BARRIO BAROJA (PP, 2013-10-03):
Buenos días señora presidenta, señoras y señores parlamentarios, lehendakari, miembros del Gobierno.
Creo, señora Sarasua, que su grupo ha presentado una proposición no de ley desacertada por las formas y por el fondo, cuando menos incompleta.
No negamos que la legislación de cooperativas se pueda reformar, se pueda mejorar y que el asunto de la financiación externa de las cooperativas pueda estar regulado de una manera más eficiente, más eficaz o mejor. Eso, desde luego, que no lo negamos.
Pero, señora Sarasua, si no existiese la figura que establece el artículo 57.5 de la Ley 4/1993, de Cooperativas de Euskadi, debiera de existir otra fórmula. Y ustedes no la proponen en su iniciativa. Ustedes sólo pretenden suprimir un artículo en vigor, sin alternativa legal, lo cual, le digo la verdad, supone la máxima expresión de la inseguridad jurídica.
Los efectos de la eliminación del apartado 5 del artículo 57 de la Ley de Cooperativas, están ahí, en caso de que prosperara finalmente la proposición de ley formulada por su grupo, además de cortar drásticamente las vías de captación de financiación con consideración de fondo propio por parte de las cooperativas, supondría, en caso de que fuera necesaria la reclasificación como pasivo exigible a las aportaciones financieras subordinadas ya contratadas o emitidas, un impacto inasumible en los balances y en las ratios de las cooperativas. Eso no nos lo podemos permitir, entendemos.
Solo en el caso de Eroski, de Fagor Electrodomésticos y de Mondragón Inversiones supondría la reclasificación como pasivo exigible de 300, 125 y 188 millones de euros, respectivamente, y un importante brutal deterioro, tanto en los ratios de balance como en los financieros. Digo, de aprobarse toda esta cuestión como ustedes lo plantean.
Yo le quiero decir que amparar a los pequeños ahorradores no tiene nada que ver con generar inseguridad jurídica en empresas que generan empleo y que generan y que pueden generar crecimiento económico. No tiene nada que ver. Y lo que hay que hacer, lo que habrá que hacer será mejorar las garantías de comercialización, pero no perjudicar a las cooperativas.
Compartimos el criterio del Gobierno Vasco emitido con motivo de la toma en consideración, lo compartimos en su globalidad. Debe de diferenciarse lo que es la regulación de lo que es la comercialización de las aportaciones financieras subordinadas.
Se trata de un problema, el sucedido con las aportaciones de Eroski y Fagor, de consumo de productos financieros. No de regulación, desde nuestro punto de vista.
Además, ha de considerarse que no solo existen las aportaciones de Eroski y de Fagor, sino que han existido, existen otras en el tiempo que han funcionado sin problemas y que tendrían problemas precisamente esas empresas a la hora de aprobarse la iniciativa que usted plantea, esta proposición de ley.
También, bueno, es un planteamiento pues interesante. Probablemente, el Gobierno en el punto ocho de su criterio ha dicho, que es propósito suyo una refundición de la normativa cooperativa vasca, con introducción –ya veremos cuáles– pero de algunas modificaciones de mejora en su redacción y que podría agregarse a la regulación actual alguna cláusula que añadir a las cláusulas generales, supervisadas por las autoridades económicas competentes.
Pues será para autorizar la emisión, pues garantizaría esa cláusula, pues la información suficiente, por los adquirientes terceros no socios en relación con este tipo de producto financiero.
Bueno, pues ahí está, ya veremos qué planteamiento hace el Gobierno Vasco, entendemos que si lo hace pronto, mejor, y bueno, analizaremos, yo creo que por ahí puede estar la clave de algunas de las preocupaciones que usted manifiesta.
Bueno, en ese marco habrá que moverse, en el de modificar para mejorar la información en la comercialización, no para anular la financiación ajena a las cooperativas.
Se trata del único instrumento –y así está planteado–, el único instrumento para captar financiación de terceros, a modo de recurso propio. Y eso está regulado de esa manera y ustedes, desde luego, no presentan ninguna alternativa a lo que es una necesidad que tienen las empresas de financiación ajena, externa.
Bueno, en cualquier caso, tengo que recordar también y que no estamos hablando de una situación de isla del País Vasco. La regulación no es exclusiva en esta cuestión del País Vasco, no se trata de un instrumento especifico previsto solo en la Ley 4/1993. El resto de las leyes autonómicas que regulan el régimen de las sociedades cooperativas, así como la propia Ley General de Cooperativas de ámbito estatal prevén este tipo de figura.
Y a usted eso nunca le ha ocasionado problema, ni en el ámbito estatal, ni en el ámbito de comunidades autónomas donde ustedes gobernaban, y han propiciado este tipo de planteamientos legales y normativos.
Es decir, el artículo 57 de la Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, el artículo 53 de la Ley de Cooperativas de ámbito estatal, el artículo 47 de la Ley de Cooperativas de Navarra, el artículo 73 de Murcia, el artículo 94 del Principado de Asturias, el artículo 84 de Castilla la Mancha, el proyecto de ley de cooperativas de Cantabria.
Pues todos establecen este tipo de regulaciones. Y vuelvo a decir, en comunidades donde ustedes han gobernado y en ámbitos donde ustedes han podido decir mucho en relación con este tipo de regulaciones, en relación con la financiación.
Vuelvo a decir, una cosa es la regulación, otra es la comercialización.
Y, señora Sarasua, el sector no comparte, no comparte lo manifestado por su señoría en cuanto a la inutilidad de la Ley 4/1993 en su artículo 57.5, el sector no lo comparte.
Al contrario, ya nos lo ha hecho llegar, y a ustedes supongo que también, nos han hecho llegar precisamente lo peligroso que sería adoptar precisamente una medida como la que ustedes...
Ella nos lo ha hecho llegar y ustedes supongo que también nos lo han hecho llegar precisamente lo peligroso que sería adoptar una medida como la que ustedes proponen, una medida supresora pero sin ninguna alternativa, es decir, una medida de destrucción, una medida que lo único que puede hacer es generar inseguridad jurídica.
Ésa no es la vía, desde luego, para resolver los problemas de los pequeños ahorradores y de los afectados por los problemas de comercialización de un producto financiero legal y autorizado.
Muchas gracias.