LLANOS GÓMEZ (PP, 2017-12-21):
Gracias, señora presidenta. Egun on guztioi.
Bien, en relación a este tema yo interpelé a la señora consejera y en la moción que fue consecuencia de aquella interpelación, yo señalaba que no era una cerrazón ni un empecinamiento, ni de este grupo, ni de Elkarrekin Podemos con relación al 112, sino que la cerrazón y el empecinamiento viene de parte del Gobierno Vasco.
En la respuesta que se le dio al señor Becerra se reconoce por parte de la responsable del Departamento de Seguridad, también se hizo en plenos anteriores, que el servicio de emergencias 112 es un servicio esencial, y no podía ser de otra manera porque todos hemos dicho eso aquí, seguro que los grupos que me van a seguir en el uso de la palabra también lo dicen, y como decía desde el propio Gobierno Vasco se dice.
Y es verdad, es un servicio esencial porque es un servicio de atención en momentos duros, es un servicio de referencia y de calidad, pero es un servicio de referencia y de calidad y no se nos puede olvidar, por el buen hacer y la profesionalidad de una plantilla rápida y eficaz en momentos difíciles, y de una plantilla con una gran implicación. Y decía que es una plantilla con una gran implicación, porque ha realizado una labor que le hubiese correspondido hacer al departamento, pero que el departamento no ha hecho. Y me explicaré.
Lo he dicho en muchas ocasiones y yo no voy a entrar aquí a debatir, aunque se pudiera plantear el sistema de gestión directa o de gestión indirecta, pero no he venido a plantear eso hoy aquí. Pero nuestro grupo es de los que piensa que un servicio público se puede prestar de forma directa por la propia Administración, o puede sacarse a concurso y ser una empresa, la empresa adjudicataria la que lo preste. Y eso, que sea una empresa adjudicataria la que preste ese servicio público, no le quita ni un ápice del carácter de servicio público.
Pero esta moneda tiene otra cara y esa cara es que como tal servicio público, es responsabilidad pública que funcione bien y la Administración tiene que velar por que el servicio funcione, por que el servicio funcione bien, y que los pliegos con arreglo a los cuales se sacó a concurso dicho servicio se cumplen. Tiene que velar por que las prescripciones contenidas en la oferta presentada por la empresa que en su momento se adjudica el concurso, se cumplen. Y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco no ha cumplido con lo que era su responsabilidad en este servicio.
Las trabajadoras de este servicio además de llevar a cabo su trabajo y de llevarlo a cabo bien, han realizado otro que debiera de haber sido realizado por la propia Administración, y es comprobar si el pliego de condiciones estaba siendo cumplido o no por la empresa adjudicataria. Y se ha demostrado que no se ha cumplido, y eso nada tiene que ver con la relación laboral entre empresas y trabajadoras en las que el Gobierno Vasco dice que no tiene que meterse. Eso tiene que ver con dinero público, con el empleo del dinero público, el dinero que se paga a una empresa para realizar aquello a lo que se ha comprometido cuando resultó adjudicataria y que no ha realizado. Y no lo han hecho no han cumplido las prescripciones que estaban contenidas en el convenio, no hay reten de guardia, no gestionan los perfiles en las redes sociales, no les han dado la formación comprometida, no les han formado en un idioma extranjero como se comprometieron.
Y desde el Gobierno Vasco ¿se ha comprobado esto? ¿Se ha comprobado realmente estas prescripciones? Pues no, no se ha comprobado, porque esto se supone que redundaba en beneficio del servicio ¿no?. Que todas estas cuestiones son las que ayudaron a esa empresa a ganar el concurso.
Todas estas cuestiones las hubiera sabido mucho antes el Gobierno Vasco si se hubiera reunido con las trabajadoras, que no lo hizo. Aún así, ellas  - como digo -  cumpliendo una labor que no les correspondía, han realizado múltiples denuncias, han realizado informes del número de personas que en cada turno están, demostrando que se incumple el pliego de condiciones.
Con lo cual, nosotros consideramos que además de otros pluses debieran de cobrar el plus por vigilando, un plus por realizar una función que debiera de haber sido realizada por la propia Administración.
He señalado en otras ocasiones que el momento de redacción del pliego es cuando era conveniente y necesario recabar los datos para resolver las disfunciones que el mismo presentaba, y para ganar en calidad y en eficiencia en el servicio. Por eso señalé la conveniencia de la reunión con las trabajadoras, pero no se celebró, aunque como he dicho estas disfunciones sí que las sabe el Gobierno porque se las han hecho llegar a la Dirección de Emergencias a través de Zuzenean.
