MACAZAGA SÁENZ (EP, 2017-10-19):
Bai, mila esker, lehendakari andrea. Egun on guztioi.
En la toma de consideración de la proposición de ley del sector público vasco formulada por los grupos que sustentar al Gobierno, mi grupo Elkarrekin Podemos nos hemos abstenido. Y digo esto porque no parece que hayamos leído el mismo texto. Dicha abstención viene justificada por una serie de consideraciones que voy a pasar a exponer.
La primera consideración es que creemos que dicha iniciativa debía de venir de la mano del Gobierno en forma de proyecto de ley, con los consiguientes estudios de impacto, no solo económicos, sino también medioambientales, sociales, incluso de género. Un aspecto que nos parece de suma importancia. La exposición de motivos de la proposición de ley afirma que se trata de mejorar la calidad legislativa de la ordenación de la Administración del sector público de la Comunidad Autónoma Vasca, lo de redundará en una mejora de la percepción de los ciudadanos respecto a la misma y entendemos que dicha formulación, acompañada de esfuerzos por definir, registrar, interrelacionar, someter a criterios de creación y funcionamiento y a estándares de eficacia, eficiencia y transparencia, podría ser positiva.
No obstante, encontramos que en aras a facilitar el mejor entendimiento de la norma, ha de hacerse un esfuerzo para referenciar normativa básica que también pueda ser de aplicación y también en la medida de lo posible ajustarse a estándares conceptuales, separándose de ellos solo en la medida que una especialidad competencial o material así lo exija.
Así creemos que es frecuente la percepción de la ciudadanía de hallarse en un laberinto de difícil salida cuando tienen que manejarse en el entramado institucional del sector público vasco, e incluso la certeza de encontrarse ante algo más caótico que organizado. Y no digamos cuando además debe tener en cuenta una organización multinivel que utiliza términos distintos para hacer referencia a idénticas realidades conceptuales.
La simplificación y la claridad debería ser nuestra principal preocupación como legisladores. Sin embargo, encontramos que esta proposición no de ley no cumple algunos requisitos necesarios en cuanto a sistematización, claridad y calidad. Y siendo que trata de regular la organización y el funcionamiento del sector público en nuestra comunidad, además de establecer principios y normas comunes que sean aplicables al resto del sector público vasco, lo hace de manera compleja y poco sistemática, dando la impresión de ser más bien un compendio de principios jurídicos aplicables a la administración pública en general y técnicas en gestión organizacionales y directivas de cualquier administración, un verdadero texto de referencias que aporte coherencia a dicho ámbito.
Otro aspecto al que queremos conceder relevancia es a la regulación del régimen de evaluación, cuya concreción queda relegada al desarrollo reglamentario y de la oficina de control económico. Esto conlleva que el evaluado fije las reglas con las que se le va evaluar.
Una verdadera dejadez en muchos aspectos relativo al control y a la rendición de cuentas, aspectos fundamentales sin los cuales no es posible verificar ni la eficacia, ni la eficiencia, ni la transparencia, ni calificar la gobernanza, además de dificultar mucho la participación ciudadana en asuntos públicos.
Del mismo modo, si bien se hace una referencia al mismo, percibimos una falta de ambición para acotar el fenómeno relativo a la huída del derecho administrativo y la práctica cada vez más habitual de las administraciones de operar a través de entes interpuestos que se escaparían a la aplicación del derecho administrativa en aras de una supuesta necesidad de mayor flexibilidad y agilidad en la gestión de sus intereses, que, no lo olvidemos, son también asuntos públicos.
Esa falta de ambición, de no atajarse a tiempo, podrían amparar corrupción, puertas giratorias y otros fenómenos no deseados  - espero por nadie en esta Cámara -  por la dosis de falta de transparencia con la que se les permite actuar y con especial indefensión del interés público, el bien común y la ciudadanía.
Por último, mencionar desde el ámbito de municipalismo que la regulación de los artículos 10, 60, 61, 65, 66, 70, 71 y 72 de la Disposición Adicional 1ª deben examinarse, como no puede ser de otra forma, desde el principio de autonomía local que tiene rango constitucional como ordenación territorial básica. Sin embargo, la falta de claridad sistemática de la norma hace que sea muy fácil malinterpretarlos.
En definitiva, nos topamos con un texto posterior que despliega un efecto contrario, una futura ley difícil de integrar, entender o cumplir o que aumenta sin más la carga burocrática, siendo esto un texto bastante común cuando la ley en cuestión se llena de propósitos y buenas intenciones en lugar de normas, porque recordemos que la calidad legislativa es más un atributo de las propias normas y no de las buenas intenciones.
Como decía al inicio de mi intervención, nos hemos abstenido porque estamos abiertos al debate y acordar para la mejora de la futura ley del sector público vasco.
Mila esker.