ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL (EAJ, 2013-01-24):
Eskerrik asko, presidente andrea, legebiltzarkideak, egun on denoi.
Jasotzen ari garen krisiak agerian utzi du zer nolako desberdintasuna dagoen kreditua sinatzen duten aldeen artean, bakoitzak hartzen duen arriskuari dagokionez. Horren erakusle, Europatik adierazi dute herritarrak babesgabetasun eta indefentzio egoeran daudela finantza erakundeen aurrean, gaur egun indarrean dagoen araudia ez delako egokia.
Hori horrela, pentsatzen dugu lehenengo nabarmena dirudi behintzat egin behar den lehen gauza dela legedia hori, araudi hori aldatzea, modu horretan egoera injustu hau ezabatzeko edo zuzentzeko.
Es por ello que planteamos una modificación de la normativa vigente desde un planteamiento integral que aborde todas las disfunciones existentes y elimine la actual indefensión en los procedimientos de desahucio hipotecario.
Se aborda la posibilidad de oposición en el prometimiento judicial, para que los jueces puedan actuar en los casos de cláusulas abusivas en los contratos o ante irregularidades en el procedimiento de desahucio.
Se propone la regulación de un procedimiento extrajudicial de liquidación de deudas que permita medidas como el mantenimiento del desahucio en la vivienda o la dación en pago, y que, en el caso de desacuerdo, se pase a un procedimiento concursal, de modo que una vez finalizado el mismo, el deudor, de buena fe, quede exonerado del pasivo restante para que pueda empezar de nuevo.
Se plantean también medidas que impidan tasaciones injustas y adjudicaciones por cantidades bajas, así como el establecimiento de un límite legal a los intereses de demora, que no pueda ser modificado en ningún caso y a todo ello se le une la adopción de medidas para evitar el sobreendeudamiento familiar.
En otro orden de cosas, se plantean arbitrar medidas de mediación encaminadas a mantener en el domicilio a los afectados por un procedimiento de desahucio, pagando un alquiler social y, en cualquier caso, a poner a disposición de los desahuciados, viviendas en alquiler social procedentes tanto del stock de las adquiridas por desahucios por las entidades financieras, como de las disponibles por las distintas administraciones públicas.
Se plantea también la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades financieras para establecer un programa de ayudas a los más necesitados. En cuanto a la vivienda protegida, si la dación en pago de facto es un hecho desde el convenio de colaboración financiera de 2011, ahora se propone su ampliación a los casos anteriores a 2011.
Se propone también la mejora del tratamiento de las plusvalías en los casos de desahucio o dación en pago.
En resumen, se plantea una modificación normativa, que es la clave para la resolución del problema, porque de otro modo, sólo se estaría hablando de aplazarlo y probablemente de que con el paso del tiempo se vaya agrandando.
Pero no sólo es eso, sino que así mismo se plantean importantes medidas en nuestro propio ámbito institucional que permiten dar respuesta a las situaciones generadas por los desahucios y también medidas encaminadas a evitar la pérdida de la vivienda o el mantenimiento de la misma mediante el pago de un alquiler social, implicando para ello tanto a las instituciones como a las entidades financieras.
Es una propuesta de muchísimo calado, pero que con el esfuerzo de todos consideramos posible su realización, puesto que lo básico, –por lo que estamos oyendo– todos los grupos decimos lo mismo.
Claro, se preguntarán que si esto es así, por qué hoy hay dos enmiendas de transacción y no una. Pero, vamos a ver, en cuanto al Partido Socialista, tengo que decir que no firman nuestra transacción porque quieren más concreciones, es decir, que ahora demandan que se haga lo que hasta hace dos días, cuando estaban en el Gobierno, decían que no era posible.
Vamos a ver cuáles son esas concreciones que no se recogen en nuestra enmienda de transacción y que justifican la retirada de la misma del Partido Socialista.
Hoy nos plantean, primero, paralizar inmediatamente los desahucios en las viviendas de alquiler que están bajo la responsabilidad del Gobierno Vasco. Sin embargo, el Gobierno anterior, respondiendo a una pregunta parlamentaria sobre los desahucios tramitados bajo la responsabilidad del Gobierno Vasco, respondieron que la gestión del parque público de vivienda en alquiler obliga a tomar decisiones que en muchos casos no tienen que ver con la insolvencia sobrevenida, al objeto de garantizar su viabilidad económica y social.
De este modo, el Gobierno, Alokabide y Bizigune entre 2010 y 2012 iniciaron 534 procedimientos de desahucio y realizaron 278 lanzamientos. Estos datos se pueden ver en la respuesta a una pregunta al respecto de la señora Beitialarrangoitia.
Si miramos a los motivos, los motivos que dicen son impagos no sobrevenidos por motivo de la crisis actual, impagadores históricos de los parques públicos, preceptores de pensiones y prestaciones estables que no han variado, impagos de unidades convivenciales con ingresos demostrados para hacer frente a las rentas de este tipo de parques ya de por sí altamente subsidiadas, y no voy a continuar, porque va por esta línea.
Sin embargo, ahora se nos plantea la transacción paralizar inmediatamente todos los desahucios de las viviendas en alquiler que están bajo responsabilidad del Gobierno Vasco. Ya nos dirán a ver.
Luego también se plantea un alquiler social cuya cantidad se establecería en función de la capacidad adquisitiva de la familia y que no sería superior al 15 % de sus ingresos. Resulta que con el Gobierno del Partido Socialista los alquileres se fijan también en función de los ingresos familiares de igual manera, pero han ido en una orquilla que van entre el 20 % y el 30 % máximo de dichos ingresos familiares, como renta atribuible. Ahora, sin embargo, se nos plantea el 15 % máximo. Claro, por qué hoy es posible esa renta y ayer no, si lo único que ha cambiado es el Gobierno, no han cambiado las circunstancias.
En cuanto a EH Bildu, en la proposición no de ley ni siquiera se alude a la raíz del problema, que es cambiar la deficiente legislación, por lo que no se comprende bien cómo se pueden solucionar los problemas si no se ataca la raíz de los mismos.
Las propuestas así realizadas no se pueden considerar más que meros parches que atacan los síntomas pero no la enfermedad. Y es eso precisamente lo que se deja traslucir de la transacción acordada con el Partido Socialista.
Parece que estos grupos no se creen que el problema se pueda solucionar de raíz, que solo es posible medidas paliativas a las tremendas consecuencias que se producen tras un lanzamiento por desahucio. Por ello, relegan a un segundo plano la urgente necesidad de cambiar, desde nuestro punto de vista, el marco normativo que termine con la actual situación injusta, que es, a nuestro entender la causante del problema que estamos debatiendo.
Eskerrik asko.