MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2014-06-12):
Sí, muchas gracias presidenta.
Esta es una iniciativa que pretende al menos ser un paso, un primer paso al menos, para eliminar el aforamiento. España no necesita más aforados sino menos, en concreto ninguno, no debería haber ningún aforado ni en Euskadi ni en España, y esto es lo que nosotros defendemos con nuestra iniciativa.
Tengo que decir que de momento al menos, ya veremos a lo largo del debate pudiera ser, no ha sido posible llegar a ninguna transaccional con el Grupo Socialista. Quizás ya digo que a lo largo del debate y en función de lo que diga la señora Gallastegui, pudiéramos llegar a firmar algún tipo de transaccional que pusiera de manifiesto que este Parlamento o al menos parte de este Parlamento no está de acuerdo con que existan tantos miles de aforados en España.
Y que por lo tanto, deben darse los pasos necesarios para acabar con el aforamiento. Ya veremos si esto es posible porque ciertamente y en concreto en la asamblea de Madrid fue posible no hace demasiado tiempo, que una iniciativa relacionada con el aforamiento saliera aprobada con el voto de UPyD, del Partido Socialistas y de Izquierda Unida.
O mejor dicho que no saliera aprobada como consecuencia de la mayoría absoluta del Partido Popular, pero parece ser que al menos en alguna institución el Partido Socialista está dispuesto a recorrer ese camino. Veremos en que queda en todo caso el debate de hoy.
La inviolabilidad impide la apertura de cualquier clase de procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidad a los diputados o senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, y la inmunidad somete determinados procesos al requisito de la autorización de la Cámara legislativa respectiva.
Evidentemente, esto a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días no hay que confundirlo con el aforamiento. Pero sí que es cierto que dichas instituciones podemos añadir la del aforamiento, que implica alterar las reglas de competencia judicial penal en beneficio de determinadas personas, quienes tienen derecho a ser encausadas y juzgadas por determinados tribunales previamente señalados.
Las indicadas prorrogativas parlamentarias fueron ciertamente asumidas por la Constitución de 1978 que las contempla en su artículo 71. En el marco de un Estado que se define como social y democrático de derecho, en nuestra opinión no tienen cabida los privilegios.
El aforamiento pudo tener sentido en el pasado pero hoy en día, como han tenido oportunidad de denunciar muchos juristas y asociaciones judiciales, supone un verdadero anacronismo.
Se ha pretendido justificar, alegando que las elevadas funciones de los beneficiarios de tales prerrogativas exigen protegerlas de la inquina de aquellos dispuestos a proceder contra ellos movidos por razones políticas. Pero la verdad es, que tal argumento resulta incomprensible en el día de hoy. En un Estado democrático la mejor garantía para impedir la instrumentalización política del procesamiento o detención de un parlamentario, consiste en la independencia de los jueces y tribunales.
Digamos que esto, lo resolvería todo. La independencia de los jueces y de los tribunales.
La figura del aforamiento ha sobrepasado ampliamente el propio ámbito de las cortes y se ha extendido a infinidad de altos cargos de designación política y a toda una pléyade de cargos públicos. La institución del aforamiento ha sufrido una extraordinario expansión en los últimos años.
El aforamiento consiste en que determinados procedimientos judiciales deban ser conocidos por un órgano judicial diferente al habitual, previsto por la ley. Por ejemplo, según el artículo 71.3 de la Constitución Española, en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y el artículo 102.1 extiende la prorrogativa al presidente del gobierno y sus ministros.
El aforamiento supone una excepción al principio de igualdad. Una diferenciación, una distinción de trato. Porque precisamente, los altos tribunales del Estado, como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, son los más susceptibles de politización, habida cuenta de que en el nombramiento de sus magistrados, interviene directamente el Consejo General del Poder Judicial a cuyos miembros nombran a su vez los partidos políticos, mediante un calculado sistema de reparto de cuotas.
Además, el aforamiento conlleva que tan pronto como le conste al juez de instrucción que está investigando un delito cuya responsabilidad pueda imputarse a un aforado, deberá remitirla al órgano jurisdiccional competente, perdiendo así el caso.
La figura del aforamiento, retrasa el procedimiento y provoca disfunciones, y algo que nos parece ciertamente importante, en los tiempos que corren, una sensación entre la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos.
Ostentar la condición de aforado también tiene alguna consecuencia negativa, como la pérdida en algunos casos del derecho a la segunda instancia. Lo cual es especialmente perjudicial, para todos aquellos no aforados que se ven arrastrados por el imputado aforado a un tribunal distinto del suyo natural. También por ello, hay que suprimir el aforamiento.
En España existen más de 10.000 aforados. Y es que en nuestro país, no sólo están aforados los parlamentarios y senadores, ante el Tribual Supremo, sino que han hecho lo propio distintas comunidades autónomas, extendiendo dicho privilegio a los parlamentarios autonómicos, presidentes autonómicos y miembros del gobierno regional.
En fin, los vocales del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los fiscales de sala del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, el defensor de pueblo, los adjuntos al defensor del pueblo...
Por cierto, nuestro Ararteko recientemente calificaba de vergüenza el mantenimiento del aforamiento, hace apenas unos días.
Los consejeros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, los generales del ejército, los almirantes, el fiscal togado, los defensores del pueblo autonómicos y los miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, y hasta la Policía Local.
Unos aforados al Tribunal Supremo, otros a los Tribunales Superiores de Justicia, y otros a las audiencias provinciales, pero todos con idéntico anacrónico privilegio.
Los más perjudicados, los más perjudiciales son aquellos que afectan a los cargos de designación política, porque se percibe por la ciudadanía, y esto insisto es muy importante, como un privilegio creado a fin de proteger a tales cargos de posibles imputaciones por corrupción política. Aumentando la sensación de impunidad de la clase política y el desapego de la ciudadanía.
Portugal e Italia no tienen más que un aforado, que es el presidente de la república. Francia tiene entorno a 10 aforados, en Alemania no hay ningún aforado. En Reino Unido, no hay ningún aforado. En Estados Unidos no hay ningún aforado.
En fin, de ahí nuestra propuesta original, instar al Gobierno Vasco, instar al Gobierno de España a dar los pasos que sean necesarios para suprimir el aforamiento.
Nosotros estábamos dispuestos, seguimos estando dispuestos a quizás poder llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, para dar un paso al menos en esa dirección. Que los ciudadanos perciban que los partidos políticos queremos cambiar algunas de las cosas que les preocupa.
Por lo tanto, razones por las cuales queremos suprimir el aforamiento. Todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley, todos los ciudadanos debemos recibir el mismo trato. El aforamiento supone una excepción del principio de igualdad, una diferenciación y una distinción de trato. A los aforados les juzga el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia en lugar de los tribunales ordinarios.
El aforamiento retrasa el procedimiento y provoca disfunciones y una sensación en la ciudadanía de que la justicia no es igual para todos. A los aforados se nos trata de modo distinto que al resto de los ciudadanos, razón suficiente para dar los pasos necesarios y eliminar esta institución.
Se trata por lo tanto de defender la igualdad, se trata por lo tanto de acabar con los privilegios, de acabar con los blindajes y de acabar con las protecciones especiales. Se trata de regenerar la democracia, se trata de recuperar la confianza de los ciudadanos, de estar en definitiva a la altura de lo que se nos exige.
Y ya digo que España no necesita más aforados, sino que necesita menos, en concreto ninguno. No debería haber ningún aforado, todos deberíamos ser iguales ante la ley. Todos deberíamos recibir el mismo trato.
Gracias.