ALDAITURRIAGA ZORROZUA (EAJ, 2013-06-20):
Eskerrik asko mahaiburu andrea. Sailburu jauna, legebiltzarkideok, eguerdi on.
La iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Socialista, la proposición de ley de vivienda debe ser analizada conjuntamente con otra iniciativa presentada por el mismo grupo en la Cámara el pasado 23 de abril, sobre medidas a adoptar para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
En esta última iniciativa, el Grupo Socialista –el grupo proponente– pedía que el Gobierno remita a esta Cámara antes de la finalización del próximo periodo de sesiones un proyecto de ley de vivienda que tenga por objeto garantizar el derecho al disfrute de una vivienda digna.
No obstante, sin esperar al resultado de esta iniciativa y conocido ya el compromiso de este Gobierno de elaborar un anteproyecto de ley de vivienda, el Grupo Socialista presenta 20 días después una proposición de ley sobre vivienda.
Eso sí, como ya se ha dicho el contenido de esta proposición de ley es el mismo que el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno del lehendakari López en la pasada legislatura, hace aproximadamente un año y como paso previo a la disolución de esta Cámara, siguiendo con la tradición disolvente de los proyectos de ley sobre vivienda y urbanismo en nuestra comunidad.
Una vez celebradas las elecciones autonómicas la composición de esta Cámara ha variado, por lo que el comportamiento del Grupo Socialista de presentar esta iniciativa nos parece cuando menos osado y en cualquier caso contrario a la cortesía parlamentaria una vez que el Gobierno ha manifestado que va a proceder a la elaboración del proyecto de ley.
Analizar una proposición de ley nos remite inexorablemente a hablar de las características que deben tener los productos normativos que salen de esta Cámara. Nos lleva a hablar del procedimiento de elaboración de las disposiciones generales.
Con la particularidad de que esta proposición de ley que hoy tramitamos, que hoy se propone tramitar, se refiere no a una materia cualquiera sino que lo hace sobre una problemática de enorme actualidad e importancia social como es la relativa a la vivienda en nuestra comunidad autónoma, sin que pongamos en duda la legitimidad del derecho del Grupo Socialista a presentar esta iniciativa, entendemos que ésta no es la forma más adecuada de abordar la citada problemática.
Convendremos todos que el objetivo principal de esta materia debe ser el de lograr una herramienta capaz de resolver los problemas que en relación a la vivienda se plantean en nuestra sociedad.
El ejercicio de una actividad de esta naturaleza, exige que la misma –la proposición de ley que hoy analizamos– vaya dirigida a dar respuesta a esta demanda en una sociedad compleja como la nuestra, como digo.
Al respecto y en primer lugar, ha de tenerse en cuenta la diferencia temporal existente entre el momento en que el anterior Ejecutivo tomó la decisión de elaborar el proyecto de ley que ahora se nos presenta como proposición de ley y el transcurrido hasta la fecha.
El Gobierno socialista adoptó la decisión de iniciar el proyecto en el año 2010 y nos hallamos a mediados del 2013. Desde entonces hasta hoy han ocurrido muchas cosas en el sector de la edificación residencial que aconsejan nos replanteemos aquellos criterios con los que se encargó la elaboración del proyecto de ley.
El momento inicial de la elaboración del proyecto es fruto de unas condiciones de partida, las imperantes en nuestra comunidad el año 2010. La base de la proposición de ley que nos realiza el Grupo Socialista es como si nada hubiese ocurrido. Un modelo de producción de vivienda de protección pública que no ha servido para resolver el problema de necesidad de vivienda en un segmento de nuestra sociedad.
Los criterios productivistas de construcción de vivienda de VPO que siguen manteniéndose en la proposición de ley nos han llevado, por ejemplo, a que dispongamos de viviendas de VPO de promoción pública edificadas en los municipios donde no existe una necesidad de vivienda contrastada.
