ZORRILLA IBAÑEZ (EAJ, 2015-02-19):
Bai, eskerrik asko presidente andrea. Sailburu jaunak, legebiltzarkideok, egun on guztioi.
Erregistro Zibilaren garrantziari buruz ez naiz errepikatuko. Uste dut nire aurretik hitz egin duten legebiltzar-taldeetako bozeramaileek dagoeneko azpimarratu dituztela bere onurak eta potentzialtasunak, bai bilkura honetan, bai iazko otsailaren 20an izandakoan.
Para nuestro grupo, el primer aspecto muy importante en el que hemos de incidir que, por lo aquí manifestado parece que inicialmente y conceptualmente coincidimos todos los grupos parlamentarios, es que la institución del Registro Civil debe seguir siendo pública y gratuita, incluso el Real Decreto Ley 8/2014  - al que luego haremos referencia -  en su Disposición Adicional 21 determina que el servicio será gratuito. Ahora bien, sin determinar cómo ni a costa de quién. Por lo tanto, se vuelven a generar nuevas incertidumbres.
Dicho esto, y tras la Ley 20/2011 de 21 de julio que planteaba la Desjudialización del Registro Civil, entendida como que salía del ámbito jurisdiccional pero no del ámbito judicial, y a la vez no designaba quién se iba a encargar de su llevanza y tras la vacatio legis de tres años establecida, el Real Decreto Ley 8/20114 y su posterior tramitación como proyecto de ley, la ley 18/2014 de 15 de octubre, establece que serán los registradores de la propiedad y mercantiles los encargados de su llevanza, tras un largo período de gran incertidumbre y muchos rumores como decía la señora Llanos en el pleno del año pasado. Aquí se ha confirmado aquello de que cuando el río suena, en este caso sonaba, mejor dicho.
Ante esto vemos inconvenientes. Algunos han mencionado pero para nosotros los principales son, en primer lugar, las molestias que se van a ocasionar a los ciudadanos y ciudadanas ya que partimos de una situación en que tenemos el Registro Civil en los juzgados de primera instancia y en 238 juzgados de paz, y vamos a pasar a una situación en que no hay 238 registradores mercantiles.
Por poner el ejemplo que ponía la señora Otadui en el pleno anterior, en Bizkaia hay 21 registradores de la propiedad y sólo de ellos 13 están en Bilbao. Por lo tanto, obligamos a la ciudadanía a desplazarse para la realización de estos trámites básicos.
En segundo lugar, también nos preocupa la posible desaparición de los juzgados de paz. No lo sabemos todavía dentro de esas incertidumbres pero es evidente que si esto se pone en vigor, van a quedar vacíos de funciones y por tanto, con esto se aleja a los ciudadanos de la Administración de justicia. Y también nos  preocupa esa indisponibilidad del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco sobre los medios personales y materiales a la que dará lugar. Por último, también nos preocupa la garantía de la privacidad de los datos registrales, ya que los empleados de los registros de la propiedad y mercantiles no son funcionarios públicos.
¿Cuál es nuestro planteamiento a este respecto? Pues tal y como hemos venido manteniendo, nuestro planteamiento, que es que el Gobierno Vasco está defendiendo y reclamando, es que el Registro Civil se mantenga en el ámbito judicial pero desjudicializado y que su llevanza sea encomendada a los secretarios judiciales, cuya transferencia se ha reclamado repetidamente o en su defecto, si esa transferencia no se quiere realizar, que sea gestionado por los cuerpos de gestión de la Administración de justicia que, tanto unos como otros, no son cuerpos judiciales, no ejercen la función jurisdiccional, de juzgar y ejecutar lo juzgado, pero sí  son cuerpos que desarrollan sus funcionas en el ámbito de la Administración de justicia.
Entendemos que sólo de esta manera seguiremos teniendo competencias en esta materia y podremos dotarlo de medios. Para nosotros la fórmula más adecuada el orden a garantizar la prestación de un servicio público y gratuito, consiste en residenciar la llevanza del Registro Civil dentro del ámbito judicial A la vez que la Comunidad Autónoma del País vasco ostenta la competencia en materia de provisión de medios personales y materiales a la Administración de justicia en los términos establecidos en la sentencia 56/90 del Tribunal Constitucional.
Por eso, en nuestra enmienda a la totalidad establecíamos en el  punto segundo, que insta al Gobierno Vasco a que continúe solicitando tal y como ha venido haciendo hasta ahora, que el Registro Civil se mantenga en el ámbito judicial.
En cuanto al tema competencial que se ha planteado en la proposición no de ley, aprobada el 20 de febrero del años pasado a instancia del Grupo Socialista, se instaba al Gobierno Vasco a asumir las competencias de carácter ejecutivo en materia de Registro Civil de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2011.
Tras la comparecencia del señor consejero Erkoreka el pasado 29 de octubre, quedó meridianamente claro  - al menos para nosotros -  esta materia, incluso nuestra portavoz reconoció que no fue muy acertada la PNL aprobada. Aquí se ha hablado de Confucio, en algún otro caso se ha hablado de (...). Nosotros sabemos reconocer nuestros errores y, por tanto, creemos que quedó bastante bien claro.
Pero hoy se vuelve a incidir sobre lo mismo, en la transaccional firmada por el Partido Socialista y EH Bildu. Hasta la Ley 20/2011 ningún problema había en esta materia. Como ya se ha comentado, se estableció una vacatio leguis de tres años, hubo un cambio de Gobierno en Madrid y un cambio de planteamiento, y previamente con una gran incertidumbre al respecto.
La Ley 20/2011 estableció en materia competencial de Registro Civil que lo asumirían las comunidades autónomas que la tuviesen recogida en sus estatutos de autonomía, de acuerdo con sus estatutos de autonomía y las leyes.
Por tanto, y tal y como quedó claro en la comparecencia, según esta Ley existían tres grupos de comunidades autónomas: Las que tienen atribuidas competencias en materia de justicia y ejecutivas de registro civil, que son cuatro, Cataluña, Aragón, Andalucía y Extremadura aunque esta última no tiene todavía las transferencias de medios; las que tiene atribuidas competencias en materia de justicia pero no en materia de registro civil, como es Euskadi; y las que no tienen atribuidas competencias en ninguna de estas dos materias.
La Ley 20/2011 se alegaba en aquella PNL que pudiera servir de título habilitante para asumir esta nueva competencia. Hoy también se hace referencia o se hacía referencia en los intentos de transaccional a un título habilitante y aquí se ha mencionado para conseguir esta transferencia de la materia ejecutiva de Registro Civil.
A este sentido, son claros los informes jurídicos que el Gobierno Socialista solicitó tras la publicación en el Boletín Oficial en el año 2011 sobre esta materia. Por tanto, queda claro que es imposible enganchar directamente la competencia a través de esta Ley ordinaria del Estado.
Por tanto, las dos opciones que quedan para asumir la competencia ejecutiva del Registro Civil serían la reforma estatutaria, con lo que ello conlleva y para este tema en concreto, actualmente y en este sentido, y ante su insistencia en la solución de la competencia, de ahí nuestro punto último en la enmienda de totalidad, en la que creemos que en esta Cámara se está desarrollando una ponencia de autogobierno que, aunque es para otras cosas, pues si realmente esta materia se cree que es importante, se podría plantear a este respecto iniciativas.
Nosotros tenemos claro cual sería nuestro deseo final como nacionalistas. Nos gustaría un sistema judicial vasco que salga de esa ponencia de autogobierno, pero cada cual que plantee en esa ponencia lo que entienda respecto a la reforma estatutaria.
Y la segunda alternativa sería una ley orgánica de transferencia o delegación del artículo 150.2 de la Constitución Española, en el cual la competencia sigue siendo del Estado y es una delegación, una concesión graciosa del Estado que el Estado te la puede quitar y te la puede dar cuando quiera. Y actualmente, siendo conscientes del Gobierno español con la mayoría absoluta al Gobierno Popular, pues yo creo que también es una materia complicada, por no decir imposible.
Y a pesar de todo, no obstante, y en estos ambos casos de forma estatutaria, a pesar de que hiciésemos una reforma estatutaria o que el Gobierno Popular a través del 150.2 concediese esa transferencia, con el modelo finalmente propuesto por el Gobierno español va a dar igual. Tanto en las que tenga las competencias ejecutivas en materia de Registro Civil como las que no  - que es nuestro caso -  no van a tener ninguna función en materia registral salvo almacenar los libros de registro una vez que se proceda a su registro informático, a su sistema registral electrónico.
El Gobierno es cierto que quiere competencias que sirvan en aras a lograr un mayor autogobierno. Eso es evidente pero quiere asumir competencias que sirvan para algo, que sirvan para mejorar las condiciones de vida y los intereses de nuestra ciudadanía, no una competencia que no sirve para nada.
El Real Decreto Ley 8/2014, refrendado por urgencia por el Congreso de los Diputados el 4 de agosto del 2014 y posteriormente tramitado como proyecto de ley el 15 de octubre, arrasa con todo ello, con todo este planteamiento.
Ya hemos dicho, para las comunidades autónomas con competencias ejecutivas o no, y para las que tienen materia el Registro Civil, se reduce la competencia ejecutiva respecto al Registro Civil como decía el consejero en su comparecencia: "A meros almaceneros de los libros registrales".
Creíamos, como hemos dicho, que hasta en la comparecencia del 29 de octubre había quedado claro en la que Bildu demandaba  - como hoy hace aquí también -  "una estrategia para superar las circunstancias adversas" decía. Y quedó muy claro cuál es la estrategia del Gobierno Vasco que es muy clara y es la que entendemos que hay seguir: La única forma en que se pueden retener las atribuciones que actualmente se tiene respecto al Registro Civil es desjudicializándolo pero manteniéndolo dentro del ámbito judicial, sin depender de los jueces.
Con ello, nos permitiría seguir ejerciendo las competencias que hasta ahora se han ejercido, limitadas  - también es cierto -  dentro de la Administración de Justicia respecto al Registro Civil.
Como no voy a tener tiempo ahora, en el segundo turno me reservo para los pasos  - decía el señor Arzuaga -  que EH Bildu instaba a dar pasos y bueno pues le diremos cuáles son los pasos que se han dado, que los conoce y cuáles son las alternativas que se plantearon en esa Comisión. Como digo, en el segundo turno porque no tengo tiempo.
Y finalmente, si esto se llevase a cabo, si este modelo acaba implantándose, lo que pedimos al Gobierno Vasco es que mantenga su compromiso de sostenimiento del empleo público adscrito al Registro Civil, tal y como ha venido manifestado de forma reiterada hasta ahora  - reunión con los representantes, con todos los representantes sindicales el 17 de julio, posterior declaración institucional, comparecencia el 29 de octubre -  planteando en su caso y en su momento un plan de readscripción con el fin de reubicar los efectivos existentes en otras unidades y servicio de Administración de Justicia. Plantila organikoak mantendu egingo dira, ez dira batere murriztuko, karrera funtzionarioak eta langile interinoak.
Respecto a lo que decía la señora Gallastegui de que la transacción a la que han llegado EH Bildu y el Partido Socialista, que espera que tenga el apoyo del resto de grupos, en la parte que nos corresponde también mencionar que algo también hemos tenido de negociación.
De hecho, hay puntos en los cuales hemos transado pero hay uno, en el cual no hemos llegado a acuerdo, que es el punto de la asunción de las competencias que no nos van a servir para nada, y nosotros, dado su insistencia, lo remitiríamos a la ponencia de autogobierno. Pero en el punto primero hemos incluido no sólo el Real Decreto Ley 8/2014, sino también la ley que realmente es la que convalida el Decreto Ley y hemos incluido instar al Gobierno al compromiso por la sostenibilidad del empleo público.
Besterik ez, eskerrik asko.