ALDAITURRIAGA ZORROZUA (EAJ, 2015-06-18):
Eskerrik asko mahaiburu anderea.
Sobre el derecho subjetivo, señor Itxaso, decir que nuestro grupo está en contra es lisa y llanamente una mentira, lo mismo para la señora Beitialarrangoitia. Ahí están las 30.000 familias que a día de hoy reciben la prestación complementaria de vivienda. Y al respecto decir que el 40 % de las ayudas sociales de todo el Estado en la materia, se otorgan en Euskadi.
Han sacado ustedes a colación al derecho de la vivienda en relación con el derecho a la Educación, y al margen de la distinta ubicación en el texto constitucional y la importancia que eso tiene desde el punto de vista jurídico y político, y de los 20 años perdidos por el Partido Socialista para materializar el mismo, me parece que puede ser un ejercicio interesante de reflexión.
Reflexión sobre el derecho a la Educación que se define como un servicio público y que, a tenor de los resultados en Euskadi, podríamos calificarlo de satisfactorio.
Resulta que en Euskadi la Educación, comparando la vivienda con la educación, la educación obligatoria afecta a 200.000 niños y jóvenes, pero he aquí que en la red pública se haya el 50 % escasamente, el otro 50 % se halla en la red privada, de los cuales por cierto, la tercer parte en la red de ikastolas, es decir, un servicio público prestado por unas empresas privadas con importantes ayudas públicas.
Pues bien, según esa proposición de ley, va a resultar que no se van a destinar recursos públicos para las viviendas sociales promovidos por los particulares. Y nosotros decimos, si no se van a destinar recursos públicos para las viviendas que cogieron los particulares, ¿por qué se les obliga a que tres de cada cuatro viviendas sean de protección pública?
¿Qué opinión les merecería a ustedes que si el Departamento de Educación obligase a la Ikastola Olabide, por ejemplo, impartir clases si esta decisión decidiese cerrar por no ser rentables? Seguramente que coincidiríamos en la apreciación.
Por eso nuestro planteamiento consiste en crear las condiciones para que todas las personas puedan materializar su derecho a la vivienda, también para aquellas que no pueden materializarlo, como digo, porque no pueden acceder a las ayudas públicas, ya que sus ingresos superan los 39.000 euros, es decir, también para aquellas familias que no pueden acceder a una vivienda pública por superar el nivel de ingresos.
Y sobre el impacto presupuestario del derecho subjetivo, la sociedad nos exige que los impuestos que pagan los ciudadanos se administren con prioridad, que actuemos con rigor y seriedad en la gestión de los recursos públicos. También de facilitar la vivienda social a los más necesitados.
Por lo que se refiere a la problemática de los desahucios y la (...) temporal, nosotros ya hemos explicado en otra postura y el texto que nos proponen ustedes es un ejercicio de legislación para la galería, que sirve para hacerse propaganda, pero a la larga es una pérdida de tiempo de esfuerzos que terminan en frustración, como ya se ha dicho.
Los proponentes deben decir a asociaciones de antidesahucios que el Gobierno Vasco no puede aplicar la medida propuesta. Han incorporado un planteamiento sin la necesaria reflexión relativa a la incidencia de la aplicación de esta futura ley sobre la normativa procesal civil y la hipotecaria.
A nuestro juicio, el derecho subjetivo o el derecho de uso a la vivienda en la forma que aquí se reconoce no puede oponerse en un proceso de ejecución hipotecaria. Así que lo que se pretende es expropiar el derecho del adquiriente o el propietario, según proceda en cada caso, a la posesión de la vivienda, se debe oponer a una decisión judicial firme, lo cual está condenado de antemano al fracaso. Y esto se regula en una legislación civil que es indisponible para la Comunidad Autónoma.
Y estamos de acuerdo en que no tiene mucho sentido echar a la calle a la gente para que la vivienda quede vacía. Cierto es que proponer esta solución al problema de modo temporal aunque sea, pero entendemos que es un asunto que a pesar de su escasa incidencia en Euskadi debe resolverse en el seno del Congreso de los Diputados en Madrid, porque me pueden decir si no qué interés público subyace en expropiar la vivienda a un propietario debido a que el inquilino no le paga el alquiler al que se ha comprometido. ¿No es más razonable, como proponemos nosotros, ofrecer al inquilino una vivienda de alquiler social que expropiar al propietario?
Aunque esté mal decir que con las medidas que ustedes proponen no se resuelve el problema en Euskadi, nosotros preferimos no engañar a la gente.
Sobre la vivienda vacía, señora Beitialarrangoitia, decirle que en Euskadi es escasamente el 8 % del parque de viviendas, es la comunidad que tiene el índice más bajo. La media española es del 13 %, la navarra es del 11,5 %.
Y además hay que analizar la importancia de las viviendas respecto del territorio. Resulta que tiene una mayor incidencia la vivienda vacía en los municipios de menos de 2.500 habitantes, que es el 5.7 %. En los municipios de 4.000 a 10.000 es del 4 y en las capitales, en Gasteiz el 5 %, en Donostia el 3,3 y en Bilbo el 1,6 %, es decir hay menos vivienda vacía allí donde la demanda es mayor, por tanto, el problema de la vivienda, las viviendas vacías gestionables no resuelven el problema de la demanda, por tanto, es necesario construir más viviendas, señora Beitialarrangoitia.
Y además, el informe a nuestro juicio se queda alicorto, digamos, porque no analiza la posible modificación de las viviendas teniendo en cuenta otros aspectos que tiene mucha influencia, como son la calidad de las mismas, si son habitables o no, si cuentan con estándares de calidad aceptables y cuánta...
...teniendo en cuenta otros aspectos que tienen mucha influencia, como son la calidad de las mismas, si son habitables o no, si cuentan con estándares de calidad aceptables y cuántas de ellas tienen el certificado de eficiencia energética.
Aunque ya se apunta en este informe  - como digo -  que aproximadamente más del 40 % no dispone de gas por tubería o no dispone de calefacción. Por tanto, tenemos un problema serio en materia de rehabilitación, que insistimos, se ha pasado por encima y no se da una respuesta seria a este problema.
Y finalmente sobre el planteamiento de que todas las viviendas protegidas deben serlo en régimen de alquiler, supone  - como decía en mi primera intervención -  un mandato político lisa y llanamente contraproducente para ofrecer una solución al problema de la vivienda en Euskadi.
Así por ejemplo, en las nuevas urbanizaciones, ya hemos dicho, que se obliga a que tres de cada cuatro viviendas nuevas tengan el carácter de vivienda social, pero sin ningún tipo de ayuda pública como hemos visto cuando hemos hablado del derecho a la educación y además en régimen de alquiler. ¿Alguien se cree que va a haber propietarios particulares dispuestos a construir esas viviendas en régimen de alquiler a los precios que se aplican a las viviendas sociales?
Las respuestas las obtuvimos el otro día...