PRIMERO. - Por el Juzgado de Primera Instancia num. 12 de Madrid se
dictó con fecha 28 de septiembre de 2007 auto cuya parte dispositiva
establece: "1º. - Estimo la declinatoria formulada por el Procurador
DÑA. MARÍA DEL VALLE GILI RUIZ, en representación de COMPAÑÍA
SUDAMERICANA DE VAPORES, S.A. 2.- Me abstengo de conocer de los
presentes autos y acuerdo el sobreseimiento del proceso. 3.- Impongo
las costas a la parte actora". Tal resolución fue objeto de recurso de
reposición que fue desestimado por auto de 19 de noviembre de 2007.
SEGUNDO. - Notificada dicha resolución a las partes litigantes, se
interpuso por la representación de ZURICH ESPAÑA COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. recurso de apelación que, admitido por
el mencionado juzgado y tramitado en legal forma ha dado lugar a la
formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial
de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su
clase.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Se alza el presente recurso de apelación de la representación
de ZURICH ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
frente al auto dictado en primera instancia que estimaba la declinatoria
de jurisdicción formulada por la representación de la codemandada
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE VAPORES, S.A. y decretaba el
sobreseimiento del proceso con imposición de costas a la actora, tomando
en consideración la existencia de una cláusula de sumisión expresa a
la ley inglesa y a la jurisdicción de la Corte Suprema de Londres en
el conocimiento de embarque por el que se documentaba la relación
contractual y siendo admitidas tales cláusulas conforme a la normativa
aplicable - artículo 23 del Reglamento CE 44/2001 en conexión con el
artículo 22.2 de la LOPJ -.
Esgrime la actora como motivos de impugnación del pronunciamiento de
primera instancia:
1º. - La infracción de principio dispositivo y de congruencia -artículos 216
y 218 de la LEC -, poniendo de manifiesto que a pesar de haber aceptado
la codemandada ALTIUS la competencia de los tribunales españoles, al
haber contestado a la demanda, se declara la incompetencia sin haberse
solicitado por tal demandada.
2º. - Inaplicabilidad del Reglamento 44/2001 al ser la proponente de la
declinatoria una entidad chilena y no aplicarse a demandados que no
estén domiciliados en un estado miembro.
3º. - Infracción de los artículos 53.2, 54.2 de la LEC y 6.1 del Reglamento
44/2001, en el supuesto de que éste hubiera sido aplicable, en cuanto no
será válida la cláusula de sumisión contenida en documentos de adhesión
o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes
y en tanto ambos cuerpos legales conceden la posibilidad de entablar la
demanda ante los tribunales de cualquiera de los demandados al haber
sido demandados solidariamente.
4º. - Infracción de lo dispuesto en el artículo 7 a) y 5 de la Ley General
de Condiciones de la Contratación que exigen que la cláusula esté firmada
para poder decretar su eficacia.
5º. - Resultar inviable enjuiciar la eficacia de la cláusula de sumisión al
contenerse en un conocimiento de embarque diferente al transporte sobre
cuya base se acciona.
6º. - Inexistencia de contrato de transporte entre las partes ya que se
encargó el transporte con el codemandado ALTIUS, que es quién gira
la factura, sin que el conocimiento de embarque esté firmado por su
asegurado ni por el cargador en origen.
7º. - Que la acción ejercitada contra COMPAÑÍA SUDAMERICANA
DE VAPORES era por deficiente funcionamiento del contenedor
suministrado que nada tiene que ver con el transporte documentado en
los conocimientos de embarque.
8º. - Que la cláusula de sometimiento a jurisdicción sería nula al tener la
consideración de abusiva conforme a lo dispuesto en el artículo 10 bis de
la LGDCU.
9º. - Que no se ha tenido en cuenta que la cláusula es oscura y ambigua
y en consecuencia debería haberse tenido por no puesta, infringiéndose
los artículos 10.2 de la LGDCU y 1288 del Código Civil.
10º. - Que no se ha tenido en cuenta que dicha cláusula de sumisión
a una jurisdicción foránea constituye un ejercicio abusivo del derecho,
ex artículos 11.2 de la LOPJ y 7 del Código Civil, remitiendo a una
jurisdicción que no tiene ninguna conexión con el transporte de autos.
11º. - Que se ha conculcado una consolidada doctrina jurisprudencial
que tiene establecido que las cláusulas de jurisdicción no son oponibles
a las aseguradoras que litigan y, aún en el hipotético supuesto de que
TUSAPESCA hubiera aceptado la cláusula, no sería oponible en virtud del
artículo 6.2 del Código Civil.
Por las apeladas se formuló oposición al recurso en los términos que
constan en los correspondientes escritos.
SEGUNDO. - Planteado el recurso en los términos expuestos en el
fundamento jurídico precedente y siguiendo un orden lógico en el análisis
de sus motivos de impugnación debe ponerse de relieve en primer lugar
que la reclamación formulada por la aseguradora actora, actuando por
subrogación una vez efectuado el pago a su asegurada TUSAPESCA, tiene
como base la existencia de unos daños en la mercancía transportada
por la entidad chilena COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE VAPORES, S.A.
bajo un conocimiento de embarque en contrato de transporte marítimo
internacional, en cuya cláusula 23 se contiene un pacto sumisorio
atribuyendo la jurisdicción sobre todas las disputas que pudieran surgir
durante su ejecución a la "English High Court of Justice" (Corte Suprema
Inglesa en Londres) y sometidas al derecho inglés.
A la hora de analizar cualquier cuestión de competencia internacional
es la Ley Orgánica del Poder Judicial la que determina las normas de
competencia, esto es mediante las cuales se atribuye ésta a los Tribunales
españoles o, a sensu contrario, se excluye de dicha competencia. Se inicia
el artículo 21.1 de la LOPJ con una remisión general a lo establecido en
dicha Ley y a los tratados y convenios internacionales en los que España
sea parte. Es el artículo 22 el que regula cuando serán competentes
los Juzgados y Tribunales españoles en el orden civil, disponiendo en el
apartado primero las materias de las que debe conocer con exclusividad la
jurisdicción española; en el apartado segundo, los supuestos de sumisión
expresa o tácita a los juzgados españoles y cuando el demandado tenga
su domicilio en España; en el apartado tercero en defecto y subsidiario
de los criterios anteriores establece la competencia en una serie de
materias; regulándose en los apartados cuarto y quinto otras materias
competencia de los tribunales españoles en las condiciones allí previstas.
Teniendo en cuenta la remisión a los Tratados y Convenios Internacionales
suscritos por España, resulta que debe acudirse en el supuesto que nos
ocupa al Reglamento del Consejo num. 44/2001, de 22 de diciembre,
sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones
judiciales en material civil, pretendiendo dicho Reglamento garantizar
las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en material civil que
sean necesarias para el buen funcionamiento del mercado comunitario,
garantizando de este modo la continuidad de los resultados obtenidos
en el marco del Convenio de Bruselas de 1968 y convenio de Lugano de
1988.
Se dispone en el artículo primero del Reglamento el ámbito de aplicación
material disponiendo que se aplicará a las materias civil y mercantil, salvo
determinadas materias claramente especificadas. En el ámbito espacial se
aplicará "en principio", cuando el demandado esté domiciliado en uno de
los Estados miembros. En el ámbito temporal el artículo 66 dispone que
se aplicará a todas las acciones judiciales que ejerciten con posterioridad
a su entrada en vigor, que tuvo lugar el 1 de marzo de 2002.
Tal Reglamento señala en su considerando 14 que "Debe respetarse la
autonomía de las partes de un contrato, que no sea de seguros, de los
celebrados por los consumidores o de trabajo, en los que sólo se prevé
una autonomía limitada en cuanto a la elección del órgano jurisdiccional
competente, sin perjuicio de los criterios de competencia exclusiva
establecidos en el presente Reglamento", admitiendo en su artículo 23,
la validez de los acuerdos atributivos de competencia a los tribunales de
un Estado miembro siempre que no fueran contrarios a las disposiciones
de los artículos 13, 17 y 21 o si excluyeren la competencia de tribunales
exclusivamente competentes en virtud de su artículo 22.
