Comunicación relativa a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Órgano de Vigilancia de la AELC para la aplicación de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE (95/C 112/07)

A. La presente Comunicación se adopta en virtud de las normas del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE) y del Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (Acuerdo de Vigilancia y de Jurisdicción).

B. El 13 de febrero de 1993 la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (DO n° C 39 de 13. 2. 1993, p. 6). Este acto no vinculante contiene una serie de principios y normas por los que se rige la Comisión en materia de competencia y explica de qué manera se propone la Comisión cooperar con los órganos jurisdiccionales nacionales.

C. El Órgano de Vigilancia de la AELC considera que el objeto del citado acto concierne al EEE. A fin de mantener unas condiciones de competencia iguales y garantizar la aplicación uniforme de las normas de competencia del EEE en todo el Espacio Económico Europeo, el Órgano de Vigilancia de la AELC adopta la presente Comunicación ejerciendo el poder que le atribuye la letra b) del apartado 2 del artículo 5 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Este Órgano pretende seguir los principios y normas establecidos en esta Comunicación al aplicar las normas de competencia del EEE.

D. Concretamente, la presente Comunicación tiene por objeto garantizar una cooperación eficaz en las relaciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados de la AELC (1) y el Órgano de Vigilancia de la AELC. Para ello, precisa de qué manera se propone el Órgano de Vigilancia contribuir a mantener una cooperación estrecha con dichos órganos jurisdiccionales para la aplicación de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE a casos concretos, teniendo en cuenta en todo momento la independencia de dichos órganos.

I. Introducción

1. La creación de un Espacio Económico Europeo homogéneo caracterizado por la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales permite a las empresas del EEE emprender nuevas actividades y a los consumidores beneficiarse de una mayor competencia. El Órgano de Vigilancia de la AELC considera que estas ventajas no deben verse comprometidas por prácticas restrictivas o abusivas de las empresas y que los objetivos establecidos en el Acuerdo EEE ponen de manifiesto cuán importante es contar con un sistema que impida las distorsiones de la competencia.

2. Contribuyen a la aplicación cotidiana de las normas de competencia del EEE las autoridades nacionales de defensa de la competencia, los órganos jurisdiccionales nacionales, los tribunales comunitarios y de la AELC, la Comisión y el Órgano de Vigilancia de la AELC, asumiendo cada uno las tareas y responsabilidades que les asigna el Acuerdo EEE. El buen funcionamiento de los mecanismos de la política de competencia en el Espacio Económico Europeo exige una cooperación eficaz entre estas instituciones.

3. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las disposiciones del Tratado CE pueden tener efectos directos por cuanto se incorporan en el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros sin que sean necesarias medidas nacionales, siempre que lo permitan sus características (2). Las disposiciones del Tratado que tienen efectos directos, al igual que los reglamentos comunitarios que por su naturaleza y por la función que desempeñan en el sistema de fuentes comunitarias de derecho, son directamente aplicables (3) - deben ser aplicadas por los órganos jurisdiccionales nacionales sin necesidad de ninguna medida legislativa de incorporación del derecho comunitario en la legislación nacional.

El Órgano de Vigilancia de la AELC considera que no sucede lo mismo con el derecho del EEE por lo que atañe a los Estados de la AELC. En estos países, el efecto interno del derecho del EEE se rige por lo dispuesto en su derecho constitucional, sin perjuicio de lo establecido en el Protocolo 35 de Acuerdo EEE. Con arreglo a este Protocolo, los Estados miembros están obligados a garantizar, si es necesario mediante una disposición legislativa específica, que en caso de conflicto entre las normas de aplicación del EEE y otras disposiciones legislativas prevalecerán las normas del EEE. Según el Tribunal de Justicia de la AELC, es inherente a la naturaleza de esta disposición el hecho de que, en caso de conflicto entre las normas de aplicación del EEE y las disposiciones legislativas nacionales, los particulares y los operadores económicos tengan derecho a invocar y hacer valer a nivel nacional los derechos que les confieren las disposiciones del Acuerdo EEE, siempre que sean incondicionales y suficientemente precisas, por cuanto forman parte integrante del ordenamiento jurídico nacional o han sido integradas en el mismo (4).

