Ayudas estatales

(00-002 Islandia)

Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC, de conformidad con el apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, a los demás Estados de la AELC, a los Estados miembros de la Unión Europea y a los interesados relativa a las ayudas estatales otorgadas a Islandia en forma de ayudas de finalidad regional (mapa de zonas asistidas) (ayuda 00-002)

(2000/C 368/19)

Mediante la Decisión 135/00/COL, de 12 de julio de 2000, cuyo contenido se reproduce a continuación, el Órgano de Vigilancia de la AELC incoó el procedimiento contemplado en al apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción. Se ha informado al Gobierno islandés mediante una copia de la Decisión.

I. HECHOS

El 4 de noviembre de 1998, el Órgano de Vigilancia de la AELC (en lo sucesivo "el Órgano") adoptó, mediante una Decisión, nuevas Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional(1). En dicha Decisión el Órgano propuso a los Estados de la AELC, como medida apropiada con arreglo al apartado 1 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, limitar al 31 de diciembre de 1999 la validez de todas las listas de regiones subvencionadas aprobadas por el Órgano sin fecha de expiración, o cuya fecha de expiración fuera posterior al 31 de diciembre de 1999. El Órgano también propuso a los Estados miembros de la AELC, como medida apropiada con arreglo al apartado 1 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, modificar todos los regímenes de ayuda de finalidad regional existentes que siguieran en vigor con posterioridad al 31 de diciembre de 1999, de tal forma que fueran compatibles con las Directrices aplicables a partir del 1 de enero de 2000.

Mediante carta de 4 de noviembre de 1998(2), se informó a las autoridades islandesas de que el Órgano había adoptado estas nuevas Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional. Se adjuntó una copia de la Decisión del Órgano en la que se incluían los nuevos capítulos y anexos de las Decisión sobre las ayudas estatales. Se solicitó a las autoridades islandesas que presentaran sus observaciones respecto a las medidas propuestas correspondientes en un plazo de dos meses, es decir, antes del 4 de enero de 1999. Asimismo, el Órgano solicitó a las autoridades islandesas que comunicaran los cambios previstos en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la carta, es decir, antes del 4 de mayo de 1999, para que los regímenes de ayuda regional existentes fueran compatibles con las Directrices aplicables a partir del 1 de enero de 2000.

Por carta de 4 de noviembre de 1998, el Órgano señaló que si las autoridades islandesas no presentaban sus observaciones en un plazo de dos meses ni comunicaban dichos cambios en un plazo de seis meses, o si no aceptaban las medidas correspondientes (o determinados aspectos de éstas), se vería obligado a incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción respecto a dichos regímenes de ayuda.

Por carta de 26 de enero de 1999(3), el Órgano recordó a las autoridades islandesas su carta de 4 de noviembre de 1998 y les instó a que presentaran sus observaciones respecto a las medidas propuestas correspondientes cuanto antes y, como fecha límite, el 12 de febrero de 1999.

Por carta de 11 de mayo de 1999(4), se recordó de nuevo a las autoridades islandesas que el Órgano no había recibido respuesta alguna. Se solicitó a las autoridades islandesas que respondieran cuanto antes y a más tardar el 28 de mayo de 1999.

Por carta de 23 de junio de 1999(5), el Órgano informó a las autoridades islandesas de que no se había recibido respuesta. Asimismo, solicitó a las autoridades islandesas que comunicaran su conformidad con la Decisión del Órgano de 4 de noviembre de 1998, o, de lo contrario, presentaran sus observaciones en un plazo de quince días laborables. Además, se solicitó a las autoridades islandesas que notificaran antes del 1 de septiembre de 1999 las modificaciones de todos los regímenes de ayuda regional existentes que siguieran en vigor con posterioridad al 31 de diciembre de 1999. El Órgano señaló que, si no obtenía respuesta en los plazos antes citados, se vería obligado a incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción respecto a dichos regímenes de ayuda.

Por carta de 7 de julio de 1999 de la Misión de Islandia ante la Unión Europea, recibida y registrada el 7 de julio de 1999(6), las autoridades islandesas aceptaron las nuevas Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional y las medidas apropiadas.

Mediante carta de 4 de octubre de 1999 de la Misión de Islandia ante la Unión Europea, recibida y registrada el 4 de octubre de 1999(7), las autoridades islandesas informaron al Órgano de que no era posible introducir "nuevas medidas de ayuda legales en este momento", debido a la reorganización.

Mediante carta de 6 de octubre de 1999(8), el Órgano recordó a las autoridades islandesas las cartas de 4 de noviembre de 1998 y de 23 de junio de 1999, en las que constaba con claridad que si las autoridades islandesas no comunicaban dichos cambios en los plazos establecidos antes citados, el Órgano se vería obligado a incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción. El Órgano especificó que se limitaba al 31 de diciembre de 1999 la validez de todas las listas de regiones subvencionadas en Islandia y de los regímenes de ayuda existentes. Asimismo, el Órgano recordó a las autoridades islandesas que éstas habían aceptado las nuevas Directrices y las medidas apropiadas en su carta de 7 de julio de 1999 y que se aplicarían independientemente de la reorganización de las instituciones islandesas. Por último, el Órgano solicitó de nuevo a las autoridades islandesas que notificaran cuanto antes las modificaciones de todos los regímenes de ayuda regional existentes que siguieran en vigor con posterioridad al 31 de diciembre de 1999.

