URIA SERRANO (EP, 2017-06-29):
Bakartxo Tejeria anderea, sailburuok.
Compañeros parlamentarios, compañeras parlamentarias, hemos leído con atención la iniciativa del parlamentario Julen Arzuaga sobre el problema de los presos enfermos con problemas graves o terminales y apoyamos la moción, apoyamos la proposición no de ley junto con el Partido Nacionalista Vasco y los Socialistas Vascos.
Ha sido una ingeniería de síntesis de proposición no de ley que hay que agradecer a los que lo han planteado.
Elkarrekin Podemos cuando habla de presos enfermos, no habla de presos con más o menos derechos. No habla de presos de primera y segunda categoría. Hablamos de todos los presos y presas que están en las cárceles.
Hablamos por ejemplo del último preso vasco que conocemos que ha muerto en la cárcel. José Antonio Serrano falleció de Bilbao, era un preso normal y corriente, 18 años en primer grado, en 22 metros cuadrados, aislado, drogodependiente, enfermedad mental...
...en primer grado, 22 m[2], aislado, drogodependiente, enfermedad mental. No hubo muchas declaraciones institucionales, no hubo muchas movilizaciones sociales, apenas hubo espacio mediático.
En nuestra opinión, este es un problema de dignidad, es un problema de cualificar nuestra democracia, es un problema de que a la cárcel no mandas a la gente a morir, no mandas a la gente a que cronifique su propio delito, no mandas a la gente a que se haga drogodependiente en la cárcel, no mandas a la gente a que cronifique sus enfermedades. A la cárcel se le manda a la gente para cumplir sus penas de acuerdo con las sentencias judiciales en marcha y además se aplica la ley.
Hemos conocido con extensión  - porque hemos participado de sus debates -  los informes médicos de algunos de los presos enfermos de los que ha hecho referencia el parlamentario Julen Arzuaga como Ibon Iparragirre. Hemos trabajado con las doctoras Nahia Aia y Estibaliz Gorostiaga, entre otras, y hemos visto los informes periciales, los informes médicos y hemos analizado la situación en el Parlamento y fuera del Parlamento.
Somos de los colectivos médicos, yo mismo he sido propagandista de la firma, junto con más de 300 médicos de Euskadi, para plantear con carácter humanitaria la indignidad de la situación. Los médicos no somos carceleros y los médicos tenemos responsabilidades éticas de carácter humanitario con los presos y presas gravemente enfermos y terminales.
Hemos participado indirectamente pero también hemos leído y hemos discutido los documentos jurídicos internacionales, los documentos jurídicos del Estado español y hemos leído las propuestas de varias organizaciones internacionales que han denunciado reiteradamente la inseguridad jurídica y la falta de aplicación del propio ordenamiento jurídico internacional en estos asuntos.
No se puede agravar la situación de nuestros presos y presas con temas como el sida, con temas como las drogodependencias, con el tema como las enfermedades crónicas no llevadas adecuadamente, tengamos o no tengamos la sanidad penitenciaria transferida.
La calidad democrática de nuestro Gobierno y de nuestro país tiene que ver con qué tipo de trato hacemos a las personas privadas de libertad. La Constitución del 78, el Código Penal en sus artículos 80.4, 91.1, 91.3 y el propio artículo 104.4 de la Ley General Penitenciaria son explícitos y exhaustivos en definir la reasignación de tercer grado, la reducción de penas y la excarcelación en casos de enfermedad grave terminal irreversible.
Nuestro ministro de Interior no está bien informado. Nosotros no compartimos estrategias de venganza para organizar los derechos civiles  - es imposible - , no compartimos estrategias de venganza para organizar los derechos sociales y no compartimos estrategias de venganza para organizar la gestión del marco penitenciario de la mayoría de los reclusos y reclusas.
Decía el parlamentario Julen Arzuaga que en los últimos 10 años hasta 2.000 reclusos y reclusas han muerto. Son datos oficiales: 166 de sida, 126 suicidios en los últimos cuatro años, 158 sobredosis. ¿Qué pasa? ¿No hay médicos? ¿No hay funcionarios? ¿No hay conciencia democrática? ¿No hay calidad? ¿No debemos defender la dignidad humana, la condición humana de nuestra gente? ¿En función de qué nosotros tenemos prestigio y calidad democrática como parlamentarios, como Gobierno? ¿En función de nuestra capacidad de trabajar con los grupos más vulnerables, sea Ibon Iparragirre, sea Sara o sean otros presos y presas?
