PRIMERO. - Por el Juzgado Mercantil núm. 2 de Pontevedra, con fecha 9
julio 2009, se dictó Auto cuya parte dispositiva expresa:
"Que estimo la declinatoria relativa a la falta de competencia judicial
internacional formulada por la representación procesal de SUFLERNOSA
TRANSITARIOS SL por corresponder el conocimiento de la demanda a
la Corte de Lisboa, ordenando el sobreseimiento de las actuaciones sin
pronunciamiento en materia de costas. "
SEGUNDO. - Notificada dicha resolución a las partes, por Helvetia Cía
Suiza SA se formuló recurso de apelación, el cual fue admitido en ambos
efectos, elevándose las actuaciones a esta Sala y señalándose el día
cuatro de febrero para la deliberación de este recurso, designándose
ponente al Magistrado D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ,
quien expresa el parecer de la Sala.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Es objeto de recurso el auto dictado por el juzgado de lo
mercantil en el que estima la declinatoria de jurisdicción opuesta por
la representación de SUFLENORSA TRANSITARIOS, S.L. frente a la
reclamación deducida por la apelante, HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
La recurrente insiste en los mismos argumentos expuestos en su escrito
de oposición a la declinatoria que, en esencia, pueden ser expuestos
del siguiente modo: a) que en las condiciones generales del contrato
de expedición figura un sometimiento a los tribunales de Vigo; b) la
responsabilidad de la demandada se ampara en los servicios prestados
para el transporte, marítimo y terrestre, que se evidencian en la factura
adjunta a la demanda como doc. 1, mientras que el conocimiento de
embarque únicamente evidencia la fase marítima, siendo la obligación
de la demandada transportar las mercancías utilizando medios ajenos,
marítimos y terrestres;
c) inoponibilidad del conocimiento de embarque dado que no es parte
contratante del mismo; d) aplicación de la normativa interna, LOPJ, y
no del Reglamento (CE) nº 44/2001, pues las dos partes son del mismo
Estado contratante, presentando el contrato más vínculos con España que
con cualquier otro Estado; e) subsidiariamente se plantea la nulidad de
las sumisiones contendidas en Condiciones Generales de la Contratación
(art. 54.2 LEC).
La Sala, analizados los argumentos de los litigantes, encuentra conforme
a derecho la resolución combatida, por los razonamientos que se exponen
a continuación.
SEGUNDO. - El primer motivo del recurso se funda en que en las
condiciones generales del contrato de expedición figura un sometimiento
a los tribunales de Vigo. Pero tales condiciones van en el reverso de la
factura, sin que se trate de contrato alguno que vincule a las partes del
contrato de transporte que nos ocupa. Son las normas que disciplinan
este contrato las que deben tenerse en cuenta, no unas condiciones que
aparecen en el reverso de una factura que, en cuanto tal, es emitida
unilateralmente. Ni la propia parte apelante fundamenta en su demanda
la jurisdicción del Tribunal sobre dicho documento.
TERCERO. - En segundo lugar se opone que la responsabilidad de la
demandada se ampara en los servicios prestados para el transporte,
marítimo y terrestre, que se evidencian en la factura adjunta a la
demanda como doc. 1, mientras que el conocimiento de embarque
únicamente evidencia la fase marítima, siendo la obligación de la
demandada transportar las mercancías utilizando medios ajenos,
marítimos y terrestres.
Por un lado, como ya se ha indicado, el doc. 1 que se adjunta a la
demanda o a la oposición a la declinatoria es una factura, no un
contrato, por más que adjunte un modelo de condiciones generales sobre
expedición. Pero lo relevante es que el contrato de transporte combinado
que nos ocupa se ha documentado mediante el conocimiento de
embarque, al menos en su vertiente marítima. Pero es precisamente este
modo de transporte el relevante al efecto cuando en los hechos primero
y segundo de la demanda en que se ejercita acción de responsabilidad
contractual por el transporte de mercancías que quedó amparado por
el conocimiento de embarque, al menos en su modo marítimo, pero
siendo precisamente en ese ámbito en el que se han producido los daños
y perjuicios por los que se reclama, como consta en el certificado de
averías que se aporta como doc. 3 con la demanda, y se transcribe en
el hecho segundo de la misma "entendemos que el siniestro se produjo
durante el fletamento de la mercancía desde el puerto de Sao Salvador
en Cabo Verde hasta la descarga en la Terminal de SOTAUS en Lisboa". Y
en el conocimiento de embarque que documenta el transporte marítimo
se establece el sometimiento a la a la Ley de Portugal y a la Corte
de Lisboa, con exclusión de cualquier otra corte o ley. Seguramente
llegaríamos a la misma conclusión aún cuando no se delimitara en qué
medio de transporte se produjeron los daños dada la indivisibilidad de la
Jurisdicción para conocer de la misma acción, pero que no es necesario
argumentar ya que hemos de centrarnos, porque así lo delimita como
objeto del proceso la parte apelante en su demanda, al transporte
marítimo.
