MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-04-14):
Gracias, presidenta.
Proponemos de la mano del Partido Popular la constitución de una comisión de investigación que investigue políticamente el fraude de los comedores escolares, y en concreto, todo el proceso que culmina con la contratación de los servicios de comedores escolares de gestión directa del Gobierno Vasco a una serie de empresas recogidas en la justificación de la iniciativa.
La Autoridad Vasca de la Competencia, por resolución de fecha 4 de febrero de 2016, sanciona con un importe de 18 millones de euros a las ocho empresas señaladas por haber llevado a cabo, al menos durante 10 años, una práctica concertada de reparto del mercado de la prestación de los servicios de comedores escolares de gestión directa del Gobierno Vasco. Es decir, por haber actuado como un cártel durante todo esos años. En concreto, la Autoridad Vasca de la Competencia impone una serie de multas que van del medio millón de euros a, en algún caso, más de 6 millones de euros a como digo, cada una de las empresas que están ahí señaladas.
La Autoridad Vasca de la Competencia declara en su resolución que la conducta de estas empresas constituye una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia, la cual prohíbe cualquier práctica concertada entre empresas que tenga por objeto o por defecto, restringir la competencia en el mercado.
El Departamento de Educación convocó licitaciones para la prestación de servicios de comedores desde 2003 hasta 2014. Estas licitaciones se realizan por un procedimiento en dos fases, en la primera, las empresas acreditan su capacidad para prestar el servicio, en la segunda, deben competir por obtener el contrato de cado uno de los lotes.
Respecto a la primera fase, la empresa encargada de acreditar y conceder la homologación fue durante largos años Laboratorios Araba, al parece el asesor privado de muchas de las empresas homologadas. Además esta empresa no está inscrita en el registro de empresas certificadoras autorizadas para auditar los sistemas de calidad, al parecer esta empresa únicamente está autorizada para realizar análisis de alimentos, sin que cumpliese los requisitos que serian exigibles para conceder unas homologaciones que eran una condición imprescindible para obtener la contratación del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.
Las personas que verificaban y visitaban las instalaciones para efectuar la homologación de las empresas, eran Javier Arrese y Fernando Pérez, el primero en representación del Departamento de Educación, y el segundo en calidad de director de Laboratorios Araba.
Laboratorios Araba y el técnico del Departamento de Educación, sin cualificación acreditada, eran los que determinaban cuáles eran las empresas que podían competir para obtener los contratos públicos, siendo finalmente elegidas siempre las mismas empresas. La Autoridad Vasca de la Competencia considera acreditada la práctica concertada por las empresas mencionadas para el reparto entre las mismas de la prestación de los servicios de comedores escolares.
La Autoridad Vasca de la Competencia considera demostrado que durante al menos 10 años, las empresas sancionadas renunciaron a competir en todos los lotes para los que se les había otorgada capacidad, por medio de una pauta orquestada de presentación de ofertas, con el objetivo de conseguir un reparto de lotes. Así las empresas homologadas pudieron llevar a cabo una práctica que les garantizó la prestación del servicio de comedores en el mismo lote y a un precio alterado al alza, de tal forma que las empresas sancionadas han sido las únicas en obtener, primero, la homologación que les permitía acceder a la contratación, y concertar después el reparto de los recursos públicos.
Esta práctica ha podido suponer un quebranto de más de 200 millones de euros de dinero público, quebranto de dinero público para la Administración y por tanto, para el conjunto de los ciudadanos, por mucho que el Gobierno Vasco y, en concreto la consejera de Educación aquí presente, insista de que la perjudicada es únicamente la Administración, pretendiendo dejar al margen a los ciudadanos del perjuicio sufrido, últimos páganos de todo este escándalo.
Estos hechos han supuesto un beneficio extraordinario para las empresas, resulta poco probable o directamente imposible o difícilmente creíble, que todo esto haya podido ocurrir sin el consentimiento, la participación, la complicidad o la pasividad de los responsables políticos de la administración del dinero público.
Esto es lo que queremos investigar a través de la comisión de investigación que proponemos crear y poner en marcha, al objeto de depurar la responsabilidades políticas que correspondan. Es cierto que este asunto lo hemos debatido recientemente en este Parlamento, sin embargo ahora pretendemos dar un paso más allá. En nuestra opinión un paso necesario. En concreto, como digo, crear esta comisión de investigación; no vemos que haya argumentos de ningún tipo para oponerse y por lo tanto confiamos en que la iniciativa sea aprobada en este Pleno.
El pasado día 3 de marzo se aprobó una transaccional firmada por Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos y EH Bildu en relación a este tema. En ella el Parlamento Vasco instó al Gobierno Vasco a poner en conocimiento de la Fiscalía la resolución del expediente de la Autoridad Vasca de la Competencia, a fin de que esta valore si se pueden derivar responsabilidades penales. A estudiar si se ha producido un daño patrimonial y los servicios jurídicos inicien cuantas acciones legales sean necesarias para resarcir a las arcas públicas de los daños y perjuicios causados. Y a intensificar los trabajos con los diferentes agentes implicados, para que durante el contrato vigente, analicen y decidan los pasos a dar con el objetivo último de adecuar el modelo de gestión de los comedores, de modo que en su caso, cada centro público pueda llegar a elegir la forma de gestionar su comedor.
En nuestra opinión, fue un mandato parlamentario, digamos insuficiente, queremos abrir  - y es lo que proponemos -  una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas de lo que aquí ha ocurrido. Una cosa son las responsabilidades penales y otra cosa son las responsabilidades políticas. Lo que pretendemos, evidentemente, es crear una comisión que detecte las responsabilidades políticas que puedan llegar a vislumbrarse en todo lo que tiene que ver con lo sucedido en este tema en los últimos años.
El escándalo afecta a la mayor contrata del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Es extraño que nadie supiera nada o que no se percibiera esta forma tramposa de actuar por parte de las empresas concernidas. Lo que proponemos en todo caso es que se investigue para saber si efectivamente se conocía esto y se prefirió no hacer nada, o si simplemente lo responsables políticos no estuvieron a la altura y no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Tanto en un caso como en otro, entendemos nosotros que puede haber responsabilidades políticas, es decir, por acción o por omisión.
Hablamos de la mayor multa nunca impuesta por la Autoridad Vasca de la Competencia, hablamos de un quebranto de dinero público de más de 200 millones de euros. Frente a las declaraciones de la consejera de Educación insistiendo en que las familias no se han visto afectadas, cabe recordar que la propia Autoridad Vasca de la Competencia señala que es difícilmente sostenible que si ha habido un sobreprecio, no haya repercutido, al menos en parte, a las familias.
Independientemente de que esta forma de proceder se vaya a corregir en el futuro, independientemente de que estas cosas no puedan volver a ocurrir de ahora en adelante, nos corresponde localizar a los responsables políticos de estas prácticas fraudulentas anteriormente señaladas.
No queremos prejuzgar a nadie, sino lo que queremos es investigar, como digo, al objetivo de que se aclaren todas las responsabilidades políticas. Puesto que supuestamente todos los grupos estamos de acuerdo en que tiene que haber la máxima transparencia, entiendo yo que no hay razones de peso para votar en contra de esta iniciativa. Pero, en fin, es posible que esto pues no pueda ocurrir en el día de hoy.
En el caso de que haya grupos que voten en contra de esta iniciativa, tendrán que explicar a la ciudadanía por qué no quieren que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido en este gravísimo asunto.
Nada más y muchas gracias. Y gracias en especial al señor Oyarzabal por la presentación conjunta de esta iniciativa.