HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (Erkoreka Gervasio) (EAJ, 2014-12-12):
Eskerrik asko legebiltzarburu andrea.
Señor Maneiro, pregunta usted en su interpelación por los propósitos que animan al Gobierno en relación con la puesta en marcha del programa Zuzen Bidean, al que ha hecho alguna referencia desde esta tribuna.
Yo voy a intentar resumirle básicamente los fundamentos sobre los que descansa esta propuesta, que creo yo que son perfectamente compatibles con los principios de memoria, verdad, justicia y reparación a los que usted ha hecho referencia.
Y que, por supuesto, en ningún caso plantean o reivindican un escenario de impunidad, todo lo contrario. Lo que plantean, lo que preconizan es la vuelta, el regreso una vez que puede darse por concluida la etapa terrorista de ETA, recuperar los principios básicos que inspiran el derecho penal y penitenciario con carácter universal, que se han forzado, que se han llegado a violentar en algunos casos en los términos que después expresaré en el contexto de la lucha antiterrorista.
Como se expresa claramente en el cuadernillo en el que se recogen las bases de la iniciativa, lo que se ha presentado por parte del Gobierno, por parte concretamente del secretario de Paz y Convivencia es un documento para el diálogo.
Se trata, por tanto, de una iniciativa abierta al contraste, al debate. No es una iniciativa acabada, perfeccionada que haya de ser asumida necesariamente por el conjunto de la población, sino una propuesta para el debate, un documento abierto.
Una normativa que pretende impulsar aquí, en Euskadi, entre nosotros un debate, una reflexión que ni es nueva, ni es original, ni es tampoco –y esto es importante subrayado– específicamente vasca.
Lo que se plantea es la necesidad de recomponer –así dice literalmente el enunciado del cuadernillo–, la necesidad de recomponer tras el fin de ETA, la normalidad en el derecho penal y penitenciario.
Y efectivamente incluye 20 propuestas, 10 de las cuales preconizan una reforma del ordenamiento jurídico y las otras 10 dan por supuesto que es posible una aplicación distinta del ordenamiento jurídico vigente en el ámbito penal y penitenciario.
El documento arranca de un doble presupuesto. El primer presupuesto es que el cese definitivo de la actividad armada de ETA es definitivo e irreversible. Algo, creo yo, que nadie iba a poner en cuestión en estos momentos, hasta alguien tan sospechoso como el ministro de Interior lo ha venido a confirmar en reiteradas declaraciones. Esto podemos dar por hecho que es una realidad que ya no tiene vuelta atrás. Estamos por tanto ante el fin de ETA.
Y ante el fin de ETA, independientemente el modo en el que tenga que solemnizarse y materializarse ese acontecimiento, el fin de ETA marca inevitablemente un antes y un después en mucha cosas, y también permite abrir una reflexión en torno al contenido a lo que ha venido a representar la legislación penal y penitenciaria en el contexto de la lucha antiterrorista.
Es el primer presupuesto del que arranca este documento. Y el segundo presupuesto del que arranca el documento es el de que en la lucha antiterrorista se ha puesto en marcha durante los últimos 30 años un dispositivo legal en el ámbito penal sustantivo, en el ámbito procesal penal y en el ámbito penitenciario que ha sido, en muchos casos, un dispositivo legal de excepción.
Y es bueno en un momento en el que se puede dar por finalizada la actividad terrorista de ETA, es bueno revisar la necesidad o reflexionar en torno a la necesidad o conveniencia de que esa excepción deba mantenerse o no de cara al futuro.
¿Por qué es o ha sido en buena parte este dispositivo normativo, este dispositivo legal por qué ha sido un dispositivo de excepción? Básicamente por dos motivos.
Primero, porque ha supuesto en algunos casos un quebrantamiento de principios sólidos arraigados del ámbito del derecho penal y penitenciario que constituyen grandes conquistas democráticas, que no son ocurrencias venidas del cielo, sino grandes conquistas democráticas, fruto de más de dos siglos de lucha contra el absolutismo y su manera arcaica e inhumana de concebir el derecho sancionatorio, con técnicas como la ley del talión, con técnicas como el derecho a la venganza, con técnicas como el derecho penal de autor, que no castiga por lo que se hace sino por lo que se es, con técnicas como el derecho penal del autor.
