ALDAITURRIAGA ZORROZUA (EAJ, 2015-06-18):
Eskerrik asko mahaiburu andrea. Lehendakari jauna. Barkatu. Sailburuok, legebiltzarkideok, egun on guztioi.
Legebiltzarkideoi beti exijitu behar zaigu baina are gehiago lege bat onartzera goazenean, oinak lurrean eta burua hotz izatea, herritarren kezka diren arazoak konpontze alderan eta ez handikeriazko adierazpenak.
Legegintza produktu ona egin beharra dago, seriotasuna eman legediari, ez erabili publizitaterako instrumentu giza, baizik eta herritarren bizimoduan benetan eragitea lortzeko erreminta giza, egun legeek eragiten dituzten efektu negatiboa zuzentzeko. Gure egitekoa da arazoak konpontzeko instrumentuak onartzeko proposatzea. Horrek eskatzen du ondo ezagutzea bai erreminten izaera, bai horrek erantzun beharreko printzipioena.
Decimos que cuando se elabora una norma se debe especificar las consecuencias de los fines que se buscan. Se deben conocer las consecuencias jurídicas y económicas para las personas afectadas, su incidencia sobre el punto de vista presupuestario y sobre la distribución de competencias entre las administraciones afectadas.
Se viene diciendo, para motivar la existencia de esta ley, que no existe en Euskadi una ley de vivienda, pero ello no debía servir de justificación a nuestro modo de ver. La justificación debieran ser las consecuencias de que no exista esta regulación en nuestra ley. Pues ése sería realmente el problema y sin embargo, sobre ello nada se ha justificado en la proposición de ley.
A nuestro juicio, el hecho de que no hayamos tenido antes de ahora una ley específica no ha impedido realizar una política de vivienda homologable al resto de países europeos más avanzados. Para nuestro grupo la vivienda es una parte sustancial de las políticas sociales, el reto que se nos plantea, es la materialización del derecho a la vivienda, facilitar la existencia de viviendas suficientes para la sociedad vasca de los próximos años, satisfacer la demanda de vivienda en alquiler o en propiedad, prestando especial atención a las familias modestas, aquellas cuyos ingresos son inferiores a 39.000 euros anuales que es el límite actual para los adquirientes de las viviendas de protección oficial. Principalmente para las familias modestas pero también debemos trabajar para satisfacer la necesidad de vivienda del resto de nuestra sociedad.
Y en este sentido, la proposición de ley cuyo dictamen analizamos hoy no va a servir para alcanzar este objetivo social, porque para ello en primer lugar, es preciso realizar un diagnóstico preciso y fiable sobre las necesidades de vivienda y las expectativas de los demandantes y nada de esto se ha tratado en esta proposición.
Ni los retos políticos que se nos plantean deben estar unidos a las características de lo que supone una vivienda, es el refugio de la intimidad personal y familiar, es el primer elemento de un espacio construido que lo coloca en el centro mismo de la vida urbana, del urbanismo. Por su papel económico, es el objeto de producción artesanal o industrial, y además de su importancia en la economía y el empleo, se utiliza como patrimonio que se administra y produce unas rentas o ingresos.
Por tanto, debiera ser abordada desde esos tres puntos de vista políticos diferentes, y el modo de trabajo el siguiente, detectar los problemas y carencias en la materia, identificar los niveles de responsabilidad político-administrativas de lo acontecido hasta ahora, tratar conjuntamente la problemática, asignar obligaciones separadamente a cada administración, evaluar los efectos de ello y de este modo permitir a cada administración ejercer las competencias sectoriales pero dentro de una visión de conjunto.
A la proposición de ley de vivienda de Euskadi le falta esa visión de conjunto, le falta una visión estructural del sector de la vivienda. Así por ejemplo, se dice que el sistema vigente no ha funcionado pero sin embargo no introduce un cambio en el concepto de vivienda de protección pública. En esencia se limita casi exclusivamente a cambiar el nombre a la protección pública.
Desaparecen las actuales viviendas de protección oficial y a las nuevas se les va a llamar viviendas de protección social, con el agravante de que no define lo que debe entenderse por tal clase de vivienda. De igual modo se olvida de los agentes privados que...
