MACAZAGA SÁENZ (EP, 2019-06-13):
Un criterio desfavorable a la toma de consideración de la citada proposición de ley bastante sorprendente, daba las siguientes razones  - y leo - : "Uno. Aunque el Gobierno es partidario de establecer cueces seguros para dar curso a las informaciones relativas a hechos relacionados con posibles delitos contra la Administración pública o infracciones administrativas, así como de garantizar la protección necesaria a las personas que suministres la citada información, considera que el instrumento idóneo para proporcionar la incorporación de estas medidas a nuestro ordenamiento jurídico, por razones de claridad, sistemática y seguridad jurídica, es la proposición de ley sobre transparencia y participación ciudadana".
Sin embargo, los grupos que sustentan al Gobierno se negaron a asumir nuestra enmienda parcial a la Ley de Transparencia y recoger el buzón de denuncias anónimas, una clara demostración de intenciones.
Y sigue: "Dos. Por razones semejantes en el punto anterior, en el panorama autonómico comparado, todas las leyes que regulan el régimen de protección de las personas que suministran información relativa a hechos relacionados con posibles delitos contra la Administración pública o con presuntas infracciones administrativas, lo hacen, también, en el marco de una regulación general sobre la transparencia del sector público, la integridad institucional o las medidas o instrumentos a implantar en la lucha contra la corrupción, con la excepción de la norma vigente en Castilla y León, que dice significativamente se aprobó con el voto contrario a nuestra formación".
Le gusta mezclar churras con merinas, porque ustedes hoy van a votar en contra de una proposición de ley que, aunque parte del mismo texto que la Directiva Europea, pero ésta más ambiciosa y, sin embargo, esta Directiva, que como sabrán, es de obligado cumplimiento y que su eurodiputada del PNV, la señora Bilbao, votó a favor, como ven en el acta, que el señor Jáuregui, del PSE, votó a favor, como se ve en el acta, y que el señor Iturgaiz, del PP Vasco, también lo hizo, junto con 588 europarlamentarios. Solo 29 europarlamentarios votaron en contra, como lo van a hacer hoy ustedes con un texto casi calcado. Ustedes y su coherencia traspuesta.
Sigo con el tercer punto del criterio del Gobierno. En el criterio favorable que el Gobierno emitió el 23 de octubre de 2018, en relación a la proposición de ley que plantea la creación de la oficina de buenas prácticas y anticorrupción, ya advirtió sobre el riesgo que entraña crear nuevos organismos públicos sin evaluar previamente el funcionamiento y el rendimiento de la densa constelación de órganos e instituciones ya existentes en Euskadi, y articular la lucha contra la corrupción y estudiar, con el debido rigor, en qué medida los entes que se pretenden crear pueden resultar redundantes con las ya existentes, generando duplicidades, solapando regímenes y yuxtaponiendo modelos dispares de lucha contra la corrupción, en claro perjuicio de la cogerencia y efectividad.
Esta alerta ha de ser reiterada en este momento, puesto que la iniciativa que nos ocupa contempla la creación de un nuevo organismo público, la de oficinas de alertas ciudadanas de Euskadi, al que se le asignan unas funciones que solaparían abiertamente con las de algunas encomendadas a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción a la que se refería la citada proposición.
Pues no nos parece excusa, cuando ambas leyes puede tramitarse conjuntamente y adaptar ambos organismo, tal y como quieren hacer ustedes con la Agencia de Protección de Datos y convertirla en la de transparencia en la ley que lleva su nombre.
Nuestra ley parte del texto de base Xnet, Asociación Impulsora de la Legislación Europea en esta materia, una asociación anticorrupción creada hace más de una década y que recoge, desde su web, un buzón de denuncias ciudadanas.
Su trabajo permitió destapar caso como los papeles de Miguel Blesa o las tarjetas Black de Caja Madrid. Una iniciativa similar se está tramitando también en el Parlament de Cataluña, con el apoyo de Junts Per Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, En Comú Podem, la CUP y también el Partido Socialista de Cataluña; su parlamentario, el señor Terrades, defendió en su intervención al salvaguarda de la confidencialidad de los denunciantes y la protección efectiva de estos.
Y, por cierto, tramitada conjuntamente con otra de Ciudadanos, sin miedos ni complejos, y además con la existencia de una ley de transparencia catalana y una oficina antifraude. No son incompatibles.
Nuestra ley establece la protección integral de las personas alertadores de infracciones contrarias al bien común por parte de las administraciones públicas y del sector privado, e implanta canales seguros de alerta, con la creación de una oficina de alertar ciudadanas que perfectamente, como ya he dicho, podría tratarse del observatorio, hoy por hoy embargado, e introduce, además, un régimen sancionador.
Se aplica a todo el sector público vasco, incluyendo también Parlamento, universidades y el sector privado de forma amplia, incluyendo partidos políticos, colegios profesionales, incluso sindicatos.
Las infracciones son las que vienen establecidas desde Europa, y no desde Castilla León, relativas a corrupción política, y añadimos cuestiones de contratación pública, medioambientales, seguridad o sanidad.
La ley recoge, además, una ley de derechos de las personas alertadoras, como son el derecho a la seguridad, a la indemnidad económica y laboral, el derecho al anonimato, el derecho a ser parte en el proceso, o el derecho a la asistencia efectiva y asesoramiento jurídico.
También se establecen una serie de medidas de protección, que consisten básicamente en no perder trabajos o, en su caso, contratos.
Casi todo el sector público y buena parte del sector privado tienen que facilitar canales de recepción de alertas, y nuestra futura ley de transparencia no lo va a posibilitar, tal y como ya lo he mencionado antes.
Con esta ley, cualquiera puede alertar también a la oficina de alertas ciudadanas, e incluso hacer denuncias públicas si lo anterior no ha funcionado.
Los organismos que regulan esto están bien, pero es necesario que quien alerte sienta que tiene sus derechos protegidos. Porque, es eso de lo que hoy estamos hablando, de proteger derechos.
En conclusión, presentamos una ley destinada, principalmente, a proteger a las personas que alertan, personas como los denunciantes de Pinosolo los del caso De Miguel, Diego Garteiz y Ainhoa Alberdi, que han pagado con un alto precio dar el paso de sacar a la luz aspectos turbios de la política y la contratación pública, personas como Roberto, Marta y Manuel, que han sufrido represalias de todo tipo por contarnos a todos que las OPE de Osakidetza son un fraude; represalias por parte de quienes conocían la verdad, pero no querían que se supiera; o como el caso de Izaskun Obieta, quien se ha prestado a colaborar en la investigación de las OPE, que ha recibido un varapalo por parte del viceconsejero.
Como ya he dicho, hemos trabajo con asociaciones y personas implicadas en la materia, como Simona Levi y Xnet, que hoy mismo presentan su propuesta en el Congreso de los Diputados, donde la registraron el pasado 30 de mayo.
E imagino que tendremos que esperar a Madrid, en el 2021, nos haga la trasposición de la Directiva que todos y todas las aquí presentes apoyamos en el Parlamento Europeo, en vez de hacer uso de nuestro autogobierno, de nuestras competencias y poder crear una norma más ambiciosa para Euskadi.
Sabrán ustedes qué tienen que esconder.
Mila esker.