PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2019-10-10):
Gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores parlamentarios.
Señor Barrio, creo que asistimos aquí a una especie de fake, de debate falso. Un debate que está sustentado no sé si decir en mentiras, desde luego a muchas inexactitudes, algunas buscadas y otras inducidas, no sobre el hecho de que durante años haya habido unas prácticas de contratación del servicio de comedor escolar francamente mejorable, pero no delictivo, como algunos pretenden dejar sentado o insinuar en el dictamen.
Me refiero no tanto en su intervención, pero en fin, da la impresión que algunos han preparado las conclusiones antes de realizar la comisión de investigación y después han querido ajustar las conclusiones a lo que ya tenían previamente establecido.
Y vamos a intentar establecer lo que creemos nosotros que no se corresponde con la verdad. No es cierto, por ejemplo, en absoluto, que estas prácticas hayan causado perjuicio económico a las familias, y quiero empezar por ahí. Porque cuando la pasada primavera, en medio de la campaña electoral, el Partido Popular decidió cambiar su posición para dar aire a sospechas infundadas, hubo familias que se dirigieron a este grupo parlamentario para desmentir con datos este supuesto.
Es decir, desde hace ya muchos años, las familias pagan lo mismo, con una ligera variación por efecto del IPC, nada más. Por lo tanto, no sé en base a qué arte de birlibirloque de repente se estima un coste de 25 millones de euros de perjuicio a las familias, que no se corresponde con la percepción que las propias familias de los colegios públicos usuarias del servicio tienen con los datos de recibo en la mano. Parece que es un dato contrastable.
En fin, esto es así porque, entre otras cosas, en los concursos ese precio quedaba fijado previamente; otra cosa es el precio final del servicio para la Administración, que es verdad que ha sufrido variaciones y ha causado un perjuicio económico a la Administración.
Pero queremos dejarlo claro desde el principio, porque ha sido un argumento recurrente, en esta legislatura y en la anterior, que el sobrecoste es de entre 60 u 80 millones de euros, datos que ni siquiera la Autoridad de la Competencia avala y que no se sustentan en nada concreto, más allá de especulaciones, de ingeniería económico-financiera por parte de alguna de las enmiendas.
Así que, en primer lugar, no ha habido ningún perjuicio económico para las familias que recibían el servicio ni en precio y, desde luego, ni en calidad tampoco, ni en la seguridad alimentaria, porque afortunadamente, mientras que en algunas otras redes, bien sean concertadas o bien sea ikastolas, han ocurrido, por desgracia, algunos casos de intoxicación alimentaria, en todo este periodo no ha habido ni un solo incidente en ningún centro público de la comunidad autónoma que establezca que haya habido ningún caso de intoxicación alimentaria, y por lo tanto no hay responsabilidades políticas que establecer sobre un sistema que, evidentemente, es mejorable, pero que respondía  - y quiero dejarlo claro también -  a la legalidad del momento, y que no puso en peligro ni la salud de los escolares ni la economía de las familias.
Pero esto, señor Barrio, lo sabemos ya todos, ustedes también. Lo sabemos porque algunos hemos estado casi dos años en la comisión de investigación, y hemos escuchado a todos los que hemos pedido que vengan. Nadie se ha escusado, nadie, ninguno de los consejeros, ni de antes ni de ahora, nadie.
Lo que sí hemos escuchado y comprobado documentalmente es que, efectivamente, los hechos denunciados se realizaron cuando el marco de la competencia era absolutamente distinto al que tenemos ahora, es decir, no era un criterio que estaba en la Administración en aquel momento, porque no se había establecido como tal, y que las prácticas que hoy se ven como irregulares, en su momento no se interpretaban así, porque la competencia no era algo que se tuviese en cuenta a la hora de elaborar pliegos de condiciones, no por esta Administración, por ninguna.
Pero es falso, como se establece en el dictamen de la presidenta, que asumen en Elkarrekin Podemos y el PP, que no se hiciera nada, porque también se deja caer que hasta el 2012 no hubo modificaciones de ningún tipo, y no es cierto. Se falta a la verdad nuevamente. La consejera Celaá explicó cómo quiso cambiarse el modelo durante su gestión, pero no sólo lo explicó la señora Celaá en la comparecencia, las propias actas de la Autoridad Vasca de la Competencia establecen que en el 2010 se puso en marcha una modificación del servicio de adjudicación de comedores escolares, con un aumento del número de lotes para tratar de evitar que las mismas empresas se llevasen los mismos lotes.
Y ese acuerdo inicial fue recurrido por las empresas adjudicatarias al órgano de recursos contractuales de la Administración, que dio la razón a las empresas y obligó a suspender aquél trámite y volver a la situación original.
Por tanto, sí hubo un intento serio de modificar el sistema de adjudicación, que no pudo hacerse, pero no se puede faltar a la verdad y decir que no hubo ninguna intención siquiera de modificar el criterio.
Pero es que además me parece interesante recordar que fue aquél mismo Gobierno, el de Patxi López, y no por casualidad, el que creó la figura de la Autoridad Vasca de la Competencia, con carácter independiente, para hacer valer los criterios europeos en este ámbito cuando se producen contratos públicos.
