BARRIO BAROJA (PP, 2016-07-28):
Gracias, señora presidenta, buenos días, señorías, lehendakari, señoras y señores consejeros, consejeras.
Bien, llegamos al final de la tramitación expresa de este proyecto de ley, inicialmente de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos producidas en contextos de represión ilícita, ahora contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma vasca entre los años 1978 y 1999.
Reproducimos el debate en este último turno que ya se produjo también inicialmente en el debate de las enmiendas de totalidad, pero también en la semana pasada en la comisión, con una misma posición política.
Recordamos que mi grupo presentó una enmienda de totalidad que también fue defendida en este Pleno y está claro que para nosotros el planteamiento realizado en este momento sigue vigente en la actualidad. Nuestras enmiendas han pretendido no entrar en contextos y centrarse en la vulneración de derechos humanos que se hubieran podido producir y que se puedan acreditar por actuaciones y resoluciones judiciales, con o sin sentencias.
Nuestras enmiendas han tratado de desbloquear algunas cuestiones no constitucionales, pero, lamentablemente, no lo hemos conseguido. Mantenemos el criterio realizado con la presentación de la enmienda a la totalidad en relación con dos cuestiones importantes. La primera, la tramitación exprés de un proyecto de estas características y la ausencia de un debate más sosegado, más sostenido y de más posibilidad de análisis de muchas de estas cuestiones a regular.
Se necesitaba más tiempo, más sosiego para resolver muchas dudas jurídicas. Y estas dudas jurídicas, por otro lado, el convencimiento, nuestro convencimiento de que este proyecto alberga dosis importantes de inseguridad jurídica, fundamentalmente en lo desarrollado en sus artículos 1 y 2, que fijan el objeto de la ley y el ámbito de aplicación de la misma.
Esos conceptos, motivación política, en este proyecto ley está jurídicamente inexplicado y es el contexto que preside el recorrido y el reconocimiento de toda la ley.
Funcionario público, con graves elementos de imputación penal en relación con algunas cuestiones, por responsabilidades en servicio o fuera de servicio, medios de prueba en un procedimiento no judicial ni vinculado a uno previo, necesariamente.
Bueno, este es el centro de la cuestión que hoy nos conduce a no votar a favor de este dictamen de comisión y además, como dijo el señor Fernández  - el secretario general de Paz y Convivencia -  el pasado día 14 de julio, fecha de la reunión única de la ponencia del proyecto de ley, el ámbito de aplicación del proyecto sigue siendo el mismo proyecto de ley; eso lo dijo después de la salida de la reunión de la ponencia, después del acuerdo Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista en relación con el proyecto de ley, él dijo que se mantiene el tronco fundamental.
Lo lógico entonces es que nosotros mantengamos también ese criterio en relación con la enmienda de totalidad y nuestras sospechas, nuestras certidumbres de inseguridad jurídica palmaria.
Fundamentamos nuestro rechazo a la ley, al proyecto de ley, en este caso, en la indeterminación jurídica del mismo, en la incertidumbre interpretativa del texto, además de la dificultad de deslindar importantes cuestiones competenciales, sobre todo las del orden judicial.
¿Cómo se demuestra en este texto legal que había motivación política? ¿Cómo se declara un contexto de motivación política? ¿Qué proceso  - aparte de jurídico - , es decir, que proceso político se establece para esa valoración? ¿Cómo se declara un contexto delictivo de motivación política sino es por un juez? Es decir, el criterio forense, el de determinación de daños, el pericial, etcétera ese no puede ser un proceso político. Se podría pensar que previa a esa aplicación de la ley debería de haber algún tipo de comisión política de análisis político de la situación referida, desde luego, algo extremadamente complejo, puesto que eso ya lo hacen los jueces.
Y nos centramos en el aspecto y en lo que regula, no, el proyecto de ley, la futura ley, fundamentalmente el ámbito de aplicación y eso es lo que no está, desde nuestro punto de vista, bien atado jurídicamente.
El artículo 2.2 del ámbito de aplicación, dice: "A los efectos de esta ley se considerará vulneración de derechos humanos producidos en un contexto de violencia de motivación política aquella que se haya producido con la concurrencia de las siguientes condiciones: Primera, que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política".
