PRIMERO. - Con fecha 3 de marzo de 2003 se presentó por D. Mateo...
solicitud de reconocimiento y ejecución de resolución extranjera con
la siguiente petición: "Que, teniendo por presentado este escrito con
sus copias y los documentos que se acompañan se sirva admitirla,
tenga por comparecido y parte al Procurador que suscribe en nombre
y representación de D. Mateo... y por interpuesta solicitud de
reconocimiento y ejecución de la resolución extranjera dictada por El Alto
Tribunal de Justicia el día 16 de abril de 2002; y sin necesidad de oír a
la parte contraria, tal y como establece el artículo 41 del Reglamento
Comunitario en relación con los artículos mencionados de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, autorice a la ejecución de dicha resolución por la
cantidad de 165.000,00 libras esterlinas (243.004,42 euros) más los
intereses legales desde la fecha de ejecución del título que se ejecuta,
es decir, el 29 de noviembre de 2.002, haciéndose efectiva a través de
la ejecución de la resolución dictada por el Alto Tribunal, se proceda al
embargo de la garantía concedida por la demandada en pago de la deuda
y contenida en el texto de la Orden, y por tanto se decrete el embargo de
los bienes que posea la ejecutada, designando ésta parte, entre otros, las
acciones que la ejecutada posea en las mercantiles LLIBER INVESTMENT,
S.A. y EUROPARTNER, S.A., continúe la ejecución y se proceda a la
venta ante notario de las acciones que pertenezcan a la demandada en
el capital social de las sociedades de nacionalidad española e inscritas
en el Registro Mercantil de Madrid, EUROPARTNER, S.A., hoja 91480 y
LLIBER INVESTMENT, S.A., hoja 91323-2, y en el supuesto que no alcance
a cubrir la cantidad por la que se despacha ejecución, se requiera a la
ejecutada a fin que señale relacionadamente bienes y derechos de su
propiedad, con los apercibimientos legales, y lo anterior con imposición de
las costas de este procedimiento a la demandada".
SEGUNDO. - Turnado el asunto al Juzgado de Primera Instancia nº 72
de Madrid, dando lugar a los autos nº 224/03 de ejecución de títulos
judiciales, en 25 de marzo de 2003 se dictó auto con la siguiente parte
dispositiva: "1.- SE DESPACHA a instancias de Mateo... parte ejecutante,
ejecución frente a Rosalia... parte ejecutada, por las siguientes
cantidades 243.004,42 EUROS DE PRINCIPAL (CORRESPONDIENTE
AL CAMBIO EN EUROS A FECHA 21.2.2003 DE LA SUMA DE 165.000
LIBRAS ESTERLINAS) MÁS OTROS 50.000 EUROS CALCULADOS
PROVISIONALMENTE PARA COSTAS E INTERESES.
2.- Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 155.5 de la LECn, si cambiasen su domicilio durante la
sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente al tribunal.
3.- Se acuerda el embargo de:
A - 490 acciones de la sociedad EUROPARTNER SA representativas del
49% del capital social de la misma, numeradas del 1 a la 490 ambas
inclusive, con domicilio en la c/ Velázquez 21, inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al tomo 10102, sección tercera, libro 8692, hoja
91.480.
b- Las acciones de las que sea propietaria la ejecutada en la mercantil
LLIBER INVESTMENT SA inscrita en el registro Mercantil de Madrid,
al Tomo 10071, sección 3ª, libro 8671, hoja 913232, para lo cual se
librará el correspondiente oficio a dicha Sociedad a fin de que certifique y
determine el número de acciones de las que es titular la ejecutada.
C - Se requiere a la ejecutada para que designe más bienes de su
propiedad suficientes para cubrir las sumas adeudadas con expresión de
las cargas y gravámenes y en caso de inmuebles si están ocupados o no.
4.- Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s con entrega de copia
de la demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, por correo
certificado con acuse de recibo internacional, dado que la parte ejecutada
tiene su domicilio en Londres, para que, en cualquier momento pueda/n
personarse en la ejecución"
TERCERO. - Tras conseguirse la notificación de dicho auto a Dª Rosalia...
