SÉMPER PASCUAL (PP, 2013-04-11):
Gracias señora presidenta. Eguerdi on guztioi.
Vamos a intentar, voy a intentar pasar de su retórica parlamentaria a los hechos, a la realidad, a lo que realmente tenemos entre manos.
Porque, para empezar, ustedes piden la retirada de un anteproyecto de ley, algunos han hablado de anteproyecto de ley, otros han hablado de proyecto de ley.
Bueno, ustedes piden la retirada de un documento que no existe. Para empezar, ésa es una cuestión formal probablemente y menor para ustedes, pero es importante. No existe anteproyecto de ley ni proyecto de ley y tampoco existe, por supuesto, proyecto de ley ni anteproyecto de ley presentado en el Congreso de los Diputados. No existe.
Lo que existe es un informe. Un informe aprobado por el Consejo de Ministros –eso es cierto–, un informe que está teniendo la lógica tramitación, lógica tramitación de este tipo de documentos, por cierto, un informe que en su redacción en su tramo final fue acordado con el Partido Socialista Obrero Español en Madrid, con los representantes del Gobierno del Partido Popular y que según cuentan algunos, en última instancia –seguro, señor Pastor, que algún compañero suyo de escaño se lo puede decir, en una ejecutiva federal que debieron tener ustedes– pues decidieron retirar ese apoyo.
Pero era un informe que contaba también con un amplio consenso. Incluso me consta también que el Partido Nacionalista Vasco participó en algunos extremos de la redacción de ese informe e incluso además introduciendo elementos que compartía y que comparte el Partido Popular y que vamos a garantizar que sea así, y es entender y respetar la singularidad derivada de nuestro entramado institucional en el País Vasco. En todo caso, de nuestro entramado institucional y el peso específico e importantísimo que tienen las diputaciones forales.
Pero eso es la realidad y es un informe que está siguiendo una tramitación, en estos momentos está en Consejo de Estado y está siendo mejorado, ampliado y debatido.
¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos en España un entramado público desmedido, que hay que reordenar y que hay que mejorar. Probablemente sobre esto haya opiniones, pero ésta es la nuestra.
Hay un entramado institucional insostenible, tal y como está diseñado. Insostenible 30 años después, que no hemos tenido el valor y no hemos tenido la capacidad, desde luego, no la capacidad de consenso, ni la capacidad de reflexión para analizar, partidismos aparte, y mejorar nuestro entramado institucional y 30 años después es absolutamente necesario hacerlo.
Es necesario hacerlo porque hay una situación de crisis económica que hace insostenible el sistema, eso es cierto, pero por encima de una situación coyuntural, los tiempos han cambiado, porque ni la sociedad ni las demandas de los ciudadanos son las mismas hoy que eran 30 años, y la realidad en la que hacemos política y la realidad en la que prestamos servicio al ciudadano tampoco es la misma hoy que hace 30 años.
Si ante una modificación planteada con estos criterios las respuestas son el trazo grueso de ustedes se quieren cargar no sé qué servicios, ustedes quieren privatizar, eso demuestra el por qué somos incapaces de profundizar una reflexión que nos lleve a modificar el entramado administrativo institucional para ser más eficaces y ofrecer un servicio mejor al ciudadano.
Pero eso es un reto que tenemos que abordar y es verdad que lo tenemos que abordar en un contexto complicado económicamente, pero no es menos cierto que independientemente del contexto económico en el que hacemos política y nos toca gestionar, es una obligación que tenemos, porque insisto, el mundo ha cambiado.
Ha cambiado y ya no volverá a ser el mismo que hace 30 años, señor Maeztu o señor Pastor, y tenemos dos opciones: quedarnos de brazos cruzados, ensimismados con nosotros mismos y con la comodidad que nos proporcionan no movernos, que entre otras cosas te garantiza probablemente no equivocarte, o afrontar este reto de introducir alguna modificación que mejore el sistema y, por lo tanto, que mejore el servicio que prestamos al ciudadano.
Y es que, además, nos encontramos también con otra realidad que nos supera y es que esto es una obligación impuesta por la Unión Europea, una Unión Europea que mira a los Estados miembros de la unión y les exige también que su administración sea más eficaz, que gestione mejor los recursos, que no incurra en déficit en ninguno de sus escalones administrativos y políticos, que no incurra el déficit la Administración General del Estado, que no lo haga por derivar comunidades autónomas y, por supuesto, tampoco las administraciones locales.
Estamos obligados a afrontar una modificación, una reforma, una reestructuración de nuestro sistema político competencial derivado también de una obligación impuesta por la Unión Europea y eso es una realidad también objetiva, y tenemos porque así no lo impone que eliminar duplicidades y clarificar competencias.
Y además, señorías, como acción también política hemos decidido, yo creo que hemos decidido todos salir de la crisis, al menos eso es lo que decimos en público, hemos decidido afrontar esta situación y salir, sacar a nuestro país de la crisis, y la realidad es que a los ciudadanos ya les hemos pedido demasiados esfuerzos y ahora nos toca a nosotros, ahora le toca a la administración.
Ya les hemos pedido demasiado esfuerzos a los ciudadanos ya no podemos apretar más de la teta de la vaca –si me permite la expresión–, no hay más, ahora nos toca a los políticos reformar en profundidad y con seriedad la administración para ser más eficaces, más austeros prestando el mismo servicio, un servicio de calidad.
La pregunta que a mí me surge es, ¿Qué les impide a ustedes afrontar con rigor y con seriedad y con crudeza esta reflexión? ¿Y qué les impide reformar la administración aun a riesgo de que algún partido político, algunos partidos políticos o algunos políticos puedan perder o podamos perder –voy a utilizar el plural mayestático– algún tipo de privilegio o de prebenda o de poder?
¿Que retos afronta la realidad del informe que está escrito y que está siendo, por cierto, ampliamente modificado? Porque yo les puedo confesar una cosa, hay un informe cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros y he visto un borrador muy cercano. Ha cambiado muchísimo, se lo digo con toda sinceridad, se ha reformado de una manera importantísima.
Se hablaba de supresión de concejales, hoy ya el informe, el último borrador que yo he tenido oportunidad de ver no elimina concejales, porque es verdad que a mi juicio un error de aquel informe inicial podía ser que proyectará la idea de que el problema del déficit de la administración podía estar derivado de los políticos, se podía proyectar esa idea, como hay no sé cuántos concejales, ése es un problema.
Yo discrepo profundamente de eso, el problema no es que haya concejales, que por cierto, el altísimo porcentaje de los concejales que existen en toda España y también en Euskadi no cobran sueldo y ustedes lo saben, con lo cual ése no es un problema financiero de la administración y es en el último borrador, insisto, el que yo he tenido oportunidad de ver ha desaparecido.
También es cierto que se hablaba de la supresión de mancomunidades, eso se ha eliminado también. Es decir, estamos hablando de algo todavía no concretado, señor Maeztu, algo sobre lo que no podemos pedir la retirada, porque no existe materialmente, y algo sobre lo que todavía no ha sido presentado formalmente y no podemos hacernos una opinión. Pero sí es cierto que hay un trabajo para intentar racionalizar la Administración, eso sí es cierto.
¿Qué retos contemplaba el informe? Clarificar competencias obligatorias, es decir, qué es lo que se tiene que hacer y quién lo tiene que hacer. Ustedes saben que en España las Comunidades autónomas tienen una deuda con al administración local de 1.400 millones de euros por diversos conceptos, pero las comunidades autónomas deben a la administración local nada más y nada menos que 1.400 millones de euros, fundamentalmente por competencias ejecutadas por al administración local y no abonadas por las comunidades autónomas competentes en la materia. Y eso hay que solucionarlo, hay que darle una respuesta.
¿Qué aborda también? Ya se ha comentado también, resolver el gasto duplicado y las competencias impropias, que no han sido abordadas y que no resuelve la Ley de Bases, y hay que abordar también.
Asegura también la gestión financiera de los municipios. Es cierto para los casos en los que se firmen convenios con otras administraciones y no sean pagados, y van a tener obligación las comunidades autónomas y tendremos que resolver en Euskadi cómo se hace esto con las diputaciones forales, también es cierto, tendrán que abonar esos impagos derivados de un incumplimiento de los convenios.
Se profesionaliza la gestión pública, se pone en valor el ejercicio de la política y además se clarifica también para que aquí cada cual no haga de su capa un sayo, y se establece unos baremos de sueldos para concejales y para corporaciones locales, dignificando el ejercicio de la política. Es cierto, señor Pastor, la política tiene que estar bien pagada, no tiene que tener privilegios, pero tiene que estar bien pagada.
Y además tiene que haber un equilibrio entre las administraciones, no puede ser que aquí cualquiera haga lo que le dé gana y el alcalde de turno de no sé dónde se imponga un sueldo por encima de un secretario de Estado, que va a ser el tope, eso también, va a ser el tope salarial al va a poder disfrutar cualquier persona que se dedica a la política en la administración local también, que no es poco.
Se implementa un modelo de gestión también por resultados. Es cierto, modelo de gestión por resultados, un modelo de gestión que implementa también evaluaciones en la gestión, no tanto de los ayuntamientos o diputaciones, sino de las sociedades públicas, de esa maraña de sociedades públicas que escapan muchas veces al control político y que escapan muchas veces al control de las administraciones locales.
Y se introducen elementos de evaluación, porque no vale también aquí que cree una sociedad pública, que gaste lo que tenga que gastar, que no da cuenta a nadie, que es deficitaria y que engorda el déficit, al final el conjunto de la Administración ha engordado el déficit porque aquí no hay un control y es cierto, se introducen elementos de control y de gestión, y de máxima transparencia también.
Y –voy terminando, señora presidenta– según el último informe, la previsión de ahorro hasta el 2015 si fuera el Gobierno capaz de llevar adelante el futuro proyecto de ley, convertido en ley a finales de año, estamos cifrando hasta el 2015 un ahorra de más de 7.000 millones de euros, en un ejercicio de contención de la Administración, sólo de contención de la Administración.
Y termino diciéndoles, compartiendo con ustedes, señorías, que necesitamos, como decía al principio, una Administración Pública que se adecue a los nuevos tiempos, que profesionalice el ejercicio de la política, que profesionalice la gestión, que introduzca elementos de rigor, también, y de control y de austeridad presupuestaria y, por eso, además, los ciudadanos, estamos convencidos, de que tienen todo el derecho a exigirnos eso, y a exigirnos que hagamos nuestra tarea y nuestra labor con mucha profesionalidad, y que la Administración haga igual que los ciudadanos, que no gastan lo que no tienen, cuando gastan lo que tienen les pasa factura, pues apliquémonos el cuento.
Muchas gracias.