DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

N o 305/04/COL

de 1 de diciembre de 2004

por la que se modifican por cuadragésimo octava vez las normas procesales y sustantivas en el ámbito de las ayudas estatales mediante la modificación del capítulo 16, «Ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis y propuesta de medidas apropiadas»

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1) y, en particular, sus artículos 61 a 63 y su Protocolo 26,

Visto el Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre la creación del Órgano de Vigilancia y del Tribunal de Justicia (2), y, en particular, su artículo 24, su artículo 5, apartado 2, letra b), y su Protocolo 3 (3), parte I, artículo 1, y parte II, artículos 18 y 19,

Considerando que, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC ha de hacer efectivas las disposiciones sobre las ayudas estatales;

Considerando que, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, letra b), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC publicará notificaciones o impartirá directrices sobre asuntos regulados por el Acuerdo EEE si este Acuerdo o el de Vigilancia y Jurisdicción expresamente así lo establecen o si el propio Órgano de Vigilancia lo considera necesario;

Recordando las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas de Estado (4) adoptadas el 19 de enero de 1994 por el Órgano de Vigilancia de la AELC;

Considerando que el 1 de octubre de 2004 la Comisión Europea publicó una nueva Comunicación relativa a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis y una propuesta de medidas apropiadas de conformidad con el artículo 88, apartado 1, del Tratado CE (5);

Considerando que dicha Comunicación también afecta al Espacio Económico Europeo;

Considerando que conviene garantizar la uniforme aplicación en todo el Espacio Económico Europeo de la normativa del EEE sobre ayudas estatales;

Considerando que, de conformidad con el punto II del epígrafe «GENERAL» que figura al final del anexo XV del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia de la AELC tiene que aprobar, previa consulta a la Comisión Europea, los actos correspondientes a los ya aprobados por ésta;

Habiendo consultado a la Comisión Europea;

Recordando que el Órgano de Vigilancia de la AELC consultó al respecto a los Estados de la AELC en la reunión multilateral celebrada el 3 de febrero de 2004,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

(1) En lo sucesivo denominado el Acuerdo EEE.

(2) En lo sucesivo denominado el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

(3) Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, tal como fue modificado por los Estados de la AELC el 10 de diciembre de 2001. Estas modificaciones incorporaron al Protocolo 3 el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del (antiguo) artículo 93 del Tratado CE y entraron en vigor el 28 de agosto de 2003.

(4) Directrices para la aplicación e interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE y del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, adoptadas y publicadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 19 de enero de 1994, publicadas en el DO L 231 de 3.9.1994, p. 1, y en el Suplemento EEE no 32, cuya última modificación la constituye la Decisión no 195/04/COL del Órgano de Vigilancia, de 14 de julio de 2004, pendiente de publicación, en lo sucesivo denominadas «Directrices sobre ayudas estatales».

(5) Comunicación de la Comisión: «Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis» (DO C 244 de 1.10.2004, p. 2).

