SÉMPER PASCUAL (PP, 2014-06-12):
Mila esker presidente andrea. Eguerdi on guztioi. Señores consejeros, señorías.
Nos encontramos ante un debate ciertamente interesante, señor Maneiro. Estamos convencidos de que éste es uno de los retos, de los análisis, de las decisiones que va a haber que tomar en breve y que es un debate abierto y que no se va a cerrar hasta que no se resuelva.
Es cierto también que esta iniciativa que usted nos presenta ya ha sido sustanciada y debatida en el Congreso de los Diputados –no lo digo como algo negativo, lo digo para contextualizar–, esta iniciativa es un corte y pega de la moción que ustedes tuvieron oportunidad de presentar en el Congreso de los Diputados que fue debatida y, como usted sabe, también rechazada.
En un momento político y social como en el que nos encontramos –no hace falta que me extienda sobre ello–, hablar de supresión de privilegios tiene, entre otras cosas, además de lógica, una indudable aceptación ciudadana en términos generales y también política.
Por eso, es muy importante que diferenciemos, que hagamos un esfuerzo de sensatez para diferenciar la oportunidad, que es a la que me refería al principio de esta intervención, con el oportunismo. Para empezar, que expliquemos bien las cosas, que centremos el debate en sus justos términos, que en este caso no son sólo políticos, sino que tienen una profunda naturaleza jurídica.
Para eso hay que ser claros y también evitar la demagogia porque alguien podría tener interés en estos momentos oscuros en aportar más oscuridad en lugar de más claridad, o alguien podría tener interés en enmarañar el discurso, confundir a los ciudadanos en lugar de aportar rigor, seriedad, que es la que debería de ser inherente al ejercicio de la política bien entendida. Esto, todo sea dicho de paso, sin referirme –lo digo con absoluta honestidad– a nadie, a ninguno de lo que estamos sentados en esta Cámara.
En todo momento y bajo cualquier circunstancia, los que nos dedicamos al ejercicio de la política tenemos, entre otras también, la obligación de esto que se ha venido a definir como la ejemplaridad. En eso estamos todos: A veces acertamos, en otras ocasiones nos equivocamos. Somos políticos, pero a la vez somos seres humanos, aunque a veces no lo parezca y podemos cometer errores.
Pero es cierto que en este preciso momento en el que hay muchos ciudadanos que están reclamando que pasen cosas, que hay muchos ciudadanos que están sufriendo determinadas circunstancias muy complejas, somos los representantes políticos los que además de acertar con nuestras decisiones, también tenemos que ser ejemplares a la hora de abordar determinados debates e intentar ser rigurosos cuando se abordan.
Por eso, la democracia también es claridad: Claridad de conceptos, claridad de las reglas del juego, claridad de los propósitos, claridad de los compromisos, claridad de los cálculos y claridad también en los medios.
Por eso me gustaría comenzar dejando o compartiendo con ustedes algo que a mi juicio no admite duda. Estamos hablando de prerrogativas, no estamos hablando de privilegios. No estamos hablando de privilegios en la función representativa, que probablemente existan algunos privilegios o probablemente haya mucha gente que interprete algunas de las circunstancias que rodean el estatus de determinados políticos o funcionarios públicos. Pero sobre lo que estamos hablando ahora es sobre prerrogativas, que no tiene nada que ver con el concepto de privilegio.
Se ha hablado también aquí la dogmática procesal más moderna, en ningún caso considera el aforamiento –esto es un hecho objetivo–como un privilegio de carácter personal. No es un privilegio, no son privilegios de carácter personal, son considerados fundamentalmente especialidades funcionales, prerrogativas procesales. Eso es lo que realmente son, que tienen su naturaleza jurídica y, por lo tanto, también en este caso política, en el intento de garantizar, de preservar la independencia y el funcionamiento de la institución de la que forma parte el aforado, es decir, permitir el ejercicio pleno de sus funciones.
Ésa es la naturaleza jurídica, no sólo en España, sino en el hecho comparado. Se ha hablado de inviolabilidad, se ha hablado de inmunidad y se ha hablado de aforamiento, y se ha apuntado cuál es el contenido el jurídico de unas y de otras. Por lo tanto, no voy a abundar en ellos.
Pero sí me interesa, en este caso concreto, el aforamiento. La naturaleza es proteger la independencia del órgano y el ejercicio de las funciones constitucionales relevantes. Eso es el aforamiento, del que también contamos en esta Cámara.
