DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC N° 123/94/COL de 19 de octubre de 1994 sobre la cuarta modificación de las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

ha modificado las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales (1), adoptadas el 19 de enero de 1994 (2), modificadas en último lugar el 31 de agosto de 1994 (3), como se indica a continuación:

el capítulo 16 de las directrices para las ayudas estatales queda sustituido por el texto siguiente:

«16. AYUDAS DE SALVAMENTO Y REESTRUCTURACIÓN A EMPRESAS EN DIFICULTADES (4)

16.1. Introducción

1) El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo reconoce la necesidad de controlar de forma exhaustiva y estricta las ayudas estatales. Los efectos perjudiciales de las ayudas son aún más graves si se eliminan otros factores de falseamiento de la competencia originados en los gobiernos y los mercados se hacen más abiertos e integrados. Por lo tanto, es más importante que nunca mantener un control estricto de las ayudas estatales.

2) Se espera que a medio plazo el mercado único y el Espacio Económico Europeo ejerzan una influencia muy beneficiosa que se traducirá en una aceleración del crecimiento económico. Una gran parte del crecimiento derivado del mercado único y del Acuerdo sobre el EEE será fruto de los grandes cambios estructurales realizados en los diferentes Estados como consecuencia del citado Acuerdo. Aunque los cambios estructurales son más fáciles en una economía en expansión, tampoco en época de recesión deben los gobiernos abortar o retrasar indebidamente el proceso de ajuste estructural mediante subvenciones a unas empresas que, en la nueva situación de mercado, deberían desaparecer o reestructurarse. Estas ayudas trasladarían el peso de los cambios estructurales a otras empresas más eficaces, originándose una carrera de subvenciones.

3) Sin embargo, hay circunstancias en las que las ayudas estatales de salvamento o reestructuración para empresas en dificultades pudieran estar justificadas. Podrían concederse, por ejemplo, por razones sociales o regionales, o por la necesidad de mantener una estructura de mercado competitiva si la desaparición de algunas empresas pudiera llevar a la creación de una situación de monopolio u oligopolio restrictivo, o por las necesidades especiales o las razones de interés general de las pequeñas y medianas empresas (PYME).

4) La política de la Comisión en materia de ayudas de salvamento y reestructuración a empresas en dificultades, expuesta en el Octavo informe sobre la política de competencia de 1979 (5) y recogida en las directrices, adoptadas inicialmente por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 19 de enero de 1994, ha sido respaldada repetidamente por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (6).

5) Sin embargo, por las razones expuestas en el punto 16.1.1), el funcionamiento del acuerdo sobre el EEE exige que la política sea continuamente revisada y puesta al día. Además, debe ser precisada debido a su interacción con otras políticas, tales como las aportaciones públicas de capital (7), las transferencias financieras a empresas públicas (8) y las ayudas a las PYME (9).

16.2. Definiciones y alcance de las normas en materia de ayudas de salvamento y reestructuración

16.2.1. Definición de ayudas de salvamento y reestructuración

1) Es conveniente tratar las ayudas de salvamento de empresas y de reestructuración conjuntamente, ya que en ambos casos las autoridades públicas se enfrentan a empresas en dificultades, incapaces de recuperarse por sus propios medios u obteniendo los fondos que necesita de sus accionistas o de préstamos en el mercado; además, el salvamento y la reestructuración muchas veces son dos componentes, aunque perfectamente diferenciables, de la misma operación. La precaria situación financiera de empresas que son objeto de operaciones de salvamento a manos de los gobiernos o que reciben ayudas de reestructuración se debe en general a sus malos resultados pasados o a sus perspectivas poco halagüeñas. Los síntomas clásicos son una disminución de la rentabilidad o un aumento de las pérdidas, la reducción del volumen de negocios, el aumento de las existencias, el exceso de capacidad, el descenso del flujo de tesorería, la acumulación de deuda, el aumento de los costes de los intereses y la merma del valor de los activos netos. En los casos más graves la empresa puede haberse declarado insolvente o emprendido la liquidación.

