LLANOS GÓMEZ (PP, 2014-10-30):
Gracias señora presidenta. Egun on guztioi.
Volvemos a debatir en esta Cámara, no sé en qué vez vamos, el asunto de los desahucios y que no es tampoco baladí que se vuelva a debatir, creo que si los debates sirvieran, lo que pasa es que yo creo que en muchas ocasiones no le sirven a los ciudadanos, y no les sirven para afrontar, y yo también lo quiero decir aquí, porque se ha dicho por parte de otros grupos, lo que este grupo también considera un drama.
Es evidente que la vivienda no es un bien inmueble sin más, que privar de la vivienda, un desahucio provoca y produce un impacto emocional considerable a las personas y a su familia, y cualquier persona que tengamos un mínimo de sensibilidad, tenemos que empatizar y somos capaces de comprender las consecuencias que produce ese desahucio en quien lo sufre y en su entorno más cercano.
Y han sido cuantiosos los desahucios, porque parece que los desahucios han aparecido en el año 2011, cuando entra el Gobierno del Partido Popular. No, han sido cuantiosos los desahucios desde la llegada de la crisis. No era un fenómeno nuevo, es verdad que existía antes, pero es a partir de 2008 cuando se produce un crecimiento exponencial de los mismos, y en la mayor parte de los casos se produce por esa ecuación desempleo-desahucio, ecuación que ha estado muy ligada, ya que la pérdida del empleo ha sido el factor desencadenante en la mayor parte de los desahucios que se han producido en los últimos años.
Y el Gobierno de España, el actual Gobierno de España, está siendo objeto de muchas críticas en torno a este asunto, pero hay que decir que es el Gobierno de España el que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico una legislación para la protección de los deudores hipotecarios y para la protección de los usuarios.
Incluyó una legislación que ofrece protección jurídica a las personas más débiles, de forma prioritaria a aquellas que están en especial vulnerabilidad. La legislación aprobada tenía y tiene como finalidad principal conseguir que el desahucio sea la última posibilidad, y para ello establece principalmente un sistema basado en la reestructuración de la deuda.
El objetivo que debemos tener todos es ofrecer un marco adecuado que posibilite que el deudor pueda afrontar el pago de su deuda y pueda evitar así ser desalojado de su vivienda.
Lo hemos dicho y lo volvemos a reiterar ahora, el Partido Popular aboga por el cumplimiento de las obligaciones, aunque haya en algunos casos que para ese cumplimiento establecer algunas medidas y algunas ayudas. Nosotros no promoveremos ni fomentaremos esas posiciones que lo que dicen es que no se cumplan las obligaciones. Hay algunos que cuando gobernaban defendían a ultranza el cumplimiento de las obligaciones y ahora se han apuntado al carro y han cogido la bandera del incumplimiento como los primeros.
Por ello, el sistema lo que debe ofrecer es posibilidades para que, mediante la reestructuración de la deuda, se puedan afrontar garantías de las obligaciones hipotecarias. Hemos de expresar también que el Gobierno de España ha sido el primero en legislar en esta materia y también en una materia que, aunque no les guste a algunos, era otra de la herencia envenenadas que nos dejó el Partido Socialista.
Y como seguro que algunos van a decir que no, los datos están ahí. ¿Cuándo se produjo el mayor número de los desahucios y el mayor aumento de las deudas hipotecarias? Fueron en los años en los que gobernó el Partido Socialista. Es verdad que podíamos estar hablando de la normativa, de los desahucios en general, porque la verdad es que el drama es muy considerable, pero aquí, concretamente, en principio o este grupo consideraba que se venía a hablar de un aspecto específico, que era la proposición que traía el señor Maneiro, que traía dos propuestas.
Me voy a referir primero a la segunda. Es verdad que nosotros, y por eso lo hemos puesto en nuestra enmienda que pusimos interpusimos a esta propuesta, considerábamos que se puede hacer también desde aquí, que se puede crear una comisión para ver qué es lo que se puede realizar. Lo que ocurre es que parece que algunos cuando tienen que realizar otros no tienen ninguna pega, pero cuando las cosas se tienen que realizar aquí ya la cosa es diferente, pero bueno, se ha quitado de la enmienda de transacción que se ha hecho.
Y no me voy a referir a todos los puntos que se han puesto en la enmienda de transacción, porque muchos de ellos ya se han debatido aquí, lo que pasa es que hay algunos grupos que instrumentalizan el drama que suponen los desahucios y que aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid para meter cualquier iniciativa, pero además para hacerlo fundamentalmente y con el objetivo fundamental de cargar contra el Gobierno de España, porque ése es su objetivo fundamental y sobre todo es el objetivo fundamental de algún grupo que tendría mucho por lo que callar en este asunto.
