LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-10-17):
Gracias señora presidenta, buenas tardes a todos.
Bien, yo, la desventaja que tiene hablar la última es que muchas de las cosas que voy a poner de manifiesto probablemente se han dicho ya aquí.
Pero sí quería hacer una primera mención, que es la de que yo creo que en la propuesta de Bildu se vienen a combinar dos aspectos y por eso yo creo que está bien hecho el que la vayamos a debatir de forma separada a la de la mañana.
Por una parte, está la parte relativa, valga la redundancia, del cumplimiento de los convenios colectivos y la inspección laboral y, por otro, las cláusulas sociales y esa ley que pretende ser la panacea que solucione todos los males.
Sobre la actuación de la autoridad laboral en la vigilancia del cumplimiento de la normativa, inspección laboral, como se ha dicho aquí, hemos hablado ampliamente a la mañana, a propósito de la moción presentada por UPyD y de hecho, la enmienda, como bien ha dicho el señor Maneiro, que él ha presentado es parte de su iniciativa.
Y como también he dicho yo esta mañana, el hablar del cumplimiento de los convenios laborales territoriales en obra pública es reiterado. Como he dicho aquí.
En octubre y sí en una propuesta de EA –no le quieran quitar al señor Agirrezabala la autoría de esa iniciativa–, lo que se hace es reiterar una iniciativa que inicialmente fue de Aralar, pero la última que era la de EA, que es verdad que venía a reiterar en gran parte esa iniciativa referida a la contratación de la administración cuando ejecuta obras públicas, aunque en esa de EA pretendía ir más allá y pretendía abarcar todo el sector de la construcción.
Pues bien, en ella se instaba al Gobierno a que en los pliegos de condiciones de toda obra pública se recogiese de forma expresa la necesidad de cumplir las disposiciones del convenio laboral de aplicación en el territorio en el que se estén ejecutando dichas obras, fundamentalmente en materias salariales, jornada, cómputo de obras, seguridad y salud laboral, y también a que se valorase en esos pliegos de las empresas o UTEs el que acreditase no haber recibido ni sanción administrativa, ni sentencia judicial por no aplicar el convenio.
Y en un segundo punto, se instaba que se estableciese un sistema para comprobar qué jornadas y retribuciones salariales de las personas que trabajasen en esas obras públicas se correspondiesen con las prescritas en los convenios de aplicación, permitiendo, a su vez, que las centrales sindicales con representación en la mesa negociadora pudieran tener acceso a esa documentación, para confirmar de esa manera la aplicación del convenio.
Por lo tanto, podemos comprobar, como hemos dicho a la mañana, que en ese pleno se debatió, que se instó al Gobierno Vasco a que se adoptasen una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de los convenios laborales en materia de obra pública.
En ese pleno se llegó a un acuerdo por unanimidad en el que se le pedían una serie de actuaciones, que, además, creemos que era la senda que había que seguir y por dos motivos fundamentales.
Una, porque el mandato era claro y unánime, y, segundo, porque creemos que era lo que se podía exigir desde esta Cámara y a este Gobierno.
Ese cumplimiento exhaustivo de los convenios laborales en lo relativo a todas las condiciones de trabajo, tanto en cuando contrate directamente, como cuando haya subcontrataciones, y se debe primar aquellas que no hayan tenido sanciones y establecer mecanismos de control para que se cumplan estas prescripciones.
Y creemos, y por eso nosotros aprobamos por unanimidad esa iniciativa, porque era necesario que se adoptasen esas medidas de inspección para garantizar el cumplimiento de los convenios de trabajo.
Y más allá de las obras públicas, porque como digo, ese acuerdo de octubre de 2011 iba más allá de las obras públicas, el que debe vigilar es la inspección laboral, tal y como hemos dicho esta mañana.
Pero la iniciativa que nos presenta aquí la señora Zulaika va más allá y, como decía, solicita que se traiga una ley a esta Cámara en el que se incorporen cláusulas sociales en los contratos de obra del sector público y luego se piden otra serie de contenidos.
Con relación a las cláusulas sociales, ya le hemos dicho aquí, nosotros estamos a favor de las cláusulas sociales en la contratación pública, porque pueden ser un instrumento al servicio de los poderes públicos para poder cumplir los fines y las políticas públicas.
Es decir, la contratación puede y debe ser una técnica que permita conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación y, en ese sentido, las cláusulas sociales constituyen la inclusión de estos aspectos concretos de política social o sostenibilidad ambiental en los procesos de contratación pública.
De hecho, los criterios sociales y medioambientales vienen admitidos y fomentados por las instituciones comunitarias y por la legislación relativa a contratos del sector público que prevé mecanismos para la introducción en la contratación pública de este tipo de cláusulas.
Así, por ejemplo, se puede fomentar el empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social, para facilitar su incorporación al mercado sociolaboral, mediante la incorporación de este tipo de cláusulas.
Porque permiten, como decía, aprovechar el potencial que la contratación pública tiene, pero para ello no es necesaria la elaboración de una ley, ya se lo ha dicho aquí la señora Otadui. El órgano de contratación correspondiente puede introducir esas cláusulas sociales dentro del marco que las normas de contratación pública permiten.
El Gobierno Vasco, como ha dicho la señora Otadui, recoge en su enmienda, tiene instrumentos, como la resolución 6/2008, que fue desarrollada por el Acuerdo 6 de octubre de 2009, que permiten hacerlo.
Pero más allá de estas cláusulas sociales que como digo se pueden introducir, y yo como ya se me ha achacado esta mañana que no sé me va a reconocer ninguna postura buenista, pues haciendo eco de ello diré, voy a ser bastante menos educada, no sé si ustedes se lo tomaran así, que los que me han precedido en el uso de la palabra, y le voy a decir, que la iniciativa que usted propone aquí es un despropósito, un canto a la incoherencia y a la contradicción.
Porque se solicita primero la elaboración de una ley y se dice previamente qué contenido debe tener. Además, se solicita la elaboración de una ley sin tener las competencias en muchos de los aspectos para regularlas. Pero es que, además, en dicho contenido se solicita uno de los puntos: Sanciones ejemplarizantes para las empresas que no tomen en consideración las disposiciones que establece el marco regulador actual –que me puede parecer hasta normal–, pero por otro, pretende incluir prescripciones no legales, como excluir de la contratación a empresas que apliquen la reforma laboral.
Es decir, que se hace un llamamiento público para que esta Cámara legisle, impulse y apruebe una ley que lo que pide es que se incumpla otra ley, es decir, la reforma laboral.
Y la reforma laboral puede gustar o no, pero las modificaciones en ellas establecidas son ley vigente. Y a nadie se le puede excluir por cumplir la ley. Nos parece inaudito que lo que pretendan sea legislar contra la propia legislación, y que se pidan sanciones para aquellos que no cumplan la ley y luego lo que estén proponiendo sea una iniciativa es precisamente incumplir la ley.
En cualquier caso, desde este Grupo Parlamentario entendemos que la demagogia y la falta de seriedad a la hora de plantear propuestas debe tener ciertos límites. No se pueden presentar determinadas iniciativas a sabiendas de que no se van a ejecutar en los términos reclamados, máximo cuando el grupo proponente allí donde tiene responsabilidades de gobierno no sabemos si siempre aplica las mismas recetas.
Se afirma también en otro de los puntos que se debe disminuir el peso de la oferta económica como criterio de adjudicación, pero no podemos hacer abstracción de que desde la administración se debe buscar en la medida de lo posible el ahorro económico y la eficiencia de la administración de los recursos públicos.
Y que garantizando, eso sí, siempre la calidad de los servicios prestados y las condiciones laborales de todos los trabajadores, la legislación actual recoge ese supuesto a través del concepto de oferta económica más ventajosa.
Y por último, y tal y como le ha dicho el señor Maneiro, que aunque ahora no está, pretende imponer la obligatoriedad de unos criterios lingüísticos en las cláusulas de los pliegos.
Y viniendo esta medida de ustedes, somos perfectamente conscientes de lo que eso conlleva. Conlleva a posturas maximolistas y a generar conflictos y enfrentamientos lingüísticos. Por todo ello y creo ya le habrá quedado suficientemente claro este grupo va a votar en contra de esta iniciativa, porque es fundamentalmente un canto a la incoherencia, como le he dicho.
Porque la incoherencia se da en el título con el contenido. En el propio contenido, se quiere usted o pone como excusa el cumplimiento del convenio laboral para pretender que se aplique aquí una ley absolutamente inaplicable.
Nada más. Muchas gracias.