ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2013-03-07):
Lehendakari, señorías.
Quiero empezar la intervención recordando que el consejero señor Aburto, en la comparecencia del día 6 de febrero, planteaba en materia de vivienda y vistos las estrecheces presupuestarias que habría que abundar sobre todo en el patrimonio edificado.
Nuestra propuesta, de alguna manera, hunde sus raíces en esa idea, si bien no es el patrimonio del Gobierno, sino el patrimonio de los ciudadanos. Los ciudadanos que, en su mayor parte, viven o vivimos en pisos en el régimen de propiedad horizontal.
En esta dirección se orienta nuestra proposición no de ley y decir que ese régimen de propiedad está regulado por la Ley de Propiedad Horizontal, que impone una serie de reglas, entre las que está el deber de todos los propietarios de conservar en debidas condiciones de seguridad, de estanqueidad, de la accesibilidad los edificios.
Ésta es una exigencia que topa con un problema endémico, que suele ser el de la morosidad. La morosidad de los comuneros o copropietarios que no hacen frente a sus obligaciones y que, por lo tanto, plantean dificultades para hacer frente a esas obligaciones y mantener sus edificios, sus inmuebles en las debidas condiciones.
En este régimen, lógicamente, el levantamiento de las cargas que corresponde a todos los propietarios en función de sus cuotas de participación se da lugar a situaciones, como digo, de morosidad, de morosidad creciente, porque claro, esto de la crisis afecta a todas las esferas de la vida en sociedad y cómo no a lo que es el régimen de propiedad o de copropiedad horizontal, donde el levantamiento de las cargas también está sujeto a las restricciones, a las dificultades económico-financieras que padecen los ciudadanos.
Para inspirar esta iniciativa me he basado en un informe sobre morosidad en comunidades realizado a nivel de toda España por el programa de lucha contra la morosidad en el que interviene el Colegio de Administradores de Madrid, Acción Legal, Logalty, Arbitralia, El Derecho Grupo Francis Lefebvre, Mapfre, Instituto de Mediacion Inmedia y otros.
Según este estudio, las deudas que se mantienen con las comunidades de propietarios por impago de cuotas alcanzaron 1.350 millones de euros en 2011 y fijaba una estimación para el 2012 –puesto que esto de la crisis va cogiendo un carácter exponencial– que se aproximaría a los 1.600 millones de euros.
El informe distingue entre diversos grupos de morosos. Plantea que hay un 40 % de propietarios morosos que obedecen a una causa selectiva, es decir, pagan sus facturas, pero cuando se les acaba el dinero dejan de pagarlas y normalmente las derramas o las cuotas de propiedad suelen ser una de esas últimas facturas que se pagan y a este grupo del 40 % pertenece, según este informe, parte de la morosidad.
Otro grupo, que seguro que todos conocemos algún caso, lo constituyen los morosos profesionales, es decir, los que no pagan porque son unos jetas y normalmente no lo hacen amparándose en diferentes causas que carecen de fundamento jurídico, pero se amparan en todo eso. Esto viene a ser, según este informe, un 22 %.
El tercer grupo lo constituyen los insolventes reales, las personas que realmente no pueden hacer frente, no pueden hacer frente a sus obligaciones ni en éste ni en otros casos y, por lo tanto, no pueden pagar sus cuotas para los gastos generales y menos para derramas de gastos extraordinarios.
Y el 12 % restante lo constituye un grupo heterogéneo de promotores inmobiliarios y entidades financieras, que, sin embargo, siguiendo con este informe, reclutan el 30 % del total de esas deudas que por morosidad se estima que existen.
Adolece ciertamente nuestra propuesta de la dificultad de no tener datos digamos ceñidos a nuestra realidad, al ámbito vasco, a la Comunidad Autónoma. Estamos hablando de unos estudios o de unos informes que hablan de un espectro mucho más amplio y, por lo tanto, reconozco que esta es una dificultad.
Pero precisamente por eso planteamos los tres pasos que propone la iniciativa para ir, en primer término, estimando realmente si este problema, este fenómeno qué alcance tiene en Euskadi. A lo mejor resulta que aquí esto no pasa. Lo que ocurre es que la videncia empírica dice que las prácticas bancarias tienden a generalizarse y por eso tiendo a pensar que probablemente algo de eso esté pasando aquí.
También dice el informe que el comportamiento de las entidades financieras es desigual, no todas actúan de este modo, hay algunas que son cumplidoras y otras en cambio no lo son.
Sabemos también que esta actitud, en el caso de las entidades financieras que mantienen esta situación de morosidad, por supuesto, no se deben a una situación de insolvencia, va de suyo, esto podríamos presumirlo en algunos casos, pero en el caso de las entidades financieras no cabe presumir un problema de insolvencia.
Y éste es el principal motivo de la iniciativa. Siendo entidades que pueden asumir y cumplir sus obligaciones y sus compromisos, cuando no...
...es el principal motivo de la iniciativa. Siendo entidades que pueden asumir y cumplir sus obligaciones y sus compromisos, cuando no lo hacen es porque una vez más están sirviéndose de una situación abusiva, de una situación dominante a la que tendremos ya que acostumbrarnos. Y aunque nos irrite muchas veces esos comportamientos tan antisociales, los tenemos que aceptar resignadamente porque tampoco se puede hacer muchos más.
Por eso esta iniciativa lo que propone es en el caso de que se esté dando esta situación, lógicamente los poderes públicos no debieran de consentir que situaciones abusivas se puedan estar dando. Porque además está menoscabando el patrimonio de los ciudadanos como digo.
Por eso la iniciativa plantea tres pasos que no tienen por qué ser simultáneos, sino que en primer lugar se plantea que se haga una estimación. Bien a través del observatorio, en colaboración con los administradores. Ya sabemos que no todas las fincas disponen de administradores colegiados, pero podría de ahí inferirse más o menos cuál es la magnitud y el alcance del problema, si es que lo tenemos.
En segundo lugar, visto que realmente el problema existe, que lo constituyen magnitudes importantes, que está suponiendo el freno a la realización de obras necesarias en las comunidades. El segundo paso sería exhortar a las entidades financieras a que por una vez hagan las cosas como es debido y que no sometan al resto de copropietarios de una finca en la que tienen sus propiedades, a vivir esos problemas o a demorar las obras necesarias que haya que hacer.
Esto posiblemente por sí mismo contiene elementos suficientemente disuasorios entiendo para que por mor de la imagen corporativa las entidades financieras, si están en esta situación de morosidad y de incumplimiento, probablemente en un caso de estos yo creo que no querrían ver menoscabada su imagen corporativa, y terminarían finalmente por llevar a cabo las obligaciones que tienen pendientes con la comunidad de la que forman parte.
Y finalmente viene el tercer paso que entiendo que es el más controvertido. Porque en cuatro líneas no se explica la naturaleza del mismo y además esto de hablar fondo ya sé que pone los pelos como escarpias en época sobre todo en las que hay tanta estrechez presupuestaria.
Pero quiero decirles señorías que no se trata, ni mucho menos, de plantear un fondo en términos de creación de partidas presupuestarias adicionales, ni se trata de crear un gasto mayor.
Se trataría en todo caso y esta sería un poco la fórmula, de que a partir de las cuantías que se manejan en rehabilitación, éstas que tienen un carácter subvencional, cuando el solicitante cumple los compromisos, pudieran revestir también el carácter de fondo de maniobra; de un fondo de maniobra colectivo o un fondo de liquidez, a efectos de que una comunidad sólo en los casos que haya que llevar a cabo una obra extraordinaria, una obra necesaria bien porque está determinado por deterioro que sufre la finca o bien a veces porque hay ordenes de ejecución de los ayuntamientos que obligan a las propiedades a llevar a cabo obras.
Porque además ahora que hay bastantes fenómenos de meteorología extrema no es infrecuente que caigan cascotes, que caigan cosas que haya que balizar la vía pública y ordenar seguidamente que se hagan obras.
Si esto ocurre y realmente en la propiedad hay un moroso, un moroso importante, que porque tiene unos pisos que se quedó con ellos, o porque tiene una sucursal que está vacía que por procesos de absorción no le da ninguna utilidad y no está abonando sus cuotas, eso plantea un problema.
Entonces ese fondo actuaría a modo de un crédito a favor de la comunidad que tienen que emprender esa obra, y como digo, son obras necesarias o urgentes, no hablo de obras suntuarias o de mero ornato no, obras debidamente necesarias, con una garantía, la garantía de la cesión del crédito. Del crédito que las comunidades pueden emprender acciones, y de hecho existe un procedimiento que es el procedimiento monitorio que se introdujo en la Ley de Enjuiciamiento precisamente porque los colegios de administradores lo planteaban, luego no se hace mucho uso de él. Pero esa sería la garantía, la cesión de crédito.
Pero que no excluya la posibilidad que la comunidad reclame al banco. Si realmente el banco, la entidad financiera se hace el orejas, pues el Gobierno con toda su solemnidad podría recabar para sí con esa cesión crédito y recuperar el dinero.
Es verdad que esto no tiene por qué ser sólo en los casos que aquí exponemos de entidades financieras. Podría servir para otros supuestos de morosidad distinta, lo que pasa es que cuando fuera por casos de insolvencia esa garantía ya no tendría ese carácter tan estricto. Porque una cesión de crédito para perseguir un crédito contra alguien insolvente pues deja de ser una garantía.
Por lo tanto no se trata de crear un fondo ex novo, sino revestir de ese carácter de fondo de maniobra a dineros que ya se suelen habilitar para actividades de rehabilitación.
Como digo nada de gastos generales, no se trata de obras suntuarias, sino solamente en el caso de obras necesarios u obras en las que por ejemplo sea necesario por razones de accesibilidad, que sabemos lo que pasa en algunos inmuebles, que por su antigüedad no tienen las condiciones de accesibilidad que pueden necesitar en un momento dado. Propietarios que por unas razones o por otras necesiten mejorar su accesibilidad.
Ésta es en definitiva la intención del fondo que planteamos que como digo no supondría traer dinero para fondo perdido y mucho menos, como alguien me ha planteado en la cocina que se hace antes de estos momentos, para financiar a los bancos. ¡Faltaría más! No tiene para nada una finalidad de ese tipo.
Por lo tanto, el espíritu que anima a la propuesta es que no se sigan dando situaciones de abuso, que permita por otra parte contribuir a lo que es el mantenimiento del patrimonio edificado, a través de  la rehabilitación pertinente. Lo cual también coadyuva a la generación de actividad económica, y sobre todo porque resulta inaceptable que viniendo de entidades que pudiendo hagan oídos sordos a sus obligaciones.
Como digo, una parte de las debilidades que tiene la propuesta es que desconoce el alcance a día de hoy que puede haber esto en Euskadi. Ojalá nos encontremos con que este no es un problema, no es un fenómeno que ocurre. Pero entiendo que a lo mejor haciendo las averiguaciones oportunas nos encontramos con que algo de eso está ocurriendo.
Otra debilidad que tiene la propuesta es que esto realmente no existe en ningún otro lado. En ninguna otra cámara o asamblea autonómica se ha planteado esto y mucho menos en el Congreso. Pero lo que podía ser una debilidad, yo propongo a sus señorías que lo convirtamos en una fortaleza. Es decir, también podemos ser nosotros pioneros, podemos ser nosotros un ejemplo a seguir sobre formas de corregir situaciones de abuso y que contribuyen al bien común.
Posdata: Si alguna de sus señorías que va a intervenir con posterioridad me quiere hacer alguna pregunta con relación a esto, yo ruego que lo haga en el primer turno y no en el turno de réplica porque como es bien sabido no podré contestar.
Muchas gracias.