LLANOS GÓMEZ (PP, 2013-11-14):
Sí, gracias señora presidenta y buenas tardes a todos de nuevo.
Debatimos en este momento una cuestión que nos preocupa a todas las instituciones y que tiene atrapados y cautivos a millones de personas en nuestro país.
La verdad es que no es la primera vez que la debatimos, ni evidentemente va a ser la última. De hecho, la semana que viene tendremos ocasión de volver a debatir a propósito de otra iniciativa con relación a los préstamos hipotecarios y a las cláusulas y a la normativa europea.
Pero creemos que en este punto es importante centrar el debate y realizar un análisis riguroso para clarificar algunos supuestos porque no es lo mismo cláusula suelo que cláusula abusiva. Para que la cláusula suelo tenga un carácter abusivo tiene que reunir una serie de características y lo decimos porque se ha instalado una especie de ceremonia de la confusión tratando de inocular la certeza de que todas las cláusulas suelo son abusiva y, que por tanto, todas ellas debieran de ser anuladas.
Para clarificar la cuestión, nada mejor que remitirnos a la doctrina del Tribunal Supremo, que en su sentencia de mayo del presente año que después ha sido aclarada en un auto en junio. Lo que viene es a recoger las fundamentaciones jurídicas, sentenciadas como se ha dicho aquí por el Tribunal Europeo de Justicia y lo que viene a decir es qué circunstancias deben concurrir para que una cláusula suelo deba ser anulada por considerarse abusiva.
...y lo que viene a decir, como decía, es qué circunstancias deben concluir para que una cláusula suelo debe ser anulada por considerarse abusiva.
Y a modo de resumen porque creo que todos aquí lo conocemos, para que sea considerada abusiva, la cláusula suelo tiene que cumplir una serie de requisitos: No haber sido negocio individualmente, que la actuación del profesional sea contraria a la buena fe, que exista falta de información y transparencia, y que la cláusula ocasione un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes derivadas del contrato en perjuicio del consumidor.
Además, el Alto Tribunal, declara que no es preciso que concurran de forma simultanea todas las circunstancias anteriores, que el perfecto conocimiento de la cláusula y su trascendencia incidencia la ejecución del contrato con el fin de que el consumidor pueda adoptar su decisión económica con garantías.
No puede sustituirse esto, como decía, por el cumplimiento de meros formalismos carentes de eficiencia en tal sentido.
Incluso el Tribunal Supremo indica que las cláusulas suelo pueden ser consideradas nulas si concurren las circunstancias citadas aunque el consumidor se hubiese beneficiado durante un tiempo de las bajadas del índice de referencia.
Por tanto, creo que todos debemos saber y conocer en el marco en el que estamos jugando para realizar un diagnóstico serio sobre este asunto y evitar –como he dicho antes– ceremonias de confusión.
Pero a nuestro juicio, es más que evidente que la situación que atraviesan millones de personas que se encuentran atrapadas con las cláusulas suelo, que yo creo que todos aquí tenemos la voluntad de que a partir de ahora esto se solucione, sin embargo, sí que debemos decir que esta situación era a todas luces evitable si se hubiese aplicado la legislación tanto a nivel nacional como a nivel autonómico que teníamos.
Y lo decimos porque nuestro ordenamiento jurídico se torna garantista desde décadas atrás en la defensa y protección de los derechos de los consumidores, y daba instrumentos para haber actuado antes.
Y por hacer un breve resumen y haciendo una mirada retrospectiva de tipo legislativo, podríamos citar la Ley 26/1984, para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que ya en su artículo 10 establecía que las cláusulas deben cumplir con una serie de requisitos, como son la concreción, claridad y sencillez y que deben basarse en la buena fe y el justo equilibrio, y que se deben excluir las cláusulas abusivas definiendo estas en los mismo términos prácticamente en los que lo ha dictaminado el Tribunal Supremo y, por tanto, que no voy a reiterar.
Y así mismo, el texto refundido en la Ley de General para la Defensa de Consumidores y Usuarios en su artículo 8 declaraba como derechos básicos la protección de los legítimos intereses económicos y sociales, en particular, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
Y a nivel autonómico también teníamos fórmulas. El Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias establece que se debe garantizar eliminación en las condiciones generales de contratación de las cláusulas abusivas contra la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones.
