BECERRA CAROLLO (EP, 2017-04-06):
Mila esker, Tejeria anderea.
Efectivamente, hace apenas tres meses estuvimos en esta Cámara debatiendo acerca de la necesidad de clausurar o no Garoña y, aunque la postura era mayoritaria, entramos a ese debate preguntándonos quién le pone el cascabel al gato.
Yo creo que si algo quedó claro en ese debate fue la proposición no de ley que se aprobó, quedó claro que ante la inacción y la dejadez mostrados durante años por el Gobierno en esta cuestión, tenía que ser el Parlamento quien asumiera el liderazgo en la búsqueda de todas las vías  - jurídicas y administrativas -  para conseguir el cierre incondicional y definitivo de la central nuclear más obsoleta de Europa. Yo coincido con el señor Barrio en que esto parecería ser cosa del Gobierno, pero es que la realidad es que el Gobierno no ha hecho nada durante todos estos años.
Por lo tanto, es de agradecer, en primer lugar, la diligencia y el buen hacer mostrados por los servicios jurídicos de esta Cámara a la hora de concretar en el informe que se les encargó las vías más adecuadas para hacer frente al entramado jurídico-administrativo que el propio oligopolio eléctrico y sus puertas giratorias han ido urdiendo en torno a la reapertura de Garoña y que han quedado al descubierto en este informe.
Porque este informe confirma lo que desde Elkarrekin Podemos ya denunciamos el pasado mes de diciembre en esta misma Tribuna. En síntesis el informe confirma que el proceder del Gobierno central y de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear han tenido como objetivo mantener abierta la puerta a prorrogar la vida de las centrales nucleares españolas, aun a costa de cometer múltiples irregularidades administrativas.
Primera irregularidad. Emitir un informe favorable a la reapertura sin que Nuclenor haya ejecutado las medidas de seguridad que el propio Consejo de Seguridad Nuclear exigió en su día para autorizar su reapertura.
Y seamos conscientes en este punto de que pese a la propaganda que Nuclenor ha difundido en los medios de comunicación, las modificaciones de diseño que están pendiente de ejecutar son muy significativas del punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica.
Esta central ni es segura, ni ha incorporado las mejoras de seguridad, por ejemplo, derivadas de las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima, algo que sí están haciendo el resto de las centrales nucleares españolas, pero que Garoña aún no ha realizado. 127 informes han hecho el CSN en este sentido, sin que hayan sido atendidos.
La segunda irregularidad grave cometida por el CSN es autorizar la renovación de la autorización sin fijar un plazo de vigencia de dicha autorización, una prebenda que el Consejo de Seguridad Nuclear no ha otorgado a ninguna otra central nuclear del Estado desde el accidente de Vandellós. Todas las autorizaciones caducan en 10 años y sin embargo la que se ha concedido a Garoña será para los próximos 17 años.
Y la tercera grave irregularidad es modificar a petición de la patronal del sector eléctrico Unesa y con el único fin de posibilitar esta prórroga indefinida, la normativa sobre revisiones periódicas establecida por el propio consejo y aplicarla sin que la modificación haya sido aprobada por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear. Esto es algo inaudito cuando hablamos de seguridad nuclear, pero aún más insólito si se analiza desde el punto de vista del derecho administrativo.
Todas estas maniobras, en fin, constituyen un claro trato de favor hacia Nuclenor y por tanto, por extensión a Iberdrola y a Endesa y son unas irregularidades cuya publicación, en cualquier país civilizado, hubiera bastado para que la fiscalía iniciase una investigación de oficio al respeto. Pero en este país no.
En este país el poder político y el poder económico tienen lazos muy estrechos y puertas giratorias muy anchas por las cuales circulan favores que pagamos las personas usuarias de la electricidad en cada factura y en cada recibo.
No obstante, lo que sí confirma el informe de los servicios jurídicos es que el Parlamento Vasco ostenta la condición de interesado para ejercer acciones legales en su condición de órgano de máxima representación de la ciudadanía vasca y de titular de intereses legítimos colectivos en materia de medio ambiente, sanidad, protección civil y ordenación del territorio.
Por lo tanto, apoyaremos la proposición no de ley de EH Bildu porque urge que esta Cámara asuma la responsabilidad política que le corresponde, y atendiendo a los deseos de la ciudadanía vasca adopte la decisión de recurrir en primera instancia el informe favorable del CSN, así como la posterior orden ministerial que con toda seguridad será igualmente favorable a conceder la prórroga de la autorización de explotación hacia la central.
Hace apenas tres meses dijimos en esta Tribuna que la vía más rápida más rápida para cerrar Garoña era que alguno de los partidos representados en esta Cámara, algunos, aprovechasen por una vez sus puertas giratorias en beneficio de la ciudadanía y que presionasen a las empresas propietarias de la central para que renunciasen voluntariamente a la reapertura.
Ya que no ha sido así, pedimos a los grupos aquí presentes, que al menos apoyen está iniciativa y sumen así sus votos al clamor ciudadano que una y otra vez pide en las calles el cierre definitivo e incondicional de la central de Garoña y su inmediato desmantelamiento.
Termino diciendo que en la comparecencia ayer en el Comisión de Medio Ambiente, la representante de Greenpeace Raquel Montón, sentenció que Garoña puede ser el fin de la energía nuclear en nuestro entorno, o bien el principio de una nueva era de riesgo nuclear.
En nuestras manos está que no sea así.
Muchas gracias.