thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
es de asegurar a la acusada la garantia formal de que el razonamiento hecho por el Tribunal conste expresamente en la sentencia... Si nos detenemos ahi parece admisible la hipotesis de que el Tribunal Constitucional solo impone como condicion sine qua non para estimar desvirtuada la presuncion de inocencia la existencia de un juicio expreso de la certeza del juez penal. De ser asi, el control del contenido de tal razonamiento escaparia al Tribunal, que se contentaria con comprobar la existencia de aquel razonamiento aunque este fuese de modo patente ilogico o absurdo o desmesurado. La relevancia protectora para los titulares del derecho a la presuncion de inocencia de una construccion que llegase solo a la exigencia de la expresion del razonamiento seria en verdad muy escasa y aquel muy pronto podria convertirse en frases rituales, en mera clausula de estilo.De la lectura completa de ambas sentencias no se desprende esta interpretacion. Por el contrario, la expresion del razonamiento de la certeza se requiere para comprobar si hay criterios racionales que han guiado su valoracion o, dicho de otro modo, si la actividad probatoria conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos, o si de la prueba solo resultan sospechas o conjeturas (STC 174/85). Con mayor claridad, la STC 175/ 85 declara que la operacion deductiva a partir de la prueba indiciaria es necesario que se exprese, porque de no ser asi no habria manera de que el Tribunal Constitucional determinase si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo (60), en cuyo caso tampoco podria considerarse desvirtuada la presuncion de inocencia. De donde parece extraerse la conclusion de que la interpretacion del derecho a la presuncion de inocencia contenida en las dos sentencias glosadas conduce no solo a la exigencia de que el juez penal exprese el razonamiento de su certeza sobre los hechos que resultan probados a raiz de prueba indiciaria, sino a la de que, expresada dicha garantia formal, su contenido no sea arbitrario, irracional o absurdo , a juicio del Tribunal Constitucional.Con esta construccion el Tribunal Constitucional no se convierte en juez de los hechos, pues no los califica ni enjuicia, ni en revisor de la valoracion de la prueba, pues no la sustituye por otra, pero es innegable que al poder rechazar por arbitrario, irracional o absurdo el proceso deductivo construido sobre la actividad probatoria y expresamente contenido en la sentencia penal condenatoria, el Tribunal Constitucional llega hasta el limite de su funcion definitoria del derecho fundamental, sin entrar a ser lo que no puede ser, esto es, un juez sobre los hechos, cuyo conocimiento (en el sentido de enjuiciamiento) le esta vedado [art. 44.1, b), LOTC]. Por este camino el Tribunal parece haber llegado hasta donde podia ir.Por ultimo, conviene reflexionar sobre dos dificultades derivables de la exigencia contenida en estas dos sentencias relativa a la explicitacion del razonamiento concerniente a la valoracion de la prueba. La primera creo que puede plantearse en los organos judiciales penales colegiados, y consiste, en mi opinion, en el diferente proceso mental que cada juez puede recorrer para llegar a
