ARANA VARAS (EP, 2017-05-11):
...las políticas de prevención y actuación ante la violencia machista, cuya erradicación debería ser una de las prioridades absolutas de cualquier fuerza política.
Esa transacción, la unanimidad de este Parlamento, es una señal en este sentido. Lo celebramos y reconocemos la disposición de todos los grupos para llegar a este acuerdo.
Las medidas que impulsemos a través de esta y otras iniciativas deben atravesar todas las políticas, desde el impulso a las políticas educativas en igualdad, la de desarrollo económico, sociales, empleo, justicia, trabajo, seguridad, hasta el fortalecimiento y creación de estructuras para la participación de colectivos feministas en el diseño, implementación y evaluación de los protocolos de actuación.
Además, en cuanto a las medidas ya existentes, consideramos que es preciso reducir las trabas legales y burocráticas para la puesta a disposición de las mujeres que sufren violencia machista de los recursos sociales necesarios para garantizar su integridad...
...para la puesta a disposición de las mujeres que sufren violencia machista, de los recursos sociales necesarios para garantizar su integridad física, facilitar su autonomía personal y apoyar un proyecto de vida libre de violencias, creando una amplia red de recursos que proporcionen una atención integral.
Esto último es lo que queremos impulsar con esta iniciativa. Las mujeres cuyos derechos humanos han sido vulnerados de forma cotidiana, sistemática y reiterada, deben ser acompañadas y apoyadas en su camino de salida hacia una vida libre de violencias, sin titubeos y sin fisuras, con medidas específicas que pongan en el centro de la política a la mujer, sus necesidades, sus dificultades particulares, sus fortalezas y potencialidades.
Las mujeres que sobreviven a esta grave vulneración de derechos tienen que afrontar las marcas que la violencia ha dejado en todas las dimensiones, ámbitos y aspectos de su vida, además de serios daños físicos, los más visibles.
Pero la violencia también puede generar baja autoestima, depresión profunda, deterioro de su situación económica y patrimonial, miedo, estrés, conmoción psíquica aguda, ansiedad y desorientación, sentimientos de subordinación, dependencia y sometimiento, sentido de culpabilidad, incertidumbre, dudas e indecisiones por bloqueo emocional.
Estas mujeres tienen poco o nulo margen en la toma de decisiones con lo que respecta a su vida propia. También sufren trastornos del sueño, interiorización del machismo, dependencia del varón y, en general, de todas las figuras de autoridad.
En estas situaciones es fundamental contar con un apoyo económico temporal, que apuntale el inicio de un proceso de reparación integral de los daños sufridos a nivel físico, pero también a nivel de autoestima, psicológico, emocional, económico, patrimonial, sexual, en definitiva, en todos los ámbitos de su vida cotidiana, incluido el laboral, en los que impacta de forma profunda la violencia de género.
Se trata de emprender un nuevo proyecto de vida, libre de violencia, en numerosas ocasiones con hijos e hijas menores de edad a cargo, los cuales también son víctimas y están profundamente dañados, y para ello es fundamental la aprobación de esta propuesta.
Amnistía Internacional en 2016, en relación a la violencia contra las mujeres, afirmaba: "La ley integral no aborda el derecho a la reparación de las víctimas de violencia de género que debería incluir, entre otras cuestiones, una indemnización adecuada y garantías de no repetición". 12 años después, la falta de compromiso con las víctimas supervivientes es una asignatura pendiente y no abordada.
Organismos internacionales como el Comité de la CEDAW han reiterado a España su obligación de velar porque las mujeres y las niñas tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección.
En este marco, vamos a la transacción que este Parlamento aprobará hoy por unanimidad. En el primer punto se insta al Gobierno Vasco a estudiar y revisar, y esperamos que en consecuencia se realice también una modificación de los requisitos para acceder a la prestación económica de pago único a mujeres víctimas de violencia machista.
En la justificación de la iniciativa que presentábamos planteábamos que la orden 29 de octubre de 2014 del consejero de Empleo y Políticas Sociales que regula dicha prestación nos encontramos con un listado de requisitos a reunir que consideramos un obstáculo para el ejercicio del derecho y desdibujan el motivo central por el que las mujeres deberían acceder al mismo que no es otro que la violencia vivida.
Los requisitos para la concesión y pago de la ayuda son estos.
A. Estar empadronada a la fecha de la solicitud en la Comunidad Autónoma del País Vasco con una antigüedad de seis meses.
B. Carecer de rentas que en cómputo mensual superen el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias en la forma prevista en el artículo 5 de la Orden.
C. Tener especiales dificultades para obtener un empleo que se acreditarán a través de un informe emitido por Lanbide, Servicio Vasco de Empleo.
D. Destinar la ayuda a paliar temporalmente la ausencia de ingresos con el fin de facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor y estabilizar su situación.
E. No haber sido beneficiaria de esta ayuda con anterioridad en la Comunidad Autónoma vasca ni en ninguna otra comunidad.
F. Acreditar la situación de violencia de género en la forma prevista en el artículo siguiente, no habiendo transcurrido más de un año entre la entrada en vigor de las medidas de protección y la fecha de solicitud de esta ayuda.
G. No convivir con el agresor, ni seguir manteniendo relaciones de pareja con el mismo.
H. No hallarse sancionada administrativa ni penalmente con la pérdida la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, y no estar incursas en alguna prohibición legal que las inhabilite para ello.
I. Encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social según lo establecido en la normativa vigente.
Realmente pensamos que esta orden debe ser estudiada, revisada y modificada para ampliar y facilitar el acceso de las mujeres a un apoyo económico temporal tan necesario en circunstancias tan complejos.
