PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2016-03-03):
Gracias, presidenta.
Yo no voy a hacer un panegírico de Pedro Sánchez, porque creo que eso toca en otro foro distinto de este.
Pero bien, entrando a lo que nos ocupa: Conocer que las empresas que suministran los menús de los comedores de gestión directa de los centros públicos se hayan podido concertar para repartirse el mercado y fijar los precios, según dice la Autoridad...
...los menús de los comedores de gestión directa de los centros públicos hayan podido concertar para repartirse el mercado y fijar los precios, según dice la Autoridad Vasca de la Competencia, creo que es algo grave, que nos debe de preocupar y nos debe de impulsar a tomar medidas.
Algo que debiéramos hacer independientemente de cuál sea el desenlace del recurso anunciado por las ocho empresas investigadas contra la sanción que se les ha impuesto. La resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia pone de manifiesto que conductas colusorias que se han ido conociendo en otros sectores de la economía, se pueden producir también  - de hecho, parece que se han producido -  en áreas en la que cabrían menos sospechas.
Ya sabemos que cuando empresas rivales se ponen de acuerdo, es para reducir la competencia y aumentar sus beneficios, perjudicando a los consumidores. Esto es algo que ha sucedido con los concesionarios de coches o los fabricantes de papel, o con las retrasmisiones deportivas de pago. El año pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desmanteló 14 cárteles e impuso multas por 549 millones de euros, por no hablar de los expedientes multimillonarios incoados por la Comisión Europea.
En el caso que nos ocupa, se interpela directamente al Gobierno porque afecta a un servicio que presta al Gobierno directamente, y en un área muy sensible como es la alimentación de 93.000 escolares de los centros públicos. Por lo tanto, no se puede sacudir el asunto como si fuera simplemente polvo del camino.
Sí hay que precisar, sin embargo, que en su investigación la Autoridad Vasca de la Competencia no ha apreciado  - y lo dice taxativamente -  indicio alguno de connivencia o favorecimiento por parte de la Administración en las conductas penalizadas.
Se han cumplido las normas de contratación pero del expediente abierto se desprende que estas normas no han evitado la posibilidad de acuerdos en la sombra de las empresas que concursan un servicio público, básicamente porque en sus bases buscan garantizar muchas cosas pero, desde luego, no el principio de la competencia. Y esto es algo que hay que tener en cuenta a partir de ahora.
Este caso nos ha ayudado a descubrir que en el amplio marco de actividad de Administración existen también mercados cautivos a los que hay que prestar atención. No solo desde el punto de vista de la legalidad, la limpieza y la transparencia, por supuesto, sino también desde la perspectiva de la competencia. Porque su restricción no solo perjudica a las empresas que puedan verse excluidas por un reparto del mercado, sino también a los que pagan por ese servicio un precio no fijado de forma competitiva.
En esta situación creada, podemos actuar de dos formas, con efectismo o con responsabilidad, y nosotros vamos a tomar el segundo camino, buscando soluciones a los problemas que se han puesto de manifiesto y garantizando, en todo caso, el mejor servicio a los escolares que utilizan el servicio de comedores de gestión directa, porque de eso se trata ante todo.
Creemos que las propuestas contenidas en las enmiendas a la totalidad que hemos presentado a las tres mociones, que en el fondo son una, dan una repuesta bastante completa a las cuestiones que este episodio ha puesto sobre la mesa. Y asimismo, queremos aquí felicitarnos por haber sido capaces de llegar a una enmienda de transacción con el Grupo Nacionalista y con el grupo EH Bildu.
En primer lugar, se insta al Gobierno a que envíe a la Fiscalía la resolución dictada por la Autoridad Vasca de la Competencia para que analice si en las conductas que este órgano considera probadas y que penaliza en su ámbito de actuación, hay además responsabilidades punibles de otro tipo, para que no nos quedemos en el terreno de las sospechas y las elucubraciones externas.
La Autoridad Vasca de la Competencia ha considerado que las ocho empresas adjudicatarias del servicio de comedores han vulnerado las reglas de la libre competencia empresarial al repartirse el mercado sin pujar precios para hacerse con lotes a concurso. Han incurrido además en otras conductas ilícitas. Eso es lo que pedimos que valore la Fiscalía, que es quien tiene capacidad y criterio para hacerlo, y que además actúe en consecuencia.
Otro de los aspectos que ha suscitado la investigación de la Autoridad Vasca de la Competencia, es el perjuicio que la actuación colusoria de las empresas de catering sancionadas habría causado al no competir realmente para hacerse con el servicio. La propia Autoridad ha señalado que los precios por menú que marcaba el Departamento de Educación se encuentran en la media de lo que es habitual en los comedores escolares de las demás comunidades autónomas.
Pero también indica que la mayor competencia en precios registrada en este curso escolar, tras conocerse la marcha de la investigación, ha supuesto un ahorro de 7 millones de euros respecto al curso anterior. Y ya se sabe que el precio del menú lo cubren en un 65 % las familias y en el 35 % restante, el Departamento de Educación que también da becas de comedor a los alumnos con menos recursos.
En consecuencia, parece razonable también solicitar al Gobierno que a la luz de la resolución dictada, valore si se ha producido o no, un daño patrimonial. Y si la conclusión fuera positiva que sus servicios jurídicos acudan a los tribunales de justicia para intentar resarcir a las arcas públicas y a las familias pagadoras del encarecimiento ilícito del servicio que se habría producido para mayor beneficio de las empresas adjudicatarias.
En el tercer punto, creo que se da respuesta a dos cuestiones que han surgido colateralmente, en concreto, la conveniencia de introducir en las condiciones de los contratos cláusulas destinadas específicamente a garantizar la competencia entre las empresas concurrentes, algo que sugiere la propia Autoridad Vasca de la Competencia. Y también la posibilidad, que habrá que estudiar, de aplicar otras formas distintas de gestión de los comedores escolares.
La confederación de padres y madres de la escuela pública, lo ha recordado el señor Lazarobaster, ha reclamado la puesta en marcha de un programa piloto de gestión directa en cuatro centros como se aprobó hace dos años en la Comisión de Educación. En cualquier caso, Bildu parece que se inclina en su moción de hoy porque cada centro elija el modelo que desee. Cabrá la posibilidad de analizar todas las propuestas.
Lo razonable es estudiar con las partes implicadas, con todas ellas, si caben otras formas viables de atender a los comedores, cuáles, con qué garantías alimentarias y sanitarias, con qué personal e instalaciones, a qué coste y con qué controles económico-financieros, no vaya a resultar al final que para resolver los problemas apuntados por la Competencia, metamos a los colegios y a los padres en otros problemas mayores.
Pues bien, consideramos que el Gobierno y el Departamento de Educación, en concreto, son quienes se ven más directamente interpelados por la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia en este asunto y, por lo tanto, no pueden ponerse de perfil como si no fuera con ellos.
No estamos tratando aquí de buscar culpas, sino soluciones al problema que ha aparecido. Bajo su responsabilidad, la del departamento, están los centros educativos y el servicio de comedores y por lo tanto, su responsabilidad es corregir las disfunciones que puedan detectarse y mejorarlo en todo lo posible. Eso es lo que los socialistas pretendemos con las iniciativas que proponemos y que finalmente hemos firmado en esta enmienda transaccional con el Grupo Nacionalista y con el grupo de Euskal Herria Bildu.
Muchas gracias.