ANEXO

"16. AYUDAS DE SALVAMENTO Y REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN CRISIS (1) 16.1. Introducción (1) El Órgano de Vigilancia de la AELC (en lo sucesivo, el Órgano de Vigilancia) adoptó sus Directrices originales sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis (2) en 1994. En 1999 se adoptó una nueva versión de las Directrices (3). (2) Mediante esta versión de las Directrices, cuyo texto se basa en versiones anteriores, el Órgano de Vigilancia desea realizar ciertos cambios y aclaraciones propiciados por distintos factores (4). (3) La desaparición de las empresas ineficaces constituye un aspecto normal del funcionamiento del mercado. El salvamento por el Estado de una empresa en crisis no puede ser la norma. Las ayudas para operaciones de salvamento y reestructuración han dado lugar en el pasado a algunos de los asuntos de ayudas estatales más controvertidos y constituyen uno de los tipos de ayuda estatal que más contribuyen a falsear la competencia. Por consiguiente, el principio general de la prohibición de las ayudas estatales establecido en el Acuerdo EEE debería seguir siendo la regla y la excepción a la misma debería estar limitada. (4) El principio de «ayuda única» se refuerza aún más para evitar que las ayudas reiteradas de salvamento y reestructuración se utilicen para mantener artificialmente en activo a las empresas. (5) Las Directrices de 1999 distinguían entre ayuda de salvamento y ayuda de reestructuración, definiéndose la primera como la que debe permitir que una empresa en crisis se mantenga en activo durante un período correspondiente al tiempo necesario para elaborar un plan de reestructuración o de liquidación. En principio, durante la fase de salvamento no podían adoptarse medidas de reestructuración financiadas mediante ayudas estatales. Sin embargo, esta distinción tan estricta entre salvamento y reestructuración ha planteado dificultades. Cabe la posibilidad de que las empresas en crisis necesiten tomar inmediatamente medidas estructurales urgentes con objeto de detener o reducir el deterioro de la situación financiera en la fase de salvamento. Por consiguiente las presentes Directrices amplían el concepto de “ayuda de salvamento” con objeto de que el beneficiario pueda tomar medidas urgentes, incluso de carácter estructural, como, por ejemplo, el cierre inmediato de una sucursal o cualquier otro tipo de supresión de las actividades que generen pérdidas. Teniendo en cuenta el carácter urgente de dichas ayudas, los Estados de la AELC deberían tener la posibilidad de optar por un procedimiento simplificado de autorización. (6) Por lo que respecta a las ayudas de reestructuración, las Directrices de 1999, basándose en las de 1994, seguían exigiendo que el beneficiario aportase una contribución sustancial a la reestructuración. En la presente revisión, conviene corroborar con mayor claridad el principio de que esta contribución debe ser real y carecer de ayuda. La contribución del beneficiario persigue un doble objetivo: por una parte, demostrar que los mercados (propietarios, acreedores) creen en la factibilidad del restablecimiento de la viabilidad en un plazo razonable. Por otra parte, garantizar que la ayuda de reestructuración se confina al mínimo necesario para restablecer la viabilidad al tiempo que limita el falseamiento de la competencia. A este respecto, el Órgano de Vigilancia exigirá también contrapartidas que minimicen el impacto sobre los competidores. (7) La concesión de ayudas estatales de salvamento o de reestructuración a empresas en crisis sólo se puede considerar legítima en determinadas circunstancias. Se podrían autorizar ayudas, por ejemplo, al amparo de consideraciones de política social o regional, porque conviene tener en cuenta la función beneficiosa que desempeña el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYME) para la economía, o incluso, con carácter excepcional, por la conveniencia de mantener una estructura de mercado competitiva en caso de que la desaparición de empresas pudiera llevar a la creación de un monopolio o de un oligopolio restringido. Por otra parte, no se justificaría el mantener artificialmente en activo una empresa de un sector con un exceso de capacidad estructural a largo plazo o cuando sólo puede sobrevivir merced a las reiteradas intervenciones estatales. 16.2. Definiciones y ámbito de aplicación de las Directrices, articulación con otros textos en materia de ayudas estatales 16.2.1. Concepto de “empresa en crisis” (8) El EEE no define el concepto de “empresa en crisis”. No obstante, en el marco de las presentes Directrices, el Órgano de Vigilancia considerará que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros o con los que están dispuestos a inyectarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención exterior, a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo. (9) Concretamente, en principio y sea cual sea su tamaño, se considera que una empresa está en crisis con arreglo a las presentes Directrices, en las siguientes circunstancias: a) tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada (5), cuando ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito (6) y se ha perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos 12 meses; b) tratándose de una sociedad en la que al menos algunos de sus socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la empresa (7), cuando ha desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y se ha perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos 12 meses; c) para todas las formas de empresas, cuando reúne las condiciones establecidas en el Derecho interno para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia. (10) Incluso aun cuando no se presente ninguna de las circunstancias establecidas en el punto 9, se podrá considerar que una empresa está en crisis en particular cuando estén presentes los síntomas habituales de crisis como el nivel creciente de pérdidas, la disminución del volumen de negocios, el incremento de las existencias, el exceso de capacidad, la disminución del margen bruto de autofinanciación, el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos financieros y el debilitamiento o desaparición de su activo neto. En casos extremos, la empresa puede incluso haber llegado a la insolvencia o encontrarse en liquidación con arreglo al Derecho nacional. En este último caso, las presentes Directrices se aplican a las ayudas que se concedan con motivo de este procedimiento y conduzcan al mantenimiento de la actividad de la empresa. En cualquier caso, las empresas en crisis sólo podrán beneficiarse de las ayudas en caso de que se compruebe realmente su incapacidad para reestructurarse con sus propios recursos o con fondos obtenidos de sus propietarios/accionistas o de fuentes del mercado. (11) A efectos de las presentes Directrices, las empresas de nueva creación no pueden acogerse a las ayudas de salvamento o de reestructuración aunque su situación financiera inicial sea precaria. Tal es el caso especialmente si la empresa de nueva creación ha surgido de la liquidación de otra empresa anterior o de la absorción de sus activos. En principio, se considerará que una empresa es de nueva creación durante los tres primeros años siguientes al inicio de sus operaciones en el correspondiente sector de actividad. Hasta que no haya transcurrido dicho período no podrá obtener ayuda de salvamento o de reestructuración, siempre que: a) se considere empresa en crisis en el sentido de las presentes Directrices; b) no forme parte de un grupo empresarial mayor (8), salvo en las condiciones que se establecen en el punto 12. (12) En principio, las empresas que formen parte de o estén siendo absorbidas por un grupo mayor no pueden acogerse a las ayudas de salvamento o de reestructuración, salvo que se pueda demostrar que las dificultades por las que atraviesa la empresa le son propias, que no son simplemente el resultado de la asignación arbitraria de costes dentro del grupo y que son demasiado complejas para ser resueltas por el propio grupo. Si una empresa en crisis crea una filial, ambas empresas —la filial y su matriz en crisis— serán consideradas un grupo y podrán recibir ayudas en las condiciones establecidas en el presente punto. 