HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2015-10-02):
Eskerrik asko legebiltzarburu anderea.
Señora Llanos, hay casos elocuentes de iniciativas parlamentarias de fórmula interpelación, que se formulan por escrito en unos términos y después se expresan desde la tribuna en términos radicalmente diferentes.
Usted da una orientación al texto escrito que registró en esta Cámara para plantear la interpelación y ahora ha incorporado, es cierto que no ha hecho una intervención radicalmente desconectada con aquella inicial, pero es cierto que ha introducido observaciones importantes que han ocupado el núcleo fundamental, el 80 % de su intervención, que sólo tangencialmente tienen que ver con la preocupación honesta, descontextualizada que parecía tener usted en relación con la mejora del régimen de control de la contratación pública.
Yo le voy a contestar a su interpelación escrita, la que, en fin, parece que suscita su interés. Pero no puedo dejar de hacer dos observaciones, dos precisiones muy puntuales a incorrecciones objetivas que ha formulado usted desde la tribuna.
Primero, hablaba usted de la Comisión Ética y la identificaba con esa frase de "Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como", sobre la base de un dato que era objetivamente falso.
Decía usted, "ésa es una comisión en la que la mayoría es del Gobierno". Perdone; si se lee la Ley de Procedimiento Administrativo y se lee el propio Código Ético, podrá observar que de las cinco personas que integran la Comisión, una es la secretaria con voz pero sin voto; por lo tanto, es paritario. Y si se ha leído las resoluciones, que ya veo que no, habrá podido comprobar que en todos los casos, hasta la fecha, las resoluciones se han adoptado por unanimidad. ¡Por unanimidad!
Es decir, que no se somete a votación y la mayoría del Gobierno se impone frente a los externos. No, no. Los que marcan la pauta son los expertos externos. Si usted quiere descalificarlos, empiece por descalificarlos. Yo creo que son gente de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos  - en el mundo académico, en el mundo de la investigación, en el campo de la ética pública. Si usted quiere descalificarlos, descalifíquelos. Pero la composición es paritaria y las decisiones, todas, son por unanimidad. Todas por unanimidad. No hay votaciones. No hay imposición del Gobierno de su criterio.
Segundo. Usted me hablaba del caso Unibasq. Bueno, es uno de los criterios que ha tomado la Comisión Ética, siguiendo un tono que no es privativo de la misma.
Cuando dice, por ejemplo, que un alto cargo es incompatible, el ejercicio de un alto cargo con el principio de ejemplaridad a partir del momento en que la eventual imputación de la que pueda ser objeto pasa a la apertura del juicio oral. Ése es un criterio no sólo de la Comisión Ética, sino que está adoptada incluso institucionalmente en muchos ámbitos, pero fíjese, el Gobierno Popular en Madrid  - las Cortes Generales -  acaban de aprobar una Ley hace unos meses en la que lo que dicen es que el alto cargo sigue siendo alto cargo hasta la sentencia condenatoria.
Es decir, que el criterio que ustedes, el Partido Popular, acaban de aprobar en Cortes Generales, en una Ley sobre altos cargos, es mucho más laxo. Entre la apertura del juicio oral y la sentencia condenatoria hay diferencia. Esto es lo que hay.
En su interpelación, el punto central es la idea del clientelismo político. Usted sabe que el clientelismo político es un concepto muy amplio, muy heterogéneo. En España tiene además un correlato claro, que es el "caciquismo político"; tiene una expresión castiza que se refiere a ese fenómeno. Pero es un concepto muy amplio, muy heterogéneo y además que se puede analizar desde muchísimos puntos de vista: El antropológico, el sociológico, el politológico, el histórico, el jurídico.
A usted  - a tenor no de su intervención de hoy, sino de lo que ha consignado por escrito en la formulación de la interpelación -  parece que lo que le interesa es la cuestión jurídica, la dimensión estrictamente jurídica. Quiere saber cuáles son las técnicas, los instrumentos jurídicos que pueden incorporarse a la ley para limitar, para impedir, para combatir, digamos, el clientelismo político. Y, particularmente, le interesan las medidas que pueden plantearse en el ordenamiento jurídico para limitar, para combatir el clientelismo político en el ámbito de la contratación administrativa.
Porque el clientelismo político se da y se ha dado en otros muchos ámbitos también de la actuación pública. En el empleo público vi el caso de Baltar, por ejemplo, del Partido Popular en Galicia, en las infraestructuras, en las subvenciones... en muchos ámbitos.
Más aún, parece que lo que le importa y le preocupa es el estudio de las medidas jurídicas que pueden adoptarse para combatir el clientelismo político, concretamente en la fase de adjudicación de la contratación pública. Y a tal efecto pregunta qué pasa con la ley de transparencia que el Gobierno prometió y el lehendakari anunció que próximamente estaría en la Cámara.
En relación con este asunto le puedo hacer dos observaciones. Primero: En efecto, el Gobierno Vasco está tramitando este anteproyecto de ley. Se encuentra en un avanzado estado de tramitación en el marco del procedimiento establecido para la elaboración de disposiciones de carácter general.
La semana pasado, la comisión jurídica asesora emitió su dictamen. Sabe usted, que éste es el último trámite antes de que el gobierno pueda aprobar un proyecto de ley y, por tanto, estamos haciendo en el texto los últimos toques.
El proyecto de ley estará, por lo tanto, en la Cámara en pocas semanas. No se lo puedo precisar cuándo, pero próximamente. Estamos trabajando en ello.
Segundo: Usted habla de la Ley de Transparencia, pero yo francamente, no creo que la Ley de Transparencia sea el instrumento idóneo, el adecuado para abordar la regulación material del clientelismo político en la contratación administrativa, que es la que parece que le interesa a usted. Para eso, hay otros instrumentos legislativos mucho más adecuados.
La Ley de Transparencia sí, puede contribuir a crear el humus, el hábitat, en el que el clientelismo político tenga dificultades para emerger y para desarrollarse. Pero no va a impedir, no va prohibir por sí mismo la existencia de decisiones y de actuaciones que puedan ser calificadas o incursas en el ámbito del clientelismo político.
Para eso hay otras normas. Está la normativa reguladora de la contratación administrativa, la Ley de Contratos del Sector Público, que está, la vigente se aprobó en el año 2011, y está toda la normativa que regula los conflictos de intereses por parte de altos cargos, que son las normas yo creo, las piezas normativas llamadas básicamente a regular esas cuestiones.
Podríamos hacer un repaso de cómo se encuentran esos asuntos. El Gobierno central está planteando la reforma de la Ley del Contrato del Sector Público. Hay un anteproyecto que está dando vueltas por el Ministerio, que no se ha remitido a la Cámara, y no lo veremos en esta Legislatura, aunque las reformas imprescindibles es necesaria, porque hay tres directivas por transponer, antes de mediados del año que viene y, por tanto, no se va a poder demorar excesivamente.
Ese anteproyecto de ley sí contempla un apartado específico relativo a evitar los casos de corrupción y los conflictos de intereses en la contratación administrativa, pero yo creo que la legislación en materia de contratos públicos es bastante exigente en este momento, en lo que se refiere a impedir las cosas que dice usted, esa contratación con los familiares, con los afines, con los amigos, con las gentes con parentesco. Es muy contundente a ese respecto.
Y la normativa de conflicto de intereses ya ni le cuento. Eso que usted me decía está legalmente prohibido, clarísimamente prohibido por la ley.
El problema es que los grandes casos de corrupción en España no se dan por contratar con los parientes y amigos, no se dan.
Si repasamos los casos de Bárcenas, de Correa, la Púnica, Matas, Rato, en todos estos casos no hay ninguna contratación con parientes. Hay testaferros, pero no parientes, que es lo que parece que le preocupa a usted.
Bueno, en cualquier caso. ¿Dónde, en qué estado se encuentra el proyecto de ley de transparencia? Mire, el proyecto de ley de transparencia, de cara a lo que a usted parece que le interesa, la transparencia, hay un artículo 8, que desarrolla, perdón, el artículo 28, lo podrá comprobar cuando venga el proyecto a la Cámara o sino, le puedo pasar un texto del anteproyecto que estamos trabajando, que intenta desarrollar el artículo 8 de la Ley de Transparencia que aprobaron las Cortes Generales en diciembre del año 2013, la Ley de transparencia, de acceso a la información y buen gobierno, que seguro que la conoce.
Bien, ese artículo recoge un apartado, el artículo 8 recoge un apartado, el apartado a, en el que se recoge toda la información que las administraciones públicas tienen que hacer pública en relación con la contratación administrativa. Toda la información.
Bien, pues esas previsiones del artículo 8 están amplísimamente desarrolladas en el anteproyecto de ley que estamos elaborando nosotros, en el artículo 28.
En concreto, de sus enmiendas, de las enmiendas que ustedes presentaros contra la ley de administración, el proyecto de ley de administración pública, aquella que el Gobierno retiró y que está en la base lógicamente de este nuevo texto.
Pero este nuevo texto se ha hecho sobre la base de incorporar al texto inicial, muchas de las enmiendas que presentaron ustedes.
En este capítulo, concretamente en el capítulo de información económica, que tiene que hacerse pública, se han aceptado 43 enmiendas de los grupos parlamentarios, y se han incorporado al texto, 15 en concreto del Grupo Parlamentario Popular, y en concreto, las que se refieren a esto que comenta usted, la información relativa a la contratación. Las enmiendas 183, 185, 187 y 189 entre las que presentó el Partido Popular, están incorporadas al texto.
¿El resultado, cuál queremos que sea? El resultado queremos que sea, que el umbral de la publicidad activa en el ámbito de la contratación sea superior al establecido con carácter básico por la normativa del Estado y superior al conjunto de las comunidades autónomas.
Y por supuesto, superior al fijado por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Castilla León y Valencia, que aprobaron leyes con umbrales francamente bajos en esta materia.
Eskerrik asko.