DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC N° 4/94/COL de 19 de enero de 1994 sobre la adopción y promulgación de normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales (Directrices para la aplicación e interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE y del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción)

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,

VISTO el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1) y, en particular, los artículos 61 a 64, los puntos 2 a 37 del Anexo XV y el Protocolo 26,

VISTO el Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (2) y, en particular, la letra b) del apartado 2 del artículo 5, el artículo 24 y el artículo 1 del Protocolo 3,

CONSIDERANDO que, con arreglo al artículo 24 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC velará por el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo EEE relativas a las ayudas estatales y, a la entrada en vigor de dicho Acuerdo, adoptará un conjunto de actos que correspondan a los actos de la Comisión de la CE enumerados en el Anexo I del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción,

CONSIDERANDO que, con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 5 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC aprobará comunicaciones y directrices en los ámbitos que abarca el Acuerdo EEE cuando así lo dispongan expresamente este Acuerdo, o el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, o cuando el Órgano de Vigilancia de la AELC lo considere necesario,

RECORDANDO que dichos actos están encaminados a orientar a los gobiernos indicando los principios y normas que seguirá el Órgano de Vigilancia de la AELC quando aplique a casos particulares el Acuerdo EEE, y, en particular, sus artículos 49 y 61 a 64, y el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, y, en particular, su Protocolo 3, a fin de garantizar la aplicación uniforme de las normas del Acuerdo EEE relativas a las ayudas estatales en todo el Espacio Económico Europeo,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

1. El Órgano de Vigilancia de la AELC adoptará y promulgará las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales (Directrices para la aplicación e interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE y el artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción) anexas a la presente Decisión.

2. El texto de estas directrices en lengua inglesa es el único auténtico y será publicado en la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en su suplemento EEE.

Hecho en Bruselas, el 19 de enero de 1994.

Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

El Presidente

Knut ALMESTAD

(1) En adelante denominado Acuerdo EEE.

(2) En adelante denominado Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

NORMAS SUSTANTIVAS Y DE PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE AYUDAS ESTATALES

Directrices para la aplicación e interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE y el artículo 1 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción

ÍNDICE

Parte I: Introducción y disposiciones generales

1. Introducción . 7

2. Fundamentos de derecho y disposiciones generales . 8

Parte II: Procedimientos

3. Procedimiento de notificación de proyectos de concesión o de modificación de ayudas 9

3.1. Disposiciones del Acuerdo . 9

3.2. La notificación en la práctica . 9

3.2.1. Alcance del requisito de notificación . 9

3.2.2. Obligación de notificar con «la suficiente antelación» . 10

3.2.3. Requisitos formales de notificación . 10

3.2.4. Solicitudes de información complementaria . 10

3.3. Prohibición de ejecutar la ayuda proyectada durante la investigación del Órgano de Vigilancia . 10

4. Decisiones de no plantear objeciones . 11

4.1. Plazos . 11

4.2. Requisitos de las decisiones . 11

5. Procedimiento de investigación formal . 12

5.1. Disposiciones del Acuerdo . 12

5.2. Supuestos en que el Órgano de Vigilancia de la AELC debe iniciar una investigación . 12

5.3. Desarrollo del procedimiento . 12

5.3.1. Derecho de los Estados de la AELC a un «procedimiento con las debidas garantías» . 13

5.3.2. Derecho de los demás Estados de la AELC, de los Estados miembros de la CE, de la Comisión de las CE y de los terceros interesados a un «procedimiento con las debidas garantías» . 13

5.4. Decisión definitiva . 13

5.5. Incumplimiento por parte del Estado de la AELC . 14

6. Particularidades referentes a las ayudas ilegales por motivos de procedimiento . 14

6.1. Noción de ayuda ilegal por motivos de procedimiento . 14

6.2. Solicitud de información . 14

6.2.1. Requerimiento («medidas cautelares») . 15

6.2.2. Desarrollo del procedimiento . 15

6.2.3. Órdenes de recuperar las ayudas . 15

7. Procedimiento aplicable en los casos de ayudas existentes . 15

7.1. Disposiciones del Acuerdo . 15

7.2. Noción de ayudas existentes . 16

7.3. Objeto del procedimiento relativo a las ayudas existentes . 16

7.4. Procedimiento . 16

7.4.1. Comienzo del examen . 16

7.4.2. Propuesta de «medidas apropiadas» . 16

7.4.3. Consecuencias legales de la propuesta de «medidas apropiadas» . 17

8. Cómputo de los plazos . 17

9. Publicación de las decisiones . 17

Parte III: Normas relativas a las ayudas horizontales

10. Ayudas a las pequeñas y medianas empresas (PYME) . 18

10.1. Introducción . 18

10.2. Definición de PYME . 18

10.3. Ayudas a las PYME sujetas al apartado 1 del artículo 61 . 19

10.4. Intensidades de ayuda a las PYME generalmente admisibles . 19

10.4.1. Ayudas a la inversión en general . 19

10.4.2. Ayudas a las inversiones para la protección del medio ambiente . 20

10.4.3. Ayudas para asesoramiento, formación y difusión de conocimientos . 20

10.4.4. Ayudas a la I+D . 20

10.4.5. Ayudas para otros fines . 20

11. Criterios de aplicación del procedimiento acelerado de aprobación de los planes de ayuda a las PYME . 20

11.1. Planes nuevos de ayuda a las PYME . 21

11.2. Modificaciones de programas de ayuda vigentes . 21

12. Aplicación y ejecución de la norma de minimis . 21

12.1. Definición de las categorías de gastos . 22

12.2. Criterios aplicados para calcular el equivalente líquido de subvención de la ayuda de minimis . 22

12.3. Supervisión de la norma de minimis por los Estados de la AELC . 23

12.4. Cálculo del equivalente líquido de subvención de un crédito blando . 23

12.4.1. Sin período de carencia . 23

12.4.2. Con período de carencia . 23

13. Normas aplicables a los casos de acumulación de ayudas destinadas a diferentes fines . 24

13.1. Notificación de los casos significativos de acumulación de ayudas . 24

13.2. Excepciones . 24

13.3. Ayudas afectadas . 24

13.4. Normas especiales . 25

14. Ayudas a investigación y desarrollo . 25

14.1. Definición de investigación y desarrollo y aplicabilidad del artículo 61 de Acuerdo EEE a las ayudas a I+D . 25

14.2. Apreciación de las ayudas a I+D con arreglo al artículo 61 del Acuerdo EEE . 26

14.3. Requisitos adicionales de notificación . 26

14.4. Intensidad . 27

14.5. Gastos de I+D que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la intensidad de las ayudas . 27

14.6. Ejecución . 28

15. Ayudas para la protección del medio ambiente . 28

15.1. Introducción . 28

15.2. Principales ayudas estatales en favor del medio ambiente . 29

15.2.1. Incentivos para la inversión, asociados, en su caso, a medidas reglamentarias o basadas en acuerdos . 29

15.2.2. Ayudas para medidas horizontales de apoyo . 29

15.2.3. Ayudas de funcionamiento en forma de subvenciones, desgravaciones de impuestos y exacciones medioambientales y ayudas a los consumidores de productos no contaminantes . 30

15.3. Objetivo y alcance de las normas aplicables a las ayudas para la protección del medio ambiente . 30

15.4. Evaluación de las ayudas para la protección del medio ambiente en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo EEE . 31

15.4.1. Ayudas a la inversión . 31

15.4.1.1. Ayudas para la adaptación a nuevas normas obligatorias . 32

15.4.1.2. Ayudas para fomentar que las empresas superen las normas medioambientales obligatorias . 32

15.4.1.3. Ayudas en caso de no existir normas obligatorias . 32

15.4.2. Ayudas para actividades de información y servicios de formación y asesoramiento . 33

15.4.3. Ayudas de funcionamiento . 33

15.4.4. Ayudas para la compra de productos no contaminantes . 33

15.5. Fundamento de la excepción . 34

15.6. Acumulación de ayudas de distinta procedencia . 34

15.7. Notificación y reversión de las normas sobre ayudas para la protección del medio ambiente . 34

16. Ayudas de salvamento y reestructuración . 34

17. Garantías estatales . 35

18. Ayudas al empleo . 35

Parte IV: Normas sobre participaciones del sector público y ayudas estatales a empresas públicas

19. Participaciones del sector público . 36

20. Aplicación de las disposiciones sobre ayudas estatales a las empresas públicas del sector manufacturero . 38

20.1. Introducción . 38

20.2. La empresas públicas y las normas de competencia . 39

20.3. Principios que deben utilizarse para determinar si existen elementos de ayuda . 40

20.4. Una política más transparente . 41

20.5. Viabilidad del principio del inversor en una economía de mercado . 41

20.6. Compatibilidad de las ayudas . 43

20.7. Distintas formas de intervención estatal . 44

20.7.1. Aportaciones de capital . 44

20.7.2. Garantías . 45

20.7.3. Préstamos . 45

20.7.4. Rendimiento de las inversiones . 46

Parte V: Directrices para las ayudas sectoriales

21. Ayudas al sector textil y de la confección . 47

21.1. Características especiales del sector textil y de la confección . 47

21.2. Condiciones sectoriales de las ayudas al sector textil y de la confección . 47

21.2.1. Ayudas para medidas conjuntas en el ámbito textil y de la confección . 48

21.2.2. Ayudas en pro de la mejora estructural del sector textil y de la confección . 48

21.2.3. Ayudas de la inversión en el sector textil y de la confección . 48

21.3 Principios generales . 49

22. Ayudas a la industria de la fibras sintéticas . 49

22.1. Principios generales . 49

22.2. Requisitos de notificación especiales . 50

22.3. Criterios de evaluación . 50

22.4. Duración . 51

23. Ayudas al sector de los vehículos de motor . 51

23.1. Introducción . 51

23.2. Definición del sector . 51

23.3. Requisitos de notificación especiales . 51

23.4. Normas para la valoración de las ayudas . 52

23.4.1. Ayudas de reestructuración y salvamento . 52

23.4.2. Ayudas de carácter regional . 52

23.4.3. Ayudas de inversión para innovación, modernización y racionalización . 52

23.4.4. Ayudas de investigación y desarrollo . 53

23.4.5. Ayudas para la protección del medio ambiente y ahorro de energía . 53

23.4.6. Ayudas de formación y reconversión relacionadas con inversiones . 53

23.4.7. Ayudas de funcionamiento . 53

23.5. Informes . 53

24. Ayudas a sectores siderúrgicos no regulados por el Tratado CECA . 54

24.1. Introducción . 54

24.2. Requisitos de notificación especiales . 54

24.3. Criterios de evaluación de las ayudas . 54

24.4. Informes . 55

Parte VI: Directrices para las ayudas regionales

25. Introducción . 56

26. Principios de evaluación de las ayudas regionales . 57

26.1. Límites máximos diferenciados de intensidad de la ayuda . 57

26.2. Transparencia . 58

26.3. Especificidad regional . 60

26.4. Repercusiones sectoriales . 60

26.5. Sistema de supervisión . 60

27. Método común de evaluación de ayudas . 61

28. Métodos de aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE a las ayudas regionales . 62

28.1. Método de aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 61 a las ayudas nacionales con finalidad regional . 62

28.1.1. Principios del método . 62

28.1.2. Selección de indicadores . 63

28.1.3. Regiones excepcionales . 63

28.1.4. Límites máximos de las ayudas . 63

28.1.5. Gama de instrumentos de ayuda necesarios para promover el desarrollo regional de las regiones comprendidas en la letra a) del apartado 3 del artículo 61 . 64

28.2. Método de aplicación de la letra c) del apartado 3 del artículo 61 a las ayudas nacionales con finalidad regional . 64

28.2.1. Principios del método . 65

28.2.2. Primera fase del análisis . 65

28.2.3. Segunda fase del análisis . 66

28.2.4. Límites máximos de intensidad de las ayudas . 66

Parte VII: Normas específicas

29. Programas de ayudas generales de inversión . 67

30. Informes anuales normalizados . 67

31. Otras disposiciones específicas . 68

31.1. Conversiones entre las monedas nacionales y el ecu . 68

Anexos . 69

PARTE I INTRODUCCIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES

1. INTRODUCCIÓN

(1) Mediante la ratificación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE) y el Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción), los Estados de la AELC se comprometieron a crear un Órgano de Vigilancia. En virtud de la letra a) del apartado 1 del artículo 5 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y con arreglo al artículo 1 del Protocolo 3 anexo a ese Acuerdo, los Estados de la AELC han encomendado a este Órgano de Vigilancia la misión de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que les impone el artículo 61 del Acuerdo EEE. Este artículo declara incompatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE las ayudas estatales definidas en su apartado 1, salve que se les aplique o pueda aplicárseles una exención (apartados 2 y 3 del artículo 61 y artículo 49).

(2) Al aplicar estos artículos, el Órgano de Vigilancia de la AELC deberá tener debidamente en cuenta los principios y normas contenidos en los actos enumerados en el tercer epígrafe del Anexo XV del Acuerdo EEE y en el Anexo I del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción («Actos que deberán tener en cuenta la Comisión de las Comunidades Europeas y el Órgano de Vigilancia de la AELC») (1).

(3) Estas listas de actos de la Comisión de las CE son prueba de la importancia que conceden las Partes Contratantes al principio básico de homogeneidad en el ámbito de las ayudas estatales y a la necesidad de garantizar una vigilancia uniforme de estas ayudas en todo el territorio incluido en el Acuerdo EEE de conformidad con las normas sustantivas y de procedimiento establecidas por dichos actos. En virtud del artículo 3 del Acuerdo EEE, los Estados de la AELC se comprometieron, asimismo, a contribuir a los objetivos del Acuerdo adoptando todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de él y a abstenerse de cualquier medida que pudiera poner en peligro dichos objetivos.

(4) Para ello, en el ámbito de las ayudas estatales, los Estados de la AELC se comprometieron, entre otras cosas, a notificar al Órgano de Vigilancia de la AELC todos los proyectos de concesión o modificación de ayudas estatales, tal como se establece en el artículo 62 del Acuerdo EEE y el artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, interpretados de conformidad con las resoluciones pertinentes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas con anterioridad a la fecha de la firma del Acuerdo EEE (artículo 6 del Acuerdo EEE). También contienen las disposiciones sobre notificación de ayudas los actos enumerados en el tercer epígrafe del Anexo XV del Acuerdo EEE y el Anexo I del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Con arreglo a esos actos, aplicados en el contexto del EEE, deberán notificarse al Órgano de Vigilancia de la AELC, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo EEE, las ayudas individuales especificadas en los actos enumerados en los puntos 15, 16, 30 a 34 y 37 del Anexo XV del Acuerdo EEE (esto es, los puntos 14, 15, 29 a 33 y 36 del Anexo I del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción).

(5) En virtud del artículo 24 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC tiene la obligación de adoptar actos corespondientes a los enumerados en el Anexo I del Acuerdo. El Órgano de Vigilancia considera que, para cumplir con esta obligación de manera óptima, debe adoptar y promulgar dichos actos en un documento único refundido: las presentes «Normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales». Estas directrices contribuirán, de este modo, al objetivo general de transparencia en el ámbito de las ayudas estatales.

(6) Estas directrices contienen todas las normas correspondientes a los actos enumerados en el Anexo I del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y todas las normas correspondientes a actos similares adoptados por la Comisión de las CE entre el 1 de agosto de 1991 y la entrada en vigor del Acuerdo EEE. Con estas directrices se pretende informar a las administraciones nacionales y las empresas del modo como interpreta y aplica el Órgano de Vigilancia de la AELC las disposiciones del Acuerdo EEE relativas a las ayudas estatales. Este Órgano de Vigilancia ha aprobado las presentes directrices para garantizar una aplicación, ejecución e interpretación uniformes de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE, tal como dispone el Protocolo 27 de este Acuerdo.

(7) Por otra parte, al aplicar los artículos 61 y 49 del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia de la AELC tendrá en cuenta la Declaración conjunta sobre la letra b) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE, la Declaración conjunta sobre la letra c) del apartado 3 del artículo 61 y la Declaración conjunta sobre la construcción naval.

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y DISPOSICIONES GENERALES

(1) Las presentes directrices han sido adoptadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 5 y el artículo 24 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

(2) Conviene señalar que en estas directrices por «Estados de la AELC» se entenderá «los Estados de la AELC que son Partes Contratantes del Acuerdo EEE respecto de los cuales haya entrado en vigor el Acuerdo».

(3) Estas directrices podrán modificarse o completarse a la luz de la experiencia que se vaya adquiriendo y de acuerdo con la directrices de la Comisión de las CE en materia de ayudas estatales. Parte de las directrices están sujetas a limitaciones temporales (2). En toda modificación o adición el Órgano de Vigilancia de la AELC se atendrá a los principios relativos a la cooperación con la Comisión de las CE establecidos en el Protocolo 27 del Acuerdo EEE.

(4) Estas directrices y cualesquiera futuras modificaciones o adiciones se publicarán en la sección EEE, del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el suplemento EEE del mismo, de conformidad con el Acuerdo sobre la publicación de información relacionada con el EEE, mencionado en el Acta Final del Acuerdo EEE.

PARTE II PROCEDIMIENTOS (3)

3. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE CONCESIÓN O DE MODIFICACIÓN DE AYUDAS

3.1. Disposiciones del Acuerdo

(1) El apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción dispone que: «El Órgano de Vigilancia de la AELC será informado de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considera que un proyecto no es compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE con arreglo al artículo 61 de dicho Acuerdo, el Órgano de Vigilancia iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado 2. El Estado interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva».

(2) Esta disposición establece tres requisitos de procedimiento para el Estado de la AELC interesado:

Está obligado a:

a) notificar cualquier proyecto de concesión o modificación de ayudas (primera frase),

b) hacerlo «con la suficiente antelación» (primera frase), y

c) abstenerse de ejecutar las medidas proyectadas hasta que el Órgano de Vigilancia haya decidido al respecto (tercera frase).

(3) El Órgano de Vigilancia considera que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (4) está obligado a:

a) «presentar sus observaciones», es decir, tomar una decisión sobre el asunto (primera frase). En esta fase, el Órgano de Vigilancia puede autorizar la ayuda o iniciar un procedimiento formal de investigación con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Las decisiones por las que autoriza una ayuda en esta fase se denominan «decisiones de no plantear objeciones»,

b) hacerlo sin demora (primera y segunda frases); e

c) iniciar el procedimiento formal de investigación con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción si abriga la menor duda de la compatibilidad de la ayuda con el funcionamiento del Acuerdo EEE (segunda frase) (5).

3.2. La notificación en la práctica

3.2.1. Alcance del requisito de notificación

(1) Los Estados de la AELC tienen la obligación de notificar todos los proyectos de regímenes de ayuda todos los proyectos de ayuda y individuales ajenos a un régimen de ayuda para que sean autorizados por el Órgano de Vigilancia de la AELC.

(2) A partir del momento en que el Órgano de Vigilancia autoriza un régimen de ayuda, no es necesario comunicar las concesiones individuales de ayuda efectuadas con arreglo a lo previsto en el mismo. No obstante, para sectores específicos o algunos tipos de ayuda particulares, se requiere una notificación individual de todas las concesiones de ayuda o de las concesiones que superen determinada cuantía. Estas excepciones se explican en la parte de estas directrices que se ocupa de las normas sustantivas o en la decisión en que se autorice el régimen de ayuda.

(3) La obligación de notificar los proyectos de concesión o modificación de ayudas no sólo se refiere al plan inicial, sino también a cualquier modificación sustancial (que no sea puramente administrativa) del mismo (6). La notificación de la modificación se considera como una nueva notificación.

(4) No es preciso notificar las ayudas sujetas a la norma de minimis descrita en el capítulo 12.

(5) Si un Estado de la AELC tiene dudas en cuanto a si la ayuda propuesta contiene un elemento de ayuda estatal, debe notificarla al Órgano de Vigilancia antes de llevarla a la práctica.

3.2.2. Obligación de notificar con «la suficiente antelación»

(1) La primera frase del apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción señala que el Órgano de Vigilancia de la AELC será informado de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas «con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones», es decir, para poder tomar una decisión sobre el asunto. Por consiguiente, salvo en aquellos casos que se podrán tramitar por el procedimiento de urgencia (véase el capítulo 11), los Estados de la AELC deberán conceder al Órgano de Vigilancia un plazo de dos meses para que pueda tomar su decisión.

3.2.3. Requisitos formales de notificación

(1) Las notificaciones deben hacer referencia expresa al apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuredo de Vigilancia y Jurisdicción o a cualquier otra disposición por la que se exija la notificación y habrán de enviarse al Órgano de Vigilancia de la AELC.

(2) La fecha de recepción sirve de fecha de referencia para la contabilización del plazo de que dispone el Órgano de Vigilancia para pronunciarse sobre el caso.

(3) El Órgano de Vigilancia debe enviar a la representación permanente del Estado de la AELC correspondiente un acuse de recibo en el que se consigne la fecha de recepción de la notificación.

(4) A fin de simplificar y acelerar la tramitación de los asuntos, el Órgano de Vigilancia recomienda a los Estados de la AELC que incluyan en la notificación todos los datos que figuran en la lista de la sección I del Anexo I de estas directrices. La sección II recoge una lista de información suplementaria refrente a las ayudas a I+D. También debe incluirse en la notificación cualquier información que el Estado de la AELC considere necesaria para apreciar el asunto, especialmente en el caso de las concesiones individuales de ayuda. Para las ayudas que reúnen los requisitos exigidos para la tramitación por el procedimiento de urgencia, debe utilizarse el impreso de notificación que se reproduce en el Anexo II.

3.2.4. Solicitudes de información complementaria

(1) El Órgano de Vigilancia de la AELC dispone de 15 días laborables a partir de la fecha del acuse de recibo de la notificación para solicitar información complementaria en caso de que considere incompleta la notificación. La solicitud de información complementaria retrasa el inico del plazo disponible para el examen de la notificación. De esta forma, el plazo comienza a contar desde la fecha en que se recibe la información complementaria. El Órgano de Vigilancia debe enviar un acuse de recibo en el que conste la nueva fecha efectiva de notificación.

(2) Por lo general, se conceden 20 días laborables para presentar la información complementaria. Si no hubiese respuesta o si ésta fuese incompleta, el Órgano de Vigilancia enviará un recordatorio o un escrito solicitando la información pendiente, concediendo por lo general 15 días laborables más.

