PRIMERO. - La parte dispositiva del Auto apelado es del tenor literal
siguiente: "PRIMERO. - Se declara la incompetencia territorial de este
Juzgado para conocer de la demanda presentada por el Sr. Ignacio Arroyo
Martínez, en nombre y representación de RAMOS & ARROYO ABOGADOS
SCP, frente a Edemiro y Carmen, sobre Monitorios. SEGUNDO. - Se
considera territorialmente competente a los Juzgados de Niza (Francia).
TERCERO. - Archívense las presentes actuaciones sin más trámite.".
SEGUNDO. - Contra el anterior Auto se interpuso recurso de apelación
por Ramos & Arroyo Abogados SCP mediante su escrito motivado. No
existiendo parte contraria comparecida fueron elevados los autos a
esta Superioridad dende se procedió a dar el trámite correspondiente,
señalándose para votación y fallo el día 30 de septiembre de 2010.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Los demandantes, utilizando el formulario expreso existente
al efecto y al amparo de lo que previene el Reglamento 1896/2006 del
Parlamento Europeo, interpusieron demanda de juicio monitorio contra los
Sres. Edemiro y Carmen con domicilio en la ciudad de Niza.
El Juzgado rechazó la solicitud por entender que el Juzgado de Barcelona
era incompetente territorialmente por lo que acuerda el archivo de las
actuaciones.
SEGUNDO. - La exposición de motivos del Reglamento (CE) 1896/2006
por el que se establece un proceso monitorio europeo opcional y
alternativo a otros procedimientos de derecho interno (art. 1.2) indica
por un lado que el cobro rápido y eficiente de los créditos que no son
objeto de controversia jurídica es de vital importancia en la comunidad
y que el proceso monitorio juega un relevante papel en la consecución
de tal propósito. Y precisamente porque la diferencia de legislaciones
procesales nacionales ofrecía dificultades a la utilización de este cauce
procesal, es por lo que se promulgó esta norma que ya es vigente en
toda la Comunidad Europea y que trata de resolver las dificultades de
reclamaciones de asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios
no impugnados. Desgraciadamente la resolución apelada es claro
exponente de la necesidad de promulgación de una norma legal expresa
relativa al proceso monitorio transfronterizo europeo, en la medida que la
decisión que se recurre se aferra a aquellos aspectos de derecho interno
(como es la competencia territorial del Juzgado) para no dar lugar al
mismo. La argumentación de igualdad de los ciudadanos de la Unión
Europea, en el sentido de sujetarlos a todos a la ley nacional interna
española que no permitiría nunca una reclamación transfronteriza, no
puede ser más desafortunada porque tal decisión, de mantenerse, lo que
produciría es precisamente la desigualdad de los ciudadanos españoles
en la Unión, porque no podrían hacer valer el proceso monitorio en
reclamaciones transfronterizas contra sus deudores mientras que en
cambio sí tendrían que soportar las reclamaciones monitorias interpuestas
contra ellos por acreedores de otros países de la Unión en los que los
jueces, como es comprensible, los despachan conforme a derecho.
TERCERO. - Es evidente que estamos ante una reclamación
transfronteriza tal como se define en el art. 2 del Reglamento de juicio
monitorio europeo por lo que es de aplicación el reglamento invocado
por los demandantes que es norma vigente y específica, que por lo tanto
tiene aplicación preferente sobre cualquier otra norma genérica.
Pues bien, uno de los principales puntos del Reglamento es determinar
precisamente la competencia judicial y a ello dedica su art. 6 que remite
al Reglamento (CE) 44/2001 salvo que se tratara de contratos con
consumidores para finalidades que puedan considerarse ajenas a su
actividad profesional. En el presente caso la reclamación se funda en unos
servicios de asistencia legal prestados a los demandados en el contexto
de una actuación aparentemente relacionada con su actividad profesional
y, por su lado, el art. 5 del Reglamento (CE) 44/2001 establece que,
en materia contractual, es competente el tribunal del lugar en que
hubiera sido o debiera ser cumplida la obligación que sirviere de base a
la demanda, puntualizando seguidamente que cuando se tratare de una
prestación de servicios, es el del lugar del estado miembro en el que,
según el contrato, hubieran sido o debieran haber sido prestados los
servicios. Por lo tanto, el Juzgado de Barcelona no sólo tiene jurisdicción
sino también competencia territorial para despachar el juicio monitorio
europeo, por ser el lugar de prestación de los servicios y resultar tal
cuestión de una normativa legal vigente y específica para esta situación.
El hecho de que la solicitud se dirija contra dos personas, no se observa
presente especial dificultad procesal dado que existe una misma causa de
pedir, existe igualdad de domicilio de requerimiento y las cantidades que
se solicitan de cada uno son independientes.
PARTE DISPOSITIVA
Se estima el recurso de apelación interpuesto por RAMOS & ARROYO
ABOGADOS SCP contra el auto del Juzgado de Primera Instancia nº 50 de
Barcelona en fecha 12 de abril pasado, y en consecuencia:
Se deja sin efecto el pronunciamiento relativo a la falta de competencia
del Juzgado, debiendo despachar el Juzgado la solicitud presentada en la
forma prevista en el Reglamento (CE) 1896/2006 y en particular en su
art. 12.