PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2016-04-14):
Gracias, presidenta.
Bien, de alguna manera, como se ha dicho antes, el debate que tenemos hoy y su conclusión viene muy determinado por la discusión sobre el mismo asunto que ya tuvimos en el pleno del pasado 3 de marzo.
La posición de nuestro grupo sobre las prácticas de reparto del mercado que, según la Autoridad Vasca de la Competencia, han incurrido las empresas que suministran los menús de los comedores de gestión directa de los centros públicos de enseñanza, no ha cambiado desde el 3 de marzo hasta acá.
Nuestro grupo ha tenido siempre una disposición favorable a la creación de comisiones de investigación en esta Cámara cuando ha habido motivos claros que la justificaran.
Hemos sido los impulsores de la mayoría de las que se han puesto en marcha, y hemos apoyado a las demás, en esta Legislatura y en las anteriores.
En esta ocasión, sin embargo, no vamos a respaldar la iniciativa del Grupo Popular y UPyD, y no porque quitemos gravedad al episodio de prácticas contra la competencia empresarial y los beneficios ilícitos que ha podido suponer para las empresas concertadas.
Si no lo hacemos es porque consideramos que los trabajos de una comisión parlamentaria de investigación difícilmente iban a poder llegar a unas conclusiones muy distintas a los puntos que ya se aprobaron en esta Cámara el 3 de marzo, sin hablar de que esta comisión sería prácticamente inoperativa por el poco o poquísimo tiempo que le puede quedar, según los casos, a esta Legislatura en la que estamos.
Se indica en la iniciativa que el objetivo esencial de la comisión propuesta, sería depurar cuantas responsabilidades corresponden en el ámbito de la investigación parlamentaria, que son, evidentemente, las que afectarían a la administración.
Pues bien, el órgano especializado al que se hace repetidas referencias en todos los discursos, que ha sacado a la luz el caso y ha sancionado con severidad a los ocho empresas por hacer cártel, también ha señalado expresamente, algo que se le ha olvidado comentar a uno y otro de los anteriores, que no ha aparecido indicio alguno de complicidad o favorecimiento de las conductas penalizadas por parte de la administración educativa.
Aquí, como en todos los casos, cuando se lee algo, hay que leer el texto completo, para no tratar de inducir a error o manipular las informaciones.
"No se ha detectado trazo de favor o irregularidad alguna en los procesos de contratación y adjudicación de los servicios de comedores". No lo está diciendo el Grupo Socialista. Lo dice el propio informe de la Autoridad Vasca de la Competencia.
Por lo tanto, si la Autoridad Vasca de la Competencia, con la especialización, los medios y el tiempo que le ha dedicado, no ha llegado a apuntar algún tipo de responsabilidad, no digamos ya de connivencia, en los Departamentos de Educación que convocaba los concursos o en el órgano de contratación que los adjudicaban.
Si tampoco encontraron irregularidades los tribunales de justicia, que también estudiaron los recursos de la empresa que denunció el caso, por haber sido excluida de los concursos, difícilmente entendemos que una investigación parlamentaria pueda ir más allá.
Esto no significa que este Parlamento y sus miembros nos tengamos que quedar de brazos cruzados ante unas prácticas colusorias que afectan a un servicio que presta directamente el Gobierno Vasco y en un área muy sensible, como es la alimentación de 93.000 escolares de centros públicos.
En absoluto, porque la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia nos ha hecho ver que las actuales normas de contratación pública, que son cada vez más estrictas y garantistas, en cuanto a la libre concurrencia, no presta la suficiente atención, y en esto incide especialmente, al concepto de la competencia; es decir, la posibilidad de acuerdos en la sombra de las empresas que concursan a un servicio público para sacar ventaja.
Y estas conductas colusorias que restringen la competencia no solo perjudican a las empresas, que puedan verse excluidas por un reparto del mercado, sino que también puedan afectar a quienes pagan por ese servicio un precio no fijado de forma competitiva; en este caso la administración y las familias que tienen que cubrir el coste de los menús servidos.
Y precisamente por no quedarnos de brazos cruzados, hace un mes, el 3 de marzo, acordamos con el Grupo Nacionalista y el Grupo de EH Bildu instar al Gobierno a que envíe a la Fiscalía Anticorrupción la resolución dictada por la Autoridad Vasca de la Competencia, para que analice si las conductas que este órgano considera probadas y que penalizan su ámbito de actuación tienen, además, responsabilidades punibles de otro tipo, como dije entonces, para que no nos quedemos en el terreno de las sospechas y las elucubraciones estériles; resolución por cierto, que creo que no tiene precedentes en este Parlamento.
En otras palabras, además de vulnerar las reglas de la libre competencia empresarial al repartirse el mercado, sin pujar en precios para hacerse con los lotes a concurso, como considera probada la Autoridad Vasca de Competencia, ¿han incurrido las ocho empresas adjudicatarias en otras conductas ilícitas?
Que lo valore quien tiene capacidad...
...como considera probado la Autoridad Vasca de la Competencia, ¿han incurrido las ocho empresas adjudicatarias en otras conductas ilícitas?
Que lo valore quien tiene capacidad y criterio para hacerlo, que es la Fiscalía, y que actúe también en consecuencia. Y si la justicia encuentra otro tipo de responsabilidades no apreciadas hasta el momento, siempre podrá esta Cámara, tomar cartas en el asunto.
Esta misma semana, según se nos ha dicho, los servicios jurídicos del Gobierno Vasco han trasladado a la Fiscalía del País Vasco la resolución del expediente 6/2013 de la competencia, tal como se instó en este Parlamento el 3 de marzo, de modo que la Fiscalía pueda valorar también si se ha producido un daño patrimonial punible por la concertación de precios que afectarían a las familias, que pagan el 65 % del precio fijado para el menú escolar, y el Departamento de Educación que se hace cargo del 35 % restante.
Se está estudiando también la posibilidad de introducir en las condiciones de contratos cláusulas destinadas a garantizar la competencia entre las empresas concurrentes, como sugiere la propia Autoridad Vasca de la Competencia, y por otro lado, estamos esperando y aprovechamos para recordárselo al Gobierno, que monte esa comisión en la que todos los sectores implicados puedan estudiar la viabilidad o no, y en qué condiciones de aplicar otras formas de gestión de los comedores de los colegios.
Eso es exactamente lo que se acordó hace un mes sobre la cuestión. Creemos sinceramente que todos esos pasos son bastante más efectivos para el fin que se pretende, que crear una comisión de investigación, que yo entiendo y comparto que ustedes planteen desde el punto de vista político, el Grupo Popular y UPyD,  - luego daré mi valoración en la réplica sobre qué opino yo de la presentación de esta comisión de investigación y los verdaderos motivos que están detrás de esta propuesta - .
En todo caso, como he señalado, es difícil que un órgano de este tipo, este Parlamento, pueda ir más allá de donde ha ido la Autoridad de la Competencia, aunque su naturaleza sea distinta, y desde luego, no va a poder llegar allí donde sí puede hacerlo la Fiscalía.