ARANA VARAS (EP, 2018-05-03):
Eskerrik asko.
Desde Elkarrekin Podemos impulsamos esta iniciativa con el objetivo de contribuir a ampliar la protección de derechos de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas.
Esta iniciativa se registró hace unas semanas, pero mi defensa y mis reflexiones, me lo van a permitir, obviamente están atravesadas por lo que ha sucedido en los últimos días.
Voy a tratar de ordenarme, pero antes me gustaría decir alto y claro que yo si te creo, yo si os creo, y si tocan a una nos tocan a todas.
En 2017 se acordó en el Congreso un pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contiene una batería de más de 200 medidas para reforzar y mejorar la intervención orientada a la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres.
Todas conocen la abstención de unidos Podemos a este pacto. A través de ese voto se quiso manifestar que no se obstaculizarán nunca las políticas que signifiquen un avance, por mínimo que sea, en la protección de los derechos de las mujeres en situación de violencias machistas, pero también se quiso poner en evidencia que ese pacto era insuficiente y no estaba a la altura de este tiempo.
Se quiso evidenciar que se tuvo la oportunidad de ampliar la mirada y la protección de derechos. Se tuvo la oportunidades actualizar las políticas de igualdad y violencia machistas, pero no se quiso aprovechar el momento.
La justificación de la abstención puede reunirse en cuatro puntos. El primero, las medidas no contenían garantías económicas temporales ni legislativas para ser ejecutadas. La subcomisión acordó pedir un mínimo de compromiso económico de 1.000 millones a repartir entre todas las administraciones del Estado a cinco ejercicios económicos, pero no se logró el compromiso. De hecho, han pasado 217 días desde que se aprobó el pacto y todavía hoy no se ha puesto en marcha.
Segundo, en este pacto no se incorporan políticas de igualdad que garanticen prevención para cambiar la sociedad machista en la que vivimos.
Tercero, tampoco se permitió la participación de mujeres y colectivos feministas como lo hacen en otros organismos, como la ONU o el Consejo de Europa.
Y por último, este pacto no incorpora un enfoque feminista que supere el marco conceptual y legislativo de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sobre este último punto, les comparto una reflexión para abrir el intercambio en esta ocasión o en próximas instancias en las que nos ocupemos de las violencias machistas.
En estos días hemos a asistido a un caso y a un fallo judicial que merece una reflexión profunda, y debates sosegados y responsables en el ámbito legislativo. A nuestro parecer, el desarrollo y desenlace de este caso tal vez hubiera sido otro si desde el primer momento, desde todas las instituciones que intervinieron, habría tenido cobertura como un caso de violencia machista. Y pensamos que no todas las instituciones han intervenido desde esa mirada.
Porque sucede lo siguiente: En la actualidad, solo los casos de violencia ejercida por pareja o expareja están considerados como Violencia de Género en la Ley Orgánica 1/2004. Solo estos casos tienen acceso a juzgados especializados, con profesionales formados en la materia.
Aunque todavía queda muchísimo trabajo por hacer, tal y como pudimos constatar en la visita que realizamos a los juzgados especializados de Bilbao desde la Comisión de Trabajo y Justicia de este Parlamento; con todo, pueden ser más garantistas para las mujeres que otros juzgados multimateria, que pueden carecer de la debida especialización, porque no se les exige.
Superar el marco conceptual y legislativo de la Ley Orgánica 1/2004 habría significado que el pacto reconoce todas las manifestaciones de violencia machista, además de la ejercida por parejas o exparejas; habría sido una oportunidad para desarrollar nuevas medidas y prevenir que se repitan fallos que han golpeado a los derechos y libertadas reconocidas de todas las mujeres.
Como el caso de Nagore Laffage, que no se consideró violencia de género en un marco normativo muy restrictivo, por lo que no se analizó con la debida especialización en la materia. O como el caso reciente conocido como juicio de la Manada.
La ampliación del marco conceptual supone reconocer que se trata de casos de violencias por motivos de género y habría exigido, para casos como los mencionados, cobertura especializada en la materia a todos los niveles institucionales y también, cómo no, en el ámbito judicial.
Porque hay mucho que analizar de forma sosegada en el reciente segundo caso, pero de lo que no hay duda, de lo que no tenemos dudas es que los argumentos del fallo carecen por completo de perspectiva de género. Están muy lejos de las recomendaciones del Protocolo de Estambul, y a años luz de las reflexiones y aportaciones de la academia feminista en la materia.
