PRIMERO. - Por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Madrid se dictó
auto, con fecha 19 de junio de 2006, cuya parte dispositiva establece, lo
siguiente:
"Estimar la declamatoria de jurisdicción internacional formulada por
EDITIONS SALABERT FRANCE, con relación a la demanda interpuesta
por Doña Catalina... y, en consecuencia, abstenerse de conocer de dicha
demanda por falta de jurisdicción al no corresponder a los Tribunales de
la Jurisdicción Española, Orden Civil, el conocimiento de la misma, sino
a los Tribunales de la República Francesa ante los cuales podrá ejercitar
su derecho, acordando el sobreseimiento de la demandada con relación a
dicho demandado. Firme la presente resolución sigan los autos su curso
conforme al estado procesal en que se encuentran con relación al otro
demandado UNIÓN MUSICAL EDICIONES SA."
Asimismo mediante auto de fecha 25 de septiembre de 2006 el mismo
órgano judicial dispuso lo siguiente: "Se completa el auto dictado
en fecha 19 de junio de 2006 en el juicio ordinario 902/2003 en el
sentido de añadir a la parte dispositiva del mismo: todo ello sin hacer
pronunciamiento condenatorio alguno en materia de costas".
SEGUNDO. - Notificada dicha resolución, por la representación de
Dª Catalina... se interpuso recurso de apelación que, admitido por el
juzgado y tramitado en legal forma, con oposición por parte de de UNIÓN
MUSICAL EDICIONES SL y de EDITIONS SALABERT FRANCE, ha dado
lugar a la formación del presente rollo, que se ha seguido con arreglo a
los trámites de los de su clase. La deliberación y votación para el fallo del
asunto se realizó con fecha 27 de marzo de 2008.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García
García, que expresa el parecer del tribunal.
TERCERO. - En la tramitación del presente recurso se han observado las
prescripciones legales.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - La actora, esgrimiendo su condición de causahabiente de
los derechos del compositor musical D. Adolfo..., sostiene que deben
ser considerados competentes los tribunales españoles para enjuiciar la
demandada que en materia de propiedad intelectual ha interpuesto no
solo contra la entidad española UNIÓN MUSICAL EDICIONES SL, sino
también contra la francesa EDITIONS SALABERT FRANCE. La resolución
objeto de recurso acogió, sin embargo, la declinatoria por falta de
competencia internacional planteada por la citada entidad domiciliada
en el país vecino y acordó continuar el proceso exclusivamente contra la
española. En la resolución recurrida se concedió trascendencia al alegato
de la mencionada demandada de que mediaban vínculos contractuales
entre la entidad francesa y el referido compositor, además de no estimar
una vinculación suficientemente estrecha entre las pretensiones para
atraer la competencia a España.
La demandante invoca en su escrito de recurso, para sostener la
competencia de los tribunales españoles para enjuiciar también a la citada
entidad francesa, los artículos 6.1 y 5.3 del Reglamento CE núm. 44/2001
y apunta la extemporaneidad de la declinatoria planteada por esta última.
Por su parte, la entidad francesa sostiene, en esencia, que el motivo
de litigio deviene de una relación contractual con el compositor que
debería enjuiciarse en Francia, sin que existan razones jurídicas, a la
luz sobre todo de la propia LOPJ española, que sustenten que se dirima
la contienda, en lo que a ella respecta, en España ni medie conexión
alguna con la codemandada que justifique traer el proceso a este país.
Argumentos estos que vienen a ser compartidos por la codemandada, que
también ha efectuado alegaciones apoyando que se deje al margen del
litigio a la sociedad francesa.
SEGUNDO. - El primer extremo que conviene puntualizar es el alusivo al
marco legal de referencia para la resolución de este recurso.
La competencia judicial internacional, cuando está en juego un litigio
con elemento extranjero domiciliado en otro estado miembro de la Unión
Europea, está regulada, con carácter general, por el Reglamento (CE)
núm. 44/2001, de 22 diciembre de 2000, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil. Esta norma sustituyó, entre los Estados
miembros, a las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968 (según
el art. 68 del citado Reglamento 44/2001, con excepciones que no son
relevantes en lo que aquí interesa) y está en vigor desde el 1 de marzo de
2002 (art. 76 del Reglamento), siendo aplicable a las acciones judiciales
ejercitadas con posterioridad a tal vigencia (art. 66.1 del Reglamento)
Por tanto, con carácter general, para resolver problemas atinentes,
como ocurre en este caso, a la competencia judicial internacional civil en
cuestiones que afecten a sujetos domiciliados en España y Francia debe
atenderse al Reglamento 44/2001.
En concreto, los preceptos de dicho cuerpo legal que aquí resultan de
interés son los siguientes:
Artículo 2. "1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas
domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su
nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado".
Artículo 3. "1. Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo
podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro
en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente
capítulo".
Artículo 5. "Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán
ser demandadas en otro Estado miembro: 1) a) en materia contractual,
ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la
obligación que sirviere de base a la demanda;
b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho
lugar será:
- cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del
Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren
ser entregadas las mercaderías;
- cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado
miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser
prestados los servicios;
c) cuando la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a).
2) (...)
3) En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se
hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso".
Artículo 6 "Las personas a las que se refiere el artículo anterior también
podrán ser demandadas: 1) si hubiere varios demandados, ante el
tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas
estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que
sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar
resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados
separadamente."
TERCERO. - El otro aspecto que este tribunal considera preciso aclarar,
puesto que se han suscitado alegatos de las partes a ese propósito, es
que resulta fuera de lugar prejuzgar en el incidente competencial sobre
el fundamento de las acciones ejercitadas, en lo que se incurriría si se
acometiese el análisis de la cuestión de fondo que motiva el litigio. No es
esa la labor que incumbe realizar al órgano judicial en una declinatoria, en
la que bastará que por éste se compruebe que las acciones que esgrime
la parte actora son competencia del juzgador, siendo suficiente, a tal
fin, con que las pretensiones planteadas por el demandante justifiquen,
según reglas legales predeterminadas, la intervención de determinado
juzgado. Que tales acciones resulten luego fundadas y puedan o no
prosperar es un juicio reservado, tras completarse las fases alegatorias
y verificar el examen de las pruebas que al respecto sean aportadas, a
la sentencia resolutoria del litigio, sin que pueda anticiparse esa labor al
auto resolutorio de la declinatoria. De lo contrario se podría incurrir en
la vulneración del principio de tutela judicial efectiva (artículo 24 de la
Constitución), cercenando el derecho a accionar en juicio.
CUARTO. - La parte apelante se ha referido en su escrito a la posibilidad
de que la declinatoria se hubiera planteado de manera extemporánea por
la entidad francesa. No denota excesiva convicción en este argumento la
propia recurrente cuando un problema procesal que debería ser objeto
de previo análisis, pues de prosperar impediría entrar en la discusión
competencial, lo sitúa en el último lugar en el escrito de apelación. La
falta de sistemática en el planteamiento del alegato resulta sumamente
reveladora.
En cualquier caso, le basta a este tribunal con constatar que la
declinatoria se interpuso dentro del plazo previsto en el artículo 64.1 de
la LEC y que si el juzgado optó por volver a conceder en su integridad a
la demandada el plazo para contestar a la demanda lo fue porque antes
se había denunciado por la interesada que no había recibido junto con el
emplazamiento el traslado completo de copia de toda la documentación
que acompañaba a la demanda. La decisión del juzgado fue la más
prudente para no poner en riesgo el derecho de defensa de las partes y
como tal debe ser valorada y comprendida por este tribunal. El plazo para
contestar abarca, en sus diez primeros días, en sede del juicio ordinario,
el que corresponde para la interposición de la declinatoria. Por lo que su
planteamiento dentro del señalado al efecto por el juzgado, con el fin
de subsanar un previo defecto procesal, debe ser considerado admisible
desde el punto de vista temporal.
