PRIMERO. - Por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Tolosa se dictó
Auto de fecha 26 de marzo de 2007, cuya parte parte dispositiva dice así:
"1.- Accediendo a lo solicitado por el Procurador Sr/a. CHIMENO
RODRIGUEZ en nombre y representación de DI GERALD GAIGG, SE
OTORGA LA EJECUCIÓN EN ESPAÑA de la sentencia dictada por el
Juzgado Mercantil de Innsbruck (Austria) el 15 de mayo de 2006 en el
procedimiento Exp. No. 5 Cg 25/06i sobre cambio de una cosa viciosa..
2.- Se otorga la ejecución contra PRODEMA S.A..
3.- El pronunciamiento a ejecutar es el siguiente:
a) - Sanear el vicio mediante un cambio de los 67 tableros existentes de
portada PRODEMA BAQ +, color marron tostado, formato 2440 x 1220 x 8
milímetros por nuevos tableros de portada intactos el mismo tipo y color
de manera que los nuevos tableros de portada serán entregados dentro
de los 50 días a la empresa Schafferer Holzbau S.A., Ausserweg 61 b,
6143 Matrei/Navis, Austria y
b) pagar el importe de EUR 32.485,80 incluidos intereses de 4 % desde el
20. 12. 2005 dentro 14 días y reembolsar los gastos jurídicos fijados con
EUR 3.267,14 en manos de los representantes de la demanda.
4.- Notifíquese esta resolución a la parte solicitante y a la parte contra la
que se ha solicitado la ejecución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Esta resolución puede ser recurrida por la parte
contra la que se ha solicitado la ejecución en el plazo de (un mes ó dos
meses) (artículo 43.1 y 5 del Reglamento)".
SEGUNDO. - El 19 de abril de 2007 se dictó auto de aclaración de la
resolución anteriormente mencionada, cuya parte dispositiva dice así:
"1.- Se estima la petición formulada por DI GERALD GAIGG de aclarar
el auto dictado en el presente procedimiento con fecha 26 de marzo de
2007, en el sentido que se solicita.
2.- La Parte Dispositiva de la referida resolución queda definitivamente
redactada de la siguiente forma:
Accediendo a lo solicitado por el Procurador Sr/a. CHIMENO RODRIGUEZ
en nombre y representación de DI GERALD GAIGG, SE OTORGA LA
EJECUCIÓN EN ESPAÑA de la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil
de Innsbruck (Austria) el 15 de mayo de 2006 en el procedimiento Exp.
No. 5 Cg 25/06i sobre cambio de una cosa viciosa.
2.- Se otorga la ejecución contra PRODEMA S.A..
3.- El pronunciamiento a ejecutar es el siguiente:
a) - Sanear el vicio mediante un cambio de los 67 tableros existentes de
portada PRODEMA BAQ +, color marron tostado, formato 2440 x 1220 x 8
milímetros por nuevos tableros de portada intactos el mismo tipo y color
de manera que los nuevos tableros de portada serán entregados dentro
de los 50 días a la empresa Schafferer Holzbau S.A., Ausserweg 61 b,
6143 Matrei/Navis, Austria y
Respecto al otrosi, se tienen por reiterada la manifestación que contiene y
e en cuanto a lo solicitado en el momento procesal oportuno se acordará.
4.- Notifíquese esta resolución a la parte solicitante y a la parte contra la
que se ha solicitado la ejecución".
TERCERO. - El 23 de abril de 2007 se dictó auto de aclaración de la
resolución anteriormente mencionada, cuya parte dispositiva dice así:
"Se mantiene el contenido de toda la Parte Dispositiva del auto aclaratorio
de fecha 19 de abril de 2007, añadiendo en el punto 4, el párrago omitido
relativo al "MODO DE IMPUGNACION".
Queda definitivamente redactado, el punto 4 de la siguiente forma:
4.- Notifíquese esta resolución a la parte solicitante y a la parte contra la
que se ha solicitado la ejecución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Esta resolución puede ser recurrida por la parte
contra la que se ha solicitado la ejecución en el plazo de un mes a partir
de la fecha de la notificación de esta resolución".
