LÓPEZ DE OCARIZ LÓPEZ DE MUNAIN (PP, 2013-02-07):
Gracias, señora presidenta, señorías.
Tomo la palabra en nombre del Grupo Popular para fijar la posición en relación con la proposición no de ley que presentó el Grupo Socialista de apoyo a las reivindicaciones de las personas con discapacidad.
En la justificación que el Grupo Socialista hace a su iniciativa se menciona la marcha en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias celebrada en diciembre en Madrid.
Quiero expresar en nombre del Grupo Popular el respeto más absoluto a sus reivindicaciones y compartimos muchos de los lemas y la preocupación de un sector que está viviendo una situación muy complicada fruto de la crisis económica y las políticas del Partido Socialista y el Gobierno de Zapatero que han dejado España como un erial y que el Gobierno de España junto con el esfuerzo de todos los españoles está tratando de remediar.
El Grupo Socialista dice en su justificación: "El Gobierno de España está haciendo brutales recortes presupuestarios que suponen de facto el desmantelamiento de la Ley de Dependencia".
Señora Sarasua, quiero decirle que esta afirmación no se ajusta a la realidad y que para sacarle de su error le voy a dar algunos datos objetivos.
El Partido Socialista puso en marcha la Ley de Dependencia que tenía desde el punto de vista teórico un diseño atractivo, pero que en la realidad no ha cumplido las expectativas y ha generado enormes problemas, con una financiación aleatoria y discrecional en función del grado de simpatía con la comunidad autónoma en cuestión.
El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales en este momento está dedicando a la dependencia el 75 % de su presupuesto. El Gobierno Socialista dedicaba el 56 %.
Y si quiere hablar de recortes vamos a hablar de recortes. Quiero recordarles que el Partido Socialista tomó dos decisiones contundentes y que han generado grandes problemas.
Primero en el año 2010 eliminó la retroactividad...
...que el Partido Socialista ha tomado dos decisiones contundentes y que han generado grandes problemas.
Primero, en el año 2010, eliminó la retroactividad al reconocimiento de derechos para todos los dependientes, con lo cual deja de tenerse en cuenta la fecha en que se solicita y sólo se reconoce la fecha en que se resuelve la solicitud.
Y teniendo en cuenta la demora que ha habido a la hora de resolver las solicitudes, esto ha provocado innumerables problemas para las personas con discapacidad.
Había, decía usted, revisiones en grado. Las revisiones en grado vienen obligadas por el Decreto que entró en vigor en febrero del 2012, pero que el Gobierno Zapatero lo hizo en el 2011 sobre el nuevo baremo de valoración de dependencia y que está provocando bajadas importantes en grado y nivel, por lo tanto, bajadas importantes en las prestaciones de las personas perceptoras como discapacitadas.
Señora Sarasua, en los presupuestos del año 2011, año en el que según la ley de dependencia entran a recibir prestaciones las personas valoradas en grado 1, el Gobierno Zapatero presupuesta menos cantidad que en el año 2010 para la dependencia. ¿Y esto qué ha provocado? Ha provocado una gran acumulación de impagados que se han acumulado a impagados del año 2010, 2009 y 2008.
Señora Sarasua, estos son datos reales y son recortes, recortes contantes y sonantes, pero le voy a dar más datos. En su justificación dice que se están rebajando las prestaciones económicas a los cuidadores familiares de las personas con discapacidad, pues mire, el Gobierno Zapatero dejó unos impagados cercanos a los 1.000 millones de euros por las cuantías que debía aportar a la Seguridad Social de las personas con ayuda a las personas dependientes.
Y el Gobierno del señor Rajoy ha tenido que aportarlos vía presupuestos en el ejercicio 2013. 1.000 millones de euros, señora Sarasua.
Señora Sarasua, la justificación de la iniciativa dice que se han paralizado las políticas de creación de empleo para personas con discapacidad. Dígame, señora Sarasua, cuántos empleos ha creado Lanbide para personas con discapacidad.
Señorías, el Tribunal de Cuentas, en el informe que hace sobre el sistema dependencia en los años 2007 al 2011, pone de manifiesto varios aspectos. Primero. Importantes deficiencias en el procedimiento de reconocimiento del derecho a ser persona dependiente, criterios diversos, según comunidades, en cuanto a plazos, o reconocimiento, o la adjudicación de la prestación, o en el tiempo que se tarda en concederse y en la cuantía que se concede.
Se vulnera el derecho subjetivo de los ciudadanos a la promoción de la autonomía personal y a la atención por dependencia.
La lista de espera a 31 de diciembre de 2010 era de 231.055 personas, personas que tenían reconocida la dependencia, pero que no cobraban la prestación. Esto supone el 25,68 % del total de personas con este derecho, la lista de espera a 31 de diciembre de 2011 era de 305.941 personas, casi un 29 % del total, es decir la lista de espera aumentó en el año 2011 en 74.886 personas y el Gobierno de Zapatero presupuestó 230 millones de euros.
