MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-04-14):
Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días.
El Gobierno Vasco se niega o se resiste a aplicar la Ley de Vivienda. Y ante ello este Parlamento debe volver a recordar al Gobierno Vasco que tiene que aplicarla y respetar su espíritu, que tiene que respetar el espíritu de la Ley de Vivienda, más allá de los recursos de inconstitucionalidad, que merecerían un debate aparte.
Compartimos la justificación de la iniciativa del grupo Socialista y lo que se propone en ella, compartimos lo que se dice en la justificación. Creo que el grupo Socialista ha hecho un buen resumen de la situación actual y ha planteado argumentos contundentes para después defender lo que se defiende.
Ciertamente, como se dice en la justificación, la Ley de Vivienda reconoce el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, y establece que el cumplimiento de este derecho podrá ser reclamado ante el departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco.
Asimismo, la Ley dice que la satisfacción del derecho a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada podrá ser realizada por parte de las administraciones públicas con competencia para ello, mediante la puesta a disposición en régimen de alquiler de una vivienda protegida o de un alojamiento protegido, incluso de una vivienda libre, en caso de su disponibilidad, por causa de programas de intermediación u otros, con la renta o el canon que corresponda en cada caso y, en defecto de vivienda o alojamiento, y con carácter subsidiario esta satisfacción podrá efectuarse mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones económicas.
En la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley se establece el régimen jurídico provisional...
...mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones económicas.
En la Disposición Transitoria 4ª de la ley, se establece el régimen jurídica provisional para el establecimiento y aplicación gradual del derecho subjetivo, de modo que hasta tanto no se publiquen las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo 9 de la ley, tal como en ella se señala, se atenderá gradualmente en concreto, tres situaciones recogidas en el texto legal que todo ustedes conocen.
El Decreto 2/2010 de 12 de enero de la prestación complementaria de vivienda, señala que la constitución de esta prestación, en prestación de derecho, la convierte en pieza clave del sistema y es reflejo directo de un objetivo específico, a saber articular un sistema de prestaciones económicas de carácter complementario a la RGI.
La Ley de 23 de diciembre de 2008 para la Garantía de Ingresos y para Inclusión Social, ampara la prestación complementaria de vivienda, pero lo hace de forma transitoria, en tanto no se articulen en el marco de la política pública de vivienda, medidas análogas o de otra naturaleza.
Se cita también, en la justificación del Grupo Socialista, tanto la Disposición Adicional 2ª de le Ley de Vivienda, como la Ley de Presupuestos de 23 de diciembre de 2015. En la Ley de Presupuestos se señala que el régimen previsto para la prestación complementaria de vivienda en la Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, se mantendrá vigente hasta la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo 9 de la Ley de Vivienda.
Una vez en vigor las disposiciones reglamentarias, se dejarán de reconocer nuevas prestaciones complementarias de vivienda, por tanto, tal como señala la justificación, es obvio que la prestación complementaria de vivienda se configuró legalmente como un instrumento transitorio hasta contar con otro marco integral en políticas públicas de vivienda.
La Ley de Vivienda ofrece la opción de desarrollar los modos de ejercicio del derecho subjetivo de la vivienda. La Ley de Vivienda establece un régimen transitorio para determinar quienes pueden tener un derecho subjetivo a la vivienda de forma progresiva en tres años, siempre y cuando no se produzca la regulación reglamentaria que desarrolle el Capítulo XI de la misma sobre el derecho subjetivo.
Como se señala en la justificación, este estado transitoria a de tender a su desaparición a través de la asunción, por parte del Gobierno, de su responsabilidad en el desarrollo reglamentario que establezca tanto las condiciones y requisitos al derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, como del establecimiento con carácter subsidiario de un sistema de prestaciones económicas.
Y a partir de todos estos argumentos, las dos reivindicaciones del Grupo Socialista. Instar al Gobierno Vasco a asegurar que el desarrollo reglamentario de la Ley de Vivienda respete en su integridad el espíritu de la misma, e instar al Gobierno a garantizar que ni el cumplimiento de la Ley de Presupuestos de 2015, ni los desarrollos reglamentarios previstos en la Ley de Vivienda en cuanto al ejercicio del derecho subjetivo a una vivienda digna en su modalidad de prestación económica, supondrán ni en requisitos, ni en cuantías, ningún recorte sobre lo que en la actualidad está regulado para la prestación complementaria de vivienda.
Compartimos las reivindicaciones del Grupo Socialista y nosotros a través de nuestra enmienda de totalidad lo que hemos tratado de hacer es complementar esta iniciativa original del Grupo Socialista.
Tener un derecho subjetivo es ser titular de un derecho, es decir, el ciudadano tiene para sí un derecho y al ser este tal, significa que esta titularidad está reconocida por el Estado, entendido este como el conjunto de los poderes públicos.
