MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2015-02-19):
Muchas gracias señora presidenta. Buenos días a todas y a todos, señores consejeros, señor lehendakari.
El fraude fiscal está perfectamente definido. El fraude fiscal es una forma de evasión de impuestos deliberada que en general es sancionable penalmente. El término incluye situaciones en la que se presentan deliberadamente declaraciones falsas o se entregan falsos documentos.
La evasión fiscal también está perfectamente definida. La evasión fiscal incluye planes ilegales para ocultar o ignorar la obligación de tributar. Es decir, el contribuyente paga menos impuestos de los que está legalmente obligado a pagar ocultando renta o información a las autoridades tributarias.
También está perfectamente definida la planificación fiscal. La planificación fiscal consiste en la evaluación de alternativas y en la elección de las formas jurídicas más convenientes para reducir el impacto fiscal buscando hacer más rentable un determinado negocio.
Y también está perfectamente definida la planificación fiscal agresiva, que consiste en aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda fiscal. Y la planificación fiscal agresiva puede adoptar diversas formas. Entre sus consecuencias, cabe señalar las deducciones dobles y la doble no imposición.
El objetivo según UPyD sería tratar de impulsar todas las medidas políticas, económicas y fiscales para lograr el objetivo que, allá por el siglo XVIII señalaba Adam Smith, cuando decía que los súbditos  - hoy ciudadanos -  deben contribuir al sostenimiento de Gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades. De esa máxima depende la equidad o falta de equidad de los impuestos.
Efectivamente, estamos de acuerdo con esta afirmación y con este objetivo. Y obviamente, tener una fiscalidad justa, progresiva y progresista, donde paguen más los que más tienen y que sirva para sostener el Estado del bienestar y las necesidades del conjunto de la ciudadanía.
¿De qué hablamos cuando hablamos del escándalo LuxLeaks, que es la base en la que se fundamenta la iniciativa presentada por EH Bildu? ¿De qué hablamos cuando hablamos de este escándalo? Hablamos del hecho de que casi 350 multinacionales firmaron acuerdos fiscales secretos para rebajar sus impuestos con el gobierno de Luxemburgo, al frente del cual estaba Juncker. En el momento de los acuerdos, Juncker era primer ministro y ministro de finanzas en Luxemburgo.
En el caso que nos ocupa, están involucradas empresas como Pepsi, Apple, Amazon, Ikea y algunas otras, y bancos como Morgan o Deutsche Bank. Estas multinacionales se habrían apoyado en la flexibilidad fiscal del país y en las deficiencias de la reglamentación internacional para transferir sus beneficios y para evitar el pago de impuesto o al menos minimizarlo lo máximo posible.
Todas estas empresas fueron ayudadas por la auditora PricewaterhouseCoopers que obtuvo alrededor de 550 decisiones fiscales vigentes en Luxemburgo entre 2002 y 2010 para beneficiarse de estructuras fiscales complejas, diseñadas para crear reducciones drásticas en los impuestos.
En el caso LuxLeaks, algunas compañías consiguieron incluso impuestos de sociedades de tan solo el 1 % sobre los beneficios que llevaron a Luxemburgo. Y evidentemente, este tipo de prácticas merecen una respuesta europea y una respuesta contundente y también inteligente.
Lo cierto, es que en su momento el gran ducado dijo que se respetaban perfectamente las reglas, sin embargo, Alemania enseguida dijo que esto no podía ser así y señaló la injusticia de las decisiones tomadas.
El ministro de Finanzas criticó los subterfugios que emplean algunas empresas para pagar menos, y decía que no puede ser que unos pocos se enriquezcan a costa de muchos, esto vale tanto para estados como para empresas.
Y efectivamente, nosotros estamos de acuerdo con esa afirmación y nos posicionamos en relación con este escándalo también en el Parlamento Europeo. Maite Pagazaurtundúa exigía a la Comisión Europea que garantizara la independencia e imparcialidad de las investigaciones sobre el escándalo de elusión fiscal de Luxemburgo de nominado LuxLeaks y decía Pagazaurtundúa que este escándalo supone un ataque clarísimo contra la Unión Europea, se atenta contra los ciudadanos europeos y contra las haciendas estatales que sufragan los servicios que presta el Estado.
Por otro lado, decía supone un caso clarísimo de competencia desleal contra todas las empresas que por no tener el trato privilegiado de Luxemburgo tienen que pagar tipos fiscales mucho más elevados.
Afirmaba también que resulta fundamental que los ciudadanos y la sociedad civil puedan conocer toda la verdad sobre este caso, y dado que la Comisión ha anunciado que investigaría el caso denunciado en las filtraciones, decíamos y teniendo en cuenta que el presidente de la Comisión fue presuntamente un actor necesario para que se llevaran a cabo estos pactos de evasión de impuestos, decíamos, digo que deberían poner en marcha mecanismos para garantizar la independencia e imparcialidad de estas investigaciones.