No podemos por menos que llamar la atención al Gobierno Vasco para mejorar ostensiblemente las condiciones de salud de las cárceles vascas. Está ya transferido, puede ser una imagen, puede ser un ejemplo para otras comunidades autónomas y para el propio Gobierno español.
Nosotros consideramos que dar calidad a la vida, dar calidad a la muerte, son elementos que van de la mano, no solamente porque lo diga la Asociación de Derecho a una Muerte Digna, sino porque es parte del mismo juego. Dar calidad a la vida, dar calidad a la muerte también de los presos y presas. Basta ya de vulneración sistemática de derechos humanos, basta ya de vulneración de la propia legalidad, basta ya de no ejercer unos principios mínimos de ética como transversal de la gestión de prisiones, de la gestión de las condiciones de los presos y presas.
Apostar por el ojo por ojo no nos lleva más que a procesos que pueden dinamitar los procesos de reconstrucción social, que puede dinamitar los procesos de paz en marcha, unos hacen esfuerzos por una parte y otros la joden, otros lo destruyen por otra. Basta ya de que las estrategias de venganza rompan los procesos de cohesión social y basta ya de que los procesos de venganza rompan la necesaria reconciliación que estamos en juego en este país en estos momentos.
Que hayamos llegado a un acuerdo cuatro grupos parlamentarios en esta proposición no de ley es un motivo de satisfacción para Elkarrekin Podemos porque puede ser el inicio, bajo el punto de vista político, social y jurídico, de otra forma de pensar y de otra forma de gestión y nos preparamos para la transferencia de prisiones.
Sin duda, no estamos a favor bajo ningún punto de vista del ensañamiento con las personas presas. No estamos a favor del ensañamiento con las personas presas de ETA. No estamos a favor de incumplir la ley. No estamos a favor de políticas penitenciarias vengativas, antisociales y fuera del marco de los estados de derecho, fuera del marco de los estados modernos donde valores de derechos civiles y derechos sociales tienen que ser el ADN de nuestro comportamiento.
Estamos a favor de derogar una estúpida instrucción, que es la 3/2017, de Instituciones Penitenciarias, que tiene toda la pinta de haberse hecho deprisa, mal y para favorecer oportunismos electorales de uno u otro tipo. A las víctimas  - a todas las víctimas -  hay que escucharlas, hay que respetarlas, hay que compartir relatos pero las víctimas no toman decisiones políticas. Nosotros tomamos decisiones políticas, nosotras tomamos decisiones políticas y el Gobierno. Las víctimas con su dolor, con su reconocimiento, con su capacidad organizativa, con su capacidad de exigir reparación, tienen un trabajo interesantísimo que nosotros y nosotras apoyamos. Pero las víctimas no toman decisiones políticas.
No podemos estar de acuerdo pues, para acabar, con una política penitenciaria  - transferida o no transferida -  que no busque procesos de consensos sociales y políticos para organizar en clave de derecho, en clave de cultura de derechos, la relación con nuestros presos y presas, más con nuestros presos y presas enfermos, más con nuestros presos y presas enfermos graves. No hay excepcionalidad legal sea de tipo que sea, sean presos y  presas de ETA, sean presos y presas comunes y corrientes, sean presos o presas, porque tienen derechos independientemente del delito que han cometido.
Ese es el ordenamiento jurídico internacional, ese en el ordenamiento jurídico en el Estado español. Esto no es un tema de opinión, de opinión en el bar, en la calle o en el Parlamento. Nos toca cumplirlo y nos toca cumplirlo sin claves de venganza.
Para acabar, no puede haber procesos de reinserción social, no puede haber procesos en donde busquemos que el penado o la víctima  - el preso -  cumpla su delito sin que tengamos en cuenta esta cultura en la forma de organizar los derechos de nuestros presos y presas.
Eskerrik asko.