CORCUERA LEUNDA (PSE-EE, 2013-05-30):
Gracias presidenta, consejeros, consejeras, señorías, buenos días.
La enmienda que hemos transaccionado con UPyD pretende, por un lado, avanzar en la laicidad del Estado y en la autofinanciación de la Iglesia Católica y del resto de confesiones religiosas a través del análisis y reforma de los acuerdos vigentes con las confesiones religiosas, modificando también la Ley de Haciendas locales y la Ley de Mecenazgo y Fundaciones que recogen determinados beneficios fiscales para las confesiones religiosas derivados de dichos acuerdos.
Situarnos en el tema de la financiación de la Iglesia Católica y de las confesiones religiosas desde un punto de vista objetivo, supone reconocer que la Iglesia Católica cuenta fundamentalmente con el acuerdo sobre asuntos económicos firmado son la Santa Sede en 1979. Por el cual, el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico con respeto absoluto al principio de libertad religiosa.
Según el acuerdo económico con la Santa Sede y las leyes vigentes, están exentos de pagar IBI, los edificios destinados al culto o a usos religiosos; los demás no. En el ámbito municipal se produce la exención del Impuesto de Construcciones e Instalaciones y Obras, los permisos de obras y las contribuciones especiales siendo estas últimas una cuestión bastante residual en el día de hoy.
Ahora bien, la realidad cierta, objetiva y comprobada por la denuncia de muchos ayuntamientos es que se viene realizando una aplicación extensiva del acuerdo con la Santa Sede de 1979 y de los acuerdos de cooperación de 1992, así como de las leyes que se amparan en los mismos, de forma que lo que está ocurriendo en muchos casos es que la Iglesia Católica y otras confesiones, pero fundamentalmente la Iglesia Católica que tampoco paga el IBI por un importantísimo patrimonio de inmuebles que posee –como aparcamientos, casas, tierras, almacenes, lonjas–, dándose incluso la circunstancia de que no es un patrimonio ocioso el que se posee, sino que por él la Iglesia Católica percibe rentas importantes, muy importantes.
De este modo, hoy ya son muchos los municipios en España que están solicitando a través de las múltiples iniciativas que están realizando, incluida la de recurrir a los tribunales de justicia, una aplicación rigurosa de la normativa vigente para que la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas paguen el IBI por aquellos inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto, solicitándose también la actualización del padrón de bienes e inmuebles.
Las confesiones religiosas minoritarias o menos arraigadas que la católica, amparan su financiación dinero público en los acuerdos de 1992 que la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica tienen con el Estado. Y así por acuerdos, convenios o disposiciones legales se financian actividades religiosas, educativas, culturales y de integración social. Y las demás confesiones religiosas, es decir, aquellas que figurando en el registro de entidades religiosas no tiene el acuerdo con el Estado, carecen de financiación pública.
A partir del año 2005, la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada por el Ministerio de Justicia, financia proyectos que contribuyen a una mejor integración social y cultural de las minorías religiosas de España, en tanto que éstas no alcanzan la autofinanciación completa, participando de dicha financiación las confesiones no católicas con acuerdo de cooperación con el Estado o con notorio arraigo, como son la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová, el Budismo y la Iglesia Ortodoxa.
Es decir, que a lo largo de 34 años, el compromiso económico entre el Estado y la Iglesia Católica se ha gestionado de diversas formas y ha experimentado modificaciones: Pasándose de una práctica de la dotación presupuestaria directa con cargo a los presupuestos del Estado durante 170 años al modelo actual de asignación tributaria, por el que el Gobierno entrega a la Iglesia el 0,7 % de la declaración de la renta de los contribuyentes que así lo especifican en su declaración.
Y si bien hoy la cuantía de la percepción que recibe la Iglesia Católica derivada de la detracción fiscal es variable y depende del número de ciudadanos y ciudadanas que eligen la opción de contribución a la financiación de la Iglesia Católica y de la propia cuota íntegra de su declaración en el IRPF, así como de la evolución de ambas variables en el tiempo, también es cierto que está absolutamente en entredicho la declaración que la propia Iglesia Católica hace en el acuerdo económico de la Santa Sede, que firmó con el Estado español en 1979, en su artículo 2.5 respecto a su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades.