16.2.2. Definición de “ayuda de salvamento y de reestructuración” (13) Las ayudas de salvamento y de reestructuración se abordan en las mismas Directrices porque en ambos casos los poderes públicos se enfrentan a una empresa en crisis y el salvamento y la reestructuración son a menudo dos fases de una única operación, aunque respondan a mecanismos distintos. (14) Las ayudas de salvamento son por naturaleza transitorias y reversibles. Su objetivo principal estriba en permitir que una empresa en crisis se mantenga en activo durante el tiempo necesario para elaborar un plan de reestructuración o de liquidación. El principio general consiste en que la ayuda de salvamento permite prestar un apoyo temporal a una empresa que se enfrenta a un deterioro importante de su situación financiera, el cual se refleja en una grave crisis de liquidez o en una insolvencia técnica. Gracias a dicho apoyo temporal se debería disponer de tiempo para analizar las circunstancias que dieron lugar a la crisis y para desarrollar un plan adecuado para resolver las dificultades. Además, la ayuda de salvamento debe limitarse al mínimo imprescindible. Dicho de otra manera, la ayuda de salvamento proporciona a la empresa en crisis un breve respiro que no puede ser superior a seis meses. La ayuda debe consistir en ayudas de tesorería en forma de garantías sobre préstamos o en préstamos, con un tipo al menos comparable a los aplicados a los préstamos concedidos a empresas saneadas y especialmente a los tipos de referencia adoptados por el Órgano de Vigilancia. Las medidas estructurales que no requieran una acción inmediata, como la participación irremediable y automática del Estado en los fondos propios de la empresa, no podrán financiarse mediante ayuda de salvamento. (15) Una vez se haya elaborado y comenzado a aplicar un plan de reestructuración o de liquidación para el que se haya pedido ayuda, toda ayuda posterior se considerará ayuda de reestructuración. Las medidas que hayan de aplicarse inmediatamente para reducir las pérdidas, incluidas las medidas estructurales (por ejemplo, el abandono inmediato de un sector de actividad que genere pérdidas) pueden emprenderse mediante la ayuda de salvamento, siempre que se cumplan las condiciones contempladas en la sección 16.3.1, si se trata de ayuda individual, y en la sección 16.4.3, si se trata de regímenes de ayuda. El Estado de la AELC deberá demostrar que dichas medidas estructurales deben emprenderse inmediatamente salvo que se utilice el procedimiento simplificado mencionado en la sección 16.3.1.2. En principio no puede concederse ayuda de salvamento para reestructuraciones financieras. (16) En cambio, una reestructuración forma parte de un plan realista, coherente y de amplio alcance destinado a restablecer la viabilidad a largo plazo de una empresa. Por lo general, contiene uno o más de los siguientes elementos: la reorganización y racionalización de las actividades de la empresa sobre una base más eficiente, que consiste, por lo general, en que la empresa se desprenda de sus actividades deficitarias, reestructure aquellas cuya competitividad pueda ser restablecida y, en ocasiones, se diversifique orientándose hacia nuevas actividades viables. Generalmente, la reestructuración industrial ha de ir acompañada de una reestructuración financiera (inyecciones de capital, amortización de deudas). Ahora bien, una reestructuración con arreglo a las presentes Directrices no puede, sin embargo, limitarse exclusivamente a una intervención financiera destinada a cubrir las pérdidas anteriores sin abordar las causas que las originan. 16.2.3. Ámbito de aplicación (17) Las presentes Directrices se aplicarán a todos los sectores empresariales cubiertos por el Acuerdo EEE y sujetos al examen del Órgano de Vigilancia de conformidad con el artículo 62 del Acuerdo EEE, sin perjuicio de cualesquiera normas específicas relativas a empresas en crisis de un determinado sector (9). 16.2.4. Compatibilidad con el mercado común (18) El artículo 61, apartados 2 y 3, del Acuerdo EEE contempla la posibilidad de que las ayudas que entran en el ámbito de aplicación del artículo 61, apartado 1, sean compatibles con el mercado común. Si se exceptúan los casos de ayuda contemplados en el artículo 61, apartado 2, en particular la ayuda destinada a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional, que no se abordan en las presentes Directrices, el único fundamento de la compatibilidad de las ayudas a empresas en crisis es el artículo 61, apartado 3, letra c). Conforme a dicha disposición, el Órgano de Vigilancia está facultada para autorizar “las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades […] económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común”. Éste podría ser el caso, en particular, de la ayuda necesaria para corregir las disparidades debidas a las deficiencias del mercado o para garantizar la cohesión económica y social. (19) Dado que está en peligro su propia existencia, una empresa en crisis no puede considerarse un instrumento adecuado para promover otros objetivos políticos hasta que su viabilidad no esté garantizada. Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia considera que la ayuda a empresas en crisis puede contribuir al desarrollo de actividades económicas sin afectar negativamente al comercio en forma contraria al interés del EEE, únicamente si se cumplen los requisitos que figuran en las presentes Directrices. Cuando las empresas destinatarias de la ayuda de salvamento o de reestructuración estén situadas en regiones subvencionadas, el Órgano de Vigilancia tendrá en cuenta las consideraciones de carácter regional contempladas en el artículo 61, apartado 3, letras a) y c), del Acuerdo EEE, conforme a lo indicado en los puntos 54 y 55. (20) El Órgano de Vigilancia prestará especial atención a la necesidad de impedir que las presentes Directrices se utilicen para soslayar los principios establecidos en los encuadramientos y directrices vigentes. (21) Los cambios en la propiedad de la empresa beneficiaria no deberían afectar en modo alguno a la evaluación de la ayuda de salvamento o de reestructuración. 16.2.5. Beneficiarios de ayudas ilegítimas anteriores (22) Cuando se haya concedido anteriormente a una empresa en crisis una ayuda ilegítima respecto de la cual el Órgano de Vigilancia haya adoptado una decisión negativa con una orden de recuperación, y dicha recuperación no se haya producido de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre la creación del Órgano de Vigilancia y del Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción) (10), en la evaluación de cualquier ayuda de salvamento y de reestructuración que vaya a concederse a la misma empresa se deberá tomar en consideración, en primer lugar, el efecto acumulativo de ambas ayudas —la antigua y la nueva— y, en segundo lugar, el hecho de que la primera no ha sido reembolsada (11). 16.3. Requisitos generales para la autorización de ayudas de salvamento o de reestructuración notificadas individualmente a la Comisión (23) El presente capítulo se refiere exclusivamente a las ayudas notificadas al Órgano de Vigilancia de forma individual. En determinadas condiciones, el Órgano de Vigilancia puede autorizar regímenes de ayuda de salvamento o de reestructuración: estas condiciones están recogidas en la sección 16.4. 16.3.1. Ayuda de salvamento 16.3.1.1. Condiciones (24) Para recibir la correspondiente autorización del Órgano de Vigilancia, la ayuda de salvamento, tal y como ha quedado definida en el punto 14, debe: a) constituir ayuda de tesorería consistente en garantías sobre préstamos o en préstamos (12). En ambos casos, se ha de aplicar al préstamo un tipo al menos comparable a los aplicados a los préstamos concedidos a empresas saneadas y especialmente a los tipos de referencia adoptados por el Órgano de Vigilancia. Todo préstamo deberá ser reembolsado y toda garantía deberá vencer en un plazo no superior a seis meses a partir del pago del primer plazo a la empresa; b) estar justificada por razones sociales serias y no ser susceptible de producir efectos colaterales negativos graves en otras Partes Contratantes del Acuerdo EEE; c) ir acompañada, en el momento de su notificación, del compromiso del Estado de la AELC de transmitir al Órgano de Vigilancia, en el plazo de seis meses a partir de la autorización de la ayuda de salvamento, un plan de reestructuración, un plan de liquidación o la prueba de que se ha reembolsado íntegramente el préstamo o de que se ha puesto fin a la garantía; cuando se trate de una ayuda no notificada, el Estado de la AELC debe transmitir al Órgano de Vigilancia, en el plazo de seis meses a partir de la primera ejecución de la ayuda, un plan de reestructuración, un plan de liquidación o la prueba de que se ha reembolsado íntegramente el préstamo y/o de que se ha puesto fin a la garantía; d) limitarse al importe necesario para mantener a la empresa en funcionamiento durante el período para el que se autoriza. Dicho importe podrá incluir ayuda para medidas estructurales urgentes con arreglo al punto 15. El importe necesario debería basarse en las necesidades de liquidez de la empresa resultantes de las pérdidas. A la hora de determinar el importe se tendrá en cuenta el resultado de la aplicación de la fórmula establecida en el anexo cualquier ayuda de salvamento o que sea superior al resultado de dicho cálculo habrá de estar debidamente justificada; e) cumplir la condición establecida en la sección 16.3.3 (“ayuda única”). (25) Cuando el Estado de la AELC haya presentado un plan de reestructuración en los seis meses siguientes a la fecha de autorización o, si se trata de una ayuda no notificada, de la ejecución de la medida, el plazo para el reembolso del préstamo o para poner fin a la garantía se amplía hasta que el Órgano de Vigilancia adopte su decisión sobre el plan, a menos que el Órgano de Vigilancia decida que dicha ampliación no se justifica. (26) Sin perjuicio del artículo 23 de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y de la posibilidad de interponer una acción ante el Tribunal de la AELC de conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 1 de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia iniciará el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 1 de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción si el Estado de la AELC no comunica: a) un plan de reestructuración o de liquidación verosímil y justificado, o b) la prueba de que se ha reembolsado íntegramente el préstamo o de que se ha puesto fin a la garantía antes de que expire el plazo de seis meses. (27) En cualquier caso, el Órgano de Vigilancia podrá optar por incoar dicho procedimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y de la posibilidad de interponer una acción ante el Tribunal de la AELC a tenor de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 1 de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción cuando estime que el préstamo o la garantía se han utilizado incorrectamente o que, una vez transcurrido el plazo de seis meses, no se justifica el incumplimiento de la obligación de rembolsar la ayuda. (28) La autorización de la ayuda de salvamento no presupone en absoluto la posterior aprobación de ayudas concedidas en el marco de un plan de reestructuración, que deberán ser evaluadas en función de sus características propias. 