...nuevas se les va a llamar viviendas de protección social, con el agravante de que no define lo que deben entenderse por tal clase de vivienda.
De igual modo, se olvida de los agentes privados que interviene en el proceso de provisión de viviendas a la sociedad y recordemos que de cada cuatro viviendas que se han construido en Euskadi en los últimos 20 años, tres han sido de iniciativa privada y uno de promoción pública.
No existe un compromiso de colaboración con iniciativa privada para conseguir la existencia de suficientes viviendas para todos. Según los datos proporcionados a todos los parlamentarios esta misma semana, seguían inscritas en Etxebide 51.111 personas en demanda de vivienda, de las cuales 12.487 lo son en propiedad.
Esta ley debiera servir para ofrecer a ese colectivo unas perspectivas de que van a existir viviendas para todos en un plazo de tiempo razonable, bien por acción directa de la Administración o bien en colaboración con el sector privado, y del análisis del texto no se visualiza que estas perspectivas puedan cumplirse.
Tampoco trata esta ley de las cooperativas de vivienda, ni de las entidades colaborativas, ni del sector asistencial. Se abstiene de abordar la problemática de las viviendas libres, las relaciones entre particulares que tienen por objeto de la compraventa de las viviendas libres que supone nada más y nada menos que el 75 % del total de las compraventas de viviendas en Euskadi.
Renuncia, como decimos, a ordenar determinadas relaciones jurídicas entre particulares, y particularmente grave nos parece la defectuosa regulación del capítulo de competencias, planificación y programación en materia de vivienda.
Por todas estas razones, a nuestro juicio no se ha conseguido un buen producto legislativo, en nuestra opinión esta proposición no reúne la calidad suficiente para merecer nuestro apoyo. El texto propuesto no es que sea progresista o retrogrado, es que es técnicamente malo. No aparece como un todo coherente, sino como algo confusamente mezclado.
Horregatik guztiagatik gure ustez ez da legegintzako produktu on bat lortu. Ez du betetzen arauek izan beharreko azken xedea, alegia, herritarren segurtasun juridikoa bermatzea, eta gure ustez, proposamen honek ez du kalitate nahikoa gure babesa jasotzeko.
Gakoa ez da testua aurrerakoia edo atzerakoia den, ezkerrekoa edo eskumakoa. Gakoa da testu txarra dela, osotasun koherente bat izatetik urrun, produktu nahasgarri bat.
El texto que se somete a la aprobación incorpora, sin más, sin un análisis de sus implicaciones, demandas de colectivos ciudadanos y en muchos casos su texto es más propio de una proposición no de ley que de una ley propiamente dicha. O como dice un amigo mío, tiene una mezcla de aire de lista de la compra y de carta a los reyes magos, porque desgraciadamente incluye unos cuantos brindis al sol.
Mandatos políticos lisa y llanamente contraproducentes para ofrecer una solución real al problema de la vivienda en Euskadi. Participa de algunas viejas obsesiones, como la que todas las viviendas protegidas deben serlo en régimen de alquiler. Si todas las ayudas públicas se destinan al alquiler, ¿cómo y cuándo se va a atender a los 12.500 demandantes de VPO en propiedad inscritos en Etxebide?
Por otro lado, en lugar de buscar la cooperación de grupos participantes en la ponencia para conseguir un compromiso a largo plazo, la actuación del Grupo Socialista fundamentalmente se ha basado simple y llanamente en la imposición de su propuesta a la luz de un exiguo mayoría parlamentaria, apoyándose permanentemente en el único voto de 75, que es el de UPyD.
La ausencia de colaboración con los grupos mayoritarios va a complicar notablemente, va a provocar que se impidan las transformaciones de calado sobre la base del consenso político y social, que son las que en realidad pueden servir para resolver la problemática de vivienda para una o más generaciones.
Pretender transformar la compleja realidad del mundo de la vivienda mediante disposiciones que se publican en el Boletín Oficial del País Vasco, sin contar con el apoyo político de la mayoría, ni de otros muchos colectivos, puede quedar bien ante la parroquia de uno, pero poco más.
Creemos que en este caso se puede hablar de postureo legislativo, porque en más que para cambiar las normas en materia de vivienda, se ha trabajado para conseguir ocupar los titulares de la prensa en un momento determinado o para obtener una mayor popularidad política.
Creemos que en esta ley no se emplea la técnica legislativa adecuada y se establece una gran inseguridad jurídica que producirá efectos negativos en el desarrollo de la actividad, tanto de los (...) públicos como de los privados. Inclusive, señoría, en ese texto hoy se va a aprobar una cosa y la contraria al mismo tiempo.
En definitiva, se pone en cuestión un de los cimientos del Estado de derecho y no podemos dar nuestro voto favorable a esta proposición de ley.
Pero vayamos al análisis de los aspectos más significativos de la proposición, sobre el llamado derecho subjetivo, y decimos llamado de derecho subjetivo, porque la comisión jurídica asesora ya ha dicho que no es un hecho subjetivo, sino un derecho social de contenido económico.
Lo primero que debe decirse al respecto para gran decepción de los que apoya esta proposición, a pesar de sus esfuerzos por aparecer en los medios de comunicación, como los valedores de este derecho, es que en esta ley no se crea ex novo un derecho subjetivo a la vivienda.
El derecho a la vivienda ya está reconocido tanto en la legislación urbanista como la legislación social aplicable en Euskadi. Por lo que se refiere a esta última, el artículo 30 de la Ley para la garantía de ingresos e inclusión social, aprobado por este Parlamento el 26 de diciembre de 2008, siendo lehendakari Juan José Ibarretxe, constituye la prestación (...) complementaria de vivienda que tiene como un derecho subjetivo, que tiene por finalidad facilitar a las personas el acceso a la vivienda en alquiler, que es lo que pretende fundamentalmente con esta proposición.
Desde nuestro grupo creemos que las ayudas públicas deben dirigirse fundamentalmente a las personas y no tanto al hormigón, puesto que nos parece más justo que las ayudas se amolden a la situación económica cambiante de las familias.
Y así se planteó, como digo, en el 2008. Por tanto, no es cierto, como aparece reflejado en muchos medios de comunicación, que el Partido Nacionalista Vasco se oponga a la creación de un derecho subjetivo de la vivienda.
Es más, lo propicio en el año 2008, como digo. Nos oponemos a la forma propuesta en ese texto para conseguir ese objetivo. Frente a la propuesta contenida en el dictamen, nosotros proponemos que los beneficiarios cumplan determinados requisitos, como son tener una edad mínima de 23 años, hallarse empadronado o empadronada, y tener tres años de residencia efectiva, y una propuesta que vaya incardinada en el vigente sistema de ayudas sociales, que la situación económica de los posibles beneficiarios de este derecho se relacione con los índices utilizados para las restantes políticas sociales.
Además, proponemos que la aplicación gradual de derecho subjetivo se materialice en cinco años naturales, frente a los tres que se propone en el dictamen, porque, seamos serios, se debe legislar con datos. A la hora de aprobar una proposición de ley debemos disponer de la información necesaria para estimar lo acertado de la medida.
Y, entre otras cuestiones, debemos conocer el impacto económico de la propuesta y qué impacto económico va a suponer en las arcas públicas. Según las estimaciones iníciales que nos proporcionó en el mes de enero el consejero, el coste mínimo de esta ley para el periodo 2015-2025 sería de 75 millones de euros más, que habría que añadirse a las cantidades que al efecto se dedican en los presupuestos de la Comunidad.
Con la incorporación de las últimas enmiendas, que son difíciles de calcular su impacto porque son, en fin de tarea, contenido, se estima en unos 864 millones.
Y recordemos que el pasado año se han destinado a tal efecto unos 90 millones, por lo que sería necesario aumentar los presupuestos en la materia hasta los 150 millones de euros anuales.
Y éste es el impacto estimado en los presupuestos del Gobierno. Pero esta propuesta va a suponer también importantes variaciones de gasto para los municipios, y quizás también de sus ingresos.
La aplicación de esta ley en los términos propuestos y su relación con la Ley de garantía e ingresos va a plantear un conflicto social. ¿Los preceptores actuales de la PCV que no reúnan los requisitos establecidos en esta ley, deberán dejar de percibir las ayudas que reciban para el pago del alquiler de las viviendas que ocupan?
La regulación de este asunto realizada en el documento es tan deficiente que a la entrada en vigor de la ley existirán dos derechos subjetivos, uno el propio de esta ley y otro el de la Ley de garantía de ingresos, porque no se deroga, ni se modifica la prestación complementaria de vivienda. Y esta deficiencia supone otro agujero en la seguridad jurídica del reglamento aplicable.
Sobre la expropiación temporal del uso de la vivienda en los procedimientos de desahucio, la proposición incluye una medida que faculta al Gobierno Vasco a expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, el uso de viviendas inmersas en un procedimiento de desahucio, pero no solo en los casos de impago de las cuotas del préstamo hipotecario, sino también para expropiar al propietario de la vivienda cuando un inquilino no puede pagar al casero el alquiler.
Más allá de las discusiones técnicas sobre la fórmula de articularlo, con estas perspectivas, ¿Que propietario de una vivienda vacía va a poner en alquiler si existe el riesgo de que, además de no cobrar el alquiler, el Gobierno lo puede expropiar la misma durante tres años en favor del inquilino moroso? ¿Ustedes creen en serio que ésta es una forma de fomentar el alquiler de viviendas vacías?
Ante los casos de riesgo de exclusión social, motivados por las ejecuciones hipotecarias o de impago de alquileres, nosotros tenemos una propuesta propia.
Nuestras medidas van encaminadas a resolver los problemas de densidad de habitación de las personas. Afectan tanto a los deudores hipotecarios que han dejado de pagar sus cuotas como a los inquilinos que no pueden pagar al propietario.
Y ello porque entendemos que el daño infringido a las personas desalojadas, el daño causado a los desahuciados es similar en ambos casos.
Las medidas propuestas son: La mediación entre las partes  - en esencia, haría falta sumar las ayudas al desarrollo, pero no he tenido tiempo en este momento - , el asesoramiento gratuito a los afectados, las ayudas económicas y, finalmente, el ofrecimiento de una vivienda en alquiler del parque público. Nosotros priorizamos siempre las actuaciones preventivas, de fomento del derecho a la vivienda y de la asistencia a los necesitados de ayuda en esta materia.
Por lo que se refiere a la problemática de vivienda vacía o deshabitada y el llamado canon, según el último informe sobre vivienda vacía elaborado por el Gobierno el año 2013, existen en la Comunidad Autónoma 91.000 viviendas vacías, de las cuales son gestionables, susceptibles de movilización inmediata por parte de las administraciones para su potencial oferta en el mercado de vivienda unas 42.000 viviendas.
Nosotros somos partidarios de promover estímulos e incentivos para que las viviendas vacías se incorporen al mercado, a fin de satisfacer las necesidades habitacionales que existen en nuestra sociedad. Y así lo hemos hecho históricamente, mediante la creación y potenciación del Programa Bizigune.
En el ámbito tributario, mediante medidas incentivadoras en varios impuestos como en el IRPF, impuesto de sociedades o IBI.
Ahora bien, entendemos que la definición del canon realizado en el artículo 57 no es la correcta, porque se define el canon del siguiente modo, como una imposición a cargo de los ayuntamientos, que gravará a las viviendas deshabitadas y los ingresos por este concepto contarán el patrimonio municipal de suelo. Se trata de una obligación que se impone a los particulares, que se confía a los ayuntamientos de Euskadi y que se ingresará en las arcas municipales.
Es decir, queda configurado como un impuesto municipal en toda regla. Y no es un tributo propio de la Comunidad Autónoma, señorías, como quieren explicarnos aquí algunos.
Y llegado a este punto, debemos que recordar que en Euskadi la regulación del régimen tributario municipal corresponde a las instituciones forales y a los territorios históricos. Y esto no es una cuestión que se regule en la Ley de Territorios Históricos, sino que lo hace nada más y nada menos en la Ley del Concierto Económico, concretamente en su artículo 42.
