LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-11-21):
Gracias señora presidenta. Buenos días a todos.
Como hemos dicho aquí también en otros debates, el día 5 de abril del pasado año fue un día trágico. Lo que debería ser una noche de celebración y alegría para todos los aficionados al Athletic se convirtió en una noche que acabó conmocionando a todos los aficionados y a toda la sociedad.
Y también lo he dicho en otras ocasiones en esta Cámara y se lo dije a los padres de Iñigo cuando comparecieron aquí mismo. Desde el Partido Popular queremos volver a reiterar a sus padres, a su familia y a sus amigos nuestro pésame, nuestras condolencias y nuestra solidaridad.
La muerte de un hijo es una de las peores cosas que te puede pasar en tu vida. Creo que es algo muy, muy difícil de superar. Por ello, toda la humanidad para su familia y además creo, que para sus padres, para su familia, ninguna condolencia, ninguna iniciativa, será suficiente, porque con ninguna iniciativa se va a poder llenar ese vacío de la pérdida de Iñigo.
Sinceramente creo que lo ocurrido aquél día merece una profunda reflexión por parte de todos, ya que una noche de celebraciones no puede finalizar siendo una noche de luto.
Desde el minuto uno lo dijimos: Hay que averiguar todos los hechos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que falló? Porque nosotros también compartimos que no es normal ni puede admitirse que un joven que va a celebrar una victoria de su equipo después acabe muerto.
Hay que averiguar lo que sucedió y tomar todas las medidas para que algo así no vuelva a suceder. Y también lo dijimos desde el minuto uno, éste es un tema tan grave, tan delicado que no se debe instrumentalizar, que no puede hacerse un uso partidista, porque creemos que ello nada beneficia al conocimiento ni de la verdad ni de la justicia.
Hacer política de un tema tan doloroso consideramos que no es ni procedente, ni ético, porque nosotros compartimos con la familia y con toda la sociedad ese deseo, que se conozca la verdad y de que se haga justicia, pero en los tiempos y con los procedimientos que están legalmente establecidos.
Volvemos a reiterar en la necesidad de que sean depuradas todas, todas las responsabilidades, pero seguimos manteniendo que esa depuración debe realizarse en su justo momento y por medio de los trámites correctos.
En este sentido, desde el Grupo Popular creemos que en un tema como éste, de esta entidad y gravedad, que está judicializado, nosotros –el Parlamento– no podemos realizar también esa labor judicializadora.
No es momento de realizar juicios paralelos y sí de asegurar que la justicia actúe con la máxima independencia, sin condicionamientos ni internos ni externos.
En el Juzgado de Instrucción Número 10 de Bilbao –como se ha dicho aquí– se está tramitando el proceso judicial para determinar si hubo o no responsabilidades y el grado de las mismas.
Este juzgado decretó secreto de sumario, posibilidad que recoge nuestro marco legal y que tiene precisamente por objeto evitar interferencias o acciones que pongan en riesgo el éxito de la investigación y la averiguación de los hechos de la causa.
A pesar de este secreto de sumario, todos hemos conocido que desde este juzgado se ha imputado a cuatro agentes, que existe un recurso para que esa imputación se extienda y que la instrucción siga abierta y que, por tanto, continúa la investigación pormenorizada, con el fin de recabar las pruebas que contribuyan a fijar si existe causa penal respecto a los sucesos acontecidos.
Es la justicia, la autoridad judicial la que tiene que fijar el relato de hechos, la que tiene que fijar los hechos probados, la que tiene que determinar si se actuó o no con proporcionalidad aquel día, si se siguieron o no los protocolos, si se cometieron errores o no.
Una justicia a la que nadie se puede oponer a acudir y a declarar, una justicia en la que los testigos tienen que decir la verdad, una justicia que cuenta con todos los datos y, que aquellos que no disponga, puede solicitar.
Desde este grupo parlamentario por ello entendemos que se debe respetar a esta justicia y lo que exigimos al Departamento de Seguridad, como antes se lo exigimos al de Interior, es que se colabore activamente con la justicia, que se le ofrezca toda la información a su alcance, con la finalidad de arrojar luz sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche.
Con todos estos elementos se determinará cómo sucedieron los hechos, se determinará el relato probado a partir del cual se exigirán todas las responsabilidades a que hubiere lugar, las penales, las disciplinarias y las políticas. Y se exigirá a todos aquellos que las tengan, sean como ejecutores o como planificadores de las actuaciones.
Tras la instrucción y la posterior celebración del juicio es cuando se determinará por parte de los jueces si existen responsabilidades penales y, si las hubiere, las consecuencias de las mismas.
Y sucedido esto, será tiempo de continuar con la tramitación de los expedientes disciplinarios que procedan, en suspenso en este momento por la aplicación de las leyes y de los reglamentos policiales.
