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Una gran desaceleración está afectando al resto de la actividad económica y golpeando a las familias, a las empresas y al mercado laboral.
En concreto, como consecuencia de la crisis de los mercados financieros, los bancos están iniciando un proceso de desapalancamiento y adoptando una actitud mucho más reacia al riesgo que en años anteriores, lo que tendrá como consecuencia una contracción del crédito.
La presente crisis financiera podría provocar el racionamiento del crédito, la caída de la demanda y la recesión.
Tales dificultades pueden afectar no solo a empresas débiles con problemas de solvencia, sino también a empresas sólidas que pueden tener que enfrentarse a la escasez o, en el peor de los casos, a la falta de crédito.
Las pequeñas y medianas empresas («PYME»), que ya de por sí tienen más dificultades para acceder a la financiación que las grandes empresas, podrían verse especialmente afectadas.
Esta situación podría ir más allá del deterioro de la situación económica de muchas empresas sólidas y de sus empleados a corto y medio plazo y llegar a tener efectos negativos a largo plazo, ya que todas las inversiones futuras del EEE, y en particular las necesarias para lograr un crecimiento sostenible o las dirigidas a la consecución de otros objetivos de la Estrategia de Lisboa, podrían verse aplazadas o incluso suspendidas.
Necesidad de una estrecha coordinación en el EEE de las medidas de ayuda nacionales
En la actual situación de crisis financiera, los Estados de la AELC pueden caer en la tentación de actuar de forma individual y entrar en una carrera de subsidios para apoyar a sus respectivas empresas.
La experiencia demuestra que este tipo de acción individual puede no ser efectiva y perjudicar seriamente el funcionamiento del mercado interior.
A la hora de conceder ayudas que tengan plenamente en cuenta la específica situación económica en que nos encontramos, es fundamental garantizar unas reglas de juego equitativas para las empresas europeas y evitar que los Estados de la AELC se lancen a carreras de subsidios que no son sostenibles y que acaban perjudicando al EEE en su conjunto.
La política de competencia vela para que esto no ocurra.
La necesidad de introducir medidas temporales de ayuda estatal
Las medidas temporales adicionales previstas en las presentes Directrices persiguen dos objetivos: en primer lugar, y en respuesta a los problemas financieros excepcionales y transitorios provocados por la crisis bancaria, desbloquear el crédito bancario a las empresas y garantizar la continuidad de su acceso a la financiación.
A este respecto, las PYME son particularmente importantes para la economía global del EEE, y la mejora de su situación financiera tendrá también efectos positivos para las grandes empresas, apoyando así el crecimiento económico global y la modernización a largo plazo.
El segundo objetivo es animar a las empresas a seguir invirtiendo en el futuro y, en concreto, en un crecimiento sostenible de la economía.
Si, como consecuencia de la presente crisis, hubiera que perder o detener los notables avances en materia de protección del medio ambiente las consecuencias podrían ser muy graves.
Por esta razón, es necesario prestar un apoyo temporal a las empresas para que inviertan en proyectos medioambientales (que además pueden contribuir, entre otras cosas, a mejorar la posición tecnológica de la industria del EEE), combinando de esta forma la ayuda financiera urgente y necesaria con los beneficios a largo plazo para el EEE.
Las presentes Directrices recuerdan, en primer lugar, las muchas oportunidades de que disponen los Estados de la AELC en materia de ayudas estatales con arreglo a las normas sobre ayudas estatales existentes, y establece las medidas de ayuda estatal adicionales que los Estados de la AELC podrán conceder temporalmente con el fin de paliar las dificultades que tienen actualmente algunas empresas para acceder a la financiación y fomentar inversiones dirigidas a lograr objetivos medioambientales.
El Órgano de Vigilancia estima que los instrumentos de ayuda propuestos son los más adecuados para alcanzar los objetivos antes mencionados.
MEDIDAS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA
El Plan de recuperación fue adoptado en respuesta a la actual situación económica.
Dado el alcance de la crisis a la que nos enfrentamos, la Comunidad necesita un enfoque coordinado, de la envergadura y audacia necesarias para restablecer la confianza de empresas y consumidores.
Lo mismo cabe decir de la recuperación en los Estados de la AELC.
Los objetivos estratégicos del plan de recuperación son:
impulsar rápidamente la demanda y devolver la confianza a los consumidores,
reducir el costo humano de la desaceleración de la actividad económica y su impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad.
