Don CARLOS GOMEZ MARTINEZ.
HECHOS
PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Jdo. Primera Instancia
núm. Tres de Inca se dictó resolución en fecha 24 de Mayo de 2001 en los
referidos autos, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Se
otorga la ejecución en España de la Resolución dictada en fecha de cuatro
de Julio de 1.997 por la Sección 1ª de la Audiencia de Linz".
SEGUNDO.- Contra la expresada resolución, y por la representación de la
parte demandada se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y
seguido el recurso por sus trámites por esta Sala se acordó para votación
y Fallo el día 11 de julio de dos mil dos.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las
prescripciones legales.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Se aceptan los del auto recurrido.
PRIMERO.- La resolución dictada en primera instancia acuerda el embargo
preventivo de una finca propiedad de doña Penélope, sita en Santa Eulalia
del Río, Eivissa, en ejecución de la sentencia condenatoria dictada el 4
de julio de 1997 por la Sección 1ª del Landgericht de Linz, Austria, y ello
en aplicación de lo establecido en los artículos 25, 26, 27, 46 y 47 del
Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 sobre competencia
judicial y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil.
Dicho auto es recurrido por la parte ejecutada cuya dirección letrada, en
el escrito de interposición del recurso, aduce los siguientes motivos de
impugnación:
a) La sentencia del tribunal austriaco no fue notificada personalmente a la
Sra. Penélope.
b) La Sra. Penélope prestó aval por importe de 500.000 chelines que fue
ejecutado en su día, sin que se haya prestado nueva garantía.
c) El bien cuyo embargo se acuerda fue adquirido después de la
constitución del aval.
SEGUNDO: Los artículos 31 a 45 del Convenio de Bruselas regulan la
ejecución de decisiones estableciendo un procedimiento sumario con el
fin de obtener el exequátur, sin intervención de la parte contraria a la
que únicamente se le concede la posibilidad de recurrir la resolución que
otorga la ejecución.
Junto a la solicitud la parte interesada deberá presentar los documentos
que se indican en los artículos 46 y 47 del Convenio (que han sido
sustituidos por los artículos 53 y 54 del Reglamento (CE) núm. 44/2001
del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, no
aplicable al caso de autos por entrar en vigor el 1 de marzo del año en
curso, es decir, en fecha posterior a la petición de exequátur origen del
presente procedimiento).
El artículo 47 del Convenio de Bruselas señala que con la solicitud de
reconocimiento y ejecución debe presentarse "cualquier documento
que acreditare que, según la Ley del Estado de origen, la resolución es
ejecutoria y ha sido notificada". Pues bien, al folio 27 obra certificación
del tribunal de Linz en la que se hace constar que "la sentencia de la
Audiencia de Linz, dictada el 4 de julio de 1997, 1Cg 80/97, ha ido
notificada y entregada en mano a Penélope y/o a su representante
jurídico el 18.8.97".
En consecuencia debe entenderse que se cumple plenamente el requisito
de acreditación de la notificación de la sentencia exigido en el Convenio
de Bruselas para la ejecución de la resolución dictada por el tribunal de
un país miembro de la Unión Europea, sin que proceda examinar los
demás motivos de impugnación que hacen referencia al fondo del asunto,
sobre el que este tribunal no puede entrar, al no tratarse de ninguno
de los que aparecen enumerados en los artículos 27 y 28 del Convenio
(orden público o protección de los derechos de defensa del demandado
rebelde), aunque sí puede señalar, a título ilustrativo que, al menos en
derecho español, el pago puede hacerse valer en trámite de ejecución de
sentencia (artículo 557.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil), por lo que,
de existir una norma semejante en derecho austriaco, la Sra. Penélope
podrá hacer valer el pago ante el tribunal que conoce del asunto; y
que igualmente rige en nuestro derecho el principio de responsabilidad
universal del deudor con todos sus bienes presentes y futuros (artículo
1911 del Código Civil) por lo que ninguna influencia puede tener en
la efectividad del embargo la circunstancia de que el bien trabado se
adquiriese con posterioridad al aval.
TERCERO.- Dado lo establecido en el artículo 398 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil procede condenar al apelante al pago de las costas de
esta alzada al ser la presente resolución íntegramente confirmatoria de la
dictada en primera instancia.
En consecuencia, LA SALA ACUERDA:
Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el procurador de los
tribunales don Juan Antonio Landáburu Riera, en nombre y representación
de doña Penélope, contra el auto dictado el día 24 de mayo de 2001 el
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Eivissa, en el procedimiento de
ejecución de sentencia extranjera del que el presente rollo dimana.
En consecuencia, se confirma en todos sus extremos dicha resolución, con
expresa imposición al apelante de las costas de esta alzada.
Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. arriba
referenciados. Doy fe.