En una reunión celebrada en Reikjavik entre representantes de las autoridades islandesas y el Órgano el 26 de noviembre de 1999, se recordó de nuevo a las primeras su obligación de notificar un mapa de regiones subvencionadas.

Por carta de 6 de enero de 2000(9) de la Misión de Islandia ante la Unión Europea, recibida y registrada el 6 de enero de 2000, las autoridades islandesas informaron al Órgano que el 1 de enero de 2000 entraría en vigor un nuevo proyecto de Ley sobre el Instituto Regional. Las autoridades islandesas informaron al Órgano de que el Gobierno islandés tenía intención de subvencionar las mismas zonas que antes, y que la densidad de población serviría de referencia para justificar la ayuda. Según las autoridades islandesas, el porcentaje de la población cubierta era del 38,5 %. La carta señalaba, asimismo, que las autoridades islandesas tenían previsto utilizar el 20 % del equivalente neto de subvención (ENS) como importe máximo de la ayuda regional, con la posibilidad de añadir un 10 % más para las pequeñas y medianas empresas.

Por carta de 12 de enero de 2000(10) de la Misión de Islandia ante la Unión Europea, recibida y registrada el 12 de enero de 2000, las autoridades islandesas informaron de que "el 1 de enero de 2000 entró en vigor una nueva norma en Islandia sobre el Instituto Regional. Según esta nueva norma, la junta directiva del Instituto Regional tendrá como cometido adoptar decisiones sobre los nuevos regímenes de ayuda regional y conceder ayudas a proyectos individuales. No se adoptarán nuevas decisiones sobre ayudas regionales hasta que se haya elegido la nueva junta. Tan pronto como se elija, el Ministerio le informará sobre la situación actual referente a la notificación de ayudas regionales al Órgano de Vigilancia de la AELC. El Ministerio también pedirá a la junta directiva que no adopte decisiones sobre los nuevos regímenes de ayuda regional hasta que el Órgano de Vigilancia de la AELC haya aprobado una propuesta de las autoridades islandesas sobre ayudas regionales".

Por carta de 21 de marzo de 2000(11) de la Misión de Islandia ante la Unión Europea, recibida y registrada el 21 de marzo de 2000, la Misión envió una carta de los Ministerios de Industria y Comercio en la que se declaraba que: "el Ministerio notifica por la presente una propuesta según la cual todas las zonas, excepto la aquí referida como la capital de la región, podrán beneficiarse de la ayuda regional". Según las autoridades islandesas, la proporción de la población total que vivía en las zonas asistidas propuestas a 1 de diciembre de 1999 era el 38,5 %.

Por carta de 4 de abril de 2000(12), el Órgano informó a las autoridades islandesas de que no consideraba que la carta de 21 de marzo de 2000 constituyera una notificación al no hacer referencia al apartado 3 del artículo 1 del protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción(13). Por otra parte, el Órgano consideró la información presentada incompleta, ya que la propuesta no contenía ningún dato sobre las intensidades de las ayudas. Además, la propuesta carecía de información sobre la metodología y los indicadores cuantitativos que las autoridades islandesas habían utilizado para determinar las regiones subvencionables(14). Se recordó a las autoridades islandesas que, desde el 1 de enero de 2000 y hasta que el Órgano haya aprobado un nuevo mapa, Islandia no tenía mapa válido de zonas asistidas. Por último, el Órgano señaló que la concesión de cualquier ayuda de finalidad regional sin su aprobación sería ilegal.

Las autoridades islandesas adoptaron el Reglamento n° 347/2000, de 16 de mayo de 2000, sobre el Instituto de Desarrollo Regional (IDR)(15). Dicho Reglamento contiene disposiciones que permiten al IDR, entre otras cosas, conceder préstamos y ofrecer garantías (artículo 14), y que limitan el número de municipios que pueden acogerse a ayudas regionales (artículo 17). El Reglamento se adoptó con arreglo al artículo 19 de la Ley parlamentaria n° 106/1999 de 27 de diciembre de 1999.

II. EVALUACIÓN

Toda ayuda regional que se conceda a Islandia a partir de recursos públicos favorecerá a determinadas empresas a efectos del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE. Las empresas beneficiarias competirán de forma efectiva o potencial con empresas similares de Islandia y de otros Estados del EEE. Dicha ayuda falseará o amenazará con falsear la competencia y afectará al comercio dentro del EEE. La ayuda regional constituirá, por lo tanto, una ayuda estatal a efectos del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

El Órgano está obligado a abrir el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, siempre que se cuestione la compatibilidad de la ayuda con las disposiciones del Acuerdo EEE. El procedimiento es aplicable a todo tipo de casos, ya sea una ayuda notificada, no notificada o existente. La decisión de apertura del procedimiento se entiende sin perjuicio de la decisión definitiva. El procedimiento con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción tiene por objeto garantizar un examen exhaustivo del caso concediendo a todos los interesados el derecho a ser oídos(16).