Queremos que este Parlamento y que el Gobierno Vasco tome la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género como una referencia de mínimos, a partir de la cual desarrollar normas que mejoren garantías y acceso a derechos.
Además, a través de iniciativas como esa, tenemos la oportunidad de continuar construyendo y promoviendo un sistema de atención que implemente de forma sistemática y estructurada medidas de reparaciones específicas para las víctimas de violencias machistas, aspecto que instamos al Gobierno a incorporar y desarrollar en profundidad en la formulación del proyecto de ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres en el punto 7 de esta transacción.
Aun sabiendo que las modificaciones a introducir en la implementación de las prestaciones se definirán a partir del estudio y revisión que se proponen en esta transacción, vamos a compartir brevemente opinión y propuestas sobre algunos de los requisitos que establece el decreto.
Sobre el primer requisito, entendemos que cualquier mujer en proceso de salida de una situación de violencia, que se encuentre en nuestro territorio, ya sea por vínculos anteriores, por vínculos actuales, por relaciones de confianza, porque surge un nuevo empleo, en definitiva, por el motivo que fuera, las redes sociales o familiares mínimas necesarias para instalarse y emprender un nuevo proyecto de vida libre de violencia debe ser apoyada, con independencia de su antigüedad en el padrón.
Sobre el tercer punto, el que establece que la mujer debe tener especiales dificultades para obtener un empleo y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo acreditarlas, realmente conocedoras de las marcas y consecuencias que deja la violencia en las vidas de las mujeres, entendemos que las especiales dificultades son indudables e incuestionables.
El proceso de salida de una situación de violencia es siempre un lastre, una dificultad añadida para la búsqueda activa de empleo y todo lo que exige la misma, independientemente de la edad, el nivel de preparación general o especializada, las circunstancias especiales que está viviendo por sí solas deberían considerarse como un factor determinante en el proceso de mejora de su empleabilidad.
Sobre los dos últimos requisitos, los que hacen referencia a no estar sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones y encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, pensamos que deben de ser revisadas a la luz de los procesos en los que se ha ejercido violencia económica y violencia patrimonial.
Sobre las vías que se establecen para acreditar la situación de violencia, es un tema complejo, lo sabemos, pero no imposible de revisar y resolver. Este Parlamento demuestra que hay voluntad política, también se cuenta con la suficiente experiencia acumulada por los servicios especializados y profesionales como para generar más y mejores mecanismos de acreditación que sean facilitadores y garantistas.
La orden de protección, sentencia condenatoria o informe del Ministerio Fiscal excluye del apoyo a las mujeres que no está preparadas para iniciar un proceso judicial cuando toman la decisión de interrumpir la relación o que deciden no iniciarlo nunca.
Desde nuestro punto de vista, lo realmente importante, imprescindible y central para la puesta en marcha de toda la batería de medidas de atención, protección y reparación del daño necesarias en en cada caso, debería ser la iniciativa de la mujer de poner en conocimiento en cualquier organismo, sean servicios sociales, justicia, servicios de salud, policía, educación, etcétera, cualquier que sea la vía elegida, deben existir los procedimientos y protocolos interinstitucionales para atender, proteger y acreditar esa situación, sin que la denuncia se convierta en requisito excluyente.
Estas son algunas de las ideas que haremos llegar al estudio y revisión que aprobamos por unanimidad hoy en esta Cámara.
En el punto 2 de esta transacción, retomamos una inquietud que ya hemos manifestado respecto a la RGI y a la Prestación Complementaria de Vivienda, si se hace un análisis con perspectiva de género sobre su implementación, requisitos, órdenes y procedimientos, se puede concluir que claramente ponen en mayor riesgo a las mujeres que están en situación de exclusión social. Seguimos con preocupación también lo que nos trasladan los colectivos sociales acerca de la atención que Lanbide presta a las mujeres en cuanto a la privacidad, confidencialidad, etcétera.
La lectura generalizada actual es que la RGI no garantiza una alternativa en caso de violencia machista. Es por eso que nos pareció muy pertinente incorporar la propuesta que nos hizo llegar la señora Olabarrieta de retomar una transaccional aprobada en la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda que se aprobó el 15 de julio del 2015 relativa a los obstáculos y dificultades que pone Lanbide para recibir la RGI a las mujeres víctimas de violencia.
En esta intervención mencionamos también especialmente el punto 10 de la transacción: Incorporar medida en el proyecto de ley que Gobierno Vasco denomina para la erradicación de la violencia contra las mujeres, para la prevención, detección precoz, protección, atención y reparación del daño a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia machista.
La realidad, en las dos últimas semanas, lamentablemente, nos ha demostrado una vez más que los menores de edad a cargo de mujeres víctimas de violencia por parte de parejas o exparejas, también son víctimas y están expuestas a un alto nivel de riesgo. La nueva ley tendrá que hacerse eco de esta realidad que ha permanecido invisible por años y promulgar medidas claras a este respecto.
Por último, queremos destacar los puntos que hacen referencia a la participación tanto de mujeres que han accedido a las prestaciones, como de agentes, instituciones, organismos, profesionales, etcétera, imprescindible para asegurar que llevamos adelante procesos que observen y recojan toda la complejidad, los saberes acumulados, la experiencia y la práctica cotidiana de las políticas públicas.
Termino ya, reconociendo una vez más la voluntad de este Parlamento por llegar a acuerdos en este tema central para mejorar la vida de las mujeres.
Eskerrik asko.