Fruto de esta lucha secular en favor de las libertades y de los derechos fundamentales, y contra las técnicas arcaicas del derecho penal sancionador del antiguo régimen, surgen principios como el de legalidad penal, con sus corolarios del principio de tipicidad y de proporcionalidad entre los delitos y las penas, fruto de esta lucha democráticas surgen principios relativos al proceso penal, como todos los que tienen que ver con la cultura de garantías procesales, como la presunción de inocencia, como el derecho a un juicio justo, como el derecho a la tutela judicial efectiva y todas sus manifestaciones.
Fruto a esta lucha surgen también para el ámbito penitenciario principios como el del objetivo resocializador y reeducativo de la pena, que era inconcebible en el antiguo régimen, cuando imperaba la ley del talión, o el principio de que el penado está privado de libertad pero no está privado de sus derechos, algo, por cierto, que está expresamente recogido en el apartado segundo del artículo 25 de la propia Constitución y sobre lo que el Tribunal Constitucional ha teorizado en repetidas ocasiones.
Por tanto, ha sido esta normativa en parte o en buena parte de excepción, porque ha quebrantado alguno de estos principios muy arraigados que son fruto de conquistas históricas alcanzadas después de luchas contra el absolutismo y oscurantismo en el ámbito también del derecho sancionador.
Y en segundo lugar, porque quiebra también en muchas ocasiones el principio de igualdad, en la medida en que sin justificación aparente prevé para los acusados y condenados por delitos terroristas, en relación con actuaciones muy parecidas y muy similares, reacciones o conductas medidas que son mucho más graves y onerosas, que no tienen fundamento en el principio de igualdad.
Ésta es una afirmación que no es que lo haga este Gobierno, no es que lo haga el secretario de Paz y Convivencia. Mire, que la lucha contra el terrorismo, la legalidad penal sustantiva, procesal penal y penitenciaria dictada por el Estado español durante los últimos 30 años ha incurrido en algunos excesos que no siempre han sido compatibles con los derechos fundamentales y libertades públicas no es algo, insisto, que lo diga este Gobierno que lo diga este consejero o que lo diga el secretario de Paz y Convivencia, no.
Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, por ejemplo, lo está diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas en repetidas ocasiones, lo dijo el Tribunal Constitucional en la conocida sentencia de 20 de julio de 1999, cuando determinó, por ejemplo, que un titulo penal de colaboración con banda armada estaba mal configurado y era contrario al derecho fundamental a la proporcionalidad entre los delitos y las penas.
El propio Tribunal Constitucional, cuyos miembros estaban integrados, cuya composición resultaba de designaciones hechas por los mismos diputados y senadores que habían aprobado esa normativa de excepción, lo llegó a decir.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con todas las resoluciones que ha dictado recientemente a propósito de la Doctrina Parot, con las que está dictando a propósito de la falta de investigaciones en relación con las denuncias de torturas y con las que probablemente dictará en relación con la posible vulneración del derecho a la vida familiar como consecuencia de la política de dispersión o de alejamiento, una línea jurisprudencial que está empezando ya a marcar, está claro ha puntado en esta misma dirección.
Y lo ha dicho la ONU, el relator de los derechos humanos cuando denuncia en repetidas ocasiones que en la legislación procesal penal vigente en el Estado español pues se dan unos espacios para la incomunicación que facilitan enormemente las prácticas de tortura, lo ha dicho el relator de derechos humanos de las Naciones Unidas, no lo dice este consejero, que también lo dice.
Es más, es que todas estas prácticas y esta legislación procesal penal arranca de una previsión, la recogida en el artículo 55.2 de la Constitución, que cuando se aprobó, se aprobó ya se dijo que era el caballo de Troya del absolutismo en un texto constitucional democrático.
Todo esto está ocurriendo, estas reflexiones no son nuevas, se han producido en Euskadi en muchas ocasiones, pero es que fuera de Euskadi, en los ámbitos penales entre los especialistas del ámbito penal y penitenciario están siendo objeto de un análisis exhaustivo y muy interesante, intensivo en los últimos tiempos.
Le recomiendo, por ejemplo, unas jornadas de derecho penal penitenciario y criminológico que tuvieron lugar en
...exhaustivo y muy interesante, intensivo en los últimos tiempos.
Le recomiendo, por ejemplo, unas jornadas de derecho penal penitenciario y criminológico que tuvieron lugar en Castellón hacen año y medio aproximadamente, que están recogidas las actas en un libro publicado hace un año El Nuevo Panorama del Terrorismo en España, donde alguien tan poco sospechoso como Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, pone en cuestión algunos de los instrumentos normativos que están en vigor tachándolos de posiblemente inconstitucionales.
Eskerrik asko.