publico.La situacion de contingencia vale hasta que el nivel de ingreso de recursos puedavolver a la normalidad.Enotros terminos, lo que queda bloqueado es la ejecucion del pago y no laposibilidad de alterar la programacion presupuestaria para los distintos rubros.Ademas, todos los creditos abiertos presentaron las respectivas fuentes,conforme determina la ley, por los propios organos solicitantes. Uno de ellosfue el propio Supremo Tribunal Federal.Elgobierno de la Presidente Dilma adopto todas las medidas concretas decontingencia de los gastos, incluso lo hizo en el propio mes de julio de 2015 dosveces. Por lo tanto, desde el punto de vista juridico, no hubo incumplimientode Ley presupuestaria.Elproblema es que, despues de mas de 15 anos, la Corte de Cuentas cambio su interpretacion.Segun este nuevo entendimiento, en caso de que la proyeccion fiscal puedaindicar una dificultad de cumplir la meta a fin de cada ano, el gobierno quedariaimpedido de promover cambios de la programacion por medio de creditosadicionales.Sinembargo y aunque sea impracticable el nuevo entendimiento de la Corte deCuentas, la publicacion de la decision fue en octubre de 2015, pero aplicable alos decretos editados en julio y agosto del mismo ano. Endefinitiva, hubo cambio jurisprudencial aplicable a hechos anteriores conviolacion directa al principio de la seguridad juridica y tambien a ladeterminacion literal de la ley de procedimientos administrativos federales(Ley 9.784/1999, articulo 2o, parrafo unico, numeral XIII) que prohibe laaplicacion retroactiva de nueva interpretacion de la ley.Sobreel retraso en el desembolso en el Plano Safra, no hubo una conducta concreta dela Presidente da Republica. No hay crimen sin conducta. Los actos de ejecucion deldicho programa no estaban a cargo de ella, tampoco el pago. El hecho de formarparte de las reuniones no configura capacidad juridica de transferirresponsabilidades de eventuales conductas ilegales. Se trata de un entendimientoelemental en el campo del derecho sancionatorio. Ademas, en razon de laimposicion explicita de la ley, la fiscalizacion del programa estaba a cargodel Banco Central de Brasil y no de la Presidente, de manera que ni siquiera deomision danosa se puede acusarla.Noobstante, el retraso de los desembolsos del gobierno para la institucionfinanciera no puede ser transfigurado en operacion de credito. El retraso es unincumplimiento de determinacion legal que sujeta a los infractores a losefectos legales propios (interes, multas, sanciones administrativas). No esposible, desde la perspectiva juridica, admitir la transformacion delincumplimiento de una obligacion legal en una relacion juridica bilateral deprestamo, que seria una nueva relacion de derecho.Frenteal cuadro de fragilidad juridica de la denuncia para proponer el impedimento dela Presidente electa por el voto directo de la poblacion brasilera, la peticionya deberia haber sido rechazada. Los elementos objetivos que imponen elreconocimiento de la falta de justa causa para seguimiento del proceso.Contodo, dos fases ya fueron superadas sin rechazo de la peticion de la denuncia,lo que nos preocupa sobremanera. Enel caso de concretarse el retiro de la Presidente del cargo con base en ladenuncia propuesta, dos principios seron peligrosamente violados en Brasil: elde la seguridad juridica y, fundamentalmente, el democratico. Y, seguramente,tendra consecuencias gravosas para el futuro del Pais y de la region.Elremedio para los malos gobiernos es el voto y no la articulacion de