SEGURTASUNEKO SAILBURUAK (Beltrán de Heredia Arroniz) (EAJ, 2016-04-21):
Eskerrik asko, presidente andrea.
Conviene recordar que el proyecto de ley llegó a este Parlamento después de recibir en su proceso de tramitación aportaciones de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, de las tres diputaciones forales, del Ayuntamiento de Bilbao, de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ordicia, además por supuesto, del informe favorable de la Comisión de Protección Civil de Euskadi.
La Ley de Gestión de Emergencias de 1996 fue una norma pionera en nuestro entorno, su mérito fue el de integrar en un sistema único la gestión rutinaria de las emergencias ordinarias y hacer operativa una respuesta urgente ante situaciones de emergencia colectiva y de catástrofes, y el tiempo ha avalado su eficacia; pero ya han transcurrido 20 años desde que se aprobó y se hace necesario actualizarla, reforzando ese modelo de ley primigenia. Se trata, por tanto, de actualizar el sistema vasco de emergencias y de protección civil, de reforzar y de optimizar su bondad operativa y su valor instrumental como servicio a las personas.
Los objetivos principales que persigue esta modificación se pueden resumir en tres apartados. Por un lado, la actualización de algunos aspectos del sistema vasco de protección civil y de Emergencias para propiciar la concertación y la interrelación de las actuaciones de las distintas instituciones y servicios que están concernidos y el rol de la iniciativa social en su complementariedad con el nivel público.
Por otro lado, también se trata de suplir algunas carencias en la regulación vigente en aspectos como la organización de la previsión y de las alertas. Y en tercer lugar, con relación a los derechos y deberes de la ciudadanía, establece las obligaciones necesarias de autoprotección y también el régimen sancionador al que dan lugar determinados comportamientos.
En este sentido, el proyecto de ley además de concretar los derechos de la ciudadanía con relación a los riesgos de emergencia y a su gestión, esto es, el derecho a la información, el derecho a la colaboración y a la participación, también determina los deberes de la ciudadanía ante esas mismas situaciones; principalmente, el deber de colaborar con las tareas de protección civil y el deber de adoptar medidas de autoprotección preceptivas.
El proyecto de ley también concreta otros aspectos que afectan a los colaboradores especiales de la protección civil, define, por tanto, qué empresas o qué establecimientos están obligados a disponer de medidas de autoprotección. También refiere que los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas de los servicios sanitarios, o los de gestión de suministros básicos, como puedan ser, el agua, el gas, la electricidad o telecomunicaciones, están obligados a facilitar el uso de sus medios para afrontar la emergencia, y define, entre otras cosas, el papel que tienen los medios de comunicación social en la difusión de avisos e instrucciones avaladas por el autoridad competente de Protección Civil.
El contrapunto de estas obligaciones se establece en aquellas medidas excepcionales que la autoridad de protección civil pueda adoptar temporalmente en forma de órdenes o instrucciones de obligado cumplimiento para hacer frente a las situaciones de emergencia de una manera adecuada y eficaz.
Por otro lado, también la modificación de la ley refuerza los mecanismos de previsión y prevención. Previsión y prevención ante situaciones de riesgo, de emergencia que se puedan generar. En el ámbito de la previsión regula, por ejemplo, el inventario y mapa de riesgos de Euskadi, la red de información y alerta de Protección Civil, la vinculación del Servicio Vasco de Meteorología-Euskalmet a la red de información y alerta, la existencia de un programa de actuación ante la predicción de vigilancia de fenómenos meteorológicas adversos, y también prevé que los instrumentos de ordenación del territorio y los planes urbanísticos tengan en cuenta el inventario y el mapa de riesgos y, como consecuencia, establezcan las medidas de prevención de riesgos y reducción de impacto ante eventuales catástrofes.
En materia de autoprotección se elevan a la ley las obligaciones en esta materia. Esta es una de las novedades. Así se establece la obligación de disponer de un plan de autoprotección para aquellas empresas o entidades que puedan generar riegos graves, o que por su naturaleza puedan ser especialmente vulnerables.
También se prevé que las autoridades de protección civil puedan ejecutar subsidiariamente y a costa de los obligados, las medidas de seguridad exigibles a las situaciones de emergencia. Por otra parte, se establece la obligación de programar actividades de información, de prevención y divulgación en materia de protección civil en los diferentes ciclos formativos y ciclos educativos, así como la obligación de realizar ejercicios o simulacros de evacuación.
Y finalmente, se refuerza la vinculación con el servicio vasco de atención de emergencias y protección civil, de todas aquellas organizaciones que son relevantes para la seguridad, bien por su vulnerabilidad o bien por su potencial peligrosidad.
Toma especial relevancia, en esta modificación de la ley, la actualización de la naturaleza y las funciones del centro de coordinación de emergencias de Euskadi.
