UGARTE ZUBIZARRETA (EH Bildu, 2018-06-07):
Egun on guztioi.
Hoy voy a hacer una excepción al criterio lingüístico que suelo emplear habitualmente para que se me entienda y el servicio de traducción no tenga ningún problema'
Este tema se puede abordar desde dos perspectivas bien distintas. Una es la perspectiva de una cuestión de gestión, de modernización de la Administración pública, de algo inocuo, aséptico y totalmente neutro.
Y hay otro punto de vista, que es el punto de vista de los derechos humanos y de la estigmatización de la pobreza, que es de lo que hoy quiero hablar.
No quiero hablar ni de RGI, ni quiero hablar de paro, quiero hablar de estigmatización y criminalización de la pobreza, que creo que es la perspectiva de la que tenemos que hablar.
Y lo quiero hacer empezando por algo que normalmente no me suele gustar hacer, pero que, como es algo público y creo que viene a cuento, sería interesante ponerlo hoy encima de la mesa.
Voy a empezar con algo personal. Bueno, yo lo confieso, yo fui perceptora de la RGI, entonces renta básica, como todos ustedes conocen, porque fue algo que fue publicado en distintos medios de comunicación en el 2011.
Yo tenía veintitantos años, era autóctona, de esas de las que han nacido siempre aquí y resulta que tenía un despacho de abogados en el que  - sí, sí, no, no, es así - , y tenía un despacho de abogados que era, recién comenzaba y, claro, como todos ustedes saben, cuando un negocio comienza, las llamadas no son tan habituales y se necesita más tiempo para que ese negocio se vaya consolidando.
Tenía una hija a la que alimentar, porque tenía una pareja en prisión, o una hija a la que alimentar en solitario, por lo tanto, era madre soltera a todos los efectos, y unos padres, a los que quiero mucho, pero no quería pedir nada, y existe una ley que me permitía solicitar esa ayuda.
Entonces, solicite esa ayuda; esa ayuda se me concedió, porque reunía todos los requisitos que establecía la ley y esa ayuda, yo fui informando a la Diputación, a través de la trabajadora social, que era como se hacía antes de pasar al sistema, al sistema de Lanbide, y bueno, yo iba informando a través de IVA trimestrales, etcétera. Es cierto también que era profesora de la UPV, pero he de decir que los profesores de la UPV cobran 450 euros, para que todos se hagan una idea de cuál es la situación de la UPV, que será tema de otro debate.
Entonces, bueno, lo cierto es que las revisiones que hacía la diputación las hacía de manera tardía y esas revisiones se conceptualizaron en una palabra que queda muy fea, muy fea, muy fea y que yo estoy convencida que si la utilizáramos en las declaraciones de la renta, toda la clase media se llevaría las manos a la cabeza.
Un concepto como "prestaciones indebidas", que luego fue un bombazo cuando todo el tema pasó a Lanbide y se descubrió que había muchísimas prestaciones indebidas.
¿Qué sucedió con esta palabra? Bueno, sucedió también que me llegó esa carta en agosto, justo cuando la ciudadanía menos posibilidades tiene de hacer recursos a la administración.
Le voy dando ideas, señora Artolazabal, de cómo se puede mejorar este sistema, el control, la gestión y la modernización de este sistema.
Entonces llegó en agosto, pasó al boletín, porque, evidentemente, en agosto yo no estaba y en cuanto pasó al boletín algún periodista carroñero decidió hacer de eso una bola gigante, y se puso la sombra de la sospecha del fraude.
Yo era presuntamente defraudadora de la renta básica y, por tanto, de las ayudas de emergencia social, que también me correspondían.
Decidí explicar esta cuestión, y desde aquí quisiera agradecer al entonces juntero Markel Olano, del Partido Nacionalista Vasco, y al juntero del Partido Popular, Iñigo Manrique, la ayuda personal que me prestaron y el no haber caído en el carroñerismo político, como lo hizo algún otro partido político, que no es de los que he mencionado, ¿vale?
Entonces, vista la presunción de culpabilidad que tuve, vista la presunción de culpabilidad que tuve por haber sido receptora de ayudas de renta básica y de ayudas de emergencia social, ahora veo y me imagino a las señoras divorciadas que pasan por mi despacho y que necesitan complementar sus pensiones compensatorias, por ejemplo, con la RGI, o bueno, o personas paradas de larga duración que tienen que ir constantemente a renovar sus trámites administrativos, pasar allí y tener que ser fichados como pobres y la verdad es que me produce auténtico estupor.
Y yo creo que estamos hablando de eso y no de otra cosa.
Recuerdo a un juez que, bueno, que una vez un rico fue condenado en una sentencia  - un personaje rico conocido, pero que tampoco voy a mencionar - , dijo que era una pena porque no era delincuente. Como si delincuente fueran solo algunas personas y no ricos que cometían delitos, que esos también deberían ser delincuentes, ¿no?
Pues pasa un poco más o menos lo mismo. Estamos hablamos como si fuera algo inocuo y no lo es. No es inocuo el tema de la huella dactilar, porque la huella dactilar solo se va a aplicar en la modernización de Lanbide. Oye, podríamos aplicarla en la modernización de toda la Administración vasca. Sería interesante.
Podría ser un tema, independientemente, con sus brechas de seguridad, habría que ver cómo se produce el tema de consentimiento informado, etcétera. No, pero casualmente se nos ocurre hacerlo en Lanbide, en perceptores de RGI y en parados de larga duración.
Porque todos sabemos que no es inocuo hacerlo para ir al polideportivo o para meternos en el garaje de este Parlamento, que hacerlo para recibir una ayuda de RGI o para renovar los trámites administrativos de parados de larga duración.
