DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

No 301/14/COL

de 16 de julio de 2014

por la que se modifican, por nonagésimo octava vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la adopción de unas nuevas Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 [2015/790]

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC (en lo sucesivo denominado «el Órgano»),

VISTO el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo EEE») y, en particular, sus artículos 61 a 63 y su Protocolo 26,

VISTO el Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción») y, en particular, su artículo 5, apartado 2, letra b), su artículo 24, y el artículo 1 de la parte I de su Protocolo 3,

Considerando lo siguiente:

De conformidad con el artículo 24 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano velará por el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo EEE relativas a las ayudas estatales.

De conformidad con el artículo 5, apartado 2, letra b), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano publicará notificaciones o impartirá directrices sobre asuntos regulados por el Acuerdo EEE, si este Acuerdo o el de Vigilancia y Jurisdicción expresamente así lo establecen o si el propio Órgano de Vigilancia lo considera necesario.

El 9 de abril de 2014, la Comisión Europea adoptó las «Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020» (1). Las Directrices establecen las condiciones en las que las ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía pueden declararse compatibles. Serán aplicables a partir del 1 de julio de 2014.

Estas Directrices son de interés para el Espacio Económico Europeo.

Debe garantizarse la aplicación uniforme de las normas de los Estados del EEE relativas a ayudas estatales en todo el Espacio Económico Europeo de acuerdo con el objetivo de homogeneidad establecido en el artículo 1 del Acuerdo EEE.

De conformidad con el punto II del epígrafe «GENERAL» que figura al final del anexo XV del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia tiene que adoptar, previa consulta a la Comisión Europea, nuevas Directrices correspondientes a las ya adoptadas por esta.

HABIENDO consultado a la Comisión Europea,

HABIENDO consultado al respecto a los Estados de la AELC mediante carta de 26 de junio de 2014,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las normas sustantivas en materia de ayudas estatales se modificarán mediante la introducción de las nuevas Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020. Las nuevas Directrices se adjuntan a la presente Decisión y forman parte integrante de la misma.

Artículo 2

El texto en lengua inglesa es el único auténtico.

(1) DO C 200 de 28.6.2014, p. 1.

ANEXO

PARTE III — NORMAS HORIZONTALES

Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (1)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 5

1.1. Ámbito de aplicación 5

1.2. Medidas de ayuda contempladas en las Directrices 6

1.3. Definiciones 6

2. AYUDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA 11

3. EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD CON ARREGLO AL ARTÍCULO 61, APARTADO 3, LETRA C), DEL ACUERDO EEE 11

3.1. Principios comunes de evaluación 12

3.2. Disposiciones generales de compatibilidad 13

3.3. Ayudas destinadas a la energía producida a partir de fuentes renovables 24

3.4. Medidas de eficiencia energética, incluida la cogeneración y las redes urbanas de calefacción y refrigeración 28

3.5. Ayudas destinadas a la eficiencia en el uso de los recursos y, en particular, ayudas a la gestión de residuos 30

3.6. Ayudas a la captura y almacenamiento de carbono (CAC) 31

3.7. Ayudas en forma de reducciones o exenciones de impuestos medioambientales y de reducciones en la financiación de apoyo para la electricidad procedente de fuentes renovables 32

3.8. Ayudas destinadas a las infraestructuras energéticas 35

3.9. Ayudas destinadas a la adecuación de la producción 37

3.10. Ayudas en forma de regímenes de permisos negociables 40

3.11. Ayudas para la relocalización de empresas 41

4. EVALUACIÓN 42

5. APLICACIÓN 42

6. PRESENTACIÓN DE INFORMES Y CONTROL 43

7. REVISIÓN 43

INTRODUCCIÓN

1) Para evitar que las ayudas estatales falseen la competencia en el mercado interior y afecten al comercio entre Partes contratantes de forma contraria al interés común, el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo EEE») establece el principio de prohibición de las ayudas estatales. Sin embargo, en determinados casos, las ayudas estatales pueden ser compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE en virtud del artículo 61, apartados 2 y 3, del Acuerdo EEE.

2) Sobre la base del artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia (en lo sucesivo denominado «el Órgano») podrá considerar compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE las ayudas estatales destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas en el EEE, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

3) Los objetivos de la política ambiental deben tenerse en cuenta al evaluar la compatibilidad de las ayudas estatales en el sector ambiental, para fomentar, en particular, el desarrollo sostenible (véanse los artículos 73 a 75 y el noveno considerando del preámbulo del Acuerdo EEE). Por consiguiente, la política de competencia y la de medio ambiente no son antagónicas, sino que las exigencias de la protección del medio ambiente han de integrarse en la definición y la ejecución de la política de competencia, especialmente con el fin de fomentar un desarrollo sostenible.

4) La Comisión Europea (en lo sucesivo denominada «la Comisión») ha adoptado nuevas Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 (en lo sucesivo denominadas «las Directrices de la Comisión»). Las Directrices de la Comisión son un instrumento para ejecutar una serie de decisiones políticas de la Unión Europea, entre ellas la Estrategia Europa 2020 (2), el «Paquete sobre clima y energía» (3), la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» (4), la hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos (5), así como la Comunicación «Un marco estratégico en materia de clima y energía para el período 2020-2030» (6) (en lo sucesivo denominado «el Marco de 2030») que propone objetivos en materia de energía y clima para 2030. También ha habido varias conclusiones del Consejo instando a una reducción progresiva de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente (7). Las Directrices de la Comisión deben considerar los impactos negativos de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, teniendo en cuenta la necesidad de abordar el compromiso necesario entre diferentes ámbitos y políticas, tal como reconoce la iniciativa emblemática. La ayuda para la extracción de combustibles fósiles no está incluida en las presentes Directrices.

5) El Órgano de Vigilancia observa que estos instrumentos, así como una serie de disposiciones legislativas a que se refieren estas Directrices, pueden no estar incorporadas al Acuerdo EEE o situarse fuera de su ámbito de aplicación (8). No obstante, con el fin de garantizar una aplicación uniforme de las disposiciones sobre ayudas estatales e igualdad de condiciones de competencia en todo el EEE, el Órgano de Vigilancia aplicará en general los mismos parámetros de referencia que las Directrices de la Comisión al evaluar la compatibilidad de las ayudas en favor del medio ambiente con el funcionamiento del Acuerdo EEE, teniendo al mismo tiempo en cuenta la situación legislativa de los Estados de la AELC. Así pues, las presentes Directrices hacen referencia a la legislación pertinente y documentos estratégicos de la Unión Europea, en caso de que se hayan adoptado. El Órgano de Vigilancia subraya que tales referencias a la legislación de la Unión Europea no implican que los Estados de la AELC estén obligados a cumplir esta legislación cuando no se haya incorporado al Acuerdo EEE (9). Estos textos solo sirven de base para evaluar la compatibilidad de las medidas de ayudas estatales con el funcionamiento del Acuerdo EEE en el sentido del artículo 61, apartado 3, del Acuerdo EEE.

6) En las presentes Directrices, el Órgano define las condiciones en las que las ayudas a la energía y el medio ambiente podrán ser consideradas compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE en virtud del artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE.

7) En la Comunicación sobre la modernización de las ayudas estatales (10), la Comisión anunció los tres objetivos perseguidos gracias a la modernización del control de las ayudas estatales: a) impulsar un crecimiento sostenible, inteligente e integrador en un mercado interior competitivo; b) concentrar el examen previo de la Comisión en los asuntos que tengan mayor incidencia sobre el mercado interior, reforzando al mismo tiempo la cooperación con los Estados miembros en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales; c) racionalizar las normas y acelerar la toma de decisiones.

8) En particular, la Comunicación abogaba por un planteamiento común en la revisión de las distintas directrices y marcos basado en reforzar el mercado interior, promover una mayor eficacia del gasto público a través de una mayor contribución de las ayudas estatales a los objetivos de interés común, ejercer un mayor control sobre el efecto incentivador, limitar la ayuda al mínimo necesario y evitar sus posibles efectos negativos sobre la competencia y el comercio. El Órgano también ha aplicado estos principios. Las condiciones de compatibilidad establecidas en las presentes Directrices se basan en estos principios comunes de evaluación.

1. Ámbito de aplicación y definiciones

1.1. Ámbito de aplicación

9) Las presentes Directrices se aplicarán a las ayudas estatales concedidas para objetivos de protección medioambiental o energéticos en todos los sectores que se rigen por el Acuerdo EEE, siempre que las medidas estén contempladas en la sección 1.2. Por tanto, también se aplicarán a sectores sujetos a normas específicas del EEE sobre ayudas estatales (transporte (11) y carbón), a menos que dichas normas específicas dispongan otra cosa.

10) Las presentes Directrices no se aplicarán a: a) la concepción y fabricación de productos, máquinas o medios de transporte ecológicos diseñados para emplear menos recursos naturales y a las medidas adoptadas en fábricas u otras instalaciones de producción para mejorar la seguridad o la higiene (12); b) la financiación de medidas de protección del medio ambiente relativas a infraestructuras de transporte por vía aérea, carretera, ferrocarril, vía navegable y vía marítima; c) los costes de transición a la competencia, tal como se definen en las Directrices relativas a la metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a los costes de transición a la competencia (13); d) las ayudas estatales para investigación, desarrollo e innovación (14) que están sujetas a las normas establecidas en las Directrices sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (15); e) las ayudas estatales a las medidas de protección de la biodiversidad (16).

11) A efectos de las presentes Directrices, las ayudas en materia de protección del medio ambiente y energía no podrán concederse a empresas en crisis, tal como se definen en las vigentes Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (17), modificadas o sustituidas.

12) Al evaluar las ayudas en favor de empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa del Órgano que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE, el Órgano tendrá en cuenta el importe de la ayuda que debe recuperarse (18).

1.2. Medidas de ayuda contempladas en las Directrices

13) El Órgano ha establecido una serie de medidas en materia de protección del medio ambiente y energía para las cuales las ayudas estatales podrán, en determinadas condiciones, ser compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE de conformidad con el artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE: a) ayudas que vayan más allá de las normas de la Unión o que incrementen el nivel de protección medioambiental a falta de normas de la Unión (incluida la ayuda para la adquisición de nuevos vehículos de transporte); b) ayudas para la adaptación anticipada a futuras normas de la Unión; c) ayudas para estudios medioambientales; d) ayudas para el saneamiento de terrenos contaminados; e) ayudas para energía procedente de fuentes renovables; f) ayudas para medidas de eficiencia energética, incluida la cogeneración y las redes urbanas de calefacción y refrigeración; g) ayudas para el uso eficiente de los recursos y, en especial, para la gestión de residuos; h) ayudas para la captura, transporte y almacenamiento de CO2, incluidos elementos individuales de la cadena de captura y almacenamiento; i) ayudas en forma de reducción o exención de impuestos medioambientales; j) ayudas en forma de reducciones de la financiación para la electricidad procedente de fuentes de energía renovables; k) ayudas para infraestructuras energéticas; l) ayudas para medidas de adecuación de la producción; m) ayudas en forma de permisos negociables; n) ayudas para la relocalización de empresas.

1.3. Definiciones

14) A efectos de las presentes Directrices, se aplicarán las siguientes definiciones: 1) «protección del medio ambiente»: cualquier medida encaminada a subsanar o prevenir los daños al medio físico o a los recursos naturales causados por las actividades del beneficiario, a reducir el riesgo de tales daños o a fomentar el uso más eficiente de dichos recursos, incluidas las medidas destinadas al ahorro de energía y la utilización de fuentes de energía renovables; 2) «eficiencia energética»: cantidad de energía ahorrada, calculada en función de la medición o estimación del consumo antes y después de la aplicación de una medida de mejora de la eficiencia energética, garantizando al mismo tiempo la normalización de las condiciones externas que influyen en el consumo de energía; 3) «norma de la Unión»: a) norma obligatoria de la Unión que establece los niveles que deben ser alcanzados en materia de medio ambiente por las empresas individuales (19), u b) obligación, en virtud de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (20), de utilizar las mejores técnicas disponibles y de garantizar que los niveles de las emisiones de agentes contaminantes no sean más elevados que los que resultarían de utilizar las mejores técnicas disponibles; en caso de que los niveles de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles hayan sido definidos en actos de ejecución adoptados con arreglo a la Directiva 2010/75/UE, dichos niveles serán aplicables a efectos de las presentes Directrices; cuando estos niveles se expresen como intervalo, será aplicable el límite en que se consiga por primera vez la mejor técnica disponible; 4) «ecoinnovación»: toda forma de actividad innovadora cuyo resultado u objetivo sea una mejora significativa de la protección medioambiental, incluyendo nuevos procesos de producción, nuevos productos o servicios, y nuevos métodos empresariales y de gestión cuya utilización o ejecución pueda prevenir o reducir sustancialmente los riesgos para el medio ambiente, la contaminación y otros efectos negativos derivados del uso de recursos, a lo largo del ciclo de vida de actividades conexas. A efectos de la presente definición no se considerarán «innovación»: i) mejoras o cambios menores, ii) un aumento de las capacidades de producción o de servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, iii) los cambios en las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo o las relaciones externas basados en métodos organizativos ya empleados en la empresa, iv) los cambios en la estrategia de gestión, v) las concentraciones y adquisiciones, vi) el abandono de un proceso, vii) la mera sustitución o ampliación de capital, viii) los cambios derivados exclusivamente de variaciones del precio de los factores, la adaptación a clientes, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos, ix) el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados; 5) «fuentes de energía renovables»: las siguientes fuentes de energía renovables no fósiles: eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogases; 6) «biomasa»: fracción biodegradable de productos, desechos y residuos procedentes de la agricultura (tanto sustancias de origen vegetal como animal), la silvicultura e industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como los biogases y la fracción biodegradable de los residuos industriales y urbanos; 7) «biocarburante»: combustible líquido o gaseoso destinado al transporte y producido a partir de biomasa; 8) «biolíquido»: combustible líquido destinado a usos energéticos distintos del transporte, incluida la generación de electricidad, calor y frío, producido a partir de biomasa; 9) «biocarburante sostenible»: biocarburante que cumple los criterios de sostenibilidad establecidos en el artículo 17 de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y cualquier modificación de los mismos (21); 10) «mecanismo de cooperación»: mecanismo que cumple las condiciones establecidas en los artículos 6, 7 u 8 de la Directiva 2009/28/CE; 11) «energía procedente de fuentes renovables»: energía generada por instalaciones que utilicen exclusivamente fuentes de energía renovables, así como el porcentaje, en términos de valor calorífico, de la energía producida a partir de fuentes de energía renovables en instalaciones híbridas que también utilicen fuentes de energía convencionales; incluye la electricidad renovable utilizada para rellenar los sistemas de almacenamiento, pero excluye la electricidad generada a partir de dichos sistemas; 12) «cogeneración» o producción combinada de calor y electricidad (PCCE): generación simultánea de energía térmica y de energía eléctrica o mecánica en un solo proceso; 13) «cogeneración de alta eficiencia»: cogeneración que se ajusta a la definición de cogeneración de alta eficacia establecida en el artículo 2, apartado 34, de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (22); 14) «calefacción y refrigeración urbana eficiente»: la calefacción y refrigeración urbana que se atiene a la definición de sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración establecida en el artículo 2, apartados 41 y 42, de la Directiva 2012/27/UE; la definición incluye las instalaciones de producción de calefacción/refrigeración y la red (incluidas las instalaciones conexas) necesarias para distribuir la calefacción y la refrigeración desde las unidades de producción hasta los locales del cliente; 15) «impuesto medioambiental»: toda exacción con una base imponible específica que tenga un efecto negativo claro sobre el medio ambiente o cuyo objetivo sea gravar determinadas actividades, bienes o servicios, de tal modo que los costes ambientales puedan ser incluidos en su precio y/o que los productores y consumidores se inclinen por actividades más respetuosas del medio ambiente; 16) «nivel impositivo mínimo de la Unión»: nivel mínimo de imposición contemplado en la legislación de la Unión; en el caso de los productos energéticos y la electricidad, nivel mínimo de imposición establecido en el anexo I de la Directiva 2003/96/CE; 17) «pequeña y mediana empresa» (pyme): empresa que cumple las condiciones establecidas en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (23); 18) «gran empresa»: empresa que no se ajusta a la definición de pyme; 19) «ayuda individual»: ayuda concedida sobre la base de un régimen o de una ayuda ad hoc; 20) «intensidad de ayuda»: importe bruto de ayuda expresado en porcentaje de los costes subvencionables; todas las cifras utilizadas para su cálculo se entenderán expresadas antes de deducciones fiscales u otros costes; cuando se conceda una ayuda en cualquier forma distinta de una subvención, el importe de la ayuda será el equivalente de subvención de la misma; la ayuda pagadera en varios plazos se calculará a su valor en el momento de su concesión; el tipo de interés que deberá emplearse a efectos de descuento, así como para calcular el importe de ayuda que supone un crédito en condiciones privilegiadas, será el tipo de referencia aplicable en el momento de la concesión; la intensidad de ayuda se calcula por beneficiario; 21) «beneficios de explotación»: a efectos de calcular los costes subvencionables, en particular los ahorros de costes o la producción accesoria adicional directamente vinculada a la inversión adicional destinada a protección medioambiental y, cuando proceda, los beneficios derivados de otras medidas de apoyo, constituyan o no ayudas estatales, incluidas las ayudas de funcionamiento otorgadas para los mismos costes subvencionables, precios fijos regulados u otras medidas de apoyo; 22) «costes de funcionamiento»: a efectos de calcular los costes subvencionables, en particular los costes de producción adicionales, tales como los de mantenimiento derivados de la inversión adicional para protección medioambiental; 23) «activo material»: a efectos de calcular los costes subvencionables, las inversiones en terrenos que sean estrictamente necesarias para cumplir objetivos medioambientales, las inversiones en edificios, instalaciones y bienes de equipo destinadas a reducir o eliminar la contaminación y otros efectos nocivos, y las inversiones para adaptar los métodos de producción con vistas a proteger el medio ambiente; 24) «activo inmaterial»: a efectos de calcular los costes subvencionables, el gasto en transferencia de tecnología mediante la adquisición de licencias de explotación o de conocimientos técnicos, patentados o no, cuando dicho gasto cumpla las siguientes condiciones: a) deberá ser considerado un activo depreciable; b) deberá ser adquirido en condiciones de mercado a una empresa en la que el adquirente no posea ningún poder de control directo o indirecto; c) deberá estar incluido en los activos de la empresa, y permanecer en el establecimiento del beneficiario de la ayuda y ser utilizado allí durante cinco años como mínimo; esta condición no se aplicará si el activo inmaterial está técnicamente obsoleto; en caso de reventa durante esos cinco años, el producto de la venta deberá deducirse de los costes subvencionables y dar lugar, en su caso, a un reembolso total o parcial del importe de la ayuda; 25) «internalización de costes»: principio según el cual todos los costes asociados con la protección del medio ambiente deben incluirse en los costes de producción de la empresa contaminante; 26) «contaminador»: quien deteriora directa o indirectamente el medio ambiente o crea las condiciones para que se produzca tal deterioro (24); 27) «contaminación»: daño causado por el contaminador al deteriorar directa o indirectamente el medio ambiente o crear las condiciones para que se produzca este deterioro en el entorno físico o los recursos naturales; 28) «principio “quien contamina paga”»: principio según el cual los costes de las medidas para tratar la contaminación deben ser soportados por el responsable de la misma; 29) «terreno contaminado»: terreno en el que se ha confirmado la presencia, provocada por el hombre, de tal nivel de sustancias peligrosas que suponen un riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente, teniendo en cuenta el uso actual del terreno y su futuro uso aprobado; 30) «ayuda ad hoc»: ayuda que no se concede sobre la base de un régimen de ayudas; 31) «infraestructura energética»: cualquier instalación o equipo físico que esté situado en el territorio del EEE o que conecte el EEE con uno o varios terceros países y que entre dentro de las categorías siguientes: a) en relación con la electricidad: i) infraestructura de transporte, tal como se define en el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (25), ii) infraestructura de distribución, tal como se define en el artículo 2, punto 5, de la Directiva 2009/72/CE, iii) instalaciones de almacenamiento de electricidad utilizadas para almacenar electricidad con carácter permanente o temporal en una infraestructura sobre el suelo o subterránea o en emplazamientos geológicos, siempre que estén directamente conectadas con líneas de transporte de alta tensión diseñadas para un voltaje de 110 kV o superior, iv) cualquier equipo o instalación esencial para que los sistemas definidos en los incisos i) a iii) puedan funcionar sin riesgos, de forma segura y eficiente, incluyendo la protección, el seguimiento y los sistemas de control de todos los niveles de voltaje y las subestaciones, y v) redes inteligentes, definidas como cualquier equipo, línea, cable o instalación, tanto a nivel del transporte como de la distribución de baja y media tensión, destinado a la comunicación digital bidireccional, instantánea o casi instantánea, el seguimiento y la gestión interactiva e inteligente de la producción de electricidad, su transporte, distribución y consumo en una red eléctrica con el fin de desarrollar una red que integre eficientemente la conducta y las actuaciones de todos los usuarios conectados a ella (productores, consumidores y quienes actúan en ambas calidades) con el fin de disponer de un sistema de suministro eléctrico económicamente eficiente, sostenible, con pocas pérdidas y con una calidad, seguridad de suministro y fiabilidad elevados; b) en relación con el gas: i) conducciones de transporte y distribución para el transporte de gas natural y de biogás que formen parte de una red, excluyendo los gasoductos de alta presión utilizados para la distribución de gas natural, ii) sistemas de almacenamiento subterráneo conectados a los gasoductos de alta presión mencionados en el inciso i), iii) instalaciones de recepción, almacenamiento y regasificación o descompresión de gas natural licuado (GNL) o gas natural comprimido (GNC), y iv) cualquier equipo o instalación esencial para que el sistema funcione sin riesgos, de forma segura y eficiente, o para posibilitar una capacidad bidireccional, incluidas las estaciones de compresión; c) en relación con el petróleo: i) oleoductos utilizados para transportar petróleo crudo, ii) estaciones de bombeo e instalaciones de almacenamiento necesarias para el funcionamiento de los oleoductos de petróleo crudo, y iii) todo equipo o instalación esencial para el funcionamiento correcto, seguro y eficiente del sistema de que se trate, incluidos los sistemas de protección, seguimiento y control y los dispositivos para el flujo bidireccional; d) en relación con el CO2: red de conducciones, incluidas las estaciones de bombeo correspondientes, para el transporte de CO2 a los lugares de almacenamiento, con el objetivo de inyectar el CO2 en formaciones geológicas subterráneas adecuadas para su almacenamiento permanente; 32) «déficit de financiación»: diferencia entre los flujos de tesorería positivos y negativos a lo largo de la vida útil de la inversión, actualizada a su valor actual (normalmente utilizando el coste de capital); 33) «captura y almacenamiento de carbono» o «CAC»: conjunto de tecnologías destinadas a capturar el dióxido de carbono (CO2) emitido por las instalaciones industriales, incluidas las centrales eléctricas, que utilizan combustibles fósiles o biomasa, transportarlo a un emplazamiento de almacenamiento adecuado e inyectarlo en formaciones geológicas subterráneas a efectos de su almacenamiento permanente; 34) «adecuación de las capacidades de producción»: nivel de capacidad de producción considerado adecuado para satisfacer los niveles de demanda en la Parte contratante en un período determinado basándose en el uso de un indicador estadístico convencional utilizado por organizaciones que las instituciones del EEE reconozcan que ejercen un papel esencial en la creación de un mercado único de la electricidad, por ejemplo la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E); 35) «productor»: empresa que produce energía eléctrica con fines comerciales; 36) «medida de adecuación de las capacidades de producción»: mecanismo cuyo objetivo es garantizar que se alcancen a escala nacional determinados niveles de adecuación de las capacidades de producción; 37) «responsabilidades de balance»: responsabilidad respecto a las desviaciones entre producción, consumo y operaciones de mercado de un responsable de balance en un determinado período de compensación de desequilibrios; 38) «responsabilidades de balance normales»: responsabilidades de balance no discriminatorias aplicables a cualquier tecnología que no eximen a ningún productor de su cumplimiento; 39) «responsable de balance»: participante en el mercado, o su representante elegido, responsable de sus desequilibrios; 40) «desequilibrio»: desviación entre la producción, el consumo y las operaciones de mercado de un responsable de balance en un determinado período de compensación de desequilibrios; 41) «compensación de desequilibrios»: mecanismo de compensación financiera destinado a recuperar los costes de balance aplicables a los desequilibrios de los responsables de balance; 42) «período de compensación de desequilibrios»: unidad de tiempo utilizada para computar los desequilibrios de los responsables de balance; 43) «procedimiento de licitación»: procedimiento de licitación no discriminatorio que vele por la participación de un número suficiente de empresas y la concesión de ayuda sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador o un precio de adjudicación; además, el presupuesto o el volumen asignados al procedimiento de licitación constituyen una limitación estricta que lleva a una situación en la que no todos los licitadores pueden recibir ayuda; 44) «inicio de los trabajos»: inicio de las obras de construcción financiadas por la inversión o primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión, de ambas fechas la primera; la compra de terrenos y los trabajos preparatorios como la obtención de permisos y la realización de estudios previos de viabilidad no se consideran el inicio de los trabajos; en el caso de las absorciones, se refiere al momento de la adquisición de los activos directamente vinculados a la entidad adquirida; 45) «proyecto de demostración»: proyecto que demuestre una tecnología como primera de su tipo en el EEE y que represente una innovación importante que vaya mucho más allá del estado actual de la técnica; 46) «zonas asistidas»: zonas designadas en un mapa de ayudas regionales aprobado para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, en aplicación del artículo 61, apartado 3, letras a) y c), del Acuerdo EEE; 47) «mapa de ayudas regionales»: lista de zonas designadas por una Parte contratante con arreglo a las condiciones establecidas en las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 (26).

2. Ayudas en materia de protección del medio ambiente y energía de notificación obligatoria

15) Las ayudas individuales otorgadas sobre la base de un régimen de ayudas notificado seguirán sujetas a la obligación de notificación en virtud del artículo 62, apartado 3, del Acuerdo EEE, en caso de que superen los siguientes umbrales de notificación (27) y no se concedan mediante un procedimiento de licitación: a) las ayudas a la inversión de importe superior a 15 millones EUR por empresa; b) las ayudas de funcionamiento para la producción de electricidad renovable o la producción combinada de calor a partir de fuentes de energía renovables, cuando se concedan a instalaciones de producción de electricidad renovable en centrales cuya capacidad de producción de electricidad renovable resultante por instalación sea superior a 250 megavatios (MW); c) las ayudas de funcionamiento para la producción de biocarburante: las concedidas a una instalación de producción de biocarburante en zonas en las que la producción resultante sea superior a 150 000 toneladas anuales; d) las ayudas de funcionamiento para cogeneración: las concedidas a instalaciones de cogeneración cuya capacidad resultante de electricidad sea superior a 300 MW; las ayudas para la producción de calor de cogeneración se evaluarán en el contexto de la notificación basada en la capacidad de producción de electricidad; e) las ayudas para infraestructuras energéticas, cuando su importe sea superior a 50 millones EUR por empresa y proyecto de inversión; f) las ayudas a la captura y almacenamiento de carbono, cuando su importe sea superior a 50 millones EUR por proyecto de inversión; g) las ayudas en forma de medidas de adecuación de la producción, cuando su importe sea superior a 15 millones EUR por proyecto y por empresa.

16) Las exenciones y reducciones de impuestos medioambientales contempladas en la sección 3.7 no estarán sujetas a las condiciones aplicables a las ayudas notificadas individualmente. Sin embargo, las ayudas concedidas en forma de ayuda fiscal no cubiertas por la sección 3.7 de las presentes Directrices serán objeto de una evaluación individual en caso de que se sobrepasen los umbrales establecidos en dicha sección. Esto también será aplicable independientemente de si el beneficiario individual se beneficia al mismo tiempo de una exención o reducción fiscal contemplada en la sección 3.7.

17) Las presentes Directrices establecen los criterios de compatibilidad para los regímenes de ayudas en materia de protección del medio ambiente y energía y para las ayudas individuales con objetivos de protección del medio ambiente y energéticos sujetas a la obligación de notificación en virtud del artículo 62, apartado 3, del Acuerdo EEE.

3. Evaluación de la compatibilidad con arreglo al artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE

18) Las ayudas estatales destinadas a la protección del medio ambiente y la energía se considerarán compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE a tenor del artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE cuando, sobre la base de los principios comunes de evaluación que figuran en el presente capítulo, den lugar a una mayor contribución a los objetivos medioambientales o energéticos del EEE sin afectar desfavorablemente a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común. Se tendrán en cuenta las desventajas específicas de las zonas asistidas.

19) El presente capítulo precisa la manera en que el Órgano aplicará los principios de evaluación comunes establecidos en la sección 3.1 a la hora de evaluar las medidas de ayuda que entran en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices y, en su caso, establece las condiciones específicas para las ayudas individuales (otorgadas sobre la base de un régimen o ad hoc).

20) En la sección 3.2 se especifican las condiciones generales de compatibilidad aplicables a todas las medidas de ayuda que entran en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices, a menos que otras secciones más específicas del capítulo 3 deroguen estas condiciones generales de compatibilidad. En consecuencia, la sección 3.2 será aplicable, en particular, a las siguientes medidas que no formen parte de secciones más específicas del capítulo 3: a) las ayudas para estudios medioambientales; b) las ayudas para el saneamiento de terrenos contaminados; c) las ayudas para empresas que apliquen normas que vayan más allá de las establecidas por la Unión o que mejoren la protección del medio ambiente cuando no existan normas de la Unión; d) las ayudas para la adaptación anticipada a futuras normas de la Unión.

3.1. Principios comunes de evaluación

21) Por lo general, para evaluar si una medida de ayuda puede considerarse compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE, el Órgano analiza si su concepción garantiza que su impacto positivo en aras de un objetivo de interés común es superior a sus potenciales efectos negativos en el comercio y la competencia.

22) La Comunicación sobre la modernización de las ayudas estatales, de 8 de mayo de 2012 (28), hizo un llamamiento a favor de la identificación y definición de principios comunes aplicables a la evaluación de la compatibilidad de todas las medidas de ayuda aplicadas por la Comisión. El Órgano también sigue este enfoque. A tal efecto, el Órgano considerará que una medida de ayuda estatal es compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE solo si cumple todos los criterios siguientes: a) contribución a un objetivo bien definido de interés común: la medida de ayuda estatal buscará un objetivo de interés común de conformidad con el artículo 61, apartado 3, del Acuerdo EEE (sección 3.2.1); b) necesidad de intervención estatal: la medida estará justificada en una situación en la que pueda conllevar una mejora importante que el mercado no pueda aportar por sí solo, por ejemplo para corregir una deficiencia del mercado bien definida (sección 3.2.2); c) idoneidad: la medida de ayuda propuesta será un instrumento político adecuado para alcanzar el objetivo de interés común (sección 3.2.3); d) efecto incentivador: la ayuda modificará el comportamiento de las empresas de que se trate, de tal forma que emprendan actividades adicionales que no habrían realizado sin la ayuda o que realizarían de una forma limitada o diferente (sección 3.2.4); e) proporcionalidad de las ayudas (ayuda mínima): el importe de la ayuda se limitará al mínimo necesario para incentivar la inversión o actividad adicional en la zona de que se trate (sección 3.2.5); f) evitar efectos negativos importantes sobre la competencia y el comercio entre Partes contratantes: los efectos negativos de las ayudas serán suficientemente limitados, de manera que su balance general sea positivo (sección 3.2.6); g) transparencia: las Partes contratantes, el Órgano, los operadores económicos y los ciudadanos podrán acceder fácilmente a todos los actos relevantes y a la información pertinente en relación con las ayudas concedidas (sección 3.2.7).S

23) Determinadas categorías de regímenes podrán estar sujetas a un requisito de evaluación a posteriori, como se describe en el capítulo 4. En tal caso, el Órgano podrá limitar la duración de los regímenes (normalmente a cuatro años o menos), con posibilidad de notificar de nuevo su prórroga posteriormente.

24) Por otra parte, si una medida de ayuda estatal o las condiciones en que se concede (incluido su método de financiación, cuando forme parte indisociable de la misma) implican una violación de la legislación del EEE, la ayuda no podrá declararse compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE (29). Concretamente, en el ámbito de la energía, cualquier exacción que tenga como objetivo financiar una medida de ayuda estatal deberá cumplir, en particular, los artículos 10 y 14 del Acuerdo EEE (30).

3.2. Disposiciones generales de compatibilidad

3.2.1. Contribución a un objetivo de interés común

3.2.1.1. Condiciones generales

25) El objetivo general de las ayudas medioambientales es incrementar el nivel de protección del medio ambiente en comparación con el que se lograría si no existieran. La Estrategia Europa 2020 establece, en particular, objetivos para estimular el crecimiento sostenible y apoyar la transición hacia una economía competitiva con bajas emisiones de carbono y eficiente en el uso de los recursos. Una economía con bajas emisiones de carbono y una proporción significativa de energía variable procedente de fuentes renovables exige una transición del sistema energético y, en concreto, inversiones considerables en las redes de energía (31). El objetivo principal de las ayudas en el sector de la energía será garantizar un sistema energético competitivo, sostenible y seguro en un mercado energético europeo que funcione adecuadamente (32).

26) Las Partes contratantes que deseen conceder ayudas en materia de protección del medio ambiente y energía tendrán que definir con precisión el objetivo perseguido y explicar la contribución esperada de la medida a su consecución.

27) Los estudios medioambientales pueden contribuir a la consecución de un objetivo común cuando están directamente vinculados a inversiones subvencionables en el marco de las presentes Directrices, incluso si, como consecuencia de las conclusiones de un estudio preparatorio, no se lleva a cabo la inversión objeto de la investigación.

3.2.1.2. Condiciones adicionales para las ayudas sometidas a la obligación de notificación individual

28) Para demostrar que una ayuda que ha de ser notificada individualmente contribuye a aumentar el nivel de protección del medio ambiente, la Parte contratante podrá utilizar, en la medida en que sea posible cuantificarlos, una serie de indicadores, en particular los siguientes: a) en cuanto a las tecnologías de reducción: la cantidad de gases de efecto invernadero o contaminantes que no hayan sido emitidos, de forma permanente, a la atmósfera (que dé como resultado una reducción de la contaminación provocada por los combustibles fósiles); b) en cuanto a las normas de la Unión existentes: el volumen absoluto y la importancia relativa del nivel de protección del medio ambiente más allá de la norma (reducción de la contaminación que no sería alcanzada por la norma en ausencia de ayudas estatales; c) en cuanto a las futuras normas de la Unión: el aumento del ritmo de ejecución de las futuras normas, es decir, una reducción de la contaminación iniciada con antelación.

3.2.2. Necesidad de intervención del Estado

3.2.2.1. Condiciones generales

29) Aunque está generalmente aceptado que los mercados competitivos tienden a lograr resultados eficientes en términos de precios, producción y utilización de los recursos, cuando existen deficiencias del mercado (33), la intervención del Estado puede mejorar el funcionamiento eficiente de los mercados. De hecho, las medidas de ayuda estatal pueden, en determinadas condiciones, corregir las deficiencias de los mercados y contribuir así a alcanzar el objetivo común en la medida en que el mercado no consiga un resultado eficiente. A fin de evaluar si las ayudas estatales son efectivas para alcanzar el objetivo, es necesario, en primer lugar, diagnosticar y definir los problemas planteados. Las ayudas estatales deberán dirigirse a casos en que puedan aportar una mejora sustancial que el mercado no pueda lograr por sí solo.

30) Para establecer directrices que garanticen que las medidas de ayuda alcancen este objetivo, las Partes contratantes deberán identificar las deficiencias del mercado que impiden un mayor nivel de protección del medio ambiente o un funcionamiento adecuado, seguro, a precios asequibles y viable del mercado interior de la energía. Las deficiencias del mercado relacionadas con objetivos medioambientales y energéticos pueden ser diferentes o semejantes, pero pueden impedir un resultado óptimo y conducir a resultados ineficientes por las siguientes razones: a) Efectos externos negativos: son más comunes en el caso de las medidas de ayuda medioambientales y surgen cuando no se asigna un precio adecuado a la contaminación, es decir, cuando una empresa no tiene que hacer frente a la totalidad de los costes de la contaminación. En este caso, es posible que las empresas, que actúan en su propio interés, no tengan incentivos suficientes para asumir los efectos externos negativos derivados de la producción, tanto al decidir sobre una tecnología particular de producción como sobre el nivel de producción. En otras palabras, los costes de producción soportados por las empresas son menores que los soportados por la sociedad. Por ello, las empresas no suelen tener incentivos suficientes para reducir su nivel de contaminación o para tomar medidas individuales destinadas a proteger el medio ambiente. b) Efectos externos positivos: el hecho de que una parte de los beneficios de una inversión redunde en otros participantes en el mercado distintos del inversor se traducirá en la falta de inversiones de las empresas. Pueden darse efectos externos positivos, por ejemplo, en el caso de inversiones en innovación medioambiental (34), tecnologías nuevas e innovadoras en materia de energías renovables y medidas innovadoras de adaptación de la demanda, o en el caso de infraestructuras energéticas o mecanismos de capacidad que beneficien a numerosas Partes contratantes (o a un mayor número de consumidores). c) Asimetría de la información: este fenómeno suele darse en mercados en los que existe una discrepancia entre la información disponible para un lado del mercado y la disponible para el otro lado del mercado. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando los inversores financieros externos carecen de información sobre las probables rentabilidades y riesgos de un proyecto. También puede darse en el caso de infraestructuras transfronterizas cuando una de las partes que colabora dispone de menos información que otras partes. Aunque los riesgos o incertidumbres por sí mismos no dan lugar a la presencia de una deficiencia del mercado, el problema de la información asimétrica está vinculado a dicho grado de riesgo e incertidumbre. Ambos tienden a ser mayores para las inversiones medioambientales, que suelen precisar de un plazo de amortización más largo. Esto podría llevar a que se concediese prioridad al corto plazo y podría agravarse como consecuencia de las condiciones de financiación para este tipo de inversiones, en particular para las pymes. d) Problemas de coordinación: se trata de problemas que pueden impedir el desarrollo de un proyecto o su concepción efectiva debido a la divergencia de intereses e incentivos de los inversores (motivaciones contradictorias), los costes de contratación, la incertidumbre en cuanto al resultado de la colaboración y los efectos de red (por ejemplo, la continuidad del suministro de electricidad). Pueden surgir, por ejemplo, en la relación entre el propietario de un edificio y un arrendatario en lo que se refiere a la aplicación de soluciones eficientes desde el punto de vista energético. Los problemas de coordinación pueden verse exacerbados por problemas de información, en particular los derivados de la asimetría de la información. Y pueden deberse también a la necesidad de alcanzar una determinada masa crítica antes de que sea atractiva comercialmente para poner en marcha un proyecto, lo que podría ser especialmente relevante en los proyectos (transfronterizos) de infraestructura.

31) La mera existencia de deficiencias del mercado en un contexto determinado no es suficiente para justificar la intervención del Estado. En particular, pueden haberse implantado ya otras políticas y medidas para abordar algunas de las deficiencias detectadas. Entre los ejemplos cabe citar la normativa sectorial, la normativa obligatoria en materia de contaminación, mecanismos de fijación de precios como el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) e impuestos sobre el carbono. Otras medidas adicionales, incluidas las ayudas estatales, solo pueden ser dirigidas a las deficiencias del mercado residuales, es decir, a las que siguen sin encontrar solución mediante esas otras políticas y medidas. También es importante mostrar cómo la ayuda estatal refuerza otras políticas y medidas que pretenden solucionar la misma deficiencia del mercado. Por ello, la necesidad de ayudas estatales es más débil si contrarresta los efectos de otras políticas dirigidas a la misma deficiencia del mercado.

32) El Órgano considerará que una ayuda es necesaria si la Parte contratante demuestra que se destina efectivamente a una deficiencia (residual) del mercado que sigue sin ser corregida.

3.2.2.2. Condiciones adicionales para las ayudas sometidas a la obligación de notificación individual

33) Aunque pueden existir deficiencias generales del mercado y las medidas de ayuda pueden estar, en principio, bien concebidas para alcanzar el objetivo de un mercado eficiente, puede que no todas las empresas afectadas se vean confrontadas a esas deficiencias en la misma medida. Por tanto, para las ayudas sometidas a la obligación de notificación individual, el Órgano evaluará la necesidad específica de ayudas en el caso que nos ocupa. Corresponde a la Parte contratante demostrar que una deficiencia del mercado sigue sin encontrar solución para la actividad específica respaldada por las ayudas y si las ayudas se destinan efectivamente a subsanar dicha deficiencia del mercado.

34) En función de la deficiencia del mercado específica, el Órgano tendrá en cuenta los siguientes factores: a) si otras medidas políticas ya subsanan suficientemente la deficiencia del mercado, en particular la existencia de normas medioambientales o de otra índole de la Unión, el RCDE o impuestos medioambientales; b) si la intervención del Estado es necesaria teniendo en cuenta el coste de la aplicación de normas nacionales para el beneficiario a falta de ayudas, en comparación con los costes (o su ausencia) de la aplicación de estas normas para los principales competidores del beneficiario de las ayudas; c) en caso de problemas de coordinación, el número de empresas que deben colaborar, los intereses divergentes entre las partes que colaboran y los problemas prácticos a la hora de coordinar la colaboración (por ejemplo, aspectos lingüísticos, carácter reservado de la información y la falta de armonización de las normas).

3.2.3. Idoneidad de la ayuda

35) La medida de ayuda propuesta deberá ser un instrumento idóneo para alcanzar el objetivo político perseguido. Una medida de ayuda no se considerará compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE si la misma contribución positiva al objetivo común es factible a través de otros instrumentos políticos u otros tipos de instrumentos de ayuda menos falseadores.

3.2.3.1. Idoneidad de los instrumentos políticos alternativos

36) Las ayudas estatales no son el único instrumento político de que disponen las Partes contratantes para promover mayores niveles de protección del medio ambiente o para conseguir un mercado europeo de la energía que funcione adecuadamente y sea seguro, asequible y sostenible. Es importante tener presente que puede haber otros instrumentos más adecuados para alcanzar estos objetivos. La normativa y los instrumentos basados en el mercado constituyen los útiles más importantes para lograr los objetivos energéticos y medioambientales. Instrumentos flexibles como los programas voluntarios de etiquetado ecológico y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente también pueden desempeñar un papel importante para alcanzar un mayor nivel de protección medioambiental.

37) Diferentes medidas para poner remedio a la misma deficiencia del mercado pueden contrarrestarse entre sí. Este es el caso cuando se ha puesto en marcha un mecanismo eficaz basado en el mercado para tratar específicamente el problema de los efectos externos. Una medida de apoyo adicional para abordar la misma deficiencia del mercado podría socavar la eficiencia del mecanismo basado en el mercado.

38) Diferentes medidas para poner remedio a deficiencias del mercado distintas pueden también contrarrestarse entre sí. Una medida para abordar un problema de adecuación de la producción se ha de conciliar con el objetivo medioambiental de eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente o la economía, incluidas las destinadas a los combustibles fósiles. Del mismo modo, una medida destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero puede aumentar la oferta de energía variable, lo que podría afectar negativamente a la adecuación de las capacidades de producción.

39) El respeto del principio «quien contamina paga» en la legislación medioambiental garantiza, en principio, la rectificación de la deficiencia del mercado relacionada con los efectos externos negativos. Por tanto, las ayudas estatales no son un instrumento idóneo y no pueden otorgarse en la medida en que el beneficiario pueda ser considerado responsable de la contaminación en virtud de la legislación existente, nacional o del EEE (35).

3.2.3.2. Idoneidad de los diferentes instrumentos de ayuda

40) Las ayudas destinadas a la protección medioambiental y la energía pueden concederse en diversas formas. No obstante, la Parte contratante debe garantizar que generen el menor falseamiento del comercio y la competencia. A este respecto, la Parte contratante estará obligada a demostrar por qué son menos adecuadas otras formas de ayuda potencialmente menos falseadoras, como los anticipos reembolsables en comparación con las subvenciones directas, o los créditos fiscales en comparación con las reducciones fiscales, o formas de ayuda basadas en instrumentos financieros de deuda o de patrimonio (por ejemplo, préstamos a tipo reducido o bonificación de intereses, garantías públicas u obtención alternativa de capital en condiciones favorables).

41) La elección del instrumento de ayuda deberá ajustarse a la deficiencia del mercado que la medida de ayuda intenta subsanar. En particular, en caso de que los ingresos reales sean inciertos, por ejemplo en lo relativo a medidas de ahorro de energía, el instrumento adecuado puede ser un anticipo reembolsable. Para los regímenes de ayudas que aplican objetivos y prioridades de programas operativos, se presumirá que el instrumento de financiación elegido en este programa constituye, en principio, un instrumento apropiado.

42) Para las ayudas de funcionamiento, la Parte contratante deberá demostrar que son adecuadas para lograr el objetivo del régimen en el que se enmarcan. Para demostrar que la ayuda es adecuada, la Parte contratante puede calcular previamente el importe de la ayuda como una cantidad fija que cubra la cantidad adicional prevista en los costes durante un período dado, para incentivar a las empresas a minimizar los costes y desarrollar sus actividades más eficientemente con el tiempo (36).

43) A fin de demostrar la adecuación de los regímenes, la Parte contratante también podrá basarse en los resultados de las evaluaciones efectuadas en el pasado, como se describe en el capítulo 4.

3.2.4. Efecto incentivador

3.2.4.1. Condiciones generales

44) Las ayudas destinadas a la protección medioambiental y la energía solo podrán considerarse compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE si tienen un efecto incentivador. El efecto incentivador se produce cuando la ayuda induce a su beneficiario a cambiar su comportamiento para aumentar el nivel de protección del medio ambiente o a mejorar el funcionamiento adecuado de un mercado de la energía seguro, asequible y sostenible, cambio de comportamiento que no tendría lugar sin ellas. Las ayudas no deberán subvencionar los costes de una actividad que una empresa tendría que afrontar de todos modos y no podrán compensar el riesgo comercial normal de una actividad económica.

45) El Órgano considera que las ayudas carecen de efecto incentivador para el beneficiario en todos aquellos casos en los que los trabajos en el proyecto ya se habían iniciado con anterioridad a la presentación de su solicitud de ayuda ante las autoridades nacionales. En tales casos, es decir, cuando el beneficiario inicia la ejecución de un proyecto antes de solicitar la ayuda, toda ayuda concedida en relación con dicho proyecto no se considerará compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE.

46) Las Partes contratantes deberán introducir y utilizar un formulario de solicitud de ayuda que hará constar, como mínimo, la razón social del solicitante; su tamaño; una descripción del proyecto, incluida su ubicación y las fechas de inicio y finalización; el importe de la ayuda necesaria para ejecutar la acción y los costes subvencionables. En el formulario los beneficiarios deberán describir la situación sin la ayuda, que se denomina «hipótesis de contraste» o «proyecto alternativo». Además, las grandes empresas deberán presentar pruebas documentales relativas a la hipótesis de contraste descrita en el formulario de solicitud.

47) Al recibir una solicitud, la autoridad que otorga las ayudas deberá comprobar la credibilidad de la hipótesis de contraste y confirmar que las ayudas tienen el necesario efecto incentivador. Una hipótesis de contraste es creíble si es real e integra los factores que influyen en la toma de decisión por parte del beneficiario en relación con la inversión. No es obligatorio cumplir las condiciones de los apartados 45 y 46 cuando la ayuda se concede sobre la base de un procedimiento de licitación.

Efecto incentivador y adaptación a las normas de la Unión

48) El Órgano considera que las ayudas concedidas para adaptarse a futuras normas de la Unión tienen, en principio, un efecto incentivador incluso cuando la norma ya ha sido aprobada, pero todavía no ha entrado en vigor. Sin embargo, en este último caso, las ayudas tienen efecto incentivador si incentivan la realización de la inversión mucho antes de la entrada en vigor de la norma. Se considerará que las ayudas concedidas para la adaptación a normas de la Unión ya adoptadas, pero todavía no vigentes, tienen efecto incentivador si la inversión hubiese finalizado al menos un año antes de la entrada en vigor de las normas de la Unión.

49) No obstante lo dispuesto en el apartado 48, podrá existir un efecto incentivador si las ayudas se conceden para: a) la adquisición de nuevos vehículos de transporte por carretera, ferrocarril, vía navegable y marítima que cumplan las normas de la Unión, a condición de que la adquisición ocurra antes de que dichas normas entren en vigor y que, una vez que sean obligatorias, no se apliquen a vehículos ya adquiridos, o b) las operaciones de adaptación de vehículos de transporte por carretera, ferrocarril, vía navegable y marítima, siempre que las normas de la Unión todavía no estuviesen vigentes en la fecha de entrada en funcionamiento de dichos vehículos y que, una vez que sean obligatorias, no se apliquen a dichos vehículos.

50) El Órgano considera que las ayudas destinadas a inversiones que permitan al beneficiario adoptar medidas que vayan más allá de las normas vigentes de la Unión, contribuyen positivamente a los objetivos en materia medioambiental o energética. Para no disuadir a las Partes contratantes de establecer normas nacionales obligatorias que sean más rigurosas que las correspondientes de la Unión, esas ayudas estatales podrán concederse con independencia de la presencia de normas nacionales obligatorias que sean más rigurosas que la norma de la Unión. Puede tratarse, por ejemplo, de medidas de mejora de la calidad del agua y del aire más estrictas que las normas de la Unión. Dicha contribución positiva también se da cuando existe una norma nacional obligatoria adoptada en ausencia de normas de la Unión.

Efecto incentivador y auditorías energéticas

51) Con arreglo a la Directiva 2012/27/UE (en lo sucesivo denominada «la Directiva sobre eficiencia energética»), las grandes empresas tienen que llevar a cabo auditorías energéticas cada cuatro años. Por consiguiente, las ayudas para las auditorías energéticas de las grandes empresas solo pueden tener un efecto incentivador en la medida en que no compensen una auditoría energética exigida por dicha Directiva. Como la misma obligación no se impone a las pymes, las ayudas estatales concedidas a estas últimas para la realización de auditorías energéticas pueden tener un efecto incentivador.

52) Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la evaluación del efecto incentivador de las ayudas estatales en el caso de medidas de eficiencia energética previstas o adoptadas como consecuencia de la auditoría energética o las resultantes de otros instrumentos, como los sistemas de gestión de la energía y de gestión medioambiental.

3.2.4.2. Condiciones adicionales para las ayudas sometidas a la obligación de notificación individual

53) En el caso de las ayudas sujetas a la obligación de notificación individual, las Partes contratantes deberán demostrar plenamente al Órgano el efecto incentivador de la ayuda, aportando pruebas claras de que tiene un impacto efectivo en la decisión de inversión y que modifica el comportamiento del beneficiario de tal forma que este mejore el nivel de protección del medio ambiente o el funcionamiento del mercado energético europeo. Para permitir una evaluación completa, la Parte contratante deberá aportar no solo información referente al proyecto beneficiario, sino también una descripción completa de la hipótesis de contraste, que suponga que ninguna Parte contratante concediera una ayuda al beneficiario.

54) Por lo general, las ventajas que se derivan de nuevas inversiones o métodos de producción no se limitan a sus efectos medioambientales directos o a su incidencia en el mercado de la energía. En especial, dichas ventajas pueden ser ventajas de producción (37) mientras que los riesgos pueden referirse a la incertidumbre de si las inversiones serán tan provechosas como se esperaba.

55) En principio, el efecto incentivador deberá determinarse mediante un análisis comparativo de los niveles de actividad que se registrarían con y sin las ayudas. Esencialmente, esto supone analizar la rentabilidad del proyecto a falta de ayudas, para valorar si la rentabilidad es menor que el beneficio que obtendría la empresa si ejecutase el proyecto alternativo.

56) En este contexto, el nivel de rentabilidad se puede evaluar por referencia a los métodos habituales en el sector de que se trate y puede incluir métodos para evaluar el valor actual neto (VAN) del proyecto (38), la tasa interna de rentabilidad (TIR) (39) o la rentabilidad media del capital invertido. La rentabilidad del proyecto se debe comparar con las tasas normales de rentabilidad utilizadas por la empresa en otros proyectos de inversión similares. Cuando no se disponga de esas tasas, la rentabilidad del proyecto se deberá comparar con el coste de capital de la empresa en su conjunto o con las tasas de rentabilidad observadas habitualmente en el sector de que se trate.

57) Si no se conoce una hipótesis de contraste específica, el efecto incentivador podrá suponerse cuando exista un déficit de financiación, es decir, cuando los costes de inversión superen al valor actual neto de las previsiones de beneficios de la inversión sobre la base de un plan empresarial previo.

58) En especial, se invita a las Partes contratantes a basarse en pruebas contemporáneas, pertinentes y creíbles, incluidos, por ejemplo, documentos oficiales del consejo de administración, informes del comité de crédito, evaluación del riesgo, informes financieros, planes empresariales internos, dictámenes de peritos y otros estudios relacionados con el proyecto de inversión evaluado. Los documentos que contengan información sobre previsiones de demanda, de costes y financieras, los documentos presentados a un comité de inversión y los elaborados basándose en distintas hipótesis de inversión, o los facilitados a las entidades financieras podrán contribuir a demostrar el efecto incentivador.

59) En su evaluación del efecto incentivador y para asegurarse de que la existencia de dicho efecto se acredite sobre una base objetiva, el Órgano podrá comparar datos específicos de la empresa con datos relativos al sector al que pertenezca (evaluación comparativa). En especial, la Parte contratante deberá facilitar, cuando sea posible, datos específicos que demuestren que la hipótesis de contraste, el nivel de rentabilidad y los flujos de tesorería previstos utilizados por la empresa son razonables.

60) El Órgano podrá considerar que existe un efecto incentivador en caso de que una empresa pueda tener incentivos para llevar a cabo un proyecto, con ayudas, incluso si dicho proyecto no permite alcanzar el nivel de rentabilidad normalmente exigido. Esto podría justificarse, por ejemplo, en caso de mayores beneficios no reflejados en la rentabilidad del proyecto propiamente dicho. En tales circunstancias, las pruebas aportadas en apoyo de la existencia de un efecto incentivador son particularmente importantes.

61) En caso de adaptación de la empresa a una norma nacional que vaya más allá de las normas de la Unión o que hubiese sido adoptada a falta de normas de la Unión, el Órgano verificará si el beneficiario de las ayudas se habría visto muy afectado en términos de aumento de costes y no habría podido soportar los costes asociados con la aplicación inmediata de las normas nacionales.

62) En caso de inversiones que sitúen a la empresa por encima de los niveles mínimos exigidos por las normas de la Unión, el Órgano aún podrá considerar que no existe efecto incentivador, en particular en caso de que tales inversiones correspondan a las normas técnicas mínimas disponibles en el mercado.

63) Si las ayudas no modifican el comportamiento del beneficiario estimulando actividades adicionales, no tienen efecto incentivador en términos de promover en el EEE un comportamiento respetuoso del medio ambiente o de afianzar el funcionamiento del mercado europeo de la energía. Por tanto, las ayudas no se autorizarán cuando esté claro que las mismas actividades se llevarían a cabo en cualquier caso sin ellas.

3.2.5. Proporcionalidad de las ayudas

3.2.5.1. Condiciones generales

64) Se considera que las ayudas destinadas a la protección medioambiental y la energía son proporcionadas si el importe por beneficiario se limita al mínimo necesario para lograr el objetivo medioambiental o energético perseguido.

65) Como principio general, se considera que las ayudas se limitan al mínimo necesario si corresponden a los costes adicionales (netos) necesarios para alcanzar el objetivo, en comparación con la situación hipotética de falta de ayudas. Los costes adicionales netos comparan la diferencia entre beneficios y costes económicos (incluida la inversión y el funcionamiento) del proyecto objeto de ayuda con los del proyecto de inversión alternativo que la empresa habría realizado a falta de las mismas (hipótesis de contraste).

66) Sin embargo, puede ser difícil tener plenamente en cuenta todos los beneficios económicos que una empresa obtendrá de una inversión adicional (40). Por tanto, en el caso de medidas no sujetas a evaluación individual, podrá utilizarse un método simplificado centrado en el cálculo de los costes de inversión adicionales (es decir, sin tener en cuenta los beneficios y costes de explotación). Las medidas no sujetas a evaluación individual se considerarán proporcionadas si su importe no supera la intensidad máxima de ayuda, que es un porcentaje determinado de los costes subvencionables, tal como se definen en los apartados 67 a 71. Estas intensidades máximas de ayuda también sirven como límite a las ayudas concedidas a medidas de notificación obligatoria.

Costes subvencionables

67) Por lo que se refiere a las ayudas en favor del medio ambiente, los costes subvencionables son los costes de inversión adicionales en activos materiales o inmateriales relacionados directamente con la realización del objetivo de interés común.

68) Los costes subvencionables se determinarán del siguiente modo: a) cuando los costes necesarios para alcanzar el objetivo de interés común puedan identificarse en los costes totales de la inversión como inversión separada (por ejemplo, porque el elemento medioambiental es un componente añadido, fácilmente identificable, a una instalación ya existente), los costes de la inversión separada constituirán los costes subvencionables (41); b) en todos los demás casos, los costes subvencionables serán los costes de inversión adicionales calculados comparando la inversión beneficiaria de ayudas con la situación hipotética en ausencia de ayudas estatales. En principio, se podrá tomar como referencia el coste de una inversión técnicamente comparable (42) que podría conseguirse de forma creíble sin las ayudas (43) y que no permite alcanzar el objetivo de interés común o que solo lo alcanza en menor medida.

69) El anexo 2 contiene una lista de las correspondientes hipótesis de contraste o del cálculo de los costes subvencionables que reflejan las hipótesis de contraste que deberán utilizarse en situaciones similares. El Órgano podría aceptar otras hipótesis de contraste si están debidamente justificadas por la Parte contratante.

70) En el caso de algunas medidas, en particular las de apoyo a proyectos integrados (por ejemplo, medidas de eficiencia energética), la hipótesis de contraste puede ser difícil de determinar. Cuando una hipótesis de contraste no pueda determinarse de manera creíble, el Órgano estará dispuesto a considerar los costes totales de un proyecto como alternativa, lo que puede implicar unas menores intensidades de ayuda, a fin de reflejar los diferentes métodos de cálculo de los costes subvencionables.

71) Las normas establecidas en los apartados 68 a 70 son aplicables a la construcción de instalaciones de producción de calefacción o refrigeración urbana energéticamente eficiente. Sin embargo, el enfoque del déficit de financiación se aplicará para las ayudas a la construcción de la red, como en el caso de la evaluación de los proyectos de infraestructuras energéticas.

Intensidades máximas de ayuda

72) A fin de garantizar la previsibilidad y unas condiciones de competencia equitativas, el Órgano aplica las intensidades máximas de ayuda en el caso de las ayudas que figuran en el anexo 1. Dichas intensidades reflejan la necesidad de una intervención estatal (según la importancia de la deficiencia del mercado) y el nivel esperado de falseamiento de la competencia y del comercio.

73) Podrán autorizarse intensidades más elevadas para determinados tipos de ayuda o si la inversión tiene lugar en una zona asistida, pero no podrán sobrepasar el 100 % de los costes subvencionables. Podrán permitirse intensidades de ayuda más altas con arreglo a las siguientes condiciones: a) la intensidad de ayuda podrá incrementarse en 15 puntos porcentuales para las inversiones destinadas al medio ambiente y la energía situadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 61, apartado 3, letra a), del Acuerdo EEE, y en 5 puntos porcentuales para las situadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE; el Órgano estima que estos incrementos están justificados habida cuenta de las diversas desventajas de estas zonas, que también pueden obstaculizar las inversiones destinadas al medio ambiente y la energía; b) la intensidad de ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales para las empresas medianas y en 20 para las pequeñas; en el caso de las pymes, que pueden enfrentarse a unos costes relativamente mayores para lograr los objetivos energéticos en proporción con el tamaño de sus actividades y a las imperfecciones del mercado de capitales, que les fuerzan a soportar tales costes, unas intensidades de ayuda más elevadas también pueden estar justificadas, ya que el riesgo de falseamientos graves de la competencia y del comercio se reducen cuando la ayuda se destina a una pyme; c) unas intensidades de ayuda más elevadas podrán justificarse en determinadas condiciones, en caso de innovaciones medioambientales que subsanen una doble deficiencia del mercado asociada a mayores riesgos de innovación, junto con el aspecto medioambiental del proyecto; así se aplicará en particular a las medidas de eficiencia en el uso de los recursos; la intensidad de ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales, siempre que se cumplan las siguientes condiciones acumulativas: i) el activo o proyecto de innovación medioambiental deberá ser nuevo o suponer una mejora significativa con respecto al estado actual de la técnica en este sector del EEE (44), ii) el beneficio medioambiental previsto deberá ser notablemente superior a la mejora resultante de la evolución general del estado actual de la técnica en actividades comparables (45), y iii) el carácter innovador de estos activos o proyectos implicará un claro grado de riesgo, en términos tecnológicos, financieros o de mercado, mayor que el riesgo generalmente asociado con activos o proyectos no innovadores comparables (46).

74) Por tanto, el Órgano considerará que las ayudas son compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE si los costes subvencionables se calculan correctamente y se respetan las intensidades máximas de ayuda establecidas en el anexo 1.

75) En caso de que las ayudas se concedan al beneficiario mediante un procedimiento de licitación verdaderamente competitivo con arreglo a normas claras, transparentes y no discriminatorias, el importe de la ayuda podrá alcanzar el 100 % de los costes subvencionables (47). Dicho procedimiento de licitación deberá ser no discriminatorio y contar con la participación de un número suficiente de empresas. Por otra parte, el presupuesto de la licitación deberá constituir un límite estricto, en el sentido de que no todos los participantes podrán recibir ayuda. Por último, las ayudas deberán ser concedidas sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador, excluyendo así negociaciones posteriores.

3.2.5.2. Acumulación de ayudas

76) Las ayudas podrán concederse simultáneamente en el marco de varios regímenes de ayuda o acumularse con ayudas ad hoc siempre que la cantidad total de las ayudas estatales para una actividad o proyecto no sobrepase los límites máximos fijados en las presentes Directrices.

77) Las ayudas no deberán acumularse con ayudas de minimis relativas a los mismos costes seleccionables si tal acumulación diera lugar a una intensidad de ayuda superior a la fijada en las presentes Directrices.

3.2.5.3. Condiciones adicionales para las ayudas de funcionamiento y a la inversión sujetas a una obligación de notificación individual

78) En el caso de las ayudas individuales, el respeto de las intensidades máximas de ayuda previstas en la presente sección y en el anexo 1 no es suficiente para garantizar la proporcionalidad. Esas intensidades máximas de ayuda sirven de límite máximo para las ayudas individuales (48).

79) Por regla general, se considerará que las ayudas sujetas a una obligación de notificación individual se limitan al mínimo si su importe corresponde a los costes netos adicionales derivados de la inversión objeto de la ayuda, en comparación con la situación hipotética de ausencia de ayudas. Todos los costes y beneficios correspondientes deberán tenerse en cuenta a lo largo de la duración del proyecto.

80) En caso de que no pueda identificarse ningún proyecto alternativo como hipótesis de contraste, el Órgano verificará si el importe de las ayudas sobrepasa el mínimo necesario para que el proyecto subvencionado sea suficientemente rentable, por ejemplo, si aumenta su tasa interna de rentabilidad más allá de las tasas normales aplicadas por la empresa de que se trate en otros proyectos de inversión del mismo tipo. Cuando no se disponga de esta referencia, podrán utilizarse a dicho efecto el coste de capital de la empresa en su conjunto o las tasas de rentabilidad comúnmente observadas en el sector de que se trate.

81) La Parte contratante deberá facilitar pruebas de que el importe de las ayudas se mantiene en el mínimo necesario. Los cálculos utilizados para analizar el efecto incentivador podrán utilizarse también para evaluar si las ayudas son proporcionadas. La Parte contratante deberá demostrar la proporcionalidad sobre la base de documentación como, por ejemplo, la mencionada en el apartado 58.

82) Para las ayudas de funcionamiento otorgadas mediante un procedimiento de licitación, se supone que se cumple la proporcionalidad de las ayudas individuales si se reúnen las condiciones generales.

3.2.6. Ausencia de efectos negativos indebidos sobre la competencia y el comercio

3.2.6.1. Consideraciones generales

83) Para que las ayudas sean compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE, los efectos negativos de las medidas de ayuda en términos de falseamiento de la competencia e impacto en el comercio entre las Partes contratantes deben ser limitados y ser superados por los efectos positivos en cuanto a contribución al objetivo de interés común.

84) El Órgano tendrá en cuenta dos posibles falseamientos provocados por la ayuda: los efectos de falseamiento de la competencia en el mercado de productos y los efectos de localización. Ambos pueden dar lugar a una asignación ineficiente de recursos (socavando los resultados económicos del mercado interior) y a problemas de distribución que afecten al reparto de la actividad económica entre las regiones.

85) Por su propia naturaleza, las ayudas para la protección medioambiental tienden a favorecer los productos y tecnologías respetuosos del medio ambiente, a expensas de los más contaminantes. En principio, este efecto de las ayudas no será considerado un falseamiento indebido de la competencia, puesto que está intrínsecamente vinculado al objetivo mismo de la ayuda, es decir, que la economía respete más el medio ambiente. Al evaluar los posibles efectos negativos de las ayudas medioambientales, el Órgano tendrá en cuenta el efecto medioambiental general de la medida en relación con su impacto negativo en la posición en el mercado, y con ello los beneficios de las empresas que no reciben ayudas. De este modo, el Órgano atenderá sobre todo a los efectos de falseamiento causados a los competidores que también operan respetando el medio ambiente, incluso sin ayudas. Del mismo modo, cuanto menor sea el efecto medioambiental previsto de la medida, más importante será verificar sus efectos en las cuotas de mercado y los beneficios de los competidores en el mercado en general.

86) Un efecto potencialmente nocivo de las ayudas estatales con objetivos medioambientales y energéticos es que impidan que los mecanismos del mercado ofrezcan resultados eficientes al recompensar a los productores más eficientes e innovadores y presionando a los menos eficientes para mejorar, reestructurarse o abandonar el mercado. Ello podría dar lugar a una situación en la que, debido a las ayudas concedidas a algunas empresas, unos competidores más eficientes o innovadores (por ejemplo, dotados de una tecnología diferente, posiblemente menos contaminante) que de lo contrario podrían penetrar en el mercado y crecer, no estén en condiciones de hacerlo. A largo plazo, interferir en el proceso competitivo de entrada y salida puede asfixiar la innovación y ralentizar las mejoras de productividad en todo el sector.

87) Las ayudas también pueden tener efectos falseadores al permitir al beneficiario reforzar o mantener un poder de mercado sustancial. Incluso cuando no refuerzan directamente un poder de mercado sustancial, podrán hacerlo indirectamente, desincentivando la expansión de los competidores existentes, provocando su salida o impidiendo la llegada de nuevos competidores.

88) Aparte de falseamientos en los mercados de productos, las ayudas pueden también dar lugar a efectos sobre el comercio y la elección del lugar para instalarse. Estos falseamientos pueden surgir entre Partes contratantes, bien cuando las empresas compiten a escala transfronteriza o cuando examinan diferentes lugares para invertir. Las ayudas destinadas a preservar la actividad económica en una región o atraer actividades de otras regiones del mercado interior pueden no conducir a un falseamiento directo del mercado de productos, pero pueden desplazar actividades o inversiones de una región a otra, sin ningún impacto medioambiental neto.

Efectos negativos manifiestos

89) En principio, debe analizarse la medida de ayuda y el contexto en el que se aplica para identificar en qué grado puede considerarse falseadora. No obstante, pueden señalarse algunas situaciones en las que los efectos negativos superan manifiestamente cualesquiera efectos positivos, lo que significa que las ayudas no pueden ser consideradas compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE.

90) El Órgano establece intensidades máximas de ayuda que constituyen un requisito básico para la compatibilidad, y que tienen el objetivo de impedir el uso de ayudas estatales para proyectos en los que se considera que la relación entre el importe de las ayudas y los costes subvencionables es muy elevada y es más que probable que provoque falseamientos de la competencia.

91) Tampoco se considerarán compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE las ayudas destinadas a alcanzar objetivos medioambientales y energéticos que simplemente se traduzcan en un cambio de localización de la actividad económica sin mejorar el nivel existente de protección del medio ambiente en las Partes contratantes.

3.2.6.2. Condiciones generales

92) Al evaluar los efectos negativos de las medidas de ayuda, el Órgano centra su análisis del falseamiento de la competencia en la incidencia previsible de las ayudas en materia de protección del medio ambiente y energía en la competencia entre empresas en los mercados de productos afectados y en la localización de la actividad económica. Si las medidas de ayuda estatal están bien enfocadas a las deficiencias del mercado que se intentan corregir, el riesgo de que falseen indebidamente la competencia es más limitado.

93) Si las ayudas son proporcionadas y se circunscriben a los costes de inversión adicionales, su impacto negativo queda, en principio, amortiguado. Sin embargo, incluso cuando son necesarias y proporcionadas, pueden provocar un cambio de comportamiento del beneficiario que falsee la competencia. Una empresa con fines de lucro solo aumentará, en principio, el nivel de protección medioambiental por encima de los requisitos obligatorios si considera que ello le reportará, al menos marginalmente, algún tipo de ventaja.

94) Con el fin de minimizar los falseamientos de la competencia y del comercio, el Órgano pondrá mucho énfasis en el proceso de selección. En la medida de lo posible, dicho proceso deberá llevarse a cabo de forma no discriminatoria, transparente y abierta, sin excluir innecesariamente a empresas que puedan competir con proyectos que busquen el mismo objetivo medioambiental o energético. El proceso deberá desembocar en la selección de beneficiarios que puedan abordar dichos objetivos con el menor importe de ayuda o de la forma más rentable.

95) El Órgano evaluará en particular el efecto negativo de las ayudas teniendo en cuenta los siguientes elementos: a) reducción o compensación de los costes unitarios de producción: si el nuevo equipo (49) reduce los costes por cada unidad producida en comparación con la situación de ausencia de ayudas, o si las ayudas compensan una parte del coste de explotación, es probable que el beneficiario incremente sus ventas; cuanto más elásticos sean los precios del producto, tanto mayor será el potencial de que las ayudas falseen la competencia; b) producto nuevo: si el beneficiario produce un producto nuevo o de mayor calidad, es probable que incremente sus ventas y tal vez disfrute de la ventaja de ser pionero.

3.2.6.3. Condiciones adicionales para las ayudas sujetas a una obligación de notificación individual

96) La Parte contratante deberá garantizar que los efectos de falseamiento descritos en la sección 3.2.6.1 sean limitados. Además de los elementos especificados en la sección 3.1.6.2, en el caso de las ayudas individuales, el Órgano tendrá en cuenta y evaluará si dan lugar a: a) un apoyo a producciones ineficientes, impidiendo así el crecimiento de la productividad en el sector; b) el falseamiento de los incentivos dinámicos; c) la creación o el fortalecimiento de un poder de mercado o de prácticas de exclusión; d) la alteración artificial de los flujos comerciales o de la localización de las actividades de producción.

97) Con el fin de evaluar el impacto acumulativo de la ayuda, el Órgano podría considerar la introducción prevista de regímenes de ayudas destinadas a la protección del medio ambiente y la energía distintos del notificado, que beneficien, directa o indirectamente, al beneficiario.

98) El Órgano evaluará también si las ayudas dan lugar a que algunos territorios se beneficien de condiciones de producción más favorables, sobre todo debido a unos costes de producción comparativamente inferiores o a niveles de producción superiores gracias a las ayudas. Este tipo de situaciones puede incitar a determinadas empresas a permanecer en los territorios donde se otorgan las ayudas o a desplazarse a estos, o provocar un desplazamiento de los flujos comerciales hacia la zona de que se trate. En su análisis de las ayudas sujetas a una obligación de notificación individual, el Órgano tendrá pues en cuenta cualquier indicio de que el beneficiario ha considerado desplazarse a emplazamientos alternativos.

3.2.7. Transparencia

99) Las Partes contratantes deberán publicar la siguiente información en un sitio de internet único, a escala nacional o regional: el texto completo del régimen de ayudas aprobado o de la decisión individual de concesión de la ayuda y sus disposiciones de aplicación, o un enlace al mismo; la identidad de la autoridad o autoridades otorgantes. El nombre de cada uno de los beneficiarios, la forma e importe de las ayudas otorgadas a cada beneficiario, la fecha de la concesión, el tipo de empresa (pyme o gran empresa), la región en la que está situado el beneficiario (a nivel NUTS 2) y el principal sector económico en el que el beneficiario desarrolla sus actividades (a nivel de grupo NACE).

100) Para los regímenes en forma de ventaja fiscal y de reducciones en la financiación de apoyo a la energía procedente de fuentes de energía renovables, la información sobre los distintos importes de las ayudas individuales puede facilitarse utilizando los intervalos siguientes (en millones EUR): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30] y [30 y más].

101) Dicha información deberá publicarse tras la adopción de la decisión de otorgar las ayudas, deberá conservarse como mínimo durante 10 años y ser accesible para el público en general sin restricciones (50). Las Partes contratantes no estarán obligadas a facilitar esta información antes del 1 de julio de 2016. Podrán quedar exentas de la obligación de publicación de la información las ayudas individuales de importe inferior a 500 000 EUR.

3.3. Ayudas destinadas a la energía producida a partir de fuentes renovables

3.3.1. Condiciones generales para las ayudas a la inversión y de funcionamiento destinadas a la energía procedente de fuentes renovables

102) La UE ha fijado unos ambiciosos objetivos de sostenibilidad en materia de cambio climático y energía, en particular como parte de su Estrategia Europa 2020. Varios actos legislativos de la Unión ya apoyan la consecución de esos objetivos, como el comercio de derechos de emisión de la Unión, la Directiva 2009/28/CE (51) (en lo sucesivo denominada «la Directiva sobre energía renovable») y la Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (52) (en lo sucesivo denominada «la Directiva sobre calidad de los combustibles»). Sin embargo, puede que su aplicación no siempre dé como resultado unos mercados más eficaces y, en determinadas condiciones, las ayudas estatales pueden constituir un instrumento adecuado para contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión y sus correspondientes objetivos nacionales.

103) Las presentes Directrices se aplican al período que va hasta 2020. Sin embargo, deben preparar el terreno para la consecución de los objetivos fijados en el Marco de 2030. En particular, se espera que, en el período comprendido entre 2020 y 2030, las fuentes de energía renovables establecidas pasarán a ser competitivas en la red, lo que implica que paulatinamente deberán eliminarse las subvenciones y las exenciones de responsabilidad en materia de balance. Las presentes Directrices son coherentes con dicho objetivo y garantizarán la transición a una energía rentable a través de mecanismos de mercado.

104) Gracias a instrumentos de mercado, tales como las subastas o los procedimientos de licitación abiertos a todos los productores de electricidad a partir de fuentes de energía renovables que compiten en pie de igualdad a escala del EEE, las subvenciones deberían normalmente reducirse al mínimo de cara a su desaparición completa.

105) Sin embargo, dada la distinta fase de desarrollo de las tecnologías de las energías renovables, las presentes Directrices permiten que las Partes contratantes organicen procedimientos de licitación específicos relativos a estas tecnologías, sobre la base del potencial a largo plazo de una determinada tecnología nueva e innovadora, la necesidad de diversificación, las limitaciones y la estabilidad de la red y los costes de (integración) del sistema.

106) Se incluyen excepciones específicas para instalaciones de determinado tamaño, con respecto a las que no pueda presumirse que un procedimiento de licitación sea apropiado o que se encuentren en fase de demostración. La inclusión de dichas instalaciones es opcional.

107) Teniendo en cuenta el exceso de capacidad en el mercado de los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimenticios, el Órgano considerará que las ayudas a la inversión en capacidades nuevas o existentes de producción de dichos biocarburantes no están justificadas. Sin embargo, estarán permitidas las ayudas a la inversión para la transformación de instalaciones de producción de biocarburantes a partir de cultivos alimenticios en instalaciones avanzadas con el fin de cubrir los costes de dicha conversión. Además de este caso particular, las ayudas a la inversión para biocarburantes solo podrán otorgarse cuando se trate de biocarburantes avanzados.

108) Mientras que las ayudas a la inversión en favor de los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimenticios dejarán de otorgarse a partir de la fecha de aplicación de las presentes Directrices, las ayudas de funcionamiento a los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimenticios solo podrán otorgarse hasta 2020. En consecuencia, dichas ayudas solo podrán otorgarse a instalaciones que hayan comenzado a funcionar antes del 31 de diciembre de 2013 y hasta que la instalación haya sido totalmente amortizada, pero en ningún caso más allá de 2020.

109) Por otro lado, el Órgano considerará que las ayudas no incrementan el nivel de protección del medio ambiente y que por ello pueden no ser compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE si se otorgan para biocarburantes que no estén sujetos a una obligación de suministro o de mezcla (53), a menos que la Parte contratante pueda demostrar que se limita a biocarburantes sostenibles que son demasiado caros para acceder al mercado solamente con una obligación de suministro o de mezcla.

110) En particular, si bien el RCDE y los impuestos sobre el CO2 internalizan los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero, aún no pueden internalizar totalmente esos costes. Las ayudas estatales pueden impulsar la consecución de los objetivos relacionados, aunque distintos, del EEE en materia de energías renovables. A menos que haya pruebas en sentido contrario, el Órgano supondrá pues que sigue existiendo una deficiencia del mercado residual que las ayudas a las energías renovables pueden colmar.

111) Con el fin de permitir a las Partes contratantes alcanzar los objetivos de la Estrategia 2020 de la UE, el Órgano presumirá que las ayudas son adecuadas y que tienen unos efectos falseadores limitados, a condición de que se cumplan todas las demás condiciones.

112) Con respecto a las ayudas para la producción hidroeléctrica, su impacto puede ser doble. Por un lado, un impacto positivo en términos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro, un impacto negativo en los sistemas hídricos y la biodiversidad. Por ello, al conceder ayudas a la producción de las centrales hidroeléctricas las Partes contratantes deberán atenerse a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (54), y, en particular, su artículo 4, apartado 7, que establece los criterios para permitir nuevas modificaciones de las masas de agua.

113) Un principio fundamental de la legislación del EEE sobre residuos es la «jerarquía de residuos», que da prioridad a la forma de tratarlos (55). Las ayudas estatales destinadas a la energía procedente de fuentes renovables, incluido el calor residual, que utilicen residuos como combustible, pueden aportar una contribución positiva a la protección medioambiental, siempre que no se soslaye dicho principio.

114) Las ayudas a la energía procedente de fuentes renovables pueden concederse en calidad de ayudas a la inversión o de funcionamiento. Para los regímenes de ayudas a la inversión y para las ayudas a la inversión sujetas a una obligación de notificación individual, se aplicarán las condiciones establecidas en la sección 3.2.

115) En el caso de regímenes de ayudas de funcionamiento, se aplicarán las disposiciones generales de la sección 3.2, modificadas por las disposiciones específicas, tal como se establece en la presente subsección. Para las ayudas de funcionamiento sujetas a una obligación de notificación individual, se aplicarán las disposiciones generales de la sección 3.2 cuando sean relevantes, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en la presente subsección en lo relativo a los regímenes de ayudas de funcionamiento.

116) El Órgano solo autorizará los regímenes de ayudas por un período máximo de 10 años. Si se mantiene, la medida deberá volver a ser notificada transcurrido ese período. Con respecto a los biocarburantes producidos a partir de cultivos alimenticios, los regímenes ya existentes y los nuevamente notificados deberán finalizar en 2020.

117) La Unión se ha fijado un objetivo general sobre el porcentaje que las energías renovables deberán aportar al consumo final de energía y lo ha plasmado en unos objetivos nacionales obligatorios. La Directiva sobre las fuentes de energía renovables incluye mecanismos de cooperación (56) para facilitar apoyo transfronterizo con el fin de lograr los objetivos nacionales. En principio, los regímenes de ayudas de funcionamiento deben estar abiertos a otros países del EEE y a las partes contratantes de la Comunidad de la Energía con objeto de limitar los efectos de falseamiento de la competencia. Esto minimiza los costes para las Partes contratantes cuya única finalidad es alcanzar los objetivos de energías renovables nacionales establecidos en la legislación de la Unión. Sin embargo, las Partes contratantes pueden desear disponer de un mecanismo de cooperación antes de ofrecer una ayuda transfronteriza ya que, de lo contrario, la producción en instalaciones de otros países no contará para sus objetivos nacionales en el marco de la Directiva sobre energía renovable (57). El Órgano valorará positivamente los regímenes que estén abiertos a otros países del EEE o de la Comunidad de la Energía.

118) En principio, las ayudas a la electricidad procedente de fuentes de energía renovables deberán contribuir a la integración de dicha electricidad en el mercado. No obstante, en el caso de determinados tipos de instalaciones, esto puede no ser factible o adecuado.

3.3.2. Ayudas de funcionamiento concedidas a la energía procedente de fuentes renovables

3.3.2.1. Ayudas a la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables

119) Con el fin de incentivar la integración en el mercado de la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables, es importante que los beneficiarios vendan su electricidad directamente en el mercado y estén sujetos a las obligaciones de mercado. A partir del 1 de enero de 2016 se aplicarán las siguientes condiciones acumulativas a todos los nuevos regímenes y medidas de ayuda: a) las ayudas se conceden en forma de prima añadida al precio de mercado con el fin de que los productores vendan su electricidad directamente en el mercado; b) los beneficiarios (58) estarán sujetos a responsabilidades de balance normales, a menos que no existan mercados de balance intradiarios líquidos, y c) se adoptarán medidas para garantizar que los productores no tengan incentivos para producir electricidad a precios negativos.

120) Las condiciones establecidas en el apartado 119 no se aplicarán a instalaciones con una capacidad eléctrica instalada de menos de 500 kW o a proyectos de demostración con exclusión de la electricidad procedente de la energía eólica, para la que se aplicará una capacidad eléctrica instalada de 3 MW o 3 unidades de producción.

121) En una fase transitoria que abarca los años 2015 y 2016, las ayudas relativas a al menos un 5 % de la nueva capacidad prevista de producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables se deben otorgar mediante un procedimiento de licitación competitiva sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios. A partir del 1 de enero de 2017 se aplicarán los siguientes requisitos: Las ayudas se otorgarán mediante un procedimiento de licitación sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios (59), a menos que: a) las Partes contratantes demuestren que solo uno o un número muy limitado de proyectos o de emplazamientos podrían ser subvencionables, o b) las Partes contratantes demuestren que un procedimiento de licitación daría lugar a un incremento de los niveles de ayuda (por ejemplo, para evitar la presentación de ofertas estratégicas), o c) las Partes contratantes demuestren que un procedimiento de licitación daría lugar a bajos índices de realización de los proyectos (para evitar una insuficiencia de pujas). Si estos procedimientos de licitación están abiertos a todos los productores que produzcan electricidad a partir de fuentes de energía renovables con carácter no discriminatorio, el Órgano presumirá que la ayuda es proporcionada y no falsea la competencia en forma contraria al Acuerdo EEE. El procedimiento de licitación puede limitarse a tecnologías específicas cuando un procedimiento abierto a todos los productores daría lugar a un resultado no óptimo que no pueda abordarse en el proceso de diseño teniendo en cuenta en particular: a) el potencial a largo plazo de una tecnología nueva e innovadora dada, o b) la necesidad de diversificación, o c) las limitaciones y la estabilidad de la red, o d) el sistema (de integración) de costes, o e) la necesidad de evitar que las primas de apoyo a la biomasa falseen el mercado de las materias primas (60).

122) Se podrán conceder ayudas sin un procedimiento de licitación competitivo, tal como se describe en el apartado 121, para instalaciones con una capacidad eléctrica instalada inferior a 1 MW, o a proyectos de demostración, excepto para la electricidad procedente de energía eólica, para instalaciones con una capacidad eléctrica instalada de hasta 6 MW o 6 unidades de producción..

123) En ausencia de un procedimiento de licitación competitivo, serán aplicables las condiciones de los apartados 119 y 120 y las condiciones para la ayuda de funcionamiento a la energía procedente de fuentes de energía renovables distintas de la electricidad según lo establecido en el apartado 126.

124) Las ayudas solo se concederán hasta que la instalación se haya amortizado completamente con arreglo a las normas contables habituales y cualquier