Dicho de otra forma, se pretende proteger la independencia, el sosiego tanto del órgano legislativo, tanto de esta Cámara, como del jurisdiccional frente a posibles también injerencias o presiones que pudieran existir.
Dicho de otra manera poco rigurosa, probablemente, el aforamiento es de ida y vuelta. Protege a esta Cámara, pero también protege y pretenden preservar la independencia, fortalecer la independencia del juzgador.
Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional ha tenido múltiples ocasiones de pronunciarse y siempre que lo ha hecho, lo ha hecho en el sentido de rechazar el aforamiento como privilegio de los parlamentarios.
Hay innumerables sentencias del Tribunal Constitucional, pero una del año 1985 a mí me parece de las que he tenido oportunidad de conocer es quizás la más gráfica, porque dice expresamente que "el aforamiento no puede concebirse como un derecho personal del que goza el parlamentario en su condición de miembro de una cámara legislativa".
Y dice y me van a permitir que lo cite, porque creo que sí aporta algo a este debate: "Pretende proteger a los legítimos representantes del pueblo de acciones penales, con las que se pretenda coartar su libertad de opinión". Esto sería la inviolabilidad, porque hace mención expresa en la sentencia.
"Impedir indebida y fraudulentamente su participación en la formación de la voluntad de la cámara, poniéndonos al abrigo de querellas insidiosas o políticas, que, entre otras hipótesis, confunden a través de la utilización inadecuada de los procesos judiciales los planos de la responsabilidad política y la penal, cuya delimitación es uno de los mayores logros del Estado constitucional como forma de organización libre y plural de la vida colectiva".
Aquí lo enlazaría con la inmunidad o, "finalmente proteger la independencia del órgano y el ejercicio de las funciones del cargo constitucionalmente relevantes", refiriéndose expresamente al aforamiento.
Por lo tanto, no es en beneficio del aforado, es en beneficio de la institución y que muchas veces es una reducción de sus propios derechos, curiosamente y paradójicamente, porque el aforamiento lo que también es limita un derecho constitucional a un recurso, a una segunda instancia, en el caso concreto del Tribunal Supremo. Y esto es algo que no se suele decir y conviene también que lo digamos, y conviene también que se comparta, porque ayuda a tener un debate más objetivo, más certero y, por lo tanto, a intentar encontrar las mejores soluciones.
Y es verdad que en España no hay 10.000 aforados, hay muchos más, porque existe un aforamiento de naturaleza y de carácter político, pero esa excepcionalidad a la hora de remitir el tratamiento, el hecho procesal de determinados personalidades de carácter funcionarial o público, se da en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se da en los miembros de las Fuerzas Armadas, se ha hablado también de magistrados, de jueces, de fiscales. Es decir, el aforamiento presenta también varias caras y varias circunstancias.
En fin. Nosotros estamos dispuestos al debate. Creemos que es una figura que ha sido útil, que ha garantizado y que garantiza y que protege el libre ejercicio de la actividad política y que protege ese ejercicio, que no supone un privilegio, porque nadie está hablando de que a un político no se le juzgue, sino que se le juzgue en determinadas circunstancias y por un tribunal que, por su carácter colegiado, probablemente, tenga más capacidad de evadir presiones, de determinadas presiones.
Pero lo que quiero decir, señor Maneiro, son dos cosas. La primera de ellas es que estamos dispuestos a este debate, nos parece razonable que si determinadas circunstancias han cambiado, también se someta a reflexión estas figuras, pero creemos que hay que hacerlo con mucha delicadeza.
No delicadeza para dilatarlo en el tiempo, sino delicadeza para acertar, para no generar o abundar en una sensación –perdón por la redundancia– generalizada de que existe de que los políticos somos unos seres privilegiados sino que estas figuras, cuya naturaleza era como le digo preservar y garantizar el ejercicio más libre de la actividad política, sólo las modificaciones que se hagan, señor Maneiro, sólo contribuyen a seguir mejorándolo. No contribuirán a engordar determinadas leyendas, determinados mitos o a dar respuestas urgentes a reivindicaciones de enfado.
Y creo que si lo hacemos así y no a golpe de proposiciones no de ley que cierran –probablemente por la contundencia en la petición final–, cierran la posibilidad de debate y de reflexión, seguro que estaremos aportando algo muy interesante para fortalecer, para mejorar nuestro sistema...