LLANOS GÓMEZ (PP, 2018-04-19):
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos.
La verdad es que lo primero que tengo que decir en esta intervención, hablando sobre derechos humanos en el puerto de Bilbao, es que no sé si estoy legitimada, si este grupo está legitimado, para hablar de derechos humanos, después de los insultos que hemos recibido esta mañana, que no voy a decir por quién, porque si no es capaz de pedir la palabra, por alusiones, e incluso igual se la dan, e intervienen de manera extraordinaria.
Pero, no lo estoy yo y a lo mejor no lo está nadie de mi grupo ¿verdad? Pero bueno, como somos un grupo elegido por los ciudadanos vascos, que son los que nos han votado y los que sí creen que este grupo está implicado en la defensa de los derechos humanos, pues vamos a intervenir en este punto y hablar de este tema.
Efectivamente y como se ha dicho aquí en las inmediaciones del puerto de Bilbao, en terrenos de titularidad municipal de las localidades de Zierbena y Santurce existen asentamientos de extranjeros que penetran en el mismo, con la intención de abordar como polizones, alguno de los buques que tienen por destino Gran Bretaña, especialmente el ferry Bilbao-Portsmouth.
Aunque es verdad que hay de otras nacionalidades, el 95 % de estas personas tienen nacionalidad albanesa y son hombres entre 16 y 35 años, sin que se perciba presencia de mujeres, ancianos o niños.
Con relación a problemas de exclusión social que aquí se ha hecho referencia y también, por parte de la portavoz del Partido Socialista se ha dicho, no parece que estos problemas vayan a existir porque el objetivo no es asentarse en España y en Euskadi, y conseguir una protección social, sino que su objetivo es que transcurra el tiempo, hasta que puedan abordar un buque con dirección a Gran Bretaña.
Se ha dicho aquí, se dijo, cuando se trató este punto en un pleno anterior, se han realizado gestiones interinstitucionales. Se está trabajando conjuntamente entre el Gobierno Vasco, con los ayuntamientos, con las diputaciones, con los operadores privados que gestionan esta cuestión y se están buscando alternativas, para que las condiciones de vida sean adecuadas y para la protección integral de esas personas y sus derechos humanos.
Se está intentando ofrecer, como digo, a través de esa coordinación interinstitucional, condiciones dignas, atención personal y todo ello, desde una perspectiva de atención integral.
Pero esta situación no es nueva, esta situación se viene dando ya desde el año 2014, en el segundo trimestre del año 2014 se viene detectando esta incursión irregular de ciudadanos, fundamentalmente como digo albaneses, en el puerto de Bilbao con la intención de pasar al Reino Unido sin los requisitos necesarios en vigor.
A raíz de esta problemática social, ya en mayo del año 2014 se mantuvo una reunión entre la autoridad portuaria de Bilbao, que gestiona dicho recinto portuario y distintos actores de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza que operan en el puerto, con el fin de solucionar estos hechos que ponen, no olvidemos, en peligro manifiesto la integridad física e incluso la vida de estas personas que intentan acceder y viajar de forma indebida.
Realizando esa estrategia compartida de trabajo, en noviembre de 2014 se produjo una reunión entre las autoridades de inmigración de Reino Unido, el director adjunto de la compañía (...) Brittany, y los actores de seguridad antes mencionados, donde se trató distintos aspectos.
Este mismo asunto es abordado en los respectivos periódicos comités consultivos y operativos, en los que participa la autoridad portuaria y otros actores con distintos cometidos en el puerto.
Y en dichos comités, es donde se acuerda las medidas que se consideran oportunas para cada una de las situaciones derivadas de este fenómeno.
Y decir que se ha convocado de manera extraordinaria dos comités consultivos monográficos.
Como se ha dicho aquí con arreglo a nuestro ordenamiento jurídico constitucional, distintas competencias confluyen en el puerto. Los puertos según nuestra Constitución son competencia estatal y la seguridad pública es competencia de la Comunidad Autónoma vasca de la Ertzaintza.
Por lo tanto, como se ha dicho aquí, yo también lo he dicho anteriormente, existen diferentes actores que interactúan en el puerto de Bilbao realizando esa labor diaria bajo las distintas competencias que tienen asignadas.
Se habla aquí de la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pues bien, con relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen encomendado en el control de entradas y salidas del territorio nacional por el puerto de Bilbao y la aplicación de la normativa sobre extranjería, estas funciones están realizadas por funcionarios policiales especializados y con amplia experiencia en materia de extranjería, que se desplazan para establecer el puesto fronterizo y cuando hay una llegada o salida de un buque o cuando existe un requerimiento por parte de otros operadores de seguridad.
Hay que decir, para que quede claro, que los albaneses no necesitan visado para entrar en territorio Schengen, por lo tanto, aquí están de manera legal, porque entran como turistas durante 90 días prorrogables por otros 90.
Su estancia de bien irregular a partir del momento en el que se evidencia, que su propósito no es estar en Euskadi, sino que su propósito es abordar como polizón, un buque con destino a Gran Bretaña.
Ahí es cuando se le aplican las medidas de extranjería, y en la aplicación de esas medidas de extranjería, no se han producido ni quejas ni denuncias por las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que como decía, los funcionarios actuantes disponen de formación en derechos humanos, que reciben todos los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, complementada con una formación específica en extranjería y con una acreditada experiencia en el desarrollo de su labor.
Están plenamente capacitados para desempeñar las funciones que la legislación les atribuye, sin perjuicio del lugar en el que se hayan producido los hechos averiguados las personas a proteger.
En el caso de las personas en tránsito, a las que se refería la proposición no de ley, como digo, la misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Policía Nacional y Guardia Civil, es el control de las actividades relacionadas con la migración irregular, así como prevenir y detectar, la posible victimización de esas personas por parte de las redes y mafias que actúan en este ámbito, con sujeción siempre a los protocolos e instrucciones que vienen a desarrollar los procedimientos establecidos en la legislación y los planes de protección a las víctimas.
Planes que ya contemplan causes de colaboración institucional, como se ha dicho aquí, y con organizaciones no gubernamentales para garantizar la adecuada asistencia a estas personas.
Tanto la Policía Nacional, como la Guardia Civil han participado en cuantos foros han sido convocados en concurrencia con organizaciones del tercer sector como Cruz Roja, CEAR y con departamentos institucionales, tales como Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia o la concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Santurtzi y por supuesto colaboran diariamente con la Ertzaintza y la policía local.
Todo esto no es nuevo, ya se dijo aquí cuando se debatió esta cuestión en un pleno anterior.
Con relación a la formación en derechos humanos se ha hablado aquí tanto la Ertzaintza, como las policías locales tienen formación en derechos humanos, está dentro de los planes formativos que existen en Arkaute.
Y con relación al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también en el Ley Orgánica 2/86 aparece recogido está formación que por supuesto lleva implícito el absoluto respeto a los derechos individuales.
A tenor de esta regulación estatal, los planes formativos están diseñados por cada uno de los centros directivos dependientes del Ministerio del Interior, para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que incorporan entre sus contenidos, la formación en materia de protección de derechos humanos, así como las consecuencias que en el ámbito penal o disciplinario pudieran derivarse en los casos de incumplimiento por agentes policiales de esas garantías que impone la legislación para salvaguarda de estos derechos humanos.
Y dentro de la formación impartida en esta materia, está el conocimiento y el deber de colaboración con instituciones y entidades nacionales e internacionales que periódicamente examinan el cumplimiento en nuestro país, de la protección que las autoridades vienen obligadas a dar a estas personas.
En lo que compete a la formación en el ámbito portuario, decir, que las fuerzas de cuerpo y seguridad del Estado imparten a sus integrantes el curso de seguridad en puertos, que va a desarrollar además el próximo mes de mayo su edición número XI.
Dichas actividades formativas, decir, que cuentan con el apoyo de los distintos municipios en los que se desarrolla, en nuestro caso, Santurtzi y Zierbena. Y a la misma acuden funcionarios policiales, militares, así como distintos miembros de la policía portuaria, autoridad portuaria y personal de puertos del Estado. Algunos como ponentes, otros como alumnos de dicho curso.
Y además, se vienen realizando anualmente tres seminarios sobre vigilancia de fronteras y lucha contra la inmigración ilegal.
Entre los requisitos para acceder a la realización de dichos seminarios, está el de haber superado previamente el curso de formación sobre derechos humanos y ética policial, y entre las materias que se imparten durante el mismo, se encuentra el seminario de derecho internacional humanitario.
Por lo tanto, la formación que aquí se solicita existe, la colaboración interinstitucional que se pide, se da y por lo tanto, en ese sentido, nosotros no vamos apoyar su iniciativa, y apoyaremos la enmienda presentada por el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco.
Muchas gracias.