LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-04-18):
Gracias señora presidenta, buenos días a todos, señorías.
Una vez más en esta Cámara, debatiendo de la reforma laboral, introducida por la Ley 3/2012, y en este caso hablando de un punto concreto, de la modificación que dicha reforma ha producido en el artículo 82.3 –como se ha dicho aquí– del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo al régimen de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo.
Y más específico aún, a la posibilidad de esa previsión que viene contenida en la norma, que ante la falta de acuerdo entre las partes, intervendrá la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, como se ha dicho aquí, para solucionar la discrepancia en aquellos procedimientos de solución de conflictos previstos en la negociación colectiva que no sean aplicables o cuando no se haya solucionado finalmente la discrepancia.
Como también se ha dicho aquí, esta norma establecía el supuesto para aquellos centros de trabajo de empresas situados en el territorio de más de una comunidad autónoma y en los demás casos establecía que se recurriría a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas constituidos a tal efecto.
Y lo que ocurre es que como se ha visto que algunas comunidades autónomas o no estaban por la labor o eran contrarios a la constitución de esta Comisión, y como el Gobierno del Partido Popular no sigue esa estela que siguió en otros gobiernos de no hacer nada, esa política brazos caídos, aprobó el Real Decreto Ley 5/2013, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores y promover el envejecimiento activo, y en dicho Decreto introdujo en la Disposición Adicional sexta la precisión de que si en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del mismo las comunidades autónomas no hubieran constituido, o puesto en funcionamiento un órgano tripartito equivalente a la Comisión Consultiva Nacional, o suscrito –como os he dicho aquí– un convenio con el Ministerio de Empleo, el organismo citado podrá actuar de forma subsidiaria.
Nosotros pensábamos que tras este Decreto, EH Bildu iba a retirar la propuesta, porque no parece muy lógico que prefiera que sea la Comisión Consultiva Nacional la que resuelva las discrepancias y no un órgano de esta Comunidad Autónoma, pero visto que no lo ha hecho pues aquí estamos debatiéndolos.
Y a nosotros, a nuestro grupo no nos parece tampoco poco procedente que se constituya esa Comisión en el marco de la Comunidad, de nuestra Comunidad Autónoma, además porque estaríamos cumpliendo la legislación laboral vigente en este momento.
Y como se ha dicho aquí, las leyes cuando no gustan se intentan cambiar o se la recurre, como se ha hecho en este momento, pero se cumplen, se cumple. Esa insumisión que algunos propugnan o piden a los demás pero que luego ellos no cumplen, desde luego, con este grupo no va.
Y por lo tanto, no vamos a poner objeción, y nos parece de acuerdo y por eso estamos en principio de acuerdo con la enmienda que había propuesto el partido, el grupo Nacionalista Vasco porque nos parecía correcta.
Pero yo aquí lo que quiero también hacer ver es que lo que no vamos a ser incautos y no vamos a hacer un ejercicio de ingenuidad política. Y aquí lo que se pretende con esto fundamentalmente es denostar la reforma laboral.
En primer lugar, porque yo supongo que EH Bildu, como todas las normas, las considera impuestas. Y denostarla además porque supone una norma que pretende eliminar la rigidez, dotando a nuestro marco de relaciones laborales de la flexibilidad necesaria para frenar en un primer momento la sangría del desempleo y con posterioridad recuperar la senda en la creación de empleo.
Porque es más que evidente que lo que subyace tras esta propuesta es una filosofía laboral con la que este grupo desde luego no está de acuerdo, porque ustedes lo que apuestan –y muchos de ustedes aquí también lo han dicho– es que el modelo laboral mantenga las rigideces y las inercias del pasado y que en buena parte –este grupo ya lo ha dicho aquí en otras ocasiones– son las culpables de la situación actual, y quieren mantener el modelo anterior, entre otras cuestiones porque ustedes, con esta iniciativa, actúan fundamentalmente como voceros y altavoces de su vertiente sindical, que no es otra que LAB.
Porque, evidentemente los sindicatos pierden fuerza con esta reforma y prefieren una legislación laboral rígida, que prime su fuerza y su protagonismo, aunque ello suponga el cierre de empresas.
Bildu, bajo el pretexto y la careta de defender los derechos de los trabajadores y los derechos a la negociación colectiva, lo que esconde una intención que no es otra que el mantenimiento del férreo control de los sindicatos que han mantenido durante todos estos años en los procesos de negociación colectiva, defendiendo en muchos casos posturas maximalistas que ponían en riesgo los propios derechos de los trabajadores y se ha dicho aquí, convenios colectivos más de diez años sin poderse llegar a un acuerdo.
Lo que a ustedes no les gusta es la descentralización y la autonomía que posibilita el nuevo marco en los procesos de negociación colectiva.
