ITURRATE IBARRA (EAJ, 2018-11-15):
Presidente anderea.
Señor Barrio, no voy a entrar... Ya sabía yo que íbamos a volver otra vez al procedimiento de la tramitación de la ley en el año 2016. Decía un reconocido político, profesor de derecho constitucional, que cuando un organismo o una cámara se enzarza en discutir los efectos procedimentales, es que tiene poco que decir respecto al fondo de la cuestión de los hechos. Y yo creo que ese es el argumento al que usted se agarra.
En todo caso, usted ha dicho que en aquel trámite se hicieron numerosas advertencias de ilegalidad. Yo le diré que no se hizo ni una sola advertencia de ilegalidad, por parte de ninguno de los comparecientes que vinieron a esta Cámara.
Ni tan siquiera por los que vinieron a propuesta del Partido Popular, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o el entonces fiscal superior del País Vasco.
Es verdad que hay protestas de algunos colectivos, protestas y criticas absolutamente injustas, señor Barrio, pero las críticas de personas o colectivos a las leyes no invalidan el valor de las mismas. Si no toda la producción legislativa de los gobiernos del presidente Rajoy estarían invalidadas, porque no recuerdo que producción legislativa más criticada y más contestada en la calle y en la academia como la de los gobiernos del Partido Popular.
Usted ha querido deslizar  - no creo que voluntariamente -  una pequeña trampa, diciendo que no solamente los artículos que pretenden modificar la proposición de ley han sido recurridos, sino toda la ley, como si el recurso prejuzgase ya la inconstitucionalidad de la misma, cuando el Tribunal Constitucional ya se pronunció. Se pronunció suspendiendo solamente, se prescindió en la misión del recurso suspendiendo cautelarmente solamente unos artículos de la ley. Los que se vienen a modificar, y no toda la ley, podía haberlo hecho y no lo hizo. Por lo tanto no abramos hechos que en principio están ya juzgados.
En todo caso, todos los expertos que pasaron por la comisión del Parlamento ante del dictamen, confirmaron la legalidad, la procedencia y las competencias de la Comunidad Autónoma vasca a prestar este reconocimiento y esta reparación a las víctimas.
Mire, averiguar y fijar los hechos delictivos le corresponde al Poder Judicial. Es que eso no lo ha discutida nadie, ni los promotores de la Ley en el 2016, ni ahora, ni en ningún momento. Y lo hacen dentro del proceso penal. Pero esto  - y lo ha explicado perfectamente la señora Mendia -  no debe confundirse con las competencias de actuación social que desarrolla la Comunidad Autónoma vasca o sanitaria y con el trabajo en el seno de la Comisión de Valoración.
Una cosa es que la Comisión de Valoración deba acreditar unos hechos como decía la señora Mendia, para poder tomar decisiones a la hora de declarar a las víctimas, y otra cosa muy distinta es el esclarecimiento judicial de los hechos, que la ley expresamente lo está negando.
Tenemos obligación, obligación legal de acometer este trabajo, de acometer esta responsabilidad a la que el Partido Popular no seé por qué siempre se pone de costado, por razones de fondo, por razones de procedimiento o por lo que sea.
El artículo 2 del Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos establece que deberá indemnizarse a las personas que hubieran sufrido lesiones graves o daños en su salud, como resultado directo de un delito intencional de violencia, y que esa indemnización se concederá incluso si el autor no puede ser perseguido o castigado.
También lo reconoce el derecho internacional humanitario en la resolución 60147 de Naciones Unidas sobre los derechos de las víctimas. En el artículo 9 dice literalmente: "Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprendido, juzgado o condenado". Y si no fuera así cientos de familias de casos no esclarecidos, nunca habrían visto o cuya autoría es dudosa, nunca habrían visto resarcido sus derechos, nunca habrían recibido un reconocimiento o una reparación.
Por lo tanto, yo creo que el problema no son aspectos técnicos. El problema es la falta de voluntad política en hacerlo. Hay un mandato legal en atender el reconocimiento y reparación de las víctimas. Hay un mandato moral, las víctimas existen ¿o no han existido esas víctimas, señor Barrio?
¿Existen o no las víctimas a las que pretende dar reconocimiento o reparación esta ley? ¿Tienen o no derechos estas víctimas a ser reconocidas o reparada? Y si la tienen, ¿son de otra pasta? ¿Son de otra categoría a las víctimas del terrorismo, por ejemplo? ¿Pueden ustedes mirarles a la cara y decirles que no existen esas víctimas y que no tienen esos derechos? Y si ustedes creen que existen y que tienen esos derechos, ¿con esta ley o con otra por qué no participan ustedes en un proceso de reconocimiento o reparación? ¿Por qué no lo han hecho? Si no quieren hacerlo en este, ¿por qué no lo han hecho durante las décadas que ustedes han estado gobernando en el Estado español? Han estado ustedes en la Presidencia del Gobierno de España, ¿por qué han renunciado al cumplimiento de la ley de las obligaciones que tienen los poderes públicos con las víctimas?
El problema no es un problema técnico jurídica, señor Barrio, el problema es un problema de falta de voluntad política, de falta de reconocimiento y de compromiso con estas víctimas, y en eso, ustedes han avanzado poco en todos estos años.