la certeza, aun apreciando unas mismas pruebas y aun llegando a la conviccion de la culpabilidad del acusado. Ante unas mismas pruebas practicadas un juez puede llegar a la certeza condenatoria porque le convenza lo que a otro no, y este puede valorar como decisivo el resultado de una- prueba que a aquel o a un tercero puede haber dejado indiferente o sumido en la duda. La segunda dificultad que preveo guarda relacion con la anterior, pero quiza resulte agravada cuando la necesaria expresion del proceso logico desde la prueba hasta la certeza de la culpa deba referirse al juez de los hechos y de la prueba en el juicio por jurados.(1) El texto integro de P. VII.31.9 no interesa aqui porque trata de otro asunto. Solo importa el parrafo final, que comienza con E aun dezimos que... y sigue con lo transcrito en el texto. JUAN HEVIA BOLANOS, Curia Philipica, ed. de Madrid, 1825 p. 242, se refiere a ella, aunque sin duda por error material la ley aparece citada como perteneciente al titulo XXXII y no al XXXI de la Septima Partida.(2) J. CASTILLO DE BOVADILLA, Politica para Corregidores y senores de vasallos, ed.'del INAP, Madrid, 1978, con prologo de S. MARTIN RETORTILLO y estudio preliminar de B. GONZXLEZ ALONSO; cfr. lib. II, cap. III, num. 23, tomo I, p. 257.(3) MARIA PAZ ALONSO ROMERO, El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIIIJ, ed. Universidad de Salamanca, 1982, pp. 221 y ss. y 244-255.(4) FRANCISCO TOMXS Y VALIENTE, Historia del Derecho Penal de la Monarquia absoluta (siglos XIII a XVIII), Ed. Tecnos, Madrid, 1967, pp. 178 y ss. y pp. 153 a 200; ID., Gobierno e instituciones en la Espana del Antiguo Regimen, Alianza, Madrid, 1982, pp. 227 y ss.; MICHEL FOUCAULT, Vigilar y castigar, Ed. Siglo XXI, Madrid, 1978, p. 48.(5) FRANCISCO TOMXS Y .VALIENTE, Historia del Derecho Penal..., pp. 317 y ss.; cfr. como muestra P. VII.30.3 y leyes siguientes.(6) MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, xi, vi.(7) MICHEL FOUCAULT, Vigilar..., pp. 15 y ss.(8) C. BECCARIA, De los delitos y las penas, Ed. Aguilar, Madrid, 1967, esp. pp. 81 a 108.(9) La Leopoldina. Criminalita e giustizia criminale nelle rijorme del Settecento europeo, Universita degli Studi de Siena, Incontro Internazionale di Studio, vols. I y II, Siena, 3-6 de diciembre de 1986.(10) Oeuvres completes de l'abbe..., tome neuvieme, Paris, 1972, en especial capitulo VI, pp. 267-296.(11) Cfr. las obras citadas en la nota 4 y mi comunicacion sobre JUAN PABLO FORNER al simposio mencionado en nota 9, ibidem, vol. II, pp. 1176 a 1208.(12) Art. 9. Tout homme etant presume innocent jusqu'a ce qu'il ait ete declare coupable, s'il est juge indispensable de l'arreter, tout rigueur qui ne serait .pas necessaire pour s'assurer de sa personne doit etre severement reprime par la loi.(13) M. DE PASTORET, Des lois penales, I y II, Paris, 1790; cfr. I, pp. 20-21.(14) Sobre el eco de tal Exposicion en el momento actual, cfr. STC 173/1985, fundamento juridico 1. Cfr. tambien STC 56/82, fundamento juridico 2, JC IV, pp. 163 y ss. En terminos semejantes,
M. GARCIA CARRERO, La apreciacion de la prueba en conciencia en el proceso penal y la proteccion constitucional de la presuncion de inocencia , en Revista del Poder Judicial, num. 5, diciembre 1982, pp. 67-72, en concreto pp. 67-68.(15) L. E. Cri., art. 741: El Tribunal, apreciando segun su conciencia las pruebas practicadas en el juicio... (el subrayado es mio).(16) E. GOMEZ ORBANEJA y V. HERCE QUEMADA, Derecho Procesal Penal, 9.a cd., Madrid, 1981, p. 274.(17) Op. y loe. cit. en nota anterior.(18) Ibidem, p. 275.(19) Ibidem, p. 280.(20) El analisis que sigue esta hecho sobre sentencias de la Sala 2." fechadas en su mayoria entre 1970 y 1978. Agradezco al letrado del Tribunal Constitucional MIGUEL ANGEL MONTANES SU inestimable ayuda en la recopilacion y clasificacion de las resoluciones que a continuacion cito.