LLANOS GÓMEZ (PP, 2014-02-20):
Gracias señora presidenta. Buenas tardes a todos.
Uno, aunque se trate de iniciativas distintas, al final los argumentos parece que se reiteran en las peticiones también.
Aquí uno oye frases que quedan muy bien como desmantelamiento de los servicios públicos, está como pollo sin cabeza. Yo es que no sé, yo de verdad, creo que lo de como pollo sin cabeza se podría aplicar a otros, que como no saben muy bien dónde están, al final se oponen a todo: A las ideas, a los rumores, a lo que sea.
Y una vez más estamos debatiendo aquí una iniciativa que no ha llegado todavía al Congreso de los Diputados…
...a lo que sea, y una vez más estamos debatiendo aquí una iniciativa que no ha llegado todavía al Congreso de los Diputados y que lo que se pide es que no llegue.
Y centrándonos en la iniciativa, aunque sobre todo se ha hablado de una de los aspectos de la misma, que es el del Registro, en la misma se plantean dos cosas, dos aspectos, como se hizo en la sede del Congreso de los Diputados.
Porque últimamente existe una querencia que es el de reproducir debates. No parece que se tenga suficiente altavoz en el Congreso de los Diputados y entonces se trae aquí también para ver si así pues llega más.
Pero bueno, ya saben que una no es proclive a huir de los debates y no tiene ninguna pega a entrar, aunque no sea competencia de esta Cámara, entrar al mismo.
Y hacen una serie de afirmaciones, que ya dan por buenas, como perdidas de puestos de trabajo, imposición de tasas a la ciudadanía, pérdida de acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia.
La actual Ley del Registro Civil –porque todavía no ha entrado la del 2011, como se ha dicho aquí, porque tenía una vacatio legis de tres años– es de junio de 1957, que es verdad que dio muestras de una gran calidad técnica y de capacidad de adaptación, pero que la relevancia de los cambios que ha habido pues hizo necesaria su modificación.
Y ello llevo, como se ha dicho aquí, a esa modificación que fue puesta en marcha en 2011, con un amplio consenso, es cierto, en el Congreso de los Diputados, y como decía dado que la vacatio legis era de tres años, entrara en vigor en este 2014.
Y partía esta Ley –porque a pesar de ser una ley socialista, señora Gallastegui, no la ha vendido usted mucho, pero ya la voy a vender yo, ya que nosotros la probamos en el Congreso de los Diputados–, decía que partía de la importancia del Registro Civil, que demandaba la adopción de un nuevo modelo que se ajustase a los principios consagrados en la Constitución de 1978.
Una modificación de profundidad que combinase los aspectos más valiosos de la institución registral con la realidad social, política y tecnológica actual, que, evidentemente, es muy distinta de la del año 1957.
Por ello era necesario una nueva regulación del Registro que partiese como razón de ser de las personas, derivando de su necesaria coherencia con la Constitución. Una visión modernizadora del Registro, como un Registro único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente.
Ésa era la intención de esa regulación de 2011 y lo sigue siendo. La modernización del Registro hacía pertinente la llevanza por funcionarios públicos distintos de aquellos que integraban el Poder Judicial del Estado y ello no le quitaba el carácter de servicio público al Registro. Y estas prescripciones venían en la ley del 2011, en la propia exposición de motivos, como usted lo ha dicho.
Ella es la que plantea la desjudicialización del servicio, la asignación a funcionarios distintos de los judiciales. Se contemplaba, por lo tanto, que esos funcionarios distintos de los que integran el Poder Judicial, pues fueran los que se encargasen de la llevanza propia del Registro Civil.
Y es a partir de ahí, de una prescripción de una Ley aprobada bajo mandato socialista, cuando se empiezan a deducir pues, por su parte y por parte de otros grupos, una serie de afirmaciones, una serie de conclusiones, que fueron negadas por el Secretario de Justicia en la sede del Congreso de los Diputados.
Porque ustedes –luego lo he aclarado yo aquí, señora Gallastegui–, pero en su iniciativa lo que dicen es que en el Registro se quede como está, y claro mi duda, aunque me la ha solventado, era qué es lo que pretendían.
¿Que se quedase como estaba con la Ley de 1957? ¿Que no se aplicase la propia ley que ustedes habían promovido? Y es verdad que existe un borrador, un borrador que ni siquiera ha llegado a ser anteproyecto, que contemplaba que los registradores pudieran ser los funcionarios públicos que llevaban el Registro.
Y usted ha dicho que los registradores de la propiedad no son funcionarios públicos. Pues mire, el 274 numero 2 de la Ley Hipotecaria establece que los registradores de la propiedad son funcionarios públicos a todos los efectos, lo son y que, por lo tanto, son unos funcionarios públicos capaces de llevar perfectamente el registro, asumiendo las prescripciones que establece en la Ley de 2011.
