LLANOS GÓMEZ (PP, 2016-04-07):
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya a todos.
Nuestro grupo ha votado favorablemente a esta propuesta. Lo dijimos desde que se debatió la toma en consideración y, aunque no nos opusimos a esa toma en consideración, y no nos opusimos, precisamente, por la procedencia que tenía, a pesar de que ya en ese momento teníamos muchas dudas sobre la legalidad del contenido de la misma.
Como decía, lo hacíamos como respeto a las firmas por las que venía respaldada, a pesar de que ha habido otras iniciativas que también han venido a esta Cámara respaldadas por un montón de firmas y que, sin embargo, no han visto la luz; ni tan siquiera fueron tomadas en consideración.
Y, desde luego, hay que decir que los proponentes de esas firmas, que, como digo, ni tan siquiera lo que proponían pudo ser objeto de debate, fueron bastante más respetuosos de lo que hoy hemos visto aquí.
Y hacíamos, tomamos en consideración por dos aspectos, una, porque procedía de la voluntad popular, de un número de firmas y también porque es verdad que el contenido de la misma, el contenido que parecía tener esa iniciativa es un contenido sobre el que, en el que este Grupo siempre ha estado de acuerdo.
Siempre hemos estado a favor de la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, siempre hemos considerado que la contratación pública puede ser un instrumento al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines, de sus políticas públicas y, cómo no, también para garantizar una mejora en las condiciones laborales, una técnica al servicio de, como digo, consecución de objetivos sociales, ambientales, de investigación y de mejora laboral.
Estos criterios han sido admitidos y fomentados no solamente por las instituciones comunitarias a través de numerosas directivas, como hoy se ha dicho aquí, sino también por nuestra normativa estatal y autonómica, que ha previsto la introducción en la contratación pública de consideraciones de tipo social para fomentar, por ejemplo, la inclusión laboral de personas en situación de riesgo o exclusión social, y también para garantizar la introducción de cláusulas relativas a asegurar el cumplimiento de las condiciones laborales en las empresas adjudicatarias de contratos del sector público.
Es importante, en este sentido, a nivel europeo la Directiva 2014 del Parlamento Europeo, sobre contratación pública, que consistió en un considerable avance en esta materia de cláusulas sociales, despejando dudas existentes.
Con arreglo a esas directivas, entre otras cosas, se amplían los contratos reservados a empresas de inserción, aspecto en el que nuestra normativa ha ido más allá en la Ley 31/2015, como esta misma semana hemos visto en comisión, y esa Directiva también en sus artículos 18 y en los considerandos 37 y 39 y 105 ofrecían esa garantía jurídica al exigir el cumplimiento de los convenios colectivos y garantizar unos mínimos laborales y salariales, tanto en la contratación pública como en la subcontratación.
Y no solo en la legislación comunitaria. También el Texto Refundido de la Ley de Contratos Públicos aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, se contienen este aspecto, es más, por mucho que se diga de que no se ha traspuesto la Directiva, gran parte de ese contenido está recogido precisamente en ese Texto Refundido.
Pero como se ha dicho, la iniciativa originaria no tenía el objetivo de introducir las cláusulas sociales en la contratación, entre otras cosa porque eso ya era permitido o eso ya se podía hacer a través de, como digo, la normativa con la que contamos.
Lo que se pretendía con la misma no era sino dejar sin valor la legislación laboral vigente, dejar sin valor la reforma laboral, saltarse una normativa aprobada por el Congreso de los Diputados y hacerlo en una Cámara, en este Parlamento, que carece de competencias para ello.
Además, esa propuesta ya había contado con un informe desfavorable del Gobierno Vasco y fue recurrida por la comisión arbitral, por la Diputación Foral de Bizkaia. Por eso, como decían, nuestro grupo puso muchas dudas en ese momento.
Nosotros no presentamos enmiendas, porque considerábamos, como digo, que gran parte de lo que está contenido en este texto que finalmente ha visto la luz, puede conseguirse sin necesidad de que el texto exista.
Es verdad que tampoco podemos estar en desacuerdo con el texto tal y como ha supuesto, porque, es verdad, es un texto posibilista, es un texto que lo que hace es desarrollar posibilidades que ya están contenidas en la ley, por eso, por esas razones y porque siempre, como digo, hemos estado de acuerdo, no con lo que pretendía la iniciativa del que trae origen este texto, sino con lo que de verdad son la introducción de cláusulas sociales en la contratación es por lo que hemos votado favorablemente.