HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2013-03-01):
Eskerrik asko legebiltzarburu andrea.
Efectivamente, señora Llanos, como usted pone de manifiesto en su interpelación, el 31 de enero pasado la Cámara aprobó una resolución en la que se instaba al Gobierno a adoptar medidas para solventar las disfuncionalidades –es la expresión literal que utiliza en la resolución– generadas por el Decreto 110/2012 y corregirlas mediante una actuación conjunta con los Colegios de Abogados.
Bueno, ya adelanté en mi comparecencia en Comisión la semana pasada básicamente cuáles eran las líneas generales del planteamiento con el que iba a abordar esta cuestión. Y a usted personalmente creo que en este lugar, exactamente aquí la semana pasada antes de que registrara la interpelación, le expresé mi disposición a explicarle exactamente con más detalle todo lo que abrigaba al respecto.
Luego el lunes me encontré con la interpelación y no tengo nada que objetar. Usted, en fin, es libre de las iniciativas y por supuesto ejerce libremente el derecho a la representación pública que le han encomendado los ciudadanos. Yo no tengo ningún inconveniente en volver a tratar esta cuestión tantas veces cuantas sea necesario en este formato o en otro formato, por supuesto. En cualquier caso, lo que sí quería adelantarle es que la reacción de este Departamento nada tiene que ver con el registro de su iniciativa. Entiendo que usted quiera ponerse la medalla aquí desde la Tribuna.
Pero yo ya le adelanté mi disposición a explicarle a usted cuál era mi plan, y para entonces estábamos ya en contacto con los Colegios de Abogados que es a lo que nos instaba la resolución del Parlamento y que es por cierto lo que empezamos a hacer desde el primer día en el que yo tomé posesión como consejero de Administración Pública y Hacienda.
Bien, usted comienza su relato haciendo referencia a pronunciamientos que esta Cámara llevó a cabo en la pasada legislatura. Yo no creo necesario irse tan atrás porque sin perjuicio de que a veces suele resultar ilustrativo hacerlo, efectivamente, casi siempre suele resultar (...).
Lo cierto que, en este caso, usted y su grupo parlamentario pueden dar más cuenta que yo que este humilde consejero de lo que el Gobierno anterior hizo bien, incluso de lo que hizo mal porque fueron su valedor incondicional durante prácticamente toda la legislatura.
En cualquier caso, su proposición no de ley original, la que desembocó en la resolución que finalmente aprobó la Cámara el 31 de enero, hablaba de derogar el decreto vigente y después negociar otro con los Colegios de Abogados de manera que resolviera las disfunciones generadas por el actual.
No seré yo quien niegue las disfunciones generadas por el actual. No lo voy a hacer. Es evidente y las quejas son generalizadas. No están claramente expresadas por sus directos destinatarios porque fundamentalmente por los...
...no lo voy a hacer, es evidente, y las quejas son generalizadas, no están claramente expresadas por sus directos destinatarios, fundamentalmente por los colegios profesionales que operan en este terreno.
Lo que ya puse de manifiesto entonces y después lo reiteré en la Comisión, es que la derogación de ese Decreto poco iba a resolver de cara a solventar esas disfuncionalidades de las que habla la resolución, porque la aplicación de la Ley del 96, que usted ya calificaba en junio del año pasado de desfasada, ahora genera muchos más problemas y es más desfasada que entonces todavía.
Y en el marco de esa misma Ley del 96, caben diferentes opciones de actuación administrativa a la hora de atender al sistema de justicia gratuita, caben muy diferentes, como pone de manifiesto heterogeneidad de soluciones que se han adoptado en las diferentes comunidades autónomas; y el hecho mismo de que en esta misma comunidad autónoma haya ha habido dos soluciones diferentes, la anterior al Decreto 110/2012 y la posterior, la que ha generado. Y ambas, en principio mientras no se declare lo contrario, son tan validas y están tan acomodadas a las previsiones de la Ley del 96, como cualquier otra que pueda estar en vigor en otra comunidad autónoma, siempre y cuando no se haya podido conseguir todavía una resolución judicial que declare su nulidad.
Por tanto, la mera derogación de ese Decreto no resolvía ningún problema, de lo que se trataba por tanto, era de actuar materialmente, operar materialmente e intentar identificar cuáles eran exactamente los problemas, las disfunciones generadas por el Decreto y ver después la manera de abordarlos, sea modificando el Decreto o sea no modificando el Decreto. Porque es que la derogación del Decreto que usted planteaba se produce, como bien señalaba usted en su intervención, ante la perspectiva de la próxima aprobación en Madrid de una nueva ley reguladora de la justicia gratuita, que está en fase de borrador y ésta misma semana ha sido dictaminada por el Consejo General del Poder Judicial.
