GARCÍA LARRIMBE (EP, 2019-04-04):
Eskerrik asko, arratsalde on denoni. Eskerrik asko mahiburu andrea.
La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano en la práctica totalidad de los países democráticos por ser un elemento nuclear para el pleno desarrollo de la personalidad y para la existencia de una convivencia plural y libre.
Este derecho debe ser reconocido en igual de condiciones para el conjunto de las personas que conforman una sociedad, es así que la libertad de expresión ocupa un lugar eminente en los textos constitucionales de todos los países de nuestro entorno, también en los pactos y declaraciones internacionales que consagran los derechos humanos.
Entre otros así lo recogen el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así, como el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Las restricciones que conforman las fronteras de la libertad de expresión, deben ser muy medidas y justificadas, con sanciones proporcionadas y sin que ningún momento éstas restrinjan el debate público y la libre participación política de la ciudadanía.
Tal es así, que la Constitución Española establece límites en torno al derecho al honor, a la intimidad, la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia en el propio artículo 10.2. Y se emplaza en aras a la protección de la seguridad nacional de la salud o de la prevención de crímenes, entre otras.
En el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se indica que toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
La jurisprudencia constitucional indica además en nuestro, en el Estado español que en caso de conflicto ha de prevalecer la libertad de expresión sino se ejerce con la intención de insultar o herir, si lo expresado responde a un hecho veraz de interés público o de manera especial, si esta se ejerce desde un medio de comunicación.
Pese a esto, en los últimos años estamos asistiendo a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española y que va más allá de estos límites.
Cada día, son más y más los casos que se suman a la lista de vulneraciones del derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, el de Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, que ha tenido que ser exiliado por condena relacionadas con la libertad de expresión. Fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas, injurias al Rey y amenazas a Jorge Campos portavoz de Vox en Baleares.
Todo eso, por el contenido de las letras de sus canciones y antes de entrar en prisión, el rapero mallorquín decidió marcharse a Bélgica. Su defensa, asegura que en Europa se pueden garantizar sus derechos y así se ha demostrado, la justicia belga decidió este septiembre no extraditarlo al considerar que en su caso se enmarca dentro de la libertad de expresión.
También el rapero Pablo Rivadulla, más conocido como Pablo Hasél, fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años y un día de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y a las instituciones del Estado por mensajes en twitter y una canción colgada en YouTube a la condena de prisión se le sumaba una multa de 24.300 euros.
El colectivo de raperos La Insurgencia, fueron citados a declarar en la Audiencia Nacional ante la magistrada Carmen Lamela en noviembre del 2016, acusados de enaltecimiento de organizaciones terroristas como los Grapo. En diciembre de 2017 fueron condenados por este delito a dos años y un día. A causa de este día extra de condena el ingreso en prisión de sus 12 integrantes es obligatorio a pesar de no tener antecedentes.
Dos titiriteros fueron detenidos y enviados a prisión provisional sin fianza a principios de febrero de 2016, después de representar la obra "La Bruja y Don Cristóbal" durante el carnaval de Madrid. Estaban acusados  - como ya saben todos ustedes -  de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio por mostrar una pequeña pancarta dentro de su obra que decía "gora alka eta" un juego de palabras con "gora Al Qaeda".
Casandra Vera fue denunciada en el año 2016 por unos tuits bromeando sobre la muerte de Carrero Blanco. La denuncia la presentó la Guardia Civil cuando la chica cumplió 18 años, después de encontrar los tuits en una redada de la operación araña, pensada para perseguir el enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales.
El cantante Def con Dos, César Augusto Montaña Lehmann, fue condenado en el 2017 a un año de prisión y a seis años y medio de inhabilitación absoluta, por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas de ETA y de los GRAPO.
La misma operación policial que detuvo a Casandra y a Cesar Strawberry también actuó contra 74 tuiteros más por enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales entre 2014 y 2016. Algunos de los detenidos, eran menores de edad e incluso se llegó a imputar a dos jóvenes de 14 años.
Amnistía Internacional citó esta operación entre los casos de restricciones injustificadas de la libertad de información, expresión y reunión en su informe anual de 2016 y 2017.
Los directores de la revista satírica El Jueves tendrán que ir a juicio por un artículo en el que se bromeaba sobre la policía desplegada en Cataluña el 1 de octubre.
El cantante de La Polla Records, Evaristo Páramos, fue identificado y denunciado por la Guardia Civil después de un concierto en mayo de 2018 en Jerez de la Frontera.
Los agentes le denunciaron por haber insultado a la policía al acabar la actuación. Los insultos denunciados formaban parte de la letra de una jota que el cantante a menudo interpreta a capela al final de sus conciertos.