3.3. Prohibición de ejecutar la ayuda proyectada durante la investigación del Órgano de Vigilancia de la AELC

(1) La última frase del apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción establece que el Estado de la AELC no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que recaiga decisión definitiva en el procedimiento del apartado 2 del artículo 1. Esta disposición impone una prohibición general de ejecutar las medidas proyectadas antes de que el Órgano de Vigilancia de la AELC haya tomado una decisión al respecto, incluso en aquellos casos en los que no se inicia el procedimiento formal (7).

(2) Por «ejecutar» no sólo se entiende la acción de conceder ayuda al destinatario, sino la habilitación para conceder la ayuda sin ulteriores trámites.

(3) Si el Estado de la AELC ejecuta la medida de ayuda antes de que el Órgano de Vigilancia tome una decisión al respecto, se aplicará el procedimiento descrito en el punto 6.2 [véase, empero, la primera nota a pie de página del punto 4.1 (1)].

4. DECISIONES DE NO PLANTEAR OBJECIONES

4.1. Plazos

(1) El Órgano de Vigilancia de la AELC considera que es su obligación tomar una decisión sobre las notificaciones que recibe en el plazo de dos meses (8). En circunstancias excepcionales, el Órgano de Vigilancia y el Estado de la AELC afectado pueden llegar a un acuerdo para prorrogar este plazo.

(2) El Órgano de Vigilancia procurará tomar las decisiones, en general, en un plazo de 30 días laborables.

(3) No obstante, el Órgano de Vigilancia se ha fijado un plazo más corto de 20 días laborables:

- para los nuevos regímenes de ayuda a pequeñas y medianas empresas que se pueden instruir por el procedimiento de urgencia, y

- para las modificaciones de los regímenes de ayudas autorizados que se pueden tramitar por procedimiento de urgencia.

Si el Órgano de Vigilancia considera que un asunto no reúne las condiciones exigidas para su instrucción por el procedimiento de urgencia, informará al Estado de la AELC de que se aplicará el procedimiento ordinario.

4.2. Requisitos de las decisiones

(1) Antes de tomar una decisión de autorizar la ayuda sin iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC no tiene la obligación de informar a los demás Estados miembros y a los terceros interesados (9).

(2) La decisión puede basarse en que la medida propuesta no entra dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE o en que puede aplicársele una de las exenciones contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 61.

(3) La decisión se comunicará al Estado de la AELC por carta.

(4) De conformidad con la letra d) del Protocolo 27 del Acuerdo EEE, la decisión se comunicará a la Comisión de las CE.

(5) Se publicará una comunicación en la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en su suplemento EEE para informar a los demás Estados de la AELC y a los terceros interesados.

(6) Normalmente, la comunicación publicada consistirá en una lista de datos preestablecidos.

(7) Si el Estado de la AELC retira la propuesta de ayuda, el Órgano de Vigilancia le comunicará, mediante carta, que se archiva el expediente. No se informará de ello a los demás Estados de la AELC ni a la Comisión de las CE, ni se publicará una comunicación en la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en su suplemento EEE.

5. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL

5.1. Disposiciones del Acuerdo

(1) El apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción establece que: «Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, el Órgano de Vigilancia de la AELC comprobare que una ayuda otorgada por un Estado de la AELC, o mediante fondos de un Estado de la AELC, no es compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE en virtud de su artículo 61, o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en un plazo determinado».

5.2. Supuestos en que el Órgano de Vigilancia de la AELC debe iniciar una investigación

(1) El Órgano de Vigilancia de la AELC tiene la obligación de iniciar el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción a partir del momento en que tenga cualquier tipo de duda sobre la compatibilidad de la ayuda con el funcionamiento del Acuerdo EEE (10). Este procedimiento se aplica a todos los casos, ya sean ayudas notificadas, sin notificar o ya existentes, aunque en este último caso deberán haberse propuesto previamente «las medidas apropiadas» (11).

(2) La decisión de iniciar el procedimiento no prejuzga la decisión definitiva, que podrá consistir en declarar la ayuda compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE. El objetivo del procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción es garantizar un examen exhaustivo del caso, dando a todas las partes interesadas el derecho a ser oídas (12).

5.3. Desarrollo del procedimiento

(1) Cuando el Órgano de Vigilancia de la AELC inicia el procedimiento en un asunto, se lo comunica por carta al Estado de la AELC afectado y, con arreglo a la letra c) del Protocolo 27 del Acuerdo EEE, a la Comisión de las CE, mientras que para los demás Estados de la AELC y los terceros interesados se publica una comunicación en la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el suplemento EEE del mismo.

(2) Los procedimientos se dan por terminados mediante decisión formal.

5.3.1. Derecho de los Estados de la AELC a un «procedimiento con las debidas garantías»

(1) La carta por la que se comunica al Estado de la AELC afectado el inicio del procedimiento indica los motivos por los que el Órgano de Vigilancia de la AELC plantea objeciones a la ayuda e invita a los Estados de la AELC a presentar sus observaciones en un plazo concreto, generalmente de un mes.

(2) Si el Estado de la AELC considera necesario efectuar observaciones verbales al Órgano de Vigilancia, las reuniones al efecto deberán celebrarse en los tres meses siguientes al inicio del procedimiento.

(3) El derecho del Estado de la AELC a un «procedimiento con las debidas garantías» incluye también el derecho de réplica a los comentarios y alegaciones de otros interesados (véase el punto 5.3.2).

(4) Se enviará al Estado de la AELC afectado una carta en la que se recojan todas las observaciones presentadas en tiempo hábil. Aquél dispone de 15 días laborables para comentar estas observaciones.

5.3.2. Derecho de los demás Estados de la AELC, de los Estados miembros de la CE, de la Comisión de las CE y de los terceros interesados a un «procedimiento con las debidas garantías»

(1) Una vez iniciado el procedimiento, se publica en la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el suplemento EEE del mismo una comunicación a los demás Estados de la AELC, a los Estados miembros de las CE y a los terceros interesados, en la que se les invita a presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación. Estas comunicaciones reproducen la carta que el Órgano de Vigilancia de la AELC envía al Estado de la AELC interesado informándole de la apertura del procedimiento, suprimiendo previamente los párrafos de carácter confidencial.

(2) En el procedimiento del apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, los derechos de los terceros interesados se derivan del requisito de emplazar «a los interesados para que presenten sus observaciones». Los «interesados» a que se refiere el apartado 2 de ese artículo no son únicamente la empresa o empresas receptoras de la ayuda, sino también aquellas personas físicas, empresas o asociaciones cuyos intereses puedan verse afectados por su concesión, especialmente las empresas y asociaciones de empresas competidoras (13).

(3) La publicación de una comunicación en la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el suplemento EEE del mismo constituye un medio apropiado par informar a las partes interesadas del inicio de un procedimiento (14). El apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción no exige que la comunicación tenga un carácter individual y personal.

(4) En la comunicación, el Órgano de Vigilancia formulará sus dudas en cuanto a la compatibilidad de la ayuda con el funcionamiento del Acuerdo EEE (15).

5.4. Decisión definitiva

(1) El Órgano de Vigilancia de la AELC puede adoptar una decisión positiva o negativa, o puede archivar el caso si se retira la propuesta de ayuda o por inaplicabilidad del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

(2) La decisión positiva consiste en autorizar la ayuda, mientras que la decisión negativa la prohíbe. La decisión podrá ser parcialmente positiva y parcialmente negativa. Las decisiones positivas podrán supeditarse a condiciones.

(3) Si el Estado de la AELC no ejerce su derecho de réplica al inicio del procedimiento o no facilita toda la información exigida, el Órgano de Vigilancia puede tomar una decisión con arreglo a la información de que disponga, aunque no se haya recibido alegación alguna por parte del Estado de la AELC (16).

(4) La decisión debe mencionar claramente los motivos en que se basa (17). Asimismo, ha de especificar las obligaciones que impone al Estado de la AELC afectado (18). El Órgano de Vigilancia establecerá el plazo para que el Estado cumpla con sus obligaciones (19).

(5) El Órgano de Vigilancia presentará al Estado de la AELC el texto íntegro de las decisiones negativas o parcialmente negativas y de las decisiones que impongan condiciones. Las demás decisiones se comunicarán al Estado de la AELC por carta. Con arreglo a la letra d) del Protocolo 27 del Acuerdo EEE, deberá suministrarse la misma información a la Comisión de las CE.

(6) El texto íntegro de las decisiones negativas, parcialmente negativas o condicionales se publicará en la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en su suplemento EEE. En el caso de las decisiones de otro tipo, se publicará de igual modo una comunicación que reproduzca la carta al Estado de la AELC.

5.5. Incumplimiento por parte del Estado de la AELC

(1) Si el Estado de la AELC de que se trate incumpliere la decisión en el plazo establecido, el Órgano de Vigilancia de la AELC podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la AELC de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, solicitando en caso necesario un requerimiento.

6. PARTICULARIDADES REFERENTES A LAS AYUDAS ILEGALES POR MOTIVOS DE PROCEDIMIENTO

(1) Salvo por las particularidades que se señalan a continuación, el procedimiento aplicable a las ayudas ilegales por motivos de procedimiento es semejante al de notificación.

6.1. Noción de ayuda ilegal por motivos de procedimiento

(1) Como la noción de «ayuda no notificada» es demasiado restrictiva para abarcar todas las ayudas que se ejecutan a la práctica en infracción de la última frase del apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC ha decidido utilizar el concepto de «ayuda ilegal por motivos de procedimiento» (en adelante, denominada «ayuda ilegal»).

Este concepto incluye:

a) las ayudas otorgadas sin notificación,

b) las ayudas concedidas en virtud de una aplicación incorrecta de un régimen de ayuda autorizado («aplicación abusiva de las ayudas» con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción),

c) las ayudas notificadas tardíamente, es decir, tras haber sido «ejecutadas», y

d) las ayudas notificadas con antelación pero «ejecutadas» antes de que el Órgano de Vigilancia haya tomado una decisión (20).

6.2. Solicitud de información

(1) Cuando el Órgano de Vigilancia de la AELC tenga conocimiento de un posible caso de ayuda ilegal, solicitará al Estado de la AELC interesado que facilite información detallada relacionada con la ayuda en un plazo de 20 días laborables. Este plazo es el mismo que se concede por regla general para facilitar información suplementaria sobre ayudas notificadas [véase el punto 3.2.4 (2)]. En caso necesario, se enviará un recordatorio.

(2) Conviene recordar que el Órgano de Vigilancia está facultado para tomar una decisión con arreglo a la información de que disponga [véase el punto 5.4 (3)], incluso si no ha recibido alegación alguna por parte del Estado de la AELC.

6.2.1. Requerimiento («medidas cautelares»)

(1) El Órgano de Vigilancia de la AELC tiene la facultad de exigir mediante un requerimiento al Estado de la AELC que interrumpa el pago de la ayuda en tanto la investigación no llegue a su fin (21). El procedimiento es el siguiente:

(2) Una vez comprobado que la ayuda se ha concedido ilegalmente, el Órgano de Vigilancia debe conceder al Estado miembro interesado la oportunidad de presentar sus observaciones antes de tomar una decisión, exigiéndole que suspenda inmediatamente el pago de la ayuda en tanto no se resuelva la investigación (22).

