BARRIO BAROJA (PP, 2017-11-09):
Buenos días. Gracias, presidenta. Consejeros, señoras y señores parlamentarios.
Bien, es loable la voluntad del proponente pero no es un problema de valentía. Desde nuestro punto de vista es un problema de competencias y es un problema de ubicación de legalidad.
Claro que se pueden declarar nulas las sentencias de tribunales y órganos judiciales que funcionaron en el pasado, pero esa nulidad no la puede declarar, desde nuestro análisis jurídico y desde nuestro punto de vista, una ley del Parlamento Vasco en ningún caso.
Y por ello sería un fracaso aprobar una ley sin fuerza legal, que supondría una doble frustración. Primero, porque se aprobaría una ley para una cuestión en la que este Parlamento no tiene competencia y sería imposible de aplicar. Y segunda, porque provocaría una frustración en personas que de verdad puedan buscar la nulidad de las sentencias judiciales del pasado y que el instrumento empleado no es útil a su pretensión.
Desde luego, nosotros no entramos en el fondo del asunto pero sí en el instrumento empleado para la pretensión del proponente. Además esto no es una proposición no de ley.
Es una proposición de ley y ello necesita un cauce, un recorrido, que nosotros no vemos en esta iniciativa. Un recorrido que esta iniciativa  - entendemos nosotros desde el análisis reglamentario, jurídico, competencial, legal que hacemos de esta iniciativa - , un recorrido que no puede transitar por esta Cámara.
Claro que se han producido graves injusticias. Claro que reconocer ilegitimidad y falta de garantía en muchos juicios del pasado pero hay que arreglar las injusticias que se hayan podido causar por el procedimiento adecuado que será a través de la actuación judicial y de los procesos de revisión y las correspondientes sentencias declarativas de la nulidad de las sentencias anteriores  - aunque eso también previa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece los motivos para poder anular una sentencia e introducir nuevas causas de revisión - , o si no, una ley general que declare nulas las actuaciones judiciales o una reforma de la Ley de Memoria Histórica que se ha citado, pero no una ley de este Parlamento. Tendría que ser una ley de las Cortes Generales, una ley del Congreso de los Diputados.
Pero también de los discursos que se han planteado parecería que no se ha recorrido nada, pero lo fundamental ya se ha declarado. Lo fundamental ya se ha aprobado.
Está bien claro que tienen la Ley 52/2007 que declara la ilegitimidad de procesos en tres fases y en tres declaraciones muy rotundas. El artículo 3 declara: "La ilegitimidad de los tribunales y jurados y cuales quiera otros órganos penales o administrativos que durante la Guerra Civil se hubiesen constituido para imponer por motivos políticos ideológicos o de creencias religiosa condenas o sanciones de carácter personal; así como la de sus resoluciones".
Eso lo ha dicho la ley, eso forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. También se ha dicho que: "Por ser contrarios a derecho y vulnerar las más elementares exigencia de derecho a un juicio justo se declara en todo caso, la ilegitimidad del tribunal de represión de la masonería y del comunismo, el tribunal del orden público, así como los tribunales de responsabilidades políticas y consejos de guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Memoria Histórica".
Y también dice en un tercer párrafo que: "Se declaran ilegítimas por vicios de forma y de fondo las condenas y las sanciones dictadas por motivos políticos e ideológicos durante la dictadura, contra quienes defendieron la legalidad e institución anterior". Es decir, esas tres cuestiones ya se han avanzado, o sea lo que usted pretende ya se ha declarado, ya se ha declarado.
Eso sí el problema es que ilegitimidad, que es la palabra que emplea la ley para desarbolar todas esas sentencias y todo ese trabajo de los tribunales, es un término de raíz política más que jurídica, y ello aún puede causar problemas de aplicación ante la justicia eso hay que reconocerlo.
Yo le he hablado de que es necesario quizás algunas otras reformas que abordar, pero este no es el sitio señor Hernández, este no es el sitio y por eso hemos votado en contra. Ustedes tienen la oportunidad y los grupos parlamentarios tienen la oportunidad de buscar en otras Cámara otros procedimientos, otras mayorías y otras posibilidades del cambio de legalidad.
Ahí está lo que dice la ley, lo que recuerda la ley, y si de lo que se trata ahora es de identificar mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo, hay que buscar los cauces oportunos y una ley autonómica no es el cauce oportuno, no es el propósito para hacer efectiva esa nulidad, no puede serlo, no lo es.
La pregunta sería, ¿sería útil esta proposición de ley para los ciudadanos y ciudadanas? La respuesta es no, sería perfectamente inútil porque sería perfectamente inaplicable, por eso, nos hemos opuesto a la toma en consideración de esta iniciativa. Las posibilidades están en otro lado.
Y eso sí, algunos condenan el juicio la sentencia de Lluís Companys, sin embargo ni una palabra con Fernando Buesa, con Gregorio Ordoñez o con Enrique Casas, ex compañeros de esta Cámara.
Muchas gracias, lo digo por aquel.