CUARTO. - Por la representación procesal de la mercantil "PRODEMA S.A."
se interpuso recurso de apelación contra el referido Auto de fecha 26 de
marzo de 2007. Admitido el mismo se elevaron los autos a este Tribunal,
señalándose para la Votación y Fallo el día 25 de febrero de 2008.
QUINTO. - En la tramitación de este recurso se han cumplido todas las
formalidades prescritas en la ley.
SEXTO. - Ha sido Ponente en esta instancia el Iltmo. Sr. Magistrado D.
FELIPE PEÑALBA OTADUY.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Con fecha 26/3/2007 se dictó por el Juzgado de Primera
Instancia nº 3 de Tolosa a instancia de Di Gerald Gaigg (DGG) auto
acordando la ejecución en España de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Mercantil de Innsbruck (Austria) el día 15/5/2006 en el expediente
nº 5 Cg 25/06i seguido contra la mercantil PRODEMA, S.A., y condenando
a ésta en los términos expuestos en el primer antecedente de la presente
resolución.
PRODEMA, S.A., al amparo de lo dispuesto en el art. 43 del Reglamento
de la Comunidad Europea (RCE) 44/01, de 22 de diciembre, impugna
el referido auto que acuerda despachar ejecución contra ella e interesa
su revocación y que se niegue el reconocimiento (en realidad ejecución)
en España de la citada resolución, con expresa condena en las costas
causadas a la parte solicitante y recurrida.
Entiende la parte impugnante que a la referida sentencia no puede serle
otorgado el reconocimiento solicitado por las razones siguientes:
1º Su reconocimiento resultaría manifiestamente contrario al orden
público del estado español (art. 34.1 RCE 44/01), como consecuencia de
la más que probable incompetencia del Juzgado del que emana la misma
para el conocimiento del procedimiento instado por Di Gerald Gaigg y
de los defectos intrínsecos de la sentencia por razón de su deficiente
motivación (arts. 218.2 LEC y 24.1 y 120.3 de la constitución).
2º La resolución sido dictada en rebeldía (art. 34.2 RCE 44/01) forzada
de la parte demandada, a quien le ha sido notificada la demanda y el
emplazamiento para comparecer y contestarla de forma irregular e
invalidante.
3º La resolución no ha podido ser recurrida (art. 34.2 RCE 44/01) por la
parte demandada al no ofrecerse en la sentencia las vías de recurso, ni
verificarse su notificación con los requisitos que exige el art. 208.4 LEC.
La representación de Di Geral Gaigg interesa la desestimación del recurso,
ordenando seguir adelante la ejecución instada, con confirmación del auto
recurrido, e imposición de las costas a la recurrente.
SEGUNDO. - Constituye un objetivo de la Comunidad Europea la creación
de un espacio judicial europeo en el que se garantice a los ciudadanos
europeos un acceso igual a la justicia de tal manera que las fronteras de
los países que la integran dejen de ser un obstáculo a la resolución de
cuestiones de derecho civil y a su ejecución.
Uno de los ejes de la construcción de dicho espacio es el principio de
reconocimiento mutuo que supone que las resoluciones de un estado
miembro tendrán validez de acuerdo con su legislación nacional y serán
reconocidas y ejecutadas en cualquier otro estado con un control muy
limitado por parte de las autoridades judiciales del país en el que se
ejecutan. Dicho principio se fundamenta en la confianza recíproca entre
estados, tanto en el funcionamiento de sus respectivos sistemas judiciales
(abstracta) como entre las propias autoridades jurisdiccionales llamadas a
colaborar en un proceso (concreta).
A dicho principio de confianza recíproca en la justicia dentro de la
Comunidad responde el Reglamento 44/01, sobre competencia judicial,
reconocimiento y ejecución de resoluciones en el ámbito civil y mercantil,
que tiene establecido en su decimosexto considerando que dicho principio
legitima que las resoluciones dictadas en un Estado miembro sean
reconocidas de pleno Derecho, sin que sea necesario, excepto en casos
de oposición, recurrir a ningún otro procedimiento. Esta misma confianza
recíproca justifica que sea eficaz y rápido el procedimiento para hacer
ejecutoria, en un estado miembro, una resolución dictada en otro estado
miembro, debiendo producirse el otorgamiento de la ejecución de una
resolución de manera casi automática, previo mero control formal de
los documentos aportados, sin que el tribunal pueda invocar de oficio
ninguno de los motivos de denegación de la ejecución previstos en el
citado Reglamento (considerando 17).