El proyecto de ley, pronto será proyecto de ley y pronto le veremos en el boletín oficial entrando en vigor y desplegando plenos efectos. Por cierto, algunas de las reflexiones y de las exigencias que ha planteado usted en la tribuna hoy en relación con el funcionamiento de la justicia gratuita, no está en absoluta recogido en ese borrador de ley que está ya en trámite.
No sé si usted tiene alguna influencia dentro del Partido Popular, pero sería bueno que esos planteamientos los transmitiera también a los responsables del ministerio para que fueran acomodando sus previsiones y reformulando el borrador.
En cualquier caso, el anteproyecto de ley está ya avanzando y en este momento se plantea la modificación, como usted decía, del Decreto actual del Decreto en vigor. Claro, el problema es que con esta derogación no resolvemos ningún problema y lo que mientras tanto nos hace el Gobierno central es aprobar un real decreto ley que incide directamente en esta regulación, y ahora sí que el Decreto del año 2012 del Gobierno Vasco es ilegal, ahora sí que es manifiestamente ilegal.
Porque el viernes pasado, sorpresivamente, sin previo aviso, sin consultarlo con las comunidades autónomas competentes en la materia, el Gobierno central –no sé si usted tenía información, se la hubiese agradecido–, pero se descolgó con un Real Decreto Ley que altera de arriba abajo los umbrales establecidos en la legislación de 1996 para acceder a la justicia gratuita.
Éste es el panorama en el que nos encontramos ahora en este momento, que el Decreto ahora sí es ilegal, y ahora sí hay que readaptarlo, hay que modificarlo para adaptarlo a las previsiones de este Real Decreto Ley. Y por supuesto, para lo que nos decía la resolución, y para lo que nos decía la resolución de 31 de julio estamos ya, hace ya tiempo que estamos, pero estamos reuniéndonos con los colegios de abogados a efectos de identificar, en primer lugar, conjuntamente con ellos –como no puede ser de otra manera–, cuáles son los problemas que plantea la aplicación de la Ley, los de tramitación, lo burocráticos, los desajustes que puedan existir, cuáles son exactamente esos problemas, si los anexos son excesivos o no, si las previsiones de los anexos o incluso los trámites burocráticos que se contemplan en el Decreto son obviables, son excesivos, se pueden simplificar...
En todo ello estamos conjuntamente con los colegios de abogados, por eso no el de Álava y el de Gipuzkoa que nunca se habían movilizado a este respecto. Usted habla en plural de los colegios de abogados que están en movilizaciones generalizadas. No, el que había expresado una posición de protesta era el de Bizkaia, no Álava o el de Gipuzkoa, no eran en plural, el de Bizkaia que es el más importante en número de colegiados, esto es innegable. Y con conversaciones con ellos hemos conseguido paralizar las movilizaciones y entablar, como era nuestra voluntad desde el principio, un diálogo que está encaminada a eso, a identificar exactamente cuáles son las disfuncionalidades de las que hablaba la resolución a efectos de –en la medida que sea posible– corregirla. Pero aquí hay un marco que no podemos (...), aquí hay un derecho constitucional el 24 de la Constitución de la tutela judicial efectiva. Hay un derecho constitucional pero no fundamental, es el 119 el de la justicia gratuita, pero hay en juego también una exigencia inexorable de los ciudadanos para que actuemos correctamente, escrupulosamente en la gestión de los recursos públicos.
Y esto significa, como bien nos lo ha puesto en manifiesto los informes –que algún día si quiere los comentamos conjuntamente–, pero los informes emitido por los órganos internos del Gobierno Vasco encargados de examinar y de dictaminar sobre la adecuación al ordenamiento jurídico de las iniciativas normativas del Gobierno, ponen claramente de manifiesto que no hay que confundir los fallidos. Que al final ya sé que los fallidos no son el único problema, pero al final todo acaba en los fallidos. Su propia intervención ha empezado por otras partes pero ha acabado en los fallidos.
Por tanto esos dictámenes internos del Gobierno Vasco, ponen claramente de manifiesto que las cantidades consignadas en el presupuesto para financiar la justicia gratuita no pueden servir para cubrir fallidos, porque son conceptos completamente distintos. Y por tanto, hay que habitar formulas diferentes. A usted no le gustará o a algún abogado es posible que no le guste la fórmula que hemos propuesto.
Estoy dispuesto a escuchar cualquier otra alternativa siempre y cuando respete la obligatoria e imprescindible separación formal de las consignaciones presupuestarias destinadas a la financiación de la justicia gratuita, que tiene que ir por un lado; y las destinadas en todo caso a compensaciones o a coberturas de este tipo, como las de los fallidos que son conceptualmente una cosa distinta, y la normativa jurídico-financiera del Gobierno nos exige a distinguir y a respetar.
Eskerrik asko.