(21) La STS de 15 de abril de 1975 (R. Azdi. 1637) indica que en el ambito procesal de la prueba despliega toda su fuerza, como es debido, el axioma forense in dubio pro reo, y poco despues la Sala declaraba que el citado principio tiene su actuacion necesaria e indeclinable dentro del campo de la interpretacion de las pruebas, en el sentido de proporcionarle el alcance mas beneficioso o favorable para el inculpado en el caso de que se presenten dudas o sean diversas las consecuencias que de ello puedan derivarse (STS de 4 de mayo de 1976, R. Azdi. 2131). Y es que, en caso de duda sobre los hechos objeto de enjuiciamiento ha de estarse, por aplicacion del principiopro reo, a lo mas favorable para el acusado (STS de 14 de abril de 1971, R. Azdi 1734),. porque la demostracion de los hechos delictivos no puede ser suplida por presunciones sin violar los principios de legalidad e in dubio pro reo (STS de 16 de marzo de 1979, R. Azdi. 1153). En la misma linea, pueden verse STS de 30 de junio de 1970 (R. Azdi. 4380), 2 de noviembre de 1971 (R. Azdi. 4401), 23 de febrero de 1972 (R. Azdi. 772), 13 de noviembre de 1973 (R. Azdi. 4312), 14 de mayo de 1974 (R. Azdi. 2296), 15 de abril de 1975 (R. Azdi. 1637) y 22 de enero de 1977 (R. Azdi. 66).(22) STS de 11 de marzo de 1975 (R. Azdi. 1059), STS de 20 de marzo de 1970 (R. Azdi. 1471) y STS de 2 de julio de 1974 (R. Azdi. 3045).(23) Cfr., por todas, la muy importante STS de 5 de octubre de 1973 (R. Azdi. 3555; ponente, ANGEL ESCUDERO).(24) JOSE GUERRA SAN MARTIN, JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, ENRIQUE TORRES Y LOPEZ DE LA CALLE, El derecho a la presuncion de inocencia, La Ley, num. 4, 1982, pp. 1183-1206, en especial pp. 1184 y 1185.(25) STC 31/81, fundamento juridico 2, JC II, pp. 213 y ss.(26) STC 31/81, fundamento juridico 3, JC II, pp. 213 y ss.(27) STC 124/83, fundamento juridico 1, JC VII, pp. 522 y ss.(28) La expresion minima actividad probatoria de la STC 31/81 fue poco a poco sustituida en autos y en sentencias por esta otra; cfr.
como ejemplo STC 36/83, fundamento juridico 2, JC VI, pp. 28 y ss.(29) STC 77/83, fundamento juridico 2, JC VII, pp. 1 y ss.(30) STC 31/81, fundamento juridico 3, JC II, pp. 213 y ss.(31) STC 31/81, fundamento juridico 3, JC II, pp. 213 y ss.(32) STC 101/85, fundamentos juridicos 6 y 7, JC XIII, pp. 25 y 26. STC 173/85, fundamento juridico 2, JC XIII, p. 517.(33) STC 31/81, fundamento juridico 2, JC II, pp. 213 y ss.(34) STC 107/85, fundamento juridico 2, JC XIII, p. 77, y la STC 114/84, alli citada (fundamentos juridicos 3, 4 y 5, JC X, pp. 301 a 305).(35) STC 55/82, fundamento juridico 2, JC IV, p. 161.(36) STC 101/85, fundamento juridico 7, JC XIII, p. 26.(37) Como excepcion puede considerarse el voto particular de ANGEL ESCUDERO en la STC 31/81 (JC II, pp. 221 a 224); pero comparese luego con la STC 107/83, de la que fue ponente este magistrado, y con otras muchas sentencias de la Sala de que formaba parte.(38) STC 31/81, fundamento juridico 3, ya citada.(39) Cfr., a titulo de ejemplo, STC 36/86, fundamento juridico 2, JC VI, pp. 28 y ss., asi como numerosisimos autos de inadmision.(40) STC 55/82, fundamento juridico 2, JC IV, p. 161. En terminos semejantes, STC 103/85, fundamento juridico 2, JC XIII, p. 41.(41) STC 107/83, fundamento juridico 2, JC VII, pp. 335-336.(42) Cfr., por todas, STC 36/83, fundamento juridico 2, JC VI, p. 33.(43) STC 124/83, fundamento juridico 1, JC VII, pp. 524-525.(44) STC 24/84, fundamento juridico 3, JC VIII, pp. 298 a 300.(45) STC 159/85, fundamento juridico 2, JC XIII, p. 411.(46) STC 77/83, fundamento juridico 2, JC VII, p. 7, y STC 105/83, JC VII, pp. 322-323.(47) STC 55/82, fundamento juridico 2, JC IV, p. 161.(48) Recuerdese el texto antes transcrito de GOMEZ ORBANEJA, supra, notas 16 a 19.(49) STC 124/83, fundamento juridico 1, JC VII, p. 525; STC 24/84, fundamento juridico 3, JC VIII, p. 299; STC 55/82, fundamento juridico 2, JC IV, p. 161.(50) STC 173/85, fundamento juridico 1, JC XIII, pp. 516-517.(51) C. BECCARIA, De los delitos..., pp. 83-84.(52) J. GUERRA SAN MARTIN y otros, El derecho..., cit. en nota 24, pp. 1202 a 1204.(53) JOSE LUIS VAZQUEZ SOTELO, Presuncion de inocencia del imputado e intima conviccion del Tribunal, Ed. Bosch, Barcelona, 1984, p. 357.