ARZUAGA GUMUZIO (EH Bildu, 2013-01-31):
Presidente andrea, legebiltzarkideok, eguerdi on.
Gaurko eztabaida lotu behar da geroago edukiko dugun beste eztabaida batekin, Tasa Judizialen Legearen gaiarekin.
Izan ere, biek dute oinarritzat babes judizialaren eskubidea. Biek zerikusia dute justiziara heltzeko baliabide ekonomikoen eskasiarekin.
Biek eragin dute abokatuen sektorearen gainean. Biek dute zerikusi politikoa.
PSEk aurkezten du bere legez besteko proposamena, PPren Tasa Judizialen Legearen kontra. PPk aurkezten du berea, kontraeraso moduan PSEren doako justiziaren dekretuaren kontra, abokatuen sektorean sortarazi duen ezin egonaz jabeturik.
Biek ala biek, erabiltzen dute gai hau euren interes partidistekin. Legitimoa litzateke, ez balitz honen oinarrian eskubideak badaudela.
Aforismo batek esaten du, justizia sugea bezalakoa dela, haginka egiten dio oin hutsik dagoenari.
Hori hain zuzen ere daukagu gaur hizpide. Horixe da gure gaurko egitekoa. Nola lortu justizia eraginkorra, azkarra, eskuragarri izatea, baita ere, baliabide ekonomiko gutxi daukatenentzat.
Gaur egun, indarrean dagoen Dekretuak 110/2012, 1996tik indarrean zegoena ordeztu du. Aurretik zegoen Dekretuak funtzionatzen zuen. Baina aldatu nahi izan da, itxurakeriazko berrikuntza batzuk sartzeko.
Mediatikoki marketing gisa, saldu zitzaigun honen bitartez, ofiziozko abokatuaren aukeraketa libre izango zela. Hala eta guztiz ere, hau ez da bete. Bakarrik geratu delako, zibil arloko kasu konkretu batzuetarako.
Saldu zitzaigun honen bitartez egitura eraginkor bat sortuko zela, kudeaketa erraztuko zuena. Ez da hori ere lortu.
El proceso de redacción y aprobación del Decreto 110/2012 fue un despropósito en las formas y en el...
...ez da hori ere lortu.
El proceso de redacción y aprobación del Decreto 110/2012, fue un despropósito en las formas y en el fondo. No entraremos ahora en el reguero de agravios que dejó el proceso en los colegios de abogados, que denunciaron actitudes autoritarias y prepotentes. Sus alegaciones no fueron ni siquiera tomadas en consideración, de aquellos polvos, estos lodos.
Según el anterior Decreto 1/1996, eran los colegios de abogados o a través de los Servicios de Orientación Jurídica, los SOJ, quienes realizaban el primer trámite administrativo de concesión de la justicia gratuita a los particulares que tuvieren derecho a acogerse a este sistema, y funcionaba.
La Comisión de Justicia Gratuita, órgano dependiente del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, simplemente ratificaba las concesiones de gratuidad o no que realizaba el SOJ de los colegios, y funcionaba. Proveían de medios económicos a los colegios de abogados para sufragar los servicios de los profesionales que intervenían en la asistencia, así como aquellos gastos de organización, y funcionaba.
Sin embargo, el método impuesto por este nuevo Decreto consiste en que sea el abogado de oficio quien deba gestionar la solicitud de derecho de justicia gratuita.
Cuando un abogado va a realizar la asistencia a un detenido, debe indagar sobre su situación económica para saber si puede ser titular de los derechos de justicia gratuita, debe facilitarle los formularios para que la solicite, debe tramitarlos. En vez de lo que es urgente e importante, es decir, la asistencia letrada inmediata, se dedica a la burocracia. ¿Cuál es el cometido del abogado de oficio, la defensa de su cliente o la inspección fiscal de sus bienes?
Este Decreto ignora los cometidos de cada actor, perjudicando directamente al justiciable. El problema está en que la solución administrativa sobre si corresponde al ciudadano el beneficio de la justicia gratuita vendrá después de que el letrado haya ejercido su asistencia, después de realizado su trabajo. Es el conocido como los asuntos fallidos, sobre los cuales ya se ha comentado y por el cual el letrado que ha llevado a cabo su trabajo deberá solicitar o, en su caso, emprender las acciones oportunas para cobrar el trabajo realizado.
Según reivindica el Consejo Vasco de la Abogacía, el trabajo de verificar el derecho a la justicia gratuita debe ser satisfecho por el Gobierno, quien habrá de haberse asegurado de que las personas que accede al beneficio de justicia gratuita cumple los requisitos para ello, por ser la Administración la que cuenta con los medios suficientes.
Eso es precisamente lo que EH Bildu defiende. No parece complicado. ¿A quién le suena aquello de las nuevas tecnologías? La coordinación entre las administraciones. Para qué tanto embrollo burocrático, cuando con el botón de un ordenador se puede acceder en las haciendas forales a toda la información que se le requiere a los solicitantes de justicia gratuita.
El efecto práctico del actual Decreto es que ha desbordado y bloqueado los servicios de orientación jurídica de los colegios. La saturación es insoportable, las colas interminables, la disfunción evidente. Sólo en el Colegio de Bilbo en los últimos tres meses se adeudan 400.000 euros a los abogados que han realizado ya su labor.
Vista la situación, los colegios anuncian medidas de protesta, se negaran a turnar, a gestionar los turnos de oficio, hay propuestas de huelga entre los propios letrados y letradas acreditadas en dichos turnos si no se corrigen las disfunciones que el presente Decreto genera.
Segundo. Denuncia el Consejo Vasco de la Abogacía, "nosotros somos simplemente abogados, conocedores de las leyes y nuestro trabajo no es otro que conseguir que las personas que no podían permitírselo cuenten con un profesional de garantía y confianza para la defensa de sus derechos e intereses. No somos –prosiguen– recaudadores de impuestos ni meros dependientes de la Consejería de turno".
De esta manera, la anterior Consejería de Justicia deja un enfrentamiento no sólo con los abogados, que hoy precisamente se manifestaran en las calles de Bilbo tras una pancarta que defiende la justicia gratuita.
Se posicionó también la Consejería anterior frente a una ciudadanía que utilizaba un servicio que funcionaba de forma adecuada y que posibilitaba el ejercicio del derecho a la justicia gratuita, un servicio al que la situación de crisis aboca, además, cada vez a más y más ciudadanos y ciudadanas, y al que habrá que dar efectividad de nuevo. La situación requiere una inmediata solución.
Es por eso que en la línea con lo que planteaban los colegios y los profesionales del derecho, veíamos con buenos ojos el planteamiento de que se derogue el actual Decreto 110/2012 y que la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia redactase un decreto en los parámetros de aquel de 1996, que mostraba al menos más efectividad, más capacidad de responder a los problemas que el actual vigente.
Todavía nos tenemos que convencer de la nueva transacción planteada y de que la nueva consejería muestre su mayor capacidad de reacción para buscar una pronta solución en un ámbito en el que se ha instalado el conflicto.
Desde EH Bildu, planteamos que el acceso a la justicia a de ser un derecho fundamental. Los poderes públicos, en este caso la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia han de ser los garantes de que las personas sin recursos suficientes tengan garantizado el acceso a la justicia.
Eskerrik asko.