GUANCHE SUÁREZ (EP, 2018-05-25):
Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Sailburua, legebiltzarkideok, egun on guztioi.
Hoy estamos aquí porque desde el 19 de marzo, señora Artolazabal, están ustedes identificando a personas sin un informe de impacto, sin una evaluación de riesgos  - lamentable que no me esté escuchando - , sin información, sin tener en cuenta las orientaciones de la Agencia Vasca de Protección de Datos, incumpliendo sin complejos el reglamento europeo que hoy entra en vigor.
Porque resulta que ustedes facilitan a Lanbide- Servicio Vasco de Empleo, una circular que dice: "El 19 de mayo de 2018 da comienzo la segunda fase del proyecto de identificación biométrica en Lanbide, implicando a diez oficinas donde se está recogiendo la identificación biométrica de al menos 30 personas usuarias al día, enviando mailing informativos en el caso de no llegar a esa cuota".
Un poquito más abajo de esta información, esa misma circular dice: "Estamos trabajando en el desarrollo de la instrucción correspondiente".
...en el caso de no llegar a esa cuota. Un poquito más debajo de esta información, esa misma circular, dice: "Estamos trabajando en el desarrollo de la instrucción correspondiente".
Y yo, desde la preocupación y respeto, le pregunto, señora Artolazabal, ¿cuáles son las medidas que está adoptando el Gobierno en la implementación de la huella digital a las personas desempleadas para cumplir con este reglamento?
Pero además, aprovecho para preguntarle también si hace suyas las palabras de la señora Arregi el 30 de abril del 2015, que decía que la implantación de la huella digital, que a futuro podría ser una forma para identificarnos ante la Administración. Pero se pueden y se deben dar pasos previos para asegurarnos de su buen funcionamiento antes de ponerlo en marcha para identificar a las personas perceptoras de la RGI, que no podemos olvidar que en su totalidad es un colectivo que merece especial protección.
Y si considera que es coherente hacer suyas las afirmaciones de la señora Arregi basadas en la protección y, al mismo tiempo, poner en marcha una serie de medidas piloto que a día de hoy no tienen el respaldo que debiera, por norma, pero sobre todo por ética y por responsabilidad, señora Artolazabal, preocupada me quedo.
No sé si tiene usted la costumbre de ver las comparecencias que se producen este Parlamento. Pero el pasado 15 de marzo, la señora Uria Etxebarria, la actual directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, nos advertía, haciendo alusión al dictamen 2012 del grupo de trabajo del artículo 29 del Reglamento Europeo, lo siguiente en relación a los posibles riesgos del uso de la huella digital como mecanismo de identificación.
Primero, el uso de la medida de identificación biométrica puede conducir a una disminución gradual de los derechos de las ciudadanas. Dos, el uso de la huella digital no será proporcional si el mismo fin puede lograrse por un medio menos invasivo. Tres, el uso de la huella o cualquier otra interferencia en la protección de datos en una sociedad democrática solo podrá utilizarse para proteger un interés público importante. Cuatro, el uso de la huella nunca podrá tener lugar sin el consentimiento de las personas, sin su manifestación de voluntad libre, específica e informada y, además, explícita.
Decía la señora Uria que no sirve de nada que sea tácito, que no se considere libre si es obligatoria su aceptación ante determinados trámites. En el uso de medidas como la de la huella, además, se considera que el consentimiento es más débil si hay un desequilibrio entre empleador y empleado, por lo que es indispensable que haya garantías suficientes de que este consentimiento es realmente libre.
También nos decía que esta medida puede tener mayor impacto sobre la dignidad, la protección de la intimidad y la privación de las personas más vulnerables, como pueden ser menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad. Y todo ello atendiendo a tres riesgos fundamentales: El primero, la usurpación de la identidad, la identificación y la autentificación; el desvío de la finalidad distinta a la que motivó su recogida o tratamiento; y, tercero, la violación de estos datos. Y yo le pregunto, ¿qué dice usted a todo esto, señora Artolazabal?
Yo continúo con afirmaciones de la señora Uria. Además de lo anterior, nos decía que los datos biométricos son considerados categoría especial de datos personas y, en concreto, que según el artículo 9 del Reglamento que hoy entra en vigor, se titula Tratamiento de categorías especiales de datos personales, los siguientes.