2) No es posible establecer unos parámetros financieros precisos y universales para determinar cuándo las ayudas a una empresa son de salvamento o de reestructuración. Sin embargo, ambas situaciones muestran algunas diferencias básicas.

3) Una operación de salvamento sirve para sostener una empresa que se enfrenta a un deterioro importante de su situación financiera que se traduce en una crisis aguda de liquidez o en la insolvencia técnica; se lleva a cabo un análisis de las circunstancias que hubieran provocado los problemas de la empresa y se elabora un plan para intentar resolverlos. Dicho de otra forma, las ayudas de salvamento proporcionan un breve respiro, de una duración generalmente no mayor de seis meses, a una empresa con problemas financieros, siempre que a largo plazo pueda resolverse su situación.

4) Por su parte, la reestructuración forma parte de un programa realista, exhaustivo y coherente para restaurar la viabilidad a largo plazo de una empresa. La reestructuración suele suponer uno más de los siguientes componentes: reorganización y racionalización de las actividades de la empresa para lograr una mayor eficacia, lo que suele conllevar la retirada de actividades que ya no son rentables o que generan pérdidas, reestructuración de las actividades que pueden volver a ser competitivas y, posiblemente, desarrollo o diversificación de nuevas actividades. La reestructuración financiera (aportaciones de capital, reducción de la deuda) suele acompañar a la reestructuración física. Los planes de reestructuración deben tener presentes, entre otras cosas, las circunstancias que hubieran originado los problemas de la empresa, la oferta y demanda en el mercado de los productos de que se trate, así como su evolución, y los puntos fuertes y débiles de la empresa. Estos planes proporcionan una transición ordenada de la empresa hacia una nueva estructura que le confiere una viabilidad a largo plazo y le permite seguir funcionando con arreglo a sus propios recursos, sin necesitar la asistencia del Estado.

16.2.2. Aspectos sectoriales

1) El Órgano de Vigilancia de la AELC sigue, respecto a las ayudas de salvamento y reestructuración, la misma política que establece el presente capítulo para todos los sectores (10). Sin embargo, en sectores dotados de una normativa específica sobre ayudas estatales, lo dispuesto en el presente capítulo se aplicará únicamente si concuerda con la citada normativa sectorial específica. En la actualidad hay normas especiales sobre ayudas en los sectores del acero, textil y de la confección, fibras sintéticas, vehículos de motor y transportes.

16.2.3. Aplicación del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo sobre el EEE

1) Por las razones citadas en el punto 16.1.1), las ayudas estatales de salvamento y reestructuración a empresas en dificultades tienden, por su propia naturaleza, a falsear las condiciones de competencia y afectar al comercio entre Partes contratantes. Por lo tanto, y de forma general, entra en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo sobre el EEE y requiere la concesión de una exención.

2) La única excepción general es que la ayuda sea de una cuantía tan pequeña que no tiene repercusiones significativas en el comercio entre Estados. La cuantía de estas ayudas, denominadas de minimis ha sido establecida en 50 000 ecus para cada una de las dos grandes categorías de gastos (inversiones y otros gastos), cualquiera que sea el origen de las ayudas, para cualquier programa con una duración superior a tres años (11). La norma de minimis no puede aplicarse en sectores sujetos a normas específicas (12).

3) Las ayudas de reestructuración pueden adoptar muchas formas, entre ellas aportaciones de capital, liquidación de deuda, préstamos, bonificaciones de interés, desgravaciones fiscales o reducciones de la aportación a la seguridad social y garantías de préstamos. Tratándose de operaciones de salvamento, sin embargo, deben limitarse a préstamos a tipos de interés de mercado y garantías de préstamos [véase el punto 16.3.1.1)]. Las ayudas pueden proceder de cualquier nivel de gobierno (central, regional o local) o "empresa pública", según la define el artículo del citado en el punto 1 del Anexo XV del Acuerdo sobre el EEE (13). Por ejemplo, las ayudas de salvamento o reestructuración pueden proceder de holdings del Estado o de sociedades públicas de cartera (14).