La responsabilidad que se exige a la demandada lo es en calidad de
transitario, como insiste en el recurso, al amparo del art. 379 CCo, figura
moderna vinculada al servicio integral de la empresa marítima (si bien
esta figura aparece en nuestro Derecho en la legislación administrativa
sobre transportes terrestres ley 16/1987, LOTT), teniendo ocasión la
Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo de pronunciarse haciendo
extensiva la responsabilidad del porteador material o efectivo a los
comisionistas transitarios.
Con estos presupuestos, como ya señalamos en nuestro Auto de 24
septiembre 2009:
"Dos cuestiones previas interesa precisar para avanzar en la resolución de
la cuestión controvertida:
a) La admisibilidad en nuestro Derecho de las cláusulas de sumisión
expresa a los tribunales de un Estado extranjero está fuera de duda
(cfr. las sentencias del TS de 29 de septiembre de 2005, 20 de julio de
1992, 10 de noviembre de 1993, en aplicación del art. 22.2 LOPJ). La
validez de dichos pactos estará condicionada a la observancia de las
normas convencionales que rigen la competencia judicial internacional,
en concreto el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 y, más
recientemente, el Reglamento 44/2001 del Consejo, aplicables cuando al
menos una de las partes de la relación jurídica tuviere su domicilio en un
Estado contratante.
El Reglamento supuso la incorporación con el pleno carácter de Derecho
Comunitario al ámbito de la Unión, de los Convenios de Bruselas de
27 de septiembre de 1968 ("sobre competencia judicial y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil") y del Convenio de
Lugano, de 16 de septiembre de 1988, que extendió, según es sabido,
el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas a los países miembros
de la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA). En la medida en que
el Reglamento toma como base lo establecido en el art. 17 del Convenio
de Bruselas, seguirá siendo referencia imprescindible la jurisprudencia del
TJCE recaída en su interpretación.
b) En el supuesto sometido a consideración de este tribunal, la cláusula
en cuestión se opone frente a una reclamación deducida por la entidad
aseguradora en ejercicio de la subrogación legal a que le autoriza el art.
780 del Código de Comercio. Esta legitimación ex lege hace ocupar a
la aseguradora la misma posición que tenía su asegurado, la entidad
CATRO DAI, de suerte que le serán oponibles exactamente las mismas
excepciones que afectaban al sustituido, criterio general en nuestro
Derecho, tal como se sigue también de la cita del art. 43 LCS o 1212 del
Código Civil. Bastará la cita de la sentencia del TS de 29 de septiembre
de 2005, como resumen de una tesis jurisprudencial bien conocida,
expresamente asumida por el TJCE en su sentencia 19 de junio de 1984,
(asunto Tilly Russ), seguido también por la más reciente STS 8 de febrero
de 2007 (rec. 1241/2000): "La Aseguradora recurrente está vinculada
por la cláusula de sumisión controvertida toda vez que actúa en el pleito
subrogándose en los derechos de la compañía Funditubo S.A., propietaria
de la carga transportada y que resultó averiada, la que en su condición
de destinataria sucede normalmente al cargador en todos los derechos
y obligaciones tal como figuran en el Conocimiento de embarque,
que integró la cláusula sumisoria de competencia jurisdiccional, que
la obliga y a la que no cabe pueda sustraerse, ya que el artículo 780
del Código de Comercio decreta que cuando el asegurador pague la
cantidad asegurada se subrogará en el lugar del asegurado para todos
los derechos y acciones que le correspondan (Sentencia de 23.12.1993),
precepto que ha de relacionarse con los artículos 1203, 1210 y 1212 del
Código Civil. En este caso la recurrente basó la pretensión que ejercita
en el referido Conocimiento de embarque, pero ha de ser en su texto
íntegro y no fraccionado, a cuyo propósito la sentencia de 6 de febrero
de 2003 dice que cuando la actora fundamenta su acción en un preciso
documento no puede cuestionar la parte del mismo que le perjudica con
el pretexto de no estar firmado o aparezcan firmas distintas, lo que es
aplicable a los Conocimientos de embarque y en cuanto a la jurisdicción
que se establezca como la competente, por lo que no cabe poner en
duda la voluntad de las partes en esta cuestión y la vinculación con la
Aseguradora al mismo se presenta determinante, lo que permite que se
le pueda oponer la cláusula discutida de sumisión expresa a los Tribunales
holandeses y aunque no la hubiera suscrito, toda vez que la Aseguradora
hubo de consentirla (Sentencia de 13 de octubre de 1993), al estar
inserta en Conocimiento de embarque que obligaba a Funditubo S.A."
