LLANOS GÓMEZ (PP, 2016-06-30):
Gracias, señora presidenta, buenos días.
Bien, usted ha hablado de distintos órganos que a su juicio están politizados, señor Maneiro, pero sobre todo su moción se refiere a la politización de la justicia y por ello es a la justicia lo que este grupo se va a referir.
En la sustentación de la interpelación hoy aquí se ha referido a distintos extremos, habló usted, aunque hoy no lo ha dicho aquí, pero sí en la interpelación, del ratio de jueces por habitantes en España. Ese ratio aunque usted dijo que era de 10, no de 10 sino de 12, y está dentro de la media de países de nuestro entorno; es más, estamos por encima de países con gran tradición jurídica como Italia, cuyo ratio es 11, o de Francia, que es 10, y en el mismo índice que Suecia, 12, y próximos a países bajos o a Bélgica, cuyo ratio es 14.
Además, esta similitud en la ratio de los jueces es coherente con el hecho de que, según el último informe anual sobre indicadores de los sistemas judiciales europeos elaborado por la Comisión Europea, España está por debajo de la media de los países de la Unión en el tiempo necesario para obtener la satisfacción judicial de un derecho de (...)
Señaló usted también, que los partidos políticos plantean cuestiones en sus programas, pero que luego, yo también lo he dicho aquí, luego no se ve en hechos ni se hace nada por la modernización de la justicia y por la dotación de medios.
Pues bien, tengo que decirle, señor Maneiro, que en la legislatura anterior, no esta tan corta, en la anterior en la que gobernó el Partido Popular, hay datos que dejan fuera de toda duda que la justicia ha sido una prioridad para el Gobierno. Se modernizó la justicia a través de las nuevas tecnologías, plasmándose ello en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Enjuiciamiento Criminal, y destinando medios materiales para ello, por ejemplo, en este año 2016 concretamente 68 millones de euros.
También se ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial para dotar a las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de la capacidad de modificar el reparto provincial de asuntos, derivando asuntos de unos juzgados a otros y ganar de esta forma en agilidad.
Se ha incrementado notablemente la plantilla, aumentando la dotación de jueces y fiscales, y también, para ponerle cifras, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Justicia en este año ha crecido un 7,24 %, es decir, más de 100 millones de euros.
También dijo, y lo ha repetido hoy aquí, que la democracia en España es de baja calidad, cuestión con la que no podemos estar de acuerdo con usted, señor Maneiro. Como en todo, nuestro sistema es seguro que es mejorable, y luego me referiré a ello también, pero no comparto en absoluta esa afirmación tan taxativa que estamos ante una democracia de baja calidad. Y ha insistido también hoy aquí al hablar de la politización de la justicia, ello implica que hay jueces que están sometidos a presiones políticas, que sucumben a esas presiones políticas cuando dictan sus sentencias y habló también de la falta de independencia judicial.
Y esas afirmaciones son graves, señor Maneiro, y yo le digo hoy aquí lo mismo que se le dijo a la señora Díez cuando esta cuestión, porque ha sido plantada muchas veces en el Congreso de los Diputados, cuando se planteó allí.
Si a su juicio existen jueces que no son independientes, si hay casos en los que se conoce la falta de independencia de esos jueces, es decir, que se ha presionado a un juez y que el juez se ha dejado presionar para dictar una determinada resolución, eso hay que denunciarlo, porque eso es un delito reconocido en el Código Penal.
Y le decía antes y se lo reitero, claro que es seguro que hay ámbito de mejora, seguro, pero también es cierto que se lleva trabajando décadas para conseguir una justicia profesional independiente, una justicia independiente que consiste en garantizar el derecho reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, ese derecho a un juez predeterminado por la ley en la que se cumpla los requisitos del artículos 117 de la Carta Magna.
Tenemos un sistema de oposiciones muy exigente y objetivo, existe una carrera profesional, se dota al Poder Judicial de medios materiales y humanos que contribuyen a garantizar su independencia, se ha reforzado en esa última legislatura también, el marco normativo para asegurar esa independencia en decisiones de mayor o menor calado, pero siempre destinadas a ello. Y les voy a poner como ejemplo una de ellas, que ha sido la modificación del sistema de responsabilidad de los jueces, que han pasado a tener la misma responsabilidad que el resto de los funcionarios, es decir, que han tenido, han dejado de que la responsabilidad recaiga directamente sobre su patrimonio, con el fin de asegurar aún más su independencia.