Es decir, además de reiterativo, es decir, además de que no se explica, eso queda absolutamente sin concepto, es decir, se neutraliza en sí mismo, se neutraliza en sí mismo, es que no hay más que leerlo, no.
Y el segundo: "Que haya sido llevado a cabo en un contexto de actuación o actuaciones con fines de motivación política y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones, o bien...
...motivación política y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones, o bien particular, etcétera, etcétera. Es decir, una cuestión extremadamente complicada y compleja que queda simplemente negro sobre blanco en un segundo apartado de una ley tan compleja jurídicamente y tan insegura como esta.
Y por otro lado, la vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa, o subsidiariamente en su defecto, por cualquier medio de prueba admisible en derecho sin que sea preciso que exista un proceso judicial previo. Es decir, estas cuestiones no están cerradas jurídicamente en esta ley, estas cuestiones van a traer muchos problemas.
Algunos parece que quieren que traigan problemas, alguno parece que quiere que haya problemas en relación con la interpretación jurídica, pero es que este texto, su objeto y su ámbito de aplicación no está cerrado jurídicamente y mucho menos políticamente; algunos lo cerrarán en la votación pero jurídicamente no está cerrado y va a causar muchos problemas, la propia Cojua ya ha advertido sobre ello. No hay más que leer el informe de la Cojua para darnos cuenta de por dónde estamos transitando.
Bien, mi grupo presentó 42 enmiendas además de la de totalidad. Hemos retirado en el debate 12 por haberse producido el rechazo de nuestras enmiendas a los artículos 1 y 2 y entonces dejaban de tener coherencia sistemática con el texto que nosotros pretendíamos. Entendemos que como en todo, pues algunas de nuestras enmiendas efectivamente pues cuando que lógicamente tenemos que decir una vez más, ya lo dijimos en el debate de la enmienda de totalidad, se hubiese necesitado más tiempo, hubiese sido bueno, hubiese sido sano más tiempo para debatir esta ley, si no al final de esta legislatura, al principio de la siguiente seguramente que hubiésemos acertado, hubiésemos mejorado esa seguridad jurídica que nosotros tenemos en entredicho.
Y efectivamente como decíamos, hemos tratado con algunas de nuestras enmiendas que ha sido aceptada a contribuir técnicamente a reenfocar alguna cuestión. Pero nosotros lo que sí que queríamos y ya lo he explicado, era un cambio radical en la concepción de la vulneración de los derechos humanos sin aludir a contextos y eso, esa cuestión, no se ha producido en relación con el corto, el exiguo del poco debate, inexistente debate parlamentario que se ha realizado en relación con este proyecto de ley.
De la misma manera que nos preocupa y nos preocupa mucho la posible impugnación de una ley de estas características, como ya se ha producido en relación con algunas otras referencias normativas precedentes, y esto conlleva la frustración de expectativas y eso tampoco es bueno. Tampoco es bueno políticamente, no es bueno jurídicamente y todas esas cuestiones bien se podían haber neutralizado, vuelvo a decir, en un debate político más sosegado que hubiese incidido más en las cuestiones de seguridad jurídica, en esos aspectos que les he dicho antes en relación con la motivación política con los funcionarios, con los medios de prueba que están absolutamente sin atar en un texto jurídico de estas características y que reconoce y que pretende reconocer derechos como es este. Tenemos un déficit importante de seguridad jurídica y ese es el elemento fundamental que nos hace votar negativamente a este proyecto de ley. Hubiésemos querido debatir de verdad sobre estas cuestiones, pero se ha impedido ese debate.
De la misma manera se crea una comisión de valoración que a la vista de estos artículos 1 y 2 va a tener que hacer un papel muy complicado, un papel muy complejo. Va a tener que hacer un papel, el papel pericial, el papel de reconocimiento de búsqueda de las cuestiones que supuestamente describe el ámbito de aplicación, pero va a tener que hacer un papel que no le va a corresponder, porque va a tener que hacer un papel jurídico y político que no le va a corresponder y que no le debería de corresponder a esta comisión de valoración. Y ciertamente encontramos para ello, para también la comisión de valoración después de la aprobación de los artículos 1 y 2, desde luego encontramos una falta de acomodo legal y una profunda indeterminación.
Señora presidenta, estas son las razones que nos llevan a posicionarnos en contra del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.