LÓPEZ DE OCARIZ LÓPEZ DE MUNAIN (PP, 2019-11-28):
Gracias, señora presidenta. Señor Otero, efectivamente, hubo un tiempo en que los gobiernos del PNV daban valor a la palabra, pero para encontrar eso se tiene que remontar usted al siglo pasado por lo menos.
Efectivamente, como ya se ha dicho, tiene esta ley que se aprobó en febrero, tiene unos objetivos principales. Entre los muchos que tiene, bueno, pues es el cumplimiento de la normativa europea en términos de eficiencia energética en el uso de la energía y la promoción del ahorro, la implantación de energías renovables, la desvinculación gradual de la producción de la energía fósil, la promoción de la movilidad sostenible, la reducción de la factura energética de las administraciones públicas, de las actividades económicas y del sector residencial, la integración de los requisitos derivados de la sostenibilidad energética en las distintas políticas públicas y en particular en las de ordenación del territorio, el urbanismo, la vivienda, el transporte, la industria y la energía.
Objetivos principales, entre otros, en términos generales esta hace referencia al papel ejemplarizante de la administración, de las administraciones públicas vascas. Bueno, ya usted ha puesto de manifiesto con su iniciativa que de ejemplarizante nada, fallamos en el principio, por lo tanto, aquí ya estamos incumpliendo la ley.
Y para ello, para tener esta... cumplir con estos objetivos de sostenibilidad...
... por lo tanto, aquí ya estamos incumpliendo la ley.
Y para ello, para tener, para cumplir con estos objetivos de sostenibilidad energética, pues es preciso la puesta en marcha de las medidas obligatorias o establecidas en esta ley y de la normativa a desarrollar. Además dice la Ley que, atendiendo a los principios que inspiran esta ley y los instrumentos de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico de Infraestructuras del Transporte, deben contar con un estudio de sostenibilidad energética correspondiente, y que incluirán, estos estudios, evaluaciones pormenorizadas de todos aquellos aspectos que influyen en estas herramientas de gestión, específicamente saber dónde somos sostenibles y dónde fallamos, para poder mejorar, ¿no?
Los primeros 28 artículos son deberes y compromisos para las administraciones, desde la autonómica a la municipal, y sus empresas del sector público. Creación de las comisiones de sostenibilidad, que son las responsables de hacer los inventarios en sus edificios, del parque móvil, de las instalaciones de alumbrado público, pasando por el inventario de consumos y su control. En un año, que va a cumplirse en febrero de su aprobación, de la aprobación, todos los edificios e instalaciones de las administraciones públicas deben tener instalados los contadores de energía eléctrica con capacidad de telemedia, el control del consumo de energía por edificio, que incluirá los consumos de todas las energías utilizadas y su coste económico, que se realizará una vez al año con base mensual.
Todas las administraciones deberán diseñar sus propios planes de actuación energética con carácter plurianual, pero lo tienen que hacer en el primer año -también esta casa, por cierto, no sé si ha empezado-, que contengan evaluación y diagnóstico de su situación. Y deben... bueno, pues deben cumplir con los objetivos, ¿no?, que les decía antes. La Administración autonómica, la Universidad, las administraciones territoriales, los municipios tendrán aprobados sus planes en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.
Para los municipios menores de 5.000 habitantes, los planes deberán ser comarcales. Para ello se va a contar con la guía de instrucciones que desde la Dirección de Energía debe estar elaborada, que no sé si está. La utilización de energías renovables, la renovación de instalaciones, los equipos, flotas de vehículos, los planes de movilidad para todos los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes. En el primer año. Todo esto hay que hacerlo en el primer año, lo dice la ley, la calificación energética de todos los edificios públicos y estar inscrito en el registro correspondiente.
A partir del año 2020, el 100 % de los vehículos que se adquieran el 1 de enero, a partir del 1 de enero, que se adquieran por las administraciones públicas vascas, deberán utilizar combustibles alternativos, que no son especialmente más baratos, son algo más caros, ¿verdad? Todo esto, como les decía, en el primer año -que se cumple dentro dos meses- y para todas las administraciones. Medidas todas ellas que requieren un aumento considerable de recursos técnicos, de recursos humanos y económicos. Y por ello, efectivamente, esta ley pues tiene la disposición adicional quinta, herramienta financiera de apoyo a las instituciones locales. Y que, efectivamente, dice que el ejercicio presupuestario inmediatamente posterior -que es el que tenemos en este momento trabajando encima de nuestras mesas, ¿verdad?-, que en este ejercicio presupuestario, pues el Gobierno Vasco con el fin de facilitar las inversiones a realizar en su aplicación, además de ser ejemplarizante, pues se compromete a poner una partida, pero también ejemplarizante, que lo dice entre los objetivos, ¿verdad?, y que constituirá una herramienta financiera para el apoyo a las entidades locales.
Que esa herramienta financiera se constituirá con una cantidad mínima de 100 millones de euros, mínima. De ahí para arriba lo que quieran, pero esa es la mínima. Que la herramienta se irá reconstituyendo por medio del retorno de las ayudas recibidas por parte de las administraciones que reciban financiación previamente, en función de los retornos derivados del ahorro energético. Lo que podríamos llamar un fondo reintegrable, que hay que elaborarlo, hay que hacer el texto, hay que ver cuáles van a ser las condiciones, los requisitos de acceso, los procedimientos de abono, de reembolso, los anticipos. O sea, no solamente es la partida; es elaborar el texto, para que entre a funcionar el 1 de enero. No lo han hecho. Eso no cuesta dinero, no tiene que estar en los presupuestos, lo tienen que tener elaborado. Además de la partida, hace falta eso, porque puede poner usted la partida, pero si no tienen elaborado, no se va a poder aplicar en la vida.
¿Y qué han hecho durante este año? Pues nada. No han hecho absolutamente nada. Entonces, de ejemplarizante nada. Obligaciones para los ayuntamientos, porque esta legislatura cada normativa que traen, cada ley que se aprueba aquí, que menos mal que han sido pocas, es cargar responsabilidades sobre los ayuntamientos, una y otra vez, que necesitan más medios económicos, humanos, de técnicos. Y, por lo tanto, señorías, es que es una desproporción.
El otro día trajeron ustedes a comparecer a una alcaldesa de su partido y ya expuso, ¿verdad?, los problemas que tienen los ayuntamientos, pero es que, además, aquí les cargan otra vez, y además dicen "no, te voy a poner una ayuda", pero no la ejecutan. Oiga, de verdad, es que es tremendo. Y claro, la señora consejera la interpelación es fantástica, ¿no?, porque vuelve a sacar los 100 millones. Y ahora ya tenemos los 100 millones, que es como la bayeta mágica, vale para todo, pero vamos, que no gasta ni uno en lo que corresponde. Lo dedica a otras cosas, pero aquí no, ¿no? Y... ya se lo he dicho alguna vez, pero es que cogen los millones a este cesto, mañana, para dar la respuesta inmediata, los pone en el otro. Y ahí está. No, no ha hecho, no ha desarrollado el fondo reintegrable, por lo tanto, no tiene posibilidad de aplicarlo. Y es que hay que hacerlo, hay que hacerlo porque se han comprometido por ley. Y no está... y creo que se puede disponer de nada en este momento, porque si no está regulado pues desde luego para el 1 de enero no va a estar. Y ya veremos si para el 1 de enero del año 2021, probablemente tampoco. Se van a inventar otra historia, pero no van a cumplir la ley. Lo tengo clarísimo.
Nada más, muchas gracias.