MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2013-10-03):
Gracias presidenta. Buenos días a todos. Señor lehendakari.
El grupo Socialistas Vascos nos propone la supresión del artículo 8 de la Ley 1/2000 de 29 de junio de Modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi, por el que se adicionaba un nuevo número 5 al artículo 57 de la Ley del año 1993.
Podemos repasar la historia y cómo hemos llegado al día de hoy, cómo hemos llegado a este planteamiento del Grupo Socialista y a esta reivindicación que nosotros apoyamos, como ya lo hemos hecho por cierto en otras ocasiones, porque no es la primera vez que este punto en concreto se plantea y se debate en esta Cámara.
Con fecha 29 de junio de 2000 el Gobierno de Ibarretxe modifica la Ley de Cooperativas de Euskadi con el objetivo principal de que las cooperativas se financiaran a través de las aportaciones financieras subordinadas. Este producto financiero, además de formar parte del capital social de la cooperativa, podía garantizar el carácter de recurso propio en base a las normas internacionales de contabilidad, siempre que no se otorgara un derecho de rescate anticipado a sus titulares.
Como se dice en la justificación de la iniciativa, tras la reforma de la Ley de Cooperativas de Euskadi, se ha utilizado este instrumento para capitalizar las cooperativas.
En fin. ¿Qué son las aportaciones financieras subordinadas? Ciertamente a día de hoy todos sabemos ya qué son y qué implica este producto financiero. No son participación social, sino títulos de deuda perpetua y subordinada. Su duración es perpetua. Y se llaman subordinadas porque a efectos de prelación de crédito se sitúan detrás de los acreedores comunes o por créditos ordinarios.
Hemos debatido en bastantes ocasiones el asunto de las aportaciones financieras subordinadas en este Parlamento. UPyD fue el primer grupo que trajo este asunto a debate. Hemos sido coherentes con otras actuaciones en otros ámbitos, ahí están la querella Bankia o la querella de las preferentes presentadas por UPyD. Se trata en definitiva, de defender la justicia y la regeneración de la democracia frente a los abusos y la impunidad.
El 18 de enero de este mismo año presentamos una iniciativa parlamentaria, básicamente para denunciar los hechos y para pedir el reembolso inmediato del 100 % del capital invertido a aquellos consumidores con un perfil conservador. Es decir, el reembolso inmediato del 100 % del capital invertido a aquellos consumidores sin experiencia inversora previa, sin cultura financiera y sin formación suficiente.
Aquella iniciativa, debatida el día 28 de febrero, fue finalmente rechazada por el Partido Nacionalista Vasco y por EH Bildu, quienes consiguieron aprobar una transaccional firmada entre ambos grupos que...
...Fue finalmente rechazada por el Partido Nacionalista Vasco y por EH Bildu, quienes consiguieron aprobar una transaccional firmada entre ambos grupos, que ni siquiera citaba a los responsables de este fraude y que supuso un mazazo para los afectados.
Aquel pleno fue una decepción para muchos ciudadanos vascos, víctimas de la comercialización fraudulenta de las aportaciones financieras subordinadas. Sin embargo, a partir de unas declaraciones de la exdirectora de Kontsumobide –señora Greaves– y como consecuencia de que los afectados no cejaron en su denuncia pública de los hechos, el asunto volvió a este Parlamento en varias ocasiones, a través de varias mociones de distintos grupos y distintas comparecencias.
Hoy siguen siendo miles los ciudadanos estafados, abocados a graves problemas económicos y a sufrir situaciones personales y familiares desoladoras.
Se trata de solucionar sus problemas, pero también se trata de que hechos parecidos no vuelvan a suceder.
Este producto financiero es un producto distinto a las preferentes, ciertamente, se trata de un producto financiero de alto riesgo, de duración perpetua y cuya liquidez –más bien escasa o nula– depende del mercado.
El problema fundamental es que toda la información de la que ahora disponemos sobre las características de este producto financiero no la tuvieron los consumidores estafados. Éstos padecieron ausencia de información o información parcialmente contada o información manipulada. Se trata, por tanto, de un producto legal a día de hoy, pero comercializado de manera fraudulenta, colocado a personas con las que existía un alto grado de confianza. Y obviamente ahí está la estafa y ahí está el fraude, la comercialización y efectivamente el contexto en el que se puede producir esa estafa y esa comercialización. Y el propio producto, cuyas características facilitan el engaño y el fraude.
El problema es que haya habido entidades financieras que nos hayan trasmitido a nosotros más información sobre este tipo de productos que a sus clientes, únicamente para tratar de salvar sus responsabilidades.
El problema es que muchísimos de ellos, miles, la mayoría de ellos ahorradores, nunca inversores, fueron engañados y estafados. No se les informó adecuadamente de que se encontraban ante un producto de alto riesgo, con escasa o nula liquidez, y perpetua.