En segundo lugar, en una EPA como la presente se exige que actuemos con sometimiento al filtro económico que nos impone la actual situación de crisis.
En esta proposición del Grupo Socialista se incluye la monetarización de un concreto hecho subjetivo de la vivienda con un impacto económico enorme en las haciendas de las administraciones afectadas, principalmente el Gobierno y los ayuntamientos.
El anterior Gobierno fijaba el impacto presupuestario asociado al derecho subjetivo de la vivienda en 559,93 millones de euros basados en una información que la propia oficina de control económico del Gobierno consideraba notablemente insuficiente, que no se justifica de forma adecuada por cuanto su materialización podía llevar un mayor endeudamiento o una alteración de las prioridades del gasto público del Gobierno.
Manifiesta también este informe de la Oficina de Control Económico que en el texto del proyecto impone mandatos por importante trascendencia económica para las administraciones locales que no han sido evaluadas. Pero además de la exigencia a esta proposición de ley de un mínimo principio de eficiencia en los procesos...
...económica para las administraciones locales que no han sido evaluadas.
Pero además de la exigencia a esta proposición de ley de un mínimo principio de eficiencia, en los procesos de elaboración de las disposiciones generales han de añadirse algunos otros de más reciente elaboración, pero no menos importante por ello, como es el de la participación. En este sentido, es importante conocer la opinión de las administraciones afectadas, de las organizaciones y asociaciones a los que se debe dar audiencia para alcanzar una conciliación previa, no sólo técnica, sino fundamentalmente de orden político.
En este sentido, esta proposición de ley tiene una importantísima carencia: No sabemos la opinión, el parecer que les merecen a nuestros municipios el contenido de esta iniciativa. Téngase en cuenta que en el documento presentado por el Gobierno, el Grupo Socialista ahora impone importantísimas obligaciones, como digo, a nuestros municipios.
Se nos dice que ya se les ha otorgado el trámite de audiencia, pero entendemos que su mero cumplimiento formal no es suficiente. Lo cierto es que no conocemos su opinión, y no se trata ni de cumplir mecánicamente el procedimiento ni de presionarles para que realicen su labor de cualquier manera.
Por eso, nuestro grupo propone alcanzar un acuerdo interinstitucional por la vivienda, con el objeto de promover la cooperación y colaboración en esta materia. Hemos hablado de las administraciones afectadas, pero lo mismo podemos decir de las asociaciones empresariales de la construcción u otros colectivos que trabajan por la materialización de una vivienda digna. Hemos de ser capaces de conseguir un producto normativa satisfactoria para todos.
Por eso, entendemos que se requiere un consenso político previo entre todos los agentes sociales e institucionales que interviene en la configuración del derecho a la vivienda. Es conveniente que entre las principales fuerzas políticas del Parlamento seamos capaces de formalizar un pacto en esta materia.
Es necesario aislar el problema del acceso a la vivienda de las refriegas políticas, señorías. Y desde luego, la presentación de esta iniciativa no es la mejor manera para alcanzar ese objetivo, señor Itxaso. Por eso también es preciso recordar que los partidos no tenemos la exclusiva en esta materia, una materia en que está en juego la convivencia y el modelo social, porque no se trata solo de un derecho constitucional, sino que además afecta a las condiciones de vida de nuestros conciudadanos.
Esta proposición de ley tiene también otros defectos. El siguiente y también muy importante es que nos hallamos ante un documento que prevé ser normativo y que se refiere a la vivienda protegida. Lamentablemente, no define lo que se entiende por vivienda protegida, no se establecen cuáles son los beneficios económicos sobre las limitaciones del derecho de propiedad de estos bienes, no se realizan el menor esfuerzo por decidir las condiciones legalmente exigibles a estas viviendas. Y espero, señor Itxaso, una respuesta a esta pregunta en su turno de réplica.
Tampoco se dice nada respecto al comportamiento de estos bienes en los casos de apremio sobre el patrimonio, es decir, cuando se traban bienes o derecho del apremiado para satisfacer un crédito de derecho público. Entre estos bienes, se hallan las viviendas de VPO, o el reintegro de la financiación en caso de venta o si sólo se puede adjudicarse estas viviendas a solicitadores que reúnan condiciones previstas para su compra.
Todo esto que entendemos es básico en una ley sobre vivienda protegida. Sin embargo, en el texto presentado se pospone para su posterior desarrollo reglamentario. Es más, nos hallamos ante una propuesta política que no es de recibo, señor Itxaso.
Se supone que nos hallamos ante una ley de vivienda protegida que en su disposición final séptima nos dice que serán viviendas de protección pública las que se definan en la Ley del Suelo, señor Itxaso, ley en la que a su vez nos remite a través de otra Disposición Final Octava de la Ley del Suelo, en este caso, nos dice que el régimen jurídico de la Administración Pública es el que defina la ley de vivienda que, como ya hemos dicho, no lo define. En definitiva, que se produce un peloteo inadmisible, señor Itxaso.
Otro aspecto de esta proposición es que la estrategia de vivienda en la que seguramente todos coincidimos no va más allá que los enunciados teóricos. En nuestra cultura inmobiliaria está demasiado arraigado la concepción de una vivienda como un bien de inversión más que como bien de uso, eso es cierto. Sin embargo, no se fomenta el alquiler como herramienta adecuada para potenciar ese valor de uso de la vivienda. Tampoco se establecen mecanismos societarios que impulsen el ahorro privado hacia la promoción de viviendas de alquiler social.
Asimismo, falta, no se ha diseñado una estrategia de fomento para evitar la existencia de viviendas desocupadas, para poner en el mercado esas 85.000 viviendas vacías a las que usted hacía referencia, más allá del canon de vivienda desocupada, que entendemos que no va a sobrevivir para resolver este problema.
Llama también la atención que no contenga ni proponga ni una sola medida de carácter fiscal. Esta proposición de ley se apoya en una falacia contenida a la Ley del Suelo del 2006 que la realidad ha dejado al descubierto, señor Itxaso. Y es la relativa a que el precio del suelo condiciona el precio de la vivienda, cuando en realidad es al revés, es decir, es el de la vivienda el que condiciona el precio del suelo y la prueba lo tenemos en lo que ha ocurrido estos años.
El descenso de los tipos de interés provoca un aumento de la demanda de la vivienda y dada la rigidez de la oferta a corto plazo, suben los precios. Una subida de precios de vivienda hace que suba el precio del suelo y una subida al coste del suelo provoca una subida del precio de la vivienda, y así hasta el infinito. Hay que ir a otro modelos, señorías.
Hasta ahora el modelo ha sido ayudar al sector privado a cambio de una limitación administrativa de los precios, lo que los franceses llaman ayudas a la piedra.
Quizás haya que ir a la sustitución de esta ayuda por otras de carácter no permanente, revisables y directas a las personas que pretenden acceder a una vivienda. Finalmente, decir también que hay otros argumentos que aconsejan la no tramitación de esta iniciativa en los actuales momentos. Nos estamos refiriendo a la tramitación en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que contrariamente a lo que opina el señor Itxaso, nosotros creemos que sí tiene su importancia.
Y aún cuando no es estrictamente necesario esperar a la regulación estatal para elaborar una normativa propia, es aconsejable en las circunstancias actuales esperar a la aprobación de ese proyecto, analizar el tratamiento de los aspectos básicos de la legislación estatal y diseñar una estrategia propia al respecto en la normativa aplicable en nuestra Comunidad, no elaborar ahora una ley para tener que modificarla pasado mañana.
Por todas estas razones, señorías, por todas estas cuestiones de forma y fondo, nuestro grupo se opone a la tramitación de esta proposición de ley del Grupo Socialista.
Besterik ez, eskerrik asko.