En aplicación de la Ley Mordaza, las faltas de respeto y de consideración dirigidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad se consideran faltas leves y están castigadas con multas que van de los 100 a los 600 euros.
Evaristo lleva más de 30 años sobre los escenarios sin haber vivido ningún incidente parecido.
Las obras de ARCO sobre los presos políticos catalanes fueron censuradas. La institución ferial de Madrid  - organismo público que acogía la muestra de arte -  exigió la retirada de una exposición sobre presos políticos en la España contemporánea de Santiago Sierra en febrero de 2018.
El libro Fariña estuvo más de tres meses secuestrado. La jueza, Alejandra Pontana, acordó en marzo de 2018 el secuestro cautelar del libro, obra en la cual el periodista Nacho Carretero profundizaba en la historia del narcotráfico gallego.
El joven Daniel Serrano de 24 años fue condenado en febrero de 2018, a pagar una multa de 480 euros como autor de un delito contra los sentimientos religiosos por publicar en Instagram un fotomontaje con su propia cara del Cristo de la Amargura, popular de la Semana Santa de Jaén.
Willy Toledo fue imputado por un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Abogados Cristianos. El motivo era un post publicado en el 2017 donde cargaba contra Dios y la Virgen del Pilar.
Tres mujeres serán juzgadas este año por participar en una performance escenificando una procesión con El Coño Insumiso como protagonista en mayo de 2014 en Sevilla. Fueron denunciadas por la Asociación de Abogados Cristianos por un delito contra los sentimientos religiosos y la Fiscalía pide para cada una de ellas una pena de 3.000 euros.
La causa fue archivada por una jueza en 2016 pero se reabrió un año después, por un recurso de la Asociación.
Casi dos años después de los hechos y un año después de que se confirmara la sanción por vía administrativa, este martes 2 de abril se celebró el juicio contra el periodista de Hala Bedi Mikel Sáenz de Buruaga, a quien la Ertzaintza y el Gobierno Vasco aplicaron la Ley de Seguridad Ciudadana por grabar una intervención policial en el barrio de Errekaleor aquí en Gasteiz en mayo de 2017.
Se trata del primer periodista sancionado con la Ley Mordaza por el Gobierno Vasco.
Y recientemente la discográfica El Dromedario Records se ha comprometido a retirar del mercado  - tal y como ha dicho el señor Urruzuno -  la canción Ovni de Josetxu Piperrak, fundador y vocalista del grupo Piperrak, en el acto de conciliación celebrado ante la demanda interpuesta por la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil al considerarla ofensiva e injuriosa hacia ese cuerpo.
Y todas estas situaciones se producen principalmente por dos vías: la senda administrativa a través de la Ley Orgánica 4/2015 del 30 de marzo de Protección y Seguridad Ciudadana  - la llamada Ley Mordaza -  como forma silenciosa y discreta de disuadir del ejercicio del derecho fundamental a la manifestación.
Esto se busca mediante multas de carácter administrativo que tal y como reflejan informes de organizaciones en defensa de los derechos humanos, han tenido un efecto desmovilizador en la ciudadanía. La gente, aun teniendo ganas de salir a la calle para protestar, ya no se moviliza tanto por miedo a la imposición de multas en aplicación de dicha Ley.
Y la segunda vía que amordaza y reprime la libertad de expresión, es el cauce penal. A través de la aplicación en determinados artículos del Código Penal, se criminalizan conductas como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar ciertas canciones de rap, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante una performance a modo de procesión reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad, criticar al rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de futbol en presencia de los reyes de España.
En esta última vía, es en la que se aplica el Código Penal, donde se han detectado varios problemas. Y es por ello que nosotras en nuestra enmienda planteábamos la modificación del Código Penal.
En unos casos se han utilizado tipos penales totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución Española e impropios de una democracia desarrollada.
Y en otras ocasiones, se ha aplicado un tipo penal nada definido como es el del enaltecimiento del terrorismo. Así como introducirse conceptos abiertos indeterminados en torno a los llamados delitos de odio.
Son notorias las identificaciones realizadas por la autoridad sobre personas que participaban en asambleas populares de carácter político o sindical o actos organizados por la sociedad civil.
Y cuyo objetivo era por una parte disuadir de la participación de la ciudadanía en la actividad política y social de nuestro país. Y por otro, establecer un control sobre los activistas que participaban de las muy diversas movilizaciones que han acompañado la vida de nuestro país en los últimos años.
Igualmente son conocidas determinadas actuaciones llevadas a cabo por diversas autoridades públicas con el objeto de...