ésta compareció en las actuaciones el 6 de febrero de 2004 anunciando
su intención de interponer recurso de apelación contra dicho auto e
interesando la suspensión de cualquier acto de ejecución sobre sus bienes
embargados, suspensión que se acordó mediante providencia de 25 de
marzo siguiente.
CUARTO. - Interpuesto el anunciado recurso de apelación, de éste
conoció la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que el 21
de marzo de 2005 dictó auto con la siguiente parte dispositiva: "Que con
desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación
procesal de DOÑA Rosalia... contra el auto dictado por el Juzgado de
Primera Instancia número setenta y dos de los de Madrid, en fecha
veinticinco de marzo de dos mil tres debemos confirmar y confirmamos,
en su integridad, referida resolución con expresa imposición a la apelante
de las costas causadas en esta alzada".
QUINTO. - Anunciado recurso de casación por Dª Rosalia... contra dicho
auto, el tribunal de apelación lo tuvo por preparado y, a continuación,
la referida parte lo interpuso ante el propio tribunal articulándolo en
dos motivos amparados en el art. 477.2 LEC de 2000: el primero por
infracción del art. 36 del Reglamento comunitario 44/2001 y el segundo
por aplicación indebida del art. 22.5 del mismo Reglamento.
SEXTO. - Recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la
misma ambas partes por medio de los Procuradores mencionados en el
encabezamiento, Dª Rosalia... solicitó se subordinara la ejecución de la
resolución del tribunal inglés a la constitución de una garantía por la parte
contraria, petición denegada por providencia de 21 de octubre de 2005
ratificada por auto de 27 de enero de 2006 que desestimó el recurso de
reposición interpuesto por aquélla.
SÉPTIMO. - Admitido el recurso de casación por auto de esta Sala de 29
de abril de 2008 al amparo del art. 477.2-3º LEC de 2000, por interés
casacional consistente en la aplicabilidad de una norma con vigencia no
superior a cinco años, la representación de D. Mateo... presentó escrito
de oposición al mismo interesando se declarase su inadmisibilidad por
haber resuelto ya el tribunal inglés la cuestión relativa a la competencia
declarando que correspondía a los tribunales españoles, a cuyos efectos
acompañaba el documento correspondiente con su traducción, así como
por incorrecta técnica casacional y pretenderse por la recurrente una
tercera instancia, impugnando a continuación los motivos del recurso y
solicitando se dictara sentencia desestimándolo, confirmando la resolución
recurrida e imponiendo las costas a la parte recurrente.
OCTAVO. - Por Providencia de 23 de septiembre del corriente año se
nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el
recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 26
de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - El presente recurso, preparado, interpuesto y admitido
por interés casacional en su modalidad de aplicación por la sentencia
recurrida de normas vigentes desde hace no más de cinco años (art.
477.3, inciso último, LEC de 2000), se articula en dos motivos, se
funda en infracción del art. 36 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del
Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil (motivo primero), así como del art. 22.5) de este mismo
Reglamento (motivo segundo), y se dirige contra el auto 21 de marzo
de 2005 dictado por la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid
desestimatorio del recurso que la parte opuesta a la ejecución, hoy
también recurrente en casación, había interpuesto, al amparo del art.
44 de dicho Reglamento, contra el auto del Juez de Primera Instancia nº
72 de Madrid, de fecha 25 de marzo de 2003, despachando ejecución y
acordando el embargo de las acciones de la ejecutada en dos sociedades
anónimas domiciliadas en España.
El título judicial en cuya virtud se despachó ejecución es una orden o
sentencia (order) dictada el 16 de abril de 2002 por el Alto Tribunal de
Justicia (Sala de la Cancillería) de Londres (Reino Unido) homologando
un acuerdo transaccional entre las partes hoy recurrente y recurrida
en virtud del cual la recurrente se comprometía a pagar al recurrido la
cantidad de 165.000 libras esterlinas el o antes del 29 noviembre de
2002 garantizando el cumplimiento de esta obligación con todas las
acciones de la hoy recurrente en dos sociedades anónimas españolas,
garantía ejecutable el 29 de noviembre de 2002 o posteriormente sin que
fuese aplicable la Sección 103 de la Ley de la Propiedad de 1925 (Law
of Property Act 1925), de tal suerte que la facultad legal de venta de las
acciones podría ejercitarse en cualquier momento si bien el hoy recurrido
se comprometía a no hacerlo mientras la garantía no fuera ejecutable. En
esta misma "acta de gravamen" o garantía el punto 5 establece que "Este
acta estará sujeta a la ley inglesa y las partes de la misma se someten
irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales de Inglaterra respecto
a todas las controversias que surjan de o en relación con este acta".