Y me voy a referir ahora al segundo punto, al primer punto, perdón de la iniciativa original, en el que se hablaba de la adaptación de la legislación nacional a la sentencia del Tribunal de Justicia. Pues bien. La sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio del 2014 declaraba el artículo 7 apartado 1 de la Directiva 93/13 del Consejo, de 5 abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, "debe interpretarse en el sentido de que se opone a un sistema de procedimientos de ejecución como el controvertido en el litigio principal, que establece que el procedimiento de ejecución hipotecario no podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso declarativo.
"Juez que, en su resolución final, podrá acordar a lo sumo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor en la medida en el que éste, en su condición de deudor ejecutado, no puede recurrir en apelación contra resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional acreedor ejecutante sí puede interponer recurso de apelación contra resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva".
Esto es lo que decía la sentencia. Y esta sentencia exigía que se retirase el recurso de apelación, bien que se retire el recurso de apelación previsto en el artículo 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el acreedor hipotecario, bien que se permita también al deudor hipotecario que haya invocado una cláusula abusiva recurrir el auto que no aprecie la existencia de la misma.
Esto es lo que dice la sentencia. Pues bien, el Gobierno, mediante disposición final tercera del Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de Medidas Urgentes en Materia Concursal, ha procedido a la modificación del artículo 695.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el sentido señalado por la sentencia, de forma que se ha hecho posible que el ejecutado pueda interponer recurso de apelación contra el auto que no aprecie la existencia de cláusula abusiva que contribuya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.
Así, y para que quede más claro, la nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha quedado de la siguiente forma: "Contra el auto que ordena el sobreseimiento de la ejecución e inaplicación de una cláusula abusiva o desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4 anterior, podrá interponerse recurso de apelación".
Pues muy bien, ya está visto que el Gobierno de España ha cumplido esa sentencia y ha modificado la legislación. Se ha dado cumplimiento la interpretación que el Tribunal hacía sobre la violación del principio de igualdad de armas, íntimamente ligado al principio de tutela judicial efectiva de la que se mencionaba en la citada sentencia 17 de julio de 2014.
Vemos, por lo tanto, que a pesar de lo que aquí se dice, el Gobierno de España ha adaptado la legislación al mandato de lo dictado por el Tribunal Europeo de Justicia y, por tanto, las críticas que se han hecho a este respecto creemos que no son justas.
También con relación a la Directiva, porque ya la tratamos aquí, a pesar de que hoy se vuelve a poner en la enmienda de transacción, ya lo tratamos aquí, ya les dije también en esa ocasión que muchas, muchos puntos de los que se establecía en la directiva, la normativa española era o muy similar o iba incluso más allá. Y alguna de las cosas que aquí se aducían por parte de algún grupo político habían sido denegadas cuando se defendió la Directiva en Europa, porque en Europa se dice una cosa y aquí se dice la contraria, y uno no se pone ni rojo cuando hace eso.
El Gobierno de España ha demostrado seriedad y sensibilidad con este tema, intentando atajar una problemática social sobrevenida cuyos responsables políticos, como he dicho antes, son otros y tienen nombres y apellidos.
Ha tratado de aportar soluciones legislativas a un problema, ha querido proteger a los más vulnerables y lo ha hecho sin grandes alharacas mediáticas, como corresponde a un Gobierno que debe gobernar y gobierna pensando en el interés general.
Y es verdad que la problemática no se ha resuelto en absoluto, qué mas quisiéramos, pero las medidas...
...un Gobierno que debe gobernar y gobierna pensando en el interés general.
Y es verdad que la problemática no se ha resuelto en absoluto, qué más quisiéramos, pero las medidas han beneficiado a muchas personas, 19.500 familias se han visto beneficiadas por las medidas que el Gobierno puso desde la entrada en vigor de las mismas.
En 6.500 casos se ha procedido a la reestructuración de la deuda y en otros 2.200 se ha acordado la dación en pago. A ello hay que sumarse los 10.000 lanzamientos que han sido suspendidos.
Es evidente, como decía, que esto no es suficiente, pero pone muy a las claras que el Gobierno ha actuado, que el Gobierno ha legislado y que miles de familias se han beneficiado de esa acción del Gobierno.
Pero el Ejecutivo no cae en la resignación y sigue trabajando, y es verdad que yo no hubiera tenido ningún problema en esa Ley de Segunda Oportunidad instar aquí al Gobierno para que la tuviera en cuenta, porque cuando eso se planteó no se dio un portazo, lo que se dijo es que había que estudiar cómo tenía que ser esa Ley de Segunda Oportunidad.
Y lo expresaba al comienzo de mi intervención, los desalojos están directamente relacionados con el desempleo, el Gobierno de España trabaja diariamente precisamente para intentar solucionar esto, ofrecer un puesto de trabajo a las personas que se encuentran en este momento en esa situación de desempleo. Porque el empleo es el mejor antídoto contra la exclusión y contra los desahucios y las políticas activas que se vienen desarrollando comienzan a dar sus frutos.
Insisto, no nos resignamos y el Gobierno de España no se resigna, va a seguir trabajando y lo que solicitamos al resto de las formaciones políticas es voluntad constructiva y no instrumentalización de un drama como este.
Nada más, muchas gracias.