SÉMPER PASCUAL (PP, 2016-06-02):
Eskerrik asko, presidente andrea, eguerdi on, guztioi. Señores consejeros, buenos días a todos.
A veces tengo la amarga sensación de que es la propia política, o somos quienes nos dedicamos a la política quienes nos encargamos con esfuerzos denodados de desprestigiar el propio ejercicio de la política.
Carreras, a ver quién antes, quién más, quién más fuerte, quién con más intensidad y en este caso, como si eliminar la institución del aforamiento  - sobre la que era entrar en el fondo - , supusiera la piedra angular de la regeneración política.
Definir así o sustentar una hipotética mejora del ejercicio de la política, y por lo tanto también una regeneración política o modernización del ejercicio de la política en torno a la supresión del aforamiento, es en cualquiera de los casos, inexacto, injusto y seguro que un profundo error.
Pero conviene diferenciar en este debate dos aspectos, al menos dos, aunque resulte complicado. Por un lado, el aspecto jurídico, la naturaleza jurídica de esta herramienta, de esta institución, que es debatible por su naturaleza jurídica, pero es un dato objetivo; y por otro lado su naturaleza de carácter política, sobre el que cabe desde luego, el debate de fondo. Su naturaleza política y por lo tanto, también su hipotético abuso.
El aforamiento, que en los últimos tiempos como todos sabemos deviene en una figura controvertida, como ha recordado por encima el señor Latxaga, tiene su origen nada más y nada menos que en la Inglaterra medieval, en la que se trataba de proteger a los representantes políticos del poder del monarca. Que luego además, coge el testigo también la propia Francia revolucionaria, o por revolucionaria liberal, en la que ya se concreta más y en la que se convierte en algo más parecido al aforamiento sobre el que debatimos hoy.
La realidad es que hoy día, en pleno siglo XXI, es conocido por una inmensa mayoría  - a mí no me cabe la menor duda que el por conjunto de esta Cámara - , que el aforamiento no se establece ni justifica el interés de la persona aforada, sino que es en atención de la función pública, que el propio ejercicio de ese cargo supone.
Por lo tanto, lo que pretende el aforamiento desde su punto de vista estrictamente jurídico, es proteger a los miembros del Gobierno y de los parlamentos frente a hipotéticas querellas de contenido de carácter abusivo.
Su fin, por lo tanto, el del aforamiento, como datos objetivos, es el de proteger la independencia, tanto del régimen legislativo como el jurisdiccional, frente a potenciales presiones externas.
Por lo tanto, estamos hablando de un aspecto pura y estrictamente...
...como el jurisdiccional, frente a potenciales presiones externas.
Por lo tanto, estamos hablando de un aspecto pura y estrictamente de carácter procesal, de carácter procesal. Nadie por estar aforado se libra de la acción de la justicia. Esto es algo que creo que sobre lo que podemos convenir todos.
Siguiendo con ese análisis justo, pretendidamente justo y sosegado, reconozco que también complicado en estos tiempo, no por preelectorales, sino por los tiempos en general, habría que reconocer que el aforamiento también supone, a cambio de ser enjuiciados por un órgano superior al de instrucción de lugar de comisión del delito, que los representantes políticos que disponen de esta prerrogativa sufren una restricción el régimen de recursos contra la sentencia que pueda resultarles también perjudicial al propio aforado. Y ejemplos recientes también tenemos alguno.
Y que el suplicatorio, por lo tanto, sobre el que deben pronunciarse las cámaras legislativas que otorga altavoz y publicidad a la posible denuncia. Pero no es menos cierto también que la denegación, una hipotética denegación de suplicatorio por parte de la cámara legislativa supondría también una lesión de la tutela judicial efectiva.
Deberíamos convenir, por tanto, que el aforamiento no supone un privilegio personal, sino que es una prerrogativa. En esto entiendo que todos coincidimos. No estamos hablando de un privilegio, sino que es una prerrogativa.
Lo que sucede es que los tiempos cambian, para algunas cosas a mejor y para otras a peor, en este caso probablemente a mejor, que las democracias  - como la nuestra -  -  se perfeccionan y que las instituciones  - también esta, me refiero al del aforamiento -  pueden modificarse.
