LÓPEZ DE MUNAIN GANUZA (EH Bildu, 2013-03-21):
Bai, eskerrik asko eta arratsalde on denoi.
Tras el debate sobre fiscalidad celebrado el pasado 15, el fraude vuelve a ser un tema recurrente una vez más.
Euskal Herria Bilduk ez dio ekimen honi zuzenketarik egin. Erabaki genuen orain egun batzuk izandako monografikoaren ondoren beste urrats batean kokatu behar ginela, hau da, eztabaida hartan hartutako erabakiak abian jartzeko urratsean kokatzen ginela uste genuen.
Ildo horretatik, gogoratu beharra dago ekimenean aurkezten dituzten puntu batzuk jada onartu egin zirela martxoaren 15ean egin zen eztabaidan.
Sin duda, ahora hablamos en términos diferentes, ya que por lo que parece para algunos de los grupos el problema actual gira en torno al papel de las diputaciones a la hora de hacer aflorar el fraude fiscal y el papel que debe tener o tomar el Gobierno Vasco ante el cual.
Y no es casualidad que durante la semana pasada algunos de los portavoces de los partidos políticos aquí representados, y que han vuelto a repetir lo mismo, acusaban a las administraciones forales de una cierta dejadez a la hora de hacer aflorar el fraude e iban más lejos al hablar de falta de transparencia en los datos aportados por las mismas.
La intención de estos grupos no queda clara, ya que por lo que parece no se sabe muy bien si lo que pretenden es mejorar el modelo actual o, por lo contrario, intentar modificar por la puerta de atrás el sistema vasco de fiscalidad, modificando a los actores de dicha recaudación fiscal.
La lucha contra el fraude debe ser asumida como una de las claves para la pervivencia de lo público. El problema que aparece aquí es que, por lo que parece, es ahora para algunos cuando han descubierto que el fraude fiscal es un escollo importante.
Los actuales problemas de detección del fraude fiscal provienen de una política ciertamente permisiva, es decir, parece que algunos han visto la luz y reconocen ahora todas las debilidades existentes para la detección de actividades fraudulentas en relación a la fiscalidad.
Y no sólo eso sino que encima señalan a los culpables dentro de las administraciones y les acusan de cierta falta de transparencia, en definitiva, de connivencia.
Y he aquí que también deberíamos reflexionar todos en esta Cámara sobre qué razones nos han traído hasta aquí, porque la economía sumergida, como ya se ha dicho y se ha reconocido anteriormente, ocupa un porcentaje muy amplio dentro del PIB. En la actual situación de crisis económica parece que ese porcentaje incluso podría llegar a ser mayor.
Pero volvemos a situar el problema en el conjunto de la ciudadanía una vez más, incluso a la hora de hablar de creación de un sistema informático para el control del fraude, a lo que se acaba aludiendo es a las prestaciones sociales y a Lanbide.
Menos mal que en la enmienda transaccionada esa mención desaparece, pero tristemente creo que fue aprobada entre los 71 puntos que fueron aprobados en el monográfico del día 15.
El New York Times hace ya un tiempo escribía sobre el fraude fiscal del Estado español y decía esto: "Ésta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme, según la propia Agencia Tributaria Española el 74 % del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español –incluido el central y los autonómicos– no ingresan".
"Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social del Estado español respecto la media de la Unión Europea de los 15, 66.000 millones de euros. Es decir, el gasto que el Estado español debería gastarse en su Estado del bienestar –sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia y otros– por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos, y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados, vuelvo a recordar, grandes familias, grandes empresas y la gran banca.
"La consecuencia de su influencia política de estos tres lobbys dentro del Estado es lo que provoca que éste no se atreva a fiscalizarlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales y sociedad en general cuyo fraude fiscal, al menos el de los autónomos y profesionales liberales según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español sólo es el 8 % del fraude total".
Y es que parece que aquí en la CAV no queremos atender a lo que esos expertos dicen y volvemos a centrar nuestra mirada en ese 8 %, que no está mal, pero parece insuficiente si no concretamos medidas para el otro 74 %.
Recordemos que en la Comunidad Autónoma del País Vasco también hay las llamadas grandes familias, con sus grandes fortunas, también quedan algunas de las grandes empresas, mientras que se van cerrando las demás y por supuesto que también hay gran banca. Sin olvidarnos de la Iglesia, que en definitiva es la organización que más defrauda, ya que no paga impuestos y encima consigue financiación adicional a través de la declaración de la Renta.
Por lo que tenemos aquí, a los defraudadores ya les hemos puesto nombre. Vayamos a por ellos. Eliminemos las ayudas para que puedan eludir o evadir capital, situémoslos como los grandes estafadores del Estado de bienestar, hagamos una campaña de concienciación diciéndoles a la ciudadanía que por culpa de lo que han robado o no han declarado estos cuatro grupos, hoy la sanidad, la educación, los servicios a la dependencia, etcétera se están privatizando. Hagamos público que ellos son los culpables.
Parece que desde los poderes políticos e institucionales durante toda la vida lo que se ha hecho ha sido mirar para otro lado, regalarles amnistías fiscales y cargar con mayor presión fiscal al conjunto de la ciudadanía y todo para que unos paguen lo que otros no hacen.
¿Hay voluntad de hacer esto? Mucho nos tememos que no. Al menos, si no se concretan medidas activas ya mismo.
Orain aldundiak lanera jarri dira iruzur fiskala kobazulotik ateratzeko eta emaitzak ezberdinak izan dira. Hain zuzen ere, emaitzak ez dira berdinak izan iruzur fiskala agerian uzteko grina eta eraginkortasuna ez delako berdina izan kasu guztietan.
Para concluir, diré que el fraude es posiblemente la mayor estafa social que existe, el mayor cáncer de cualquier sociedad que pretenda mantener y consolidar un sistema público que garantice la vida digna de las personas y el acceso público a los servicios.
El fraude y los defraudadores son, en definitiva, nuestro enemigo a abatir, pero me gustaría volver a recordar una cosa para que este debate no quede en lo etéreo: Los defraudadores no es una gran masa oscura de personas que no conocemos y que se dedican a intentar huir de sus responsabilidades fiscales. La gran masa del fraude, como ya lo he dicho antes, son las grandes familias, las grandes empresas, la banca y la Iglesia. Y eso, es más de un 70 % de lo que se llama fraude fiscal. Vayamos a por ellos, entonces.
Vayamos a por los poderosos y no a por los que no lo son. Seamos justos y no tiranos con la ciudadanía. Demostrémosles que al menos en esta institución somos representantes de la ciudadanía y no de los poderes económicos del país. Demostremos, en definitiva, que queremos acabar con el cáncer del fraude fiscal de una vez.
Luego, en mi siguiente intervención, pasaré a hablar de cuáles han sido los acuerdos que se han llegado a acordar.
Eskerrik asko.