ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2014-12-18):
La contratación pública es una de las actividades típicas de la Administración y tiene diferentes vertientes jurídicas, económicas, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con muchos aspectos de la economía también.
Pero tiene que ver sobre todo con uno de los elementos más controvertidos de lo que en este momento consideran los ciudadanos un problema principal, del que hoy hemos hablado aquí, que es el de la corrupción. La corrupción y todo lo que representa parece que se canaliza fundamentalmente a través de la contratación pública.
Y por tanto, todos los procedimientos de contratación deben de ser escrupulosos, deben ser diáfanos, transparentes y objeto de todo tipo de controles para evitar que esta lacra de la corrupción no tenga lugar o por lo menos sea reducida a la mínima expresión.
Lo que ocurre es que la iniciativa que nos trae hoy Bildu la justifica precisamente insinuando la existencia de irregularidades, la existencia de irregularidades que, a la vista de lo que he podido escuchar por parte del señor Oyarzabal, casi podría decirse que se dan por sentadas que existen.
Y yo creo que la actividad parlamentaria debiera de reunir sobre todo un ápice de prudencia, un ápice de prudencia a la hora de establecer juicios, porque, efectivamente, hacer planear sobras de sospecha y de dudas sobre un procedimiento que tiene ya muchos años, que no ha dado lugar problemas, episodios alimentarios que efectivamente supone un contingente importante, más de 90.000 niños comen todos los días, hablamos de 500 comedores, la cifra de negocios es importante.
Y se habla de las irregularidades precisamente a partir de la existencia de una empresa que parece que queda excluida de las licitaciones, desconozco los motivos, porque no he llegado a ver esos expedientes con tanta profusión y detalle. Y que hay siete empresas que siempre se llevan el gato al agua, que son las que se hacen con los lotes que salen a concurso.
Hay especialidades en la actividad económica que tiene que ver con la contratación pública que, por su naturaleza, presentan un universo empresarial muy definido.
Además de la empresa digamos recurrente, que por cierto, tiene recursos jurisdiccionales ante lo contencioso-administrativo, según tengo entendido, con resultado desestimado, es decir, que al final la existencia de estas irregularidades ha conocido otros ámbitos, como el de la jurisdicción contenciosa, y parece ser que hasta el momento los tribunales no han establecido la existencia de las mismas.
Por lo tanto, que nuestro debate flote sobre el ambiente de unas irregularidades que están por demostrarse pero que a la hora del debate parece que son se dan por ciertas pues nosotros creemos, señor Lazarobaster, que es un enfoque con el que no podemos estar de acuerdo, siquiera porque nosotros también hemos pasado por responsabilidades de Gobierno y no podemos aceptar insinuaciones de ese jaez ni mucho menos.
Pero es que, por otra parte, además de esa empresa, ¿El universo empresarial cómo está constituido? Porque, en fin, en una modesta experiencia que tengo como licitador a contratos de la Administración en especialidades muy concretas, el ámbito y el universo de empresas que coincidían en esas plicas eran los mismos siempre. Efectivamente, era mecánica de suelos, no había más empresas que las que había.
Y concretamente, en el ámbito de los comedores escolares y dado los requerimientos higiénicos, sanitarios, nutricionales y demás, probablemente las barreras de entrada para las empresas que quieran concurrir a ese mercado pues sean importantes desde el punto de vista de la inversión. Probablemente, yo no lo sé.
No sé cuántas empresas quedan excluidas, señor Oyarzabal, pero de verdad que no lo sé, porque debo de confesar que no es una materia propia de las áreas que habitualmente llevo.
Pero, en fin, algo sé de contratación pública y desde luego sí sé es que si bien es todo mejorable y hay áreas de mejora, sin haber esclarecido la existencia o no de irregularidades, ¿Cómo podemos plantear áreas de mejora sin saber de las mismas, sin saber que existen realmente?
Y claro que en nuestra enmienda, señor Lazarobaster, es muy neutra, no dice nada y la de transacción es muy generalista, porque creemos que el sistema está funcionando bien. Entendemos que no ha habido más quejas que las que en todo caso un empresario legítimamente lleva delante.
Por cierto, el expediente de la Autoridad Vasca de la Competencia lo inicia el propio interesado, es decir, que quien pide amparo y quien pide digamos esclarecimiento es él. Es decir, que no es que sea un expediente de oficio. Él lo ha pedido y se lleva a cabo.
Y precisamente todas las cautelas que incorpora ese expediente precisamente son en su favor, para favorecer el buen éxito de ese expediente iniciado a instancias del propio recurrente. Esto es lo que tenemos que decir en relación a estas cuestiones relativas a las irregularidades.
Las irregularidades, hablar de ellas sin mayor concreción, lo que hacen es enturbiar el debate y hacer creer que efectivamente todo está, en fin, en los días que vivimos es fácil creer la existencia de irregularidades aunque estén por demostrar, porque como vivimos en un entorno tan oscuro y tan embarrado, pues es fácil aceptar la existencia de irregularidades en la contratación, porque parece moneda de uso corriente, pero es que están por demostrar.
Y por lo tanto, plantear cambios de procedimiento sobre la base de irregularidades no demostradas nos parece poco prudente, nos parece que es, en todo caso, hacerlo al calor de una iniciativa legítima de este empresario, que quiere que se abra la luz sobre esos procedimientos de contratación.
Yo espero que así ocurra, que efectivamente se esclarezca cuál es el procedimiento pero claro, si resulta que efectivamente hay prácticas restrictivas de la competencia y esas empresas por lo que sea han formado un cártel, pues entonces tendrán que arrostrar las consecuencias de esas prácticas restrictivas de la competencia y, lógicamente, las sanciones que pudieran devenir.
Pero entonces estamos hablando de prácticas restrictivas de la competencia hechas lógicamente a espaldas y con desconocimiento de la Administración contratante, porque si lo que usted plantea, señor Oyarzabal, o lo que plantean los proponentes es que existen irregularidades porque hay una concertación de las empresas de las que el órgano contratante tiene conocimiento, pero eso entonces tiene que estar en tribunales directamente. Alguien tiene que llevarlo a tribunales con conciencia plena de ello. Si usted la tiene o la tienen los proponentes debieran hacerlo.
Nosotros por supuesto presumimos la buena fe, presumimos que todo este procedimiento es correcto, es diáfano, es transparente y que no está sujeto a cosas extrañas, mientras no se establezca otra verdad material en el ámbito de la jurisdicción o que, en el caso de la Autoridad Vasca de la Competencia establezca que hay una práctica restrictiva de la competencia.
Porque si así fuera, nosotros estaremos perfectamente encantados de que se averigüe ese hecho y se sancione, como corresponde a las empresas, y obviamente pierdan su habilitación para seguir contratando con la Administración. Faltaría más.
Pero sólo llegado ese momento, sólo llegado ese caso en el que se demuestre, porque mientras estamos hablando de todo esto...
...a seguir contratando con la Administración, faltaría más. Pero sólo llegado ese momento, sólo llegado ese caso en el que se demuestre porque mientras estamos hablando de todo esto, haciendo creer o sugiriendo entre brumas que existen las irregularidades, obviamente no se entendería nuestra posición porque sería una postura demasiado blanda y pusilánime con un hecho tan deleznable como la corrupción.
Pero es que eso primero tiene que quedar demostrado. Primero se tiene que demostrar que las irregularidades existen y no aceptar como valido el hecho de alguien está reclamando con toda la legitimidad del mundo, tendrá sus motivos y sus razones, pero eso tendrá que esclarecerse en los órganos, en los ámbitos institucionales que correspondan y, una vez sentado los hechos probados, entonces podremos ver si hay áreas de mejora en el procedimiento, si hay que sancionar a las empresas que llevan a cabo estas prácticas restrictivas y si efectivamente hay que inhabilitarles para el futuro.
Y, respecto de la empresa recurrente, con todo el derecho del mundo a buscar lógicamente su hueco en el mercado de la contratación pública naturalmente. Pero entiendo que las exclusiones han sido motivadas como no puede ser menos en el derecho administrativo.
Sí, cuando se le deniega un derecho a alguien, principio general del derecho administrativo, es obligado fundamentarlo y motivarlo. Y doy por supuesto que ha sido motivado y fundamentado.