Resulta por tanto en principio plenamente aplicable al caso, sobre
la operatividad de la cláusula de sumisión impresa en el reverso del
conocimiento de embarque que regula el transporte del litigio, lo
dispuesto en el artículo 23 del Reglamento CE 44/2001, que viene a
reproducir lo dispuesto en el art. 17 del Convenio de Bruselas, en cuanto
establece por lo que aquí interesa:
"1. Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un
Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de
un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio
que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada
relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Esta
competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. Tal
acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse:
a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita; o
b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren
establecido entre ellas; o
c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las
partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren
ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los
contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado".
En consecuencia la norma de aplicación al caso no es otra que el art.
23 del citado Reglamento 44/2001 (que al igual que el artículo 17
de su precedente, el Convenio de Bruselas de 1968), convierte a los
tribunales designados en el pacto de prorrogación de la competencia
jurisdiccional, cumpliéndose determinados requisitos, en exclusivamente
competentes, quedando obligados los tribunales de los restantes Estados
a abstenerse de conocer. En su virtud, la existencia de un pacto de
sumisión jurisdiccional expresa a favor de los tribunales de otro Estado
comunitario obligará al tribunal español ante el que se hubiera presentado
la demanda a aplicar las disposiciones contenidas en dicho precepto, art.
23, que resultará por consiguiente aplicable, cuando no se infringen con
su aplicación al caso ninguna de las competencias inderogables exclusivas
previstas en el art. 22 ni se contravienen las reglas especiales previstas
en materia de seguros, consumidores o contratos de trabajo y en este
sentido se ha entendido en las Sentencias de la Audiencia Provincial de
Barcelona de 16 de abril de 2007 y 21 de enero de 2009 (Sección 15ª) o
de 29 de noviembre de 2006 y 3 de diciembre de 2008 (Sección 17ª).
Además, tal precepto no deja de ser garantía de continuidad de lo
previsto en su antecedente, el artículo 17 del Convenio de Bruselas,
conforme a lo que se indica en el considerando 19 del propio
Reglamento("Procede garantizar la continuidad entre el Convenio de
Bruselas y el presente Reglamento.La misma continuidad debe aplicarse
por lo que respecta a la interpretación de las disposiciones del Convenio
de Bruselas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.")
existiendo numerosas resoluciones del Tribunal Supremo en aplicación del
artículo 17 en sentido contrario al que pretende sostener la recurrente
y entre las que cabe citar como más recientes las de 29 de septiembre
de 2005, 8 de febrero de 2006, 5 de julio de 2007 o 16 y 27 de mayo de
2008.
Tampoco constituye óbice para la aplicación de la cláusula de sumisión
contenida en el conocimiento de embarque el que la demandada
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE VAPORES, de nacionalidad chilena, no
estuviera domiciliada en un estado miembro, dada la remisión que se
efectúa al respecto en el artículo 4 del Reglamento cuando establece
para ese supuesto "sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los
artículos 22 y 23 " tratándose en este caso de la competencia exclusiva
y sin que pueda prevalecer lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento,
respecto a la posibilidad de demandar en el domicilio de cualquiera de los
demandados en caso de pluralidad de éstos, cuando no se está ante uno
de los casos a los que remite dicho precepto y además han de respetarse
en todo caso los pactos de elección de foro conforme a lo dispuesto en el
artículo 23.
TERCERO. - No existe tampoco infracción del principio dispositivo o
incongruencia con base en no haberse planteado la declinatoria por la
codemandada ALTIUS y haberse contestado por la misma la demanda
cuando, al margen de haberse aportado con la demanda simplemente
una copia del conocimiento de embarque sin el reverso donde constan
las estipulaciones contractuales, determinando con ello en gran medida
el desconocimiento por esa demandada de la cláusula de sumisión
y por tanto la posibilidad de hacerla valer, se encuentra plenamente
admitido por la Jurisprudencia que el régimen del agente consignatario es
asimilable al del naviero (STS de 26 de noviembre de 2007), constando
en el propio conocimiento de embarque la cláusula que establece que
cualquier entidad a la que se haga responsable de la mercancía tendrá
derecho a beneficiarse de todas las cláusulas previstas en el conocimiento
y en la Ley para el naviero. En este sentido las cláusulas de prórroga de
jurisdicción deben alcanzar al consignatario codemandado respecto del
cual se ejercitan las pretensiones deducidas en la demanda en su alegada
condición de representante del porteador en el puerto, y al respecto
indica la STS de 8 de febrero de 2006 que ".la cláusula atributiva de
competencia debe considerarse extendida subjetivamente a la entidad
aseguradora demandante, que se ve vinculada por ella, en la medida
en que se ha subrogado en la posición jurídica del cargador asegurado,
en aplicación de la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal de
Justicia comunitario de 19 de junio de 1984 -Asunto 71/83, Russ, c.
Nova-; del mismo modo que alcanza al consignatario codemandado,
respecto del cual se ejercitan las pretensiones deducidas en la demanda
en su condición de representante del porteador en el puerto, identificado
subjetivamente con el naviero por la parte actora".
Por otra parte resulta evidente que no puede ampararse la exclusión de
la cláusula de sumisión con base en la condición de consumidora de la
cargadora TUSAPESCA, que en ningún caso concurre al tratarse de una
persona jurídica y contratar el transporte del cargamento de pescado para
incorporarla a la explotación de su negocio, con posibilidad de repercutir
el precio del suministro a sus clientes, siendo reiterada la jurisprudencia
del Tribunal Supremo al interpretar el art. 1 de la Ley española 26/1984,
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (SSTS 17 julio 1997,
17 marzo y 16 diciembre 1998 (y), 18 junio 1999, 16 octubre 2000, 28
febrero 2002, 29 diciembre 2003 y 21 septiembre 2004)) en el sentido de
que las disposiciones protectoras del consumidor como parte considerada
económicamente más débil sólo engloban los contratos celebrados para
satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo,
y del mismo modo se entiende en la reiterada doctrina del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas (STJCE 19 de enero de 1993,
Shearson Lehman Hutton, asunto C-89/9).
Por ello simplemente procedía determinar si era válida la cláusula de
sumisión expresa, "acuerdo atributivo de competencia" en la terminología
del citado Reglamento, contenida en el conocimiento de embarque, pero
teniendo en cuenta que el concepto "acuerdo atributivo de competencia"
del art. 23 del Reglamento 44/2001, que ya se contenía en el art. 17
del Convenio de Bruselas, debe interpretarse de forma autónoma y no
entender que se remite al Derecho interno de uno u otro de los estados
interesados, por ser un concepto "determinante para conferir, no obstante
lo dispuesto en las normas generales reguladoras de la competencia
judicial, una competencia exclusiva al Tribunal del Estado contratante
que las partes hubieren designado" (STJCE de 20 de febrero de 1997,
MSG, asunto C-106/95), siendo el objetivo del citado Reglamento unificar
las reglas de competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados
contratantes, evitando, en la medida de lo posible, la multiplicidad de los
criterios de competencia judicial respecto a una misma relación jurídica
(STJCE 4 de marzo de 1982, Effer, asunto C - 38/81; 13 julio 1993, Mulox
IBC, asunto C-125/92).
También el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
establecido que la validez de las cláusulas atributivas de competencia está
subordinada a la existencia de un "convenio" entre las partes, por lo que
el Juez que conoce del asunto tiene la obligación de examinar, en primer
lugar, si la cláusula que le atribuye competencia ha sido, efectivamente,
objeto de un consentimiento, manifestado de manera clara y precisa,
por ambas partes, de manera que los requisitos de forma exigidos por
el art. 23 del Reglamento 44/2001 tienen como misión garantizar que
se acredite, efectivamente, el consentimiento (SSTJCE 14 de diciembre
de 1976, Estasis Salotti, asunto C-24/76 y Segoura, asunto C-25/76; 20
de febrero de 1997 MSG, C-106/95; 9 noviembre 2000, Coreck Maritime
GmbH Handelsveem BV y otros, asunto C-387/98).
Ninguna mención hace el art. 23 del Reglamento 44/2001 al carácter
abusivo del "acuerdo atributivo de competencia", sino que subordina
su validez a que se hubiera celebrado por "escrito o verbalmente con
confirmación escrita", o "en una forma que se ajustare a los hábitos
que las partes tuvieren establecido entre ellas", o, en el comercio
internacional, "en una forma conforme a los usos que las partes
conocieren o debieren conocer...".
