LLANOS GÓMEZ (PP, 2014-03-27):
Gracias señora presidenta. Buenos días de nuevo a todos.
Volvemos a debatir una cuestión relacionada, como decía el señor Ares, no con los presos vascos, sino con los presos de ETA. Y como siempre que EH Bildu realiza una proposición sobre esta materia, pretende instalarlos en la ceremonia de la confusión. Manipulaciones, tergiversaciones y falsedades interesadas son las señas de identidad de las iniciativas presentadas por EH Bildu.
Por lo tanto, es necesario desterrar conceptos equivocados y llamar a las cosas por su nombre y hacerlo desde la verdad.
Y ante tanta manipulación, por tanto, lo que conviene es arrojar un poco de luz, sobre todo en materia legislativa, tal y como os he dicho aquí. El artículo 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que "la actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los reclusos, los derechos e intereses jurídicos de los mismos, siendo la Administración Penitenciaria la encargada de velar por la vida, la integridad y la salud de los internos".
Y para hacer efectivo ese mandato legislativo, a las personas ingresadas en un establecimiento penitenciario se les facilita una atención sanitaria de carácter integral, que incluye medidas tendentes a la prevención, curación y rehabilitación de los internos, equivalente a la dispensada al conjunto de la población.
La Administración Penitenciaria cuenta, por tanto, con recursos y profesionales sanitarios propios, así como con acceso a la atención especializada a través del sistema nacional de salud.
Por tanto, nuestro sistema legal ofrece a los reclusos los medios adecuados para garantizar su derecho a una adecuada atención sanitaria bajo cualquier circunstancia. También consideramos conveniente aclarar el procedimiento legalmente establecido para la excarcelación de los presos gravemente enfermos.
El artículo 104 del Reglamento Penitenciario establece que "los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad".
Para concretar los supuestos en los que se debe aplicar este precepto legal, así como la posibilidad de conceder con posterioridad la libertad condicional del preso, Instituciones Penitenciarias dictó una Instrucción, la 1/2000, donde fijaba los criterios mediante los cuales se valora si una enfermedad debe ser considerara como muy grave y si existe un riesgo patente para la vida del recluso.
Si el preso se encuentra en alguna de las circunstancias recogidas en dicha instrucción, los servicios médicos deben comunicar a instituciones penitenciarias para que, según lo establecido en el artículo 92 del Código Penal, se eleve el expediente en libertad condicional con la urgencia que el caso requiera al juez de Vigilancia Penitenciaria, que a la hora de resolverlo valorará otra vez, como decía antes, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad.
Y el artículo...
...con la urgencia que el caso requiera al juez de vigilancia penitenciaria que a la hora de resolverlo valorará otra vez, como decía antes, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad.
Y el artículo 92 del Código Penal establece, que es el juez de vigilancia penitenciaria previo en su caso la progresión de grado el que podrá autorizar la libertad condicional una vez acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario la gravedad y el pronóstico final.
Por lo tanto la decisión sobre la progresión de grado y la posterior concesión de la libertad condicional para los presos enfermos se realiza bajo estrictos criterios médicos en base a su pronóstico final, sobre los cuales Instituciones Penitenciarias y el propio juez de vigilancia penitenciaria adoptan sus decisiones.
Afortunadamente aunque aquí se intente poner en duda, disfrutamos de un sistema plenamente garantista donde las decisiones no se adoptan por criterios discrecionales o arbitrarios, sino bajo parámetros exclusivamente ajustados a derecho.
Por tanto, si instituciones penitenciarias no ha concedido la progresión de grado o el juez de vigilancia penitenciaria no ha considerado oportuno conceder la libertad condicional a los presos a los que se ha hecho alusión, es simplemente porque no cumple con los requisitos exigidos.
Como decíamos en esta resolución, no estamos hablando de presos vascos, no intenten engañarnos, estamos hablando de los presos de ETA, y todos somos conscientes del papel que para el entramado de ETA juegan los presos.
Todos sabemos que ETA se sabe derrotada y que por tanto desterrada la consecución de cualquier aspiración territorial por matar o por dejar de matar, ETA ha puesto el foco fundamental de su reivindicaciones en sus presos. Es decir, una vez desterrada su aspiración de canjear paz por autoderminación, ETA ha volcado sus esfuerzos en intercambiar paz por presos y ETA ha aceptado este último canje, porque necesita una salida honrosa en términos de consumo interno, ante la derrota política infringida por el Estado de derecho.
ETA no ha conseguido ninguna de sus aspiraciones ni reivindicaciones políticas, y por lo tanto necesita de forma imperiosa presentar a los presos como su victoria que le permita maquillar y blanquear su propia derrota.
Pero la democracia no está ni para resolver las necesidades, ni las urgencias políticas, ni de ETA ni de su entramado. Los presos siempre han formado parte de una estrategia política perfectamente diseñada y planificada por la propia banda. ETA pretende presentar a los reclusos como sus propias víctimas, tratando de ello de establecer una simetría en materia de sufrimientos y de responsabilidades. ETA ha instrumentalizado históricamente al colectivo de presos, tratando de victimizarlos ante un Estado que los mantiene encarcelados de forma injusta.
Pero esta estrategia, como decía, no es una novedad, es muy común en cualquier tipo de organización terrorista. En definitiva, los presos convertidos en mártires de la organización frente a un Estado inmisericorde ante tanto sufrimiento acumulado, es decir, el mundo al revés.
Y lo que queremos expresar es que en nuestro país rigen el derecho penitenciario el principio unitario sobre cualquier otra circunstancia. Nuestro sistema penitenciario da muestras de generosidad también con aquellos que han cometido los delitos más rechazables y execrables.
Nuestra democracia antepone la integridad y la dignidad de las personas a cualquier otro tipo de variable, y todos recordamos casos muy concretos, casos muy polémicos, caso muy dolorosos en los que el Estado de derecho en lo relacionado con los presos enfermos ha aplicado de forma estricta los parámetros legales. Y no vamos a permitir que nadie ponga en cuestión las garantías que ofrece nuestra democracia.
No vamos a aceptar lecciones éticas en materia de derechos humanos por parte de nadie, y mucho menos por parte de quien ha fecha de hoy todavía siguen sin condenar a ETA.
Señores de Bildu, se lo hemos dicho en muchas ocasiones, la dispersión y la política penitenciaria no depende del Gobierno, no depende de la democracia, depende exclusivamente de ETA y de los presos.
Si ETA se disuelve y entrega las armas no mediante puestas en escena circenses, sino verificables por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la dispersión no tendrá sentido. El fin de ETA será el fin de la dispersión. Si los presos quieren que se aplique la política penitenciaria, tienen que acogerse a la ley y cumplir la ley. Y en este apartado el orden de los factores sí altera el producto.
No miren hacia fuera, miren hacia dentro, no exijan responsabilidades exteriores y purguen culpas internas. Basta ya de eludir responsabilidades, de buscar el empate infinito, de evitar condenas y simetrías inexistentes que no pretenden sino blanquear el pasado de ETA.