MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2014-12-18):
Sí, gracias presidenta.
Defiendo una moción consecuencia de interpelación que tiene como objetivos los siguientes: Luchar contra la corrupción política existente a día de hoy; impedir la corrupción política en el futuro y regenerar la democracia tanto en Euskadi como en el conjunto de España.
Sin duda hay muchos comportamientos que modificar, muchas cosas por hacer, muchas medidas que implementar y muchas reformas legales que poner en marcha. Todo menos estar de brazos cruzados, las lágrimas de cocodrilo ya no son suficientes, pedir perdón no basta, lo que hay que hacer es poner en marcha determinadas medidas que durante largos años no se han querido habilitar.
Se necesitan por lo tanto hechos, no sólo palabras…
...marcha determinadas medidas que durante largos años no se han querido habilitar.
Se necesitan, por lo tanto, hechos, no sólo palabras. Y nuestra moción contiene quizás no todas, pero sí las medidas principales que en opinión de UPyD deberían ponerse en marcha cuando antes para lograr los objetivos señalados.
Quien conozca la trayectoria política de UPyD y el desarrollo de su trabajo parlamentario, tanto en el Congreso de los Diputados como en este Parlamento, percibirá fácilmente que son básicamente las medidas que hemos venido defendiendo durante todos estos años.
Y comprobará también que muchas de ellas, quizás la mayoría de estas medidas, las hemos venido defendiendo en absoluta soledad. Y en muchas ocasiones recibiendo como respuesta política por parte del resto de partidos políticos, no solamente su voto contrario, sino el insulto y la descalificación.
Insultos y descalificaciones que hemos recibido especialmente cuando hemos defendido determinadas medidas como las siguientes, la supresión de la figura del aforamiento, que acusados formalmente o imputados por corrupción política no puedan formar parte de las listas electorales de los distintos partidos políticos, que la financiación de los partidos políticos sea delito en el Código Penal, que el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos sea delito en el Código Penal.
La despolitización y la profesionalización de los principales órganos reguladores nacionales, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores –podemos acordarnos del caso Bankia–. La despolitización y la profesionalización de los tribunales de cuentas y, en concreto, también en este caso, del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. O la despolitización de la justicia en España y en concreto del Consejo General del Poder Judicial, órgano parasitado por los partidos políticos tradicionales que como si fuera una tarta se lo reparten.
Les invito que entren en Youtube y observen el cúmulo de insultos y descalificaciones que hemos recibido en el Congreso de los Diputados, o en la Asamblea de Madrid, e incluso también en este Parlamento cuando en el pasado defendimos algunas de estas iniciativas.
Insultos y descalificaciones semejantes a los recibidos cuando, también en su momento, hace algunos años, pedimos en diferentes instituciones la limitación de sueldos de concejales y alcaldes que cobraban, y cobran, sueldos superiores a los sueldos del presidente del Gobierno, de los ministros o del presidente de su propia comunidad autónoma.
Cosa parecida nos ha venido ocurriendo al defender determinadas iniciativas para la regeneración de la democracia que ahora son defendidas, aunque sea de boquilla, por otras formaciones políticas. Antes nos insultaban y ahora algunos de los partidos políticos tradicionales incluyen algunas de estas medidas en sus programas electorales o en sus discursos habituales de fin de semana.
En fin, los ejemplos son decenas y están a su disposición en el canal Youtube para que puedan asistir a los insultos que UPyD ha venido recibiendo.
Tal como decía en la presentación de la interpelación de la surge esta moción, la corrupción política está institucionalizada en España. Y es, sin duda, uno de los problemas más serios que padece nuestra muy mejorable democracia.
Recordamos también en este caso la respuesta dada por el presidente del Gobierno a nuestra portavoz en el Congreso de los Diputados cuando subrayamos la corrupción política como uno de los males de la democracia española. La negativa del propio presidente a reconocer los hechos, a decir que no era para tanto la cuestión.
Este debate se produjo hace tres años y el presidente del Gobierno venía a decir y a responder que la corrupción política en España no era para tanto. Hoy ya nadie duda de que la corrupción política es uno de los grandes males de nuestra democracia, una vergüenza para la ciudadanía y una losa también para salir de la crisis económica que todavía padecemos.
Hoy ya nadie o casi nadie duda de que la crisis en España no es solamente económica, sino principalmente social, institucional y política. No porque la política esté en cuestión, sino porque lo que está en cuestión es la vieja política y las viejas formas de hacer políticas, y las aptitudes de los partidos políticos que nos han traído hasta aquí.
Y nosotros pensamos que para salir de esta situación son necesarias medidas políticas. La mala política se corrige con buena política, no se corrige con la antipolítica, se corrige con buena política, con medidas concretas para regenerar la democracia, y medidas de lucha contra la corrupción política y en favor de la transparencia. Y basta, evidentemente, con voluntad política.
