BECERRA CAROLLO (EP, 2016-12-15):
...para defender una necesaria proposición no de ley relativa al comportamiento de las personas que ocupan altos cargos en las administraciones vascas en materia de transparencia, prevención de la corrupción y del fenómeno de las llamadas "puertas giratorias".
Mi presencia en esta Cámara, al igual que la del resto de integrantes de Elkarrekin, no es fruto de la casualidad. Hace 10 años hubiera sido impensable la irrupción de una coalición como la nuestra en la escena política vasca y menos aún hacerlo con la fuerza que las urnas nos dieron el pasado 25 de septiembre.
Lo que ha sucedo en estos 10 años es que la sociedad vasca ha cambiado su percepción de la política y de quiénes la ejercen. Y lo ha hecho a peor, desde luego. De alguna manera, una parte de esta sociedad ha dejado de creer en su clase política tradicional.
Podremos debatir si esa pérdida de confianza es justa o es injustificada, si es puntual o generalizada, si se debe al influjo nocivo del ambiente de corrupción sistémica que se vive en la política estatal o si a ello han podido ayudar los episodios de clientelismo y tráfico de influencias que también se han producido en Euskadi. Pero créanme, una parte importante de la sociedad vasca ya no pone la mano en el fuego por sus representantes políticos ni por las instituciones donde estos gobiernan.
Y acaso les parecerá extraño, pero a la gente de Elkarrekin también nos preocupa el alejamiento de la ciudadanía respecto de la democracia y las instituciones. Tanto como nos preocupa la posibilidad de que en esas instituciones haya cargos públicos que en ocasiones puedan actuar movidos por intereses particulares y no impulsados por la defensa del interés general. Y esta preocupación también está en la calle.
Es cierto que en materia de transparencia en 2014 Euskadi lideraba junto con Cataluña y Castilla y León el ranking de las comunidades autónomas del Estado elaborado por la Organización Transparencia Internacional. Pero no es menos cierto que, al igual que sucede en muchos otros ámbitos, compararnos con España no es un mérito, sino un consuelo. Porque en el ranking internacional de percepción de la corrupción España está muy pero que muy alejada de los países europeos más desarrollados y prósperos, como por otra parte, es lógico y esperable.
Porque además, la transparencia es un concepto tan abstracto como indefinido que no puede reducirse a la mera publicidad de los documentos administrativos como se ha tratado hasta ahora. Es preciso ir más allá.
Por eso, trabajar en favor de la transparencia desde las instituciones implica por coherencia política, hacerlo también contra los conflictos de intereses de las personas que ocupan los altos cargos y, en última instancia, contra su consecuencia más lacerante, ese trasvase entre política y empresa privada al que se ha denominado "las puertas giratorias".
El debate de las puertas giratorias no es tanto si deben existir o no, sino en qué situaciones son admisibles a la vista de las consecuencias de tipo ético, deontológico, y sobre todo a las consecuencias legales, que conllevan las decisiones adoptadas por los altos cargos involucrados.
Dilucidar esta cuestión exige 1) establecer un estricto sistema de incompatibilidades, 2) controlar la actividad de los lobbies y de los grupos de presión,  3) fiscalizar los posibles conflictos de intereses, 4) hacerlos públicos y 5) sancionar las situaciones anómalas.
Desde 2014 Euskadi ya dispone de una Ley reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, que apunta en el sentido que acabo de señalar pero que solo es de aplicación a los altos cargos de la Administración general vasca.
Por su parte, y en virtud de nuestro peculiar entramado jurídico, las tres administraciones forales también disponen de sus propios registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales, centrados en este caso en regular las obligaciones de sus propios altos cargos.
Y por último, tenemos las administraciones locales sujetas con carácter general a la legislación básica estatal de régimen local, sin perjuicio de los códigos de conducta que en su caso pudiera aprobar cada municipio.
Sin embargo, nuestro grupo considera que esta dispersión de registros de actividades e intereses, así como la existencia de diferentes órganos encargados de su custodia, es una situación que en ningún caso facilita la...
...nuestro grupo considera que esta dispersión de registros de actividades e intereses, así como la existencia de diferentes órganos encargados de su custodia, es una situación que en ningún caso facilita la adecuada fiscalización de la actividad de las personas que ocupan esos altos cargos.
Por eso, hoy y aquí, proponemos que se constituya una Agencia Vasca de Transparencia, tal y como se establecía en el Proyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco presentado en la pasada legislatura.
Creemos firmemente que una agencia autónoma y plenamente independiente del resto de poderes, es la pieza angular necesaria para revestir de credibilidad al fragmentado panorama normativo vasco en esta materia.
Con el debido soporte legal, debemos ser capaces de conferir a dicha agencia la competencia para coordinar los diferentes registros existentes en el país, asignarle la potestad de fiscalizar el contenido de las declaraciones que obren en dicho registros, residenciar en ella el régimen sancionador y establecer igualmente instrumentos legales que le permitan recabar del resto de administraciones la información que precise para el ejercicio de sus funciones.
Dar este paso es para Euskadi la diferencia entre aprobar raspado o avanzar hacia la excelencia.
Además, para Elkarrekin Podemos resulta de especial interés por lo que implica de avance novedoso en materia de transparencia en la gestión pública, nuestra propuesta de poner en marcha un registro público que permita visibilizar la labor de los lobbies en la política vasca, porque también los hay. En consecuencia, con el trabajo que se está realizando en el ámbito europeo.
