MENDIA CUEVA (PSE-EE, 2019-04-04):
Egun on guztioi, eskerrik asko mahaiburu anderea, lehendakari, sailburuok, gonbidatuok.
El Grupo Socialista quiere continuar en el pleno de hoy con una tarea inacabada, la tarea de reparar a quienes hayan sido desasistidos por los poderes públicos cuando se han vulnerado sus derechos.
La tarea de fortalecer el Estado de derecho que tras conseguir vencer al terrorismo, sin tener que ceder nada a cambio, es capaz de reparar los fallos que haya podido incurrir; y la de hacerlo además desde el escrupuloso respeto a la separación de poderes desde la garantía de los derechos de quienes han sido injustamente violentados y la de los derechos al honor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La de hacerlo desde la competencias que tenemos que han sido expresamente avaladas por el Tribunal Constitucional, y la de hacerlo, además, desde el acuerdo entre dos gobiernos, el Gobierno de España y el Gobierno Vasco, que es como se hizo en el pasado con el Decreto. Por lo tanto, es una satisfacción volver a la senda del acuerdo.
Y esto es lo que contiene la modificación legal que va avalar este pleno, ninguna otra cosa, ninguna otra interpretación, ni ninguna otra lectura. Los Socialistas llegamos a este punto por convicción democrática, y sobre todo, por compromiso político. Llegamos aquí porque nos gusta mirar de frente a cualquier tema que afecte a nuestra conciudadanía, pero llegamos también tras haber explicado con claridad nuestras intenciones a las víctimas a las que se refiere esta Ley, a las víctimas del terrorismo que han tenido dudas sobre su alcance o las intenciones, y a los colectivos policiales a los que algunos han dado argumentos para estar preocupados por su honor y la presunción de inocencia.
Con las víctimas que son objeto de atención en este Ley, porque como consejera me correspondió explicarles desde el inicio de este proceso, el del Decreto del año 2011, que hoy permite que haya 187 personas reconocidas, que ni el Gobierno, ni el Parlamento van a satisfacer su demanda de justicia, que no es nuestra competencia, pero sí lo es la reparación y reconocimiento.
Con las víctimas del terrorismo que nunca han reclamado venganza, que lo que reclaman es que su sufrimiento no quede diluido en una supuesta teoría del conflicto y en la confrontación...
...del terrorismo que nunca han reclamado venganza, que lo que reclaman es que su sufrimiento no quede diluido en una supuesta teoría del conflicto y en la confrontación con otros sufrimientos. Y eso es algo que la ley de hoy deja claro.
Con representantes policiales que temen que la aprobación de esta ley pretenda borrar el compromiso democrático de los agentes que han velado por la protección de todos y que han conseguido que se acabara con el terrorismo.
Y en todos estos colectivos detectamos recelos y dudas. Entendemos todas. Pero nuestra labor como partido es que esas dudas, esas inquietudes las dejemos zanjadas a través de una ley clara, como es esta de hoy, que refuerza su seguridad jurídica.
Seguridad jurídica, porque la sentencia del Tribunal Constitucional, de 17 de agosto del 2018, sobre la reserva jurisdiccional al orden penal para la investigación de hechos delictivos, establece que cuando estas investigaciones están desvinculadas del proceso penal y que su función es otra, no la de su capacidad punitiva, es decir, lo que busca la investigación no es sancionar con una pena privativa de libertad, que es el caso que nos ocupa hoy expresamente, caben perfectamente en la Constitución.
Seguridad para las víctimas del terrorismo, porque esta ley expresamente rechaza la teoría del conflicto; seguridad jurídica para las víctimas objeto de esta ley, porque ratifica la finalidad resarcitoria y reparadora del moderno Estado social y democrático de derecho que tenemos; seguridad jurídica para los profesionales policiales, porque esta ley descarta expresamente que nadie pueda pretender sustituir a los tribunales y porque garantiza que la finalidad resarcitoria a las víctimas debe ser ejercida fuera del proceso penal y desconectada de cualquier pretensión de castigo al eventual responsable de los hechos.
Pero es que además de todo esto que hacemos, lo hacemos con tres referentes políticos: El acuerdo unánime de este Parlamento en el año 2011, que instaba a los poderes públicos a establecer las medidas normativas precisas para el reconocimiento y reparación de estas víctimas. Por cierto, señor Barrio, ¿dónde está el Partido Popular que votó a favor de esa iniciativa política en esta Cámara?
El decreto del año 2012, que reconoció a quienes vieron vulnerados sus derechos antes de la aprobación de la Constitución, sin que tampoco ningún grupo presentara objeción alguna y sin que ningún tribunal haya cuestionado esa actuación. ¿Dónde está el Partido Popular con quien yo acordé ese decreto?
El acuerdo entre los gobiernos de Euskadi y España en relación a aquel decreto y en relación a cómo encauzar esta ley. ¿Dónde estaba el Partido Popular cuando tanta falta hacían los acuerdos entre su Gobierno y el Gobierno de Euskadi para avanzar en la convivencia tras alcanzar el final de ETA?
