ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2013-06-20):
Presidenta, lehendakari, señorías buenos días a todos.
Traemos hoy los socialistas una proposición de Ley de Vivienda y nos corresponde, por tanto, explicar las razones por las cual traemos esto para que sea tomada en consideración y las razones por las cuales vamos a recabar y pedir su apoyo a dicha proposición.
En primer lugar, queremos destacar que ésta es no la única, pero una de las pocas comunidades autónomas que no tiene a día de hoy Ley de Vivienda pese a que su Estatuto de Autonomía, el artículo 10/31 habla de que es una competencia exclusiva y pese a ello no hay Ley de Vivienda 30 años después de autogobierno.
Una Ley de Vivienda se podría justificar en primer término porque no es que no haya normativa sectorial en la comunidad autónoma, que la hay profusa y dispersa, y sólo ello por sí mismo ya sería suficiente razón para llevar a cabo un proceso de compilación o de refundición que aglutinara toda esa normativa.
Sin embargo, lo que hoy en día permite echar más en falta una Ley de Vivienda es la situación que estamos viendo día a día por la cual muchos ciudadanos están viendo cómo pierden sus viviendas como consecuencia de la crisis y de una aplicación rigurosa e inflexible de leyes hipotecarias, muchas de las veces abusivas como ha establecido la Unión Europea.
Y en esta coyuntura, la Constitución Española que consagra en el artículo 47, el derecho a la vivienda cobra especial importancia. Así lo destacamos en nuestra Exposición de Motivos, en la que también citamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre del 48 en su artículo 25, o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 7 de diciembre del 2000.
Y es que vivimos tiempos en los que los ciudadanos pierden este derecho a la vivienda y son lanzados a la calle sin muchas contemplaciones porque a pesar de que la Constitución otorga este derecho a la vivienda, en la práctica está considerado como un bien de consumo o como un bien de especulación.
Pero es que además siguiendo con la Constitución Española, en su artículo 33 plantea la función social de la propiedad y el artículo 128 establece que la riqueza del país está subordinada al interés general, de manera que inspirados en estos principios, es en los que se inspira nuestra proposición de ley que hoy traemos aquí.
Hay además una resolución del Parlamento muy reciente del 11 de junio sobre vivienda. Hay un montón de considerandos y un montón de proposiciones pero su primer considerando ya nos dice que el acceso a la vivienda constituye un derecho fundamental que es previo a todos los demás derechos y es requisito indispensable para una vivienda digna y que la garantía de acceso a la vivienda, digna y adecuada, constituye una obligación internacional de los estados miembros.
Podríamos leer todos los considerandos...
...digna y que la garantía de acceso a la vivienda, digna y adecuada, constituye una obligación internacional de los estados miembros.
Podríamos leer todos los considerandos y todas las proposiciones, eso agotaría nuestro tiempo de argumentación, pero basta decir finalmente que establece en sus proposiciones instar a los gobiernos nacionales, regionales, locales a que garanticen de verdad el derecho de acceso a la vivienda.
Por lo tanto y de forma sucinta, la proposición que traemos plantea fundamentalmente dos grandes cuestiones. En primer lugar transformar el derecho a la vivienda en un derecho subjetivo. ¿Qué es un derecho subjetivo? Aquel por el cual realmente el ciudadano poseedor de tal derecho puede instar, puede reclamar bien ante la Administración, bien ante la jurisdicción el ejercicio de tal derecho.
Y nosotros planteamos que este derecho se establezca en base a la ocupación legal y estable de vivienda digna y adecuada por aquellos colectivos cuyo acceso al mercado libre les haría caer en riesgo de exclusión; y segundo, a ser beneficiarios de la expropiación temporal del uso de la vivienda durante un máximo de tres años para las personas que dispongan de una vivienda que se encuentre en proceso de desahucio por ejecución hipotecaria instado por entidades financieras o sus filiales.
La segunda gran cuestión es la función social de la vivienda. Como decíamos constitucionalmente se reconoce el hecho de que la riqueza y la propiedad deben de estar al servicio del interés general y deben de cumplir esa función social, y precisamente por esta razón definimos lo que es la función social mediante la técnica legislativa de exclusión diciendo cuándo no se cumple esta función social. Así por ejemplo el incumplimiento de deberes de conservación y mantenimiento, en lo destino de la vivienda de protección pública al uso residencial.