TERCERO. - En punto a la oponibilidad de la cláusula de jurisdicción a
terceros que no fueron parte en el contrato, debe decirse que resulta
indiscutible que la cláusula por la que se defiere la jurisdicción a los
tribunales de otro Estado puede ser opuesta por el transportista marítimo
más allá del ámbito subjetivo en el que se establece el contrato de
transporte. No existe, en este sentido, discusión sobre la posibilidad de
oponer las cláusulas contenidas en los conocimientos de embarque, por
ejemplo, al destinatario final de las mercancías, quien claramente no
estampó su consentimiento en el documento contractual. En este mismo
sentido se pronunció el auto dictado por esta sección el 1 de diciembre de
2005.
Tal afirmación deriva de la amplitud con que el Tribunal de Luxemburgo
viene interpretando el Convenio de Bruselas de 1968 (al que España se
adhirió por el Convenio de San Sebastián de 26 de mayo de 1989) norma
que, a su vez, trasluce claramente una mayor amplitud de miras frente a
los criterios mantenidos tradicionalmente por la jurisdicción interna para
apreciar la validez de los pactos de sumisión expresa.
Así, resulta indiscutible que el art. 17 del Convenio de Bruselas admitía,
por ejemplo, junto a la forma escrita para la atribución convencional de
la jurisdicción (o verbal con confirmación escrita), la alternativa de una
forma ajustada a los hábitos entre las partes. El precepto establece que
cuando se esté ante contratos en el marco del comercio internacional, la
cláusula de jurisdicción será válida siempre que se pacte "en una forma
conforme con los usos que las partes conocieren o debieren conocer y
que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente
observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector
comercial considerado".
Los apartados b) y c) fueron introducidos, precisamente, con un evidente
designio de flexibilidad, por los Convenios de adhesión de 9 de octubre
de 1978, -relativo a la adhesión de Dinamarca, Reino Unido e Irlanda-,
y 1989, tomando en consideración las exigencias del comercio marítimo
internacional, sin perder de vista el equilibrio que había de ser guardado
en relación con las exigencias de la seguridad jurídica.
Pues bien, el art. 23 del Reglamento reproduce en su literalidad el mismo
texto, por lo que resulta plenamente válida la jurisprudencia del TJCE
en su interpretación. Así, la STJCE de 16 de marzo de 1999 (Asunto
Casteletti) analizó el supuesto (antes de la modificación del art. 17 por
virtud del Convenio de San Sebastián de mayo de 1969) y repitiendo
la doctrina sentada en el caso Tilly Russ, afirmó que en la medida en
que la cláusula atributiva de competencia inserta en un conocimiento
de embarque es válida en la relación entre porteador y cargador, dicha
cláusula puede ser invocada trente al tercero tenedor del conocimiento
desde el momento en que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, el
tenedor del conocimiento se subroga en los derechos y obligaciones del
cargador.
Idéntica doctrina cabe predicar con respecto a la oponibilidad de la
cláusula de jurisdicción frente al consignatario.......".
E idéntica doctrina cabe predicar también cuando es esgrimida la cláusula
de jurisdicción por el transitario o comisionista de transporte frente a la
aseguradora de la propietaria de la mercancía, y por ende, cargadora de
la misma, como hemos señalado recientemente en Auto de fecha enero
2010, cuando además la propia actora que se subroga en la posición
de su asegurado, invoca el propio conocimiento de embarque como
documento que ampara precisamente el transporte marítimo que ahora
nos ocupa, durante el que, según la propia demandante, se produjeron
los daños en la carga, y funda su responsabilidad en el art. 379 CCo.
