BARRIO BAROJA (PP, 2019-02-14):
Gracias presidenta. Buenos días, señorías, señoras consejeras, señor consejero.
Bien, estamos ante la iniciativa que ha presentado el grupo Podemos en relación con la reforma de la regulación de la iniciativa legislativa popular. Y nosotros tenemos que decir que la iniciativa legislativa popular es un instrumento muy importante y por ello hay que regularla con mucho rigor, con garantías y también con seguridad en sus fines, que será la aceptación, la tramitación o el rechazo por parte de esta Cámara en relación con las competencias que tiene desde luego legislativas que tiene el Parlamento Vasco.
Nosotros, señor Martínez, le decimos, usted no estaba allá, pero fue muy constructiva e interesante la tramitación en la pasada legislatura de la proposición de ley impulsada por el grupo Mixto, por el señor Maneiro, en relación con la actualización de todo lo relativo a los requisitos, a las condiciones, a los tramites que componen la iniciativa legislativa popular.
La Ley 10/2016, de 30 de junio, facilitó a la ciudadanía y a los grupo sociales  - también usted lo ha recordado -  el tomar parte en la función legislativa, efectivamente, haciendo tramites más sencillos, menos restrictivos, la posibilidad de proponer iniciativas para su debate en el Parlamento Vasco, pues se simplificaba, se mejoraba, se actualizaba, se canalizaba de una manera más posibilista.
Y eso era algo que se consiguió hacer por una amplia mayoría o algunas cuestiones no quedaron perfectamente acordadas, pero podemos hablar de un acuerdo parlamentario en lo que fue el avance en la actualización de la ley de iniciativa legislativa popular.
Y desde luego y a partir de ahí, y visto lo que hicimos en ese trámite parlamentario y ese acomodo legislativo hace tres años, tengo que decirle que mi grupo está conforme actualmente con lo regulado en esa ley, con el acuerdo alcanzado en el último trámite de esa pasada legislatura.
Y entiende que no hace falta cambiar las condiciones de puesta en práctica de la iniciativa, ni en lo relativo en los pliegos de recogida de firmas, que está perfectamente regulado, ni tampoco en lo relativo a la compensación de los gastos realizados y, en consecuencia, tampoco a la cuestión temporal de la que usted hacía referencia.
Mi grupo está de acuerdo con la regulación que se contiene en la Ley 10/2016 y por ello entiende que en este momento no es necesaria ninguna modificación.
Es lógico, además, que la iniciativa legislativa popular, que la iniciativa popular deba de confirmarse, deba de contrastarse con la capacidad legislativa que tiene en exclusiva el Parlamento.
Y por ello, la toma en consideración de la proposición de ley en la iniciativa contenida tiene como trámite obligatorio, además de su acomodo en los requisitos legales, su toma en consideración por órgano legislativo en pleno en su capacidad fundamental para surtir efectos e instalarse en el trámite legislativo.
Eso es normal y eso hay que lo, y hay que asegurar el rigor, hay que asegurar la seguridad jurídica, hay que asegurar las garantías y las condiciones legales, y eso lo da un acomodo a un trámite de esas características, que surte efecto, además.
La Ley 10/2016 fue una ley de avance en la participación ciudadana y por un amplio y mayoritario y cualitativo acuerdo, que hemos referenciado.
Se rebajó el número de firmas necesarias, se simplificaron trámites, requisitos, condiciones; se aumentó la compensación, se amplió el protagonismo y la presencia de los proponentes en la tramitación de la iniciativa, en los pasos parlamentarios que esa iba a dar. Es decir, la cuestión quedo bien y bien está regulada, desde nuestro punto de vista.
Desde nuestro punto de vista también, el planteamiento que hace el proponente de esta iniciativa corre riesgos. Y esos hay que analizarlos también, corre riesgos en relación con la apertura que usted puede tratar de impulsar: El de la improvisación, el de la falta de rigor, el de la ligereza o el de la creación de estructuras paralelas de iniciativa popular sin rigor y garantías necesarias, pero que aseguren una financiación. Corre riesgos.
Y eso nosotros tenemos que analizarlo, así, de una manera sensata. A usted le parecerá rigurosa, pero nosotros lo llamamos sensata.
La iniciativa legislativa popular tiene sus cauces, tiene sus trámites y tiene sus posibilidades de éxito, como tiene sus posibilidades de ser rechazada en relación con la soberanía popular decide, que es el trámite fundamental en la toma en consideración.
O sea, que, señor Martínez, nosotros entendemos que la iniciativa legislativa popular, como lo hace y como la que tiene el Gobierno Vasco, o como la que tienen los grupos parlamentarios, han de sustentarse en el rigor y, por ello, son tan importantes, desde nuestro punto de vista, trámites como el análisis por parte de la mesa del Parlamento Vasco sobre todo lo que tiene que ver con las garantías que tiene el texto o la iniciativa puesta para su publicación, pero también la toma en consideración, porque es a partir de ahí donde surte y empiezan a surtir los trámites que establecimos en la Ley 10/2016 como un avance y como una garantía.
Entendemos que, en ese sentido, no es necesaria una modificación de la Ley 10/2016, de Iniciativa Legislativa Popular. Fue un avance, está bien regulada y votaremos en contra de la proposición de ley.
Muchas gracias.