BARRIO BAROJA (PP, 2015-05-28):
Gracias presidenta. Brevemente.
Mire señor Arzuaga, me acusa de que me gusta la trinchera jurídica. Sí, me gusta la trinchera jurídica. A mi lo que no me gusta es el zulo encubridor en el que usted se suele encontrar permanentemente y en casos como este vuelve a salir de manifiesto.
Y ahora además usted es un mal jurisconsulto internacional. Nos amenaza, supuestamente al Gobierno de España, con consecuencias internacionales. Nos amenaza con eso, con consecuencias internacionales. ¿Por qué? ¿Por fundamentar sus acuerdos en el derecho? ¿En el derecho? ¿Las opiniones y las sentencias de los tribunales?
No lo sé. Me parece que mal jurisconsulto internacional es usted. Y usted tiene muy poca legitimidad para exigir responsabilidades para exigir responsabilidades de desapariciones y de crímenes. ¡Usted no tiene legitimidad!
Mientras usted no los condene todos, la memoria histórica, la más reciente, mientras usted no los condene todos, usted no nos puede traer aquí estos debates exigentes. No los puede traer. Lo siento. No los puede traer.
Siga usted en ese zulo encubridor, así no iremos muy lejos. El señor Ramírez-Escudero no me ha contestado a la pregunta sobre la calificación actual de Arzalluz en relación con la aprobación de la Ley de Amnistía en su momento. No me ha dicho si ahora sería un traidor, en relación con el planteamiento que usted hace, el nuevo planteamiento en relación con esas cuestiones.
No lo sé. Yo creo que me diría que no, pero no me lo ha explicado. Y sí me gustaría porque yo creo que hay una contradicción muy importante entre esas cuestiones. Usted ha dicho que hay que analizar, cómo hay que analizar su enmienda de transacción. Su enmienda de transacción hay que analizarla desde un punto...
...muchas cuestiones.
Y usted ha dicho cómo hay que analizar su enmienda de transacción. Su enmienda de transacción hay que analizarla desde un punto de vista jurídico, no de los derechos humanos, no, jurídico. Usted pide extradiciones y detenciones y ésas son cuestiones jurídicas que tienen que aprobar definitivamente en decisiones fundamentadas en el derecho, y eso es lo que está haciendo los tribunales españoles y el Gobierno de España.
Es decir, yo me refería antes al buen número de debates parlamentarios o de preguntas parlamentarias en relación con el informe del señor de Greiff, y habido también muchas preguntas y habido muchas contestaciones.
Se ha recordado en esos informes que España es un país democrático, con un régimen constitucional de libertades, basado en el respeto a los derechos humanos, y se recordaba también que las leyes en vigor garantizan la protección  - en cuestiones de las que hablaba el informe -  de cualquier víctima, de cualquier delito, así como la memoria de las mismas, también por hechos producidos en periodos pretéritos caracterizados por las libertades.
Todavía esas cuestiones están garantizadas, se puede avanzar en ese reconocimiento sin ningún género de dudas.
De otra parte, se puede señalar que el extracto de las observaciones del Gobierno en relación con el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre su idea de España reafirma el Gobierno la importancia de los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal, que son pilares del Estado de derecho.
Esa declaración se produce al hilo de las consideraciones contenidas en el informe del señor de Greiff sobre una supuesta interpretación restrictiva o formalista de tales principios por parte de los tribunales españoles.
No es así, el tribunal y el Gobierno de España defiende esos pronunciamientos de los tribunales españoles, como no podría ser de otra manera, porque están fundamentados en derecho.
El respeto del principio de legalidad es básico en todo Estado de derecho y no resulta incompatible además con las disposiciones del Convenio de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas que entró en vigor en España el 23 de diciembre de 2010.
Y como manifestación el compromiso de España con el multilateralismo y la protección y promoción internacional de los derechos humanos al ratificar el Convenio, España aceptó la competencia del comité sobre desapariciones forzosas, órgano creado por la Convención para conocer comunicaciones individuales relativas a posibles violaciones del Convenio.
De conformidad con el artículo 35, "la competencia del comité sólo se extiende a las desapariciones forzadas que se han iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Convención".
Son formalismos jurídicos, legales, son cuestiones así, pero que tienen su peso, y que hay que reconocerlos y que desde luego los gobiernos democráticos los utilizan para fundamentar sus decisiones y sus posiciones.
Y con respecto a la protección y reparación de las víctimas y de sus familiares, la respuesta de España al informe del relator, señor de Greiff, se explica que desde los inicios de la democracia empezaron adoptarse medidas de reconocimiento y reparación que culminaron además con la adopción de la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007. Esta ley aglutina una seria de medidas de reparación y reconocimiento, así como otras de carácter simbólico.
Y también se indica que se ha proporcionado información al relator sobre decisiones judiciales que coinciden en que el procedimiento penal no es la vía para dar satisfacción a las pretensiones de los demandantes, pero ofrecen la vía contenciosa-administrativa como vía correcta de acuerdo con la concepción procesal española y prevista en la Ley 52/2007.
Finalmente, se toma nota de las observaciones del relator en cuanto a las categorías de víctimas que considera excluidas de las medidas de reparación con el fin de estudiar su encaje en la legislación vigente.
No obstante, se recuerda la puesta en marcha del programa de reconocimiento de pensiones de las personas que por su orientación sexual sufrieron pena de prisión en aplicación de la legislación en vigor durante el franquismo y se señala que dichas personas también tienen a su disposición la posibilidad de solicitar la declaración de reparación prevista en el artículo 4de la Ley 52/2007.
Es decir, se sigue avanzando y se siguen tomando...