(3) Si el Estado de la AELC no suspendiese el pago de la ayuda, el Órgano de Vigilancia está autorizado, mientras estudia el fondo del asunto, a recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la AELC, solicitándole que declare que la ayuda supone una infracción del Acuerdo (23).

6.2.2. Desarrollo del procedimiento

(1) En los casos de ayudas ilegales, el Órgano de Vigilancia de la AELC procurará tomar una decisión en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la información completa.

(2) Si considera que la ayuda es compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE, tomará una decisión positiva en función de las características de la ayuda.

6.2.3. Órdenes de recuperar las ayudas

(1) En los casos de ayudas ilegales en que recae decisión negativa, el Órgano de Vigilancia de la AELC ordena por lo general al Estado de la AELC que reclame el reembolso de la ayuda al beneficiario de la misma (24).

(2) La recuperación debe llevarse a cabo de acuerdo con la legislación nacional, incluidas las disposiciones relativas a los intereses pagaderos en caso de demora en el reintegro de las sumas que deban reembolsarse al Estado. Se cobrarán intereses, por lo general, a partir de la fecha de concesión de la ayuda ilegal. No podrá invocarse la legislación nacional con objeto de impedir la recuperación o hacer que sea virtualmente imposible (25).

7. PROCEDIMIENTO APLICABLE EN LOS CASOS DE AYUDAS EXISTENTES

7.1. Disposiciones del Acuerdo

(1) El apartado 1 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción dispone que: «El Órgano de Vigilancia de la AELC examinará permanentemente, junto con los Estados de la AELC, los regímenes de ayudas existentes en dichos Estados. Propondrá a éstos las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del Acuerdo EEE».

(2) Esta disposición establece fundamentalmente tres requisitos de procedimiento para el Órgano de Vigilancia y uno para el Estado de la AELC interesado. Los primeros son:

- examinar permanenemente todos los regímenes de ayudas existentes en los Estados de la AELC (primera frase),

- hacerlo junto con los Estados de la AELC interesados (primera frase), y

- proponer a éstos las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del Acuerdo EEE.

El segundo es:

- la obligación del Estado de la AELC de cooperar con el Órgano de Vigilancia.

7.2. Noción de ayudas existentes

(1) Se entiende por ayudas existentes, en el sentido del apartado 1 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción:

- las ayudas antiguas o «anteriores al EEE», es decir, aquellos regímenes de ayuda existentes a la entrada en vigor del Acuerdo EEE y aquellas concesiones individuales de ayuda no integradas en un régimen de ayuda, que hayan sido autorizados previamente y prevean pagos con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo EEE; y

- las ayudas autorizadas, es decir, aquellos regímenes o concesiones de ayuda vigentes que hayan sido autorizados [véanse los puntos 4.2 (2) y 5.4 (2)] o se consideren autorizados [véase la primera nota a pie de página del punto 4.1 (1)] por el Órgano de Vigilancia de la AELC.

7.3. Objeto del procedimiento relativo a las ayudas existentes

(1) El objeto de este procedimiento consiste en disponer de un medio para la tramitación de las dos categorías de ayudas existentes. El apartado 1 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción tiene por finalidad facultar al Órgano de Vigilancia de la AELC para garantizar la supresión o adaptación de las ayudas antiguas o anteriores al EEE que sean incompatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE (26) y volver a examinar aquellos regímenes o concesiones de ayuda autorizadas anteriormente pero que acaso no sigan siendo compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE, en función de las condiciones existentes en ese momento.

7.4. Procedimiento

7.4.1. Inicio del examen

(1) Cuando el Órgano de Vigilancia de la AELC considere que una ayuda existente puede no ser compatible con el desarrollo progresivo o el funcionamiento del Acuerdo EEE, inicia su examen solicitando por escrito información al Estado de la AELC interesado. El inicio del examen no supone la obligación de suspender la ejecución del régimen de ayuda.

(2) Hasta la fecha, el Órgano de Vigilancia no ha establecido normas concretas de procedimiento para la aplicación del apartado 1 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. El único requisito evidente que se desprende de ese apartado es la obligación de cooperar con el Estado de la AELC. El Órgano de Vigilancia estima que cumple esta obligación solicitando información al Estado interesado antes de proponer las «medidas apropiadas».

(3) El Estado de la AELC tiene la obligación de suministrar la información solicitada por el Órgano de Vigilancia. Para efectuar el examen con la celeridad necesaria, el Órgano de Vigilancia puede establecer plazos para la presentación de la información similares a los existentes en los casos de ayudas notificadas.

7.4.2. Propuesta de «medidas apropiadas»

(1) Tras estudiar el régimen de ayuda existente con arreglo a la información enviada por el Estado de la AELC, el Órgano de Vigilancia de la AELC puede decidir que no es necesario efectuar cambio alguno en el mismo y archivar el expediente, o proponer las modificaciones que considere apropiadas para que el régimen se ajuste a lo dispuesto en el Acuerdo. Así pues, la propuesta de «medidas apropiadas» puede consistir en:

- la modificación sustancial del régimen,

- la introducción de requisitos de procedimiento, por ejemplo, la notificación previa de las ayudas individuales concedidas en virtud del régimen, y de requisitos en materia de información, o

- la supresión del régimen.

(2) El Órgano de Vigilancia debe justificar las medidas que propone y recabar la aprobación del Estado de la AELC.

7.4.3. Consecuencias legales de la propuesta de «medidas apropiadas»

(1) Si el Estado de la AELC acepta las medidas propuestas, el Órgano de Vigilancia de la AELC archiva el expediente.

(2) Si el Estado de la AELC se niega a aplicar las «medidas apropiadas» propuestas y el Órgano de Vigilancia, tras haber escuchado sus alegaciones, considera que dichas medidas continúan siendo necesarias, éste podrá exigir al primero que se ajuste a las mismas recurriendo al procedimiento del apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (véase el capítulo 5).

8. CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

(1) Los plazos expresados en meses expiran el mismo día del enésimo mes que el día de la fecha de recepción de la correspondencia. A modo de ejemplo, la fecha límite para tomar una decisión sobre una notificación recibida el 5 de mayo es el 5 de julio. Si el último mes no tiene el día en que debe cumplirse el plazo, éste expirará al término del último día de ese mes. Por ejemplo, la fecha límite para tomar una decisión sobre una notificación recibida el 31 de julio es el 30 de septiembre.

(2) Los plazos expresados en días laborables expiran el enésimo día laborable contado a partir del día laborable siguiente a la fecha de recepción de la correspondencia. Son días laborables todos los días salvo los sábados, domingos y fiestas oficiales. Para calcular el plazo de que dispone un Estado de la AELC para tomar medidas, se tendrán en cuenta sus fiestas oficiales. En el caso del Órgano de Vigilancia de la AELC, a la hora de calcular el plazo de que se dispone para tomar medidas, se tomarán en consideración los días festivos de su calendario.

(3) Cuando la correspondencia de un Estado de la AELC destinada al Órgano de Vigilancia haga correr el plazo que debe observar este último, se indicará la fecha de recepción en el acuse de recibo enviado al Estado de la AELC. En el caso inverso, para el Órgano de Vigilancia la fecha de recepción es el tercer día laboral siguiente al día de envío, salvo que el Estado destinatario demuestre una fecha de recepción posterior. Con estas reglas, el Órgano de Vigilancia podrá calcular de antemano los plazos derivados de la tramitación de los asuntos y se evitarán demoras indebidas en el proceso de toma de decisiones.

9. PUBLICACIÓN DE LAS DECISIONES

(1) La letra d) del Protocolo 27 del Acuerdo EEE dispone que se publicarán las decisiones definitivas y las decisiones por las que se inicie un procedimiento de investigación formal. Por consiguiente, en los tres casos que se describen a continuación se informará a los Estados de la AELC y a los terceros interesados, mediante publicación en la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el suplemento EEE del mismo:

a) cuando se resuelve un asunto en el plazo de dos meses sin iniciar el procedimiento de investigación formal establecido en el apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción [véase el punto 4.2 (5)];

b) cuando se inicia el procedimiento de investigación formal [véase el punto 5.3 (1)];

c) cuando se da por terminado el procedimiento de investigación formal [véase el punto 5.4 (6)].

(2) Además de la publicación en la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en su suplemento EEE, en la mayoría de los casos el Órgano de Vigilancia de la AELC publica un comunicado de prensa para informar al público, por lo general el mismo día en que se adopta la decisión. Estos comunicados sólo se publican en inglés.

(3) La información publicada con relación a ayudas estatales no incluye datos confidenciales. No se omite, empero, la identidad de los beneficiarios de la ayuda.

PARTE III NORMAS RELATIVAS A LAS AYUDAS HORIZONTALES

10. AYUDAS A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) (27)

(1) Los principios que se exponen en este capítulo son válidos para las ayudas a las PYME de todos los sectores salvo los sujetos a normas sectoriales específicas, que son los de las fibras sintéticas, vehículos de motor, siderurgia y transporte.

10.1. Introducción

(1) Las pequeñas y medianas empresas (PYME) desempeñan un papel importante en la economía. En primer lugar, su aportación en materia de creación de empleo es desproporcionada, especialmente en los períodos en que las grandes empresas reducen sus plantillas. Por otra parte, al estar más expuestas a la competencia y, al mismo tiempo, tener una flexibilidad y una capacidad de adaptación mayores que las grandes empresas, las PYME tienden a actuar como punta de lanza de la innovación. En tercer lugar, como consecuencia de lo anterior, las PYME son una importante fuente de competencia en los mercados y actúan como el principal motor de cambio estructural y regeneración en el conjunto de la economía, facilitando el trasvase de recursos de sectores en decadencia a sectores en expansión.

(2) El segmento de las PYME tiene particular importancia en algunos sectores económicos. Éste es el caso, por ejemplo, de la industria manufacturera, en la que la subcontratación está desempeñando un papel cada vez mayor. Las PYME tienen también una importancia capital para el desarrollo regional.

(3) Las PYME pueden hallarse en situación de desventaja respecto de las grandes empresas tradicionales. Por ejemplo, tienen mayores dificultades para obtener financiación y soportan en mayor medida las cargas impuestas por el Estado. Los costes impuestos a las pequeñas empresas por la legislación estatal de sanidad y seguridad, contabilidad, etc., pueden ser más elevados y las cargas impositivas que deben soportar pueden ser mayores, tanto desde el punto de vista del tipo impositivo que se les aplica, como por el coste que representa para ellas el régimen fiscal (por ejemplo, percepción de las cuotas de la seguridad social o del IVA).

10.2. Definición de PYME

(1) La definición de PYME que se hace más adelante a efectos de control de las ayudas estatales debe delimitar el sector de las PYME, de forma que quede incluido el grueso de las empresas caracterizadas por los efectos externos beneficiosos y las desventajas descritos anteriormente. Sin embargo, no debe ser tan amplia que permita incluir muchas empresas de mayor entidad que no tienen necesariamente los ventajosos efectos externos o las desventajas que caracterizan al sector de las PYME. La concesión de ayudas a empresas de mayor entidad sobre la base de consideraciones aplicables fundamentalmente a empresas de menor envergadura probablemente falsearía la competencia y el comercio entre los Estados miembros.

