GARCÍA LARRIMBE (EP, 2018-02-01):
Egun on guztioi. Mila esker, Tejeria anderea.
La iniciativa que ha traído el grupo Popular Vasco a este Pleno y que hoy nos toca debatir tiene que ver con transferir la gestión de los Archivos Históricos Provinciales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia a los territorios histórico con coste neutro para los presupuestos de los tres territorios.
Tanto la propuesta presentada por el señor Barrio como la enmienda a la totalidad que defienden los grupos que integran el Gobierno se centran en hablar de competencias, de unos para otros, exigen plenas competencia o plena titularidad.
Sin embargo, para nosotras, para Elkarrekin Podemos hay que poner en el centro del debate, y hay que poner en valor, y tener en cuanta a las opiniones de las profesionales y de los profesionales, y las reivindicaciones de las personas que llevan mucho tiempo gestionando estos archivos.
A lo largo de estos años en la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte, se han producido las comparecencias de los diferentes directores de los archivos históricos provinciales, así como de la responsable del servicio de Archivo, Biblioteca, y Publicaciones del Gobierno Vasco, la señora Begoña Urigüen.
Estas intervenciones se han producido en el marco de la elaboración tanto de la ley de patrimonio cultural en la que nos hayamos inmersos, dentro de su proceso de presentación de enmiendas, como en la ley de gestión documental integral, que parece que el Gobierno Vasco la va a dejar para el año 2019, después de varios intentos en otras legislaturas.
Para empezar, y tras escuchar las necesidades de las profesionales del sector, tenemos que tener claro la función de los archivos actualmente, que nos se limita solo a ser un almacén de legajos o documentos varios que son consultados por eruditos.
No solo se limitan a la conservación del patrimonio documental, sino que su propósito principal es la difusión de la información de ese patrimonio y por ello son una herramienta en el cumplimiento de la gestión de lo público, los garantes de la transparencia y del buen gobierno.
Más importante que de quién es la competencia es el que estén bien gestionados y garanticen el acceso a la información y a la cultura. Lo que realmente necesitan los archivos del País Vasco es una ley de gestión documental integral, en la que se incluya las políticas de transparencia y el acceso a los documentos, tanto de papel como electrónicos, que se legisle sobre los métodos de destrucción de documentación sin valor histórico y la conservación permanente de los documentos que sí tengan ese valor.
No existe un sistema nacional de archivos de Euskadi, un sistema en el que se incluya toda la documentación con valor patrimonial de toda la Administración Pública Vasca, local, foral y autonómica, e incluso la de organizaciones o particulares que conserven patrimonio documental con valor histórico, como pueden ser la Iglesia, los sindicatos, porque hasta las colecciones de titularidad privada, si se incluyen en el patrimonio documental, tendrían carácter público.
Es una tarea de gran envergadura, por lo que más que decidir aquí traspasos de competencias, deberíamos instar al Gobierno Vasco a hacer una ley consensuada con los ámbitos institucionales implicados, y que desde el principio de su redacción cuenten con las asociaciones profesionales, y los técnicos para que se pueda construir un sistema que sirva realmente para el desarrollo de las políticas públicas comunes en Euskadi y para mejorar el servicio que presta la Administración Pública Vasca.
Hay que recordar que los archivos históricos provinciales de los que hoy estamos hablando fueron creados en 1931 por la Segunda República, para recoger, conservar y difundir la documentación notarial con más de 100 años y la generada por la Administración General del Estado en cada provincia.
En julio de 2011 se transfirió a la Comunidad Autónoma Vasca la gestión y el mantenimiento del servicio de los tres centros, y la Administración Central conserva la titularidad del edificio y la documentación que conserva, igual que en el resto de las comunidades autónomas.
Curiosamente, el resto de los archivos provinciales se transfirieron en los años ochenta a sus respectivas comunidades autónomas, así que aquí, en Euskadi no debía interesar mucho esa transferencia para esperar hasta el 2011.
Desde entonces, estos archivos no han tenido realmente ninguna visibilidad, de facto el Gobierno Vasco no gestiona realmente los archivos, les da una subvención anual.
Como ya he comentado al principio, una de las funciones principales de un archivo es facilitar el acceso y la difusión de su documentación, y en estos tiempos que vivimos el tratamiento informático de la documentación es esencial para el acceso electrónico a las imágenes y descripciones de los documentos.
Hasta el 2011 esto se hacía dentro del portal de archivos españoles; desde entonces no tiene ningún sistema de gestión de la documentación. Es inconcebible que lleven seis años de catalogación y descripción de los documentos al que no tenemos acceso electrónico porque el Gobierno Vasco no se ha preocupado en coordinar y crear un sistema de archivos de Euskadi y que tenga la documentación de los protocolos notariales en un limbo.