QUINTO. - La invocación del artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, como
foro especial ante el general que supone el domicilio del demandado
(artículos 2 y 3 del aludido Reglamento), no resulta desencaminada, pues
los términos en los que se planteó la demanda no lo eran de una discusión
contractual con la entidad francesa codemanda, sino que versaban sobre
una imputación de infracción de los derechos de autor titularidad de la
actora, que le reprochaba a aquélla haberse atribuido, sin título para ello,
determinados porcentajes de los llamados derechos mecánicos sobre las
composiciones musicales de D. Adolfo.... Los términos de la demanda
son esos y por más que simplemente se cite en ella al contrato de fecha
12 de julio de 1928 las acciones ejercitadas, con razón o sin ella, contra
SALABERT no se fundan en él y así se hacía ver en aquélla de modo
expreso. Por lo tanto, lejos de tener que atender a las reglas del artículo
5.1 invocadas por la demandada (relativas al foro especial para materia
contractual), cabe aplicar la regla competencial que establece el artículo
5.3 del Reglamento 44/2001 para la responsabilidad extracontractual
(entiéndase por tal la denominada "cuasidelictual", que comprende
toda demanda que se dirija a exigir responsabilidad a un demandado
que no constituyan materia contractual, como entendió el Tribunal de
Justicia CE en su sentencia de 27 de septiembre de 1988, en el asunto
189/87, criterio jurisprudencial que resulta aplicable aunque se efectuase
a propósito del Convenio de Bruselas), la cual permite demandar ante
otro estado distinto al del domicilio del demandado si lo es ante "el
tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el
hecho dañoso". Debe tenerse en cuenta que el daño denunciado en la
demanda también se produce o es susceptible de producirse, según la
demandante, en España, pues se apuntaba en ella a la percepción por
la demandada de ingresos procedentes de derechos derivados de los
registros indebidamente obtenidos en la entidad española de gestión de
derechos de autor denominada SGAE.
Es cierto que la argumentación de EDITIONS SALABERT FRANCE incide en
que el litigio debería versar en un debate sobre la vigencia y el alcance de
los contratos de edición suscritos hace años por el compositor musical D.
Adolfo... con la entidad francesa de la que trae causa la demandada. Sin
embargo, sin perjuicio de que pueda ésta hacer valer tales argumentos
en el trámite de contestación, al amparo de su derecho a defenderse, no
son esos los términos en los que se fundamenta la demanda, en la que
no se ejercita ninguna acción contractual contra aquélla. Para determinar
la competencia para el conocimiento de una demanda a lo que hay que
estar es a los términos en que, de forma más o menos fundada, se haya
planteado ésta, y no al terreno al que quiera llevar la discusión la parte
demandada. Esto último permitirá concretar el objeto final del debate,
pero la competencia para el conocimiento de la demanda debe haber
quedado fijada previamente a tenor de lo planteado en ella.
SEXTO. - Además, también la invocación del artículo 6.1 del Reglamento
CE núm. 44/2001 avala la posibilidad de demandar en España a
EDITIONS SALABERT FRANCE, al tiempo que a la entidad española UNIÓN
MUSICAL EDICIONES SL, pues cabe entrever en el presente caso el
criterio de conexión que inspira este precepto. Se aducían en la demanda
que mediaban interrelaciones entre las codemandadas, por las que éstas
aparecían ante terceros para determinadas obras del maestro Adolfo...
como editora y subeditora de las mismas o viceversa, según el caso,
aduciendo que traían causa la una de la otra o al revés, figurando de ese
modo, según la obra de que se tratase, en el registro de la anteriormente
citada entidad española de gestión. Por lo que resulta razonable que se
aborde en un solo litigio el análisis de si tales comportamientos de una
y otra parte demandada en relación con las obras musicales del maestro
Adolfo... suponen la infracción de derechos de propiedad intelectual que
se argumenta en la demanda por parte de quién es causahabiente de
éste. Porque el concepto de conexidad del artículo 6.1 del Reglamento CE
núm. 44/2001 no se constriñe a los supuestos en que pudiera apreciarse
un litisconsorcio pasivo necesario sino que también debe abarcar
pretensiones estrechamente vinculadas por razón del sustento fáctico
aducido, de modo que, excluidos los intentos de utilizar fraudulentamente
un determinado foro (de lo que aquí no hay indicio alguno), se evidencie
que lo oportuno es enjuiciarlas de modo conjunto como garantía de que
no se producirán en ningún caso resoluciones inconciliables respecto a
uno y otro demandado, garantizándose el trato igualitario ante aquéllos
a los que se reprocha un mismo tipo de comportamiento infractor contra
el común demandante, sin perjuicio de que cada cuál pueda aducir las
razones de defensa que le incumban e invocar la aplicación de las normas
jurídicas que entienda pertinentes.
PARTE DISPOSITIVA
Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de
Dª Catalina... contra el auto dictado el 19 de junio de 2006 por el Juzgado
de Primera Instancia nº 8 de Madrid, en el juicio ordinario (declinatoria)
nº 902/2003 del que este rollo dimana, el cual revocamos, acordando en
su lugar:
1º) la desestimación de la cuestión de competencia por declinatoria
planteada en el mencionado proceso por EDITIONS SALABERT FRANCE.