REYES MARTÍN (PSE-EE, 2014-10-02):
Eskerrik asko presidente andrea. Egun on guztioi.
Hoy aprobaremos definitivamente las conclusiones de la comisión de investigación sobre Hiriko y Epsilon y lo primero que quiero resaltar es que me parece muy importante que el Parlamento ponga blanco sobre negro las irregularidades o las ineficiencias o cualquier tipo de prejuicio que se pueda cometer con fondos públicos.
Por eso reitero hoy que los socialistas seremos intransigentes con cualquier forma de corrupción o de falta de transparencia de las administraciones públicas, provengan de donde y de quien provengan. Y en este caso concreto, de Epsilon e Hiriko la actuación del Grupo Socialista ha sido y es coherente con esta afirmación, porque si hay responsabilidades jurídicas sobre lo que abordamos, será porque el Gobierno Socialista lo puso en su día en manos de los jueces.
Y si se determinan responsabilidades políticas es fundamentalmente por dos razones: porque los socialistas nos negamos a bloquear la comisión de investigación y porque nuestro voto ha sido determinante para llegar a las conclusiones que hoy apoyamos.
Beraz, ondorio judizialak badaude, sozialisten ekimenari esker izango da, eta ondorio politikoak badaude, oposizioan gauden sozialisten ekimenagatik izango da.
Y la evidencia es que este impulso se ha concretado en varias actuaciones en que la pasada legislatura mi grupo impulsó aclaraciones en el Parlamento en 2011 con la petición de nueve comparencias junto a otros grupos y fue el Gobierno Socialista el que puso en manos de la fiscalía un informe sobre la cesión del rango hipotecario en el parque de Miñano, porque pensábamos y el tiempo nos ha dado la razón, que era una forma de ayudas que no debían hacerse. Y si hoy los tribunales analizan el alcance de la operación, es porque nosotros nuestro gobierno, el socialista, lo llevó allí.
Este caso de Miñano es una pieza clave del caso Epsilon y una muestra de lo que no debe hacer un gobierno responsable, porque seguimos sin saber qué motivo llevaron al Parque Tecnológico de Álava a ceder la prioridad de cobrar la hipoteca que Epsilon tenía con él y pasar esa prioridad a las cajas Vital y Kutxa. Es muy grave que el presidente de la red de parques tecnológicos conscientemente ceda la protección del dinero público.
Después, el Gobierno Socialista compró ese prestamo porque así se causaba menos daño a las arcas públicas que si se ejecutaba, a lo que obligaba lo que habían firmado los anteriores responsables. De esta forma se salvaron del desastre seis millones de euros.
Y ya en esta legislatura el Grupo Socialista ha solicitado las comparecencias de la consejera de Industria y del director que en los inicios del problema durante la octava legislatura gobernaban el departamento, así como la de la actual consejera de Desarrollo Económico a fin de que explicaran sus actuaciones. Para ello pedimos incluso habilitar el mes de enero como así se hizo.
Así que hoy debatimos un dictamen cuyas conclusiones muestran lo ocurrido con Epsilon e Hiriko. Vamos que lo ocurrido con Epsilon e Hiriko es reprobable porque unos empresarios privados han gestionado mal el dinero público.
Porque en el Gobierno Vasco en una época de bonanza económica se concedieron ayudas y subvenciones a estos dos proyectos, más desde el voluntarismo de construir un proyecto automovilístico que a partir de un análisis de riesgo riguroso. Lo que sin duda supuso una mala gestión de los fondos públicos.
Así que los socialistas respaldamos el dictamen en su integridad, porque entendemos que recoge los aspectos clave que se han planteado en los trabajos de la Comisión.
Por una parte se establecen con nitidez los errores cometidos con Epsilon: un proyecto empresarial sin base sólida, una apuesta arriesgada para los recursos públicos.
Porque sólo el dinero de la Administración y no el ínfimo capital privado para algo tan ambicioso hizo posible que ese proyecto fuese engordando hasta que estalló.
El dictamen también es claro al señalar que la cesión de rango hipotecario –a la que me he referido– en Miñano fue una operación absolutamente inédita sin base legal, que ha provocado un perjuicio añadido a las arcas públicas.
Y finalmente queda claro que hubo responsabilidades políticas. Las hay porque quienes tomaron la decisión de considerar estratégico el proyecto eran miembros de un consejo por designación política no técnica.
Como eran de designación política, los miembros del consejo de administración del Parque de Miñano que avalaron –al menos con su mayoría– con dinero de todos los vascos, los créditos pedidos por la administración único de Epsilon.
En cuanto a lo que toca Hiriko, compartimos con otros grupos que las conclusiones son limitadas, que faltan informes por concluir.
Pero sustancial de este proyecto también está en el documento que aprobamos, porque aclara en positivo que se concedieron ayudas a proyectos de desarrollo tecnológico mediante los procedimientos establecidos. Lo habituales.
Pero por el contrario que esos recursos fueron mal gestionados por la empresa que los recibió. Y no solo mal gestionados, sino que como concluye el dictamen es necesario analizar, valorar y calificar el complicado enjambre de operaciones que las empresas consorciadas y subcontratadas han tramado con fondos públicos.