Mientras deciden y no deciden transferir las competencias de las diputaciones forales, no se hace nada en ese aspecto, porque lo que tiene que ver con el trabajo diario presta los siguientes servicios: Información general, asesoramiento en la búsqueda y localización de los documentos en los fondos documentales que deseen, consulta presencial de documentos, consulta directa de documentos originales, de copias de microfilm o soporte digital, reproducción de documentos en papel o soporte digital, uso de la biblioteca auxiliar del archivo, actividades culturales y educativas, visitas pedagógicas, cursos y conferencias, jornadas y talleres divulgativos, cesión de espacios públicos, exposiciones, formación de becarios en prácticas, préstamos de documentos para exposiciones, préstamos de documentos para la administración, y un largo etcétera.
Les invito a quienes no los hayan visitado a que comprueben que hay en estos archivos instalaciones perfectamente equipadas a las que no se les da uso y que adolecen de falta de trabajadoras y de personal, talleres enteros de restauración que permanecen vacíos sin restauradores y sin trabajo.
Tenemos que dar una solución a esta realidad. Y digo tenemos porque a pesar de que la titularidad de los edificios sigue siendo estatal, en la práctica la Administración autonómica puede ampliar las funciones de los archivos históricos provinciales encomendándole funciones de archivo intermedio histórico de los respectivos sistemas autonómicos. Ahora mismo todos los gastos de mantenimiento y de personal los cubre el Gobierno Vasco.
Y queremos proponer algo constructivo y en lo que los propios profesionales estarían de acuerdo: Mientras se hacen las leyes de patrimonio cultural y de gestión documental integral, por qué no proponemos que se hagan convenios de cooperación interinstitucionales, que exista un ámbito en el que archiveras y archiveros vascos se reúnan para consensuar políticas, procedimientos, usos, compartir espacios.
Existe un consejo de archivos que no funciona ni se reúne y existe la Asociación de Archiveros Bibliotecarios y Documentalistas de Euskadi, que es un ámbito no oficial.
Hay, además, un tema mucho más preocupante que quién tiene la competencia del archivo, y es la destrucción de los mismos. Tuvimos ocasión de leer a principios de junio un artículo firmado por 25 historiadores titulado "Una Amenaza Para la Historia", denunciando que la Junta de Expurgo de Expedientes Judiciales de Euskadi, creada en 2004, había destruido más de 70 toneladas de documentación de los ámbitos civil, penal, social y contencioso-administrativo.
En esta Junta hay tres juristas y un representante del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, director del Archivo Histórico de Euskadi.
La documentación judicial es la más rica que conservan los archivos históricos. Con su destrucción se limitará la posibilidad de hacer historia de forma rigurosa y se darán alas a la literatura panfletaria, privando a las generaciones futuras del derecho a la verdad. Ahí es donde deben intervenir las instituciones para impedir estas tropelías de eliminación de fuentes judiciales.
Hace unos días también leíamos que la Ertzaintza había recuperado 2.000 cartas históricas robadas de archivos públicos y privados, de entre 1604 y 1895 de Euskadi, Navarra Extremadura y Cataluña.
Hay unas 600 cartas robadas de archivos vascos en paradero desconocido. Ese es un verdadero problema, porque me temo que no estén digitalizadas y que sea un patrimonio perdido para siempre, su propiedad no nos ha garantizado su supervivencia; su reproducción o digitalización sí lo hubiera hecho.
Respecto a la PNL que nos ha presentado el PP y a la enmienda de totalidad, vamos a votar en contra, porque creemos que los archivos de Bizkaia, Gipuzkoa y Áraba deben estar gestionados por el Gobierno Vasco y formar parte de un entramado o sistema de archivos de Euskadi, donde quepa el Archivo Histórico de Euskadi gestionado por el Departamento de Cultura y los archivos administrativos que gestiona el Departamento de Hacienda y Administración Pública.
Es necesaria la coordinación, el conveniar acciones conjuntas, hacer las leyes que tocan de gestión documental integral en mor de ofrecer a las ciudadanas el acceso a la documentación, lo que implica transparencia en la gestión pública, consultar a las y los profesionales antes de hacer un baile de competencias que no aportan nada al funcionamiento y a la modernización...
...en la gestión pública consultar a las y los profesionales antes de hacer un baile de competencias, que no aportan nada al funcionamiento y a la modernización del patrimonio documental administrativo e histórico del País Vasco.
Lo importante y lo fundamental es que todas tengamos acceso a los archivos y a los documentos históricos ya que sin archivos, no hay memoria y un país sin memoria, como ustedes ya saben, no sabe ni de dónde viene a dónde va.
Eskerrik asko.