LLANOS GÓMEZ (PP, 2018-11-15):
Gracias presidenta, arratsalde on berriro.
Bien, espero no abrir debates porque el acuerdo al que hemos llegado creo que es un buen acuerdo, y sobre todo será un buen acuerdo si se cumple, y yo creo que además ha habido un intento por los grupos proponentes en este caso de intentar rebajar lo que en sus iniciativas originales ponía, precisamente para facilitar este acuerdo.
Cuando se aprobó la Ley de Vivienda, bueno pues uno hubiese pensado por la trascendencia que algunos le dieron, que con esa aprobación los problemas de la vivienda en Euskadi se iban a acabar y que se cerraba un debate con una ley de vivienda que había sido demandado durante mucho tiempo. Pero aquí estamos, un tiempo después de aprobada la Ley de Vivienda, y seguimos debatiendo sobre la misma.
Con relación a las dos mociones y a la proposición no de ley, yo estoy de acuerdo con la señora Otamendi que planteaba precisamente en una reconsideración a la (...) además en que en realidad eran dos temas bien diferentes, y que debieran de haber sido a objeto de dos debates distintos, porque son dos cuestiones diferentes sobre las que pivota, y además se ve en la propia enmienda a la que hemos llegado.
Pero bueno, pues debatiremos conjuntamente, porque es verdad que están relacionadas con la vivienda las dos, pero que son dos cuestiones diferentes.
La primera de ellas, y sobre la que me voy a referir, era sobre la política de alquiler, de viviendas en alquiler, y la política que al respecto debe desarrollar el Gobierno Vasco.
Es verdad y aquí se ha dicho, los datos de demanda de vivienda en propiedad y en alquiler  - y lo hemos dicho en todos los debates - , se han revertido en los últimos años. Hace 10 años, en el año 2008, según datos del Observatorio de Vivienda, solo un 9,8 % de los demandantes de primera vivienda se decantaban por el alquiler, y casi el 60 % de la población de 18 a 44 años que demandaba una primera vivienda le interesaba en propiedad, y hasta un 30 % no se decantaba ni por uno ni otro sistema.
Estos mismos datos en el año 2017 eran un 42,9 % de demandantes de primera vivienda se decantaban en alquiler, y solo una de cada tres personas de 18 a 44 años que demandaba esa primera vivienda lo hacía en propiedad  - y un 36 % perdón - , mientras que al restante 20 % le era indistinto.
Esto era con la demanda de la población vasca en general, y de los inscritos en Etxebide como se nos dijo el otro día, con los datos del segundo trimestre de 2018, el porcentaje de solicitudes en alquiler alcanza el 80 %, 53.541, frente al casi 19 %, 18,9 en compra, 12.479.
En 2008 estos datos eran prácticamente al revés, por lo cual vemos cómo el vuelco ha sido prácticamente total, y por lo tanto pues desde las instituciones públicas debemos llevar a cabo medidas que impulsen...
...por lo cual lo vemos el vuelco ha sido prácticamente total y, por lo tanto, desde las instituciones públicas, debemos llevar a cabo medidas que impulsen el número de viviendas en alquiler, no solamente porque es lo que demandan los ciudadanos vascos, sino también porque la propia Ley de Vivienda prevé que la satisfacción de derecho subjetivo debe de hacerse mediante una vivienda en alquiler y, en caso de que eso no sea posible por no tener a disposición el Gobierno Vasco, sea a través de una prestación económica dirigida al mismo fin.
Por lo tanto, tal y como se señala en una de la iniciativas, el parque de viviendas en alquiler debe ser ampliado y así lo ha puesto de manifiesto también el propio Ararteko.
Y eso era lo que proponíamos nosotros también en la enmienda que solicitábamos, que aquella viviendas de protección pública que, aun habiendo estado destinadas a la venta, llevaran desocupadas, nosotros poníamos más de dos años, pues fueran destinadas a la ampliación del parque público de viviendas dirigidos al alquiler. Y habíamos incluido ese plazo pues por hablar, por especificar y hablar de un plazo en concreto.
