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Petición de dictamen consultivo del Borgarting lagmannsrett por decisión de 21 de junio de 1996 de dicho Tribunal en el asunto Ullensaker kommune y otros contra Nille AS (Asunto E-5/96) (96/C 350/07)

Mediante decisión del Borgarting lagmannsrett (Tribunal de Apelación de Borgarting, Noruega) de 21 de junio de 1996 se ha dirigido una petición al Tribunal de la AELC, registrada el 26 de junio de 1996, de un dictamen consultivo en el asunto Ullensaker kommune (municipio de Ullensaker) y otros contra Nille AS, sobre la siguiente cuestión:

¿debe interpretarse que las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo EEE, combinadas con las del artículo 13, prohíben que un municipio deniegue la autorización para la venta al por menor de videocasetes grabades (videogramas), basándose en que tal autorización sólo ha de concederse a distribuidores que puedan considerarse especializados (tiendas especializadas) en videogramas y/o que los distribuidores establecidos deben adquirir conocimientos especializados?
Petición de dictamen consultivo, a instancia del tullilautakunta, con fecha de 19 de abril de 1994, sobre la apelación de Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark contra la decisión del Helsingin piiritullikamari (Caso E-1/94) (94/C 199/08)

El Tribunal de la AELC recibió una petición de dictamen consultivo por parte del tullilautakunta (Comité de Apelación del Consejo Nacional de Aduanas) de 19 de abril de 1994, sobre la petición del Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark contra la decisión del Helsingin piiritullikamari (Aduanas del distrito de Helsinki), con fecha de entrada en el Registro del Tribunal de 27 de abril de 1994, sobre los siguientes temas:

1. ¿Puede considerarse, habida cuenta, por una parte, del monopolio estatutario para importar bebidas alcohólicas de Oy Alko Ab (la empresa de bebidas alcohólicas) pero, por otra parte, también de las medidas de autorización que la empresa anunció que estaba dispuesta a tomar para permitir la importación comercial de alcohol en los términos establecidos por la propia empresa, que la importación comercial de alcohol de otros Estados contratantes no está cuantitativamente restringida u obstaculizada por una medida con efecto equivalente contrario al artículo 11 del Acuerdo de la AELC, si el Tribunal Administrativo de Apelación confirma la decisión de la autoridad aduanera competente de no permitir a la remesa de bebidas alcohólicas importadas la libre circulación sin el permiso de Oy Alko Ab, permiso exigido por la legislación?

2. ¿Es contrario al artículo 16 del Acuerdo el mencionado monopolio estatutario?

En caso afirmativo:

¿Es suficientemente claro y preciso este artículo para tener efecto vinculante directo y, por consiguiente, debe considerarse que el monopolio de importación expiró el 1 de enero de 1994?
1.

Las prohibiciones permanentes de entrada en el territorio no son, en principio, contrarias al Derecho del EEE, siempre que cumplan las condiciones establecidas en los artículos 27 y 28 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, y que puedan levantarse de conformidad con su artículo 32. Toda medida de expulsión debe basarse en un examen individual. Por lo que se refiere a los nacionales del EEE que hayan residido legalmente durante más de 10 años en el Estado de acogida, la expulsión solo podrá decretarse, de conformidad con los artículos 27 y 28, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE, por razones imperiosas de seguridad pública, cuando el comportamiento personal del interesado suponga una amenaza excepcionalmente grave que haga necesaria una medida de expulsión para la protección de alguno de los intereses fundamentales de la sociedad, y siempre que dicha protección no pueda lograrse mediante medidas menos estrictas, habida cuenta de la duración de la residencia del interesado en el Estado de acogida y, en particular, de las graves consecuencias negativas que tal medida puede tener en el supuesto de que el nacional del EEE y los miembros de su familia estén verdaderamente integrados en el Estado de acogida. Toda posterior decisión de prohibición de entrada en el territorio debe limitarse a lo necesario para salvaguardar el interés fundamental que la expulsión estuviera destinada a proteger. La decisión de prohibición de entrada en el territorio debe atenerse al principio de proporcionalidad.
C 90/2

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 14 de diciembre de 2019

en el asunto E-1/19

Andreas Gyrre

contra

Gobierno de Noruega, representado por el Ministerio de Infancia e Igualdad

(Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores — Anexo I — Punto 9 — Afirmar o crear por otro medio la impresión de que un producto puede ser legalmente vendido no siendo cierto)

(2020/C 90/02)

En el asunto E-1/19, Andreas Gyrre contra el Gobierno de Noruega, representado por el Ministerio de Infancia e Igualdad, para el que se había presentado una SOLICITUD al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, por parte del Borgarting lagmannsrett (Tribunal de Apelación de Borgarting) referente a la interpretación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, y en particular el punto 9 de su anexo I, el Tribunal, compuesto por Páll Hreinsson, presidente, Bernd Hammermann (juez ponente) y Siri Teigum (juez ad hoc), dictó sentencia el 14 de diciembre de 2019, cuyo fallo es el siguiente:

El punto 9 del anexo I de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a situaciones en las cuales el comerciante afirma o crea por otro medio la impresión, basada en la impresión general transmitida al consumidor medio en el momento de la decisión sobre una transacción, de que un producto puede ser legalmente vendido no siendo esto cierto. No afecta a esta apreciación el hecho de que tal prohibición legislativa nacional, como en el presente caso, se aplique tanto en el Estado del EEE de venta como en el Estado del EEE de ejecución o en ambos. Esa apreciación tampoco se desvirtúa por el hecho de que la prohibición legislativa nacional en cuestión se considere posteriormente contraria al Derecho del EEE.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 14 de mayo de 2019

en el asunto E-5/18

Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia

[Incumplimiento por un Estado de la AELC de sus obligaciones-No incorporación al ordenamiento jurídico nacional-Directiva 2013/11/UE]

(2019/C 315/07)

En el asunto E-5/18, Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia-SOLICITUD de declaración de que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acto mencionado en los puntos 7d, 7f y 7k del anexo XIX del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo [Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE], en su versión adaptada por el Protocolo 1 del Acuerdo, y con arreglo al artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado los disposiciones necesarias para aplicar dicho acto en el plazo prescrito o, en todo caso, por no haber informado al Órgano de Vigilancia del EEE al respecto, el Tribunal, compuesto por Páll Hreinsson (presidente), Per Christiansen (juez ponente) y Bernd Hammermann (juez), dictó sentencia el 14 de mayo de 2019, cuyo fallo es el siguiente:

El Tribunal:

1. Declara que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al no haber adoptado los disposiciones necesarias para aplicar en el plazo prescrito, el acto mencionado en los puntos 7d, 7f y 7k del anexo XIX del Acuerdo [Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE], en su versión adaptada por el Protocolo 1 del Acuerdo.
C 414/12

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

de 7 de junio de 2018

en el asunto E-17/17

Órgano de Vigilancia de la AELC/Islandia

(Incumplimiento por un Estado de la AELC de sus obligaciones — No incorporación al ordenamiento jurídico nacional — Directiva 2014/54/UE)

(2018/C 414/14)

En el asunto E-17/17, Órgano de Vigilancia de la AELC contra Islandia — SOLICITUD de declaración de que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del acto mencionado en el punto 8 del anexo V del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores), en su versión adaptada al Acuerdo mediante su Protocolo 1, y de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para la aplicación del Acto en el plazo prescrito o, en cualquier caso, al no haber informado de ello al Órgano de Vigilancia de la AELC, el Tribunal de la AELC, integrado por Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen (juez ponente) y Bernd Hammermann, jueces, dictó sentencia el 7 de junio de 2018, cuyo fallo es el siguiente:

El Tribunal:

1. Declara que Islandia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Acto mencionado en el punto 8 del anexo V del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores), adaptado al Acuerdo mediante su Protocolo 1, y de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo, al no haber adoptado las medidas necesarias para la aplicación del Acto en el plazo prescrito.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 133/4

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

de 15 de diciembre de 2016

en el asunto E-1/16

Synnøve Finden AS contra el Gobierno noruego, representado por el Ministerio de Agricultura y Alimentos

(Productos a los que se aplica el Acuerdo EEE — Productos lácteos — Ayudas estatales — Recursos estatales — Efectos sobre el comercio y falseamiento de la competencia — Libertad de establecimiento)

(2017/C 133/04)

En el asunto E-1/16, Synnøve Finden AS contra el Gobierno noruego, representado por el Ministerio de Agricultura y Alimentos — SOLICITUD del Tribunal del Distrito de Oslo (Oslo tingrett) al Tribunal, con arreglo al artículo 34 del Acuerdo del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, relativa a la interpretación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en particular de sus artículos 31 y 61, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, presidente y juez ponente, Per Christiansen y Páll Hreinsson, jueces, dictó sentencia el 15 de diciembre de 2016, cuyo fallo es el siguiente:

1. El artículo 61 del Acuerdo EEE debe interpretarse en el sentido de que un mecanismo previsto por la normativa nacional en virtud del cual se conceden a una empresa 0,50 NOK por litro hasta alcanzarse una cantidad máxima de 100 millones de litros por la distribución de determinados productos, algunos de los cuales entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo EEE, constituye una medida de ayuda estatal, siempre que el órgano jurisdiccional remitente concluya, habida cuenta de todos los hechos de que conoce y de las indicaciones proporcionadas por el Tribunal, que existe una intervención estatal o con utilización de recursos estatales, que la intervención puede afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros del EEE, que confiere una ventaja selectiva a su beneficiario y que falsea o amenaza con falsear la competencia. Tal conclusión por parte del órgano jurisdiccional remitente implicaría que el mecanismo estuviese sujeto al requisito de notificación establecido en el artículo 1, apartado 3, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia.

2. En caso de que el régimen de ayudas estatales esté indisociablemente vinculado a determinados productos de los cuales solo algunos entren en el ámbito del Acuerdo EEE, la medida ha de ser notificada íntegramente al Órgano de Vigilancia de la AELC.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 66/31

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

de 2 de junio de 2016

en el asunto E-24/15

Walter Waller/Liechtensteinische Invalidenversicherung

[Coordinación de los sistemas de seguridad social — Artículo 87, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 — Efecto vinculante de las conclusiones médicas]

(2017/C 66/10)

En el asunto E-24/15, Walter Waller/Liechtensteinische Invalidenversicherung — SOLICITUD al Tribunal con arreglo al artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia por el Fürstliches Obergericht (Tribunal de Apelación del Principado) acerca de la interpretación del artículo 87, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, el Tribunal, compuesto por Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (juez ponente) y Páll Hreinsson, jueces, dictó sentencia el 2 de junio de 2016, cuyo fallo es el siguiente:

1. El artículo 87, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 impide a la institución deudora impugnar las conclusiones médicas de la institución del lugar de estancia o de residencia en el procedimiento administrativo.
ES Diario Oficial de la Unión Europea C 68/3

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

de 27 de junio de 2014

en el asunto E-26/13

Estado islandés contra Atli Gunnarsson

(Libre circulación de personas — Artículo 28 EEE — Directiva 2004/38/CE — Directiva 90/365/CEE — Derecho de residencia — Derecho a mudarse del Estado de origen — Trato fiscal menos favorable)

(2015/C 68/03)

En el asunto E-26/13, Estado islandés contra Atli Gunnarsson – SOLICITUD del Tribunal Supremo de Islandia (Hæstiréttur Íslands) al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, acerca de la interpretación del artículo 28 del Acuerdo EEE y del artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, el Tribunal, compuesto por Carl Baudenbacher (Presidente), Per Christiansen (Juez ponente) y Páll Hreinsson (Jueces), dictó sentencia el 27 de junio de 2014, cuyo fallo es el siguiente:

No es compatible con el artículo 1 de la Directiva 90/365/CEE ni con el artículo 7, apartado 1, letras b) y d), de la Directiva 2004/38/CE, que un Estado del EEE no dé a los cónyuges que se hayan mudado a otro Estado del EEE la posibilidad de agrupar sus créditos fiscales personales en relación con la evaluación del impuesto sobre la renta, aunque tendrían derecho a agrupar sus créditos fiscales personales si residieran en el Estado de origen, en una situación en que uno de ellos recibe una pensión del Estado de origen y que dicha pensión constituye la totalidad o la casi totalidad de los ingresos de la persona, mientras que el otro cónyuge no dispone de ningún ingreso.
Sentencia del Tribunal

de 22 de marzo de 2002

en el asunto E-3/01: [Solicitud de dictamen consultivo formulada por Héraðsdómur Reykjavíkur (Tribunal de Distrito de Reykjavík)]: Alda Viggósdóttir/Íslandspóstur hf. (Correos Islandia Ltd)

Directiva 77/187/CEE del Consejo - Traspaso de un organismo estatal a una sociedad anónima de propiedad estatal

(2002/C 140/15)

En el asunto E-3/01, que tiene por objeto una solicitud al Tribunal, con arreglo al artículo 34 del Acuerdo entre los Estados miembros de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, formulada por Héraðsdómur Reykjavíkur (Tribunal de Distrito de Reykjavík), destinada a obtener, en el litigio ante él pendiente, un dictamen consultivo sobre la interpretación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con especial referencia a la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad y, en particular, sus artículos 1 y 3, el Tribunal, integrado por: Thór Vilhjálmsson, Presidente, Carl Baudenbacher (Ponente) y Per Tresselt, jueces, ha dictado el 22 de marzo de 2002 una sentencia, cuyo fallo es el siguiente:

La transformación de un organismo estatal en una sociedad anónima de propiedad enteramente estatal puede constituir un traspaso conforme a lo establecido en la Directiva 77/187 /CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad. Esa Directiva puede aplicarse cuando el trabajador, en el momento del traspaso, estaba protegido como trabajador por la legislación nacional sobre empleo. Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional nacional evaluar si ese es el caso o si el trabajador disfrutaba de protección contra el despido de conformidad con el Derecho público.

Un trabajador no puede renunciar a los derechos que le confieren las disposiciones imperativas de la Directiva 77/187/CEE. La Directiva, sin embargo, no es obstáculo para que se celebre un acuerdo con el nuevo empleador por el que se modifique la relación laboral en la medida en que dicha modificación esté permitida por el Derecho nacional aplicable en situaciones distintas de las que impliquen traspaso de empresas.
Sentencia del Tribunal

de 15 de marzo de 2002

en el asunto E-9/00: Órgano de Vigilancia de la AELC contra el Reino de Noruega

Incumplimiento de sus obligaciones por una Parte Contratante - monopolio estatal de venta al por menor de alcoholes - licencia para servir bebidas alcohólicas - discriminación

(2002/C 128/08)

En el asunto E-9/00 Órgano de Vigilancia de la AELC contra el Reino de Noruega - en el que se solicita que el Tribunal declare que el Reino de Noruega ha incumplido sus obligaciones en virtud de las siguientes disposiciones del Acuerdo EEE: artículo 16, al aplicar dos formas de venta a escala minorista por las que la cerveza con un grado de alcohol comprendido entre el 2,5 % y el 4,75 % vol., producida principalmente en Noruega, puede venderse fuera de los puntos de los almacenes del monopolio estatal de venta al por menor de bebidas alcohólicas ("Vinmonopolet"), mientras que otras bebidas alcohólicas con el mismo grado de alcohol, en su mayoría importadas de otros Estados del EEE, sólo pueden venderse a través de dicho monopolio; artículo 11, al aplicar medidas más restrictivas sobre las licencias para servir bebidas con un grado de alcohol comprendido entre el 2,5 % y el 4,75 % vol., en su mayoría importadas de otros Estados del EEE, que en relación con la cerveza cuyo grado de alcohol es idéntico, producida principalmente en Noruega, ya que estas medidas son innecesarias y desproporcionadas en relación con el objetivo de proteger la salud pública, en virtud del artículo 13, el Tribunal, integrado por: Thór Vilhjálmsson (Ponente), Presidente, Carl Baudenbacher y Per Tresselt, Jueces, ha dictado el 15 de marzo de 2002 una sentencia cuya fallo declara:

El Reino de Noruega ha incumplido:

El artículo 16 del Acuerdo EEE, al mantener dos formas de venta al por menor por las que la cerveza con un grado de alcohol comprendido entre el 2,5 % y el 4,75 % vol., producida principalmente en Noruega, puede venderse fuera de los puntos de los almacenes de Vinmonopolet, mientras que otras bebidas preenvasadas con el mismo grado de alcohol, en su mayoría importadas de otros Estados del EEE, sólo pueden venderse a través de dicho monopolio;

El artículo 11 del Acuerdo EEE, al aplicar medidas más restrictivas sobre las licencias para servir bebidas preenvasadas con un grado de alcohol comprendido entre el 2,5 % y el 4,75 % vol., en su mayoría importadas de otros Estados del EEE, que en relación con la cerveza cuyo grado de alcohol es idéntico, producida principalmente en Noruega, medidas que son innecesarias y desproporcionadas en relación con el objetivo de proteger la salud pública, en virtud del artículo 13 del Acuerdo EEE.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL de 19 de junio de 1998 en el asunto E-10/97: Órgano de Vigilancia de la AELC contra el Reino de Noruega (Incumplimiento de obligaciones por una de las Partes - Protección de la salud de trabajadores expuestos al cloruro de vinilo monómero - Directiva 78/610/CEE del Consejo) (98/C 275/05)

En el asunto E-10/97: Órgano de Vigilancia de la AELC contra Reino de Noruega, que tiene por objeto que se declare que al no haber adoptado, dentro del plazo previsto, las disposiciones nacionales necesarias para atenerse al acto a que se refiere el punto 2 del anexo XVIII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, es decir, la Directiva 78/610/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1978, relativa a la aproximación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas a la protección de los trabajadores expuestos al cloruro de vinilo monómero, en su versión modificada por el Protocolo n° 1 del Acuerdo EEE, el Reino de Noruega ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 11 de dicho acto y al artículo 7 del Acuerdo EEE, el Tribunal, integrado por los Sres. Bjørn Haug, Presidente; Thór Vilhjálmsson y Carl Baudenbacher (Juez Ponente), Jueces, ha dictado el 19 de junio de 1998 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:

1) Se declara que, al no haber adoptado, dentro del plazo previsto, las disposiciones nacionales necesarias para atenerse al acto a que se refiere el punto 2 del anexo XVIII del Acuerdo EEE, (Directiva 78/610/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1978, relativa a la aproximación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas a la protección de los trabajadores expuestos al cloruro de vinilo monómero), en su versión modificada por el Protocolo n° 1 del Acuerdo EEE, el Reino de Noruega ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 11 de dicho acto y al artículo 7 del Acuerdo EEE.

2) Se condena en costas al Reino de