LLANOS GÓMEZ (PP, 2019-03-21):
No sé quién se ha dejado aquí las gafas...
Gracias, señora presidenta. Egun on guztioi.
Mucho hemos debatido en este Pleno sobre vivienda, sobre la responsabilidad de los poderes públicos de hacer efectivo ese derecho constitucionalmente reconocido.
Tras muchos años en que los distintos gobiernos no lo acometieron, finalmente, en la legislatura pasada se aprobó una ley, que aunque ya dije en su momento que era necesaria esa Ley de Vivienda y nosotros lo habíamos demandado en muchas ocasiones, no bastaba cualquier ley y, de hecho, muchos de los artículos de esa Ley de Vivienda siguen sin desarrollarse.
Cuando se debatió la Ley, puse de manifiesto que la misma se venía a trasladar lo que era una responsabilidad de los poderes públicos  - el garantizar la efectividad del derecho a la vivienda a través de un parque público suficiente - , esa responsabilidad, decía, se venía a trasladar al ámbito privado, al que se le podía llegar a confiscar su vivienda, imponiéndole, por ejemplo, el alquiler forzoso, vulnerando así su derecho a la propiedad privada.
No obstante, la mayor vulneración a la propiedad privada la tenemos con la ocupación ilegal de viviendas.
La ocupación de viviendas es un asunto que preocupa a la sociedad española y a la sociedad vasca, porque atenta contra el derecho a la propiedad privada, porque afecta gravemente a la convivencia vecinal y porque pone en grave peligro la seguridad de las personas y los bienes.
Y es que, junto a la ocupación, lo que ya supone, como decimos, una vulneración del derecho a la propiedad, vemos también otra serie de cuestiones anexas, cuestiones que también suceden en Euskadi: Se producen conexiones ilegales de agua, de gas y luz, lo que provoca riesgos no solo a las familias ocupantes, sino a todo el entorno.
Tenemos ejemplos de ello más lejanos, como la tragedia que sucedió en el barrio Sant Roc, de Badalona, con un incendio con tres muertos y 29 heridos, debido a la manipulación del cuadro eléctrico de una vivienda por parte de quienes vivían irregularmente en ella o, más cercanos, cuando este verano, por ejemplo, en Aretxabaleta, en pisos de la Sociedad Ensanche 21 de Vitoria, donde, como decimos, este verano murió una persona y en noviembre del año pasado se ordenó desalojar a los okupas por parte del Ayuntamiento.
Según pone de manifiesto Etxebizitza  - o sea, es decir, que no solamente desde el Partido Popular hablamos de la ocupación, también desde aquí se habla - , se calcula que en España existen más de 87.000 viviendas ocupadas de manera ilegal, según el Instituto Cerdà, aunque otras fuentes lo elevan a 100.000.
Como ejemplo, en la Comunidad de Madrid, según datos de la Delegación del Gobierno, en septiembre del año pasado había ocupadas ilegalmente 4.472 viviendas.
En el año 2017, las actuaciones policiales relacionadas con la ocupación de viviendas habían crecido un 6 % con relación al año anterior.
Es cierto que Madrid y Cataluña son las comunidades con más número de viviendas ocupadas ilegalmente, pero en Euskadi tampoco somos ajenos a este fenómeno de la ocupación y es un fenómeno que está empezando a preocupar.
Y preocupa especialmente, como decía, aquí en Vitoria. En Vitoria se están ocupando ilegalmente viviendas del casco histórico y en muchas ocasiones las viviendas ocupadas son propiedad de las instituciones públicas.
Y como decía, tenemos casos palmarios. Tenemos en Vitoria el barrio okupa más grande de España, Errekaleor, un barrio que en el plan que se llevó a cabo en la anterior legislatura se desalojó para su derribo, porque eran infraviviendas, eran viviendas que presentaban riesgos estructurales y así lo declaró un informe elaborado por el propio Ayuntamiento, informe que, curiosamente, no ha llegado a tener consecuencias; informe que, curiosamente, se ha guardado en un cajón y que se ha preferido mirar para otro lado.
Y lo mismo pasa en Vitoria, en Olarizu, en Aretxabaleta, en Ciudad Jardín... Es que en Vitoria hay hasta una oficina de la ocupación, hay carteles en farolas que informan de dónde está esa oficina, que dicen qué pasos hay que seguir para ocupar ilegalmente una vivienda. Y eso está ahí y nadie hace nada, y ninguna autoridad pública se le cae la cara de vergüenza de consentir semejante cosa.
