CASTELO DE SA (PSE-EE, 2017-05-11):
En base, lo realizaba supuestamente de una sentencia que dictaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronunciaba al respecto de la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido del sistema de asistencia jurídica del Estado belga, que en ningún caso  - solamente hay que compararlos -  es asimilable al establecido en el Estado español y que está regulado por la Ley 1/1996.
Un desaguisado que puso en pie de guerra a asociaciones de consumidores y usuarios, a colegios profesionales y a abogados. El Ministerio de Economía provocaba un incendio generando un problema donde no lo había, y además causaba un grave perjuicio a las personas que necesitan del turno de oficio y del beneficio de justicia gratuita para acudir a los tribunales en defensa de sus intereses o para la búsqueda de sus derechos.
La Dirección General de Tributos, que depende del Ministerio de Economía, modificó por arte de birlibirloque la naturaleza jurídica del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita en España, eliminando de un plumazo su carácter de obligatorio y gratuito, que nadie hasta entonces cuestionaba y que decretaba, por tanto, que los servicios que prestaban abogados y procuradores en estos casos dejaban de estar exentos y que pasaban a estar sujetos al 21 % del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Una auténtica locura, no solo por las maneras en las que se decidía unilateralmente y a través de una consulta tributaria, sino por el fondo, porque se modificaban las características esenciales de un servicio público en contra de lo que se establece nuestro ordenamiento jurídico.
Ahora, para arreglar este desaguisado, se han de proponer medidas que podíamos calificar como medidas apagafuegos. La primera, tras el intercambio de opiniones, supongo que en tono amable entre el ministro de Justicia, el señor Catalá, con su homólogo de Economía, el señor Montero, pues dejar en suspenso la interpretación irracional que ha realizado la Dirección General de Tributos, en tanto se prueba la segunda medida apagafuegos, que es modificar la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, para que esta ley diga de una manera más clara y contundente lo que ya dice esta ley.
Esto es, que se trata de un servicio público, gratuito y obligatorio en el que abogados y procuradores cobran una indemnización, que no sus honorarios, de la Administración pública previamente fijada por esta, por el servicio que prestan dentro del turno de oficio; indemnización que no estaba sujeta al IVA, que no debía estar sujeta al IVA y que tampoco estará en el futuro sujeta al IVA.
Sé que algún grupo me podrá decir que por qué hemos mantenido esta proposición dado que el Congreso de los Diputados ya está en ello, que hace dos días se ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley para modificar la Ley 1/1996, para que diga lo que ya dice, y que por qué no hemos retirado la iniciativa.
Yo les diría que hay dos motivos fundamentales, uno, porque creemos oportuno y necesario que el Parlamento Vasco respalde el turno de oficio y el derecho de asistencia jurídica gratuita, como un servicio público necesario para el ejercicio del derecho constitucional de tutela judicial efectiva que tienen derecho todos los españoles.
Y porque tras la intervenciones que pudimos leer en el diario de sesiones de los grupos en el Congreso, es conveniente que este Parlamento ratifique la necesidad de inmediatez para apagar el incendio que provocó el señor Montoro, y que otros elementos a debate, y que se expusieron el pasado miércoles en el Congreso por diferentes grupos, no impidan zanjar la no sujeción al IVA de las prestaciones del servicio que abogados y procuradores realizan en el turno de oficio, en asistencia jurídica gratuita.
De nuestra proposición original se presentó una enmienda por el grupo EH Bildu, con el cual hemos transaccionado, manteniendo los objetivos que les acabo de relatar, pero que mejora el texto que inicialmente presentamos.
Yo creo que no es necesario que me extienda más, creo que todos los grupos estamos en el apoyo al turno de oficio y a la asistencia jurídica gratuita. Y finalizo mi intervención solicitando a todos los grupos que apoyen la proposición no de ley que hemos presentado.
Muchas gracias.