BARRIO BAROJA (PP, 2017-05-19):
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Señor Zupiria, consejero, buenos días también.
Esta interpelación va enfocada a hablar sobre la mejora de la gestión del patrimonio documental, en este caso judicial. Forma parte también lo que se archive del patrimonio histórico documental y de los análisis de la documentación, en este caso de la judicial.
En relación con el tema, hemos identificado un estudio en relación con las actas de las juntas de expurgo judicial. O sea, las juntas de expurgo, aquella institución  - aquella junta -  que prevé y decide la destrucción de documentos de juzgados de Euskadi vienen reuniéndose desde el 2006.
En ese sentido, se ha hecho un análisis de lo que se destruye, de los documentos  - vuelvo a decir -  de diferentes juzgados de Euskadi, audiencias, asuntos penales, juicios de faltas, diligencias previas, diligencias preparatorios, sumarios, asuntos civiles, asuntos que tienen que ver con juzgados de distrito, municipales, comarcales, juzgados de primera instancia, etcétera. Toda su documentación, ingente documentación por otra razón.
En el estudio de la documentación correspondiente a dos iniciativas parlamentarias de la pasada legislatura en relación con las actas de las juntas de expurgo y en relación con esa documentación relativa a ese tema, actas de expurgo judicial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues lo cierto es que... Análisis, no solamente nuestro, sino especializado porque son temas muy complicados, hay mucha información, mucha documentación, pues hemos detectado la necesidad de que haya algún criterio un tanto más objetivo. La necesidad de diseñar o de elaborar o de aprobar determinados criterios o directrices que regulen la valoración, conservación y fundamentalmente, llegamos a la palabra clave, la destrucción en su caso de la documentación judicial. La destrucción se lleva a cabo y ese documento ya no vuelve a existir a ningún efecto, ni a un efecto judicial o jurídico, efectivamente, pero ni a un efecto científico, ni histórico, ni de información.
Y en ese sentido pues nos ha preocupado un poco el análisis de esa documentación porque había oído algunos casos pues señaladamente clamorosos.
Esta afirmación, desde luego, se sustenta en que fruto de este análisis hemos podido comprobar que documentos judiciales de una especial relevancia que afectan a actuaciones judiciales inacabadas o sin culminar, han sido destruidos sin justificación y sin responder a criterios objetivos. Eso nos ha supuesto una preocupación y ha sido fruto de ese análisis y del análisis de expertos una llamada de atención y la identificación de alguna necesidad, no sabemos muy bien cual. El marco normativo es el que es, pero la necesidad de nuevos criterios y directrices y preocupados por alguna falta de esos criterios que preserven, desde luego, la documentación alguna de ellas sensible.
Hemos seguido haciendo ese análisis, hemos analizado las juntas de expurgo efectivamente, el Gobierno Vasco participa, juntamente con la Administración Judicial, el Gobierno Vasco participa en las juntas de expurgo. Participa, además, de una manera efectiva. Lo tiene que hacer porque de ahí parte la documentación que formará parte del patrimonio histórico, del patrimonio documental de nuestros archivos, del archivo histórico en su caso, o de los archivos provinciales en relación con la documentación judicial.
Y en ese sentido esas juntas de expurgo, esas juntas de destrucción de documentos judiciales tienen que tener los informes, los informes correspondientes del Gobierno Vasco y desde luego la presencia en esas juntas de expurgo.
Bueno, hemos visto que, me parece que han sido 11 las reuniones, en algunas de ellas no ha asistido el representante del Gobierno Vasco, pero ese no es el problema, el problema es el trabajo efectivo que se haga, es la competencia del Gobierno Vasco, la conservación del patrimonio documental, en este caso los archivos históricos documentales.
Hemos visto que ha habido documentos destruidos, o sea que ha habido un determinado daño. Algunos documentos, vuelvo a decir, relevantes  - enseguida pondré algún ejemplo -  y ese es el problema.
Yo creo que se ha identificado un poco en el análisis de esa documentación que existe un problema quizá un poco de directrices, de normativa mínima que aplicar esos criterios de destrucción de documentación, quizá de análisis también o de identificación de la relevancia de algunos temas.
Y ahí están las cuestiones. Legalmente sí le corresponde al Gobierno Vasco la salvaguarda y conservación del patrimonio documental judicial de Euskadi, está ahí en la normativa, está ahí en las competencias que tiene, independientemente de que confluya hay un trabajo conjunto de la comunidad autónoma en relación con esa conservación del patrimonio documental judicial de Euskadi con la actuación de los juzgados y de los jueces que forman parte también de esa junta de expurgo. Pero vuelvo a decir que los informes y la presencia del Gobierno Vasco en relación con la preservación del patrimonio documental judicial que puede ser y será patrimonio histórico, está ahí.
Está bien claro que a la hora de analizar esa documentación y decidir la destrucción de documentación judicial sensible, el Gobierno Vasco, en su caso los responsables del Gobierno Vasco, sí que tienen conocimiento y tenían conocimiento de ello y no faltan herramientas legales para preservar ese patrimonio histórico documental.
Yo quiero decir que se ha destruido, por ejemplo, el sumario del Juzgado número 3 de Bilbao, destruido en 2008 del asesinato por ETA en 1978 de José María Portell Manso. El asesinato de ETA de José María Maderal Oleaga, sumario del Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao destruido en 2008. Diego Alfaro Orihuela, asesinado en 1979 sumario del Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao. Pedro Goiri Gaviria asesinado en 1979 número 3 de Bilbao Juzgado de Instrucción. Luis María Uriarte Alzaa asesinado en 1979, diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 1 de Durango. Manuel Fuentes Fontán asesinado en 1979 sumario del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao. Anastasio Leal Serradillo y los niños María Contreras Gabarra y Antonio Contreras Gabarra asesinados por la Triple A en 1980, diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao. Destruidos.
Hay más, hay más, no tan relevantes como este tipo de documentación y de sumarios. Pues estos han sido destruidos. Estos han sido destruidos a los efectos de la investigación judicial quizá, pero de la investigación científica, del estudio del análisis histórico, esos sumarios y esa documentación con una relevancia histórica, pues han sido destruidos.
Bien, no tenemos que hacer más que el análisis en este momento de esta situación, esa situación se ha producido estos últimos años y hay que arreglarla. Hay que tomar medidas para que esta situación no se vuelva a producir, o por lo menos el criterio sobre la identificación de qué documentos se destruyen o de qué documentos se preservan, incluso en la actividad normal o de actividad de un juzgado equis, de una audiencia equis, pues haya que preservar por su decidido valor.
Vuelvo a decir, hay documentos dentro del análisis de estas juntas de expurgo, hay documentos que nunca jamás se tendrían que haber destruido.
Efectivamente, tenemos que instar al Gobierno, tenemos que decir al Gobierno cómo valora esta situación. Pero también tenemos que decir que seguramente podremos tomar medidas y entre todos hacer que situaciones de estas, o que mejore el funcionamiento de la junta de expurgo, los informes que los propios técnicos de patrimonio del Gobierno Vasco puedan hacer.
Bueno, en definitiva, el señor consejero me responderá o valorará esta situación.
Muchas gracias.