PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2018-02-08):
Gracias, presidenta.
Bueno, hoy debatimos una PNL presentado por el grupo Popular y por Elkarrekin Podemos sobre la constitución de una comisión de investigación en relación con las responsabilidades políticas relativas al proceso de adjudicación de la prestación de los servicios de comedores escolares de gestión directa del Gobierno Vasco desde el año 2003.
Ya lo habíamos debatido la legislatura anterior, una proposición no de ley muy similar a la que se trae hoy, aquella vez presentada por el PP y el grupo mixto UPyD, y el debate que tuvimos fue relativo a la constitución también de una comisión de investigación sobre el proceso de adjudicación de la prestación de los servicios de comedores escolares de gestión directa del Gobierno Vasco adjudicadas a ciertas empresas que todos conocemos.
En este caso, lo único que varía es el objeto de la comisión de investigación, comparándolo con el debate de la legislatura anterior, pero con el mismo fin, al fin y al cabo, la construcción de una comisión de investigación en relación con la prestación de estos servicios de comedor.
Ya en el 2014 la Autoridad Vasca de la Competencia abrió un expediente sancionador contras las empresas de catering que suministraba a los comedores escolares públicos, pero ha sido un procedimiento que viene desde años atrás y que finalmente se cerró en febrero del 2016.
Este expediente se inició, como bien explicó la presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia el pasado 10 de octubre, por una denuncia de una empresa. En ese momento la investigación se centró en las licitaciones para contratar el servicio de los comedores escolares de gestión directa dependientes del Departamento de Educación.
La investigación se realizó desde el año 2003 hasta el año 2014, centrándose en 7 empresas principalmente, concluyendo con una resolución de fecha 4 de febrero de 2016.
Y en dicha resolución, concluyó la existencia de una práctica concertada de reparto de mercado por ciertas empresas, las mismas que han sido investigadas.
Las sanciones se imponen en base a la Ley de Defensa de la Competencia como infracciones muy graves o las multas que corresponden en cada caso.
Las sanciones, una vez interpuestas, como ya ha relatado la señora Bengoechea, son recurridas ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Y el Tribunal ha resuelto las reclamaciones, sentencias de junio del 2017, en las que ratifica la resolución que ya adoptó la Autoridad Vasca de la Competencia, en la que manifiesta una práctica concertada de reparto de mercado, y afirma o confirma el comportamiento infractor de estas empresas.
Una vez puestos en antecedentes y concluidas las impugnaciones por parte del Tribunal Superior de Justicia, el Departamento de Educación tenía que sacar de nuevo nuevas licitaciones para darle continuidad a ese servicio. Ese será la conclusión de todo este proceso
Y el Departamento de Educación, con ayuda de la Autoridad Vasca de la Competencia, diseña unos nuevos pliegos encaminados a favorecer la competencia, a eliminar las barreras de entrada, se blindan los pliegos ante una posible concertación de empresas, para corregir esa situación que daba lugar a un encarecimiento artificial de los precios definitivos que se establecían.
Se ha demostrado que con los cambios que se introdujeron se ahorra un cuantía de aproximadamente 7 millones de euros, por lo que, visto desde otra perspectiva, es tanto como decir que ha habido una pérdida importante de dinero y que si esta situación cambio a partir del 2015, en años anteriores es verdad que se podía haber hecho algo parecido.
La posición de mi grupo ante esta situación, la practica concertación de empresas generando el reparto del mercado, es totalmente contraria a esta situación.
Porque, como se ha demostrado, estas empresas incurrieron en estas prácticas, bien tras la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia, así como la ratificación de esos hechos por parte del TSJ.
Mi grupo siempre ha sido favorable a la creación de las comisiones de investigación, siempre que ha habido motivos claros que los justificaran.
Es verdad que en este caso se han demostrado prácticas contra la competencia empresarial y es por ello que no vamos a negarnos a la creación de dicha comisión, pero si bien es cierto, esta comisión parlamentaria de investigación, pensamos sinceramente que no va a obtener conclusiones muy distintas a las que ya se adoptaron en la legislatura anterior.
En la iniciativa se indica que el objeto es desentrañar y depurar cuantas responsabilidades corresponden en el ámbito de la investigación parlamentaria. Y esta responsabilidad o competencia pensamos que no es nuestra, sino de la Autoridad Vasca de la Competencia, que es quien ha sacado este caso a la luz y quien ya ha sancionado a las empresas que han incurrido contra la competencia empresarial.
Como ya he citado anteriormente, tuvimos la comparecencia hace cuatro meses de la Autoridad Vasca de la Competencia y dicha presidenta en ningún caso cito que hubiera habido ni complicidad, ni favorecimiento por parte de la administración educativa en los hechos penalizados.
Por tanto, si esta Administración con los medios con los que cuenta y el tiempo que ha dedicado a este caso, investigando a las empresas durante tantos años, y siendo firme y contundente en sus resolución no ha llegado a apuntar ningún tipo de irregularidad en el Departamento de Educación, no consideramos que nosotros vayamos a poder ir más allá.
Ante un tema tan sensible como este, la alimentación de nuestros hijos e hijas pertenecientes a centro públicos en un servicio que presta directamente el Gobierno Vasco, es verdad que no podemos quedarnos inmóviles.
La resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia, como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, hicieron realidad tal situación y esto dio paso a la creación de nuevos pliegos, con los que hemos podido ver que las actuales normas de contratación pública son cada vez más garantistas de la competencia y de la libre concurrencia.
Pero entendemos que siempre se puede ir más allá para que estos casos no se vuelvan a dar, para que no se generen acuerdos para sacar ventaja.
Mi grupo se quiere ratificar hoy aquí en los acuerdos tomados en la X Legislatura, en una enmienda firmada por el grupo Nacionalista Vasco y por el grupo de Euskal Herria Bildu, instábamos a que fuera el Gobierno Vasco quien pusiera en conocimiento de la Fiscalía esta situación, con el fin de que valorase si se podían derivar responsabilidades penales, a que estudiara si se había producido un daño patrimonial y a que, en su caso, los servicios jurídicos iniciasen cuantas acciones legales fueran necesarias para resarcir a las arcas públicas de los daños y perjuicios causados.
Y finalmente, instábamos al Gobierno Vasco a que se intensificaran los trabajos mientras que el contrato estuviera vigente, analizasen y decidieran los pasos a dar, con el objetivo de adecuar el modelo de gestión de los comedores, de modo que, en su caso, cada centro público pudiese elegir libremente la forma de gestionar su comedor  - probablemente fue la novedad más importante de ese acuerdo - .
Por eso, en este sentido, sí me sorprende el cambio de criterio del grupo de EH Bildu, porque, como he citado, firmaron con nosotros la enmienda y llegamos a este acuerdo.
Y a ese acuerdo llegamos los tres grupos. Consideramos que la Autoridad Vasca de la Competencia, junto con la Fiscalía, es quien tenía  - y quien ha hecho, además -  la competencia y quien debe actuar en consecuencia.
En cualquier caso, como ya he dicho al principio, haré alguna consideración en el turno de réplica, como es costumbre en el grupo Socialista, no obstaculizaremos la puesta en marcha de esta comisión de investigación.