Manifiesta desproporción entre las condiciones exigibles de acceso a la vivienda protegida y la capacidad económica sobrevenida, uso inadecuado de la vivienda, incumplimiento del deber de conservación y se define también lo que es vivienda desabitada, que es justamente una de las situaciones que exige mayor reproche social y que incumple la función social de forma más flagrante.
El ejercicio de este derecho de adquisición preferente y del desahucio, perdón... se recogen las actuaciones a seguir en la ley para garantizar el efectivo cumplimiento de la función social de la vivienda, que serían el ejercicio del derecho de adquisición preferente y del desahucio administrativo, expropiación por incumplimiento de la función social, venta sustitución forzosa, órdenes de ejecución, cánones sobre vivienda desabitadas, alquiler forzoso, multas coercitivas y otras sanciones.
En definitiva y desde una visión política, lo que no es admisible es que en esta situación el 8,4 % del parque de viviendas de la Comunidad Autónoma, es decir 84.000 viviendas permanezcan vacías –datos del 2011, bien es verdad, posiblemente ahora haya un número mayor–, en la situación en la que estamos.
Esto no es tolerable para los socialistas desde luego ni admisible y requiere una intervención de los poderes públicos para poder atajar esta situación.
Ésta sería de forma resumida nuestras razones para traer hoy aquí, pero es que además tenemos que tratar de contestar al criterio desfavorable que ha mantenido el Gobierno respecto de nuestra proposición de ley. Por lo tanto las razones que vamos a exponer tienen que ver también en forma de contestación a lo que ha sido el criterio desfavorable del Gobierno.
¿Qué nos dice el Gobierno? El primer argumento que utiliza se refiere a la necesidad de partir de un gran consenso social y sobre todo a la necesaria participación de Eudel.
Bueno este argumento tenemos que decir con toda franqueza que es una excusa de mal pagador, porque como reconoce el Consejo de Gobierno donde establece ese criterio desfavorable, la proposición de ley que traemos tiene como base el proyecto de ley que se planteó en la legislatura pasada y ese proyecto de ley que es la base troncal de toda esta proposición sí que contó con consenso social. Contó con tal consenso social que incluso el programa que se siguió de en vivienda "Tu opinión también cuenta", logró nada más y nada menos que todo un reconocimiento y un premio de Naciones Unidas al servicio público, que es el reconocimiento más prestigioso a la excelencia en el servicio público.
También hay que decir que Eudel dio su opinión tras muchas demoras, fue un poco también la razón por la cual se dilató el tiempo de tramitación de la ley en sede de Gobierno, porque Eudel no sabía o no contestaba. Finalmente dio su opinión, lo cual quiere decir que Eudel a estas horas ya tiene opinión formada sobre el grueso de la proposición de la ley que traemos.
El segundo argumento en contra está relacionado con el echo de que el proyecto de ley de rehabilitación y regeneración y renovación que se tramita en las Cortes va a influir en todo esto. Pues no creemos que vaya a influir porque ese es en todo caso un proyecto de ley que ya se ha tenido en cuenta también en su confección a la hora de preparar esta proposición de ley, y por lo tanto no va a haber mucha incompatibilidad.
Y además ese proyecto de ley tiene un objeto que es mejorar el medio urbano y la proposición de ley que traemos nosotros aquí es asegurar el derecho, garantizar el derecho de acceso a la vivienda, es decir dos objetos que pueden complementarse pero que son distintos.
El tercer argumento referido a los condicionamientos económicos y presupuestarios. Esto es una tapa que vale para todos los pucheros. Pero hay que decir que la Legislatura pasada también estaba marcada por la crisis., es decir que es que la crisis no ha aparecido ahora y por lo tanto ya llevamos unos cuantos años, la Legislatura anterior estuvo en todos su recorrido marcada por la crisis y no fue óbice para que el Gobierno no planteara, en este caso, un proyecto de ley de vivienda y también había estrecheces económicas y presupuestarias.
Por otra parte, los derechos existen o no existen en función de los presupuestos, nos parece que no, los derechos existen por encima de todo.
Y el último argumento al que no me va a dar tiempo es de aurora boreal, pero como no me va a dar tiempo voy a detenerme en él en el turno de réplica porque creo que merece la pena un análisis un poco más detallado. Hay que decir en todo caso que los argumentos que ha manejado el Gobierno en sus criterios desfavorables no nos parecen en ningún caso de recibo y lo que plantean es seguir analizando. Es lo que llamaríamos la parálisis por el análisis. Lo que creemos es que hay que intervenir y me detendré en el turno de réplica sobre el último argumento de los criterios desfavorables del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.