DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC N° 165/98/COL de 2 de julio de 1998 relativa a las ayudas estatales en forma de cotizaciones a la seguridad social diferenciadas por regiones (Noruega) (Ayuda n° 95-010)

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1) y, en particular, sus artículos 61 a 63 y su Protocolo 26

Visto el Acuerdo entre los países de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (2) y, en particular, su artículo 24 y el artículo 1 de su Protocolo 3,

Vistos los comentarios recibidos sobre su decisión de abrir el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción,

Considerando lo siguiente:

I. INTRODUCCIÓN

Mediante carta de 16 de junio de 1995 (referencia 95-3560-D), el Órgano solicitó a las autoridades noruegas que presentaran con todo detalle el sistema de cotizaciones a la seguridad social diferenciadas por regiones (3) pagadas por las empresas. La petición se realizó con el fin de examinar si determinados elementos de este sistema pudieran constituir ayudas con arreglo al apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE, y en caso afirmativo, examinar en qué medida podrían aplicarse las exenciones con arreglo al apartado 3 del artículo 61.

Las autoridades noruegas respondieron a la petición del Órgano mediante cartas de 5 (referencia 95-4968-A) y de 19 de septiembre de 1995 (referencia 95-5441-A). En el período hasta marzo de 1997 tuvieron lugar varias reuniones informales y técnicas entre los funcionarios del Órgano y las autoridades noruegas. Éstas presentaron, en el curso de dichas reuniones, mayor información pertinente para el examen del Órgano.

Tras examinar la información disponible, el 14 de mayo de 1997 el Órgano llegó a la conclusión (4) de que la aplicación de tipos más bajos en las zonas 2 a 5 del sistema noruego de cotizaciones a la seguridad social diferenciadas por regiones por parte de las empresas supuso un desembolso de ayudas estatales con arreglo al apartado 1 del artículo 61 y que no se justificaba una exención general. Al tratarse de un sistema de ayudas existente, el Órgano propuso por tanto en la misma decisión diversas «medidas adecuadas» para que el sistema de tipos diferenciados por regiones de las cotizaciones a la seguridad social de las empresas fuese compatible con el Acuerdo EEE.

Los Servicios de la Comisión, esto es, la Dirección General IV/G responsable de las ayudas estatales ha estado informada a lo largo del examen del Órgano, de acuerdo con la letra f) del Protocolo 27 del Acuerdo EEE. Por tanto, el Órgano, antes de la propuesta de las medidas adecuadas, también había recibido comentarios (5) a sus evaluaciones iniciales por parte de la Dirección General IV/G.

El Órgano solicitó al Gobierno noruego que manifestase su acuerdo respecto a la propuesta de medidas adecuadas, o que presentase sus observaciones en el plazo de dos meses tras la recepción de la decisión. Mediante carta de 11 de julio de 1997 (referencia 97-5170-A), el Gobierno noruego respondió que no podía estar de acuerdo con la propuesta del Órgano de medidas adecuadas. Las autoridades noruegas mantuvieron que las cotizaciones a la seguridad social diferenciadas por regiones formaban parte del sistema impositivo general, que está fuera del ámbito del apartado 1 del artículo 61. Tras recibir la respuesta de Noruega, el Órgano decidió iniciar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Refiriéndose al Asunto «Mezzogiorno» [Decisión 95/455/CE (6)], la Dirección General IV/G de la Comisión Europea acordó con el Órgano iniciar una investigación formal (referencia 97-7524-A).

La decisión del Órgano de iniciar el procedimiento de investigación formal fue adoptada el 19 de noviembre de 1997 (Decisión n° 246/97/COL). El Gobierno noruego fue informado mediante copia de la decisión en la misma fecha, en la que se le invitaba a presentar sus comentarios sobre la decisión.

El fondo de la decisión se publicó en forma de anuncio (7) en la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el Suplemento EEE de dicho Diario Oficial, informándose así a otros Estados de la AELC partes del Acuerdo EEE, a los Estados miembros de la UE y a otras partes interesadas, e invitándolas a presentar observaciones en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación.

Se informó a la Comisión Europea, con arreglo al Protocolo 27 del Acuerdo EEE, por medio de una copia de la decisión.

Las autoridades noruegas respondieron a la decisión del Órgano de abrir el procedimiento de investigación mediante carta de 23 de enero de 1998 (referencia 98-696-A), explicando por qué consideraban que el sistema no constituía una ayuda estatal con arreglo al apartado 1 del artículo 61; véase la sección III.2 a continuación.

El Órgano recibió comentarios de la Comisión Europea respecto a su decisión de iniciar el procedimiento de investigación, mediante carta de 5 de marzo de 1998 (8) en la que se expresaba, entre otras cosas, que la Comisión:

- considera que el sistema constituye una ayuda de explotación a efectos regionales a empresas situadas en las zonas fiscales 2 a 5,

- afirma que el sistema noruego ha de evaluarse sobre la base de las normas pertinentes sobre ayudas estatales, y en especial sobre la base de las normas relativas a las ayudas de explotación, para compensar los costes adicionales de transporte de que se benefician las empresas situadas en las zonas de baja densidad de población,

- está plenamente de acuerdo con la interpretación realizada por el Órgano de estas normas,

- comparte la evaluación del Órgano de que el sistema noruego en su forma actual es parcialmente incompatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE, y

- apoya firmemente la propuesta del Órgano sobre medidas adecuadas de 14 de mayo de 1997.

En la misma carta, la Comisión Europea llamó la atención del Órgano respecto de su decisión de 30 de julio de 1997 de proponer medidas adecuadas con arreglo al apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE respecto a un sistema de ayuda sueco similar (Ayuda estatal E 8/96 - Sistema de seguridad social diferenciado por regiones).

El Gobierno noruego fue informado acerca de los comentarios de la Comisión Europea mediante carta de 6 de marzo de 1998 (referencia 98-1433-D). Las observaciones de Noruega respecto a la carta de la Comisión Europea se recibieron mediante carta de 20 de abril de 1998 (referencia 98-2560-A).

Las autoridades noruegas respondieron que mantenían su opinión tal como la habían presentado en cartas anteriores, y que el sistema de seguridad social sueco diferenciado tenía ciertas características que no correspondían al sistema noruego.

II. HECHOS

1. Generalidades

A continuación se presentan algunos elementos generales del sistema de seguridad social noruego y del sistema de cotizaciones empresariales diferenciadas por regiones. En la decisión del Órgano de 19 de noviembre de 1997 de abrir el procedimiento de investigación, figura una descripción más detallada de los antecedentes. Dicha decisión también contiene una visión más detallada de los efectos económicos del sistema y de las desventajas regionales que pueden justificar la ayuda al transporte regional.

2. El sistema nacional de seguridad social noruego (Folketrygden)

El seguro obligatorio se aplica a todas las personas que residan o trabajen en Noruega, con arreglo a la Ley Nacional de Seguros de 17 de junio de 1966. Las personas cubiertas por el sistema tienen derecho a una amplia gama de beneficios relativos, entre otros, a pensiones, rehabilitación, cuidados médicos, compensación salarial y pagos en efectivo en caso de desempleo.

Las cotizaciones a la seguridad social se cargan a empresas y trabajadores y se calculan en función de los salarios brutos. Las fuentes tradicionales de financiación del sistema nacional de seguros resultan ahora insuficientes por diversos motivos, requiriendo financiación adicional del Estado. El sistema nacional de seguros se ha desarrollado gradualmente por tanto, desde un sistema de seguros más tradicional, hasta formar parte de las finanzas del gobierno central. No existe asignación de ingresos, y tanto las partidas de ingresos como de gastos están plenamente integradas en el presupuesto fiscal.

Las cotizaciones a la seguridad social pagadas por las empresas son, después del impuesto sobre el valor añadido, la fuente más importante de ingresos del gobierno central. En 1995, los ingresos fiscales derivados de las cotizaciones empresariales a la seguridad social se estimaron en el 11 % de los ingresos globales del presupuesto fiscal. Los porcentajes respectivos de cotización a la seguridad social son, junto con otros impuestos y derechos, decididos por el Parlamento noruego como parte del presupuesto fiscal.

Los impuestos se calculan sobre la base del salario bruto individual del trabajador. Los tipos fiscales varían entre el 0 y el 14,1 %, dependiendo de la zona fiscal donde resida el trabajador. Las diferencias de los tipos impositivos entre las diferentes zonas fiscales no afectan en modo alguno a la adquisición de derechos individuales en el sistema nacional de seguros.

El sistema de tipos impositivos diferenciados por regiones fue introducido en 1975 (9) por razones de política regional. El país estaba entonces dividido en tres zonas fiscales. Tres tipos fiscales de, respectivamente 17, 16 y 14 por ciento sustituyeron al anterior tipo único del 16,7 %. Con el tiempo, se introdujeron ajustes al sistema, que afectaron tanto al alcance geográfico como a los niveles impositivos en función de la zona. En el cuadro inferior figuran los tipos aplicables a partir del 1 de enero de 1995 y la cuota de población en función de las zonas fiscales. El tipo medio sería el 12,6 %.

>SITIO PARA UN CUADRO>

El alcance geográfico de las zonas fiscales se revisó por última vez en 1988. Desde entonces sólo se han realizado pequeños ajustes al sistema.

Los principales rasgos del sistema diferenciado de cotización a la seguridad social de las empresas son los siguientes, según descripción de las autoridades noruegas (10):

- los tipos están relacionados con la residencia permanente registrada (municipio) (11) de cada empleado, y no con la ubicación de la empresa,

- el sistema se aplica automáticamente sobre la base de criterios objetivos y no está limitado en el tiempo,

- el sistema es independiente con respecto a la industria, el tamaño de la empresa, la ocupación o actividad económica, la propiedad, etc.,

- el sistema se aplica a todos los empleados de los sectores público y privado, excepto en el gobierno central, que ha de pagar el tipo máximo independientemente de donde residan sus empleados,

- el sistema se aplica a los empleados extranjeros residentes en Noruega, si están cubiertos por el sistema nacional de seguridad social,

- las cotizaciones empresariales a la seguridad social son independientes de la nacionalidad de la empresa.

3. Zonas fiscales 2 a 5 - Situación demográfica

Las regiones correspondientes al nivel III NUTS (condados) con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado pueden acceder a la ayuda de transporte regional con arreglo a la sección 28.2.3 de las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales, adoptadas y expedidas por el Órgano el 19 de enero de 1994 (12) y modificadas el 20 de julio de 1994 (Orientaciones sobre ayudas estatales).

Nueve condados (13), con un 31 % de la población noruega tienen una baja densidad de población, esto es, menos de 12,5 habitantes por km². La delimitación de las zonas fiscales 2 a 5 no sigue las fronteras de los condados. Algunos condados están en su totalidad dentro de las zonas fiscales 2 a 5, mientras que otros condados únicamente tienen parte de su territorio en dichas zonas. Todos los condados o partes de condados cubiertos por las zonas fiscales 2 a 5 tienen una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por km². Las zonas fiscales 2 a 5 cuentan con el 27 % de la población total, mientras que el área cubierta por las zonas asistidas susceptibles de recibir ayuda de inversión regional cuentan con el 26 % de la población. Estas áreas y las zonas fiscales 2 a 5 se solapan en gran medida.

