GARCÍA LARRIMBE (EP, 2018-11-29):
Como ya denunciaba mi compañero Jon Hernández en esta Cámara, todo hace indicar que para este Gobierno el único diálogo que funciona es el bilateral, entre Gobierno y Patronal. Un modus operandi claramente autoritario y neoliberal de entender el diálogo social.
El Gobierno Vasco no puede diseñar políticas industriales laborales y sociales, sin contar con las centrales sindicales. Mientras, por otro lado, le responsabiliza de la falta de acuerdos.
Ya dijimos que ese acuerdo dejaba en manos de la patronal acciones en áreas como la intermediación laboral, la formación para el empleo o la orientación laboral. Que deberían llevarse a cabo por los servicios públicos de empleo, es decir, por Lanbide.
Y lo hacía creando un marco que permite la financiación a la patronal para el desarrollo de esas acciones, con un estilo de Gobierno claramente clientelista.
Y hablo en pasado, porque tras la moción presenta por nuestro grupo, este acuerdo se paró. Y no fue porque el Gobierno se diera cuenta de su error y echara marcha atrás. Sino porque tanto la presión sindical como la política, le han obligado a parar lo que era a todas luces un atropello.
En este contexto, el pasado 23 de julio, el Gobierno envió por correo el proyecto de Decreto para la institucionalización del diálogo social en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Dando hasta el 7 de septiembre como fecha tope para que la organizaciones sindicales y empresariales presentaran sus alegaciones.
Como siempre este Gobierno facilitando la participación al mandar el proyecto de Decreto en pleno verano y con unos plazos muy escasos para que pueda ser valorado y analizado.
Y además, para que existan aportaciones sustanciales por parte de las diferentes centrales sindicales.
Y si bien el dialogo social debe ser inclusivo y fomentar la participación entre el Gobierno, la patronal y los representantes de los diferentes sindicatos de Euskadi, no es este el caso.
Este Gobierno Vasco no está explorando la búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas. No está escuchando las necesidades y desde luego, no atiende a las legítimas reivindicaciones de las trabajadoras.
Este proyecto de Decreto plantea un modelo continuista y obvia cuestiones clave sobre el modelo de diálogo social que modifica el rumbo neoliberal, hasta el momento desarrollado.
El resultado es una propuesta de Decreto que no respeta la representatividad de los agentes sociales. Además de incluir una forma de toma de decisiones que no es democrática y que está fundamentada en tres cuestiones.
La primera, la falta de participación de la representación obtenida por la comunidad sindical vasca. Sin respetar los resultados de las elecciones sindicales.
La segunda, la dudosa fórmula de promocionar los acuerdos en minoría que son obviamente inútiles y en consecuencia llevan a la inexistencia de resultados de esta forma de entender el diálogo social.
Y la tercera, la evidencia de un Gobierno condescendiente con una patronal con la que firma acuerdos a espaldas de los sindicatos.
De esta manera, el contenido del proyecto del Decreto, evidencia una falta de voluntad política para el desarrollo de un dialogo social real y una visión formalista e instrumentalizadora del mismo, con el objetivo principal de acompañar y legitimar las políticas públicas de este Gobierno neoliberal.
Para empezar, el proceso de participación y de elaboración del Decreto deja mucho que desear. Adolece de una participación real de todos los agentes sindicales de nuestra comunidad, así como de un debate previo, tan necesario para la creación de un marco estable y democrático para el diálogo social.
Y nos preocupa la concepción que este Gobierno viene apuntalando en torno al diálogo social. Totalmente devaluada que de alguna forma deja de forma muy patente la relación que proponen mantener con las centrales sindicales.
Reduciendo los espacios de actuación que legítimamente les corresponden y dando la espalda a aquellas reivindicaciones que no son de su agrado.
Supone un paso adelante más del Gobierno para tratar de restar efecto a los resultados democráticos de las elecciones sindicales. Y un paso atrás más para la normalización de sus relaciones con los diferentes sindicatos.
Priorizando además la adopción de decisiones en materia de trabajo y empleo, de manera bilateral con la patronal.
Para Elkarrekin Podemos, el modelo de relaciones laborales actual resultante de las sucesivas reformas laborales, tanto del PP como del PSOE, que han venido a reforzar la unilateralidad empresarial atacan, debilitan y devalúan la negociación colectiva.
El diálogo social debería ser, un instrumento para delimitar el poder empresarial y hacer que la economía esté sujeta al control democrático, a favor de una mayoría social y cuyo objetivo sea velar por resolver los principales problemas que sufre la clase trabajadora en Euskadi.
Sin embargo, en el proyecto del Decreto para la socialización del diálogo social que el Gobierno ha propuesto al regular su composición y toma de decisiones, realiza una huida hacia adelante.
Lejos de abordar los problemas señalados institucionaliza un diálogo social, neoliberal a la medida de las necesidades de quien lo propone. En detrimento de la representación obtenida en el desarrollo de las elecciones sindicales que otorgan la representatividad democrática a las centrales sindicales.
Por todo lo expuesto anteriormente, diversos sindicatos de nuestra comunidad autónoma, han manifestado en las últimas semanas su rechazo ante un proyecto que da la espalda claramente a los sindicatos y que desarrolla un funcionamiento de la mesa de negociación antidemocrático y desproporcionado con la realidad sindical en Euskadi.
Desde Elkarrekin Podemos, presentamos una enmienda a la propuesta que hoy nos ha traído el señor Casanova, y que responde a la necesidad de un nuevo proceso de elaboración de la propuesta para la institucionalización del diálogo social, con la participación de las centrales sindicales y el debate político previo a través de la negociación con los agentes sociales más representativos y cuyo objetivo sea la creación de un marco estable y democrático para el diálogo social.
Y proponemos trabajar en torno a una proposición de ley de participación institucional previamente acordada con los agentes sociales más representativos.
Como fórmula para evitar las arbitrariedades del Gobierno a la hora de elegir a sus interlocutores y de garantizar el derecho a la libertad sindical y el respeto a la legitimidad democrática emanada de las elecciones sindicales.
No podemos saltarnos la representatividad, debemos respetar el resultado de las elecciones sindicales que eligen de forma democrática las trabajadoras en Euskadi.
Este Gobierno no puede seguir despreciando la realidad sindical en Euskadi, mientras desarrolla políticas neoliberales para que los instrumentos de acción política, sean puestos al servicio de los intereses empresariales y no de la resolución de los problemas de las trabajadoras.
Porque de eso estamos hablando, de mejorar la vida de la gente, de luchar contra la precariedad, de mejorar las condiciones laborales y de garantizar el derecho de cualquier trabajadora en Euskadi, a defender su dignidad laboral frente a la explotación. Además por supuesto, de garantizar también la libertad sindical.
Mila esker.