4) El método utilizado por el Órgano de Vigilancia de la AELC para determinar si las aportaciones de capital nuevo a empresas que ya son estatales, o que se hacen parcial o totalmente estatales como resultado de la operación, son constitutivas de ayudas, es el recogido en el capítulo 20 de las presentes directrices. Se trata del principio del inversor en una economía de mercado, que consiste en que, si pueden considerarse razonables las aportaciones financieras o las concesiones de garantía facilitadas por un inversor privado que opera en una economía de mercado, éstas no son constitutivas de ayuda.

5) Pero si los fondos son concedidos o garantizados por el Estado a una empresa que se encuentra en una situación financiera crítica, hay una presunción de que las transferencias financieras son constitutivas de ayuda estatal. Por lo tanto, dichas transacciones deben ser notificadas previamente al Órgano de Vigilancia de la AELC, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 1 del Protocolo n° 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción. La presunción de ayuda estatal será sistemática si el sector se encuentra en dificultades o se atraviesa una situación de exceso de capacidad estructural.

6) La evaluación de las ayudas de salvamento o reestructuración no es afectada por cambios en la propiedad de la empresa beneficiaria. Por lo tanto, no sería posible escapar al control transfiriendo la empresa a un nuevo propietario o entidad jurídica.

16.2.4. Criterios de exención

1) Los apartados 2 y 3 del artículo 61 del Acuerdo sobre el EEE dan la posibilidad de conceder exenciones a ayudas incursas en la prohibición del apartado 1 del artículo 61. La única base jurídica para la exención de ayudas de salvamento y reestructuración a empresas en dificultades [excluidos los casos de desastres nacionales o acontecimientos excepcionales, que pueden acogerse a la exención de la letra b) del apartado 2 del artículo 61, por lo que son irrelevantes en el caso que nos ocupa] es la letra c) del apartado 3 del artículo 61. Con arreglo a esta disposición, el Órgano de Vigilancia de la AELC puede autorizar "las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés común".

2) El Órgano de Vigilancia de la AELC considerará que las ayudas de salvamento y reestructuración pueden contribuir al desarrollo de la actividad económica sin afectar negativamente al comercio entre partes contratantes si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3 del capítulo 16, por lo que las autorizará bajo dichas condiciones. Cuando las empresas beneficiarias de las ayudas de salvamento o reestructuración estén situadas en zonas asistidas, el Órgano de Vigilancia de la AELC tendrá en cuenta las consideraciones de índole regional citadas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 61, como se señala en el punto 16.3.2.3.

16.3. Condiciones generales de autorización de ayudas de salvamento y reestructuración

16.3.1. Ayudas de salvamento

1) Para ser aprobadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC, las ayudas de salvamento, tal como han sido definidas anteriormente, han de cumplir hasta el final las siguientes condiciones básicas (15):

- deben revestir la forma de ayudas en efectivo, mediante garantías crediticias o préstamos a los intereses comerciales normales;

- deben limitarse al importe que precisen las empresas para mantenerse en activo (por ejemplo, para hacer frente a los costes salariales o a los suministros rutinarios);

- deben concederse tan sólo durante el tiempo preciso (normalmente seis meses) (16) para concebir las medidas de recuperación que resulten pertinentes y factibles;

- deben justificarse por graves dificultades sociales; el mantenimiento de la empresa no ha de producir efectos adversos sobre la situación industrial en otros Estados de la AELC o en los Estados miembros de la Comunidad Europea (CE).

2) Otra condición es la de que, en principio, la operación de salvamento es única. Una serie de operaciones de salvamento que simplemente mantienen el status quo, retrasando lo inevitable, y repercutiendo mientras tanto los problemas técnicos o sociales a otras empresas más eficaces o a otros Estados de la AELC o de la CE, es inaceptable. Normalmente las ayudas de salvamento deben estar constituidas por una operación única que tiene lugar en un período limitado en el que es posible evaluar el futuro de la empresa.

