MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2013-01-31):
Gracias presidenta.
Hemos firmado una enmienda transaccional y estamos básicamente de acuerdo, no solamente ya estábamos de acuerdo con la iniciativa original, sino también lógicamente con esta transaccional que hemos firmado y con el discurso de la señora Gallastegi.
Lo cierto es que ya nosotros en el Congreso de los Diputados presentamos la correspondiente enmienda de totalidad a este proyecto y una serie de enmiendas parciales, porque nos parecía un disparate.
Uno de los mayores disparates que se han cometido en los últimos tiempos en este país. Lo cierto es que estamos hablando de una ley que recorta sin paliativos un servicio público esencial y que además intenta responsabilizar a los propios ciudadanos, a los que se acusa de un supuesto exceso de litigiosidad, como si acudir a los tribunales fuera una especie de vicio o incluso una enfermedad.
Lo cierto es que esta ley es profundamente injusta, que en modo alguno puede considerarse una mejora, o incluso tampoco una variación del sistema de tasas actualmente vigente, el que estaba vigente antes, sino una completa modificación del mismo, que va a suponer una merma evidente de derechos para los ciudadanos, a los que literalmente se les va a impedir en muchos casos el acceso a la justicia, vulnerando de este modo el derecho a la tutela judicial efectiva, contemplado en el artículo 24 de la Constitución Española.
Con el nuevo régimen se amplía el ámbito subjetivo de las tasas, solo se exonera a aquellas personas que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, cuyo acceso es ya de por sí muy restrictivo.
La tasa que antes sólo tenían obligación de pagar las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios fuera superior a 8 millones de euros, ahora van a tener que ser abonadas no solo por todo tipo de empresas, sino también por cualquier particular que se vea en la necesidad de litigar, sin tener en cuenta con carácter general su capacidad económica y eliminando, incluso, la exención a favor de las entidades sin ánimo de lucro, que a partir de ahora van a tener que hacer frente también a las nuevas tasas.
Tampoco cabe despreciar la posibilidad de que el novedoso establecimiento de las tasas jurisdiccionales a las personas físicas pueda conllevar efectivamente un aumento en las solicitudes de justicia gratuita, provocando precisamente el efecto contrario al que se pretende buscar o al que se dice se pretende buscar con esta medida, que por otro lado, es evidente es de naturaleza recaudatoria.
Se amplía también el ámbito objetivo al extenderse la tasa a las ordenes civil, contencioso-administrativo y social, quedando excluido tan sólo el orden penal, lo cual podría provocar una indeseable huída hacia ese ámbito jurisdiccional en detrimento del civil o mercantil, en aquellos casos que puedan reclamarse los correspondientes derechos en ambos órdenes.
Al margen de lo anterior, lo más grave viene dado por las elevadas cuantías establecidas, que en la práctica van a conseguir que sea imposible, por antieconómico, iniciar cualquier tipo de reclamación de importe reducido, las cuales son, por otra parte, las que afectan a la generalidad de la ciudadanía, fomentando también con ello la cultura del impago y del incumplimiento, que es la principal causa de nuestra litigiosidad y no ningún tipo de vicio oculto o querencia de la ciudadanía por meterse en pleitos.
Si anteriores reformas de nuestro ordenamiento han sido, han ido encaminadas a facilitar el acceso a los ciudadanos a la justicia, o eliminando trabas o costes, lo cierto es que la presente reforma, la presente ley va precisamente en la dirección contraria y por eso nos parece un absoluto disparate.
Es curioso, pero es que además se pretende dotar a la reforma de cierta legitimidad constitucional con la cita en la exposición de motivos de la sentencia del Tribunal Constitucional 20/2012, referida al anterior sistema de tasas.
Pero tal referencia es absolutamente engañosa, pues la misma cuestiona, la misma sentencia cuestiona precisamente la eventual legalidad de este "tributo", así entre comillas, si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción, o la obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, que es lo que ocurre ahora.
Es más, si aplicamos el espíritu de esa sentencia, lo cierto es que el resultado de dicho ejercicio apunta precisamente a la inconstitucionalidad de la ley.
En resumen y por terminar. Se trata de un recorte de un servicio público esencial, se trata de una ley profundamente regresiva, se trata de una ley que culpabiliza y responsabiliza o pretende responsabilizar injustamente a los ciudadanos.
Es una merma evidente de derechos para los ciudadanos. Es una medida de naturaleza exclusivamente recaudatoria. Es una ley que fomenta la cultura del impago y del incumplimiento, y es una ley que obstaculiza claramente el acceso a los ciudadanos a la justicia.
Y para terminar y en nuestra opinión, en nuestra opinión es una ley claramente inconstitucional y profundamente injusta.
De ahí la enmienda transaccional que hemos firmado con el Grupo Socialista y el grupo Nacionalistas Vascos.
Nada más y muchas gracias.