4. Efectos económicos de los tipos impositivos más bajos en las zonas 2 a 5

Volumen y distribución sectorial de los beneficios financieros

El Órgano ha encargado un estudio (14) sobre los efectos económicos del sistema a un consultor independiente. El consultor estimó los beneficios derivados de los tipos fiscales diferenciados por sector industrial, tamaño de la empresa, zona fiscal y región. Los beneficios se estimaron con referencia a la diferencia entre los ingresos estimados que se habrían obtenido si se hubiese aplicado de forma generalizada el tipo impositivo más alto (de la zona fiscal 1) (15) y los ingresos reales derivados de las cotizaciones empresariales a la seguridad social de las empresas de las zonas fiscales 2 a 5.

Los beneficios totales se estimaron en 4 473 millones de coronas noruegas en 1994 (véase el cuadro 2). De dicho importe, 3 102 millones, o cerca del 70 % del importe total, podría atribuirse al norte de Noruega (zonas fiscales 4-5). 1 519 millones de coronas noruegas, correspondiente a cerca de un tercio de los beneficios totales, podría atribuirse al sector público (municipios y condados), mientras que a los sectores industriales correspondería un 17 % del importe total.

>SITIO PARA UN CUADRO>

Cerca del 23 % del sector de transformación noruego (16) con una facturación global de 79 000 millones de en 1994 estaba situado en las zonas fiscales 2 a 5. La ventaja fiscal que favorece al sector industrial en la misma zona se ha estimado en 767,9 millones del coronas noruegas, lo que corresponde aproximadamente al 1 % de la facturación. De dicho importe, el 16 %, es decir, 124,9 millones del coronas noruegas, pueden atribuirse a grandes empresas de más de 250 empleados. El estudio también ha mostrado que el sector de servicios, como el transporte y los servicios financieros, gozan de tipos más bajos en las zonas 2 a 5.

Distribución regional

Tal como se ha explicado anteriormente, las cotizaciones empresariales a la seguridad social se calculan como un porcentaje del salario bruto de cada empleado. El tipo realmente aplicado depende de dónde resida el empleado. Dado que la mayoría de los empleados trabajan cerca del lugar de su residencia, las cotizaciones empresariales a la seguridad social en una zona fiscal determinada suelen calcularse sobre los ingresos de los empleados que residen en dicha zona. Esta observación se ve confirmada por el cuadro 3. Las cifras intrarregionales, que se presentan en diagonal y en negrita en el cuadro 3, muestran que la mayor parte de los ingresos fiscales pueden asociarse con los empleados que residen en la misma zona fiscal de su lugar de trabajo (por supuesto, esto no se observa en el caso de la zona fiscal 5, donde el tipo es cero y no se recauda ingreso alguno).

>SITIO PARA UN CUADRO>

Efectos en la formación del salario

El efecto inmediato de la reducción de las cotizaciones empresariales a la seguridad social será una reducción de los costes salariales total de las empresas. Por otra parte, si dicha reducción redunda en un aumento de los salarios, parte de los beneficios pasarán a los asalariados (efecto de arrastre). La posible existencia de efectos de arrastre supone que los beneficios netos para las empresas pueden ser menores que la pérdida de ingresos fiscales asociada a los tipos más bajos de las zonas 2 a 5.

El consultor del Órgano examinó la existencia y magnitud de los posibles efectos de arrastre. Las autoridades noruegas encargaron un estudio distinto (17) sobre el mismo tema.

Las autoridades noruegas hacen referencia en su carta de 23 de enero de 1998 a un estudio más reciente (18), donde se estima que el porcentaje de cambios en los impuestos sobre la nómina pasados a los salarios puede estar en el tramo de entre 60 y 100 %.

Las conclusiones de los estudios mencionados son, en resumen, las siguientes:

- no existen estudios empíricos que proporcionen respuestas exactas a cómo se ve influido el proceso de formación de salarios por los cambios en el nivel de los impuestos sobre la nómina. Los estudios empíricos basados en los datos nacionales contienen estimaciones de efectos de arrastre que van desde el 20 hasta el 100 %,

- Todos los estudios empíricos basados en datos nacionales indican que las reducciones de las cotizaciones empresariales a la seguridad social redundan en un menor coste salarial para las empresas también se ven influidos a más largo plazo, pero en menor grado. En otras palabras, la mayoría de los estudios señalan que, a largo plazo, los beneficios económicos de unos impuestos sobre la nómina menores se trasladan en cierta medida a los asalariados en forma de salarios más elevados,

- ciertos estudios basados en datos regionales señalan que los efectos de arrastre debidos a una reducción regional de los impuestos sobre la nómina pueden ser más limitados que una reducción general, implicando que es probable que pase a los empleados una parte menor de los beneficios cuando se introduce una reducción de los impuestos sobre la nómina sólo en determinadas regiones.

5. Costes adicionales de transporte

Además de la baja densidad de población, existen desventajas regionales específicas de los países nórdicos, «especialmente los costes suplementarios para las empresas ocasionados por las largas distancias y las severas condiciones climáticas» (19). En estas condiciones, las Orientaciones sobre ayudas estatales prevén que la ayuda de explotación destinada a «compensar parcialmente el coste adicional del transporte» (20) puede justificarse con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 61 siempre que se cumplan determinadas condiciones establecidas en la sección 28.2.3.2 de las Orientaciones sobre ayudas estatales.

Los Servicios del Órgano, en cooperación con las autoridades noruegas, han examinado la posibilidad de determinar costes adicionales de transporte basados en los datos estadísticos existentes. Los cálculos respectivos basados en las estadísticas existentes mostraban invariablemente que la suma de los costes adicionales de transporte estimados para cada zona fiscal excedían en un buen margen los beneficios debidos a los tipos impositivos más bajos.

Además, las autoridades noruegas encargaron un estudio especial sobre las relaciones entre los costes adicionales de transporte y las cotizaciones a la seguridad social más bajas en las zonas fiscales 2 a 5 para las empresas de exportación e importación competidoras en los sectores industrial y minero.

El estudio cubrió una muestra representativa de treinta y seis empresas, que reflejaba la situación de la actividad del sector industrial en las zonas fiscales 2 a 5 escogida de una población total de ciento ochenta empresas con más de cincuenta empleados. El estudio cubrió productos noruegos típicamente destinados a la exportación, tales como metales (incluido el aluminio y las ferroaleaciones), madera y productos de la madera, muebles, textiles, productos plásticos, equipos y productos de metal fabricados, productos de pescado elaborados, y productos mineros y de extracción, mientras que no se contemplaron la producción de acero ni la construcción naval.

El estudio mostró que en términos globales, los costes adicionales de transporte excedían con mucho los beneficios estimados de las empresas con una menor cotización a la seguridad social. Para cada empresa individual cubierta por el estudio, los costes adicionales de transporte excedieron el beneficio estimado. Los beneficios estimados de los tipos impositivos más bajos se calcularon según el método aplicado por el consultor del Órgano. El impacto de posibles efectos de arrastre no se tuvo en cuenta en los cálculos.

III. EVALUACIÓN

1. Aplicabilidad del apartado 1 del artículo 61

El apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE establece lo siguiente:

«Salvo que el presente Acuerdo disponga otra cosa, serán incompatibles con el funcionamiento del presente Acuerdo, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre las Partes contratantes, las ayudas otorgadas por los Estados miembros de la CE, por los Estados de la AELC o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones.».

La primera cuestión que debe evaluarse es si las cotizaciones empresariales reducidas a la seguridad social se considerarán ayudas estatales que favorezcan a determinadas empresas o a la producción de determinados bienes. El concepto de ayuda es muy amplio, según deriva del apartado 1 del artículo 61 («bajo cualquier forma»). También deriva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que el concepto abarca tanto las decisiones que otorgan recursos a las empresas u otras personas como las que les otorgan ventajas (21). Otras sentencias del Tribunal de Justicia (22), y las prácticas administrativas de la Comisión Europea (23), permiten llegar a la firme conclusión de que el concepto de ayuda utilizado en el apartado 1 del artículo 61 no se limita a las cotizaciones en forma de transferencia de recursos tangibles, sino que abarca la desgravación o exención de cargas impuestas por el Estado en general, incluidos los sistemas de seguro de enfermedad o las cotizaciones a la seguridad social (24), sin que se exija nada a cambio.

El efecto del sistema de tipos impositivos más bajos en las zonas fiscales 2 a 5 es que determinadas empresas, capaces de beneficiarse de dichos tipos se ven exentas de una carga fiscal en comparación con las empresas que no pueden hacer esto. La medida en cuestión resulta de la legislación estatal (Lov om folketrygd) y de decisiones anuales del Storting que fija los tipos de cotización cada año.

De esta forma, al proporcionar a través del presupuesto estatal un beneficio a determinadas empresas, una medida como la que se está considerando puede estimarse que constituye ayuda estatal siempre que los tipos más bajos no se justifiquen por la naturaleza y plan general del sistema (25). La medida podría considerarse justificada si, por ejemplo, los tipos más bajos hubieran estado vinculados a los derechos acumulados. De hecho, el Órgano ha observado que los tipos más bajos no afectan a los derechos adquiridos en virtud del sistema nacional de seguro.

Puede alegarse que las cotizaciones reducidas a la seguridad social pueden afectar al proceso de formación del salario y que las empresas en cuestión no reciben todos los beneficios de las medidas en cuestión. En este punto, el Órgano ha señalado que los tipos reducidos constituyen obviamente un beneficio. Los estudios sobre los efectos de arrastre mencionados en la parte II de esta decisión confirman que este beneficio da lugar a costes salariales más reducidos. Así pues, la observación de que con el tiempo los beneficios pueden compartirse en cierta medida con los empleados no altera el hecho de que las empresas gozan de un beneficio con arreglo al apartado 1 del artículo 61.

El apartado 1 del artículo 61 prohibe medidas que favorecen a determinadas empresas o a la producción de determinados productos. El principal criterio para distinguir una medida que constituye ayuda estatales a efectos del apartado 1 del artículo 61 de una medida económica general no cubierta por la prohibición es, en otras palabras, si la medida es o no selectiva por naturaleza. El órgano considera que el criterio de selectividad se cumple, por ejemplo, cuando el efecto de la medida es favorecer a empresas situadas en determinadas regiones, frente a la mayoría de las empresas de otras regiones que no pueden beneficiarse de dicha medida.

La disposición de que los tipos impositivos más bajos dependen del lugar de residencia del empleado y no técnicamente de la ubicación de la empresa, debe examinarse a la luz de sus efectos. El Órgano ha hallado, en referencia con el tamaño y las circunstancias topográficas y geográficas de la zona cubierta por las zonas fiscales 2 a 5, que existe un alto grado de correlación entre la zona de ubicación de la empresa y la zona donde reside su mano de obra (véase el cuadro 3). Por tanto, el efecto del sistema es favorecer a empresas específicas, especialmente empresas situadas por lo general de forma que gran parte de su mano de obra reside en municipios asignados a las zonas fiscales 2 a 5. Las empresas que pueden beneficiarse de los tipos más bajos son típicamente empresas situadas en municipios correspondientes a las zonas fiscales 2 a 5, mientras que las empresas situadas en la zona fiscal 1, normalmente no pueden beneficiarse, o en caso afirmativo, de forma muy reducida (véase el cuadro 3).

La prohibición del apartado 1 del artículo 61 se extiende a medidas que distorsionan o amenazan con distorsionar la competencia siempre que afecten al comercio entre Partes contratantes.

Las empresas que se benefician de unos tipos de cotización a la seguridad social más reducidos experimentan una ventaja competitiva al verse liberadas de parte de su carga fiscal a través de medidas estatales que contribuyen directamente a la reducción de sus costes salariales y de producción, y de esta forma, a la distorsión de la competencia.

Los tipos más bajos en las zonas 2 a 5 se aplican a todas las empresas que emplean personas que residen en estas zonas, incluidas las empresas de dichas zonas expuestas a competencia del EEE, por ejemplo, empresas dedicadas a actividades de exportación y empresas nacionales que sufren la competencia de productores extranjeros de bienes y servicios del EEE. Hay que señalar, en particular, que las empresas (26) que se benefician de los tipos más bajos en las zonas 2 a 5 están en competencia con productores de la zona fiscal 1 o productores de otros países del EEE, por ejemplo, productores de aluminio, ferroaleaciones, acero y astilleros, por mencionar algunos, situados en las zonas fiscales 2 a 5 o cercanos a ellas, y se benefician de costes laborales más bajos que en otros casos, debido a los tipos impositivos más bajos de las zonas 2 a 5. En comparación con una situación en que estos tipos más bajos no fueran aplicables, la ayuda refuerza la posición de dichas empresas frente a otras empresas que compitan dentro del EEE, afectando así a estas últimas. Se hace aquí referencia a la sentencia del Tribunal en el asunto 730/79, Philip Morris contra Comisión (27). Por tanto, la ayuda en cuestión supuso distorsiones o amenazas de distorsión de la competencia dentro del EEE.

Según la «Sentencia pensión familiar» (28), basta con mostrar que las empresas o productos beneficiarios de la ayuda compiten con otras empresas o productos de otros Estados del EEE, para concluir que el comercio entre Partes contratantes se ve afectado en el sentido del apartado 1 del artículo 61. Como ya se ha mencionado anteriormente, así sucede en este caso. El hecho de que los tipos más bajos también se apliquen a las actividades económicas protegidas de la competencia internacional no elimina este efecto. Además, el Órgano no ha puesto objeciones a la aplicación de tipos más bajos a dichas actividades.

En vista de todo lo anterior, el Órgano deben concluir que el sistema de diferenciación por regiones de las cotizaciones empresariales a la seguridad social en Noruega supone una ayuda estatales que, según el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE es incompatible con el funcionamiento del Acuerdo.

2. Respuesta del Gobierno noruego

En su respuesta (29) a la decisión del Órgano de iniciar una investigación formal, las autoridades noruegas mantienen que el sistema fiscal diferenciado por regiones no entra en el ámbito del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

Su descripción del sistema de cotizaciones empresariales a la seguirdad social diferenciado por regiones coincide con la breve descripción del sistema nacional noruego de seguridad social (Folketrygden) que figura en la parte II de esta decisión. Además, las autoridades señalan que las cotizaciones a la seguridad social también se gravan con diferentes tipos a los empleados, los trabajadores autónomos y los pensionistas entre otros. Además, en la respuesta se manifiesta que si el tipo más alto (el de la zona 1) para las cotizaciones empresariales se hubiera aplicado en general a todo el país, los ingresos estatales para 1994 se habrían incrementado en cerca de 4 500 millones de coronas noruegas.

Las autoridades noruegas apoyan sus observaciones en diversas razones y argumentos que el Órgano ha resumido y enumerado como letras a) a h), que se presentan y comentan a continuación.

a) Las autoridades noruegas mantienen que las cotizaciones empresariales a la seguridad social diferenciadas forman parte del sistema general de impuestos y transferencias de Noruega y que el plan es una medida fiscal general que queda al margen del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE, y también al margen del Acuerdo, dado que éste no cubre la imposición como tal.

ad a) El Órgano está de acuerdo en que el Acuerdo EEE no contiene disposiciones relativas a la armonización de los sistemas fiscales de las Partes contratantes. No obstante, está claro que las Partes contratantes no podrán aplicar medidas fiscales que violen el Acuerdo, incumpliendo las normas sobre ayudas estatales u otras normas. El artículo 14 del Acuerdo EEE prevé un ejemplo explícito a este respecto. Se hace referencia al apartado 9 de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el Asunto 57/86 Grecia contra Comisión, donde el Tribunal mantuvo que el ejercicio por los Estados miembros de sus poderes en el ámbito monetario no les permite adoptar unilateralmente medidas prohibidas por el Tratado.

b) Las autoridades noruegas afirman que uno de los principales objetivos de la política fiscal y de transferencias noruega es crear niveles de vida más igualados independientemente del lugar de residencia. Las cotizaciones diferenciadas a la seguridad social son una de las diversas medidas para lograr este objetivo. En este contexto, se hace referencia a un amplio sistema de transferencias del gobierno central a los municipios, y a los reducidos tipos de los impuestos personales en las zonas más septentrionales del país. Se mantiene que dichas medidas y las cotizaciones empresariales diferenciadas a la seguridad social tienen varias características comunes a largo plazo, entre otras en el sentido de que sus efectos se ven modulados por la economía de mercado, influyendo en el comportamiento de los participantes en el mercado y de esta forma, en la formación de los salarios. Se ha manifestado que una reducción de los impuestos sobre las rentas personales inicialmente incrementará los ingresos de los empleados, pero a largo plazo dichas ganancias se compartirán con las empresas a través del proceso de formación del salario. Asimismo, las cotizaciones empresariales reducidas a la seguridad social en un principio incrementarán los beneficios de las empresas, pero a largo plazo el beneficio será compartido con los asalariados por vía del incremento salarial. Se hace referencia a un estudio reciente (30) que indica que considerables partes de las reducciones de las cotizaciones a la seguridad social pasan a los empleados mediante un aumento salarial (efecto de arrastre). Se llega a la conclusión de que similitudes funcionales entre diversos aspectos del sistema fiscal y de transferencia subrayan la necesidad de considerar el sistema diferenciado de seguridad social como parte del sistema fiscal y de transferencias total destinado a alcanzar los objetivos mencionados.

ad b) El órgano no niega que el sistema de tipos de cotización a la seguridad social diferenciados por regiones pueda percibirse como parte del sistema fiscal y de transferencias noruego y que su objetivo es crear niveles de vida más igualados. No obstante, el hecho de que la diferenciación por regiones pueda considerarse de esta forma no altera el hecho de que la diferenciación por regiones de las cotizaciones empresariales a la seguridad social constituye un sistema fiscal específico por el cual las empresas contribuyen a la financiación del sistema de seguridad social, y en que los tipos impositivos más bajos favorecen a determinadas empresas, tal como se ha explicado en la anterior sección III.1, y distorsionan la competencia y el comercio. El hecho de que las disposiciones fiscales diferenciadas por regiones formen parte del sistema general no elimina la distorsión de la competencia causada por la diferenciación por regiones. Así pues, el argumento presentado no es relevante. Claramente, si este argumento fuera relevante y se le diera una importancia decisiva, casi cualquier medida fiscal escaparía al criterio de selectividad incluido en el apartado 1 del artículo 61, puesto que la medida pertenecería normalmente a un sistema fiscal general. La supuesta naturaleza fiscal del sistema no puede bastar para excluirlo de la aplicación del artículo 61 del Acuerdo EEE (31). El hecho de que uno de los objetivos del sistema fiscal general en Noruega sea mejorar la igualdad de las rentas no modifica la conclusión de que el sistema incluye ayuda de Estado [véase la letra ad c) infra]. Respecto a los efectos de arrastre, el Órgano opina que es razonable asumir que determinadas partes de una reducción de las cotizaciones empresariales a la seguridad social se trasladen a los asalariados en forma de salarios más altos. Ello no modifica no obstante el hecho de que la empresa que goza de los tipos más bajos experimente una ventaja en los costes y por tanto, una ventaja competitiva en comparación con quienes no gozan de dichos tipos reducidos.

c) Las autoridades noruegas aceptan que determinadas normas fiscales pueden estar en conflicto con las disposiciones sobre ayudas estatales, si bien la política fiscal general no pertenece al ámbito del Acuerdo EEE. Se hace referencia a la «Sentencia pensión familiar» (32), donde el Tribunal de Justicia Europeo estableció que las cotizaciones reducidas a la seguridad social del sector textil italiano constituían excepciones a la aplicación normal del sistema general de la seguridad social, «sin que exista justificación alguna para esta excepción por razón de la naturaleza o plan general de este sistema». Según las autoridades noruegas, esta sentencia establece el principio de que la aplicación de los criterios depende de la evaluación del medio económico y de las circunstancias de cada caso, y que en este contexto, el objetivo de la medida es un factor que hay que tener en cuenta. Al formar parte del sistema fiscal noruego con los objetivos mencionados anteriormente entre otros, las autoridades noruegas afirman que «estas consideraciones no están en conflicto con las disposiciones sobre ayudas estatales del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE».

Dado que la diferenciación de las cargas de la seguridad social se basa en la residencia de los empleados y no en la ubicación de las empresas, las autoridades noruegas alegan que los empleados de las zonas donde se aplican tipos menores gozan de ventajas en el mercado de trabajo, que unidas a otras medidas fiscales y de transferencia, refuerzan el empleo regional y fomentan la igualdad salarial. El Gobierno noruego opina que cuando una medida fiscal tiene características y efectos de este tipo, no puede considerarse ayuda estatal con arreglo al Acuerdo EEE.

ad c) La opinión de las autoridades noruegas de que el objetivo de una determinada medida política, por ejemplo, reforzar el empleo regional y fomentar la igualdad salarial, sea un factor a tener en cuenta a la hora de aplicar el apartado 1 del artículo 61, no se adecua a la jurisprudencia establecida. El Tribunal de Justicia Europeo manifestó entre otras en la «Sentencia pensión familiar» que el artículo 92 del Tratado CE (correspondiente al artículo 61 del Acuerdo EEE) «no distingue entre las medidas de intervención estatal en cuestión en relación a sus causas u objetivos, pero las define en relación a sus efectos» (33). El argumento de las autoridades noruegas no es por tanto relevante en lo que respecta a la aplicación del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE, pero puede considerarse en el contexto de las excepciones basadas en el apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

d) Las autoridades noruegas afirman que el sistema de cotizaciones reducidas a la seguridad social se aplica automáticamente sobre la base de criterios objetivos de elegibilidad, como la residencia de los empleados, donde ninguna empresa se ve excluida del sistema. No existe límite de tiempo para la aplicación del sistema. Los tipos reducidos se aplican en relación a un gran número de personas, en 1995 unas 850 000 de un total de cerca de 3 200 000 empleados. Según las autoridades noruegas, estos factores subrayan el carácter general del sistema. Si bien se admite que las empresas tienden a localizarse en la misma zona donde residen sus empleados, la posibilidad de realizar desplazamientos diarios al trabajo y por tanto de que las empresas que se hallen en una zona donde se aplican tipos más elevados empleen a personas que residan en zonas donde se aplican tipos menores, se presenta como otro reflejo de la naturaleza general del sistema. Se sostiene que la diferenciación de este tipo no puede considerarse que favorezca a «determinadas empresas o a la producción de determinados bienes» tal como establece el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

ad d) El Órgano no discute las observaciones factuales de que el sistema funciona automáticamente basándose en criterios objetivos como la residencia de los empleados. No obstante, el hecho de que el sistema tenga asimismo determinados rasgos técnicos como estos, no altera la conclusión de que la diferenciación por regiones supone ayuda estatal. Los tipos impositivos más bajos de las zonas 2 a 5 suponen que determinadas empresas gozan de una ventaja fiscal por parte del Estado que distorsiona o amenaza con distorsionar la competencia entre empresas en la zona cubierta por el Acuerdo EEE. Los hechos alegados por Noruega no significan que haya desaparecido esta ventaja competitiva.

La disposición de que los tipos impositivos más bajos dependen del lugar de residencia del empleado debe examinarse con arreglo a sus efectos. El Órgano considera que la situación de facto está clara, a saber, que las empresas situadas en la zona 1 que emplean una gran parte de mano de obra noruega, tienen en principio muy pocas posibilidades de reducir sus costes salariales empleando a personas que residan permanentemente en las zonas 2 a 5.

En 1995, los tipos impositivos más bajos de las zonas 2 a 5 se aplicaron a unas 850 000 personas, es decir, al 26,5 % del total de los empleados, mientras que el tipo más elevado de la zona 1 se aplicó a una mayoría del 73,5 %. El Órgano considera que tal diferenciación no puede considerarse una medida general, esto es, que excluya la aplicación del apartado 1 del artículo 61.

La observación de que determinadas empresas de una zona donde se apliquen tipos elevados puedan emplear a personas residentes en zonas donde se apliquen tipos menores no altera el hecho de que los beneficiarios son, con mucho, las empresas situadas en las zonas fiscales 2 a 5 (véase el cuadro 3).

e) El Gobierno noruego señala que los tipos reducidos de cotización a la seguridad social de Noruega no pueden considerarse tipos que divergen de un tipo general, como sucede en la «Sentencia pensión familiar». La legislación no prevé un tipo estándar con excepciones para determinadas regiones, sino un sistema de cinco tipos con un tipo específico asignado a cada región. El Gobierno noruego también subraya que el sistema noruego objeto de estudio no se dirige directamente a las industrias de exportación u otras industrias expuestas a la competencia internacional. En este contexto, se menciona que la mayoría de las industrias de exportación de Noruega están ubicadas en zonas centrales, y que el tipo de dichas zonas (zona 1) se elevó con el fin de mantener los ingresos estatales cuando se introdujo por primera vez en 1975 la diferenciación por regiones. De nuevo, el Gobierno noruego mantiene que el impuesto sobre seguridad social de las empresas no puede considerarse como una ayuda dirigida a «determinadas empresas o a la producción de determinados productos».

ad e) El hecho de que el sistema se base en un plan con cinco tipos no altera el efecto de la diferenciación, a saber, que las empresas situadas en las zonas fiscales 2 a 5 están típicamente sujetas a cotizaciones más reducidas a la seguridad social que las empresas situadas en la zona 1. El argumento de que en las disposiciones del sistema no se define un tipo estándar no excluye la aplicabilidad del apartado 1 del artículo 61. De nuevo, son decisivos los efectos de la medida fiscal.

Las autoridades noruegas parecen alegar que la situación de la «Sentencia pensión familiar» no es comparable al asunto que nos ocupa. Se afirma que esto es así dado que la ayuda en dicha sentencia estaba, al contrario que en este caso, dirigida únicamente a empresas de exportación. De este modo, las autoridades noruegas parecen reconocer que los principios establecidos en la «Sentencia pensión familiar» sólo se aplicarían a los sistemas de ayudas estatales destinados a empresas de exportación. No obstante, no hay nada en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que apoye el parecer presentado por Noruega. Por el contrario, del apartado 19 de la sentencia se desprende que la ayuda afectaría al comercio y sería por tanto contraria al artículo 92 del Tratado CE, en la medida en que el sector textil italiano compite con los sectores textiles de otros Estados miembros y no sólo si las industrias textiles italianas exportaran su productos. De este modo, el artículo 92 del Tratado CE sería aplicable en dicho caso incluso si la industria italiana no exportase sus productos sino que únicamente hiciese frente a la competencia de los productos importados. Así, la afirmación del apartado 19 no da base a la declaración de las autoridades noruegas. Además, no existen otras afirmaciones en la sentencia que indiquen que los principios establecidos por el Tribunal en dicha sentencia tienen un alcance limitado, tal como sugiere Noruega. De esta forma, el asunto es relevante en este caso.

f) El Gobierno noruego también llama la atención sobre el hecho de que en la actualidad existen diversos sistemas impositivos diferenciados en países de la Unión Europea, y hace referencia a este respecto al sistema belga «Maribel quater», que fue aprobado por la Comisión.

ad f) La posible existencia de otros sistemas fiscales en los que, tras ser estudiados, se hallase que suponían ayudas estatales con arreglo al apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE no es una razón valida para que el Órgano deje de actuar en el presente caso.

La información (34) de que dispone el Órgano muestra que la Comisión Europea basó su aprobación del sistema belga «Maribel quater» en el descubrimiento de que las cotizaciones reducidas a la seguridad social para los trabajadores manuales, en las condiciones propuestas por el Gobierno belga no constituían ayuda estatales. La Comisión descubrió que los efectos del sistema no serían específicos en el sentido de que «Maribel quater» no favorecía a determinadas empresas o a la producción de determinados bienes. Se consideró que este sistema era una medida general aplicable a todas las empresas que emplearan trabajadores manuales.

g) Las autoridades noruegas también hacen referencia a lo que consideran una paradoja, esto es, que las diferencias entre las políticas económicas y en especial en los sistemas fiscales entre los países del EEE son aceptables, mientras que el Órgano, en el caso en cuestión, cuestiona la aceptabilidad de las diferencias fiscales dentro de un mismo país. Se alega que los impuestos relativos en Noruega tienen una importancia menor a la hora de evaluar la competencia entre empresas de diferentes países del EEE. En vez de esto, debería realizarse una comparación de los impuestos absolutos de empresas competidoras en el EEE, donde habría que considerar una amplia gama de impuestos sobre actividades empresariales. Sería necesario investigar si los tax wedges (reducción de cargas) para las empresas de las zonas fiscales 2 a 5 de Noruega son considerablemente más reducidos que para las empresas competidoras de otros países del EEE. Parece que las autoridades noruegas opinan que las variaciones regionales entre los impuestos en el mismo país, basadas en la autonomía fiscal de las autoridades regionales, está fuera del ámbito del artículo 61.

ad g) Estaría fuera del ámbito del Acuerdo EEE tratar de lograr una armonización de todos los factores que influyen en los costes de producción de las empresas en los diversos países del EEE. Tal como han reconocido las autoridades noruegas, esto también se refiere a los impuestos. Por tanto, debería estar claro que la comparación entre las cargas fiscales absolutas de las empresas competidoras, tal como sugirió Noruega, no procede al evaluar si se está otorgando una ayuda de Estado contraria al apartado 1 del artículo 61.

La cuestión de si las medidas resultantes de la autonomía fiscal regional de un país pertenecen o no al ámbito del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE debe evaluarse según las circunstancias de cada caso. En el caso que nos ocupa, no existen tales medidas, puesto que los tipos diferenciados se establecen en la legislación estatal.

h) Para que una medida pueda considerarse ayuda estatal con arreglo al apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE, debe afectar al comercio entre las Partes contratantes. El Gobierno noruego mantiene que el Órgano, en su decisión de iniciar un procedimiento de investigación formal, no explicó de qué forma se cumple esta condición en el caso en cuestión.

ad h) Tal como señaló el Órgano en su decisión de iniciar el procedimiento de investigación, Statistics Norway ha identificado unas ciento ochenta empresas competidoras de exportación e importación con más de cincuenta empleados sólo en el sector industrial (además del acero y la construcción naval), situadas en las zonas fiscales 2 a 5 y que se benefician de tipos fiscales más bajos. Además, Statistics Norway ha publicado información que muestra que existen empresas industriales y mineras en todos los condados noruegos que exportan su producción (35) y que la cuota de producción exportada creció (36) en el período desde 1986 hasta 1994. No hay por tanto duda de que las ventajas financieras derivadas de los tipos más bajos inciden en el comercio entre las Partes contratantes.

Un último comentario del Gobierno noruego es que cuando el Storting (Parlamento) dio su consentimiento para la ratificación del Acuerdo EEE, fue una condición importante la continuación del sistema de tipos diferenciados por regiones de la cotización empresarial a la seguridad social.

A este respecto, el Órgano señala que cuando el Parlamento noruego (Storting) dio su consentimiento para la ratificación del Acuerdo EEE, aceptó el Acuerdo en su totalidad, incluidas las disposiciones sobre ayudas estatales y la disposición (artículo 6 del Acuerdo EEE) que establecía que en la interpretación de las normas del Acuerdo se aplicarían las sentencias relevantes del Tribunal de Justicia Europeo. Más específicamente, ni el Acuerdo EEE ni ningún otro documento relacionado con la ratificación del mismo, contienen disposiciones que puedan considerarse que limitan el ámbito de las normas sobre ayudas estatales del Acuerdo EEE en lo que respecta al sistema noruego de cotizaciones a la seguridad social diferenciadas por regiones.

3. Aplicabilidad de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 61

3.1. Generalidades

El Órgano no ha recibido argumentos o información a lo largo del procedimiento de investigación que le den razones para modificar la posición adoptada en su Decisión de 14 de mayo de 1997 de proponer a Noruega medidas adecuadas, a saber, que el sistema como tal, sin modificación alguna no merece exenciones con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

El sistema objeto de estudio está considerado por las autoridades noruegas como un instrumento de política regional. El órgano ha examinado la compatibilidad del sistema con las normas sobre ayuda regional basadas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE. El Órgano también ha examinado otras excepciones con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 61 y ha hallado que no son aplicables al caso actual.

Los tipos más bajos de las zonas fiscales 2 a 5 tienen un efecto directo en los costes operativos de las empresas, puesto que los tipos se basan en el salario bruto de los empleados. Los tipos más bajos no guardan relación con la inversión y no requieren ninguna cotización por parte del beneficiario. Las ayudas del tipo anteriormente mencionado que tienen el efecto de reducir los costes laborales, deben considerarse ayudas de explotación. En sus Orientaciones sobre las ayudas estatales (37), el Órgano de Vigilancia de la AELC declaró sus reservas en principio en cuanto a la compatibilidad de la ayuda de explotación, esto es, la ayuda no condicionada a la inversión inicial o a la creación de empleo, con el funcionamiento del Acuerdo EEE. No obstante, el Órgano puede, tal como se expone a continuación, considerar que determinadas ayudas de explotación son compatibles con el Acuerdo.

3.2. La letra a) del apartado 3 del artículo 61

El Órgano ha expresado la opinión en la sección 28.1.5 de las Orientaciones sobre las ayudas estatales de que puede autorizar ayudas de explotación para superar desventajas concretas o permanentes en circunstancias específicas y bajo determinadas condiciones, cuando se trata de ayudas para fomentar el desarrollo económico de regiones que pueden optar a la exención de la letra a) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

No obstante, cuando el Órgano aprobó el mapa de zonas asistidas elegibles para la ayuda a la inversión regional en Noruega (38), se encontró con que ninguna zona de Noruega podía optar a ayuda regional en virtud de la letra a) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

El Órgano se ve por tanto obligado en la actualidad a basar su evaluación de la compatibilidad de los tipos de cotización social reducidos en las zonas fiscales 2 a 5 en la letra c) del apartado 3 del artículo 61.

3.3. La letra c) del apartado 3 del artículo 61

Para evaluar si una ayuda está incluida en la excepción a la prohibición general de ayudas de Estado del apartado 1 del artículo 61 relativo a la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 61, es necesario evaluar en qué medida la ayuda contribuye, en el caso de una ayuda regional, al desarrollo regional. Esto a su vez supone que la región en cuestión adolece de desventajas específicas de desarrollo regional, que la medida en cuestión trata de paliar. Tales desventajas en el desarrollo pueden reflejarse en el nivel de ingresos, en la existencia de desempleo estructural o en la densidad de población de una región determinada, siendo este último criterio de especial interés en este caso, dada la situación demográfica de las zonas geográficas en cuestión.

El número 1) de la sección 28.2.3.1 de las Orientaciones sobre las ayudas estatales reza como sigue: «Para atender a los problemas especiales de desarrollo regional motivados por causas demográficas, aquellas regiones del nivel III NUTS cuya densidad de población sea inferior a las 12,5 personas por kilómetro cuadrado podrán optar también a ayudas regionales en virtud de la exención prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 61.».

Por tanto, procede examinar si las zonas fiscales 2 a 5 pueden clasificarse como regiones de la letra c) del apartado 3 del artículo 61 aplicando el criterio de la densidad de población.

Las disposiciones de la sección 28.2.3.2 de las Orientaciones sobre las ayudas estatales respecto de la ayuda de transporte regional, basadas en la letra c) del apartado 3 del artículo 61, constituyen un conjunto de criterios que garantiza que dicha ayuda de explotación se justifique como compensación a determinadas desventajas específicas. La prestación de ayuda de transporte regional es un medio justificado para compensar determinadas desventajas específicas de los países nórdicos, en particular los costes extraordinarios que suponen las largas distancias a los mercados y las severas condiciones climáticas.

El Órgano ha examinado hasta qué punto la ayuda de explotación en forma de cotizaciones reducidas a la seguridad social puede justificarse como compensación indirecta por los costes extra de transporte (ayuda indirecta de transporte) para las empresas productoras de bienes.

Los criterios definidos en la sección 28.2.3.2 de las Orientaciones sobre las ayudas estatales pueden agruparse en las siguientes categorías principales, a saber: i) zonas que pueden optar a la ayuda de transporte regional; ii) compensación por los costes adicionales de transporte; y iii) condiciones relativas a determinadas actividades.

3.4. Zonas que pueden optar a la ayuda de transporte regional

El primer punto del número 2 de la sección 28.2.3.2 de las Orientaciones sobre las ayudas estatales prevé que las ayudas de transporte regional «. . . sólo se concederán (. . .) a las empresas radicadas en zonas que puedan optar a ayudas regionales con arreglo al criterio de la densidad de población».

Nueve regiones (de nivel III NUTS) de diecinueve cumplen el criterio de tener una densidad de población inferior a 12,5 habitantes/km² en la primera fase del análisis. Estos condados cuentan con el 31 % de la población, mientras que las zonas fiscales 2 a 5 cuentan con el 27 % de la población.

Cuatro de los nueve condados caen enteramente en las zonas fiscales favorables [Sogn og Fjordane (zona 2), Nordland (zona 4), Troms (zonas 4 y 5) y Finnmark (zona 5)]. En cinco de los nueve condados (Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Telemark, Oppland y Hedmark), únicamente algunas partes caen en las zonas fiscales 2 a 4. Las partes de estos condados que se benefician de los tipos más bajos están escasamente pobladas. En todos los casos, tienen una densidad media de población considerablemente inferior a 12,5 habitantes/km².

Seis condados de los diez restantes (Buskerud, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag) que no cumplen enteramente el criterio de la densidad de población, caen parcialmente en las zonas fiscales 2 y 3. Estas partes también están relativamente escasamente pobladas, con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes/km². Cuatro condados caen plenamente en la zona fiscal 1.

Según el número 2) de la sección 28.2.3.2 de las Orientaciones sobre las ayudas estatales, para que una zona pueda optar a la ayuda de transporte regional, el Órgano debe autorizarla a estos efectos. El Órgano basará su evaluación de las zonas elegibles para la ayuda de transporte regional en los principios que figuran en el anexo 1 de esta Decisión.

Por lo respecta al caso actual, el Órgano ha declarado que si las autoridades noruegas, después de recibir la decisión del Órgano, notificasen una zona que podría acceder a ayuda de transporte regional, entonces la totalidad de los condados de Finnmark, Troms, Nordland y Sogn og Fjordane, y la parte del norte de Trøndelag, que pertenecen a las zonas fiscales 2 a 4, podrían considerarse elegibles para la ayuda regional de transporte. No obstante, el Órgano no está convencido por la información presentada hasta ahora de que la ayuda de transporte regional se justifique para todos los municipios actualmente cubiertos por la zona fiscal 2 en los condados de Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal y Hedmark. Esto afecta en particular a aquellas partes de estos últimos condados que no son en principio contiguos a otros municipios de la zona fiscal 2, los ubicados cerca de grandes ciudades, o los que no parecen necesitar compensación permanente para garantizar el desarrollo regional.

3.5. Compensación por los costes adicionales de transporte

Los puntos segundo a quinto del número 2) de la sección 28.2.3.2 de las Orientaciones sobre las ayudas estatales establecen lo siguiente:

- Las ayudas serán sólo en concepto de compensación por los costes adicionales de transporte. El pertinente Estado de la AELC deberá demostrar con argumentos objetivos que dicha compensación es necesaria. En ningún caso la compensación excederá de lo imprescindible. Se tendrán en cuenta otros regímenes de ayudas al transporte, en particular los contemplados en los artículos 49 y 51 del Acuerdo EEE.

- Las ayudas se concederán sólo para los costes adicionales que conlleve el transporte de bienes dentro del territorio del país considerado. En ningún caso se autorizará como ayuda a la exportación.

- La ayuda deberá cuantificarse de antemano, basándose en un ratio ayuda por kilómetro o en un ratio ayuda por kilómetro y ayuda por unidad de peso, y se elaborará un informe anual en el que, entre otras cosas, se recoja la aplicación del ratio o ratios.

- Para el cálculo de los costes adicionales se tomará la forma de transporte más económica y la distancia más corta entre el lugar de producción o fabricación y los establecimientos comerciales.

Con respecto al nivel de compensación indirecta por los costes adicionales de transporte obtenida por el sistema de tipos impositivos más bajos en las zonas 2 a 5, Noruega ha presentado un estudio detallado de los costes adicionales de transporte de 36 empresas competidoras de importación y exportación, que muestra que ninguna de las empresas recibió beneficios en forma de cotizaciones reducidas a la seguridad social que excedieran sus costes adicionales de transporte. Estas observaciones individuales están apoyadas por cálculos más globales basados en diversas fuentes de información estadística.

El Órgano ha señalado que la muestra de empresas cubiertas por el estudio específico de los costes adicionales de transporte de las empresas individuales refleja el esquema de las exportaciones de productos transformados más importantes de Noruega. El Órgano ha declarado que la muestra de empresas contiene una selección representativa de empresas en las zonas fiscales en cuestión. El estudio cubre, entre otras, una muestra de productores de productos que necesitan un uso intensivo de energía para su elaboración tales como aluminio bruto y ferroaleaciones, situados en la costa. El Órgano también ha señalado que las empresas del sector naval, acero CECA y acero no regulado por la CECA, cubiertas por normas sectoriales específicas, no se han incluido en el estudio mencionado.

Los beneficios estimados de los tipos reducidos de los impuestos sobre la nómina se calculan con referencia a la diferencia entre las cotizaciones a la seguridad social realmente pagadas y las que se habrían pagado si se hubiera aplicado el tipo de la zona 1 sin diferenciación alguna. El impacto de posibles efectos de arrastre no se ha tenido en cuenta.

La información de que dispone el Órgano no sugiere que los sistemas noruegos de ayuda al transporte, que pueden estar cubiertos por los artículos 49 y 51 del Acuerdo EEE, contengan elementos de compensación que excedan los importes que puedan atribuirse a reembolsos por la realización de obligaciones de servicio público. El Órgano no ha considerado necesario por tanto ajustar las estimaciones de costes adicionales, de transporte, en relación a los posibles efectos que estos sistemas pudieran tener, por ejemplo, en los precios del transporte.

En estas condiciones, el Órgano acepta que las empresas industriales no pertenecientes a los sectores excluidos del mencionado estudio y situadas en las zonas fiscales 2 a 5, tienen considerables costes de transporte adicionales, y que estos costes adicionales de transporte no se ven compensados en exceso por los beneficios financieros asociados a los tipos más bajos de cotización a la seguridad social de dichas regiones.

En los cálculos únicamente se han tenido en cuenta los costes de transporte dentro de las fronteras nacionales. El Órgano ha observado que los sectores típicamente orientados a la exportación de la economía noruega están adecuadamente cubiertos en los estudios y cálculos mencionados. Además, dado que se aplican tipos impositivos más bajos a todos los sectores de la economía excepto al gobierno central y a todas las empresas independientemente de sus actividades, el Órgano no considera que los tipos impositivos reducidos tengan como objetivo la promoción de las empresas de exportación. Por ello, ha concluido que los tipos reducidos de las zonas 2 a 5 no constituyen ayudas a la exportación (39).

Las estimaciones presentadas en el estudio mencionado muestran que la ayuda es objetivamente cuantificable por anticipado. En lo que respecta a los costes de transporte de las empresas individuales cubiertas por dicho estudio, del hecho de que las empresas hubieran de cubrir los costes de transporte por su cuenta se desprende que estaban económicamente motivadas para minimizar sus costes de transporte escogiendo las vías más cortas y las formas de transporte más económicas.

Con estos antecedentes, el Órgano ha establecido que la información presentada por Noruega sobre las relaciones entre los costes adicionales de transporte de las empresas industriales y los beneficios derivados de los tipos más bajos, no indica una necesidad de realizar un ajuste general en forma de compensación indirecta por los costes adicionales de transporte en las zonas 2 a 5. Por tanto, no procede realizar una reducción general en el actual nivel de compensación indirecta por costes adicionales de transporte.

Tal como requieren las Orientaciones sobre las ayudas estatales (número 2) de la sección 28.2.3.2, deben incluirse en los informes anuales del sistema un conjunto de indicadores que reflejen un ratio ayuda por kilómetro o un ratio ayuda por kilómetro y ayuda por unidad de peso, con el fin de cumplir los criterios para la ayuda de transporte regional.

Las normas sobre ayuda de transporte regional prevén que «todo posible plan (. . .) para ayudas al transporte deberá contemplar un límite temporal y en ningún caso será más favorable que los regímenes actualmente vigentes en el pertinente Estado miembro de la AELC». Esto implica que el Órgano no está preparado para aceptar la existencia de costes adicionales de transporte relativamente elevados como argumento para aumentar el nivel de diferenciación entre los tipos impositivos, para introducir nuevas medidas que supondrían un aumento del nivel de compensación de los costes adicionales de transporte o para ampliar la zona donde se otorgan compensaciones indirectas por los costes adicionales de transporte en forma de tipos más bajos de cotización a la seguridad social.

3.6 Condiciones relacionadas con determinadas actividades

3.6.1. Empresas sin ubicación alternativa

El punto sexto del número 2) de la sección 28.2.3.2 de las Orientaciones sobre las ayudas estatales establece lo siguiente: «No se concederán ayudas para el transporte o el traslado de productos de empresas cuya ubicación sea la única posible (productos de las industrias extractivas, plantas hidroeléctricas, etc.).».

Esta norma debe considerarse en relación a las normas ya mencionadas en la sección 3.5, en particular la norma que establece que se necesita ayuda por razones objetivas.

Una zona remota, muy rica en recursos naturales explotables comercialmente, debe considerarse un punto fuerte y no una desventaja para la región, aunque pueda tener otras desventajas en lo que se refiere al desarrollo industrial general. En lo que respecta a actividades basadas en la explotación de recursos naturales, pueden no necesitar subvenciones para los costes de transporte, dado que los beneficios de los recursos pueden compensar con creces los costes de transporte y la reasignación de la producción a lugares con menores costes de transporte puede estar excluida por definición.

Las actividades a considerar son: i) producción y distribución de electricidad; ii) extracción de petróleo y gas natural y servicios accesorios; y iii) minería y extracción.

Producción y distribución de electricidad

De la redacción de la sección 28.2.3.2 de las Directrices sobre las ayudas estatales se desprende que «no se concederán ayudas para (. . .) el traslado (subrayado aquí) de productos de (. . .) [productos de las industrias hidroeléctricas (. . .)]». La razón para introducir este requisito en las normas sobre ayuda de transporte regional es básicamente que la totalidad del sector eléctrico debe considerarse basado en los recursos. El Órgano ha manifestado que la necesidad de ayuda de transporte regional no es evidente, que tal ayuda no contribuiría perceptiblemente al desarrollo regional y que hay, además, un riesgo notorio de efecto de desbordamiento de la ayuda hacia las industrias orientadas a la exportación. El Órgano no ha observado que los costes de transporte en el sector de la distribución de electricidad (probablemente principalmente pérdida de poder) puedan relacionarse con las desventajas que pueden superarse mediante el cambio de ubicación de determinadas actividades (por ejemplo las centrales de control) a zonas más centrales. Por estas razones, el Órgano ha concluido que no se puede permitir que el sector NACE 40.1 (producción y distribución de electricidad) se beneficie de los tipos impositivos más bajos aplicados en las zonas 2 a 5.

Actividades relacionadas con la extracción de petróleo y gas natural y servicios accesorios

El Órgano ha observado que las actividades relacionadas con la extracción de petróleo y gas natural deberían excluirse de los beneficios de las medidas consideradas. La postura del Órgano no depende solamente de consideraciones relacionadas con las decisiones de ubicación. Su posición se basa más generalmente en la opinión de que el sector es muy rentable y por lo tanto no necesita ayuda de transporte regional. Por lo tanto, no cumple el requisito que está implícito en la letra c) del apartado 3 del artículo 61, y explícito en los criterios de la ayuda de transporte regional, a saber «El pertinente Estado de la AELC deberá demostrar con argumentos objetivos que dicha compensación es necesaria». La ayuda de explotación para la extracción de petróleo y de gas natural no se considera por tanto justificada en relación al desarrollo regional. Las autoridades noruegas deben por lo tanto asegurarse de que el sector NACE 11.10 (extracción de petróleo y de gas) y el sector NACE 11.20 (actividades de servicio accesorias a la extracción de petróleo y de gas excluida la vigilancia) no se beneficien de los tipos impositivos más bajos aplicados en las zonas 2 a 5.

Minería y extracción

La industria minera y de extracción consta de varios segmentos. La disponibilidad de recursos es única para cada segmento. La industria puede por tanto dividirse en: i) la explotación minera de los minerales de metal; ii) minerales industriales; iii) extracción de piedra; y iv) gravas y agregados.

La industria se caracteriza por la extracción de recursos naturales. Esto implica que las actividades industriales de este sector están ligadas a las dotaciones geológicamente determinadas de minerales que son necesariamente propias de cada lugar geográfico.

La disponibilidad de recursos minerales influye en la medida en que las decisiones de inversión en actividades de explotación minera y extracción están geográficamente determinadas. La extracción de un recurso caracterizado por pequeñas reservas y pocas vetas conocidas tenderá a estar más geográficamente determinado que un yacimiento con muchas vetas y amplias reservas. Hay por lo tanto circunstancias en que una empresa dedicada a la extracción de ciertos recursos naturales es, en principio, libre de elegir su ubicación porque la producción se basa en considerables reservas extendidas en una amplia área. El Órgano, por tanto, acepta que el sector de la explotación minera y de la extracción también abarca las empresas que tienen problemas de ubicación similares a otras empresas industriales.

El Órgano considera la explotación minera de los minerales de metal como actividades geográficamente concentradas que están basadas en reservas naturales limitadas. Se alcanza la misma conclusión en lo que respecta a la explotación de los minerales industriales sienita nefelina y olivino.

El Órgano concluye por lo tanto que no se debería permitir que las empresas dedicadas a la explotación minera de los minerales de metal (NACE 13) o actividades relacionadas con la extracción de los minerales industriales sienita nefelina (HS 2529.3000) y olivino (HS 2517,49100) se beneficien de los tipos impositivos más bajos aplicados en las zonas 2 a 5.

El Órgano es consciente de que ciertas empresas de la industria minera noruega han experimentado dificultades financieras. El Órgano está dispuesto a considerar, previa notificación y examen individual, si tales empresas pueden considerarse en situación de rescate o de reestructuración y son por tanto elegibles para la ayuda que podría justificarse por consideraciones sociales.

El Órgano ha observado en relación, entre otros, a la información geológica proporcionada por las autoridades noruegas y a los argumentos anteriormente mencionados sobre las extracción de minerales basada en recursos relativamente abundantes, que no es necesario que los minerales industriales con excepción de la sienita nefelina y del olivino se excluyan de la posibilidad de beneficiarse de los tipos impositivos más bajos aplicados en las zonas 2 a 5. El Órgano, en este punto, ha tenido en cuenta de que las actividades en cuestión tienen a menudo una naturaleza local, y que existe una incidencia significativa de empresas relativamente pequeñas. También ha tenido en cuenta, en el caso de los minerales industriales, que es probable que el tratamiento local adicional de minerales industriales a partir de su estado natural contribuya al empleo y al desarrollo regional. Las actividades relativas a la extracción de piedra, grava y agregados están generalmente basadas en la extracción de recursos minerales abundantes. No se considera por tanto que tales actividades estén geográficamente determinadas.

3.6.2. Industrias que son objeto de normas sectoriales

El séptimo guión del número 2) de la sección 28.2.3.2 de las Orientaciones sobre las ayudas estatales prevé que las ayudas de transporte otorgadas a empresas de sectores considerados sensibles por el Órgano de Vigilancia de la AELC (vehículos automóviles, productos textiles, fibras sintéticas, productos CECA y productos no regulados por la CECA) estarán sujetas a las normas por las que se rija el sector considerado y, en particular, serán objeto de las notificaciones estipuladas en los pertinentes capítulos de las presentes directrices o en el acto a que se hace referencia en la letra a) del punto 1 del anexo XV del Acuerdo EEE (40).

Además, se aplican normas específicas a la construcción naval. Los regímenes actualmente en vigor en Noruega sobre las ayudas a la construcción naval prevén una ayuda a la producción concedida sobre la base de un contrato y que equivale al 7 % del valor del contrato antes de la concesión de la ayuda para los buques cuyo valor contractual excede los 10 millones de ecus y al 3,5 % del valor contractual para los buques de un valor inferior a 10 millones de ecus y para importantes transformaciones aportadas a un buque. Las autoridades noruegas no han proporcionado ninguna información que ponga de manifiesto que los astilleros noruegos sufren desventajas permanentes susceptibles de ser compensadas con ayudas al transporte regional, ni tampoco han proporcionado información sobre los costes excesivos de transporte de estas empresas o sobre el volumen de ayuda concedida en forma de cotizaciones reducidas a la seguridad social en relación con los niveles admisibles de ayuda de explotación a la construcción naval. El Órgano concluye que las empresas cubiertas por el acto contemplado en la letra b) del apartado 1 del anexo XV del Acuerdo EEE (Directiva 90/684/CEE del Consejo sobre ayudas a la construcción naval), cualquiera que sea su ubicación, no deben poder beneficiarse de los tipos reducidos aplicados en las zonas fiscales 2 a 5.

De acuerdo con el acto contemplado en la letra a) del apartado 1 del anexo XV del Acuerdo EEE (Decisión n° 2496/96/CECA de la Comisión) relativo a las ayudas a la siderurgia, no se autoriza ninguna ayuda al funcionamiento, excepto en caso de cierre de instalaciones. Por lo tanto, los productores de productos CECA, cualquiera que sea su ubicación, no deben beneficiarse de los tipos reducidos aplicados en las zonas fiscales 2 a 5.

Por lo que se refiere a la producción de acero no regulada por la CECA, las condiciones particulares de notificación enunciadas en las normas sectoriales sólo se aplican a la producción de tubos sin soldadura y de grandes tubos soldados (diámetro mayor de 406,4 mm). Por lo que se refiere a la industria textil, no se aplica ningún requisito de notificación especial. Las ayudas a la industria de fibras sintéticas no están cubiertas por las condiciones particulares de notificación enunciadas en las normas sectoriales, siempre que las fibras sintéticas sólo tengan una existencia transitoria a la espera de pasar a la fabricación de cuerdas, redes pesqueras u otros productos no tejidos. Las ayudas a la producción de automóviles o a los accesorios de automóviles no están cubiertas por las normas específicas relativas a las ayudas a la industria del automóvil, excepto cuando estas ayudas se conceden a fabricantes de automóviles o a sus filiales o para la fabricación de piezas o accesorios bajo licencia o patente de un fabricante de automóviles.

La norma de minimis se aplica cuando el beneficio estimado de los tipos reducidos de cotizaciones a la seguridad social de una empresa dedicada a la producción de automóviles, a la fabricación de productos no regulados por la CECA o de fibras sintéticas no excede 100 000 ecus en tres años. Por lo que se refiere a las actividades de estos sectores sujetas a una exigencia de notificación, cada caso de posible ayuda al transporte para estas actividades deberá notificarse separadamente y examinarse individualmente a la luz de las normas sectoriales pertinentes.

Según las informaciones proporcionadas por las autoridades noruegas, parece que ahora no existe ninguna empresa dedicada a la fabricación de productos que deban cumplir los requisitos especiales de notificación de conformidad con las normas relativas a las ayudas a la siderurgia no regulada por la CECA. En cuanto a la industria de las fibras sintéticas y de la fabricación de automóviles, actualmente ninguna producción está incluida en las normas sectoriales aplicables a estas industrias. Por lo tanto, el Órgano opina que la aplicación de las condiciones particulares de notificación es aceptable para estos sectores y pide a las autoridades noruegas que se comprometan a notificarle en el futuro todos los beneficiarios de los tipos reducidos sujetos a las normas mencionadas. Por añadidura, estas notificaciones deben ir seguidas de informes anuales que contengan, en rúbricas separadas, una estimación de las compensaciones indirectas de los costes excesivos de transporte en forma de cotizaciones a la seguridad social reducidas o de toda ayuda directa al transporte que se perciba.

3.7. El sector servicios y actividades distintas a la fabricación

El Órgano estudió la compatibilidad de los tipos reducidos de cotización a la seguridad social en las zonas 2 a 5 a la luz del punto c) del apartado 3 del artículo 61, para los sectores que no producen bienes, es decir los servicios y las actividades distintas a la transformación, como el sector de la construcción.

Las normas aplicables a las ayudas al transporte regional están diseñadas para aplicarse en primer lugar a las empresas que producen bienes y están por tanto menos adaptadas a la evaluación de la compatibilidad de las medidas en cuestión que realiza el Órgano, por ejemplo de los sectores de servicios.

El Órgano, por lo tanto, adoptó una interpretación más amplia de la aplicación del punto c) del apartado 3 del artículo 61. Tuvo en particular en cuenta el impacto de una reducción de las cargas sociales en el empleo y evaluó los efectos de los tipos reducidos en relación con los efectos en la competencia y los intercambios para determinados sectores de servicios.

No dispone de un examen sistemático de la situación de los costes de transporte en los sectores de servicios. No obstante, es evidente que algunos segmentos del sector de los servicios deben hacer frente a considerables costes de transporte y pueden verse afectados negativamente por los costes excesivos de transporte, de la misma manera que los sectores de producción. Los costes de transporte medios en un segmento del comercio al por mayor se evaluaron en aproximadamente el 5 % del volumen de negocios (41), mientras que los costes de transporte medios del sector de comercio al por mayor y detalle en su conjunto se estiman en el 33 % del valor añadido (42).

El Órgano admite que, en la mayoría de los sectores de servicios ubicados en regiones susceptibles de optar a una ayuda al transporte regional, las empresas pueden verse afectadas negativamente, de manera directa o indirecta, por las largas distancias hasta las salidas comerciales o por las largas distancias en las comunicaciones intrarregionales. Las condiciones climáticas difíciles son un factor cualitativo suplementario que también puede aumentar los gastos de explotación de los agentes económicos en los sectores de servicios.

El Órgano reconoce que las cargas sociales reducidas en las zonas fiscales 2 a 5 contribuyen a mejorar el empleo disminuyendo los costes salariales de estas regiones.

Desde el punto de vista de la promoción del empleo, las cargas sociales reducidas sólo pueden ser verdaderamente eficaces si se refieren también a sectores menos expuestos a la competencia internacional. La Comisión Europea mencionó algunos de estos sectores en su comunicación titulada «Una estrategia europea de estímulo a las iniciativas locales de desarrollo y de empleo» (43).

Las medidas destinadas a reducir las cargas sociales en los sectores mencionados ofrecen una doble ventaja. Por una parte, sus efectos sobre la competencia y los intercambios dentro del EEE son a menudo escasos, o incluso inexistentes y por otro, su potencial en términos de creación de empleos es elevado (44). El Órgano puede pues adoptar una actitud favorable hacia estas iniciativas en la medida en que están cubiertas en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo. Esto es especialmente cierto para los servicios locales. Otros son mercados nicho o subsectores en pleno crecimiento, que ofrecen perspectivas de creación de empleos, hacia los que el Órgano estará más favorablemente dispuesto en la medida en que no falseen la competencia de forma contraria al interés común.

Cerca del 65 % de los beneficios estimados asociados a la reducción de las cotizaciones a la seguridad social afectan a sectores cuyo comercio es relativamente limitado o a sectores público, la construcción, el comercio al por mayor y de detalle, la restauración y la hostelería y otros servicios colectivos e individuales (véase cuadro 2). El Órgano destacó la interpretación que realiza la Comisión Europea del punto c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE en sus «Orientaciones sobre ayudas estatales a las empresas de las zonas urbanas desfavorecidas» (45) y en su «Control de las ayudas de Estado y reducción de los costes laborales» (46). En este contexto, los tipos reducidos se aplican a las actividades (47) que contribuyen a reforzar el nivel de empleo en las zonas fiscales 2 a 5.

Las muy bajas densidades de población observadas en la principal parte del territorio cubierto por las zonas fiscales 2 a 5 y la configuración de la ubicación ponen de relieve que esta región no contiene centros urbanos de más de 50 000 habitantes y que la mayoría de los habitantes de esta región se distribuye en un extenso territorio, donde las poblaciones no cuentan más de 5 000 habitantes. Estas observaciones dan a entender que las empresas de servicios establecidas en las zonas 2 a 5 tienen posibilidades de extensión limitadas y que sus actividades se dirigen fundamentalmente hacia los mercados locales. Además, el Órgano tuvo en cuenta el hecho de que la configuración de la ubicación, tanto en el lado noruego de la frontera como en las regiones limítrofes de Suecia y Finlandia, indican que no es probable que los tipos reducidos tengan un efecto significativo en los intercambios transfronterizos de servicios entre los países escandinavos.

Por último, el Órgano tuvo en cuenta la norma de minimis enunciada en el capítulo 12 de las Orientaciones sobre las ayudas estatales, adoptada por el Órgano el 15 de mayo de 1996, al evaluar los tipos reducidos. El Órgano fijó el importe de la ayuda en 100 000 ecus por empresa por período de tres años, límite máximo bajo el cual el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE es inaplicable debido a la ausencia de efectos significativos en el comercio entre las Partes contratantes.

En este contexto, el Órgano juzgó que, respecto a los servicios y las actividades distintas a la transformación distintas a las mencionadas, y en la medida en que entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 61, los tipos reducidos se justifican como ayudas al desarrollo regional sobre la base de la letra c) del apartado 3 del artículo 61, siempre que estos tipos reducidos se limiten a una zona autorizada por el Órgano para beneficiarse de una compensación indirecta de los costes excesivos de transporte.

El Órgano, no obstante, considera que los tipos reducidos de las zonas 2 a 5 no pueden aplicarse a partes de las actividades de servicios siguientes: servicios financieros, transporte y telecomunicaciones.

Por lo que se refiere a las actividades de transporte, el Órgano ha tenido en cuenta el hecho de que existe una competencia entre los transportistas de carreteras de distintos Estados miembros de la AELC, en particular, en los transportes transfronterizos. El Órgano consideró que existe un riesgo de que las ventajas vinculadas a los tipos reducidos produjeran efectos de impulsión en otros sectores, si se aplican a empresas de transporte produjeran efectos de impulsión en otros sectores, si se aplican a empresas de transporte por carretera transfronterizo. Además, algunas empresas de transporte por carretera situadas en las zonas 2 a 5 pueden, en realidad, ejercer una parte importante de sus actividades fuera de las regiones que experimentan desventajas permanentes, es decir, en circunstancias donde no se justifica la concesión de una ayuda al transporte regional. El Órgano concluye que las empresas de más de cincuenta empleados (el límite máximo fijado para las pequeñas empresas en el marco de las ayudas estatales) y que realizan actividades clasificadas como transporte por carretera de mercancías (NACE 60.24) no podrán beneficiarse de los tipos reducidos aplicados en las zonas fiscales 2 a 5.

El Órgano considera que lo mismo sucede para las empresas del sector de telecomunicaciones (NACE 64.20) y las empresas que tienen sucursales en el extranjero o que realizan otras actividades transfronterizas en los sectores clasificados como intermediación financiera (NACE 65), seguros y cajas de pensiones (NACE 66) y servicios auxiliares a la intermediación financiera (NACE 67). A este respecto, la posición del Órgano se justifica en parte por el hecho de que el Acuerdo EEE contiene disposiciones específicas destinadas a promover los intercambios y la competencia en estos sectores, y más generalmente que la introducción de las tecnologías de la información más recientes implica que las actividades de servicios mencionadas sólo pueden considerarse permanentemente en desventaja por las largas distancias y las condiciones climáticas difíciles en una medida muy insignificante. El Órgano acepta, no obstante, que las sucursales situadas en las zonas 2 a 5 puedan beneficiarse de los tipos reducidos en estas zonas en la medida en que estas sucursales sólo presten servicios locales.

3.8. Reducción de las cotizaciones sociales pagadas por empresas establecidas en la zona 1

Tal como resulta del cuadro 3, la mayoría de los beneficios derivados de la reducción de las cotizaciones a la seguridad social pagadas por empresas situadas en una zona de cotización reducida se deben a empleados que residen en la misma zona fiscal. No obstante, si una empresa de la zona 1 emplea personas que residen en las zonas 2 a 5, la empresa en cuestión se beneficiará de una carga fiscal reducida.

Es razonable suponer que una parte considerable de estos beneficios va a las empresas de los sectores donde los efectos en el comercio y en la competencia internacional son poco significativos, como el sector de los servicios y de la construcción.

Además, el número de empleados que residen en una zona fiscal diferente de la de la empresa normalmente sólo representa una pequeña fracción del número total de los empleados de la empresa.

En estas condiciones y habida cuenta de la norma de minimis, el Órgano no ha encontrado razones para oponerse a que las cotizaciones sociales reducidas puedan favorecer a algunas empresas de esta manera. De las consideraciones anteriores se deriva que el Órgano ha decidido no plantear objeciones al hecho de que las cotizaciones empresariales a la seguridad social se determinen en función del domicilio de los empleados.

3.9. Acumulación de ayudas

Algunos condados total o parcialmente englobados en las zonas 2 a 5 administran regímenes de ayudas directos a los transportes (48). Esto supone que es posible que algunas empresas puedan pretender beneficiarse a la vez de los tipos reducidos en cuestión y de ayudas directas procedentes de las autoridades regionales con el fin de compensar los costes de transporte documentados. Las autoridades noruegas deben pues introducir normas específicas que garanticen que no habrá compensación excesiva debida a la acumulación de las ayudas al transporte regional procedente de fuente diferentes.

3.10. Informes anuales y revisiones periódicas

El Órgano tiene por política pedir informes anuales del conjunto de los regímenes de ayuda existentes en los Estados miembros de la AELC, con el fin de cumplir su obligación de garantizar que el conjunto de estos sistemas se someta a un control constante de su compatibilidad con el artículo 61.

Un régimen basado en las normas relativas a la ayuda al transporte regional requiere la presentación de informes anuales detallados de acuerdo con el modelo que figura en el anexo III de las Orientaciones sobre las ayudas estatales. Antes del 1 de julio de 2000 deberá presentarse al Órgano un primer informe. Los informes anuales posteriores se comunicarán al Órgano a más tardar seis meses tras el final del ejercicio y cubrirán dos ejercicios financieros.

Las normas relativas a la ayuda al transporte regional prevén la presentación de información sobre la aplicación de un ratio ayuda por kilómetro recorrido o un ratio ayuda por kilómetro recorrido y ayuda por unidad de peso. La información actualizada anualmente con estas relaciones se incluirá en un informe anual detallado.

Estos informes anuales deben presentar, un rúbricas separadas, una estimación de las compensaciones indirectas de los costes excesivos de transporte en forma de cotizaciones a la seguridad social reducidas y de toda ayuda directa al transporte percibida por las empresas de los sectores incluidos en las condiciones particulares de notificación (sector de la industria del automóvil, sector de las fibras sintéticas y sectores siderúrgicos no regulados por la CECA). Los informes anuales también deben proporcionar información sobre las ayudas directas al transporte con el fin de permitir evaluar la acumulación de las ayudas.

Como ya se ha dicho, las Orientaciones sobre las ayudas estatales prevén que «todo posible plan para instituir nuevos regímenes (. . .) para ayudas al transporte deberá contemplar un límite temporal . . .». El Órgano considera adecuado que un régimen basado en esta disposición tenga una duración máxima de cinco años. Las posibles ampliaciones dependerían de una nueva notificación y una nueva evaluación.

4. Conclusión

El sistema de cotizaciones empresariales a la seguridad social diferenciadas por regiones debe considerarse, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE, una ayuda estatal. Partes de esta ayuda pueden, en determinadas condiciones, beneficiarse de exenciones en virtud el apartado 3 del artículo 61, mientras que otras partes no pueden. Noruega debe adoptar las medidas apropiadas para procurar que se ponga fin a las infracciones detectadas del apartado 1 del artículo 61,

EL ÓRGANO HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

1. El sistema noruego de cotizaciones a la seguridad social diferenciadas por regiones es incompatible con el Acuerdo EEE en la medida en que:

a) se aplica a actividades que no se contemplan en el punto b), a menos que se limiten a las zonas notificadas al Órgano y juzgadas elegibles para una ayuda al transporte regional;

b) permite a los siguientes tipos de empresas beneficiarse de tipos de cotización a la seguridad social reducidos en las zonas 2 a 5:

- producción y distribución de electricidad (NACE 40.1),

- extracción de petróleo bruto y gas (NACE 11.10),

- actividades de servicios accesorias a la extracción de petróleo y gas, aparte de la vigilancia (NACE 11.20),

- extracción de minerales metálicos (NACE 13),

- actividades vinculadas a la extracción de los minerales industriales nefelina sienita (SA 2529.3000) y olivino (SA 2517.49100),

- empresas cubiertas por el acto contemplado en la letra b) del apartado 1 del anexo XV del Acuerdo EEE (Directiva 90/684/CEE del Consejo sobre ayudas a la construcción naval),

- productores de acero CECA,

- empresas activas en el sector del transporte por carretera de mercancías (NACE 60.24) con más de 50 empleados,

- empresas del sector de las telecomunicaciones (NACE 64.20),

- empresas con sucursales en el extranjero o que realizan cualquier otra actividad transfronteriza en los siguientes sectores, fundamentalmente la intermediación financiera (NACE 65), seguros y las cajas de pensiones (NACE 66) y servicios accesorios a la intermediación financiera (NACE 67), con excepción de las sucursales que únicamente prestan servicios locales.

2. Para que el sistema de cotizaciones empresariales a la seguridad social diferenciadas por regiones se adapte de forma que sea compatible con las normas relativas a la ayuda al transporte regional enunciadas en las Orientaciones sobre las ayudas estatales y permita al Órgano ejercer su función de vigilancia en aplicación del artículo 1 del Protocolo n° 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, además de los ajustes requeridos por las letras a) y b) del punto 1 de la presente decisión, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

a) la aplicación del sistema deberá limitarse en el tiempo y no superar el 31 de diciembre de 2003. Antes de esta fecha, podrá presentarse al Órgano una solicitud de ampliación;

b) el Gobierno noruego deberá presentar informes anuales detallados sobre el régimen de ayuda, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo III de las Orientaciones sobre las ayudas estatales. De acuerdo con el capítulo 32 de las Orientaciones sobre las ayudas estatales, los informes deberán cubrir dos ejercicios financieros y comunicarse al Órgano a más tardar seis meses después del final del ejercicio. El primer informe se presentará antes del 1 de julio de 2000;

c) de acuerdo con las normas relativas a la ayuda al transporte regional, los informes anuales detallados deberán mostrar, además de la información contemplada en la letra b) anterior, la aplicación de un ratio ayuda por kilómetro o un ratio ayuda por kilómetro y ayuda por unidad de peso;

d) los informes anuales detallados deberán también presentar, además de la información contemplada en las letras a) y c), una estimación de las compensaciones indirectas de los costes excesivos de transporte en forma de cotizaciones a la seguridad social reducidas percibidas por las empresas de los sectores afectados por las condiciones particulares de notificación (sector de la industria del automóvil, sector de las fibras sintéticas y sectores siderúrgicos no regulados por la CECA);

e) respecto a los sectores cubiertos por las normas sectoriales relativas a las fibras sintéticas, la construcción automovilística y los sectores siderúrgicos no regulados por la CECA, el Gobierno noruego deberá notificar al Órgano todos los beneficiarios de los tipos de cotización a la seguridad social reducidos de las zonas 2 a 5;

f) las autoridades noruegas deberán introducir normas específicas con el fin de evitar sobrecompensaciones debidas a la acumulación de ayudas al transporte regional procedentes de fuentes diferentes.

3. Noruega adoptará todas las medidas apropiadas para garantizar que la ayuda que el Órgano haya juzgado incompatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE sea suprimida a partir del 31 de diciembre de 1998 y que, cuando proceda, se cumplan las condiciones contempladas en el punto 2 supra. El Gobierno noruego informará sin demora al Órgano de las medidas adoptadas.

4. El destinatario de la presente decisión es Noruega. Se informará al Gobierno noruego mediante carta acompañada de una copia de la presente decisión.

5. El texto es auténtico en lengua inglesa.

Hecho en Bruselas, el 2 de julio de 1998.

Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

Knut ALMESTAD

El Presidente

(1) En lo sucesivo denominado «Acuerdo EEE».

(2) En lo sucesivo denominando «Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción».

(3) En lo sucesivo también denominados «tipos impositivos».

(4) Decisión n° 145/97/COL.

(5) Carta de la Comisión Europea, Dirección General IV -Competencia- Ayudas estatales, de 28 de marzo de 1997, referencia 97-1924 A.

(6) DO L 265 de 8.11.1995, p. 23.

(7) DO C 38 de 5.2.1998, p. 6 y Suplemento EEE al mismo.

(8) Referencia SG(98) D/146 (98-1420-A).

(9) Proyecto de ley presentado al Storting, Ot prp nr 12 1974-75.

(10) Carta de 9 de septiembre de 1995 (referencia 95-5441-A).

(11) Tal como se establece en la Ley n° 1 de 16 de enero de 1970 «Lov om folkeregistrering».

(12) DO L 231 de 3.9.1994 y DO L 240 de 15.9.1994.

(13) Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland; Telemark y Aust-Agder (las cifras sobre población de este apartado corresponden a 1995).

(14) «Beneficios de los tipos reducidos de los impuestos sobre las rentas de trabajo en Noruega» por Arild Hervik, Escuela Noruega de Gestión, BI (1996).

(15) Se asume implícitamente que ni los niveles de salarios y actividad ni la distribución de las actividades económicas según los sectores y regiones se ven afectados por el nivel impositivo. Se supone que los beneficios de las empresas en las zonas 2 a 5 tenderán a sobreestimarse.

(16) En términos de facturación.

(17) «Efectos en los salarios de los cambios en los impuestos sobre la nómina en Noruega» por Dr. oecon. Nils Martin Stølen, Statistics Norway.

(18) «Efectos salariales y de empleo de los impuestos sobre la nómina y las subvenciones para inversión», Frode Johansen y Tor Jakob Klette, Documentos de debate de mayo de 1997, Statistics Norway.

(19) Numero 1) del apartado 28.2.3.2 de las Orientaciones sobre las ayudas estatales.

(20) Número 2) del apartado 28.2.3.2. de las Orientaciones sobre las ayudas estatales.

(21) Asunto C-61/79, Administratione della Finanze contra Denkavit Italiana, Recopilación 1980, p. 1205, apartado 31.

(22) Asunto C-30/59, Steenkolenmijnen contra Alta Autoridad, Recopilación 1961, p. 19.

(23) Véase el XXII Informe sobre la política de competencia 1992, pp. 264-266; Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 1995 (DO L 265 de 8.11.1995, p. 23); Ayuda estatal E 8/96 - Sistema de seguridad social diferenciado regionalmente (Suecia).

(24) Asunto C-203/83, Comisión contra Italia, Recopilación 1983, p. 2525; asunto C-173/73, Italia contra Comisión, Recopilación 1974, p. 475 y asunto C-301/87, Francia contra Comisión, Recopilación 1990, p. I-307.

(25) Asunto C-173/73, Italia contra Comisión, Recopilación 1974, p. 475, apartado 15.

(26) Véase el cuadro 2.

(27) Véase la Sentencia de 17 de septiembre de 1980 en el asunto 730/79, Philip Morris contra Comisión, apartado 11.

(28) Asunto 173/73, Italia contra Comisión, apartado 19.

(29) Carta de 23 de enero de 1998 (referencia 98-696-A).

(30) Frode Johansen y Tor Jakob Klette, obra citada.

(31) Asunto 173/73, Italia contra Comisión, apartado 13.

(32) Asunto 173/73, Italia contra Comisión.

(33) Asunto 173/73, Italia contra Comisión, apartado 13.

(34) Carta de la Comisión de 15 de abril de 1997, SG(97) D/2850, Asunto: Ayuda estatal n° N - 132/97 Bélgica.

(35) Cuadro 1 «Regional fordeling av leveranser i industri og bergverk, Vedleggsundersøkelse til industristatistikken» por Kenneth Årdalen og Terje Søæter, Notat 25/96 Statistics Norway.

(36) «Ukens Statistikk Nr 22/96», Statistics Norway.

(37) Véase el número 8) del apartado 26.1. de las Orientaciones sobre las ayudas estatales.

(38) Decisión n° 110/98/COL de 28 de abril de 1998 sobre el mapa de zonas asistidas (Noruega).

(39) «Ayuda a la exportación» es cualquier ayuda directamente relacionada con las cantidades exportadas, al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o al gasto vinculado a la actividad de exportación, ref. Orientaciones sobre las ayudas estatales, nota de pie de página del número 5 del apartado 12.1.

(40) Decisión n° 3855/91/CECA de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas para la siderurgia (DO L 362 de 31.12.1991, p. 57).

(41) TØI Prosjekt O O-1238 Næringslivets transportkostnader for rør - og sanitærgrossister (Hagen).

(42) TØI rapport 297/1995, Analyse av kostnadsutviklingen I innenlandske godtransporter (Hagen).

(43) DO C 265 de 12.10.1995, p. 3. En el tercer apartado de su Comunicación, la Comisión enumera diecisiete ámbitos susceptibles de cubrir las nuevas necesidades de los europeos y de ofrecer oportunidades de empleo importantes: los servicios a domicilio, el cuidado de los niños, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la ayuda a los jóvenes en dificultades y la inserción, la mejora de la vivienda, la seguridad, los transportes colectivos locales, la revalorización de los espacios públicos urbanos, los comercios de proximidad, el turismo, el sector audiovisual, el patrimonio cultural, el desarrollo cultural local, la gestión de residuos, la gestión de agua, la protección y el mantenimiento de zonas naturales, la normativa, el control de la contaminación y las instalaciones correspondientes.

(44) Véase, en particular «OECD Study on Employment - Taxation, employment and unemployment», OCDE, 1995.

(45) DO C 146 de 14.5.1997, p. 6.

(46) DO C 1 de 3.1.1997, p. 10.

(47) DO C 265 de 12.10.1995, p. 3, apartado 3.

(48) Møre og Romsdal (ayuda n° 93-207), Søor-Trøndelag (ayuda n° 93-208), Nord-Trøndelag (ayuda n° 93-209), Nordland (ayuda n° 93-210), Troms (ayuda n° 93-211) y Finnmark (ayuda n° 93-212).

ANEXO I

MÉTODO DE