Y el Gobierno Vasco ha hecho caso omiso, también ha hecho caso omiso de las peticiones de este Parlamento de que en el pliego se incluyeran cláusulas sociales. Cuando yo interpelé a la consejera, ya señaló que el servicio debiera de adjudicarse a quien mejor garantizase la prestación, y yo estoy de acuerdo con ello, claro que sí.
Lo que discrepo es si va a suceder esto en el siguiente concurso, en la siguiente adjudicación. Porque el Departamento de Seguridad como he dicho en otras ocasiones, no se ha reunido con las trabajadoras.
En la contestación que le dio al señor Becerra, decía que algunas de las cuestiones que planteábamos allí chocaban con la legalidad, ¿reunirse con las trabajadoras de verdad choca con la legalidad? ¿Para escucharlas? ¿Para oír de su mano como funciona el servicio, qué disfunciones hay, cómo se puede mejorar la prestación de ese servicio, eso de verdad choca con la legalidad? Y no se ha hecho, pero es que no se ha hecho por parte del Gobierno Vasco pero tampoco por parte de la empresa.
La empresa es verdad que no quiere ni oír hablar de mejoras laborales ni de un convenio específico distinto del telemarketing, y yo quiero señalar lo que en otras ocasiones he dicho aquí. Más allá de que el Gobierno Vasco sea el accionista mayoritario de esa empresa, más allá de razones de justicia, porque no es lo mismo ofrecer un cambio de compañía telefónica que atender a una llamada en situación de angustia, como tienen que hacer estas trabajadoras, yo creo que es una cuestión de conveniencia del propio Gobierno Vasco.
La situación del personal de un servicio, sus condiciones laborales, influyen y mucho en la calidad de la prestación de ese servicio, por ello, sin tener que interferir en esa relación entre empresa y trabajadores, la administración a nuestro juicio, en ejercicio de la responsabilidad que le corresponde porque se trata de un servicio público y de un servicio público que debe de funcionar bien, debiera de preocuparse que las condiciones laborales de las personas que prestan ese servicio fuesen las adecuadas. Porque existen otros servicios de atención telefónica en el propio Gobierno Vasco que tienen condiciones diferentes.
Con relación a la iniciativa nosotros no habíamos presentado ninguna enmienda porque compartíamos los puntos que aquí se establecen. Evidentemente, compartimos ese primer punto que es poner en valor el trabajo que realizan las personas que atienden el teléfono de emergencias 112.
Un servicio cuyo desempeño implica una valoración especializada y urgente en las llamadas recibidas bajo unas condiciones de alta responsabilidad y estrés, todo lo cual exige una cualificación específica y una remuneración acorde a las tareas que desempeñan.
Probablemente todos podamos compartir este punto, pero poner en valor debe de suponer que esa puesta en valor tenga unas consecuencias; porque una declaración que queda muy bien como suelo yo decir alguna vez tipo y la paz en el mundo, pues puede está muy bien y que todos estemos de acuerdo con ese punto. Pero si luego eso no tiene consecuencias, ni tiene reflejo en las condiciones laborales de unas personas que como digo su trabajo es muy diferente de ofertar un cambio de compañía telefónica, pues esa puesta en valor creo que se queda muy corta...
...digo, su trabajo es muy diferente de ofertar un cambio de compañía telefónica, pues esa apuesta en valor creo que se queda muy corta.
Instamos también a poner en práctica los acuerdos adoptados en relación con la plantilla que atiende el servicio de atención de emergencias. Yo creo que es cuestión de voluntad política, que en muchas cuestiones no tienen, no chocan con la legalidad, ni nada tienen que ver con la legalidad; como decía yo antes, reunirse con las trabajadoras, hacer de verdad y efectivo ese lema que el Gobierno Vasco trabaja para las personas y tiene en cuenta a las personas, pues precisamente reunirse con esas trabajadoras sería poner en práctica ese lema y no dejarlo en tal lema, como se está haciendo en este momento.
Instamos a mediar entre la empresa adjudicataria y nosotros consideramos que eso no significa suplantar la acción que debe de haber entre empresas y trabajadores, no, pero sí implicarse en que realmente, como digo, las condiciones laborales sean correcta porque eso redunda en el buen funcionamiento del servicio.
Y el cuarto punto, que creo que va de suyo y no debiéramos ni de ponerlo aquí, porque vamos, roza el esperpento el que tengamos que recordarle al Gobierno Vasco que tiene que vigilar que se cumple la ley, porque desde el momento en que se le adjudica un concurso a una empresa, los pliegos de condiciones y con ello el cumplimiento de su oferta eso es ley, porque el contrato es ley entre las partes.
Por lo tanto, yo creo que en cumplimiento de su responsabilidad y de su obligación debe de velar por que es contrato se cumple...