Falta formación y especialización. Por supuesto, es una reflexión en voz alta, pero, además de las necesarias declaraciones y adhesiones, creemos que merece y corresponde una reflexión e intercambio responsable a todas y a todos los que tenemos encomendada la tarea en el ámbito legislativo.
Volviendo al pacto de Estado, les decía que la abstención fue una forma de expresar el desacuerdo con la oportunidad perdida. No obstante, aún con las limitaciones mencionadas, vemos el pacto como otra herramienta que puede ser útil para ampliar la protección de derechos y libertades.
Además de alumbrar nuevas herramientas, tenemos que sacarle chispas...
...el pacto como otra herramienta que puede ser útil para ampliar la protección de derechos y libertades.
Además de alumbrar nuevas herramientas, tenemos que sacarle chispas a lo que ya existe y está vigente y todo lo que se identifique como aportaciones positivas para ampliar protección de derechos son bienvenidas.
En diciembre, se reunió la conferencia sectorial de igualdad, siendo aprobado el pacto de estado para todas las comunidades autónomas.
Se identificaron las 26 medidas para comenzar a implementar en 2018.
Entre la batería de medidas propuestas en el Pacto de Estado puede haber algunas que ya se estén aplicando en Euskadi, otras que pueden ser adaptadas a las particularidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco y también aquellas que nos brinden la oportunidad de abrir nuevas líneas de actuación en la materia.
El notable aumento de denuncias registradas en 2017, los últimos feminicidios, la jueza de Vitoria  - aquella que preguntó si cerró bien las piernas o cerró toda la parte de los órganos femeninos -  o el fallo del juicio de La Manada, nos producen dolor, rabia y consternación.
Pero además, tienen que ser llamadas de atención y puntos de inflexión, que nos lleven a impulsar mejoras legislativas y políticas.
Para ello, hay que utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Es imprescindible continuar trabajando, realizar cambios, redoblar esfuerzos y mejorar medidas para prevenir y dar una respuesta adecuada.
Nosotras creemos que estamos en un momento crítico y de transición, estamos ante una ventana de oportunidad, tanto por lo que viene proponiendo el Movimiento Feminista Vasco, que está consolidado, fuerte y liderando una nueva agenda política que abarca todas las sectoriales, como por el hecho de que se está en proceso de elaboración de un proyecto de ley sobre violencias machistas, junto con la actualización de la Ley de Igualdad.
Por todo ello, consideramos que para sacar chispas a este pacto, es necesario empezar por hacer un estudio de contraste entre el Pacto de Estado y medidas contra las violencias existentes en Euskadi para después diseñar un plan de implementación en el marco competencial autonómico, foral y local, especialmente en todas aquellas medidas que contribuyan a ampliar, mejorar o reforzar las políticas para la prevención, detección temprana, atención, protección y reparación en situaciones de violencias machistas.
Saquemos chispas a este pacto y a todas las herramientas vigentes pero, sobre todo, aprendamos de los errores. No debemos perder oportunidades, porque la realidad lo exige y porque estamos en un momento que reúne muchas condiciones para que no nos demos un debate sosegado y responsable en este Parlamento.
Tenemos preocupaciones compartidas, tenemos compromiso, tenemos voluntad, propuestas pioneras desde el Movimiento Feminista Vasco, proceso abierto de elaboración de un proyecto de ley, de una reforma de la RGI.
Aprovechemos y saquemos chispas a todo esto.
Desde Elkarrekin Podemos seguiremos trabajando para que se produzca el debate abierto entre todas y todos, y en todas las sectoriales, desde un marco conceptual feminista, porque es el único que pone de evidencia la profundidad y complejidad de esta vulneración sistemática de los derechos humanos.
Seguiremos trabajando firme y con la mano tendida, para aunar voluntades, para que no se pierda absolutamente ninguna oportunidad de ampliar la protección de los derechos de las mujeres.
La iniciativa que traemos hoy y el acuerdo al que hemos llegado, es otra muestra más de ello.
Lo celebramos y reconocemos el esfuerzo de todas por haber alcanzado este acuerdo.
Besterik ez, eskerrik asko.