LÓPEZ DE MUNAIN GANUZA (EH Bildu, 2014-05-08):
Bai egun on.
Aurreratu nahi dugu aldeko botoa emango diogula gaur talde Mistoak ekarri duen mozioari.
Se nos presentan en dicha moción dos puntos que nos parecen correctos. Por un lado, aclarar la situación laboral y los cobros realizados por el señor Juan Cruz Nieves en la empresa Ibarzaharra y que tras esa inspección, imaginamos, se proceda, en caso de que así se vean necesario, a la petición de devolución de ese dinero cobrado de manera fraudulenta.
Aunque no entendemos muy bien tampoco que ésa sea la forma de pedir las comparecencias a través de este punto, tampoco y por adelantarle la información que usted demanda en este punto, ya ha sido solicitado por Euskal Herria Bildu tanto en las Juntas de Bizkaia como en el Ayuntamiento de Sestao, información que todavía no se nos ha remitido, aun teniendo en cuenta que hace tiempo que ya que esa solicitud se realizó.
En segundo de los puntos, es en relación a la transparencia, que fue transado previamente y que hoy se nos vuelve a, se nos devuelve el punto tal como se presentó en la iniciativa y no cuál fue el resultado de dicha transacción. En principio tampoco podría llegar a ser o debería ser un problema sustancial para nuestro grupo.
Lo que ha acontecido en dicha empresa ya ha sido relatado y ya es de sobra conocido por todos y todas las que estamos aquí, por lo que no parecería normal que ante el fragante uso abusivo y fraudulento del dinero público ningún grupo pudiese hacer un voto negativo al esclarecimiento y restitución del dinero que ha sido mal utilizado.
En este caso, se utilizó para pagar un sueldo a una persona que en ningún momento desempeño –por lo que parece– las labores por las que en teoría fue contratada. Esta persona realizó fraude y como tal debe tratarse este tema, por lo que, como mínimo, las instituciones públicas implicadas deberían reclamar la devolución integra de ese dinero a las arcas públicas.
Euskal Herria Bildu así lo ha solicitado ya en la Diputación de Bizkaia, en el Ayuntamiento de Sestao y en todas las instituciones que habrían sido estafadas por el señor Nieves, ya que de lo que hablamos es de un fraude que ha sido pagado con dinero público y así entendemos que debe hacerlo por iniciativa propia el Gobierno Vasco, actuando de iniciativa propia y demandando al señor Nieves la devolución de ese dinero.
Es evidente que existen pactos políticos para recolocar a personas que abandonan la actividad política pública y que posteriormente pasan a formar parte de plantillas de esas empresas públicas, de empresas participadas e incluso de empresas privadas en los cargos directivos. Los ejemplos nos sobran.
Estos últimos meses las noticias al respecto han sido continuas. Tres ejemplos voy a dar. El caso de Miguel, como primer caso, si cabe un caso parecido a éste que hoy estamos tratando aquí, ya que a día de hoy sólo sabemos que ocupa un puesto en una empresa pública, tampoco sabemos qué funciones desempeña, ni tan siquiera si está desempeñando las funciones por las cuales se dice que ha sido contratado o ha sido readmitido dentro de su puesto de trabajo.
Por otro lado, estaría el caso que hoy nos ocupa y que posiblemente se intentará o intentará ser tapado con contratos que aparecerán de la nada para Ibarzaharra, con el que se justificará toda la inactividad que se ha sufrido hasta ahora.
Porque no solo deberíamos hablar del dinero que cobraba una personas por no ir a trabajar, sino quizás deberíamos preguntarnos también la razón por la que otras dos personas cobraban un salario que no venía justificado por actividad laboral alguna. Al final se ha pillado al que menos vergüenza tenía, ya que directamente dejó de ir a su puesto de trabajo.
Y para finalizar, y el tercer caso y más reciente, la designación del antiguo presidente del EBB como consejero delegado de Repsol. De las consecuencias de dicha designación nos iremos dando cuenta en el futuro, no me cabe ninguna duda.
De que este último trabaja, tampoco tengo ninguna duda, el problema y la duda que nos genera es para los intereses y en base a los intereses de quién trabaja.
Ésta es la política de las puertas giratorias que venimos denunciando constantemente. Ésa es la política de los intereses creados y de los intereses pagados, es la política de los intercambios de cromos, del oscurantismo y de los posteriores casos de corrupción.
