LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-02-07):
Gracias señora presidenta. Buenas tardes a todos.
Bien, en el primer punto de la iniciativa original que se trae a esta Cámara, pide que manifieste este Parlamento que el derecho de huelga es un derecho fundamental de todo ciudadano.
También en la enmienda presentada por el Partido Nacionalista Vasco se habla de la huelga como derecho fundamental de los trabajadores y como instrumento para la defensa y reivindicación de los derechos laborales y sociales.
Bien, pues vamos a hablar de huelga, del derecho a la huelga y vamos a hablar de la génesis de este derecho. De este derecho que, aunque es verdad que se aprueba por primera vez en Inglaterra en el año 1864, tiene antecedentes mucho más antiguos. Tenemos que remontarnos a Egipto, al Valle de los Reyes para ya empezar a hablar de huelga.
Se da fundamentalmente en la Revolución Industrial cuando este derecho adquiere carta de naturaleza y la ciudad de Chicago es un referente inevitable cuando hablamos de esta materia y de ahí viene la conmemoración del 1 de mayo.
También en España es antigua, es antigua la existencia de las huelgas generales ya desde 1855. Y lo que es evidente es que el formato de huelga ha ido sufriendo un proceso evolutivo paulatino, pasando de ser un instrumento de reivindicación y de protesta para conseguir unas mejoras en las condiciones laborales, a las huelgas políticas que se han ido desarrollando durante el pasado y el presente siglo, utilizadas como instrumento de desgaste frente a las políticas del poder público instituido.
Y quiero decir aquí, que se ha dicho que las huelgas no se hacen porque uno se aburra, pero no solamente se hacen para defender los derechos laborales, y quiero recordar la huelga que las centrales sindicales nacionalistas hicieron al Gobierno del señor López nada más entrar. Y ahí todavía vulneraciones de derechos no había habido porque no había habido ni tiempo.
Desde el punto de vista jurídico, a nivel internacional el derecho de huelga encuentra cobertura en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 8.
Y en lo referente a nuestro país, esta materia jurídica presenta una cierta particularidad y lo decimos porque a pesar de que la constitución integra el derecho a la huelga no ha sido objeto del correspondiente desarrollo legal.
La Constitución es cierto como decía en su artículo 28, reconoce el derecho a la huelga como un derecho fundamental e indica que se reconocen a los trabajadores para la defensa de sus intereses y que la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Porque este derecho fundamental no nace de una manifestación de este Parlamento, no nace en una petición de este Parlamento, sino nace de la consagración constitucional.
Pero el desarrollo de este precepto, dado el carácter fundamental de derecho que se le reconoce, debiera haberse producido por ley orgánica. Y esta ley sin embargo, después de más de 30 años de vigencia de la Carta Magna no ha llegado a dictarse. Siendo quizás la última gran ley constitucional pendiente.
Por tanto, el derecho de huelga se encuentra regulado en una norma preconstitucional, como es el Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo del 77, declarado parcialmente constitucional y reinterpretado por la sentencia 11/1981 del Tribunal Constitucional.
Tal peculiaridad normativa, sin duda prolongada más allá de lo inicialmente previsto ha conducido en muchas ocasiones a una judialización de dicho derecho.
En muchos casos ha dado lugar a una cierta litigiosidad que pone de manifiesto la necesidad de crear una nueva normativa que regule el ejercicio de este derecho.
Y además hay que tener en cuenta otra particularidad, que el derecho a la huelga es un derecho de titularidad individual pero de ejercicio colectivo, que requiere la participación colectiva ya que en caso contrario estaríamos ante un simple incumplimiento contractual.
Pero no podemos negar, por mucho que aquí se ha querido hacer, la evidencia de que este derecho fundamental en muchas ocasiones colisiona con el derecho al trabajo. Derecho por otro lado, no menos fundamental. Derecho reconocido en nuestra Carta Magna en el artículo 35.
Pero a pesar de este reconocimiento constitucional de forma sistemática en las jornadas de huelga, este derecho fundamental no es respetado.
Existe una coalición de derechos que es necesario conciliar para que el ejercicio de ambos se pueda ejercitar con arreglo a la decisión libre y voluntaria que elija cada persona.
Lamentablemente la realidad es bien distinta, y en la mayor parte de los casos, los convocantes de la huelga tratan de vaciar y de dejar sin efecto el derecho al trabajo. Todos somos perfectamente conocedores de que cada jornada de huelga viene acompañada de presiones, de coacciones, de amenazas por parte de lo que se viene a llamar como piquetes informativos, que no son sin utilizando una denominación más ajustada a la realidad, piquetes coactivos o represivos.
Los cortes de carreteras, las concentraciones en las entradas de las empresas con el fin de presionar y coaccionar a los trabajadores que por decisión voluntaria deciden acudir a su centro de trabajo. Las visitas puerta a puerta a los numerosos comercios invitándoles, utilizando un eufemismo, a que cierren sus negocios sin tener en cuenta las pérdidas que ello les ocasionaran o si quieren o no cerrar.
