limites normales del ejercicio de un derecho, con dano para tercero, dara lugar a la correspondiente indemnizacion y a la adopcion de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. La prohibicion del articulo 7.2 presenta como ha senalado MORENO TRUJILLO (1991) grandes ventajas13: se consigue a traves de este instrumento la proteccion de intereses, como los colectivos o sociales; importa el dano social que la conducta del sujeto, puede provocar en el ejercicio, en principio licito, de sus potestades; entra en juego en aquellos casos en que no proceda la responsabilidad culposa o negligente del articulo 1902 del Codigo civil, y es un instrumento eficaz de tutela (especialmente preventiva) de la calidad medioambiental, gracias a sus mecanismos juridicos de aplicacion, defensa y reparacion. A modo de conclusion, consideramos que la responsabilidad civil derivada de danos al medio ambiente, sin ser la panacea que resuelva todas las agresiones al medio ambiente, si es un instrumento normativa eficaz para ello, que complementa a otras normas juridicas (TRABADO ALVAREZ, 2001). Quizas debido a una extendida creencia, segun la cual la Administracion es responsable politica y juridica de todo acontecer socialmente negativo, la jurisdiccion civil ha sido poco utilizada. A pesar de que, en muchas ocasiones, ni la Administracion responde con la diligencia debida a las denuncias, ni la jurisdiccion contencioso-administrativa puede resolver algunos danos (LOPERENA ROTA, 1996), y si puede, suele ser muy lenta debido al ingente numero de casos que tiene que conocer (JUNCEDA, 1991). 2) Ambito administrativo Si bien las normas de Derecho privado pueden suministrar un apoyo para la exigencia de responsabilidades, sera dificil aplicar en muchas ocasiones la via civil debido a la dificultad de determinar quienes14 y en que medida han causado los danos y hasta que punto estos trascienden en terminos patrimoniales evaluables, a las economias individuales (MARTIN MATEO, 1991).Por ello, debido a esta insuficiencia de la regulacion civil, junto con la proliferacion de las situaciones desequilibradoras del medio, va a determinar que se ponga en movimiento otros tipos de mecanismos juridicos en bases a los cuales los poderes publicos van a intervenir en el medio ambiente, pasando del dano individualmente considerado al dano colectivo y a la accion preventiva, los cuales pudieron aplicarse merced a la irrupcion del Derecho administrativo en el escenario juridico (CARDELUS, 1983). Los mecanismos mas importantes de represion administrativos son: las multas, la clausura de la actividad, la caducidad de la autorizacion, el decomiso, la restitucion y reposicion y las indemnizaciones (CARDELUS, 1983). Las sanciones pecuniarias suelen ser la forma mas comunmente utilizada a la hora de reprimir las conductas en contra del medio ambiente. La clausura de la actividad y la caducidad de la autorizacion entran dentro de aquellas medidas que consisten en la suspension o restriccion de un derecho o de la autorizacion para el ejercicio de un derecho o en actos de reproche. La clausura de la actividad se puede considerar como la medida sancionadora mas contundente y, posiblemente, la mas eficaz. Tambien se suele recoger, si las circunstancias lo exigen, la confiscacion o el decomiso.