Los casos Nóos, Pujol, Bárcenas, la trama Gürtel, los ERE en Andalucía, los sobresueldos del PP, Bankia, las tarjetas opacas de Caja Madrid, o el penúltimo episodio de apropiación indebida y latrocinio, dirigido por el número dos de Esperanza Aguirre en Madrid, Francisco Granados, han situado este problema como el problema que más repugna a los ciudadanos.
Hablamos de casi 2.000 imputados y 170 condenados en una sola legislatura, si bien la inmensa mayoría de los condenados no está en prisión. La sensación de impunidad es generalizada.
Y el deseo de la ciudadanía creo que es perfectamente diáfano, que los corruptos ingresen en la cárcel, y que devuelvan el dinero que nos han robado. Ya en 2007 UPyD señaló a la corrupción política y la opacidad de las principales instituciones como uno de los principales problemas a resolver a través de medidas para impulsar la regeneración democrática y luchar contra la corrupción.
Hemos puesto en marcha iniciativas internas, y planteado en las diferentes instituciones donde tenemos representación un amplio abanico de medidas para luchar contra esta lacra, la mayoría de las cuales ha venido siendo rechazada por la mayoría de los partidos políticos, y también hemos puesto en marcha, efectivamente, cuando no nos ha quedado otro remedio, querellas para hacer justicia.
Presentamos aquella interpelación que da lugar a esta moción porque, desde Méjico y preguntado por el asunto, el lehendakari se mostró muy preocupado y llegó a tender la mano al presidente del Gobierno de España para forjar un pacto de Estado contra la corrupción, que aborde desde una perspectiva de liderazgo institucional el problema y ayude a sentar –según sus propias palabras– las bases éticas de una nueva cultura que dignifique la política.
"Me pongo a disposición de quien quiera abordar una reflexión sobre un cambio de cultura política –se ofreció el lehendakari– para erradicar las malas prácticas que afectan a todos los órdenes de la vida". A partir de ahí nuestra interpelación y consecuencia de aquella interpelación esta moción. Al lehendakari, le vemos muy dispuesto para hablar de esta cuestión, a pesar de que hoy no está.
No está en el debate de hoy. No le interesa al lehendakari escuchar que es lo que se dice en relación a la corrupción política. La semana pasada no nos quiso responder sobre un caso muy sospechoso, como en el caso Pinosolo, hoy se ausenta. Esperamos que llegue en próximos minutos.
Pero, en todo caso, nos parece que es un asunto de extraordinaria importancia. Y como digo nuestra moción.
Esta moción que comienza planteando que este Parlamento rechace la lacra de la corrupción política por ser una práctica inaceptable que repugna e indigna a la ciudadanía, por lo que el propio Parlamento, consciente de que es uno de los problemas más graves que hoy día existen, se compromete a impulsar todas las medidas que sean necesarias para prevenirla.
Proponemos que este Parlamento inste al Gobierno Vasco y se comprometa el mismo a asumir y cumplir los siguientes compromisos a través de las medidas legales o actuaciones que correspondan.
Uno, dotar a la fiscalía del País vasco de los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para luchar eficazmente contra la corrupción. Solicitar a la fiscalía general la creación cuanto antes de la figura de un fiscal anticorrupción para Euskadi.
Impedir que los acusados formalmente por un delito relacionado con la corrupción integren las candidaturas electorales de los partidos políticos en Euskadi y, en su caso, ostenten cargos públicos. El grupo Socialista, en este punto, acertadamente, habla de cese de todos los cargos públicos a los que se les decrete apertura de juicio oral por delitos de corrupción o ligados a la corrupción. Quede claro que compartimos la redacción planteada por el grupo Socialista.
También planteamos suprimir la institución del aforamiento, porque consideramos que todos los ciudadanos deben de ser igualmente tratados por la Ley, que todos los ciudadanos deben recibir el mismo trato, y que el aforamiento supone una excepción del principio de igualdad, una diferenciación y una distinción de trato.
Ayer mismo lo defendimos en el Congreso de los Diputados. Pedimos una reforma exprés de a Constitución española para acabar con los aforamientos y, a pesar de que el Gobierno de España dijo que no había consenso suficiente, no desdeñó la idea de proceder a la reducción al menos de los aforamientos existentes en España.
También proponemos prohibir y perseguir el nepotismo y el patronazgo en los nombramientos de cargos en instituciones públicas, y mejorar la regulación del conflicto de intereses de los miembros del gobierno y altos cargos, y regular para impedir las llamadas puertas giratorias.
