RONCAL AZANZA (PSE-EE, 2013-12-05):
Muchas gracias señora presidenta. Arratsalde on legebiltzarkideok. Buenas tardes a todos. Gran éxito de audiencia.
Venimos de nuevo a esta tribuna para intentar mejorar el acceso a los servicios sanitarios para todas las personas que residen en Euskadi con independencia de su renta, sexo, religión, convicción, edad, discapacidad, identidad sexual, enfermedad o cualquier otra circunstancia personal o social, es decir, venimos a intentar garantizar el derecho a la protección de la salud.
Venimos con el ánimo de hacer cumplir este precepto establecido en la Ley General de Sanidad desde 1986. Porque la situación administrativa de quien requiere el servicio público de sanidad no puede convertirse en un factor discriminatorio. Esta previsión en la Ley general está avalada expresamente por el Tribunal Constitucional, que ahora, hace un año y a raíz de las alegaciones presentadas al respecto por el Gobierno de Patxi López, determinó que se trata de una cuestión de derechos humanos.
Añadió el Alto Tribunal que además la no atención regulada a los inmigrantes en situación administrativa irregular repercutiría en la salud individual de estos, pero también en el del resto de la sociedad, porque impide las necesarias prevenciones que son consideradas elemento sustancial en la atención pública sanitaria, como hoy todos coincidiremos en esta Cámara.
Contamos, por tanto, con una voluntad mayoritaria por parte de los ciudadanos vascos. Además, contamos con la resolución del Constitucional, que da apoyo jurídico a esta demanda. Sin embargo, la orden dictada en julio por el consejero excluye de ese principio general a quienes llevan empadronados en Euskadi menos de un año.
Se justifica esta decisión en que el decreto alternativo que hizo el Gobierno socialista en junio del 2012 a los recortes impuestos por Rajoy ya establecía ese límite. Pero como decimos, con posterioridad a este decreto, el Ejecutivo de Patxi López alegó en un sentido incluso más amplio que luego fue avalado por el Constitucional. Por eso, registramos esta proposición en su día, aunque antes de someterla a debate en esta Cámara hemos preguntado y quisimos escuchar al Gobierno, y a las asociaciones que trabajan con los inmigrantes.
Al consejero le preguntamos en un pleno hace dos meses y no nos respondió más que su habitual referencia bien intencionada a que se trabaja con las personas, pero no nos dio ninguna solución.
Después compareció en Sanidad el directo de aseguramiento, que explicó que se había dispuesto que hubiera médicos para atender a estas personas en situación administrativa irregular, sin descartar que si hubiesen producido facturaciones por las atenciones prestadas, ni cobros a estos inmigrantes.
Pedimos concreciones por escrito y hace unos días nos ha llegado la respuesta, pero no ha habido ninguna concreción ni datos al respecto sobre precisamente este tipo de atenciones y las facturaciones correspondientes.
También hemos esperado a la documentación solicitada por otro grupo sobre el recurso del abogado del Estado contra la orden de atender a irregulares. En este caso, se nos ha remitido el expediente del procedimiento abierto en el Tribunal Superior, pero no el contenido que argumento el Gobierno central.
Asimismo, hemos tenido ocasión de escuchar a Harresiak Apurtuz, quien se ocupa de canalizar las demandas que surgen en esta materia. Y reconocemos el trabajo de este colectivo, que incluye a la Comisión de Ayuda al Refugiado, colectivo que va a ser galardonado por el propio Gobierno por su defensa de los derechos humanos.
Este colectivo, entre otras reflexiones, apeló a la universalidad de la atención. Nos recordó que el aseguramiento no está ligado a la cotización de la Seguridad Social. Presentó la demanda de que se abra el servicio público para todos y que se elimine el requisito del año de empadronamiento para acceder a la tarjeta individual.
Aquí es bueno recordar que no es el primer problema con el que se enfrenta la expansión del derecho a la protección de la salud. De hecho, el primer lugar en España donde se implantó la tarjeta sanitaria fue Euskadi. Se hizo de la mano de un consejero socialista, José Manuel Freire, en 1988. Y esa decisión tampoco estuvo exenta de conflicto, pero se hizo y se hizo acudiendo a la Ley General de Sanidad y a la capacidad competencial recién transferida y, sobre todo, gracias a una voluntad política compartida, especialmente por los socialistas y el Partido Nacionalista Vasco, partidos que entonces formaban un Gobierno de coalición.
25 años después, venimos a pedir que se complete desde la seguridad jurídica y la plena convicción y voluntad política, que la situación administrativa no sea discriminatoria y asignar médicos específicos para los inmigrantes muestra buena voluntad, pero no garantiza derechos, es hacer que estas personas accedan a un servicio público por una puerta distinta a la del resto de los ciudadanos residentes en Euskadi. Y eso es estigmatizar a las personas.
Además, no conceder una tarjeta, aunque sea provisional, a quienes llevan menos de un año, dificulta un eventual tratamiento farmacológico, así como la atención al especialista y el ingreso hospitalario, siempre que éste no sea urgente.
Porque nosotros respaldamos en su momento y ahora mismo también de nuevo la previsión que se hace en el Decreto de Adherencias en torno a los inmigrantes irregulares, pero su garantía, la garantía del tratamiento y de la compensación farmacológica tiene que tener forma de tarjeta individual sanitaria, que ésa es la que les permitirá, junto con el médico de familia y como al resto de los ciudadanos, tener un seguimiento de sus procesos de enfermedad.
En definitiva, le pedimos al Gobierno que no vuelva a actuar a remolque, como ha hecho en el tema del repago sanitario, que no vuelva a oponerse a una medida que garantiza un derecho y que no ponga de excusa el recurso del abogado del Estado.
Tenemos larga experiencia de implantación de un servicio público modélico y garantista, también experiencia de dificultades habidas en el camino. Por eso, con esa experiencia, con el criterio del Tribunal Constitucional y con la voluntad política podemos hacer posible que quienes tienen una situación administrativa irregular puedan acogerse de forma normalizada al derecho a la protección de la salud y el acceso a los servicios sanitarios.
Hemos firmado un acuerdo transaccional con el Grupo UPyD, porque creemos que compartiendo un mismo análisis de la situación y coincidiendo en las medidas que son necesarias tomar, la incorporación de su criterio y la flexibilidad que ha mostrado ha permitido alcanzar esta enmienda de transacción.
Y así mismo, agradecemos las aportaciones de EH Bildu que han contribuido a conformar el texto de esta enmienda de transacción y que de este modo han contribuido a completar y mejorar la iniciativa original.
Nada más y muchas gracias.