MANEIRO LABAYEN (UPyD, 2016-06-30):
Gracias presidenta.
Uno de los más graves problemas que tiene España es la politización de la justicia. La justicia en España está politizada. Están politizados el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Es urgente por lo tanto, despolitizarla, descolonizarla y profesionalizarla. Es decir, obligar a los principales partidos políticos a sacar sus manos de los órganos judiciales de modo que dejen de condicionar la justicia en España, que es lo que han venido haciendo durante las últimas décadas.
El Partido Nacionalista Vasco ha participado del reparto de la justicia, y por lo tanto, de su politización, de la misma manera que el Partido Popular y que el Partido Socialista Obrero Español.
Es urgente llevar acabo esa reforma, como otras muchas. Las principales instituciones del Estado están tomadas por los partidos políticos, tras un proceso de privatización de todas esas instituciones...
...principales instituciones del Estado están tomadas por los partidos políticos tras un proceso de privatización de todas esas instituciones que ha terminado provocando que la democracia en España sea de baja calidad. Están tomados por los partidos políticos el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional. Pero también los órganos reguladores, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, los tribunales de cuentas o las radios y televisiones públicas.
Esta politización de todo, esta pretensión de los partidos políticos de controlarlo todo para defender desde dentro de esas instituciones sus propios intereses partidarios lo contamina todo y hace que muchas cosas funcionen mal. De hecho, el concepto de regeneración democrática se basa precisamente en despolitizar todas esas instituciones y hacer que las instituciones en España funcionen como es debido, como funcionan en otros países de nuestro entorno, donde las cosas funcionan mejor, hay mejor justicia, hay un mejor bienestar y hay, desde luego, mucha menos corrupción política.
Todo esto hay que reformarlo para regenerar la política de España y, por tanto, en Euskadi, dado que este estado de cosas nos afecta también a los ciudadanos vascos. Y por eso tiene sentido también la presentación de aquella interpelación y de esta moción en el Pleno del Parlamento Vasco. Hace falta voluntad política para reformar y regenerar todas esas instituciones y llevar a cabo las reformas que España necesita.
Recientemente leía en un medio de comunicación que los jueces cifran en 2.000 los investigados por corrupción política y exigen más medios. Si hay algo claro de lo que necesita la justicia en España es que se necesita más medios y se necesita más independencia judicial como forma de poder impartir una mejor justicia y más igualitaria para todos los ciudadanos españoles.
Son decenas y decenas de casos de corrupción que afectan a la práctica totalidad de los partidos políticos. UPyD se ha mantenido a salvo de ese todo barro de corrupción. Desde el 2007 cero imputados y cero corruptos, 10 en transparencia. Compromiso diáfano contra la corrupción política y múltiples iniciativas para luchar contra el amiguismo, la opacidad, las corruptelas, la mala gestión y la corrupción política, incluidas actuaciones ante la justicia cuando no nos ha quedado otro remedio.
Ahí está el caso Bankia, las preferentes, las Tarjetas Black, Rato y otras muchas iniciativas, actuaciones judiciales que pretendían hacer justicia cuando el camino de los parlamentos se nos cerraba o cuando el resto de partidos políticos votaban reiteradamente en contra de determinadas iniciativas y de determinadas reformas.
UPyD se negó a formar parte de los consejos de administración de las cajas de ahorros y se negó a estar en los consejos de administración de las televisiones. Nos negamos también a participar de la tarta de la justicia. Hemos venido defendiendo múltiples iniciativas para profesionalizar la justicia, suprimir los aforamientos, despolitizar las principales instituciones del Estado y, en general, perfeccionar y regenerar la democracia, con hechos, no con palabras o con simple cosmética, sino con actuaciones relevantes en las diferentes instituciones y, como decía antes también, con unas actuaciones judiciales.
Cuando hemos presentado ese tipo de iniciativas, como la de hoy, u otras semejantes, u otras que tenían que ver con todo lo que estoy diciendo, el resto de partidos políticos han votado reiteradamente en contra, aunque, eso sí, después en algún caso algunos de ellos proponían reformas semejantes e incluían reformas semejantes en sus programas políticos que posteriormente otra vez dejaban a un lado en lugar de tratar de defender esas reformas en los parlamentos.
