ZORRILLA IBAÑEZ (EAJ, 2017-05-11):
Bai, eskerrik asko, legebiltzar-buru andrea. Lehendakari jauna. Sailburuok. Legebiltzarkideok. Egun on guztioi.
La iniciativa que hoy debatimos fue presentada conjuntamente el pasado 28 de febrero por los grupos Nacionalista y Socialistas a fin de instar al Gobierno español y a las Cortes Generales para que solventase un nuevo despropósito del Gobierno Popular, consistente en este caso, en un ataque innecesario al turno de oficio y a la justicia gratuita y, por ende, a la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva a través de un cambio radical de criterio en relación a la fiscalidad del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.
Una vez más, y al más puro estilo de lo que se puede denominar "bombero pirómano", el Gobierno del Partido Popular, en este caso, de la mano del ministro señor Montoro y con una clara intencionalidad recaudatoria, genera un debate y una polémica hasta entonces inexistente en España sobre esta materia, y como luego veremos, para llegar meses después, tras protestas, descontento y movilizaciones, a dar marcha atrás a la iniciativa y dejar todo como estaba previamente, algo que se está convirtiendo en habitual.
Esta misma semana hemos hablado también en la Comisión de Trabajo y Justicia de la institución de Registro Civil y sus devenires. Esto, afortunadamente, parece que es consecuencia de una forma de gobernar y legislar del pasado, y ahora perdida la mayoría absoluta, es necesario dialogar, negociar y acordar, lo cual creemos muy positivo.
Desde 1986 existía un criterio pacíficamente asentado a través de una Resolución de la Dirección General de Tributos, de que las actuaciones de los profesionales designados de oficio para la defensa de los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita no estaban sujetas a IVA, al considerar que estaban prestadas dichas actuaciones con carácter obligatorio y gratuito, siendo lo abonado por las administraciones a los profesionales una subvención, pero no retribuciones propiamente dichas.
Alegia, 30 urtez doako asistentzia juridikoa bermea izan dela baliabide ekonomiko gutxien dituzten pertsonentzat.
En una reciente consulta vinculante del 25 de enero de este año, la misma Dirección General de Tributos cambió este criterio asentado desde hace mas de 30 años, y declaró que los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, al amparo de la Ley 1/1996, se encuentran sujetos y no exentos del IVA, debiéndose repercutir al IVA al tipo impositivo general del 21 %, al considerar ahora que estos servicios se realizan a titulo oneroso.
Horrek konfusio eta alarma nabarmena sortu du sektorean, oinarri oso zalantzagarrietatik abiatuta 30 urte baino gehiagoz indarrean egondako konponbide fiskala aldatuz.
Este cambio de criterio se pretendía sustentar en una sentencia de julio de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resolvía una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional belga y que estimaba que esta prestación de servicios, en Bélgica, era voluntaria y sujeta a remuneración, es decir, que estos servicios se realizan a título oneroso, por lo que no cabe en la exención del IVA.
Sentencia Europea por tanto, que se basaba en el sistema de justicia gratuita belga, de naturaleza totalmente distinta al modelo público español, ya que aquel sistema es voluntario y retribuido por el Estado.
Como decíamos, este cambio de criterio radical ha causado incertidumbre, malestar y preocupación entre los profesionales afectados.
Eta horregatik, beste behin ere, erabaki horrekin, PPren gobernuak mundu guztia jarri du bere kontra.
Los colegios de abogados y procuradores y sus profesionales, el Consejo General de la Abogacía Español, las asociaciones de usuarios y consumidores, los grupos parlamentarios, hasta cuatro PNL se han presentado en el Congreso de los Diputados, y esta PNL que debatimos en esta Cámara hoy. Y las comunidades autónomas, en la última Conferencia Sectorial de Justicia el 22 de febrero, los responsables de todas las comunidades autónomas presentes se mostraron partidarios de la suspensión inmediata de la aplicación del IVA a la justicia gratuita. Y ahora, lógicamente tiene que resolver el problema que el mismo crea y de manera totalmente innecesaria.
La justicia gratuita es un servicio público esencial para garantizar el derecho constitucionalmente reconocido a la tutela judicial efectiva de quienes carecen recursos para litigar. Y partiendo del mandato del artículo 119 de la Constitución Española, se organiza por los distintos colegios del Estado, a través de cerca de 44.000 abogados y abogadas y 13.000 procuradores y procuradoras de oficio, que trabajan las 24 horas del día, los 325 días del año, para garantizar el acceso a la justicia de toda la ciudadanía.