A 31 de diciembre del 2012 esa lista de espera se ha reducido en 75.000 personas. Ha bajado seis puntos el porcentaje y el Gobierno del señor Rajoy ha aumentado la financiación en 122 millones de euros, 122 millones de euros más que el presupuesto que hizo el señor Zapatero en el 2011.
Sobre la información del sistema de dependencia, el Tribunal de Cuentas critica la falta de homogeneidad y precisa: Primero, información no actualizada. Segundo, se contabilizaban personas fallecidas. Tercero, expedientes duplicados. Cuarto, retrasos en la depuración de datos.
Esto ha provocado que se computaran como usuarios personas que no lo eran durante el periodo, 2007-2011 29.169 fallecidos seguían considerados como beneficiarios de la prestación por dependencia.
Esto ha supuesto un gasto de 140 millones de euros, dinero que iba a las comunidades autónomas porque se computaba como usuarios beneficiarios, estando fallecidos.
Andalucía es la comunidad que más fallecidos computó, como beneficiarios 4.194, lo que hacen 24 millones de euros que nadie sabe donde fueron, o algunos igual sí.
Señora Sarasua, Andalucía tiene una deuda acumulada con organizaciones sociales de más de 300 millones de euros, por ejemplo. ¿Y que ha tenido que hacer el Gobierno de España para estas deudas? Pues ha destinado 340 millones de euros, vía fondo de liquidez autonómica, para pagar facturas pendientes de proveedores de conciertos sociales.
Además, ha destinado en el año 2012 1405 millones de euros para el sistema de detención a la dependencia, a favor de las personas dependientes.
Por eso, señora Sarasua, le digo que desde el Grupo Popular compartimos plenamente la preocupación por la situación que se está atravesando la discapacidad en España. Y el Gobierno de España y los españoles en su conjuntos estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para tratar de corregir estos desmanes.
Señora Sarasua, además de criticar al Gobierno de España, en su iniciativa propone que el Gobierno Vasco cree un fondo que asegure los recursos sociales y superar los desequilibrios territoriales en materia de servicios sociales. La verdad es que no han sido nada originales en su iniciativa, porque esta iniciativa ya la presentó el Grupo Socialista el 12 de septiembre de 2001 en esta Cámara y, por cierto, fue rechazada.
Señora Sarasua, ustedes apoyaron la Ley de Servicios Sociales, ley que iba a solucionar todos los problemas que la gestión de los servicios sociales planteaban en nuestra Comunidad. Han estado ustedes tres años y siete meses en el gobierno, y nos vienen con la misma cantinela de hace 12 años.
El 4 de diciembre, sin haber salido aún del Gobierno, presentan esta iniciativa. Oiga perdone, ustedes son torpes incorregibles, señora Sarasua, en esta Comunidad Autónoma tenemos los mejores servicios sociales de todo España. Mejorables seguro, claro que sí, es un área sensible, interminable. Aquí no se han aplicado recortes y las instituciones responsables están haciendo un esfuerzo importantísimo para mantener el mismo nivel de prestaciones que años anteriores.
Y para ponerle un ejemplo, en los dependientes de grados 3, la protección económica de servicio es de 1000 euros, por ejemplo en Araba, cuando en el resto de España es de 715 euros.
Los cuidados del entorno familiar en Araba se aportan 468 euros por persona. En el resto de España 387.
La aportación siempre es superior al resto de España. Y hace referencia desequilibrios territoriales, ha habido desequilibrios territoriales importantes y poco a poco se han ido reduciendo. Hay algunas diferencias en los aspectos concretos pero, en cualquier caso, no consideramos oportuno que esto se corrija con la creación de un fondo, de manera que quien ha dedicado menos recursos o no ha considerado necesario implantar determinados servicios ahora le pongamos en bandeja de plata una cantidad para mantener ese equilibrio al que usted hace referencia. Una política, en cualquier caso, un tanto extraña.
Señora Sarasua, les dimos la oportunidad de gobernar, han estado en el Gobierno, tenían la Ley de Servicios Sociales para desarrollar, no lo han hecho, pues ahora lo harán otros, ustedes no. Perdieron la oportunidad.
Nosotros vamos a votar a favor de la enmienda transaccional que se ha elaborado, y vamos a votar a favor porque es una declaración de intenciones que la compartimos plenamente. Pero tengo que decirle que la enmienda que ustedes han firmado, no tiene nada que ver con el original. Lo que usted hizo en esa iniciativa es colgarse de la percha de la dependencia para venir a esta tribuna a brear al Gobierno de España. Y eso me parece indignante.
Nada más, muchas gracias.