ARZUAGA GUMUZIO (EH Bildu, 2014-03-13):
Bai, eskerrik asko legebiltzarburu andrea. Egun on denoi.
Konstatazio bat. Espainiar Estatuari ez zaio gustatzen justizia unibertsala, ez zaio gustatzen hirugarren estatu bateko auzitegiek espainiar Estatuan gertatutako humanitatearen kontrako delituak ikertzea.
Ez du maite adibidez Argentinako auzitegi batek frankismoaren nazioarteko krimenak epaitzea nahi, injerentzia bat iruditzen zaie justizia unibertsala.
Koherentea da, beraz, espainiar Estatuak nahi ez izatea hirugarren estatuetan gertatu diren humanitatearen kontrako urraketak espainiar tribunalak epaitzea.
Quid pro quo antzeko bat, zuk ez duzu nirea eragiten, nik ez dut zurean muturra sartuko. Koherentea da iskanbila diplomatikorik sortu nahi ez izatea, koherentea bezain maltzurra. Egoera baketsua hobesten da, baketsua bezain doilorra, maltzurra eta doilorra baita nazioarteko komunitatearentzako larriak diren krimenak ikertu, jazarri, epaitu eta zigortu nahi ez izatea, saihestea, zigorgabetasunerako tresnak jartzea, giza eskubideen urraketen biktimak asetzea iskanbilatsua baita, egia.
Y es que la proposición de ley que ayer ya era aprobada en el Senado y que hoy analizamos viene a establecer nuevas condiciones para el ejercicio de la justicia universal, minimizando aún más su extensión, vaciándola de contenido, dejando en la más absoluta desprotección a víctimas de delitos contra la humanidad.
Según Amnistía Internacional, cualquier requisito impuesto, ya sea territorial, personal, de nacionalidad de la víctima o del perpetrador, es ya una limitación inaceptable de la justicia universal.
Hablamos de crímenes que por su gravedad merecen ser protegidos por la comunidad internacional, tales como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desaparición forzosa.
Cierto que en el año 2009 el Congreso de los Diputados ya había aprobado, con apoyo de varios grupos que han sido mencionados por la señora Gallastegui, una primera restricción a la justicia universal, por la que sólo se podrían investigar aquellos delitos contra la humanidad cometidos en el exterior si existe algún vínculo de conexión relevante en España.
Éste era el elemento principal, algo que sirvió también para archivar casos de delitos de lesa humanidad, tal y como fueron algunos referentes a bombardeos que Israel había perpetrado contra Palestina.
Sin embargo, ahora se restringen aún más esos requisitos para que la justicia española pueda conocer de estos crímenes. La Audiencia Nacional sólo atenderá casos contra crímenes internacionales en los que o bien el acusado sea español o, aunque sea extranjero, resida o se encuentre en España.
Con semejante restricción, incluso aquel término más amplio de conexión relevante que se mencionaba en la reforma que se practicó el 2009 parece incluso un salvavidas para algunas víctimas.
Víctimas como José Couso tras el bombardeo de las tropas estadounidenses contra el hotel en el que se encontraba la prensa. La ejecución extrajudicial del sacerdote Ellacuría en San Salvador, el genocidio del Tíbet perpetrado por China, el genocidio del pueblo saharaui, las torturas sufridas por los presos en Guantánamo. Casos que ahora quedarán desprotegidos, que quedaran sobreseídos.
La iniciativa que se ha llevado al Congreso y ayer al Senado no entiende ese concepto sencillo, básico de subsidiariedad que indica que son los tribunales de los estados quienes deben enjuiciar casos que les correspondan por legitimación, territorial o personal.
Y que será, en el caso de que esos tribunales no puedan o no quieran operar, no quieran investigar, cuando las víctimas tendrán la posibilidad de exigir su tutela judicial efectiva ante los tribunales de otro estado o ante tribunales internacionales.
Desde esa concepción, se establece más un régimen de conflicto de competencia entre jurisdicciones que un sistema que satisfaga el derecho de todas las víctimas a obtener justicia y reparación.
Se entremezclan continua e interesadamente delitos graves, pero delitos de consideración transfronteriza, con delitos de derecho penal internacional.
Se categorizan las víctimas en función de la naturaleza de los delitos. Se elimina la iniciativa de los jueces de instrucción y de la acusación popular para impulsar estos procedimientos. Se impone el sobreseimiento de todas las causas en trámite, lo cual supone una intromisión, además retroactiva, del poder legislativo en el judicial.
Se ha empleado, además, un sistema de urgencia de lectura única para tramitarla o viendo absolutamente el debate político, lo cual es una imagen de cómo opera la mayoría absoluta del Partido Popular.
En definitiva, un escándalo que parece indicar que para el Gobierno español lo verdaderamente molesto de los delitos de lesa humanidad son las víctimas y no los perpetradores.
Decía al inicio que el Estado español no le gusta la justicia universal. No le gusta que tribunales de terceros países verifiquen situaciones graves de vulneración de derechos humanos en el Estado español.
No le gusta que algún juez independiente, autónomo pueda iniciar un procedimiento de verificación de vulneraciones de estados amigos, o aliados, o que por ser demasiado poderosos no sea bueno desagradar.
Es el caso de Estados Unidos, China, o Rusia, o algunos otros aliados menores, sea Israel, sea Marruecos...
...desagradar.
Es el caso de Estados Unidos, China o Rusia o algunos otros aliados menores, sea Israel, sea Marruecos. Una fuente de jaleos diplomáticos, jaleos con poderosos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a los que más vale no irritar. La reforma perpetrada en Cortes Generales no es sino un acto de sumisión.
Besterik ez. Eskerrik asko.