En febrero conocíamos también, por ejemplo, que una joven de Bilbao no había podido acceder a su piso de alquiler social porque tenía un okupa dentro. Quien estaba necesitada, quien necesitaba una vivienda y por ello se le adjudicó una vivienda de alquiler social, no pudo acceder a la misma porque cuando fue a acceder, en ejercicio de su derecho reconocido por una institución, tenía una okupa dentro...
...no pudo acceder a la misma porque cuando fue a acceder en ejercicio de su derecho reconocido por una institución, tenía un okupa dentro.
El parque público de alquiler no es suficiente. Por ello, las autoridades públicas deben actuar con firmeza y que no es suficiente claro y tienen que acudir a instrumentos como Bizigune o como ASAP, para poder tener más viviendas públicas en alquiler. Por ello, como digo, frente a la ocupación ilegal, hay que actuar con firmeza.
Como decía, el propio Etxebizitza pone de manifiesto que para las administraciones públicas las ocupaciones de su vivienda suponen costes de gestión, pero también de credibilidad política y situaciones de crisis permanente al no poder atender las exigentes demandas de las personas iguales con necesidades de acceso a la vivienda pública. Además, el perfil del ocupante está cambiando. Ya no solamente nos encontramos con familias sin recursos. Hay personas que ocupan para otros fines totalmente distintos de la vivienda.
Pero además han aparecido las mafias organizadas que han visto un nicho de negocio rápido, fácil y rentable en la ocupación ilegal de viviendas. Así, rastrean las ciudades en busca de viviendas vacías, comprueban los carteles de ventanas, anuncios de prensa, etcétera.
Así se crea un nuevo mercado, un mercado negro, en el que ocupan la vivienda las mafias y se las adjudican a terceros por un precio que evidentemente no es un precio de mercado, creando así una segunda generación de okupas que, después de pagar el "alquiler", ocupan la vivienda o la subalquilan a su vez, creando un círculo vicioso tremendo. Otras mafias persiguen al ocupar las viviendas fines relacionados con sus ámbitos habituales de negocio y los utilizan como pisos francos para tráfico de drogas u otras actividades ilegales.
Por ello, a pesar de que ha habido una modificación en el año 2018 contra la ocupación ilegal de viviendas, el problema sigue creciendo, porque como digo las mafias han encontrado un nicho de negocio que no están dispuestos a perder. Porque como digo, las realquilan a otros okupas o las utilizan para actividades delictivas.
Así, en Bilbao La Vieja, es el lugar que según el ayuntamiento en el que iban a convertir el Soho vizcaíno, pues en Bilbao La Vieja están teniendo que poner los vecinos rejas en sus viviendas porque las viviendas de al lado están siendo ocupadas para delitos de tráfico de drogas. No se hace nada ante ello.
Es verdad, como decía, que la nueva Ley 5/2018 establece mecanismos para agilizar el proceso. Esta norma protege a los particulares y a las administraciones públicas para recuperar una vivienda social y poder destinarla a su verdadera finalidad, que no es otra que facilitar a las personas que lo necesitan una vivienda; es decir, a aquellas que están en las listas oficiales de demandante con criterios de preferencia y criterios de legalidad.
Esa ley, sin embargo, no incluye a las entidades financieras ni a fondos de inversión y promotores. En estas viviendas las mafias siguen teniendo un nicho de negocio y siguen estas viviendas dando problemas de convivencia a los vecinos.
Por ello, el Partido Popular propuso una proposición de ley que iba a proponer en el Congreso de los Diputados en el que se contenían medidas pioneras antiokupas. ¿Qué medidas se establecen en esa proposición? Se define por primera vez de forma clara qué es la ocupación ilegal. El tener ya esa definición va a tener unas consecuencias beneficiosas a la hora de aplicar el resto de legislación. Esa definición sería la tenencia o disfrute de una casa o inmueble ajena sin pago, ni renta, ni tolerancia del propietario o poseedor real.
Se introduce una norma por la que un inmueble ocupado ilegalmente no puede tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los okupas ilegales no gocen de la misma protección de quien compre una vivienda o vive en un piso pagando su alquiler. También la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses.