Si nos ceñimos, observamos o atendemos a lo que es el Consejo General del Poder Judicial, ciertamente este órgano ha sido un campo de batalla partidista tanto en la elección de sus vocales como en su funcionamiento, y es que no hay que olvidar que es un órgano con mucho poder e influencia, y con funciones relevantes: Informe de leyes en cuestiones de política judicial, facultad de proponer reformas legislativas, participación en el trámite de nombramiento del fiscal general del Estado y de los magistrados del Tribunal Constitucional, régimen disciplinario e inspección y, por encima de todo, el control de los ascensos en la carrera judicial a determinados puestos, es decir, decide quién sube y quién no.
La politización de una institución con tanto poder ha significado la politización de todo el sistema judicial, lo que es profundamente antidemocrático y muy negativo para la sociedad en su conjunto.
Esta politización ha provocado un deterioro muy grave del sistema judicial hasta tal punto que el World Economic Forum, una fundación internacional sin ánimo de lucro, situaba recientemente a España en el puesto 60 de 133 en cuanto a independencia judicial, por detrás de países como Namibia, Bostwana, Malaui o Gambia, es decir, no es algo que digamos nosotros porque sí, sino que hay diferentes estudios que así lo vienen a reiterar permanentemente.
Por lo tanto, hay que despolitizar, hay que descolonizar la justicia en España. Hay que despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, y el Tribunal Supremo, y el Tribunal Constitucional. Hay que despolitizar el Ministerio Fiscal, eliminando su dependencia jerárquica del Gobierno; un ejemplo práctico de absoluta parcialidad y vergonzosa politización del Ministerio Fiscal tendríamos en el caso Noos, con una Fiscalía actuando en modo abogado defensor.
Es importante remarcar que hay un órgano, como es el Tribunal Constitucional, que aunque técnicamente no forma parte del sistema judicial, guarda una estrecha relación con él. El Tribunal Constitucional también funciona con un sistema de cuotas partidistas que lo mantiene radicalmente politizado, por lo tanto, también habría que despolitizar el Tribunal Constitucional. Y es imprescindible reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar la limitación de tiempo de la instrucción, ahora investigación penal.
Son muchas cosas que hay que hacer para que la justicia funcione mejor en España: hay que eliminar los aforamientos, algo en relación a esto aprobamos hace pocas semanas en este mismo Parlamento, y hay que tipificar penalmente la malversación de caudales públicos y la financiación ilegal de partido políticos para combatir mejor y más eficazmente la corrupción política. Con todas estas reformas tendríamos una justicia más ágil, más justa y más igual para todos, es lo que pretendemos cuando presentamos y defendemos esta moción.
Ciertamente, en los últimos tiempos hay cada vez más partidos políticos que claman en contra de la politización de la justicia en España e incluyen en sus programas políticos determinadas reformas para garantizar la independencia de la justicia. Nos parece bien que se plantee, pero nos parecerá mejor cuando sean hechos concretos y sea una realidad palpable y que estas medidas sean realmente una realidad aprobada en este Parlamento o en el Congreso de los Diputados.
De momento hemos alcanzado, al menos, un acuerdo mayoritario con la práctica totalidad de los grupos de esta Cámara y así hemos firmado una transaccional con el Grupo Socialista, con el Grupo Popular y con el grupo Nacionalistas Vascos. No sabemos, efectivamente, si servirá para algo, no sabemos si esto servirá para dar un empujón a que estos partidos políticos con representación en el Congreso planteen algo semejante y defiendan estas reformas allí, donde principalmente deben defenderse.
Por nuestra parte hemos hecho todo lo posible ,aunque es cierto que estos partidos políticos han participado en el reparto de la justicia, considerábamos importante que una transaccional de este tipo pudiera ser aprobada en este Parlamento, ya digo, para empujar en esa dirección, para ir dando pasos hacía la despolitización de la justicia, y así hemos firmado una transaccional que dice lo siguiente: "El Parlamento Vasco insta a las Cortes Generales y al nuevo Gobierno de España que se constituya a impulsar y abordar con el mayor consenso posible y con la participación y diálogo de todos los implicados, todas las reformas legales que sean necesarias, seguramente alguna de ellas constitucionales, para garantizar la independencia de la justicia y que esta esté al servicio de la ciudadanía".
Gracias a los firmantes, a los grupos firmantes por plasmar en este texto algo que nosotros llevamos años reivindicando. Ojala pueda ser una realidad más pronto que tarde.
Gracias.