MACAZAGA SÁENZ (EP, 2019-02-28):
Mila esker, presidente anderea, egun on guztioi.
Como decíamos ayer, el pasado martes conocíamos a través de la prensa que José Manuel Ortiz había sido nombrado fiscal delegado de Euskadi en materia de delitos económicos, un nombramiento, realizado a propuesta del Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, y que ayer ella misma nos daba a conocer.
Parece ser que el nuevo fiscal se encargará también de investigar los casos de corrupción, asumiendo, pues, las competencias de una Fiscalía anticorrupción.
Elkarrekin Podemos recibe gratamente este nombramiento y queremos otorgar al nuevo fiscal el tiempo suficiente para hacerse con el nuevo puesto y esperando, además, que se le dote de los recursos materiales y humanos necesarios para su cometido, tal como y como pide nuestra enmienda, porque en realidad no existen territorios que sean más corruptos que otros.
No es posible diagnosticar el nivel de corrupción a través del número de procedimientos penales, es precisamente la falta de medios para llevar a cabo las investigaciones independientes lo que permite no detectar algunos comportamientos vinculados a la corrupción, es decir, es precisamente la existencia de una Fiscalía anticorrupción la que permitiría que aflorasen más casos.
Hagamos memoria en algunos de los casos que demuestran que el clientelismo en Euskadi, para algunos políticos, es una forma de vida y de ahí la necesidad de tener una Fiscalía delegada contra la corrupción.
Txomin Renteria, regidor de Bakio, del PNV durante 16 años, condenado a 2 años y 6 meses de prisión por los delitos de falsificación de documento público y fraude a la Administración en su actuación en el fallido proyecto de talasoterapia en el municipio vizcaíno. La justicia consideró probado que modificó el contrato de ese centro al eximir a una empresa del pago del canon del Ayuntamiento de casi medio millón de euros.
Gonzalo Rianzo, el entonces alcalde de Muskiz y luego concejal por el PNV, fue condenado a 7 años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con la adjudicación irregular de los cursos de verano.
Gabino Martinez de Arenaza y Aitor Santiesteban, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas constató la responsabilidad de los dos alcaldes jeltzales de Alonsotegi, en un agujero de 4,1 millones de euros. Los aun imputados son responsables de la gestión ineficiente de Alonsotegi Ereiki, sociedad urbanística que dirigió obras tan relevantes en el municipio, entre las que se destacan adjudicación para construir un centro de salud, viviendas y un aparcamiento.
Maite Garrastazu, la familia de la concejala de urbanismo y obras del PNV de Zarautz, aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente, la superficie se duplicó y se asienta, además, en un área rural y de especial protección.
O el Caso purines, una plante de purines de Carranza, que se ha convertido en la gran fosa séptica de la corrupción de Bizkaia. Esta infraestructura se ha tragado del orden de 10 millones de euros en ayudas públicas, 3,2 de ellos procedentes de la propio Administración autonómica.
Los condenados por la misma son 6 administradores de la sociedad que iba a construir la planta, tres ganaderos y tres políticos, el exdirector de Innovación del Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, Martin Ascacibar, el que fuera alcalde del Valle de Carranza, José Luís Portillo, y el exconcejal José Ignacio Mudo, todos del PNV.
Caso Murgüello, tras 10 años de instrucción ha quedado constatado por la Audiencia Nacional que un tal Margüello intentó forrarse con las deficiencias de la sanidad pública vasca, gestionando las listas de espera por ser amigo personal del exconsejero del PNV, el señor Inclán.
En su momento, hasta el mismo consejero, el señor Darpón, y actual consejero de Salud, firmó un documento asegurando su honorabilidad, al final les cayó una condena mínima en parte porque el Gobierno decidió no personarse en el juicio.
El Caso de Miguel, otro caso en el que el Gobierno no se ha personado en la causa, un caso que afecta de lleno al PNV de Araba, con 28 imputados. El Consejo General del Poder Judicial lo ha calificado como el mayor caso de corrupción de Euskadi. El juicio se inició hace 8 años, tras una denuncia, y que hoy se encuentra a puertas de sentencia.
Y como estos, muchos casos más, como Bidegi o Barrika, y algunos otros tan sangrantes que tocan de lleno a dos pilares de nuestro Estado de bienestar, la educación y la sanidad pública.