El citado Reglamento 44/01 prevé un procedimiento cuyo objeto va
encaminado a la declaración de ejecutividad de una resolución extranjera
(arts. 38-56) para cuya aplicación debe partirse de la consideración previa
de que la autoridad del Estado requerido no puede revisar el fondo de la
resolución judicial extranjera (art. 36) y, por tanto, que no puede volver
a controlar las apreciaciones de hecho y de derecho realizadas por el Juez
del Estado de origen ni denegar el reconocimiento basándose en que éste
cometió errores de hecho o de derecho (SSTJCE de 28 de marzo de 2000,
Krombach, apartado 36, y de 11 de mayo de 2000, Renault, apartado
29). Si bien estas dos resoluciones versan sobre el Convenio de Bruselas
de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, dicha
consideración resulta también de aplicación al Reglamento 44/01 del que
resulta antecedente.
Para proceder a la declaración de ejecutividad por parte del órgano
jurisdiccional competente, éste deberá comprobar que: 1) Que concurren
los presupuestos del reconocimiento: resolución judicial dictada por
órganos de Estados partes en materias cubiertas por el Reglamento;
y 2) Que no se verifica ninguno de los motivos de denegación del
reconocimiento recogidos en los arts. 34 y 35.
De acuerdo con los mencionados preceptos se rechazará el
reconocimiento en los siguientes casos: a) Contrariedad del
reconocimiento de la sentencia extranjera con el orden público del
Estado requerido (art. 34.1); b) Vulneración de los derechos de defensa
relacionados en el art. 34.2, esto es, cuando se hubiera dictado en
rebeldía del demandado, si no se hubiera entregado al mismo la cédula
de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con
tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no hubiera
recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo; c)
Inconciliabilidad de la resolución extranjera con otra resolución dictada
en el Estado requerido o en un tercer Estado (art. 34.3 y 4); y d)
No aplicación, por el juez de origen, de las normas de competencia
judicial internacional previstas en el citado Reglamento en lo relativo a
competencias exclusivas, contratos de consumidores, seguros, y casos
previstos en el art. 72.
Como se advierte de los motivos de recurso, los motivos de denegación
del reconocimiento alegados vienen referidos a los supuestos a) y b)
anteriormente citados.
En relación a la contrariedad del reconocimiento de la sentencia
extranjera con el orden público del Estado requerido, cabe decir que
el concepto de orden público internacional y su misma intervención
deben ser objeto de una interpretación restrictiva ya que constituyen un
obstáculo a la consecución de uno de los objetivos fundamentales del
Convenio como es la libre circulación de resoluciones, estableciendo un
procedimiento de exequatur simple y rápido (SSTJCE 2 de junio de 1994,
Solo Kleinmotoren, apartado 20, de 28 de marzo de 2000, Krombach,
apartados 19 y 21, y de 11 de mayo de 2000, Renault, apartado 26) y
aplicarse solo a casos excepcionales (SSTJCE de 4 de febrero de 1988,
Hoffmann, apartado 21, de 10 de octubre de 1996, Hendrikman y Feyen,
apartado 23).
A estos efectos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea estima
que sólo cabe aplicar la cláusula de orden público en el caso de que el
reconocimiento o la ejecución de la resolución dictada en otro Estado
contratante choque de manera inaceptable con el ordenamiento jurídico
del Estado requerido, por menoscabar un principio fundamental. En este
sentido, tiene declarado que para respetar la prohibición de revisión
en cuanto al fondo de la resolución extranjera, el menoscabo debería
constituir una violación manifiesta de una norma jurídica considerada
esencial en el ordenamiento jurídico del Estado requerido o de un derecho
reconocido como fundamental en este ordenamiento (SSTJCE de 28 de
marzo de 2000, caso Krombach, apartado 37 y de 11 de mayo de 2000,
caso Renault, apartado 30), debiendo notarse que el Reglamento 44/01
introduce una mención de carácter restrictivo que no contemplaba el
citado Convenio de Bruselas al exigir que sea manifiestamente contrario al
orden público.
