RUIZ DE ARBULO CERIO (PP, 2019-06-13):
Muchas gracias, presidenta.
Desde el Grupo Parlamentario Popular nos hemos abstenido en esta votación, por entender que efectivamente, la idea que se ha tratado de transmitir aquí con la creación o la tramitación de este proyecto de ley puede ser positiva para dar protección a determinadas personas que pongan en conocimiento de las autoridades pertinentes la Comisión de Infracciones Legales y cualquier otro tipo de delito.
Lo que ocurre y no tenemos nada que ocultar, usted nos ha dicho señora Macazaga qué es lo que tenemos que ocultar para que esta proposición no salga adelante. Absolutamente nada. Lo que entendemos es que el texto, el desarrollo que han hecho de la misma no es correcto, no se ajusta a derecho, y es prácticamente imposible por no decir del todo imposible en el trámite de las enmiendas posterior, darle forma necesaria para que esta figura funcione.
Lo primero y en primer lugar, y esa es la explicación del voto de abstención que hemos mostrado esta mañana desde mi grupo, es porque tenemos que delimitar muy bien lo que son cuestiones administrativas de cuestiones penales.
Los comportamientos que usted pretende que se denuncien en esta oficina, son generalmente infracciones penales. La jurisdicción penal tiene una vis atractiva sobre el resto de las jurisdicciones en el ámbito de los tribunales de justicia, y desde luego en el ámbito de la administración.
Comportamientos que son o que pueden ser constitutivos de un ilícito penal, de un delito, sea un delito leve o sea un delito grave, no pueden verse ni investigados, ni perseguidos, ni instruidos por órganos que no sean jurisdiccionales. Simplemente por una cuestión, porque el procedimiento penal tiene una serie de garantías que es absolutamente necesario que se cumplan para llevar a buen fin la instrucción y la sanción si es que corresponde ponerla.
Por lo tanto, la creación de una oficina administrativa para perseguir delitos penales no tiene ningún tipo de sentido. Ese es en primer lugar la razón por la que nosotros nos hemos abstenido, porque eso es prácticamente  - por no decir del todo imposible - , recoger en una serie de enmiendas al texto que usted ha presentado.
Usted quiere hacer extensivo, sin ningún encaje dentro del Estatuto ni en legislación estatal vigente, quiere hacer extensivo este comportamiento en una oficina que dependería del Parlamento, y por tanto estaría dentro del ámbito de la Administración General de la comunidad autónoma, a todos los ámbitos institucionales de nuestra comunidad, que tiene una serie de peculiaridades y tenemos tres niveles administrativos al menos fundamentales y muy importantes, que tienen que ser completamente independientes: En nivel municipal, el nivel foral y el nivel de la Administración General del nivel autonómico al que controlamos nosotros.
Cada uno de esos niveles tiene unos sistemas de control y tienen que ser independientes. Yo no encuentro encaje legal tampoco para colocar una oficina de tramitación que dependa de este Parlamento, que tenga que juzgar, perseguir, dar protección a asuntos que no concierne en absoluto a quien nosotros debemos controlar, que es la Administración General de la comunidad autónoma, y no entiendo por qué no tienen que ser las Juntas Generales o los propios plenos de los ayuntamientos quienes controlen ese tipo de comportamientos dentro de otros niveles institucionales.
Esos son los dos motivos fundamentales por los que entendemos que si bien la idea puede ser o no haber sido  - evidentemente usted ha dado todos los datos - , aprobada dentro de la Comisión Europea, tendrá que trasladarse dentro de un encaje jurídico correcto...
...haber sido, evidentemente, mostrados todos los datos, aprobada dentro de la Comisión Europea, tendrá que trasladarse dentro de un encaje jurídico correcto aquí en nuestro país pero, desde luego, no es la situación inmediata la aprobación de este proyecto de ley, porque no tiene, entendemos, visos de prosperar desde ningún punto de vista por su relación con la jurisdicción penal y, por supuesto, por su trampa competencial a la hora de pretender controlar comportamientos de unas administraciones que no tienen por qué depender de este Parlamento Vasco.
Muchas gracias.