MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-02-04):
Muchas gracias presidenta. Buenos días a todas y a todos.
Comencemos a desmontar la demagogia barata realizada por el señor Arraiz y las falacias antidemocráticas que ha planteado a lo largo de toda su intervención.
Esta ley ha querido ser denominada por parte de EH Bildu como ley para el empoderamiento, aunque más bien tendría que haberse llamado, en nuestra opinión, ley de impedimento, porque lo que básicamente propone es que haya una parte de la ciudadanía que no pueda tomar sus propias decisiones. Y realmente es esto lo que pretende esta iniciativa, no es dar más poder a la gente, sino quitárselo, no es dar más poder a los ciudadanos vascos, sino quitárselo al resto de los ciudadanos españoles para que no puedan decidir en relación a asuntos sensibles que les afectan directamente.
Por lo tanto, esto es lo que pretende EH Bildu con su iniciativa, que los restantes ciudadanos españoles no tengan voz ni voto a la hora de decidir el modelo territorial del Estado, el futuro de España o las reforma de la Constitución Española y que, finalmente, se plieguen y nos pleguemos todos a los postulados nacionalistas.
El señor Arraiz fue meridianamente claro en el momento en que registro esta iniciativa. Dijo que mientras en Madrid se estaba formando el frente del No, de la negación y de la imposición, esta es nuestra respuesta, cuando realmente no hay mayor ejercicio de imposición que la defensa de una iniciativa tan reaccionaria como la que se nos ha planteado.
Lo dijo el señor Arraiz, "entraremos en un escenario de confrontación política y estamos preparados para ello", y añadió que "solo vamos a obedecer al mandato de la ciudadanía vasca y no obedecemos a lo que Madrid pueda pensar".
Por lo tanto, en fin, se reivindica el derecho a decidir por parte de EH Bildu, pero lo que realmente pretenden los nacionalistas no es ejercer ese derecho a decidir, sino lo que se pretende es impedir que los restantes ciudadanos puedan también decidir lo que a todos afecta.
El señor Arraiz decía en su intervención que queremos todo el poder de decisión. En realidad lo que se está diciendo es que se quiere quitar ese poder de decisión a los restantes ciudadanos de este país. Por lo tanto, lo que se pretende es impedir que los restantes ciudadanos puedan también decidir lo que a todos afecta. No pretende quitar poder a Repsol, a los poderes económicos o financieros, a determinados élites o a los poderosos, sino que lo que pretende es quitar poder y derecho a decidir y poder decidir a los restantes ciudadanos españoles.
Porque, efectivamente, el derecho a decidir sí existe, el derecho a decir sí existe. En él se basa todas las democracias de nuestro entorno, y consiste en que los ciudadanos decidan con su voto y en el ámbito de sus competencias su propio futuro y las decisiones que directamente les afectan.
Lo que EH Bildu nos propone es una idea profundamente reaccionaria, se pretende fraccionar ese derecho a decidir, se pretende romper España y se pretende romper la ciudadanía común que compartimos todos los ciudadanos españoles.
Lo que EH Bildu nos propone en el fondo, más allá de demagogias baratas, es levantar fronteras entre conciudadanos, reducir nuestro espacio de convivencia y recortar, por lo tanto, nuestros derechos y nuestra propias decisiones.
Además, lo que EH Bildu nos propone es vulnerar la legalidad vigente, hacer saltar por los aires nuestro marco de convivencia e incumplir la propia Constitución, marco legal que puede cambiarse, pero que, de querer cambiarse, debe cambiarse a través de los cauces legales establecidos.
Por lo tanto, votaremos en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley por todas estas razones, por ser inconstitucional, ilegal, profundamente antidemocrática y reaccionaria.
El Gobierno Vasco en su acuerdo de manifestación de criterio en relación a esta iniciativa señala que no se opone a ella, no se opone, obviando la pretensión cierta y real de EH Bildu que es ejercer de manera fraudulenta y antidemocrática el inexistente derecho a la autodeterminación, contra la legalidad vigente y pretendiendo parcelar la ciudadanía compartida, motivo por el cual podemos concluir, otra vez, que nos encontramos ante una nueva muestra de cobardía intelectual y política del Gobierno Vasco del Partido Nacionalista Vasco.