(54) Op. cit., pp. 409-414 (el subrayado es mio).(55) Op. cit. en nota 24, p. 1202 in fine.(56) Veanse la casi totalidad de las sentencias hasta aqui citadas. En el mismo sentido, cfr. el trabajo de GUERRA, BELLOCH y TORRES, p. 1203.(57) Hasta el cambio operado en febrero de 1986, la Sala 1.*, presidida por GARCIA- PELAYO, estaba integrada por los magistrados LATORRE, DIEZ DE VELASCO, BEGUE, GOMEZ-FERRER y ESCUDERO. Las sentencias son la 174 y 175 de 1985 y pueden consultarse en el BOE de 15 de enero de 1986, suplemento, pp. 16 a 23. Para evitar excesi- vas citas reproducire textos de una y otra indicando solo entre parentesis la sentencia a la que corresponden (174/85 o 175/85). No hubo en ellas votos particulares.
Pueden verse ambas sentencias en fC XIII, pp. 519 a 530 (STC 174) y pp. 531 a 542 (STC 175).(58) STC 108/84, fundamento juridico 2, JC X, pp. 211 y ss.(59) Cfr. como ejemplo de sentencia que se detiene en el limite de tal distincion STC 101/85, fundamentos juridicos 6 y 7, JC XIII, pp. 25 y 26.(60) STC 175/85, fundamento juridico 5, con previa invocacion de la STC 140/85, de 21 de octubre, fundamento juridico 3, JC XIII, pp. 202 a 204; en esta sentencia citada se trata de anular o no un auto de la Sala 2.' del TS, versa sobre la interpretacion del art. 849.2 de la L. E. Cri. y refiere al Tribunal de Casacion la tarea de revisar si el juez penal habia realizado o no injerencias arbitrarias, irracionales o absurdas.
(art. 2o, VIII; i) extracao, circulacao, distribuicao ou consumo de minerais do pais (art. 21, IX); j) impostos extraordinarios de guerra (artigo 22); k) contribuicoes parafiscais (art. 21, 29, I).III. Receitas atribuidas aos Estados e ao Distrito Federal:a) transmissao da propriedade imobiliaria a qualquer titulo (art. 23, I); b) circulacao de mercadorias (art. 23, II); c) produto do imposto de renda que arrecadarem como fonte, sobre vencimentos de seus servidores e juros de seus titulos de Divida Publica (art. 23, 19); d) quota no rateio do Fundo de Participacao dos Estados, isto e, sobre 5% dos impostos de renda e de produtos industrializados (art. 25); e) quota (juntamente com os Municipios) em 40% do imposto sobre combustiveis e lubrificantes, em 60% do imposto sobre eletricidade, e em 90% do imposto sobre minerais do pais (art. 26).IV. Receitas atribuidas aos Municipios e ao Distrito Federal: a) predial e territorial urbano (art. 24, I); b) servicos de qualquer natureza nao compreendidos na competencia dos Estados e da Uniao (art. 24, 11); c) produto do imposto territorial rural, decretado e arrecadado pela Uniao sobre imoveis sitos em cada municipio (art. 24, 19); d) produto do imposto de renda que arrecadarem como fonte, sobre vencimentos de seus servidores'ou juros de seus titulos (art. 24, 29); e) quota no rateio do Fundo de Participacao dos Municipios, constituido de 5% dos impostos de renda e produtos industrializados (art. 25); f) quota no rateio (juntamente aos Estados) em 40% do imposto sobre combustiveis e lubrificantes, em 60% do imposto sobre energia eletrica, e em 90% do imposto sobre minerais do pais (art. 26) .V. A Uniao, aos Estados, Distrito Federal e Municipios compete ainda a cobranca de taxas (art. 18, I) e de contribuicao de melhoria (art. 18, II). A Uniao ainda pode cobrar as contribuicoes parafiscais do art. 21, 29.Na essencia, nao mudou muito a estrutura fiscal do pais: o imposto de circulacao da mercadoria nao difere substancialmente do imposto de vendas e consignacoes; o imposto de produtos industrializados e pseudonimo do imposto de consumo; o de servicos batiza o remanescente do imposto de industrias e profissoes; o de operacoes de credito, etc. (art. 21, VI) e o imposto sobre atos e instrumentos juridico ou imposto de selo.Os Fundos de Participacao do