BOLLAIN URBIETA (EP, 2017-02-16):
Eskerrik asko, Tejeria andrea, lehendakari jauna, legebiltzarkideok, egun on guztioi.
Gaurko egunean guretzat askotan ondorio larriak dituen ekintza bati buruz hitz egin nahi genuen eta ba horretarako gobernuek askotan hain gustuko duten praktika honekiko legea betetzeko proposamen hau azaldu nahi nizueke. Eta bueno batzuetan, nahiz eta berandu, konturatzen naiz denok ez daukagula, zorionez, ideologia berdina, (...) logikamente ez da inoren gustukoa zerbitzu publikoak pribatizatzea, baina Legebiltzarreko arkua begiratuta, ba nabaritzen da batzuetan igual esaldi honekin tronpatu egiten naizela.
No teníamos ninguna duda de que tarde o temprano tendríamos que debatir sobre el tema de las privatizaciones de los servicios públicos en esta Cámara y en esta legislatura, y como para nosotros y nosotras este tema es de vital importancia, pues veíamos conveniente debatirlo en uno de los primeros plenos ordinarios. En el fondo, se trata de un problema muy profundo, se trata de un problema, de un mundo privatizable en beneficio de una minoría y con un gran coste para una mayoría social que no se lo puede permitir.
Tradicionalmente, las privatizaciones se vendían como procesos ejemplares, loando una supuesta eficiencia del sector privado, y apelando a falsos paradigmas de desarrollo y modernidad, o hablando de beneficio para el Estado. Sin embargo, esto ha cambiado drásticamente, radicalmente cuando se ha adoptado una perspectiva a largo plazo y es que ahora la mayor parte de la ciudadanía valora negativamente estos procesos. Claro, es ahora cuando una mayor parte de la ciudadanía está padeciendo estos procesos.
Las privatizaciones se han convertido en una de las principales políticas económicas aplicadas desde las últimas décadas del siglo XX como un modelo o como un elemento fundamental del modelo capitalista neoliberal, impulsado por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la propia Unión Europea.
Hoy los servicios públicos son una de las principales demandas de una ciudadanía que está cabreada por los recortes, por la precarización de sus condiciones de trabajo o por el deterioro de estos mismos servicios públicos.
Y como verdaderamente coincidimos con esa ciudadanía crítica con las privatizaciones y porque nos preocupa el tema, hemos intentado llegar a acuerdo con los partidos de esta Cámara, hablando con todos ellos. En ese sentido, hemos transaccionado una enmienda con el grupo parlamentario EH Bildu.
El primer punto acordado pide, ni más ni menos, que se cumpla la legislación vigente. Parece poca cosa, cumplir la ley, pero qué triste es cuando alguien tiene que pedir en un Parlamento que se cumpla la ley. Pide  - y cito textualmente -  "que el Gobierno Vasco respete y cumpla lo dispuesto sobre externalizacion de servicios en el Decreto 83/2010, así como los acuerdos reguladores de los distintos ámbitos de la Administración derivados de dicho acuerdo".
Sinceramente, no entendería que los grupos parlamentarios aquí presenten se nieguen a votar a favor de este punto. Otra cosa será que verdaderamente se cumpla. Y muchas veces la derecha ha achacado la insistencia de mantener los servicios públicos fuera de las privatizaciones a un mantra de la izquierda.
Pero no nos engañemos. Esta misma semana, el lunes en la Comisión de Salud hubo una comparecencia de los sindicatos, donde todos los de allí presentes dejaron claras dos cosas fundamentales.
La primera, lo que venía diciendo anteriormente, es que el Decreto 83/2010 no se cumple. Lo dijeron claramente los sindicatos, no es algo que me esté inventando yo ahora mismo hoy aquí. Este decreto no está siendo cumplido por las administraciones vascas y nos gustaría que ustedes se comprometieran a cumplir la legislación vigente.
El segundo punto en común entre todos los sindicatos fue que la privatización se materializa indudablemente en una mayor precariedad laboral para los y las trabajadores, y en unos peores servicios para la mayoría de la sociedad vasca, que ni puede ni quiere permitirse acceder a una educación privada, a una sanidad privada o a otros servicios públicos privatizados, precarizados, deteriorados o directamente no prestados.
En ese sentido, no hay duda de que mientras las administraciones públicas que aplican políticas neoliberales aseguran que la privatización les permite ser más eficaces en la gestión y ahorrar costes, no hay duda de que los sindicatos sostienen que estas externalizaciones vienen acompañadas de rebajas salariales y de un empeoramiento de las condiciones laborales de los y las trabajadoras.
