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ES Diario Oficial de la Unión Europea C 341/5

Solicitud de dictamen consultivo al Tribunal de la AELC presentada por el Hæstiréttur Íslands con fecha de 12 de junio de 2017 en el asunto de Merck Sharp & Dohme Corp./la oficina de patentes islandesa (Einkaleyfastofan)

(Asunto E-5/17)

(2017/C 341/06)

Mediante carta de 12 de junio de 2017, recibida en la Secretaría del Tribunal el 15 de junio de 2017, se presentó al Tribunal de la AELC una solicitud de dictamen consultivo formulada por el Hæstiréttur Íslands (Tribunal Supremo de Islandia) en el asunto Merck Sharp & Dohme Corp./la oficina de patentes islandesa (Einkaleyfastofan), sobre la cuestión siguiente:

Teniendo en cuenta el hecho de que el Reglamento (CE) n.o 1901/2006 y el Reglamento (CE) n.o 469/2009 no se han incorporado al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ¿puede expedirse un certificado complementario de protección de un medicamento en virtud del Reglamento (CEE) n.o 1768/92 si el período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de la patente de base y la fecha de la primera autorización de comercialización del producto en el Espacio Económico Europeo es inferior a cinco años?
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La solicitud se refiere al hecho de que Islandia no ha dado cumplimiento, a 12 de septiembre de 2017, al dictamen motivado emitido por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 12 de julio de 2017 relativo a la no incorporación por dicho Estado a su ordenamiento jurídico nacional del Reglamento Delegado (UE) n.o 231/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se complementa la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las exenciones, las condiciones generales de ejercicio de la actividad, los depositarios, el apalancamiento, la transparencia y la supervisión, tal como se contempla en el punto 31 ter ter bis del anexo IX del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y adaptado a dicho Acuerdo mediante su Protocolo 1 (el «Acto»).
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La solicitud se refiere al incumplimiento por Islandia, en el plazo prescrito, de dos dictámenes motivados emitidos por el Órgano de Vigilancia de la AELC en relación con el incumplimiento por dicho Estado de la obligación de incorporar a su ordenamiento jurídico nacional el Reglamento (UE) no 1007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles y por el que se derogan la Directiva 73/44/CEE del Consejo y las Directivas 96/73/CE y 2008/121/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, así como el incumplimiento de la obligación de incorporar a su ordenamiento jurídico nacional el Reglamento Delegado (UE) no 286/2012 de la Comisión, de 27 de enero de 2012, por el que se modifica el anexo I, con objeto de incluir una nueva denominación de fibra textil, y los anexos VIII y IX, a efectos de su adaptación al progreso técnico, del Reglamento (UE) no 007/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles («el acto»), a que se hace referencia en el punto 4d del capítulo XI del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y adaptado a dicho Acuerdo mediante su Protocolo 1.
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El demandante alega, entre otras cosas, que el Órgano de Vigilancia de la AELC: — no pudo demostrar, con hechos o pruebas, que el inmueble se vendió por debajo de su valor de mercado y, por lo tanto, la venta no dio lugar a una ventaja económica para el comprador y no hubo ayuda estatal, — no investigó la venta de forma adecuada y, manifiestamente, se equivocó en la evaluación de la presunta ayuda estatal, y — no motivó de forma adecuada la decisión impugnada.
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El demandante alega que puesto que las empresas (re)aseguradoras cautivas cubren riesgos que no están normalmente cubiertos por las compañías de seguros comerciales, y puesto que sus actividades se limitan a la cobertura de riesgos dentro del grupo, no tienen actividad en un mercado en que compitan con otros operadores. No realizan por tanto una actividad económica y no pueden ser consideradas como empresas. Por tanto, la imposición de conformidad con la Ley fiscal de Liechtenstein relativa a los impuestos de las empresas (re)aseguradoras cautivas no puede haber falseado la competencia o el comercio en el interior del EEE. Las disposiciones fiscales impugnadas no son selectivas y por tanto no constituyen ayuda estatal.
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el Órgano de Vigilancia de la AELC no ha demostrado que Posten Norge AS haya infringido las normas de competencia en este caso; en concreto, no ha probado que la estrategia de exclusividad haya evitado que nuevas empresas compitan efectivamente y se haya limitado su acceso a las principales cadenas de ultramarinos, kioskos y estaciones de servicio de forma que ello constituya un abuso o genere resultados que obstaculicen la competencia;
Solicitud de dictamen consultivo formulada al Tribunal de la AELC por el Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunal administrativo del Principado de Liechtenstein) mediante resolución de 12 de mayo de 1998 dictada en el asunto Tradeparts AG (Asunto E-3/98) (98/C 331/09)

Al Tribunal de la AELC le ha sido sometida una solicitud de dictamen consultivo formulada por el Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Tribunal administrativo del Principado de Liechtenstein) mediante resolución de 12 de mayo de 1998, recibida en la Secretaría del Tribunal el 18 de mayo de 1998, dictada en el asunto Tradeparts AG, sobre las cuestiones siguientes:

1) La disposición de Derecho mercantil nacional de Liechtenstein según la cual el director general de una persona jurídica de Liechtenstein deberá tener su residencia en el país (Principado de Liechtenstein) ¿es conforme con el Espacio Económico Europeo (EEE) y, en particular, con los artículos 31 y siguientes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europea de 2 de mayo de 1992?

2) En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea negativa, ¿podría, no obstante, justificarse el requisito de residencia, habida cuenta del caso concreto de Liechtenstein (Protocolo n° 15, medidas de salvaguardia del artículo 112 del Acuerdo EEE, y declaración del Consejo EEE sobre la libre elección de residencia), con la consecuencia de que las disposiciones de Derecho mercantil contenidas en el artículo 17 y la letra a) del apartado 1 del artículo 6 serían conformes con el EEE?

3) Las disposiciones mercantiles sobre el requisito de residencia, ¿se justifican por razones de orden público, seguridad pública o salud pública y no por la situación especial de Liechtenstein, o por ambas cosas, o por la disposición excepcional del artículo 33 del Acuerdo
Petición de dictamen consultivo del Stavanger byrett por decisión de 5 de octubre de 1995 de dicho Tribunal en el asunto Torgeir Langeland contra Norske Fabricom A/S (Asunto E-3/95) (96/C 149/09)

Mediante decisión del Stavanger byrett (Tribunal de Stavanger) de 5 de octubre de 1995 se ha dirigido una petición al Tribunal de la AELC, registrada el 4 de diciembre de 1995, de un dictamen consultivo en el asunto Torgeir Langeland contra Norske Fabricom A/S, sobre las siguientes cuestiones:

1) ¿cubre la cláusula de excepción del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 77/187/CEE del Consejo el derecho de un empleado a la cobertura de primas de seguro de regimenes de pensión no estatutarios o se aplica la excepción únicamente al derecho de pago de seguro de pensión de dichos regímenes?

2) ¿es obligatorio el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 77/187/CEE en el sentido de que un empleado podrá no aceptar legalmente una modificación desventajosa de su contrato de trabajo cuando la razón para dicha modificación sea una cesión de empresa?
1.

declara que Islandia ha incumplido las obligaciones que le imponen los actos jurídicos citados en los puntos 9b y 9c de la parte 7.1 del capítulo I del anexo I del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en particular: a) de mantener un sistema de controles oficiales para verificar que los explotadores pertinentes cumplen los requisitos del Reglamento en lo que se refiere a la eliminación de los subproductos animales, con arreglo al artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1774/2002, en su versión modificada y adaptado al Acuerdo EEE por las adaptaciones específicas y sectoriales mencionadas en el anexo I de dicho Acuerdo; b) de disponer en su territorio de un sistema adecuado que garantice la eliminación de los subproductos animales de conformidad con el artículo 4, apartado 4, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1069/2009, y c) de adoptar las medidas necesarias para controlar que los explotadores pertinentes cumplen con sus obligaciones de eliminación de subproductos animales, con arreglo al artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y de la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma, en su versión modificada y adaptado al Acuerdo EEE por las adaptaciones específicas y sectoriales mencionadas en el anexo I de dicho Acuerdo; al no impedir: — la eliminación directa del ganado muerto (los residuos de los mataderos de la categoría 3 y los residuos de los sacrificios para consumo familiar en vertederos autorizados en Islandia sin procesamiento previo) y — el enterramiento in situ de ganado muerto y de residuos de los sacrificios para consumo familiar (incluido el material especificado de riesgo de la categoría 1) incumpliendo las condiciones de los artículos 19 y 20 del Reglamento (CE) n.o 1069/2009; ambas conductas contrarias a los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento (CE) no 1069/2009;
4.

Un medicamento que no ha sido preparado de conformidad con las indicaciones de una farmacopea o que no está destinado a ser dispensado directamente a los pacientes a los que abastece la farmacia en cuestión no puede acogerse a la excepción prevista en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2001/83/CE.
C 374/47

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 16 de julio de 2020

en el asunto E-8/19

Scanteam AS/Gobierno noruego, representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores

(Contratos públicos – Directiva 2014/24/UE – Concepto de «poder adjudicador» – Misión extranjera de un Estado de la AELC – Aplicabilidad del Derecho del EEE – artículo 126 del EEE – Ámbito geográfico del Acuerdo EEE)

(2020/C 374/09)

En el asunto E-8/19, Scanteam AS contra el Gobierno noruego, representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores – SOLICITUD al Tribunal en virtud del artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia por la Sala de Recursos para la Contratación Pública (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), relativo a la interpretación de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, en su versión adaptada al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el Tribunal, integrado por Páll Hreinsson, Presidente (Juez Ponente), Per Christiansen y Bernd Hammermann, Jueces, dictó sentencia el 16 de julio de 2020, cuya parte dispositiva es la siguiente:

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, es aplicable a un procedimiento de contratación pública iniciado por una misión extranjera de un Estado de la AELC en un tercer país, siempre que la contratación pública tenga un vínculo lo suficientemente estrecho con el EEE.
1.

Declara que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al no haber incorporado a su ordenamiento jurídico interno, en el plazo fijado, el acto mencionado en los puntos 7d, 7f y 7j del anexo XIX del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo [Reglamento (UE) n.o 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Reglamento sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo)], en su versión adaptada por el Protocolo 1 del Acuerdo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 198/6

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

de 1 de marzo de 2017

en el asunto E-10/16

Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia

(Incumplimiento por un Estado de la AELC de sus obligaciones — No incorporación al ordenamiento jurídico nacional — Directiva 2014/68/UE relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión)

(2017/C 198/06)

En el asunto E-10/16, Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia — SOLICITUD de declaración de que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acto mencionado en los puntos 6a y 6e del capítulo VIII del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, y del artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para la incorporación del artículo 13 del citado acto a su ordenamiento jurídico en el plazo prescrito o, en cualquier caso, al no haber informado de ello al Órgano de Vigilancia de la AELC, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (juez ponente) y Páll Hreinsson, jueces, dictó sentencia el 1 de marzo de 2017, cuyo fallo es el siguiente:

El Tribunal:

1. Declara que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acto mencionado en los puntos 6a y 6e del capítulo VIII del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión), adaptada al Acuerdo mediante su Protocolo 1, y del artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para la incorporación del artículo 13 del citado acto a su ordenamiento jurídico en el plazo prescrito.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 108/13

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

de 29 de julio de 2016

en el asunto E-30/15

Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia

(Incumplimiento por un Estado de la AELC de sus obligaciones — No incorporación al ordenamiento jurídico nacional — Directiva 2011/62/UE, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano)

(2017/C 108/11)

En el asunto E-30/15, Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia — SOLICITUD de declaración de que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acto mencionado en el punto 15q del capítulo XIII del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, y en virtud del artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para aplicar el acto en el plazo prescrito o, en cualquier caso, al no haber informado de ello al Órgano de Vigilancia de la AELC, el Tribunal de la AELC, integrado por Carl Baudenbacher, Presidente, Per Christiansen (Juez Ponente) y Páll Hreinsson, Jueces, dictó sentencia el 29 de julio de 2016, cuyo fallo es el siguiente:

El Tribunal:

1. Declara que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acto mencionado en el punto 15q del capítulo XIII del anexo II del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, y en virtud del artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para aplicar el acto en el plazo prescrito.
3.

El Derecho del EEE no requiere que las normas del EEE no adoptadas puedan ser invocadas directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados de la AELC. No obstante, de la legislación del EEE se desprende que, al interpretar la normativa nacional, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a aplicar, en la medida de lo posible, los métodos de interpretación reconocidos por el Derecho nacional con objeto de alcanzar el resultado perseguido por la Directiva 2011/92/UE. Esta obligación nace en la fecha en que el acto jurídico correspondiente pasa a formar parte del Acuerdo EEE.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 158/15

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

de 10 de noviembre de 2014

en el asunto E-8/14

Órgano de Vigilancia de la AELC contra la República de Islandia

(Incumplimiento de las obligaciones de una Parte contratante — Directiva 2009/38/CE — No aplicación)