Porque hay que poner de manifiesto que el primero que tiene que hacer los deberes, el primero en dar ejemplo debe ser el Gobierno Vasco
Existen en este momento viviendas en propiedad del Gobierno Vasco que están vacías, que están en disposición de ser alquiladas, porque esas sí que están en disposición de ser alquiladas y no se hace, luego, bueno, pues como decimos esto no casa mucho con la expresión de predicar con el ejemplo.
Por ello, solicitábamos y también está incluido que se dé cumplimiento a las resoluciones aprobadas en el Plan Director de Vivienda y, por lo menos, el 80 % de los recursos presupuestarios deben ir dirigidas a políticas en alquiler, porcentaje que debe de ser ampliado en ejercicios sucesivos.
Como es también necesario seguir potenciando programas como ASAP o como Bizigune. Y en ese punto hay que hacer notar que las previsiones no suelen cumplirse, como se pudo ver cuando se ofreció el balance del Plan de Vivienda anterior, en el que no se habían alcanzado los objetivos propuestos en dicho programa, no sabemos si porque, bueno si porque los objetivos que se habían puesto en un inicio pues eran muy ambiciosos y se sabía casi desde el principio que no se iban a poder cumplir o por otras cuestiones.
En cualquier caso, creemos que debe ser analizado cuál han sido las causas para que esos objetivos no se hayan cumplido y, en su caso, adoptar las correcciones oportunas.
Y dentro de esas medidas para fomentar la puesta de mercado de alquiler de más viviendas, pues estaban también las fiscales, que también aparecen en la iniciativa.
Creemos conveniente o creíamos conveniente, aunque no aparece tan especificado en la enmienda, que en el órgano de coordinación tributaria se podía estudiar, con las diputaciones forales, la aplicación de nuevas medidas fiscales que beneficiasen tanto a propietarios como inquilinos.
Y que además, además de poner bueno, pues en el mercado viviendas en alquiler, también podría seguir para controlar precisamente y luchar contra un posible fraude, ocultación de rendimientos sacados del alquiler de viviendas.
Y nos oponíamos y no lo considerábamos adecuado establecer un límite al alquiler, establecer un precio marco, o sea un precio máximo, perdón. Si el acuerdo entre Sánchez e Iglesias fructifica, los ayuntamientos van a poder limitar el precio del alquiler.
Los Socialistas esta cuestión no la veían clara hace unos meses. Claro que debía ser cuando Sánchez era solo Sánchez y no era presidente del Gobierno. Y lo que antes no veía claro, pues ahora que es presidente del Gobierno, lo debe de ver claro y meridiano su alter ego y, por lo tanto, ha aceptado en ese acuerdo poner límites a las rentas.
Pero nosotros no estamos de acuerdo, porque estas medias pueden logran el efecto contrario al deseado, si sobre todo si ello se le une al aumento también del tiempo que el contrato de alquiler tiene que durar, como también está incluido en ese acuerdo.
En otros países europeos estas fórmulas se han aplicado. Y en esos países no han dado los resultados pretendidos. Así, por ejemplo, ciudades como Paris o como Berlín las tenían fijadas y las han replanteado.
A nosotros lo que viene al final, o lo que se ha incluido, que es establecer un indicie de referencia, pues nos puede parecer conveniente, pero, en cambio, establecer un límite obligatorio, como digo, creo que al final es verdad que la subida que de alquileres que se ha producido, es cierto, es así, pero que es por la oferta y la demanda, como he dicho. En este momento los vascos y las vascas optan más por el alquiler que por la propiedad y, por lo tanto, en función de esa ley de oferta y la demanda, pues los alquileres han subido.
Es establecer un índice obligatorio, nos parece oportuno, pero creemos que ponerle un tope no creo que vaya a producir los efectos que se desean con la fijación de ese importe obligatorio.
Creemos, además, que como cuando debatimos la Ley de Vivienda, que a través de medidas propositivas, de medidas de fomento son la que darán lugar a la movilización de viviendas no ocupadas y a su puesta en el mercado.
