ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2014-06-26):
Gracias presidenta, lehendakari, señorías.
La contratación pública no puede interpretarse como un instrumento ajeno al marco jurídico general, ni por lo tanto a las políticas públicas que la conforman. Por tanto, y más si cabe en este momento socio-económico, la licitación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos no resulta ajena a sus efectos sociales, por lo que atendiendo al interés público, además de la mejor propuesta económica, deberá buscar la oferta con mayores beneficios sociales sin obviar claro está los criterios de eficacia o de calidad.
Por lo tanto, la contratación pública posee una notable incidencia en el mercado y en el entorno debido a su enorme importancia cuantitativa y cualitativa. En lo cuantitativo por su incidencia en la economía, se calcula que aproximadamente o real el 18 % de la contratación pública en Europa, el 18 % del Producto Interior Bruto conforma la contratación pública, de manera que la incidencia en la economía es algo más que notable. Y también desde un punto de vista cualitativo porque es una actividad ejemplarizante que sirve de referencia y demás.
La legislación existente sobre la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos es abundantísima. Es abundantísima y no es de última hora.
En el criterio que manifiesta el Gobierno reproduce la misma argumentación que acuerdos que se han adoptado en esta Cámara, precisamente a favor de la inclusión de cláusulas sociales, el Gobierno despachaba diciendo que no era oportuno puesto que hay una inseguridad jurídica en la materia y por lo tanto, tanto en el acuerdo del 17 de octubre que le instaba y le emplazaba a redactar un pliego de cláusulas generales administrativas en las que se incluyeran cláusulas sociales. De la misma manera se despacha hoy con el criterio de que por inseguridad jurídica no corresponde tomar en consideración esta propuesta.
Tengo que decirles que desconozco en principio con qué título competencial los postulantes plantean este tipo de iniciativa, sin embargo nosotros la acogemos positivamente porque en primer lugar concuerda con los postulados que el Partido Socialista viene defendiendo, y en segundo lugar, porque no tenemos la más mínima duda de que el acerbo jurídico vigente abona esa tesis.
Y como digo, hay abundante normativa que abona la tesis de que se pueden incluir cláusulas sociales con diferentes planteamientos en las licitaciones públicas, pero me voy a permitir remontarme nada más y nada menos que a la conferencia general de la OIT en junio de 1949, se acordó el siguiente convenio, ya entonces, el convenio se aplica a los contratos públicos y se aplica también a los subcontratistas.
Y el artículo dos dice: "Los contratos a los cuales se aplique el presente convenio deberán contener cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados, salarios, jornada y demás condiciones de empleo, no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada en la misma región. A). Por medio de un contrato colectivo, equivalente al convenio u otro procedimiento reconocido de negociaciones empresariales y de trabajadores. B). Por medio de laudo arbitral. C). Por medio de la legislación nacional."
El artículo 2.4 de este convenio dice: "La autoridad competente deberá tomar medidas apropiadas tales como la publicación de anuncios relativos a los pliegos de condiciones o cualesquiera otras que permitan a los postores conocer los términos que las cláusulas".
El artículo 5.1 dice: "En caso de que no se observen o no se apliquen las disposiciones de las cláusulas de trabajo incluidas en los contratos celebrados por las autoridades públicas, se deberán aplicar sanciones adecuadas tales como la denegación de contratos o cualquier otra medida pertinente".
Y el 5.2 dice: "Se tomarán medidas apropiada tales como la retención de los pagos debidos en virtud del contrato o cualquier otra que se estime pertinente, a fin de que los trabajadores interesados puedan obtener los salarios a que tengan derecho".
Bueno, esto es en 1946, aunque España entró en la OIT en 1919. En ese periodo no estaba hasta el año 56, pero después subscribió todos los convenios de la OIT. Y como sabemos por el artículo 96 de la Constitución Española, los tratados internacionales forman parte del derecho interno.
Además existe otra mucha normativa que si tengo ocasión también reproduciré, pero debo decir en primer lugar que la razón por la cual esta iniciativa se trae hoy aquí, es porque hasta ahora el Gobierno ha resistido incluso a los acuerdos adoptados en esta Cámara, en orden a incluir estas cláusulas sociales –que por lo demás es público y notorio, que en fin, que son admisibles en la contratación pública–, pero señaladamente en la fijación de las condiciones de trabajo y la sujeción a los convenios territoriales.
El Gobierno se ampara en un planteamiento absolutamente evasivo, sin seguridad jurídica. Y se ampara en argumentos que ha dado la autoridad vasca de la competencia, que como hemos dicho en algún otro debate anterior, estaban basados en directivas que han sido derogadas por la más reciente de enero de 2014, que deja sin lugar a dudas –en otros debates que he tenido ocasión de leer los párrafos–, que la sujeción de los contratos públicos a las condiciones de trabajo del lugar son indubitadas.
