PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2018-12-20):
Gracias presidenta.
Bien, el Grupo Socialista es favorable a que este Parlamento valore la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción, y lo es por varias razones. Porque lo hacemos en consonancia con lo que está promoviendo el Partido Socialista al resto de España y de hecho esta propuesta recoge literalmente propuestas ya llevadas a cabo en otras comunidades.
Y lo hacemos en consonancia con las iniciativas que impulsamos desde el Gobierno de Euskadi, cuando tuvimos oportunidad de liderarlo, y que se han mantenido hasta la fecha, y que nos pusieron a la cabeza en materia de transparencia y que desembocaron en prácticas administrativas que se han mostrado efectivas para atajar prácticas que pudieran derivar en corrupción y favoritismo.
Y no nos parece que esto sea una cuestión menor, porque no es novedoso el impulso de una normativa exigente en materia de control de la actividad pública, menos todavía cuando se hace casi un calco de lo que han venido haciendo comunidades vecinas, en este caso de la de Navarra, como ya tuvimos ocasión de comentar antes de ayer en la Comisión de Educación, ante una representante del Parlamento de Navarra que nos explicó en detalle las características de la agencia navarra.
Nos parece pertinente en este debate un reconocimiento del camino que se abrió también en Euskadi, tasable y evaluable. Una evaluación sobre lo que ha funcionado y lo que no en otras comunidades, que no debe ser ajena al trabajo que tiene por delante esta ley que se nos plantea, y en la que quizás echemos en falta esa valoración previa.
Somos, por tanto, favorables a la tramitación de esta ley por sus intenciones, aunque en su definición nos parece que se aleja del proyecto más ambicioso que creo que ya estamos trabajando en la Ley de Transparencia.
Una ley que por cierto, quiero recordar, tiene descartada, tal y como propusimos nosotros, la creación de una agencia específica, que como es conocido en otras comunidades, no ha sido el instrumento más eficaz en lograr lo que aquí se nos propone.
Y no es una posición que tengamos ahora. Cuando en la anterior legislatura se nos planteó la creación de una agencia específica para la vigilancia de actividades administrativas, dijimos y así es como se está trabajando en la ponencia de la Ley de Transparencia, que era más interesante que esas funciones se incorporasen a la Agencia de Protección de Datos.
El debate que nos propone Bildu y al que accedemos, por supuesto, pasa por que hagamos una reflexión entre todos de si necesitamos un órgano fiscalizador para cada cosa o si es preferible que las funciones que aquí se nos plantean sean redistribuidas por razones de eficiencia y de eficacia entre entidades ya existentes con la misma labor, como el Tribunal de cuentas, el Ararteko, las diferentes comisiones de ética pública existentes en distintas instituciones y la propia Fiscalía.
El Grupo Socialista entiende por tanto, que la propuesta que hoy sigue su cauce se suma a la que ya habíamos impulsado otros grupos, desde la acción de Gobierno en el caso Socialista, así como desde la que hemos impulsado los grupos parlamentarios que apoyamos al Ejecutivo actual.
La tarea que tenemos ahora es de casar las diferentes iniciativas en un modelo que sea realmente eficaz, que es el objetivo fundamental entiendo de la iniciativa, eficaz para el fin que se dice perseguir.