MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-06-02):
Sí.
Lo reconozco, soy insistente y decidido. Defiendo las ideas en las que creo. Prefiero ganar debates que votaciones. No me importa quedarme solo si creo que defiendo una causa justa y soy flexible en lo accesorio y firme en lo esencial. Ahora les toca reconocer a ustedes que esto que les acabo de decir es básicamente cierto y que, producto de mi insistencia, ustedes han llegado a cambiar de opinión en algunas ocasiones, lo cual es un éxito, sobre todo de ustedes y no tanto de un servidor.
Han sido varias las ocasiones en las que UPyD ha pedido, tanto en el Parlamento Vasco, como en los Congreso de los Diputados y en otras instituciones, la supresión de los aforamientos. Por ejemplo, el 12 de junio de 2014, UPyD defendió en el Pleno de este Parlamento una iniciativa parlamentaria que lo proponía, en aquel caso, pretendíamos instar el Gobierno de España a que en el próximo proceso de reforma constitucional se eliminaran los supuestos de aforamiento previstos en la Constitución, sometiendo a revisión, en su conjunto, todas las prerrogativas parlamentarias.
Sin perjuicio de lo anterior y mientras ese proceso de revisión constitucional se produce, en el plazo máximo de seis meses, impulse todas las reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en las distintas leyes.
Proponíamos también instar al Gobierno Vasco y que se comprometiera él mismo, es decir, el propio Parlamento, a impulsar en el ámbito de sus competencias, todas las reformas legales que fueran necesarias con el objetivo de eliminar todos los supuestos de aforamiento existentes actualmente en la comunidad autónoma, sometiendo a revisión, en su conjunto, todas las prerrogativas parlamentarias.
Y propusimos también instar a las juntas generales de los territorios históricos y a las propias diputaciones, a impulsar todas las reformas normativas con ese mismo objetivo. Tal propuesta no recibió el apoyo de ningún otro grupo parlamentario y, por tanto, decayó, del mismo modo parecido que iniciativas semejantes decayeron antes en otros parlamentos, y en el caso concreto del propio Congreso de los Diputados. En aquella ocasión en la que defendimos en el Congreso de los Diputados la supresión de los aforamientos, todos los grupos criticaron contundentemente la propuesta de UPyD y consideraron innecesaria la idea de suprimir los aforamientos existentes en España.
En aquel caso nos atacaron y nos acusaron de hacer demagogia y de hacer populismo y de llevar a cabo adelante la antipolítica. Ese día, 12 de junio de 2014, se aprobó la enmienda presentado por el Grupo Socialista, votada favorablemente por el grupo proponente y por UPyD que decía los siguiente: "El Parlamento Vasco considera procedente abrir un proceso de examen, reflexión y adecuación del régimen de garantías de los cargos públicos y sus límites", una enmienda claramente insuficiente, en opinión de nuestro grupo, aunque el compromiso de examinar y reflexionar sobre la cuestión, en fin, fuera algo más que nada.
En su momento, el entonces ministro de Justicia del Gobierno de España, sustentado por el grupo parlamentario que vilipendió la propuesta de UPyD planteada en su momento en el Congreso, afirmaba en una entrevista lo siguiente, "proponemos pasar de 17.621 que hay en España a 22", admitiendo, de ese modo, al menos en parte, los planteamientos expuestos por nuestro partido político unos pocos meses antes y que él críticamente y duramente criticó.
Durante los últimos tiempos las cosas están cambiando en Euskadi y en el conjunto de España. Si cuando UPyD propuso la supresión de los aforamientos, el resto de partidos políticos tildó la propuesta de demagogia, populismo...
...en Euskadi y en el conjunto de España. Si cuando UPyD propuso la supresión de los aforamientos el resto de partidos políticos tildó la propuesta de demagogia, populismo o anti política, ahora en general, se ve con buenos ojos.
Si en su momento el resto de partidos políticos votaba reiteradamente en contra, ahora incluso incluyen esta propuesta en sus programas electorales como una medida moderna, necesaria y de regeneración de la democracia. Son cosas que pasan.
La última vez que el asunto se debatió, fue apenas hace un par de meses en el Senado español sin que finalmente se aprobara nada efectivo. En estos momentos en que parece que las cosas están cambiando, consideramos apropiado traer este asunto en primer momento en el pleno de control y finalmente a través de esta moción a este pleno.
El señor Erkoreka, me definió hace unos cuantos días de cronista político y de no de ejercer como se debe las tareas de parlamentario  - creo que teniendo en cuenta que UPyD tiene un solo representante parlamentario - , hago todo lo que debo y todo lo que puedo. No va hoy a ser yo quien, efectivamente, traiga aquí una reforma concreta de la Constitución Española o del Estatuto de Gernika para la supresión de los aforamientos. Lo más razonable es el buscar el mayor consenso posible entre los grupos de la Cámara para defender esa posición política, y que sea el propio Gobierno de España, el propio Gobierno Vasco, quienes lleven a cabo las actuaciones precisas para proceder y llevar a cabo esas reformas.
En efecto, la institución del aforamiento ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes al calor del desarrollo del Estado de las autonomías y de la colonización de los partidos políticos, de todas las instituciones del Estado, comenzando por la justicia, pero continuando con otros ámbitos como los organismos supuestamente independientes, como los entes reguladores, defensor del pueblo y todos sus homólogos de ámbito autonómico.
Antes de nada, hay que recordar que el aforamiento consiste en que determinados procedimientos judiciales deban ser conocidos cuando afecten a ciertas personas por un órgano judicial diferente al habitual previsto por la ley. Por ejemplo, según el artículo 71.3 de la Constitución, en las causas contra diputados y senadores, será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y el artículo 102.1 extiende la prorrogativa al presidente del Gobierno y sus ministros.