Y además, los Socialistas lo hacemos desde una convicción ética, porque jamás hubo una razón alguna para asesinar, extorsionar ni segar una vida, ni atentar contra la integridad de nadie, ni por ETA ni con la excusa de ETA.
Y con la misma firmeza decimos que el hecho de que algunos sigan negando, o sea, sin reconocer la injusticia de ETA, no es excusa para que quienes padecimos a la banda terrorista reconozcamos la injusticia de cualquier vulneración de derechos por abuso o por inhibición de los poderes públicos.
Sobre todas estas cuestiones es sobre las que se proponen la ley que vamos a aprobar, teniendo en cuenta la doctrina del Constitucional, las dudas de este tribunal tenía sobre seis cuestiones concretas de nuestra ley y los criterio que ya había establecido sobre alguna otra normal, como la navarra  - y, señor Barrio, no se parecen en nada - , que buscaba un fin similar pero había seguido un camino equivocado y que ha dado pie a que el Constitucional haya aclarado determinadas cuestiones que en esta norma quedan zanjadas.
Porque la ley anulada en Navarra no nos sirve como ejemplo, por mucho que se empeñen algunos. No nos sirve que ponga como ejemplo lo que ya no está además vigente. Si quiere entre a debatir con otros por qué hicieron una norma que han asumido ahora que no satisface a las víctimas, que no ha sido útil y porqué al final han asumido el camino que emprendimos aquí en Euskadi.
Pero no puede ser argumento para oponerse a esta ley, simplemente porque no son iguales y también por otra cosa fundamental que ha le he apuntado. Porque a diferencia de lo que ocurrió en Navarra, en el caso de nuestra ley, de todo lo que fue recurrido en su momento, tan solo hubo seis cuestiones puntuales sobre las que se mantenían en dudas y son las seis que hoy dejamos claras con las modificaciones.
Lo que estamos debatiendo hoy no es ni la motivación ni el objeto de la ley, como parece pretender el PP de ahora, sino unas cosas concretas que despejan las dudas planteadas. Eso es lo que estamos haciendo: Ofrecer un camino seguro y hacer valer el Estado de derecho, la Constitución que impide tratos degradantes hacia las personas, el Estatuto que nos ofrece instrumentos para resarcir a quienes se hayan visto desprotegidos. Estado de derecho, Constitución y Estatuto, que otros se empeñaron en denigrar y abatir, y que se abren paso una vez más.
¿Cuáles de esas cuestiones no gustan al Partido Popular? ¿No le gusta la comisión de valoración ni sus funciones? Porque en esto el Constitucional ya nos ha hablado con claridad, ya nos ha dicho que la investigación penal de hechos delictivos está sujeta a reserva jurisdiccional, pero que es posible la constitución de una comisión de investigación que tenga como única finalidad el resarcimiento de la condición de la víctima, a efectos resarcitorios.
Hay muchos casos en los que esto ha ocurrido ya en muchos ámbitos, por ejemplo, los civiles, y ahí queda claro que el trabajo de esa comisión no es sancionar a los responsables de los posibles delitos, sino el resarcimiento de las personas que han sufrido las consecuencias de esos hechos. ¿O acaso lo ha hecho la comisión que ha permitido reconocer a 187 víctimas y que fue respaldada por el Partido Popular? ¿Qué ha cambiado, señor Barrio? ¿No le gusta reconocer nuestra capacidad competencial?
Es algo que el Constitucional no ha puesto en duda, pero el Partido Popular, la verdad, es que lleva una racha interesante en cuestionar todas nuestras competencias y hoy parece que también cuestiona las que tenemos en materia de desarrollo comunitario, en materia de sanidad o en materia de asistencia social, porque es en esas en las que se basa esta ley y no en otras.
¿Por qué siembra sospechas sobre la posibilidad de un recurso? Quienes se sientan afectados por cualquier resolución van a poder recurrirla, como cualquier otra decisión administrativa. Así que dejemos ya las sospechas y los intereses ocultos, que no los hay; dejemos de utilizar a quienes han sufrido como instrumento de acción política. Si somos defensores de los derechos humanos, que no haya medias tintas. Si nuestra apuesta por el sistema democrático y el orden constitucional es firme, no demos pie a quienes cuestionen su fortaleza.
Y con la misma contundencia que rechazamos que se hayan producido violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de los poderes públicos, los Socialistas rechazamos que se marquen distancias con las vulneraciones que hayan podido cometerse.
Y con esa convicción pedimos el respaldo de la Cámara a las modificaciones legales que hemos propuesto, que buscan fortalecer nuestro Estado de derecho, que buscan acomodo en la doctrina constitucional y en nuestras competencias. Es lo que votamos hoy y a eso debiéramos de ceñirnos en el debate.
Muchas gracias.