VAQUERO MONTERO (EAJ, 2014-03-13):
Bai, mila esker presidente andrea. Lehendakari, sailburu eta legebiltzarkideok.
Zergatik, zertarako proposatu du Alderdi Popularrak justizia unibertsalaren kontrako lege erreforma berri hau? Hori da gaur garbi erantzungo diogun galdera.
Aipatutako lege proposamenak justizia unibertsalaren aplikazioan ezartzen dituen mugak hain dira pisuzkoak, jurisdikzio unibertsalaren printzipioa Estatuko ordenamendu juridikotik ezabatzen duela praktikan. Baina hau ez da justizia unibertsalak Estatuan izan duen lehen murriztapena.
2009. urtean Ofizina Judizialaren Legearen erregulazioa bitarteko, printzipio honen lehen mugak ikusi zituen. Orduan ere, gaur bezalaxe, aplikazioan izan zitezkeen arazoak saihestu nahi ziren. Ez zen orduan kontutan hartu, eta are gutxiago gaur, Estatuak baimenduak eta behartuak daudela nazioarteko komunitatearentzat oso larriak diren krimenak argitzera eta epaitzera, krimena non gertatu den eta egilearen eta biktimaren nazionalitatea kontutan hartu gabe.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por España, afirma que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo, y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para que sean efectivamente, sometidos a la acción de la justicia.
El artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes de la reforma del 2009 no contemplaba restricciones ni limitaciones tales como la conexión con intereses españoles, criterios de necesidad, presencia del acusado en el territorio español.
Tras la reforma del 2009 sólo podía perseguirse los presuntos criminales si estos se encontraban físicamente en España o si las víctimas eran de nacionalidad española o existiera algún vínculo de conexión relevante con España, sin explicar en qué consistía este vínculo. Y siempre y cuando en otro país competente o ante un tribunal internacional no se hubiera iniciado un procedimiento que supusiera una investigación o una persecución efectiva de los hechos. Y estas reformas o modificaciones en el citado artículo, se hicieron motivadas, según los grupos que la impulsaron y aprobaron, para que los tribunales del Estado fueran más eficaces en la persecución de estos graves delitos.
¿De qué nos sirve iniciar un procedimiento penal contra un genocida si no tenemos al responsable en nuestro territorio, ni incluso hacer una investigación adecuada porque el delito no ha sido cometido en nuestro territorio? Se preguntaba una diputada del Partido Popular. Concluyendo, al Estado español no le sirve de nada.
Con esta reforma se dio el primer paso para primar los intereses del Estado sobre los derechos de las víctimas, abriendo vacíos jurídicos en su aplicación. Y se sentaba la base de la subsidiariedad de los tribunales y no la complementariedad, tal y como recoge el Estatuto de Roma.
En la propuesta de ley de reforma en la justicia universal que hoy nos ocupa, en su exposición de motivos, ya deja claro que el principio de subsidiaridad ya no es suficiente. Y amparándose en los límites y exigencias propias del derecho internacional, sin citarlos ni explicarlos, se dice que el objetivo de esta reforma es delimitar con claridad los supuestos en que la jurisdicción española puede investigar y conocer delitos fuera del territorio del Estado.
La exposición de motivos de esta reforma, planteada por el Partido Popular, considera necesario que el legislador, es decir los diputados del Partido Popular, determinen qué delitos cometidos en el extranjero pueden ser perseguidos por la justicia española, en qué casos y en qué condiciones.
Y al entender que la persecución de delitos cometidos fuera del Estado tiene un carácter excepcional, entiende que la apertura de los procedimientos debe condicionarse a la presentación de querella por el Ministerio Fiscal o la persona agraviada por el delito.
El partido político que propone esta reforma considera excepcional perseguir estos delitos cometidos fuera del Estado en el que fueron cometidos y sin embargo, no considera que tenga ese carácter excepcional o suficiente gravedad los crímenes así considerados internacionalmente, y amplía las posibilidades para que estos crímenes queden impunes.
No se tiene en cuenta que los grandes crímenes internacionales, los crímenes de guerra, los de genocidio, generan responsabilidad individual, penal, independientemente del territorio en el que se cometa.
El principio de jurisdicción universal, atribuye a los tribunales del Estado la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de graves crímenes que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o de las víctimas, atentan contra la comunidad internacional en su conjunto. Estos crímenes tales como el genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, de tortura y la desaparición forzada.
La comunidad internacional ha sido muy clara, estos crímenes han de ser castigados y todo Estado debe perseguir, investigar y castigar o extraditar a sus responsables. La proposición de ley del Partido Popular establece tales limitaciones que no sólo pervierte el concepto de jurisdicción universal, sino que prácticamente la hace desaparecer del ordenamiento jurídico, y lo hace incorporando límites en su ejercicio.
Se exige, para crímenes cometidos fuera del Estado, que el presunto autor sea español o extranjero, pero que resida en el Estado y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Éste requisito es contrario al Convenio de Ginebra que también es parte de ese consenso internacional que se cita en la Exposición de motivos como argumento para la propuesta de ley. Convenio que recoge que cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuera su nacionalidad.
Otro límite es el de las personas competentes para interponer recursos. Se exige para poder instar la actuación de los tribunales, la presentación de querella por el Ministerio Fiscal o el agraviado, ya no cabrá la acción popular, se restringe el derecho de defensa de los intereses colectivos.
Se establece, asimismo, el principio de subsidiaridad de los tribunales del Estado respecto a la Corte Penal Internacional y sobre los tribunales de los países donde puedan residir los autores de los delitos, pero la exposición de motivos de la ley, omite que la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente, creado por los estados al que le han reconocido competencia.
No tiene competencia sobre otros países, sobre todo sobre las tres grandes potencias que hoy se han citado, sobre Rusia, China y Estados Unidos, que no han suscrito el Convenio de Roma.
Introduce asimismo una disposición transitoria en la que se establece que a la entrada en vigor de la ley, las causas que se encuentran en tramitación quedarán sobreseídas hasta que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos, es decir, que quedará sobreseída la causa del Tibet.
Además de todos estos límites en el ejercicio real de la justicia universal, esta reforma destaca por otro aspecto no menos importante y que aquí ya ha sido citado, el de la forma, el procedimiento en el que se ha llevado a cabo esta reforma.
Este procedimiento express elimina la necesidad de elaborar un anteproyecto de ley que en esta materia, por estar regulada por tratados internaciones, resultarían preceptivos los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
Comenzaba mi intervención con una pregunta, ¿por qué y para qué se realiza por el Partido Popular esta reforma de justicia universal? Ya en la reforma del 2009 se alegó que el ejercicio de la jurisdicción universal estaba perjudicando las relaciones políticas, económicas y diplomáticas del Estado con algunos países, con Estados Unidos y con Israel, entre otros.
En el 2014 se señala que la persecución penal de algunos antiguos jerarcas de China por crímenes contra la población del Tibet, está generando malestar con el Gobierno chino, gobierno que es el tenedor del 20 % de la deuda española. De todo ello se extrae la siguiente conclusión, que la persecución internacional de estos crímenes tipificados y consensuados en el orden internacional, son subsidiarios a la defensa de otros intereses, no los de las víctimas de estos graves crímenes.