Primero.- En los autos n° 722/2010, sobre ejecución forzosa de sentencia
sobre laudo arbitral, seguidos en el Juzgado n° 2 de lo Mercantil, a virtud
de demanda de ODFJELL TANKERS AS contra MIGUEL GALLEGO, S.A.,
se dictó el día 20 de julio de 2010 en cuya parte dispositiva literalmente
se dice: "1º Que debo acordar y acuerdo otorgar el reconocimiento y
ejecución de la siguiente resolución;
Sentencia dictada en Londres por la High Court of Justice QueenŽs Bench
Division Comercial Court de 8 de febrero de 2010, en procedimiento
de ejecución de Laudo Arbitral de 1 de julio de 2008, en arbitraje entre
ODFJELL TANKERS AS y MIGUEL GALLEGO SA, sobre póliza de fletamento
de buque Bow Eagle fechado el 29 de febrero de 2008.
Y en su consecuencia llévese a efecto la notificación del mismo y
documentos que se acompañan, incorporados a las presentes, mediante
copia suficiente, a los efectos que le sean propios de la instancia
londinense de referencia.
2º Asimismo y en coherencia a lo anterior SE DESPACHA a instancias
de ODFJELL TANKERS AS parte ejecutante, ejecución frente a MIGUEL
GALLEGO SA, parte ejecutada, por las siguientes cantidades;
Principal 157.336,55.- dolares USA o su contravalor en libras al momento
del pago, y 8.677,77.- Libras esterlinas.
Intereses compuestos trimestralmente de 4,25 % anual desde el 9
de febrero de 2010 hasta su completo pago, costas y gastos, fijados
provisionalmente en 40.000.- EUR, sin perjuicio de ulterior liquidación".
Segundo.- Contra la anterior resolución interpuso recurso de apelación
la parte ejecutada, admitiéndose el mismo y, tras formular escrito de
oposición la parte ejecutante se remitieron los autos originales a este
tribunal, e iniciada la alzada y seguidos todos los trámites se señaló el día
21 de julio de 2011 para la deliberación y fallo.
Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Conrado Gallardo
Correa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La parte ejecutada recurre el auto por el que se despacha
ejecución de una sentencia inglesa alegando, en esencia, que tal
despacho se hace con base al Reglamento 44/2001 /CE, lo que no es
posible dado que del mismo se encuentra excluida la materia del arbitraje,
infringiendo la resolución recurrida el art. 1.2.d del citado Reglamento, los
artículos I y III del Convenio de Nueva York de 1958 y el art. 46.2 de la
Ley de Arbitraje por cuanto que se trata de una resolución que se limita
a dar fuerza ejecutiva a un laudo arbitral, exigiendo el reconocimiento
de esa fuerza ejecutiva en España su previo reconocimiento mediante el
procedimiento establecido al efecto.
Segundo.- El título aportado por la parte ejecutante y sobre el que se
pretende el despacho de ejecución, según resulta de la demanda, es una
"sentencia sobre laudo arbitral" (judgement on award) dictada por la High
Court of Justice, Queen's Bench Divison, Commercial Court. La fuerza
ejecutiva del título lo fundamenta tanto la demanda como la resolución
apelada en el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de
diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
(en adelante el Reglamento), concretamente en los arts. 32 y 33.1.
De acuerdo con estos preceptos cualquier decisión adoptada por un
tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea, con independencia
de la denominación que recibiere, será reconocida en los demás Estados
miembros, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno.
Sin necesidad de entrar en disquisiciones sobre la correcta traducción de
la expresión "judgement on award", lo que resulta indudable a la vista
de la documentación aportada es que se trata de una resolución judicial
dictada de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 66 de la Arbitration
Act 1996, sección que se titula "enforcement of the award", es decir,
ejecución forzosa del laudo. Conforme a los apartados 1 y 2 de dicha
Sección el laudo podrá ser ejecutado en la misma forma que una decisión
judicial, dictándose para ello decisión judicial (judgement) que recogerá
los términos literales del laudo.
De todo ello cabe concluir que la resolución judicial a aportada por la
parte ejecutante es en todo similar y tiene la misma función que el auto
despachando ejecución que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil para
la ejecución de un laudo arbitral. Los árbitros no tienen capacidad para
ejecutar su decisión, ni la parte que haya obtenido una decisión a su favor
en el laudo puede ejecutarla por si misma. Por el contrario la ejecución
forzosa del laudo solo puede ser llevada a cabo por un órgano judicial.
El art. 44 de la Ley de Arbitraje establece al efecto que la ejecución del
laudo deberá regirse por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por su parte art. 517.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce
los laudos o resoluciones arbitrales como uno de los títulos que llevan
aparejada ejecución judicial forzosa, la cual requiere el dictado de auto
conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma.
Según resulta de la documentación aportada en el derecho inglés rige un
sistema similar, puesto que la Arbitration Act 1996 inglesa exige permiso
del tribunal para que el laudo pueda ejecutarse en la misma forma que
una decisión judicial, dictándose al efecto resolución judicial que recoja el
contenido del laudo arbitral.
Tercero.- Partiendo de las anteriores premisas el art. 1.2 del Reglamento
excluye de su ámbito de aplicación, entre otras materias, el arbitraje.
Es claro y no ofrece dudas interpretativas que, al amparo de dicha
excepción, no son aplicables al arbitraje ni las reglas sobre competencia
de los órganos jurisdiccionales, ni la reglas sobre reconocimiento
y ejecución de resoluciones judiciales, ni, finalmente, las reglas
sobre reconocimiento de documentos públicos con fuerza ejecutiva y
transacciones judiciales, que son las materias que regula el Reglamento.
