GUANCHE SUÁREZ (EP, 2018-06-07):
Eskerrik asko mahai-buru andrea. Legebiltzarkideak, egun on guztioi.
Elkarrekin Podemos taldeak herritar guztien oinarrizko eskubideak bermatzea du helburu eta bide horretan ekimen berri bat aurkeztu dugu. Gaurkoa honetan, datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidearen aldeko mozioa defendatuko dugu. Duela bi aste interpelazio baten ondorioz Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua entzuteko aukera izan genuen eta eskubide hori arriskuan dagoela berretsi genuen. Hori dela eta, hemen gaude gaur ere, Eusko Jaurlaritzari Europa erregelamendua bete dezala eskatzen diogu.
El reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, dice en su artículo 35 sobre la evaluación del impacto relativa a la protección de datos lo siguiente: "Cuando sea probable que un tipo de tratamiento en particular se utilizan nuevas tecnologías por su naturaleza, alcance contexto o fines entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará antes una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales".
Ana Isabel Ortiz describe en el "Cuaderno de derechos humanos" de la Universidad de Deusto sobre el derecho a la protección de datos en la sociedad de la información acerca del reconocimiento de este derecho, diciendo que la normativa y la jurisprudencia reconocer  - por favor, que no me oigo ni pensar -  un nuevo derecho constitucional diferenciado de otros tradicionalmente reconocidos como el derecho a la intimidad o el derecho al honor. Porque este, el derecho a la protección de datos, extiende su garantía no solo a la intimidad, sino también a otros bienes y derechos de la personalidad, e impone importante a los terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera privada de la vida de la persona.
Por lo tanto, concluye la señora Ortiz  - no yo -  que el derecho a la protección de datos tiene como propósito evitar el tratamiento ilícito y lesivo para la dignidad y los derechos y libertades de la persona interesada.
También dice la señora Ortiz que la sentencia del Tribunal Constitucional 299/2000 reconoce y denuncia cómo se produce una indeterminación en la actual normativa vigente a nivel estatal en materia de protección de datos porque deja en manos de la Administración muchas cuestiones que de facto hacen que las personas afectadas no puedan acceder ni rectificar, ni cancelar la información que sobre ella, - sobre todas nosotras -  obra en poder de la Administración pública. Y eso, señoras y señores, genera indefensión al conjunto de la población.
Si a esta indefensión de la normativa se la combina con el desconocimiento y la poca conciencia que la ciudadanía tenemos sobre el derecho la protección de datos, tenemos un caldo de cultivo preocupante. Es por ello que, nos atrevemos a afirmar en esta Tribuna que lo que hace Lanbide con la huella digital es un abuso. Pero además pone en cuestión la proporcionalidad con la que está actuando la Administración pública vasca y sobre todo pone en riesgo la capacidad de las personas de ejercer su derecho fundamental.
Esto lo podemos  - y yo entiendo que además debemos - analizarlo desde distintas perspectivas. En primer lugar, desde el ámbito de lo ético, donde estoy segura que no vamos a tener un acuerdo porque lo ético en este caso tiene que ver con el lugar desde dónde se enfocan las medidas que implementa un Gobierno y para nosotras no es ético lo que se está haciendo a día de hoy.
En segundo lugar, desde la perspectiva de lo procedimental, es decir, en cómo se aplican las medidas a la luz de la información que tenemos ahora mismo sobre la mesa y en relación con el procedimiento de implementación de la huella digital en Lanbide.
Y el tercero, en lo estrictamente legal, aquí y tal vez desde mi ser ilusa, entiendo que podemos y debemos coincidir porque la ley se cumple o no se cumple. Y estoy segura de que usted no quieren que este Gobierno de todas nosotras no cumpla con la ley. En este punto, y solo en este, es en el que se sustenta la moción de hoy.
No obstante, quiero ampliar un par de elementos porque creo que es importante que describamos el porqué de haberla traído y el porqué de ponerla en un lugar tan importante.
Desde el plano ético no vamos a andar con engaños o medias verdades. Saben ustedes, sabemos todas que nuestro grupo no está de acuerdo con la implementación de la huella digital como elemento de identificación obligatorio, ni en Lanbide, ni en el garaje de esta casa, ni en ningún otro sitio.
No estamos de acuerdo con implementar medidas de control de estas características para el ejercicio de derechos porque son desproporcionadas y además, en este caso, porque solo se aplican a un sector de la ciudadanía que son las personas con mayores dificultades para ejercer derecho.
No estamos de acuerdo tampoco porque no consideramos que sea necesario en la línea con lo que establece el reglamento europeo. Nos parece un mecanismo agresivo, nos parece un mecanismo poco proporcional al fin que persigue, tremendamente invasivo y que además está implementando con demasiada ligereza y sin las debidas garantías respecto de la importancia que tiene.