Afortunadamente quien tiene los medios para indagar adecuadamente, la fiscalía, ya lo está haciendo. Creo que es el ámbito donde toca que estos asuntos continúen ahora, fuera ya de este Parlamento.
Aquí hay que preguntarse qué impulsó a unas personas sin experiencia ni conocimientos en el sector del automóvil ni en I+D a embarcarse en un negocio como Hiriko en el que no participaron además las empresas del sector de automovilístico vasco.
Qué verían o qué no verían esas empresas para no entrar. Y alguna que se acercó dejó el consorcio rápidamente por la mala gestión que se llevaba porque se pagaban sueldos elevadísimos y se pagaron trabajos no acabados. Y porque no se abordaron hasta el final los graves problemas de homologación del prototipo. Eso entre otros problemas que han aparecido a lo largo de la Comisión de Investigación.
En definitiva, se dilapidó el dinero público y podemos decir que Hiriko es el ejemplo de lo que no debe ser un proyecto empresarial.
A partir de una idea ilusionante se lanza un proyecto sin apoyos en el sector de la automoción –tan importante en Euskadi– en el que se quiere desarrollar, sin valorar adecuadamente, problemas de desarrollo tecnológico. Y sobre todo, sostener únicamente con financiación pública lo que no es admisible ni deseable en un proyecto privado.
En cuanto a Epsilon, ha sido un fracaso industrial llevado con una pésima gestión y con final en una sentencia judicial de concurso culpable para su administrador único.
El caso es que ahora estamos analizando lo ocurrido aquí y tratando de sacar enseñanzas para que no vuelva a ocurrir. Por eso el Grupo Socialista ha presentado tres aportaciones que no modifican en el dictamen en ningún caso. Únicamente pretenden ampliar o aclarar su contenido.
La primera aportación pretende que el Gobierno Vasco adopte las medidas necesarias para que las patentes obtenidas por Afypaida con dinero público, para los desarrollos tecnológicos del proyecto Hiriko se conserven como un activo de esa empresa. Así se impediría que las patentes pudieran pasar a manos privadas, porque esas patentes son parte de patrimonio con el que la empresa puede devolver lo que la administración le reclame.
Lamentablemente el Gobierno no ha actuado. Según la consejera porque no hacía falta, porque esas patentes han perdido valor al haber sido superadas por otras.
En realidad entendemos que la consejera está disimulando su falta de interés por intervenir porque valgan más o menos. Lo que habría que ver si valen más o menos. Esas patentes siguen siendo un patrimonio que no hay que ceder.
Y el Gobierno no actúa, pero ahora es el fiscal el que pide la documentación recibida por este Parlamento, porque ve indicios de que el asunto de las patentes pueda constituir un delito de alzamiento de bienes. Y esto ha ocurrido...
...recibida por este Parlamento, porque ve indicios de que el asunto de las patentes pueda constituir un delito de alzamiento de bienes y esto ha ocurrido en estos días, recientemente.
Con la segunda aportación que presentamos, queremos ampliar el control de los fondos públicos, porque el dictamen lo restringe a las asociaciones sin ánimo de lucro y nosotros proponemos ampliarlo, de forma que el Parlamento Vasco mejore el actual sistema de concesión de ayudas también en el ámbito industrial, especialmente en lo relativos a las ayudas y subvenciones a I+D+i, que además inciden de lleno en este caso.
Y en cuanto a la tercer aportación, es una aclaración técnica respecto a Hiriko, que entendemos necesaria porque en el dictamen se atribuye a la dirección de la SPRI una responsabilidad in vigilando, en relación a las ayudas concedidas para desarrollos tecnológicos al amparo de los programas Etorgai y Ekintzaile, pero resulta, y es un añadido, una aclaración, que esos dos programas no se corresponden exactamente con lo que dice el dictamen.
Con el programa Etorgai se conceden ayudas para financiar proyectos industriales de I+D+i, no actividades empresariales.
Además, el ex-consejero de Industria, señor Unda, ha explicado en este Parlamento que a Hiriko no se le aplicó ningún tratamiento favorable hasta el punto de que aunque la evaluación técnica para el programa Etorgai era conforme y obligaba por tanto a concedérsela, no se le otorgó por tres años como es habitual, sino que se le dio año a año y cada año se evaluó lo hecho antes de conceder la ayuda siguiente, cuya cuantía siempre se redujo, se ajustó respecto a lo solicitado.
Hubo, por lo tanto, un seguimiento estricto con medidas cautelares por la desconfianza sobre la marcha del proyecto empresarial, pero los desarrollos tecnológicos de I+D para los que se solicitaban las ayudas –no para un proyecto empresarial, repito– superaron la evaluación correspondiente y, por tanto, recibieron las ayudas que según la normativa les correspondía.
Al fin están claro que las ayudas fueron a los proyectos de investigación, que por eso algunas de esas ayudas se transformaron en patentes.
