Recurso interpuesto el 26 de abril de 2001 contra el Principado de Liechtenstein por el Órgano de Vigilancia de la AELC

(Asunto E-5/01)

(2001/C 242/10)

En el Tribunal de la AELC se ha presentado el 26 de abril de 2001 un recurso contra el Principado de Liechtenstein formulado por el Órgano de Vigilancia de la AELC, representado por Peter Dyrberg, agente de dicho Órgano, 74, Rue de Trèves, B-1040 Bruselas.

La parte demandante solicita al Tribunal de la AELC que:

1. Declare que, el Principado de Liechtenstein, al no haber adoptado, dentro del plazo prescrito, las disposiciones nacionales necesarias para cumplir con el apartado 1 del artículo 3, con los artículos 4, 6 y 7, en relación con el artículo 2, del Acto mencionado en el punto 6 del anexo IX del Acuerdo EEE (Directiva 87/344/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica), adaptado por el protocolo 1 del Acuerdo EEE, ha incumplido sus obligaciones respecto al artículo 10 de dicho Acto y al artículo 7 del Acuerdo EEE.

2. Condene en costas al Principado de Liechtenstein.

Motivos y principales alegaciones:

- El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva dispone que la garantía de defensa jurídica deberá ser objeto de un contrato separado del establecido para los restantes ramos o bien de un capítulo aparte de una póliza única con indicación del contenido de la garantía de defensa jurídica y, si el Estado miembro lo requiere, de la prima correspondiente.

- El artículo 4 de la Directiva dispone que todo contrato de defensa jurídica reconocerá de forma explícita que cuando se recurra a un abogado o a cualquier otra persona que posea las cualificaciones requeridas por la legislación nacional para defender, representar o servir los intereses del asegurado, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, el asegurado tendrá la libertad de elección.

- El artículo 6 de la Directiva dispone que los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones útiles a fin de que, sin perjuicio de cualquier derecho de recurso a una instancia jurisdiccional que eventualmente hubiera previsto el derecho nacional, se prevea un procedimiento arbitral u otro procedimiento que ofrezca garantías comparables de objetividad, que permita decidir, en caso de divergencia de opiniones entre el asegurador de la defensa jurídica y su asegurado, respecto a la actitud que deba adoptarse para la solución del desacuerdo. Además, el contrato de seguro deberá mencionar el derecho del asegurador a recurrir a tal procedimiento.

- El artículo 7 de la Directiva dispone que cada vez que surja un conflicto de intereses o que exista desacuerdo respecto a la solución de un litigio, el asegurador de la defensa jurídica o, en su caso, la entidad de liquidación de siniestros, deberá informar al asegurado del derecho contemplado en el artículo 4 y de la posibilidad de recurrir al procedimiento contemplado en el artículo 6.

- Del artículo 10 del Acto, adaptado por el protocolo 1 al Acuerdo EEE, se deriva que el plazo para que Liechtenstein adoptara las medidas necesarias para cumplir con el Acto expiraba el 1 de mayo de 1995.

- Al vencimiento del plazo mencionado, Liechtenstein no había tomado las medidas legislativas necesarias para cumplir con el Acto. Tampoco había adoptado dichas medidas al finalizar el plazo establecido por el Órgano de Vigilancia de la AELC en su dictamen motivado, en el que solicitaba a Liechtenstein que adoptase las medidas necesarias para cumplir el Acto. Liechtenstein, por lo tanto, no ha cumplido con sus obligaciones de conformidad con el artículo 10 del Acto y el artículo 7 del Acuerdo EEE.