JAURLARITZAKO LEHENDAKARIAK (Urkullu Renteria) (EAJ, 2014-02-21):
Eskerrik asko legebiltzarburu andrea.
Señor Maneiro, el Gobierno Vasco ha adoptado ya medidas para la modificación y actualización de la normativa de vivienda de protección oficial.
Quiero comenzar por dejar claro que gracias a estas medidas hoy en día en Euskadi contamos con una doble garantía.
Primero, la renta de alquiler no supera el 30 % de los ingresos...
...hoy en día en Euskadi contamos con una doble garantía. Primero, la renta de alquiler no supera el 30 % de los ingresos y, segundo, disponemos de mecanismos para evitar un desahucio por incapacidad de pagos sobrevenido.
Me va a permitir, en primer lugar, una breve clarificación del régimen jurídico regulador en Euskadi. El Decreto 39/2008, de 4 de marzo, regula el régimen jurídico de las viviendas de protección pública en Euskadi.
Establece el marco jurídico esencial y, a través de diferentes órdenes, se desarrollan los aspectos contenidos en el mismo. Una de estas órdenes de desarrollo es la orden del 3 de noviembre de 2010, que usted ha mencionado, que regula las rentas máximas aplicables a los contratos de arrendamientos. Esta orden afecta tanto a los promotores públicos como a los promotores privados que destinan las viviendas de protección oficial al arrendamiento protegido.
Hoy todos los arrendadores se encuentran obligados al cumplimiento de esta orden de precios del año 2010 y, a su vez, pueden exigir el pago de la renta máxima que la orden determina. Pero, en todo caso, el propietario de la vivienda puede establecer también el cobro de una renta inferior a la establecida en la norma. Esto es precisamente lo que ha acordado el Gobierno Vasco en relación a las viviendas de su propio parque.
Somos conscientes, señor Maneiro y comparto con usted el tenor de lo que es un interpelación, de que de el problema de la vivienda ha dejado de ser económico para ser un problema de carácter social. Atendiendo a este problema, el Gobierno Vasco ha puesto ya en marcha dos líneas de actuación para tratar de paliar los efectos producidos por la actual situación económica. Y se los quiero explicar.
La primera actuación es la instrucción 2/2013, de 12 de diciembre  - hace escasamente dos meses - , de la viceconsejera de Vivienda sobre la aplicación de medidas excepcionales en el cálculo de las rentas del parque de vivienda gestionado por Alokabide. Son medidas dirigidas a los arrendatarios que se encuentran en circunstancias económicas críticas por causas sobrevenidas. El objeto de esta instrucción es reducir la renta a pagar por aquellas personas cuyos ingresos hayan disminuido de manera significativa y permanente.
Para poder acogerse a la reducción temporal de las rentas, las personas arrendatarias deberán cumplir los siguientes requisitos: Haber superado el plazo de 6 meses desde la suscripción del contrato de arrendamiento, que la renta supere el 30 % de sus ingresos actuales, que la disminución no obedezca la obligación de reintegrar cualquier ayuda de las administraciones públicas, encontrarse en situación de impago o en riesgo de incurrir en impago por circunstancias sobrevenidas acreditadas, que no se hayan iniciado previamente acciones judiciales  - es decir, más de 6 rentas sin pagar - , ni se constaten otros incumplimientos contractuales, como el uso inadecuado, ocupación indebida u otra situación conflictiva.
La segunda actuación, señor Maneiro, es la Instrucción 1/2014, de 24 de enero  - hace mes y medio - , de la viceconsejera de Vivienda sobre rentas de alquiler en el parque de viviendas del Departamento de Empleo y Política Sociales. Mediante la aplicación de esta Instrucción, ninguna renta de las viviendas del parque público sobrepasará el 30 % de los ingresos de la unidad convivencial. Esta medida se aplicará con carácter universal.
Como consecuencia de esta Instrucción, queda totalmente garantizado que toda persona adjudicataria de una vivienda gestionada por el Gobierno Vasco no pagará más del 30 % de sus ingresos ponderados como renta.
Como consecuencia de las dos actuaciones citadas se evita cualquier hipotético desahucio por una incapacidad de pagos sobrevenida, como usted me preguntaba. Reitero lo importante, porque quiero que quede claro que hoy en día en Euskadi contamos con esta doble garantía: La renta de alquiler no supera el 30 % de los ingresos y no hay desahucio por incapacidad de pagos sobrevenido.
En relación con el Impuesto de Bienes Inmuebles, que también usted ha mencionado, el Gobierno vasco va a adoptar dos medidas adicionales.
La primera la anunció el consejero de Empleo y Políticas Sociales  - a quien envío hoy un saludo -  en su comparecencia en Comisión en este Parlamento el 17 de diciembre del 2013. Así, Alokabide aprobará en las próxima sesión de su consejo de administración que será esta sociedad pública la que abonará, esta sociedad pública, Alokabide, la que abonará el Impuesto de Bienes Inmuebles de las viviendas de su propiedad.
La segunda medida modificará las cláusulas de los contratos de arrendamiento del Programa ASAP, Alokairu Soziala Arrazoizko Prezioan, para que sean las personas propietarias quienes deban hacer frente al pago del referido Impuesto, al igual que ya ocurría en el Programa Bizigune.
Una vez adoptadas estas dos medidas, ninguna persona adjudicataria de una vivienda del parque público en arrendamiento, ninguna, abonará el Impuesto de Bienes Inmuebles, siendo su pago obligación del propietario.
En cuanto a las posibilidades de permuta, a las que también usted ha hecho referencia, el Gobierno Vasco trabaja para flexibilizar y favorecer la rotación hacia otro tipo de vivienda cuando cambien las necesidades de las unidades convivenciales y en función de nuestras posibilidades.
Este objetivo está recogido en el Plan Director de Vivienda 2013-2016 y su aplicación será progresiva, conforme contemos con la disponibilidad requerida.
Finalmente, y en relación también a los gastos de comunidad, estos son abonados por las personas inquilinas de viviendas de Alokabide y del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, tal y como se ha venido haciendo desde la puesta en marcha del Parque Público de Viviendas del Gobierno Vasco.
Y en relación a esta cuestión y a esta gestión de los gastos de la comunidad o de comunidad, creo que es importante recordar que hoy en día Alokabide gestiona 6.000 viviendas y, por tanto, 400 comunidades de propietarios aproximadamente.
En todo caso, el Gobierno Vasco analizará el modelo a actuar y a implementar, y se estudiarán también las posibles mejoras a introducir.
Insisto, el Gobierno Vasco cuenta con un Plan Director de Vivienda que contempla la adopción de nuevas medidas que vamos a seguir proponiendo. Somos plenamente conscientes de la situación por la que están atravesando muchas de las personas inquilinas de las viviendas del Parque Público disponible y, atendiendo a esta situación, a esta necesidad social derivadas de la crisis, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha adoptado ya las medidas expuestas y seguirá adoptando aquellas que sean necesarias, insisto, en función de sus posibilidades.
Nuestra orientación, señor Maneiro, es el compromiso social. Vamos a impulsar de manera decidida el acceso a la vivienda en régimen de alquiler y vamos a favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos prioritarios.
Estamos, además, comprometidos con la aplicación de una gestión más eficiente y eficaz de los recursos presupuestarios y del parque público de viviendas existente.
Eskerrik asko.