Según los testimonios con los que contamos, fue iniciativa evidentemente de las entidades financieras que estos productos se colocaron. Inicialmente ni siquiera se conocían, por lo que es impensable que se produjera una marea de solicitudes motu proprio por un producto que era desconocido. Fueron los clientes quienes fueron asesorados y convencidos de que este producto les interesaba y les convenía, recibiendo a continuación una información sesgada, incompleta o manipulada, una información insuficiente, tendenciosa o engañosa.
Creo que hoy ya nadie duda de estos hechos.
En fin, estamos hablando de miles de ciudadanos afectados, ciudadanos que merecen una solución justa y estamos hablando, de nuestra opinión, de responsables que llevaron a cabo actuaciones muy poco honestas, muy poco profesionales y muy engañosas.
Durante todo este tiempo hemos venido denunciando la estafa, el engaño masivo y el fraude, es decir, nos hemos ceñido a contar los hechos y a exigir al Gobierno Vasco, aunque no sólo al Gobierno Vasco, que haga todo lo que esté en su mano para atender a los ciudadanos estafados y que, efectivamente, estos hechos no vuelvan a ocurrir en el futuro.
Hemos mostrado durante todo este tiempo distintos grupos nuestro más profundo rechazo a la realización de prácticas contractuales abusivas y hemos repudiado todas las prácticas económicas y financieras desplegadas para realizarlas, basadas en conseguir la confianza de los ciudadanos más vulnerables, incluida la comercialización engañosa y fraudulenta de determinados productos financieros.
En nuestra opinión, las entidades emisoras y las entidades bancarias colocadores deberían adoptar todas las medidas necesarias para que se proceda a rembolsar de forma inmediata el 100 % del capital invertido, por un lado, a aquellos afectados y afectadas con un perfil de riesgo conservador, que así lo deseen y a todos aquellos consumidores a quienes se les trasladó una información insuficiente, tendenciosa, incompleta o engañosa. Entendemos que sería lo más justo.
Ahora, el grupo Socialistas Vascos, como en otras ocasiones nos ha planteado, nos plantea nuevamente esta modificación legal que nosotros vamos a apoyar, con el objetivo, tal como se dice en la justificación, de que los abusos que se han constatado en la emisión y comercialización de las mismas no se vuelvan a producir nunca más.
Nosotros estamos de acuerdo con este planteamiento y por eso votaremos a favor de tomar en consideración esta iniciativa. El Gobierno Vasco ha manifestado su criterio desfavorable, aduciendo una serie de razones. Puestos en una balanza, preferimos los argumentos planteados por el Grupo Socialista. Se trata de que los abusos constatados no puedan volver a producirse.
El Gobierno Vasco viene a decirnos ahora que el problema no es el producto sino el modo en que se comercializó. En nuestra opinión, el problema es el modo en que se comercializó, pero también el producto y el contexto en el que la comercialización de este producto se hace posible.
El Gobierno Vasco destaca que la comercialización del mismo se produce bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el mismo organismo que UPyD considera autor de la estafa de las preferentes en calidad de cooperador necesario junto con el Banco de España.
En fin, es el problema de vivir en un país donde se emiten preferentes y aportaciones financieras subordinadas sin otro objetivo que estafar a la gente. Es el problema de vivir en un país donde los órganos de supervisión están colonizados por los partidos políticos y no funcionan. Y es el problema de vivir en un país donde la justicia depende de los partidos políticos y de sus intereses partidarios.
En esta situación y en este contexto, lo mejor que podemos hacer es suprimir cuanto antes esta figura, ya digo, porque el contexto favorece la comercialización fraudulenta. Favorece y, como hemos visto, permite y, por lo tanto, en esta situación lo más razonable es modificar la ley y suprimir esta posibilidad, suprimir la posibilidad de que existan las aportaciones financieras subordinadas.
Por tanto, en nuestra opinión, el problema es el producto, el problema es la comercialización del producto, el problema son los órganos supervisores que no funcionan en España, y el problema es la legalidad vigente y en concreto esta ley.
Todo ello ha hecho posible esta estafa, todo ello, todo este contexto es lo que ha posibilitado que haya habido una estafa masiva y un engaño. Ya digo, el producto, la forma de comercializar este producto, los órganos supervisores que no funcionan en España y la legalidad vigente. Todo esto forma un contexto en el que se permite la comercialización fraudulenta de las aportaciones financieras subordinadas.
Y por lo tanto, apoyamos la modificación legal que se nos propone, por eso votamos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Socialista. Debemos asegurarnos que no haya futuro estafados, víctimas de futuras estafas y, por esto digo, votamos a favor de la toma en consideración.
Gracias.