Por tanto, es más que evidente –y hay que ponerlo de manifiesto aquí– que nuestro marco jurídico nos proporciona y nos ha proporcionado en el pasado las herramientas necesarias para que no se hubiera producido este abuso masivo y colectivo en que han sido objeto miles de personas.
Y por ello, hay que hacerse una pregunta. Y es que, si disponíamos de las herramientas, ¿Qué es lo que ha fallado? Y a nuestro juicio lo que ha fallado han sido los mecanismos de control, y en esos mecanismos de control hay que incluir tanto al Banco de España como a Kontsumobide a nivel autonómico.
No les voy a aburrir y no les voy a decir las frases que decía el gobernador del Banco de España, el señor Miguel Ángel Ordóñez, nombrado por primera vez en la historia de forma unilateral por el Partido Socialista, a favor de las cláusulas suelo y solo les voy a decir una cosa, son un factor que favorece la estabilidad financiera y es un elemento de interés público y que la supresión de los suelos tendría efectos catastróficos en las cuentas del sector de caída de los márgenes, que no podría generar suficientes beneficios para cubrir las fuertes provisiones de morosidad.
Y puedo seguir, pero no les voy a aburrir. Estas afirmaciones como éstas a favor total y absolutamente de las cláusulas suelo eran realizadas por el gobernador del Banco de España.
Y aquí se ha dicho. Yo no lo pensaba decir porque dado el tono de las intervenciones sobre las posibles actuaciones de los gobiernos, pero como el señor Maneiro lo ha puesto de manifiesto, sí que quiero contraponer la actuación realizada por el Banco de España desde que el Partido Popular llegó al Gobierno.
En primer lugar. El Banco de España, a instancias del Ministerio de Economía, emitió una circular instando a todos lo bancos y cajas de ahorro a que revisaran todas las cláusulas suelo de las hipotecas y que evaluaran si se hacían con criterios de legalidad, y además ha fijado una serie de criterios para resolver la reclamaciones presentadas por los particulares, reclamaciones que durante el año 2012 fueron el doble que las del ejercicio del año anterior.
Y a nivel autonómico, pues como he expresado antes, también teníamos responsabilidades, aunque aquí las responsabilidades puedan ser compartidas, porque al frente del Gobierno y al frente del Kontsumobide ha habido distintos partidos.
Esta mañana hemos hablado de autogobierno, yo misma he hablado de autogobierno. Yo creo que el mejor ejercicio de autogobierno es una correcta y una adecuada gestión del mismo. Hay que, es bueno defender las competencias, pero es bueno también hacer un buen ejercicio de esas competencias.
Y yo creo que en Kontsumobide nada ha cambiado, no se ha modificado nada en absoluto de las funciones que tenía Kontsumobide, luego lo que a partir de ahora le estamos pidiendo a Kontsumobide que haga lo podía haber hecho perfectamente antes.
Nosotros estamos a favor de esta iniciativa y estábamos a favor de la iniciativa original, y vamos a votar también a favor de la enmienda transaccional. No la voy a desmenuzar, porque ya se ha hecho aquí y porque estamos de acuerdo con lo que se dice.
Pero únicamente poner de manifiesto una cuestión, que a veces es una pena, una lástima que nos ocurran determinadas soluciones a destiempo, que cuando salimos del Gobierno se nos ocurran poner en marcha una serie de soluciones que si se hubieran puesto en marcha cuando uno estaba en el Gobierno podría haber producido unas consecuencias muy diferentes.
Porque como decía, Kontsumobide no tiene unas competencias diferentes ahora de las que tenía antes, y si esta iniciativa es útil –y va a ser útil y por eso la vamos a votar a favor–, ¿Por qué no se puso en marcha antes?
Porque nada ha cambiado, se podía haber puesto en marcha perfectamente. Las fórmulas legislativas, las herramientas legislativas eran las mismas y es una pena que no se hubiera puesto en marcha antes porque hubiéramos evitado al conjunto de la ciudadanía un sin fin de problemas que se han originado por acción o por omisión.
Ojalá, ojalá que iniciativas como éstas se hubieran puesto en marcha antes porque el conjunto de los ciudadanos lo hubieran agradecido enormemente.
Nada más y muchas gracias.