PRIETO SAN VICENTE (PSE-EE, 2013-06-06):
Señora presidenta, señoras y señores.
La central nuclear de Santa María de Garoña se ha convertido en un símbolo de fuerza, en un símbolo de poder, de ese poder que es ejercido con soberbia, de ese poder que busca innecesariamente el conflicto y la confrontación entre la ciudadanía.
Para el Partido Popular, y muy especialmente para el Gobierno de España y para su presidente Rajoy, llevar a España al pasado es el objetivo y además cuenta con esa inestimable, entusiasta y activa colaboración del señor Aznar.
Solo así se entiende que Garoña, que no tiene ningún futuro como central nuclear operativa, siga creando inseguridades y alarmas en relación a su cierre definitivo.
Los señores Rajoy y Soria, siguiendo el guión de un informe de FAES del año 2011, quieren dejar bien claro quién ocupa el Gobierno de España y quién ordena y manda.
Y para eso, la derecha de los recortes ha decidido que la ciudadanía ponga en su vida un poco más de radiactividad, aunque en la actualidad sea una energía excedentaria y fácilmente sustituible por renovables.
El señor Rajoy considera, y no solo en este asunto, que si la ciudadanía quiso darle la mayoría absoluta, allá los ciudadanos, que se lo hubieran pensado antes, que él es devoto de Santa Rita, de lo que se da no se quita y que si el país quería derecha, pues toma derecha, toma Partido Popular, toma energía nuclear.
Ésta es la actitud de Rajoy y de Soria, porque ni tan siquiera les preocupa que en las últimas horas estén haciendo el ridículo más espantoso, con plazos que se les pasa o que incumplen, o quizás las dos cosas.
Y con Nuclenor, a su vez, dando más pasos para su cierre, y a la vez echando un pulso al Gobierno y ofreciendo el desmantelamiento de la actividad a cambio de una fiscalidad a su capricho y de una reducción en las exigencias de seguridad.
Lamentablemente, al Gobierno del Partido Popular, todo le da igual, y su obsesión es la de continuar con su cruzada contra las energías renovables y a favor de la energía nuclear. En el interés y la preocupación del Gobierno de España no está ni la necesidad energética, ni la seguridad ciudadana, ni mucho menos la voluntad mayoritaria de la ciudadanía alavesa y vasca.
Desde la formación del Gobierno Rajoy, todo lo que acontece entorno a la central nuclear de Santa Maria de Garoña está plagado de oscuridad, contradicciones y despropósitos.
Porque fue el Gobierno Rajoy el que le cerró el paso a Nuclenor cuando anunció que como consecuencia de una nueva tasa para el combustible tendría que pagar 153 millones de euros, a lo que Nuclenor dijo no.
Porque vuelve a ser el Gobierno Rajoy quien fuerza el camino ahora para que Nuclenor continué, porque a fecha de hoy, nadie del Gobierno Rajoy ha considerado que la ciudadanía debe tener explicaciones de todos estos movimientos y maniobras.
Y para poder ilustrar estas aseveraciones, veamos algunas fechas y datos. En enero del 2012 el ministro Soria amenazó con revocar la Orden Ministerial del anterior Gobierno socialista por la que cerraba Garoña en 2013.
El 6 de septiembre de 2012 expiraba el plazo para que Nuclenor solicitara la renovación de la explotación, y no lo hizo. Entonces, el ministro Soria se enfadó, abroncó a Endesa y a Iberdrola, y amenazó con ofrecer la central a otros operadores.
El 16 de diciembre del 2012 la central se desconectó de la red eléctrica y entró en una parada progresiva.
El 6 de julio es la fecha prevista para el cese definitivo de la explotación de Garoña. Sin embargo, hoy, en vez de estar más cerca de su cierre, volvemos a estar ante la amenaza de su prórroga.
Y todo esto porque el 16 de mayo, hace unos días, el Gobierno del Partido Popular, saltándose toda precaución y rigor, urgió al Consejo de Seguridad Nuclear a que informara favorablemente a la renovación por más tiempo de la explotación.
Como no cabía esperar otra cosa, los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear propuestos por el Partido Popular han dicho que sí a esta petición y los propuestos por el Partido Socialista han dicho que no.
Esta decisión forzada por el Gobierno de Rajoy y de quienes siguen su criterio es de una enorme gravedad, y por ello la ciudadanía debe saber algunos importantes detalles.
El primero de ellos, que el Gobierno ha imposibilitado al Consejo de Seguridad Nuclear el cumplir con plazos y procedimientos establecidos para su pronunciamiento.
