PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2018-06-14):
Gracias, presidenta.
Hoy recuperamos el debate sobre el sistema público de pensiones, con un asunto que ha todos sin excepción se nos había pasado citar.
El pasado 1 de marzo, cuando alcanzamos un grandísimo acuerdo sobre la materia, el de las jubilaciones anticipadas forzosas, porque efectivamente no es que coincidamos con Elkarrekin Podemos, sino que el Grupo Socialista presentó hace más de un año una proposición en el Congreso de los Diputados, esta que está aquí, que se vetó por parte del congreso del Partido Popular y que viene a recoger toda la casuística que se plantea en esta iniciativa.
Por lo tanto, yo entiendo también que el señor Hernández quiera hacer un poquito de causa de partido, ¿verdad? Pero en fin, quiero decirle que si le va bien a este Gobierno, nos va ir bien a todos. Y el fracaso de este Gobierno, sería el fracaso de todos, por lo tanto, esto no solo depende de la iniciativa política del Partido Socialista, que ya está registrada desde hace un año. Depende también del apoyo de todos aquellos que apoyaron la moción de censura y a la responsabilidad de todos ellos.
Como decía, ya se presentó esta iniciativa en el Congreso hace más de un año. Una iniciativa que buscaba la recuperación de los derechos cercenados cuando el PP no solo gobernaba, sino que abusaba de su mayoría absoluta.
Como todos sabemos y muchísimos padeces, el milagro económico de estos pasados años, consistió en anular el gasto por la vía de los derechos de los más vulnerables. El ahorro se convirtió en el mantra que justificaba cualquier decisión, sin tener en cuenta el grave daño social que causaba. Y las personas pensionistas sufrieron doblemente esas decisiones...
...que justificaba cualquier decisión, sin tener en cuenta el grave daño social que causaba. Y las personas pensionistas sufrieron doblemente esas decisiones; primero con el medicamenzato, que además de restringir el derecho universal de la salud a la población en situación administrativa irregular, privó a muchos pensionistas de adquirir la medicación que necesitaban, aquí en Euskadi se adoptaron medidas que compensaran aquel desmán.
A los Socialistas, que hace seis años estábamos en estos escaños no se nos olvida que fue esa decisión de impedir con nuestras competencias ese recorte brutal a nuestro garantista sistema público de salud, lo que provocó, entre otras cosas, que el PP se desentendiera de la estabilidad en Euskadi. Hoy podemos decir que la iniciativa que adoptamos de exprimir nuestras competencias para paliar esa tropelía se extendió a otras comunidades y desde la pasada semana es, además, un recorte de los que hay que revertir.
Y después también a los pensionistas. A partir del 2013 les tocó seguir pagando la factura de la crisis en las pensiones, con aquel decreto legislativo que introdujo los factores de insostenibilidad de una vida digna, que es en lo que se convirtieron, en contra de lo previsto en el artículo 50 de la Constitución. También esto, también el empobrecimiento de 9 millones de personas, de medio millón en Euskadi, pasa al primer plano de la agenda con este Gobierno.
El Ejecutivo saliente mareó la perdiz con el Pacto de Toledo, simulando reuniones sin impulso, que quedaron en el limbo tras verse forzada a una subida mínima, parcial y limitada. Pero ese Pacto, con consensos básicos y duraderos, es la herramienta que el Gobierno actual se ha propuesto recuperar y que ya ha puesto en marcha, atendiendo a las demandas de quienes cada lunes siguen reclamando una respuesta.
De eso hablamos mucho el 1 de marzo, alcanzando un gran acuerdo; grande, porque estábamos casi todos los grupos, que son también una proyección de los acuerdos que podremos lograr en el Congreso, y grande por su extensión y detalle.
Pero como señalaba al principio, probablemente en el esfuerzo de detalle a veces olvidamos a determinados colectivos o a determinadas casuísticas y esta, probablemente, es una de ellas. Es el caso de las personas que se ven forzadas a jubilarse de forma anticipada. De un plumazo se vieron igualados por abajo con quienes tomaban la decisión libre de retirarse antes de la edad obligatoria y antes de cumplir los requisitos obligatorios para acceder al 100 % de la pensión.
En ese decreto legislativo de 2013, que se traspuso al texto refundido de 2015, que hoy citamos aquí, se aumentaron los coeficientes reductores a quienes anticipaban su jubilación. Y en este saco metieron también a quienes habían sido arrojados del mercado laboral y tuvieron que acogerse a ella obligatoriamente.
Y estamos hablando de personas, muchos miles, que además de perder sus ingresos laborales, veían cómo mermaba la cuantía que les habría correspondido si hubiesen accedido a la edad ordinaria. Pérdida que, a su vez, se consolidaba en el tiempo, durante todo el tiempo de percibimiento de la pensión, es decir, empobrecimiento sobre empobrecimiento.
A quien impuso aquel decreto, la imprescindible necesidad de compensar el gasto que debía asumir la Seguridad Social por esa prestación adelantada, poco le importaba aplicarla por igual a quienes eran despedidos, a quienes ya no tenían opción de buscar fuentes alternativas de ingresos, ni siquiera en los casos en los que, como comentaba usted, tenían acreditadas largas carreras de cotización que justificaba cobrar el 100 % de la base reguladora. El decretazo del Gobierno condenaba al bucle de la pobreza a miles de trabajadores.
Por eso mi grupo, en la oposición en el Congreso, como ahora va a hacer desde el Gobierno, plantea la necesidad de que el Congreso de los Diputados corrija el agravio de las personas que de forma involuntaria se ven obligadas a acceder anticipadamente a la jubilación y específicamente a quienes han acreditado largas carreras de cotización. Lo quiere hacer consciente como somos en el Gobierno ahora y antes en la oposición, de que estas medidas de reversión tienen consecuencias en el sistema de Seguridad Social que es preciso cuantificar.
Es lo que planteamos ya hace tiempo en el Congreso y lo que planteamos también aquí, en esta enmienda, compartiendo el objetivo último del proponente. Devolvamos el detalle al lugar del que no debió salir, el Pacto de Toledo, para que allí se cuantifique ese impacto, para buscar las fuentes necesarias de ingresos, que existen. Las pistas están, porque en la recomendación primera del Pacto de Toledo, previa al decretazo, ya se sitúa este coste en el ámbito de las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social, que probablemente sea uno de los recursos de los que tenga que dotarse el sistema público de pensiones en el futuro.
Por tanto, compartimos el cambio de regulación en las modalidades de acceso anticipado a la edad de jubilación, porque no tienen en cuenta las formas de acceso, ni los tiempos acreditados por el pensionista.
Y desde el análisis del impacto que tenga este cambio, entrar a lo concreto, que es básicamente adecuar los coeficientes de reducción a las carreras de cotización y suprimir los coeficientes reductores cuando el interesado cumpla la edad ordinaria de acceso a la jubilación si se acredita una cotización que dé lugar a los derechos máximos, y determinar también las vías de obtención de los recursos necesarios para atender esta justa demanda.
Y yo, señor Hernández, sí tengo confianza en este Gobierno y estoy seguro de que caminando juntos se conseguirán muchas cosas.
Muchas gracias.