base la siguiente descripcion: a) el problema del crimen resulta de la fragil autoridad represiva del Estado; b) el lugar de bandido es la prision, por eso, es preciso construir mas carceles y, sobre todo, prisiones de seguridad maxima; c) es preciso aumentar el efectivo policial y dotar la policia con tecnologias represivas; d) es preciso conceder mayor autonomia a la policia y aumentar su fuerza represiva; e) es preciso desmantelar las redes criminales de las favelas, pues estas estan habitadas por una poblacion que tiene una predisposicion atavica para el delito. Es obvio que una aplicacion de justicia criminal en esos terminos ignora los siguientes aspectos como pauta de investigacion preliminar: Por que la practica de seguridad publica adoptada hoy en el Brasil es incompatible con el minimo de garantia de derechos de los ciudadanos? Cuales los motivos por los cuales los derechos declarados no son efectivamente garantizados por la legislacion ordinaria y por los tribunales? Cuales son las garantias reales contra la prision ilegal, la violencia, la tortura moral y fisica y la humillacion impuestas al ciudadano por una practica inadecuada de la actuacion policial? Por que el derecho de defensa permanece aun privado de una igualdad de condicion en relacion al acusador, sea este un particular o el propio Estado? Por que las practicas inquisitoriales permanecen, aun, siendo aplicadas en los procedimientos de imputacion criminal? Con que garantias cuentan los derechos a la inviolabilidad del domicilio, la privacidad y la intimidad en los procedimientos policiales? Por que suele tener lugar una excesiva demora en la imputacion y punicion de los sujetos que violan los derechos consagra-dos en texto constitucional? Aqui es de fundamental importancia aseverar que la gestion de una politica criminal realmente adecuada deberia tomar como parametro basico inicial la propia Constitucion Federal y a partir de ella organizar todo el sistema criminal, o sea, el conjunto de los subsistemas de control social: el Juicio Criminal, el Ministerio Publico, la Defensa Publica, el Abogado criminal, el subsistema carcelario, la policia y la propia legislacion penal. A pesar de considerar la influencia de esos factores revisionistas en el modo de encarar la expansion del fenomeno criminal, un programa racional de control de la criminalidad y de la violencia como accion de una politica de seguridad publica no puede ser llevado a termino sin que el poder publico adopte como premisas: a) la diferencia de la coyuntura actual en relacion la de decadas anteriores; b) la dificultad de conciliacion de las demandas de mas respeto a los derechos humanos y la demanda de mas represion policial; c) la inutilidad, hoy, a efectos de contencion de la criminalidad, de la distincion entre personas peligrosas y no-peligrosas; d) la necesidad, a corto plazo, de reformulacion del sistema criminal (incluso la legislacion) para que el mismo no deje de fuera de su alcance los criminosos de clases mas favorecidas y de las elites; e) el prejuicio causado al buen entendimiento de la cuestion por las rotulaciones ideologicas y por el aprovechamiento politico-electoral del tema; f) la inevitable ampliacion efectiva de derechos civiles a