ALDAITURRIAGA ZORROZUA (EAJ, 2016-04-07):
Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Sailburu jaun-andreok, legebiltzarkideok, eguerdi on guztioi.
Legegintzako herri ekimena aurkeztu dutenen arrazoia zen eraikuntza sektorean bazeudela sozialki onartezinak ziren lan egoerak. Adibidez, kontrolik gabeko azpi-kontratazioa, hitzarmenean jasotakoren azpitik zeuden lansariak eta lanorduak eta abar.
Egoera horiek onartezinak dira, ez bakarrik proposatzaileentzat, baita gure taldearentzat ere. Ekimena aurkezten dutenek egoeraren errua krisi ekonomikoari eta Diputatuen Kongresuak onartutako lan-erreformari egosten diote, nahiz eta jakin badakiten, baita ondo jakin ere, ez dela krisia sortu duena, ezta lan-erreformaren arduraduna ere.
Nuestro grupo, como lo ha hecho nuestro partido en las instituciones que gobierna, siempre ha intentado utilizar todas las herramientas a su alcance para eliminar o aminorar todo lo posible la producción de ese tipo de situaciones socialmente inaceptables. Pero con los pies en el suelo, buscando la adecuación entre los fines perseguidos y los medios a su alcance, como lo hacemos ahora con esta iniciativa en el marco de nuestras competencias en materia de contratación pública.
Pero analicemos la iniciativa presentada por ELA. Ya en su exposición de motivos, los promotores de la ILP nos ofrecían alguna pista sobre la verdadera finalidad de lo que proponen. Basta leer los párrafos 2, 3 y 5 para comprender que se centra exclusivamente en determinados aspectos laborales de la contratación pública.
En esta línea, el párrafo tercero del artículo 4 de la ILP presentada era rotundo. Decía literalmente, señorías, que "las condiciones recogidas en el texto del convenio colectivo territorial conformarán las condiciones mínimas en las que podrán ser empleados los trabajadores y trabajadoras que lleven a cabo las actividades objeto del contrato, con independencia de que el mencionado convenio hubiera perdido vigencia por efecto de lo previsto en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores".
Se pretendía así, de modo manifiesto, actuar sobre una materia de naturaleza claramente laboral, como son las relaciones entre empresario y trabajador, y lo hacía a nuestro entender para alterar las determinaciones de la reforma laboral operada mediante la Ley 3/2012.
Pero pretende alterarla desde el ámbito de la contratación pública y la contratación pública, señorías, tiene otra finalidad. Tiene por objeto regular la contratación del sector público adaptándola a las directivas comunitarias a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad y al acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, y no discriminación a la igualdad de trato entre los candidatos, asegurando una eficiente utilización de los recursos públicos mediante la salvaguarda de la Ley de la Competencia, y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
Además, la Ley de Contratos enumera una serie de negocios y relaciones jurídicas excluidas de su ámbito de aplicación que se regularán por sus normas especiales, mientras que se halla los contratos regulados en la legislación laboral.
No obstante, la contratación pública debe integrar y potenciar las políticas sociales es algo que nadie discute. En tal sentido, en la propia Ley de Contratos se contempla que los aspectos sociales pueden ser tenidos en cuenta mediante las denominadas cláusulas sociales de la contratación pública. ¿Pero qué son las cláusulas sociales de la contratación pública, señorías?
Las cláusulas sociales son estipulaciones que obligan a los adjudicatarios de un contrato público a dar cumplimiento a determinados objetivos, además del objeto propio del contrato. Pueden referirse a consideraciones tales como promover el empleo de personas con dificultades, particular de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades social por razón de género en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la información en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definido en el artículo 145 del Tratado de la Unión Europea, o garantizar el respeto de los derechos laborales básicos mediante la exigencia del cumplimiento de las convenciones fundamentalmente de la OIT.
Conviene recordar que los pliegos de cláusulas administrativas particulares, son documentos administrativos en los que se incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, que se apoyan en el principio de libertad de pactos, pero que tienen como límite el que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.
Por eso, es importante tener en cuenta que en los contratos del sector público puede incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico, es decir, que los pliegos deben someterse a las leyes.