La legitimidad para ejercer el derecho subjetivo se refiere al conjunto de condiciones que la norma objetiva exige a los sujetos que pretendan accionarlo, disfrutarlo. Es la propia disposición legal en su contexto con las demás del mismo ordenamiento jurídico, la que indica y condiciona los requisitos que debe reunir la persona para que por sí misma pueda tener la legitimidad que la Ley exige para ejercer válidamente su derecho, para disfrutar válidamente y efectivamente su derecho.
La Ley de Vivienda constituye un hito importante en la profundización de los derechos sociales. La consideración como derecho subjetivo del acceso a la ocupación de una vivienda digna y adecuada, contribuye a cerrar un círculo que, sin temor a equivocarnos, constituye un gran valor en cuanto a la protección social se refiere.
El derecho a la salud, a la educación, a una renta de garantía de ingresos y el derecho a la ocupación de una vivienda digna son, con toda seguridad, los pilares de una sociedad democráticamente avanzada.
Pues bien, estos derechos se deben ejercer bajo una proyección positiva desde todas las administraciones públicas, ya que son estas las garantes de estos servicios que son estratégicos en una sociedad moderna. No parece razonable que el mecanismo subsidiario para ejercer el derecho subjetivo de acceso a una vivienda se convierta en el mecanismo principal, ni menos aún hacer uso del desarrollo reglamentario de una ley para recortar en derechos sociales, que es lo que el Gobierno Vasco, sin ir más lejos, pretende.
Por todo ello, consideramos que el proyecto de decreto sobre el derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada, rompe con el anhelo de igualdad y de justicia que expresó este Parlamento a la hora de aprobar la Ley de Vivienda.
Basándonos en estas argumentaciones, nosotros presentamos una proposición no de ley urgente, que finalmente no fue admitida a trámite. La ley, en el artículo 9.2, refleja que la prestación económica es una medida subsidiaria, de aplicación únicamente en el caso de que no exista vivienda disponible para satisfacer este derecho subjetivo, y no la medida común por la que se resuelve la necesidad de vivienda, por lo que no parece razonable que se ejerza la opción de abonar ayudas económicas mientras el Departamento de Vivienda y otros poderes públicos tienen viviendas en propiedad. Para esto no hubiese sido necesaria una nueva regulación; hubiese bastado con la prestación complementaria de vivienda ya existente.
Por otro lado, no parece razonable realizar digamos una evolución negativa en el derecho al acceso a la vivienda. Mientras que hasta la fecha el periodo necesario de empadronamiento en un municipio de Euskadi para acceder a la RGI, condición necesaria para ser beneficiario de la prestación complementaria de la vivienda, es de tres años, en el citado proyecto de decreto se exige una antigüedad mínima de cuatro años de inscripción en el registro de solicitantes de vivienda protegida y alojamientos dotacionales.
De igual modo, este proyecto de decreto recoge en el artículo 7.1.c contar unos ingresos mínimos como requisito de acceso a la vivienda, requisito que no estaba recogido en la ley, y que contraviene en nuestra opinión el espíritu de la misma. El desarrollo reglamentario de una ley debe dar un impulso efectivo al propio espíritu de la ley. No se puede pretender hacer uso del desarrollo reglamentario justamente para lo contrario, para impedir la aplicación de la ley. No se puede hacer un uso torticero del contenido de la misma para recortar derechos y posicionarse nuevamente en contra de una ley que ha sido sencillamente el resultado de las demandas realizadas por la ciudadanía vasca.
Con todos estos argumentos, nosotros hemos presentado esta enmienda de totalidad que recoge cinco reivindicaciones. Proponemos instar al Gobierno Vasco a que en el plazo de tres meses, presente un estudio sobre el impacto de la Ley de Vivienda en la sociedad vasca.
Proponemos instar al Gobierno a que en el plazo de tres meses desarrolle un plan para que las viviendas propiedad del Gobierno Vasco, que en la actualidad se encuentran vacías, sean destinadas al alquiler social; que se dé prioridad a la ubicación de las familias beneficiarias de las viviendas propiedad del Gobierno Vasco frente a la asignación de una prestación económica; que establezca tres años como antigüedad mínima en la condición de demandante exclusivamente de alquiler en el registro correspondiente. Y finalmente, pedimos instar al Gobierno a que para ser inscritos en el registro de demandantes de vivienda de alquiler, en ningún caso los requisitos sobre la renta exigibles a los posibles beneficiarios del derecho subjetivo a una vivienda digna, puedan ser superiores a los señalados en la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, para la obtención de la RGI.
Con todos estos argumentos y con todas estas propuestas, efectivamente, haciendo un sumatorio de las propuestas planteadas por el Grupo Socialista y por UPyD, hemos llegado a esta transaccional que, como digo, recoge todas estas justas reivindicaciones.
Lo que queremos es que el Gobierno Vasco aplique la ley. Recuerde cuál es su espíritu, lo reconozca y lo aplique cuanto antes. Esto es básicamente lo que proponemos. Lo que el Gobierno Vasco no puede hacer es tratar de poner palos en la rueda...