MENDIA CUEVA (PSE-EE, 2013-01-24):
Eskerrik asko mahaiburu andrea. Egun on guztioi.
Bueno, esta larga crisis que arrastramos y padecemos desde el año 2008, se ha venido cobrando muchas víctimas. Pero las víctimas que más conmueven y que más nos deben concernir a los que nos dedicamos a la gestión de lo público y que representamos a los ciudadanos de este país, son las víctimas de los desahucios.
Porque está claro que los sacrificios en esta crisis no se están repartiendo de una forma igualitaria. Hay una parte de la sociedad que está soportando la mayor parte de los esfuerzos y otra que lo hace de forma muy colateral.
Además las leyes vigentes no generan una posición de igualdad a la hora de tratar de resolver los problemas generados por el sobreendeudamiento. El lecho y el techo algo básico desde tiempo inmemorial, forma parte del núcleo de la dignidad de las personas.
Es un derecho consagrado en nuestra Constitución y recogido también en la Declaración Universal de Derechos Humanos y sin embargo, nuestro sistema no garantiza a día de hoy que los desahuciados puedan encontrar un techo.
Los ciudadanos están contribuyendo a través de los impuestos a recapitalizar las entidades financieras a un coste para ellas bajísimo.
En este sentido, este Parlamento como representante de la ciudadanía vasca, tiene la legitimidad suficiente y necesaria para pedir que bancos y cajas aporten su esfuerzo y sus recursos a tratar de paliar las situaciones sangrantes que se producen.
A enviar al conjunto de las instituciones vascas un mensaje claro: se deben poner todos los esfuerzos posibles para lograr que las personas desahuciadas no entren en el campo de la marginación.
Por eso, la enmienda que hemos acordado tiene dos partes claramente diferenciadas. Una primera dirigida al Gobierno de España que es evidentemente quien tiene en su mano la competencia para modificar el marco legal y conseguir que la legislación española finalmente se adapte a la europea y se homologue los estándares internacionales que ahora mismo no cumple.
Y la última advertencia nos llega desde el otro lado del océano, nos llega desde el Defensor del Pueblo de Ecuador nada menos, que ha recurrido la legislación hipotecaria española ante el Tribunal de Estrasburgo.
Por eso en nuestra enmienda pueden encontrar todos ustedes todas las normas que son necesarias cambiar para poner fin a esta situación de desprotección: la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la de Regulación del Mercado Hipotecario, la de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y la Ley de Subrogación y Modificación de los Préstamos Hipotecarios.
Pero además planteamos que en el panorama actual se puede y se debe explorar la aprobación de una norma legal de naturaleza imperativa que permitiera una moratoria en el pago de los préstamos de la vivienda habitual, cuando la razón del impago sea la situación del desempleo.
Su objetivo es que no se inicie ningún procedimiento de ejecución, ni judicial ni extrajudicial. Una norma así supondría un esfuerzo social para que no se excluya a familias enteras.
Entre todos con recursos públicos hemos rescatado a entidades como Bankia y contribuido al fondo de reestructuración bancaria. En comparación con eso, el esfuerzo por rescatar a nuestros conciudadanos es minúsculo y las entidades financieras debieran afrontarlo como una aportación suya a la crisis.
Esto con respecto a lo que esperamos de los cambios normativos y lo que pedimos, pero en Euskadi podemos y debemos de hacer cosas concretas. Por ello planteamos fundamentalmente desde diferentes frentes la protección de las personas que han sufrido una caída importante en sus ingresos o que estén en el desempleo. Porque en este tiempo que llevamos de crisis, hemos aprendido varias cosas de las situaciones que se producen.
Una, la situación de inferioridad en la que se encuentra el ciudadano en esa situación de sobreendeudamiento frente a la entidad financiera. Otra la pérdida del hogar y el no encontrar una solución a esa situación. Otra la falta de información temprana que sufrimos las instituciones a la hora de conocer con detalle y a tiempo la situación de estas personas que muchas veces se encuentran en nuestro entorno más cercano.
Y también otra necesidad que es la más importante yo creo, que es el compromiso serio de todas las instituciones públicas y financieras para encontrar un atajo a esta situación. Por eso es por lo que estas personas en nuestra enmienda proponemos no deberían de ser desahuciadas.
Y de hecho el Gobierno Vasco en sus últimos seis meses ya empezó a aplicar esta moratoria del alquiler público, siempre que sea por razones de desempleo o caída importante de ingresos.
Asimismo, instamos no sólo a revisar los convenios firmados con las entidades financieras para que no se ejecute ningún desahucio sin pasar antes por el servicio de mediación y a realizar también una campaña de difusión de dicho servicio, porque es importante que las personas en Euskadi conozcan todos los medios que tienen a su alcance para defenderse.
También, consideramos necesario suscribir un acuerdo con entidades financieras que operen en la Comunidad Autónoma vasca especialmente con Kutxabank dirigido a suspender los desahucios en curso, a poner también una parte importante de su stock de viviendas vacías a disposición de los desahuciados en alquiler social o a no iniciar procedimiento de desahucio alguno, estableciendo una moratoria cuando hay una imposibilidad sobrevenida para hacer frente a la hipoteca de la vivienda habitual.
Éstas son propuestas concretas que buscan solucionar el problema que nos preocupa a todos, porque no hay que olvidar que el número total de desahucios que se ven en las estadísticas judiciales no todas se corresponden a vivienda habitual, muchas son locales de negocio, fábricas, segundas residencias, etcétera. Por lo tanto, no estamos hablando de tanto volumen, puede ser perfectamente asumido por las entidades financieras por medio de estos acuerdos con las instituciones.
Y por supuesto, las instituciones vascas, ayuntamientos, diputaciones y Gobierno junto con las instituciones financieras deben de buscar fórmulas de ayuda a las familias, de la misma manera que deben colaborar para establecer ese sistema de alerta temprana que permita atajar la situación a tiempo, antes de que ésta se convierta en dramática.
Y por último, recogemos una demanda ética que yo creo que es compartida por el conjunto de la ciudadanía, de revisar o incluso romper relaciones financieras con aquellas entidades que no procedan a paralizar los desahucios, en definitiva, en este año 2013 vamos a asistir a situaciones realmente sangrantes.
La crisis económica y la recesión, la alerta a todo el mundo que va a ser más profunda y por lo tanto, situaciones como éstas se van a dar mucho más porque hay demasiadas personas que llevan demasiado tiempo aguantando en una situación límite.
Por lo tanto, necesitamos el compromiso de todas las instituciones para trabajar duro y de manera exigente para conseguir un colchón para estas personas y estas familias que más están sufriendo los efectos de la crisis.
Gracias.