Es decir, no es que la Autoridad Vasca de la Competencia apareciese por arte de magia. No, no. Hubo una voluntad política de un gobierno para crearla. Y fue esa misma Autoridad la que detectó después los casos de prácticas colusorias; prácticas que, por cierto, nadie discutió en la comisión de investigación porque, evidentemente, no solo había un informe de la Autoridad Vasca de la Competencia, sino una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Pero ha cambiado ya la forma de hacerse y atendiendo a una de las reclamaciones iniciales, la que, por cierto, compartimos los socialistas con Euskal Herria Bildu sobre esta cuestión, se ha abierto a la gestión directa por parte de los colegios, de las asociaciones de padres; otra cosa es la que estos decidan en cada centro, si sumarse a esta iniciativa o no hacerlo, pero queda abierta esa posibilidad y eso me parece que es una novedad importante.
Pensamos que es falso, como ya he señalado, que haya perjuicio económico para las familias. Afirmo que no lo ha habido. El precio que debían pagar por el servicio se fijaba de antemano, con independencia del coste que supusiera para la Administración Pública, que es cierto que sí tuvo que asumirlo.
En ningún momento, como también he adelantado, se detectó el más mínimo riesgo alimentario para los más de 100.000 escolares que fueron atendidos anualmente por estos comedores, desde que esto empezó en la época del señor Oliveri, el señor Campos, la señora Iztueta o la señora Celaá.
Está claro que fue garantista en lo que interesaba e importaba  - y creo que es bueno que así fuera -  a todos ellos, garantizar la seguridad alimentaria absoluta de los alumnos de los centros públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y eso se consiguió plenamente, nadie ha sido capaz de discutir ese aspecto.
Y después tenemos una situación un tanto kafkiana, que no me gustaría hacer referencia a un partido, pero lo tengo que hacer porque, en fin, hasta justo antes de las últimas citas electorales, en estas conclusiones que estoy enumerando coincidíamos con el Partido Popular. Coincidíamos básicamente en casi todo.
Este partido impulsó en su momento esta comisión de investigación y creíamos que había entendido su sentido: Detectar si existen responsabilidades administrativas, ya que las penales habían quedado descartadas.
Pero hete aquí que llegaron elecciones y mientras el presidente del Partido Popular en España acusaba a los Socialistas de pactar con quienes tienen las manos manchadas de sangre, el PP vasco o el PP del País Vasco  - según la definición de su propio presidente naciona - l pactaba, ¿con quién? Pues con estos mismos señores, en función de los intereses políticos que tenga cada uno.
Fíjese usted que aquellas conclusiones estaban acordadas entre el Grupo Nacionalista, el Grupo Socialista, la representante en la comisión de investigación por parte del Partido Popular y avalado por el portavoz del Partido Popular. Qué sorprendente, ¿verdad? Que de la noche a la mañana lo que hasta entonces parecía bien, lo que hasta entonces era coincidencia plena en las conclusiones, de repente, en unas pocas horas, cambia justo a lo contrario. Y así llegamos a este pleno. En vísperas a unas nuevas elecciones, para que tres grupos de esta Cámara avalen lo que la comisión de investigación no ha podido acreditar.
Por eso voy a reiterar la posición socialista, que creo que es conocida, y que no excusa ni esconde nada. Los hechos son los que son, tanto la decisión judicial como el contexto en el que se produjeron los hechos.
¿Qué decían aquellas conclusiones que nosotros presentamos conjuntamente con el Partido Popular? Que, efectivamente, habían existido prácticas colusorias por parte de las empresas.
¿Qué decían también? Que había habido un intento en el 2010, en concreto, de modificar aquel sistema ampliando el número de lotes para favorecer la competencia, que fue recurrido y ganado por las empresas adjudicatorias y hubo que volver al sistema anterior. Que no se había producido ningún caso de intoxicación alimentaria, es decir, que la seguridad alimentaria había estado absolutamente garantizada. Y que, evidentemente, las empresas eran responsables de aquellas prácticas y, por lo tanto, se reconocía que el proyecto, los sistemas de adjudicación eran claramente mejorables y que había que establecer el mayor número de cautelas, y ser mucho más riguroso y más exigente a la hora de desarrollar los siguientes pliegos de condiciones. Eso es simplemente lo que se establecía.
Y eso es una decisión de una mayoría que nosotros respetamos, como lógicamente esperamos que respeten las críticas que les hagamos los demás. Y no estamos viendo los Socialistas en esta votación conjunta de Bildu, Podemos y el Partido Popular una especie de pinza ni nada por el estilo. Lo que vemos es que hay una decisión política tomada en que todo lo que sirva para un titular, y estamos en...
...una especie de pinza ni nada por el estilo.
Lo que vemos es que hay una decisión política tomada en que todo lo que sirva para un titular, y estamos en vísperas de unas nuevas elecciones, sirve para hacer oposición. Y que esta, por desgracia para ellos, solo puede sumar para esto, para bloquear o para paralizar pero, desde luego, para construir mayorías alternativas parece que no. Porque dudo mucho que los tres que hoy van a sumar para aprobar este dictamen tengan siquiera una idea compartida de cuál es el mejor modelo de comedores escolares y, desde luego, no tiene nada que ver lo que cada uno de ellos piensa sobre cuál tiene que ser el futuro modelo educativo de este país.
Por lo tanto, yo respeto una parte importante de las conclusiones, rechazo otras como he dicho, pero me parece que hoy se ha querido hacer aquí un poquito de teatrillo electoral.