MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2013-04-25):
Muchas gracias presidenta. Buenos días de nuevo, buenos días señores consejeros.
EH Bildu en su moción nos plantea básicamente dos cuestiones. Por un lado, pide que este Parlamento inste al Gobierno Vasco a cumplir la ley, y en concreto la Ley 10/2000 de Carta de Derechos Sociales. Por otro lado, propone que este Parlamento inste al Gobierno Vasco a derogar el Decreto de 5 de marzo por el que se modifican las condiciones laborales del personal de la administración pública vasca.
Lo cierto es que en la interpelación de hace 15 días que nosotros seguimos con mucha atención, EH Bildu recordaba al Gobierno Vasco que a través de un decreto y en la línea de lo realizado por el Gobierno de España incrementó la jornada de trabajo de los empleados del sector público, empeorando como consecuencia de ello sus condiciones laborales y empeorando por ello los servicios públicos que se prestan.
A partir de ahí, EH Bildu critica esta decisión del Gobierno Vasco y reivindica la jornada de 35 horas semanales como logro histórico alcanzado en la mesa general de la Administración en 2000. A partir de ahí, insiste en que empeorar las condiciones de los empleados públicos implica empeorar los servicios públicos y en que, en lugar de ampliar las jornadas de trabajo, habría que repartir ese trabajo.
Lo cierto es que en esa interpelación que nosotros seguimos detenidamente con mucho detalle, el Gobierno Vasco –el señor Erkoreka– responde básicamente lo siguiente. Por un lado, que ese decreto fue negociado en la mesa general de la función pública pero a su vez el señor Erkoreka olvida señalar algo ciertamente importante y es que la negociación acabó en desacuerdo. Lo cual no puede ser considerado en absoluto como un tema menor.
Por otro lado, que ese decreto incorporó además de la jornada laboral otra serie de aspectos que el señor Erkoreka recordó: Aspectos relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar, el teletrabajo, el régimen de la incapacidad temporal, los contratos de relevo y la no externalizacion de algunos servicios públicos.
Y finalmente, el señor Erkoreka –es decir, el Gobierno Vasco– respondía que este Gobierno Vasco debe cumplir las normas básicas del Estado pero obviando voluntariamente que el real decreto del Gobierno de España deja margen al Gobierno para autoorganizarse…
...obviando voluntariamente que el Real Decreto del Gobierno de España deja margen al Gobierno para auto organizarse y que permite y le habilita para negociar y seguir negociando en la Mesa General de la Función Pública, esto el Gobierno Vasco lo obvió en esa interpelación.
Yo quiero insistir que la propia redacción del Real Decreto del Gobierno de España permite sin mayores problemas que Euskadi se auto organice, el Real Decreto lo permite. ¿Cuál es el asunto aquí fundamental? Yo creo que aquí el asunto fundamental es que el Partido Nacionalista Vasco, el Gobierno Vasco está encantado de seguir la senda de los recortes del Gobierno del Partido Popular.
Yo creo que ésta es la clave del asunto sobre el cual estamos hablando, que el Gobierno Vasco, que el Partido Nacionalista Vasco está encantado en seguir la senda de los recortes del Gobierno del Partido Popular, obviando que tenía margen y tiene margen para organizarse cumpliendo ese Real Decreto del Gobierno de España y que en todo caso, aunque hubo negociación, esa negociación acabó en desacuerdo.
Conviene también recordar que este Decreto de este Gobierno contraviene una ley, la Ley 10/2000 de Carta de Derechos Sociales, y que por lo tanto, lo pertinente habría sido que este Gobierno hubiera traído la correspondiente modificación de la ley para que fuera este Parlamento quien pudiera modificarla.
Además, este Decreto no sólo empeora las condiciones de trabajo de los empleados públicos, sino que trae digamos que accesoriamente –aunque posiblemente sea tan importante como la anterior–, una serie de resultados lesivos para la propia gestión de los servicios públicos. Menos personal supone menos servicios públicos cuando estos están fundamentados en actividades y acciones de carácter personal; y más carga de trabajo supone menos calidad en la prestación de servicios y por tanto, peores servicios públicos especialmente en Osakidetza.
Es decir, este Decreto incide en la política de recortes sociales y ajustes y en cargar la carga de la crisis en quienes no tienen la culpa de ella. Y por lo tanto sigue la senda de las políticas aplicadas en los últimos tiempos por el Gobierno de España y lo hace ya digo voluntariamente. Una cosa es tratar de alcanzar una Administración pública más eficaz y más eficiente y tomar medidas para que esto pueda ser posible, y otra cosa bien distinta es impulsar recorte sobre recorte y todo por buscar un ahorro económico más bien minúsculo.
En fin, nosotros nos hemos opuesto, nos oponemos y nos seguiremos oponiendo a los recortes sociales que continúa impulsando el Gobierno de España, desde la reducción del sueldo de los funcionarios o la ampliación de su jornada, hasta los recortes en Educación o en Sanidad, pasando por las reducciones a la dependencia, la reducción de las pensiones o la reforma laboral entre otras muchas que podríamos citar. Y nos hemos opuesto, nos oponemos y nos seguiremos oponiendo a todas las medidas parecidas, semejantes, de recortes o de ajustes que haya podido impulsar el Gobierno Vasco tanto el anterior como este.
Y es por todo esto y en coherencia, que nosotros hemos firmado una enmienda de transacción con el Grupo Socialista, que consta de cuatro puntos.
En primer lugar mostramos nuestra disconformidad con el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de fomento de la competitividad, al ser un compendio de medidas injustas y contraproducentes para salir de la situación de crisis económica en la que nos encontramos. Y en concreto, mostramos nuestra disposición contraria a todas las medidas económicas que ha impulsado en los últimos tiempos el Gobierno de España y que estamos viviendo que no sirven para salir de la crisis.
Tenemos datos recientes, en España a día de hoy hay 6.002.700 parados y en Euskadi tenemos 164.700 parados. Por tanto, la conclusión es evidente las políticas económicas, las medidas que está impulsando el Gobierno de España y también el Gobierno Vasco no sirven para salir de la crisis, sino que lo único que están sirviendo es para ahogar a los ciudadanos y que el desempleo y el paro siga creciendo.
En el segundo punto, instamos al Gobierno Vasco a lograr la máxima eficacia y eficiencia del sector público de Euskadi. Esto debe hacerse para que ofrezca unos servicios públicos de calidad que garanticen el sostenimiento y la mejora del Estado de bienestar, sin recortes, ni ajustes, ni medidas o pronunciamientos que cuestionen de forma gratuita como se ha venido haciendo en los últimos tiempos,  la indispensable labor que los empleados públicos realizan. Es decir, una cosa es tomar medidas para lograr la máxima eficacia y eficiencia del sector público, y otra cosa es no hacer otra cosa que impulsar recorte sobre recorte.
Y tercer punto: Instamos al Gobierno Vasco a declarar su compromiso con la plena vigencia de la Ley 10/2000 de la Carta de Derechos Sociales. Y finalmente, en coherencia instamos al Gobierno Vasco a derogar el decreto que establece la jornada anual para personal funcionario, estatutario y laboral de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por ser una medida que no compartimos y que nos parece absolutamente injusta y contraproducente para garantizar los mejores servicios públicos posibles y para salir todos juntos de la situación de crisis en la que nos encontramos.
Nada más y gracias.