4. La ayuda y cooperación que se ofrecerá a los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados de la AELC de conformidad con la presente Comunicación se centrará, principalmente, en los casos concretos de que se ocupen dichos órganos y consistirá en información o respuestas transmitidas directamente al órgano jurisdiccional implicado. Sin embargo, a fin de proporcionar a los operadores económicos y a las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales orientaciones generales sobre la interpretación de las normas de competencia del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia procurará instruir los asuntos de su competencia fomentando la transparencia y el conocimiento público de estas normas y su aplicación.

5. Cuando resulte apropiado, en vez de adoptar una decisión formal, el Órgano de Vigilancia dará por terminado un asunto mediante una carta administrativa. Por regla general, estas cartas administrativas se harán públicas y explicarán las causas que las motivan y los fundamentos en que se basan.

II. Funciones

6. Junto con la Comisión, el Órgano de Vigilancia de la AELC es la autoridad administrativa responsable de la aplicación de la política de competencia en el EEE y debe actuar conforme al interés público. Los órganos jurisdiccionales nacionales, por el contrario, tienen por misión proteger los derechos subjetivos de los particulares en sus relaciones mutuas.

7. Para llevar a cabo estas distintas tareas, los órganos jurisdiccionales nacionales y el Órgano de Vigilancia disponen de competencias compartidas para la aplicación del apartado 1 del artículo 53 y el artículo 54 del Acuerdo EEE. El Órgano de Vigilancia está facultado para ello por el artículo 55 del Acuerdo EEE y por las disposiciones del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. En el caso de los órganos jurisdiccionales nacionales, esta competencia se deriva del hecho de que el apartado 1 del artículo 53 y el artículo 54 del Acuerdo EEE, que a juicio del Órgano de Vigilancia cumplen los requisitos de incondicionalidad y suficiente precisión implícitos en el Protocolo 35 del Acuerdo EEE, han sido incorporados en el ordenamiento jurídico interno de los Estados de la AELC (5).

8. De esta manera, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden garantizar, de conformidad con las normas nacionales de procedimiento aplicables, el respeto de las normas de competencia en beneficio de los particulares. Además, el apartado 2 del artículo 53 faculta a estos órganos para determinar, de conformidad con las normas nacionales de procedimiento aplicables, las consecuencias de derecho civil que implica la prohibición establecida en el artículo 53 (6).

9. Por su parte, el Órgano de Vigilancia y la Comisión, en virtud del artículo 9 del capítulo II del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y del Reglamento n° 17 (7) respectivamente, tienen competencia exclusiva, en las condiciones establecidas en el artículo 56 del Acuerdo EEE, para declarar esta prohibición inaplicable a determinados tipos de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas. En aplicación del artículo 56, el órgano de vigilancia competente puede ejercer esta facultad adoptando una decisión de exención de un acuerdo concreto en un asunto individual. Además, el Acuerdo EEE contiene actos correspondientes a los reglamentos comunitarios de exención de determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas.

10. Aunque los órganos juridiccionales nacionales no están facultados para aplicar el apartado 3 del artículo 53, pueden aplicar los actos del Acuerdo EEE que establecen exenciones por categorías en virtud de dicha disposición. Las disposiciones de estos actos, que a juicio del Órgano de Vigilancia cumplen los requisitos de incondicionalidad y suficiente precisión implícitos en el Protocolo 35 del Acuerdo EEE, se han incorporado en el ordenamiento jurídico nacional de los Estados de la AELC (8). Los órganos jurisdiccionales nacionales también pueden, de conformidad con las normas nacionales de procedimiento, aplicar las decisiones de exención individual adoptadas por el Órgano de Vigilancia o la Comisión en aplicación del apartado 3 del artículo 53 y las decisiones de exención individual adoptadas por la Comisión en aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo EEE (9).

11. Las competencias del Órgano de Vigilancia y las de los órganos jurisdiccionales nacionales difieren no sólo en cuanto a su finalidad y contenido, sino también en cuanto a su modo de ejercicio. El Órgano de Vigilancia ejerce sus competencias de acuerdo con las normas de procedimiento establecidas en el capítulo II del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, mientras que los órganos jurisdiccionales nacionales ejercen sus competencias en el marco del derecho procesal nacional.

12. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido los principios que rigen los procedimientos y vías de recurso aplicables para hacer valer el derecho comunitario directamente aplicable:

«Si bien es cierto que el Tratado ha establecido cierto número de acciones susceptibles, en su caso, de ser ejercidas directamente por los particulares ante el Tribunal de Justicia, no ha pretendido, empero, crear ante los órganos jurisdiccionales nacionales, para el mantenimiento del derecho comunitario, unas vías de recurso diferentes de las ya previstas en el derecho nacional. Bien al contrario, . . . todo tipo de acción prevista en el derecho nacional debe poder ser utilizada para asegurar el respeto de las normas comunitarias directamente aplicables, en condiciones de admisibilidad y de procedimiento idénticas a las aplicadas cuando se trata de asegurar el respeto del derecho nacional» (10).

