DAMBORENEA BASTERRECHEA (PP, 2014-06-05):
Muchas gracias señora presidenta.
Yo cuando vi esta proposición la verdad es que pensé que todos nos equivocamos como me he equivocado yo antes a la hora de votar, por lo tanto, tampoco le di demasiada importancia. Pero visto el debate, yo creo que sí hay que hacer algunas matizaciones y algunas precisiones.
Primero. Si como se nos ha explicado por la proponente el Tribunal no ha aceptado la suspensión que pedía la Autoridad Vasca de la Competencia, no hay ningún motivo que impida a la normativa aplicarse, por lo tanto, no hay ninguna urgencia, ni siquiera hay por qué retirar el recurso, sobre todo, si algunos piensan, que vamos, que tienen todas las de ganar, porque es muy legal el planteamiento que se ha hecho desde las Juntas de Gipuzkoa.
Nosotros entendemos –y me voy a pronunciar en cuanto al fondo, porque lo más lamentable no es el fondo de lo que se propone, lo más lamentable probablemente sea la forma de la proposición que estamos discutiendo hoy aquí–. Es evidente, que la Unión Europea y la legislación española permiten cláusulas sociales desde hace ya muchos años en los contratos de las administraciones públicas. Una cosa son cláusulas sociales y otras requisitos laborales. Que parece que es algo que aquí algunos confunden.
Y al Partido Socialista yo le tengo que decir una cosa. Es decir, yo no sé por qué plantean ustedes, que el mejor convenio colectivo del mundo y el que tienen que aplicarse a todas las empresas es el de la construcción de Gipuzkoa. Y si alguien respeta tanto los convenios colectivos y su vigencia, por qué no se pueden aplicar o por qué no pueden regir otros convenios colectivos vigentes que afectan a empresas.
¿Por qué hay que incumplir las leyes? O sea, no puedo entender el planteamiento que se nos ha hecho desde la tribuna por parte del Partido Socialista.
Y yo sí tengo que decir una cosa, es decir, el recurso que se ha planteado, que hay varios, por distintos motivos. Unos por vulnerar la competencia. Pero por vulnerar la competencia, ¿por qué? Oiga, porque qué pasa, que las empresas vizcaínas como están sujetos al convenio vizcaíno, ¿no pueden licitar en Gipuzkoa? ¿O las alavesas no pueden licitar en Gipuzkoa, porque están sujetas a otro convenio? O el resto de empresas españolas, o el resto de europeas.
Pero incluso las empresas guipuzcoanas, que están sujetos a otro convenio distinto del de la construcción de Gipuzkoa, ¿tampoco pueden licitar en Gipuzkoa, porque se pone como requisito previo?
Más que salvaguarda de derechos sociales, lo que parece es que es un articulo preparado ad hoc, para que determinadas empresas guipuzcoanas, sólo algunas, puedan adjudicarse las obras públicas en Gipuzkoa. Y eso evidentemente contraviene toda la normativa europea y por supuesto, toda la normativa española.
Y por lo tanto nosotros en el fondo, estamos en desacuerdo. Y estamos en desacuerdo porque este es un tema que nosotros trajimos aquí ya la legislatura pasada. Que nosotros ya se lo planteamos al gobierno socialista, que en fin, pues tampoco encontró la fórmula más adecuada para plasmarlo en las condiciones de los contratos o de la contratación del Gobierno Vasco, y que parece que al señor Itxaso tampoco le gusta cómo lo hacía su propio gobierno. Pero es que éste es un tema que viene de antes y que ya lo trajimos nosotros.
Y tampoco soluciona el problema de la subcontratación, que es el problema. Porque si estamos hablando de verdad de lo que estamos planteando y lo que queremos, pues puede venir una empresa de donde sea, y decir, yo voy a cumplir este convenio, nos sometemos al convenio de Gizpukoa. Luego subcontrato con el resto de empresas que aplican los convenios que tienen en su país europeo, y se acabó la historia y se acabó la broma.
Por lo tanto, si el problema de fondo era ese, tampoco se soluciona con eso. Porque no se soluciona. ¿Qué se hace? Impedir que empresas guipuzcoanas, alavesas, vizcaínas y del resto de Europa, y españolas, no puedan acudir a una licitación en Gipuzkoa. Y eso es ilegal. Pero lo peor de todo como decía, no es eso, no es que se plantee eso, que puede ser hasta un error bien intencionado.
Lo peor es que en un sistema democrático, cuando se crean organismos de control, organismos que teóricamente son independientes, organismos que están para vigilar que los cargos públicos cumplan también las leyes, que los propios cargos públicos se han dado. Vengamos aquí a asistir a cómo desde este Parlamento, se le quiere decir a un organismo independiente creado para eso, que su función y obligación legal es acudir a los tribunales cuando piensa que alguna administración está incumpliendo la normativa, a que vengamos aquí a decir que tiene que hacer lo que se le dice desde los órganos políticos, o si no habría que hacerlo desparecer.
Porque ese es el planteamiento que se está haciendo, que por cierto es lo más antidemocrático que hemos oído desde hace mucho tiempo, incluido en el punto anterior de este pleno. Porque es evidente que porque este Parlamento lo acordó –yo, si no creo recordar mal por unanimidad prácticamente–, se creó como organismo autónomo orgánica y funcionalmente.
Y dentro de sus funciones es sancionar a los privados e impugnar ante los tribunales a las administraciones públicas, tal y como especifica el artículo 3.4 de la propia Ley de este Parlamento.
Y por lo tanto nos parece inconcebible... Bueno inconcebible no, viniendo de quien viene no me parece nada inconcebible, pero desde luego democráticamente poco saludable que se nos venga a decir que a los órganos de control lo que hay que hacer es o suprimirlos o que hagan lo que se les dice desde esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.