Y voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el brazalete de un organizador de una carrera ciclista. Eso es algo inocuo. ¿Era algo inocuo el señalamiento a los judíos en la época nazi? Pues no es lo mismo. No es lo mismo y creo que no se puede comparar una cosa con la otra, porque me parece una frivolidad.
Ya lo dice el Reglamento aprobado en mayo por la Unión Europea. Lo dice claramente: Los datos biométricos necesitan más seguridad, más cautelas éticas, más cautelas tecnológicas, y más cautelas en cuanto a garantías de información y garantías de la gestión de esa información, porque es otro ámbito muy importante.
Recuerdo todas las dudas que hubo en el intercambio de datos fiscales cuando nosotros estábamos en la diputación. Aquello era un tema, porque entonces, sí, la protección de datos era muy importante, algo en lo que estoy totalmente de acuerdo.
Pero tan importante es en la gestión de la fiscalidad como en la gestión de Lanbide. ¿Porque, cuál es el objetivo? ¿El objetivo real que tiene el Departamento cuál es? ¿La modernización y la agilización? Pues vamos a agilizarlo en las multas de tráfico o en Osakidetza. Vamos a generalizarlo. Vamos a hacer un planteamiento general de modernización de la Administración pública, que buena falta le hace.
¿O qué es? Porque yo creo que cuando la primera rueda de prensa que se hizo, la primera exposición pública que se hizo, el planteamiento no era la modernización de la Administración. Este fue un argumento que vino después. Venía en un paquete antifraude. Antifraude.
Un paquete antifraude que, como bien sabemos, el fraude en la RGI es de un 1 %. No digo con esto que no sea importante. El fraude es siempre importante, y hay que controlarlo y hay que perseguirlo. Da igual si ese fraude se comete por la RGI o si ese fraude se comete a nivel fiscal...
...siempre importante, y hay que controlarlo y hay que perseguirlo.
Da igual si ese fraude se comete por la RGI o si ese fraude se comete a nivel fiscal. El fraude siempre será fraude y EH Bildu siempre estará en contra del fraude, y siempre estará a favor de mecanismos de control en la gestión del fraude.
Eso mismo, paradójicamente, legitima el sistema. Es decir, que haya un sistema de control de fraude legitima el propio sistema de RGI porque la gente va a reconocer que efectivamente los perceptores de la RGI son perceptores legalmente reconocidos, porque se han hecho las suficientes cribas y los suficientes mecanismos de control para que efectivamente sean merecedores de eso.
Ha habido otro cambio también. Al principio la señora Artolazabal planteaba que era una cuestión obligatoria. Ha tenido que venir la Agencia Vasca de Protección de Datos a decir que obligatoria no puede ser, que ese sistema es lo suficientemente invasivo y lo suficientemente dudoso éticamente, y lo suficientemente dudoso a nivel de seguridad, porque a veces nos obnubilamos con la seguridad y las nuevas tecnologías, pero debemos tener en cuenta que las nuevas tecnologías tiene brechas de seguridad muy importantes y que esas brechas de seguridad fallan a menudo, independientemente de que se establezcan sistemas antibrechas, fallan a menudo, y sabemos que cuando el sistema es biométrico, el fallo no tiene retorno.
No es lo mismo, y el ejemplo que nos puso Margarita Uria era ese, no es lo mismo que se pongan unas claves que se puedan restablecer o que se ponga el sistema de la huella dactilar que no se puede restablecer. Eso no tiene reparación posible, no tiene reparación posible.
Con respecto al consentimiento informado que solicitaba la Agencia de Datos, yo creo que es un tema muy importante. El consentimiento informado, primero la información. ¿Tenemos garantías de que esa información se da en condiciones? ¿Hay una información unificada? ¿Hay una información formada por parte de los técnicos y profesionales de la Administración de Lanbide? Lo dudo.
¿Y ese consentimiento es libre? ¿Ese consentimiento es libre cuando una persona tiene que recibir las lentejas después de hacerlo? ¿Es un consentimiento que se da de manera libre? ¿Vamos a garantizar que ese consentimiento sea libre?
Yo quisiera a modo de conclusión decir, por un lado, que un sistema, una sociedad se puede organizar en función de la desconfianza, en función de la seguridad y el control, o se puede organizar de una manera en la que la Administración protege la ciudadanía y cohesiona esa ciudadanía. Y yo creo que este elemento no es ni cohesionador ni protector de la ciudadanía, es más bien al contrario.
Insistir en que no estamos desdeñando el fraude ni en la RGI ni en ningún otro aspecto frente a la Administración, que sí que tiene que haber un control. Pero que el control y la seguridad en la gestión en la RGI no justifica este sistema tan invasivo que creo que ahí es donde tenemos el elemento. Entre la política y la ética tenemos que tener una concordancia y, en este caso, no está justificado éticamente la aplicación de esa medida. No está justificado ni por los objetivos que tiene, ni por los costes de los que no hemos hablado, pero los costes que supone este sistema.
Yo creo que, desde un punto de vista ético, deberíamos echar para atrás el freno y yo creo que no deberíamos seguir con este planteamiento. Se dice que estamos en fase piloto pero en una fase piloto que ya está implementada.
Entiendo que no hay prisa, mucho menos si algo es voluntario. Si es voluntario, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa? Si algo fuera obligatorio, sí. Yo creo que la señora Artolazabal sigue planteando que esto va a ser obligatorio y yo creo que tiene la esperanza que cuando la ley se apruebe, esto vaya a ser obligatorio.
Espero que la Agencia Vasca lo eche para atrás si este Parlamento no es capaz de hacerlo.