LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (San José López) (EAJ, 2017-10-06):
Mila esker, presidente andrea. Eguerdi on guztioi.
Señora Arana, realmente plantea usted un problema grave, un problema muy grave, que afecta a uno de los delitos más execrables como es la violencia sobre la mujer. Violencia contra la mujer, el símbolo más brutal de la desigualdad entre hombre y mujeres, un problema que desgraciadamente lo acabamos de sufrir con los asesinatos de Noelia Noemí Godoy y Ana Belén Jiménez.
Quiero comenzar con un recuerdo por las víctimas, como ayer se hizo en este mismo pleno, y aprovecho también para mostrar mi más sentido solidaridad con los familiares y allegados de Noemí y Ana Belén, y es que el agresor comete violencia sobre la mujer porque la considera un ser despojado de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
Al estar ligada a la subordinación histórica de la mujer respecto al hombre, la violencia de género ha sido una constante a lo largo del tiempo. No obstante, en el momento actual, gracias al esfuerzo de las propias mujeres y de la lucha de sus organizaciones, existe en nuestra sociedad una mayor conciencia y rechazo de esta violencia en todas sus versiones.
Algo que había sido invisible durante mucho tiempo, aflora y se hace reconocible a través de los medios de comunicación, de las redes y de las manifestaciones sociales. Podemos decir que en una sociedad digna no debe quedar sin respuesta ningún acto de violencia contra las mujeres.
La sociedad responde. Es, por tanto, una exigencia que los poderes públicos lo hagamos con firmeza y rotundidad.
Comparto que los tres poderes que constituimos la base de la democracia debemos intervenir para prevenir el delito, detener y condenar al delincuente y hacer todo lo posible para minimizar el sufrimiento de la víctima. El marco legal que se ha aprobado es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
En estos momentos existe un texto consolidado con una última modificación de 6 de octubre de 2015. Es en esta Ley donde se establece, entre otras cosas, la creación de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, su organización territorial, su competencia, su jurisdicción, las sedes y la planta de los mismos. Esto último quiere decir dónde, cuántos y quiénes han de hacerse cargo de su funcionamiento.
Bien, señoría, hasta aquí lo que ha dictado el Legislativo para distribuir las tareas que corresponden desarrollar a los poderes Ejecutivo y Judicial.
Permítame, señora Arana, que me detenga ahora en el caso de la Comunidad Autónoma corresponde a cada uno de los poderes democráticos. Primero, una consideración teórica que está avalada por sentencias del Tribunal Constitucional, sentencias en las que se distingue claramente entre la Administración de Justicia en un sentido estricto y en un sentido amplio.
En sentido estricto, consistente en la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que es competencia del Poder Judicial. Y en sentido amplio, entendido como administración de la Administración de Justicia, que comprende, además de ello, la utilización de los medios materiales y personales necesarios.
La primera, denominada Administración de Justicia en sentido estricto, está reservada al Poder Judicial y se concreta en sentencias dictadas por jueces y magistrados independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley.
El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos corresponde exclusivamente a juzgados y tribunales, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de jueces y magistrados.
La segunda, denominada administración de la Administración de Justicia es la encargada de poner a disposición de los primeros los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento.
Las comunidades autónomas con competencia en esta materia debemos dotar a juzgados y tribunales de personal, instalaciones y medios informáticos necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones que ostentan, que son las de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
El personal no judicial tiene una doble dependencia, porque en lo funcional están a lo que dispongan jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, y el orgánico a lo señalado por la comunidad autónoma correspondiente.
Comunidad autónoma que ostenta competencia y potestad reglamentaria reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de estatuto y régimen jurídico comprendida selección, formación inicial y continuada, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen disciplinario.
Tanto el decreto de transferencia como el Real Decreto de Traspasos y Funciones del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia tienen en cuenta esta división entre las funciones y competencias del Poder Judicial, cuyo máximo órgano en el País Vasco es el Tribunal Superior de Justicia, y las del Gobierno Vasco en este momento adjudicadas al Departamento de Trabajo y Justicia.
