GALLASTEGUI OYARZÁBAL (PSE-EE, 2013-01-31):
Gracias señora presidenta.
De lo que estamos hablando es de unas tasas que no permiten el acceso a los ciudadanos a la justicia, estamos hablando de unas limitaciones a un derecho fundamental. Las tasas que han aprobado ustedes limitan de manera casi total la posibilidad de que muchos ciudadanos de este país puedan acceder a los tribunales de justicia a exigir sus derechos.
Es una cuestión meramente crematística, es decir, uno con la cantidad de dinero que tiene que abonar previamente a la interposición de la demanda o a solicitar la tutela de un determinado juzgado, simplemente no va a poder ir.
No es que haya gente que se disuada porque no tenga seguridad de conseguir una sentencia favorable y una sentencia que cumpla con las perspectivas que obviamente puede tener, es que ni siquiera va acudir porque no va poder abonar esa cantidad de dinero previa al acceso a el ejercicio de un Derecho Fundamental. Ésa es la cuestión, no es otra señor Damborenea y usted lo sabe.
El Tribunal Constitucional lo dejó bien claro. Dijo que efectivamente las tasas eran constitucionales siempre y cuando no limitaran el acceso de las personas a la tutela judicial efectiva que es lo que estamos discutiendo, al acceso a los tribunales.
Hablaba usted de justicia gratuita y la justicia gratuita se paga con las tasas. Mentira. La justicia gratuita se paga con los impuestos también porque hay personas que tienen derecho a la justicia gratuita que pagan sus impuestos. Tendrán derecho a justicia gratuita porque cumplen con los requisitos de los beneficiarios establecidos por la norma que son: Ganar menos del doble del salario mínimo interprofesional vigente o como se llame ahora, carecer de bienes suntuarios. En fin, todas esas cosas que usted sabe y que yo no lo voy a decir. Pero esos señores pagan la justicia gratuita con sus impuestos.
Y no es precisamente quien tiene que acceder a la justicia para exigir muchas veces sus derechos y lo que le corresponde que es en definitiva el fin de la justicia, quien abusa. Además, ¿qué es esto del abuso? El abuso está muy claro. Usted conoce exactamente igual que yo que la regulación española en materia de costas prevé esa cosa que se llama temeridad, que no es otra cosa que traducida al esperanto es abuso del derecho.
Hay ejemplos que todos ustedes tienen que conocer porque son ejemplos, en fin, son sangrantes. Hay veces que el hecho simplemente de una sentencia desestimatoria o una sentencia en flagrante error en la primera instancia, va a dejar sin posibilidad a muchos ciudadanos de que vayan a la segunda para conseguir que se resuelva de manera razonable un error judicial.
Pero es que hay otras cosas que son absolutamente imposibles de consentir, por ejemplo, ¿sabrán ustedes esto? Lo tienen que conocer porque ha salido en todos los medios de comunicación.
Una negligencia médica, un problema con un sufrimiento fetal en un parto para reclamar una indemnización por unos daños, por una negligencia médica. Pues habría que pagar, por ejemplo hoy, aproximadamente 11.300 euros para una reclamación de 300 euros por el nacimiento de un bebé. Sí, sí. Un tetrapléjico en accidente de tráfico, un ocupante de un vehículo que va a la vía civil con un señor iba por ejemplo borracho, que eso ya es otra cuestión, y que tiene que reclamar por su tetraplejia. Pues tendría que pagar aproximadamente si reclama 1.300.000 euros (que es una cosa razonable con gente joven, por ejemplo( pues tendría que pagar aproximadamente si tiene que llegar al Tribunal Supremo más de 19.500 euros y así sucesivamente.
De lo que se trata fundamentalmente (y usted lo sabe como yo(, y además yo entiendo que hay que defender lo que hay que defender muchas veces, pero usted lo sabe exactamente igual que yo, este tipo de situaciones no se pueden dar porque al final lo que ocurre es que uno para reclamar sus derechos no tiene capacidad económica que le permita ejercer ese derecho.
No estará muy equivocado todo el mundo cuando el mismo Consejo General del Poder Judicial está diciendo que esta no es la vía. No creo que haya que tener o dejar en saco roto lo que los propios jueces, el propio gobierno de los jueces hablan en relación con este asunto.