PRIMERO. - La anterior sentencia contiene la parte dispositiva siguiente:
"Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador
Ricardo Moreno Ortega, en nombre y representación de Bodegas y
Vinos Ángel Luis Pablo Uriol, S.L. contra Societé Duprat Fréres, S.A.R.L.,
debo condenar y condeno a ésta a pagar a la parte actora: 1º. - La
cantidad de 25.155,90 euros, en concepto de principal. 2º. - Los intereses
moratorios previstos en la Ley 3/2004, que se devengarán desde la fecha
de vencimiento de cada una de las facturas impagadas y hasta la fecha
de la presente resolución. 3º. - Los intereses procesales previstos en el
artículo 576 LEC desde la fecha de la presente resolución y hasta el pago
íntegro. Se condena en costas a la parte demandada."
SEGUNDO. - Notificada dicha sentencia a las partes, la representación
procesal de la demandada preparó contra la misma recurso de apelación
en tiempo y forma hábiles, y emplazada que fue para que lo interpusiera
en legal forma, así lo efectuó mediante la formulación del correspondiente
escrito, en el que expuso las alegaciones que tuvo por conveniente
para fundamentarlo, solicitando se dictara sentencia por esta Sala, que
revocando la recurrida por ser incompetente por falta de jurisdicción el
citado Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Calatayud
para conocer de dicha demanda, al corresponder el conocimiento del
presente proceso a los Tribunales de otro Estado (Francia), acordase su
sobreseimiento en los términos previstos en el artículo 65.2 de la LEC.
TERCERO. - Dado traslado de dicho recurso de apelación a la
representación procesal de la mercantil actora, emplazándola para que
pudiera alegar por escrito lo que a su derecho conviniere, oponiéndose
al mismo e impugnando, en su caso, la sentencia apelada en lo que
le resultare desfavorable, dedujo escrito de oposición, interesando la
desestimación del mentado recurso de apelación y la confirmación de la
sentencia de instancia, con imposición a la parte apelante de las costas
de esta alzada causadas por su recurso, tras de lo cual se remitieron
los autos originales de dicho procedimiento a esta Audiencia Provincial,
Sección Cuarta, con emplazamiento de las partes.
CUARTO. - Recibidos que fueron aquellos en fecha 18 del pasado mes de
Junio, se formó el presente rollo de Sala, en el que se personaron ambas
partes, apelante y apelada, y seguido aquel por sus trámites se señaló,
finalmente, para la discusión y votación del referido recurso de apelación
el día 22 del corriente mes de Septiembre, en que tuvo lugar tal acto.
QUINTO. - En la sustanciación de ambas instancias se han observado las
prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los correlativos de la sentencia apelada, en cuanto no se
opongan a los de la presente; y
PRIMERO. - La demandada, entidad mercantil de nacionalidad francesa
con domicilio social en Bayona (Francia), recurre en apelación contra
la mentada sentencia de primer grado, que acogiendo la pretensión
deducida en su contra por la parte actora, entidad mercantil Bodegas y
Vinos Ángel Luis Pablo Uriol, S.L., le condena a abonar a ésta la suma de
25.155,90 euros de principal por ella reclamada en concepto de precio
de la mercancía vendida y entregada a dicha demandada, atendiendo los
pedidos formulados por la misma en fechas 3 y 10 de Julio de 2.006 y 8
de Agosto de ese mismo año, más los intereses moratorios previstos en la
Ley 3/2.004 y los procesales desde la fecha de dicha resolución, haciendo
valer como motivo único de su recurso, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 66.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la falta de competencia
internacional de los tribunales civiles españoles, y por tanto del referido
Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Calatayud, para
conocer de la demanda rectora del presente proceso, competencia que
corresponde a los Tribunales civiles del estado francés, conforme a lo
normado al respecto en el Reglamento 44/2001 / CE del Consejo, y, en
concreto, en su artículo 5.1, apartados a y b, normativa que debe ser
interpretada conjuntamente con el Convenio de Ginebra de 19 de mayo
de 1956 relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por
carretera (Convenio CMR), al que se adhirió España el 12 de septiembre
de 1973 (BOE de 7 de mayo de 1974), y con arreglo al cual se concertó
el transporte de los tres referidos suministros de mercancía cuyo pago
se reclama por la mercantil actora, al haber tenido lugar la entrega de la
misma en el domicilio de la demandada en Bayona (Francia).
SEGUNDO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.a del
Reglamento (CE) núm. 44/2001, de 22 de Diciembre de 2000, del
Consejo, sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que resulta de
aplicación en este proceso en el que se ejercita acción de condena al
pago del precio de determinadas mercancías objeto de tres contratos de
compraventa mercantil celebrados entre una mercantil de nacionalidad
española, cuyo domicilio social se encuentra en Terrer (Zaragoza) -
parte vendedora - y otra de nacionalidad francesa, cuya sede social
se encuentra en Bayona (Francia), -parte compradora -, ésta última
puede ser demandada ante el tribunal civil español del lugar en el que
hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a
la demanda, lugar que, según dispone el apartado b) de dicho artículo,
ha de ser, salvo pacto en contrario, al tratarse de una compraventa de
mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato,
hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías.
Consta acreditado por la prueba documental aportada por la mercantil
actora con el escrito inicial de demanda y el reconocimiento expreso
efectuado por la demandada al formular su escrito de planteamiento de
cuestión de competencia por declinatoria, que las mercancías compradas
por ésta última fueron retiradas de las instalaciones de la vendedora en
la localidad zaragozana de Terrer mediante camiones de una empresa de
transporte contratada al efecto por la ahora demandada apelante, quien
abonó los portes correspondientes.
No constando acreditado por las pruebas obrantes en autos pacto expreso
entre las partes litigantes acerca del lugar en que debían ser entregadas
las mercancías objeto de dichos contratos de compraventa, extremo
que tampoco queda determinado por el citado Reglamento CE, lo que
tampoco queda fijado por el Convenio de Ginebra de 19 de mayo de
1956 relativo al contrato de transporte internacional de mercancías
por carretera (Convenio CMR), al que alude la parte demandada para
fundamentar su recurso de apelación contra la sentencia de instancia,
tal cuestión ha de ser resuelta conforme a las normas del ordenamiento
jurídico español, tal como señala con acierto el Juzgado de Primera
Instancia número Dos de los de Calatayud al resolver la cuestión de
competencia por declinatoria planteada por la mercantil demandada,
normas que son las contenidas en los artículos 1.171, 1.462 y 1.500
del Código Civil, así como en los artículos 337, 338 y 339 del Código de
Comercio, y la doctrina jurisprudencial que los interpreta, según las cuales
el pago del precio de una compraventa ha de hacerse en el lugar en que
se haga entrega de la cosa vendida, entrega que en el caso de autos ha
de entenderse realizada en la localidad zaragozana de Terrer, en la que
tiene su sede la vendedora, lugar en que la mercancía fue retirada por la
compradora mediante una empresa de transportes por carretera por ella
contratada a tal fin, que actuó al efecto como mandataria de aquella, que
se hizo cargo de los costes de dicho transporte.
Es de rechazar, por tanto, el único motivo del recurso articulado por
la mercantil demandada, en el que aducía la falta de competencia
internacional de los tribunales civiles españoles para conocer de la
demanda origen del presente proceso, con la consiguiente desestimación
de aquel.