PASTOR GARRIDO (PSE-EE, 2015-10-22):
Gracias presidenta.
Bien es público y notorio que los socialistas nos oponemos a la reforma que el Partido Popular ha introducido en la ley del Tribunal Constitucional para dotarlo de capacidad para imponer el cumplimiento de sus sentencias. Y nos oponemos frontalmente.
Y no lo hacemos porque no queramos que las sentencias del constitucional sean atendidas lealmente por las instituciones afectadas, sino porque el cambio introducido es un error y un horror. Un error por el propio enfoque de la reforma y un horror por el momento y por el procedimiento elegido.
Empezando por el final, se ha hecho a uña de caballo, en el último minuto de la legislatura y a través de una proposición de ley del Grupo Popular, ni siquiera la ha impulsado el Gobierno a través de un proyecto de ley, tras un estudio jurídico a fondo y una vez conocida la opinión del Consejo de Estado, que es lo que demandaría cualquier cambio en una institución de la importancia del Tribunal Constitucional. No, pero no se ha hecho así. Lo presentó el partido que apoya al Gobierno para tramitarlo a la carrera, invocando urgencias que se anticipaban a decisiones que pudieran adoptarse por parte de las instituciones embarcadas en Cataluña en la aventura de la secesión.
Y aquí viene el error fundamental de la reforma aprobada. Porque la consecuencia de esta reforma es desnaturalizar totalmente la función del Tribunal Constitucional, que es o debe ser, el supremo interprete de la Constitución, no su garante último como se pretende con el cambio exprés de su ley orgánica realizada la semana pasada.
Y la distinción fundamental, aunque no extraña que al Partido Popular se le escape, es importante. No en vano se ha caracterizado por utilizar este Tribunal para intentar dirimir a su favor todo asunto político que no fuera de su gusto. Ahí tenemos sus recursos contra la modificación del Código Civil, que sancionó la igualdad de derechos entre personas heterosexuales y homosexuales, contra el establecimiento de una ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, o contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en el 2006, actuación de la cual se han derivado tantas y tantas consecuencias no precisamente positivas.
Y lo ha hecho hasta tal punto que el propio Tribunal Constitucional...
...actuación de la cual se han derivado tantas y tantas consecuencias, no precisamente positivas. Y lo ha hecho hasta tal punto que el propio Tribunal Constitucional ha tenido que precisar en alguna sentencia que no es su cometido solventar asuntos políticos, sino dirimir si una determinada norma o una acción de Gobierno encaja o no encaja dentro de los principios de la Constitución.
Pues bien, el Partido Popular no se conforma con eso, sino que ahora ha querido dotar al Tribunal de unas potestades ejecutivas que no casan en absoluto con su naturaleza constitucional, y además no oculta, ni mucho menos, su intencionalidad política con esta reforma, no se trata de corregir una situación de hecho, porque no puede decirse que las sentencias del Constitucional se vengan incumpliendo sistemáticamente, no es cierto, ni que el propio Tribunal carezca de instrumentos para exigir su cumplimiento.
Lo que se pretende es anticiparse a las nuevas situaciones, como se dice en la propia proposición de ley del PP, lo que nos lleva a una reforma preventiva y dirigida ex proceso a dotar al Tribunal de instrumentos para responder a eventuales actuaciones de las instituciones de Cataluña que pretendan actuar fuera de la legalidad.
Para aclarar posturas, los Socialistas no estamos en contra de que se mejoren los instrumentos que ya tiene en su ley, el Tribunal Constitucional para hacer efectivas las sentencias. Nuestra objeción se centra en el modo en el que se aborda esta modificación legal y en el contenido de alguna de esas supuestas mejoras, que lo hacen, insisto, desnaturalizar la función del Tribunal. Y eso es lo que ocurre cuando en el nuevo artículo 92 de su Ley Orgánica, se le da al Tribunal la potestad de acordar la ejecución sustitutoria de sus resoluciones, suspendiendo, sin proceso previo, autoridades o empleados públicos incumplidores o dictando las medidas necesarias para asegurar que se cumplan.
Lo que se hace es alterar la naturaleza del Tribunal Constitucional, haciendo que pase de árbitro e intérprete a policía de la Constitución. Y eso no lo decimos sólo los Socialistas, lo están diciendo muchos y muy destacados expertos juristas.
Como muestra voy a leerles la conclusión de un insigne jurista, ex-director del Instituto de Estudios Constitucionales, ex-vicepresidente del Tribunal Constitucional y anterior presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio de Llorente, supongo que les suena.
Dice el señor Llorente: "La corrección constitucional de estas normas es cuestionable, y además dudosa su eficacia para frenar el independentismo catalán, pero lo que es segura es su capacidad para echar sobre el Tribunal Constitucional una carga política que terminará por aplastarlo."
Esto es lo que ha dicho, junto a otros, Rubio Llorente. Creo que no haría falta decir nada más.
Bueno, tendría que felicitarme porque Bildu, cuya aspiración política inmediata es conseguir  - como lo ha dicho aquí el señor Arraiz -  la ruptura con el Estado en el que convivimos, se preocupe hoy tanto por el adecuado funcionamiento de uno de los órganos fundamentales del Estado, como es el Tribunal Constitucional. Es una buena noticia.
Ya sé que esta preocupación y el motivo por el que ha traído al Parlamento esta proposición no son de defensa del Tribunal Constitucional precisamente, son puramente instrumentales lo que le mueve a Bildu, y así lo expresa en su propuesta, y así lo ha expresado en la tribuna, no es defender el papel que le corresponde al Tribunal Constitucional y el correcto funcionamiento del sistema democrático, porque ya sabemos que esto sería casi contraproducente para su proyecto político, lo que le preocupa es que esa desnaturalización de las funciones del Tribunal llegue a utilizarse para frenar los pasos unilaterales hacia la secesión que se puedan dar por parte de las instituciones de Cataluña.
Pero yo tengo que precisarle que ese proceso que usted califica de democrático, de democrático tiene bien poco, porque no puede ser democrático lo que se hace fuera de la ley y despreciando los procedimientos establecidos, aunque se cuente con una mayoría de parlamentarios.
Los Socialistas, sin embargo, sí queremos que funcionen adecuadamente los órganos del Estado, sí queremos un Tribunal Constitucional con prestigio  - supongo que ustedes también - , centrado en su tarea de interpretar lo que cabe y lo que no cabe en la Carta Magna, y de arbitrar los conflictos entre los poderes del Estado, porque entendemos que eso mejora y fortalece el Estado democrático que tenemos.
Y quiero recordar a los parlamentarios y parlamentarias del grupo proponente, que debieran estar ustedes los primeros muy interesados en ello, porque, entre otras cosas, si se pudieron presentar a las elecciones que les trajeron a esta Cámara, fue gracias al Tribunal Constitucional, no al Tribunal Supremo. Fue el Tribunal Constitucional el que por mayoría de sus magistrados legalizó Sortu, anulando un auto del Tribunal Supremo en sentido contrario.
En consecuencia, mi grupo va a mantener la enmienda de totalidad que hemos presentado y creo que recoge lo esencial que estamos debatiendo, que rechazamos la instrumentalización que el Partido Popular hace de un órgano esencial de la arquitectura constitucional de forma apresurada, y para un fin muy concreto y específico.
Y que estamos totalmente en contra de darle al Tribunal Constitucional unas capacidades sancionadoras que desnaturaliza su función de máximo intérprete de la Constitución, que nosotros evidentemente sí defendemos.