Con base principalmente en este punto 5 los dos motivos del recurso
vienen a negar la competencia de los tribunales españoles para la
ejecución de la garantía constituida, esto es para el embargo y la
venta forzosa de las acciones de la recurrente en las dos sociedades
anónimas españolas, por considerar que tal competencia corresponde a
los tribunales ingleses en virtud de la sumisión expresa de las partes.
El recurrido, por su parte, beneficiario de la garantía como acreedor de
la cantidad de 165.000 libras esterlinas no pagada por la recurrente, se
opone a los dos motivos del recurso pero con carácter previo plantea la
inadmisibilidad del recurso mismo.
SEGUNDO. - De los óbices de admisibilidad alegados por el recurrido,
el primero consiste en la cosa juzgada que derivaría de una resolución
posterior del mismo tribunal inglés rechazando la competencia de los
tribunales ingleses para conocer de la ejecución de su resolución de 16 de
abril de 2002. Esta segunda resolución se aporta por el recurrido con su
escrito de oposición y consta traslado de la misma a la parte recurrente
sin que ésta haya presentado alegación alguna. Tiene fecha de 8 de
junio de 2007 y acuerda rechazar la petición de la hoy recurrente de 24
de noviembre de 2006 de que se suspenda la ejecución de la sentencia
del mismo tribunal de 16 de abril de 2002 y se impida al hoy recurrido
proseguir tal ejecución ante los juzgados y tribunales españoles.
Pues bien, este óbice de admisibilidad no se aprecia porque, pese al
indudable valor interpretativo de esta segunda resolución del tribunal
inglés, la misma se limita a denegar una petición de la recurrente
para que se impida al recurrido proseguir la ejecución instada ante los
tribunales españoles, de suerte que ni decide la misma cuestión planteada
por la hoy recurrente en su oposición a la ejecución ante la Audiencia
Provincial y en este recurso de casación ni es admisible que, instada la
ejecución de la garantía ante los tribunales españoles como competentes,
la oposición del ejecutado acabe siendo resuelta no por el tribunal español
competente sino por el tribunal inglés que dictó la resolución de cuya
ejecución se trata.
El segundo óbice de admisibilidad que alega el recurrido consiste en que
la recurrente pretende una tercera instancia ante esta Sala reproduciendo
los mismos argumentos de su recurso de apelación y planteando
infracciones procesales ajenas al ámbito del recurso casación por ser
propias del recurso extraordinario por infracción procesal.
Tampoco este óbice de admisibilidad puede ser acogido, porque en el
régimen del Reglamento 44/2001 el recurso ante la Audiencia Provincial
no es una segunda instancia ni tampoco, en puridad, un recurso de
apelación contra resolución del juez que dirima una controversia
sustantiva o procesal entre las partes, sino el medio por el que en España
(Anexo III del Reglamento) las partes pueden impugnar la resolución
que dicte el Juez de Primera Instancia (art. 43, apdos. 1 y 2), de suerte
que, impedida la parte ejecutada de "formular observaciones" ante el
Juez (art. 41), su recurso ante la Audiencia es en realidad el medio que
tiene para oponerse por vez primera al despacho de ejecución cuando
la decisión del Juez hubiera sido favorable al solicitante y por tanto se
hubiera otorgado la ejecución. De lo anterior, a su vez, se derivan otras
peculiaridades para el recurso de casación en estos casos, pues de un
lado no cabrá reprochar al recurrente el pretender una tercera instancia,
al no haber existido en puridad primera ni segunda, y, de otro, no podrá
ser inadmitido el recurso por plantear cuestiones procesales propias del
recurso extraordinario por infracción procesal, ya que precisamente el
recurso de casación es el medio específicamente previsto en el Anexo IV
del Reglamento 44/2001, instrumento normativo de fecha posterior a la