16.3.1.2. Procedimiento simplificado (29) El Órgano de Vigilancia intentará en la medida de lo posible adoptar una decisión en el plazo de un mes con respecto a las ayudas de salvamento que cumplan todas las condiciones establecidas en la sección 16.3.1.1 así como los siguientes criterios acumulativos: a) la empresa interesada cumple al menos uno de los criterios establecidos en el punto 9; b) la ayuda de salvamento se limita al importe resultante de la aplicación de la fórmula establecida en el anexo y no es superior a 10 millones EUR. 16.3.2. Ayuda de reestructuración 16.3.2.1. Principio básico (30) Las ayudas de reestructuración plantean problemas específicos desde el punto de vista de la competencia, dado que pueden suponer que una parte injusta del peso del ajuste estructural y de los consiguientes problemas sociales y económicos recaiga sobre otros productores que no reciben ayudas y sobre otras Partes Contratantes del Acuerdo EEE. Por lo tanto, como principio general, sólo se deberían autorizar estas ayudas de reestructuración cuando pueda demostrarse que su concesión no es contraria al interés del EEE, lo que sólo será posible cuando la ayuda cumpla una serie de requisitos estrictos y se tengan garantías de que los posibles falseamientos de la competencia quedarán compensados por las ventajas que implica el mantenimiento de la actividad de la empresa (por ejemplo, si se demuestra que el efecto neto de los despidos derivados de la quiebra de la empresa, junto con las consecuencias para los proveedores, exacerbarían los problemas en materia de empleo o cuando, excepcionalmente, la desaparición de la empresa llevara a una situación de monopolio u oligopolio restringido) y, en principio, existan contrapartidas suficientes para los competidores. 16.3.2.2. Condiciones para la autorización de las ayudas (31) Sin perjuicio de las disposiciones especiales aplicables a las regiones subvencionadas y a las PYME (véanse los puntos 54, 55, 56 y 58), el Órgano de Vigilancia sólo autorizará las ayudas si se cumplen las condiciones generales siguientes: Empresas que pueden recibir las ayudas (32) Es preciso que la empresa se considere en crisis con arreglo a lo establecido en las presentes Directrices (véanse los puntos 8 a 12). Restablecimiento de la viabilidad a largo plazo (33) La concesión de la ayuda debe estar supeditada a la ejecución del plan de reestructuración que, para todas las ayudas individuales, habrá sido autorizado por el Órgano de Vigilancia salvo cuando se trate de PYME, tal como se establece en la sección 16.3.2.5. (34) El plan de reestructuración, cuya duración ha de ser lo más breve posible, ha de restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa en un plazo razonable, partiendo de hipótesis realistas por lo que se refiere a las condiciones futuras de explotación. Por consiguiente, la ayuda de reestructuración deberá estar vinculada a un programa viable de reestructuración al que se compromete el propio Estado de la AELC. El plan se ha de presentar al Órgano de Vigilancia con todas las precisiones necesarias, entre las que se incluye especialmente un estudio de mercado. La mejora de la viabilidad debe resultar principalmente de las medidas internas contenidas en el plan de reestructuración y sólo podrá basarse en factores externos, como el aumento de los precios o de la demanda, sobre los que la empresa no ejerza gran influencia, cuando las hipótesis sobre el mercado realizadas gocen de reconocimiento general. Una buena reestructuración debe implicar el abandono de las actividades que, incluso una vez realizada la reestructuración, sigan generando pérdidas estructurales. (35) El plan de reestructuración debe describir las circunstancias que han generado las dificultades de la empresa, con objeto de determinar si las medidas propuestas son las adecuadas. Debe tener en cuenta, entre otros factores, la situación y la evolución previsible de la oferta y la demanda en el mercado de productos de referencia, y se barajarán hipótesis optimistas, pesimistas e intermedias, atendiendo, asimismo, a los puntos fuertes y débiles de la empresa. El plan debe permitir una transición de la empresa a una nueva estructura que le dé perspectivas de viabilidad a largo plazo y la posibilidad de funcionar con sus propios recursos. (36) El plan de reestructuración debe proponer tal cambio en la empresa que, una vez llevado a cabo, ésta pueda cubrir todos sus costes, incluidos los relativos a la amortización y las cargas financieras. La rentabilidad prevista de los fondos propios de la empresa reestructurada debería bastar para que pueda afrontar la competencia con sus propias fuerzas. Cuando la crisis de la empresa se deba a deficiencias de su propio sistema de gestión, será necesario introducir las modificaciones pertinentes. Prevención de falseamientos indebidos de la competencia (37) Con objeto de velar por reducir todo lo posible los efectos negativos sobre las condiciones comerciales, de tal modo que los efectos positivos perseguidos sobrepasen a los negativos, es necesario introducir contrapartidas. De lo contrario, la ayuda se considerará “contraria al interés común” y, por consiguiente, incompatible con el Acuerdo EEE. Al determinar la idoneidad de las contrapartidas, el Órgano de Vigilancia tendrá en cuenta el objetivo de restablecer la viabilidad a largo plazo. (38) Estas medidas pueden consistir en la venta de activos, en reducciones de la capacidad o de la presencia en el mercado, y en la disminución de los obstáculos a la entrada en los mercados afectados. Al evaluar si las contrapartidas son adecuadas, el Órgano de Vigilancia tendrá en cuenta la estructura del mercado y las condiciones de la competencia con objeto de garantizar que ninguna de estas medidas suponga un deterioro de la estructura del mercado, por ejemplo, produciendo el efecto indirecto de crear una situación de monopolio u oligopolio restringido. Si un Estado de la AELC puede demostrar que se planteará esta situación, las contrapartidas establecidas deberían tener por objeto evitar la misma. (39) Las medidas deben ser proporcionales al efecto de falseamiento de la ayuda y, en particular, al tamaño (13) y la importancia relativa de la empresa en su mercado o mercados. Deberían adoptarse, en particular, en el(los) mercado(s) donde la empresa vaya a tener una posición de mercado importante tras la reestructuración. El grado de reducción se determinará según los casos. El Órgano de Vigilancia determinará el alcance de las medidas necesarias según el estudio de mercado adjunto al plan de reestructuración y, cuando proceda, según cualquier otra información que obre en poder del Órgano de Vigilancia, incluida la suministrada por las partes interesadas. La reducción deberá ser parte integrante de la reestructuración y ajustarse a lo establecido en el plan de reestructuración Este principio se aplica independientemente de si estas desinversiones tienen lugar antes o después de la concesión de la ayuda estatal, siempre y cuando formen parte de la misma reestructuración. Las condonaciones y el cierre de actividades que generen pérdidas que hubieran sido necesarios en cualquier caso para restablecer la viabilidad no se considerarán reducción de la capacidad o de la presencia en el mercado a efectos de la evaluación de las contrapartidas. Esta evaluación tendrá en cuenta cualquier ayuda de salvamento concedida por anticipado. (40) No obstante, esta condición no se aplicará por lo general a las pequeñas empresas ya que cabe asumir que la ayuda ad hoc que se concede a estas no suele falsear la competencia en forma contraria al interés común, salvo disposición en contrario de las normas sobre ayudas estatales aplicables a un determinado sector o cuando el beneficiario o prevé en un mercado que parece de un exceso de capacidad desde hace tiempo. (41) Cuando el beneficiario opere en un mercado que padece un exceso de capacidad estructural desde hace tiempo, según se define en el contexto de las Directrices multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (14), la reducción de la capacidad o de la presencia en el mercado de la empresa podrá llegar a ser del 100 % (15). Ayuda circunscrita al mínimo: contribución real exenta de ayuda (42) El importe y la intensidad de la ayuda deberán limitarse a los costes de reestructuración estrictamente necesarios para permitir la reestructuración en función de las disponibilidades financieras de la empresa, de sus accionistas o del grupo comercial del que forme parte. Su evaluación tendrá en cuenta cualquier ayuda de salvamento concedida por anticipado. Los beneficiarios de la ayuda deberán contribuir de forma importante al plan de reestructuración con cargo a sus propios recursos, incluida la venta de activos que no sean indispensables para la supervivencia de la empresa, o mediante financiación externa obtenida en condiciones de mercado. Esta contribución constituye un indicio de que los mercados creen que es factible el restablecimiento de la viabilidad. La contribución debe ser real, es decir auténtica, sin incluir ningún beneficio previsto en el futuro como puede ser el flujo de tesorería, y debe ser lo mas alta posible. (43) En principio, el Órgano de Vigilancia considerará adecuadas las siguientes contribuciones (16) a la reestructuración: mínimo del 25 % cuando se trate de pequeñas empresas, como mínimo del 40 % cuando se trate de medianas empresas y como mínimo del 50 % en el caso de las grandes empresas. En circunstancias excepcionales y en caso de dificultades especiales, que deben ser demostradas por el Estado de la AELC, el Órgano de Vigilancia podrá aceptar una contribución más baja. (44) Para limitar el falseamiento de la competencia, conviene evitar que la ayuda se conceda de forma que lleve a la empresa a disponer de una liquidez excedentaria que pudiera dedicar a actividades agresivas susceptibles de provocar falseamientos del mercado, que no estuvieran relacionadas con el proceso de reestructuración. A tal efecto, el Órgano de Vigilancia examinará el nivel del pasivo de la empresa después de su reestructuración, incluso después de cualquier aplazamiento o reducción de sus deudas, especialmente en el contexto de su continuación a raíz de un procedimiento de quiebra o insolvencia con arreglo al Derecho nacional (17). Ninguna ayuda deberá servir para financiar nuevas inversiones que no sean indispensables para lograr que la empresa vuelva a ser viable. Condiciones específicas adjuntas a la autorización de la ayuda (45) Además de las contrapartidas descritas anteriormente en los puntos 37 a 41, el Órgano de Vigilancia podrá imponer las condiciones y obligaciones que considere necesarias para velar por que no se falsee la competencia de forma contraria al interés común, en caso de que el Estado de la AELC interesado no se haya comprometido a adoptar dichas condiciones y obligaciones. Entre otras cosas, el Órgano de Vigilancia podrá obligar al Estado de la AELC a: a) adoptar él mismo medidas (por ejemplo, abrir a otros operadores del EEE determinados mercados ligados directa o indirectamente a las actividades de la empresa con el debido respeto de la legislación del EEE); b) imponer determinadas obligaciones al beneficiario; c) no conceder al beneficiario otros tipos de ayuda durante el período de reestructuración. Aplicación íntegra del plan de reestructuración y observancia de las condiciones impuestas (46) La empresa deberá aplicar íntegramente el plan de reestructuración y cumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas en la decisión del Órgano de Vigilancia por la que se autoriza la ayuda. El Órgano de Vigilancia considerará que el incumplimiento del plan o de las obligaciones constituye un uso abusivo de la ayuda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y de la posibilidad de interponer una acción ante el Tribunal de la AELC a tenor de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 1 de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. (47) En el caso de reestructuraciones que se prolonguen durante varios años y que movilicen ayudas importantes, el Órgano de Vigilancia podrá exigir que la ayuda de reestructuración se fraccione en varios pagos y podrá supeditar la concesión de los pagos a: a) la confirmación, antes de que se haga efectivo cada pago, de la correcta ejecución del plan de reestructuración en cada una de sus etapas cumpliendo el calendario previsto, o b) su autorización, antes de que se haga efectivo cada pago, una vez verificada la correcta ejecución. Supervisión e informe anual (48) Es esencial que el Órgano de Vigilancia pueda garantizar la correcta ejecución del plan de reestructuración mediante informes periódicos y detallados, que le serán presentados por el Estado de la AELC. (49) Por lo que se refiere a las ayudas destinadas a grandes empresas, el primero de estos informes se deberá presentar al Órgano de Vigilancia, por regla general, a más tardar seis meses después de la fecha en que se autorice la ayuda. A continuación, se deberán enviar los informes al Órgano de Vigilancia, al menos una vez al año, en una fecha determinada, mientras no se hayan alcanzado los objetivos del plan de reestructuración. En ellos se incluirán todos los datos que el Órgano de Vigilancia necesita para poder supervisar la ejecución del programa de reestructuración, el calendario de pagos a la empresa y su situación financiera, así como la observancia de las condiciones y obligaciones establecidas en la decisión de autorización. Entre otras cosas, incluirán todos los datos de utilidad en relación con las ayudas, independientemente del fin que pretendan lograr, ya sean ad hoc o en el marco de regímenes, que la empresa haya podido recibir durante el período de reestructuración (véanse los puntos 67 a 70). En caso de que el Órgano de Vigilancia necesite que se confirmen rápidamente determinados datos básicos tales como, por ejemplo, los relativos a los cierres o a las reducciones de capacidad, podrá exigir que se le presenten informes con mayor frecuencia. (50) Por lo que respecta a las ayudas destinadas a las PYME, bastará, por lo general, que se remita con una periodicidad anual la cuenta de resultados y el balance de la empresa beneficiaria, salvo en el caso de que existan disposiciones más estrictas en la decisión de autorización. 16.3.2.3. Modificación del plan de reestructuración (51) Si se autoriza una ayuda de reestructuración, el Estado de la AELC que la conceda puede solicitar al Órgano de Vigilancia, durante el período de reestructuración, que acepte modificaciones del plan de reestructuración y del importe de la ayuda. El Órgano de Vigilancia puede autorizar tales modificaciones si cumplen las normas siguientes: a) el plan revisado siempre ha de tener como objetivo el retorno a la viabilidad en un plazo razonable; b) si se aumenta el importe de la ayuda, la importancia de cualquier contrapartida exigida deberá ser mayor de lo requerido inicialmente; c) si las contrapartidas propuestas son inferiores a las previstas inicialmente, se ha de reducir proporcionalmente el importe de la ayuda; d) el nuevo calendario de ejecución de las contrapartidas sólo podrá retrasarse con relación a lo previsto en un principio por razones no imputables a la empresa o al Estado de la AELC. De no ser así, el importe de la ayuda deberá reducirse en consecuencia. (52) Si las condiciones impuestas por el Órgano de Vigilancia o los compromisos ofrecidos por el Estado de la AELC se suavizan, el importe de la ayuda deberá reducirse en consecuencia o se podrán imponer otras condiciones. (53) Si el Estado de la AELC modifica un plan de reestructuración autorizado sin informar debidamente al Órgano de Vigilancia, éste incoará el procedimiento del artículo 16 de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (ayuda abusiva), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y de la posibilidad de interponer una acción ante el Tribunal de la AELC a tenor de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 1 de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. 16.3.2.4. Ayudas de reestructuración en las regiones subvencionadas (54) El Órgano de Vigilancia tendrá en cuenta las necesidades de desarrollo regional a la hora de evaluar una ayuda de reestructuración en las regiones subvencionadas. A pesar de ello, el hecho de que una empresa en crisis se encuentre en una de estas regiones no justifica la adopción de una actitud permisiva con relación a estas ayudas. A medio y largo plazo, el hecho de que se contribuya artificialmente al mantenimiento de empresas no es un factor de ayuda para las regiones. Por otra parte, con objeto de fomentar el desarrollo regional, interesa a las regiones afectadas que sus recursos se empleen para desarrollar con la máxima rapidez otras actividades viables y duraderas. Por último, se han de reducir al mínimo los falseamientos de la competencia, incluso en el caso de ayudas concedidas a empresas situadas en regiones subvencionadas. En este contexto, también se deberán tener en cuenta los posibles efectos colaterales perniciosos que pudieran producirse en la zona de que se trate y en otras regiones subvencionadas. (55) Por consiguiente, los criterios contemplados en los puntos 31 a 53 se aplican también a las regiones subvencionadas, incluso si se tienen en cuenta las necesidades de desarrollo regional. No obstante, en el caso de estas regiones subvencionadas y salvo que se indique lo contrario en las normas sobre ayudas estatales sectoriales, las condiciones para la autorización de la ayuda podrán ser menos estrictas en lo que respecta a la introducción de contrapartidas y a la dimensión de la contribución del beneficiario. Si lo justifican las necesidades de desarrollo regional, cuando una reducción de la capacidad o de la presencia en el mercado resulte ser la forma más adecuada de evitar falseamientos indebidos de la competencia, la reducción necesaria en las zonas subvencionadas será menor que en las zonas no subvencionadas. En estos casos, que deberán ser demostrados por el Estado de la AELC interesado, se distinguirá entre las regiones que pueden acogerse a ayuda regional en virtud de lo dispuesto en el artículo 61, apartado 3, letra a), del Acuerdo EEE, y las que se pueden acoger a las disposiciones del artículo 61, apartado 3, letra c), con el fin de tener en cuenta la mayor gravedad de los problemas regionales en las primeras. 16.3.2.5. Ayudas de reestructuración para las PYME (56) En general, las ayudas concedidas a las pequeñas empresas (18) alteran las condiciones de los intercambios en menor medida que las concedidas a las empresas medianas y grandes. Esta consideración también es válida para las ayudas de reestructuración, de tal forma que las condiciones contempladas en los puntos 31 a 53 se aplican menos estrictamente en los siguientes aspectos: a) la concesión de ayudas de reestructuración a pequeñas empresas no estará, por lo general, vinculada a contrapartidas (véase el punto 40), salvo disposición en contrario contenida en las normas sectoriales en materia de ayudas estatales; b) las exigencias sobre el contenido de los informes serán menos estrictas para las PYME (véase los puntos 48, 49 y 50). (57) No obstante, el principio de “ayuda única” (sección 16.3.3) se aplica plenamente a las PYME. (58) En el caso de las PYME no es necesario que el Órgano de Vigilancia autorice el plan de reestructuración. Sin embargo, el plan debe cumplir los requisitos establecidos en los puntos 34 a 36 y ser autorizado por el Estado de la AELC correspondiente y comunicado al Órgano de Vigilancia. La concesión de la ayuda estará condicionada a la plena aplicación del plan de reestructuración. La obligación de comprobar que se cumplen estas condiciones incumbe al Estado de la AELC. 16.3.2.6. Ayuda para cubrir los costes sociales de la reestructuración (59) Los planes de reestructuración implican, por lo general, la reducción o el abandono de las actividades afectadas. A menudo resulta necesario reducir las actividades de la empresa por motivos de racionalización y eficacia, independientemente de las reducciones de capacidad que puedan exigirse como condición para la concesión de ayuda. Cualesquiera que sean las razones para adoptar tales medidas, llevarán, por lo general, a una reducción de la mano de obra de la empresa. (60) La legislación laboral de los Estados de la AELC puede contemplar unos regímenes generales de seguridad social conforme a los cuales las prestaciones de desempleo y las pensiones de jubilación anticipada se pagan directamente a los trabajadores afectados por la reducción de plantilla. Estos regímenes no se consideran ayudas estatales incursas en la prohibición contenida en el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. (61) Además de las prestaciones directas por desempleo y jubilación anticipada de los trabajadores, los regímenes generales de prestaciones sociales prevén, a menudo, que el Gobierno cubra el coste de las prestaciones que la empresa concede a los trabajadores despedidos y que exceden de sus obligaciones legales o contractuales. Siempre que estos regímenes sean aplicables en general y sin limitaciones sectoriales a todos los trabajadores que cumplan los requisitos previamente establecidos que les permiten beneficiarse automáticamente de dichas prestaciones, se considerará que no constituyen ayudas a la reestructuración de empresas en el sentido de lo dispuesto en el artículo 61, apartado 1. Por el contrario, si estos regímenes se utilizan para apoyar la reestructuración de sectores específicos, podrían implicar ayudas, dado que se utilizan con criterio selectivo (19). (62) Las obligaciones que una empresa ha de asumir en virtud de la legislación laboral o de los convenios colectivos celebrados con los sindicatos en materia de desempleo o de pensiones de jubilación anticipada forman parte de los costes normales que una empresa debe financiar con cargo a sus propios recursos. En estas condiciones, cualquier contribución a estos costes por parte del Estado debe calificarse de ayuda. Esta consideración es aplicable independientemente de que los pagos se efectúen directamente a la empresa o se efectúen a los trabajadores a través de un organismo gubernamental. (63) El Órgano de Vigilancia no tiene a priori objeción alguna contra estas ayudas cuando se conceden a empresas en crisis, dado que proporcionan ventajas económicas que exceden de los intereses de la empresa, facilitando el cambio estructural y mitigando la dificultad de tal situación. (64) Además de satisfacer el coste de las prestaciones de desempleo y de jubilación anticipada, es frecuente que las ayudas de reestructuración sirvan para financiar, en determinados casos, acciones de formación, asesoramiento y ayuda práctica para buscar un empleo alternativo, ayuda para recolocación, y formación profesional y asistencia para los trabajadores que deseen iniciar nuevas actividades. El Órgano de Vigilancia emite sistemáticamente un dictamen favorable en relación con este tipo de ayudas cuando se conceden a empresas en crisis. (65) Las ayudas mencionadas en los puntos 61 a 64 deben estar claramente identificadas en el plan de reestructuración, dado que las ayudas destinadas exclusivamente a medidas sociales para el personal no se tienen en cuenta a la hora de determinar la magnitud de las contrapartidas que figuran en los puntos 37 a 41. (66) En aras del interés general, el Órgano de Vigilancia velará en la medida de lo posible por limitar, en el marco del plan de reestructuración, las implicaciones sociales de las reestructuraciones en las partes Contratantes del Acuerdo EEE distintas de la que concede la ayuda. 16.3.2.7. Necesidad de informar al Órgano de Vigilancia sobre toda ayuda concedida a la empresa beneficiaria durante el período de reestructuración (67) Cuando una ayuda de reestructuración recibida por una mediana o gran empresa se examina con arreglo a las presentes Directrices, la concesión de cualquier otra ayuda de inversión durante el período de reestructuración, aunque sea en aplicación de un régimen ya autorizado, puede influir en las contrapartidas que ha de establecer el Órgano de Vigilancia. (68) Las notificaciones de las ayudas de reestructuración a una mediana o gran empresa deberán indicar las demás ayudas, sean del tipo que sean, que se prevé conceder a la empresa beneficiaria durante el período de reestructuración, a menos que entren en el ámbito de aplicación de la norma de minimis o de un reglamento de exención por categorías. (69) El Órgano de Vigilancia tendrá en cuenta estas ayudas a la hora de evaluar la ayuda de reestructuración. Cualquier ayuda concedida de hecho a una mediana o gran empresa durante el período de reestructuración, incluidas las ayudas concedidas con arreglo a un régimen autorizado, deben notificarse individualmente al Órgano de Vigilancia siempre que ésta no hubiera sido informada de las mismas cuando tomó su decisión sobre la ayuda de reestructuración. (70) El Órgano de Vigilancia velará por que la ayuda concedida a tenor de un régimen autorizado no pueda sustraerse a lo establecido en las presentes Directrices. 16.3.3. Ayuda única (71) La ayuda de salvamento es una operación excepcional destinada a mantener la actividad durante un período limitado, durante el cual se puede evaluar el futuro de la empresa. Por otra parte, no debería ser posible autorizar la concesión reiterada de ayudas de salvamento que se limitasen a mantener el statu quo, a retrasar lo inevitable y, mientras tanto, a transferir los problemas económicos y sociales a otros productores más eficientes o a otras Partes Contratantes del Acuerdo EEE. Por consiguiente, la ayuda de salvamento sólo debe conocerse una vez (condición de “ayuda única”). De acuerdo con este mismo principio, con objeto de evitar que las empresas reciban una ayuda ilegal cuando sólo pueden sobrevivir merced al reiterado apoyo estatal, las ayudas de reestructuración sólo deben conocerse una vez. Por último, si la ayuda de salvamento se concede a una empresa que ya ha recibido ayuda de reestructuración, se podrá considerar que la crisis del beneficiario es de carácter recurrente y que las intervenciones reiteradas del Estado dan lugar a falseamientos de competencia contrarios al interés común. Estas intervenciones estatales reiteradas no deberían permitirse. (72) Cuando se notifique al Órgano de Vigilancia un proyecto de ayuda de salvamento o de reestructuración, el Estado de la AELC debe verificar si la empresa interesada ha recibido anteriormente una ayuda de salvamento o de reestructuración, concepto en el que se incluyen las ayudas de esta índole concedidas antes de la fecha de aplicación de las presentes Directrices y cualesquiera ayudas no notificadas (20). Si así fuera y si han transcurrido menos de diez años ya sea desde la concesión de la ayuda de salvamento o desde la finalización del período de reestructuración o desde la interrupción de la aplicación del plan (aplicándose la fecha más reciente), el Órgano de Vigilancia no autorizará nuevas ayudas de salvamento o de reestructuración salvo en los siguientes casos: a) cuando la ayuda de reestructuración sea la continuación de una ayuda de salvamento como parte de una única operación de reestructuración; b) cuando la ayuda de salvamento se haya concedido de acuerdo con las condiciones establecidas en la sección 16.3.1.1 y esta ayuda no preceda a una reestructuración apoyada por el Estado, si: i) puede considerarse razonablemente que la empresa será viable a largo plazo a raíz de la concesión de la ayuda de salvamento, y ii) si, como mínimo tras cinco años, resulta necesario conceder una nueva ayuda de salvamento o de reestructuración debido a circunstancias imprevisibles (21) y no imputables a la empresa; c) en circunstancias excepcionales, imprevisibles y no imputables a la empresa. En los casos contemplados en las letras b) y c), no podrá seguirse el procedimiento simplificado mencionado en la sección 16.3.1.2. (73) La aplicación de esta norma no se verá afectada en modo alguno por los cambios en la propiedad de la empresa beneficiaria tras la concesión de una ayuda, ni por ningún procedimiento judicial o administrativo que tenga como consecuencia el saneamiento de su balance, la reducción de sus créditos o la liquidación de deudas anteriores, cuando sea la misma empresa la que continúe sus actividades. (74) Cuando un grupo de empresas haya recibido ayuda de salvamento o de reestructuración, el Órgano de Vigilancia no autorizará, en principio, ninguna otra ayuda de salvamento o de reestructuración al propio grupo o a cualquiera de las entidades pertenecientes al mismo, a menos que hayan transcurrido menos de diez años desde la concesión de la ayuda de salvamento o desde la finalización del período de reestructuración o desde la interrupción de la aplicación del plan, aplicándose la fecha más reciente. Cuando una entidad perteneciente a un