ZORRILLA IBAÑEZ (EAJ, 2014-03-20):
Bai, eskerrik asko presidente andrea. Sailburu andrea, legebiltzarkideok eguerdi on guztioi.
En primer lugar, hemos de poner de relieve que la actual Ley de Seguridad Privada, la Ley 23/1992, fue aprobada hace más de 20 años por el Partido Socialista en aquel momento liderado por Felipe González con el objetivo de regular y poner orden en un sector incipiente al que se quería someter una estricta vigilancia y control por las fuerzas de seguridad.
Los presupuestos de tal regulación y la realidad en la que se fundaban han sido claramente superados a día de hoy por el creciente desarrollo de la seguridad privada, unido a los cambios operados en nuestra sociedad y el auge de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de un importante sector económico que factura anualmente más de 3.200 millones de euros y sus 1.500 empresas emplean a casi 90.000 personas.
Sektoreak bilakaera garrantzitsua izan du. Hori dela eta, uste dugu legea zaharkitua geratu dela eta beharrezkoa dela arau marko berri bat.
Yo creo que todos estamos de acuerdo, y así lo han manifestado también los portavoces de los distintos grupos en el Congreso y en el Senado, las Cortes Generales, que es preciso un nuevo marco normativo que regule este sector de manera integral adaptándose tanto a las expectativas del sector económico implicado y de sus usuarios, como a la realidad de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas con retribuciones al respecto y garantizando el respeto a todos los derechos fundamentales.
Hemos de reconocer también que el proyecto de ley, hoy aprobado en el Congreso, mejora parcialmente la redacción de los borradores iniciales en el sentido competencial, ya que incluso se mermaban sustancialmente competencias que la Comunidad Autónoma de Euskadi venía ejerciendo pacíficamente.
Y ello fue posible o ha sido posible en gran medida gracias al trabajo de nuestros compañeros y compañeras del grupo vasco en el Congreso de los Diputados a través de sus enmiendas –en concreto 56– y han conseguido la salvaguarda de las competencias en lo referente a la seguridad privada, ubicando al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y a la Ertzaintza exactamente la misma posición, en el mismo plano que al Ministerio de Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, puesto que se reconocen las competencias del Gobierno Vasco en materia y autorización de empresas de seguridad, de registro público de las mismas, de determinación de los criterios generales de funcionamiento, de formación de los agentes privados de seguridad, de acreditación de sus competencias y destrezas, de potestad sancionadora y de la posibilidad de habilitación de empresas y de agentes.
Sí y como decía el señor Unzalu, en la Comisión de Interior del Congreso, el 17 de octubre del 2013 el Partido Nacionalista Vasco votó a favor dando un margen de confianza a que la Ley iba a ser sustancialmente mejorada en la tramitación del Senado, como así lo manifestó el pasado viernes la consejera en su comparecencia.
Y entendiendo así que el proyecto de ley era sustancialmente mejorable, nuestro grupo en el Senado también presentó una batería de enmiendas –en concreto 34– que fueron rechazadas en su integridad.
Estas enmiendas iban en un doble sentido. En primer lugar, con la clara intención de seguir profundizando en la competencia de nuestra comunidad autónoma y también para lograr concretar cuál es el límite de actuación de los agentes privados de seguridad –el controvertido artículo 41–, partiendo del hecho de que en ningún caso los agentes privados de seguridad podrán realizar las funciones que corresponden únicamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, os Mossos de Escuadra y la Ertzaintza. Es decir, las funciones públicas como son el de tener, cachear, interrogar, patrullar en espacios públicos, etcétera...
En este mismo sentido, respecto al posicionamiento del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, como ha manifestado el señor Unzalu, creo que en tanto la respuesta escrita de la señora consejera de fecha de 13 de enero a consecuencia de sus preguntas, como en la reciente comparecencia que tuvo lugar el pasado viernes, día 14 de marzo, en la Comisión de Institución, Seguridad y Justicia en respuesta a su pregunta oral, quedó claramente definido su posicionamiento al respecto y no voy a insistir en el mismo porque creo que lo tiene bastante claro como ha manifestado.
Es por ello, que aun compartiendo la necesidad de una nueva regulación en este sector dada que la Ley del 92 se ha quedado obsoleta, y también manifestando la satisfacción del grupo vasco con el ámbito competencial de esta norma, que es una de las pocas leyes en esta legislatura que, por cierto, en la que hay un respeto casi escrupuloso en las competencias autonómicas en materia de seguridad.
No obstante, esto mencionado, la filosofía de este proyecto de ley y el procedimiento seguido en la aplicación del rodillo en el senado a las enmiendas presentadas por el grupo vasco, hace que el grupo vasco haya votado esta mañana en contra de esta ley. Por eso, también nosotros hemos conseguido y agradecemos al esfuerzo al señor Unzalu y al señor Arzuaga el firmar una transaccional en la cual ya no se puede instar a retirar el proyecto de ley pero sí rechazar o manifestar nuestro rechazo a dicha ley.
Entendemos que se puede darse una peligrosa vinculación entre la Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente rechazada por esta Cámara y a la que se hacía mención hace poco por la portavoz de EH Bildu, y la seguridad privada. Y puede darse un claro intento de expansión del derecho punitivo que puede crear un estado casi policial. Incluso, contribuir a tratar de criminalizar, como manifestamos el día que se trató el proyecto de seguridad ciudadana, la criminalización de la contestación ciudadana que está viendo por lo movimientos ciudadanos ante reivindicaciones de derechos que están siendo vulnerados.
Es por ello que hemos firmado la enmienda transaccional con el Grupo Socialista y EH Bildu. En el cual, en el primer punto manifestamos o recogemos lo que se recogía en la propuesta inicial y que también nuestra enmienda transaccional recogía, es que las políticas de seguridad tienen que seguir estando en manos de los poderes públicos y por ello se rechaza el proyecto de seguridad privada aprobado hoy.
Se sigue insistiendo en que se reconozca al Gobierno Vasco la competencia a la autorización, control e inspección de todos los servicios de seguridad privada que se prestan en el ámbito de la comunidad autónoma. Es decir, seguir las mismas reglas de reparto competencial que en la seguridad pública, en la seguridad privada.
Y finalmente, el Parlamento Vasco –que era un punto que también recogíamos íntegramente en nosotros en nuestra enmienda de totalidad– insta al Gobierno Vasco a defender en todos los ámbitos el carácter público de las políticas de seguridad, incluso impidiendo la externalización expansiva de la seguridad privada o a expensas del servicio público.
Creo que esto también ha quedado claro. Entendemos que puede resultar adecuado que los poderes públicos contraten seguridad privada para prestar determinados servicios que no tengan por qué ser encomendados de ordinario la fuerza de seguridad desde la perspectiva del riesgo existente pero no compartimos el argumento de externalizar de un modo genérico los servicios encomendados a la seguridad pública.
Por eso, vamos a votar la enmienda transaccional y solicitamos también a UPyD que se sume a esta enmienda.
Besterik ez, eskerrik asko.