(2) Generalmente, no es necesario distinguir entre pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, esta distinción es necesaria en el caso de las ayudas para actividades próximas al mercado, tales como la inversión. En este caso, las ayudas a las empresas pequeñas producen normalmente unas repercusiones limitadas sobre el comercio intracomunitario, mientras que las que se conceden a las empresas medianas pueden tener un importante efecto distorsionador sobre el mismo.

(3) Se entenderá por «PYME» la empresa:

- que no tenga más de 250 trabajadores, y

- que tenga:

- bien un volumen de negocios anual no superior a 20 millones de ecus, o bien

- un balance general no superior a 10 millones de ecus, y

- en la que una o varias empresas que no cumplan esta definición no tengan una participación superior al 25 %, salvo si éstas son empresas públicas de inversión, empresas de capitales de riesgo o, siempre que no se ejerza control, inversores institucionales.

(4) Cuando sea necesario distinguir enter empresas pequeñas y medianas, se entenderá por empresa «pequeña» la empresa:

- que no tenga más de 50 trabajadores, y

- que tenga:

- bien un volumen de negocios anual no superior a 5 millones de ecus, o bien

- un balance general no superior a 2 millones de ecus, y

- en la que una o varias empresas que no cumplan esta definición no tengan una participación superior al 25 %, salvo si éstas son empresas públicas de inversión, empresas de capitales de riesgo o, siempre que no se ejerza control, inversores institucionales.

(5) Estos tres requisitos son acumulativos, es decir, se considera que una empresa pertenece a la categoría de las PYME o, en su caso, a la de las empresas pequeñas si cumple la condición de independencia y no rebasa el límite de volumen de mano de obra ni al menos uno de los otros dos límites relativos al volumen de negocios y al balance general.

10.3. Ayudas a las PYME sujetas al apartado 1 del artículo 61

(1) Las ayudas estatales a PYME que entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE porque pueden tener un impacto perceptible sobre el comercio y la competencia interestatales pueden acogerse a una exención en determinadas condiciones. La disposición de exención más amplia es la letra c) del apartado 3 del artículo 61, en cuya virtud el Órgano de Vigilancia de la AELC puede permitir las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(2) A la vista de los aspectos externos positivos asociados a las PYME, de su importancia en sectores específicos de la economía y en el desarrollo regional y de los problemas específicos a los que tienen que hacer frente, parece indudable que las ayudas estatales a las PYME «facilitan el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas».

(3) Sigue abierta la cuestión de si las ayudas estatales a las PYME alteran las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Ello dependerá del tipo e intensidad de la ayuda. Las ayudas para actividades que se encuentren relativamente alejadas del mercado, como puede ser la asistencia para obtener el asesoriamento de consultores para mejorar la gestión general, afecta a los intercambios sólo indirectamente y en un grado relativamente reducido. Las ayudas para actividades más próximas al mercado, tales como las inversiones, parecen afectar menos a los intercambios si se conceden a las PYME que si sus beneficiarios son grandes empresas. Esto se debe a que las ventas de una empresa pequeña o mediana son menores que las de una gran empresa, factor que se acentúa por el volumen de negocios por trabajador en el caso de las PYME, que suele ser inferior, y a que éstas son especialmente numerosas en sectores industriales en los que el volumen de intercambios intracomunitarios es relativamente pequeño (por ejemplo, construcción, determinadas industrias alimentarias, venta al por menor, numerosos servicios). Aun en este caso, les repercusiones de la ayuda a la inversión sobre el comercio pueden ser más importantes en el caso de las empresas medianas. En tales circunstancias, y a condición de no rebasar unas intensidades de ayuda aceptables, el efecto de las ayudas a las PYME sobre las condiciones de intercambio no será en general tan fuerte que perjudique al funcionamiento del Acuerdo EEE, especialmente si se tienen en cuenta los aspectos externos positivos de la actividad de las PYME.

10.4. Intensidades de ayuda a las PYME generalmente admisibles

(1) El Órgano de Vigilancia de la AELC considera que las ayudas estatales destinadas a los objetivos que se enumeran a continuación y de las intensidades que se indican más adelante pueden acogerse a la exención prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 61 cuando se refieran a las PYME, tal como se han definido. Asimismo, mantiene una actitud general favorable a la compatibilidad de dichas ayudas con el funcionamiento del Acuerdo EEE.

10.4.1. Ayudas a la inversión en general

(1) Los planes generales de ayuda definidos en el capítulo 29 son incompatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE y no pueden autorizarse. No obstante, los planes generales de ayuda destinados exclusivamente a las PYME pueden acogerse a una exención a condición de que reúnan los requisitos expuestos en los puntos 2 y 3.

(2) Fuera de las regiones asistidas (28) se podrán conceder ayudas a la inversión de una intensidad bruta de hasta el 15 % (29) para las pequeñas empresas y de hasta el 7,5 % para las medianas empresas.

(3) En la regiones asistidas, el Órgano de Vigilancia de la AELC permitirá que las PYME reciban el nivel de ayuda regional por él autorizado, aumentado en 10 puntos porcentuales de ayuda bruta a la inversión en las regiones contempladas en la letra c) del apartado 3 del artículo 61 y en 15 puntos porcentuales de ayuda bruta en las regiones contempladas en la letra a) del apartado 3 del artículo 61. No obstante, la suma de la ayuda regional y de la ayuda a las PYME, en términos netos, no podrá ser superior al 30 % en las regiones contempladas en la letra c) del apartado 3 del artículo 61, ni al 75 % en las regiones contempladas en la letra a) del apartado 3 del artículo 61. Estas limitaciones (véase cuadro anejo al Anexo V de estas directrices) están encaminadas a permitir el máximo nivel de ayuda en las regiones más necesitadas y a mantener un diferencial entre las regiones asistidas y no asistidas, salvo en el caso de las empresas más pequeñas.

(4) Las intensidades máximas de ayuda se aplicarán a todos los tipos de ayuda.

10.4.2. Ayudas a las inversiones para la protección del medio ambiente

(1) Las inversiones tendentes a la protección del medio ambiente (véase el capítulo 15), como, por ejemplo, las destinadas al control de la contaminación, la reducción del CO2 y la protección de la ozonosfera, reciben un trato más favorable que las inversiones generales. Esto se aplica sea cual fuere la localización y el tamaño de la empresa, si bien las PYME de las regiones asistidas pueden, naturalmente, solicitar las ayudas generales a la inversión (ayudas regionales y complemento de ayuda a las PYME), cuyo importe será, la mayoría de las veces, superior al 15 % en términos brutos que se puede permitir actualmente con arreglo a las directrices para las ayudas medioambientales, no debiendo supeditarse, así, a unas condiciones tan estrictas.

10.4.3. Ayudas para asesoramiento, formación y difusión de conocimientos

(1) Para asesoriamento por parte de consultores externos o para formación para pequeñas o medianas empresas, nuevas o ya establecidas, y para su personal, en temas de dirección, finanzas, nuevas tecnologías (en especial, tecnología de la información), control de la contaminación, protección de los derechos de propiedad intelectual o cuestiones similares, o sobre evaluación de la viabilidad de nuevas empresas, se aceptan en general unas ayudas brutas de hasta el 50 %. No obstante, cada plan se evaluará de forma individualizada, poniendo especial atención en la distancia existente entre la actividad y el mercado, las limitaciones del importe de la ayuda por empresa, las posibilidades de acumulación u otros factores pertinentes. En algunas circunstancias excepcionales, la Comisión puede permitir ayudas de más del 50 %. Las campañas generales de información, en particular, pueden recibir una ayuda mayor, ya que los beneficios económicos para cada una de las empresas son relativamente pequeños.

10.4.4. Ayudas a la I+D

(1) Para la I+D pueden autorizarse ayudas a las PYME superiores hasta 10 puntos porcentuales a las permitidas para las grandes empresas (véase el capítulo 14).

10.4.5. Ayudas para otros fines

(1) El Órgano de Vigilancia de la AELC no descarta la posibilidad de autorizar ayudas para otras formas justificadas de promoción de las PYME, tales como el fomento de la cooperación.

11. CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ACELERADO DE APROBACIÓN DE LOS PLANES DE AYUDAS A LAS PYME (30)

(1) Para los planes nuevos de ayuda a las PYME y las modificaciones de los ya vigentes se aplicará un procedimiento de aprobación acelerado especial. En principio, el Órgano de Vigilancia de la AELC no planteará objeciones a los planes de ayuda nuevos ni a los ya vigentes modificados y notificados con arreglo al apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción cuando cumplan los requisitos que se indican a continuación.

11.1. Planes nuevos de ayuda a las PYME

(1) Estos planes deberán limitarse a las pequeñas y medianas empresas, tal como se definieron anteriormente a efectos del control de las ayudas estatales, y deberán satisfacer alguno de los siguientes requisitos:

- si el plan tiene objetivos de inversión específicos, la intensidad de la ayuda no será superior al 7,5 % del coste de la inversión en el caso de las medianas empresas y al 15 % si se trata de pequeñas empresas; o

- si el plan está destinado a la creación de empleo, la ayuda no superará los 3 000 ecus por puesto de trabajo creado; o

- si el plan no está destinado a la inversión o a la creación de puestos de trabajo, el beneficiario de la ayuda no podrá recibir un volumen total de ayuda superior a 200 000 ecus.

(2) Todas las cantidades mencionadas anteriormente se consideran antes de impuestos, es decir, brutas.

(3) Los Estados de la AELC deberán garantizar que el beneficiario no recibe más ayuda de la permitida para un mismo proyecto con arreglo a los anteriores requisitos, comunicando sucesivamente los programas de ayuda que reúnan estos requisitos o cualquier otra ayuda concedida con arreglo a programas generales, regionales o sectoriales.

(4) Estas ayudas podrán concederse a escala nacional, regional o local.

(5) Las ayudas a las exportaciones en el comercio intra-EEE, las ayudas de funcionamiento y los planes sujetos a normas sectoriales específicas (en la actualidad, hay normas de este tipo en los sectores de las fibras sintéticas, vehículos de motor, siderurgia y transporte) quedan excluidas del procedimiento.

11.2. Modificaciones de programas de ayuda vigentes

(1) El procedimiento acelerado también es aplicable a las modificaciones de planes vigentes -independientemente del tamaño de la empresa beneficiaria- que el Órgano de Vigilancia de la AELC ya haya aprobado, salvo en los casos en que dicho Órgano de Vigilancia haya limitado estrictamente su autorización al período, presupuesto y condiciones notificadas.

(2) La modificación puede corresponder a cualquiera de los siguientes casos:

- una prórroga temporal sin incremento de los recursos presupuestarios;

- un aumento del presupuesto de hasta el 20 % del importe original, con una prórroga temporal;

- una restricción de los criterios de aplicación del programa.

(3) En el Anexo II de las presentes directrices se reproduce el impreso que se deberá utilizar para las notificaciones de programas de ayuda tanto nuevos como ya vigentes.

12. APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA NORMA DE MINIMIS (31)

(1) El Órgano de Vigilancia considera evidente que las ayudas inferiores a cierta cuantía no tienen repercusiones apreciables sobre la competencia y el comercio entre las Partes Contratantes. Por lo tanto, no es aplicable el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE y no es preciso notificar las ayudas que se definen a continuación.