Pero es que además, en Elkarrekin Podemos no estamos de acuerdo porque entendemos que implementar esto en un servicio es consolidar la sombra de sospecha que algunos se encargan de reforzar día a día con sus discursos e incluso con campañas institucionales, sobre miles de personas que están en una situación vulnerable. Pero sobre todo porque es hacer experimentos con cuestiones muy delicadas y con personas con las que hay que comportarse con responsabilidad, con más y mejor responsabilidad de lo que se está haciendo a día de hoy.
Desde un punto de vista ético, también en Elkarrekin Podemos no podemos decir sino que es indignante, que si el objetivo ultimo de la implementación de esta herramienta es hacerlo en el conjunto de la administración para su modernización, ¿por qué no empezar por otros ámbitos? ¿Por qué elegir a las personas desempleadas, a las personas pensionistas, a las personas en situación de pobreza, a las vulnerables y a las que van a generar en definitivas una menor oposición a una medida como esta?
Si este Gobierno está bien convencido de lo que está haciendo es correcto, ¿por qué no empezar por otros departamentos? Lo que pasa es que a nadie se le ocurre pensar en que no te dejen ir al médico por no poner tu huella digital o no te dejen hacer la declaración de la renta por no poner tu huella digital.
Y esto, pues señoras y señores, a nosotras no nos parece ético. No es ético y el mensaje que se traslada a la ciudadanía, desde este Gobierno de la responsabilidad, es que con las personas empobrecidas todo vale. Y ya saben que con eso hay no me van a encontrar, o mejor dicho, me van a encontrar al frente.
A nuestro entender, esto no es ético también porque no cumple con la ley. No se cumple a día de hoy con las recomendaciones y el mandato del reglamento europeo. Pero es que además, siempre desde un punto de vista ético, es imposible que en el marco de Lanbide y de los sistemas en general, tanto de empleo como de prestaciones condicionadas, se garantice que el consentimiento se haya dado de manera libre porque lo reconozcan más o menos en esta Tribuna, señoras y señores, cuando tu capacidad para comer o dar de comer a tu familia depende de poner o no la huella digital, o de firmar o no un papel, es imposible lo mismo consentir libremente.
Desde un plano procedimental, señoras y señores, también hay mucha chapuza. Y no es propio ni oportuno, ni desde luego tolerable, en un Gobierno serio.
Desde el 19 de marzo se está aplicando la medida de la huella en 10 oficinas; 10 oficinas que, como si fuera un call center, tienen un objetivo de llegar al menos a 30 huellas por día, tirando por un cálculo más bien bajo.
Hablamos de que ya hay más de 10.000 personas identificadas sin regulación, sin solventar la inseguridad jurídica...
...tirando por un cálculo más bien bajo. Hablamos de que ya hay más de 10.000 personas identificadas sin regulación, sin solventar la inseguridad jurídica, sin tener información y sin tener garantía de que su consentimiento es libre, voluntario, informado y tácito.
En la comparecencia de la Agencia Vasca de Protección de Datos en esta casa se dijo claramente que a Lanbide se le pasó una comunicación para explicarles que debían de hacer una normativa específica y que la idea de establecer la obligatoriedad no pareciera respetar la normativa en materia de protección de datos. Pero el Gobierno y Lanbide, cual burro con orejeras, pasan de largo y siguen adelante, manifestando expresiones como que la huella será obligatoria o que se va a llevar hasta las últimas consecuencias. Es una pena que la máxima responsable hoy no esté aquí para escucharlo.
Sobre todo, y respecto al procedimiento decía la señora Uria, máxima representante de la Agencia Vasca de Protección de Datos, que la evaluación del impacto y el análisis de riesgos son exigencias, no recomendaciones.
Sin embargo, como ya decía, más de 10.000 personas están identificadas a día de hoy sin garantías legales. Pero no solo. En la instrucción aprobada por la Dirección de Servicios Generales de Lanbide, que me han enviado como respuesta a una pregunta de Elkarrekin Podemos, hay mucha miga.
Comenzamos. Por ejemplo, por decir que estamos hablando y denunciando la medida de identificación biométrica, pero es que resulta que la parte que no cuentan es que Lanbide está exigiendo, además de la toma de las 10 huellas digitales, el reconocimiento facial. Sí, por si no lo sabían, esto va de huella digital y también de reconocimiento facial. Se toman más medidas en Lanbide que en la propia cárcel.
Reconocimiento facial que, por si no lo saben, también les indico que hay muchas personas expertas que la ponen en cuestión. Ponen en cuestión el reconocimiento facial, porque es una medida muy poco fiable, que ha generado ya muchos problemas en su aplicación y que no se reconoce como medida validada de identificación. Pero aquí Lanbide la aplica. Todo vale, insisto. Para nosotras, no.
En esta misma instrucción encontramos varias contradicciones. Al inicio se matiza que la implementación de la huella en este programa piloto es voluntaria, pero al describir los procedimientos se indica, una y otra vez, al menos en siete ocasiones, que resulta obligatoria. De nuevo asistimos a un espacio de discrecionalidad que entendemos que, además de ser contrario a ley y reglamento, es injusto y absolutamente improcedente.