También, que los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, llevaban más de 3.000 horas de trabajo invertidas en la elaboración del informe de cese de la actividad de la central, muchos meses de trabajo en una dirección, que el Gobierno Rajoy ha forzado canjear en unos pocos días en sentido contrario y en un gran alarde de irresponsabilidad y de desprecio a los técnicos.
Que ni el Ministerio ni Nuclenor justifican con precisión la finalidad de la solicitud, ya que ni piden producir energía eléctrica ni piden que se pronuncie sobre su seguridad, algo que es totalmente inédito en la historia de las centrales nucleares.
Que se ha provocado la reunión por cuatro veces en una semana del Consejo de Seguridad Nuclear para analizar numerosos informes técnicos y jurídicos requeridos con urgencia y creando con ello las peores condiciones para sus resultados.
Que no se está cumpliendo con las prácticas nacionales e internacionales en materia reguladora en una solicitud de renovación de un reactor nuclear de más de 40 años de antigüedad.
Que aún no se han incorporado las instrucciones técnicas complementarias emanadas de las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima, que costarían una gran cantidad de dinero.
Que tampoco se ha incorporado el Plan de Acción Nacional remitido por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Comisión Europea en diciembre de 2012, que llevaría aparejado una importante inversión.
Que sigue pendiente la ampliación de estudios e inspecciones a la vasija de Garoña tras la detección en julio del 2012 de defectos aparentemente similares a los identificados en la vasija de la central nuclear belga de Doel, (...) que añade costes.
Señoras y señores, la catástrofe de Fukushima puso de manifiesto la importancia de la independencia, el rigor y el respeto a las buenas prácticas de los organismos reguladores como garantes de la seguridad nuclear y radiológica, justo todo lo que hoy falta en Garoña.
En Fukushima se concluyó que ese desastre fue causado por errores humanos, incluso concluyeron algo más, y es que los fallos regulatorios y de supervisión fueron de tal gravedad que la catástrofe hubiera podido producirse también en ausencia de cualquier desastre natural.
Aquí, y gracias al Gobierno del Partido Popular, parece que seguimos ese camino. Se incumplen plazos y se fuerzan pronunciamientos, sin tiempo suficiente y necesario para su estudio y evaluación.
Por cierto, en Japón hay un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares que quieren concluir en 2030.
Estamos ante un escándalo político con riesgo de gravísimas consecuencias para la ciudadanía por el empecinamiento ideológico nuclear del Partido Popular y por un supuesto botín de beneficios para Nuclenor si se atendieran a todas sus exigencias.
Estamos ante el escándalo de un Gobierno que instrumentaliza al Consejo de Seguridad Nuclear en favor de intereses económicos de dos empresas eléctricas, y en detrimento de la seguridad nuclear y radiológica.
Estamos ante un escándalo político que rompe con criterios y buenas prácticas en las solicitudes de renovación de la explotación nuclear, generando un precedente y una incertidumbre intolerable, porque nadie sabe dónde puede acabar.
Estamos ante un escándalo político, porque el Gobierno del Partido Popular y Nuclenor saben que para poner a punto Garoña se necesitan más de 400 millones de inversión precisamente por quienes no están dispuestos a pagar 153, único motivo hasta hoy esgrimido por Nuclenor para solicitar el cierre de Garoña.
Estamos ante un escándalo político, porque el Gobierno oculta cómo se va a conseguir esa rentabilidad ahora, porque no explica qué ha cambiado o qué va a cambiar, porque no explica si para materializar su empeño de seguir explotando Garoña va a cambiar las tasas, las primas, las inversiones en seguridad o todo a la vez.
La ciudadanía se pregunta qué pasa aquí, si es que nadie va a explicar por qué las expectativas de lucro de Nuclenor, que hace unos meses no existían, ahora han reaparecido de la mano de Rajoy.
Estamos ante un escándalo político, porque España tiene superávit de energía y no se necesita Garoña para nada.
Estamos ante un escándalo político contra el progreso y la seguridad nuclear y radiológica, porque España tiene capacidad técnica, investigadora y empresarial para producir energía renovable que Rajoy y Soria intentan que no sea rentable.
Estamos ante una barbaridad, un atropello al que este Parlamento no puede permanecer ajeno, que hay que parar y rectificar, y para esa causa quiere contribuir esta moción, exigiendo, entre otras cosas, el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, moción que ha sido reforzada con las aportaciones del Partido Nacionalista Vasco y de Bildu, que conforman una enmienda transaccional y que será la que los Socialistas votaremos.
Muchas gracias.