ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2016-04-21):
Bueno, soy de la creencia de que todas las leyes son malas para quien no tiene intención de cumplirlas; eso lo tengo más que claro.
Lo que no son las leyes casi nunca o más bien nunca son perfectas. Las leyes, lógicamente, no pueden contener todas las previsiones.
Sin embargo, la que aquí se ha aprobado el año pasado en materia de vivienda, creo que no se le escapa a nadie que suscribe dentro de lo que es el derecho autonómico comparado o que son políticas de vivienda avanzadas, trata de entroncar con esa idea.
La Ley de Vivienda no se planteó, por lo menos, como grupo proponente, ni para desafiar al Estado ni para provocarle al Gobierno. De hecho, quiero recordarle, señora Llanos, que esta Ley de Vivienda para recurrir en algunos de esos artículos, fue aprobada, como queda claro por Unión, Progreso y Democracia, por Euskal Herria Bildu y por el Grupo Socialista, pero usted sabe que esa ley recoge muchas aportaciones, tanto de su grupo como del Grupo Nacionalista, porque se trataba de llevar adelante un texto que, efectivamente, fuera lo más consensuado posible, pese a que lógicamente va a haber discrepancias, porque en lo ideológico, lógicamente, también se va a manifestar en una ley sectorial, como es la Ley de la Vivienda.
Yo no sé exactamente dónde ha escuchado usted, señora Llanos, decir que si se recurría a la Ley de Vivienda, pues que se estaba contra... No, no. Eso entraba dentro de las posibilidades porque habían sido anunciadas, porque realmente la ofensiva de recurso constitucional y de conflicto de competencia es ya un lugar común con este Gobierno y, por lo tanto, era de esperar.
Sobre qué es constitucional y qué no es constitucional en un texto, creo que es muy rotundo y quizá bastante aventurado afirmarlo, porque la sentencia que recayó sobre el Decreto de Ley andaluz tenía votos particulares, tenía votos particulares de magistrados que se encontraban en ese mismo tribunal, votos particulares que razonan en contra del fallo y que plantean claramente que, en aquel caso, en el caso del Decreto de Ley andaluz había capacidad y competencia para legislar en esos términos.
Por lo tanto, plantearse a priori un veto a uno mismo por mor de una eventual inconstitucionalidad, que, como digo, siempre queda sujeta a interpretación, pues hombre, eso no deja de ser una claudicación y una división intelectual. Si nosotros tenemos un acerbo competencial y en materia de vivienda además, es una competencia exclusiva, lo que no ocurre en otros ámbitos sectoriales.
Y si hablamos de vivienda, solo por ley autonómica, como decía antes, se puede legislar. Y si la propiedad, en este caso, la de la vivienda tiene que cumplir una función social, la ley tiene que delimitar, la ley autonómica, en este caso, su función...
...y si la propiedad en este caso la de la vivienda tiene que cumplir una función social, la ley tiene que delimitar, la ley autonómica en este caso, su función social.
Desde luego como digo, en ningún caso fue la pretensión de llevar adelante un desafió al Estado ni nada por el estilo. Pero sí buscar el límite elástico de las posibilidades legislativas que tiene esta Cámara, sobre todo en orden a atender una necesidad y un derecho que como he dicho, se ha visto conculcado no pocas veces.
Y las razones que esgrime el este caso, como lo hizo con el decreto de ley andaluz, sinceramente nos parecen argumentos muy forzados. Porque llevándolos al extremo realmente podría vaciarse de contenido absoluto el acerbo competencial de las autonomías.
Porque es que la posibilidad de intervenir una vivienda existe de antes. No la ha traído la Ley de la Vivienda. Le recuerdo la Ley del Suelo de la que también habla el informe del Consejo de Estado. O siquiera cuando un ayuntamiento, un municipio plantea una orden de ejecución a una propiedad ¿no está interviniendo la propiedad? También. ¿Y por que eso es posible y no es posible una ley que trate de asignar debidamente los recursos habitacionales a las necesidades de la población?