Esta ley que propone el Partido Popular también refuerza medidas legales que ya existen: Refuerza el delito de usurpación elevando las penas impuestas al mismo, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia, se amplía la reforma de los procesos civiles aprobada, como decía, en junio 2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas, puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de las casas ocupadas ilegalmente.
Esta medida contribuye además a mejorar la convivencia en las comunidades de propietarios, en las que existen viviendas cuyos titulares son personas jurídicas, motivo como decía por el cual son elegidas para la ocupación ilegal, porque su desalojo es mucho más dificultoso que cuando los propietarios son o bien una Administración pública o bien un particular.
También refuerza los medios al alcance de la comunidad de propietarios en aras a la convivencia vecinal, lo que permite prevenir la ocupación con medidas como tapiar la puerta de entrada, y para una mayor seguridad y poder combatir conductas incívicas, al poder acudir a la autoridad cuando los ocupantes ilegales realizan actividades prohibidas, molestas, incívicas e insalubres, modificando la Ley de Propiedad Horizontal para ello. La nueva norma también consideraría nula la inscripción en el padrón municipal, cuando la persona que intente inscribirse es un okupa ilegal. Ese empadronamiento no daría derechos y podría anularse de oficio a instancia del propietario o poseedor legítimo, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen Local.
Para que quede muy claro, esta ley no es para regular ni los desahucios hipotecarios ni los arrendaticios. No estamos o no queremos regular con esta ley el denominado precario, es decir, cuando una persona estaba alquilada o tenía un título jurídico para vivir en un piso y este se acaba y permanece en el lugar. Porque en este caso el procedimiento a aplicar será otro.
Tampoco estamos regulando los desahucios hipotecarios. Lo que se pretende es luchar contra la ocupación ilegal. Contra lo que es un delito se mire por donde se mire. Queremos que se proteja el derecho a la propiedad privada, sin olvidar la función social y la seguridad en la convivencia.
Y como decimos y queremos insistir, no queremos que se confunda esta lucha, contra una forma de delincuencia, contra ilegalidades de la ocupación, con situaciones de vulnerabilidad social o exclusión social por motivos de vivienda y con la protección a familias que están en situación de emergencia social.
Porque para conseguir esa protección, el Partido Popular ya puso en marcha medidas nada más acceder al Gobierno. Ya desde el año 2012 se pusieron en marcha reformas legales de apoyo y amparo a las familias en situación vulnerable o a las familias más desfavorecidas.
Entre las primeras medidas que se aprobó, quiero recordar, con carácter excepcional y temporal, la suspensión de lanzamiento sobre viviendas habituales y colectivos especialmente vulnerables, a través del Real Decreto Ley 27/2012. Real Decreto Ley que fue aprobado y tramitado como proyecto de ley, lo que dio lugar a la aprobación de Ley 1/2013 de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Estructuración de Deuda y Alquiler Social.
Posteriormente el Real Decreto 6/2012, también estableció medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios sin recursos, estableciendo un código de buenas prácticas para la reestructuración viable de deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual.
Por último, se aprobó el Real Decreto Ley 5/2017, que modifica el anterior 6/2012, instaurando más medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Y además ha habido a lo largo de los gobiernos del Partido Popular distintos planes de vivienda, con ayudas desde el año 2012 hasta el año 2018.
Por lo tanto, insistimos, no queremos que se confunda lo que es un delito, repito, la ocupación ilegal de una vivienda, con la protección a aquellos en situación de vulnerabilidad y que necesitan acceder a una vivienda.
Esta ley que cuyo apoyo hoy proponemos, traería consigo un refuerzo del marco jurídico actual, implantando nuevas medidas. Como digo, definición de ocupación ilegal de inmueble, que no tenga este la consideración de morada y domicilio, y que la policía pueda desalojar en 12 horas.
Y traería consigo, como también he dicho, la modificación de seis leyes, la Ley Orgánica del Código Penal, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley del Jurado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
Todas las personas somos portadores de derechos y obligaciones, y todas estamos sujetas a códigos legales que debemos respetar.
Tenemos en Euskadi muchas personas que demandan una vivienda todos los días. Tenemos miles de demandantes inscritos en Etxebide que necesitan una vivienda en alquiler. Pelear contra la ocupación ilegal, es un instrumento, además de para garantizar el respeto a la ley, que en democracia es imprescindible, para garantizar el acceso legal a una vivienda de quien de verdad lo necesita.
Muchas gracias.