MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2013-11-07):
Gracias presidenta, buenos días a todas y a todos.
A falta de conocer el contenido concreto de la transaccional que parece que van a, o han firmado el grupo Socialista y el grupo EH Bildu parece evidente que se va a aprobar esta transaccional porque al parecer el grupo Nacionalistas Vascos va a votar también a favor de ello, por lo tanto, se creará esta ponencia.
Una ponencia en la que se tratarán asuntos que nosotros nos parecen ciertamente importantes, pero en la que no sabemos si finalmente podremos estar, porque UPyD, al tener un sólo parlamentario, no puede estar en todos los lugares donde nos gustaría.
En todo caso, espero que en esa ponencia se traten asuntos de interés y se traten también asuntos que a continuación voy a señalar, porque, como digo, me parece un tema ciertamente importante.
La política energética es uno de los fundamentos de la política económica general de cualquier país desarrollado. La factura energética es el segundo capítulo fundamental de los costes industriales y, por tanto, de la competitividad económica.
Los costes energéticos de la red de transportes también tienen gran importancia económica y medioambiental, por tanto, una política energética orientada a mejorar la capacidad económica del país tendrá como primer objetivo reducir en lo posible la factura energética mediante el impulso de estrategias de ahorro, eficiencia e innovación.
La autonomía energética del país es también un objetivo político estratégico de primer orden. En el caso de España, se debe potenciar el empleo de las fuentes renovables de energía eléctrica dependientes del sol, la atmósfera y el suelo.
Finalmente, la producción y consumo de energía debe tener muy en cuenta el impacto ecológico que produce, tratando de minimizarlo y adoptando medidas de sostenibilidad, pues la producción y consumo de energía son los principales responsables de la contaminación y del deterioro medioambiental.
En síntesis, la política energética debe perseguir mejorar la competitividad de la economía, especialmente en la industria y el transporte, buscando un suministro seguro a precios aceptables, mejorar la autonomía de la producción de energía, y el ahorro y eficiencia en el consumo, y optimizar la sostenibilidad medioambiental reduciendo el impacto ecológico.
Se trata de que la factura energética no suponga un obstáculo al desarrollo de la economía productiva porque perjudique la competitividad o tenga un coste inasumible, ni provoque daños medioambientales intolerables.
Una política semejante sólo puede ser una estrategia de estado a largo plazo, adaptable a los cambios tecnológicos, económicos y geoestratégicos. La planificación y regulación del sector eléctrico es particularmente importante, dado que la electricidad es una energía insustituible en la industria, el transporte ferroviario y el consumo doméstico.
La regulación del sistema eléctrico debe formar parte de un plan nacional de energía, dentro de la normativa europea. Una decisión fundamental en este campo es la constitución de un mix energético que garantice un suministro suficiente y seguro a un precio competitivo. El mix debe combinar las diversas fuentes de energía eléctrica disponibles según los criterios de competitividad, seguridad del suministro, autonomía y sostenibilidad.
Otra medida indispensable, en nuestra opinión, es instaurar un mercado eléctrico regulado, transparente y liberalizado, donde la formación de precios sea pública y la competencia entre empresas productoras equitativa, al igual que debe existir competencia real entre los comercializadores en beneficio del consumidor.
Sin embargo, la política energética seguida por los sucesivos gobiernos de la democracia española no se ha ajustado a estos objetivos y criterios. Ha sido contaminada por intereses espurios de determinados sectores energéticos, por intereses políticos de partido y por incongruencias estratégicas, produciendo fenómenos como el déficit de tarifa, los bandazos en las primas a las renovables, los incentivos negativos al ahorro, la eficiencia y la inversión, y la opacidad generalizada del mercado eléctrico.
La mala política energética y en concreto eléctrica ha perjudicado a la competitividad industrial. En resumidas cuentas, la pésima política energética de los sucesivos gobiernos españoles ha agravado la crisis económica y complicado las perspectivas de recuperación al empeorar la competitividad de algunas industrias, disminuir drásticamente la inversión privada, doméstica e internacional en el sector eléctrico y crear una situación de anarquía reguladora e inseguridad jurídica.
Otra consecuencia indeseable de esta política errática es el inexplicable maltrato dado a los nuevos sistemas de generación y consumo, como el autoconsumo con balance neto.
En relación al déficit de tarifa, tarifario, a principios de año, tal como se ha dicho, se acercaba a los 26.000 millones de euros. Todas las medidas aprobadas para reducir primero y eliminar luego el déficit de tarifa han fracasado.
Por supuesto, son los contribuyentes y consumidores, los que acabarán, los que acabaremos financiando el déficit, vía impuestos y tarifa eléctrica.
El déficit tarifario, tiene su origen en una decisión política, diferir el pago del precio real de la electricidad. Semejante decisión –tomada por Aznar en el año 1998– solo se explica por la combinación espuria de intereses electorales de partido y de connivencia del poder político con el de las principales empresas eléctricas. La lógica del déficit tarifario fue mantenida después por los gobiernos presididos por Zapatero y se mantiene a día de hoy.
El sistema de déficit de tarifa es una curiosa mezcla de populismo y oligopolio. Buscan no trasladar directamente los costos al pequeño consumidor doméstico y, a la vez, asegurar sus ingresos a las grandes compañías, mediante la garantía pública de la deuda.
Este desequilibrio fue empeorado en los años de bonanza, con una política fiscal irresponsable de primas a las energías renovables, que ascendieron a una cifra muy superior a la prevista por el atractivo de sus grandes ventajas fiscales.
Acabar con el déficit tarifario requiere no solo de medidas técnicas y financieras correctoras, sino de un cambio a fondo de la política energética del sector eléctrico, que debería incluir al menos las siguientes medidas y líneas de actuación: Auditoría externa de la formación de precios de la electricidad, liberalización del mercado eléctrico, para conseguir un sistema de formación de precios competitivo, equitativo y transparente para el consumidor –cosa que a día de hoy no tenemos–.
Reforma en profundidad de las normas actuales que regulan el sector eléctrico, potenciar la innovación, la eficiencia y el ahorro energético, y el apoyo a las fuentes de energía más competitivas y eficientes, como la cogeneración, incluyendo el autoconsumo con balance neto.
Resolver en las instituciones europeas y españolas, comunidades autónomas y ayuntamientos los problemas de conexión eléctrica con Europa, que convierten a la península ibérica, en una isla energética.
Y elaborar un plan energético nacional, que debería contar con una serie de características que han sido las que nosotros hemos incluido en nuestra enmienda de totalidad, una enmienda de totalidad, por tanto, que hace referencia a lo que nosotros consideramos fundamental, la puesta en marcha de un plan energético nacional, aunque es cierto que en este asunto tantas cosas se pueden plantear, que esta enmienda nuestra, que ya es extensa, podría haberlo sido mucho más si hubiéramos incluido todos los argumentos que estoy exponiendo en mi intervención.
En todo caso, habrá tiempo –aunque no sabemos si nosotros podremos estar– de debatir todos estos asuntos y otros muchos en esta ponencia que se pondrá en marcha.
Como decía, el proyecto de ley, la ley del sector eléctrico, lejos de ir en esta dirección, consagra y profundiza en las medidas ya aprobadas.
Y como definitiva demostración del fracaso sin paliativos de la política energética, España ha conseguido en pocos años una de las facturas eléctricas más caras de Europa para los consumidores domésticos.
Sin cambios profundos en la regulación del sector eléctrico que vayan al origen del problema no se conseguirá otra cosa que su enquistamiento, transformado en un alza general del precio de la energía eléctrica y, en consecuencia, menor competitividad económica e industrial, y mayor carestía del coste de la vida para una población ya muy castigada por la crisis.
El conservadurismo en la regulación de este sector, no tiene otra explicación que el intento de preservar el viejo modelo de connivencia entre empresas y élites políticas, en el marco de un sistema intervenido por el Estado y solo superficialmente liberalizado.
Espero y deseo que en esa ponencia que se va a poner en marcha, todos estos asuntos puedan ser tratados. Nosotros trataremos de estar, porque ya digo que es un asunto ciertamente importante. Y en todo caso, si nosotros no podemos estar, espero que ustedes traten todos estos asuntos, sin olvidar que el futuro es Europa y las políticas comunitarias.
Y que por lo tanto, lo ideal sería poder alcanzar una política energética en el marco de la Unión Europea, porque creo que sería lo que más nos interesaría a todos y que pudieran incluirse alguno de los argumentos expuestos por UPyD.
Muchas gracias.