LARRAURI ARANGUREN (EAJ, 2019-04-04):
Eskerrik asko, legebiltzar-buru andrea. Lehendakari, sailburua, legebiltzarkide jaun andreok, eguerdi on guztioi.
Aldez aurretik, esan botoa azaltzeko txanda erabiltzea erabaki dugula, horrek nire hitza hartzerako dauzkan mugekin, gaur proposatzen dena ez delako berria Legebiltzar honetan, eta ez gatozelako hitz hartze polit bat egitera, baizik eta berriro gure jarrera azaltzera errealismo eta ardurarekin.
Se ha debatido sobre lo mismo, por lo menos, cuatro veces de forma directa recientemente y otras tantas de forma indirecta. La última, el jueves pasado, 28 de marzo, en relación a los 1.200 euros, iniciativa que decayó.
También hace cinco meses, el 25 de octubre, y en la tramitación de la Ley 3/2016, de 7 de abril, de inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, que derivaba de una iniciativa legislativa popular, Ley que fue aprobada por este Parlamento con seguridad jurídica y en el escaso margen que el ordenamiento jurídico vigente le deja a Euskadi en competencia en materia de contratación pública y derecho laboral.
Por lo tanto, me remito íntegramente a la posición mantenida por mí misma y por mi grupo en dichos debates.
En cualquier caso, esan gure legebiltzar taldeak lege proposamen hau aintzat hartzearen kontra bozkatu egin duela, izan ere, proposatzen dena, alde batetik, ilegaltasun zantzu larriak ditu, eta beste alde batetik, legaltasun arazoak ez dauden partean, gaindituta geratu dira Eusko Jaurlaritzak berak hartutako akordioekin edo beste arau batzuetan jasotako edukiarekin. Beraz, ez du ezer berririk ekartzen posiblea edo legala izan daitekeena.
El Gobierno Vasco ha emitido su criterio desfavorable, como entendemos que no puede ser de otra forma, basado en motivos que este grupo parlamentario comparte y principalmente enfocados en dos grupos: Por un lado, relacionados con la seguridad jurídica, y por otro lado, que no excusas, sino legalidad, realismo, y por otro lado, entendiendo que es un contenido que ya está superado por otros acuerdo por el propio Gobierno, en materias como brecha salarial, igualdad, derechos lingüísticos, medioambiente, un montón de materias, que están ya recogidas; y por otro lado, en otras normas ya en vigor.
Por lo tanto, en esos dos bloques, entendemos que esta norma bueno pues, en la parte que no es, que tiene, en la parte que no tiene dudas de legalidad pues ya está superado por otros acuerdos.
En lo relativo a la seguridad jurídica, se ven, se aprecian serios visos de ilegalidad, por un lado, como hemos dicho muchísimas veces, no se puede establecer un salario mínimo a través de la contratación pública, tampoco se puede establecer, imponer cuál debe ser el convenio colectivo a través de la misma, porque es la legislación laboral la que debe establecerlo, legislación laboral que a día de hoy sigue perteneciendo al Estado.
Por otro lado, en lo relativo a la subcontratación, también vemos serias dudas de legalidad en algunos aspectos recogidos en la iniciativa que hoy se ha presentado y, por otro lado, en lo que no tiene esas dudas, entendemos que también está superado por normativa existente y no precisamente...
...recogidos en la iniciativa que hoy se ha presentado, y por otro lado, en lo que no tiene esas dudas entendemos que también está superado por normativa existente y no precisamente nueva.
Y por otro lado, sigue recogiendo disposiciones que ya han sido declaradas incluso nulas por la jurisdicción ordinaria, y en concreto luego sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo.
Creemos que los salarios deben ajustarse a la realidad socioeconómica de cada territorio, pero no es competencia de este Parlamento fijar un salario mínimo, porque por un lado no puede interferir en la negociación colectiva, es a los sindicatos y patronales quienes corresponden fijar las subidas salarias que procedan en su caso. Y por otro lado, no es competente, porque es materia de legislación laboral que este Parlamento no tiene y Euskadi no tiene esa competencia.
Otra cuestión sería avanzar en cuestiones que alteren el reparto actual competencial entre el Estado y Euskadi pero, como por ejemplo para fijar un salario mínimo, pero desde luego esta cuestión excede totalmente de esta proposición de ley y de la competencia de este Parlamento.
También ha quedado superado  - como se ha dicho y no lo voy a repetir -  y además está perfectamente recogido en el criterio del Gobierno por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público del Estado que tiene carácter básico; y por otro lado, por acuerdos importantes adoptados en el Consejo de Gobierno por este Gobierno.
Y también decir, al leer la iniciativa, la verdad es que me recordaba y hasta que identifiqué que era igual que la Norma Foral de Gipuzkoa del año 2013 de Inclusión de Cláusulas Sociales en los Contratos de Obras para el Sector Público de dicho territorio. Tan idéntica que sigue recogiendo las disposiciones que ya han sido anuladas por el Tribunal Superior de Justicia en la sentencia 617/2014 y ratificado por el Tribunal Supremo en sentencia 1301/2016.
Además, sentencias y en la parte que no anula dice que bien, que puede seguir recogiendo aquello pero desde luego que será la legislación laboral, que será lo que determine la legislación laboral. Por lo tanto, en la parte que no está anulada sería interpretativo y habría que seguir derivándose a lo que diga la legislación laboral. Esta iniciativa sigue recogiendo referencias a normativa derogada y por otro lado, en la otra parte, son cuestiones totalmente superadas.
Por lo tanto, hemos votado por todo eso, hemos votado en contra. No se trata de voluntad política, sino de un ejercicio de realismo y de responsabilidad y en eso está este Gobierno, es proactivo y ejemplar dentro del marco legal vigente, con seguridad jurídica y sigue avanzando en la agenda social y en seguir mejorando la calidad del empleo en concreto, y la calidad de la ciudadanía vasca en general.
Besterik gabe. Eskerrik asko.