Por otra parte, no es cuestión cubierta por el orden público el control
de la competencia judicial internacional del juez de origen. El art. 35.1
del citado Reglamento limita a ciertas materias este control y declara de
manera expresa en el punto tercero del precepto que "el orden público
contemplado en el punto 1 del art. 34 no afectará a las reglas relativas
a la competencia judicial", e incluso cuando faculta al tribunal del Estado
requerido para controlar la competencia judicial, éste quedará vinculado
por las apreciaciones de hecho sobre las cuales el tribunal del Estado
miembro de origen hubiere fundamentado su competencia (art. 35.2). Y
en este sentido se pronuncian las sentencias del Tribunal Supremo de 12
de noviembre de 1999 y 5 de noviembre de 2001 en relación al convenio
de Bruselas citado.
Expuesto lo anterior, deben rechazarse las consideraciones que realiza
PRODEMA, S.A. en orden a que la ejecución de la resolución austriaca
supondría la contravención del orden público del estado español por
razón de la probable incompetencia del juzgado de origen, así como por
los defectos de la resolución extranjera por deficiente motivación de la
misma, debiendo destacarse que la sentencia que se ejecuta da razón
de su decisión en los considerandos de la misma al expresar que: "La
demanda y el mandato para contestar a la demanda por escrito dentro
de cuatro semanas fueron notificadas regularmente el 17.2.2006. Como
la parte demandada no hizo contestación a la demanda a su debido
tiempo, tiene que ser pronunciado (sic) una sentencia de declaración de
morosidad a solicitud de la parte demandante".
En relación a la vulneración de los derechos de defensa relacionados en el
art. 34.2 del RCE 44/01, las alegaciones de PRODEMA, S.A. son dos:
1) La notificación de la demanda y el emplazamiento para comparecer
y contestarla ha infringido el RCE 1348/00, de 29 de mayo, sobre
notificación y traslado en los estados miembros de documentos judiciales
y extrajudiciales en materia civil y mercantil y, en concreto, sus arts. 5 y
8, puesto que los documentos recibidos estaban redactados en idioma que
no le resultaba entendible, no se encontraban traducidos al castellano,
y no se le advirtió de su derecho a rechazar la entrega del sobre y su
contenido por estas razones;
y 2) Se han omitido en la sentencia las vías de recurso a disposición del
demandado rebelde para su revisión y se ha infringido el orden público del
foro en la medida en que la notificación de la resolución, al no cumplir con
los requisitos que exige el art. 208.4 LEC, le genera indefensión prohibida
por el art. 24.1 C.E.
En relación a la primera alegación, el art. 5 del RCE 1348/00 dispone
que el organismo transmisor al que el requirente expida el documento
a efectos de transmisión comunicará al requirente que el destinatario
puede negarse a aceptar el documento por no estar en una de las lenguas
previstas en el art. 8 de la misma norma y que son: 1) la lengua oficial
del Estado miembro requerido, o la lengua oficial o una de las lenguas
oficiales del lugar en el que deba efectuarse la notificación o el traslado si
existen varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro; y 2) una lengua
del Estado miembro de transmisión que el destinatario entienda.
PRODEMA, S.A. sostiene que la persona que recibió la comunicación
del procedimiento constató que en su interior se contenían diversos
documentos, de imposible concreción pero redactados, todos ellos, en
idioma no inteligible, supuestamente alemán.
Las normas contenidas en el art. 217 LEC, de aplicación judicial cuando
no se ha logrado certeza sobre los hechos controvertidos y relevantes
en el proceso, y debe resolverse para quién han de producirse los
efectos derivados de la ausencia o insuficiencia probatoria, ofrecen una
base suficiente para distribuir la carga de la prueba entre las partes
atendiendo a la naturaleza de los hechos cuya acreditación se pretende,
correspondiéndole a quien ejercita la acción la certeza de los hechos
relacionados con sus pretensiones (apartado 2 del citado precepto),
y disponiendo en todo caso que, para la aplicación de los criterios
establecidos en el citado precepto, el tribunal deberá tener presente la
disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las
partes en litigio (apartado 7 del citado precepto) desplazando la carga de
una a otra parte según criterios de mayor facilidad o dificultad (así, por
ejemplo, dificultad probatoria para una parte y mayor facilidad para la
otra, y proximidad o cercanía a la fuente de prueba).
