ITURRATE IBARRA (EAJ, 2014-11-20):
Eskerrik asko presidente andrea. Lehendakari jauna, legebiltzarkideok.
Egia esan, Maneiro jaunaren osoko zuzenketa lehenengoz ikusi nuenean, errakuntzaren bat zela pentsatu nuen, bere zuzenketak esaten zituen apurrek ez baitzuten zerikusi handirik lege-proiektuarekin.
Maneiro jaunak ez du legeak ezartzen duenagatik kritikarik egiten entzun dugunez, bere ustez esan behar zuena eta esaten ez duenagatik baizik. Bere kontrako jarreraren arrazoiak ez daude beraz lege-proiektuaren barnean, proiektutik haratago baino.
Baina ondo aztertuta, ez zen errakuntza bat. Bere taldearen ohiko joera besterik ez da. UPyD eta Maneiro jaunaren betiko leloak hartu, guztiak zerrendatu eta osoko zuzenketa eginda dago. Berdin balio du lege-proiektu honetarako zein moziorako, zein interpelaziorako zein beste legez besteko proposamenetarako.
Ares jaunak esan duen bezala, aurreko legealdiaren amaiera aldera, Eusko Legebiltzarreko Hauteskundeei buruzko Legearen aldaketarako lege-proiektua aurkeztu zuen orduko Jaurlaritzak. Orokorrean, ez zuen diferentzia handirik gaurko honekin, baina ordukoan Maneiro jaunak ez zuen osoko zuzenketarik aurkeztu. Ez dakit garai hartan Maneiro jaunak ez zituen oraindik beharrezkoak ikusten gaur planteatzen dituenak edo azken fenomeno elektoral batzuk eta UPyDren emaitzengan izan duen eragin negatiboak bere kruzada garbitzailea indarberritu duen.
Osoko zuzenketaren ustez, lege-proiektuak beste neurri zabalago batzuk barneratu beharko lituzke, hain zuzen, gizartearen partaidetza areagotzeko, politikarengan herritarren kontrola gehitzeko, erregenerazio demokratikoa bultzatzeko eta abar.
Baina guzti hauetatik, azkena, bozkaren berdintasuna bermatzea, litzateke hauteskunde lege baten helburu edo asuntoa. Hauxe da: Bozka berdintasunaren bermea. Hauteskunde legea ez da UPyDk planteatzen dituen gaiei erantzuna eman behar dien bitartekoa. Berauek zerikusia handiagoa dute momentu honetan, tramitean edo aprobatuta dauden beste ekimen batzuekin Legebiltzar honetan hain zuzen. Horrela, gardentasuna eta herritarren partaidetza euskal administrazioaren lege-proiektutik esaterako eta baita 2013/19 Legeak berak ere tratatzen ditu.
Zuzenketak planteatzen dituenak, beraz, ez dute hauteskunde lege berri baten beharrik. Beste esparru bat behar dute, eta horrela, osoko zuzenketa aurkezteaz gain, gero beste 29 zuzenketa partzial aurkezten dira. Hauetariko askok hemen planteatutakoarekin zerikusirik ez dutenak eta bai lege-proiektuaren oinarrietara jotzen dutenak. Ez dirudi berez koherentzia askorik dagoenik osoko zuzenketa eta ondoren aurkezten diren zuzenketa partzialen edo batzuen artean.
Si pasamos, por tanto, al análisis de las propuestas concretas que subyacen en la enmienda de totalidad y que ha relatado el señor Maneiro aquí, y sin perjuicio del debate que tengamos posteriormente en comisión, quisiera hacer las siguientes consideraciones dividiendo en cuatro grandes bloques las justificaciones.
Por una parte, con respecto a la exigencia que plantea el señor Maneiro de asegurar el valor igual del voto de los ciudadanos con independencia del territorio, el texto de la enmienda de totalidad no concreta el sentido en la reforma propuesta aunque luego si ha adelantado, o ha comentado el señor Maneiro que apostaría por una circunscripción única. La enmienda no dice si apostaba por una circunscripción única o por un sistema proporcional en tres circunscripciones.