Si se quiere dotar de justicia al sistema, atendiendo a la responsabilidad
que nuestra jurisprudencia atribuye al transitario como si fuera el mismo
porteador, con esta singular imposición de responsabilidad al transitario,
no podrá limitarse, como señalamos en nuestro Auto de enero 2010,
la posibilidad por parte del demandado de oponer cuantas excepciones
tenga a su disposición el transportista presuntamente incumplidor. Entre
ellas, la posibilidad de deferir la jurisdicción si así figura en el documento
del contrato. Porque si el transitario es responsable de los daños sufridos
por la mercancía durante el transporte, no se ven razones para que no
pueda pretender deferir la jurisdicción al tribunal elegido por las partes en
el conocimiento de embarque.
CUARTO. - Alega también la parte apelante que no es aplicable al caso el
Reglamento (CE) nº 44/2001. Como ya señalamos anteriormente:
"Dos cuestiones previas interesa precisar para avanzar en la resolución de
la cuestión controvertida:
a) La admisibilidad en nuestro Derecho de las cláusulas de sumisión
expresa a los tribunales de un Estado extranjero está fuera de duda
(cfr. las sentencias del TS de 29 de septiembre de 2005, 20 de julio de
1992, 10 de noviembre de 1993, en aplicación del art. 22.2 LOPJ). La
validez de dichos pactos estará condicionada a la observancia de las
normas convencionales que rigen la competencia judicial internacional,
en concreto el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 y, más
recientemente, el Reglamento 44/2001 del Consejo, aplicables cuando al
menos una de las partes de la relación jurídica tuviere su domicilio en un
Estado contratante.
b) El Reglamento supuso la incorporación con el pleno carácter de
Derecho Comunitario al ámbito de la Unión, de los Convenios de Bruselas
de 27 de septiembre de 1968 ("sobre competencia judicial y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil") y del Convenio de
Lugano, de 16 de septiembre de 1988, que extendió, según es sabido,
el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas a los países miembros
de la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA). En la medida en que
el Reglamento toma como base lo establecido en el art. 17 del Convenio
de Bruselas, seguirá siendo referencia imprescindible la jurisprudencia del
TJCE recaída en su interpretación.
Los requisitos para la aplicación del actual art. 23 del Reglamento (CE)
44/2001, al igual que el antiguo art. 17 CB, son que al menos una de
las partes del contrato tenga su domicilio en un estado contratante
(partes del contrato lo son, generalmente, transportista y cargador, o sus
respectivos agentes), y que la cláusula atributiva de competencia designe
el tribunal o los tribunales de un Estado contratante, además de que se
celebre por escrito o verbalmente con confirmación escrita.
Cuestiona la parte recurrente el primer requisito aludiendo a que ambas
partes pertenecen al mismo Estado contratante y que tal supuesto estaría
excluido del ámbito del reglamento. No es correcto. El motivo cae por su
base cuando se comprueba que el porteador o transportista que es parte
en el contrato tiene nacionalidad portuguesa, aunque ahora en virtud de
la responsabilidad que la Jurisprudencia atribuye al transitario como si
fuera porteador, la demanda se dirija contra éste. Pero además, el art.
23 del Reglamento no excluye de su aplicación el supuesto en que ambas
partes pertenezcan al mismo Estado contratante.
QUINTO. - Subsidiariamente se plante la nulidad de las sumisiones
contendidas en Condiciones Generales de la Contratación (art. 54.2 LEC).
En orden a la validez de la cláusula de competencia debe citarse la
sentencia del TS de 8 de febrero de 2007. Frente a la interpretación pro
domo sua efectuada por el apelante, -en su legítimo ejercicio del derecho
de defensa, claro está-, resulta conveniente su transcripción literal:
"La cláusula atributiva de la competencia así redactada, incluida de forma
bien visible en un conocimiento de embarque, suscrito por el cargador y
el transportista, y redactada de forma clara y precisa, es reveladora del
consentimiento prestado por las partes sobre tal particular, en la línea
exigida por la jurisprudencia comunitaria -SSTJCE de 14 de diciembre de
1976, Asunto 24/77, Colzani c. Rüwa, (LA LEY. 792035/1976) y de 24
de junio de 1981, Asunto 150/80, Elefanten Schuh GmbH c. Jacqmain-
(LA LEY. 792486/1981) resultando irrelevante a estos efectos que se
incluya en un documento negocial respecto del cual las partes prestan su
consentimiento de forma general para todas sus cláusulas -STJCE de 19
de junio de 1984, Asunto 71/83, Russ c. Nova-, (LA LEY. 792790/1984) y
que presente la forma de condicionado general -STJCE de 14 de diciembre
de 1976, Asunto 24/76, Colzani c. Rüwa-, (LA LEY. 792035/1976) así
como que la competencia se fije en favor de los tribunales de diversos
Estados -STJCE de 9 de noviembre de 1978, Asunto 23/78, Meeth c.
Glacetal-, (LA LEY. 792210/1978) y que tenga o no una vinculación
objetiva con el litigio -STJCE de 17 de enero de 1980, Asunto 56/79,
Zelger c. Salinitri-, (LA LEY. 792355/1980) no existiendo aquí una
parte que pueda considerarse más débil que la otra, a los efectos de la
determinación del fuero competente. Por otra parte, la cláusula atributiva
de competencia debe considerarse extendida subjetivamente a la entidad
aseguradora demandante, que se ve vinculada por ella, en la medida en
que se ha subrogado en la posición jurídica del cargador asegurado, en
aplicación de la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal de Justicia
comunitario de 19 de junio de 1984 -Asunto 71/83, Russ, c. Nova-;
(LA LEY. 792790/1984) del mismo modo que alcanza al consignatario
codemandado, respecto del cual se ejercitan las pretensiones deducidas
en la demanda en su condición de representante del porteador en el
puerto, identificado subjetivamente con el naviero por la parte actora.
La cláusula de atribución de competencia ha de reputarse, pues, válida
y eficaz para producir el efecto derogatorio de la competencia de los
tribunales españoles -que derivaría de la aplicación de los artículos 5.1 y
6 bis del Convenio de Bruselas de 1968 - y para prorrogar la competencia
en favor de los tribunales de Nanterre. Deben, por lo tanto, estimarse,
como ya se ha indicado con anterioridad, los tres primeros motivos del
recurso, sin que sea preciso examinar los restantes motivos de casación,
por razones obvias, con la consecuencia de que se ha de casar y anular
la sentencia recurrida, debiendo confirmarse íntegramente la de primera
instancia."
Sostiene la apelante que el art. 54.2 de la ley procesal civil, en
interpretación analógica, impide la aplicación de pactos de sumisión
contenidos en contratos con condiciones generales de la contratación.
Como ya señalamos en nuestro Auto de 24 septiembre de 2009, la
condición de empresarios de las partes, que actúan en el ámbito propio
de su actividad, excluye en línea de principio la posible aplicación de
la normativa de protección del consumidor, en particular el control de
contenido sobre el carácter abusivo de las cláusulas de jurisdicción. En
consecuencia, resulta inaplicable el Texto Refundido de la Ley de General
para la Defensa de Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre) en lo que hace al análisis del control de
contenido de la cláusula de jurisdicción por abusiva.
Frente a las cláusulas abusivas el sistema de protección legal se limita
a las relaciones con consumidores (art. 8 Ley 7/98, art. 82 del Texto
Refundido), de suerte que solo en este caso se entrará en juego el
régimen de lista negra contenido en los arts. 85 a 90 de la nueva norma,
en particular, no resulta de aplicación a las relaciones entre empresarios
la nulidad de la cláusula de previsión de sumisión expresa a juez o
tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor o al lugar
del cumplimiento de la obligación, prevista en el art. 90.2.
En punto a la exigencia de aceptación por el adherente a condiciones
generales, debe volver a repetirse lo ya dicho: la norma internacional
establece que cuando se esté ante contratos en el marco del comercio
internacional, la cláusula de jurisdicción será válida siempre que se
pacte "en una forma conforme con los usos que las partes conocieren
o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente
conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del
mismo tipo en el sector comercial considerado", tal como sucede, sin
discusión, en el presente supuesto (vid. en este sentido, la STS de 29 de
mayo de 2008 y el auto de la AP de Las Palmas de 1 de febrero de 2007).
La competencia internacional de los tribunales españoles, se insiste, se
regula en dos tipos de normas: internacionales e internas, siendo las
primeras de aplicación preferente.
Existiendo, por tanto, normativa internacional especial para la regulación
de las cláusulas de jurisdicción, la norma interna del art. 54 no resulta
aplicable, tratándose, además, de una norma que rige para la resolución
de la competencia territorial, lejos, por tanto, del ámbito donde se mueve
el presente litigio. Se desestima el motivo.
LA SALA ACUERDA
Que desestimamos el recurso de apelación deducido por la representación
procesal de HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. contra el auto de 9 de julio de 2009
dictado por el Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Pontevedra en los autos de
juicio ordinario registrados bajo el n° 250/09, resolución que confirmamos
en su integridad, con imposición al apelante de las costas devengadas en
esta alzada.