En este caso la cláusula atributiva de competencia ha de considerarse
válida, a la luz de la norma precitada, si la analizamos desde la
perspectiva de sus requisitos de forma. Se trata de una estipulación
que, aunque responda a un formulario, ello es debido a que en el
contrato de transporte marítimo internacional resulta muy habitual la
utilización de las condiciones generales de contratación con lo que la
actora no puede alegar desconocimiento o imposición de la cláusula
de "leyes y jurisdicción". No puede aducir desconocimiento porque,
aparte de ser internacionalmente conocida su existencia e inclusión
en los conocimientos de embarque, esto es, en la práctica marítima
internacional, no puede alegar la imposición de dicha cláusula por
cuanto nuestra jurisprudencia ya tiene señalado que al tratarse de
empresarios acostumbrados a intervenir en el tráfico jurídico y comercial
internacional -donde es usual y comúnmente aceptado sujetar las
relaciones negociales a contratos-tipo, de adhesión o con condiciones
generales (que habitualmente recogen usos comerciales)-, no cabe
predicar de una parte contratante una posición negocial inferior o más
débil de la que pueda abusar o aprovecharse el otro contratante. El
simple hecho de que el contrato sea de adhesión no lo convierte en
nulo de modo automático, pues determinadas formas de contratación,
bien porque se realizan en masa, o bien porque responden a un número
constante o elevado de transacciones, requieren uniformidad en su
estructura y en sus cláusulas, lo que no quita para que las partes puedan
negociar individualmente la aceptación, modificación o rechazo de
algunas cláusulas o de aquellas esenciales que definen el contenido de la
prestación. Por ello resulta sumamente difícil afirmar el carácter abusivo
de las cláusulas contenidas en las pólizas-tipo respecto de quien no es
consumidor en el sentido de la Directiva 93/13 CE, la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios o la Ley sobre Condiciones
Generales de la Contratación.
Por otra parte, cierto es que el contrato de la litis carece de elementos de
conexión con el Reino Unido y ello no deja de ser un argumento de cierta
entidad, pero ha de tenerse en cuenta que el artículo 23 del Reglamento
no vincula a tal requisito la validez y eficacia de las cláusulas de prórroga
de la competencia, sino a dos concretas condiciones: que una de las
partes contratantes, cuando menos, tenga su domicilio en un Estado
miembro; y que ambas hubieren acordado que un tribunal o tribunales de
un Estado miembro (que puede ser distinto al en que tengan cada una su
domicilio) sea el competente para conocer de los litigios que entre ellas
pueda surgir. Además el acuerdo se ha celebrado en forma escrita, con
lo que también se cumplimenta en el caso la exigencia consignada en el
punto a) del primer párrafo del referido precepto.
La cláusula de elección del foro, contenida en el conocimiento de
embarque que documentó la relación jurídica, es conforme a los
usos que en el comercio internacional son ampliamente conocidos y
regularmente observados por las partes en los contratos del mismo
tipo en el sector comercial considerado, y que las partes del contrato,
comerciantes que actúan en dicho sector comercial, conocen, o debieran
conocer, dichos usos, siendo constante en este sentido la doctrina del
Tribunal Supremo recogida en las Sentencias ya mencionadas de de
29 de septiembre de 2005, 8 de febrero de 2006, 5 de julio de 2007
o 16 y 27 de mayo de 2008 respecto a que la cláusula atributiva de
la competencia así redactada, incluida de forma bien visible en un
conocimiento de embarque, suscrito por el cargador y el transportista,
y redactada de forma clara y precisa, es reveladora del consentimiento
prestado por las partes sobre tal particular, en la línea exigida por la
jurisprudencia comunitaria -SSTJCE de 14 de diciembre de 1976, Asunto
24/77, Colzani c. Rüwa, y de 24 de junio de 1981, Asunto 150/80,
Elefanten Schuh GmbH c. Jacqmain- resultando irrelevante a estos efectos
que se incluya en un documento negocial respecto del cual las partes
prestan su consentimiento de forma general para todas sus cláusulas
-STJCE de 19 de junio de 1984, Asunto 71/83, Russ c. Nova-, y que
presente la forma de condicionado general - STJCE de 14 de diciembre
de 1976, Asunto 24/76, Colzani c. Rüwa-, así como que la competencia
se fije en favor de los tribunales de diversos Estados -STJCE de 9 de
noviembre de 1978, Asunto 23/78, Meeth c. Glacetal-, y que tenga o no
una vinculación objetiva con el litigio -STJCE de 17 de enero de 1980,
Asunto 56/79, Zelger c. Salinitri-, no existiendo aquí una parte que pueda
considerarse más débil que la otra, a los efectos de la determinación del
fuero competente.