El 4 de noviembre de 1998, cuando se adoptaron las nuevas Directrices sobre ayudas de finalidad regional, el Órgano propuso dos medidas apropiadas con arreglo al apartado 1 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción. En primer lugar, propuso que los Estados de la AELC limitaran al 31 de diciembre de 1999 la validez de todas las listas de regiones subvencionadas aprobadas por el Órgano sin fecha de expiración, o cuya fecha de expiración fuera posterior al 31 de diciembre de 1999 y, en segundo lugar, que los Estados de la AELC modificaran todos los regímenes de ayuda regional existentes que siguieran en vigor con posterioridad al 31 de diciembre de 1999, de tal forma que fueran compatibles con las Directrices aplicables a partir del 1 de enero de 2000. Las autoridades islandesas aceptaron estas medidas apropiadas en su carta de 7 de julio de 1999.

El Órgano ha recordado a las autoridades islandesas en varias ocasiones (véase la anterior parte I) que se vería obligado a la incoación del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción si no recibía una notificación. El Órgano también ha señalado a las autoridades islandesas que Islandia no tenía mapa válido de zonas asistidas después del 1 de enero de 2000 y que cualquier concesión de ayuda regional posterior a esta fecha sin la aprobación del Órgano sería una ayuda ilegal(17).

Las autoridades islandesas han presentado la norma relativa al IDR (véase el último párrafo de la anterior parte I) sin enviar notificación al Órgano. La última frase del apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción establece que los Estados de la AELC no podrán llevar a la práctica ninguna medida de ayuda propuesta hasta que el procedimiento del apartado 2 del artículo 1 haya concluido en una decisión definitiva. Esta disposición implica una prohibición general para llevar a la práctica las ayudas antes de que el Órgano haya adoptado una decisión (también en caso de que no se abran los procedimientos formales). Por "llevar a la práctica" no sólo se entiende la acción de concesión de ayuda al beneficiario, sino que basta con la concesión de poderes que permitan otorgar las ayudas sin ulteriores trámites(18). La aprobación del Reglamento relativo al IDR supone, por lo tanto, una violación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción.

En este contexto, el Órgano está obligado a abrir el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción.

El Órgano recuerda a las autoridades islandesas que éste puede solicitar a Islandia la suspensión del pago de las ayudas en espera del resultado de la investigación(19). En caso de que una orden de suspensión no tenga el alcance necesario, el Órgano también puede exigir a Islandia que recupere cualquier ayuda que haya sido desembolsada en infracción de los requisitos procesales. Si Islandia no suspende el pago de las ayudas o no las recupera después de que se haya adoptado una orden de suspensión, el Órgano está facultado, al examinar el fondo del asunto, a interponer recurso directamente ante el Tribunal de la AELC y solicitar que se declare que dichos pagos constituyen una infracción del Acuerdo EEE.

Por último, se recuerda a las autoridades islandesas que el Órgano está autorizado a proseguir los trámites necesarios y a adoptar una decisión sobre la base de la información disponible, incluso si no ha recibido alegación alguna por parte de Islandia.

El Órgano de Vigilancia de la AELC emplaza, por la presente, a los Estados de la AELC, a los Estados miembros de la Unión Europea y a los interesados a presentar sus observaciones sobre las medidas en cuestión en un plazo de un mes a partir de la publicación de la presente comunicación al: Órgano de Vigilancia de la AELC Rue de Trèves/Trierstraat 74 B - 1040 Bruxelles/Brussel.

Las observaciones se comunicarán al Gobierno islandés.

(1) Decisión n° 316/98/COL.

(2) Ref.: documento n° 98-7502 D.

(3) Ref.: documento n° 99-688 D.

(4) Ref.: documento n° 99-3472 D.

(5) Ref.: documento n° 99-4657 D.

(6) Ref.: documento n° 99-5111 A.

(7) Ref.: documento n° 99-7324 A.

(8) Ref.: documento n° 99-7348 D.

(9) Ref.: documento n° 00-108 A.

(10) Ref.: documento n° 00-236 A.

(11) Ref.: documento n° 99-2410 A.

(12) Ref.: documento n° 00-2697 D.

(13) Véase el punto 3.2.3 de las Directrices.

(14) Véase el capítulo 25 "Ayudas de finalidad regional" de las Directrices.

(15) En islandés: Reglugerð frá 16. mai 2000 n.r. 347/2000 fyrir Byggðastofnun. Heimildarlög: Lög nr. 106/1999 frá 27. desember 1999.

(16) Véanse las Directrices sobre las ayudas estatales, capítulo 5.2.

(17) "Ayuda ilegal por razones de procedimiento", véanse las Directrices sobre las ayudas estatales, capítulo 6.

(18) Véanse las Directrices sobre las ayudas estatales, capítulo 3.3.

(19) El procedimiento se describe en el capítulo 6.2.1 de las Directrices sobre las ayudas estatales.