Hoy, por lo tanto, también podemos afirmar que después de 40 años de democracia institucional, en España contamos con un Poder Judicial independiente, con sus imperfecciones, pero independiente, y que ni las Cortes Generales ni los parlamentos autonómicos deben de temer al jefe del Estado, en cualquier caso, una injerencia.
Por lo tanto, y como no estamos ni en la Inglaterra medieval, ni en la Francia prerevolucionaria, y que nuestra democracia y nuestra división de poderes está perfeccionada, podemos entender también que esta institución puede sufrir modificaciones.
Tampoco estamos ante una figura que afecte solo a políticos, y esto conviene decirlo y recordarlo. Es más, los políticos son minoría como aforados en España. Si los cálculos, y esto, por cierto, no lo digo como descargo de los políticos, sino como un reflejo de una imagen fiel de la realidad.
Porque si los datos generales, hay varias estimaciones, pero los datos más consensuados estiman que en España hay en torno a 10.000 personas aforadas, 10.000 cargos institucionales aforados, tan solo 7.000, nada más y nada menos que 7.000 de cargos de esos aforados corresponderían a fiscales, jueces y magistrados, otros cientos  - incluso miles -  a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y luego también habría políticos.
Hay un debate que es de ámbito nacional sobre el aforamiento, sobre el que no está mal y no nos parece mal, lógicamente, que este Parlamento se pronuncie, porque también nos importa lo que pasa en el conjunto de España, obviamente. Pero hay una decisión que nos corresponde a nosotros, una decisión sobre la que no tenemos por qué esperar a nadie y sobre la que el debate se puede reproducir en esta Cámara, puede ser aprobado en esta Cámara, que es qué hacemos con la institución del aforamiento en Euskadi.
Está bien, no pasa nada que instemos a las Cortes Generales a que hagan no sé qué cosas, aunque todos tenemos representantes en Cortes Generales, salvo el señor Maneiro, pero quizás la próxima legislatura no tenga una representación cualificada, pero aquí tenemos un debate posible sin esperar a nadie, sin mirar a otro sitio.
Por lo tanto, podríamos perfectamente haber impulsado a lo largo de esta legislatura, pero seguro que a lo largo de la próxima lo vamos a hacer, una modificación, una reforma del artículo 26.6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco que elimine y que suprima la figura del aforamiento.
Sin extenderme más, no, me he dejado la moción. Nosotros vamos a apoyar, el Grupo Parlamentario Popular va a respaldar la enmienda de transacción acordada por los grupos parlamentarios que la firman. Simplemente, quería hacerles dos comentarios.
En el párrafo primero, cuando el Parlamento Vasco dice, que insta a las Cortes Generales a que en las próxima legislatura, bueno, ustedes deberían, yo creo que ya lo saben, pero voy a recordarlo, que está aprobado en el propio Senado la constitución de una ponencia para estudiar la supresión del aforamiento, con lo cual, sería redundante, sobre algo que ya han decidido en Cortes Generales que se vaya a hacer.
Como también saben que hay una disposición expresa de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, esta Ley, que es del control de la actividad económica financiera de los partidos políticos, que ya prevé, por cierto, una ley aprobada e impulsada, mejor dicho, por el Gobierno del Partido Popular la Legislatura anterior y apoyada por algún grupo parlamentario, que ya habla de la eliminación del aforamiento. Eso son cosas que han cambiado con respecto a los últimos debates que hemos tenido en esta Cámara.
Y en el segundo párrafo, una cuestión que no compartimos, pero que no va a provocar que no apoyemos esta enmienda de transacción, y es que, cuando se termina el segundo párrafo diciendo: "que ya que tal previsión en referencia al aforamiento constituye una ruptura del principio de igualdad ante la ley", es erróneo, porque es el propio Tribunal Constitucional en su sentencia de 22/1997, de 11 de febrero, que otorga al aforamiento pleno fundamento constitucional.
Es decir, el aforamiento es constitucional según sentencia del propio Tribunal Constitucional, por lo tanto, no rompe el principio de igualdad ante la ley.
Otra cosa es que el legislador entienda que políticamente la figura del aforamiento ha perdido vigencia, eficacia y que puede dar lugar a abusos, en su caso.
Pero que es una figura constitucional, con una naturaleza jurídica perfectamente entendible y debatible es inexcusable, es indudable. Que también se está sujeta a su debate demagógico no es menos obvio.
Gracias.