ÚNICO. - Por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ponferrada y en
fecha 6 de noviembre de 2010 se dictó auto, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente: "Se declara terminado el proceso Exequator
seguido a instancia de Evelio, contra Lucía que se archivará, previa baja
en los libros correspondientes. Sin imposición de costas".
Notificado que fue a las partes, por la representación de Evelio se
interpuso recurso de apelación, dando traslado a las demás partes,
remitiéndose las actuaciones a esta Sección y señalándose para la fecha
de deliberación el día 8 de septiembre de 2010.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Se interpone recurso de apelación contra el auto dictado por
el Juzgado de instancia, que declara terminado el proceso de Exequator,
acordando el archivo de las diligencias, a través de las que se pretende el
reconocimiento de eficacia ejecutiva en España de la sentencia de divorcio
dictada con fecha 30 de enero de 1985, por el Tribunal de Gran Instancia
de Nanterre (Francia), en base a que de conformidad con el art. 21 del
Reglamento de la Comunidad Europea 2201/03 de 27.11.03 relativo
al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el
Reglamento 1347/2000, las resoluciones dictadas en un Estado Miembro
serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de
recurrir a procedimiento alguno. Concluyendo que la parte puede obtener
la finalidad pretendida con solo solicitar la certificación ante el órgano
jurisdiccional francés que dictó la resolución y posteriormente presentarla
al Registro Civil u otro órgano judicial español ante el que pretenda la
ejecución de la resolución, sin que sea preciso Exequátur.
SEGUNDO. - Nos encontramos pues ante un matrimonio celebrado
por un español con una francesa en el año 1975, pretendiéndose el
reconocimiento de la sentencia de divorcio dictada en fecha 30 de
enero de 1985 por el Tribunal de Gran Instancia de Nanterre (Francia),
llevándose el procedimiento de forma contradictoria. El auto recurrido
acuerda el archivo del procedimiento de reconocimiento y ejecución
de sentencia extranjera promovido por D. Evelio partiendo de que no
se requiere procedimiento alguno en base al Reglamento (CE) núm.
2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se
deroga el Reglamento (CE) núm. 1347/2000, pero debe rechazarse dicho
argumento, pues conforme a las disposiciones transitorias del mismo
recogidas en el artículo 64 no es de aplicación a la sentencia de autos
dado su fecha de 30 de enero de 1985. En este sentido cabe citar las
resoluciones de la DGRN de fecha 2.1.2004 EDD 2004/44195 y 6.5.2005
EDD 2005/179913, que en supuestos en que se invocaba el Reglamento
(CE) núm. 1347/2000, en base a las disposiciones transitorias del mismo,
artículo 42 en éste caso, se denegaba su aplicación.
No siendo de aplicación el Convenio de Bruselas de 1968, al que se
adhiere España el 26 de mayo de 1989, en función de lo dispuesto en
el art. 1 del mismo, en el que se excluye del ámbito de su aplicación
a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes
matrimoniales, los testamentos y las sucesiones, se debe por tanto,
acudir al Convenio sobre reconocimiento de decisiones judiciales y
arbitrales y actas autenticas en materia civil o mercantil entre España
y Francia, firmado en Paris el 28 de mayo de 1969, que remite al
"exequator" que ha de seguirse ante el Juzgado de Primera Instancia
conforme a lo dispuesto en el art. 36.1 de la LE Civil de 1/2000, de
7 de enero, el art. 85.5 de la LOPJ en su nueva redacción dada por
la LO 19/2003, de 23 de diciembre, que atribuye a los Juzgados de
Primera Instancia el conocimiento de las solicitudes de reconocimiento
y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales
extranjeras, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y
otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro juzgado
o tribunal, y el art. 955 de la LE Civil de 1881, en su nueva redacción,
que establece: Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y otras
normas internacionales, la competencia para conocer de las solicitudes de
reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales
y arbitrales extranjeras corresponde a los Juzgados de Primera Instancia
del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita
el reconocimiento o ejecución, o del domicilio o lugar de residencia de la
persona a quien se refieren los efectos de aquéllas; subsidiariamente la
competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o donde
aquellas sentencias y resoluciones deban producir sus efectos.
De lo expuesto, se deduce que iniciado y concluido el proceso de divorcio
por resolución dictada antes incluso de la entrada en vigor del Reglamento
1347/2000, no encajando el supuesto que nos ocupa en ninguna de las
excepciones previstas en el art. 64 del Reglamento (CE) núm. 2201/2003
del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, el cual carece de eficacia
retroactiva, forzosamente ha de señalarse que no resulta de aplicación al
mismo el expresado a Reglamento (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de
27 de noviembre de 2003, siendo por ello necesario el reconocimiento de
sentencia de divorcio por la vía de exequator, que ha de seguirse, al tener
D. Evelio su domicilio en la ciudad de Ponferrada, ante los Juzgados de
instancia de dicha ciudad, debiendo ser revocada la resolución apelada,
dejando sin efecto el archivo del procedimiento, que en consecuencia
deberá continuar su tramitación.
TERCERO. - Por todo ello, al ser estimado el recurso de apelación,
de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 394 y 398 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, no procede hacer condena en relación a las costas
derivadas de esta alzada.