ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2013-10-17):
Una de las ventajas de debatir las cosas ampliamente y profusamente es que nunca terminas de aprender.
Yo, por ejemplo, hasta no tratar hoy este asunto que han traído los de Bildu, no había analizado que efectivamente los pliegos de cláusulas generales que están en vigor son los del Estado, son del año 70 y que teníamos posibilidades de hacerlo.
Pero también es verdad que cuanto más se avancen las cosas no sólo se aprende más, sino que también puede aumentar la confusión. Aquí estamos todos de acuerdo en el hecho nuclear, contratación pública: Obras, suministros, servicios... Cúmplanse, cúmplanse los derechos laborales, los convenios de aplicación...
Sin embargo vemos que (por lo que nos ha dicho la portavoz del Partido Nacionalista( podría no ser esto una pretensión acorde al ordenamiento. Ha comentado la sentencia Rüffer. Entonces en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Si nos amenazan los tribunales de la competencia, igual lo que estamos hablando no tiene sentido. Bueno, nuestro grupo cree que sí lo tiene.
Porque es verdad que todo esto es complejo y para mí mucho más y en cinco minutos ni cuento. Pero hay una cosa que es segura y a mí me gustaría exponer esto.
Dado que son obras lo que ha traído lugar a este debate, cuando un proyecto de obras sale a concurso, el proyecto tiene una sistemática presupuestaria: Se divide por capítulos, por partidas y por unidades de obra. A la hora de fijar los costes de las unidades de obra, ¿qué costes se tienen en cuenta? Los materiales, los costes energéticos y los costes laborales.
Pero, ¿qué costes laborales? Los costes laborales del lugar donde se va a realizar la obra, no los costes laborales de allende el océano, los del lugar. Y por lo tanto, los adjudicatarios tienen que ser conscientes que cualquier reducción sobre el precio tiene que gravitar sobre su optimización en el plan de obra, sobre su rendimiento, sobre su organización. Pero no puede ser sobre unos costes laborales que han sido contemplados específicamente para esas unidades de obra.
Por lo tanto, yo creo que la competencia tiene muchos que decir pero cuando realmente se vulneran normas de competencia. Pero esto no son cuestiones que afectan a la competencia. Los costes laborales son los que son y son los que se fijan. Y las reducciones se tienen que hacer desde el punto de vista de la optimización del trabajo pero no sobre la base de quitar a los trabajadores lo que de principio se ha tenido en cuenta.
Por eso, nosotros no podemos suscribir la enmienda que plantea el Partido Nacionalista porque también es bienintencionada. Pero claro, cuando Bildu trae aquí una propuesta o cualquier otro grupo, el Grupo Socialista entiende que tiene que tratar de ver qué aporta de nuevo al statu quo, es decir, a la situación que está, que como hemos dejado claro, es una situación en la que todos estamos de acuerdo que se tienen que aplicar los convenios en la contratación pública, lo reiteramos sucesivamente pero parece ser que esto no está del todo garantizado.
Nosotros hemos hecho una propuesta que creemos que es viable, que es entendible, que es acorde al ordenamiento, que competencialmente es asumible y hasta ahí. Pero su propuesta, señora Otadui, es muy pacífica, es benevolente con el statu quo y no aporta nada entonces bien. Es decir, hasta ahora las cosas están como están y claro que las prescripciones particulares son obligaciones en el contrato.
Pero lo que nosotros planteamos es que, ¿qué ocurre si una institución, una sociedad pública, una mancomunidad no incluye en sus condiciones particulares esta mención? Pues entonces entraría en juego lo que nosotros planteamos. Que las cláusulas generales con ese carácter normativo operan sobre toda la contratación y si alguna institución o algún órgano de contratación quiere hacer unas condiciones particulares que van contra las cláusulas generales, eso tiene que ser previamente informado, en este caso por la Junta Asesora de Contratación Administrativa.
Es decir, que ningún órgano de contratación puede poner las condiciones particulares que quiera si contravienen las generales. Y por eso entendemos que es una propuesta.
Yo le digo a Bildu que no podemos suscribir eso aun porque aunque usted saca a colación al tema de la vivienda, le diré que lo constitucional en principio no es algo determinado cuyos confines son conocidos. Es algo interpretable. Es decir, y la visión constitucional que hay entre unos grupos y otros grupos políticos es muy diferente.
En cambio, la atribución competencial está reglada, está tasada y es conocida. Nosotros como grupo parlamentario lo que no podemos hacer, a sabiendas de eso, es apoyar una cosa que claramente no tiene sentido. Pero compartimos el espíritu de que eso tenga algún blindaje, alguna garantía. Por eso, hacemos esta propuesta. Pero no es para llevar la contraria, ni queremos ser beligerantes con ustedes ni con ningún otro grupo porque entendemos cuál es la finalidad última.
Pero creemos que de los instrumentos posibles, uno que aporta algo nuevo al estado de cosas actual es lo que trae aquí el Partido Socialistas. Por eso, esperamos que pueda contar con los apoyos necesarios.
Nada más y muchas gracias.