ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2014-11-06):
Gracias presidenta. Arratsalde on.
"Con dinero público no se debiera favorecer el acceso a la propiedad de la vivienda. La única política de vivienda posible debiera ser el alquiler".
Esta frase está pronunciada recientemente por el consejero de Empleo, Política Sociales y Vivienda, y como veremos este planteamiento que el Gobierno viene haciendo desde el primer momento, desde que se expusieron las líneas maestras de la gestión al frente del Departamento y en otros momentos, como cuando se plantea y se presenta el plan director de vivienda.
Este Gobierno ha hecho alusión efectivamente a la importancia a la preeminencia que tiene que tener la política de alquiler sobre la política de compra. Y no podemos estar más de acuerdo, si bien es verdad que se somatiza planteando que esa transición, lógicamente, no se hace de un día para otro, lo cual también podemos compartir.
Sin embargo, como digo, estas manifestaciones chocan con la trayectoria, con la trayectoria de la acción del Gobierno, porque para ello veremos que, en el presupuesto de 2014 en la memoria correspondiente se plantea el objetivo de vivienda de protección pública en alquiler, para el 2014, 600 viviendas. No se ha iniciado ninguna.
Y viviendas de protección pública en venta se plantea un objetivo de 1.250 y ha fecha de hoy ya hay 1.021 viviendas iniciadas, es decir, este concepto tiene más brío que el del alquiler.
Para el 2015 se plantea un objetivo de vivienda de protección pública en alquiler de 800 y para la venta de 950. Es decir, estos planteamientos presupuestarios ya demuestran que no son concordantes con las manifestaciones que hace el Gobierno.
En el 2013 sólo se iniciaron 121 viviendas, cuando se contemplaba que entre 2013 y 2014 que tenían que haber iniciado 1.300, y teníamos solo 121.
También entre 2008 y 2013 hemos sabido que han renunciado 13.463 demandantes beneficiados por los sorteos, que en un 77 % alego falta de financiación bancaria, que éste es otro problema también del que convendría hablar.
Incluso hay una promoción en Vitoria-Gasteiz de 314 pisos que ni siquiera se ha puesto en marcha por falta de compradores.
Por tanto, la mayor demanda de alquiler sobre la compra, la propia afirmación del consejero sobre la preeminencia del alquiler sobre la compra en vivienda de protección pública, choca con lo que estamos viendo en la praxis. Es decir, el alquiler no se está promoviendo con la intensidad que se afirma en el discurso del Gobierno.
En estos momentos las viviendas de protección sin comprador equivalen al 2,6 % del total de parte público en propiedad, que alcanza unas 56.466 viviendas, que es una cifra que va rotando, porque algunas de esas viviendas van perdiendo su calificación, porque estaban sometidas a un plazo, y esto es una cifra que va variando.
El observatorio vasco de la vivienda dice que es una prioridad dar salida a los pisos desaprovechados y el organismo cita expresamente el alquiler social, el alquiler con opción a compra, en fin, otras fórmulas.
Los Socialistas no es la primera vez que planteamos una cuestión como la que traemos hoy aquí, que es que las viviendas construidas para su venta que lleven más de 12 meses sin adjudicar pasen al parque público de alquiler. Ésta es básicamente la propuesta que hace el grupo Socialista.
Pero no lo dice sólo el grupo Socialista. Lo decía el propio Gobierno en su comunicación que acompaña al plan director, cuando afirma en relación al fomento del alquiler, que se propone acciones como el destino de exceso de viviendas en régimen de compra a régimen de alquiler o similares. Es decir, tenemos coincidencias de planteamientos. Ahora se trata de articular esa convergencia de opiniones.
Por tanto entendemos que es preciso materializar toda esa coincidencia de opiniones, dando respuesta a la política de vivienda en alquiler. Por ahí tiene la iniciativa que hoy traemos aquí y de la que esperamos, desde luego, su apoyo.
Hoy por hoy estamos muy lejos del 26 % del alquiler sobre el total del parque, que se planteaba como objetivo el Gobierno y, por lo tanto, entendemos que a esto hay que darle un nuevo brío.
Ha habido dos enmiendas, una de Partido Nacionalista y otra de Euskal Herria Bildu, claro, la enmienda que plantea el grupo Nacionalista no permite, en los términos que planteamos nosotros la propuesta, ser asumida, porque efectivamente entra en un desarrollo literal que no se concreta. Nosotros queremos la concreción que hemos expresado en nuestra propuesta.
