ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAKO SAILBURUAK (Aburto Rique) (EAJ, 2014-10-31):
Bai, mahaiburu andrea. Sailburuok. Legebiltzarkideok.
Señor Barrio, agradezco sinceramente su ofrecimiento de trabajar en conjunto para mejorar nuestro sistema cooperativo. La responsabilidad, en este caso, señor Barrio, evidentemente no es del Partido Popular, es del Gobierno, que ha sido quien no ha presentado la ley en el momento en el que nos habíamos comprometido a ello y voy a tratar de explicar las razones, creo que fundadas, para esa cuestión.
Antes de nada, como usted ya ha aclarado en su intervención inicial, en este momento la comunicación que se había solicitado ya está en esta Cámara, fue aprobado el 30 de septiembre en Consejo de Gobierno y remitida, posteriormente, a esta Cámara. Quizá lo podríamos haber hecho antes también, pero, como usted sabe el embarazo y posterior alumbramiento de la señora Ubarretxena, ha retrasado de alguna manera la situación.
El documento reconoce la relevancia de la economía social vasca y describe también su situación, en un periodo 2010-2012, por lo tanto, en un periodo de hace dos años, por lo que los datos no reflejan en este caso la incidencia que tendrá la caída de la cooperativa de trabajo asociado más emblemática, seguramente, y con más socios y socias, trabajadores y trabajadoras. Habrá que esperar a tener nuevos datos para seguir analizando la situación.
Con relación a la ley de cooperativas, como ya explicamos en su momento en sede parlamentaria, la declaración concursal de insolvencia a fines de 2013 de la cooperativa de trabajo asociado más característica y con más socios y socias trabajadores, causo importantes dudas en la interpretación de la aplicación de la normativa vigente, fundamentalmente respecto a una cuestión de relevancia, me refiero a la responsabilidad de los socios y socias, incluso tuvimos que hacer un informe en aquel momento desde la Dirección de la Economía Social.
Esta situación nos obligó también a nosotros a una reflexión nueva, más profunda sobre otros aspectos legales que no se habían previsto inicialmente, pues creemos que afecta a elementos básicos de regulación cooperativa que hasta ahora habían sido, de alguna manera, indiscutidos, aspectos que se cuestionan por su concurrencia con la ley concursal.
Así mismo, el 11 de abril de 2014, la Dirección de Economía Social recibió una carta de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, de Konfecoop, una carta solicitando formalmente la ampliación de los plazos previstos para contar con el tiempo necesario para realizar nuevos procesos de reflexión dentro del movimiento cooperativo. También en este caso no se habían cambiado los problemas y había que abordar una nueva situación en profundidad.
Creemos, por lo tanto, que un mínimo criterio de prudencia, aconsejaba ampliar el calendario inicialmente previsto para examinar nuevas soluciones a eso problemas planteados en la normativa cooperativa vasca. No obstante, este Gobierno, yo le traslado ese compromiso de presentar un proyecto de ley de cooperativas el año que viene.
Con respecto a los criterios y los propósitos de los cambios normativos para la futura ley de cooperativas, debemos señalar que la razón básica del proyecto legislativo fue, en su origen, tal y como usted ha señalado, la refundición de los diversos textos legales que han ido modificando a lo largo del tiempo la Ley 4/1993.
Por razones de facilidad, de identificación y también de utilización de la normativa en vigor, también por razones de seguridad jurídica, resultaba razonable la elaboración de un texto único en el que se incluyeran debidamente armonizadas todas las disposiciones aplicables a las cooperativas, a las que se les aplicaba esa ley 4/1993, de 24 de junio.
Por texto refundido se entiende, en principio, compilar. Esto es, unir en partes, conformar un texto único con las modificaciones que se han ido adoptando, sustituyendo, por lo tanto, los textos originales por los textos modificados.
Sin embargo, pronto se advirtió que convenía, además, revisar ciertos extremos que durante toda la vigencia de la norma no fueron modificados o desarrollados.
Su adecuación a la realidad actual, en unos casos, y la nueva problemática original, en otros, aconsejaba su valoración ajustada a las circunstancias presentes. Los aspectos que estimaban conveniente revisar, en su caso y en su caso modificar, son los siguientes.
Infracciones y sanciones, como usted ha dicho, en concreto, respecto al papel que desempeña la administración en sus funciones inspectora y sancionadora, el procedimiento sancionador específico del artículo 140.6, que no ha sido desarrollado a día de hoy, el cooperativismo de vivienda, tal y como usted también ha señalado.
La importante conflictividad suscitada en este ámbito exigía revisar el régimen de dicha cooperativa, intensificando la participación desde un principio de los socios usuarios.
En tercer lugar, el Consejo Superior de Cooperativas, en el mismo sentido y en cuanto a organismo público, la refundición explicitada es una oportunidad para repensar aspectos funcionales y organizativos del citado Consejo Superior de Cooperativas.
Y aspectos jurídicos técnicos que eran susceptibles de mejora, en un análisis de técnica jurídica.
Y como siempre ocurre con la aplicación de toda norma, también de la aplicación de la norma legal cooperativa, fundamentalmente en el ámbito registral, se han advertido diversos extremos que son susceptibles de mejora; todo lo que hace referencia a los plazos impugnación de acuerdos en momentos delicados, la extinción o transformación de cooperativas.
Puede ser también el momento adecuado para considerar nuevas regulaciones respecto a otro tipo de cooperativas, como podrían ser las cooperativas del transporte. La reciente y muy importante problemática derivada de la insolvencia que afecta también a las cooperativas.
Es evidente la necesidad de clarificar temas como la responsabilidad de los socios y socias frente a las pérdidas en las cooperativas.
Otra línea a abordar va a ser lo referente a los instrumentos financieros existentes al servicio del sector cooperativo. Con la modificación de la ley se pretende facilitar el escenario y, en todo caso, los criterios van a ser, a nuestro modo de ver, siempre favorables a un desarrollo y promoción del movimiento cooperativo vasco.
Finalmente, ya que hablamos de la regulación y consolidación normativa del conjunto de la economía social en Euskadi, quiero recordar que la Ley 5/2011 configura a nivel estatal un marco jurídico que integra cooperativas, mutualidades, fundaciones, asociaciones que lleven a cabo actividad económica, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y entidades singulares.
Euskadi tiene título competencial por la forma jurídica sobre algunas de ellas, pero no sobre otras. Por ejemplo, los centros especiales de empleo o las sociedades laborales. En estas últimas solamente tenemos la competencia de ejecución de la regulación estatal.
Por estructura, entran dentro de la Dirección de Economía Social las cooperativas, las sociedades laborales y las empresas de inserción, pero no las mutualidades, que estarían dentro del ámbito del Departamento de Hacienda y Finanzas, las fundaciones y asociaciones, que se encuentran en la Administración Pública y Justicia, o las cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación, que están en el ámbito del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad.
Entendemos, así mismo, que el organigrama actual no impide la promoción ni la difusión de la economía social y que existen cauces interdepartamentales para proporcionar coherencia a las acciones que se tomen respecto a las entidades que componen la economía social en su conjunto.