3) Las ayudas de salvamento no tienen por qué concederse de una sola vez. Pudiera resultar conveniente repartir el pago de la ayuda en varios plazos, lo que haría posible hacer evaluaciones diferentes que tendrían en cuenta los diferentes condicionantes externos, que pueden cambiar, y que permitirían guiar a la empresa en dificultades para que adoptara un determinado curso.

4) En la aplicación de las citadas condiciones a las PYME, el Órgano de Vigilancia de la AELC tendrá en cuenta las características de las diferentes empresas dentro de su categoría.

5) La aprobación de las ayudas de salvamento se entenderán sin perjuicio de la aprobación de otras eventuales ayudas dentro de un plan de reestructuración, que deberá ser evaluado de acuerdo con sus propios méritos.

16.3.2. Ayudas de reestructuración

16.3.2.1. Norma general

Las ayudas de reestructuración plantean algunos problemas especiales, ya que pueden trasladar parte de la carga del ajuste estructural y de los problemas técnicos y sociales concomitantes a otros productores que han conseguido mantener la rentabilidad sin ayudas o a otros Estados miembros de la AELC o de la CE. Por lo tanto, el principio general será el de que las ayudas de reestructuración sólo se permitirán cuando pueda demostrarse que su aprobación es compatible con el funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE. Esto sólo será posible cuando se cumpla una serie de criterios estrictos y se tengan presentes todos los posibles efectos falseadores de las condiciones de competencia de las ayudas.

16.3.2.2. Condiciones generales

1) No obstante las disposiciones especiales sobre zonas asistidas y ayudas a las PYME anteriormente señaladas, para que el Órgano de Vigilancia de la AELC autorice las ayudas deberá existir un plan de reestructuración que satisfaga las siguientes condiciones generales:

a) Restablecimiento de la viabilidad

La condición sine qua non que deben cumplir todos los planes de reestructuración es que se restablezca la viabilidad a largo plazo y la rentabilidad de la empresa dentro de un período razonable y sobre la base de unas previsiones realistas de las futuras condiciones de funcionamiento. Consiguientemente, las ayudas de reestructuración deben ir vinculadas a un programa detallado de reestructuración o reconversión presentado ante el Órgano de Vigilancia de la AELC. El plan debe restablecer la competitividad de la empresa en un período razonable. Las mejoras deberán ser la consecuencia de medidas de carácter interno contenidas en el propio plan de reestructuración y sólo podrán basarse en factores externos tales como la evolución de los precios o la demanda, factores sobre los que la empresa no tiene un influjo real, si los supuestos de partida sobre el mercado son aceptables. Una reestructuración eficaz supondrá el abandono de las actividades no rentables estructuralmente.

Para que se cumpla el criterio de la viabilidad el plan de reestructuración deberá garantizar que la empresa sea capaz de correr con todos sus gastos, incluidos la depreciación y los gastos financieros, y de generar una rentabilidad mínima del capital de modo que, tras la operación de reestructuración, la firma ya no necesite más ayudas estatales y pueda competir en el mercado por sí sola. Al igual que las ayudas de salvamento, normalmente sólo se concederán una vez.

b) Las ayudas y la defensa de las condiciones de competencia

Otra condición que deben cumplir las ayudas de reestructuración es que se tomen medidas para compensar en lo posible los efectos adversos sobre los competidores. De lo contrario, las ayudas serían «contrarias al interés común» y no podrían ser objeto de exención con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 61.

Cuando tras una evaluación objetiva de la situación de la oferta y la demanda se haya registrado un exceso estructural de la capacidad de producción en un determinado mercado del territorio cubierto por el Acuerdo sobre el EEE en el que opera el beneficiario, el plan de reestructuración deberá prever una contribución proporcional a la cantidad de ayuda recibida y destinada a la reestructuración del sector que opera en el citado mercado mediante una reducción o cierre irreversibles de capacidades. Se considerará que una reducción o cierre tiene carácter irreversible cuando los bienes de equipo pertinentes son eliminados, incapacitados permanentemente de producir al ritmo anterior o dedicados de firma permanente a otro uso. En este caso la venta de capacidades a otros competidores no es suficiente, excepto si el centro de producción es vendido en una parte del mundo en la que su utilización continuada no puede afectar de forma significativa a la situación de la competencia en el territorio cubierto por el Acuerdo sobre el EEE.

