BECERRA CAROLLO (EP, 2018-02-08):
Egun on guztioi.
Zazpi enpresa, 12 urteetan zehar, legez kontrako akordio batera iritsi ziren eskola menuen merkatua banatzeko eta kontrolatzeko. Horren ondorioz, alde batetik kobratu zuten prezioak altuagoak izan ziren; eta bestetik euren etekinak ere handitu egin ziren diru publikoaren lepo eta familien kuoten lepo.
Zer gertatu zen? Zergatik gertatu zen? Eta nork edo nortzuk baimendu edo ahalbideratu zuten gertatutakoa? Hori dena ikertu behar dugu. Ikertu, investigar.
Investigar como investigó la Agencia Vasca de la Competencia en 2016, hasta demostrar que estas siete empresas de catering, uno, pactaron al alza los precios de los menús escolares. Dos, este pacto provocó un sobrecoste anual de al menos 7 millones de euros al Gobierno Vasco.
Demostró la Agencia Vasca de la Competencia que el sistema de gestión directa de los comedores escolares establecido por el Departamento de Educación no solo impide la autonomía organizativa de los centros, no solo va en detrimento de la calidad de los menús, no solo perjudica a la economía local, sino que además entre 2003 y 2015 pudo provocar un quebranto patrimonial de hasta 84 millones de euros a las arcas públicas.
Digo de hasta, porque como ha dicho la señora Bengoechea, no se saben las cifras exactas. Pero además pudo provocar un sobrecoste a las familias de 45 millones de euros en estos doce años. Si sumamos, tenemos hasta 130 millones de euros que están perdidos, y a cambio tuvieron una multa de solo 18 millones de euros, que además luego los tribunales han rebajado.
¿Por qué la han rebajado los tribunales? En 2017 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentenció, uno, que el pacto de las empresas existió. Dos, que el quebranto económico se produjo. Y tres, y lo más grave, que el proceder contó con la pasividad del Departamento de Educación.
Y leo expresamente que "el Gobierno Vasco con su actuación  - dice la sentencia -  contribuyó a que las empresas entendieran que actuaban de una manera asumible de cara al interés público, sin que desde el Gobierno Vasco conste ni reacción, ni indagación, ni consulta, ni prevención, ni denuncia en contra".
¿Qué ha pasado aquí? Pues hay que investigarlo. Investigar. Ikertu. Ikertu alde batetik kausak. Batetik, administrazioaren jarrera  - aipatu dudanez - ; bigarrenik erantzukizun politikoa. Batez ere, erantzukizun politikoa. Eta ikertu baita ere ondorioak, administrazioak hartutako kalte ekonomikoa baina familiek ordaindu zuten gehiegizko kuotak ere bai.
Y me detendré un momento en la cuestión del año patrimonial.
En 2016, en marzo de 2016, este Parlamento  - este pleno, el pleno de este Parlamento -  aprobó una moción con tres puntos, de los cuales uno decía:
"El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que estudie si se ha producido un daño patrimonial".
La respuesta un año después del Gobierno Vasco a esta demanda del Parlamento realizada a petición del grupo EH Bildu, no deja lugar a la duda respecto al compromiso del Gobierno en esta cuestión. Y dice el gobierno:
"Respecto al compromiso adquirido de analizar supuestas situaciones de responsabilidad patrimonial, se ha de indicar que para ello se requiere de la iniciativa de la ciudadanía que pueda verse expresamente afectada, circunstancia que no ha concurrido en este caso, dada la inexistencia de reclamaciones presentadas".
¡Toma ya! No se analiza el daño patrimonial porque no ha habido reclamaciones. El principal perjudicado es el Gobierno Vasco, ¡Como no ha reclamado...! El siguiente perjudicado son las familias. Tampoco han reclamado. ¿Por qué no han reclamado las familias?
Para que se pueda reclamar un daño patrimonial dice la ley: "Debe existir un daño o perjuicio efectivo  - esto se ha comprobado - , evaluable económicamente e individualizado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos que se haya producido, sin que quien sufra el daño tenga el deber jurídico de soportarlo".
Daño efectivo. Comprobado. Daño evaluable económicamente y daño individualizado. Eso es lo que no se ha investigado hasta ahora: Cuánto ha sido el daño para que las familias y quienes se sientan injustamente tratados puedan reclamar este daño patrimonial.
Y consideramos desde nuestro grupo que es misión del Parlamento y que será misión de la comisión de investigación por un lado, lógicamente, determinar las responsabilidades políticas y administrativas  - que ya me he referido - , pero también, como ha dicho la señora Bengoechea, conocer de modo fehaciente el daño patrimonial, millonario que se ha producido.
Porque más allá de los fríos números, de los fríos 130 millones de euros, hay miles de personas, miles de familias, que han sufrido, que han padecido esta situación injusta.
Familias de la escuela pública vasca, la más humilde y la más olvidada; familias que tienen que enviar a sus hijos e hijas al comedor no por gusto, sino porque tienen que ir a trabajar. Familias con dificultades para llegar a fin de mes y familias que en muchas ocasiones necesitan recurrir a las becas de comedor, en la confianza y que familias que pagan sus impuestos en la confianza de que esos impuestos serán destinados por la Administración a un fin bien gestionado, y no como ha sucedido aquí.
A todas esas familias y a toda esa gente que todavía confía en que las instituciones velan por su bienestar y por sus intereses les debemos esta comisión de investigación que ahora reclamamos.
Zazpi enpresa, 12 urte. Zazpi enpresa, baina milaka familia kaltetuta. Eta familia horiek jakin nahi dute. Jakin nahi dute zer gertatu da, iruzur hau zergatik gertatu da, iruzur hau gertatzeagatik eta zer egingo dugu iruzurra ez errepikatzeko.
Horrexegatik eskatzen dizuegu alde bozkatzeko gure proposamenari ikerketa batzorde bat osatu ahal izateko.
Mila esker.