cultural, etica y civica a la expresion hispanico, y merecerian el mayor reconocimiento, incluido su consideracion para el mismisimo Principe de Asturias, logrando que la Contraloria General de la Republica de Panama denunciase, desde la legalidad panamena y tras un pormenorizado analisis tecnico, las actividades de los cazatesoros.Como primicia cito textualmente la NOTA No 2126-15-LEG de 19 de agosto de 2015 Contraloria General de la Republica que ha sido dirigida se ha recepcionado por la Direccion General del Instituto Nacional de Cultura, en concreto el 24 de agosto, que son los que deberian ahora actuar directamente contra los cazatesoros.Le solicitamos que, con fundamento en el articulo 62 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, revoque oficiosamente el permiso otorgado mediante la resolucion no 136-13 de la Direccion Nacional de Patrimonio Historico de 16 de julio de 2013, asi como cualquier otro acto mediante el cual se hubiese extendido la duracion de dicho permiso, habida cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 12 de la Ley 14-1982, el mismo debe otorgarse mediante un contrato firmado por el Director del Instituto Nacional de Cultura y el concesionario, debe contar con el concepto favorable del Ministerio de Economia y Finanzas y, ser refrendado por la Contraloria General de la Republica, presupuestos que no fueron cumplidos por el Instituto Nacional de Cultura, quien por tal razon, emitio el mencionado permiso sin competencia para ello.En caso de que la Direccion Nacional de Patrimonio Historico del Instituto Nacional de Cultura no revoque oficiosamente la resolucion no 136-13 DNPH de 16 de julio de 2013, asi como cualquier otro acto mediante el cual se hubiese extendido su duracion, la Controlaria General de la Republica ejercera las acciones legales que correspondan en ejercicio de la facultad que le otorga el articulo 280 (numeral 7) de la Constitucion Politica y el articulo 11 (numeral 8) de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984.Por otra parte, es oportuno recordarle que cualesquiera actos de disposicion, enajenacion, adjudicacion o traspaso de bienes que sean recuperados y salvados del fondo del mar deben ser sometidos al refrendo de la Contraloria General de la Republica, a fin de que nuestra Institucion, en ejercicio de la funcion fiscalizadora, determine si dichos actos de afectacion de fondos o bienes publicos cumplen con los requisitos establecidos en el ordenamiento juridico, de conformidad con lo normado en el articulo 280 (numeral 2) de la Constitucion Politica, desarrollado por los articulos 11, 45 y 48 de la Ley 32 de 1984, entre otras disposiciones legales.Esta resolucion debe tener consecuencias inmediatas y el mas pronto y potente refuerzo desde Espana y el resto de la comunidad hispanica, incluido Estados Unidos, frente a una practica que confiamos que acabara siendo asimilada una forma de pirateria moderna.Es fundamental ahora que las Autoridades del Gobierno de Panama sean congruentes (e invitamos, en ese sentido, a las autoridades del Reino de Espana, a sus funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Justicia y desde luego a las autoridades de Cultura a que intervengan) y se persiga no solo