MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-07-28):
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Señores consejeros, señor lehendakari.
Un servidor ya tuvo ocasión en el debate de la enmienda de totalidad a este proyecto de ley, de explicar algunos de los argumentos fundamentales que a su vez explicaban esa enmienda de totalidad. Básicamente todos ellos los mantenemos a día de hoy para no apoyar esta ley que definitivamente se aprobará por una mayoría de esta Cámara.
Son varias las razones por las cuales no apoyaremos esta ley. En ese debate producido en esta Cámara hace tres semanas me ceñí en primer lugar, a explicar todo lo que tiene que ver con las razones procedimentales o temporales para la presentación de este proyecto de ley por parte del Gobierno Vasco.
Dije en aquella ocasión que el proyecto de ley fue presentado con prisas y de manera precipitada y ello por intereses electorales y partidistas del partido en el Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco. Dije que llamaba la atención que tanto el Gobierno Vasco como el Partido Nacionalista Vasco hubieran priorizado la aprobación a marchas forzadas de esta ley a otras que pudieran ser muchos más importantes para la sociedad vasca, como pudieran ser la Ley de Transparencia, la Ley del Sector Público, la Ley de Empleo, la Ley de Empleo Público, entre otras muchas que tendrían ciertamente una repercusión mucho mayor y más directa en la vida de los ciudadanos vascos.
Añadí también que la decisión del Partido Nacionalista Vasco y de EH Bildu de impedir la ampliación del plazo para la presentación de enmiendas solicitada por dos grupos políticos, solo podía entenderse como lo que pensamos que sigue siendo, otra cacicada política protagonizada principalmente por el Partido Nacionalista Vasco.
Así decía, se entregó a la Cámara un trabajo a medio hacer, un proyecto no lo suficientemente trabajado, con un buen número de dudas jurídicas no resueltas que terminarán invalidando la ley. Todas las leyes deben ser jurídicamente seguras pero esta en concreto, teniendo en cuenta su polémico contenido, más que ninguna otra. Y ciertamente, a nuestro entender no lo es.
Esto digamos que pueden ser argumentos menos importantes que otros que hacen que nosotros no vayamos a apoyar esta ley. Hay ciertamente problemas jurídicos. El primer obstáculo es su clara nota de inconstitucionalidad en lo que se refiere a su ámbito de aplicación. Es inaceptable que se pretenda reputar como víctima de abusos policiales o de violencia política a alguien sin el preceptivo juicio. Porque la potestad jurisdiccional que abarca la capacidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, reconocido en el artículo 117 de la Constitución, corresponde a jueces y magistrados de manera exclusiva.
Si se pretende a través de esta ley habilitar la posibilidad de que se reconozca la existencia de determinados abusos a determinadas víctimas a través de procedimientos meramente administrativos o incluso, en el caso de sentencias penales absolutorias, estaremos validando normativamente...
...abusos de determinadas víctimas a través de procedimientos meramente administrativos o incluso, en el caso de sentencias penales absolutorias, estaremos validando normativamente la posibilidad de incumplir el imperio de la ley y la jerarquía normativa.
Igualmente en entredicho queda la presunción de inocencia de los eventuales victimarios, así como el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, derechos fundamentales preceptuados en el artículo 24.2 de la Constitución.
Habría más problemas de inconstitucionalidad, de aceptarse lo recogido en el proyecto de ley, nos encontraríamos ante una clara vulneración del principio non bis in idem, no pueden juzgarse dos veces los mismos hechos, así como de la prejudicialidad penal que da prioridad a los procedimientos penales en curso frente a cualesquiera otros, y que impiden la sustanciación de procedimientos administrativos y civiles cuando se esté juzgando hechos determinados por vía penal.
Dicho esto y explicadas las razones jurídicas por las cuales no podemos apoyar esta ley, quiero realizar algunas reflexiones políticas. Se pretende contextualizar el presente proyecto de ley en el periodo histórico reciente, marcado por la violencia y el terrorismo en el País Vasco. Al tiempo, se trata de aclarar torpemente nuestra opinión, que no se puede interpretar dicho proyecto de ley para equiparar violencias o para justificar la violencia terrorista desde la óptica de la asunción de la existencia de abusos policiales, cosa que por otro lado es evidente que Bildu ha tratado de hacer históricamente, trata de hacerlo a día de hoy y seguirá tratando de hacerlo en el futuro.
La contradicción política está servida en nuestra opinión, si se trata de hacer una ley para proteger a las víctimas de abusos policiales y a su vez se intenta contextualizarla en el marco histórico de la violencia etarra, habrá que acertar a contar la realidad de los hechos. Habrá que decir en primer lugar que la existencia de abusos policiales es una reprobable práctica minoritaria de malos profesionales que se excedieron en el uso de sus funciones y ejercieron comportamientos indignos e impropios de su función, independientemente, por cierto, de que hubiera o no actividad terrorista, independientemente de quien fuera la víctima de abusos policiales e independientemente también del contexto sociopolítico en el que hubieran podido producirse; es decir, en cualquier caso y lugar también fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi estos casos son absolutamente inadmisible.