En definitiva, que a nuestro juicio este Parlamento está estableciendo un nuevo impuesto municipal, una intromisión en las competencias de los territorios históricos. Y todo ello con independencia, que en el territorio histórico de Gipuzkoa los ayuntamientos pueden exigir, y de hecho algunos ya lo exigen, el recargo de la cuota líquida al IBI para las viviendas vacías.
Es decir, se produce un supuesto de doble imposición, algo que está legalmente prohibido.
Por lo que se refiere a rehabilitación, regeneración y renovación urbana, consideramos que la política de rehabilitación va a ser fundamental en la futura estrategia de vivienda, y por eso hemos propuesto modificar el capítulo específico relativo a la rehabilitación y regeneración urbana.
Además, con el fin de hacer más atractivas las actuaciones de rehabilitación para los propietarios de los edificios, hemos propuesto reducir el porcentaje de cesión de los aprovechamientos urbanísticos del 15 % al 10 % en suelo urbano consolidado, que es el objeto de las actuaciones rehabilitadoras.
También hemos propuesto una serie de modificaciones para evitar incongruencias e inseguridad jurídica, tanto para el aplicador de la norma como para los particulares, ante las numerosas contradicciones entre el texto de la proposición y la regulación básica que dimana de la Ley llamada 3R.
Por ejemplo, el problema derivado de lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del texto, en relación con la citada Ley 3R, para aquellas viviendas que no reúnan las condiciones mínimas para considerarse habitables.
Ello va a obligar a los ayuntamientos a prohibir la ocupación residencial de muchas viviendas, llevando la inseguridad y la zozobra a muchos hogares que hoy no tienen esa preocupación.
Sobre la relación de la vivienda de protección pública con el planeamiento urbanístico, planteamos reducir los actuales porcentajes para vivienda de protección oficial del 75 al 55 % en suelo urbanizable y del 40 al 25 % en el suelo urbano, previsto en la vigente Ley del Suelo.
Así mismo, proponemos otorgar mayor protagonismo a los municipios en la determinación de estos porcentajes, con una doble finalidad. Por un lado, promover la actividad económica, y por otro, adecuar las cantidades de vivienda protegida a la realidad social de cada municipio.
Planteamos la reducción de los estándares mínimos de vivienda protegida en dos casos: En los casos de operaciones de regeneración y renovación urbana, o cuando no exista demanda de vivienda protegida en el municipio.
Porque no tiene mucho sentido, señorías, obligar a los particulares a construir viviendas de protección pública en los municipios donde no existen necesidades de este tipo de vivienda, donde no haya demandantes de vivienda sociales.
E introducimos una dosis de flexibilidad compatible con el interés general en la construcción de viviendas y la función social de la propiedad.
Respecto a las enmiendas presentadas, decir, en primer lugar, que mantenemos todas las enmiendas nuestras, excepto las números 547 y 551, que las retiramos.
Apoyaremos la disposición transitoria primera, sobre el papel de las empresas inmobiliarias, que es una enmienda alcanzada de común acuerdo entre todos los grupos.
Apoyaremos también el voto particular del Grupo Socialista, sobre el depósito de fianzas, así como un número importante de enmiendas del Grupo Popular, de aquellas que nos parecen más adecuadas para la consecución del objetivo de satisfacer la necesidad de vivienda en Euskadi, concretamente son las números 87, 102, 103, 104, 105, 124, 133, 135, 136, 138, 145, 148, 151, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 169, 171, 185, 188, 196, 201, 205, 236 y 243. Y votaremos en contra de todas las demás enmiendas.
Finalmente, quisiera agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado por todos mis compañeros en la ponencia, aun cuando el resultado no sea de nuestro agrado, porque creo que hemos trabajado sinceramente con honestidad en la consecución de un buen texto, aunque como digo, no sea de nuestro agrado.
Y pensamos que va a traer mucha dosis de inseguridad y va a traer muchos problemas, para la resolución de los problemas que pretendíamos resolver con esta iniciativa.
Besterik ez. Eskerrik asko.