MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2015-10-22):
Sí, muchas gracias presidenta. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Señor lehendakari.
Nosotros nos hemos posicionado en contra de la reforma del Tribunal Constitucional impulsada y aprobada por el Partido Popular. Entendemos que la reforma planteada por el Partido Popular es, además de innecesaria, posiblemente inconstitucional. Innecesaria porque ya hay, ya había, instrumentos legales para hacer cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional, objetivo enarbolado por el Partido Popular para justificar la reforma llevada a cabo.
Y ya había instrumentos legales de sobra, porque contamos con el auxilio de todos los jueves y tribunales de España. Y porque además en el Código Penal ya están recogidos los delitos de desobediencia o sedición. Y es posiblemente inconstitucional dado que tal como se recoge en el artículo 117.3 de la propia Constitución, "la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes". Por tanto, la reforma es innecesaria y como digo, seguramente inconstitucional, y está basada en motivos políticos y electorales.
El PP lo que pretendía  - y el señor Sémper lo ha vuelto a plantear hoy aquí - , era intentar engañar a la sociedad española, haciéndole creer que no existían instrumentos para actuar contra una institución en rebeldía, por ejemplo la Generalitat de Cataluña. Pretendía, quiso y quiere hacer creer que se era contundente, cuando realmente lo que se ha impulsado y aprobado es una chapuza y un disparate jurídico.
Analicemos las formas y el fondo. En relación a las formas, la reforma del Partido Popular se lleva a cabo no a través de un proyecto elaborado por el Gobierno de España, sino mediante una proposición de ley suscrita únicamente por el partido que lo sostiene, con lo que se impide  - y esto es importante -  no sólo un debate más amplio de la cuestión, sino que el texto fuera sometido al Consejo de Estado.
La reforma del Partido Popular se tramita por el procedimiento de urgencia con tramitación directa en lectura única, minusvalorando de ese modo no sólo el trabajo de nuestros representantes, sino incluso depreciando el propio Congreso de los Diputados y la propia democracia. Cualquier reforma que afecte a una institución como el Tribunal Constitucional debería llevarse a cabo mediante un amplio acuerdo político y después de un riguroso debate técnico, pero el Partido Popular desgraciadamente ha antepuesto sus propios intereses de partido.
En cuanto al fondo. La reforma del Partido Popular es una amenaza para el propio Tribunal Constitucional, le confiere de una carga política que le perjudica notablemente. La reforma tergiversa y trastoca el sistema constitucional entero. La reforma es además ineficaz. Es verdad que hay sentencias del Tribunal Constitucional que no se han cumplido, pero quien debe ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional es el Ejecutivo, y no se puede pretender que lo hagan los magistrados del Tribunal Constitucional.
Se nos dice que el fin es encomiable, garantizar el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, el problema es que la propuesta no es adecuada para alcanzar ese objetivo.
El Tribunal Constitucional tiene ya la potestad de imponer multas coercitivas a quienes desobedezcan sus resoluciones, ya las tenía. La novedad de la reforma es, que además de ampliar la cuantía de las multas, establece la posibilidad de que en un procedimiento sin las debidas garantías  - y esto es importante -  el Tribunal Constitucional suspenda de sus funciones a una autoridad rebelde, a un cargo público.
Algunos conceptos que deberían estar claros. El Tribunal Constitucional tiene la función de defender jurídicamente la Constitución, mientras que al jefe del Estado o al Gobierno, le corresponde la defensa política o existencial de la misma. El artículo 97 de la Constitución atribuye al Gobierno la defensa del Estado, como escribió recientemente el señor Javier Tajadura, el Gobierno alega que con su propuesta de dotar al Tribunal Constitucional de la facultad de suspender en sus funciones a una autoridad rebelde, se cubre una laguna jurídica. Pero la laguna no existe más que en la imaginación del Gobierno, dice el señor Tajadura.
El Código Penal ya recoge los delitos de prevaricación y desobediencia y otros más graves como la sedición. Los jueces del orden penal podrían, por tanto, actuar contra quienes incurrieran en eso delitos. Y por otro lado, el Gobierno ya tiene la competencia para actuar directamente. Por tanto, la propuesta es un brindis al sol y una medida absolutamente ineficaz y una chapuza.
El Gobierno de España ha pretendido dar una imagen de contundencia, pero realmente lo que ha llevado a cabo es una dejación de funciones vergonzosa y cobarde. El Gobierno de España pretende trasladar al Tribunal Constitucional una responsabilidad que es sólo suya, así se convierte al Tribunal en un actor político y además en un actor político ineficaz. No sólo no resuelve el problema por lo tanto, sino que lo empeora.