El principio de la exigencia de una reducción de capacidad proporcional podrá aplicarse de forma más flexible si dicha reducción pudiera causar un deterioro manifiesto de la estructura del mercado; tal sería el caso por ejemplo, ante la creación de un monopolio o de una situación de oligopolio estricto.

Por otro lado, cuando no exista un exceso estructural de capacidad de producción en un determinado mercado del territorio cubierto por el Acuerdo sobre el EEE en el que opera el beneficiario, el Órgano de Vigilancia de la AELC no exigirá como principio una reducción de la capacidad como contrapartida de la ayuda. Sin embargo, habrá que garantizar que la ayuda se destine únicamente al restablecimiento de la viabilidad de la empresa y que no permita que el beneficiario aumente la capacidad de producción durante el período de ejecución del plan de reestructuración, excepto en lo esencial para el restablecimiento de la viabilidad y sin falsear indebidamente las condiciones de la competencia. Para garantizar que las ayudas no afecten a éstas en una medida contraria al interés común, el Órgano de Vigilancia de la AELC podrá imponer las condiciones y obligaciones que estime necesarias.

c) Proporcionalidad entre las ayudas y los costes y beneficios de la reestructuración

La cuantía e intensidad de las ayudas habrán de limitarse al mínimo estricto necesario para llevar a cabo la operación de reestructuración y deberá estar en consonancia con los beneficios esperados. Por lo tanto, se espera que los beneficiarios realicen por su parte una contribución significativa al plan de reestructuración mediante recursos propios o mediante fondos obtenidos en el mercado. Para limitar posibles efectos de falseamiento de la competencia, la ayuda deberá ser concedida de tal forma que se evite que la empresa se encuentre con un gran flujo de tesorería que podría utilizar en actividades agresivas no vinculadas al proceso de reestructuración y que podrían falsear las condiciones del mercado. Tampoco deben destinarse las ayudas a financiar nuevas inversiones no necesarias para la operación de reestructuración. Las ayudas de reestructuración financiera no deberán reducir indebidamente las obligaciones financieras de la empresa.

Si las ayudas se destinan a liquidar la deuda fruto de anteriores pérdidas, deberán anularse todas las ventajas de índole fiscal ligadas a las pérdidas, evitando su mantenimiento a cambio de futuros beneficios o su venta o transferencia a terceras partes, ya que en tales casos la empresa recibiría ayudas por partida doble.

d) Ejecución del plan de reestructuración en su integridad y observancia de todas sus condiciones

La empresa deberá llevar a la práctica en su integridad el plan de reestructuración presentado ante el Órgano de Vigilancia de la AELC y aprobado por ella y deberá cumplir cualquier obligación que le hubiera impuesto él mismo. De no ser así, y a no ser que la decisión original sea modificada de resultas de una nueva notificación realizada por el Estado afectado de la AELC, el Órgano de Vigilancia de la AELC tomará las medidas necesarias para garantizar la plena ejecución del plan de reestructuración. Una de tales medidas puede ser la recuperación de las ayudas que se consideraran incompatibles con el funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE.

e) Seguimiento e informe anual

Se seguirán de cerca la ejecución, evolución y resultados positivos del plan de reestructuración mediante la presentación de unos informes anuales deberá contener toda la información necesaria para permitir al citado Órgano un seguimiento de la puesta en práctica del programa de reestructuración por ella autorizado, de la recepción de la ayuda por parte de la empresa, de la situación financiera de esta última y de la observancia de las condiciones y obligaciones contenidas en la decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC por la que se hubieran aprobado las ayudas. Cuando sea necesaria una confirmación puntual de ciertas informaciones de importancia, tales como cierres, reducción de capacidades, etc., el Órgano de Vigilancia de la AELC podrá exigir la presentación de informes más frecuentes.

16.3.2.3. Condiciones para las ayudas de reestructuración en zonas asistidas

1) Al evaluar las ayudas de reestructuración en zonas asistidas, el Órgano de Vigilancia de la AELC tendrá presentes las necesidades de desarrollo regional. Sin embargo, el hecho de que una empresa en dificultades esté situada en una zona asistida no justifica una excesiva permisividad a la hora de conceder las ayudas de reestructuración. A medio o largo plazo no redunda en beneficio de una región que se sostengan artificialmente empresas que, por razones estructurales o de otro tipo, están condenadas al fracaso.

2) Por otro lado, dado que los recursos nacionales destinados al desarrollo regional son limitados, a las propias regiones les conviene que dichos recursos se destinen a desarrollar cuanto antes actividades alternativas viables y duraderas. Finalmente, el falseamiento de las condiciones de la competencia deben limitarse al máximo incluso tratándose de ayudas a empresas en zonas asistidas.

3) Por ello, los criterios recogidos en el punto 16.3.2.2 deben aplicarse también a las zonas asistidas, aún en el caso de que se barajen consideraciones de desarrollo regional. Ante todo, el resultado de toda operación de reestructuración debe ser una empresa económicamente viable que contribuya al desarrollo real de la región sin necesitar continuamente de ayudas. Por ello, las aportaciones de capital repetidas no deberán ser tratadas de forma más flexible que en zonas no asistidas. Del mismo modo, los planes de reestructuración deben ser objeto de comprobaciones y seguimiento. Para evitar un falseamiento de las condiciones de la competencia, las ayudas deberán ser proporcionales a los costes y beneficios de la reestructuración. En zonas asistidas y tratándose de mercados con un exceso de capacidad estructural, podría mostrarse mayor flexibilidad respecto al requisito de reducción de las capacidades. Si así lo aconsejan las consideraciones de desarrollo regional, el Órgano de Vigilancia de la AELC podrá exigir una reducción de capacidad menor en zonas asistidas que en zonas no asistidas, y podrá distinguir en zonas que pueden acogerse a ayudas regionales con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo sobre el EEE o con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 61 con el fin de compensar la especial gravedad de los problemas en las primeras.

4) Toda ayuda destinada a nuevas inversiones no exigidas por el plan de reestructuración deberán ajustarse a los límites de las ayudas regionales admitidos por el Órgano de Vigilancia de la AELC.

16.3.2.4. Ayudas de reestructuración a pequeñas y medianas empresas

1) Siempre que se respeten unos límites máximos de intensidad, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas suelen afectar a las condiciones de competencia menos que a las empresas de más envergadura, y los efectos negativos sobre la competencia suelen ser compensados por ventajas económicas evidentes (17). Lo mismo cabe decir de las ayudas de reestructuración. Consiguientemente, el Órgano de Vigilancia de la AELC podrá adoptar una postura menos restrictiva cuando tales ayudas vayan destinadas a las PYME.

2) A efectos de la aplicación de las normas sobre las ayudas a las PYME, recogidas en el punto 10 de las presentes directrices, se establece una definición uniforme de PYME para las ayudas estatales por este concepto.

3) Tratándose de las PYME, el Órgano de Vigilancia de la AELC no exigirá que las ayudas de reestructuración cumplan las condiciones estrictas que deben observar las operaciones de reestructuración de grandes empresas, especialmente en lo que se refiere a la reducción de capacidades y a las obligaciones de información.

16.3.2.5. Ayudas para sufragar los costes sociales de la reestructuración

1) Los planes de reestructuración suelen implicar la reducción o el abandono de las actividades en cuestión. Por razones de racionalización y eficacia, a menudo es necesario llevar a cabo un reposicionamiento de las actividades de la empresa, independientemente de la reducción de capacidad que pudiera exigirse como contrapartida de la concesión de ayudas, caso de que el sector atraviese una situación de exceso de capacidad estructural. Cualquiera que sea la razón por la que se adoptan, estas medidas llevan en general a una reducción de la plantilla de la empresa.