Ahora bien, está claro, dicho esto, que el sistema de concesión e ayudas debe mejorarse y por eso en algunas sesiones de este Parlamento se le ha pedido a la consejera de Desarrollo Económico y hoy lo proponemos aquí en nuestra segunda aportación.
En cuanto al otro programa que se cita, el programa Ekintzaile, es un programa de apoyo a emprendedores que tiene, por tanto, la vocación de apoyar nuevas ideas empresariales, aunque algunas de ellas luego no salgan adelante. Por eso las ayudas son modestas, un máximo de 30.000 euros de subvención.
Y antes de acabar, quiero aclarar que en la Comisión de investigación votamos en contra de todas las alegaciones de los distintos grupos, porque este dictamen recoge claramente lo que ha ocurrido y lo consideramos correcto la mayoría de los grupos.
Sobre todo, ha sido difícil llegar a él, porque ha tenido esta Comisión un tránsito tortuoso por interés de algunos grupos políticos de utilizarla mediáticamente, públicamente para obtener una relevancia política que más o antes que para buscar fundamentalmente la verdad de lo ocurrido.
Así que entrar en modificaciones sólo serviría para desvirtuar lo que para nosotros, para los socialistas es esencial, que es lo siguiente.
Por un lado, se hace un diagnóstico sobre las razones que han llevado a perder entre los dos proyectos cerca de 60 millones de euros públicos.
Se visualiza también que las personas que accedieron a las subvenciones se valieron de relaciones personales y de un impulso más de voluntad política que empresarial para obtener las ayudas públicas.
Se determina dónde se produjeron los errores, tanto en la concesión de ayudas como en la vigilancia de los proyectos.
Se concluye que quienes tomaron las decisiones o quienes no fueron diligentes en la vigilancia eran responsables políticos y se apunta en las recomendaciones que entiende este Parlamento para que estos fiascos no vuelvan a producirse, para que no se vuelvan a apoyar proyectos privados donde la administración solo corre riesgos y no establece medidas para recuperar los fondos públicos que se hayan gestionado mal.
Por eso votaremos en contra de todas las alegaciones, para preservar en su integridad el dictamen.
Y para terminar, les diré que Epsilon e Hiriko deben servir para afianzar la idea de que los proyectos en los que se invierte dinero público deben guiarse por el análisis riguroso de su viabilidad y por el gasto medido y controlado eficazmente, aún en épocas de abundancia presupuestaria.
Y por supuesto, los proyectos en los que se invierte dinero público tienen que tener visión de país, pero no ser visionarios. Porque la obsesión por crear símbolos que identifiquen la grandeza de un país suele conducir a desastres, como en este caso, en el que la pretensión de que Euskadi apareciera como una potencia automovilística, con un coche de competición, un circuito de competición y un coche eléctrico condujo el despilfarro del dinero público.
Por eso, yo creo que la pregunta que debieran haberse hecho los responsables del Gobierno Vasco en su momento es, ¿Si hubiera sido su dinero personal, lo hubieran invertido igual que invirtieron lo que es de todos? Porque la respuesta a esta pregunta se contiene probablemente la base del código de actuación de un buen responsable público.
Y para no eludir finalmente un emplazamiento que ha hecho el señor Maneiro, respecto al Gobierno del Estado, concretamente a la actuación del señor Zapatero, quiero decir que, como apunté en la Comisión, que las subvenciones que han venido del Gobierno de Madrid por distintos motivos, unas eran para desarrollos tecnológicos y otros para desarrollo del coche eléctrico específicamente, se hicieron en el marco, se concedieron en el marco de una negociación presupuestaria como hay en todos los gobiernos del mundo, legítima, en la cual los grupos aportan sus ideas o sus sugerencias, para enriquecer el presupuesto.
Eso es legítimo y normal en el desarrollo de colaboración de grupos en la elaboración de los presupuestos.
En el caso de Epsilon, se dieron las ayudas en un momento, en el que el desarrollo de I+D en toda España dedicaba, o el Gobierno de la nación, dedicaba miles de millones a ese desarrollo, ayudas de ese tipo en toda España, lo que se conoció como el parquetazo, que fue un impulso a la I+D en todo el Estado.
Y en el caso de Hiriko, era una coyuntura en la que también el Gobierno de España, en resoluciones del Parlamento de España apuntaban al desarrollo del coche eléctrico. Es decir, el contexto era el que correspondía a las ayudas que se solicitaban.
Lo que entendemos que no se hizo bien y creemos que es así, es que esos proyectos, aún estando incardinados en las ayudas que se daban en el momento, como programa político de desarrollo de la industria y de la I+D en todo el Estado, parece que no fueron analizados con la diligencia y la profundidad que se debería.
Y esa responsabilidad política que tuvo el Gobierno del señor Zapatero la han sancionado las urnas y nosotros entendemos que eso no debe hacerse así.
En cualquier caso, para el análisis de este asunto consideramos que lo lógico es las preguntas en el Congreso de los Diputados. Pero estamos dispuestos a ver cualquier cosa.
Muchas gracias.