OTADUI BITERI (EAJ, 2013-04-11):
Eskerrik asko presidente andrea. Sailburuok, Erkoreka sailburu jauna, Oregi sailburu andrea. Legebiltzarkideok.
Gaurko honetan nik ere balioa jarri nahi dut lortu dugun adostasun zabala, izan ere gure udalentzako hain inportantea den kontu honetan ahalik eta adostasun zabal bat lortu izan dugu, ezta? Eta nik egun honetan, fokua horretan jarri nahi dut. Ez daukat asmoa, Pastor jauna, zurekin eztabaidan sartzeko, baino gero bukaeran denbora badaukat puntualizazio batzuk bai egitea gustatuko litzaidakeela.
Nire aurretik berba egin dutenek esan digute erdibideko zuzenketa honetan gai bi jorratu egiten direla, alde batetik, Espainiako Gobernua...
Nire aurretik berba egin dutenek esan digute erdibideko zuzenketa honetan gai bi jorratu egiten direla. Alde batetik, Espainiako gobernuak aurrera eraman nahi duen tokiko administrazioaren erreformaren aurkako jarrera ezarri egiten dugu. Eta beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzari 12 hilabeteko epea ezartzen diogu udal legea hona ekartzeko erakunde eta alderdi politikoen adostasun zabala lortu ondoren.
El Gobierno del señor Urkullu ha solicitado al Gobierno del Partido Popular que reconsidere esta iniciativa y que no aplique la reforma de la administración local en Euskadi porque el anteproyecto de la ley supone un intenso debilitamiento y, en consecuencia, una grave injerencia del principio de autonomía local.
La reforma, además, no distingue entre las administraciones locales que han gestionado con solvencia y eficacia, y aquéllas que no lo han sabido hacer. Nuestros ayuntamientos presentan una situación saneada y de equilibrio presupuestario y los ayuntamientos vascos no hemos contribuido para nada al pésimo estado de las finanzas públicas del Estado.
Quiero destacar los datos relativos a tres magnitudes económicas. El gasto municipal per capita de los municipios vascos es superior al del resto de los ayuntamientos del Estado. Tenemos el ingreso medio por habitante más elevado y, en cuanto al remanente de tesorería, los ayuntamientos de Euskadi ocupan la primera posición con una ventaja más que considerable respecto de los ayuntamientos que ocupan el segundo lugar.
Esto nos demuestra que con esta reforma se nos quiere hacer pagar a justos por pecadores. Tras la lectura de las medidas que se nos quieren imponer a los ayuntamientos, he llegado a pensar que con esta reforma, lejos de reconocer la mayoría de edad de nuestros ayuntamientos –cuestión que creo que todos coincidimos aquí–, se nos trata como si fuéramos una cuadrilla de irresponsables, una cuadrilla de imprudentes, de manirrotos y que, por tanto, debemos estar sujetos en todos momento a la tutela y fiscalización del interventor de habilitación.
Una se queda perpleja ante la mutilación de competencias que va a suponer esta reforma, escudándose en el coste estándar se cuestiona la prestación de servicios mínimos por los municipios o por las mancomunidades. La calidad de los servicios va a dejar de existir para ser sustituido exclusivamente por el criterio economicista y, en consecuencia, los ciudadanos van a percibir peores servicios públicos. ¿Eso es lo que queremos? ¿Para eso nos han elegido? Yo al menos, me esfuerzo todos los días en cumplir con nuestro programa electoral y, en consecuencia, en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
¿Qué pasa con las mancomunidades y con los consorcios? A través de las mancomunidades se busca la eficacia de los servicios públicos mediante la cooperación o la gestión centralizada de los mismos. Es lo que nos permite, por ejemplo, que la señora de Dima reciba los mismos servicios sociales que la señora de Bilbao, y todo ello gracias a través de la mancomunidad de Arratia.
¿Qué va a pasar con los ayuntamientos inferiores a 5.000 habitantes? ¿La intervención a la que van a estar sometidos es compatible con el principio de autonomía municipal? Pues indudablemente, no.
En el caso de los funcionarios de habilitación nacional, se obvia cualquier referencia a la lengua propia de la comunidad. ¿Quiere eso decir que el conocimiento del euskera no será un requisito para el desempeño de los puestos de la más alta calificación en nuestros ayuntamientos? ¿Quiere eso decir que el Pleno municipal no va a decidir sobre los requisitos de las RPTs? Pues nos parece una ingerencia inaceptable.
De igual manera, nos parece totalmente desproporcionado el papel que se otorga a los interventores respecto al control económico financiero de la actividad municipal, siendo el Pleno el órgano de máximas significación representativa en la función fiscalizadora se llega a equiparar al interventor con el Pleno municipal. En caso de discrepancia entre el Pleno y el interventor, se prevé la posibilidad de remisión de la resolución municipal al Ministerio de Hacienda.