Y establecer un canal de denuncias confidenciales. Y aprobar nuevas medidas de transparencia, semejantes a las que ya existen en los países más avanzados de nuestro entorno. Y reformar también el reglamento del Parlamento Vasco, para que incluya la obligatoriedad de hacer públicas las nóminas y las declaraciones de bienes de los cargos públicos, así como otras medidas de transparencia.
Evidentemente, esto lo trataremos en los próximos meses, en la ponencia correspondiente, pero me parece interesante que este Parlamento también diga que es necesario avanzar en esa línea.
También proponemos instar al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a impulsar urgentemente una serie de medidas,. como aprobar reformas legales para asegurar que los acusados formalmente por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales y, en su caso, seguir ostentando cargos públicos. En este caso, como decía antes, la redacción planteada por el grupo Socialista la compartimos y nos parece apropiada.
E impulsar leyes penales más eficientes contra la corrupción, que incluyan la regulación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos, es decir, que la financiación ilegal de los partidos políticos sea delito, y que el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos sea también delito. A día de hoy no lo es, aunque pueda sorprender, entre otras.
Y reforzar la exigencia de responsabilidad por mala gestión a los cargos públicos al frente de órganos, sociedades o entes públicos que bien de forma dolosa o bien por negligencia graven hayan causado por actos u omisiones contrarios a la ley.
Y modificar el régimen de indultos vigente para limitar su aplicación y arbitrariedad en su concesión y la prohibición en determinados delitos, como los relativos a la corrupción política.
E impulsar todas las reformas legales necesarias para suprimir los aforamientos y garantizar la independencia, autoridad sancionadora y profesionalización de los organismos reguladores y de control público, y avanzar en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de modo que los partidos políticos saquen de los órganos jurisdiccionales sus manos y podamos dar pasos para la despolitización de la justicia.
Les enseño lo que hemos venido en llamar el cuadro de la vergüenza. Éste es el Consejo del Poder Judicial, que está repartido entre el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, CIU y el Partido Nacionalista Vasco. Si no acabamos con esto, será imposible acabar con la corrupción política.
Y modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos, a fin de obligar a los partidos políticos a avanzar en medidas relacionadas con la transparencia y adoptar las medidas necesarias para combatir el pernicioso fenómeno de la puerta giratoria.
Es seguro que caben otras medidas más allá de éstas, pero, en todo caso, entendemos que éstas son, sin duda alguna, absolutamente imprescindibles.
Es seguro también que hacen falta hechos, no palabras, ni lágrimas de cocodrilo, ni propósitos demagógicos y falsos de enmienda. Y es seguro que la situación actual de corrupción institucionalizada hemos llegado a ella como consecuencia de que los principales partidos políticos no sólo no han movido un dedo para acabar con esta lacra, sino que la han practicado y fomentado, protegiendo a sus propios corruptos en lugar de denunciarlos, apartarlos y echarlos.
Y evidentemente, también en Euskadi existen casos y se han producido casos de corrupción política, y existen a día de hoy casos que están siendo investigados por los tribunales de justicia y asuntos turbios que deberán aclararse cuanto antes.
Podemos hablar del caso De Miguel, del caso Balenciaga, del Ccaso Bravo, del caso Tragaperras, del caso Ibarzarra, del caso Pinosolo, de las noticias pagadas por el Gobierno Vasco, en fin y muchos más que tengo yo, documentación suficiente y estoy archivando materia en relación a esta cuestión, asuntos turbios que deben aclararse cuanto antes.
Estoy fuera de tiempo, pero quiero decir y mostrar mi disposición a tratar de llegar a algún acuerdo transaccional entre los diferentes grupos. Apenas he tenido tiempo, puesto que las enmiendas se presentaron ayer y las he conocido ayer a la tarde, pero, en todo caso, en el caso de que hubiera algún partido político que estuviera dispuesto a firmar algún acuerdo transaccional, nosotros estaríamos dispuestos a ello.
El Partido Popular plantea la creación de una ponencia. Nosotros no lo vemos. Pensamos que hay que pasar de las palabras a los hechos, y que hay medidas concretas que deberían aplicarse ya o pedir a los diferentes gobiernos que las impulsen.
En relación a EH Bildu, hay alguna medida que plantea que puede ser interesante, pero en relación, pero en general...
...o pedir a los diferentes gobiernos que las impulsen.
En relación a EH Bildu, hay alguna medida que plantea que puede ser interesante pero en general no incluye muchas de las medidas que nosotros consideramos absolutamente fundamentales. La enmienda del Partido Nacionalista Vasco es prácticamente la nada porque no plantea nada.
Y en relación al Grupo Socialista, le he planteado una posible enmienda de transacción o hacia dónde podríamos ir para firmar quizás una enmienda de transacción, que recogiera lo que el Grupo Socialista plantea para el Gobierno Vasco y que…