(2) No es preciso notificar con arreglo al apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción las ayudas por un importe no superior a 50 000 ecus para un determinado tipo de gasto, ni los planes en el marco de los cuales las ayudas por empresa para un determinado tipo de gasto y un período de tres años estén limitadas a este importe, con tal de que se cumplan las condiciones que se reproducen más adelante.

(3) Es de señalar que la norma de minimis no se aplica ni a las ayudas e la exportación ni a los sectores sujetos a normas sectoriales específicas, que en la actualidad son los sectores de las fibras sintéticas, vehículos de motor, siderurgia y transporte.

12.1. Definición de las categorías de gastos

(1) Al aplicar la cláusula de minimis, han de distinguirse las dos categorías de gastos siguientes:

- cualquier tipo de inversión por cualquier concepto salvo I+D, y

- otros gastos.

(2) De modo que una empresa puede recibir una ayuda de un máximo de 100 000 ecus para realizar gastos que correspondan a estas dos categorías, durante un período trienal quedando exenta de la obligación de notificación.

(3) Se considera que el período trienal en el que debe aplicarse el límite comienza en el momento en que la empresa recibe por primera vez ayudas concedidas de acuerdo con la norma de minimis.

(4) Acerca de la cuestión de la acumulación de ayudas concedidas en virtud de la norma de minimis y ayudas correspondientes a un régimen autorizado, debe aplicarse la siguiente norma. Si una empresa que haya recibido ayuda con arreglo a la norma de minimis durante los tres últimos años para una de las dos categorías de gasto citadas desea aceptar ayudas correspondientes a un régimen autorizado para gastos de la misma categoría, el importe conjunto de la ayuda de minimis y la ayuda autorizada no debe superar el valor máximo fijado por el Órgano de Vigilancia de la AELC para el régimen notificado, en caso de que éste rebase 50 000 ecus. Esto puede implicar que la útima ayuda deba reducirse, de forma que el importe global no supere el máximo permitido.

12.2. Criterios aplicados para calcular el equivalente líquido de subvención de la ayuda de minimis

(1) El importe previsto por la norma de minimis corresponde a una subvención en líquido de 50 000 ecus. Cuando la ayuda reviste una forma diferente a la de una subvención, debe convertirse en su equivalente en subvención en líquido a efectos de la aplicación de la norma de minimis. Los tipos más comunes de ayuda con escaso valor líquido son los créditos blandos, las desgravaciones fiscales y las garantías de préstamos. La conversión de este tipo de ayuda en su equivalente líquido debe realizarse de la manera que se explica a continuación.

(2) El equivalente líquido de subvención debe calcularse en bruto, esto es, antes de impuestos, en caso de que la subvención sea imponible. Si la ayuda no es imponible, como en el caso de algunas ayudas fiscales, debe tomarse en consideración el importe nominal de la ayuda, que es tanto bruto como neto.

(3) Toda ayuda que se reciba en lo sucesivo deberá evaluarse en función de su valor actual. Con todo, las subvenciones deberán contabilizarse en su suma global, aunque se entreguen a plazos. El tipo de descuento usado debe ser el tipo de referencia comunicado cada año al Órgano de Vigilancia de la AELC por el Estado de la AELC interesado.

(4) El equivalente líquido de subvención de un crédito blando en un año dado es la diferencia entre el interés devengado en función del tipo de interés de referencia y el interés realmente pagado. Todos los intereses ahorrados hasta que el préstamo se haya devuelto por completo deben calcularse actualizados a la fecha de la concesión del préstamo, y sumarse conjuntamente. En la sección 12.4 se da un ejemplo de cálculo del equivalente líquido de subvención de un crédito blando. Se ilustran dos casos, con y sin período de carencia para la devolución del principal.

(5) El equivalente líquido de subvención de una desgravación fiscal es el ahorro en pagos fiscales realizado en determinado año. Una vez más, los ahorros fiscales que se realicen en el futuro deberán convertirse, de acuerdo con el tipo de interés de referencia, en su valor actual.

(6) En el caso de las garantías de préstamos, el equivalente líquido de subvención anual es la diferencia entre, a) el importe garantizado multiplicado por el factor de riesgo (probabilidad de impago), y b) toda prima pagada, es decir: (importe garantizado × riesgo) prima.

(7) Para calcular el factor de riesgo, debe tenerse en cuenta la experiencia de falta de reembolso de créditos en circunstancias similares (sector industrial, dimensión de la empresa, nivel de la actividad económica general). La conversión en su valor actual debe realizarse como se ha indicado anteriormente.

12.3. Supervisión de la norma de minimis por los Estados de la AELC

(1) Cada Estado de la AELC deberá tomar las medidas necesarias para supervisar el uso de la norma de minimis, de modo que se respeten las normas indicadas más arriba. No es necesario recurrir a un sistema complejo que necesite mucho personal; basta con que se cumplan ciertas garantías básicas. Conviene reseñar que en las directrices sobre ayudas a las PYME (capítulo 10) se afirma que, para que una ayuda o régimen no sean de obligada notificación, debe ser condición expresa para su concesión que cualquier ayuda que la misma empresa pueda recibir de otras funtes o con arreglo a otros regímenes no haga que la ayuda total recibida rebase el límite de 50 000 ecus para el mismo tipo de gasto, tal como se señala en el punto 12.1. Las autoridades que concedan ayudas con arreglo a la norma de minimis deben llamar la atención de los solicitantes sobre este punto, y pedirles que declaren todas las ayudas anteriores, con objeto de comprobar que no superan el límite autorizado. Lo mismo deben hacer cuando concedan ayudas correspondientes a regímenes autorizados.

(2) En virtud del artículo 3 del Acuerdo EEE, los Estados de la AELC deben facilitar al Órgano de Vigilancia de la AELC el cumplimiento de su misión. Sólo ellos están en condiciones de supervisar el uso de la norma de minimis y de comprobar que se limita a las ayudas que no superan los importes que, según el Órgano de Vigilancia, no tienen una repercusión significativa sobre los intercambios comerciales y la competencia. Por consiguiente, de acuerdo con el citado artículo, se insta a los Estados de la AELC a notificar al Órgano de Vigilancia las medidas que hayan tomado para supervisar el cumplimiento de las presentes normas.

12.4. Cálculo del equivalente líquido de subvención de un crédito blando

(1) A continuación se da un ejemplo de cómo puede calcularse el equivalente líquido de subvención de un crédito blando.

(2) Una autoridad pública se compromete a pagar bonificaciones de interés sobre un crédito de 500 000 ecus a diez años, con objeto de mantener el tipo de interés del prestatario al 6 %. El tipo de interés oficial de referencia aceptado por el Órgano de Vigilancia de la AELC para el país en cuestión es del 8 %. Para calcular el equivalente líquido de subvención de la bonificación durante esos diez años, se considerará que el tipo de interés de referencia es constante durante dicho período. El equivalente líquido de la bonificación depende de que se concedan o no períodos de carencia para el reembolso del principal.

12.4.1. Sin período de carencia

(1) El crédito se devuelve en plazos lineales desde el primer año. El equivalente líquido de subvención de la bonificación de interés en el primer año es el importe del principal multiplicado por la bonificación de interés, en términos porcentuales, y dividido por el tipo de interés de referencia, es decir:

1. 500 000 ecus × 0,02/1,08 = 9 259 ecus

La bonificación durante el resto del período se calcula de forma similar, pero a un tipo de descuento compuesto, es decir:

2. 450 000 ecus × 0,02/(1,08)2 = 7 716 ecus

3. 400 000 ecus × 0,02/(1,08)3 = 6 351 ecus

4. 350 000 ecus × 0,02/(1,08)4 = 5 145 ecus

5. 300 000 ecus × 0,02/(1,08)5 = 4 083 ecus

6. 250 000 ecus × 0,02/(1,08)6 = 3 151 ecus

7. 200 000 ecus × 0,02/(1,08)7 = 2 334 ecus

8. 150 000 ecus × 0,02/(1,08)8 = 1 621 ecus

9. 100 000 ecus × 0,02/(1,08)9 = 1 000 ecus

10. 50 000 ecus × 0,02/(1,08)10 = 463 ecus.

(2) El equivalente líquido de subvención es la suma de las benificaciones descontadas cada año, esto es, 41 123 ecus.

12.4.2. Con período de carencia

(1) No debe reembolsarse principal durante los dos primeros años.

(2) El crédito se devuelve en plazos líneales de 62 500 ecus a partir del tercer año. El equivalente líquido de subvención descontado de la bonificación de interés cada año es:

1. 500 000 ecus × 0,02/1,08 = 9 259 ecus

2. 500 000 ecus × 0,02/(1,08)2 = 8 573 ecus

3. 500 000 ecus × 0,02/(1,08)3 = 7 983 ecus

4. 437 500 ecus × 0,02/(1,08)4 = 6 432 ecus

5. 375 000 ecus × 0,02/(1,08)5 = 5 104 ecus

6. 312 500 ecus × 0,02/(1,08)6 = 3 939 ecus

7. 250 000 ecus × 0,02/(1,08)7 = 2 917 ecus

8. 187 500 ecus × 0,02/(1,08)8 = 2 026 ecus

9. 125 000 ecus × 0,02/(1,08)9 = 1 251 ecus

10. 62 500 ecus × 0,02/(1,08)10 = 579 ecus.

(3) En este caso el equivalente líquido total de subvención es de 48 018 ecus.

13. NORMAS APLICABLES A LOS CASOS DE ACUMULACIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A DIFERENTES FINES (32)

13.1. Notificación de los casos significativos de acumulación de ayudas

(1) Por acumulación de ayudas se entenderá la cooperación de más de un régimen de ayuda a un proyecto dado de inversión, por ejemplo, inversiones en activos fijos (situados en uno o varios lugares distintos) necesarios para la realización del proyecto.

(2) A fin de que el Órgano de Vigilancia de la AELC pueda controlar el nivel de intensidad acumulada de las ayudas concedidas a un mismo proyecto en virtud de regímenes diferentes y evaluar sus efectos sobre la competencia y el comercio entre las Partes Contratantes, los Estados de la AELC deberán notificar con la debida antelación todos los casos significativos de acumulación de ayudas. Se considerarán casos significativos de acumulación de ayudas los proyectos de inversión que sobrepasen los 12 millones de ecus o cuya intensidad acumulada de ayuda supere el 25 % en equivalente neto de subvención.

13.2. Excepciones

(1) Se admitirán excepciones a este requisito adicional de notificación en los siguientes casos:

- cuando el proyecto de inversión no sobrepase los 3 millones de ecus, cualquiera que sea la intensidad acumulada de las ayudas;

- cuando la intensidad acumulada de las ayudas no supere el 10 % en equivalente neto de subvención, cualquiera que sea el tamaño de la inversión;

- cuando la intensidad del conjunto de la ayuda concedida para el proyecto de inversión sea inferior a los límites máximos fijados para uno de los regímenes de ayudas en cuya virtud sea concedida la ayuda al proyecto. Estos límites serán establecidos o aprobados por el Órgano de Vigilancia de la AELC, bien en estas directrices, bien mediante decisiones individuales.

(2) Esta excepción no afectará a la obligación de los Estados de la AELC de respetar los límites máximos fijados para cada uno de estos regímenes.

(3) El Órgano de Vigilancia se reserva su posición con respecto a las excepciones en los casos en que se comprueben distorsiones de la competencia.

