MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-02-19):
Sí, gracias presidenta.
Señora consejera, hemos sido varios grupos distintos los que hemos planteado esta misma cuestión, consecuencia de la preocupación que nos provoca este asunto y con el objetivo de que el Gobierno haga todo lo posible para evitar estas prácticas en el futuro y para que, evidentemente, se tengan que asumir todas las responsabilidades que correspondan en relación a lo hecho en el pasado o a lo no hecho en el pasado para evitar estas prácticas fraudulentas, que al fin y al cabo este es el objetivo de los grupos que hemos planteado estas interpelaciones.
En fin, parece evidente que este Gobierno, pero no solamente este Gobierno, sino también los gobiernos anteriores, erraron, al menos, en su forma de proceder y permitieron, por acción o por omisión, que se llevará a cabo esta estafa y, evidentemente, de esto no somos responsables los grupos parlamentarios, sino principalmente el Gobierno y, en concreto, los departamentos de Educación de este Gobierno y de los gobierno anteriores, porque, como digo, en fin, erraron en su forma de proceder y permitieron, por acción o por omisión, esta estafa.
Estamos hablando de trato de favor que recibieron determinadas empresas, estamos hablando de presunta o posible complicidad por parte de determinados elementos de la Administración, estamos hablando de negligencias graves, estamos hablando de una evidente inacción en la acción de control por parte del Gobierno Vasco, largos años durante los cuales se produjeron estas formas de proceder, estamos hablando de quebranto de dinero público, de quebranto de dinero público y estamos hablando de miles, de miles de familias que se han visto perjudicadas como consecuencia de estas prácticas fraudulentas.
Y, evidentemente, todo esto exige asunción de responsabilidades y cambios, cambios profundos, no cosméticos y completos, no insuficientes en la forma de proceder. Usted viene a decir que ustedes han colaborado con la Autoridad Vasca de la Competencia, sin embargo, en fin, es lo menos que se le podía exigir.
El asunto es qué han hecho antes durante largos años para impedir esta estafa, y a la vista está...
...en fin, es lo menos que se le podía exigir. El asunto es qué han hecho antes durante largos años para impedir esta estafa, y a la vista está que no hicieron nada, y que da la sensación que usted, ustedes, varios gobiernos, varios departamentos, de hecho lo que hicieron fue permitir esta estafa continuada en el tiempo.
En fin creo que este Gobierno debería solicitar en los tribunales una indemnización por daños y perjuicios a estas empresas. Estamos hablando de un quebranto de dinero público insoportable, unas cifras altísimas y por lo tanto esto es una de las primeras cosas que debería hacer este Gobierno para saldar este fraude mayúsculo. Una práctica ilegal que al parecer pasó desapercibida a varios departamentos de varios gobiernos, en manos de varios partidos políticos diferentes. Y esto ciertamente llama la atención, que estos hechos pasaran desapercibidos no solamente para este Departamento, sino para departamentos anteriores. Evidentemente ahí también habrá algún tipo de responsabilidad política en lo que se refiere a este mismo Gobierno y como digo a gobiernos anteriores.
El Gobierno se escuda en que ha cambiado el sistema de adjudicación, pero lo cierto es que este supuesto cambio no cambió en lo sustancial el sistema. Se cambió para que todo siguiera básicamente igual, y se siguió permitiendo la estafa y la existencia del cártel de empresas que concertaban precios y se repartían el mercado. Por lo tanto en lo sustancial este cambio que usted vende como cambio total, que limpiaba supuestamente las prácticas anteriores, realmente no ha sido tal, y durante los últimos tiempos pues se ha seguido permitiendo esta forma de proceder.
En todo caso más allá de que se pueda conformar una comisión de investigación en este Parlamento, nosotros vamos a proponer una moción. Una moción para pedir al Gobierno de modifique de cara al próximo curso el sistema de adjudicación del servicio de menús escolares en la red pública de enseñanza, de tal forma que se evite el fraude.
Vamos a pedir al Gobierno que se respete también la decisión de las comunidades escolares para elegir el modelo de servicio de comedor que quieran establecer en su centro. Vamos también a pedir al Gobierno que la multa de 18 millones de euros impuesta por la Autoridad Vasca de la Competencia a las empresas, repercuta directamente en los comedores de los colegios de la red pública. Y vamos a pedir también que se investigue a las empresas adjudicatarias a fondo. Esto es todo lo que vamos a pedir.
Gracias presidenta.