El objetivo de las modificaciones no es otro que el de garantizar el flujo de la información que sea relevante y pertinente para que los servicios intervinientes puedan afrontar la emergencia de una forma adecuada y eficaz.
A estos efectos, el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi es una plataforma de comunicación para conectar todas las centrales operativas de los servicios de emergencia y seguridad de Euskadi. Y su función principal consiste en ser el centro de coordinación operativa conforme a lo que dispongan los propios planes de protección civil y las correspondientes tácticas operativas, e incluye, por supuesto, el servicio de atención a las llamadas de emergencia al 112.
En otro orden de cosas, la modificación de la ley contempla un apartado de distinciones y reconocimientos para todos aquellos actos que sean destacables, tanto que tengan carácter personal, como para reconocer la colaboración ciudadana o aportaciones de otras entidades.
El proyecto de ley también incorpora un capítulo dedicado al régimen sancionador, un capítulo que no existía en la actual ley. Su objetivo no es otro que el de reforzar el cumplimiento de la ley de gestión de emergencias conforme a los principios básicos que debe regir el derecho administrativo sancionador.
A estos efectos, se considerarán infracciones muy graves hechos como el de no elaborar o actualizar los planes de autoprotección, el no disponer de un seguro de responsabilidad civil, o aquello de impedir una inspección. Y también se considerarán como infracciones muy graves, el acto de comunicar falsos avisos de emergencia que provoquen movilización de recursos de protección civil, las llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas a teléfonos de emergencia y que por tanto, afecten al servicio propio. O el hecho de obstaculizar o no reconocer la labor de la autoridad competente de protección civil en una circunstancia concreta de emergencia y riesgo.
Por las infracciones previstas en esta ley o en esta propuesta de modificación de la ley del 1996, puede sancionar tanto la Administración general de la comunidad autónoma, como los municipios, o la Administración foral. Siempre dependiendo del ámbito en el que se produzca el incumplimiento y de la institución que ostente la dirección del plan de protección civil que se haya activado en cada momento.
La ley también contempla otros aspectos relacionados con la organización y las especificidades de los servicios de emergencia que están adscritos al Departamento de Seguridad, el departamento encargado de gestionar las materias relacionadas con las emergencias. La función de estos servicios de emergencia es la de asistir a sus autoridades en el ámbito de sus atribuciones, en las actividades de planificación, intervención y coordinación en las situaciones en que se produzcan la emergencia.
El proyecto de ley que fue presentado en mayo de 2014 a este Parlamento, venía con un objetivo, el de actualizar el sistema vasco de emergencias y de protección civil y el impulso de reforzar y optimizar su bondad operativa y de servicio a las personas, como he dicho en un principio. La tramitación parlamentaria ha permitido depurar, mejorar la redacción del texto aprobado por el Consejo de Gobierno...
...La tramitación parlamentaria ha permitido depurar, mejorar la redacción del texto aprobado por el Consejo de Gobierno gracias a la contribución, a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Justo es reconocer este esfuerzo que por parte de todos los grupos políticos se ha hecho en sede parlamentaria.
Nos consta que el debate ha permitido analizar, acordar y aceptar gran parte de las enmiendas presentadas al proyecto y esto, como decía, es de agradecer. Más allá del sentido del voto, hay que agradecer el esfuerzo común realizado por todos los grupos parlamentarios.
Además de incorporar importantes mejoras técnicas, la ley refuerza la estructura de los servicios públicos de gestión de emergencias. La redacción final clarifica también los modos de participación del voluntariado, su formación, sus funciones y el reconocimiento a su labor. Vivimos en una sociedad en la que las políticas públicas destinadas a gestionar emergencias están orientadas fundamentalmente a mitigar los riesgos mediante la prevención y la seguridad, y a preparar la respuesta adecuada a cada situación de emergencia cuando esta se produce.
Los retos de futuro pasan por implicar al conjunto de la sociedad y afrontar el reto de lograr una sociedad más resiliente, una sociedad capaz de afrontar y resistir situaciones de peligro, capaz asimismo de recuperarse de sus efectos eficientemente en un plazo corto, capaz de mejorar su protección futura y capaz de ser solidaria con situaciones como las que viven estos días Japón o Ecuador, y otras tragedias colectivas, como son los conflictos bélicos y tragedias como la crisis de refugiados a las que asistimos estos últimos días.
A estos efectos, el proyecto de ley establece la creación de una unidad de apoyo ante desastres, con el fin de que profesionales de aquí, profesionales de emergencias de Euskadi puedan trabajar coordinadamente, no solamente aquí en Euskadi, sino también que puedan colaborar en misiones fuera cuando se solicite su cooperación.
1996ko Legea berritzera dator gaur eztabaidatuko den lege proiektua, berritzera, gaurkotzera eta indartzera. Aitzindaria izan zen 1996ko larrialdian kudeaketarako, halaz izango da oraingoa ere, zuen onespenarekin onartua izaten bada, horrela espero dugu.
Besterik ez. Eskerrik asko.