Y por lo tanto, en ese nuevo modelo, en su caso, seguirían siendo funcionarios los que seguirían llevando a cabo esta tarea publica.
Usted presentó esta iniciativa en mayo de este año. Se le respondió, como digo, en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados al secretario de Estado de Justicia, porque las iniciativas que ustedes traen aquí, evidentemente antes las han planteado allí. También la señora Díaz del Partido UPyD también ha presentado múltiples iniciativas a este respecto y se han contestado muchas.
En mayo, en septiembre, en octubre y se señalaba que el Gobierno estaba trabajando entorno a un servicio público, un servicio público concebido al igual que ahora, pero más ágil y más cómodo para los ciudadanos y respondiendo a los principios contenidos en la Ley de 2011. Léase las respuestas parlamentarias.
Se ha comentado también que pudieran los secretarios judiciales, los propios secretarios judiciales han establecido que el Ministerio de Justicia les había ofrecido a ellos la posibilidad de llevanza del Registro. Los propios secretarios judiciales.
Luego, noticias y rumoresl señora Gallastegui, hay. Algunasl como la última que apareciól que ya daba por hecho que iban a ser los registradores de la propiedad los que llevaran, fueron negados por el propio Ministerio, negados por el propio Ministerio instantáneamente, pero es que da igual. Da igual.
Da igual que ustedes digan una cosa y desde el Ministerio se niegue. Da lo mismo. Si es lo que les he dicho, si es que es la oposición por la oposición.
En relación con los puestos de trabajo. El Ministerio ha garantizado que se van a mantener todos los puestos de trabajo, ha garantizado que los servicios van a seguir siendo gratuitos, pero es que da lo mismo. Si es que les da lo mismo lo que diga el Ministerio. Les da exactamente igual.
Y también en ésta, ponía de manifiesto el tema de los jueces de paz. Usted y yo ya hemos debatido sobre la organización judicial en esta sede parlamentaria y yo le comenté que esto se encuentra encuadrado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que está en reforma.
Como le digo, hemos tenido ocasión de debatir y he puesto de manifiesto que el Consejo de Ministros, con fecha 2 de marzo de 2012, procedió a la creación de la Comisión Institucional para la reforma de estas dos leyes, reforma que estaba justificada porque desde la fecha de entrada en vigor de ambas leyes, se ha incrementado en un 15 % la población y ha aumentado en 100 % la litigiosidad. Por lo tanto, esto demandaba un nuevo modelo organizativo y de gestión.
Los jueces de paz, aunque están servidos por personas que no pertenecen a la carrera judicial, es cierto, desempeñan funciones jurisdiccionales, con lo cual cualquier reforma que se plantee al respecto se tiene que hacer no específicamente sobre los juzgados de paz, sino formando parte de un todo, que es lo que en este momento está en cuestión.
Es verdad que dicha reforma a ustedes no les gusta, pero esa reforma apuesta por la especialización, por una mayor calidad en las sentencias, porque los jueces, como les digo, van a ser especializados. Pero no voy a reiterarles más, porque ya digo que este debate ya les tuvimos.
Pero es que no, no les vale, da igual que se le conteste, que se les niegue, que se les diga que no es así. Da lo mismo. Ustedes lo que dicen, piden una vez más. ¿Y le suena de algo, señora Gallasteggui? Lo que han pedido esta mañana. Que el anteproyecto no llegue, que no llegue.
Antes de que vea la luz, ya están pidiendo no su retirada porque sería imposible su retirada, porque no se ha presentado todavía, sino simplemente que éste no llegue.
Ya no sé si es una obsesión, es una premeditación o no sé lo que es, pero ya le digo, los fundamentos de esta regulación están en el año 2011, en esa ley que ustedes promovieron.
¿O es que lo que no les gusta de esa Ley es esa Ley impulsada y aprobada en esa época gloriosa? Gloriosa para ustedes y que ahora quieren corregir. Y nosotros, pues no vamos a colaborar en ello. Nos parece inaudito oponerse algo que todavía ni tan siquiera ha visto la luz. Yo creo que es más importante hacer aportaciones, que se debata y que entre todos podamos mejorarlos.
Yo, señora Gallastegui, solamente le voy a reconocer un mérito, que de verdad que es un mérito, ha conseguido usted con su enmienda transaccional que Bildu se olvide de sus pretensiones independentistas, nacionalistas y territoriales, porque con tal de dar al PP, eso se pone por encima de cualquier otra pretensión.
Nada más y muchas gracias.