2) Los Estados de la AELC y los Estados miembros de la CE podrán promulgar una legislación laboral por la que se creen regímenes generales de seguridad social en los que las indemnizaciones por despido o las pensiones de jubilación anticipada sean abonadas directamente a los trabajadores sobrantes. Estos regímenes no deberán considerarse ayudas estatales comprendidas en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 61, siempre que el Estado trate directamente con los trabajadores, sin participación de la empresa.

3) A parte de las indemnizaciones directas por despido y las prestaciones de jubilación anticipada, existen numerosos regímenes generales de protección social en los que el Gobierno corre con el coste de los subsidios que la empresa proporciona a los trabajadores sobrantes, y que van más allá de sus obligaciones estatutarias o contractuales. Cuando estos regímenes se concedan con carácter general y sin limitaciones de índole sectorial a cualquier trabajador que cumpla una serie de criterios automáticos y previamente definidos, no serán constitutivos de ayuda con arreglo al apartado 1 del artículo 61, en caso de empresas en proceso de reestructuración. Pero si los regímenes sólo apoyan la reestructuración de sectores particulares, podrían ser constitutivos de ayuda debido a lo selectivo de su utilización.

4) Las obligaciones que toda empresa tiene con arreglo a la legislación laboral o a los convenios colectivos celebrados con los sindicatos a la hora de conceder indemnizaciones de despido o pensiones de jubilación anticipada son parte de los costes normales de las empresas y tienen que ser soportados por cada una de ellas. Por lo tanto, cualquier contribución del Estado a estos costes debe ser considerada ayuda, y ello independientemente de si los pagos se efectúan directamente a la empresa o son abonados a los trabajadores a través de un organismo estatal.

5) La actitud del Órgano de Vigilancia de la AELC respecto a estas ayudas es favorable, ya que se producen unos beneficios económicos que van más allá de los intereses de la empresa interesada, facilitan el cambio estructural y reducen las penalidades características de estas operaciones, y a menudo simplemente igualan las obligaciones que las legislaciones nacionales imponen a las empresas.

6) Aparte de los costes de las indemnizaciones de despido y de las pensiones de jubilación anticipada, a menudo se conceden ayudas de reestructuración destinadas a la formación, el asesoramiento y la asistencia práctica en la contratación de nuevo personal, el asesoramiento respecto a la relocalización de la empresa y la formación profesional y asistencia técnica a empleados que quieran crear su propio negocio. El Órgano de Vigilancia de la AELC suele adoptar una actitud favorable ante tales ayudas.

7) Las ayudas destinadas a medidas de carácter social a favor de trabajadores que hubieran abandonado la empresa como consecuencia de la operación de reestructuración no deberán tenerse en cuenta a la hora de determinar la reducción de capacidad contemplada en el anterior apartado 16.3.2.2.b).

16.4. Programas de salvamento o reestructuración de PYME

1) Tratándose de PYME según la definición del punto 10.2, el Órgano de Vigilancia de la AELC está dispuesto a autorizar programas de asistencia en operaciones de salvamento o reestructuración. El plazo de autorización será el normal de dos meses a partir de la recepción de la información completa, a no ser que el programa pueda acogerse al procedimiento de aprobación acelerada, en cuyo caso el Órgano de Vigilancia de la AELC contará con 20 días hábiles (18). Los programas deberán determinar claramente qué empresas pueden ser beneficiarias, en qué circunstancias se concederían las ayudas de salvamento o reestructuración y cuál sería el importe máximo de las ayudas. Una condición para la aprobación será la elaboración de un informe anual sobre la ejecución del programa en la que se incluyan los datos recogidos en el punto 30 y en los Anexos III y IV de las presentes directrices. Los informes deberán incluir una lista individual de todas las empresas beneficiarias, facilitando el nombre de la compañía, el código sectorial [de acuerdo con el código NACE de clasificación sectorial de dos cifras (19)], número de empleados, volumen de negocios anual, cuantía de la ayuda en los diferentes años, confirmación respecto a la recepción de ayudas de salvamento o reestructuración en los dos años anteriores y, en caso afirmativo, importe total anteriormente concedido.

