ALDAITURRIAGA ZORROZUA (EAJ, 2014-11-06):
Eskerrik asko mahaiburu andrea.
Señor Itxaso, usted tiene los datos que le ha proporcionado el Gobierno en las numerosas preguntas que ha hecho y sabe perfectamente que lo publicado en un medio de comunicación escrito este fin de semana, los datos son perfectamente incorrectos porque mezcla conceptos básicos que inducen a la confusión. Confunde viviendas calificadas con viviendas de promoción pública. O sea, no me venga aquí exhibiendo datos de periódicos porque si hacemos política en base a los recortes de periódicos, vamos mal.
Señora Beitialarrangoitia, respecto al cambio de paradigma, las enmiendas y los trabajos en ponencia, no tiene nada más que repasar mis intervenciones desde el momento inicial en que se tramitó en este Parlamento la proposición de ley del Grupo Socialista.
Nosotros ya dijimos que ese documento no respondía a las necesidades políticas del futuro de la vivienda en Euskadi. Por tanto, no nos responsabilice a nosotros o al menos yo no me doy por aludido cuando hace esas referencias a las enmiendas y a los trabajos en ponencia.
Mire, nuestra propuesta conjuga los dos aspectos: La satisfacción de la demanda social en un plazo de 18 meses y la recuperación de los recursos públicos empleados en estas actuaciones.
Un empleo adecuado de recursos públicos, algo en lo que creo que todos coincidimos al menos teóricamente, pero que en las decisiones cotidianas como esta que nos proponen se olvida con demasiada frecuencia. Se olvidan de decir que el impacto económico de su propuesta asciende a más de 30 millones y que supone consolidar a futuro un gasto anual superior a los 5 millones de euros, a añadir a los más de 100 que se dedican anualmente a esta materia.
Vamos a ver, son especialistas señor Itxaso en dejar entuertos para que resuelvan los que vienen después. Me resulta chocante la propuesta del Partido Socialista. Elaboran una normativa reguladora en el año 2010, antes de ayer como si dijéramos, y solicitan al actual Gobierno que realice algo de lo que ustedes no han sido capaces o no han querido hacerlo.
Pero hay que decirlo claro. Este Gobierno ha realizado más, ha tomado más decisiones en favor de los inquilinos del parque público de viviendas en alquiler...
...algo de lo que ustedes no han sido capaces o no han querido hacerlo, pero hay que decirlo claro, este Gobierno ha realizado más, ha tomado más decisiones en favor de los inquilinos del parque público de viviendas en alquiler en los escasos dos años de gobierno que las que ustedes tomaron en toda la legislatura.
Y para muestra un botón, la instrucción que he citado de 1/2014 de la Viceconsejería de Vivienda sobre el tope máximo del 30 % de los alquileres.
El voluntarismo político, señorías, sirve de muy poco si no se abordan los problemas de fondo o el fondo de los problemas, para ser más exactos.
Sirve de poco destinar al alquiler las 500 viviendas que se había previsto fueran vendidas en propiedad a unidades familiares de demandantes de viviendas de protección pública, porque en el caso de esta recalificación pasamos de posibles compradores a futuros inquilinos.
Pero siempre nos estamos moviendo dentro de un colectivo que reúne las condiciones para acceder a una vivienda de protección pública, y actuemos de una manera u otra no conseguimos reducir el número de demandantes de vivienda, o solamente lo reducimos en el número equivalente a esas viviendas.
Porque nos seguimos moviendo en el marco de una legislación reformada, seguimos parcheando una legislación que seguramente no da más de sí.
Otra cuestión a tener en cuenta son los efectos colaterales de ese tipo de decisiones, decisiones como las propuestas por ustedes suponen seguramente la quiebra, el cierre de Visesa. ¿Y esto que supone? Pues supone, entre otras cosas, otras cuestiones la consiguiente eliminación de entorno a 75 puestos de trabajo en el sector público, algunos que les preocupa tanto el mantenimiento de los puestos de trabajo en el sector público.
Y finalmente otra cuestión, debieran ustedes tener claro en política como en otra faltas de la vida, las palabras son más débiles que los hechos.
Ustedes dicen que para el cálculo del esfuerzo económico que tiene que realizar el inquilino, dentro de ese 30 % se debe tener en cuenta los gastos de comunidad.
Sin embargo, son incapaces de ponerlo en práctica en los municipios que gobiernan, como es el caso de Barakaldo, en caso del Partido Socialista, o en el de Donostia o Laudio, respecto a Bildu, y si no, señor Itxaso, pregúntele a quien está sentada en este momento a su derecha la pelea que se trae sobre el cumplimiento de esta determinación.
Hay que predicar con el ejemplo, en la página web del Ayuntamiento de Donostia, Donostiako Etxegintza, sobre el alquiler de sus propias viviendas de protección oficial, señala que los inquilinos se han de hacer cargo de los gastos generales o comunes del inmueble en función de la cuota de participación que se le señala en el contrato.
Porque decir una cosa aquí y practicar la contraria donde se gobierna es pura incoherencia política, es populismo en el sentido negativo de la expresión, adobado, en este caso, con una cierta dosis de cinismo político.
Eskerrik asko.