13. El Órgano de Vigilancia considera que estos principios son aplicables en caso de infracción de las normas de competencia del EEE; los particulares y las empresas deben tener acceso a todas las vías de recurso establecidas por la legislación nacional de los Estados de la AELC en las mismas condiciones que si se tratara de una infracción comparable al derecho nacional. Esta igualdad de trato no sólo alecta a la declaración definitiva de infracción de las normas de competencia, sino que se extiende a todos los medios jurídicos que pueden promover una tutela judicial efectiva. A juicio del Órgano de Vigilancia, en caso de infracción a las normas de competencia del EEE, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tomar medidas cautelares, poner fin a la infracción mediante resolución judicial y conceder indemnizaciones por los daños sufridos como consecuencia de la infracción, siempre que estas vías de actuación estén contempladas en los procedimientos análogos del derecho nacional.

14. El Órgano de Vigilancia considera que la aplicación del derecho nacional de competencia es compatible con la aplicación simultánea del derecho del EEE, siempre que no vaya en detrimento de la eficacia y la uniformidad de las normas de competencia del EEE y de sus medidas de aplicación (11). El Acuerdo EEE dispone que los conflictos que pueda plantear la aplicación simultánea de los derechos de competencia nacionales y del EEE deberán resolverse de acuerdo con el principio de primacía del derecho del EEE. El objeto de este principio es descartar cualquier medida nacional que pueda comprometer la plena eficacia de las disposiciones del Acuerdo EEE.

III. Aplicación de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE por los órganos jurisdiccionales nacionales

15. Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden verse obligados a pronunciarse sobre la aplicación de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE en varias situaciones procesales. Cuando se trata de procedimientos de Derecho civil, se suelen ejercer dos tipos de acción: la acción contractual y la de daños y perjuicios. En el primer caso, la parte demandada se acoge por lo común al apartado 2 del artículo 53 para impugnar las obligaciones contractuales alegadas por la parte demandante. En el segundo, las prohibiciones de los artículos 53 y 54 suelen ser pertinentes para determinar si la conducta causante del daño alegado es ilegal.

16. En este tipo de situaciones, el hecho de que el apartado 1 del artículo 53 y el artículo 54, que a juicio del Órgano de Vigilancia complen los requisitos de incondicionalidad y suficiente precisión implícitos en el Protocolo 35 del Acuerdo EEE, hayan sido incorporados en el ordenamiento jurídico interno de los Estados de la AELC, confiere a los órganos jurisdiccionales nacionales poderes suficientes para cumplir con su obligación de dictar sentencia (12). Sin embargo, al ejercer estos poderes, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener en cuenta los del Órgano de Vigilancia y la Comisión al objeto de evitar tomar decisiones que contradigan a las que ésta o aquél -según cuál de estas autoridades sea competente para decidir sobre el asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Acuerdo EEE- hayan adoptado o tengan previsto adoptar para la aplicación del apartado 1 del artículo 53 y del artículo 54, así como del apartado 3 del artículo 53 (13). Asimismo, los órganos jurisdiccionales nacionales deben respetar las decisiones adoptadas por la Comisión en aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE antes de la entrada en vigor del Acuerdo EEE (14).

17. El Tribunal de Justicia ha desarrollado en su jurisprudencia varios principios que permiten evitar tales decisiones contradictorias (15). El Órgano de Vigilancia estima que los órganos jurisdiccionales nacionales podrían tener en cuenta estos principios tal y como se precisa a continuación.

1. Aplicación de los apartados 1 y 2 del artículo 53 y del artículo 54

18. Los órganos jurisdiccionales nacionales tienen que preguntarse si los acuerdos, decisiones o prácticas impugnadas conculcan las prohibiciones del apartado 1 del artículo 53 o del artículo 54. Antes de responder a esta pregunta, pueden averiguar si el acuerdo, decisión o práctica en cuestión ha sido objeto de una decisión, un dictamen o cualquier otra declaración oficial de una autoridad administrativa y, en particular, del Órgano de Vigilancia de la AELC o de la Comisión. Estas declaraciones pueden proporcionar a los órganos jurisdiccionales nacionales importantes elementos de juicio, aunque no sean formalmente vinculantes para ellos. A este respecto, conviene señalar que los procedimientos del Órgano de Vigilancia y de la Comisión no siempre conducen a decisiones formales, sino que los asuntos también pueden archivarse mediante cartas administrativas. Si bien este tipo de cartas no es vinculante para los órganos jurisdiccionales nacionales, éstos pueden tomar en consideración las opiniones en ellas expresadas en su examen de la conformidad de los acuerdos o conductas impugnadas con las disposiciones del artículo 53 (16).

19. Si el Órgano de Vigilancia o la Comisión no han tomado posición sobre el acuerdo, decisión o práctica, los órganos jurisdiccionales nacionales siempre pueden guiarse, para interpretar la norma del derecho del EEE de que se trate, por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la AELC y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y las decisiones del Órgano de Vigilancia y de la Comisión, así como por la jurisprudencia y las decisiones pertinentes del Tribunal de Justicia y la Comisión sobre las normas de derecho comunitario análogas. Al aplicar las disposiciones del Acuerdo EEE, en la medida en que sean idénticas en sustancia a las normas correspondientes del derecho comunitario, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretarlas de conformidad con las resoluciones pertinentes del Tribunal de Justicia dictadas con anterioridad a la fecha de la firma del Acuerdo EEE (17). Por otro lado, los órganos jurisdiccionales nacionales también pueden consultar las comunicaciones generales en las que el Órgano de Vigilancia describe las categorías de acuerdos no incursas en la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 53 (18).

20. Por lo tanto, por lo general los órganos jurisdiccionales nacionales deberían estar en situación de determinar si la conducta impugnada es compatible con el apartado 1 del artículo 53 y el artículo 54. No obstante, cuando el Órgano de Vigilancia o la Comisión han iniciado un procedimiento en un asunto relacionado con ese mismo tipo de conducta, dichos órganos pueden aplazar su decisión en espera del resultado del procedimiento si lo consideran necesario por motivos de seguridad jurídica (19). Los órganos jurisdiccionales nacionales también pueden suspender el asunto que conocen para solicitar información al Órgano de Vigilancia de conformidad con lo establecido en la parte IV de la presente Comunicación. En cualquier caso, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden suspender el procedimiento para solicitar un informe consultivo del Tribunal de Justicia de la AELC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

21. Ahora bien, si los órganos jurisdiccionales nacionales deciden pronunciarse y llegan a la conclusión de que no se cumplen las condiciones de aplicación del apartado 1 del artículo 53 o del artículo 54, deben dar curso al procedimiento basándose en dicha conclusión, aunque el acuerdo, decisión o práctica concertada haya sido notificado al Órgano de Vigilancia. Cuando del examen de los hechos se desprenda que se cumplen las condiciones de aplicación del apartado 1 del artículo 53 o el artículo 54, los órganos jurisdiccionales nacionales, deberán dictaminar que la conducta impugnada infringe tales disposiciones y adoptar las medidas apropiadas, incluidas las relativas a las consecuencias que, de conformidad con el Derecho civil aplicable, resulten del incumplimiento de una prohibición legal.

2. Aplicación del apartado 3 del artículo 53

22. Cuando un órgano jurisdiccional nacional declara que un acuerdo, decisión o práctica concertada está prohibido por el apartado 1 del artículo 53, debe determinar si dicho acuerdo es o será objeto de una exención concedida en virtud del apartado 3 del artículo 53. Pueden darse varios supuestos:

23. El órgano jurisdiccional nacional tiene que respetar las decisiones de exención adoptadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC o la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 53 y las adoptadas por la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo EEE (20). Por consiguiente, debe considerar que el acuerdo, decisión o práctica concertada impugnada es compatible con el derecho del EEE y ha de reconocerle plenos efectos jurídicos. A este respecto, conviene mencionar las cartas administrativas en que el Órgano de Vigilancia o los servicios de la Comisión declaran que se cumplen las condiciones de aplicación del apartado 3 del artículo 53. El Órgano de Vigilancia considera que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tener en cuenta estas cartas como un elemento de hecho.

24. Los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que entren dentro del ámbito de aplicación de un acto que corresponda a uno de los reglamentos comunitarios de exención por categorías enumerados en el Anexo XIV del Acuerdo EEE quedan automáticamente exentos de la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 53 (21).

