ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUAK (Toña Guenaga) (EAJ, 2015-10-30):
Eskerrik asko presidente anderea.
Bueno, trataré de responder a éste cómo, señor Barrio.
Las intenciones del Departamento de Empleo y Políticas Sociales en relación al desarrollo normativo, en primer lugar, de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de la Ley de Vivienda, recientemente aprobada, regula en su disposición adicional tercer el modelo de cesión de uso o (...).
Este modelo, a diferencia de la amplia tradición en otros países del norte de Europa, no había sido prácticamente, no ha sido hasta el momento prácticamente aplicado hasta la fecha en la Comunidad, en la promoción de vivienda libre o protegida.
Esta regulación específica que contempla la Ley de Vivienda, acompañada de medidas de apoyo e impulso por parte del conjunto de las administraciones públicas y el propio partenariado con el tejido cooperativo y asociativo vasco, podría coadyuvar, inicialmente mediante la experimentación con proyectos piloto y más tarde creando un auténtico y novedoso nicho de mercado, al impulso cooperativo de colectivos que quieran participar activamente de la promoción, diseño y construcción de sus viviendas en régimen de cesión de uso como modelo alternativo al tradicional.
Complementariamente a lo expuesto, desde la perspectiva ya del derecho cooperativo sustantivo, uno de los aspectos sujetos a revisión de que trae causa la modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi, que actualmente se está tramitando, es la revisión de la regulación entre las clases de cooperativas y de la cooperativa de viviendas, como usted, señor Barrio, ha señalado y en el que espero nos encontremos para enriquecerla en su trámite parlamentario.
En este sentido, y sobre la estructura básica del diseño legislativo de la cooperativa de viviendas, actualmente regulado y compartido con el resto de la legislación autonómica y estatal, respecto para este tipo de cooperativas, se trata con la modificación de asegurar que las decisiones básicas fundamentales en la construcción, en la gestión se realicen por los propios cooperativistas democráticamente, desde la constitución misma de la cooperativa, y no a la fuerza. Esto es, propiciar con una regulación más intensa la participación efectiva de los socios cooperativistas en la promoción de sus propias viviendas.
Tengo que advertir que la cooperativa de vivienda, como toda sociedad cooperativa, desarrolla una empresa para la satisfacción de la necesidad de vivienda de sus socios, con la participación activa de los mismos, observando o debiendo observar los principios del cooperativismo.
Por lo tanto, está sujeta y asume en consecuencia el riesgo empresarial inherente. Aunque todos conocemos casos de cooperativas de viviendas surgidas a la fuerza, como consecuencia de la liquidación por crisis de la sociedad promotora, y al objeto de que los compradores puedan hacer posible la terminación de las viviendas, sin perder las cantidades entregadas a cuenta al promotor cesado.
En cuanto a los elementos de control que se realizan desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, dentro del ámbito de actuación de nuestra competencia, que son las viviendas de protección oficial pública, se viene analizando el cumplimiento de la necesidad de avalar por parte del promotor las cuantías recibidas a cuenta.
En relación a la necesidad de facilitar una información más clara y detalladas a aquellas personas que deseen ser cooperativistas, recomendación que está incluida en el informe del Observatorio Vasco de la Vivienda, desde el Departamento de Empleo, a través de la Viceconsejería de Vivienda y también de la de Empleo, se elaboran, se elaborarán unas notas informativas que recojan tanto los derechos, y, de manera más profunda, las obligaciones de las personas cooperativistas para que cada uno sepa a lo que se atiene.
Somos conscientes de que es necesario mejorar la comunicación en cuanto a las obligaciones de las personas cooperativistas, ya que estas personas asumen el riesgo vinculado a este proyecto empresarial en todas sus vertientes. Haremos un esfuerzo para que sea así, también en colaboración con el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, quien ha colaborado en la redacción del mencionado informe.
Finalmente, hemos de advertir que esta labor no es sólo labor de las administraciones públicas. Es fundamental la labor de los agentes privados implicados en la promoción de viviendas a través de cooperativas. Tienen que informar bien a los adquirientes de viviendas de cuáles son las obligaciones y los derechos que les afectan, incluidas también las entidades financieras, que tratan de reforzar las garantías de sus créditos, a veces ocultando unas prácticas que podríamos decir que no son excesivamente correctas, ya que debe asegurarse que se aplican buenas prácticas y que se respetan los derechos y las obligaciones de los socios de cada promoción.
Y más, si cabe, cuando se trata de viviendas de protección pública que afectan a personas que no gozan precisamente de un alto nivel de ingresos.