LAN ETA JUSTIZIAKO SAILBURUAK (San José López) (EAJ, 2018-04-27):
Eskerrik asko, presidente andrea.
Señor Barrio, me solicita una valoración sobre esa viabilidad de esa propuesta de la Fundación Arizmendiarrieta en relación a la promoción de un modelo inclusivo-participativo de empresa.
Quiero comenzar expresando mi valoración positiva del interés social de la iniciativa a la que se refiere. Esta aseveración tiene relación directa con las dos competencias que tiene el Departamento de Trabajo y Justicia, que son la economía social y la responsabilidad social empresarial.
No voy a entrar en los aspectos que de manera extensa y exhaustiva se relata en la justificación a la proposición no de ley que se presentó por parte de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara y que luego ha sido retirada, espero o entiendo que para ser mejorada.
Sin más dilación, porque el tiempo es escaso, voy a pasar a responder a lo que usted me plantea y voy a hacerlo incidiendo en los puntos que considero más relevantes.
En lo referente al punto uno de la parte propositiva, en la que se insta al Gobierno Vasco a que elabore e implemente un plan de actuación para la promoción de un modelo inclusivo-participativo vasco de empresa para su desarrollo en la presente legislatura, estamos de acuerdo y coincide con un principio que compartimos, como es la realización de un esfuerzo por la democratización de la economía que permita un mayor nivel de cohesión social, atribuyendo a la persona el protagonismo económico.
Esto desde el punto de vista ideológico o programático, pero también quiero hacerle algunas puntualizaciones en cuanto a lo que puede ser la plasmación práctica de la proposición.
Respecto al apartado E del punto uno, relativa a la política legislativa, como usted también ha dicho, esta propuesta se ha analizado desde el punto de vista jurídico y en dicho análisis se constata que la Comunidad Autónoma del País Vasco no dispone de competencias para legislar dicha actividad.
Esta circunstancia y la posible conflictividad que pudiera generarse no favorecería la consecución del objetivo que se pretende.
El contenido del apartado F, tiene su acomodo lógico-jurídico en el desarrollo del Capítulo III de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, sobre Sociedades Participadas.
En dicho precepto se posibilita a las administraciones públicas distintas de la estatal y en el ámbito de sus competencias la adopción de medidas que promuevan e impulsen la participación de los trabajadores en las empresas.
Sin embargo, crear un registro de empresas participadas en el que se inscriban aquellas con un porcentaje de participación en el capital superior al límite mínimo que se fije, puede resultar contraproducente a la finalidad pretendida de dar seguridad jurídica frente a terceros a las medidas que se arbitren en su promoción.
Yo propondría que este punto se concretara en un desarrollo de la actual Ley de Sociedades Laborales y Participadas.
Sobre los apartados A, B, C y D, relativos a la política de fomento de las empresas participadas, le puedo decir que estamos trabajando conjuntamente con el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y con la SPRI en la elaboración de una orden que complemente la orden de ayudas que publica la SPRI.
Los puntos G, H y J, relativos a la política de medición, formación y difusión de las empresas participadas, entendemos que es perfectamente viable contemplar dichos apartados en el plan propuesto.
En el punto dos se hace referencia a una competencia que se encuentra en otras administraciones públicas, como son las diputaciones forales y sobre la cual prefiero no pronunciarme.
Señor Barrio, como veo que casi se me ha agotado el tiempo, espero que haya respondido a lo que usted me ha formulado.
Eskerrik asko.