ITURRATE IBARRA (EAJ, 2013-02-28):
Presidenta andrea, sailburuak, legebiltzarkideok.
Gure lurraldean, delituen gorakada dela eta, herritarren segurtasuna hobetzeko asmoz Talde Popularrak aurkeztutako legez besteko proposamen baten aurrean gaude.
Egia da Eurostaten datuei jarraiki, Barne Ministeritzaren txostenean sinesgarri diren azken datuen arabera, Euskadiko Autonomi Erkidegoan arau-hauste penalak % 3,4 gehitu izan zirela 2012. urtean.
Sin embargo, los datos que recibe el Partido Popular en la justificación de su proposición no de ley, si bien es cierto que luego el señor Maroto no los ha reproducido aquí en la Tribuna, son muy parciales en algún caso e incorrectos en otros.
Y cuando se afirma de esta manera que han aumentado los homicidios dolosos y los asesinatos, la delincuencia violenta y el robo con fuerza e intimidación hasta en un 48 %, sin duda deben referirse a los datos del primer trimestre del 2012.
Pero ya están los datos correspondientes, el propio Ministerio de Interior del Partido Popular tiene los datos correspondientes al año 2012. Y efectivamente, en el primer trimestre del año 2012 se produjo un incremento de un 50 % de homicidios dolosos o asesinatos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Efectivamente, se pasó de dos a tres. Hubo un incremento del 50 %. Pero la comparación del año completo 2012 respecto al 2011 da un incremento cero en esos delitos por ejemplo.
Si ustedes basan la justificación de su proposición no de ley, entre otros en ése –dos datos dan y uno de ellos es eso–, pero luego la comparación del año completo nos da que no ha habido en ese aspecto incremento alguno. Tampoco es cierta la afirmación que se realiza de que Euskadi encabeza la lista de las autonomías en el aumento de la delincuencia. No es cierto en los datos del año 2012 respecto al 2011.
Lo digo porque todas estas afirmaciones forman parte también de ese binomio entre seguridad real-seguridad percibida, que efectivamente está reconocido mundialmente y es un tema objeto de preocupación y de debate para los responsables públicos. Pero es un tema de preocupación para los responsables públicos pero en los que también tenemos una parte importante de responsabilidad en la generación de la seguridad percibida.
Muchas veces con nuestras declaraciones, con nuestras afirmaciones exageradas, a veces intentando incluso hurgar en la lucha política o sacar rentabilidad política de determinados debates, hacemos afirmaciones absolutas –exageradas– que vienen a aumentar la sensación de inseguridad percibida o la inseguridad percibida cuando la inseguridad real no se corresponde.
Por lo tanto, no es cierta esa afirmación de que Euskadi encabeza la lista de las autonomías en el ámbito de la delincuencia y no es bueno que la traslademos a los ciudadanos. Por encima de la Comunidad Autónoma Vasca, en el año 2012, se encuentran Navarra y Asturias con tasas del 4 % y 3,5 %, respectivamente.
Y en Euskadi, por ejemplo, nos encontramos con unas tasas de infracciones penales de 42 por 1.000 habitantes, por debajo de la media del Estado que se encuentra en 48 y muy por debajo de comunidades como Baleares con un 77, Madrid con 60,5, la Comunidad Valenciana 54 y Cataluña con un 59,8.
Tal y como afirmaba ayer el fiscal jefe del País Vasco, el señor Calparsoro, Euskadi tiene una baja tasa de criminalidad. Efectivamente, como él también decía, eso no debe hacer que nos durmamos en los laureles y no debemos recrearlos en una mejor situación respecto a otros. El objetivo de nuestras instituciones –y creo que es el que persiguen los firmantes de la enmienda transada– ha de ser siempre la mejora de los servicios públicos en general y de la seguridad ciudadana en particular.
En este sentido, como también se ha manifestado en esta Tribuna, las medidas de impulso del empleo las políticas públicas de lucha contra la exclusión social, etcétera son la mejor receta para combatir el delito o para mejorar la seguridad ciudadana. Probablemente por eso esta comunidad autónoma ofrece mejores ratios respecto a otras comunidades del Estado y está en cabeza de todas ellas porque el sistema de protección social –los servicios públicos de protección social– en este país de educación, de sanidad, etcétera han sido superiores a la media.
Y ésa es la prueba evidente de que eso es importante también para la prevención del delito. Y ése, efectivamente, es el objetivo: La prevención de la mejora de los servicios públicos en general y el de la seguridad ciudadana en particular es el objetivo fundamental del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco actualmente.
Digo actualmente y al igual que lo ha venido siendo hasta ahora. Lo ha sido antes de que se celebrase el debate de hoy y lo seguirá siendo en el futuro. La Ertzaintza ha estado y está en constante evolución y mejora dando respuesta a la realidad delictiva de cada momento.
La consejera, ya en su comparecencia en comisión para presentar las líneas de actuación durante la legislatura, afirmaba que son misiones básicas de las políticas de seguridad garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades, proteger a las personas y sus bienes y mantener la seguridad ciudadana.
Y anunciaba los tres pilares básicos en los que se sustentan las políticas que impulsa este Gobierno: Mayor cercanía y proximidad a la ciudadanía, que requiere y valora los servicios de seguridad; un uso más eficaz y eficiente de los recursos humanos y tecnológicos para la prevención y persecución del delito; y, una mayor colaboración entre todos los agentes sociales, institucionales y policiales.
Y estos tres pilares que marcaba la consejera de seguridad se encuentran perfectamente recogidos en los siete puntos de la enmienda transaccional que hemos firmado el grupo Nacionalistas Vascos junto con los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular.
Una enmienda que no pretende más que continuar en el camino de la mejora continua de los procesos de trabajo en materia de seguridad ciudadana reforzando la presencia y la cercanía de los agentes, tanto en zonas urbanas como rurales, con una planificación estratégica que se enmarcará en el Plan Estratégico de la Ertzaintza Horizonte 2016 con tres ejes básicos como son el impulso a la seguridad ciudadana, el impulso a la información y al investigación, y el impulso a un nuevo modelo de gestión.
Y se hará como se establece en la propia enmienda y como también anunció la propia consejera como uno de sus retos fundamentales de la legislatura, desde la mayor colaboración con los diferentes agentes, tanto públicos como privados –ayuntamientos, policías locales y también ayuntamientos que no tienen policía local pero tienen necesidades de seguridad, asociaciones, etcétera–, y por supuesto, jueces y fiscales cuyo concurso es fundamental para estos objetivos.
Nada más. Gracias.