Tampoco se sostiene la pretensión de la recurrente de negar la existencia
del contrato de transporte, en base al cual precisamente reclama por los
daños causados en la mercancía de su asegurada, pretendiendo ahora
su transformación en el arrendamiento del contenedor, pues si resulta
que la aseguradora actora invoca, como fundamento de su pretensión,
el contrato de transporte marítimo concertado por su asegurada con la
mercantil demandada, exigiendo la responsabilidad derivada del mismo,
a tal negocio debe y debemos estar tanto para lo que le favorece como
para lo que le perjudica, pues lo contrario implicaría ir en contra de sus
propios actos. Dicho de otro modo, no puede pretender la recurrente
obtener una suma indemnizatoria, por vía jurisdiccional, alegando la
responsabilidad contractual en que habría incurrido la contraparte, y, al
tiempo, desconocer -en lo que no le resulta beneficioso- el contenido de
las distintas cláusulas y estipulaciones del mismo negocio.
Del mismo modo ha de rechazarse que lo estipulado no alcance a la
aseguradora cuando es claro que conforme a la jurisprudencia -STS
de 29 de septiembre de 2005 reiterada por otras posteriores- está
vinculada por la cláusula de sumisión controvertida toda vez que actúa
en el pleito subrogándose en los derechos de su asegurada, cargadora o
propietaria de la carga transportada, que en su condición de destinataria
sucede normalmente al cargador en todos los derechos y obligaciones tal
como figuran en el conocimiento de embarque, que integró la cláusula
sumisoria de competencia jurisdiccional, que la obliga y a la que no cabe
pueda sustraerse, ya que el artículo 780 del Código de Comercio decreta
que cuando el asegurador pague la cantidad asegurada se subrogará
en el lugar del asegurado para todos los derechos y acciones que le
correspondan (Sentencia de 23.12.1993), precepto que ha de relacionarse
con los artículos 1203, 1210 y 1212 del Código Civil. En este caso la
recurrente basó la pretensión que ejercita en el referido conocimiento de
embarque, pero ha de ser en su texto íntegro y no fraccionado, a cuyo
propósito la sentencia de 6 de febrero de 2003 dice que cuando la actora
fundamenta su acción en un preciso documento no puede cuestionar la
parte del mismo que le perjudica con el pretexto de no estar firmado
o aparezcan firmas distintas, lo que es aplicable a los conocimientos
de embarque y en cuanto a la jurisdicción que se establezca como
la competente, por lo que no cabe poner en duda la voluntad de las
partes en esta cuestión y la vinculación con la aseguradora al mismo se
presenta determinante, lo que permite que se le pueda oponer la cláusula
discutida de sumisión expresa aunque no la hubiera suscrito, toda vez
que la Aseguradora hubo de consentirla (Sentencia de 13 de octubre de
1993), al estar inserta en Conocimiento de embarque que obligaba a su
asegurada.
Consecuencia de lo expuesto es que entendemos plenamente vigente
y eficaz, entre las partes del presente litigio, la cláusula de sumisión
expresa que hace que sea la jurisdicción de la "English High Court of
Justice" de Londres la única competente para conocer del mismo, con
exclusión de los tribunales españoles, por lo que debemos desestimar el
recurso y confirmar la decisión de primera instancia.
PARTE DISPOSITIVA
En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:
1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación
de ZURICH ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. contra
el auto dictado el 19 de noviembre de 2007, por el Juzgado de Primera
Instancia núm. 12 de Madrid, en el procedimiento ordinario núm. 885/02
del que este rollo dimana.
2.- Confirmar íntegramente la mencionada resolución.