Porque, más allá de lo que se diga en esa iniciativa, EH Bildu no pretende profundizar en la democracia, sino saltársela. EH Bildu no pretende que los vascos ejerzamos nuestros derechos libre y democráticamente, sino impedir que los restantes ciudadanos puedan ejercer lo que les corresponde.
EH Bildu plantea una vía para que la sociedad vasca tenga capacidad para decidir cuestiones políticas sociales y económicas de gran transcendencia, sin embargo, no propone eso o no garantiza eso, sino que impidamos que quien tiene derecho a codecidirlas en función de las competencias hoy vigentes y que comparten su ciudadanía con nosotros no puedan hacerlo.
Y desde luego, no nos corresponde como pueblo que el Estado reconozca nuestra capacidad de decisión, sino exclusivamente en aquello en lo que tenemos competencias y en base a la legalidad vigente.
Porque del mismo modo que la ciudad de San Sebastián mañana no puede tomar determinadas decisiones a espalda de la Diputación Foral de Gipuzkoa o del Gobierno Vasco, tampoco Euskadi puede tomarlas de espaldas o contra el resto de España. No puede hacerlo. Se trata sencillamente de cumplir la legalidad vigente y bien sabemos que sin ley no hay democracia, por mucho que los que no son demócratas pretendan de manera demagógica contarnos milongas o cuentos.
Y desde luego, democracia también implica y obliga a impedir quien pueda supuestamente decidir sobre lo que incumbe a muchos, decida él solo y contra los restantes conciudadanos. Y esto no lo impone Madrid, sino la democracia. Se trata, como digo, de salvaguardar las normas legales, la Constitución Española y la propia democracia.
Lo que ocurre es que, efectivamente, EH Bildu no le gusta que la gente pueda decidir, entre otras cosas, porque consideran que únicamente ellos son gente y los demás no es que no seamos gente, sino es que ni siquiera somos ciudadanos.
Es, por tanto, una iniciativa profundamente antidemocrática, por mucho que se pretenda edulcorar o mezclar tramposamente esta iniciativa con conceptos como participación, profundización democrática o transparencia, por mucho que el señor Arraiz haya hablado hoy aquí de, en fin, de feminismo o de justicia social, de desigualdades sociales o genéricamente de la gente.
Lo que pretende es privar a una parte de la ciudadanía de sus derechos. Este es el resumen fundamental no solamente del nacionalismo sino también en concreto de esta iniciativa.
Ante este propósito, lo que el Gobierno Vasco debería haber hecho es haber mostrado su criterio desfavorable a esta...
...criterio desfavorable a esta iniciativa, y lo que debería hacer hoy el Partido Nacionalista Vasco es votar en contra. Y si el PNV no vota en contra de esta iniciativa, estará diciendo que el Partido Nacionalista Vasco y el propio Gobierno Vasco también están dispuestos a saltarse la ley cuando lo consideren apropiado.
Y esto es extraordinariamente grave, que un Gobierno Vasco en este caso, vaya a votar, o el Partido Nacionalista Vasco a favor de una iniciativa que pretende romper la ciudadanía compartida y saltarse la legalidad vigente.
En fin, todo esto digamos que no son opiniones de UPyD, no es una posición partidista la que vengo a defender, son simples conceptos básicos en los que se basa cualquier sistema democrático, y desde luego la democracia representativa.
La ciudadanía no se puede fraccionar, la soberanía en nuestro caso corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles. El derecho a la autodeterminación no existe en ninguna Constitución democrática del mundo, salvo entendido como lo he explicado yo; es decir, el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que les afectan.
Bajo ningún concepto una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado, ni sobre cualquier otro aspecto o precepto de la Constitución, excluyendo al resto de dicha decisión.
Ninguna autoridad o poder público tiene derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio, de los derechos y libertades que la Constitución reconoce y garantiza a todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Y esto es lo que pretende esta iniciativa.
Como digo, estos son simples conceptos básicos en los que se basa el sistema democrático. No he defendido por lo tanto, postulados partidistas, ideas de UPyD, he puesto encima de la mesa lo que son principios básicos en los que se fundamenta cualquier sistema democrático.
En conclusión, votamos no, porque la propuesta no solo es profundamente antidemocrática y claramente ilegal además de reaccionaria, sino profundamente absurda en el mundo globalizado en el que hoy vivimos, y en la Europa de ciudadanos libres que queremos construir.
Gracias.