Para resumirlo en una frase, tal y como decía el mismo Tony Judt, la privatización de los sectores públicos es ineficiente. Esto ha quedado más que demostrado mediante multitud de informes y de estudios. Sin embargo, ayer mismo ustedes del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista y del Partido Popular votaron a favor del CETA, un tratado de libre comercio que da vía libre y cronifica aún más estos procesos de privatización de los servicios públicos.
En 2010, por poner un ejemplo, publicó UGT un informe en el que, además de demostrar las ineficiencias de las privatizaciones de estos servicios públicos, se podía constatar claramente cómo aumentaba la precarización laboral tras la privatización. Afirmaba el mismo que la subcontratación permite pagar salarios muchos más bajos del que le correspondería a un trabajador de esa empresa y, además, sin ningún tipo de sujeción al convenio correspondiente a esa compañía.
Y es grave, es grave porque normalizar este tipo de prácticas acaba normalizando la precariedad laboral y es algo injustificable que eso lo haga una institución pública.
Y por ello, vemos necesario realizar, también, un estudio con el fin de aclarar la situación de contratación de los servicios desde la fecha de entrada en vigor del Decreto 83/2010 hasta la actualidad, un estudio que se realice en el plazo de tres meses y que para, que se pueda trabajar sobre él, detalle mínimo los siguientes cuatro puntos principales.
El primero, debe ser que cifre e identifique la totalidad de los servicios externalizados. En segundo lugar, debería analizar y desagregar sus costes, tanto los recogidos en el pliego de condiciones, como los que finalmente son certificados y liquidados. En tercer lugar, deberá analizar las condiciones de empleo de cada uno de dichos servicios externalizados, número de empleo en cada servicio desagregado por sexo, niveles salariales mínimos y máximos de los trabajadores, jornada laboral del servicio y convenios colectivos de referencia. Y finalmente, el estudio debería señalar también el proceso que habría que seguir para reintegrar dichos servicios en la gestión pública y la diferencia económica que habría en comparación con la gestión anterior.
Hagamos un estudio sobre el que poder trabajar y así podremos ver cuál es la mejor opción para dotar de los mejores servicios públicos a la ciudadanía. Será la forma de conocer si, efectivamente, como defiende la triple alianza de la privatización, la externalización de los servicios ha sido positiva para las administraciones y, sobre todo, si ha sido positiva para trabajadoras y para la ciudadanía.
Aprobábamos aquí el jueves pasado por unanimidad, lo que me alegró mucho, una proposición no de ley con vistas a dignificar, de una vez por todas, las condiciones laborales de las trabajadoras de residencias para mayores en Bizkaia. Y decíamos entonces y repetimos hoy también que para nosotros y nosotras no es comprensible, no podemos comprender, no podemos llegar a entender una sociedad que ponga la salud y el bienestar de sus ciudadanos en manos de un servicio basado en los beneficios.
Decíamos entonces y repetimos hoy también que, desde Elkarrekin Podemos, no podemos tolerar que los servicios se presten fijándose únicamente en el beneficio empresarial, lo que, sin duda, se traduce en unas pésimas condiciones laborales y en un peor servicio ofrecido a nuestra ciudadanía.
Y no hagan oídos sordos a esos trabajadores y a esas trabajadoras precarizadas, a esa ciudadanía que señala los déficit y no los déficits presupuestarios, sino los déficits de calidad en los servicios públicos. Y espero que, por lo menos, se dignen a apoyar la realización de este estudio, la realización de esta fotografía de nuestra realidad presente, para que así podamos tener una imagen verídica de los servicios públicos de nuestro país y poder ejecutar un diagnóstico con sendos pilares.
Decía Jean Ziegler, el actual vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que toda resistencia a la privatización de los servicios públicos es anatematizada. Quien quiera que ponga en peligro la riqueza excepcional de los ricos, se coloca ipso facto fuera del mundo civilizado. La ideología neoliberal colma de tranquilidad a los más pudientes.
A mí, personalmente, no me importa colocarme ipso facto fuera del mundo que se hace llamar civilizado, si eso significa defender los derechos de la ciudadanía y de las trabajadoras.
Hoy estamos hablando de privatización y externalización de servicios, pero, más allá de cuestiones de gestión de lo público, estamos debatiendo sobre el derecho de la ciudadanía a unos servicios gratuitos, universales y de calidad...
...público, estamos debatiendo sobre el derecho de la ciudadanía, a unos servicios gratuitos universales y de calidad para todas las personas. Unos servicios públicos, que sean el orgullo de nuestro país.