Y es que la justicia, además, la componen todos los que trabajan para ella, los jueces, pero también los fiscales, los letrados de la Administración de Justica, los profesionales, como abogados, procuradores, graduados sociales, y lo son también otras administraciones públicas del Estado y de las comunidades autónomas responsables de la dotación de medios humanos y materiales.
Bien, pues en España todos estos actores que componen la justicia, han avanzado mucho en las últimas décadas para hacerla independiente, profesional y de calidad, cosa...
...han avanzado mucho en las últimas décadas para hacerla independiente, profesional y de calidad.
Cosa diferente, es verdad, es la percepción que a veces tiene la ciudadanía de la justicia y para evitar esa percepción se necesitan datos e información. Se tiene que seguir trabajando y en eso estoy con usted en la transparencia también en este sector y en un elemento que empieza a tener relevancia también en otros países como es la justicia abierta. Con ello conseguiremos acercar la justicia a los ciudadanos, hacerla más comprensible y accesible e implantar las nuevas tecnologías, como le decía antes, que permitan esa accesibilidad y esa prestación de cuentas a la sociedad, con el compromiso de todos los que forman parte del ámbito de la justicia.
Usted hablaba de la politización del sistema judicial, del Poder Judicial, ponía como ejemplo el Consejo General del Poder Judicial. Bien, pues aquí también debo decirle que hay que distinguir entre el poder judicial y el Consejo General del Poder Judicial, porque el poder judicial lo conforman los jueces, es decir, aparecen definidos en el artículo 117 de la Constitución y sin embargo el Consejo General del Poder Judicial no tiene labores jurisdiccionales, sus funciones están reguladas en el artículo 122 de la Constitución. Se encarga, como bien ha dicho, del Gobierno administrativo y político de la institución judicial y tiene asignado funciones en materias de nombramiento, ascenso, inspección y régimen disciplinario.
Pero creemos que es un error mezclar el modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial con la pureza de las resoluciones que dictan jueces y magistrados. Y nos vamos a referir al modo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que es verdad ha sido de las instituciones más reformadas desde la Constitución del 78. Y parece que su elección por el Parlamento le quita legitimidad o que la elección de otras personas por parte de un Parlamento le quita legitimidad.
Nosotros creemos que no, independientemente de que se pueda estudiar esa elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de entrada que sean elegidos por el Parlamento que es la máxima expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo español, no le quita legitimidad, sino que le da un mayor grado de legitimidad. Pero como le decía, eso no quita para que entre todas las fuerzas democráticas y por consenso, se decida mejorar el sistema y se busquen de nuevas fórmulas que den una mayor pluralidad y una mayor eficacia en el funcionamiento tanto del Consejo General del Poder Judicial como del resto.
Pues bien, he de decirle que en este sentido el Partido Popular llevaba en su programa promover un acuerdo con las fuerzas políticas y con todos los que se quisieran sumar a él, que garantizase aún más la independencia del Consejo General del Poder Judicial y reforzase su labor como órgano de Gobierno de los jueces.
Nosotros presentamos aquí una enmienda en la que instábamos precisamente al Gobierno de España a impulsar y a llevar al Parlamento una estrategia nacional de justicia, que para la elaboración de esa estrategia se constituyese una mesa en la que se diese participación y diálogo de todos los implicados del poder judicial, del Ministerio Fiscal, de los operadores jurídicos, es decir, profesionales, órganos colaboradores y órganos administrativos que prestan servicio, de las administraciones públicos así como de las distintas fuerzas políticas que representan a los ciudadanos. Que dicha mesa analizase el cumplimiento de la mencionada estrategia y realizara recomendaciones oportunas para el desarrollo de la misma.
Esta enmienda que yo presentaba hoy aquí, es la que llevábamos en nuestro programa electoral, programa que no solamente fue refrendado mayoritariamente el 20 de diciembre, sino que todavía ha sido más refrendado ahora el 26 de junio.
Es necesario un gran acuerdo, un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque asuntos de calado como este se tienen que hacer por consenso, pero no solo de las fuerzas políticas, también de las administraciones implicadas y de los profesionales de la justicia y como le decía, de todos los operadores jurídicos. Que entre todos desde el diálogo y el acuerdo, podamos articular ese proyecto de transformación que necesita la justicia española.
Por eso nosotros hemos firmado esa enmienda transaccional, porque es verdad que hay ámbito de mejora y es verdad que en un asunto como este que debe de ser un acuerdo de Estado, lo suyo es ir todos juntos de la mano y por consenso.
Nada más. Muchas gracias.