ZORRILLA IBAÑEZ (EAJ, 2017-05-11):
Eskerrik asko. Brevemente también para hacer algunas puntualizaciones a lo manifestado.
Respecto a lo que decía la señora Goirizelaia, como bien adelantábamos, tenemos cierto recelo en que para solventar un problema hasta ahora inexistente, se puedan generar otros problemas con la tramitación de esta proposición de ley, con esa solución que aludía el señor Ruiz de Arbulo. Y hacía referencia al turno de fallido, de cuál hemos debatido de cara a incorporarlo o no incorporarlo en la proposición no de ley.
En este sentido sí que hay que poner de manifiesto que desde el año 2013 en Euskadi, en la Comunidad Autónoma de Euskadi, hay un acuerdo del Gobierno Vasco con los colegios oficiales para cofinanciar estos fallidos, cosa que no sé si se da en otras comunidades autónomas, creo que no.
Y sí que es cierto que en la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso, la modificación que se plantea del artículo 30 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que hace referencia a los fallidos, podría dar lugar a interpretaciones que generasen, como decíamos, un nuevo problema.
Por eso yo creo que como hemos hablado, lo que se puede hacer, dado la unanimidad en esta Cámara, es instar a nuestros representantes que todos estamos representados en el Congreso de los Diputados, para que en la tramitación de esta proposición de ley, pues se trate de enmendar esta cuestión.
Y respecto a lo que decía el señor Ruiz de Arbulo, coincidimos en una cuestión, que es que no ha sido de manera gratuita. Es decir, este intento de modificación del criterio consolidado desde 1986, no ha sido de manera gratuita, en eso coincidimos. Creo que en mi intervención inicial hablaba de una posible intencionalidad recaudatoria.
Y hay quien piensa  - recordemos que en el Estado Español se destinan más de 200 millones para garantizar este derecho - , hay quien piensa o puede pensar, que lo que pretendía el señor Montoro, pues era detraer importantes cantidades económicas, un 21 % de estas cantidades, de las comunidades autónomas que tienen transferida la Administración de Justicia, para ingresarlas en forma de recaudación de IVA en la Hacienda española.
Y quizá no es simplemente un pensamiento, puede estar en cierto modo también justificado, porque como bien decía alguna persona, algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, hay un precedente  - no solo la sentencia del 2016 - , hay un precedente de otra sentencia europea del 2010, en la cual se refería al régimen de justicia gratuita francés, el cual establecía un 10 % de IVA y ahí no hubo ninguna consecuencia.
Sí que es cierto que con respecto, o tras la sentencia del 2016 hay una consulta vinculante. Pero también es cierto que entre medio, antes de la consulta vinculante, hay una cosa curiosa, que es que de hecho, la Hacienda ya estaba actuando en este sentido.
Es decir, que anteriormente a la consulta vinculante de enero de 2017, los abogados habían estado recibiendo liquidaciones provisionales de IVA por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con estos ingresos percibidos por el turno de oficio en ejercicios anteriores. Si bien, el Tribunal Económico Administrativo en este caso de las Islas Baleares, decidió en el mes de noviembre, es decir, mes y medio antes de ese cambio de criterio de la consulta vinculante, que los abogados de oficio tenían razón.
Por lo tanto, yo creo que sí que hay o puede haber una solución, ya la había, y sí que lo que conviene es hacer una reflexión en cuanto al procedimiento llevado a cabo.
Es decir, quizás, el cambio de criterio debería de seguir un proceso inverso al que se ha hecho y haber mantenido esas conversaciones con los colegios oficiales, con el Consejo General de la Abogacía, con las comunidades autónomas, y después haber adoptado la decisión.
Y yo creo que aquí se le fue de las manos el tema al señor Montoro, no midió bien dos variables importantes. La primera, las reacciones masivas en contra de este nuevo criterio que iba a recibir. Y otro quizá más importante, que el PP, que el Partido Popular ya no tiene mayoría absoluta en el Congreso.
Por lo tanto, para terminar, quedarnos con lo positivo de este tema, es que se van acabar con varios meses de incertidumbre y protestas.
Que la nueva regulación que va a consagrar el criterio asentado desde 1986 por la Dirección General de Tributos va a dar mayor seguridad a estos profesionales de la justicia, al menos en este aspecto. Esperemos que no genere otros problemas.
Y finalmente agradecer como decía la señora Castelo, el apoyo unánime a esta iniciativa.
Besterik gabe, eskerrik asko.