OYARZABAL DE MIGUEL (PP, 2014-10-23):
Muchas gracias, señora presidenta.
Lehendakari, señorías, el pasado mes de abril mi grupo presentó (presenté yo mismo) una interpelación al lehendakari que se sustanció el 13 de junio, en relación con la política de comunicación del Gobierno Vasco. Aquel día el lehendakari no quiso dar explicaciones, no quiso contestar. Lo hizo la consejera Uriarte.
Le interpelamos, como luego lo hicieron otros grupos, por los pagos descubiertos, los pagos con los que el Gobierno Vasco venía beneficiando a determinados medios de comunicación: los diarios del Grupo Noticias y Onda Vasca Radio.
Habíamos conocido varios contratos extraordinarios realizados ad hoc, fuera de las campañas de publicidad institucional de los distintos departamentos; contratos que regaban con decenas de miles de euros, de tapadillo, alrededor en aquel momento de unos 100.000, habíamos conocido, pensábamos entonces que se trataba de alrededor de unos 100.000 euros, con los que se beneficiaba a esos grupos de comunicación de manera extraordinaria y al margen de las campañas institucionales.
Luego hemos sabido que fueron mucho más. Que ya andan, al parecer, por las noticias que hemos conocido y por los datos que hemos conocido, alrededor de los 250.000. Y además hay que agradecer también la labor de un grupo parlamentario, que es UPyD, también preguntas del Grupo Socialista, labor de grupos de la oposición que ha permitido destapar estos hechos y que nos ha ido permitiendo conocer datos día a día, mes a mes, datos nuevos que corroboran aquella preocupación.
Preocupación que dejaba al descubierto que, mediante un sistema muy poco transparente, el Departamento de Educación en aquel momento, pero no solo este, sino también otros departamentos del Gobierno Vasco contrataban espacios de publicidad encubierta; que bajo la apariencia de contenidos de información, y en clara connivencia con esos medios del Grupo Noticias, se ocultaba la propaganda del Gobierno del PNV, en una clara estrategia de manipulación; que se pagaba a dichos medios para que ofreciesen contenidos a la medida y el deseo del Gobierno Vasco. En otras palabras, se compraba esa información.
Una clara estafa informativa, a nuestro juicio, que, con el ánimo de influir en la opinión pública, no han tenido reparo en utilizar de manera repetida, por lo que hemos conocido, en numerosas ocasiones y por al menos cuatro departamentos del Gobierno Vasco. Vulnerando para ello todos los principios éticos que deben regir la política de comunicación de cualquier administración pública. Y, lo que aún es más grave, vulnerando la propia legalidad, vulnerando la Ley vasca de Publicidad y Comunicación Institucional, por ejemplo en lo que se refiere en concreto a su artículo 5, que establece expresamente, en su apartado de prohibiciones: "No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad o de comunicación que manifiestamente menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas o cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias".
Porque les recuerdo que en aquel momento saltó la liebre sobre estas prácticas porque se pagaba con dinero público publicidad disfrazada de información para deslegitimar y generar una opinión contraria a la Lomce, una vez que había sido ya aprobada por el Gobierno de España. Incluso contratando espacios una vez que ya la Lomce había sido aprobada por las Cortes Generales.
Pero también se vulneraba otro apartado de ese artículo. Otro apartado que queda vulnerado no solo en este caso, sino en todos los demás, por parte de los diferentes departamentos, porque dice textualmente: "No se podrán difundir campañas institucionales de publicidad que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la administración o entidad promotora o contratante". Este artículo lo han incumplido ya demasiadas veces, y ello supone un enorme fraude político que hoy volvemos a denunciar.
Estamos denunciando un hecho, a nuestro juicio, de extrema gravedad, absolutamente irregular, que, curiosamente, siempre ha contado con el mismo cómplice necesario, el mismo grupo de comunicación. Siempre ha sido el mismo grupo de comunicación el cómplice necesario para estas prácticas: el Grupo Noticias, el diario Deia, el Diario de Noticias de Álava, el Diario de Noticias de Gipuzkoa, y Onda Vasca. Ellos, ese grupo, han sido beneficiarios económicamente de esta práctica; beneficiarios de un uso inadecuado y, en nuestra opinión, fraudulento del dinero público, y de un uso perverso de la información, porque se estaba engañando a la gente. Oiga, es que desde esos medios de comunicación se estaba engañando a sus lectores, a sus oyentes, porque se disfrazada de información lo que no lo era, lo que no era información.
El Gobierno Vasco demuestra con esto un desprecio absoluto al papel que deben jugar los medios de comunicación en una democracia.
La respuesta que obtuvimos en aquel momento, aquel día 13 de junio, nos pareció claramente insuficiente. Peor: nos pareció contradictoria, inconsistente. Pero al menos la consejera aquel día casi entonó el mea culpa, dijo aquello de "esto no volverá a ocurrir". Incluso en comisión llegó a reconocer que esta no era una práctica de su gusto, y que iba a poner los medios necesarios para recuperar el dinero, porque en sede parlamentaria culpó a los medios de no haber cumplido con el contrato, digamos, propuesto al Gobierno. ¡En aquel momento nos quedamos sorprendidos! La propia consejera culpaba al medio de haber propuesto una cosa y hacer otra. Oiga, esto requiere exigencia de la devolución del dinero.