art. 25 da C. F. de 1969 operam transferencias de parte do produto de impostos federais para os Estados, D. F. e municipios.O campo da competencia residual que antes contemplava Estados e Uniao (art. 21 da Consto de 1946), ficou restrito a ultima (artigo 18, 59, da Consto Federal de 1969. A Const. de 1946 era silente sobre os emprestimos compulsorios e a jurisprudencia os admitia tambem na competencia dos Estados. A Const. atual, repetindo a Emenda no 18, so os tolera se decretados pela Uniao em casos excepcionais definidos em lei complementar" (art. 18, 39 e art. 21, 29; 11).Na Constituicao brasileira figuram diversos principios que visam a disciplinar a tributacao, uns expressos no texto, outros implicitos em dispositivos mais gerais. Representam limitacoes constitucionais ao poder de tributar (p. ex. arts. 18, 19, 29, 39,
FINANCEIRAS DA PALAVRA "CREDITO"Para evitar inadvertencias, convem ficar esclarecido que a palavra "credito" e empregada em dois sentidos diferentes na terminologia financeira:a) Credito, em materia orcamentaria, significa uma autorizacao para gastar. Geralmente essas autorizacoes estao contidas no orcamento. Sao "orcamentarias". Mas ha creditos "extra-orcamentarios" ou "adicionais", abertos em leis especiais. Dividem-se estes ultimos em: a) "especiais" (para um fim nao previsto no orcamento) b) "suplementares" (caso de insuficiencia do credito autorizado no orcamento; o Executivo pode abri-lo independente de lei especial, se o orcamento ou lei especial o autoriza a faze-lo); "Extraordinarios" (casos de guerra, comocao intestina, calamidade publica). (Emenda 1/1969, art. 61 e ).b) Credito, por outro lado, significa a faculdade de o Estado tomar dinheiro emprestado, ou o conjunto dos emprestimos, ou a tecnica de recorrer a eles.15. EMPRESTIMOS VOLUNTARIOS E COMPULSORIOSOs emprestimos, no mundo contemporaneo, ja nao sao considerados apenas como tecnica extraordinaria de obter fundos para o Tesouro. As nacoes mais poderosas e ricas sao as que mais recorrem ao credito e mais vultosas dividas apresentam. Para elas, o emprestimo e uma rotina como o imposto.Diferentemente dos particulares e empresas privadas, o Estado, alem do credito propriamente dito, o voluntario ou contratual, pode recorrer ao emprestimo compulsorio, que, para os melhores autores, tem o carater de tributo com promessa de devolucao.No emprestimo forcado, o Estado decreta que quem estiver em certas condicoes caracteristicas dum fato gerador do imposto e obrigado a entregar-lhe tal soma, que sera restituida em tal tempo com juros ou sem eles; ou acena ao contribuinte com a possibilidade de isentar-se de tal imposto se lhe emprestar quantia maior.O deferred payment (congelamento de salarios, pagamentos diferidos em tempo de guerra), como medida deflacionaria, assemelha-se ao emprestimo compulsorio.KEYNES a defendeu por ocasiao da 2a Grande Guerra. O Cod. Trib. Nac., regulando os casos excepcionais de admissibilidade do emprestimo compulsorio, inclui essa hipotese de "conjuntura que exija a absorcao temporaria de poder aquisitivo" (art. 15, no III).Nos periodos inflacionarios, alguns paises tem recorrido a tecnica da "indexacao" dos emprestimos, isto e, ajustamento ao preco do produto da empresa publica a que se destinam. O valor dos juros e amortizacao eleva-se no mesmo compasso do custo das utilidades da empresa em cujo funcionamento foi empregado o emprestimo. Sao tecnicas empiricas de correcao monetaria.Na epoca, em que os bilhetes do Tesouro, ou do banco emissor autorizado, eram redimiveis em ouro, o papel-moeda tinha o carater de emprestimo forcado. Hoje, o curso forcado os assemelha muito mais a tributos. E um imposto sui generis. (Ver AMILCAR FALCAO, Emprestimo Compulsorio, U.E.G., 1954; JEZE, Technique de Credit Public, 1934, v. II, p. 178).