Respecto a la comisión de investigación que se propuso y que no salió adelante, por aclarar. La decisión de aprobar o no la petición del grupo de los verdes para crear una comisión de investigación sobre este asunto fue tomada exclusivamente por la Conferencia de Presidentes, órgano que está conformado por los presidentes de los grupos políticos
¿Por qué el voto en contra del grupo ALDE? Pues porque se había llegado a un acuerdo con los dos principales grupos políticos para la creación de una comisión especial, que no de investigación, sobre LuxLeaks encargada de analizar los métodos fiscales de algunos estados miembros de la Unión Europea y que fue aprobada en la misma Conferencia de Presidentes y llevada al voto en sesión plenaria.
En todo caso, también tengo que decir para aclarar, que tanto Maite Pagazaurtundúa como Beatriz Becerra, nuestras eurodiputadas allí dos de las cuatro que tenemos, firmaron la propuesta inicial de los verdes para crear la comisión de investigación. Y efectivamente, UPyD apoyaba la creación de esa comisión de investigación, no la creación de esa comisión especial, sino en concreto la creación de una comisión de investigación.
En conclusión, fundamental luchar contra el fraude fiscal, luchar contra la elusión fiscal y luchar contra los paraísos fiscales. Fundamental defender una política fiscal justa, progresiva y progresista para el conjunto de la Unión Europea, y desde luego, fundamental defender y siempre lo hemos defendido también en este Parlamento una política única, una política fiscal única para el conjunto de la Unión Europea que haga imposible el dumping fiscal.
Y por lo tanto, trasladar competencias también en este caso competencias fiscales hacia arriba, hacia la Unión Europea y en este sentido pues obviamente parece que no tiene mucho sentido que las competencias fiscales sigan en manos de las Juntas Generales de los territorios históricos. Hay que trasladar competencias, hay que trasladar competencias fiscales hacia arriba para tratar de tener cuanto antes una política fiscal común que impida el dumping fiscal.
Teniendo en cuenta todo esto, nosotros hemos presentado en su momento una enmienda en la que proponíamos instar a la Comisión Europea a garantizar la independencia y la imparcialidad de las investigaciones que se lleven a cabo sobre el escándalo de elusión fiscal de Luxemburgo denominado LuxLeaks.
Proponíamos también instar a la Unión Europea a defender y a dar pasos necesarios para implantar en todo el ámbito de la Unión una verdadera unión fiscal y una política fiscal progresiva, progresista y justa, que incluya medidas ambiciosas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal y la desaparición de los paraísos fiscales. Y lo mismo proponíamos también para el Gobierno de España y para las tres diputaciones forales.
También proponíamos instar al Gobierno de España y a las diputaciones forales a atender y tener en cuenta la batería de medidas planteada por la asociación mayoritaria de los inspectores fiscales que incluían medidas muy interesantes para luchar contra las prácticas de los paraísos fiscales y para reducir el fraude tributario.
Y finalmente, proponíamos instar al Gobierno a promover la creación de una base imponible común consolidada europea, que permita repartir la recaudación del impuesto de sociedades entre países...
...proponíamos instar al Gobierno a promover la creación de una base imponible común consolidada europea que permita repartir la recaudación del Impuesto de Sociedades entre países en función de la presencia de la empresa en cada uno de ellos.
Esto último ya fue presentado en su momento como enmienda al proyecto de ley de impuestos de sociedades del Gobierno de España. En todo caso, efectivamente hemos llegado a una transaccional que creo que recoge lo fundamental de lo que debería hacerse para luchar contra estas malas prácticas, por eso la hemos firmado y por eso la vamos a votar.
En todo caso, sí que habría que señalar, para terminar, y de algo de esto ha hablado el señor Damborenea, es que hace apenas dos días leíamos una información muy interesante que no por desconocida interesa recordar hoy, porque estamos hablando de un asunto ciertamente relevante.
"Bizkaia y Gipuzkoa son más tolerantes con quienes ocultan bienes en el extranjero". Se nos informaba a través de un medio de comunicación y es algo que es absolutamente cierto. "Su normativa permite a los defraudadores acceder a un lavado barato que ya no tienen los contribuyentes de la Agencia Tributaria o de la Diputación de Álava".
Es decir, que algo también podemos hacer aquí, cerca nuestro, en concreto en lo que se refiere a Bizkaia y en lo que se refiere a Gipuzkoa. Por lo tanto, hay aquí varios grupos, todos, excepto UPyD, que tienen presencia en esas juntas generales y por lo tanto pueden promover la modificación de esas normativas fiscales para impedir esas malas prácticas.
Lo cierto, y ya termino, es que con la normativa de Bizkaia y Gipuzkoa un contribuyente que esconda en Suiza 3 millones de euros tan solo debe pagar 41.500 euros. Mientras que con la legislación vigente en Álava y el Estado el mismo contribuyente tendría que abonar 1,46 millones de euros.
Es decir, que ya digo que tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa se deben, y se deberían y se deberán tomar medidas en relación a esta cuestión. Esto también es practicidad política, señor representante portavoz del grupo EH Bildu.
Está bien hablar de Europa, hay que hablar de Europa, pero también se puede hablar de qué es exactamente lo que ustedes hacen allí donde gobiernan.