Hasta aquí llegan los compromisos que en los últimos días hemos conseguido consensuar con la mayoría de los grupos políticos de este Parlamento y que les ha sido entregado recientemente.
Desde el día de nuestro estreno, en Elkarrekin Podemos dejamos clara nuestra apuesta por construir un país mejor, un país más democrático, un país más justo y más sostenible. Creemos que llegar a un pacto sobre la transparencia es un paso más en esta dirección e invitamos al conjunto de la Cámara a que lo apoye como tal.
Sin embargo, en nuestro grupo no nos conformamos con este avance, de modo que a lo largo de toda la legislatura seguiremos trabajando por mejorar el marco legalmente vigente en esta materia que aún dista mucho de ser todo lo ejemplar que desearíamos.
Así por ejemplo, el pasado 26 de noviembre entró en vigor el Decreto 156/2016, que desarrolla la Ley de Conflictos de Intereses del 2014. Este decreto llega con casi tres años de retraso y es de aplicación únicamente en el ámbito autonómico, pero en cualquier caso, bienvenido sea.
Ese decreto asigna al servicio de registro de personal de la Dirección de Función Pública del Gobierno Vasco las funciones de custodia y fiscalización de las declaraciones presentadas por los altos cargos.
Ahora bien, desde Elkarrekin consideramos necesario que el pronunciamiento sobre la compatibilidad o no de las actividades privadas de un alto cargo, se residencie en un ente independiente del poder ejecutivo que propició el nombramiento de ese alto cargo. Y ese ente debería ser la Agencia Vasca de Transparencia. Porque en materia de transparencia, en mayor medida incluso que en cualquier otro ámbito administrativo, la credibilidad lo es todo.
Por otra parte, la mencionada ley de 2014 establece que en lo referente a conflictos de intereses de las personas que ocupan cargos públicos, las obligaciones y cautelas se extiendan desde los dos años anteriores al nombramiento hasta los dos años siguientes al cese.
Sin embargo, en el decreto real recientemente aprobado, se cita la posibilidad de que un alto cargo a quien tras su cese se le haya resulto la incompatibilidad para el desarrollo de una actividad en el ámbito privado, pueda percibir una compensación económica por tal motivo durante un máximo de dos años.
Como pueden imaginar, nos resulta poco comprensible, por no decir inaceptable, que con dinero público la ley permita conceder una suerte de cesantía encubierta para sortear dicha prohibición legal, de modo que al término de ese plazo, la puerta giratoria se pueda abrir de par en par.
Esperamos y confiamos que este Gobierno pueda enmendar en breve esa cuestión en particular, en aras de avanzar hacia un marco legal consistente y sobre todo creíble.
En cualquier caso, desde Elkarrekin no somos partidarios de limitar de forma arbitraria la trayectoria profesional de ninguna persona que ocupe un alto cargo. Al contrario, preferimos fijar de ante mano con claridad, los límites que dicha persona deberá respetar a partir de su paso por la vida pública, no solo en los dos años siguientes al cese, sino más allá, para que pueda orientar su actividad laboral sin riesgo de contravenir el marco legal.
Por eso nos gustaría que también de cara al futuro, la ley establezca la obligatoriedad de que esas personas sigan informando a cerca de sus ocupaciones de carácter profesional durante los diez años siguientes al abandono del puesto que hayan ocupado.
Lamentamos, por último, la oportunidad perdida por la recientemente aprobada Ley de Instituciones Locales de Euskadi, para ampliar de forma expresa las exigencias de transparencia con las instituciones locales de este país.
Esa exigencia ética y legal en el ámbito municipal, resulta de especial importancia en un territorio como Euskadi. A lo largo y ancho del cual existen decenas de entes y sociedades públicas, que a pesar de gestionar recursos también públicos, se rigen por las reglas del derecho privado, lo que dificulta el necesario control de su actividad y permite prácticas nada proclives a la transparencia y al control ciudadano. De ahí la importancia de supervisar la conducta y de controlar de forma efectiva los conflictos de intereses de sus altos cargos.
En el fondo de todo este debate, subyace el hecho de que las personas que ocupan altos cargos, tienen además de una evidente responsabilidad legal, una responsabilidad política y pública innegable que hasta ahora muchas veces, sin embargo, ha sido ignorada. Asumir esta responsabilidad implica superar la creencia de que el cumplimiento de la legalidad exonera de cualquier otra obligación.
Cuando un responsable público incurre en conductas moralmente reprobables derivadas del ejercicio de su actividad, de ello se deben derivar consecuencia políticas y legales. Porque en última instancia, la dignidad misma de la institución está directamente vinculada con un cumplimiento íntegro, ejemplar, honesto y responsable de sus funciones por parte del alto cargo que la representa.
La corrupción, el clientelismo, el amiguismo y las puertas giratorias son comportamientos incompatibles con los fundamentos de la democracia. Y diría más, son de forma indirecta quienes quebrantan los derechos humanos básicos de las personas, en la medida en que socavan el interés general y dificultan el desarrollo económico del país.
Por eso para terminar, animo desde aquí a todas las fuerzas políticas presentes en esta Cámara, que apoyen esta proposición no de ley transaccional. Es preciso que nos dotemos de las reglas más robustas, creíbles y avanzadas en esta materia. Es el momento de dejar atrás el aprobado y de avanzar hacía la excelencia.
Muchas gracias. Mila esker.