Lo que no se ha encajado bien es que ese nuevo texto legal proporciona herramientas para que el tejido empresarial y productivo pueda adaptarse a las nuevas circunstancias económicas, con el objetivo puesto en evitar el cierre de empresas.
En definitiva, como ustedes han dicho aquí, es verdad lo que se consagra o lo que se recoge es esa posibilidad en el Estatuto de los Trabajadores de que se descuelguen del convenio colectivo, pero no por cualquier motivo, sino por motivos económicos, técnicos, organizativos y productivos.
Y esto no es nuevo, esto ya estaba recogido por el Gobierno Socialista en la reforma laboral del 2010, porque respondía además a una necesidad fuertemente demandada, que era la necesidad de dar flexibilidad al mercado laboral.
Esa posibilidad recogida en la legislación responde exclusivamente a un planteamiento que no busca sino evitar el cierre de empresas, sino evitar la sangría del desempleo. Y ese modelo de flexibilidad laboral aquí lo hemos conocido, y tenemos ejemplos de empresas vascas que han acudido a esa modificación de las condiciones de trabajo.
Por ejemplo, la empresa Irizar, que pertenecía al Grupo Mondragón, redujo el sueldo de sus trabajadores en un 10 % por la caída de la actividad, o los cooperativistas de Eroski, donde sus socios, con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley acordaron o bien incrementar su jornada laboral en un 15 % congelando sus salarios o bien mantener su jornada reduciendo su salario en torno al 5 %. Luego, esta modificación de condiciones del convenio colectivo no es nuevo, ya se ha aplicado aquí.
La flexibilidad, la flexiseguridad, de la que además el consejero y yo oímos hablar hace mucho tiempo en Europa, es uno de los pilares de la reforma laboral y es un concepto, como les decía, importado, aplicado e insertado en diferentes modelos laborales europeos como el danés, el austriaco, el alemán, el francés y cuya traslación y aplicación tardía en nuestro país es uno de los responsables precisamente de nuestra elevada tasa de desempleo.
Flexiseguridad es un concepto que combina flexibilidad y seguridad aplicado al mercado de trabajo, una estrategia política encaminada a lograr un mercado laboral flexible, que garantice la protección social de los trabajadores y que contribuye a que sea más reactivo, inclusivo y competitivo, y que es un concepto en el que en Europa, como les decía, se viene trabajando hace mucho tiempo.
Alemania, locomotora económica y país a la cabeza de Europa en numerosos indicadores económicos y sociales, dispone de un marco de relaciones laborales donde la flexibilidad es una de las claves de su baja tasa de paro.
El modelo laboral alemán, cuya principal reforma fue realizada por el señor Schroeder, que no creo que sea de derechas precisamente, posibilita la suspensión temporal de empleo, la reducción de la jornada laboral y la vinculación de los salarios a la productividad.
O podemos hablar de la reciente reforma laboral aprobada por el señor Hollande en Francia, otro reputado conservador, que contempla la reducción de la jornada y de los salarios, para, mediante los denominados acuerdos para el mantenimiento del empleo, se posibilite que el sector empresarial se anticipe y pueda hacer frente a la coyuntura actual mediante alternativas a los planes sociales y a los despidos.
La diferencia entre esos dos países y el nuestro reside que los agentes sociales, a diferencia de lo que ha ocurrido aquí realizaron, un ejercicio de responsabilidad y colaboraron en la reforma de sus respectivas legislaciones laborales y los resultados en términos de empleo, lamentablemente para nosotros, están a la vista.
Y desde luego, desde este grupo parlamentario en lo que no vamos a contribuir, como se ha hecho aquí, en esa contraposición permanente que se pretende hacer entre el sector empresarial y los trabajadores, porque ambos forman parte de un mismo club, ambos son imprescindibles para el desarrollo económico-social de nuestro país, ambos son necesarios si queremos recuperar la senda del crecimiento y, por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo de jugar a esa permanente contraposición y confrontación. Sin empresarios no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresa.
Por ello, señorías, nosotros evidentemente no vamos a votar a favor de la propuesta de EH Bildu, que lo que propone, una vez más, como decía, es esa insumisión legal, eso sí, en otros, nunca en la propia.
No vamos a pedir que se incumpla la ley, porque esa Comisión nacional lo que pretende es precisamente eso, superando una de las debilidades del modelo laboral, que era el escaso desarrollo de las posibilidades de flexibilidad interna en las empresas, dotar de los instrumentos que garanticen objetividad, que procuren la solución de los conflictos y la corrección de los posibles abusos y arbitrariedades que mermen los derechos de los trabajadores.
Nada más. Muchas gracias.