MATUTE GARCÍA DE JALÓN (EH Bildu, 2015-02-13):
Señor lehendakari, usted decía que el control interno ha funcionado. Ha funcionado en diferido, como diría una representante del Partido Popular, porque ha transcurrido mucho tiempo hasta que ese control interno ha detectado una irregularidad que parece ser flagrante y que en otros ámbitos y en otras cajas de ahorros, pero con idéntica casuística, algún juez ha calificado de sinvergonzonería. Hoy mismo lo podíamos oír en los medios de comunicación.
A lo largo de todo este tiempo hemos oído a hablar de una ley no escrita, de un pacto o de una razón de Estado. Esa es una de las líneas argumentales que parece que se ha esgrimido para justificar la irregularidad acaecida en Kutxabank. ¿Qué razón de Estado? ¿Qué ley no escrita?
¿Es el propio Mario Fernández quien determina que hay una ley no escrita, o alguien le transmite que hay una ley no escrita que tiene que habilitarle para hacer cosas como las que ha hecho en el entorno de Mikel Cabieces? ¿Quiénes participan de esa ley no escrita? ¿Quiénes acuerdan que esa ley no escrita tenga que tener validez? Y, en cualquier caso, ¿qué razón de Estado? Qué razón de Estado pasa por encima de otras que serían más evidentes, como por ejemplo la del respeto a la propia Constitución española en lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, evitando así desahucios, también por parte de Kutxabank. Parece que esas razones de Estado no funcionan.
Y también hemos oído frágiles coartadas. Frágiles coartadas que obvian una realidad incuestionable: que este Gobierno, el Gobierno del Estado español, que los gobiernos que de una u otra manera han tenido que legislar sobre la violencia o sobre el terrorismo ya tienen de manera pública y notoria partidas y políticas y medidas destinadas a proteger la integridad de las personas que se vean amenazadas, e incluso, ya sea a través de bolsas de trabajo o de otra serie de cuestiones, a proveerles de algún futuro más halagüeño. Y, sin embargo, se ha tenido que recurrir a un subterfugio oculto, a un subterfugio que además se ha hecho con el dinero de todos y todas.
Y también hemos oído que se pone en entredicho a Kutxabank, y se señala que quienes hacemos la denuncia de lo que haya ocurrido –y no somos los únicos, también hay diferentes medios de comunicación que así lo hacen– ponemos en serio riesgo la estabilidad de Kutxabank, que casi tenemos el objetivo de desestabilizar Kutxabank. ¿Quién desestabiliza Kutxabank? ¿Quien hace mal empleo, hace mal uso de sus fondos, o quienes quieren que se ponga toda la luz, todos los taquígrafos sobre una actitud irregular?
Y por eso no entendemos que no se apruebe una comisión de investigación en este Parlamento, porque, si nadie desde el poder político tiene nada que ver, sería bueno que al menos este Parlamento pudiera determinar quién determina qué cosas tienen que ver con la razón de Estado, qué cosas tienen que ver con las leyes no escritas.
Pero, por desgracia, esta realidad no es una realidad que solo suceda en Kutxabank. Es que, por desgracia, en esta sociedad, en la vasca, ya conocemos lo que son las puertas giratorias. Y hay inspecciones, hay informes de Inspección de Trabajo (no de EH Bildu) que determinan que en otras casuísticas (por ejemplo, Ibarzaharra) ya han existido dos personas que han cobrado altas remuneraciones sin acudir, en un caso, ni un solo día a su puesto de trabajo, sin remitir siquiera ni un solo informe. Esa es la realidad.
Usted nos dice que no tenía conocimiento, pero a la vez vemos cómo un senador del Partido Nacionalista Vasco, en este caso el señor Iñaki Anasagasti, señala, incluso de atreve a dar un nombre concreto de quién inicia toda esta cadena de petición de favores que le son negados o de los que es privada la inmensa mayoría de la ciudadanía, pero que parecen al acceso de otros.
Y, sin embargo, también vemos cómo el nuevo presidente se asciende el sueldo de 800.000 euros también sin control.