PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2018-04-19):
El grupo Socialista quiere mostrar hoy de nuevo su reconocimiento a la labor desempeñada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y específicamente a la Ertzaintza, para contribuir de forma decisiva a acabar con el terrorismo y defender las libertades democráticas.
Y vamos a reclamar también que la recopilación de denuncias realizadas en el informe sobre torturas se incorpore como un informe más de la ponencia y se tramiten, en su caso, por los mecanismos que este mismo Parlamento tiene habilitados para el reconocimiento y reparación de los casos que así de determinaran; así lo hicimos ver en la comparecencia del señor Etxeberria en la Comisión de Derechos Humanos.
Porque es de justicia para las víctimas, pero es de justicia también para la gran mayoría de funcionarios que respetaron el Estado de derecho para recuperar la libertad de todos.
Por eso pensamos que es un error la forma en la que el Partido Popular nos trae esta propuesta, porque seguro que, con la intención contraria, en realidad propone el todo con nada; propone ligar el reconocimiento a la labor policial, a lo innecesario de reparar a quienes hayan visto vulnerados sus derechos por el uso ilícito de la violencia por parte de algunos agentes.
Y hoy reiteramos nuestro compromiso inequívoco en el reconocimiento y reparación de todas y cada una de las personas que hayan sido víctimas de vulneración de sus derechos, sea por terrorismo o sea por abusos policiales de cualquier tipo. Un compromiso que materializamos desde un Gobierno Socialista hace dos legislaturas, con la primera norma que haya existido en España para esta tarea, y que ha servido ya para reconocer y reparar a 187 personas que sufrieron diferentes formas de abusos o excesos policiales, incluidas las torturas.
Un compromiso en el que seguimos después desde la oposición, para que pudiera salir adelante la ley, que ahora está parcialmente suspendida y que se refiere al periodo democrático. En ese decreto y en esa ley está el cauce para determinar quiénes pueden acogerse a ese derecho al reconocimiento y la reparación por cualquier forma de vulneración de derechos, por excesos o abusos policiales o de autoridad, incluso por falta de amparo institucional.
Y en el informe recopilatorio al que se refiere la iniciativa se recogen casos ya reparados por los tribunales, otros que podrían ser reclamados todavía hoy por vía judicial, puesto que no han prescrito, y otros que tienen un cauce para su análisis en la comisión de valoración prevista al efecto. Ese pensamos que es el camino.
Lo que bajo ningún concepto puede ocurrir es que ese trabajo documental que recoge las denuncias puede ser interpretado como una especie de verdad revelada, que se dé por acreditado que cada una de las denuncias se corresponde con un abuso, y que se asiente la idea de que la tortura ha sido generalizada y sistemática, y que sus víctimas son incluso más que las causadas por medio siglo de terrorismo.
Los Socialistas admitimos que ha habido torturas, es verdad, y malos tratos y abusos policiales, y por eso hemos hecho las normas que permiten su reconocimiento y reparación; pero no admitimos que esas normas quieran convertirse en supletorias del Poder Judicial. Son medidas de reconocimiento y reparación por procedimientos tasados y contrastados, que se fijan en las víctimas, no en los victimarios, sin ninguna interpretación posible.
Es a ellas a quien hay que dirigirse, a quienes sufrieron injustamente por abusos de poder, excesos policiales o por indefensión ante sus denuncias; a quienes padecieron la actuación de servidores públicos que incumplieron sus obligaciones y les despojaron de dignidad y de derechos. Pero tampoco admitimos que se haga un uso parcial y torticero de esta cuestión. Los funcionarios que cometieron esas vulneraciones fueron, afortunadamente, una minoría.
Y también queremos dirigirnos a esa inmensa mayoría de ertzainas, guardias civiles, policías nacionales y jueces que en democracia han sido respetuosos con el Estado de derecho, porque la labor de esa gran mayoría de servidores públicos fue imprescindible para acabar con medio siglo de vulneración de derechos humanos a cargo de ETA, también con las bandas que utilizaron a ETA como excusa para sus crímenes. Porque también esos funcionarios demócratas y cumplidores esperan de nosotros que no se les estigmatice por la actuación de otros.
Compartimos la preocupación que ha habido en la Ertzaintza con este informe, como la hay en otras fuerzas y cuerpos de seguridad; una preocupación, porque se reflejan más de 4.000 denuncias, más de 300 correspondientes a la policía vasca como casos irrefutables, sin que haya sentencia.
Efectivamente, no hay sentencias condenatorias en la Ertzaintza, ni tampoco en la gran mayoría de los casos que aluden a otros cuerpos y, efectivamente, la ausencia de sentencia no significa, ni muchos menos, que no haya habido torturas, ni malos tratos, ni otros tipo de excesos policiales, ni lo uno ni lo otro.
Por eso, tanto en el decreto, que ya ha reconocido a 187 víctimas, y en la ley, que está parcialmente suspendida, se establece un procedimiento preciso y tasado, que sin sustituir a la justicia, y es preciso reseñarlo, puede precisar mediante procedimientos admitidos habitualmente en derecho, la concreción de la vulneración que se denuncia.
Desde luego, lo que no podemos admitir es que es interpretación pública y parcelada anule la labor impagable  - y está sí que está tasada y acreditada -  para que, entre otras cosas, ni les maten, ni nos maten, y esto es algo por lo que, además de remitirse al a comisión de valoración, el informe debe incorporarse a los trabajos de la ponencia de memoria y convivencia para que se sumen a las reflexiones abiertas sobre las secuelas que el terrorismo de ETA o las vulneraciones perpetradas con la excusa de ETA.
Para que se sumen a las referidas a los 300 asesinatos sin esclarecer, a la reparación de miles de víctimas de persecución, al daño todavía sin medir de los niños que sufrieron aquella amenaza, a la búsqueda de asesinados cuyos restos no acaban de decir dónde están los autores de los crímenes, o a la forma en que conseguimos que los penados, cuando cumplan sus condenas, reconozcan el daño causado, porque en eso estamos.
Por eso reiteramos al PP, nuevamente, nuestra invitación a que se incorpore a esa ponencia, porque buscamos una deslegitimación plena y total del terrorismo, y el fortalecimiento del Estado de derecho. Y por eso también vamos a pedir a los proponentes votar por separado los puntos que establecen en su iniciativa.
Quiero recordar a quien fue el primer lehendakari tras la recuperación de la democracia, cuando Ramón Rubial explicaba sus 20 años de cárcel, decía: "Todo eso que he visto y he padecido no tendría que ocurrir nunca, nunca. No quiero que nadie sufra semejantes torturas, ni siquiera los torturadores, ellos tampoco, nadie. Si esto sirve de ejemplo, que vaya por delante".
El Partido Socialista ha estado en todo lo que ha permitido avanzar en ese anhelo, en cada paso dado, en el que empieza a ofrecer respuestas a las víctimas olvidadas, sin olvidar a las que aún están esperando tanto de nosotros.
Y por eso vemos una oportunidad de seguir diciendo que el Estado de derecho, ese por el que tanto hemos dado en el pasado, que a algunos nos quisieron arrebatar, ese que ha ido ganando espacio, ese que debe garantizar la integridad de cada ser humano, el que debe reparar cada vulneración de derechos, se haga más fuerte y más seguro.