Caso jantoki, siete empresas de catering pactaron durante 12 años para repartirse el mercado de servicios comedores escolares de Euskadi, consiguiendo así unos beneficios ilegales que la Autoridad Vasca de la Competencia estimó en 130 millones de euros y que acreditó esta práctica como ilegal, y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la ratificó, sentenciando que el Gobierno Vasco no solo no actuó para evitar esta situación, sino que miró a otro lado.
Al igual que las OPE dopadas. Gracias al trabajo de mi grupo y de sindicatos como ESK, se ha demostrado la existencia de una red clientelar que favorece a unas personas concretas en el acceso a la función pública en las categorías de especialidad médica hospitalaria, con la permisividad del consejero Darpón, del que hemos pedido su cese, y que ha preferido buscar coartadas y señalar y criminalizar a las personas opositoras, denunciantes de las irregularidades, hasta que se ha encontrado con un decreto demoledor de la Fiscalía Superior, de la señora Carmen Adán, que ayer mismo expresaba que aprecia poca colaboración por parte de la administración cuando es esta a la que se investiga.
Gobierno al que, por cierto, no le gusta además que legislemos en materias relativas a la protección de ciudadanos y ciudadanas que denuncian corrupción en Euskadi a la vista de sus criterios.
Sin embargo, en Euskadi está claramente en desventaja en relación a otras comunidades, como Cataluña, Madrid, Baleares, Andalucía, Murcia, Canarias o el País Valenciano, que sí cuentan con una, dos, incluso tres fiscalías anticorrupción.
Es decir, Euskadi no ha contado con unas medidas materiales y humanas suficientes para detectar, juzgar y castigar los casos de corrupción y clientelismo, y tenemos dudas de si las tendrá a partir de ahora con el nuevo nombramiento.
Para Elkarrekin Podemos la lucha contra la corrupción y el clientelismo es la base de la regeneración democrática, la decencia política y la igualdad de oportunidades.
Y para ello, reclamamos poner todos los medios materiales y personales posibles con el fin de identificarla, juzgarla y condenarla también aquí en Euskadi.
Queremos demostrar nuestro compromiso con la calidad democrática en hacer que Euskadi tenga una fiscalía delegada anticorrupción por ley y dependiente de la Fiscalía Anticorrupción, y no de la fiscalía de la comunidad autónoma en la que se acaba de crear como sección especializada del artículo 18.
Evitar la convivencia y relación entre las fiscalías y las autoridades a las que se tiene obligación de investigar es una medida razonable que previene las presiones que pueden existir, además de garantizar la unidad de criterios en la estrategia por la lucha contra la corrupción y el clientelismo.
Por ello, mi grupo en el Congreso de los Diputados registró una proposición de ley para la reforma del Estatuto de la Fiscalía, con la modificación del artículo 19.5, en la que pedíamos que el fiscal general del Estado garantice la presencia de delegaciones de Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en todas las comunidades autónomas.
El uso de esta fórmula en la nueva redacción responde a dos premisas: En primer lugar, que la premisa de fiscal delegado de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada aporte los medios materiales y personales necesarios para hacer emerger los casos de corrupción que existen en todo el territorio del Estado y que su implantación no responda únicamente a la asistencia constatada del número elevado de procedimientos, como ocurría hasta ahora; y en segundo lugar, se mantiene la garantía así de independencia de las fiscalías delegadas frente a posibles presiones de los poderes locales.
Por eso Elkarrekin Podemos mantenemos que la mejor opción para que Euskadi tenga una Fiscalía Anticorrupción es tener una nombrada mediante el artículo 19 y que dependa de la Fiscalía del Estado, consiguiendo de este modo garantizar la independencia de los fiscales delegados frente a la influencia de los poderes locales con los que convive.
Se mantiene la dependencia únicamente de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, y así romper de esta forma cualquier posible contigüidad entre Fiscalía y autoridades a las que se tiene obligación de investigar. Es una medida razonable que hace las veces de muro de salvaguarda frente a la mayoría de las presiones que puedan existir.
Por ello, y como ya he dicho al inicio, nos alegramos de nombramiento del señor Ortiz como fiscal encargado en delitos económicos. Y para asegurar el buen funcionamiento de dicha Fiscalía en su trabajo contra la corrupción en Euskadi, hemos firmado una enmienda transaccional que sirva como punto de inicio y, hasta que se produzca la modificación del estatuto, seguiremos trabajando para que, como he explicado, se cuente con una Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada también aquí, en Euskadi.
Mila esker.