de los costos via tarifa, generacion de utilidades y cortes del suministro por el no pago, negando asi el derecho al agua y al minimo vital gratuito. Sin entrar en mayores analisis, en este punto podemos concluir que dentro de un modelo de mercado como el que hoy caracteriza al sector agua y saneamiento de la gran mayoria de nuestros paises, incluido Colombia desde luego, lo publico no lo podemos derivar de la estructura juridica que soporta la creacion de la empresa, sino desde los objetivos y modelo empresarial que ejecuta. Si comparte los predicamentos del BM en manejo tarifario y cortes de suministro por no pago, por ejemplo, estamos ante un modelo de eficiencia empresarial neoliberal y no cabe situarla como publica.Dado que el modelo de las asociaciones PPPs hay que atacarlo por la cabeza y esta es indudablemente el Banco Mundial, queremos concluir este documento presentado dos ventanas de oportunidad para la gestion del movimiento social, que proponemos profundizar e instrumentalizar como argumento y estrategia para la accion politica.El primero se relaciona con la conducta asumida por el Banco Mundial a traves del BIRF, frente a la realidad politica que definio Uruguay en el referendo (2004) que incorpora el dominio publico del agua y la prestacion directa y exclusiva del servicio de agua potable y saneamiento por personas juridicas estatales. La respuesta del BM no fue terminar el apoyo crediticio sobre la base, por ejemplo, de no tener alternativa diferente a las asociaciones PPPs. No, la decision fue ajustar su protocolo de acuerdos a la nueva realidad juridica del pais, reconociendo desde los contenidos de los creditos aprobados que la enmienda constitucional de 2004 prohibe cualquier forma de prestacion de los servicios de agua y saneamiento por privados, sin que ello signifique cambiar los objetivos generales del Programa APL vigente desde el 2002, no obstante que, dice el Banco, la ausencia de participacion del sector privado podria aumentar el riesgo de alcanzar algunos de los objetivos, por lo que a fin de mitigar esos riesgos, el proyecto APL-227 especifica como objetivo nuevas formas de fomentar la competencia y apoyar la separacion de las funciones del sector.Con esto, estamos significando que el BM renuncio a cualquier condicionamiento que pudiera vincular operadores privados o estrictas regulaciones para el manejo empresarial financiero o condicionamientos tarifarios para la recuperacion de costos, entre otras cosas, aceptando asi la decision soberana de Uruguay, como tendra que acoger cualquiera otra que proponga un pais en ejercicio de su soberania. Que nos queda a los otros paises de la region como mensaje politico del BM? Que al interior de su compleja estructura de intereses, hay cabida para modelos diferentes al de mercantilizar el agua, que posibilitan proteger modelos Publicos como el de Uruguay, respetando el derecho fundamental al agua. Que necesitamos para avanzar? Por supuesto la voluntad y el compromiso con el Estado Social de Derecho por parte de los gobiernos de turno, que excluya de los acuerdos y creditos condicionamientos empresariales de mercado, y/o sacar adelante propuestas como el referendo del agua en Colombia, como expresion de