ROJO SOLANA (PSE-EE, 2018-05-03):
Sí, gracias presidenta.
Bueno, efectivamente, el tema del fracking yo creo que podríamos decir que ya es un tema zanjado, en Euskadi yo creo que ya nadie lo defiende, ni en términos económicos, porque todo aquel que lo defendía, más desde el punto de vista de la industria, se ha dado cuenta observando la historia, sobre todo en Estados Unidos, que de ahí se podía hacer poco negocio; y socialmente se sigue defendiendo en la calle lo mismo que se defendió durante el transito hasta hacia esa ley que nos ha explicado el señor Otero.
Y políticamente a día de hoy, en ese momento no hubo ningún voto en contra o abstenciones, pero hoy esta iniciativa sale por unanimidad, que yo creo que denota el punto en común que los grupos parlamentarios en esta Cámara defendemos en lo que tiene que ver con la fractura hidráulica.
Por tanto, yo creo que el posicionamiento de todos los partidos políticos respecto al fracking ya es conocido, y es verdad que el Parlamento, cuando aprueba esta ley en 2015, después de mucho trabajo y mucho debate, siempre supimos que, o sea que podía caber un recurso por parte del Gobierno de España, y lo que estábamos esperando es si la ley se anulaba totalmente, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, o como ha ocurrido en el caso de Euskadi, que solamente se han anulado unos artículos en concreto.
Por tanto, yo creo que después de haber escuchado la cronología y la explicación que nos ha dado el señor Otero, pues yo no voy a reproducir los argumentos, los miedos y las preocupaciones que tuvimos durante todo el proceso de trabajo hasta acabar en la votación de esa ley.
La diferencia que hay hoy respeto a otros debates en lo que tiene que ver con este tema es la sentencia del Tribunal Constitucional ante ese recurso de inconstitucionalidad, este recurso era contra los artículos 2, 3, 5 y 6, la Disposición Transitoria Primera y la Segunda de la Ley 6/2015, de 30 de junio, y es ahí donde yo creo que nos debiéramos de centrar hoy.
Por un lado, como he dicho, es importante reconocer que la sentencia no invalida toda la ley, por tanto, creo que hicimos un buen trabajo en la redacción y en la plasmación de los artículos concretos en la ley, y aprendimos quizás de la sentencias de otras comunidades autónomas, sobre todo yo creo que de la catalana.
Es necesario destacar la validez constitucional que el Tribunal ha otorgado al artículo 5 de la Ley vasca del fracking, habida cuenta que la previsión que ahí se contiene permite al órgano competente de Euskadi en materia de aguas, a URA, proteger los espacios de la comunidad autónoma que el mapa de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos declare de vulnerabilidad media, alta o muy alta.
De esta forma, el artículo 29.1 de la Ley 1/2006, la Ley de aguas, queda redactado, completado y validado en los siguientes términos:
"Queda prohibida toda actividad o uso susceptible de provocar directa o indirectamente la contaminación o degradación de las aguas continentales, superficiales y subterráneas, de transición y costeras, de sus ecosistemas asociados y de su entorno, y en particular el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales, líquidos, sólidos o de cualquier naturaleza, salvo autorización administrativa previa y expresa de URA, y sin perjuicio de cualquier otra autorización administrativa legalmente exigida".
Por tanto, quedando el artículo la Ley de Aguas vasca así, las aguas de la Comunidad Autónoma están mucho más protegidas que antes de la Ley del fracking.
Por tanto, queda prohibido el uso de esta técnica para la explotación de hidrocarburos en aquellos espacios clasificados como de riesgo, de vulnerabilidad, en ese mapa de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos de la Comunidad Autónoma. Siendo esto así, ese mapa adquiere la categoría de herramienta de referencia para, desde la planificación territorial y urbanística, garantizar la protección de acuíferos subterráneos y evitar la localización de determinadas actividades contaminantes.
La validación del tribunal del artículo de la Ley del fracking y su consiguiente incorporación con carácter pleno al artículo 29.1 de la Ley de Aguas, supone el reconocimiento expreso de la capacidad de Euskadi para ordenar y regular la utilización del fracking en el entorno de los acuíferos con mayor riesgo de vulnerabilidad existentes en el ámbito de Euskadi, prohibiendo, como decimos, esta técnica.
Esto resulta especialmente relevante en Álava, que es donde los proyectos más importantes estaban, que era en la Comunidad Autónoma de Álava, muy cerca del municipio de Vitoria, donde se ubican acuíferos calificados con riesgo en más de un 50 % y donde también estaban localizados la mayor parte de los proyectos de extracción de hidrocarburos no convencionales.
De esta perspectiva, la redacción completa de ese artículo, una vez declarada constitucional por el Tribunal, posibilita que desde los órganos competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, particularmente desde el órgano que tiene atribuidas las competencias en materia de aguas, pueda abordarse de manera objetiva el objetivo esencial de la Ley de 30 de junio, de medidas adicionales del fracking.
Creo que esa Ley fue un éxito desde el principio, porque supuso que los partidos políticos tuviéramos que ser capaces de dejar pelos en la gatera, pensando en lo que la Comunidad Autónoma necesitaba, creo que nos hicimos eco de las propuestas que estaban en la calle, de aquella iniciativa legislativa popular y creo, además, como he dicho, que se hizo un buen trabajo y a los hechos nos podemos remitir.
Hoy Euskadi tiene una ley, a diferencia de otras comunidades autónomas.
El tema de los acuíferos era una preocupación que existía en Euskadi, como digo, había un 50 % que tenían ese riesgo de vulnerabilidad y, efectivamente, con esta proposición no de ley queda claro que la preocupación es compartida y que el Gobierno Vasco está dispuesto a hacer ese mapa, a actualizarlo, teniendo en cuenta las afecciones subterráneas.
Nada más y muchas gracias.