La crisis afectará a muchos trabajadores y a sus familias.
Se puede actuar para detener la pérdida de empleo y para ayudar a los que hayan perdido el trabajo a volver cuanto antes al mercado laboral sin verse abocados al paro de larga duración,
preparar a Europa para capitalizar la vuelta del crecimiento de modo que la economía europea esté a la altura de las demandas de competitividad, sostenibilidad y de las necesidades del futuro, como se subraya en la Estrategia de Lisboa.
Esto significa apoyar la innovación, establecer una economía del conocimiento y acelerar el paso a una economía baja en carbono y que utilice los recursos de forma óptima.
Para alcanzar estos objetivos, los Estados de la AELC ya disponen de una serie de instrumentos que no se consideran ayuda estatal.
Por ejemplo, algunas empresas pueden encontrar mayores dificultades que las demás para acceder a la financiación en la coyuntura actual, lo que puede retrasar o incluso poner en peligro la necesaria financiación para su crecimiento y para la realización de las inversiones previstas.
Para atajar este peligro, los Estados de la AELC pueden adoptar una serie de medidas de política general aplicables a todas las empresas de su territorio y que, por consiguiente, quedan fuera del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales, dirigidas a aliviar de forma temporal problemas de financiación a corto y medio plazo.
Así, podrían ampliarse los plazos de pagos a la seguridad social y otras cargas similares o incluso de impuestos y podrían introducirse medidas dirigidas a los trabajadores.
Si todas las empresas pueden acceder a tales medidas, estas no constituyen en principio ayuda estatal.
Los Estados de la AELC también pueden prestar apoyo financiero directamente a los consumidores, por ejemplo, para la renovación de productos obsoletos y/o para la adquisición de productos ecológicos.
Si este tipo de ayudas se conceden independientemente del origen del producto, no constituyen ayudas estatales.
Por otra parte, los programas generales de la Comunidad, como el programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013), establecido por la Decisión no 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [5] y el séptimo programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013), establecido por la Decisión no 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [6], pueden ser utilizados de forma óptima para prestar apoyo a las PYME, pero también a las grandes empresas.
AYUDA ESTATAL POSIBLE CON ARREGLO A LOS INSTRUMENTOS EXISTENTES
A lo largo de los últimos años, el Órgano de Vigilancia ha modernizado significativamente las normas sobre las ayudas estatales con el fin de ayudar a los Estados de la AELC a dirigir mejor la ayuda pública hacia objetivos sostenibles, contribuyendo de ese modo a la Estrategia de Lisboa.
En este contexto, se ha concedido especial atención a las PYME, cuyas posibilidades de acceso a las ayudas estatales han aumentado.
Por otro lado, las normas sobre ayudas estatales se han simplificado y perfeccionado notablemente en el Reglamento de exención por categorías [7] recientemente aprobado, en virtud del cual los Estados de la AELC disponen en la actualidad de una amplia gama de medidas de ayuda con una mínima carga administrativa.
En la actual situación económica, revisten particular importancia los instrumentos de ayuda estatal que se mencionan a continuación.
El Reglamento de minimis [8] adaptado al Acuerdo EEE establece que las medidas de ayuda de hasta 200000 EUR por empresa por un período de tres años no constituyen ayuda estatal a efectos del Acuerdo EEE.
El mismo Reglamento también dispone que las garantías de hasta 1,5 millones EUR no superan el límite máximo de minimis antes mencionado y, por lo tanto, no constituyen ayuda estatal.
Por consiguiente, los Estados de la AELC pueden conceder estas garantías sin calcular el equivalente de ayuda correspondiente y sin las consiguientes cargas administrativas.
El Reglamento de exención por categorías (RGEC) antes mencionado es un elemento central de las normas sobre ayudas estatales, ya que simplifica el procedimiento de las ayudas estatales para determinadas medidas de ayuda importantes y fomenta la reorientación de la ayuda estatal hacia objetivos prioritarios del EEE.
Todas las exenciones por categorías existentes se han concentrado, junto con las nuevas áreas (innovación, medio ambiente, investigación y desarrollo para grandes empresas y medidas de capital riego para las PYME), en un solo instrumento.
En todos los casos contemplados en el Reglamento de exención por categorías, los Estados de la AELC pueden conceder ayuda sin notificarlo previamente al Órgano de Vigilancia.
