ARREGI ROMARATE (EAJ, 2016-05-12):
Bai, eskerri asko legebiltzarkiburu andrea. Sailburu, legebiltzarkideok arratsalde on guztioi.
Alderdi Sozialistaren pentsioak osatzeko modalitateko diru sarrerak bermatzeko errentaren prestazioei buruzko legezbesteko proposamena dugu eztabaidagarri. Lehenik eta behin gaia guztiz teknikoa eta juridikoa dela esan behar dugu, eta saiatuko gara azaltzen zergatik ez dugun babestuko oinarrizko ekimenak eskatzen duena.
Gizarte Segurantzak, Lanbidek eta Euzko Abertzaleak taldeak egiten dugun interpretazio bera egiten du. Egia da Lanbidek interpretazio aldaketa bat egin zuela, interpretazio aldaketa, guztiz zilegia dena, Sarasua andrea, hain zuzen ere Gizarte Segurantzarekin gaia ondo aztertu ondoren eta esan beharra dago bat datozela gaur egun erakunde biak.
La discrepancia surge sobre la posibilidad de compatibilizar la prestación por hijo o hija a cargo mayor de 18 años con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 %, la PHC con la RGI.
Para ello previamente se debía considerar a estas personas pensionistas, y recordar que la competencia para dicha declaración recae única y exclusivamente en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y una vez reconocidas como pensionistas, excepcionarles, ahí sí, en la legislación sobre la RGI, comunidad de convivencia independiente en la normativa reguladora de la RGI.
Trataremos de explicar brevemente la diferente naturaleza jurídica y finalidad de la PHC y de la RGI.
La prestación por hija o hijo a cargo es una prestación económica de carácter familiar, que se concede a quienes tienen un hijo o hija a cargo cumpliendo ciertos requisitos, prestación conceptualmente distinta de las conocidas como pensiones a las que se refiere la normativa sobre la RGI y que la propia circular de 2011 a la que usted hacía mención y en la que basa parte de su justificación, señora Sarasua, también lo diferencia.
Hay un montón de excepciones con pensiones y, en otro apartado totalmente diferenciado, el tema de la prestación por PHC. La PHC se dirige a ayudar económicamente a quienes tienen hijos a su cargo y ello sin que haya límites de recursos económicos en el caso de discapacidad igual o superior al 65 %.
La prestación se dirige directamente a los padres con hijos a cargo como ayuda para sobrellevar la carga de la discapacidad de sus hijos o hijas.
También existen las pensiones no contributivas, que, en cambio, tienen la finalidad de apoyar económicamente a las personas que no disponen del tiempo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva del INSS.
En el caso concreto, por estar afectadas por una minusvalía igual o superior al 65 % y carecer de rentas o ingresos para su subsistencia. Esta ayuda económica tiene carácter individual, no familiar, y se reconoce directamente a quien cumple los requisitos exigidos, no a su entorno familiar. Y está, además, condicionada a la carencia de rentas o ingresos suficientes en el nivel que establece la normativa vigente.
Por su parte, la RGI es una prestación periódica o de derecho subjetivo, de naturaleza económica, dirigida a las personas integradas en una unidad de convivencia que no disponen de ingresos suficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusión laboral y social.
Es una prestación no individual, puesto que se dirige siempre a unidades de convivencia, aunque estas pueden ser unipersonales y su finalidad es la cobertura de necesidades básicas con carácter alimenticio de todos los miembros de la unidad de convivencia. Es el último recurso de tipo económico disponible para evitar o paliar las situaciones de riesgo más graves de exclusión social.
Beraz, izaera juridiko eta helburu ezberdinak dituzte aipatutako laguntzek. Horregatik laguntza bakoitzak baldintza, eduki eta muga ezberdinak ditu. Esan bezala, arrazoi objektiboetan oinarrituta.
Por otro lado, también hemos de señalar que la normativa reguladora de la Seguridad Social es clara respecto a la prestación por hijo o hija a cargo, y diferencia entre causante de la prestación y el/la beneficiaria de la misma.
La persona causante de la prestación por hijo o hija a cargo es siempre quien tiene la discapacidad, como usted mencionaba, señora Sarasua.
Es una ayuda que genera la persona discapacitada, la causante por su condición de discapacidad, que revierte en la unidad de convivencia de la que depende, que depende, que la que depende y forma parte el beneficiario.
La persona titular beneficiaria es el progenitor o la progenitora, a quien teniendo a su cargo al hijo o hija con discapacidad la Seguridad Social, le concede la prestación para sobrellevar las cargas de la discapacidad de sus hijos o hijas.