Además de estos sistemas de financiación, en España tenemos la Ley de Mecenazgo, la Ley 49/2002, a la que se acogen organizaciones sin ánimo de lucro y las confesiones religiosas –la católica, la protestante, la judía y la musulmana– con el fin de obtener también beneficios fiscales.
Por todo ello, vistos los sistemas de financiación pública de las confesiones religiosas, a grandes rasgos el acuerdo de 1979, los acuerdos de cooperación de 1992, la Ley de Mecenazgo, la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Libertad religiosa de 1980, hoy más que nunca y en vista de la coyuntura económica presente, debemos lograr que los esfuerzos que todos estamos haciendo –ciudadanía, administraciones, empresas e instituciones– para luchar contra la crisis, también sean compartidos por las confesiones religiosas y especialmente por la Iglesia Católica al ser ésta la propietaria de la inmensa mayoría de los inmuebles que no están sujetos a IBI.
Y en este contexto de crisis y ante la grave situación económica que vivimos, con un día sí y día también padeciendo ajustes económicos y recortes sociales, y cuando los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano están haciendo frente a servicios públicos y a necesidades muy básicas de la ciudadanía, no parece ni razonable ni coherente que el Estado impida y limite la obtención de recursos económicos tan fundamentales para los ayuntamientos como es la recaudación del IBI y la recaudación de otros impuestos como el ICIO, que tienen una importancia clave en el peso recaudatorio de las ordenanzas fiscales que tienen los ayuntamientos.
Por eso, los socialistas hemos defendido y defendemos que la fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social de los poderes públicos. Es la manera más directa para que estos puedan ejercer la solidaridad contribuyendo a la cohesión social.
La regla básica de un sistema fiscal justo es que ciudadanía e instituciones contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica y, más aún especialmente, en la actual situación de crisis económica que está afectando a nuestro país y que cada vez sufren un mayor número de ciudadanos, las instituciones públicas deben contar con mayores recursos para poder atender a los que peor lo están pasando.
En este sentido, los ayuntamientos como esa administración cercana que son y que mejor conocen la realidad de la ciudadanía, son los que están en mejores condiciones de hacer ese trabajo indispensable de atención y asistencia para ese mantenimiento de la cohesión social.
Hoy, cuando está plenamente vigente el Real Decreto 20 de 30 de diciembre de 2011 de medidas urgentes en materia Presupuestaria Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, que es un real decreto que insta a las corporaciones locales a una subida del IBI cuya aplicación obliga a incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía e instituciones, parece de todo punto de vista lógico y coherente, promover la equidad en el tratamiento fiscal a todos y todas, incluidas las confesiones religiosas.
Y cuando se está tramitando el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local por el gobierno del Estado, basado en los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos locales como principios rectores que deben presidir las actuaciones de la Administración Pública, tanto la Iglesia Católica como el resto de confesiones religiosas, no pueden permanecer ajenas...
...rectores que deben presidir las actuaciones de la administración pública, tanto la Iglesia Católica como el resto de confesiones religiosas no pueden permanecer ajenas al esfuerzo que se está pidiendo a la ciudadanía y a las propias administraciones públicas.
La Iglesia Católica y el resto de confesiones religiosas manifiestan siempre su voluntad de autofinanciación, pero lo cierto es que los hechos no corroboran sus declaraciones. De ahí que solicitemos en esa enmienda transaccional el establecimiento de un calendario, con un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia Católica y del resto de confesiones religiosas, porque estamos convencidos que pueden y deben darse iniciativas que supongan un avance cierto y que estimulen la eficacia de la consecución de la autofinanciación de las confesiones religiosas, incluida la de la Iglesia Católica.
Y por último, instamos a la reforma de la Ley Hipotecaría, en lo relativo a la inmatriculación de inmuebles y terrenos que permitan a la Iglesia Católica inmatricular inmuebles y terrenos, emitiendo sus propios certificados de dominio en ausencia de título escrito, de forma que se permite a los obispos actuar como fedatarios públicos y poner a su nombre, sin dar cuentas a nadie, cualquier edificio cuya propiedad nunca haya estado registrada.
Las diócesis españolas se han hecho así con miles de inmuebles, miles de inmuebles y, por lo tanto, es más que probable que hoy esta enmienda transaccional no consiga la mayoría necesaria para salir adelante y ser aprobada, pero este debate no se va a agotar aquí, señorías, no se agota hoy, cuando está la justicia o al menos el principio de justicia en entredicho.
Muchísimas gracias.