(2015/C 158/09)

En el asunto E-8/14, Órgano de Vigilancia de la AELC contra la República de Islandia – SOLICITUD de declaración de que, al no haber adoptado y/o notificado al Órgano de Vigilancia de la AELC, en el plazo previsto a tal efecto, las disposiciones necesarias para aplicar el Acto al que se hace referencia en el punto 27 del anexo XVIII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1 y por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 54/2010, de 30 de abril de 2010, la República de Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicho Acto y del artículo 7 del Acuerdo EEE, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, Presidente; Per Christiansen (Juez Ponente) y Páll Hreinsson, jueces, dictó sentencia el 10 de noviembre de 2014, cuya parte dispositiva es la siguiente:

El Tribunal:

1. Declara que al no haber adoptado, en el plazo previsto a tal efecto, las disposiciones necesarias para aplicar el Acto al que se hace referencia en el punto 27 del anexo 18 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1 y por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 54/2010, la República de Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicho Acto y del artículo 7 del Acuerdo EEE.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 68/4

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

de 7 de julio de 2014

en el asunto E-5/13

Schenker North AB, Schenker Privpak AB y Schenker Privpak AS contra Órgano de Vigilancia de la AELC

(Recurso de anulación de una decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC — Acceso a los documentos — Admisibilidad — Diligencias de ordenación del procedimiento — Normas de 2012 del Órgano de Vigilancia de la AELC sobre el acceso a los documentos)

(2015/C 68/04)

En el asunto E-5/13, Schenker North AB, Schenker Privpak AB y Schenker Privpak AS contra Órgano de Vigilancia de la AELC – SOLICITUD de anulación de las Decisiones del Órgano de Vigilancia de la AELC de 25 de enero de 2013 y de 18 de febrero de 2013 en el asunto no 73075 del Órgano de Vigilancia de la AELC en el sentido de denegar el acceso a los documentos pertenecientes a los expedientes que dieron lugar a la Decisión no 321/10/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC (Norway Post – sistema de descuentos de fidelidad), con arreglo a las nuevas normas sobre el acceso a los documentos adoptadas por el Órgano de Vigilancia el 5 de septiembre de 2012 mediante la Decisión no 300/12/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC («RAD 2012») (no publicada en el Diario Oficial), el Tribunal, compuesto por Carl Baudenbacher, Presidente y Juez Ponente, Per Christiansen y Páll Hreinsson, Jueces, dictó sentencia el 7 de julio de 2014, cuyo fallo es el siguiente:

El Tribunal:

1. Anula la Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 25 de enero de 2013, en el asunto del Órgano de Vigilancia de la AELC no 73075 (DB Schenker) en la medida en que deniega el acceso parcial o completo, en virtud del artículo 4, apartado 4, y del artículo 6 de la RAD 2012, a los documentos pertenecientes a los expedientes que dieron lugar a la Decisión no 321/10/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC (Norway Post-sistema de descuentos de fidelidad) y deniega el acceso a la versión completa de la Decisión no 321/10/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC.

2. Desestima el recurso en todo lo demás.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 357/32

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

de 20 de marzo de 2015

en el asunto E-19/13

Konkurrenten.no AS contra Órgano de Vigilancia de la AELC

(Recurso de anulación de una decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC — Ayuda estatal — Servicios de transporte local en autobús — Decisión de no incoar el procedimiento de investigación formal — Decisión siguiendo el procedimiento de investigación formal — Admisibilidad — Diligencias de ordenación del procedimiento)

(2016/C 357/13)

En el asunto E-19/13: Konkurrenten.no AS contra Órgano de Vigilancia de la AELC-RECURSO de anulación de la decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 519/12/COL, de 19 de diciembre de 2012, por la que se archiva el procedimiento de investigación formal con respecto a la ayuda concedida por el municipio de Oslo a AS Oslo Sporveier, y de la decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 181/13/COL, de 8 de mayo de 2013, por la que se deniega la apertura de una investigación formal sobre las medidas de ayuda no contempladas en la Decisión n.o 519/12/COL, el Tribunal, compuesto por: Carl Baudenbacher, presidente y juez ponente, y Per Christiansen y Páll Hreinsson, jueces, dictó sentencia el 20 de marzo de 2015, cuyo fallo es el siguiente:

1. Se declara la inadmisibilidad del recurso.

2. Konkurrenten.no AS cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido el Órgano de Vigilancia de la AELC.