GARCÍA LARRIMBE (EP, 2017-11-16):
Para dotar a la Administración de Justicia de medios imprescindibles, un aumento de la planta judicial que nos sitúe en ratios similares a los de los países de nuestro entorno, medidas tendentes a evitar la litigiosidad, sin que ello suponga mermas del derecho a la tutela judicial efectiva, un nuevo mapa judicial, cuya modificación debe contar con el parecer de la junta de jueces.
Consideran también importante e ineludible la mejora, centralización, especialización del sistema de averiguación de bienes y creación de servicios comunes especializados en ejecución.
Sugieren también, además, que este cometido se lleve a cabo por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, bajo estricto control judicial. Piden que el proceso se adapte a las directrices que ha desarrollado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de consumo.
Por eso, desde Elkarrekin Podemos también creemos que hay que compatibilizar todos los sistemas informáticos de las distintas comunidades autónomas y, en consecuencia, proponíamos en nuestra enmienda inicial la realización de un proceso participativo, cuyo objetivo sea alcanzar un sistema de gestión procesal que pueda ser adoptado por todas las administraciones, tanto por las que hasta el momento no hubieran asumido la competencia en la Administración de Justicia, como por las que sí lo ha hecho.
Así, desde nuestro punto de vista, el sistema a implantar debe atender tanto a su interoperatividad como a la libertad de aquellas comunidades que ya hayan invertido en sistemas propios que funcionan para cogerse a otro común o no. Pero también, por un proceso que cuente con agentes y profesionales que forman el sector de la Justicia, porque al final son ellos quienes sufren o se benefician de la calidad y la eficacia o falta de ellas en los sistemas.
En los últimos meses, el Gobierno estatal parece haber recogido el guante y se encamina hacia la implantación de un sistema de gestión procesal único, tras recibir un informe elaborado por una consultora tecnológica. Nosotras entendemos que esta medida se enmarca en la tendencia recentralizadora que guía su política, que en el ámbito de la Justicia no es un tema que viene de ahora.
Ya en 2011, hubo presidentas de varias comunidades autónomas gobernadas por el PP que o bien renunciaron a que les trasfiriese la competencia de Justicia o se pronunciaron ante el elevado coste de la misma, postura que a los ojos de una parte del colectivo que trabaja en el sector se ha entendido como una falta de interés por asumir competencias para presta servicios a la ciudadanía, de los cuales no sacan rédito electoral.
Del mismo modo, esta decisión ha sido valorada de forma negativa por algunas comunidades autónomas, que han sido muy críticas con el citado informe, y así lo han hecho constar en las alegaciones que han remitido al Ministerio de Justicia.
En la última conferencia sectorial no se pudo llegar a ningún acuerdo y quedaron muy claras dos posiciones antagónicas sobre este asunto. Para nosotras es fundamental unificar criterios, coordinarse y cooperar entre todas las comunidades. Ahora bien, el sistema de gestión procesal único solo sería posible si en su momento se hubiera reservado la competencia sobre esta cuestión al Estado.
Hubiera sido perfectamente justificable esta reserva, pues estos programas informáticos son la cara B de las normas procesales que por definición son de competencia estatal. Como ya sabemos, no se hizo así, y cada comunidad autónoma con traspasos en la gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia tiene competencias para elegir e implantar su propio sistema de gestión procesal.
El sistema puede tener sus inconvenientes, pero, entre otras cosas, también acerca a la ciudadanía la percepción sobre el modo en que los Gobiernos gestionan los servicios y, por tanto, facilita tanto la percepción de cómo y de que bien o de mal utilizamos los gobernantes el poder que se les atribuye a través de las urnas.
Si el Ministerio de Justicia pretende que en todas la Administración de Justicia funcione un mismo programa o sistema de gestión procesal, va a tener que convencer a las diferentes comunidades autónomas de que tiren por la borda toda la inversión realizada en ejercicio de sus competencias para la creación y desarrollo de su propio sistema de gestión procesal, junto con todo el trabajo y esfuerzo empleados en la implantación de los mismos y en la adaptación del personal.
