ROMERO POZO (PSE-EE, 2017-06-29):
Gracias, señora presidenta. Consejeras, señorías, buenos días a todas y a todos.
El debate que hoy nos ocupa entiendo que no debería ser ni tergiversado, ni manipulado, ni decantado. Tal y como se señala en la enmienda transaccional que ha sido suscrita y que ya se ha hecho alusión, no hablamos de lados ni de partes, sino del pronunciamiento del Parlamento Vasco en favor del cumplimiento de unos derechos en beneficio de las personas presas gravemente enfermas o con padecimiento incurables.
El Grupo Socialista, cuando se trata de la protección y la garantía de los derechos, está en el cumplimiento de la ley y en que el cumplimiento de la ley es el mayor y el mejor ejercicio de defensa de un Estado democrático.
La Constitución Española es taxativa. No voy a reiterar los artículos que todas y todos conocemos, tanto el que reconoce el derecho a la protección de la salud que encarga los poderes públicos, organización y tutela, como el que reconoce que toda persona condenada a pena de prisión goza de los derechos fundamentales, lo que lleva unido la prohibición de penas inhumanas y degradantes.
Partiendo de esa base, no podemos sino compartir las excepciones en la ejecución de las penas privativas de libertas, en cuanto a la excarcelación de esas personas presas gravemente enfermas o con padecimientos incurables.
Aquellas personas que confiamos en la ley y en el cumplimiento de la misma como uno de los mejores instrumentos de defensa de los derechos humanos y del propio funcionamiento democrático, no deberíamos de aceptar nunca sobre su aplicación, excepciones ni decisiones arbitrarias o irrazonadas al respecto, nunca, porque eso es lo que marca la diferencia de un Estado democrático.
Nadie debería de poner en duda el fundamento humanitario de estas medidas y nadie que conozca además su base constitucional y legal, como nadie debe cuestionarse que esta exigencia incumbe no solo al legislador, sino también al intérprete y al ejecutor de las medidas y de las normas.
La concesión de estos beneficios penitenciarios en el cumplimiento de las penas privativas de prisión enlaza directamente con bienes y derechos constitucionalmente consagrados, lo que exige de forma necesaria la no dilatación hasta las fases terminales de la enfermedad.
No se trata de ser más flojos, ni más duros, ni más firmes o inflexibles. No se trata de filosofar sobre la dureza de las penas privativas de libertad, sino de constatar, como hace la legislación cuando prevé estos supuestos, que una pena de prisión sí se le acumula el padecimiento de una enfermedad grave incurable puede convertirse en una pena inhumana por cruel en el momento de su aplicación.
Y los tribunales internacionales pero también los nacionales, tanto el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional así lo han dicho. Hay quienes establecen los límites al determinar que la legislación está pensada para enfermos terminales. Pero un enfermo terminal no debe ser interpretado tan restrictivamente que pueda llegar a confundirse con un enfermo agónico o cercano a la muerte. Ni la letra, ni el espíritu, ni la finalidad, ni la voluntad ni la intención de las normas era esa. Tampoco podemos hacerlo a la hora de interpretarla o aplicarla.
De igual forma podemos decir que los tribunales nacionales e internacionales no exigen la existencia de un peligro inminente o inmediato de muerte, como tampoco significa que cualquier dolencia provoque el paso a tercer grado y a la libertad condicional. Entre uno y otro está la interpretación que exige la ley y los tribunales.
Insisto, la excarcelación no es garantizar la sanidad de un mal incurable pero permite un tratamiento médico más humanitario y en condiciones mejores para su evolución y tratamiento de los padecimientos que conllevan dichas enfermedades.
Esta es la aplicación que las Socialistas pedimos, que no es otra que la del espíritu de estas normas que han confirmado nuestros tribunales. Por eso, pedimos al Ministerio de Interior que reconsidere su posición y apoye esta aplicación que estoy seguro comparte.
Porque el periodo terminal de la vida no se mide en meses, ni en dos, ni en seis, ni en días ni en momentos, no se extiende o se acorta. El periodo terminal de la vida es algo indeterminado al menos en cuanto a su duración desde una perspectiva ética y médica, mucho más en un sentido jurídico.
Hay que atender inexcusablemente. En nuestra opinión, no solo las estimaciones del tiempo de supervivencia de una persona, sino también cualquiera que sea este a las condiciones de esa supervivencia, de esa existencia. Aunque no sea previsible un fallecimiento inminente o inmediato, si la situación es extrema, su espíritu y finalidad, la de las normas, es que se ponga tratamiento y solución a las mismas con las decisiones que prevé la legislación nacional.
Defendemos esa legalidad, el Estado de derecho, como hemos hecho siempre los Socialistas Vascos, porque creemos firmemente en el mismo y en toda la estructura democrática. Defendemos, pues, lo que hicimos ayer y hacemos hoy y haremos mañana aunque a veces en el pasado reciente no nos lo permitieran y nos persiguieran para silenciarlos. Defendemos hoy ese Estado de derecho y con ello esos derechos que asisten por razones humanitarias y se reconocen a los presos gravemente enfermos o con padecimientos incurables.
...y se reconocen a los presos gravemente enfermos, o con padecimientos incurables.
Es importante entonces destacar, que las nuevas realidades, también ahora el nuevo tiempo obligan a nuevas políticas, y estamos obligadas a realizarlas, políticas que por otro lado no nos las vamos a inventar. Están previstas y son conformes a la legalidad vigente.
ETA hace más de cinco años que no está. No se la espera, es además una organización desarmada. Y de ello solo esperamos su disolución, pero es una decisión que solamente le pertenece a ella y a ella de exigírsele.
El Grupo Socialista no puede entender una interpretación y una aplicación de la legislación, además en esta materia como si todo siguiera igual, como si nada hubiera pasado. Como si ETA aún estuviera en activo. No podemos compartirlo, porque era muy doloroso para la sociedad vasca y para muchas de las personas presentes aquí cuando lo estaba.
Por eso vuelvo a decir hoy como ayer, pero que así hoy más que nunca, somos partidarias de demostrar la fortaleza del Estado de derecho siendo impecables y escrupulosos en su garantía y en el respeto de los derechos fundamentales que ese Estado de derecho protege y que también es el de las personas presas con enfermedades graves e incurables.
Cumplir la ley señorías, nunca puede suponer, nunca, es una rendición ni una claudicación, ni una derrota de la democracia y de las instituciones democráticas. Cumplir la ley es lo que marca la diferencia y respetar los derechos humanos.
Como suele decirme y le he oído en más ocasiones Josu Elespe: "Defender los derechos humanos por encima de todas las cosas. Siempre defender los derechos humanos Rafi, también de las de aquellas personas que los vulneraron". Yo suelo decir que injustamente, pero compartimos que estas decisiones tienen que ser cambiadas.
Muchas gracias.