25. Los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que no están comprendidos en un acto que corresponda a un reglamento de exención por categorías y que no hayan sido objeto de una decisión de exención individual o de una carta administrativa pueden, a juicio del Órgano de Vigilancia, examinarse del modo que se expone a continuación.

26. En primer lugar, el órgano jurisdiccional nacional puede comprobar si se cumplen los requisitos de procedimiento necesarios para acogerse a una exención en especial, si el acuerdo, decisión o práctica concertada ha sido debidamente notificado al Órgano de Vigilancia o la Comisión de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 del capítulo II del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y del Reglamento n° 17, respectivamente (22). Si no ha habido tal notificación, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del capítulo II del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y del Reglamento n° 17, la exención con arreglo al apartado 3 del artículo 57 queda excluida, de manera que el órgano jurisdiccional nacional puede decidir, en virtud del apartado 2 del artículo 53, que el acuerdo, decisión o práctica concertada es nulo.

27. Si el acuerdo, decisión o práctica concertada ha sido notificado debidamente al Órgano de Vigilancia o a la Comisión, el órgano jurisdiccional puede evaluar la probabilidad de que se conceda una exención en ese caso concreto, teniendo en cuenta los criterios establecidos al respecto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la AELC, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia, por las decisiones del Órgano de Vigilancia y la Comisión, por los actos correspondientes a reglamentos comunitarios de exención por categorías enumerados en el Anexo XIV del Acuerdo EEE y por la jurisprudencia y las decisiones del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia y la Comisión relativas al apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE.

28. Cuando el órgano jurisdiccional nacional se haya cerciorado de este modo de que el acuerdo, decisión o práctica concertada impugnada no puede ser objeto de una exención individual, podrá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a los requisitos del apartado 1 y 2 del artículo 53. En cambio, si considera que tal exención es posible, dicho órgano jurisdiccional nacional deberá, sin perjuicio de las normas nacionales de procedimiento aplicables, suspender el procedimiento en espera de que se pronuncie la autoridad de vigilancia competente. En tal caso, podrá adoptar, con arreglo a las normas de derecho nacional aplicables, las medidas provisionales que juzgue necesarias.

29. Estas consideraciones no son válidas para los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas existentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo EEE que hayan sido notificadas al Órgano de Vigilancia o a la Comisión en el plazo de seis meses a partir de dicha fecha. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictaminado que los órganos jurisdiccionales nacionales deben considerar válidos los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas existentes antes de la entrada en vigor del Reglamento n° 17 que hayan sido notificados debidamente a la Comisión, siempre que ésta o las autoridades del Estado miembro no hayan adoptado una decisión por la que se prohíban o hayan enviado a las partes una carta administrativa informándolas de que el expediente ha sido archivado (23). El Órgano de Vigilancia considera que puede aplicarse, con respecto a las normas de competencia del EEE, un principio similar de validez provisional de las susodichas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas.

30. El Órgano de Vigilancia reconoce que las consideraciones que acaban de exponerse con relación a la aplicación de los artículos 53 y 54 por los órganos jurisdiccionales nacionales pueden resultar complejas y, en ocasiones, insuficientes para que estos órganos puedan ejercer correctamente su función jurisdiccional. Esto es particularmente cierto cuando la aplicación práctica del apartado 1 del artículo 53 y del artículo 54 plantea problemas jurídicos o económicos, cuando la autoridad de vigilancia competente ha iniciado un procedimiento sobre el mismo asunto o cuando se trata de un acuerdo, decisión o práctica concertada que puede ser objeto de una exención individual con arreglo al apartado 3 del artículo 53. En estos casos, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar un dictamen consultivo del Tribunal de Justicia de la AELC de conformidad con el artículo 34 de Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Asimismo, pueden solicitar la colaboración del Órgano de Vigilancia con arreglo a los procedimientos que se exponen a continuación.

IV. Cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Órgano de Vigilancia de la AELC

31. El artículo 3 del Acuerdo EEE, que se basa en el artículo 5 del Tratado CE y en gran medida reproduce su contenido, dispone que las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho Acuerdo y facilitarán la cooperación en el marco del mismo.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado que, en virtud del artículo 5 del Tratado CE, la Comisión está obligada a cooperar de manera leal con las autoridades judiciales de los Estados miembros de la Comunidad encargadas de velar por la aplicación y el respeto del derecho comunitario en el ordenamiento jurídico nacional (24). El Órgano de Vigilancia también se considera obligado a cooperar de manera leal con los órganos jurisdiccionales de los Estados de la AELC en virtud de los correspondientes artículos 3 del Acuerdo EEE y artículo 2 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Asimismo, considera que tal cooperación es un factor importante para garantizar una aplicación eficaz y coherente de las normas de competencia del EEE. A la vista de estas consideraciones, el Órgano de Vigilancia se propone cooperar con los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados de la AELC del modo que se expone a continuación.

32. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la AELC, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia y las decisiones del Órgano de Vigilancia de la AELC y de la Comisión adoptadas en virtud de los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE y, en su caso, en virtud de los artículos 85 y 86 del Tratado CE, los actos correspondientes a los reglamentos comunitarios de exención por categorías y las comunicaciones generales publicadas por el Órgano de Vigilancia pueden constituir fuentes de derecho o explicaciones útiles para los órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de examinar los casos individuales.

33. Si estas fuentes resultan insuficientes, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden, dentro de los límites marcados por sus normas nacionales de procedimiento, solicitar al Órgano de Vigilancia la información que se indica a continuación.

34. En primer lugar, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar información sobre los procedimientos para saber si un asunto determinado está siendo examinado por el Órgano de Vigilancia o ha sido objeto de notificación o para averiguar si dicho Órgano ha iniciado oficialmente un procedimiento o manifestado su posición por medio de una decisión oficial o una carta administrativa. Si es necesario, los órganos jurisdiccionales nacionales también pueden preguntar al Órgano de Vigilancia en qué plazo tiene previsto adoptar una decisión para conceder o denegar una exención individual para determinados acuerdos o prácticas notificadas, con objeto de determinar si es necesario suspender la tramitación del asunto que conocen o adoptar medidas cautelares (25). Por su parte, el Órgano de Vigilancia procurará dar prioridad a los asuntos que sean objeto de un procedimiento nacional suspendido de este modo, especialmente cuando de ellos dependa el resultado de un litigio civil.

35. En segundo lugar, si la aplicación del apartado 1 del artículo 53 o del artículo 54 plantea dificultades especiales a dichos órganos jurisdiccionales nacionales, pueden solicitar al Órgano de Vigilancia información jurídica de carácter general. En sus respuestas, el Órgano de Vigilancia no se pronunciará sobre el fondo del asunto. Por otro lado, si los órganos jurisdiccionales nacionales dudan de si un acuerdo, decisión o práctica concertada impugnado que haya sido notificado al Órgano de Vigilancia puede acogerse a una exención individual, pueden solicitar a dicho Órgano que emita un dictamen provisional.

36. Las respuestas del Órgano de Vigilancia no son vinculantes para el órgano jurisdiccional que haya efectuado la consulta. En sus respuestas, el Órgano de Vigilancia precisará que su posición no es definitiva y no afecta al derecho del órgano jurisdiccional a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la AELC, de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

37. Por último, los órganos jurisdiccionales nacionales también pueden recabar del Órgano de Vigilancia información práctica: estadísticas, estudios de mercados y análisis económicos. El Órgano de Vigilancia procurará facilitarles esta información dentro de los límites que se señalan a continuación o indicarles dónde pueden obtenerla.

38. Para una buena administración de justicia, es conveniente que el Órgano de Vigilancia responda a estas solicitudes de información jurídica y fáctica con la mayor brevedad. Sin embargo, el Órgano de Vigilancia sólo puede dar curso a estas solicitudes si cumplen ciertas condiciones. En primer lugar, el Órgano de Vigilancia tiene que disponer de la información solicitada. En segundo lugar, sólo podrá facilitarla en la medida en que lo permita el principio general de diligencia administrativa.

39. Concretamente, el artículo 14 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, tal como se indica en el artículo 20 del capítulo II del Protocolo 4 a efectos de las normas de competencia, prohíbe al Órgano de Vigilancia divulgar información confidencial. Además, la obligación de cooperación leal prevista en el artículo 3 del Acuerdo EEE y el artículo 2 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción es extensiva a la relación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Órgano de Vigilancia y no afecta a la posición de las partes en un litigio pendiente ante dichos órganos. En su calidad de amicus curiae, el Órgano de Vigilancia debe respetar la neutralidad y objetividad judiciales. Por consiguiente, sólo dará curso a las solicitudes de información efectuadas con arreglo a los procedimientos de cooperación descritos en la presente Comunicación, salvo que procedan de un órgano jurisdiccional nacional, ya sea directamente, o indirectamente a través de las partes a las que el órgano jurisdiccional haya ordenado el suministro de determinada información.

V. Observaciones finales

40. La presente Comunicación no afecta a las normas de competencia del sector de los transportes. Tampoco afecta a las normas de competencia del sector del carbón y del acero establecidas en el Protocolo 25 del Acuerdo EEE.

41. La presente Comunicación se publica a título orientativo y no limita en modo alguno los derechos que reconoce el Acuerdo EEE a los particulares y las empresas.

42. La presente Comunicación se entiende sin perjuicio de la interpretación de las disposiciones del Acuerdo EEE por parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Justicia de la AELC.

(1) A efectos de la presente Comunicación, por Estados de la AELC se entenderán los Estados de la AELC respecto de los cuales haya entrado en vigor el Acuerdo EEE.

(2) Véanse por ejemplo los asuntos 26/62, Van Gend en Loos/Nederlandse administratie der belastingen, [1963] Rec. y 28/67, Firma Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe GmbH/Hauptzollamt Paderborn, [1968] Rec. 143.

(3) Véase por ejemplo el asunto 43/71, Politi/Ministry for Finance of the Italian Republic, [1971] Rec. 1039.

(4) Véase el asunto E-1/94, sentencia de 16 de diciembre de 1994, punto 44 (pendiente de publicación).

(5) Véase el apartado 3 de la presente Comunicación.

(6) Véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los asuntos 56/65, LTM/MBU, [1966] Rec. 337; 48/72, Brasserie de Haecht/Wilkin-Janssen, [1973] Rec. 77 y 319/82, Ciments et Bétons/Kerpen & Kerpen, [1983] Rec. 4173, referentes a la correspondiente disposición del artículo 85 del Tratado CE.

El artículo 6 del Acuerdo EEE dispone que, sin perjuicio de la evolución futura de la jurisprudencia, las disposiciones del presente Acuerdo, en la medida en que sean idénticas en sustancia a las normas correspondientes del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de los actos adoptados en aplicación de estos dos Tratados, se interpretarán, en su ejecución y aplicación, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas con anterioridad a la fecha de la firma del presente Acuerdo.

(7) Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO n° 13 del 21. 2. 1962, p. 204/62; Edición especial 08 Vol., p. 22).

(8) Véase el apartado 3 de la presente Comunicación.

(9) El artículo 13 del Protocolo 21 del Acuerdo EEE dispone que los acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas a los que se aplique una exención individual en virtud del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE desde antes de la entrada en vigor del Acuerdo seguirán estando exentos de cumplir lo dispuesto en el Acuerdo hasta que expire el plazo señalado en las decisiones de concesión de las exenciones o hasta que lo decida la Comisión si se pronuncia antes de dicho plazo.

(10) Asunto 158/80, Rewe/Hauptzollamt Kiel, [1981] Rec. 1805, apartado 44; asunto 33/76, Rewe/Landwirtschaftskammer Saarland, [1976] Rec. 1989; asunto 79/83, Harz/ Deutsche Tradax, [1984] Rec. 1921; asunto 199/82, Amministrazione delle Finanze dello Stato/San Giorgio, [1983] Rec. 3595.

(11) Véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los asuntos 14/68, Walt Wilhelm and Others/Bundeskartellamt, [1969] Rec. I y en los asuntos acumulados 253/78 y 1 a 3/79, Procureur de la République Giry and Guerlain, [1980] Rec. 2327.

(12) Véase el apartado 3 de la presente Comunicación.

(13) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, [1991] Rec. I-935, apartado 47.

(14) Véase el artículo 13 del Protocolo 21 del Acuerdo EEE.

(15) Asuntos 48/72, Brasserie de Haecht/Wilkin-Janssen, [1973] Rec. 77; 127/73, BRT/Sabam, [1974] Rec. 51 y C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, [1991] Rec. I-935.

(16) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto 99/79, Lancôme/Etos, [1980] Rec. 2511, apartado 11.

(17) Artículo 6 del Acuerdo EEE. Este Acuerdo se firmó el 2 de mayo de 1992.

(18) Véanse las Comunicaciones del Órgano de Vigilancia de la AELC sobre:

- contratos de representación exclusiva suscritos con agentes comerciales (DO n° L 153 de 18. 6. 1994, p. 23),

- acuerdos, decisiones y prácticas concertadas relativos a la cooperación entre empresas (DO n° L 153 de 18. 6. 1994, p. 25),

- análisis de ciertos acuerdos de subcontratación (DO n° L 153 de 18. 6. 1994, p. 30),

- acuerdos de menor importancia (DO n° L 153 de 18. 6. 1994, p. 32).