Bien. Ante el requerimiento de otros grupos, en aquellas mismas fechas escuchamos también a los consejeros Erkoreka y Darpón. Trataron ambos sin éxito de confundir, desviar, tergiversar y, en todos los casos, esquivar el problema sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Estos no asumieron ningún tipo de responsabilidad. No hubo en aquel momento ningún atisbo de rectificación. Al revés, todo lo contrario: mantuvieron un discurso justificador de ese modus operandi. En aquel momento, todavía en el mes de junio, se mantenía por parte de los representantes del Gobierno un discurso que justificaba ese modus operandi.
Pero a medida que fuimos conociendo nuevos datos se engordaba el escándalo, y afectaba además ya a cuatro departamentos: Educación, Cultura y Política Lingüística; Empleo y Políticas Sociales; Salud, y Presidencia. Y todos los grupos de la oposición forzaron finalmente al lehendakari a comparecer y a tener que dar explicaciones ante la Diputación Permanente en el mes de julio. Y resulta que el empeño del PNV se centró en ese momento en separar y distinguir entre patrocinios y campañas de publicidad para escurrir el bulto, como si se tratase de cosas absolutamente diferentes. Para minimizar su responsabilidad.
Curiosos, curiosos los patrocinios en los que el patrocinador prefiere no aparecer. Qué curiosa esa manera de patrocinar, en la que se trata de que no figure el patrocinador en el evento o en la información patrocinada. Bueno, aquel patrocinador que pretende no rentabilizar el patrocinio. ¡Curioso!
El patrocinio es una forma de publicidad. No es algo diferente a ella. Es una forma de publicidad que utilizan las empresas, también las administraciones. No es algo diferente a la publicidad. Es lo mimo. Es una forma de la publicidad.
De publicidad ilícita, si vamos a donde nos definen qué se entiende por publicidad ilícita, bueno, pues, nos dicen que hay dos tipos. Una, un tipo, la que atenta contra la dignidad de la personas, aquella publicidad que atenta contra la dignidad de las personas, y señala además muchas variantes. Y, dos, el segundo tipo, la publicidad engañosa. La publicidad ilícita tiene dos acepciones; la segunda es la publicidad engañosa.
Y cuando vamos a qué significa la publicidad engañosa, bueno, pues, nos dice que la publicidad engañosa puede aparecer de diferentes maneras. La primera es la que se tiene como publicidad encubierta, que se da –esto no lo digo yo, es lo que dicen– cuando el destinatario no es consciente de que dicha manifestación constituye una actividad publicitaria, dando la impresión de que se encuentra ante un mensaje difundido por un tercero imparcial, ajeno al anunciante. Se produce un engaño a los destinatarios, porque, al no reconocer la publicidad, lo que es publicidad, otorgan mayor credibilidad a dichos contenidos.
Nos encontramos hablando, señorías, de un escándalo sintomático, que define…, mejor dicho, que deja al descubierto cuál es el concepto que el lehendakari y el PNV, su Gobierno, tienen de lo que significa el derecho de una sociedad a una información veraz, de la publicidad, de la equidad, del papel que tienen que jugar los medios de comunicación en una sociedad libre.
Nos encontramos denunciando una chapuza administrativa, una conducta que nos parece impropia de quien además hace un uso del poder, un abuso del poder que hoy queremos volver a reprochar. Y queremos volver a reprochar esta actitud y esta manera de actuar por parte del Gobierno Vasco, por parte del Gobierno del PNV, tratando de buscar un texto que pueda recoger la posición de una mayoría de esta Cámara.
Y por eso hemos querido presentar hoy, y creo que se ha repartido ya, una enmienda de transacción con el grupo de UPyD y con el Grupo Socialista, que trata de recoger una posición amplia, que pueda ser respaldada en esta Cámara, y que viene a plantear una serie de cuestiones. Seis en concreto.
La primera –y es triste que tengamos que volver a hacerlo–, recordar al Gobierno Vasco que el principio básico y fundamental que debe regir la comunicación de las instituciones públicas con la ciudadanía es el de la información veraz y objetiva, ordenada y orientada a la difusión de los servicios que presta y las actividades que desarrolla, y no a otras cosas.
Denunciar la vulneración del artículo 5.3 de la Ley 6/2010, de Publicidad y Comunicación Institucional, que establece expresamente, como antes decíamos, que la publicidad institucional no debe conducir a errores ni por ambigüedad ni por inexactitud de datos, ni por omisión o por cualquier otra circunstancia.
Tres. Rechazar la realización de patrocinios y publicidad encubiertos, e instar al Gobierno Vasco a que se abstenga en el futuro de realizar, patrocinar o difundir campañas, patrocinios institucionales o publicidad que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la administración o entidad promotora o contratante.
Y volvemos a denunciar la vulneración del Código Ético y de Conducta sobre la honestidad en el ejercicio del cargo público.
Cuatro. Requerir al Gobierno Vasco adoptar cuantas medidas administrativas sean necesarias a fin de lograr la reversión al erario público de aquellas cantidades dinerarias indebidamente administradas. Que devuelvan el dinero aquellos que cobraron cantidades de dinero público de manera irregular.
Cinco. Censurar la utilización de fondos públicos para favorecer a determinados medios de comunicación afines, lo que representa una financiación ilegal de los mismos, que, además de fomentar una competencia desleal en el sector, creo que es de recibo que exijamos la devolución de esas cantidades.
Y, por último, instar al Gobierno Vasco a limitar al máximo la contratación de espacios públicos en medios de comunicación que no se encuadren en las campañas generales, que deben ajustarse en todo caso –y esto debería ser regla de oro en la práctica, en la comunicación de una administración pública– a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación.
Nada más, y muchas gracias.