A nadie se le escapa que existe un clamor ciudadano en contra y por ello debemos realizar un análisis exhaustivo de la realidad de todas las entidades que conforman el sector público vasco y de todas aquellas empresas participadas por el sector público en las que, por lo menos, se puedan realizar la consignación de consejeros.
Todos estos casos debilitan aún más la credibilidad ante la ciudadanía en la labor que realizan las empresas públicas, ya que da la impresión de que son instrumento de colocación más que una herramienta al servicio de lo público.
Desde Euskal Herria Bildu tenemos la convicción ideológica acerca de la necesidad de tener un sector público fuerte y sobre el que no recaiga ningún tipo de duda, por ello, creemos necesario el control y fiscalización constante de todo lo que conforma el sector público.
Horregatik aurkeztu dugu gehitzeko zuzenketa bat, honako hau dio zuzenketa horrek:
"El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que realice, conjuntamente con las inspecciones de trabajo de los tres territorios históricos, la fiscalización de cada una de las entidades participadas que forman parte del sector público de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de cada una de las entidades participadas por el Gobierno Vasco, a fin de conocer y descartar casos similares al ocurrido en Ibarzaharra, y presente dicho informe en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta moción a consecuencia de interpelación".
Nahiko nuke zuzenketa hori ondo azaltzea eta, ondo baderitzozue, zuzenketa horren aldeko bozka eskatzea, izan ere, bilatzen ari garena da sektore publikoaren blindatze eraginkorra, hala nola alor publikoari dagokionean Gobernuarentzat eta Legebiltzarrarentzat gardentasun alorrean oinarria.
En ningún momento pretendemos poner en duda el sector público, más bien todo lo contrario. Pretendemos que todas aquellas personas que ocupan puestos dentro de las empresas públicas sin realizar trabajo alguno –porque es evidente que existen– sean depuradas.
Y se realice una fiscalización del dinero que han percibido y de las cotizaciones que se les han pagado, con el fin de que ese dinero sea restituido a las arcas públicas y se saque de los bolsillos de aquellos que reciben con dichos trabajos el pago atrasado de no sé sabe bien qué trabajos realizados previamente en su actividad política.
Quien puede abordar hoy por hoy dicha fiscalización de trabajo son los organismos correspondientes, tanto del Estado como aquí en Euskal Herria. Por ello, solicitamos que lo hagan conjuntamente.
La razón es simple. Si hay y han sucedido casos similares es porque estos casos existen. Y la tardanza de los entes públicos en denunciar o solucionar estos sucesos podría hacernos pensar –y así sucede– que no existe voluntad para desvelar estos contratos fraudulentos o estas colocaciones fraudulentas.
Por ello, y por el bien público y en pro de la confianza de la ciudadanía, pedimos la inspección completa desde la inspección de trabajo y desde el Gobierno Vasco a través de sus competencias, inspecciones y fiscalizaciones de todas las personas que ocupan puestos en dichas empresas y las que han sido designadas a través de los órganos públicos.
Todos los grupos deberíamos aceptar que sería lo más correcto, y que incluso ayudaría a poner en valor todo el sector público vasco y las empresas en las que se participa.
Con ello, seríamos conscientes incluso de si dichas empresas públicas o participadas están sobredimensionadas por culpa de personas que aterrizan de los puestos de responsabilidad políticos, para no realizar acción ninguna ni labor ninguna en dichas empresas públicas.
Quizá la cuestión del tiempo que pedimos sea una cuestión que pueda ser difícil de cumplir, estamos hablando de que solicitábamos que en seis meses se presentase ese informe.
Ése sería el menor de los problemas. No pondríamos pega alguna a que en vez de seis fuesen 12 o 15 meses. El problema lo situamos en la actitud pasiva que hoy se asume.
No podemos esperar a que sean los medios de comunicación quienes destapen estos hechos. Debe ser el propio sector público quien realice esa denuncia y solucione el problema.
Ibarzaharraren kasua icebergaren punta izan daiteke ala ez ustelkeria politikoaren mundu zikinean. Duda hori mahai gainean dugu, eta ez badugu erakunde publikoan eta Gobernuak partaidetza publikoa duen erakunde fiskalizazio sakona egiten, inoiz ez dugu zalantza hori argituko.
No se puede apostar por la transparencia y, por otro lado, no fiscalizar y no tomar medidas, fiscalizar lo que ya existe ahora mismo.
Por ello pedimos que tomen en consideración la enmienda que les hemos presentado. Por ello les pedimos que voten a favor de nuestra enmienda de adición.