La violencia terrorista tiene una génesis y una naturaleza completamente distinta, se trata del ejercicio claro y nítido de destruir no solo a la víctima concreta de una determinada acción terrorista, sino de elevar la malignidad del acto a una víctima superior y generalizada, la sociedad democrática. No se puede tratar por medio de una contextualización errática de los abusos policiales que han podido existir, de equiparar de manera velada todo tipo de violencia, porque la criminal excepcionalidad de la violencia terrorista radica en su impacto, siempre ha perseguido condicionar la vida y la libertad, no solo de la víctima concreta que recibe un ataque terrorista, sino del conjunto de conciudadanos e instituciones democráticas que la rodean. No digo que ello sea lo que claramente se pretende, pero algo de eso hay, y desde luego hay quien pretende hacerlo, y por lo tanto es esta Cámara el lugar efectivamente necesario donde deben decirse estas cosas y quizás ningún otro grupo vaya a decir.
Sigue contextualizar esa ley que trata, lo primero que cabría es analizar el por qué se oculta para la gran tarea pendiente o cuál es la gran tarea pendiente de la sociedad vasca y también del conjunto de la sociedad española, dignificar al conjunto de víctimas de la violencia predominante y hegemónica de los últimos 40 años en el País Vasco, hablamos en efecto de la violencia etarra.
Deseamos recordar pero recordarlo todo, puesto que entendemos que es la única manera de dignificar el presente y labrar un futuro de libertad que es lo que ha faltado en estos 40 años en Euskadi.
El 99 % de las víctimas de la sociedad vasca son las resultantes de un sostenido y constante ataque terrorista cometido por una banda criminal y totalitaria llamada ETA. En Euskadi al contrario de lo que algunos se han empeñado erráticamente en señalar, no ha faltado nunca paz sino libertad; exactamente la libertad de la que se privó a priori y sine die a la mitad de la población, aquella que no comulgaba con los postulados del pensamiento nacionalista.
Por tanto, no han existido dos bandos en Euskadi, únicamente un grupo de fanáticos y totalitarios que con el apoyo de los servicios auxiliares de la izquierda abertzale trató durante décadas de sojuzgar las garantías democráticas y la convivencia en libertad.
Desde UPyD somos firmes partidarios de que se restituya a todas y cada una de las víctimas que pueda haber de abusos policiales. Entendemos que es de justicia que todo abuso de los derechos humanos sea condenado, repudiado, perseguido y juzgado. Es imprescindible trazar con claridad la línea divisoria entre víctimas y victimarios, no solo para garantizar la justa restitución de la dignidad de la víctima, así como la necesaria condena retributiva al victimario, sino también y de manera muy especial, para no perder nunca el horizonte de dignidad que cimienta todo sistema democrático y toda sociedad plural.
Lo que distingue, en fin, a las sociedades democráticas de las que no lo son, es que hasta el más repudiable de los victimarios también ha de aplicarse las garantías jurídicas y legales que rigen nuestra convivencia, pero entendemos como he explicado, que este proyecto de ley no es el idóneo en cuanto confunde el ámbito procedimental que ha de seguirse para que el legítimo fin de restituir a las víctimas se cumpla sin lesionar con ello ni los derechos fundamentales ni las garantías democráticas.
No es la Administración vasca a quien le corresponde acometer juicios paralelos sobre quién es víctima y quién es victimario, no de la forma en que se hace, y en este proyecto se desliza esta posibilidad a espaldas de la única voz autorizada para juzgar hechos como los que pueden generar que alguien se convierta en víctima, los juzgados y los tribunales. No le corresponde ni al poder legislativo ni al Ejecutivo en ningún caso, la potestad de orillar las funciones del Poder Judicial acometiendo juicios paralelos a conveniencia.
La discrecionalidad de la Administración por naturaleza y lógica, siempre mayor que la del Poder Judicial, nos plantea a su vez dudas sobre la neutralidad del procedimiento que se prevé. Si algo nos ha enseñado la experiencia nacionalista en estos años es que el carácter aséptico y neutral de la Administración durante todos estos años de hegemonía nacionalista ha brillado por su ausencia. Siempre, y con independencia del tema...
...y neutral de la Administración durante todos estos años de hegemonía nacionalista ha brillado por su ausencia. Siempre, y con independencia del tema de que se tratase, los gobiernos nacionalistas han tenido tendencia a favorecer a los de su cuerda.
Es legítimo pensar que tamaña discrecionalidad de la Administración vasca, a espalda no solo del Poder Judicial, sino también del resto de administraciones del Estado, abre la veda al riesgo de que esta ley se politice en su aplicación, como parcialmente también ocurre en su redacción.
No se puede aprobar una norma que desde su nacimiento aparezca con la tacha de perseguir objetivos...