BOLLAIN URBIETA (EP, 2018-05-25):
Señora Artolazabal, una vez más no me ha respondido. No me ha respondido.
Y verifique usted lo de las clases de castellano en autoescuelas ya que es respuesta suya a una solicitud de información por parte de Elkarrekin Podemos.
Pero mire señora Artolazabal, en la plantilla de Lanbide sí existen como usted dice diferentes categorías donde se engloban a las personas formadoras. Las categorías están, pero sin embargo, ¿dónde están los derechos y el reconocimiento de las personas?
Porque por vergonzoso que parezca no existe reconocimiento profesional de formadoras para el empleo. No existen ni acreditaciones, ni ficheros de expertos por familias, no se generan bolsas de empleo o listas, no existe relación alguna entre los y las formadoras con la administración de empleo, el empleo de las personas formadoras es sumamente precario, no existe regulación salarial, no existe ningún tipo de vinculación con los profesionales por parte de Lanbide, y únicamente interesan tres aspectos: Las horas de experiencia, la certificación docente y las evaluaciones satisfactorias. Tres aspectos.
Señora Artolazabal, todo el peso de la calidad de la formación recae sobre los y las formadoras. Formadoras que además, carecen de ningún tipo de apoyo.
Fíjese, se les exige que se hagan cargo de todas las funciones propias de la docencia, pero con contratos únicamente por impartición.
Y sí, señora Artolazabal, el certificado profesional de docencia de la formación profesional para el empleo tiene un programa elaborado y es oficial, pero sin embargo, no existen materiales de base homologados.
¿Qué quiere decir esto, señora Artolazabal? Pues que cada centro o docente utiliza lo que tiene, puede o está dispuesto a pagar con el presupuesto para materiales. ¿Pero sabe que es aún más grave, señora Artolazabal? Los centros tienen impunidad para decidir las condiciones de los docentes y no existe ninguna entidad que regule esto.
Y todo esto, señora Artolazabal, revierte en la calidad y revierte en la capacidad o más bien en la incapacidad de las personas a acceder a una formación de calidad.
Y esto no es algo que nos inventemos nosotros. En una respuesta por escrito que usted misma nos facilitó el pasado 13 de marzo, dice literalmente que lo que una entidad paga a cada formador o formadora que interviene en la impartición de una acción formativa, depende de la relación contractual entre la empresa y la persona trabajadora.
No está sujeto a control por parte de Lanbide, pero es que además decía usted: "La financiación de las acciones formativas por parte de Lanbide está sujeto a un modelo de coste simplificado, por lo que no se exige a las entidades la justificación de los costes".
¿Por qué no se exige señora Artolazabal a las entidades la justificación de los costes derivados de la impartición de cada acción formativa? ¿Le parece a usted normal, señora Artolazabal, subvencionar con dinero público que no se controla? Porque para este Gobierno los centros de formación son los responsables de los derechos, funciones y de la retribución del personal contratado y la única relación de Lanbide es con las entidades y centros, y nunca con sus profesionales.
Y no vemos grandes titulares, ni grandes campañas para controlar ese fraude, señora Artolazabal. Según usted misma, en caso de que estos formadores y formadoras tengan algún problema o detecten en su contratación o remuneración algún problema, deberán denunciar ante la Inspección de Trabajo o los juzgados de lo social, instituciones competentes en esta materia.
¿Quiere decir usted señora Artolazabal que Lanbide no es competente en esta materia? ¿Que Lanbide simplemente se lava las manos? ¿Así entiende usted, señora Artolazabal, la calidad de la formación para el empleo? ¿Considera apropiado usted no controlar la utilización de los fondos públicos gestionados mediante la Ley de Subvenciones? ¿Son los formadores y las formadoras quienes deben investigar el convenio de las empresas para poder negociar su salario, señora Artolazabal?
Pero es que además entre las funciones docentes no solo se debe contemplar la impartición de los cursos, sino que hay que tener en cuenta la preparación, la programación, la elaboración y selección de materiales sobre la elaboración de exámenes e informes.
Sin embargo, y cito literal usted misma en esa respuesta en los módulos económicos que sirven para establecer el importe con el que Lanbide financiará cada acción formativa, no se diferencian conceptos como pago por hora lectiva, ni por hora dedicada a la preparación de clases o material didáctico.
¿Por qué ha decidido usted señora Artolazabal, que no se especifiquen conceptos sobre hora lectiva u hora de preparación? ¿No quieren saber las condiciones laborales de los formadores y las formadoras cuando se realizan las acciones formativas con fondos públicos? ¿O es que ni le importan? ¿No cree usted que eso influye negativamente en la calidad del empleo de la formación que se imparte?
Señora Artolazabal, nosotros evidentemente no entendemos cómo su departamento da la calidad de formación para el empleo. Por ello nos gustaría saber cómo va a asegurar la calidad de formación para el empleo.
Nosotros lo tenemos claro, a través de un cuerpo de formadores acreditado, estructurado y reconocido. ¿Y usted, señora Artolazabal?