Lo que quiere hacer el PP, lo que ha pretendido hacer es convertir al Tribunal Constitucional en un órgano seudopenal; y esto es efectivamente hacer las cosas rematadamente mal. ¿Cuál es la alternativa a la propuesta del Partido Popular que nosotros hemos venido defendiendo estas últimas semanas, y también en el propio Congreso de los Diputados?
En primer lugar, evidentemente, profesionalizar y despolitizar la justicia en España. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo y como el Consejo General del Poder Judicial están a día de hoy colonizados por los partidos políticos, por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por el Partido Nacionalista Vasco y por CiU.
Nosotros lo que propusimos en el debate del Congreso y proponemos, es mantener la reforma del Tribunal Constitucional del PP en la parte relativa a la clarificación de las funciones del Tribunal para hacer cumplir sus resoluciones. Pero a continuación extraer todas las disposiciones sancionadoras del texto, y crear una referencia a un nuevo delito y un procedimiento especial en la jurisdicción penal, conservando todas las características del procedimiento penal, incluidas las garantías para el procesado  - y esto insisto es muy importante - , y permitiendo apartar a los cargos públicos de forma temporal, pero con las debidas garantías con las debidas garantías.
Es técnicamente mucho más adecuada, porque se crea un delito especial de incumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional, con lo cual es la jurisdicción penal la que se encarga de todo el procedimiento. Es rápido porque a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se da la competencia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que no se caracteriza por tener carga de trabajo en cuanto a la instrucción de procedimientos.
Esto es lo que se podría haber hecho y se podría haber planteado también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para crear una nueva medida cautelar personal, que no es ninguna de las tres existentes citación, detención y provisión provisional, para que el juez penal del Tribunal Supremo sobre el que recaiga el procedimiento, lo primero que pueda hacerse sea suspender al cargo público de sus funciones mientras instruye el procedimiento por el delito de incumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional.
Esta nueva figura, por cierto, es la que ni el PP ni el PSOE quieren ver en pintura en nuestro ordenamiento, pues al crearse en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de forma general, también podría ser usada para cualquier procedimiento penal, así que podría aplicárseles a sus imputados.
Es la única forma técnicamente correcta de suspender a un cargo público, lo demás son chapuzas jurídicas que no interesan a nadie. En todo caso además, y en este caso, esa decisión la valoraría en cada situación el juez penal del Tribunal Supremo, no sería de aplicación automática.
En todo caso, en nuestra enmienda hemos pretendido ir al fondo de la cuestión y a tratar de enfrentar un problema que existe en España, como es el incumplimiento de la legalidad vigente y la pretensión de determinados dirigentes de caminar o levitar por encima de las leyes, obviando que la ley debe ser igual para todos, y que sin ley no hay democracia. De ahí la enmienda de totalidad que nosotros hemos presentado y que dice lo siguiente: "El Parlamento Vasco declara que sin ley no hay democracia, que la ley debe ser igual para todos, y que todos debemos respetarla y cumplirla, incluidos los representantes del Estado, las instituciones democráticas y los representantes de los ciudadanos". Algo que efectivamente demasiados no entienden, que sin ley no hay democracia y que la ley siempre debe cumplirse.
Esto, ya digo, que demasiados no lo entienden. No lo entienden demasiados nacionalistas, y no lo entiende tampoco EH Bildu. Así lo ha demostrado el señor Arraiz en su intervención, y así lo demuestra su trayectoria política. Así lo ha demostrado al citar a Ibarretxe o a Otegi y así lo demuestra él y sus compañeros de viaje, todos los días del año, que efectivamente, no entienden que sin ley no hay democracia y que la ley debe cumplirse.
Por otro lado, ciertamente llama la atención que quien no ha respetado los más básicos principios democráticos, pretenda darnos lecciones de democracia. El señor Arraiz hablaba de degeneración democrática, y no hay mayor degeneración democrática que apoyar o justificar los asesinatos de conciudadanos. Ésa es la mayor degeneración democrática que se ha producido en España, en las últimas décadas. Por lo tanto, en absoluto admitimos ningún tipo de lección de los representantes de EH Bildu. Y es lamentable y penoso, que quien es responsable de la mayor de las corrupciones, es decir, la persecución de los que piensan distinto, trate además hacer un discurso contra la corrupción.
En fin, ya digo, lo que ha planteado el PP es una chapuza jurídica, y además una chapuza jurídica ineficaz. Las cosas hay que hacerlas bien y evidentemente en España hay un problema de que la ley en demasiadas ocasiones se incumple. Se pueden cambiar las leyes, pero hay que hacerlas bien y no de la forma en que lo ha hecho el Partido Popular.
Por todo ello, mantenemos nuestra enmienda, y tengo que decir también que estamos básicamente de acuerdo con la enmienda planteada con el Grupo Socialista.
Gracias.