grupo de empresas haya recibido ayuda de salvamento o de reestructuración, el grupo en su conjunto así como las demás entidades del mismo podrán recibir ayuda de salvamento o de reestructuración (siempre que se cumplan las demás disposiciones de las presentes Directrices), a excepción del anterior beneficiario de la ayuda. Los Estados de la AELC deben velar porque no se filtre ninguna ayuda desde el grupo o desde otras entidades del mismo al anterior beneficiario de la ayuda. (75) En el caso de una empresa que retome los activos de otra a la que se haya aplicado uno de los procedimientos mencionados en el punto 73 o un procedimiento de quiebra basado en el Derecho nacional y que haya recibido una ayuda de salvamento o reestructuración, el comprador no tendrá que cumplir la condición de la ayuda única, siempre que se cumplan las siguientes condiciones acumulativas: a) el comprador no tenga ninguna vinculación con la antigua empresa; b) el comprador haya adquirido los activos vendidos por la antigua empresa al precio de mercado; c) la liquidación o la recuperación y absorción de la antigua empresa no sean meras fórmulas para evitar la aplicación de la condición de “ayuda única”: el Órgano de vigilancia podría determinar que se da esta circunstancia si, por ejemplo, en el momento de adquirir los activos de la antigua empresa el comprador hubiera podido prever con claridad las dificultades que se plantearían. (76) No obstante, conviene recordar aquí que las ayudas destinadas a la adquisición de activos por parte de la nueva empresa, al tratarse de ayudas a la inversión inicial, no pueden ser autorizadas con arreglo a las presentes Directrices. 16.4. Regímenes de ayuda para las PYME 16.4.1. Principios generales (77) El Órgano de Vigilancia sólo autorizará regímenes de ayudas de salvamento o de reestructuración que se destinen a PYME en crisis cuando las empresas interesadas se ajusten a la definición de PYME. Siempre que se cumplan las disposiciones específicas siguientes, la compatibilidad de tales regímenes se evaluará a la luz de los capítulos 16.2 y 16.3, con excepción de la sección 16.3.1.2, que no se aplica a los regímenes de ayuda. Toda ayuda que se conceda en el marco de un régimen y que no cumpla alguna de estas condiciones deberá ser notificada individualmente y autorizada previamente por el Órgano de Vigilancia. 16.4.2. Empresas a las que se pueden aplicar estos regímenes (78) Salvo disposición en contrario recogida en alguna norma sobre ayudas estatales sectoriales, la concesión de ayuda a PYME con arreglo a regímenes autorizados a partir de la fecha de aplicación de las presentes Directrices sólo podrán quedar exentas de notificación individual cuando la empresa interesada cumpla al menos uno de los tres criterios del punto 9. Las ayudas destinadas a empresas que no reúnan ninguno de estos tres criterios deberán notificarse individualmente al Órgano de Vigilancia para que pueda determinar si el beneficiario es una empresa en crisis. La ayuda a las empresas que operan en un mercado que padece un exceso de capacidad estructural desde hace tiempo, independientemente de la dimensión del beneficiario, deberán notificarse también individualmente al Órgano de Vigilancia para que ésta pueda examinar la aplicación del punto 41. 16.4.3. Condiciones para autorizar regímenes de ayudas de salvamento (79) Para que puedan ser autorizados por el Órgano de Vigilancia de conformidad con las presentes Directrices, los regímenes que establecen la concesión de ayudas de salvamento han de reunir los requisitos de las letras a), b), d) y e) del punto 24. Además, podrá concederse ayuda de salvamento durante un período máximo de seis meses, durante el cual se realizará un análisis de la situación de la empresa. Antes de que finalice dicho plazo, el Estado de la AELC deberá aprobar un plan de reestructuración o un plan de liquidación o solicitar la devolución del préstamo y de la ayuda correspondiente a la prima de riesgo. (80) Toda ayuda de salvamento que se conceda por un período superior a seis meses o que no haya sido reembolsada una vez transcurridos seis meses deberá ser notificada individualmente al Órgano de Vigilancia. 16.4.4. Condiciones para la autorización de regímenes de ayuda de reestructuración (81) El Órgano de Vigilancia sólo podrá autorizar estos regímenes de ayuda de reestructuración si la concesión de las ayudas se supedita a la ejecución plena por parte del beneficiario de un plan de reestructuración previamente aprobado por el Estado de la AELC y que cumpla las condiciones siguientes: a) retorno a la viabilidad: son de aplicación los criterios definidos en los puntos 33 a 36; b) prevención del falseamiento indebido de la competencia: debido a que las ayudas concedidas a las pequeñas empresas producen un menor falseamiento de la competencia, no es de aplicación el principio descrito en los puntos 37 a 41, salvo disposición en contrario contenida en las normas sobre ayudas estatales aplicables a un determinado sector; no obstante, los regímenes deberán establecer que las empresas beneficiarias no podrán incrementar su capacidad durante la ejecución del plan de reestructuración; por lo que se refiere a las empresas medianas, se aplicarán los puntos 37 a 41; c) ayudas circunscritas al mínimo necesario: son de aplicación los principios descritos en los puntos 42, 43 y 44; d) modificación del plan de reestructuración: toda modificación del plan ha de respetar las normas descritas en los puntos 51, 52 y 53. 16.4.5. Condiciones comunes para la autorización de regímenes de ayuda de salvamento o de reestructuración (82) Los regímenes han de indicar el importe máximo de ayuda que puede concederse a una empresa individual como parte de una operación de concesión de ayuda de salvamento o de reestructuración, incluso en caso de modificación del plan. Toda ayuda que supere dicho importe máximo ha de ser notificada individualmente al Órgano de Vigilancia. El importe máximo de la ayuda combinada concedida a una única empresa tanto en concepto de salvamento como de reestructuración no podrá ser superior a 10 millones EUR, incluida cualquier ayuda recibida de otras fuentes o con arreglo a otros regímenes. (83) Además, deberá respetarse el principio de “ayuda única”. Se aplicará la norma establecida en la sección 16.3.3. (84) Los Estados de la AELC también deberán notificar individualmente las medidas al Órgano de Vigilancia cuando una empresa absorba los activos de otra empresa que, por su parte, ya haya recibido ayuda de salvamento o de reestructuración. 16.4.6. Supervisión e informes anuales (85) Los puntos 48, 49 y 50 no se aplican a los regímenes de ayuda. No obstante, la autorización del régimen estará condicionada a la presentación de un informe sobre la aplicación del régimen en cuestión, por lo general con una periodicidad anual, en el que se faciliten los datos previstos en las instrucciones del Órgano de Vigilancia relativas a los informes normalizados (22). También se ha de incluir una lista de todas las empresas beneficiarias, haciendo constar para cada una de ellas: a) su nombre; b) su código sectorial, que corresponde al código de clasificación sectorial de tres cifras de la NACE (23); c) el número de empleados; d) el volumen de negocios anual; e) el importe de la ayuda concedida; f) el importe y la forma de la contribución del beneficiario; g) cuando proceda, la forma y el grado de las contrapartidas; h) en su caso, los datos relativos a las ayudas de reestructuración u otras ayudas que se asimilen a éstas, que hayan podido ser concedidas anteriormente; i) información sobre si el beneficiario ha sido objeto de liquidación o ha estado sometido a un procedimiento de quiebra o insolvencia, mientras no haya finalizado el período de reestructuración. 16.5. Medidas apropiadas según lo mencionado en el artículo 1, apartado 1, de la parte I del Protocolo 3 al Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (86) Mediante carta separada, el Órgano de Vigilancia propondrá a los Estados de la AELC, con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, las medidas apropiadas establecidas en los puntos 87 y 88 para sus regímenes de ayudas vigentes. El Órgano de Vigilancia tiene la intención de supeditar la autorización de todo régimen futuro al cumplimiento de dichas disposiciones. (87) Los Estados de la AELC que hayan aceptado la propuesta del Órgano de Vigilancia deberán adaptar en un plazo de seis meses sus regímenes de ayuda existentes que vayan a mantenerse en vigor después de la adopción, con objeto de ajustarlos a lo dispuesto en las presentes Directrices. (88) Los Estados de la AELC deberán hacer saber su aceptación de estas medidas apropiadas en el mes siguiente a la recepción de la citada carta en la que se proponen las medidas apropiadas. 16.6. Fecha de aplicación y período de vigencia (89) Las presentes Directrices entrarán en vigor el día de su adopción. Se mantendrán en vigor durante cinco años, salvo nueva decisión. (90) Las notificaciones registradas por el Órgano de Vigilancia antes de la fecha de adopción se examinarán a la luz de los criterios vigentes en el momento de la notificación. (91) El Órgano de Vigilancia examinará la compatibilidad con el Acuerdo EEE de toda ayuda de salvamento o de reestructuración que se conceda sin su autorización y, por lo tanto, infringiendo lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción con arreglo a las presentes Directrices, cuando la ayuda, o una parte de ella, se haya concedido después de la publicación de éstas en el Diario Oficial de la Unión Europea y en su Suplemento EEE. En los demás casos las examinará con arreglo a las Directrices aplicables en el momento de la concesión de la ayuda.