De esta forma, la celeridad del proceso depende únicamente de los Estados de la AELC.
El RGEC es particularmente importante para las PYME, ya que contempla normas especiales para las ayudas a la inversión y el empleo exclusivamente dirigidas a las PYME.
Además, estas últimas pueden acceder a las 26 medidas incluidas, lo que permite a los Estados de la AELC acompañar a las PYME durante las distintas fases de su desarrollo: acceso a la financiación, investigación y desarrollo, innovación, formación, empleo, medidas medioambientales, etc.
Las nuevas Directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente [9] estipulan que los Estados de la AELC podrán conceder ayudas estatales, entre otras:
ayuda a las empresas que superen las normas comunitarias o que incrementen el nivel de protección medioambiental en ausencia de normas comunitarias de hasta el 70 % de los costes de inversión adicionales (80 % en el ámbito de la ecoinnovación) para las pequeñas empresas y de hasta el 100 % cuando la ayuda a la inversión se conceda en un proceso de ofertas genuinamente competitivas, y ello incluso para las grandes empresas; también están permitidas ayudas para la adaptación anticipada a futuras normas comunitarias y ayudas para estudios medioambientales,
en el campo de las energías renovables y de la cogeneración, los Estados de la AELC podrán conceder ayuda operativa para cubrir los costes de producción adicionales,
para alcanzar objetivos medioambientales de ahorro energético y de reducción de los gases de efecto invernadero, los Estados de la AELC podrán conceder ayuda a las empresas para el ahorro de energía y a favor de fuentes de energía renovable y de cogeneración de hasta un 80 % de los costes de inversión adicionales para las pequeñas empresas y de hasta el 100 % cuando la ayuda a la inversión se conceda en un proceso de ofertas genuinamente competitivas.
El 7 de febrero de 2007, el Órgano de Vigilancia adoptó nuevas Directrices sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación.
Dicho texto incluye nuevas disposiciones sobre las ayudas a la innovación, especialmente dirigidas a las PYME y cuyo objetivo es también reorientar las ayudas hacia el crecimiento y el empleo, de acuerdo con la Estrategia de Lisboa.
En particular, los Estados de la AELC podrán conceder ayudas estatales, entre otras:
ayudas para proyectos de I + D de hasta el 100 % de los costes subvencionables en el caso de la investigación fundamental y de hasta el 80 % en el caso de la investigación industrial para las pequeñas empresas,
ayudas a empresas jóvenes e innovadoras de hasta 1 millón EUR, e incluso más, para las regiones asistidas, ayudas a agrupaciones de innovación y ayudas para servicios de innovación y asesoramiento y de apoyo a la innovación,
ayudas al préstamo de personal altamente cualificado, ayudas a la innovación en materia de procesos y organización en actividades de servicios y ayudas a las PYME para cubrir los costes de derechos de propiedad industrial.
La formación es otro elemento clave para la competitividad.
El mantenimiento de la inversión en formación es de una importancia crítica, incluso en momentos de aumento del desempleo, para el desarrollo de nuevas competencias.
Con arreglo al nuevo Reglamento de exención por categorías, los Estados de la AELC podrán conceder a las empresas ayudas a la formación tanto general como específica de hasta el 80 % de los costes subvencionables.
En 2008, el Órgano de Vigilancia adoptó unas nuevas Directrices sobre ayudas estatales otorgadas en forma de garantías, que especifican las condiciones que deben cumplir las ayudas en forma de garantías para los préstamos para que no se consideren ayuda estatal.
De acuerdo con estas Directrices, las garantías no se consideran ayuda estatal, en particular cuando se pagan a precio de mercado.
Además de clarificar las condiciones que permiten establecer la existencia de ayuda estatal en forma de garantías, las nuevas Directrices introducen también por primera vez primas refugio específicas para PYME, que permiten un uso más fácil y seguro de las garantías para favorecer la financiación de las PYME.
El 25 de octubre de 2006, el Órgano de Vigilancia adoptó unas nuevas Directrices sobre ayudas estatales para promover las inversiones en capital riesgo en las pequeñas y medianas empresas.
Estas Directrices están dirigidas a las PYME innovadoras y de rápido crecimiento, elemento clave de la Estrategia de Lisboa.
El Órgano de Vigilancia estableció un nuevo umbral de seguridad de 1,5 millones EUR por PYME destinataria, un aumento del 50 %.
Dentro de este umbral, el Órgano de Vigilancia acepta, por principio, que no existen medios alternativos de financiación en los mercados financieros (es decir, que existe una deficiencia del mercado).
Además, la ayuda al capital de riesgo se ha incluido en el Reglamento de exención por categorías.
En las regiones desfavorecidas, los Estados de la AELC pueden conceder ayudas a la inversión para la creación de nuevas empresas, la ampliación de una empresa existente o la diversificación de la gama de productos de acuerdo con las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2007-2013, aplicables desde enero de 2007.
Las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2007-2013 introducen también una nueva forma de ayuda en forma de incentivos para la creación de nuevas empresas y para el desarrollo de la fase inicial de pequeñas empresas en regiones asistidas.
Los Estados de la AELC también pueden conceder ayuda a empresas que necesiten apoyo público con arreglo a las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.
Para ello, los Estados de la AELC pueden notificar planes de ayuda para el salvamento o la reestructuración de PYME.
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 61, APARTADO 3, LETRA b)
Principios generales
El artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE estipula que el Órgano de Vigilancia declarará compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE las ayudas destinadas a «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado de la AELC».
Esta disposición es idéntica al artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE, en relación con el cual el Tribunal de Primera Instancia se pronunció en el sentido de que la perturbación en cuestión debe afectar al conjunto de la economía del Estado miembro en cuestión, y no únicamente a la economía de una región o de una parte de su territorio.
Ello se ajusta además a la necesidad de interpretar de forma estricta una excepción como la introducida en el artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE [10].
La Comisión ha aplicado de forma coherente esta estricta interpretación en su toma de decisiones [11].
El Órgano de Vigilancia ha adoptado también una estricta interpretación del artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE [12].
En este contexto, el Órgano de Vigilancia considera que, más allá del apoyo de emergencia al sistema financiero, la actual crisis mundial requiere medidas políticas excepcionales.
Todos los Estados de la AELC se verán afectados por esta crisis, si bien de distintas maneras y en distintos grados, y es probable que aumente el desempleo, disminuya la demanda y se deteriore la situación fiscal.
Ante la gravedad de la actual crisis financiera y a la luz de su impacto en el conjunto de la economía de los Estados de la AELC, la Comisión considera que algunas categorías de ayuda estatal están justificadas por un período limitado para solucionar estas dificultades y que pueden declararse compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE en aplicación de su artículo 61, apartado 3, letra b).
Por ello, los Estados de la AELC deben demostrar que las medidas de ayuda estatal así notificadas a la Comisión son necesarias, apropiadas y proporcionadas para poner remedio a una gran perturbación de la economía de un Estado miembro y que se respetan plenamente todas las condiciones.
Límite compatible del importe de la ayuda
Marco existente
El artículo 2 del Reglamento de minimis [13] adaptado al Acuerdo EEE declara que:
«Se considerará que las medidas de ayuda no reúnen todos los criterios del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE y, por consiguiente, estarán exentas de la obligación de notificar establecida en el artículo 2 de la parte II del protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, si cumplen las condiciones establecidas en los apartados 2 a 5 de este artículo.
La ayuda total de minimis concedida a una empresa determinada no será superior a 200000 EUR durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.
La ayuda total de minimis concedida a una empresa que opere en el sector del transporte por carretera no será superior a 100000 EUR durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.
Estos límites máximos se aplicarán sin tener en cuenta la forma de la ayuda de minimis o el objetivo perseguido, e independientemente de si la ayuda concedida por el Estado de la AELC es financiada entera o parcialmente con recursos de origen comunitario.
El período se determinará tomando como referencia los ejercicios fiscales utilizados por la empresa en el Estado de la AELC correspondiente.».
Nueva medida
La crisis financiera afecta no solo a las empresas estructuralmente frágiles, sino también a las empresas que deberán hacer frente a una repentina escasez o incluso falta de crédito.
La mejora de la situación financiera de estas empresas tendrá efectos positivos sobre el conjunto de la economía del EEE.
Por consiguiente, y teniendo en cuenta la actual situación económica, se juzga necesario autorizar temporalmente un importe limitado de ayuda que, no obstante, será objeto del campo de aplicación del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, dado que supera el umbral indicado en el Reglamento de minimis.