Dicen textual que "la ciudadanía que quiera hacer uso de los servicios prestados por Lanbide, previamente deberá identificarse biométricamente". Y eso, además de no estar aprobado en ninguna ley a día de hoy, en el Reglamento europeo de Protección de Datos, concretamente en su artículo 43, se establece que hay que garantizar que el consentimiento se haya dado libremente y, para ello, no debe haber desequilibrio entre l interesado y el responsable del tratamiento de los datos.
Y lo dice porque entiende que es improbable que ante una administración pública el consentimiento se haya dado libremente. De nuevo, nada de nada de lo que hace Lanbide, nada de nada, señoras y señores. Esto se implanta y listo. Y se condiciona o se pretende condicionar el acceso a un derecho si no se dan las huellas o el reconocimiento facial.
Pero es que, además, no hay ni una sola mención en toda la instrucción a lo que tiene que ver con informar a la ciudadanía acerca de sus derechos, acerca de sus riesgos, y acerca de lo que supone dar tus datos a través de la huella digital. Ni una sola vez. ¿Cómo se va a garantizar con este procedimiento, que el consentimiento es libre e informado? Por favor, explíquenmelo.
Podría pasarme los 15 minutos destripando esta instrucción, pero sí que quiero simplemente apuntar una última, porque nos parece muy grave. Una obligación que este Gobierno se saca de la manga, cosa que a Lanbide le gusta muchísimo.
Dice, cuando se habla de incidencias en el registro de los datos biométricos, dice: "Si la persona no dispone de número de teléfono móvil o dirección de email, se le comunicará la obligación de disponer de un teléfono de contacto y de una dirección de email".
Además de que esta afirmación es absurda, y es absurdo que se contenga en una instrucción, voy simplemente a traer aquí unas palabras del anterior Ararteko, el señor Lamarca, sobre la einclusión.
Decía que el posicionamiento de las personas en una u otra fase del empoderamiento digital nace de que hablemos de cuatro tipos de brecha: La brecha digital de acceso, de uso, de apropiación y de participación. Nosotras decimos que todas esas cuatro brechas son también brechas sociales y se están dando en el organismo que debería proteger a la ciudadanía.
La ciudadanía que tiene competencias tecnológicas más o menos limitadas no tiene, desde luego, ninguna obligación de contar con un smartphone o con un teléfono, sobre todo porque es ciudadanía que está en una situación precaria y que tal vez no puede pagárselo.
Y para ir terminando, y respecto al ámbito estrictamente legal, el meollo de la cuestión que hoy tenemos que abordar, volvemos. Más de 10.000 personas identificadas, sin evaluación de impacto y sin análisis de riesgo, cuestión que, insisto, son exigencias legales.
El grupo de trabajo del artículo 29 de Reglamento europeo decía que el uso de la huella como mecanismo de identificación puede conducir a una disminución gradual de los derechos de la ciudadanía, que su uso no será proporcional si el mismo fin puede lograrse por un medio menos invasivo, que solo podrá utilizarse para proteger un interés público importante y que nunca podrá tener lugar sin el consentimiento libre de la persona, sin su manifestación de la voluntad libre, informada y explícita.
Decía también que corresponde al legislador la elaboración de una ley para establecer la base jurídica en el tratamiento de los datos y especialmente en el caso de las categorías especiales, categorías que, recuerdo, ocupan el debate de hoy.
Pero seguimos sin tener nada y parece que en el debate de hoy no vamos a tener nada. Este es nuestro posicionamiento, diáfano. Desde este lugar y en un ejercicio de responsabilidad, presentamos una moción de mínimos, una moción que exige que se cumpla la ley. Rectificar es de sabias y en su moción, en la que Partido Socialista de Euskadi y Partido Nacionalista Vasco reconocen que es necesario cumplir con determinados trámites legales, están reconociendo que a día de hoy la ley no se cumple.
Nosotras presentamos los pasos lógicos y esto no va a salir adelante. No va a salir adelante con la vulneración de los derechos de nuestra ciudadanía. Saben ustedes que esto es necesario, obligatorio y lo mínimo, saben que la evaluación del impacto, la normativa específica es poner luz y taquígrafos a algo que no se está haciendo bien, luz y taquígrafos sobre un derecho fundamental amenazado a la ciudadanía de este país, por lo que dice la ley, pero, sobre todo, porque no se pueden implementar medidas de este tipo así, a lo loco, aunque a veces, en la obsesión de ser policía de la pobreza, se les olvide.
Gaurko egoera honetara heldu gara, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak ikuspegi etikorik ez duelako, herritarrak babesteko eta laguntzeko ezinbestekoa den ikuspegi etikorik ez duelako, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila langabetuen eta pobreen kontrolerako saila ematen duelako.
Besterik ez. Mila esker.