El Gobierno si no lo hace es porque realmente no responde a esa sensibilidad que afirma respecto de lo que es la defensa de la negociación colectiva, que como fruto genuino de la misma, que son los convenios, y plantea que no puede intervenir en ese ámbito de la contratación pública. Y así está ocurriendo como vemos en los últimos días, semanas y meses, que obras emblemáticas, obras emblemáticas que tiene lugar en nuestro territorio están siendo objeto de importantes denuncias por parte de los representantes de los trabajadores, sobre las condiciones de esclavitud o semiesclavitud en la que se desarrollan esos trabajos. Y por supuesto con vulneración total y flagrante de las condiciones de trabajo establecidas por los convenios.
Como digo, nosotros conocemos bajo qué título competencial puede legislarse en esta materia. En este Parlamento el criterio desfavorable del Gobierno no plantea absolutamente objeción alguna en esta cuestión, en cuestiones de competencia. Por lo tanto podía deducirse que en principio no hay obstáculo. Aunque yo como digo, no termino de encontrar el acomodo.
Pero no quiere decir que no existan instrumentos como se planteaba el 17 de octubre, que al hilo de la Ley de Contratos del Sector Público, plantea la habilitación a las comunidades autónomas de desarrollar esos pliegos de cláusulas generales, donde se pueden incluir perfectamente todas esas condiciones.
El artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores deja inequívocamente claro, es una norma imperativa, que están todas las empresas y trabajadores concernidos en su ámbito de aplicación obligados y sujetos a los convenios. ¿ Cabe por lo tanto interpretar que pueda haber espacios, puede haber auténticos Guantánamos donde la aplicación de la norma y de la ley pueda ser sustraída?
Entendemos que no. Una iniciativa popular no puede por menos que ser acogida con independencia que se esté de acuerdo o no en todos sus contenidos. El Grupo Socialista así lo entiende y por eso asume y toma en consideración esta iniciativa para que sea posteriormente tramitada, discutida, analizada y entiendo que enriquecida si es que realmente existe capacidad y competencia para legislar en la materia.
Con independencia de que eso ocurra, el Gobierno tiene instrumentos como digo, directivas recientes y nada más y nada menos que convenios de la OIT, que se pierden en la noche de los tiempos.
Aquí estamos hablando de una cuestión de voluntad política que no se corresponde con lo que se afirma. Porque la defensa de la negociación colectiva tiene que reflejarse efectivamente en actos y acciones concretas. Y una de ellas es la obligatoriedad de su cumplimiento, nada más y nada menos que en los contratos públicos, sean de obra, sean de suministro, sean de servicios.
Esa sujeción es indiscutible y a esa obligación deben de concurrir todos los postores, todos los licitadores, sabiendo que el sector público vasco debe de incluir efectivamente el sometimiento a esas condiciones de forma pública y notoria, de manera que no quepan fraudes de ley como están ocurriendo, acomodando a trabajadores desplazados y sujetándolos a convenios que tienen su origen en otros lugares.
Como tengo tiempo puedo decir que existe una directiva 96/71 que hablaba de la libre prestación de servicios, desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, artículo 3: "Los estados miembros velarán porque cualquiera que sea la legislación aplicable a la relación laboral, las empresas mencionadas en el apartado 1 del artículo tal, garanticen a los trabajadores desplazados en su territorio las condiciones de trabajo y empleo relativas a las materias siguientes que en el Estado miembro donde se efectúe el trabajo estén establecidas por disposiciones legales, por convenios colectivos..."
Es que realmente como digo, es abrumadora la normativa que permite efectivamente llevar adelante esa inclusión de cláusulas sociales en todos los pliegos de condiciones. Pero realmente no es un problema de inseguridad jurídica, es como digo un problema de voluntad política. Y por lo tanto nosotros entendiendo que este debate no se termina, que sigue vigente, que no terminará hasta que finalmente esto sea un hecho y todos aquellos actores económicos que quieran concurrir a la contratación pública dentro de nuestra comunidad autónoma estén sujetos, como no, a las mismas condiciones a las que están las empresas locales que tienen obligación de cumplir también con esos convenios.
Porque realmente el argumento de la competencia es un argumento realmente muy resbaladizo. ¿A alguien se le ocurre pensar que una empresa foránea pudiera alegar en el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo que no le es aplicable nuestra normativa en prevención de riesgos laborales porque tiene una de origen?
No, no se le ocurriría a nadie pensarlo. Lo mismo con el resto de condiciones de trabajo, jornadas, salarios, etcétera. Por todas estas razones y muchas más que harían esta intervención prolija y farragosa, es por lo que nosotros tomamos en consideración esta iniciativa...
...por todas estas razones y muchas más que harían esta intervención prolija y farragosa es por lo que nosotros tomamos en consideración esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias.