ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKAKO SAILBURUAK (Aburto Rique) (EAJ, 2014-06-27):
Bai, mahaiburu andrea, sailburuok, legebiltzarkideok.
Señor Damborenea, el Departamento de Empleo y de Políticas Sociales y también el organismo Lanbide conoce el tema que usted nos plantea y, si me lo permite, compartimos con usted la preocupación por éstas y por otras personas que se pueden encontrar en una situación similar a la que usted ha descrito.
Es un tema que nos preocupa y que nos ocupa, porque tal y como hemos debatido antes también, detrás hay personas y familias que pasan por situaciones muchas veces de auténtico dramatismo.
El origen del problema es que, como ocurre en muchas ocasiones, el legislador no puede imaginar, no puede prever, no puede tasar en un texto todos y cada uno de los extremos que la realidad nos ofrece, realidad que a su vez es cambiante.
La situación en la que se las personas que hicieron aportaciones financieras a Fagor y ahora carecen de cualquier otro recurso no estaba expresamente prevista en la ley. Ocurre también con otros patrimonios inmobiliarios que resultan de difícil ejecución.
Creo que sólo caben dos alternativas. O bien una modificación legal previendo el supuesto de hecho, con lo que ello implica en trámites, en plazos. O bien, como usted mismo ha dicho, realizar una interpretación que resulte adecuada a las posibilidades que la actual normativa entendemos que nos puede ofrecer respondiendo al espíritu de la misma.
En estos momentos desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales somos partidarios de esta segunda opción y es lo que en estos momentos estamos haciendo en el seno de los servicios jurídicos de Lanbide.
Tal y como prevén la Ley 18/2008 y el Decreto 147/2010, para acceder a la renta de garantía de ingresos no se puede disponer de un patrimonio valorado en más de cuatro veces a la cuantía de la RGI que correspondiera a la unidad de convivencia en ausencia total de recursos. Quedan al margen de esta valoración la vivienda, el local de actividad profesional y, en su caso también, el ajuar familiar.
Este límite de 2014 se sitúa no en los 4.000 euros, permítanme la corrección, sino en los 31.608 euros para una unidad de convivencia unipersonal y en los 48.490 para una unidad de convivencia de tres o más miembros.
El artículo 54 de la Ley 18/2008 establece que el patrimonio de la unidad de convivencia incluirá el conjunto de bienes muebles e inmuebles sobre los que se ostente un título jurídico de propiedad, posesión o usufructo.
El Decreto 147/2010, en su artículo 23, detalla esta definición e indica que el patrimonio de la unidad de convivencia incluirá el conjunto de bienes muebles e inmuebles sobre los que se ostente un título jurídico de propiedad, posesión o usufructo, incluyendo al menos los bienes inmuebles urbanos y rústicos, los títulos, valores, derecho de crédito de fácil realización o dinero en efectivo, los títulos de renta variable o fija, los vehículos a motor y, en casos excepcionales, como decíamos, el ajuar familiar.
Con respecto a los bienes inmuebles, el artículo 24.4 del Decreto describe los bienes inmuebles de difícil realización como aquellos en los que no se cuente con la totalidad de la propiedad o se tenga limitado el disfrute de tales bienes en propiedad por situaciones impuestas de usufructo o asimilables a la citada figura.
Para estos inmuebles se establecen criterios de valoración, imputando el valor de la parte proporcional de la propiedad, en el primer caso, o descontando de la valoración el valor calculado en este caso del usufructo o situación análoga.
En estos casos, Lanbide ha definido el criterio de que un embargo de un bien inmueble por sí mismo, por el hecho del embargo, no necesariamente confiere al mismo la condición de inmueble de difícil realización, por cuanto que el embargo no implica que el bien embargado carezca de su valor patrimonial, sino que parte de su valor de ejecución servirá para satisfacer una deuda y otra parte, de ser ésta inferior, quedaría en poder del propietario.
Con respecto a bienes inmuebles y a derechos de crédito, el apartado primero del artículo 25 del Decreto señala que los títulos, valores, derechos de créditos de fácil realización, así como el dinero en efectivo existente en depósitos bancarios a disposición de cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia, se computarán en términos de su valor de ejecución.
A continuación, indica que los títulos de renta variable se valorarán por su cotización en bolsa o, en caso de no estar cotizando en bolsa, por su valor contable. Los títulos de renta fija se valorarán por su valor nominal.
Es decir, no existe ningún desarrollo en el Decreto, a diferencia de lo que sucede con los bienes inmuebles, que describa en qué circunstancias podemos considerar un derecho de crédito como de difícil valoración y con qué reglas de computo se debe tratar. Con respecto a los bienes inmuebles sí existe, no con respecto a este tipo de bienes.
Éste realmente es el problema al que nos enfrentamos. Habría que desarrollar esta cuestión, porque de su literalidad podemos concluir una resolución denegatoria.
Cuál es nuestro criterio en estos momentos, que creo que es realmente lo importante. Son pocos los casos que se han presentado ante Lanbide.
Estas personas han presentado certificados elaborados por los administradores concursales en los que señalan las cuantías que se les adeudan y los conceptos: prestamos mercantiles, aportaciones voluntarias, aportaciones pendientes de liquidación, depósitos...
Los certificados mencionan que las cantidades aportadas tienen el valor de créditos ordinarios y que los intereses generados tendrán la consideración de créditos subordinados a otros derechos de crédito de mejor (...), tal y como usted ha señalado, en función a lo establecido en la Ley de Cooperativas.
El valor nominal de dichos préstamos y aportaciones han superado en los casos presentados los límites a los que hemos hecho referencia para el acceso a la renta de garantía de ingresos, habiendo sido computados como patrimonio por la totalidad de su valor. Eso es lo que ha ocurrido hasta este momento.
Somos conscientes de que dada la situación concursal en que se encuentra la cooperativa, no es posible el rescate de estas aportaciones, por lo menos hasta que concluya el proceso de liquidación. Entonces se conocerá cuál es su valor real.
Las aportaciones son títulos nominativos, no transmisibles a terceros y su valor es incierto actualmente, aunque puedo compartir con usted que dada la apelación de créditos, pero no vamos a aventurar qué es lo que definitivamente vaya a ocurrir. No somos quiénes para hacer esa apreciación.
Por esta razón consideramos que sería conveniente tratar todas las aportaciones de socios cooperativistas a la cooperativa en liquidación como derechos de crédito de difícil ejecución.
Pensamos que es lo que tenemos que hacer. Entender que son créditos de difícil ejecución y con ello suspender su computo como patrimonio a efectos de determinación de los límites de acceso a la prestación de RGI. Entendemos que esta interpretación va a salvar la situación y facilitar la ayuda a estas personas.
Naturalmente, esta consideración se mantendría mientras dura el proceso de liquidación y, siempre y cuando los interesados solicitantes de la RGI no desistieran de la reclamación de los derechos económicos que les pueda corresponder para hacer valer su derecho.
Creemos que la aplicación de este criterio... Bueno, creemos no, en este caso lo que pretendemos es la ampliación de este criterio, realizarla también con carácter retroactivo, revisándose de oficio por parte de Lanbide las resoluciones denegatorias que por esta causa se hayan dictado. Vamos a revisar de oficio todas y cada una de las pocas que han llegado.
Nada más, muchas gracias.