Por resumir, el Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco debe dotar a los órganos del Poder Judicial en nuestra Comunidad Autónoma de los medios materiales y personales precisos para el desarrollo de la labor judicial. Y por concretar, desde este momento le digo que el Gobierno Vasco no puede entrar a establecer medidas sobre la calificación de los procedimientos judiciales, el reparto de los asuntos, señalamientos, ni sobre la organización interna y funcionamiento de los juzgados.
No obstante, señoría, voy a comenzar aportando algunos datos sobre las personas que, dependiendo del Departamento, dan apoyo a los juzgados de violencia sobre la mujer. La Ley Orgánica a la que me he referido establece el número mínimo de los juzgados exclusivos en violencia sobre la mujer que han de crearse y en qué partidos judiciales.
En nuestra comunidad existen cinco, dos en Bilbao y uno en los partidos judiciales de Vitoria, Donostia-San Sebastián y Barakaldo. En los otros 10 partido judiciales de nuestra comunidad hay un juzgado mixto que hace funciones de Juzgado de Violencia sobre la Mujer y hay además en Bilbao un Juzgado de lo Penal especializado en violencia sobre la mujer.
Tengo que advertirle también que cuando me refiero a personal dependiente del Departamento de Trabajo y Justicia  - gestores, tramitadores y auxiliadores -  estoy hablando de funcionarios que aun siendo transferidos a la administración de la Comunidad Autónoma, mantienen el carácter de cuerpo nacional, por lo que cualquier modificación de su estructura o la creación de nuevas plazas ha de ser acordada con el Ministerio de Justicia.
Dicho de otro modo, tanto la relación de puestos de trabajo como la oferta de empleo público de más de 170 plazas previstas debemos negociarla con el Ministerio de Justicia y, concretando, en los 16 juzgados que atienden casos de violencia de género, hay 109 personas que prestan apoyo a la labor de los jueces, todas ellas perfectamente formadas para su desempeño profesional.
Tengo que reconocerle, señora Arana, que muchos de ellos son funcionarios interinos, situación que esperamos resolver en el momento en que se convoquen y resuelvan las ofertas públicas de empleo para 2016 y 2017, a las que me he referido hace un momento. Hasta aquí, en lo que se refiere una parte de lo que son obligaciones adquiridas con el Poder Judicial en función de las competencias asumidas por este Gobierno Vasco.
Respecto a la provisión de los medios materiales a la Administración de Justicia, aparte de los medios comunes, como son las dotaciones de espacio físico, mobiliario y equipos informáticos, etcétera, en el caso de los juzgados de violencia sobre la mujer nos preocupan muy especialmente las condiciones en las que se atiende a las víctimas.
Cuando tomé posesión del cargo de consejera de este Gobierno, una de las primeras iniciativas que tomé fue la de visitar los palacios de justicia, en unos casos yo misma y en otros mis colaboradoras más cercanas. Fruto de todas estas visitas, constatamos que no había salas especiales para esperar antes de prestar declaración en casi ningún palacio de justicia...
...más cercanas. Fruto de todas esas visitas, constatamos que no había salas especiales para esperar antes de prestar declaraciones en casi ningún palacio de justicia, lo que generaba situaciones tensas e incomprensibles, toda vez que coincidían en un mismo espacio víctimas y victimarios.
Inmediatamente solicité un análisis sobre la situación de cada uno de los juzgados, tanto a los especializados en violencia sobre la mujer como los mixtos del Juzgado de lo Penal de Bilbao, y se ha valorado cada caso y se están adoptando las medidas correspondientes.
Además de nuestra responsabilidad de proveer medios materiales y personales a la Administración de Justicia, tenemos competencias que atendemos con servicios propios, como el servicio de atención a la víctima, los puntos de encuentro familiar por derivación judicial, los equipos psicosociales judiciales o el Instituto Vasco de Medicina Legal.
Todos ellos despliegan una importante labor con las víctimas de violencia de género, pero creo que tendré oportunidad de ofrecer todos los datos cuando se sustancie la comparecencia que usted misma me ha solicitado.
Gracias.