OSASUNEKO SAILBURUAK (Darpón Sierra) (EAJ, 2017-02-03):
Garrido andrea.
Primero, celebrar que esté usted en un proceso de revisión de la vista, porque no quería pensar que había mentido al mirar la foto.
Se lo repetiré nuevamente. En el Gobierno tenemos plena confianza en la justicia. Usted y yo, por mucho que quiere interpelar en este caso al lehendakari Urkullu, sabe que no tiene nada que ver. El criterio corresponde a los servicios jurídicos del Gobierno.
Mire, como bien sabe yo soy médico, no soy ningún experto en derecho y, por ello, ante una cuestión tan seria como esta, para actuar con rigor debo apoyarme en el criterio de los servicios jurídicos, de modo que el Gobierno Vasco pueda continuar dando pasos con seguridad y con responsabilidad institucional.
Insisto, insisto, el Gobierno es el primer interesado en que esta cuestión se juzgue y se esclarezca cuanto antes. Se ha tomado la decisión de solicitar la apertura de juicio oral y mantenerse en el proceso como actor civil, a fin de poder solicitar el resarcimiento del posible perjuicio económico.
Como he citado en la anterior intervención, corresponde al tribunal dictaminar si existió o no posible quebranto patrimonial para la Administración y si existiera cuantificarlo. En todo caso, permítame recordar que esos 6,8 millones de euros que usted ha citado, que el fiscal alega como perjuicio económico, como seguramente conoce, corresponden al importe total del conjunto de la prestación de servicios del contrato en cuestión.
No se puede dar por sentado dicha cuantía como si fuera un perjuicio económico en su totalidad, dado que todos los servicios se prestaron en los términos contractuales acordados, y no se lo digo yo, no es una opinión mía, que no la tengo, sino que los directores de la Oficina de Control Económico, de dos gobiernos sucesivos, comparecieron en la causa y negaron la existencia de semejante quebranto económico.
En sus declaraciones, le voy a leer textualmente la afirmación: "Los servicios contratados se realizaron en los términos convenidos y de conformidad con las tarifas establecidas". Y en el propio informe emitido por la Oficina de Control Económico en el año 2010 se establece, y le voy a volver a leer textualmente: "El pago está justificado si el servicio se ha prestado...
...informe emitido por la Oficina de Control Económico en el año 2010 se establece y le voy a volver a leer textualmente: "El pago está justificado si el servicio se ha prestado efectivamente y el precio es el contractual". Es más, el propio auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia reconoce que puede ser objeto de debate si pudo existir o no un efectivo perjuicio económicamente evaluable para la Administración Pública.
Quizás también convenga recordar en este punto la teoría del enriquecimiento injusto, que viene a decir que incluso aunque se anule un contrato por defectos legales del mismo, si resulta que la prestación ha sido efectuada por el contratista, no puede pretenderse después no efectuar el pago correspondiente. Y no lo entiendo yo, así lo viene entendiendo la doctrina del Tribunal Supremo. En este sentido conviene volver a recordar que todos los servicios se prestaron en los términos contractuales acordados.
Sinatutako zerbitzu guztiak eman ziren kontratuan adostutako baldintzak betez.
Con respecto a la declaración que varios cargos suscribimos en su momento, que parece que tanto le apura a usted, he de recordar que no se trataba de un manifiesto contra el procedimiento judicial, ni siquiera de un manifiesto a favor de los encausados, sino de una declaración que reclamaba a la comisión de investigación transparencia, responsabilidad y rigor, porque se está asistiendo, como usted bien conoce, a filtraciones semanales de datos a los medios de comunicación, cosa que ni debió suceder ni ayudaba a la investigación que se estaba llevando a cabo.
Tan es así que el propio Ararteko en su resolución del 5 de julio del 2010 concluyó que había dudas razonables sobre el grado de contundencia de los indicios de irregularidades existentes, nota que obliga a introducir especiales cautelas a la hora de hacer públicas las noticias sobre este asunto.
En todo caso, y para finalizar, a riesgo de resultar repetitivo, estamos ante un asunto judicializado, dejemos a la justicia realizar su trabajo y a las personas investigadas ofrecer las explicaciones oportunas al respecto. Ni en el Gobierno, ni en el Partido Nacionalista Vasco protegemos a nadie, ni tampoco les vamos a pedir por Whatsapp que sean fuertes.
Por mi parte, como consejero de Salud, le puedo asegurar que la gestión de los recursos públicos se lleva a cabo con responsabilidad y rigor, y que todas las contrataciones se realizan con exquisito cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Eskerrik asko. Esperaremos la sentencia.