Y no solamente no es aplicable el Reglamento a los laudos arbitrales
propiamente dichos, sino que tampoco lo es por pura lógica a los
procedimientos y resoluciones judiciales que resuelvan cuestiones sobre
laudos arbitrales, tengan como finalidad su convalidación, el otorgarles
fuerza ejecutiva o el tomar decisiones en orden a su cumplimiento,
porque todas estas resoluciones judiciales versan sobre arbitraje y
estarían por tanto incluidas en la excepción. De lo contrario la excepción
no tendría sentido alguno ya que podría eludirse siempre obteniendo
resolución judicial que dotara de fuerza ejecutiva el laudo en el país en el
que se dictó, resolución que, conforme esta tesis, inmediatamente tendría
fuerza ejecutiva en los restantes países de la Unión Europea, haciendo
innecesario el reconocimiento del laudo en ese otro país y convirtiendo en
papel mojado el Convenio de Nueva York de 1958.
La razón de ser de esta excepción, por otra parte, no es otra que,
precisamente, la de no interferir con el Convenio de Nueva York de
1958, suscrito por España y por todos o la mayoría de los países de la
Unión Europea, aplicable al reconocimiento y ejecución de las sentencias
arbitrales extranjeras y que exige que con carácter previo a la concesión
en cada uno de los países firmantes de la ejecución de una resolución
arbitral dictada en otro de dichos países, se deba obtener el conocimiento
de la decisión arbitral de conformidad con las normas de procedimiento
vigentes en el territorio donde sea invocada. Es decir este convenio
excluye expresamente que una resolución judicial que otorgue fuerza
ejecutiva a una resolución arbitral tenga fuerza en otro país distinto,
siendo la única forma de ejecutar esa resolución arbitral en ese otro país
su previo reconocimiento de acuerdo con sus normas de procedimiento.
Tercero.- Debe pues descartarse la tesis de la parte ejecutante de que la
sentencia judicial cuya ejecución pretende sea una resolución autónoma
del laudo arbitral que pone fin a un procedimiento judicial. Se trata por el
contrario de la resolución que, conforme al derecho inglés, ha de dictarse,
para que el laudo arbitral pueda ser ejecutado por la fuerza en Inglaterra
y como tal queda excluida del ámbito del Reglamento.
Es cierto que el órgano judicial emitió el certificado previsto en los arts.
54 y 58 del Reglamento, a los efectos del reconocimiento del "judgement
on award", pero la emisión del certificado, no presupone que la resolución
sea una de las comprendidas en el propio Reglamento, ni prejuzga tal
cuestión para los órganos judiciales del país donde trata de hacerse valer,
sino que simplemente garantiza su autenticidad.
Cuarto.- En definitiva, la única posibilidad conforme a las normas citadas
de obtener la ejecución de un laudo extranjero en España es obtener
el reconocimiento y el despacho de ejecución del mismo conforme a lo
prevenido en los arts. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 44.2 de la
Ley de Arbitraje y 955 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.
De acuerdo con el primero de los citados preceptos, para que una
sentencia o título ejecutivo extranjero tenga lleve aparejada ejecución se
estará a lo dispuesto en los tratados internacionales y en las disposiciones
legales sobre cooperación jurídica internacional. Quedando excluida la
materia del arbitraje del Reglamento, es de aplicación el art. 46 de la
Ley de Arbitraje, conforme al cual, tras especificar que se entiende por
laudo extranjero el pronunciado fuera del territorio español, el exequatur
de laudos extranjeros se regirá por el Convenio sobre reconocimiento y
ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York,
el 10 de junio de 1958, sin perjuicio de lo dispuesto en otros convenios
internacionales más favorables a su concesión, y se sustanciará según
el procedimiento establecido en el ordenamiento procesal civil para el de
sentencias dictadas por tribunales extranjeros.
Dicho procedimiento se regula en el art. 955 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 1881, el cual, en su redacción vigente en el momento de
presentación de la demanda el día 12 de julio de 2010, atribuía a los
Juzgados de lo Mercantil la competencia de conocer de las solicitudes de
reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales
y arbitrales extranjeras que versen sobre materias de su competencia.
Este precepto ha sido modificado por la disposición final primera de la
Ley 11/2011. De acuerdo con esta nueva redacción, en vigor desde el
día 10 de junio de 2011, la competencia para el reconocimiento de los
laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, corresponde, con arreglo a
los criterios que se establecen en el párrafo primero del artículo, a las
Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia,
sin que quepa ulterior recurso contra su decisión. La competencia para la
ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros corresponde a
los Juzgados de Primera Instancia, con arreglo a esos mismos criterios.
No solicitándose en la demanda el reconocimiento del laudo arbitral
extranjero de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881, y no siendo de aplicación directa en España
una sentencia inglesa otorgando fuerza ejecutiva a un laudo arbitral, por
estar excluida la materia de arbitraje del Reglamento 44/2001 /CE, debe
concluirse que no se ha presentado un título ejecutivo que lleve aparejada
ejecución en España, por lo que no debió dictarse auto despachando
ejecución, siendo procedente revocar el mismo y dictar otro denegando el
despacho de ejecución.
Quinto.- Debe estimarse pues el recurso, sin hacer especial imposición de
las costas procesales de esta alzada, por así establecerlo el art. 398.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil para el caso de que la apelación prospere en
todo o en parte.
Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación.