PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2016-06-02):
Buenos días.
Vuelve otra vez el caso Hiriko a este salón de plenos, es ya un clásico de la legislatura junto con otros episodios más o menos conexos que todos tenemos en mente. Y la verdad es que a estas alturas las peripecias finales de este insensato proyecto pseudo empresarial de fabricar un coche eléctrico urbano, revolucionario, made in Euskadi, no debiera ocupar ni un minuto de la atención de esta Cámara, porque este Parlamento ya hizo su trabajo con la Comisión de Investigación que estableció las responsabilidades políticas, y también los fallos procedimentales y de control en lo que la Administración vasca incurrió en los casos Hiriko y Epsilon.
Y ahora es el momento de que los tribunales fijen las responsabilidades penales y también las patrimoniales que puedan corresponder a las personas que pusieron en marcha y administraron ese tinglado. Porque Hiriko no es un proyecto empresarial fallido, como cariñosamente lo suele calificar la señora Tapia. No hay más que ver las calificaciones de la Fiscalía en las causas que se siguen en los tribunales, que son bastante menos suaves en sus expresiones, tanto en un Juzgado de lo Mercantil por quiebra culposa, como sobre todo, en la causa penal abierta, malversación, falsedad documental y apropiación indebida.
Esos son los cargos que el Fiscal atribuye a seis antiguos responsables de Hiriko por el presunto desvío de hasta 6,4 millones de los 18 de ayudas públicas que fundieron. Porque lo original de este proyecto empresarial, entre comillas, y de su primo hermano, Epsilon, es que sus promotores, beneficiarios, no incurrían sorprendentemente en riesgo patrimonial ni propio, ni además aportaban capital, sino que todo eso iba por cuenta de las administraciones públicas.
Esto es conocido y como he señalado antes, no debiera ocuparnos, pero el problema es que si el Gobierno del PNV hubiera actuado más activamente y con diligencia en la protección de los intereses públicos comprometidos en estos episodios, quizás las cosas hubieran cambiado. Pero por desgracia, hemos de decir que no ha sido así.
Recordemos brevemente. El Grupo Nacionalista no apoyó la creación de la Comisión de Investigación parlamentaria sobre los casos Hiriko y Epsilon y además fue el único grupo que se opuso a las conclusiones y recomendaciones aprobadas. No se sabe bien si porque ambos proyectos contaban con las bendiciones del PNV, por las notorias conexiones políticas entre sus principales promotores con este partido, o por ambas cosas juntas, el caso es que si el Gobierno Vasco está personado, como es ahora, como acusación particular en el caso Hiriko, ha sido porque desde esta Cámara le apremiamos a que lo hiciera hace ahora 14 meses, y le instamos, porque no veíamos ni ganas, ni disposición en ese sentido.
Ya sabemos, además, que las ayudas concedidas por el Gobierno Vasco a Hiriko son una mínima parte de las subvenciones públicas enterradas en este proyecto, 2,2 millones de euros frente a los alrededor de 16 logrados del Gobierno central. 2,2 millones que en su mayor parte, es verdad, se gastaron en los desarrollos tecnológicos e industriales para los que fueron otorgados. Porque hay una diferencia entre una y otra llegada de dinero. A diferencia de las subvenciones arrancadas políticamente por el PNV de los Presupuestos Generales del Estado para los promotores de Hiriko, las ayudas del Gobierno Vasco se dieron de forma competitiva en los programas específicos de I+D+i del Departamento de Industria.
Y bien que lo sabemos los Socialistas, fue el Gobierno de Patxi López el que soportó, no pocas críticas por cierto, desde medios de comunicación vinculados al PNV, por no entregarse con entusiasmo a este empeño revolucionario. Afortunadamente no lo hizo, y la razón es que no veía una base empresarial solida e industrial en la iniciativa de unos señores que, por cierto, no tenían ni experiencia previa en ingeniera ni automoción, y que además no ponían ni un euro de su cartera.
Gracias probablemente a esa prudencia y ese rigor del anterior Gobierno y a que no se dejó envolver en una ensoñación, como también pasó con Epsilon, el perjuicio patrimonial que ha podido sufrir la Administración vasca, ha sido bastante más reducido del que podía haber sido.
Pero eso no significa que el Gobierno Vasco tenga que ponerse de perfil ante este fiasco, es su deber estar en los procesos judiciales activamente, como parte también perjudicada. Y además es su obligación irrenunciable intentar recuperar el máximo de fondos públicos propios que se utilizaron inadecuadamente.
Eso parece algo tan elemental y tan de sentido común, que no debiéramos perder ni un segundo en proclamarlo aquí, pero parece que sí hay que hacerlo nuevamente, porque no se ve precisamente una situación ni actuación muy proactiva por parte de este Gobierno.
En este punto, como sucedió la semana pasada con el debate sobre la tibieza a la hora de ejercer la acusación particular en el caso De Miguel, nos entra una cierta sospecha de que esa actitud tenga mucho que ver con la afiliación política de la mayoría de los encausados y con el respaldo también político que recibió ese revolucionario coche eléctrico vasco. Un negocio, que por cierto, no supo ver ninguna otra gran compañía automovilística.
Es por eso que mi grupo va a apoyar un nuevo llamamiento, que es prácticamente copia literal del que se aprobó aquí hace 14 meses, al Gobierno para que cumpla su obligación, sea parte activa en los procesos judiciales abiertos, y se esfuerce de verdad en recuperar los fondos públicos que se acredite judicialmente que fueron utilizados de forma indebida.
Muchas gracias.