En relación con el respeto de los pliegos de condiciones a las leyes, unas notas sobre la reforma laboral. La reforma laboral efectivamente, la Ley 3/2012, ha modificado sustancialmente la Ley de Salud de los Trabajadores. En la parte que se refiere a los convenios colectivos, el artículo 84.2 del Estatuto, concede prioridad aplicativa al convenio de empresa o al convenio del grupo de empresas, respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito territorial inferior, entre otras, en las siguientes materias: salario base y complementos salariales, horas extraordinarias y retribución a turnos, horario y distribución del tiempo de trabajo, medidas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Es decir, el convenio colectivo territorial pretendido por los promotores de la ILP ha perdido su prioridad aplicativa por prevalencia del convenio de empresa, por tanto, no se puede exigir a todos los adjudicatarios de un contrato público el cumplimiento de las materias citadas anteriormente e incluidas en un concreto convenio colectivo territorial distinto a aquel que rige en la empresa.
Se pretendía imponer a todas las empresas adjudicatarias el sometimiento a unas condiciones laborales que no le son de aplicación atendiendo a los requisitos de la legislación laboral, y nosotros entendemos que las condiciones de trabajo en una empresa la fijan los trabajadores y el empresario, no un tercero ajeno a la misma como es la administración que adjudica una obra o un servicio a la citada empresa.
Frente a esa propuesta inicial, hemos realizado otra propuesta tomando por base nuestras enmiendas y las del Grupo Socialista que tiene las siguientes características. En primer lugar, su campo de actuación es más amplio. Se recoge la posibilidad de incorporar criterios sociales más allá de los aspectos laborales que contenía la ILP inicial.
En segundo lugar, hemos perfeccionado técnicamente la propuesta inicial, tanto en lo referido a los ámbitos subjetivo como al objetivo de aplicación de la norma ya que la relación inicial inducia a errores. De igual modo, frente al (...) al texto inicial se distinguen claramente los supuestos de contratación, subcontratación y subrogación y se establece un régimen específico para cada uno de ellos.
Respecto a las relaciones laborales, en concreto, se plantea el convenio que aplican las empresas contratistas deba declararse desde el momento de la presentación de la oferta, que sea objeto de publicidad general estableciéndose mecanismos para controlar que se corresponde con el convenio que de acuerdo con la legislación laboral debe aplicarse, y se contempla igualmente la obligación de que una vez adjudicado el contrato, la empresa adjudicataria no proceda de manera unilateral a realizar modificaciones que impliquen una minoración de las condiciones laborales aplicables a los trabajadores adscritos a la ejecución de ese contrato.
Respecto a la subrogación, se establece la obligación de que el nuevo adjudicatario se subrogue en los contratos de trabajo del personal que realice las actividades que van a tener continuidad con motivo del futuro contrato. Además, se exige que los pliegos de condiciones figure la información de los contratos laborales en los que el adjudicatario a de subrogarse.
Se establece un mecanismo por el que los licitadores pueden obtener información sobre las obligaciones en materia de empleo y prevención de riesgos laborales, que son de aplicación al contrato de que se trate.
Y finalmente, se indican las reacciones en caso de incumplimiento que van desde la imposición de sanciones económicas hasta la resolución del propio contrato, cuando a estas cláusulas se les atribuya el carácter de esenciales.
Finean, gure proposamenak planteamendu errealistenak jasotzen ditu, sektore publikoaren kontratuen legeak gure erkidegoari eragiten ikusten dion abagunean eta jurisprudentzia berriena ere kontuan hartuta, hau da, kontratuak egiterakoan baldintza administratiboetako agirietako klausula sozialetan ze lan baldintzak sartu behar diren arautzen duena.
Y respecto de las enmiendas mantenidas para este pleno por los grupos Bildu y UPyD, decir que votaremos en contra de todas ellas por las siguientes razones que ya fueron expuestas tanto en la ponencia, como en la comisión que aprobó el dictamen.
En primer lugar, por cuanto que en su mayoría participan de los errores y el confusionismo conceptual que provenía de la iniciativa legislativa popular del texto originario, y en otros casos, pretenden ampliar el campo de actuación a los aspectos ambientales de las cláusulas públicas, que no son objeto de análisis ni directo, ni indirecto al amparo de la ILP presentada. Y además muchas de ellas las entendemos incorporadas, o al menos entendemos que tienen cabida tanto en la habilitación genérica recogida en el artículo 4 de nuestra propuesta, como en la restante normativa sobre cláusulas sociales en la relación pública aplicable hoy en día en nuestra comunidad.
No obstante, debemos agradecer al grupo Mixto-UPyD y al Grupo Popular el apoyo al texto acordado en comisión, y asimismo agradecer especialmente al señor Itxaso los esfuerzos realizados para alcanzar un acuerdo que hoy sometemos a la consideración de esta Cámara.
Besterik ez, eskerrik asko.