¿Por qué decimos que el aforamiento es un privilegio? En primer lugar, el aforamiento supone una excepción al principio de igualdad. Las explicaciones que dio en su momento el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1997, son ciertamente endebles, decía que la prerrogativa de aforamiento actúa como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional tanto de las Cortes Generales como del propio Poder Judicial, y no merecerían ser citadas si no fuera porque la realidad demuestra que el efecto conseguido es precisamente el contrario, pues los altos tribunales del Estado como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, son los más susceptibles de politización, habida cuenta de que en el nombramiento de sus magistrados interviene directamente el Consejo General del Poder Judicial, a cuyos miembros nombran a su vez los partidos políticos mediante un cálculo o un calculado sistema de reparto de cuotas.
Además, el aforamiento conlleva que tan pronto como le conste al juez de instrucción que está investigando un delito cuya responsabilidad pueda imputarse a un aforado, deberá remitirla el órgano jurisdiccional competente perdiendo así el caso. Y ello aunque existan otros imputados no aforados, salvo que sea posible el enjuiciamiento separado algo poco habitual.
La figura del aforamiento retrasa el procedimiento y provoca disfunciones y una sensación entre la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos y nosotros queremos que la justicia sea igual para todos y que todos seamos igualmente tratados ante ella.
Ostentar la condición de aforado también tiene alguna consecuencia negativa ciertamente, como la perdida en algunos casos del derecho a la segunda instancia, lo cual es especialmente perjudicial para todos aquellos no aforados que se ven arrastrados por el imputado aforado a un tribunal distinto del suyo natural, que le correspondería en aplicación de las reglas normales de atribución de competencia.
Todo lo anterior sería en nuestra opinión suficiente para desterrar la figura del aforamiento de nuestro ordenamiento jurídico, aunque tal cuestión afectara tan solo a una persona. Pero es que no afecta a una sola persona, afecta a miles de personas en España. En España miles de personas somos aforadas, también nosotros, más de 10.000, mientras que en los países de nuestro entorno apenas hay aforados; en algunos países hay 10, en otros 3, en otros 2 y en otros muchos no hay ni un solo aforado.
Y es que nuestro país no solo están aforados como hemos visto los parlamentarios y senadores de la nación ante el Tribunal Supremo, sino que por emulación, han hecho lo propio las distintas comunidades autónomas, extendiendo dicho privilegio a los parlamentarios autonómicos, presidentes autonómicos y miembros del gobierno regional.
A tales personas, cabe añadir un inmenso número de personalidades públicas, tales como los vocales del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los fiscales de la Sala del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, el defensor del pueblo, los adjuntos del defensor del pueblo, los consejeros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, los generales del Ejército, los almirantes, el fiscal togado, los defensores del pueblo autonómico y los miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, policía autonómica y hasta la policía local. Unos aforados al Tribunal Supremo, otros a los tribunales superiores de justicia y otros a las audiencias provinciales.
Obviamente no todos estos supuestos de aforamiento son igual de graves. Sin duda, los más perjudiciales son aquellos que aceptan a los cargos de designación política. En nuestra opinión, no solo por la mayor relevancia pública que tienen sus delitos, sino porque la propia existencia del aforamiento se percibe por la ciudadanía  - y esto es importante -  como un privilegio creado a fin de proteger a tales cargos de posibles imputaciones por corrupción política, aumentando la sensación de impunidad, de la clase política y el desapego de la ciudadanía.
Pero al margen de que no todos los supuestos son igual de graves, ninguna razón de peso justifica su mantenimiento, sobre todo cuando la referida cifra de más de 10.000 aforados se compara con la existente en otros países de nuestro entorno, como Portugal e Italia, en los que no existe más aforado que el presidente de la república. Francia, en el cual existen en torno a 10 aforados, y otro como Alemania o Reino Unido, donde no hay un solo aforado en la actualidad.
Por esto planteamos en su momento la misma moción que defendimos hace dos años, porque pensamos que hay que dar los pasos precisos para suprimir todos los aforamientos existentes en Euskadi y en España.
Ciertamente, y a pesar de que la moción presentada por UPyD es la misma que la presentada hace dos años, afortunadamente las enmiendas de los diferentes grupos han sido claramente distintas, especialmente en algún caso. Todos ellos de un modo u otro venían al menos a coincidir en algunos de los argumentos expuestos por UPyD.
Por eso, vimos la posibilidad cierta de que finalmente pudiéramos llegar a una transaccional que pudiera recibir el apoyo de la mayoría de los grupos. Parece ser, por lo que me dicen, que finalmente esta transaccional que hemos firmado con el Grupo Socialista, podría llegar a ser apoyada por no sé si por la totalidad de los grupos, pero por la mayoría de los grupos y finalmente saldrá adelante.
La enmienda de transacción será repartida en breves, si no lo ha sido ya, pero en todo caso, lo que se propone es instar a las Cortes Generales, instar al Gobierno de España e instar al Gobierno Vasco a que impulse todas las reformes legales que sean necesarias, incluidas las constitucionales, para que la figura del aforamiento deje de existir en España.
Nuestra posición política defendida en el tiempo es que no haya ni un solo aforado en España. Es posible que en este punto algunos de los grupos defiendan cosas distintas. Nuestro posicionamiento es ese. Pensamos que todos los ciudadanos tienen que ser igualmente tratados ante la justicia, que no puede haber diferencias, que la justicia es igual para todos y que, por lo tanto, esta figura anacrónica  - y que pensamos es un privilegio -  debe ser cuanto antes suprimida.
Nada más y gracias a la señora Gallastegui, por haber firmado esta transaccional con UPyD, y al resto de grupos que finalmente vayan a votar a favor de esta enmienda.
Nada más y muchas gracias.