embates interesados y no dejarse arrastrar por intereses electorales. Este Parlamento debe reconocer que existe un problema acuciante: 500.000 personas padecen ausencia de bienestar (un 22,7 % de la población vasca), y 170.000 están en riesgo de pobreza (un 8,2 %), en una sociedad que dispone, en teoría, de instrumentos potentes para hacerla frente.
Hablamos de personas con serias dificultades para llegar a fin de mes o atender las necesidades urgentes por la progresiva precarización de las condiciones laborales y salariales, y hablamos de personas que llevan demasiado tiempo en el paro y que han agotado su prestación por desempleo.
Los socialistas hemos tomado nota de los datos relatados y que en lo fundamental son compartidos por todas las organizaciones sociales e instituciones. Por eso, frente a los planteamientos excluyentes, los socialistas seguimos empeñados en que nadie que lo necesite se quede sin la solidaridad de todos. Por eso, solicitamos que el Gobierno Vasco reforme el Decreto 4/2011, porque esta acción es un acto de gobierno, depende de su voluntad, y hoy el decreto de las AES está mostrando sus limitaciones.
Este decreto en 2011 debió impedir fraudes en el uso de estas ayudas, por lo que impuso unos estándares patrimoniales para acceder a estas subvenciones. El tiempo ha demostrado que esos límites dejan abierta la puerta a la exclusión, porque una herencia compartida en un inmueble, una huerta en un pueblo, una lonja que no se acaba de vender, están restringiendo el acceso al sistema a personas con auténticas emergencias y que no tienen liquidez, personas que tienen patrimonio que no pueden vender y que no tienen dinero para afrontar los gastos de primera necesidad y los gastos propios de la vivienda. Por eso proponemos que ese decreto gire del criterio de propiedad al de liquidez, por supuesto con todas la cautelas que el Gobierno considere para impedir que nadie se pueda aprovechar de este esfuerzo.
El PNV hablaba en su enmienda de hacer un estudio, pero los estudios el Gobierno ya los ha hecho. El propio Gobierno trajo a este Parlamento hace cuatro meses la última encuesta de pobreza y desigualdades, y los datos son concluyentes. Los datos se reflejan también en los informes de las propias organizaciones sociales. Y las necesidades no pueden esperar, no se pueden dilatar más.
Termino mostrando el agradecimiento del Grupo Socialista a los grupos enmendantes, por entender el espíritu de la iniciativa, por la cordialidad en las conversaciones previas y por el consenso alcanzado en torno a la firma de un texto transaccional que recoge, ante todo, una encomienda al Gobierno Vasco para modificar el Decreto 4/2011, con el fin de que puedan acceder a las ayudas de emergencia social las personas que no cuentan con liquidez para atender esos gastos específicos que prevén y palien situaciones de exclusión social, así como las nuevas situaciones de pobreza no cubiertas.
Instamos al Gobierno Vasco a que dé los pasos necesarios para modificarlo a lo largo de 2015, teniendo en cuenta sus propios informes y también los de las organizaciones sociales, que ponen de manifiesto estas nuevas realidades y necesidades no cubiertas que conducen a la pobreza y a la exclusión social.
Y también recogemos en el segundo punto que se presenten en este Parlamento, ante la Comisión de Empleo y Políticas Sociales, las modificaciones de dicho decreto antes de su aprobación.
Animamos también a los grupos no enmendantes a que se sumen a la aprobación de esta iniciativa y podamos llegar a unanimidad en este Parlamento para enfrentar esas necesidades de las personas ante las situaciones tan complicadas que están enfrentando.
Por nuestra parte, nada más. Eskerrik asko.