Y en este punto, paso a hablar de otro, del otro gran tema, que es el de las mociones en la Ley, que es el desarrollo reglamentario de la Ley de Vivienda, desarrollo que era necesario desde el principio, porque muchos de los artículos de esa Ley de Vivienda dependían de su desarrollo reglamentario, pero, desde luego, deviene absolutamente necesario después de la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de septiembre.
Porque la Ley establecía la posibilidad de actuar contra las viviendas que no cumplieran esa función social y poder actuar sobre esas viviendas que estuvieran desocupadas de forma continuada durante más de dos años, y cuando no concurriesen causas o motivos para su no ocupación en los términos previstos en la Ley o en el desarrollo reglamentario de la misma.
En la Ley preveía una serie de supuestos en el artículo 56 para no aplicar esa o para no considerarla desocupada. Pero muchas de esas causas están sin definir y además pueden llevar a una gran casuística.
Por ejemplo, habla de traslado por razones laborales, de salud, de dependencia, de emergencia. ¿Pero qué causas especificas estamos hablando? O que se mantenga una oferta en venta o alquiler a precios de mercado. ¿Qué es precio de mercado?
Y por ejemplo, si mi vivienda vale más pues porque yo la tengo amueblada o porque la tengo en mejores condiciones que otras dentro de la misma zona.
Habla también del artículo 56 de razones equivalente. ¿Qué razones equivalentes? ¿Cuáles son las razones equivalentes?
La desocupación establece que tiene que ser continuada. ¿Ese continuada se puede interrumpir, por ejemplo, ocupándola 20 días? Esto también, cómo se puede interrumpir esa desocupación también hay que desarrollar reglamentariamente.
Como también se debe der resolver los términos de intervención administrativa, como en canon, el alquiler forzoso, la expropiación forzosa. Con relación al canon, por ejemplo, ¿va a ser compatible con los recargos de IBI que se hace desde los ayuntamientos?
Con relación el alquiler forzoso y la expropiación forzosa. Se dice que se puede aplicar en casos de acreditada demanda y necesidad de vivienda. ¿Cómo se va a concretar esa necesidad y esa demanda de vivienda?
Hablábamos y habla en la iniciativa de los ayuntamientos. Es verdad, nosotros cuando se debatía la Ley de Vivienda decíamos que no solamente se establecían obligaciones al Gobierno Vasco, sino que también las establecía a los ayuntamientos. Por lo tanto, bueno pues los ayuntamientos tendrán que saber en qué van a estar implicados y cómo van a estar implicados.
Y yo ya por último, y acabo, señora presidenta, la verdad es que uno pudiera parecer que el mercado de viviendas vacías sobre el que poder actuar es amplísimo, es infinito.
Pero en este punto queremos poner de manifiesto que, según los datos de figuran en el informe de vivienda de Euskadi de 2017, elaborada a partir de la encuesta Uso de la Vivienda en Euskadi, esta divide entre ocupadas, de temporal o desocupadas. Dentro de estas últimas habla de las no gestionables, por ya estar en venta o en alquiler, y las gestionales, dentro de las que no se incluyen las que estén en ruinas.
Bien de estas últimas no están en disposición de serle aplicadas todas aquellas que no lleven desocupadas más de dos años. Por lo tanto de las 69.231 viviendas deshabitadas, lo que supone un 6,6 % del parque total de viviendas, las gestionables serian la mitad, 34.466, es decir, 3,3 %.
Pero aplicando ese plazo más de dos años exigido por la ley, serian 20.840, o sea que se reduce el porcentaje un 2 % del parque de viviendas.
Y de estas las que están en condiciones de habitabilidad perfectas, es decir, las que pueden ser ocupadas ya, sobre las que podría aplicar ya ese tipo de medidas, son 6.581, es decir, 0,63 % del parque de viviendas. De eso es de lo que estamos hablando y por lo tanto yo creo que eso también hay que ponerlo de manifiesto...