Por tanto, si PRODEMA, S.A. alega que no procede el reconocimiento
de la resolución extranjera por razón de la defectuosa comunicación
de la demanda en razón del idioma empleado en la misma, a ella le
corresponde acreditar este extremo, máxime cuando siendo ella la
receptora de los documentos es quien puede facilitarlos al tribunal para
que pueda comprobarse que es cierto su alegato.
En todo caso, no resulta razonable concluir que los documentos remitidos
desde Austria y por razón de un procedimiento seguido en dicho país
estuvieran redactados en otro idioma que fuera el alemán. Además,
no deja de llamar la atención que dicha parte afirme que la persona
que recibió la comunicación tenía instrucción de rechazar "en términos
generales" cualquier comunicación (haciendo exclusión de las comerciales
o empresariales) que, redactada en cualquier otro idioma, no fuera
acompañada de su correspondiente traducción al castellano. Si se
tenía que hacer un filtro para conocer qué comunicaciones tenían
carácter comercial y cuáles no, era preciso un conocimiento mínimo del
idioma para discernirlo y, por tanto, conocer el idioma utilizado en la
comunicación.
Dicho lo anterior, tal y como se desprende de la documentación
presentada por PRODEMA, S.A. (documentos nº 3 a 7), la relación
comercial que ha dado lugar al procedimiento cuya sentencia se ejecuta
se ha desarrollado en alemán, de lo que cabe deducir que la misma
era conocedora de la lengua del estado de transmisión y no era en ese
caso preceptivo que se le comunicara que podía negarse a aceptar el
documento, porque no podía.
Igualmente, debe rechazarse la segunda alegación, con base en las
consideraciones siguientes:
- PRODEMA, S.A. reconoce que, junto con la sentencia, tanto en versión
en idioma alemán como en castellano, se le entregó el documento que
recogía instrucciones sobre recursos jurídicos contra la sentencia dictada
en rebeldía (documento nº 11), sin que quepa admitir que desconocía los
extremos recogidos en el documento por razón del idioma en que había
redactado el mismo, ya que, como se ha expuesto, la relación comercial
con el cliente se desarrolló en alemán.
- Por otra parte, tal y como se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea en sentencia de 14/12/2006, ASML Netherlands
BV, a los efectos de interpretación del artículo 34, número 2, del RCE
44/01, el citado precepto trata de impedir que el demandado en rebeldía
aguarde al procedimiento de reconocimiento y de ejecución en el Estado
requerido para invocar la vulneración de su derecho de defensa, si dicho
demandado tuvo la posibilidad de defender sus derechos interponiendo
un recurso contra la resolución dictada en el estado de origen (apartado
38), sin que la sistemática del Reglamento 44/01 exija que se someta la
entrega y notificación de una resolución dictada en rebeldía a condiciones
más estrictas que las previstas en el art. 34.2 respecto a la entrega o
notificación de una cédula de emplazamiento (apartado 44) y, por lo
tanto, el requisito para excluir el motivo que justifica la no ejecución
enunciado en el citado precepto no tiene que consistir necesariamente
en una entrega o notificación de forma regular en todos los sentidos,
sino que basta con un conocimiento del contenido de la resolución con
tiempo suficiente para defenderse. Bien es verdad que la comunicación
del tribunal austriaco no individualiza las concretas posibilidades de
impugnación existentes en el caso concreto, pero refiere las existentes,
indica los plazos y a dónde puede dirigirse el interesado en búsqueda de
información si tuviere dudas.
TERCERO. - Habida cuenta de que las causas de oposición a la ejecución
han sido desestimadas, las costas causadas en el procedimiento deben
imponerse a PRODEMA, S.A. en virtud del principio del vencimiento
contemplado en el art. 394 LEC.
En atención a lo expuesto,
LA SALA DISPONE
DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de
PRODEMA, S.A., contra el auto dictado el 26 de marzo de 2007, aclarado
posteriormente por autos de 19 y 23 de abril de 2007, por el Juez del
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Tolosa en autos número 100/2007,
CONFIRMANDO el mismo, con expresa imposición a la parte recurrente de
las costas causadas en esta alzada.