LEC de 2000 que separó la infracción procesal del recurso de casación,
para cumplir el art. 44 del propio Reglamento que prevé recurso contra
la resolución que decidiere sobre el recurso del art. 43, es decir sobre
la oposición ante la Audiencia al despacho de ejecución acordado por el
Juez. Y como quiera que la materia del Reglamento de que se trata es
precisamente la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, prohibiendo
sus artículos 36 y 45.2 cualquier revisión de la resolución extranjera
o del Estado miembro de origen en cuanto al fondo, claro está que las
infracciones denunciables mediante este recurso de casación habrán de
tener una naturaleza predominantemente procesal. De ahí que esta Sala,
en autos de 23 de noviembre de 2004, 21 de enero de 2003 y 12 de
marzo de 2002, haya señalado que la vía del ordinal 3º del art. 477.2
LEC de 2000 es la adecuada para plantear en casación la infracción del
Reglamento 44/2001 y del Convenio de Bruselas de 1968, mediante un
recurso de casación con un objeto y un contenido concretos que viene
impuesto por la primacía y aplicabilidad directa del Derecho comunitario,
por más que la regulación interna del recurso de casación sí se tenga en
cuenta para impedir el planteamiento de cuestiones de hecho.
TERCERO. - Entrando por tanto a examinar los motivos del recurso, el
primero se funda en infracción del art. 36 de dicho Reglamento 44/2001
porque, en opinión de la recurrente, que luego cita el art. 45.2 del propio
Reglamento, el tribunal inglés se habría considerando "internacionalmente
competente" para conocer de la ejecución de su sentencia al sujetar el
"acta de gravamen" o garantía del cumplimiento de la obligación a la ley
inglesa, sometiéndose las partes irrevocablemente "a la jurisdicción de los
tribunales de Inglaterra respecto a todas las controversias que surjan de o
en relación con este acta", de suerte que el auto impugnado, al considerar
competentes a los tribunales españoles para despachar ejecución sobre
las acciones de la hoy recurrente en las sociedades anónimas españolas,
habría revisado improcedentemente el fondo de la resolución del tribunal
inglés.
Semejante planteamiento es inacogible y por ello el motivo debe ser
desestimado. Al margen de que no hay controversia alguna en cuanto al
reconocimiento de la sentencia del tribunal inglés, y por ello la norma a
considerar no sería tanto el art. 36 del Reglamento cuanto su art. 45.2,
y aunque se prescinda incluso del indudable valor interpretativo de la
posterior resolución del mismo tribunal inglés rechazando la petición
de la hoy recurrente de que se impida al hoy recurrido proseguir la
ejecución instada ante los tribunales españoles, lo cierto es que no existe
en el auto de la Audiencia impugnado ninguna revisión de lo decidido
por el tribunal inglés en cuanto al fondo sino, pura y simplemente, una
aplicación del Reglamento 44/2001 cumpliendo sus fines de eficacia
y rapidez en el procedimiento "para hacer ejecutoria, en un Estado
miembro, una resolución dictada en otro Estado miembro" (Considerando
16º del Reglamento) y aplicando su art. 22.5, tan obligatorio para España
como para el Reino Unido, que en materia de ejecución de resoluciones
judiciales atribuye en exclusiva la competencia a los tribunales del estado
miembro del lugar de ejecución.
En verdad no hay controversia alguna sobre la transacción aprobada por
la sentencia del tribunal inglés de 2002 ni sobre la cantidad de 165.000
libras esterlinas que la hoy recurrente adeuda al hoy recurrido, como
tampoco la hay en torno a la constitución de una garantía que comprendía
las acciones de la hoy recurrente en dos sociedades anónimas españolas.
De lo que se trata, pura y simplemente, es de ejecutar esta garantía,
y ninguna duda cabe de que España es el lugar de la ejecución más
apropiado para que ésta sea eficaz.