Corresponde al legislador  - entendía la señora Uria que mediante la elaboración de una ley -  establecer la base jurídica para el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades públicas, con base al artículo 47 de dicho Reglamento. Dos, en el caso de categorías especiales de datos, categoría como la que ya le he explicado que ocupan estos que hoy abordamos, las medidas que se adopten deben estar amparadas en una ley específica.
En conclusión, señora Artolazabal, tanto por el Reglamento Europeo, como la Ley Orgánica de Protección de Datos, las normas establecen que el tratamiento de este tipo de categorías especiales tienen que tener una especial regulación. Y dónde está, le pregunto.
Porque si no lo saben, señores y señoras de esta Cámara, y cualquiera que no esté escuchando desde fuera, desde el pasado 19 de marzo, en un cálculo grueso, a 30 personas por día, 10 oficinas en 40 días, tenemos a más de 10.000 personas identificadas mediante la huella digital sin una regulación que lo respalde. Eso significa, señora Artolazabal, aunque usted no tenga a bien hacerme caso, que a más de 10.000 personas se les ha aplicado una medida sin solventar la inseguridad jurídica, sin tener la información ni la garantía de que su consentimiento es libre, informado y voluntario. ¿Puede usted demostrarme las garantías? Yo a estas alturas lo dudo y mucho.
Manifestaba la señora Uria que era dudosa la voluntariedad entre la relación entre empleado y empleador. Qué decir entre una persona perceptora de RGI o una persona desempleada y Lanbide. Porque, ¿acaso son ustedes conscientes de los riesgos a los que están sometiendo a las más de 270.000 personas que, según Lanbide, a día de hoy se consideran demandantes de desempleo? ¿Son conscientes de que están actuando, como mínimo, muy al límite de la normativa?
Yo, por si acaso, le traslado, utilizando de nuevo las ideas compartidas por Agencia Vasca de Protección de Datos, que entiendo que, como máxima autoridad en la materia, usted no va a cuestionar, unas cuantas cosas.
La primera, que una huella digital no se puede cambiar ni revocar, es única para todos los servicios y en caso de que algo ocurra, se compromete la identificación de la persona en todos los servicios para el resto de su vida.
Que hay posibilidades muy limitadas de modificación de la medida y si, como en el caso de Lanbide, se aplica tomando las diez huellas dactilares, señora Artolazabal, me atrevo a decir que eso es prácticamente imposible.
Tercero, que la huella digital es cómoda, sí, pero no mucho más segura que otras medidas.
Cuarto, que es necesaria y obligatoria una evaluación del impacto sobre el derecho fundamental de la protección de datos, porque lo que protege la normativa es a las personas y para ello no se pueden implementar medidas de este tipo a lo loco.
Y por último, que el almacenamiento de las medidas de identificación biométrica es una cuestión muy crítica.
Ante esto, en las experticias en datos se recomiendan no almacenarlos, sino que sea la propia persona interesada quien las guarde, cosa que, por supuesto, no pasa en Lanbide; se las ceden ustedes, o las recaban directamente con Izenpe, una empresa privada que, utilizando textualmente las palabras de la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, "es una empresa magnifica, muy valiosa, pero no tiene lugar, ni papel en ser garante en el entramado público, ni en la valoración de las conductas de las administraciones públicas".
Repito, más de 10.000 personas identificadas sin ley, sin informe de impactos, sin evaluación de riesgos, sin información y con carteles que, como este, anuncia a bombo y platillo, que ustedes esto de la huella ya lo tienen hecho; afirman que va a ser obligatorio y les da igual lo que diga el Parlamento, lo que digan los colectivos sociales y, lo más importante, lo que diga la Agencia Vasca de Protección de Datos.
Lo afirman hasta el punto de decir en la radio el señor Belandia que se llevará hasta las últimas consecuencias. Y yo me pregunto, ¿esto es una amenaza? ¿Le da igual la ley? ¿O también me va a hablar del chalet para echar balones fuera, señora Artolazabal?
La cuestión es que aquí estamos sin darle medida vuelta a una mirada ética, para abordar y acompañar a quienes están en situación de desempleo y, por lo tanto, en la precariedad de quien tiene, al menos, uno de sus derechos vulnerados.
Eso es no tener el más mínimo respeto a los derechos de la ciudadanía a la que usted también se debe, aunque en la obsesión por ser policía de la pobreza, a veces se le olvide.