13.3. Ayudas afectadas

(1) A efectos de los umbrales de notificación fijados anteriormente, se tendrán en cuenta las ayudas a la inversión en activos fijos, cualquiera que sea su forma (por ejemplo, subvenciones de capital, bonificaciones de intereses, exenciones fiscales y exención de cargas sociales).

(2) Se trata esencialmente de los regímenes de ayuda siguientes:

- ayudas regionales,

- ayudas sectoriales,

- ayudas en favor de las pequeñas y medianas empresas,

- ayudas a la investigación, el desarrollo y la innovación,

- ayudas al ahorro de energía y a la protección del medio ambiente.

(3) En la medida en que las ayudas a la inversión se vean completadas por ayudas a la formación del personal, las cuales sean motivadas por la inversión y, por lo tanto, estén directamente relacionadas con ella, no se puede distinguir entre las dos categorías de ayudas, desde el punto de vista de la evaluación de su intensidad. Por esta razón, las ayudas a la formación deberán tomarse igualmente en consideración para el cálculo de los umbrales de notificación fijados anteriormente.

(4) Para que el Órgano de Vigilancia de la AELC tenga pleno conocimiento de las circunstancias que concurren en los casos de acumulación de ayuda notificados, será informado tanto de la concesión de ayudas de salvamento a las empresas en dificultades, de las ayudas a la creación de empleo y de las ayudas a la comercialización - aunque estos tipos de ayuda no se tendrán en cuenta en el cálculo de los umbrales de notificación - como de cualquier otra intervención financiera del Estado o de otras autoridades públicas, siempre que esta intervención pueda reputarse de ayuda o si se presume que constituye una ayuda.

(5) El Órgano de Vigilancia también será informado de las ayudas concedidas pertenecientes a las categorías previamente enumeradas si no están directamente vinculadas al proyecto de inversión notificado.

13.4. Normas especiales

(1) Las normas sobre acumulación de ayudas se entienden sin perjuicio de las normas sobre ayuda de finalidad regional del artículo 26.4 (4) y de las obligaciones de los Estados de la AELC dimanadas de las disposiciones que establezca o haya establecido el Órgano de Vigilancia de la AELC en sus decisiones sobre regímenes particulares de ayudas de finalidad regional o sectorial.

14. AYUDAS A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (33)

(1) Las normas sobre ayudas estatales del Acuerdo EEE deben aplicarse de manera constructiva a fin de fomentar cooperaciones que permitan la difusión de las nuevas tecnologías. El control de las ayudas estatales debe realizarse cuidando de que los recursos disponibles se orienten hacia las industrias que contribuyen a una mayor competitividad.

14.1. Definición de investigación y desarrollo y aplicabilidad del artículo 61 del Acuerdo EEE a las ayudas a I+D

(1) Los principios que se exponen a continuación se refieren a las ayudas a I+D directamente relacionadas con la producción ulterior y la comercialización de nuevos productos, procedimientos o servicios en la medida en que reúnan las condiciones del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

(2) El Órgano de Vigilancia de la AELC considera que es posible distinguir entre los tipos de actividad de I+D descritos en los párrafos siguientes. Estas definiciones tienen como finalidad ayudar a los Estados de la AELC a formular sus notificaciones y revisten un carácter indicativo y no normativo.

- Por investigación básica, el Órgano de Vigilancia entiende una actividad dirigida al aumento de los conocimientos generales científicos y técnicos no ligados a objetivos industriales o comerciales.

- La investigación industrial básica es la actividad teórica o experimental cuyo objetivo consiste en la adquisición de nuevos conocimientos o la mejor comprensión de las leyes de la ciencia o de la tecnología en su aplicación eventual a un sector industrial o a las actividades de una empresa determinada.

- Investigación aplicada y desarrollo. El Órgano de Vigilancia considera que la investigación aplicada cubre los trabajos de investigación o experimentación que, basados en los resultados de la investigación industrial básica, se realizan para adquirir nuevos conocimientos que faciliten la materialización de objetivos prácticos específicos, tales como la creación de nuevos productos, nuevos procesos de producción o nuevos servicios. Normalmente, la investigación aplicada da lugar a la creación de un primer prototipo. Por desarrollo se entiende desde las actividades que, estando basadas en la investigación aplicada, tienden a la elaboración de productos, procesos de producción o servicios nuevos o perfeccionados sustancialmente, hasta la fase, no incluida, de la aplicación industrial y de la explotación comercial. Esta fase de desarrollo, que normalmente incluye los proyectos piloto y los proyectos de demostración, así como los trabajos necesarios de perfeccionamiento, desemboca en un conjunto de informaciones que permite el paso a la fase de producción.

(3) El Órgano de Vigilancia empleará estas definiciones prácticas como indicadores del grado de conexión con el mercado de la actividad examinada y las asociará con las intensidades de ayuda propuestas con motivo del examen de las notificaciones realizadas por los Estados de la AELC. Sin embargo, dada la complejidad de los problemas planteados por la definición de las actividades de I+D, utilizará las definiciones y los objetivos propuestos por los Estados de la AELC para situar las actividades de I+D en su distancia exacta con respecto al mercado. El Órgano de Vigilancia no exigirá ni buscará la conformidad estricta con categorías o definiciones predeterminadas de las actividades I+D.

(4) Las ayudas estatales a la investigación fundamental, que normalmente no se efectúan en el sector mercante de la economía, no reúnen las condiciones del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

(5) No obstante, en los casos excepcionales en que dicha investigación se efectúa en ciertas empresas o específicamente para ciertas empresas, el Órgano de Vigilancia no puede descartar la posibilidad de que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

(6) Las ayudas a las actividades de investigación y desarrollo de los centros superiores de enseñanza o de investigación no entran dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones del artículo 61 del Acuerdo EEE, salvo si se realizan sobre una base contractual o en colaboración con empresas.

(7) El Órgano de Vigilancia suele adoptar una actitud favorable a las ayudas a investigación y desarrollo cuando examina los regímenes individuales con arreglo al artículo 61 del Acuerdo EEE. Esta actitud favorable viene justificada por diversos factores: los objetivos perseguidos por dichas ayudas, las necesidades de financiación - a veces considerables - de las operaciones de investigación y desarrollo, el riesgo asociado a ellas y la menor probabilidad de causar distorsiones de la competencia y de alterar los intercambios entre las Partes Contratantes del Acuerdo EEE relativos a proyectos que van contra corriente con respecto a la orientación del mercado.

14.2. Apreciación de las ayudas a I+D con arreglo al artículo 61 del Acuerdo EEE

(1) Cuando cumplan las condiciones precisadas en el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE y, por tanto, deban ser examinadas por el Órgano de Vigilancia, las ayudas a investigación y desarrollo en favor de las empresas podrán considerarse compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE en virtud de una de las excepciones establecidas en el apartado 3 del citado artículo.

(2) En todos los casos en los que, después de haber examinado una ayuda, el Órgano de Vigilancia constate que tiene por objetivo potenciar la realización de un proyecto importante de interés europeo común, ésta podrá beneficiarse de la exención prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo 61. El Órgano de Vigilancia podrá establecer sobre esta única base la compatibilidad de tal ayuda con el funcionamiento del Acuerdo EEE.

(3) En todos los demás casos de ayuda a investigación y desarrollo que entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 61 sin beneficiarse de la exención prevista en la letra b) del apartado 3 de dicho artículo, estas ayudas podrán beneficiarse de la exención establecida en la letra c) del apartado 3 del artículo 61. En tales casos, el Órgano de Vigilancia deberá examinar no sólo si la ayuda facilita el desarrollo de ciertas actividades o regiones, sino también si puede afectar de manera adversa a las condiciones de los intercambios dentro del territorio del Acuerdo EEE y si este efecto es contrario al funcionamiento del Acuerdo EEE.

14.3. Requisitos adicionales de notificación

(1) El Órgano de Vigilancia de la AELC pretende conseguir la máxima transparencia en la aplicación de los regímenes de ayuda. Esto significa que deben indicarse claramente los objetivos perseguidos por dichos regímenes, los beneficiarios de la ayuda, etc. Deberán especificarse las diferentes categorías de costes que pretenden reducirse con la ayuda y ésta deberá concederse de manera que sea posible calcular su intensidad con respecto a estos costes.

(2) Dadas la importancia intrínseca y el papel desempeñado por las grandes sociedades en la competencia dentro del territorio del Acuerdo EEE y en el comercio entre las Partes Contratantes, los Estados de la AELC deberán notificar por adelantado al Órgano de Vigilancia, con arreglo al apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, los proyectos de concesión de ayuda en virtud de regímenes de ayuda existentes cuando la empresa beneficiaria coopere con un establecimiento universitario público en un proyecto o programa de I+D cuyo coste total supere los 20 millones de ecus. Si el proyecto o programa de I+D se ejecutare exclusivamente por una o varias empresas privadas, podrá fijarse un límite más bajo en una decisión por la que se autoricen tales regímenes.

(3) En el caso de Eureka, la notificación individual sólo será necesaria para la ayuda concedida a una empresa que participe en un proyecto de más de 30 millones de ecus, siempre que la contribución del Estado de la AELC al proyecto sea al menos de 4 millones de ecus. El umbral de 30 millones de ecus aplicable a las concesiones significativas que deben notificarse individualmente se refiere al coste total del proyecto, incluida la contribución no sólo de los beneficiarios de la ayuda sino también de todos los demás participantes en el proyecto. Lo mismo ocurre con las ayudas específicas concedidas en virtud de regímenes existentes de ayuda a I+D. Cualquier otro tipo de concesión de ayuda deberá notificarse con arreglo al apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, cualquiera que sea su cuantía.

(4) En el Anexo I de las presentes directrices se reproduce la lista de datos que deberán facilitarse en las notificaciones de ayudas estatales. En la sección II del Anexo I se enumeran los datos suplementarios que deben facilitarse en el caso de las ayudas a I+D.

14.4. Intensidad

(1) El Órgano de Vigilancia de la AELC respetará las siguientes orientaciones durante el examen de la aplicabilidad de la exención de la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE, en lo referente a la intensidad de las ayudas propuestas.

(2) El nivel admisible de las ayudas dependerá de un examen caso por caso efectuado por el Órgano de Vigilancia. Este examen tendrá en cuenta la naturaleza del proyecto o régimen, los riesgos técnicos y financieros, consideraciones generales relativas a la competitividad de la industria europea y los riesgos de distorsión de la competencia y de alteración de los intercambios entre las Partes Contratantes del Acuerdo EEE.

(3) Una evaluación general de tales riesgos lleva al Órgano de Vigilancia a considerar que la investigación industrial básica puede beneficiarse de niveles de asistencia más altos que los de la investigación aplicada y el desarrollo, actividades éstas más directamente asociadas a la introducción en el mercado de los resultados de los trabajos I+D y que, por medio de las ayudas, podrían originar más fácilmente distorsiones de la competencia y los intercambios.

(4) Teniendo en cuenta estos factores así como la necesidad de que la empresa beneficiaria invierta un volumen sustancial de sus recursos propios en el proyecto, el Órgano de Vigilancia estima que, por regla general, el nivel de ayuda para la investigación industrial básica no debería sobrepasar el 50 % de los costes brutos del proyecto o programa. A medida que la actividad subvencionada se aproxime al mercado, es decir, se extienda a los ámbitos de la investigación aplicada y del desarrollo, el Órgano de Vigilancia exigirá, en principio, niveles de ayuda progresivamente más bajos. El Órgano de Vigilancia dejará al Estado de la AELC afectado la tarea de indicar claramente el tipo de actividades de I+D examinado y hará intervenir a sus propios servicios especializados para examinar los proyectos.