Son actitudes reiteradas que se han convertido en un comportamiento y un modo de hacer estructural de los huelguistas. Y no nos vale el argumento utilizado de forma sistemática para justificar dichas actuaciones calificándolas como hechos aislados, propios de grupos incontrolados, porque todos somos conscientes de que en muchas ocasiones este tipo de actitudes responden a comportamientos inducidos, planificados, organizados y estratégicamente programados.
Ese tipo de comportamientos son todo menos espontáneos, y ponen de manifiesto el miedo al fracaso por parte de sus promotores, que con este tipo de actitudes no hacen sino viciar, desnaturalizar y desprestigiar la esencia de este derecho fundamental.
El ejercicio del derecho a la huelga debe ser sustentado en una actitud proactiva pero voluntaria, en un comportamiento reivindicativo pero potestativo, y en una disposición que tenga como derecho fundamental la libertad de elección, ya que de lo contrario supone atentar contra otro derecho fundamental, como es el deseo de poder desarrollar y desempeñar libremente el trabajo. Lo que ocurre es que de libertad el grupo proponente sabe bastante poco.
El derecho a la huelga no puede convertirse en un supuesto obligatorio, y el ejercicio de la huelga como recurso de protesta no puede transformarse en un ejercicio de imposición colectivo.
Asimismo desde una vertiente más colectiva somos conscientes de que en muchas ocasiones se realiza un uso abusivo y desproporcionado del derecho a la huelga, no respetando los servicios mínimos establecidos y tomando como rehenes a los propios ciudadanos. Y la prestación y el mantenimiento de unos mínimos servicios públicos debe ser una cuestión prioritaria para los poderes públicos.
Y no quiero irme sin terminar a pesar la gracia que parece que le provoca mis palabras, sin referirme al proponente de la propuesta Bildu, porque llama la atención una vez más, señores de Bildu, que quien todavía no ha condenado los ataques contra el primer derecho fundamental de toda persona, se erijan en recalcitrantes defensores de otros derechos fundamentales. Asistimos pues a un nuevo capítulo más de la hipocresía de Bildu en toda su extensión y en todas sus peticiones.
Y por empezar por la última, por la de los recortes, deberían de aplicar lo que ustedes aquí plantean en aquellas instituciones en las que gobierna.
No quiero terminar sin expresar que la proposición de Bildu es un claro ejemplo de sesgo y de parcialidad. Un claro ejemplo de la manipulación que de los hechos y del lenguaje suele hacer el mundo de Bildu.
Resulta cuando menos curioso el título de la iniciativa: "El juicio contra 18 personas por participar en la jornada de huelga del 27 de enero de 2011". Con semejante título debiera ser merecedor de una votación afirmativa sin más discusión porque la huelga como decimos, como hemos dicho aquí todos es un derecho fundamental y nadie puede ser detenido por el ejercicio de un derecho fundamental.
Siguiendo con la manipulación del lenguaje habla de que: "son juzgadas por defender sus derechos laborales". No, señores, si lo han dicho aquí antes, es que no han sido juzgados por eso, no han sido juzgados por defender sus derechos laborales.
Han sido juzgados en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal por un delito contra la libertad de los trabajadores. Finalmente, finalmente, han sido absueltos, y si se ha producido un exceso ustedes deben ir a los órganos respectivos donde se debaten estos excesos, no traerlos a esta Cámara.
Si es que ha habido un exceso, pero ya le digo si ha habido un procesamiento, cuando hay un procesamiento y una imputación hay una serie de indicios. Son juzgadas (como le decía( por conductas presuntamente delictivas, pero desde Bildu con iniciativas como éstas y tantas otras, quieren dar una muestra más de esa sempiterna intención de hacer creer que en todos los encausamientos, que todos los juicios son arbitrarios e injustos siempre.
Y hablan también del derecho fundamental a movilizarse, que no sabemos muy bien ese derecho fundamental a movilizarse dónde está consagrado. Y luego habla también de otros medios de movilización, aunque muchos ya conocemos cuál han sido esos medios de movilización que ha utilizado Bildu en muchas ocasiones.
Todos somos conscientes del formato de huelga que defiende Bildu, que no es otro que el de la huelga impuesta, con diferentes intensidades de violencia, pero sobre todo de obligado cumplimiento para el conjunto de la ciudadanía.
Todos somos conocedores de cuál ha sido el comportamiento de LAB, primo sindical de Bildu, cuyas jornadas de huelga se sustentan en sabotajes, amenazas, coacciones y en más de una ocasión agresiones.
Todos conocemos cómo actúa históricamente LAB para animar a sumarse, libremente eso sí, a las movilizaciones y huelgas con envíos y entregas personales de cartas y panfletos.
Pues desde el Partido Popular no apostamos por este tipo de huelga, apostamos por un derecho de huelga basado en el respeto de la libre decisión, de la libre voluntad personal, un modelo que respete el derecho al trabajo y un modelo que preserva el mantenimiento de los servicios públicos básicos para el conjunto de la ciudadanía.
Apostamos por conciliar derecho a la huelga y derecho al trabajo, fomentando el equilibrio entre la reivindicación y la racionalidad de la protesta, y defendemos que si se producen conductas delictivas durante las movilizaciones laborales actúen las fuerzas de seguridad y actúe la justicia.
Nada más, muchas gracias.