ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2013-11-21):
Muchas gracias, presidenta.
Para demostrar lo relativo de la legislación vigente, traemos una iniciativa que tiene que ver con una directiva europea que pondrá antes que después en orden la legislación española en materia hipotecaria.
El mercado hipotecario español está regulado por la Ley Hipotecaria que es de 1946. Hay otra ley que es la 2 de 1981, sobre regulación del mercado hipotecario. La ley 41/2007, que modifica la anterior, flexibilizando la movilidad de clientes entre los distintos préstamos.
La propia Ley de Enjuiciamiento Civil, que es del siglo XIX, aunque está modificada no hace tanto. Artículo 685 y siguientes...
...clientes entre los distintos préstamos, la propia Ley de Enjuiciamiento Civil que es del siglo XIX aunque está modificada no hace tanto, artículo 685 y siguientes.
¿Por qué traemos esta iniciativa? Ustedes saben que la crisis económica, así llamada, ha traído como consecuencia que entre el año 2008 y 2012 los desahucios. Bueno, también se llama lanzamientos que ya tiene sólo el nombre una resonancia medieval y feudal. Por eso hablaremos de desahucios que han aumentado de forma dramática.
Esto ha sido como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, ha sido consecuencia de una sobre tasación, ha sido consecuencia, en fin, de toda una serie de prácticas que han dado lugar finalmente también a una reconfiguración del mapa bancario; Fusiones, nacionalizaciones, rescates. Por cierto, hablando de rescates creo que se cifraba, ayer escuchaba en 53.200 millones el rescate de la banca, de los cuales se considera que 37.000 son irrecuperables. En fin, todas estas cosas.
El número de desahucios es muy difícil de cuantificar. Los datos no son del todo precisos hay diferentes fuentes. Por ejemplo, los notarios hablan de que entre el 2007 hasta ahora ha habido unos 400.000 pero ellos incluyen segundas viviendas, parcelas no construidas, locales.
Sin embargo, la plataforma antidesahucios habla de que en ese periodo el número habría llegado a 171.000 pero ni Gobierno, ni Instituto Nacional de Estadística, ni bancos dan datos precisos.
Es verdad que Izquierda Unida, a través de su portavoz el señor Callo Lara, hizo una pregunta al Gobierno y la contestación que dio el Gobierno fue en estos términos: "En el 2006 se habían producido 16.097 desahucios; en 2007, 17.412; en el 2008, 20.549; en el 2009, 37.600; en el 2010, 54.000; en el 2011, 64.770; y en el 2012, 75.375. O sea, subiendo y que las ejecuciones sin tramitar ascenderían a finales de 2012 a un total de 198.117.
Este primer trimestre de 2013, casi 20.000 se han producido, como digo, consecuencia de la burbuja inmobiliaria, de la sobre tasación y concesión indiscriminada de créditos. La competencia entre bancos favorecía que estos dieran no el 100 %, sino mucho más y entonces todo esto se ha convertido al final en activos tóxicos –como se suele llamar– y sabemos que están ahora en manos del banco malo que lejos de favorecer o de mejorar la situación, la está empeorando en materia de desahucios en concreto. Luego hablaré de ello.
Amnistía Internacional, en un informe de 2013, recoge varios casos de desalojos forzosos en Cañada Real, en Puerta de Hierro. Termina diciendo –si para ustedes tienen algún sentido los informes de Amnistía Internacional– que el derecho a la vivienda no se encuentra protegido en España. Existe en la Constitución pero no es un derecho fundamental y nunca se ha aceptado un recurso de amparo por este tipo de casos ante el Tribunal Constitucional. Hombre, eso dice bastante en demérito del país y de una constitución que en cambio lo consagra.
Luego, hubo más adelante también un dictamen de la abogada general del Tribunal de Justicia Europeo, la señora Juliana Kokott, que considera en dicho dictamen que la ley española relativa a los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea en la que se regula las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios y que la legislación española lo vulnera directamente.
Dicho informe se basa en una demanda que puso el ciudadano Mohamed Aziz contra la entidad bancaria Catalunya Caixa, y esto dio lugar después a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 14 de marzo, que dictaminó que las leyes españolas sobre desahucios no garantizaban a los ciudadanos una protección  suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas, y vulnera por tanto la normativa comunitaria, en concreto, la citada Directiva 93/13, etcétera. El Banco Central Europeo, a través de su portavoz Mario Draghi, de su presidente, indicaba que la ejecución hipotecaria tendría que ser el último recurso.
Desde 1978 se viene cuestionando los procedimientos de ejecución forzosa y desde entonces pues se le da vueltas a esto. Pero sólo ha sido en este último periodo, comprendido en este tramo de crisis, cuando los informativos se llenaban de noticias trágicas, cuando se ha empezada o poner un poco de interés y ha habido una tibia o tímida reforma hipotecaria en el ámbito del Estado español pero afortunadamente, como decía al principio, para superar este relativismo de la leyes, viene una directiva europea que va a imponer la obligación de transponerla.
Esa directiva europea, que todavía no está aprobada del todo, es lo que nosotros pretendemos si se quiere en una iniciativa preventiva o apremiante, pero pretendemos efectivamente esto se transponga inmediatamente a diferencia de lo que nos pide la enmendante señora Llanos que dice que lo más breve posible. Nosotros decimos que inmediatamente.
Es más, el Estado si realmente fuera social y de derecho, tendría que empezar hacerlo ya porque no es necesario esperar ni a la aprobación de la directiva ni al período de transposición. Realmente, si hay voluntad, se puede ir haciendo. De hecho, hay estado miembros que ya adoptan algunas de las disposiciones contenidas en esta directiva.