Como muy atinadamente señala el auto impugnado, el punto 5 del "acta
de gravamen" no es terminante en lo que atañe a la ejecución de las
garantías, y por ello ni siquiera debe plantearse el problema de una
posible colisión entre la voluntad de las partes judicialmente homologada
y el art. 22.5 del Reglamento; y como también se indica con no menos
acierto, "tratándose de acciones de Sociedades domiciliadas en España las
medidas con efectividad ejecutiva, incluidas las atinentes a los libros de
registro, habrán de llevarse a cabo por el Juez español ateniéndose a las
exigencias de nuestro ordenamiento".
CUARTO. - El segundo y último motivo del recurso se funda precisamente
en infracción del referido art. 22.5 del Reglamento 44/2001 por considerar
la recurrente que el lugar de ejecución de las garantías constituidas es
el Reino Unido porque, recayendo tales garantías sobre bienes muebles,
nada impide que el hoy recurrido enajene allí forzosamente las acciones,
puesto que el punto 3 del "acta de gravamen" le faculta expresamente
para su "venta legal". Añade la recurrente que si en el acta se excluyó
la aplicabilidad de la sección 103 de Law of Propety Act 1925, esto
demuestra que sí sería aplicable el resto de dicha ley inglesa; que
regulándose por tanto en el acta cómo han de enajenarse forzosamente
las acciones de las sociedades españolas el lugar de ejecución no puede
ser otro que el Reino Unido; que el art. 22.3 LOPJ no establece una
competencia exclusiva de los tribunales españoles para conocer de las
acciones sobre bienes muebles, sino un foro especial que no impide
interponer en otro país una demanda sobre tales bienes; y en fin, que
la realización de las acciones es competencia de los tribunales ingleses
porque su venta puede hacerse perfectamente en Inglaterra (Reino
Unido).
Como se desprende de lo razonado para desestimar el primer motivo,
también este segundo motivo debe ser desestimado. Comprendida la
garantía sobre las acciones en la resolución judicial inglesa que homologó
el acuerdo transaccional entre las partes y limitada la solicitud de
ejecución a la realización de esa garantía, no cabe duda de que una
interpretación del art. 22.5 del Reglamento acorde con sus Considerandos
16º (confianza recíproca en la justicia dentro de la Comunidad a efectos
del reconocimiento de las resoluciones) y 17º (eficacia y rapidez del
procedimiento para hacer ejecutoria la resolución), así como adecuada al
principio de efectividad afirmado por la STJCE 16.3.2006 (C-234/2004),
determina que por "lugar de ejecución" deba entenderse en este caso
España por tener aquí su domicilio las sociedades anónimas emisoras de
las acciones y encontrarse los tribunales españoles en mejor disposición
que los ingleses para cumplir todos los trámites que comporta la
enajenación forzosa de tales acciones, estatutariamente sometidas al
derecho de adquisición preferente por los demás socios que a su vez se
contempla, junto con las demás previsiones estatutarias, en el art. 635.2
de la Ley procesal civil española. Carece de sentido, pues, plantearse si
la enajenación forzosa de las acciones podría llevarse a cabo o no en el
Reino Unido porque, cualquiera que sea la respuesta, lo cierto es que la
solución afirmativa contravendría los principios de eficacia, celeridad y
efectividad ya referidos.
QUINTO. - Finalmente, no debe dejar de señalarse que la oposición de la
hoy recurrente aparece siempre presidida por la voluntad de demorar la
efectividad de la garantía pactada para el caso de incumplir su obligación
de pago, pues amén de oponerse a la ejecución de tal garantía, lograr
que se suspendiera cautelarmente la ejecución, interesar de esta Sala
una contragarantía a cargo del ejecutante-recurrido e interponer recurso
de reposición contra la denegación de tal medida, no ha aducido ni un
solo argumento sobre la improcedencia de ejecutar la garantía constituida
ni sobre los beneficios que para ejecutar la resolución inglesa reportaría
la enajenación forzosa de las acciones en el Reino Unido, de suerte que
cabe calificar su conducta procesal de puramente dilatoria y, por tanto,
manifiestamente contraria a los principios inspiradores del Reglamento
cuya infracción denuncia.
FALLAMOS
1º. - DESESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por Dª
Rosalia..., representada ante esta Sala por el Procurador D. Argimiro
Vázquez Guillén, contra el auto dictado con fecha 21 de marzo de 2005
por la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso nº
353/04.