(5) El Órgano de Vigilancia puede admitir niveles superiores de ayuda cuando los proyectos examinados revistan una gran importancia económica, estén vinculados a programas comunitarios en los que participen Estados de la AELC, se realicen en las regiones más desfavorecidas del territorio del Acuerdo EEE, afecten a servicios sociales específicos o presenten un riesgo particular muy elevado. Se toma en consideración la difusión lo más amplia posible de los resultados de las actividades de I+D. Igualmente, se puede conferir un tratamiento especial para las ayudas realmente destinadas a las pequeñas y medianas empresas y, en tales casos, el nivel de las ayudas concedidas podrá exceder en un 10 % el nivel concedido en otros casos. Sin embargo, el volumen total de la ayuda concedida no podrá, en ningún caso, provocar la disminución de la participación de la empresa beneficiaria con respecto al proyecto como consecuencia de una reducción sustancial de su controbución con cargo a sus recursos propios.

14.5. Gastos de I+D que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la intensidad de las ayudas

(1) Para el cálculo de la intensidad de las ayudas a actividades de I+D se tendrán en cuenta los siguientes gastos:

- gastos de personal (investigadores, técnicos, personal auxiliar) calculados como un elemento del importe total necesario para realizar el proyecto;

- otros gastos corrientes (materiales, suministros, etc.) calculados de la misma manera;

- instrumentos y equipos, terrenos y edificios. Estos costes solamente podrán tomarse en consideración en la medida en que tales bienes se destinen con carácter exclusivo a I+D. El coste deberá desglosarse entre los proyectos de I+D y los demás proyectos o actividades en los que se empleen tales bienes;

- servicios de asesores y otros servicios análogos, incluida la contratación de trabajos de investigación, la compra de conocimientos técnicos, patentes etc.;

- gastos generales suplementarios derivados directamente del proyecto o programa de I+D subvencionado.

14.6. Ejecución

(1) En el marco de la ejecución de las presentes normas, el Órgano de Vigilancia de la AELC confeccionará un inventario completo de las ayudas a I+D previstas en los diferentes Estados de la AELC. Asimismo, organizará las reuniones bilaterales necesarias para obtener la información requerida y examinará los regímenes de ayuda conjuntamente con el Estado de la AELC interesado. Cuando resulte necesario, el Órgano de Vigilancia propondrá las medidas apropiadas para resolver los problemas que las ayudas existentes pudieran plantear en lo que se refiere a la ejecución de estas normas. El inventario completo podrá, en su caso, ser el tema de una reunión multilateral entre el Órgano de Vigilancia y los Estados de la AELC.

(2) Las ayudas a I+D propuestas deberán contribuir a la realización de los objetivos definidos en el apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE y tener como efecto incitar a las empresas a redoblar sus esfuerzos en este ámbito, de manera que superen lo que realizan normalmente en el marco de sus actividades cotidianas, o bien permitirles afrontar situaciones excepcionales para las que sus recursos propios resulten demasiado limitados. Por una parte, las ayudas deberán estimular y por otra, cubrir riesgos y costes específicos. Cuando este efecto incentivador ne sea evidente o cuando la actividad de I+D se encuentre demasiado próxima a la fase de la producción y comercialización, el Órgano de Vigilancia podrá separarse de su línea de conducta generalmente positiva con respecto a las ayudas a I+D. En particular, velará por que estas ayudas no resulten equivalentes a ayudas de funcionamiento.

(3) El Órgano de Vigilancia también aplicará los principios que acaban de exponerse a las empresas del sector público, utilizando plenamente para ello los instrumentos de que dispone.

15. AYUDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (34)

15.1. Introducción

(1) Los artículos 73 y 75 del Acuerdo EEE otorgan a las Partes Contratantes poderes expresos en materia de medio ambiente. Estas disposiciones no sólo confirman el principio de «quien contamina paga», sino que establecen, además, que las exigencias de la protección del medio ambiente se integrarán en la aplicación de las demás políticas de las Partes Contratantes, reafirmándose la necesidad de una acción preventiva. El quinto programa comunitario en materia de medio ambiente (35) reitera la necesidad de integrar esta política con las demás, insistiendo en el concepto de «desarrollo sostenible». Asimismo, reconoce que a este respecto el enfoque tradicional, que se basa casi exclusivamente en la regulación y en el establecimiento de normas, no ha sido totalmente satisfactorio y aboga por una ampliación de la gama de medios de acción. En efecto, si se utilizan determinados instrumentos (normas vinculantes, acciones voluntarias y medidas económicas), o se combinan entre sí, se puede intervenir con mejor adaptación al contexto jurídico, técnico y socioeconómico de que se trata y actuar de forma más eficaz para alcanzar los objetivos ambientales perseguidos. Las subvenciones, en su calidad de incentivos financieros positivos, así como los impuestos y las exacciones, que constituyen medidas de disuasión, son algunos de los medios a los que se podría recurrir.

(2) La aplicación de las disposiciones del Acuerdo EEE sobre ayudas estatales debe tener en cuenta la función de los instrumentos económicos en la política medioambiental. Para ello, deberá preverse una mayor gama de intervenciones financieras en este ámbito. La política de control de las ayudas y la política medioambiental deben complementarse para aplicar estrictamente el principio de «quien contamina paga».

(3) Las subvenciones pueden considerarse la mejor alternativa en aquellas situaciones en las que todavía no se aplique plenamente el principio de «quien contamina paga», que presupone que las empresas deben integrar en sus costes de producción todos los costes ambientales. Ahora bien, la concesión de estas ayudas puede falsear la competencia y crear obstáculos a los intercambios, especialmente en los sectores más contaminantes de la industria, y poner en peligro el funcionamiento del Acuerdo EEE. Las empresas de todos los Estados de la AELC deben invertir para que sus instalaciones, sus equipos y procesos de producción cumplan las obligaciones de protección del medio ambiente, integrando paulatinamente los costes ecológicos externos en el precio de sus productos. Las ayudas estatales pueden favorecer a algunas empresas frente a sus competidoras de otros Estados de la AELC que, aunque están sujetas a las mismas obligaciones medioambientales, no perciben estas ayudas.

15.2. Principales ayudas estatales en favor del medio ambiente

(1) A continuación se recoge una relación de las principales ayudas estatales en favor del medio ambiente notificadas a la Comisión de las CE en los últimos años. Los distintos tipos de ayudas se clasifican en las tres categorías principales: ayudas a la inversión, medidas horizontales de apoyo y ayudas de funcionamiento.

15.2.1. Incentivos para la inversión, asociados, en su caso, a medidas reglamentarias o basadas en acuerdos

(1) En muchos ámbitos relacionados con el medio ambiente, la legislación establece normas técnicas que las empresas deben respetar. Estas normas obligatorias tienen su origen en la incorporación al ordenamiento nacional de un convenio internacional o de una norma EEE, o se establecen en función de objetivos nacionales, regionales o locales. La característica común es siempre la existencia de una obligación jurídica.

(2) Para conseguir o restablecer un grado de protección del medio ambiente satisfactorio, especialmente en zonas de alta concentración industrial, es preciso alcanzar paulatinamente un mayor grado de protección y estimular a las empresas para que realicen un esfuerzo que vaya más allá de sus obligaciones legales.

(3) El objetivo final de estos incentivos para la inversión es facilitar la transición progresiva hacia una mayor calidad del medio ambiente. En la CE las ayudas a la inversión suelen pertenecer a una de las categorías siguientes:

- ayudas concedidas a empresas con arreglo a programas para facilitar la adaptación de sus instalaciones a las nuevas normas o para que puedan cumplirlas con mayor rapidez (ayudas temporales para acelerar el proceso de aplicación de nuevas normas);

- ayudas destinadas a apoyar los esfuerzos para superar de modo significativo el alcance de las normas obligatorias, mediante inversiones para reducir las emisiones de tal forma que éstas alcancen un nivel considerablemente inferior al impuesto por las normas vigentes o futuras;

- ayudas que, a falta de normas obligatorias, se basan en acuerdos suscritos con empresas para que adopten medidas importantes de lucha contra la contaminación sin que exista, o antes de que exista, una obligación jurídica;

- ayudas a la inversión en ámbitos en los que la actuación medioambiental es prioritaria pero beneficia principalmente a la colectividad y no al inversor, por lo que las medidas se adoptan de forma colectiva. Así sucede, por ejemplo, en el ámbito de la gestión de residuos y del reciclado;

- ayudas para subsanar perjuicios ambientales anteriores, en aquellos casos en que las empresas no están sujetas a obligaciones legales.

15.2.2. Ayudas para medidas horizontales de apoyo

(1) El objeto de las medidas horizontales de apoyo es facilitar la búsqueda de soluciones a los problemas medioambientales y la difusión de las mismas para que se apliquen de forma más generalizada. Se trata de una gama completa de actividades en los siguientes ámbitos:

- investigación y desarrollo de tecnologías menos contaminantes;

- información técnica, servicios de asesoramiento y formación de personal sobre nuevas tecnologías y prácticas medioambientales;

- auditorías medioambientales en las empresas;

- información y sensibilización del público sobre los problemas del medio ambiente y promoción de las etiquetas ecológicas de calidad y de las ventajas de estos productos.

15.2.3. Ayudas de funcionamiento en forma de subvenciones, desgravaciones de impuestos y exacciones medioambientales y ayudas a los consumidores de productos no contaminantes

(1) Pese a los avances realizados en la reducción de la contaminación y la introducción de tecnologías menos contaminantes, siguen existiendo muchas actividades que perjudican el medio ambiente, sin que el coste medioambiental repercuta sobre los costes y precios de los productos. A la inversa, las ventajas medioambientales de los productos y equipos menos contaminantes no suelen llevar consigo precios más bajos para el consumidor. Se observa claramente la tendencia a integrar algunos de estos costes y beneficios externos mediante impuestos o exacciones sobre servicios medioambientales, por una parte, y mediante subvenciones, por otra.

(2) La introducción de impuestos o exacciones medioambientales puede dar lugar a ayudas estatales, ya que algunas empresas no pueden soportar la carga financiera adicional y solicitan una desgravación temporal. Esta desgravación constituye una ayuda de funcionamiento que puede adoptar las siguientes formas:

- desgravación de los impuestos medioambientales implantados en algunos Estados miembros, para evitar que sus empresas queden en desventaja con respecto a sus competidores de países en que no existen tributos análogos;

- subvenciones para la cobertura, total o parcial, de los costes de funcionamiento de las instalaciones de eliminación o reciclado de residuos, de depuración de aguas, etc., que pueden correr a cargo de organismos semipúblicos que cobran a los usuarios por el servicio prestado. Estos servicios medioambientales de pago se ajustan al principio de «quien contamina paga». Con todo, quizás sea preciso aplazar el pago íntegro por los usuarios o subvencionar a algunos a expensas de los demás, especialmente durante el período de transición de los procedimientos tradicionales de eliminación de residuos a las nuevas técnicas de reciclado y t