(19) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto 127/73, BRT/Sabam, [1974] Rec. 51, apartado 21. El Órgano de Vigilancia o la Comisión inician el procedimiento mediante un acto de autoridad. Un simple acuse de recibo no puede tenerse por un acto semejante: asunto 48/72, Brasserie de Haecht/Wilkin-Janssen, [1973], Rec. 77, apartados 16 y 17.

(20) Véase el artículo 13 del Protocolo del Acuerdo EEE.

(21) El Anexo de la presente Comunicación contiene una lista de los actos pertinentes y de los documentos explicativos oficiales referentes a aquellos publicados por el Órgano de Vigilancia de la AELC.

(22) Conviene señalar que no importa si el acuerdo, decisión o práctica concertada ha sido notificado a la autoridad de vigilancia que, de conformidad con el artículo 56 del Acuerdo EEE, es competente para adoptar una decisión en el caso en cuestión. Véase el artículo 10 del Protocolo 23 del Acuerdo EEE.

(23) Asuntos 48/72, Brasserie de Haecht/Wilkin-Janssen, [1973] Rec. 77; 59/77, Bloos/Bouyer, [1977] Rec. 2359 y 99/79, Lancôme/Etos, [1980] Rec. 2511.

(24) Asunto C-2/88 Imm., Zwartveld, [1990] Rec. I-3365, apartado 18 y asunto C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, [1991] Rec. I-935, apartado 53.

(25) Véanse los apartados 20 a 28 de la presente Comunicación.

ANEXO

ACTOS CORRESPONDIENTES A REGLAMENTOS COMUNITARIOS DE EXENCIÓN POR CATEGORÍAS ENUMERADOS EN EL ANEXO XIV DEL ACUERDO EEE Y COMUNICACIONES EXPLICATIVAS DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

I. Acuerdos de distribución

1. Acto correspondiente al Reglamento (CEE) n° 1983/83 de la Comisión, relativo a determinadas categorías de acuerdos de distribución, citado en el punto 2 del Anexo XIV del Acuerdo EEE.

2. Acto correspondiente al Reglamento (CEE) n° 1984/83 de la Comisión, relativo a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva, citado en el punto 3 del Anexo XIV del Acuerdo EEE.

3. Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC relativa a los actos a que se hace referencia en los puntos 2 y 3 del Anexo XIV del Acuerdo EEE (DO n° L 153 de 18. 6. 1994, p. 13).

4. Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC por la que se modifica la Comunicación referente a los actos mencionados en los puntos 2 y 3 del Anexo XIV del Acuerdo EEE (DO n° L 186 de 21. 7. 1994, p. 69).

5. Acto correspondiente al Reglamento (CEE) n° 123/85 de la Comisión, relativo a determinadas categorías de acuerdos de distribución y servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles, citado en el punto 4 del Anexo XIV del Acuerdo EEE.

6. Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC relativa al acto al que se hace referencia en el punto 4 del Anexo XIV del Acuerdo EEE (DO n° L 153 de 18. 6. 1994, p. 20).

7. Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC por la que se clarifica la actividad de los intermediarios de automóviles (DO n° 186 de 21. 7. 1994, p. 70).

II. Acuerdos de licencia y franquicia

1. Acto correspondiente al Reglamento (CEE) n° 2349/84 de la Comisión, relativo a ciertas categorías de acuerdos de licencia de patentes, citado en el punto 5 del Anexo XIV del Acuerdo EEE.

2. Acto correspondiente al Reglamento (CEE) n° 4087/88 de la Comisión, relativo a determinadas categorías de acuerdos de franquicia, citado en el punto 8 del Anexo XIV del Acuerdo EEE.

3. Acto correspondiente al Reglamento (CEE) n° 556/89 de la Comisión, relativo a determinadas categorías de acuerdos de licencia de «know-how», citado en el punto 9 del Anexo XIV del Acuerdo EEE.

III. Acuerdos de cooperación

1. Acto correspondiente al Reglamento (CEE) n° 417/85 de la Comisión, relativo a determinadas categorías de acuerdos de especialización, citado en el punto 6 del Anexo XIV del Acuerdo EEE.

2. Acto correspondiente al Reglamento (CEE) n° 418/85 de la Comisión, relativo a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo, citado en el punto 7 del Anexo XIV del Acuerdo EEE.