HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2017-02-17):
Eskerrik asko, legebiltzar-buru anderea.
Becerra jauna, badago zuk egindako interpelazio horretan puntu bat nire ikuspuntutik oso garrantzitsua dela, garrantzitsua baino funtsezkoa interpelazioaren nondik norakoak definitu ahal izateko, eta beraz, interpelazio horri eman behar zaion erantzuna behar bezala bere lekuan kokatu ahal izateko.
Hain zuzen ere, zure testu idatzian galdetzen diozu Jaurlaritzari ea zer egiteko asmoa daukan etorkizunean arazo honetan, Kamiñalderen inguruko arazo horretan, "dentro de las competencias del Gobierno". Hori espresuki eta hitzez hitz erabiltzen duzu.
Gaur zure ahozko interbentzioan ez duzu hori errepikatu, baina argi dago zure planteamenduaren filosofiaren oinarria, hain zuzen ere, hortxe dagoela. Jaurlaritzari galdetzen diozula zer egiteko asmoa daukan, baina betiere bere eskumenen jokoan edo esparruaren baitan jokatuz.
Oso garrantzitsutzat hartzen dut nik hau benetan konbentzituta nagoelako konpetentziarena funtsezko osagai bat dela jardun administratibo osoan, Administrazio guztia  - zerbitzu publikoa -  objetibotasunaz gauzatu ahal izateko sortua dago. Horrela esaten du, besteak beste, Konstituzioak eta legeek. Legeak gaitu, habilitatu egiten dute Administrazio bere jardunean ibili ahal izateko, baina beti ere habilitazio hori mugatuta dago, bere eskumenen baitan jokatu behar da.
Hori horrela da hain modu argi eta nabarmenean zein legeak berak  - prozedura administratiboari buruzko legediak -  argi asko esaten du deuseztasun osoa daukatela eskumenaren...
...administratiboari buruzko legediak argi asko esaten du deuseztasun osoa daukatela eskumenaren Printzipioaren kontrako egintza administratiboak.
La legislación de Procedimiento Administrativo, actualizada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es clara a ese respecto cuando dice que los actos administrativos son nulos de pleno derecho cuando son dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la competencia o del territorio.
Y usted me dirá, y bueno, y cuando la incompetencia de los órganos no es manifiesta, qué ocurre. Incurre también en ese caso, la administración en un vicio no de nulidad radical, pero sí de anulabilidad.
Quiero con esto decir que, efectivamente, todo el ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico administrativo, configura la actuación de las administraciones públicas en torno a la idea central de la competencia.
Las administraciones están habilitadas para actuar, pero para hacerlo en el marco de las competencias que le han sido expresamente atribuidas, y si esto ocurre con el derecho administrativo, en buena parte ocurre también en el ámbito del derecho penal.
No quiero establecer una equivalencia automática, que sería absurdo establecer, entre las actuaciones administrativas nulas de pleno derecho por falta de competencia y el delito de prevaricación, pero nadie se le oculta que un porcentaje no desdeñable de delitos de prevaricación reconocidos por los tribunales de justicia tienen que ver con actuaciones llevadas cabo por parte de los responsables públicos, al margen de las competencias que tienen legalmente atribuidas.
El asunto es todavía más complicado cuando estamos hablando de actuaciones administrativas viciadas de incompetencia que tienen por objeto hacer efectivas transferencias económicas de fondos públicos, bien sea a favor de personas físicas o jurídicas, o bien sea a favor de personas entre las jurídicas, públicas o privadas, es igual.
Las transferencias de fondos públicos que nacen de las cuentes públicas se pueden transferir solamente cuando exista un título jurídico que lo justifique, y si no existe este título jurídico que lo justifique, entra en juego la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad contable e incluso la responsabilidad penal, más allá de la prevaricación, malversación de fondos y demás.
Bien. ¿A qué viene toda esta explicación introductoria, esta reflexión introductoria? Viene a efectos de acotar, creo que yo necesariamente en este caso con claridad, qué es lo que el Gobierno exactamente ha hecho en el asunto al que usted se refiere y qué es, sobre todo, lo qué puede hacer con arreglo al ordenamiento jurídico, a las competencias que legalmente tiene atribuidas, que es el marco en el que obligada y necesariamente se tiene que mover si no queremos provocar la inmediata activación de esos mecanismos de anulabilidad o de responsabilidad contable o penal a la que antes he hecho referencia.
Los hechos los ha descrito muy resumidamente usted, están claras y no voy a insistir en ello, quizá le faltaba poner énfasis, un énfasis en especial, en el hecho de que inmediatamente después de sucedidos los hechos al que se ha referido, el Ayuntamiento de Ondarroa promueve una contratación a través del trámite de emergencia para atender de manera inmediata e inaplazable a las necesidades urgentes planteadas allá, una contratación que, en este caso, al tramitarse por la vía de emergencia, es posible llevar a cabo sin promover la concurrencia, sin expediente administrativo y, además, sin la existencia previa o la acreditación previa de una dotación presupuestaria al efecto.
Esto es inasumible, es inadmisible por la legislación en el resto de los procedimientos, pero en el caso de la emergencia, solamente en el caso de emergencia, por la inmediatez de la actuación vinculada a la emergencia, y a los daños y peligros que esta genera, está autorizada.
En ese momento, el Gobierno activa sus competencias, actúa en el marco de sus competencias. Usted ha citado los supuestos en los que, efectivamente, el Gobierno ha llevado a cabo actuaciones nada más producirse los hechos. Activa competencias en materia de protección civil y activa competencias en materia de servicios sociales, y activa incluso también competencias en materia de comercio. Usted ha hecho referencia, efectivamente, a las medidas que se adoptaron por parte del Departamento de Desarrollo Económico para sufragar los gastos de traslado de los comercios que tenían que cambiar su negocio a otro local como consecuencia de la situación generada en la urbanización a consecuencia de los desprendimientos.
Pero, además, se adoptan otras serie de medidas para atender a las necesidades urgentes provocadas por el desalojo y el traslado de domicilio, la gente se encuentra entre el cielo y la tierra, y hay que proveer a su necesidad inmediata y a eso atiende el Gobierno activando su competencia de materia de servicios sociales y de protección civil, y después, adopta también las medidas oportunas para facilitar el realojo de las familias afectadas en viviendas localizadas en las inmediaciones, en fin, de las de su titularidad, sean en el mismo municipio o sea en el entorno inmediato del mismo.
Claro, fuera de la competencia del Gobierno, se adopta una medida, una medida. Una medida que tiene que ver precisamente con la contratación de emergencia abordada por el Ayuntamiento para promover la estabilización de la ladera, para paralizar los desprendimientos que estaban incrementando el riesgo y el peligro que se cernía sobre la seguridad de las personas y de los bienes en la urbanización.
Esta medida excepcional que adopta el Gobierno, ha adoptado recientemente, además, tiene por objetivo contribuir solidariamente a sufragar unas obras que el Ayuntamiento ha contratado y ha de afrontar en solitario, en el contexto de una excepcionalidad justificada o vinculada a la emergencia de la situación.
Las medidas han de adoptarse de manera inmediata, de manera inaplazable. El Ayuntamiento promueve esa contratación de emergencia, porque esa respuesta inmediata es absolutamente indispensable.
Y el Gobierno, conjuntamente con otras instituciones  - la Administración General del Estado, la Diputación Foral de Bizkaia -  contribuye con carácter excepcional y con vinculación estrecha a la naturaleza de la emergencia, a subvenir esa necesidad de recursos que tiene el Ayuntamiento para afrontar estrictamente la emergencia contratada directamente con la institución.
Claro, esta es una actuación que no está prevista en el reparto competencial. Es una actuación del Gobierno Vasco que, en el caso del Gobierno central, incluso, se enmarca en un decreto a través del cual el Gobierno central atraer para sí, una competencia genérica para atender a este tipo de necesidades.
El Gobierno Vasco actúa aquí claramente al margen de las competencias expresamente atribuidas, pero justificando su actuación en una excepcionalidad asociada a la emergencia.
Yo, a partir de ahí, eché un vistazo al ordenamiento jurídico para ver qué otros títulos competenciales pueden habilitar al Gobierno para actuar, para seguir actuando en esta materia, pero yo no acabo de encontrar en qué otros títulos puede justificar su actuación y, menos aún, una actuación que suponga una transparencia de fondos a través de entidades o instituciones.
Yo estoy dispuesto a escucharle a usted si conoce otros títulos competenciales que puedan justificar la actuación del Gobierno.
Si quiere después repasamos esos títulos competenciales y vemos a quiénes atribuyen las competencias, a otras instituciones, claramente.
Pero la responsabilidad del Gobierno está sobradamente cumplida con la actuación llevada a cabo en el marco de sus competencias, como usted señala en su interpelación, e incluso con actuaciones que difícilmente podrían incardinarse en ese marco competencial, fuera incuso de sus competencias, pero a través de una actuación claramente excepcional y por excepcional única, asociada a la emergencia.
A partir de ahí, pues cada institución deberá activar sus propias competencias y actuará en consecuencia para dar respuesta a este asunto.
Eskerrik asko.