Pero como el propio señor Maneiro ha reconocido en la tribuna ninguna de las dos alternativa es hoy en día abordable desde la Ley Electoral sin antes modificar el Estatuto de Autonomía, por lo tanto, lo procedente sería una proposición de ley de modificación del Estatuto de Autonomía y no aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para intentar colar como si esto fuera una ley ómnibus.
El número de tres circunscripciones, una por territorio histórico, está regulado en el artículo 27.2 del Estatuto y la existencia del número igual de parlamentarios por territorio en el 26.1. Se trata por tanto de un asunto que queda fuera del debate de esta Ley y que no tiene sentido que se plantee, pero como el señor Maneiro a veces representa aquí aquel personaje de Pepe Isbert, Don Erre que erre, esta enmienda de totalidad tiene más que ver con eso que con el debate que estamos.
El segundo de los asuntos que se menciona, o que ha mencionado el señor Maneiro, se refiere a la instauración de listas cerradas y desbloqueadas. Es cierto que existe en la opinión pública el debate sobre la posibilidad de instaurar listas abiertas o desbloquearlas frente a las comunes, listas cerradas, bloqueadas actualmente.
Los defensores de esta apertura esgrimen usualmente dos tipos de argumentos, por un lado, reforzar la participación ciudadana en el sistema político, dotando al voto del elector de una mayor capacidad de discernimiento. Y por otro, reforzar el mandato representativo de los electos y la democracia interna de los partidos políticos. Bueno, alguna experiencia práctica ya tenemos en cuanto a listas no bloqueadas y no cerradas, en las elecciones al Senado ya existen por ejemplo, no ya listas cerradas y desbloqueadas, sino listas abiertas, sin que parezca ni se haya advertido que en estas listas abiertas hayan tenido efectos históricos en ninguno de ambos objetivos buscados, distintos a lo que sucede en otras elecciones.
Lo usual es que el elector no altere la lista y el orden de preferencia de la lista presentada por el partido de su elección, y lo mismo podemos observarlo en el derecho comparado en aquellos países que tienen listas abiertas.
Traigo esto a colación para mostrar que las supuestas ventajas de las lista abiertas o cerradas, en cuanto a asegurar una mayor transparencia y una mayor participación ciudadana en el sistema político, no dependen tanto de la mera instauración de las listas abiertas, sino de un conjunto de factores que atañen al conjunto de los elementos claves de un sistema electoral, de cualquiera de ellos. Especialmente, por ejemplo, así se trata de sistemas proporcionales o mayoritarios, si las listas son uninominales o plurinominales, así como otros factores exógenos al propio sistema electoral, como el propio sistema de partidos, la polarización de los partidos políticos y la cultura política de la ciudadanía.
En definitiva, la necesidad de democracia interna de los partidos políticos no se solventa trasladando esa responsabilidad al elector o a los electores. Las listas abiertas no garantizan per se mayor democracia interna en los partidos políticos, y la defensa a ultranza de las mismas, como es conocido, por experiencias a lo largo del Estado, algunas muy claras, no convierten a un o a una dirigente política autoritaria y centralista en lo contrario. O lo que sería la aplicación clara del viejo refrán castellano de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
La introducción de listas abiertas o listas desbloqueadas, si bien puede presentar aspectos positivos, no es en sí misma panacea para la democracia, ni está exenta de inconvenientes, por lo que su introducción sólo debería realizarse tras un proceso de reflexión amplio, pausado, sobre le conjunto del sistema electoral y que suscite sobre todo el consenso del conjunto de las fuerzas políticas.
No parece que con un voto a favor que vaya a tener, que va a tener su enmienda a la totalidad pueda ser una base para un amplio consenso, para elaborar un amplio consenso. Además, para mayor abundamiento, la introducción sin más de listas desbloqueadas supondría dejar sin efecto el sistema de listas paritarias de hombres y mujeres previsto en nuestra normativa actual. En el momento en que abrimos la puerta a la modificación de las listas por parte de los electores, cabe el riesgo cierto de generar desigualdad en la representación, contrariar por tanto otro objetivo buscado por la ciudadanía también y por el legislador.
La tercera cuestión de la que habla la enmienda a la totalidad es la inelegibilidad de los imputados por corrupción política.
En primer lugar, de introducirse una causa de inelegibilidad semejante debería precisarse por razones de seguridad jurídica mínima el tipo de delitos a los que se refiere, teniendo en cuenta que no existe el delito de corrupción política en el código penal.
Pero además debe considerarse que tal causa de inelegibilidad resultaría contrario al principio de presunción de inocencia y supondría una pena anticipada de inhabilitación o suspensión que puede ser más grande incluso que la que impone el Código Penal por la comisión de un delito.
Conforme al Tribunal Constitucional las causas de inelegibilidad deben estar tasadas e interpretadas restrictivamente, teniendo en cuenta de que se trata de el ejercicio en derecho fundamental como es el ejercicio del sufragio pasivo.
La aceptación de la propuesta de UPyD supondría por ejemplo que con una mera denuncia o querella de un particular frente a un candidato potencial, se le privaría a éste último temporalmente del derecho al sufragio pasivo, impidiéndole concurrir a las elecciones. Solución claramente contrario al derecho constitucional y a los derechos fundamentales.
Es posible que una previsión legal de este tipo diera lugar a que se disparasen las denuncias y acusaciones falsas en el periodo pre-electoral, cerca de una precampaña electoral con el fin simplemente de eliminar de la competición a adversarios, a rivales políticos.
En materia de las imputaciones y sus consecuencias resulta más importante que los propios partidos establezcan normas internas respecto a las restricciones a presentarse a aquellos que hayan sido imputados y sobre todo al mantenimiento y comportamientos claros y rotundos por parte de los partidos políticos.
La última cuestión que trae la enmienda de totalidad a colación se refiere a la inelegibilidad como parlamentarios vascos de concejales, alcaldes o junteros. La enmienda es confusa puesto que en la de totalidad habla de inelegibilidad y luego la correspondiente enmienda parcial se refiere a la incompatibilidad entre la condición de parlamentario y de dichos cargos locales o forales.
Si realmente pretende establecer una nueva causa de inelegibilidad, ello supondría privar del derecho sufragio pasivo a alcaldes, concejales y junteros. Dicho así, supondría que en cada proceso electoral se produjese un parón institucional en algunos municipios ya que todos los posibles candidatos que ejercieran de electos en el ámbito local o foral, deberían cesar en sus cargos y ser sustituidos por otros a riesgo incluso de que luego no resulten elegidos.
Desde el punto de vista del estatuto de los miembros de las corporaciones locales –la Ley de Bases de Régimen Local y la LOREG– no existe causa de incompatibilidad entre ser parlamentario y alcalde o concejal. Razón por la cual debería justificarse la razón de incorporar tal incompatibilidad, solamente al estatuto de los parlamentarios vascos. Máximo cuando el derecho comparado no existe un régimen de incompatibilidades tan severo propuesto para alcaldes y concejales.
No consideramos por tanto que en nuestro entorno, en nuestra comunidad autónoma, en Euskadi, sea preciso endurecer tales mecanismos de incompatibilidad que supondrían el trastorno de la vida municipal. En muchos casos con la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco. Tengamos en cuenta que solamente en Euskadi hay 2.621 concejales.
Por todas estas razones y sobre todo porque creemos que la legislación electoral es una legislación básica en cualquier democracia y que por lo tanto debe partir cualquier modificación o su elaboración desde parámetros de amplísimo consenso entre los partidos políticos. Y como creemos que un voto es una base débil para la elaboración de un consenso amplio para la modificación de esta legislación básica, es por lo que vamos a votar en contra de la enmienda.
Nada más, gracias.