HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2016-06-03):
Eskerrik asko, legebiltzar-buru andrea.
Señor Maneiro, yo voy a dar comienzo a mi intervención tomando la reflexión que ha formulado usted al término de la suya.
Porque, efectivamente, su interpelación de hoy sobre las medidas que va a tomar o va a contribuir a tomar el Gobierno Vasco en relación con la despolitización de la justicia, yo creo que guarda una similitud no desdeñable con otra interpelación que usted explanó hace 15 días, en la última sesión de control, a propósito de una cuestión semejante.
La similitud no se producía tanto en el contenido material de los, de la propia interpelación, aunque ambas se refieren a cuestiones relacionadas con la Administración de Justicia, sino, con el hecho de que, afectan a cuestiones de interés general, que transcienden con mucho, del campo de actuación del Gobierno Vasco y del ámbito competencial en el que desarrolla su actividad, pero con mucho.
Siempre me ha llamado la atención esa tendencia que usted ha acreditado a lo largo de esta Legislatura, no puedo dar crédito de lo que hizo en las precedentes, porque no compartí con usted este espacio, pero sí en esta Legislatura he podido comprobar que tiene usted una cierta tendencia a plantear iniciativas, a pedir cuentas y razones al Gobierno Vasco en relación con materias que no son de su competencia y, además, cuya competencia usted no ha reivindicado jamás.
Porque yo, francamente, y corríjame si me equivoco, no recuerdo haberle visto a usted nunca exigiendo una mayor dotación de competencias a la Comunidad Autónoma Vasca en materia de justicia. No le recuerdo jamás.
No sé si, como en otras materias, esto sí me consta, que en otras materias sí que lo hace, no sé si además, también aquí, preconiza usted la devolución de competencias al Estado. A lo mejor sí, no sé.
Pero sí puedo constatar que esta tendencia en usted se da. No reivindica la competencia y, sin embargo, en relación con la competencia no reivindicada y no transferida, usted pide cuentas y razones al Gobierno Vasco, sabiendo que este no se las puede dar, porque son materias y asuntos que todavía están residenciados en otros ámbitos institucionales.
En cualquier caso, es cierto, efectivamente, que la Comunidad Autónoma, la de Euskadi, se sitúa entre las que los iuspublicistas llaman las competentes en materia de justicia.
Es una expresión generosa en lo que se refiere al ámbito y al perímetro de la competencia, porque lo que pomposamente se llama competencias autonómicas en materia de justicia, en realidad se circunscriben a lo que se recogió originariamente en la cláusula subrogatoria del artículo 13 del Estatuto de Gernika, que muy pronto, ya en la década de los 80 el Tribunal Constitucional se encargó de desnaturalizar completamente.
Unas competencias que, básicamente, se circunscriben no ya a la justicia, ni tan siquiera a la Administración de Justicia, sino a lo que el Tribunal Constitucional en una sentencia emblemática definió como la administración de la Administración de Justicia y, más concretamente, se concreta en la provisión de medios materiales y humanos no judiciales al servicio de la administración de justicia.
Claro, cualquiera que sea la idea que se pueda tener sobre lo que es la politización de la justicia, usted ha hecho una explicación, una exposición larga sobre lo que entiende que es una de las patologías del sistema político español, que es la colonización por parte de los partidos políticos, de muchas instituciones, no solamente del ámbito de la justicia, pero cualquiera que se tenga la idea de lo que es la politización de la justicia, es cierto o es evidente que no se manifiesta ni a través de los medios materiales que el Gobierno Vasco pone a su disposición  - no se manifiesta ni a través de las sedes judiciales, ni de los edificios, ni del sistema informático, ni de los ordenadores -  ni tampoco a través del personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia.
Por tanto, los elementos, los instrumentos que gestiona el Gobierno Vasco en relación con la administración de la administración de justicia, son precisamente, los menos susceptibles de politización, dentro de los que pueden ser politizables de los que ha hecho usted en su repaso.
O sea que usted, pide cuentas y razones, por tanto, al Gobierno Vasco, en relación con algo, la politización de la justicia, que se manifiesta precisamente, en aquello que no le ha sido transferido.
Porque yo quiero suponer que si la justicia está politizada, esa politización, según...
...que se manifiesta precisamente en aquello que no le ha sido transferido porque yo quiero suponer que si la justicia está politizada, esa politización  - según usted -  se manifiesta fundamentalmente a través de la actuación de los jueces y tribunales, con cuya trayectoria profesional el Gobierno Vasco prácticamente no tiene nada que ver. Además, no solamente pide al Gobierno que haga esto en Euskadi, sino que le pregunta sobre lo que va a  hacer en el conjunto de España. Fíjese, mucho más allá de nuestras fronteras.
