La sancion administrativa, por su parte, suele llevar aparejada la obligacion de restituir la situacion medioambiental alterada por el infractor a su estado originario o, si esto no es posible, de indemnizar los danos y perjuicios (LOZANO CUTANDA, 2002). Por otro lado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ha incorporado a la legislacion el principio conocido como non bis in idem, que fue reconocido desde sus primeras Sentencias por el Tribunal Constitucional (en concreto en el FJ 4o de la STC 2/1981, de 30 de enero), y que supone que no puede imponerse dos sanciones administrativas o una administrativa y otra penal - simultaneamente por unos mismos hechos, realizados por el mismo sujeto y con identidad de fundamentos. El problema es de vital importancia, ya que ante una conducta susceptible de constituir una infraccion penal o administrativa, el unico criterio que establece el Codigo Penal (Ley Organica 10/1995, de 23 de noviembre) para marcar la frontera entre la infraccion penal y la administrativa es el de la gravedad y es este un concepto juridico indeterminado cuya indeterminacion ofrece un margen muy amplio, por lo que genera ambiguedad, y por tanto inseguridad juridica. Pudiendo darse el caso que la Administracion no paralizase un expediente sancionador, aun concurriendo las circunstancias de gravedad previstas en la legislacion penal (LOZANO CUTANDA, 2003). El Tribunal Constitucional en el FJ 5o de la STC 177/1999, de 11 de octubre, afirmo que desde el momento en que se ha impuesto una sancion administrativa firme, la aplicacion del principio non bis in idem impide la sancion penal de los mismos hechos. De prosperar la tesis sostenida en dicha Sentencia, nos encontraremos con la imposibilidad de los Tribunales de ejercer su funcion constitucional de impartir justicia en todos aquellos casos en que la Administracion no se inhiba de sancionar conductas administrativas que igualmente son merecedoras de ser perseguidas y castigadas penalmente (TRABADO ALVAREZ, 2001). Ademas, la jurisdiccion penal no se ve en modo alguno condicionada por la calificacion o sancion previa que de la conducta haya realizado la Administracion, ya que los Juzgados o Tribunales disponen de mecanismos para tener en cuenta, la previa sancion administrativa, por ejemplo, la conmutacion de la sancion administrativa o la deduccion de la pena impuesta de las cantidades ya abonadas como sancion administrativa (LOZANO CUTANDA, 2002). Por suerte, el Tribunal Constitucional cambio de parecer en la STC 152/2001, de 2 de julio, en la que inadmitio la demanda de amparo por conculcacion del principio non bis in idem en un caso similar aunque referido al ambito de la circulacion vial. Como conclusion, pensamos que la utilizacion por parte de la Administracion de las medidas represivas, han de suponer una aportacion solo excepcional al establecimiento de una eficaz disciplina medioambiental. Si el incumplimiento es generalizado, lo que desgraciadamente suele ser el caso, y si la propia Administracion esta convencida de la prevalencia sobre los intereses medioambientales de los economicos o de los de otro orden, la represion carece de sentido (MARTIN MATEO, 1991).