PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2016-06-30):
Nos ratificamos hoy en lo que aprobamos hace casi dos años en una sesión monográfica.
Creemos que hay que fortalecer el sistema vasco de garantía de ingresos frente a quienes pretendan recortarlo, que es, por cierto, lo que con machacona y temeraria insistencia viene planteando el PP.
Nos ratificamos en que se están poniendo de manifiesto nuevas situaciones de dificultad, no previstas antes de la crisis, y nos ratificamos también en la necesidad de aplicar cuantos mecanismos sean necesarios para que no haya ni un solo euro público que lo reciba quien no debe recibirlo.
Eso, por cierto, es lo que viene a decir la proposición de ley, pero solo lo dice en la exposición de motivos, porque en las propuestas concretas, en el articulado no hay ni una sola medida, ni una sola que permita evitar el fraude que denuncian.
Porque poner coto al fraude que haya, aunque sea reducido, ni siquiera requiere cambiar la Ley. Pueden y deben adoptarse por otras vías, como la colaboración entre Lanbide y la Ertzaintza, puesta ya en marcha.
O por un mejor control de la documentación, competencia, por cierto del Ministerio del Interior, que ha regentado el PP, para evitar falsificaciones de las que se valen las mafias.
O que todas las administraciones se dejen de pruritos en la gestión de datos y se interconecten, que Lanbide sepa al instante si una persona demandante de ayudas está o no de dada de alta en la Seguridad Social, si está o no empadronada en el municipio, si percibe otros ingresos. Eso significa que el Gobierno Central, el Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos faciliten esa conexión automática.
Los Socialistas hemos defendido estas soluciones también para acabar con otro fraude, el fiscal, pero lo que trae el PP es otra cosa. Pretende seguir engañando al presentarse como los defensores de los débiles.
Y hace algo más, añade nuevas exclusiones de la percepción de la RGI a personas que hayan sido condenadas por determinados delitos, supliendo la pena que los jueces les hayan impuesto. Por cierto, algo ha dicho hoy el Tribunal Constitucional en relación con un caso parecido, diciendo que es inconstitucional agravar una pena ya impuesta.
Curiosamente, sin embargo, no excluye a quienes han sido condenados por cometer fraudes u otros delitos extraordinariamente graves  - corrupción, evasión, fraude fiscal - , es decir, excluye a quienes han cometido un delito, pero permite que puedan cobrar la RGI quienes hayan sido condenados por corrupción y mantengan a buen recaudo fortunas en Suiza o Panamá.
Nosotros estamos a favor de luchar contra el fraude; el social, que representa un porcentaje ínfimo, por cierto y el fiscal y el de la economía sumergida, sumidero por el que se nos van unos 370 millones de euros al año, 3.700 millones al año.
También estamos a favor de luchar contra quienes utilizan herramientas que pudieran llegar a ser legales, pero que son en realidad un fraude...
...3.700 millones al año.
También estamos a favor de luchar contra quienes utilizan herramientas que pudieran llegar a ser legales, pero que son en realidad un fraude, como hemos visto con los papeles de Panamá. Porque quien defrauda daña al sistema público que debe atender a todos. También estamos a favor de reforzar los derechos sociales y que lleguen a quien ahora no les llega. Hay una razón de peso añadido a nuestro rechazo y es el final de la legislatura.
No es casual que esto lo vayamos a debatir hoy, porque cada movimiento que han hecho ustedes en esta materia ha seguido puntualmente el calendario electoral. En vísperas de las elecciones municipales iniciaron el proceso de la ILP, en vísperas de una campaña electoral, en octubre del 2015, se elevó a pleno, y en vísperas de una campaña electoral trajeron esta que debatimos cuando va a comenzar la campaña de las autonómicas.
Curiosamente desde octubre del 2015 hasta mayo del 2016 han pasado siete meses en los que el PP no ha considerado oportuno plantear este debate. Pensaba que no había que promover iniciativas para forma la RGI por lo visto.
Y termino dando la razón al PP. Tiene razón, debiéramos de tener un debate sereno sobre nuestro modelo de protección social pero es el PP quien envenenó esa posibilidad desde el principio. Por eso aceptamos que el Gobierno realizara una primera evaluación y análisis sobre lo que debatir. Y sí, es verdad, el Gobierno una vez más lo ha dejado para cuando cierra el Parlamento, sin tiempo.
La gestión de ayudas, es verdad, tiene que ser más eficaz tanto a la hora de concederlas y retirarlas, como en su función de inserción. Y Lanbide es el instrumento para hacerlo, pero el Gobierno sostenido por el mismo partido que la pasada legislatura, que decía que esto se arreglaba en cuatro meses, no ha empezado a ordenarlo hasta dos años después de llegar al Gobierno, y el resultado es un fracaso de gestión como reconoció por cierto el responsable de Lanbide, el viceconsejero de turno.
Cualquier crítica a la gestión no justifica, señora Garrido, plantear un debate falso que parte del supuesto de fraude generalizado que se atribuye falsamente a colectivos inmigrantes y que da como resultado una propuesta que de forma falsa dice plantearse para acabar con el fraude sin una sola medida que lo corrija.
Por eso, nosotros defendemos un sistema de protección social sin fraudes y por eso nos oponemos a este fraude de propuesta.