Es un poco farragoso pero me veo en la obligación de tener que diseccionar aunque sea brevemente el contenido de la directiva. Entonces, el artículo 1 declara que la directiva se refiere al crédito hipotecario otorgado al consumidor va referido a inmuebles de uso residencial. Lo que no obsta que los estados si quieren pueden ampliar a otro tipo también de hipotecas.
El artículo 2 fija el ámbito de aplicación de la directiva que comprende justamente lo que acabo de decir, que no impide que los estados puedan incluir otros supuestos. El artículo 3 define los términos, un rosario de términos.
El artículo 4 exige a los estados miembros que designen autoridades competentes específicas para la aplicación de la directiva, muy importante. Es decir, órganos que van a controlar efectivamente el cumplimiento de esa directiva.
El artículo 5, normas de conducta en la concesión de crédito a los consumidores y el 6 establecen importantes condiciones para los prestamistas como para los intermediarios de crédito, como por ejemplo, la obligación de actuar en el mejor interés del consumidor los requisitos en el sentido de poseer un nivel adecuado de conocimientos y competencia. Es decir, explicar a la gente y sobre todo asegurarse de que han comprendido y han entendido los términos del contrato, cosa que no siempre ha sucedido.
El artículo 7, disposiciones generales aplicables en materia de publicidad y comercialización, introducen principios generales aplicables a la comunicación publicitaria y comercia. En definitiva, lo de la publicidad engañosa evitarlo a toda costa e impedirlo.
El artículo 9, establece la obligación de que los prestamistas y los intermediarios de crédito ofrezcan en todo momento información general sobre la gama de productos de crédito disponible. Es decir, una información exhaustiva y no sesgada para llevar al huerto al solicitante.
El artículo 10, requisitos de información en los intermediarios de crédito exige que los intermediarios antes de prestar sus servicios faciliten a los consumidores información sobre su identidad, situación legal y vínculo con el prestamista, importante también.
El artículo 11, explicaciones adecuadas introduce la obligación de que la fase precontractual, prestamistas intermediarios de crédito den al consumidor explicaciones sobre el contrato de crédito ofrecido que se corresponderán con el nivel de conocimientos y experiencia del consumidor en materia de crédito. Es decir, no venderles una cosa que no está asociada a la naturaleza del solicitante.
El artículo 12, cálculo de la tasa anual equivalente, también muy importante porque con esto se suele hacer muchos juegos de trileros. El artículo 13 dispone que información ha de facilitarse al consumidor en caso de variar el tipo deudor. Es decir, cuando cambian los tipos también dan información puntual.
El artículo 14, evaluar la solvencia del consumidor. Hemos visto que a veces se han dado créditos como en una tómbola, evaluar realmente si esa persona va a poder devolver esos préstamos en condiciones normales.
El artículo 15, establece la exigencia de una contratación de préstamos responsables. Es decir, que el prestatario facilite también, pedirle al prestatario mucha información o en decirle "oye, tráeme la última nómina" igual parece que no va a ser suficiente.
Accesos a la bases de datos, introduce disposiciones dirigidas a garantizar que los prestamistas puedan obtener información de las bases de datos de forma no discriminatoria. Normas de asesoramiento en el artículo 17.
Artículo 18, reembolso anticipado. Importante también cuando alguien quiere cancelar anticipadamente lo que se llama cancelación por desistimiento.
Los artículos 19 a 22, establecen principios de marco regulador y supervisión aplicable a los intermediarios de crédito, prevé la autorización y registro de estos supeditado al cumplimiento de ciertos requisitos tanto de acceso al ejercicio de la actividad. Pues en fin, un mayor control de los operadores.
El artículo 23, estipula que las entidades deben estar sujetas a una autorización, una inscripción y un registro y una supervisión adecuada. Ya era hora también de que todo esto tenga una supervisión efectiva.
El artículo 24 habla de sanciones. Parece ser que todo esto se va a disciplinar algo.
El artículo 25 establece la obligación de que los estados miembros designen organismos de reclamación extrajudiciales para resolución de litigios entre prestamistas y consumidores, y entre los intermediarios de crédito los consumidores.
Del 26 al 28 fija procedimientos aplicables para que ciertos elementos de la directiva puedan ser adaptados a cada realidad nacional.
El artículo 29 de carácter obligatorio y el artículo 30, estipulan respectivamente que los estados miembros deben trasponer la directiva y cómo ha de efectuarse. Es decir, esto es muy importante porque a veces en las operaciones de transposición suele haber a veces unos juegos de manos por los cuales nadie reconoce a la directiva inicial. Entonces, aquí va a haber una supervisión para que la transposición sea leal y fiel al espíritu que anima la directiva.
Y por último, hay también otra cosa nada despreciable que es la posibilidad de un reexamen. A los cinco años las autoridades europeas reexaminarán si esta directiva y sus transposiciones están dando respuesta a la cuestión planteada y a los temas que trata de resolver.
Por lo tanto, ese mecanismo de reexamen será también una buena noticia si los poderes públicos no aplican debidamente el espíritu de esta directiva o no la transponen debidamente, cosa que no parece probable si va haber esa supervisión.
Por todas estas cosas, que parecen un poco farragosas es por lo que yo les pido a ustedes su apoyo a nuestra iniciativa al objeto de que efectivamente el Gobierno de España tan pronto como le sea posible, probablemente no antes de que se apruebe la directiva, aunque como digo, nada obsta para que pudieron hacerlo ya.
Pero bueno, en el momento en que tengan ese mandato de la Unión Europea, pues no les quedará otra y por lo tanto, esa transposición se haga a la mayor brevedad visto la naturaleza del problema, los dramas que supone y la inseguridad con la que se han encontrado muchos solicitantes y personas que tienen un crédito hipotecario. Por todo esto es por lo que le pido su apoyo.
Nada más y muchas gracias.