da divida), promessa ao publico (recompensa a quem achar um cao perdido). Sao situacoes em que ha, tambem, dois sujeitos interessados, mas sendo necessario para a formacao do vinculo juridico a manifestacao da vontade de um so . Entre os mais importantes negocios unilaterais destacam-se o testamento (negocio mortis causa) e as promessas unilaterais ( negocios inter vivos). As promessas unilaterais sao diferentes dos contratos e sao permitidas somente as previstas em lei, por exemplo, promessa ao publico, os titulos de credito, promessa de pagamento e reconhecimento de debito. 1.2. Consequencias economicas dos actos e vontade do interessado Ninguem pode ser exposto a sacrificios economicos pela vontade alheia, mas so como efeito da sua propria vontade. Este e um principio elementar que esta relacionado a diferenca entre contratos e atos unilaterais. Nos contratos, todas as partes se submetem a sacrificios/riscos economicos, visando adquirir vantagens. Ja nos atos unilaterais so uma das partes se submete a riscos economicos, chamando para si esta responsabilidade, enquanto a outra parte o contrainteressado- so aufere vantagens (nao perde nada, nao deve e nao arrisca nada). A vontade do contrainteressado tem papel negativo ja que este pode se negar a receber o beneficio ( nao aproveitar a remissao de sua divida) ou nao considerar a proposta de recompensa, nao executando a acao que a promessa esta condicionada. Na disciplina das sucessoes mortis causa, no caso da herenca, o herdeiro adquire a heranca por meio de sua aceitacao ja que respondera pelas dividas do autor da heranca ainda que superiores ao ativo hereditario - expoem-se ao risco da perda, ja o legatario adquire o legado sem necessidade de aceitacao ja que no caso de dividas no maximo tera o legado diminuido, sendo tambem livre para renunciar. Temos que as operacoes que exponham a sacrificios/ riscos economicos so um dos interessados , nao requerem a aceitacao do outro. A veste da lei denomina estes atos como contrato e nao como ato unilateral. A doutrina justifica a denominacao de contrato por nao faltar a manifestacao da vontade da outra parte, mas sim que esta ao inves de ser expressa seria tacita. Mas seria mais correto dizer que neste tipo de contrato estamos diante de um contrato, que diferentemente da generalidade dos contratos, consiste na declaracao de uma so parte, e prescinde da aceitacao da outra. Em resumo temos: as operacoes que ambas as partes requere sacrificios/riscos economicos requerem a vontade de ambas e sao sempre contratos, ja as operacoes em que so um sujeito se expoe a perdas e danos requerem que so este sujeito manifeste a sua vontade e, na via de regra, sao atos unilaterais, na excecao do art. 1333 que assumem a veste de contrato , um contrato sem a aceitacao de uma das partes ( paragrafo acima). Temos tambem a doacao. O donatario pode nao querer receber a doacao de um cao dobermann cuja posse vai requer responsabilidade e gastos com a alimentacao, por exemplo. Mesmo que gratuito, a parte pode decidir por nao receber algo que lhe interessa. Assim a lei dispoe que doacao nao se