Personalmente, señor Maneiro, pienso que la cuestión que usted plantea es una cuestión compleja, muy amplia, que requiere una repuesta sosegada, tranquila y con un amplio nivel de consenso más amplio posible. Usted ha puesto algunas de las claves de lo que entiende que es la base o el quid de la politización de la justicia.
Y yo creo que ha puesto claramente de manifiesto que efectivamente los consensos que es necesario concitar en esa materia, los acuerdos que es preciso alcanzar, las conversaciones que es preciso entablar para alcanzar ese objetivo que usted marca como deseable, transcienden con mucho de lo que puede dar de sí una interpelación planteada en una Cámara autonómica que prácticamente no tiene ninguna competencia en estas materias.
Yo creo que aquí básicamente, en primero lugar, hay que hacer un diagnóstico compartido, lo más compartido posible sobre la situación actual. Y en segundo lugar, el diseño  - digamos -  de una estrategia que arranque del discernimiento y del rigor.
Digo esto porque, en primer lugar, por lo que se refiere al diagnóstico compartido, francamente no creo que la mejor vía, el cauce más idónea sea precisamente el de plantear una interpelación al término de una legislatura, en una Cámara autonómica como antes le decía, que apenas tiene competencias en la materia. En fin, esto le puede dar efectivamente para generar algún titular en algún medio de comunicación que ponga de manifiesto que usted, candidato de su formación política a las Cortes Generales, pues se preocupa por estos temas. Muy bien, ¿no?
Pero desde el punto de vista operativo y realmente eficaz, pues francamente puede dar lugar para un brindis al sol elegante, con un pronunciamiento declarativo muy estridente de la Cámara en un sentido u otro, pero desde el punto de este afectivo, poco más.
Por lo que se refiere a la segunda cuestión, al discernimiento y al rigor con el que hay que abordar esta cuestión, francamente yo pienso que en el análisis que ha hecho usted de lo que considera la politización de la justicia, hace referencia a realidades muy diferentes y no todas ellas son susceptibles de tratamiento homogéneo, no todas pueden ser abordadas de la misma manera.
No es lo mismo la politización de un tribunal que la politización del Órgano del Gobierno del Poder Judicial, que es la expresión que utiliza la Constitución para referirse al Consejo General del Poder Judicial. Usted cita entre los órganos politizados el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no forma parte propiamente del Poder Judicial, no forma parte de él pero sí es un tribunal que ejerce competencias muy importantes.
Yo comparto con usted la idea de que el Tribunal Constitucional está politizado pero esto está tan asumido que no ya en el plano político. En el plano científico es relativamente habitual que los autores que tratan esta cuestión desde el punto de vista del derecho público admitan  - esto yo lo he visto escrito negro sobre blanco -  que en (...) el Tribunal Constitucional es un órgano político, es un tribunal político. Lo que pasa es que tiene que expresarse a través de argumentos jurídicos. Pero su única limitación es esa.
Por lo que se refiere a su nombramiento, usted ha hecho referencia a él como la razón determinante que avoca o que justificaría su naturaleza inminentemente política. Los 12 miembros del Tribunal Constitucional: Los designan 4 el Congreso de los Diputados, 4 el Senado, 2 el Gobierno central y 2 el Consejo General del Poder Judicial. ¿Que el mecanismo está politizado? Sin ninguna duda, no seré yo quien lo niegue.
Yo le diría más: No solamente politizado, y además rabiosamente centralizado porque ese órgano resuelve de los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas pero solo nombra a sus miembros órganos, instituciones ubicadas en el aparato central del Estado. Nadie, ninguno de ellos, es nombrado ni directa ni indirectamente por las comunidades autónomas. Por tanto, politizado y centralizado.
Una cuestión muy diferente es la composición del Órgano del Gobierno del Poder Judicial donde tiene sentido que en la representación popular pueda ejercer una influencia, una presencia, puesto que estamos hablando de una función de Gobierno que se proyecto sobre el Poder Judicial pero que no tiene porque excluir a los representantes de los ciudadanos en la gestión ese tema.
Por tanto, aquí hay asuntos que usted plantea dentro del epígrafe general de politización de la justicia que son esencialmente distintos, que hay que tratarlos y abordarlo de manera muy diferente y, francamente, yo creo que en el contexto de esta interpelación y en una Cámara, insisto, con una competencia francamente limitada para abordar este tema, pues estamos atados de manos para poder realmente hincar el diente a un problema que tiene una dimensión que no se excede con mucho.
Eskerrik asko.