ROMERO POZO (PSE-EE, 2017-06-01):
Gracias, señora presidenta. Miembros de la Mesa, consejero, señorías, buenos días a todos y a todas.
Pues volviendo al presente, es verdad, al debate presente y volviendo al debate que nos ocupa, yo sí que no voy a instar, pero sí recomiendo que cuando se trata de lograr los consensos el esfuerzo tiene que ser de todos y de todas, y para eso tenemos que volver al debate que nos ocupa en cada momento y al tiempo que tenemos en el presente. Y ahí me quedaré, porque no voy a participar de mayor polémica.
Después de la intervención que tuvo el señor Barrio en la interpelación, la contestación del consejero de Cultura, las intervenciones que ha habido y me han precedido, no voy a extenderme de cuál es el objeto de debate, cuál es la función de la Junta de Expurgo y qué es lo que podemos lograr o ayudar a esa Junta en el objetivo de contribuir al patrimonio documental de nuestro país.
Nosotros tenemos claro que es necesaria esa conservación del patrimonio documental judicial, que tienen que estar en posesión y cuidados, bien cuidados por los archivos del país, tanto el de Euskadi, como los territoriales, en su caso, porque contribuyen a hacer nuestra historia y a guardar nuestra memoria.
Por tanto, afirmamos la labor, agradecemos, mejor dicho, la labor que se realiza en esas juntas y esperemos que la transacción realizada les favorezca en la misma, incluso en la de mantener u conservar esos documentos hasta que se establezca un nuevo protocolo que concite los consensos adecuados con ese objetivo, hacer historia y conservar nuestra memoria, porque al final, señorías, estamos hablando de la memoria histórica de nuestros tribunales.
Algunas personas que estamos aquí y que hemos ejercido, ejercemos la abogacía, sabemos que son un montón de cajas ordenadas con número estampado en el lomo, estanterías repletas de archivadores llenos de expedientes judiciales que han sobrevivido con desigual fortuna al tiempo.
Se trata de legajos, de pequeños y grandes pleitos, divorcios, desahucios, desastres naturales, despidos, accidentes laborales, expropiaciones, pequeños y grandes delitos, abominaciones, también, de nuestra historia; son dramas personales, con nombre y apellidos; acontecimientos históricos, hitos políticos, todos ahora con un dedo de polvo y ese color sepia que delata su antigüedad.
Es la otra memoria histórica, sí, coincido señor Uria, la judicial, la que sale a la luz si se escarba en los archivos judiciales de cualquier lugar de España, se hayan causas cuyo periplo por los tribunales ha llegado a término o no ha llegado a buen término, pero son papeles, muchos de ellos que son auténticas joyas documentales de nuestra historia y de nuestra memoria, ahí lo único que añadiré, que es de la memoria histórica lejana y de la más reciente también.
Por eso no voy a referirme a ningún caso en concreta, ni a ningún supuesto en concreto, porque temo que una enumeración, si no es exhaustiva, agravie a los que no se citen en este caso, y no quiera agraviar en este debate a nadie, porque la unanimidad acordada a favor de la historia y la memoria con la conservación de los documentos judiciales en el País Vasco me parece que no lo merece.
De esa otra memoria histórica, la judicial, es verdad que la Junta de Expurgos se para y propone destruir aquellos expediente judiciales cuya utilidad es inversamente proporcional al espacio que ocupan, y conservar, preservar esa otra por su valor histórico, documental y que tienen la oportunidad de ser parte de nuestro patrimonio.
Y esa es la función más relevante y esa es la función que mediante esta enmienda transaccional solicitamos que se realice.
En primer lugar, efectivamente, yo creo que desde los grupos hemos contribuido a mejorar...
...solicitamos que se realice.
En primer lugar, efectivamente, yo creo que desde los grupos hemos contribuido a mejorar la inicial, ya sabemos cómo son los jueces, las juezas y el Poder Judicial, no les gusta que se les inste sino que se les recomiende, porque ellos son otro poder y creo que eso en esta enmienda transaccional está recogido.
Igual que al poder legislativo y al Ejecutivo, el Poder Judicial no le tiene que instar ni obligar a conservar de una determinada manera o a actuar en favor de la consecución del objetivo de una manera. Yo creo que hemos encontrado, señora Goirizelaia, ese punto en común que solicitaban algunos de los jueces para ayudarles en esa labor de conservación. Vamos a ver cómo se conserva y se cuida sin necesidad de que el Poder Judicial obligue al legislativo y al Ejecutivo a decir cómo lo tiene que hacer, encontrando siempre las mejores fórmulas.
No voy a repetir la transacción porque ha sido leída rápida y despacio por todos y todas las intervinientes. Y acabaré diciendo que para las socialistas vascas esta no es una cuestión baladí ni de segundo nivel como decía el señor Uria, porque finalmente los archivos de un país hacen historia y guardan la memoria. La memoria del pasado es, en nuestro caso, tan peculiar como testimonian todos esos casos particulares. Para algunos puede resultar indiferente, pero no lo es, porque nos remite a una cuestión que es verdaderamente central en la vida de la ciudadanía y de los pueblos, la memoria colectiva no es algo banal, sino que nos proporciona el sentido de la identidad, la conciencia de determinados valores y la capacidad de proyectarlos hacia el futuro.
Y está presente sobre el tapete político esa memoria y creemos que la contribución que hacemos hoy conservando los documentos judiciales que formarán parte de ese patrimonio documental ayudarán a lo mismo. Porque en algún momento tendremos la necesidad del olvido, incluso los que más hayan sufrido para no hablar ni en primera persona, ni en tercera, ni en segunda, pero no queremos que haya amnesia por parte de los poderes públicos. Yo creo que hoy todas, todos nos comprometemos con esa obligación cultural, histórica, judicial y política y lo hacemos también con nuestra memoria.
Y con eso quiero acabar. La memoria colectiva puede y debe ser cuidada por los poderes públicos como un precioso factor de convivencia futura. Hay muchos ejemplos para hacer política de memoria, pero si queremos tener la nuestra, conservar parte de nuestro pasado, el pasado lejano y el más reciente, una de ellas va a ser actuar para ayudar a la Junta de Expurgo a conservar determinados documentos judiciales que tengan aún auténtico valor cultural, histórico, de investigación, político o social.
Quizá algún día en el futuro de verdad se acabe debatiendo y votando alguna propuesta haciendo alguna normativa en este sentido en el que ya no hagamos la polémica, y esta memoria colectiva que se quiere trabajar mediante la conservación de lo que son documentos objetivos judiciales, no sea objeto de conflicto sino de acuerdo.
Muchas gracias.