Euskadin, gaur egun, 2.300 abokatu baino gehiago daude ofiziozko txandan lanean, eta zerbitzuaren erabiltzaileek ez dute ia kexarik.
Doako asistentzia judiziala zuzenbide Estatuko ardatzetako bat da, herritarren benetako babes judiziala bermatzen baitu, edozein izanik ere beren baliabide ekonomikoak edo kalte beratasun egoera.
Basándonos en el criterio seguido desde 1986 y lo dispuesto en la actual Ley del Impuesto del Valor Añadido de 1992, entendemos que los servicios de defensa y representación como prestación del derecho a asistencia gratuita, son gratuitos para el beneficiario y obligatorios para el sujeto pasivo, y por tanto no están sujetos al IVA.
Y la propia Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, determina que el turno de oficio no tiene carácter voluntario y que la compensación a los letrados y procuradores, no tiene naturaleza retributiva.
Por tanto, este servicios público, antes y ahora, es obligatorio en virtud de las normas jurídicas vigentes y gratuito, dado que el beneficiario no tendrá que abonar a los profesionales y las cantidades que perciben estos profesionales por la prestación de este servicio son los que la propia Administración pública establece de forma unilateral y que no se pueden negociar ni modificar, y se alejan de los precios de mercado.
En definitiva, que no se trata de una remuneración, ni del pago de los servicios prestados, sino de una subvención, tal y como establece el artículo 37 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Lo que se recibe por turno de oficio es una subvención, y como tal el artículo 78 de la Ley del IVA, la subvenciones no están sujetas al IVA. Sí están sujetas estas cantidades en cambio al IRPF.
De prevalecer el discutido cambio, llegaríamos al absurdo de que el IVA debería ser abonado por las administraciones públicas. Es decir, que la propia Administración, el Ministerio de Justica o la comunidad autónoma con competencias transferidas, debería de asumir la cuota del IVA, con lo que ese 21 % de IVA finalmente repercutiría en los fondos destinados al sostenimiento del derecho, a la asistencia jurídica gratuita, pudiendo perjudicar a los ciudadanos y ciudadanas más desfavorecidos; así como también a los profesionales que los defienden y representan, en una clara e innegable función social, altruista y vocacional.
En el caso de Euskadi supondrían algo más de 3 millones de euros. Cantidades que se habrían tenido que añadir a los Presupuestos para sufragar los servicios prestados por los abogados y procuradores del turno de oficio.
Horregatik guztiagatik PNL honen bidez zera nahi dugu; lehenik eta behin, ofiziozko txanda eta doako laguntza juridikorako eskubidea aldarrikatu eta gure babesa adierazi. Beharrezko zerbitzu publikoa baita. Baliabide ekonomiko eta pertsonala behar dituena indarrean egoteko eta eraginkorra izateko.
Bigarrenik babestu egiten ditugu profesionalen elkargoek hartutako neurriak. Tributuen zuzendaritza nagusiaren irizpide aldaketa itzultzeko.
Y finalmente, tras manifestar que esta medida acabaría perjudicando al justiciable, instamos a las Cortes Generales y al Gobierno de España adoptar de manera inmediata las actuaciones necesarias para que los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia de justicia gratuita, estén libres del IVA, manteniendo el criterio consolidado de que las cantidades que se abonan al turno de oficio con cargo a presupuestos públicos, bien del Estado o de las comunidades autónomas, no tiene carácter de retribución o compensación, tal y como recoge el artículo 37 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Sabemos que está en trámite una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que se está tramitando por la vía de urgencia y por lectura única. Si bien, como decía la señora...
...gratuita.
Sabemos que está en trámite una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, que se está tramitando por la vía de urgencia y por lectura única, si bien, como decía la señora Castelo, vistas las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado martes en la toma de consideración, creemos necesario traer a debate esta PNL a esta Cámara y esperemos también que el resultado de esa tramitación de la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados para tratar de solucionar un problema hasta ahora inexistente, no genere otros nuevos problemas.
Amaitzeko, agradecer la predisposición a llegar a un acuerdo de la señora Goirizelaia y solicitar el apoyo del resto de grupos no enmendantes a la transaccional acordada con EH Bildu.
Besterik gabe, eskerrik asko.