ITXASO GONZÁLEZ (PSE-EE, 2014-04-11):
Lehendakari.
La pregunta que le formulamos hoy se registró el 7 de abril de 2014, conociendo ya para entonces su informe de cumplimientos de acuerdos parlamentarios remitido a esta Cámara el 28 de febrero que dice exactamente lo siguiente:
"El cumplimiento por parte del Gobierno de esta moción parlamentaria en los estrictos términos en que fue aprobada, puede plantear serios problemas desde el punto de vista de su ajuste a la legalidad vigente. De hecho, la norma foral guipuzcoana reguladora del mismo objeto está doblemente recurrida por la autoridad vasca de la competencia y por la Abogacía del Estado."
Quiero decirle, en primer lugar, que esta demanda de pregunta sobre el acuerdo del 17 de octubre, se inscribe dentro de los muchos debates que hemos tenido en esta Cámara sobre la inclusión de los convenios colectivos en la contratación pública, pero su informe se basa básicamente en estos recursos.
Decirle, en primer lugar, que el auto de febrero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia deniega la suspensión cautelar a la norma foral que pide la Abogacía del Estado, por lo tanto, esta norma sigue vigente.
Y en segundo lugar, el recurso de la Autoridad Vasca de la Competencia está soportado por un informe también remitido el 17 de diciembre, que ha sido plenamente superado por la Directiva 15 de enero de 2014, relativa a la contratación pública que deroga la Directiva 2014/18 en la que se funda el informe de la Autoridad Vasca de la Competencia.
Le voy a decir básicamente unos considerandos que plantea esta Directiva de enero. En aras de una integración adecuada de requisitos medioambientales, sociales, laborales en los procedimientos de licitación pública, resulta especialmente importante que los Estados miembros y los poderes adjudicadores tomen medidas pertinentes para velar por el cumplimiento de sus obligaciones en los ámbitos de la legislación medio ambiental, social y laboral aplicables en el lugar en que se realicen las obras, se presten los servicios, derivadas de leyes, reglamentos, decretos, decisiones, tanto nacionales como de la Unión, así como de convenios colectivos.
El considerando 39 dice, "las respectivas obligaciones podrían reflejarse en cláusulas contractuales, también debe de ser posible incluir cláusulas que garanticen el cumplimiento de convenios colectivos de conformidad con el derecho de la Unión en los contratos públicos.
"El incumplimiento de las respectivas obligaciones podrían considerarse una falta grave del operador económico, pudiendo acarrearle su exclusión del procedimiento de adjudicación en un contrato público".
En fin, tengo varios considerandos que abonan esta tesis, pero como no voy a tener tiempo para ello, le voy a decir en el texto articulado lo que dice los principios rectores de la contratación de esta Directiva tan reciente.
"Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos públicos los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, etcétera".
Quiero decir, existe marco normativo para desarrollar el pliego de cláusulas generales administrativas en las que se incluya la sujeción a los convenios colectivos. Ustedes en la explicación que dan en ese informe plantean que hay serias dudas. Lo que les digo es que con la más reciente Directiva Europea, ese marco normativo habilita a su Gobierno a hacer lo que el mandato parlamentario del 17 de octubre les ponía.
Por lo tanto, formulamos la pregunta. ¿Van a cumplir con ese acuerdo parlamentario?