2) Toda concesión de ayudas de salvamento o reestructuración de PYME fuera de un programa autorizado deberá notificarse individualmente al Órgano de Vigilancia de la AELC, como en el caso de las empresas de mayor tamaño. Las ayudas o los programas de ayuda de salvamento o reestructuración de empresas que cumplan la condición de la norma de minimis (véase el punto 16.2.3) no deberán notificarse.

16.5. Duración y revisión de las normas

En los siguientes tres años a la fecha de su adopción, el Órgano de Vigilancia de la AELC aplicará las presentes normas en la evaluación de las ayudas de salvamento o reestructuración de empresas con dificultades. Antes de que se agote dicho período llevará a cabo una revisión de las mismas.».

Hecho en Bruselas, el 19 de octubre de 1994.

Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

El Presidente

Knut ALMESTAD

(1) En lo sucesivo, «directrices para las ayudas estatales».

(2) DO n° L 231 de 3. 9. 1994, p. 1.

(3) DO n° L 263 de 13. 10. 1994, p. 22.

(4) El presente capítulo corresponde a las Directrices comunitarias para las ayudas estatales de salvamento y reestructuración a empresas en dificultades, adoptadas el 27 de julio de 1994 (no publicada aún en el Diario Oficial en el momento de la adopción de este texto).

(5) Apartados 227-228 y 177 (véase el punto 33 del Anexo XV del Acuerdo sobre el EEE).

(6) Véase, en particular, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) 14 de febrero de 1990, asunto C-301/87, Francia/Comisión (1990), Rec. I-307 (Boussac); TJCE 21 de marzo de 1990, asunto C-142/87, Bélgica/Comisión (1990), Rec. I-959 (Tubemeuse); TJCE 21 de marzo de 1991, asunto C-303/88, Italia/Comisión (1991), Rec. I-1433 (ENI-Lanerossi) (1991), Rec. I-1603; TJCE 21 de marzo de 1991, asunto C-305/89, Italia/Comisión (Alfa Romeo). Véase también TJCE 14 de noviembre de 1984, asunto 323/82, Intermills/Comisión (1984), Rec. 3809; TJCE 13 de marzo de 1985, asuntos 296/82 y 318/82, Países Bajos y Leeuwarder Papierwarenfabriek/Comisión (1985), Rec. 809; TJCE 10 de julio de 1986, asunto 234/84, Bélgica/Comisión (1986), Rec. 2263 (Meura).

(7) Véase el punto 19 de las presentes directrices.

(8) Véase el punto 20 de las presentes directrices.

(9) Véase el punto 10 de las presentes directrices.

(10) Véase la parte III de las presentes directrices.

(11) Véase el punto 12 de las presentes directrices, relativo a la aplicación y ejecución de la norma de minimis.

(12) Véase el punto 16.2.2.1).

(13) Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas.

(14) Véase TJCE 22 de marzo de 1977, asunto 78/76, Steinike und Weinlig/Alemania (1977), Rec. 595; Crédit Lyonnais/Usinor-Sacilor, nota de prensa de la Comisión IP(91) 1045.

(15) Las condiciones están recogidas en el punto 16 de las presentes directrices, adoptadas inicialmente por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 19 de enero de 1994, y corresponden al punto 228 del Octavo Informe de la Comisión sobre la política de competencia, relativo al control de las ayudas de salvamento y reestructuración.

(16) Si el Órgano de Vigilancia de la AELC se encuentra todavía investigando el plan de reestructuración al expirar el período para el que se hubieran autorizado las ayudas, considerará favorablemente la prórroga de las ayudas de salvamento hasta que hubieran terminado las investigaciones (véase Décimo Tercer Informe sobre la política de competencia, punto 527).

(17) Véase el punto 10, normas para las ayudas a las pequeñas y medianas empresas.

(18) Véase el punto 11 de las presentes directrices.

(19) Nomenclatura de actividades económicas de la Comunidad Europea, publicada por la Oficina estadística de las Comunidades Europeas.»