Cuando fallecen ambos progenitores, la titularidad de la prestación se traslada al hijo o hija con discapacidad, coincidiendo en este momento, en el momento del fallecimiento de sus progenitores, la condición de la persona causante de la prestación con la de beneficiario.
Y es en este caso cuando la Seguridad Social le reconoce de hecho en una situación análoga a la de pensionista. Insisto que es el INSS el órgano encargado de establecer quién es pensionista, siendo en este caso...
...análoga a la de pensionista.
E insisto que es el INSS el órgano encargado de establecer quién es pensionista, siendo en este caso, cuando coinciden, cuando se les reconoce la condición de pensionista, ellas mismas, las personas discapacitadas las destinatarias de la ayuda. Y de ahí, que a efectos de la normativa de RGI, se les puede reconocer una renta de garantía de ingresos complementaria de pensiones con el carácter de unidad de convivencia de pensionista, computando todo su patrimonio, ingresos económicos.
No podemos olvidarnos que la RGI se dirige a cubrir necesidades básicas, no a ayudar económicamente a cualesquiera situaciones gravosas susceptibles de protección por parte de los poderes públicos que tendrán otros medios para reclamarse, pero no desde luego en la RGI.
El problema surge con una circular de Lanbide del año 2011, como se mencionaba, en la que se contemplaba la PHC tanto si la persona discapacitada es la titular de la prestación, como si no lo es por estar legalmente incapacitada.
Y esta nueva circular del año 2011 es la que dio lugar a múltiples interpretaciones. Algunas se basaban en la segunda parte de la misma obviando la primera, la que exige ser titular de la prestación, esa la obviaban. E incluso se instaron bastantes procedimientos para incapacitar legalmente a los hijos o hijas mayores de 18 con discapacidad igual o superior a 65 %.
Lanbidek, beraz, hasieran pentsionista gisa onartzen zituen bi kasuak: Gurasoak laguntzaren titularrak zirenean seme-alabak legez ezgaituta zegoenean eta seme-alabak prestazioaren titular zuzenak zirenean. Sortutako interpretazio arazoak direla eta, Lanbide Gizarte Segurantzarekin hartuemanetan jartzen da eta argi gelditzen da bigarren kasua seme-alabak ezgaituak prestazioen titularra izatea bakarrik eman ahal dela gurasoak hil ondoren.
Por lo tanto, Lanbide, a partir de ese momento considera unidad de convivencia de pensionistas, exclusivamente a dos colectivos: Los huérfanos que no sean titulares de la prestación por estar legalmente incapacitados y los huérfanos que sean titulares de la prestación por hijo a cargo.
Este criterio se aplicará a partir de ahora a todas las nuevas solicitudes pero no se ha exigido la devolución de cantidad alguna motivada por este cambio de criterio que reiteramos que es el más acorde a derecho y a la interpretación que viene haciendo la Seguridad Social respecto a la PHC y la consideración de pensionista.
La iniciativa del Partido Socialista pretende modificar la normativa de RGI para que se pueda considerar a las personas con discapacidad como unidad de convivencia propia como pensionistas para poder recibir la RGI en su modalidad de complemento de pensiones y ello a pesar de estar cobrando la prestación por hijo a cargo. Si el INSS las considera pensionistas no habría ningún problema en proceder de acuerdo a la interpretación que realiza la proponente pero insistimos que es necesaria la previa declaración de pensionista.
Creemos que la PNL no tiene fundamento jurídico suficiente, está pidiendo una modificación de la ley de forma cuando menos poco ortodoxa y que, por los motivos que hemos expuesto, no compartimos. Respecto al segundo punto de la PNL, no se ha exigido la devolución de cantidad alguna motivada por el cambio de criterio más ajustada a derecho aplicado actualmente por Lanbide, no se ha aplicado con carácter retroactivo.
En cuanto a la enmienda de la totalidad de UPyD, nada que ver con la realidad ni con el tema planteado. Aprovecha, una vez más, el señor Maneiro aunque no está, para hablar de recortes en políticas sociales pero, por mucho que repita ese argumento, no se va a convertir en realidad.
Y en este caso, Lanbide lo que hace es aplicar la misma interpretación que el INSS que es quien concede la prestación por hijo a cargo y reconoce la condición de pensionista.
Honegatik, ezin dugu zure ekimena onartu, Sarasua andrea. Horregatik, aurkeztu genion zuzenketa zure ekimenari. Bakarrik aipatu kasu honetan beharrezkotzat hartzen dugula Gizarte Segurantzak ematen duen prestazio baten inguruan ari garenez, interpretazioa harmonizatu behar dugula prestazio-emailearekin eta hori da gure zuzenketak eskatzen duena, hain zuzen ere.
Besterik ez, mila esker.