Y respecto de la enmienda de modificación que plantea Euskal Herria Bildu, decir que no estamos en desacuerdo con ella, no estamos en desacuerdo con ella, que en realidad ya ha habido dos acuerdos anteriores en este Parlamento que plantean, porque ustedes lo que nos vienen a decir, el segundo punto de su proposición no de ley, parece plantear que ese régimen de rentas del 30 % de la renta del ocupante, incluidas tasas y gastos de comunidad, que no solo sea para estas viviendas que llevan más de 12 meses sin adjudicar, sino para todo el parque de vivienda.
Claro, no podía ser de otra manera. Quizás no se haya entendido debidamente, pero difícilmente podíamos plantear un supuesto excepcional para este caso y no para los otros.
Lo que le queremos decir a Euskal Herria Bildu es que el problema esta en que el Gobierno a día de hoy sigue sin cumplir los acuerdos parlamentarios del 7 de abril del 2014 y del 26 de febrero del 2014.
¿Por qué? Pues porque el 7 de abril se adoptaba un acuerdo en el que se hablaba de adoptar la orden del 3 de noviembre de 2010 y sus respectivos reglamentos a fin de que el precio por metro cuadrado de viviendas de alquiler se adecue realmente a la bajada sufrida en el precio de mercado, adoptar la orden de 3 de noviembre y sus respectivos reglamentos de modo que se garanticen las rentas no superiores al 30 % de los ingresos de la unidad convivencial, incluidas las tasas y los gastos fijos de comunidad, adaptar la orden de 3 de noviembre y sus respectivos reglamentos, a fin de que las rentas sea revisada anualmente, etcétera, etcétera.
Es decir, el planteamiento que recoge la enmienda de modificación, lo hemos acordado ya, incluso ustedes y nosotros en alguna transacción que no llego a prosperar.
Por lo tanto, no es una cuestión de divergencia de criterio, sino que se trata de una cuestión que ya la hemos aprobado y lo que le instamos al Gobierno es a que cumpla aquellos acuerdos parlamentarios y eventualmente a éste si resulta aprobado.
Es decir, en los términos en los que se adoptaron aquellos acuerdos de que sea el 30 % de la unidad convivencial de la renta de unidad convivencial, lo que haya que pagarse, no solo en las viviendas que han de salir o debieran de salir del régimen de compra porque llevan más de 12 meses sin adjudicar.
Y además estamos viendo que ésa es una tendencia creciente, una tendencia creciente y, por lo tanto, la mejor manera, la mejor manera de hacer verdad, de hacer realidad esa posición política que dice demos preeminencia al alquiler, se concreta en decisiones como las que hoy planteamos.
Reviértase al parque de alquiler aquellas viviendas que a la vista de la renuncia existentes, de que hay un parque total de unas 1.509 sin adjudicar, es verdad que lo que afecta aquí, en este caso, sería 275 de Visesa, porque los promotores privados no tenemos los datos exactos, no los ha facilitado el Gobierno, aduciendo que no hace seguimiento de ello.
Y, por lo tanto, insisto en el hecho de que la mejor manera de demostrar coherencia entre lo que se dice, que se dice priorizaremos el alquiler, es ante este estado de cosas, revertir el parque público de vivienda que se plantea en compra, que no ha sido adjudicado, precisamente, por renuncias una y otra vez, para que pase al mercado de alquiler.
Ésta es la cuestión, señora Beitialarrangoitia, por la que no, no es que no aceptemos, lo entendemos de suyo, pero hemos querido mantener en su integridad el texto que traíamos aquí, precisamente para no desfigurarlo o para que no diera lugar a una redacción de urgencia, que desconfigurara el planteamiento.
Pero en el contenido no es que estemos de acuerdo, es que lo hemos afirmado en otros acuerdos como los que he citado, y en el que incluso hemos estado de acuerdo en alguna transacción que en su momento no prosperó.
Por estas razones, básicamente, es por lo que entendemos, que para dar respuesta a esa demanda creciente de alquiler, que hay una nómina cada vez mayor de solicitantes de vivienda en alquiler, menor en lo que respecta a la compra, porque estos son los dicterios del propio Gobierno, al que le pedimos también coherencia con lo que viene afirmando. Bueno, si no puede salirse salida a ello, pásese al mercado de alquiler, en el que sí hay verdadera demanda.
Y a lo mejor resiste la tentación de acudir al argumento, una vez más, economicista de que efectivamente eso puede suponer un quebranto en las previsiones presupuestarias, pero es que hoy en día esas viviendas son patrimonio en manos muertas, porque ni se adjudican a comprador alguno, ni tienen arrendatario que pague una renta y, por lo tanto, no están produciendo siquiera los retornos mínimos que serían deseables.
Por todas estas razones es por lo que pedimos apoyo a la propuesta que hoy traemos aquí.
Nada más y muchas gracias.