(1) Este capítulo corresponde a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO C 244 de 1.10.2004, p. 1).

(2) Adoptadas el 19 de enero de 1994, publicadas en el DO L 231 de 3.9.1994, p. 1, y en el Suplemento EEE no 32 de la misma fecha.

(3) Adoptadas el 16 de diciembre de 1999, publicadas en el DO L 274 de 26.10.2000 y en el Suplemento EEE no 48 de la misma fecha.

(4) En la correspondiente Comunicación de la Comisión, ésta declaraba que el mayor control del falseamiento creado por la autorización de las ayudas para operaciones de salvamento y reestructuración parece estar garantizado a la luz de las conclusiones de las reuniones del Consejo Europeo de Estocolmo, celebrado los días 23 y 24 de marzo de 2001, y del Consejo Europeo de Barcelona, celebrado los días 15 y 16 de marzo de 2002, que instaron a los Estados miembros a seguir reduciendo las ayudas estatales en porcentaje del producto interior bruto y a reorientarlas hacia objetivos horizontales de interés común, incluidos los de cohesión. Esto se ajusta también a las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000, dirigidas a incrementar la competitividad de la economía europea.

(5) Se trata, especialmente, de las modalidades de empresa que figuran en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 78/660/CEE del Consejo (DO L 222 de 14.8.1978, p. 11), cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 178 de 17.7.2003, p. 16), incorporado al punto 4 del anexo XXII del Acuerdo EEE por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 176/2003 (DO L 88 de 25.3.2004, p. 53, y Suplemento EEE no 15 de 25.3.2004, p. 14).

(6) Por analogía con las disposiciones de la Directiva 77/91/CEE del Consejo (DO L 26 de 31.1.1977, p. 1), cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 2003. Incorporado al punto 2 del anexo XXII del Acuerdo EEE por el Acuerdo de Ampliación del EEE.

(7) Se trata, especialmente, de las modalidades de sociedad que figuran en el artículo 1, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 78/660/CEE (DO L 222 de 14.8.1978, p. 11), cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 178 de 17.7.2003, p. 16), según se ha incorporado al punto 4 del anexo XXII del Acuerdo EEE por la Decisión del Comité Mixto no 176/2003 (DO L 88 de 25.3.2004, p. 53, y Suplemento EEE no 15 de 25.3.2004, p. 14).

(8) Para determinar si una empresa es independiente o forma parte de un grupo, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el anexo I del Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión (DO L 10 de 13.1.2001, p. 20), modificado por el Reglamento (CE) no 363/2004 (DO L 63 de 28.2.2004, p. 20), incorporado al punto 1, letra d), del anexo XV del Acuerdo EEE por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 131/2004 (DO L 64 de 10.3.2005, p. 67).

(9) Existen normas específicas de esta índole para el sector de la aviación. Véase el capítulo 30 de las presentes Directrices.

(10) El Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre la creación del Órgano de Vigilancia y del Tribunal de Justicia (“el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción”) (DO L 344 de 31.12.1994, p. 1).

(11) Asunto C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Comisión y otros, Rec. 1997, p. I-2549.

(12) Se puede hacer una excepción cuando se trate de ayudas de salvamento en el sector bancario, con objeto de que el establecimiento de crédito en cuestión pueda seguir ejerciendo temporalmente su actividad bancaria de conformidad con la normativa cautelar vigente (Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 126 de 26.5.2000, p. 1), incorporada al punto 14 del anexo IX del Acuerdo EEE mediante la Decisión del Comité Mixto del EEE no 15/2001 (DO L 117 de 26.4.2001, p. 13, y Suplemento EEE no 22 de 26.4.2001, p. 8). En cualquier caso, las ayudas concedidas bajo una forma distinta a garantías sobre préstamos o préstamos que cumplan las condiciones establecidas en la letra a) deberán cumplir los principios generales aplicables a la ayuda de salvamento y no pueden consistir en medidas financieras estructurales referentes a los fondos propios del banco. Cualquier ayuda que adopte una forma distinta a garantías sobre préstamos o préstamos que cumplan las condiciones establecidas en la letra a) se tendrá en cuenta en el examen eventual de contrapartidas en el marco de un plan de reestructuración con arreglo a los puntos 37 a 41.

(13) A este respecto, la Comisión también podrá tener en cuenta si la empresa en cuestión es mediana o grande.

(14) Capítulo 26A de las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión, adoptadas el 18 de diciembre de 2002 (aún no publicadas), modificadas en último lugar el 17.3.2004 (aún no publicadas).

(15) En estos casos, el Órgano de Vigilancia sólo autorizará las ayudas destinadas a paliar los costes sociales de la reestructuración en el sentido de lo dispuesto en la sección 16.3.2.6, y la ayuda medioambiental destinada a sanear lugares contaminados que de lo contrario quedarían abandonados.

(16) Véase el punto 6. Esta contribución mínima no debe contener ayuda alguna. Esta condición no se aplicará, por ejemplo, cuando se trate de un préstamo bonificado o respaldado mediante garantías públicas que contengan elementos de ayuda.

(17) Véase el punto 9, letra c).

(18) Según se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36), incorporada al Acuerdo EEE por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 131/2004 (aún no publicada). Hasta el 31 de diciembre de 2004, la definición pertinente es la que figura en la Recomendación 96/280/CE de la Comisión (DO L 107 de 30.4.1996, p. 4). La definición se encuentra también en el anexo 1 del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (DO L 10 de 13.1.2001, p. 33), incorporado al Acuerdo EEE a través del anexo XV, punto 1f), mediante Decisión del Comité Mixto del EEE no 88/2002, de 25 de junio de 2002, por la que se modifica el anexo XV (ayuda estatal) del Acuerdo EEE (DO L 266 de 3.10.2002, p. 56, y Suplemento EEE no 49 de 3.10.2002, p. 42).

(19) En su sentencia en el asunto C-241/94, Francia/Comisión (Kimberley Clark Sopalin), Rec. 1996, p. I-4551, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas confirmó la apreciación de la Comisión según la cual la financiación por parte de las autoridades francesas a través del Fondo Nacional del Empleo y con carácter discrecional podía favorecer a unas empresas más que a otras y reunir, así, las condiciones de ayuda establecidas en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado. (No obstante, la sentencia no puso en entredicho las conclusiones de la Comisión, según las cuales se había considerado que la ayuda era compatible con el mercado común).

(20) Por lo que respecta a las ayudas no notificadas, el Órgano de Vigilancia tiene en cuenta en su evaluación la posibilidad de que sean declaradas compatibles con el Acuerdo del EEE por un concepto distinto al de ayudas de salvamento o de reestructuración.

(21) Por “circunstancia imprevisible” se entenderá cualquier suceso que la empresa no pudiese prever en el momento de la elaboración del plan de reestructuración y que no se deba a negligencia o a errores de la empresa al desarrollar las decisiones del grupo al que pertenece.

(22) Véase el anexo III, A y B (formato normalizado de información para ayudas estatales existentes), de la Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 195/04/COL, de 14 de julio de 2004, sobre las disposiciones de aplicación contempladas en el artículo 27 de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (aún no publicada).

(23) Nomenclatura general de las actividades económicas en la Comunidad Europea, publicada por la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas.