REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA AELC adoptado el 4 de enero y el 1 de febrero de 1994 (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

EL TRIBUNAL DE LA AELC,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,

Vistas las competencias atribuidas al Tribunal por el Acuerdo celebrado entre los Estados de la AELC sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia,

Vista la aprobación por parte de los Gobiernos de los Estados de la AELC,

ADOPTA EL SIGUIENTE REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO:

DISPOSICIÓN PRELIMINAR

Artículo 1

En las disposiciones del presente Reglamento:

a) El Acuerdo celebrado entre los Estados de la AELC sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, incluidos sus Protocolos y Anexos, se denominará «Acuerdo».

b) Los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio que sean Parte en el Acuerdo y en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se denominarán «Estados de la AELC».

c) El Protocolo n° 5 del Acuerdo, sobre el Estatuto del Tribunal de la AELC, se denominará «Estatuto».

TÍTULO PRIMERO DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL

Capítulo Primero

DE LOS JUECES

Artículo 2

El mandato de un Juez dará comienzo en la fecha fijada a tal fin en el nombramiento; si éste no precisare fecha alguna, se iniciará el día en que se expida dicho nombramiento.

Artículo 3

1. Con arreglo al artículo 2 del Estatuto, los Jueces, en la primera audiencia pública del Tribunal a la que asistan tras su nombramiento y antes de su entrada en funciones, prestarán el siguiente juramento:

«Juro ejercer mis funciones en conciencia y con toda imparcialidad; juro que guardaré el secreto de las deliberaciones.»

2. Inmediatamente después de haber prestado juramento, los Jueces firmarán, con arreglo al artículo 4 del Estatuto, una declaración por la que se comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y una vez finalizado éste, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, después de su cese, de determinadas funciones o beneficios.

Artículo 4

Cuando el Tribunal deba decidir si un Juez deja de reunir las condiciones requeridas o incumple las obligaciones que se derivan de su cargo, el Presidente invitará al interesado a comparecer y presentar sus observaciones ante el Tribunal reunido con carácter reservado, sin la asistencia del Secretario.

Artículo 5

El rango de los Jueces estará indistintamente determinado por su antigüedad en el cargo.

A igual antigüedad en el cargo, la edad determinará el rango.

Los Jueces salientes que sean nombrados de nuevo conservarán su rango anterior.

Capítulo Segundo

DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL

Artículo 6

1. Inmediatamente después de la renovación parcial prevista en el artículo 30 del Acuerdo, modificado por el artículo 7 del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo celebrado entre los Estados de la AELC sobre la creación de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, los Jueces elegirán a uno de ellos Presidente del Tribunal por un período de tres años.

2. En caso de que el Presidente del Tribunal cese en sus funciones antes de la expiración normal de su mandato, se procederá a su sustitución por el período que falte para terminarlo.

3. En las elecciones previstas en el presente artículo, la votación será secreta. Resultará elegido el Juez que obtenga la mayoría absoluta. Si ninguno de los Jueces reuniere la mayoría absoluta, se procederá a una segunda votación y será elegido el Juez que obtenga el mayor número de votos. En caso de empate, se considerará elegido el de más edad.

Artículo 7

El Presidente dirigirá los trabajos y los servicios del Tribunal; presidirá las vistas y las deliberaciones.

Artículo 8

1. El Presidente, en cuanto se presente la demanda, designará al Juez Ponente.

2. El Tribunal fijará los criterios con arreglo a los cuales se repartirán, en principio, los asuntos entre los Jueces.

Artículo 9

En caso de ausencia o impedimento del Presidente del Tribunal o cuando quede vacante la Presidencia, ésta será ejercida por uno de los Jueces, según el orden establecido en el artículo 5.

Capítulo Tercero

DE LA SECRETARÍA

Sección Primera

Del Secretario y de los Secretarios adjuntos

Artículo 10

1. El Tribunal nombrará al Secretario. El Presidente informará a los Jueces, dos semanas antes de la fecha fijada para el nombramiento, acerca de las candidaturas que se hubieran presentado.

2. Las candidaturas irán acompañadas de información completa sobre la edad, la nacionalidad, los títulos universitarios, los conocimientos lingüísticos, las ocupaciones actuales y anteriores, así como, en su caso, sobre la experiencia de los candidatos en materia judicial e internacional.

3. El nombramiento tendrá lugar conforme al procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 6.

4. El Secretario será nombrado por un período de seis años. Su nombramiento podrá ser renovado.

5. Se aplicará al Secretario lo dispuesto en el artículo 3.

6. El Secretario sólo podrá ser separado de sus funciones cuando deje de reunir las condiciones requeridas o incumpla las obligaciones que se derivan de su cargo; el Tribunal decidirá al respecto después de haber ofrecido al Secretario la posibilidad de presentar sus observaciones.

7. Si el Secretario cesare en sus funciones antes de la expiración de su mandato, el Tribunal nombrará un Secretario por un período de seis años.

Artículo 11

El Tribunal podrá nombrar, por el mismo procedimiento establecido para el Secretario, uno o varios Secretarios adjuntos encargados de asistirle y sustituirle dentro de los límites fijados por las Instrucciones al Secretario previstas en el artículo 13.

Artículo 12

El Presidente designará a los funcionarios o agentes que se encargarán de asumir temporalmente las competencias del Secretario en caso de ausencia o impedimento del Secretario y de los Secretarios adjuntos, o cuando queden vacantes sus puestos.

Artículo 13

Las Instrucciones al Secretario se adoptarán por el Tribunal, a propuesta del Presidente.

Artículo 14

1. En la Secretaría se llevará, bajo la responsabilidad del Secretario, un Registro, rubricado por el Presidente, en el que se inscribirán cronológicamente y por orden de presentación todos los escritos procesales y documentos que se acompañen.

2. En los originales y, a petición de las partes, en las copias que presenten con este fin, el Secretario dejará constancia de la inscripción efectuada en el Registro.

3. Las inscripciones en el Registro y las diligencias previstas en el apartado precedente tendrán el carácter de documento público.

4. El Registro se llevará en la forma determinada por las Instrucciones al Secretario previstas en el artículo 13 del presente Reglamento.

5. Cualquier interesado podrá consultar el Registro en la Secretaría y obtener copias o extractos del mismo con sujeción a la tarifa de la Secretaría, aprobada por el Tribunal, a propuesta del Secretario.

Cualquier parte procesal podrá obtener además, con sujeción a la tarifa de la Secretaría, copias de los escritos, así como testimonios de resoluciones, dictámenes consultivos y sentencias.

6. En la Sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas se publicará un anuncio que contendrá la fecha de inscripción de la demanda que inicie el proceso, el nombre y domicilio de las partes, la cuestión objeto del litigio y pretensiones de la demanda, así como la indicación de los motivos y de las principales alegaciones invocadas. Asimismo se publicará un anuncio respecto a las solicitudes de dictamen consultivo.

Artículo 15

1. Corresponderá al Secretario, bajo la autoridad del Presidente, la recepción, transmisión y conservación de todos los documentos, así como las notificaciones que entrañe la aplicación del presente Reglamento.

2. El Secretario asistirá al Tribunal, al Presidente y a los Jueces en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 16

El Secretario tendrá la custodia de los sellos. Será el responsable de los archivos y se encargará de las publicaciones del Tribunal.

Artículo 17

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 23, el Secretario asistirá a las sesiones del Tribunal.

Sección Segunda

De los funcionarios y demás agentes del Tribunal

Artículo 18

1. Los funcionarios y demás agentes del Tribunal serán nombrados conforme a lo previsto en las normas que regulen el Estatuto del Personal del Tribunal de la AELC.

2. Antes de su toma de posesión, los funcionarios prestarán ante el Presidente, en presencia del Secretario, el siguiente juramento:

«Juro ejercer con toda lealtad, discreción y conciencia las funciones que me sean confiadas por el Tribunal de la AELC.»

Artículo 19

A propuesta del Secretario, el Tribunal establecerá o modificará la organización de sus servicios.

Artículo 20

El Secretario, bajo la autoridad del Presidente, tendrá a su cargo la administración del Tribunal, la gestión financiera y la contabilidad.

Capítulo Cuarto

DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL

Artículo 21

1. El Presidente fijará las fechas y horas de las sesiones del Tribunal.

2. El Tribunal podrá elegir, para una o varias sesiones determinadas, un lugar distinto al de la sede del Tribunal.

Artículo 22

1. Si, por impedimento, el número de Jueces fuere par, uno de los Jueces, distinto del Presidente, se abstendrá de participar en las deliberaciones. En los casos en que uno de los Jueces deba abstenerse, se procederá por turno, siguiendo el orden establecido en el artículo 5, comenzando por el Juez de menor antigüedad.

2. Si, convocado el Tribunal, resultare que no se ha alcanzado el quórum de tres Jueces, el Presidente aplazará la sesión hasta que se alcance dicho quórum.

Artículo 23

1. El Tribunal deliberará con carácter reservado.

2. Solamente participarán en las deliberaciones los Jueces que hubieren asistido a la vista oral.

3. Cada uno de los Jueces presentes en las deliberaciones expondrá su opinión, motivándola.

4. Las conclusiones adoptadas por la mayoría de los Jueces tras el debate final constituirán la decisión del Tribunal. Los votos se emitirán en orden inverso al establecido en el artículo 5.

5. En caso de divergencia sobre el objeto, el contenido y el orden de las cuestiones o sobre la interpretación de la votación, el Tribunal decidirá al respecto.

6. Cuando las deliberaciones del Tribunal se refieran a cuestiones administrativas, asistirá el Secretario, salvo decisión contraria del Tribunal.

7. Cuando el Tribunal se reúna sin la asistencia del Secretario, encargará a un Juez que redacte, si ha lugar, un acta que será firmada por el Presidente y por dicho Juez.

Artículo 24

1. Salvo decisión especial del Tribunal, las vacaciones judiciales quedarán fijadas como sigue:

- Del 18 de diciembre al 10 de enero.

- Del domingo que preceda al día de Pascua al segundo domingo después del día de Pascua.

- Del 15 de julio al 15 de septiembre.

Durante las vacaciones judiciales, la Presidencia será desempeñada en la sede del Tribunal, bien por el Presidente, que se mantendrá en contacto con el Secretario, bien por un Juez designado por el Presidente para sustituirle.

2. Durante las vacaciones judiciales el Presidente podrá, en casos de urgencia, convocar a los Jueces.

3. El Tribunal observará los días feriados con arreglo a la ley del lugar donde tiene su sede.

4. Cuando existan razones que lo justifiquen, el Tribunal podrá conceder permisos a los Jueces.

Capítulo Quinto

DEL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO

Artículo 25

1. La lengua de procedimiento será el inglés, que se utilizará en todo el procedimiento, incluidas las deliberaciones, las actas y decisiones del Tribunal.

2. Salvo en los casos en que el presente Reglamento disponga lo contrario, las partes y los coadyuvantes, así como los Estados de la AELC, el Órgano de Vigilancia de la AELC, la Comunidad y la Comisión de la CE utilizarán el inglés en las fases oral y escrita del procedimiento.

3. Sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 27, todo documento que se presente al Tribunal deberá estar redactado en inglés o deberá acompañarse de una traducción al inglés, salvo que el Tribunal decida lo contrario.

Sin embargo, en el caso de documentos voluminosos, la traducción podrá limitarse a extractos. En cualquier momento, el Tribunal podrá exigir una traducción más completa o íntegra, de oficio o a instancia de parte.

4. A petición de una parte o de un coadyuvante distintos de un Estado de la AELC, del Órgano de Vigilancia de la AELC, de la Comunidad o de la Comisión de la CE, el Tribunal podrá, si lo considerare necesario, autorizar que, durante la fase oral del procedimiento, dicha parte o dicho coadyuvante se dirija al Tribunal y éste se dirija a dicha parte o dicho coadyuvante en una lengua oficial de un Estado de la AELC o de las Comunidades Europeas. El Secretario se encargará de que se efectúe la traducción al y del inglés. Esta petición deberá presentarse en el plazo de, al menos, dos semanas antes de la fase oral del procedimiento.

Artículo 26

Cuando los testigos o los peritos declaren que no pueden expresarse adecuadamente en inglés, el Tribunal les autorizará para que presten sus declaraciones en otra lengua. El Secretario se encargará de que se efectúe la interpretación al y del inglés. Esta petición deberá presentarse, normalmente, en el plazo de, al menos, dos semanas antes de la fase oral del procedimiento.

Artículo 27

1. Cuando se presente al Tribunal una solicitud de dictamen consultivo con arreglo al artículo 34 del Acuerdo, el órgano jurisdiccional del que proceda la solicitud estará autorizado a redactarla en la lengua utilizada en el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional. El Secretario se encargará de que se efectúe la traducción al inglés.

2. El órgano jurisdiccional del que proceda la solicitud y las partes en el litigio pendiente ante él podrán presentar al Tribunal documentos en la lengua utilizada en el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional. Tales documentos deberán ser traducidos al inglés si el Tribunal lo considerare necesario. El Secretario se encargará de que se efectúe la traducción.

3. El Secretario se encargará de que se efectúe la traducción del informe del Juez Ponente, a fin de que su texto esté disponible en inglés y en la lengua utilizada en el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del que proceda la solicitud.

4. En sus intervenciones orales, se autorizará que las partes litigantes ante el órgano jurisdiccional del que proceda la solicitud se dirijan al Tribunal y éste se dirija a ellas en la lengua utilizada en el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional. El Secretario se encargará de que se efectúe la interpretación al y del inglés. La parte que desee utilizar dicha lengua deberá informar de ello al Secretario en el plazo de, al menos, dos semanas antes de la fase oral del procedimiento.

5. El Tribunal emitirá su dictamen en la lengua en que estuviera redactada la solicitud y en inglés. El dictamen será auténtico en ambas lenguas.

Capítulo Sexto

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES, ASESORES Y ABOGADOS

Artículo 28

1. Los Agentes que representen a un Estado de la AELC, al Órgano de Vigilancia de la AELC, a la Comunidad o a la Comisión de la CE, así como los Asesores y Abogados que se personen ante el Tribunal o ante una autoridad judicial por él exhortada en virtud de una comisión rogatoria, gozarán de inmunidad por las palabras pronunciadas y por los escritos presentados en relación con el litigio o con las partes.

2. Los Agentes, Asesores y Abogados gozarán además de los privilegios y facilidades siguientes:

a) Los escritos y documentos relativos al procedimiento no podrán ser objeto de registro ni de incautación. En caso de controversia, los funcionarios de aduanas o de policía podrán precintar dichos escritos y documentos, que serán transmitidos sin demora al Tribunal para su verificación en presencia del Secretario y del interesado.

b) Los Agentes, Asesores y Abogados tendrán derecho a la asignación de las divisas necesarias para el cumplimiento de su misión.

c) Los Agentes, Asesores y Abogados gozarán de libertad de desplazamiento en la medida necesaria para el cumplimiento de su misión.

Artículo 29

Para disfrutar de los privilegios, inmunidades y facilidades especificados en el artículo 28, las personas que tengan derecho a ellos deberán justificar previamente su condición del siguiente modo:

a) Los Agentes, mediante un documento oficial expedido por el Estado o la Institución que representen; una copia de este documento será facilitada de forma inmediata por el Estado o Institución al Secretario.

b) Los Asesores y Abogados, mediante un documento de acreditación firmado por el Secretario. Su plazo de validez estará limitado a un período determinado, que podrá ampliarse o reducirse según la duración del procedimiento.

Artículo 30

Los privilegios, inmunidades y facilidades mencionados en el artículo 28 del presente Reglamento se concederán exclusivamente en interés del procedimiento.

El Tribunal podrá levantar la inmunidad cuando estime que ello no es contrario al interés del procedimiento.

Artículo 31

1. El Asesor o el Abogado cuyo comportamiento ante el Tribunal, un Juez o el Secretario fuere incompatible con la dignidad del Tribunal o que hiciere uso de los derechos que le correspondan por razón de sus funciones con fines distintos de aquéllos para los que se le reconocieron, podrá ser excluido del procedimiento en cualquier momento, mediante auto del Tribunal y asegurada la defensa del interesado.

Dicho auto será inmediatamente ejecutivo.

2. Cuando un Asesor o un Abogado sean excluidos del procedimiento, éste se suspenderá hasta la expiración del plazo fijado por el Presidente para permitir a la parte interesada designar otro Asesor u otro Abogado.

3. Las decisiones adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el presente artículo podrán ser revocadas.

TÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero

DE LA FASE ESCRITA

Artículo 32

1. El original de todo escrito procesal deberá ser firmado por el Agente o el Abogado de la parte.

El escrito y todos los anexos que en él se mencionen se presentarán con cinco copias para el Tribunal y tantas copias como sean las partes litigantes. Estas copias deberán ser suscritas, respondiendo de su exactitud, por la parte que las presente.

2. Todo escrito procesal irá fechado. Para el cómputo de los plazos procesales sólo se tendrá en cuenta la fecha de presentación en Secretaría.

3. A todo escrito procesal se acompañarán, como anexo, los documentos justificativos invocados y una relación de los mismos.

4. Si en razón del volumen de un documento no se adjuntare al escrito más que un extracto, se depositará en Secretaría el documento íntegro, o una copia completa del mismo.

5. Los escritos procesales y demás documentos se depositarán en la Secretaría dentro del horario oficial de apertura.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados precedentes, en caso de urgencia, los escritos procesales y demás documentos podrán presentarse en la Secretaría mediante telefax. Para el cómputo de los plazos procesales, se considerará que el telefax ha sido válidamente presentado cuando su recepción haya finalizado por completo dentro del horario oficial de apertura del último día del plazo y siempre que el documento original y las copias a que se refiere al apartado 1 se presenten en la Secretaría dentro de los siete días siguientes.

Artículo 33

1. La demanda a que se refiere el artículo 19 del Estatuto contendrá:

a) El nombre y domicilio del demandante.

b) El nombre de la parte contra la que se interponga la demanda.

c) La cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados.

d) Las pretensiones del demandante.

e) La proposición de prueba, si procediere.

2. A efectos del procedimiento, la demanda contendrá la designación de domicilio en el lugar donde el Tribunal tiene su sede. Asimismo indicará el nombre de la persona que esté autorizada y dispuesta a recibir todas las notificaciones.

Si la demanda no reuniere estos requisitos, todas las notificaciones a efectos procesales a la parte interesada se efectuarán, mientras no se haya subsanado este defecto, por envío postal certificado dirigido al Agente o al Abogado de la parte. No obstante lo dispuesto en el artículo 75, se considerará practicada en debida forma la notificación mediante la entrega del envío certificado en la Oficina de Correos del lugar donde el Tribunal tiene su sede.

3. El Abogado que asista o represente a una parte deberá presentar ante el Secretario un documento que acredite que está autorizado para ejercer en una de las Partes Contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

4. La demanda irá acompañada, si procediere, de los documentos indicados en el artículo 19 del Estatuto.

5. Si el demandante fuere una persona jurídica de Derecho privado adjuntará a su demanda:

a) Sus estatutos o un certificado recientemente expedido por el Registro mercantil o el Registro de Asociaciones, o cualquier otro medio de prueba de su existencia jurídica.

b) La prueba de que el poder del Abogado ha sido otorgado debidamente por persona capacitada al efecto.

6. Si la demanda no reuniere los requisitos enumerados en los apartados 3 a 5 del presente artículo, el Secretario fijará al demandante un plazo razonable para subsanar el defecto de la demanda o para presentar los documentos antes mencionados. Caso de que no se efectuare la subsanación o no se presentaren los documentos en el plazo fijado, el Tribunal decidirá si la inobservancia de estos requisitos comporta la inadmisibilidad de la demanda por defecto de forma.

Artículo 34

La demanda será notificada al demandado. En el caso previsto en el apartado 6 del artículo 33, la notificación se hará una vez subsanada la demanda o en cuanto el Tribunal haya declarado su admisibilidad teniendo en cuenta los requisitos de forma enumerados en el artículo precedente.

Artículo 35

1. Dentro del mes siguiente a la notificación de la demanda, el demandado presentará el escrito de contestación. Este escrito contendrá:

a) El nombre y domicilio del demandado.

b) Los hechos y fundamentos de derecho invocados.

c) Las pretensiones del demandado.

d) La proposición de prueba.

A este respecto será aplicable lo dispuesto en los apartados 2 al 6 del artículo 33.

2. En circunstancias excepcionales, el plazo previsto en el primer apartado de este artículo podrá ser prorrogado por el Presidente a instancia del demandado debidamente motivada.

Artículo 36

1. La demanda y el escrito de contestación podrán completarse con una réplica del demandante y una dúplica del demandado.

2. El Presidente fijará los plazos en que se presentarán estos escritos procesales.

Artículo 37

1. En la réplica y en la dúplica las partes también podrán proponer prueba en apoyo de sus alegaciones. En tal caso deberán motivar el retraso producido.

2. En el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

Si en el curso del procedimiento una parte invocare un motivo nuevo de los aludidos en el párrafo anterior, el Presidente, incluso después de expirar los plazos normales del procedimiento, podrá fijar a la otra parte un plazo para contestar al motivo invocado, previo informe del Juez Ponente.

La decisión sobre la admisibilidad del motivo se adoptará en la sentencia definitiva.

Artículo 38

En cualquier fase del procedimiento, el Tribunal podrá acordar las diligencias de ordenación del procedimiento o las de prueba a las que se refieren los artículos 49 y 50, así como ordenar la repetición o ampliación de cualquier diligencia de prueba.

Artículo 39

El Tribunal, después de oír a las partes, podrá ordenar en todo momento y por razón de conexión la acumulación de varios asuntos que se refieran al mismo objeto, a efectos de la fase escrita u oral del procedimiento o de la sentencia que ponga fin al proceso. El Tribunal podrá revocar posteriormente dicha decisión.

Artículo 40

1. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 38, una vez recibida la dúplica, el Presidente fijará la fecha en la que el Juez Ponente deberá presentar al Tribunal un informe preliminar. Este informe contendrá propuestas sobre la procedencia de practicar diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba.

El Tribunal decidirá lo que proceda respecto al curso que deba darse a las propuestas del Juez Ponente.

Se seguirá la misma tramitación:

a) Si la réplica o la dúplica no se hubieran presentado al finalizar el plazo fijado de conformidad con el apartado 2 del artículo 36.

b) Si la parte interesada declarare que renuncia a su derecho de presentar réplica o dúplica.

2. Si el Tribunal decidiere iniciar la fase oral sin acordar diligencias de ordenación del procedimiento ni de prueba, el Presidente fijará la fecha de apertura de la misma.

Artículo 41

1. Sin perjuicio de las diligencias de ordenación del procedimiento o de las de prueba que puedan acordarse en la fase oral, cuando en el curso de la fase escrita se hayan acordado diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba y haya finalizado su práctica, el Presidente fijará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, la fecha de apertura de la fase oral.

2. Previo informe del Juez Ponente y con el acuerdo expreso de las partes, el Tribunal podrá decidir que se resuelva sin fase oral.

Capítulo Segundo

DE LA FASE ORAL

Artículo 42

1. Sin perjuicio de la prioridad de las decisiones que deben adoptarse conforme al artículo 82 del presente Reglamento, el Tribunal conocerá de los asuntos que le hayan sido sometidos por el orden en que concluya la práctica de la prueba en cada uno de ellos. Cuando la práctica de la prueba concluya simultáneamente en varios asuntos, la fecha de inscripción de las demandas en el Registro determinará el orden de prioridad.

2. En circunstancias especiales, el Presidente podrá decidir que se dé prioridad a un asunto sobre los demás.

El Presidente, oídas las partes, podrá decidir, en circunstancias especiales, de oficio o a instancia de parte, el aplazamiento de un asunto a una fecha ulterior. Si las partes lo solicitaren de común acuerdo, el Presidente podrá aplazar un asunto.

Artículo 43

1. El Presidente, que ejercerá la policía de estrados, abrirá y dirigirá los debates.

2. Los debates celebrados a puerta cerrada no se harán públicos.

Artículo 44

En el transcurso de los debates el Presidente podrá formular preguntas a los Agentes, Asesores o Abogados de las partes.

La misma facultad tendrán los demás Jueces.

Artículo 45

Las partes sólo podrán actuar en juicio asistidas de su Agente, Asesor o Abogado.

Artículo 46

El Presidente declarará terminada la fase oral al finalizar los debates.

Artículo 47

El Tribunal podrá ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.

Artículo 48

1. El Secretario extenderá acta de cada vista.

2. Dicha acta contendrá la fecha y lugar de la vista, el nombre de los Jueces y el del Secretario que hayan asistido, la designación del asunto, el nombre de las partes, el nombre y condición en que actúen los Agentes, Asesores y Abogados de las partes, la mención de los documentos presentados por las partes en el curso de la vista y las decisiones del Tribunal o del Presidente adoptadas en la vista.

3. El acta será firmada por el Presidente y el Secretario y constituirá un documento público.

4. Las partes podrán examinar en la Secretaría todas las actas y obtener copias a su cargo.

Capítulo Tercero

DE LAS DILIGENCIAS DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS DE PRUEBA

Sección Primera

De las diligencias de ordenación del procedimiento

Artículo 49

1. Las diligencias de ordenación del procedimiento tendrán por objeto impulsar el procedimiento, dar curso a los autos y solucionar los litigios de la forma más adecuada. Serán acordadas por el Tribunal.

2. Las diligencias de ordenación del procedimiento tendrán por objeto, en particular:

a) Dar el curso correcto a la fase escrita u oral del procedimiento y facilitar la práctica de las pruebas.

b) Determinar los extremos sobre los que las partes deberán completar sus alegaciones o acerca de los cuales deba practicarse prueba.

c) Precisar el alcance de las pretensiones así como de los motivos y alegaciones de las partes y aclarar las cuestiones controvertidas entre éstas.

d) Facilitar la solución amistosa de los litigios.

3. Las diligencias de ordenación del procedimiento podrán consistir, en particular, en:

a) Formular preguntas a las partes.

b) Instar a las partes para que se pronuncien por escrito o verbalmente sobre determinados aspectos del litigio.

c) Pedir información o datos a las partes o a terceros.

d) Requerir la presentación de documentos o de cualquier escrito relacionado con el asunto.

e) Convocar a reuniones a las partes o a sus Agentes.

4. Cualquiera de las partes podrá, en cualquier fase del procedimiento, proponer la práctica o la modificación de diligencias de ordenación del procedimiento. En este caso, antes de acordar la práctica de diligencias se oirá a las otras partes.

Cuando las circunstancias del procedimiento así lo requieran, el Secretario informará a las partes de las medidas previstas por el Tribunal y les dará la oportunidad de presentar sus observaciones verbalmente o por escrito.

Sección Segunda

De las diligencias de prueba

Artículo 50

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Estatuto, serán admisibles como diligencias de prueba:

a) La comparecencia personal de las partes.

b) La solicitud de información y la presentación de documentos.

c) El examen de testigos.

d) El dictamen pericial.

e) El reconocimiento judicial.

2. Las diligencias de prueba ordenadas por el Tribunal se practicarán por el mismo o por el Juez Ponente encargado al efecto.

3. El Tribunal determinará mediante auto las diligencias de prueba que considere convenientes y los hechos que deben probarse. El Tribunal oirá a las partes antes de acordar la práctica de las diligencias de prueba a que se refieren las letras c), d) y e) del apartado 1.

El auto será notificado a las partes.

4. Podrán presentarse pruebas en contrario y podrá ampliarse la proposición de prueba.

Artículo 51

Las partes podrán asistir a las diligencias de prueba.

Sección Tercera

De la citación y del examen de testigos y peritos

Artículo 52

1. El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar el examen de testigos para la comprobación de determinados hechos. El auto del Tribunal expresará los hechos que deban probarse.

Los testigos serán citados por el Tribunal de oficio o a instancia de parte.

La parte que solicite el examen de un testigo indicará con precisión los hechos en relación con los cuales procede oírle y las razones que lo justifican.

2. Los testigos serán citados en virtud de auto del Tribunal, que contendrá:

a) Los apellidos, nombre, condición y domicilio de los testigos.

b) La indicación de los hechos sobre los que serán examinados.

c) En su caso, la mención de las medidas adoptadas por el Tribunal para el reembolso de los gastos efectuados por los testigos y de las sanciones aplicables a los que no comparezcan.

Dicho auto se notificará a las partes y a los testigos.

3. El Tribunal podrá subordinar la citación de los testigos, cuyo examen se haya solicitado por las partes, a que se deposite en la caja del Tribunal una provisión de fondos, cuya cuantía fijará aquél, para garantizar los gastos previstos.

La caja del Tribunal anticipará los fondos necesarios para el examen de los testigos citados de oficio.

Los testigos debidamente citados estarán obligados a comparecer, salvo si acreditaren ante el Tribunal causa justa.

4. Después de verificar la identidad de los testigos, el Presidente les indicará que deben refrendar sus declaraciones en la forma establecida en el presente Reglamento y que cualquier incumplimiento por su parte constituirá una infracción conforme al artículo 26 del Estatuto.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, antes de su declaración el testigo prestará el siguiente juramento:

«Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.»

El Tribunal, oídas las partes, podrá dispensar al testigo de prestar juramento.

6. Los testigos serán examinados por el Tribunal, previa citación de las partes. Tras su declaración, el Presidente, a instancia de parte o de oficio, podrá formularles preguntas.

La misma facultad tendrán los demás Jueces.

Los representantes de las partes, con la autorización del Presidente, también podrán formular preguntas a los testigos.

7. El Secretario extenderá un acta de cada examen de testigos, que contendrá, además de los datos mencionados en el apartado 2 del artículo 48, los apellidos, nombre, condición y domicilio de los testigos y que recogerá la declaración de éstos.

El acta será firmada por el Presidente o el Juez Ponente encargado de proceder a su examen, así como por el Secretario. Antes de dichas firmas, deberá ofrecerse al testigo la posibilidad de verificar el contenido del acta y de firmarla.

El acta constituirá un documento público.

Artículo 53

1. El Tribunal podrá ordenar un dictamen pericial. El auto que nombre al perito precisará el objeto del dictamen y el plazo para su presentación.

2. El perito recibirá copia del auto y de todos los documentos necesarios para cumplir su función. El Juez Ponente controlará la actuación del perito, podrá asistir a las operaciones periciales y será tenido al corriente de su desarrollo.

El Tribunal podrá requerir de las partes, o de una de ellas, una provisión de fondos para garantizar la cobertura de los gastos causados por el dictamen pericial.

3. A petición del perito, el Tribunal podrá ordenar que se proceda al examen de testigos, que serán oídos conforme a lo dispuesto en el artículo 52.

4. El perito sólo podrá emitir su dictamen sobre los extremos que le hayan sido expresamente sometidos.

5. Tras la presentación del dictamen, el Tribunal podrá ordenar que sea oído el perito, previa citación de las partes.

Los representantes de las partes, con la autorización del Presidente, podrán formular preguntas a los peritos.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, tras la presentación del dictamen, el perito prestará ante el Tribunal el siguiente juramento:

«Juro haber cumplido mi función en conciencia y con toda imparcialidad.»

El Tribunal, oídas las partes, podrá dispensar al perito de prestar juramento.

Artículo 54

1. El Presidente exhortará a las personas que deban prestar juramento ante el Tribunal en calidad de testigos o de peritos a que digan la verdad o a que cumplan su función en conciencia y con toda imparcialidad y les apercibirá sobre las consecuencias penales previstas en su legislación nacional en caso de violación de este deber.

2. Los testigos y peritos prestarán el juramento previsto en el párrafo primero del apartado 5 del artículo 52 y en el párrafo primero del apartado 6 del artículo 53, respectivamente, o en la forma prevista en su legislación nacional.

3. Si la legislación nacional de los testigos o de los peritos previera la posibilidad de que en un procedimiento judicial, además del juramento, en lugar de éste o conjuntamente con él, se haga una declaración equivalente al mismo, los testigos y los peritos podrán hacerla en las condiciones y formas establecidas en dicha legislación.

Si la legislación nacional no previera ni la posibilidad de prestar juramento ni la de hacer tal declaración se seguirá el procedimiento establecido en el apartado 1.

Artículo 55

El Tribunal podrá, con arreglo al artículo 26 del Estatuto, denunciar ante la autoridad competente, mencionada en el Anexo I, del Estado de la AELC la incomparecencia de un testigo o la violación de su juramento por parte de un testigo o de un perito.

El Secretario se encargará de transmitir la decisión del Tribunal. En la decisión se expondrán los hechos y las circunstancias en que se base la denuncia.

Artículo 56

1. Si una de las partes recusare a un testigo o a un perito por incapacidad, indignidad o cualquier otra causa o si un testigo o un perito se negare a declarar, a prestar juramento o a hacer la declaración solemne que lo sustituya, el Tribunal resolverá lo procedente.

2. La recusación de un testigo o de un perito se propondrá dentro de las dos semanas siguientes a la notificación del auto que cite al testigo o nombre al perito, mediante escrito que contenga las causas de recusación y la proposición de prueba.

Artículo 57

1. Los testigos y peritos tendrán derecho al reembolso de sus gastos de desplazamiento y estancia. La caja del Tribunal les podrá conceder un anticipo sobre los mismos.

2. Los testigos tendrán derecho a una indemnización por pérdida de ingresos y los peritos a honorarios por su trabajo. Estos conceptos les serán abonados por la caja del Tribunal tras el cumplimiento de sus deberes o de su función.

Artículo 58

1. El Tribunal, a instancia de parte o de oficio, podrá librar comisiones rogatorias para la práctica de la prueba de testigos o de peritos.

2. La comisión rogatoria se acordará mediante auto que contendrá el nombre, apellidos, condición y dirección de los testigos o peritos, precisará los hechos sobre los que deban ser oídos, indicará las partes, sus Agentes, Abogados o Asesores, así como los domicilios designados a efectos de notificaciones y expondrá brevemente el objeto del litigio.

El Secretario notificará el auto a las partes.

3. El Secretario enviará el auto a la autoridad competente, mencionada en el Anexo II, del Estado de la AELC en cuyo territorio deban ser oídos los testigos o peritos. En su caso, lo acompañará de una traducción a la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario.

La autoridad designada conforme a lo dispuesto en el párrafo primero transmitirá el auto a la autoridad judicial competente según su Derecho interno.

La autoridad judicial competente cumplimentará la comisión rogatoria conforme a lo dispuesto en su Derecho interno. Cumplimentada la comisión, dicha autoridad judicial competente la devolverá a la autoridad mencionada en el párrafo primero con los documentos que resulten de su cumplimiento y una relación de las costas. Estos documentos se enviarán al Secretario.

El Secretario se encargará de que los documentos se traduzcan al inglés.

4. El Tribunal asumirá los gastos de la comisión rogatoria, sin perjuicio de cargarlos, en su caso, a las partes.

Artículo 59

1. El Secretario extenderá acta de cada vista.

2. El acta del examen de un perito contendrá, además de los datos mencionados en el apartado 2 del artículo 48, el nombre, apellidos, condición y domicilio del perito que haya sido oído.

3. El acta será firmada por el Presidente y el Secretario y constituirá un documento público.

4. Las partes podrán examinar en la Secretaría todas las actas, así como el dictamen pericial y obtener copias a su cargo.

Capítulo Cuarto

DE LAS SENTENCIAS

Artículo 60

La sentencia contendrá:

- La indicación de que ha sido dictada por el Tribunal.

- La fecha de su pronunciamiento.

- El nombre del Presidente y de los Jueces que hayan participado en su adopción.

- El nombre del Secretario.

- La designación de las partes.

- El nombre de los Agentes, Asesores o Abogados de las partes.

- Las pretensiones de las partes.

- Una exposición concisa de los hechos.

- Los fundamentos de derecho.

- El fallo, en el que se incluirá la decisión sobre las costas.

Artículo 61

1. La sentencia será pronunciada en audiencia pública, previa citación de las partes.

2. El original de la sentencia, firmado por el Presidente, los Jueces que hayan participado en la deliberación y el Secretario, será sellado y depositado en la Secretaría; a cada una de las partes se le entregará una copia certificada.

3. El Secretario consignará en el original de la sentencia la fecha en que ha sido pronunciada.

Artículo 62

La sentencia será firme desde el día de su pronunciamiento.

Artículo 63

1. Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la interpretación de las sentencias, los errores de transcripción o de cálculo, así como las inexactitudes evidentes, podrán ser rectificados por el Tribunal, de oficio, o a instancia de parte, si esta petición se formula en el plazo de dos semanas a partir de que la sentencia se haya pronunciado.

2. El Secretario lo notificará a las partes, quienes podrán presentar observaciones escritas en el plazo fijado por el Presidente.

3. El Tribunal decidirá en reunión de carácter reservado.

4. El original del auto que ordene la rectificación se unirá al original de la sentencia rectificada, en cuyo margen se dejará constancia de dicho auto.

Artículo 64

Si el Tribunal no hubiere decidido sobre algún extremo determinado de las pretensiones o sobre las costas, cualquiera de las partes podrá solicitar que se complete la sentencia dentro del mes siguiente a su notificación.

La solicitud será notificada a la otra parte, a la que el Presidente fijará un plazo para la presentación de observaciones escritas.

Tras la presentación de estas observaciones, el Tribunal decidirá si la solicitud es admisible y fundada.

Artículo 65

El Secretario se encargará de que se publique una Recopilación de la jurisprudencia del Tribunal.

Capítulo Quinto

DE LAS COSTAS

Artículo 66

1. El Tribunal decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.

2. La parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

Si son varias las partes que pierden el proceso, el Tribunal decidirá sobre el reparto de las costas.

3. En circunstancias excepcionales o cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas.

El Tribunal podrá condenar a una parte, incluso a la vencedora, a reembolsar a la otra los gastos que le hubiere causado y que el Tribunal considere como abusivos o temerarios.

4. Los Estados de la AELC, el Órgano de Vigilancia de la AELC, la Comunidad y la Comisión de la CE, cuando intervengan como coadyuvantes en el litigio, soportarán sus propias costas.

El Tribunal podrá decidir que una parte coadyuvante distinta de las mencionadas en el párrafo precedente soporte sus propias costas.

5. La parte que desista será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte. No obstante, a petición de la parte que desista, la otra parte soportará las costas si la actitud de esta última lo justificase. En caso de acuerdo de las partes sobre las costas, se decidirá con arreglo al mismo.

Si ninguna de las partes hubiere solicitado la condena en costas, cada parte pagará las suyas.

6. En caso de sobreseimiento el Tribunal resolverá discrecionalmente sobre las costas.

Artículo 67

Los gastos que una parte haya debido realizar para la ejecución forzosa serán reembolsados por la otra parte según las tarifas vigentes en el Estado en que tenga lugar dicha ejecución.

Artículo 68

El procedimiento ante el Tribunal será gratuito, sin perjuicio de lo que a continuación se dispone:

a) El Tribunal podrá imponer el pago de los gastos que hubieran podido evitarse a la parte que los hubiera provocado.

b) Los gastos de los trabajos de copia y traducción efectuados a petición de una de las partes, que el Secretario considere extraordinarios, serán reembolsados por dicha parte según la tarifa prevista en el apartado 5 del artículo 14.

Artículo 69

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se considerarán como costas recuperables:

a) Las cantidades que deban pagarse a los testigos y peritos conforme al artículo 57 del presente Reglamento.

b) Los gastos necesarios efectuados por las partes con motivo del procedimiento, en especial los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de los Agentes, Asesores o Abogados.

Artículo 70

1. Si hubiere discrepancia sobre las costas recuperables, el Tribunal, a instancia de una de las partes y oídas las observaciones de la otra parte, decidirá mediante auto.

2. Las partes podrán pedir, a efectos de ejecución, un testimonio del auto.

Artículo 71

1. La caja del Tribunal efectuará los pagos en la moneda del país donde aquél tiene su sede.

A petición del interesado, los pagos se harán en la moneda del país donde se hayan realizado los gastos reembolsables o los actos que den lugar a dichos pagos.

2. Los demás deudores efectuarán sus pagos en la moneda de su país de origen.

3. La conversión de la moneda se efectuará según la cotización oficial el día del pago en el país donde el Tribunal tiene su sede.

Capítulo Sexto

DEL BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA

Artículo 72

1. Si una parte careciere de medios suficientes para hacer frente en todo o en parte a los gastos del proceso, podrá solicitar en cualquier momento el beneficio de justicia gratuita.

La solicitud irá acompañada de los documentos que prueben que el solicitante carece de medios y, en especial, de un certificado de la autoridad competente que lo justifique.

2. Si la solicitud se presentare con anterioridad al recurso que el solicitante se propusiere interponer, deberá exponer concisamente el objeto de dicho recurso.

La solicitud no requerirá de asistencia de Abogado.

3. El Presidente designará al Juez Ponente. El Tribunal, consideradas las observaciones escritas de la otra parte, decidirá la denegación o la concesión total o parcial del beneficio de justicia gratuita. Se denegará si la acción carece manifiestamente de fundamento.

El Tribunal decidirá mediante resolución, que no estará motivada.4. En la resolución en que acuerde conceder el beneficio de justicia gratuita, el Tribunal ordenará que se designe un Abogado para asistir al interesado.

5. Si éste no propusiere por sí mismo un Abogado o si el Tribunal estimare inaceptable su elección, el Secretario enviará una copia certificada de la resolución y una copia de la solicitud del beneficio de justicia gratuita a la autoridad competente del Estado de la AELC interesado mencionada en el Anexo III.

6. Habida cuenta de las propuestas transmitidas por esta autoridad, el Tribunal procederá a la designación de oficio del Abogado encargado de asistir al interesado.

7. En cualquier momento el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá retirar el beneficio de justicia gratuita si en el curso del proceso cambian las condiciones por las que se concedió.

8. En caso de concesión del beneficio de justicia gratuita, la caja del Tribunal anticipará los gastos.

El Tribunal decidirá sobre los desembolsos y honorarios del Abogado; si éste lo solicitare, el Presidente podrá ordenar que se le anticipe una cantidad.

El Tribunal, al decidir sobre las costas, podrá ordenar la devolución a su caja de las cantidades abonadas en concepto del beneficio de justicia gratuita.

El Secretario reclamará estas cantidades de la parte que haya sido condenada a pagarlas.

Capítulo Séptimo

DE LA RENUNCIA Y DEL DESISTIMIENTO

Artículo 73

Si, antes de que el Tribunal decida, las partes se pusieren de acuerdo sobre la solución que debe darse al litigio e informaren al Tribunal que renuncian a toda pretensión, el Presidente ordenará el archivo del asunto haciéndolo constar en el Registro y decidirá sobre las costas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 66, atendiendo, en su caso, a las propuestas hechas en tal sentido por las partes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los recursos previstos en los artículos 36 y 37 del Acuerdo.

Artículo 74

Si el demandante informare por escrito al Tribunal que desiste del procedimiento, el Presidente ordenará el archivo del asunto haciéndolo constar en el Registro y decidirá sobre las costas con arreglo al apartado 5 del artículo 66.

Capítulo Octavo

DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 75

1. Las notificaciones que deban dirigirse a un Estado de la AELC, al Órgano de Vigilancia de la AELC, a la Comunidad o a la Comisión de la CE se entenderán efectuadas en la fecha en que, en la sede del Tribunal, se haya comunicado, por envío postal certificado o por telefax, a la Delegación Permanente de tal Estado o a la Delegación Permanente de la Comisión de la CE o al Consejo de la Unión Europea o al Órgano de Vigilancia de la AELC que dicho documento está disponible en el Tribunal.

2. Las notificaciones previstas en el presente Reglamento serán cursadas por el Secretario al domicilio elegido por el destinatario, bien por envío postal certificado, con acuse de recibo, de una copia del documento que deba notificarse, bien por entrega de esta copia contra recibo.

3. Las copias del original que deba notificarse serán extendidas y certificadas por el Secretario, salvo en caso de que hayan sido presentadas por las partes conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 32.

Capítulo Noveno

DE LOS PLAZOS

Artículo 76

1. Los plazos procesales previstos en el Acuerdo, en el Estatuto y en el presente Reglamento se computarán de la siguiente forma:

a) Si un plazo expresado en días, semanas, meses o años hubiere de contarse a partir del momento en que ocurra un suceso o se efectúe un acto, el día en que se produzca dicho suceso o acto no se incluirá dentro del plazo.

b) Un plazo expresado en semanas, meses o años finalizará al expirar el día que, en la última semana, en el último mes o en el último año, tenga la misma denominación o la misma cifra que el día en que ocurrió el suceso o se efectuó el acto a partir del cual haya de computarse el plazo. Si en un plazo expresado en meses o en años el día fijado para su expiración no existiese en el último mes, el plazo finalizará al expirar el último día de dicho mes.

c) Cuando un plazo esté expresado en meses y días, se tendrán en cuenta en primer lugar los meses enteros y después los días.

d) Los plazos comprenderán los días feriados legales, los sábados y los domingos.

e) El cómputo de los plazos no se suspenderá durante las vacaciones judiciales.

2. Si el plazo concluyere en sábado, domingo u otro día feriado legal, quedará prorrogado hasta el final del siguiente día hábil.

La lista de los días feriados legales, establecida por el Tribunal, se publicará en la Sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 77

Los plazos fijados para la interposición de recursos contra un acto del Órgano de Vigilancia empezarán a correr, en caso de notificación, el día siguiente a aquél en que el interesado la hubiere recibido y, en caso de publicación, el decimoquinto día siguiente al de su inserción en la Sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 78

Los plazos fijados en virtud del presente Reglamento podrán ser prorrogados por la autoridad que los haya establecido.

Ningún plazo fijado en el Acuerdo, el Estatuto o el presente Reglamento podrá ampliarse únicamente por razón de la distancia.

El Presidente podrá delegar su firma en el Secretario para fijar determinados plazos que le corresponda establecer con arreglo al presente Reglamento o para conceder su prórroga.

Capítulo Décimo

DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Artículo 79

1. Podrá suspenderse el procedimiento mediante decisión del Presidente, oídos previamente el Juez Ponente y, salvo en las solicitudes de dictamen consultivo a que se refiere el artículo 96, las partes.

Se reanudará el procedimiento mediante auto o decisión siguiendo las mismas formalidades.

Los autos o las decisiones a los que se refiere el presente apartado serán notificados a las partes.

2. La suspensión del procedimiento surtirá efecto en la fecha señalada en el auto o en la decisión de suspensión o, si no se señalare la misma, en la fecha de dicho auto o de dicha decisión.

Durante la suspensión, no expirará ningún plazo procesal con respecto a las partes.

3. Cuando el auto o la decisión de suspensión no haya fijado su duración, la suspensión finalizará en la fecha señalada en el auto o en la decisión de reanudación del procedimiento, o si no se señalare tal fecha, en la de dicho auto o decisión.

A partir de la fecha de reanudación, los plazos procesales empezarán a correr de nuevo desde el principio.

TÍTULO TERCERO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Capítulo Primero

DE LA SUSPENSIÓN Y DEMÁS MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 80

1. La demanda de que se suspenda la ejecución de un acto del Órgano de Vigilancia conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Acuerdo sólo será admisible si el demandante hubiera impugnado dicho acto mediante recurso ante el Tribunal.

Las demandas relativas a las demás medidas provisionales previstas en el artículo 41 del Acuerdo sólo serán admisibles si se formulan por una de las partes de un asunto sometido al Tribunal y guardan relación con el mismo.

2. Las demandas mencionadas en el apartado anterior especificarán el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada.

3. La demanda se presentará mediante escrito separado y conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33.

Artículo 81

1. La demanda se notificará a la otra parte, a la que el Presidente fijará un plazo breve para la presentación de sus observaciones escritas u orales.

2. El Presidente determinará si procede ordenar el recibimiento a prueba.

El Presidente podrá acceder a la demanda incluso antes de que la otra parte haya presentado sus observaciones. Esta decisión podrá ser modificada posteriormente o revocada, incluso de oficio.

Artículo 82

El Presidente resolverá él mismo o atribuirá la demanda al Tribunal.

En caso de ausencia o impedimento del Presidente se aplicará lo dispuesto en el artículo 9 del presente Reglamento.

Si se atribuye la decisión al Tribunal, éste la adoptará posponiendo todos los demás asuntos. En lo que proceda será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 83

1. La decisión se adoptará mediante auto motivado. Dicho auto se notificará inmediatamente a las partes.

2. La ejecución del auto podrá subordinarse a que se constituya por el demandante una fianza cuyo importe y modalidades se fijarán habida cuenta de las circunstancias concurrentes.

3. Las medidas provisionales podrán adoptarse por un plazo determinado. En caso contrario quedarán sin efecto cuando se pronuncie la sentencia que ponga fin al proceso.

4. El auto tendrá un carácter meramente provisional y no prejuzgará en modo alguno la decisión del Tribunal sobre el asunto principal.

Artículo 84

A instancia de parte, el auto podrá ser modificado o revocado en cualquier momento si varían las circunstancias.

Artículo 85

La desestimación de una demanda de medidas provisionales no impedirá a la parte que la hubiera formulado presentar otra demanda fundada en hechos nuevos.

Artículo 86

La demanda de que se suspenda la ejecución forzosa de una decisión del Tribunal o de un acto del Órgano de Vigilancia, presentada al amparo del artículo 19 del Acuerdo, se regirá por las disposiciones del presente Capítulo.

El auto que estime la demanda fijará, en su caso, la fecha en que dicha medida provisional quedará sin efecto.

Capítulo Segundo

DE LOS INCIDENTES PROCESALES

Artículo 87

1. La demanda en que se solicite que el Tribunal decida sobre una excepción o un incidente sin entrar en el fondo del asunto se presentará mediante escrito separado.

Dicha demanda contendrá los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, las pretensiones y, en anexo, los documentos justificativos invocados.

2. Presentada la demanda, el Presidente fijará un plazo a la otra parte para que formule y fundamente por escrito sus alegaciones y pretensiones.

3. Salvo decisión en contrario del Tribunal, el resto del procedimiento se desarrollará oralmente.

4. El Tribunal decidirá sobre la demanda o la unirá al examen del fondo.

Si el Tribunal desestimare la demanda o la uniere al examen del fondo, el Presidente fijará nuevos plazos para que continúe el procedimiento.

Artículo 88

1. Cuando el Tribunal sea manifiestamente incompetente para conocer de una demanda o cuando ésta sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado.

2. El Tribunal podrá examinar de oficio en cualquier momento las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público y decidirá al respecto conforme a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 87.

Capítulo Tercero

DE LA INTERVENCIÓN

Artículo 89

1. La demanda de intervención sólo podrá presentarse dentro de un plazo de tres meses contado a partir de la publicación del anuncio previsto en el apartado 6 del artículo 14.

La demanda de intervención contendrá:

a) La indicación del asunto.

b) La designación de las partes principales del litigio.

c) El nombre y domicilio del coadyuvante.

d) La elección de domicilio del coadyuvante en el lugar donde el Tribunal tiene su sede.

e) Las pretensiones en cuyo apoyo solicite intervenir el coadyuvante.

f) En el caso de demandas de intervención que no sean presentadas por los Estados de la AELC, el Órgano de Vigilancia de la AELC, la Comunidad ni la Comisión de la CE, la exposición de las razones que justifican el interés del coadyuvante en la solución del litigio.

El coadyuvante estará representado conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto.

En lo que proceda se aplicará lo dispuesto en los artículos 32 y 33.

2. La demanda de intervención se notificará a las partes.

Antes de decidir sobre la demanda de intervención, el Presidente ofrecerá a las partes la posibilidad de presentar sus observaciones escritas y orales.

El Presidente decidirá sobre la demanda de intervención mediante auto o atribuirá la decisión al Tribunal.

3. Si el Presidente admitiere la intervención, se dará traslado al coadyuvante de todas las actuaciones y escritos procesales notificados a las partes. No obstante, a instancia de parte, el Presidente podrá excluir de este traslado los documentos secretos o confidenciales.

4. El coadyuvante aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.

5. El Presidente fijará el plazo dentro del cual el coadyuvante podrá presentar el escrito de formalización de la intervención.

El escrito de formalización de la intervención contendrá:

a) Las pretensiones del coadyuvante que apoyen o se opongan, total o parcialmente, a las pretensiones de una de las partes.

b) Los motivos y alegaciones del coadyuvante.

c) La proposición de prueba cuando proceda.

6. Una vez presentado el escrito de formalización de la intervención, el Presidente fijará, en su caso, un plazo a las partes para responder a dicho escrito.

Capítulo Cuarto

DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN REBELDÍA Y DE LA OPOSICIÓN

Artículo 90

1. Si el demandado, debidamente emplazado, no contestare a la demanda en la forma y en el plazo previstos, el demandante podrá pedir al Tribunal que dicte sentencia estimatoria en rebeldía.

Esta petición se notificará al demandado. El Presidente fijará la fecha de apertura de la fase oral del procedimiento.

2. Antes de dictar sentencia en rebeldía, el Tribunal examinará la admisibilidad de la demanda y verificará si se han observado debidamente las formalidades y si parecen fundadas las pretensiones del demandante. Podrá ordenar la práctica de pruebas.

3. La sentencia en rebeldía será ejecutiva. No obstante, el Tribunal podrá suspender la ejecución de la misma hasta que se haya pronunciado sobre la oposición presentada conforme al apartado 4 del presente artículo o subordinar la ejecución a que se constituya una fianza, cuyo importe y modalidades se fijarán habida cuenta de las circunstancias concurrentes; la fianza se cancelará si no se formula oposición o si ésta se desestima.

4. Contra la sentencia en rebeldía se podrá formular oposición.

La oposición se presentará dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia y en la forma prescrita en los artículos 32 y 33.

5. Notificada la oposición, el Presidente fijará a la otra parte un plazo para la presentación de sus observaciones escritas.

El procedimiento proseguirá con arreglo a lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes.

6. El Tribunal decidirá por medio de sentencia contra la que no se podrá formular oposición. El original de esta sentencia se unirá al de la sentencia en rebeldía, a cuyo margen se hará mención de la sentencia dictada sobre la oposición.

Capítulo Quinto

DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Sección Primera

De la oposición de tercero

Artículo 91

1. Los artículos 32 y 33 se aplicarán a la oposición de tercero, que deberá indicar además:

a) La sentencia impugnada.

b) Los extremos en que la sentencia impugnada perjudica los derechos del tercero oponente.

c) Las razones por las que el tercero oponente no pudo participar en el litigio principal.

La oposición se formulará contra todas las partes del litigio principal.

Si la sentencia hubiere sido publicada en la Sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas, la oposición sólo podrá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la publicación.

2. A petición del tercero oponente podrá ordenarse que se suspenda la ejecución de la sentencia impugnada. En lo que proceda se aplicará lo dispuesto en el Capítulo I del Título Tercero.

3. La sentencia impugnada será modificada en la medida en que se estime la oposición de tercero.

El original de la sentencia dictada en el procedimiento de oposición de tercero se unirá al original de la impugnada, a cuyo margen se hará mención de aquélla.

Sección Segunda

De la revisión

Artículo 92

La revisión sólo podrá solicitarse dentro de los tres meses siguientes a partir del día en que el demandante tuviere conocimiento del hecho en que se funde su demanda de revisión.

Artículo 93

1. Los artículos 32 y 33 se aplicarán a la demanda de revisión, que deberá indicar además:

a) La sentencia impugnada.

b) Los extremos de la sentencia que se impugnan.

c) Los hechos en que se funda la demanda.

d) Los medios de prueba propuestos para demostrar la existencia de hechos que justifican la revisión y el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 92.

2. La demanda de revisión se interpondrá contra todas las partes del litigio en el que se dictó la sentencia impugnada.

Artículo 94

1. A la vista de las observaciones escritas de las partes, el Tribunal, reunido con carácter reservado, decidirá mediante sentencia sobre la admisibilidad de la demanda, sin prejuzgar el fondo.

2. Si el Tribunal declarare la admisibilidad de la demanda, proseguirá el examen sobre el fondo y decidirá mediante sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

3. El original de la sentencia que acuerde la revisión se unirá al de la sentencia revisada, a cuyo margen se hará mención de aquélla.

Capítulo Sexto

DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS SENTENCIAS

Artículo 95

1. La demanda de interpretación de una sentencia se presentará conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33. En ella deberá además especificarse:

a) La sentencia que deba interpretarse.

b) Los pasajes cuya interpretación se solicita.

La demanda se interpondrá contra todas las partes del litigio en el que se dictó dicha sentencia.

2. El Tribunal, tras haber ofrecido a las partes la posibilidad de presentar sus observaciones, decidirá mediante sentencia.

El original de la sentencia interpretativa se unirá al de la sentencia interpretada, a cuyo margen se hará mención de aquélla.

Capítulo Séptimo

DE LOS DICTÁMENES CONSULTIVOS

Artículo 96

1. Los Estados de la AELC que, al amparo del artículo 34 del Acuerdo, hayan limitado en su legislación nacional el derecho a solicitar un dictamen consultivo a órganos jurisdiccionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno deberán informar al Tribunal, sin dilación, sobre dicha legislación y sus posteriores modificaciones. Esta notificación deberá acompañarse del texto de la correspondiente legislación.

2. En el caso previsto en el artículo 34 del Acuerdo, el procedimiento se regirá por lo dispuesto en el presente Reglamento sin perjuicio de las adaptaciones requeridas por la naturaleza de la solicitud de dictamen consultivo.

3. La solicitud de dictamen consultivo deberá acompañarse de una exposición concisa del litigio del que conoce el órgano jurisdiccional nacional, que contenga una descripción de los hechos del litigio, así como una exposición de los preceptos aplicables en relación con el ordenamiento jurídico nacional, a fin de que el Tribunal pueda valorar la cuestión planteada.

4. El Tribunal podrá solicitar al órgano jurisdiccional nacional, en la lengua de la solicitud de dictamen consultivo, las aclaraciones oportunas.

Artículo 97

1. Las solicitudes de los órganos jurisdiccionales nacionales mencionadas en el artículo 96 se comunicarán en versión original, acompañadas de una traducción al inglés, a los Gobiernos de los Estados de la AELC, al Órgano de Vigilancia de la AELC, a la Comunidad, a la Comisión de la CE y a las partes del litigio. Las disposiciones del artículo 20 del Estatuto relativas a los escritos de alegaciones y observaciones se aplicarán asimismo a las partes del litigio.

2. En las solicitudes de dictamen consultivo, el Tribunal tendrá en cuenta las normas de procedimiento sobre representación y comparecencia de las partes del litigio principal aplicables ante los órganos jurisdiccionales nacionales que las hayan planteado.

3. Cuando la cuestión objeto de la solicitud de dictamen consultivo sea manifiestamente idéntica a otra sobre la que el Tribunal ya haya resuelto o haya emitido un dictamen, el Tribunal, tras haber informado al órgano jurisdiccional remitente, y vistas, cuando se hayan presentado, las observaciones de los Gobiernos de los Estados de la AELC, del Órgano de Vigilancia de la AELC, de la Comunidad, de la Comisión de la CE y de las partes del litigio, podrá resolver mediante auto motivado que hará referencia a la sentencia o dictamen anterior.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado precedente, el procedimiento ante el Tribunal en solicitudes de dictamen consultivo comprenderá también una fase oral.

No obstante, una vez presentadas las alegaciones u observaciones, conforme al artículo 20 del Estatuto y al apartado 1 de este artículo, previo informe del Juez Ponente y tras haber informado a los interesados que, con arreglo a las disposiciones citadas, tengan derecho a presentar alegaciones u observaciones, el Tribunal podrá decidir de otro modo, siempre que ningún interesado de los mencionados haya solicitado presentar observaciones orales.

Antes de la fase oral del procedimiento, a los Gobiernos de los Estados de la AELC, al Órgano de Vigilancia de la AELC, a la Comunidad, a la Comisión de la CE y a las partes del litigio se les comunicará un informe del Juez Ponente. Al informe se acompañará una traducción, conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 27.

5. Corresponderá al órgano jurisdiccional nacional decidir sobre las costas del procedimiento prejudicial.

En circunstancias especiales, el Tribunal podrá conceder, a título de beneficio de justicia gratuita, una ayuda para facilitar la representación o la comparecencia de una parte. El artículo 72 será aplicable mutatis mutandis.

TÍTULO CUARTO DISPOSICIONES FINALES

Artículo 98

El presente Reglamento, auténtico en la versión redactada en inglés, se publicará en la Sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será traducido oficialmente al finlandés, alemán, islandés, noruego y sueco por los servicios del Tribunal.

ANEXO I

Lista de autoridades nacionales a las que se refiere el párrafo primero del artículo 55

AUSTRIA

Ministro de Justicia Federal

FINLANDIA

Ministro de Justicia

ISLANDIA

Ministro de Justicia y Asuntos Eclesiàsticos

NORUEGA

Ministro de Justicia y Policìa

SUECIA

Fiscalìa General

ANEXO II

Lista de autoridades nacionales a las que se refiere el párrafo primero del apartado 3 del artículo 58

AUSTRIA

Ministro de Justicia Federal

FINLANDIA

Ministro de Justicia

ISLANDIA

Ministro de Justicia y Asuntos Eclesiásticos

NORUEGA

Ministro de Justicia y Policía

SUECIA

Ministro de Asuntos Exteriores

ANEXO III

Lista de autoridades nacionales a las que se refiere el apartado 5 del artículo 72

AUSTRIA

Ministro de Justicia Federal

FINLANDIA

Ministro de Justicia

ISLANDIA

Ministro de Justicia y Asuntos Eclesiásticos

NORUEGA

Ministro de Justicia y Policía

SUECIA

Consejo General de la Abogacía