Unos sistemas de gestión procesal propios que, por lo general, funcionan bastante bien y que ahora debería abandonar para apoyar una iniciativa de programa único con muchas incertidumbres, pues se trata de un futurible, que aunque este por hacerse realidad y que exige otra importante inversión de dinero y de tiempo.
Nos parece razonable que haya comunidades que se resistan a cambiar una realidad que funciona por una mera promesa de que algo que se dice es mejor, pero que no se puede garantizar.
Existen antecedentes de cooperación desarrollados sobre una misma base, a partir de acuerdos de colaboración entre comunidades, que cumplen con los criterios de interoperabilidad exigidos y que han sido capaces de ir integrando del propio sistema de gestión procesal sin necesidad de tener un programa por cada cosa.
Todas las utilidades necesarias para el trabajo en los órganos: unidades, oficinas judiciales y fiscales, desde la grabación de vistas, hasta la integración del programa de fiscalía, pasando por la firma electrónica o la realización de actos de comunicación, y presentación de escritos y documentos de forma telemática.
Cosa que el ministerio hasta ahora no ha conseguido ni de lejos con su complejo de programas varios: Minerva, LexNet, Fortuny, etcétera.
Con este escenario, frente a lo que sostiene el Ministerio, es razonable para nosotras que se permita a las comunidades autónomas elegir sus sistemas de gestión procesal, sea el que sea, exista ya o se tenga que desarrollar, siempre y cuando cumplan con los criterios de interoperabilidad establecidos, como también es importante la gestión del cambio, la implicación de los usuarios directos de los programas, especialmente del personal de Justicia, es tan importante o más que el propio programa o programas que se elijan.
Quizá el problema no sea tanto de distribución de competencias, que a veces puede ser visto como un simple quítate tú para ponerme yo, sino de que hasta el momento muy pocas veces se ha tenido una verdadera intención de colaborar y cooperar.
Sin embargo, desde nuestro grupo parlamentario creemos que hay formas mucho más amables y eficaces de trabajar, partiendo de conceptos como la cooperación o la colaboración, no solo desde el ámbito institucional, sino también preguntando a los usuarios y a los agentes, que día a día van a tener que trabajar en estos sistemas.
De ahí que nuestra propuesta se basase en unificar sistemas, sí, pero de llegar a un sistema acordado, por lo que valoramos de forma positiva la flexibilidad de los grupos enmendantes que han transaccionado con nosotras para tratar de incluir esta propuesta de nuestro grupo en la enmienda transaccional que hemos acordado.
Si hay que liderar algo que sea un proceso participativo, en el que cada comunidad autónoma pueda poner en común con las demás lo que les ha funcionado y lo que no, escuchando a profesionales y usuarios, viendo cómo solucionar los problemas de transición de los actuales sistemas a otra común y, como bien recogía la propuesta inicial de Euskal Herria Bildu, que no sea solo compatible en el Estado, sino también en el ámbito europeo.
Pero, además, sería interesante que el contenido del informe Gartner se compartiera de forma oficial, más allá de la conferencia sectorial de Justicia, para analizar sobre qué premisa se ha realizado, cómo se ha valorado cada uno de los sistemas de gestión procesal, qué programa de gestión procesal único se propone, si es de nueva creación o basado en alguno de los que ya están en funcionamiento, y por qué se opta por una solución o por otra, así como la opinión de las comunidades autónomas, especialmente de aquellas que no comparten el contenido y la conclusión del informe.
Y más allá de este interés, creemos, al igual que la central sindical independiente y de funcionarios, que el informe debería ser público por varias razones, que van desde su financiación pública y su relación directa con el funcionamiento de la administración, hasta por razones de coherencia, para poder estudiarlo.
Porque si de verdad se quiere llegar a un gran pacto o estrategia nacional de Justicia, como se llama ahora, por la modernización de la Justicia, debe existir un debate abierto y transparente sobre todo lo que tiene que ver con el proceso y su reforma.
En definitiva, desde Elkarrekin Podemos apostamos siempre por la colaboración y la cooperación, y por eso hoy hemos presentado, junto al grupo de los Socialistas, a los nacionalistas y a EH Bildu una enmienda de transacción que espero que salga adelante.
Mila esker.