La propia Ley de Policía establece que, con un proceso penal en marcha, el procedimiento interno queda a expensas de la resolución judicial. En la iniciativa se pone de manifiesto –y aquí también se ha dicho– que la investigación judicial es una excusa para no llevar a cabo una investigación interna o la tramitación de un expediente disciplinario.
Nuestro grupo no comparte en absoluto esta afirmación, porque tal y como establece el artículo 91 de la Ley de Policía, la resolución definitiva de los procedimientos disciplinarios sólo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme, vinculando además a la administración la declaración de hechos probados que contenga.
Por lo tanto, al margen de que haya finalmente responsabilidades penales o no, se podrá exigir responsabilidades disciplinarias, porque éstas puede haberlas –y así lo hemos dicho en otras ocasiones– aunque las penales no existiesen, pero habrá que esperar a que recaiga resolución firme, porque además los hechos que contengan esa resolución son los que servirán de base después para exigir las responsabilidades disciplinarias. Y después, si en su caso las hubiere, también habrá lugar para pedir las responsabilidades políticas.
Nosotros lo dijimos, como he dicho antes, desde el minuto uno. Cuando la justicia actúe, cuando hable, si hay lugar a responsabilidades políticas, el Grupo Popular será el primero en exigirlas, pero no compartimos la necesidad, en este momento, de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas.
Consideramos que la existencia de una comisión de investigación en este momento no ayudaría ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la depuración de las responsabilidades políticas porque, como decía, para depurar estas responsabilidades lo primero es conocer de forma probada los hechos que sucedieron aquella noche.
Y esa prueba, esos hechos probados –volvemos a reiterar una vez más– es la justicia las que los tiene que determinar y es a partir de ese relato de la justicia cuando se podrá saber qué errores se produjeron, si se produjeron y quiénes, en su caso, son los responsables de los mismos.
Porque ya lo digo, y lo acabo de decir, desde el Grupo Popular no nos va a temblar el pulso si hay que exigir responsabilidades de cualquier tipo, penales –que las exigirá la justicia– y, en nuestro caso, las políticas.
Pero, desde luego, habrá que hacerlo en su momento y con la intención, desde luego, de hacer de que se depuren las responsabilidades y de que hechos como estos no vuelvan a suceder.
Nuestro grupo, como el resto, como la familia y los amigos de Iñigo, como toda la sociedad quiere la justicia y la verdad. La verdad que establezcan los hechos de las resoluciones judiciales y la justicia que se devengue de esa verdad.
Y le repito, señor Arzuaga, la función de este Parlamento no es establecer la verdad y la justicia sino exigirla de quien, como digo, en nuestro Estado de derecho, tiene otorgado esa función, que no es otro que el poder judicial.
Y por ello queremos poner de manifiesto que se deben respetar los tiempos, porque la sucesión de hechos que se dieron aquella noche, es verdad que algo tuvo que suceder, que algo tuvo que fallar, porque en la historia de la Ertzaintza sucesos como estos son muy, muy puntuales. Por eso es importante determinar qué falló y por qué falló.
Y no solo los grupos políticos queremos que se averigüen todos los hechos, que se depuren todas las responsabilidades, que se vea qué falló y por qué falló y que se tomen las medidas para que esto no vuelva a suceder. No solo los grupo políticos, señoría. La propia Ertzaintza, estoy segura, que es la primera interesada en ello, porque la primera que lamenta profundamente lo sucedido aquel 5 de abril es nuestra policía.
Creo que son injustas las manifestaciones, tal y como ha dicho el señor Maneiro, que en esta Cámara hemos tenido que oír de que la Ertzaintza aquél día actuó con la intención de hacer daño.
La Ertzaintza puede cometer errores, errores de los que tendrá que responder en su caso, pero su forma de proceder es llevar acabo su labor, respetando las leyes y los reglamentos internos.
Hay que dejar claro que hechos lamentables, lamentables como éste, no pueden poner en cuestión la trayectoria de una policía que ha sido ejemplar en la defensa de los derechos y libertades de los vascos.
Termino como empecé. Creo que todos debemos que realizar una profunda y conjunta reflexión para que sucesos como los acontecidos no vuelvan a repetirse, porque la vida y el proyecto vital de un joven como Iñigo no puede volver a truncarse por un hecho puntual pero cargado de dramatismo.
Creemos sinceramente que Iñigo y su familia se merecen conocer la verdad, se merecen que su muerte no caiga en el olvido, se merecen, sobre todo, justicia, pero para esto debemos dejar de los tribunales hagan su trabajo y creemos que ni esta verdad ni esta justicia, como decía, se puede conseguir a través de la comisión de investigación.
Por ello, votaremos en contra.