SÁNCHEZ MARTÍN (PSE-EE, 2013-04-18):
Muchas gracias. Buenas tardes señorías.
Intervengo en este Parlamento en representación del grupo Socialistas Vascos con el fin de debatir la proposición no de ley presentada por el grupo Popular Vasco, relativa a la presentación de solicitudes de la prestación económica previstas en la legislación vigente, y así como defender la enmienda transaccional acordada entre mi grupo parlamentario y el grupo Nacionalistas Vascos.
Todos sabemos que el objetivo fundamental de la reforma que supuso tanto la Ley 18/2008 como la reforma misma recogida en la Ley 4/2011 era la activación para el empleo, una reforma que no había podido plantearse sin la transferencia desde luego de las políticas activas y sin la creación de Lanbide-Servicios Vasco para el Empleo.
La transformación de una política de protección social basada en el empleo y no en el subsidio era un reto que se puede afrontar desde dos perspectivas o dos ideologías.
En primer lugar, la universalización de los servicios de empleo, como antes lo fueron los servicios sanitarios y los educativos, porque no hay una línea divisoria entre personas que se acercan a los servicios de empleo y otras que se hayan excluidos de los mismos, y Lanbide-Servicio Público de Empleo tiene un carácter inclusivo, ocupándose de los más empleables, pero también de los que son menos, atendiendo a quienes cobran desempleo y quienes cobran la renta de garantías de ingresos, gestionando por primera vez en el Estado las políticas activas en conexión e interrelación.
Y en segundo lugar, porque los ciudadanos que se encuentran bajo el sistema de protección social no sólo deben recibir prestaciones sino oportunidades.
Esta reforma se basaba en la situación de centralidad del empleo como elemento de inclusión y la convicción de que como tal debe constituirse en elemento nuclear de los procesos de orientación a la inclusión.
Un principio que remite a derechos y responsabilidades de los perceptores de prestaciones, y un sistema que debe ser transparente, justo y solidario, y para ello debe estar basado en la activación para el empleo.
La inclusión laboral ha sido una asignatura pendiente hasta la fecha en el sistema de renta de garantías de ingresos y a pesar del esfuerzo y dedicación que se ha efectuado desde los servicios sociales.
Este cambio supuso que Euskadi entrara en la vanguardia de la innovación de las políticas sociales y de empleo, porque no se trata de hacer una política social basada en la mera percepción de una prestación y porque, en ese caso, por mucha cantidad que abonásemos, si no va unida a una política de empleo, no conseguiríamos mejorar en lo que se refiere a las políticas de empleo. Y ése fue un salto cualitativo que dio la Ley.
En Europa hay un amplio consenso sobre el pensamiento de que las políticas activas bien diseñadas son útiles para reducir los períodos de paro.
De hecho, estas políticas son la tercera pata, junto con el coste de despido bajos o prestaciones de desempleo generosas de la llamada flexiseguridad que practican países como Dinamarca (como hemos ya dicho esta mañana en esta Cámara ( y que ha querido introducir en España la reforma laboral regulada en la Ley 3/2012, de 6 de julio.
Y digo que ha querido introducir, porque el problema es que ha avanzado tras la reforma hacia un modelo de flexiseguridad sobre todo en la parte flexi, en la reducción de costes de despido o incremento de flexibilidad interna, pero apenas nada en lo referente a políticas pasivas y activas, agravado con que la financiación de estas últimas se ha hecho más difícil.
En la nueva filosofía del sistema, la centralidad está en la activación social, y el principio y el final posibilitar la formación y el empleo y la igualdad de oportunidades en el marco laboral ordinario a todos los ciudadanos que se encuentre en situación de desempleo o exclusión social.
Pero para que esta vinculación de la exclusión social con el empleo surta el efecto deseado, es importante tener una ventanilla única donde vayan las personas, se realicen los diagnósticos, los itinerarios laborales e integrales, se pueda ver cuál es su situación familiar y ver también problemas que pueden tener respecto de la vivienda.
Nuestro sistema separaba claramente la gestión de las AES del sistema de garantías de ingresos, correspondiéndole las AES a los ayuntamientos.
Tenemos que dar una confianza en el sistema para que el sistema funcione.
El 90 % de las personas que reciben prestaciones económicas, que reciben ayudas sociales, son empleables. Es por ello importante rescatar a esas personas para el empleo e incorporarlas al mercado de trabajo, pero para hacer esto es necesario estar con esas personas y poder realizar un estudio de su situación.
Quiero dejar muy claro que mi grupo está completamente convencido de que hay que mantener el sistema vasco de garantías de ingresos e inclusión social, aunque haya que mejorar y agilizar el funcionamiento de Lanbide para una tramitación más eficaz de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda y, en su caso, promover los acuerdos pertinentes con instituciones o entidades que faciliten el proceso.
Hay que dignificar la labor que la Ley de Garantía de Ingresos ofrece, evidenciando e informando a la ciudadanía de que casi uno de cada dos de los perceptores lo son de rentas complementarias, que son gente que ya trabaja o son pensionistas, y que el verdadero cometido de los poderes públicos es procurar una condición de vida dignas para todos los vascos y vascas.
Euskadi ha sido un referente a la hora de definir el modelo de protección social. Si no lo desarrollamos y lo reforzamos estaremos más cerca de desandar el camino andado que de seguir siendo líderes en esta materia.
La sociedad vasca debe sentirse orgullosa del...
Estaremos más cerca de desandar el camino andado que de seguir siendo líderes en esta materia.
La sociedad vasca debe sentirse orgullosa del sistema de protección social alcanzado en Euskadi y este sistema lo hemos construido aquí en este Parlamento, y a nosotros los políticos vascos nos corresponde defender este sistema que garantiza de forma incuestionable que las oportunidades sean iguales para todos los ciudadanos.
Hacemos una mala política cuando habiendo alcanzado acuerdos importantes sobre la bondad del sistema de protección social que supone un enorme esfuerzo para las arcas públicas, empezamos a cambiar constantemente el sistema sin dejar que se consolide el desarrollo y ejecución de una forma adecuada y completa.
Con anterioridad a la reforma, los servicios sociales de base estaban desbordados por las tramitaciones administrativas de prestaciones pero esto ha cambiado tras la reforma efectuada. Esa reforma liberó a amabas administraciones de la gestión de rentas de garantías de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. Pero nos emplaza a seguir trabajando en la inclusión social, en buscar espacios de cooperación existentes entre ambos ámbitos porque una cosa no impide la otra.
Por tanto, termino defendiendo lo recogido en la enmienda de transacción y la necesidad de que el Parlamento Vasco inste al Gobierno Vasco a seguir tomando todas las medidas necesarias para seguir mejorando en el modelo de orientación de Lanbide basado en la atención personalizada e individualizada de las personas usuarias de los servicios de empleo.
Dicha actuación personalizada es la mejor garantía para la consecución de los objetivos de empleabilidad de las personas desempleadas y de calidad y mantenimiento del empleo de las personas desocupadas, así como a su vez promover los acuerdos necesarios con el resto de instituciones para facilitar procesos de incorporación social previos a la incorporación laboral para personas que se encuentren en situación de exclusión social.
Y por último, promover los acuerdos pertinentes con instituciones o entidades que faciliten la entrada administrativa de documentos relativas a tales prestaciones de acuerdo con la legislación vigente.
Nada más y muchas gracias.