¿Dónde queda la autonomía municipal? ¿Dónde la capacidad de autoorganización? ¿Dónde la responsabilidad de las entidades locales? ¿Dónde la representatividad democrática de quienes tenemos la obligación y la responsabilidad de gestionar los asuntos cuyo logro redunden en beneficio de nuestras poblaciones?
Según la doctrina, la autonomía local ha de ser entendida como un derecho de la comunidad local a la participación a través de los órganos propios en el Gobierno de la administración de cuantos asuntos les atañen. Pues bien, del texto ha desaparecido de una manera significativa el principio de participación ciudadana, lo que denota un sesgo puramente economicista en que se basa toda la reforma en detrimento del desarrollo del principio democrático.
Por todo lo expuesto, el Gobierno Vasco ha instado al ejecutivo español a que reconsidere el texto actual y, en caso de que no lo haga, que no aplique la reforma de la administración local en Euskadi y que respete la singularidad de nuestro entramado institucional.
Tenemos numerosos ejemplos en los que el peculiar sistema foral de régimen local ha sido reconocido en diferentes leyes estatales: En la propia ley de Bases de Régimen Local, en la ley Reguladora de las Haciendas Locales, la ley de Contratos del Sector Público, en el Estatuto Básico del Empleado Público, etcétera.
Para no quedarnos solo en proclamas, el PNV presentó en el congreso de los diputados una propuesta de resolución cuyo tenor literal dice así: "Que el texto del proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local refleje expresamente la singularidad del entramado institucional vasco". Contó con el voto favorable de todos los partidos menos evidentemente, señor Maneiro, el de UPyD.
Gainera, erdibideko zuzenketa honek jorratzen duen bigarren gaiari dagokionez, udal legea aurkeztu beharreko epeari dagokionez, poztasuna ere adierazi nahi dut azkenean adostasuna lortu dugulako kontu honetan, muturreko posizioak albo batera utzi eta erdibidekoan akordioa lortu dugulako.
Esan behar dut jatorrizko ekimenetan ezartzen ziren epeak ezinezkoak zirela, materialki ezinezkoak zirela. Kontrakoa esateak suposatzen duelako izaera orokorreko xedapenak arautzen dituen artikulu guztien ez ezagutze nabarmena, bai eta lege jarraitu behar duten izapide guztien ezjakintasun nabarmena. Izan ere, guztiok dakigu legeek hainbat tramite behar dituztela. Adibidez, COJUAren txostena: Ukaezinak, negoziazio, kontsulta audientzia, tramiteak eta noski ahaztu barik aginduzkoak diren txosten eta irizpen guztiak.
Además, tenemos que recordar que hemos constituido una ponencia en esta Cámara para analizar nuestra arquitectura institucional y evidentemente deberán acompasarse ambas cuestiones. Todos coincidimos, y así lo recogemos en la enmienda transada, que el Gobierno debe aunar un amplio consenso político e institucional en este tema y, evidentemente, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Esto requiere su tiempo.
Entendemos que el plazo de 12 meses es un plazo razonable y ya se ha dicho en alguna otra ocasión que en la VIII. Legislatura el Parlamento estableció un plazo de 15 meses para presentar este proyecto.
Me hubiera gustado finalizar aquí mi intervención congratulándonos por el consenso alcanzado. Pero señor Pastor, tal y como le he anunciado, no quería entrar yo en el debate pero sí que le quiero hacer una serie de puntualizaciones sobre todo en relación a los plazos y a cómo trajeron ustedes el proyecto a esta Cámara.
Bueno, únicamente recordarle que ustedes tardaron 12 meses en remitir el proyecto a la Cámara una vez de que habían recibido las bases de Eudel, por no decir que pasaron 27 meses desde que la consejera había prometido el proyecto.
Y otra cosa que también me gustaría destacar es cómo trajeron ustedes el proyecto de la ley a este Parlamento, con una ausencia total de consensos imprescindibles para abordar un proyecto de estas características, sin consensos políticos previos y sin consulta con las diputaciones. Y no se lo digo yo, se lo dijo en su momento la señora Garrido quien entonces eran sus socios precedentes. Y además, como le dije en su día, esta ley la trajeron sin los informes que eran preceptivos.
Ha hecho usted de referencia a la propiedad intelectual de la ley. En todo caso, usted no se puede arrogar esa propiedad intelectual porque, en todo caso sería, del Gobierno y, en todo caso, sería de todas las vascas y los vascos porque en definitiva somos los que hemos pagado la ley.
Indudablemente, este Gobierno tiene puesto el foco en lo importante. Somos conscientes de la necesidad de esta ley y por eso el gobierno del señor Urkullu cumplirá el plazo y traerá la ley consensuada como debe ser.
Besterik ez, eskerrik asko.