PRIMERO. - Por el Juzgado de lo Social Nº 4 de los de Bilbao se dictó
sentencia en fecha 29 de mayo de 2007, en el procedimiento nº 67/07
seguido a instancia de D. Jose Ramón contra BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A. (BBVA, S.A.), sobre reclamación de cantidad (carácter
abusivo de una cláusula de preaviso de seis meses para rescindir la
relación laboral), que desestimando las excepciones alegadas por la parte
demandada, estimaba parcialmente la pretensión formulada.
SEGUNDO. - Dicha resolución fue recurrida en suplicación por la parte
demandada, siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en
fecha 8 de enero de 2008, que desestimaba el recurso interpuesto y, en
consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
TERCERO. - Por escrito de fecha 2 de abril de 2008 se formalizó por el
Letrado D. Pedro Jiménez Gutiérrez, en nombre y representación de
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA, S.A.), recurso de
casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de
lo Social antes citada.
CUARTO. - Esta Sala, por providencia de fecha 26 de marzo de 2009
acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contradicción. A tal fin
se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de tres días hiciera
alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo
informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - El actor venía prestando servicios para la empresa Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA S.A.) con quien el 29 de julio
de julio de 2005 suscribió un "Acuerdo de movilidad Internacional
de Empleados de BBVA a Empresas y Bancos del Grupo BBVA en el
extranjero" en el que ambas partes convienen que el actor pasa a prestar
servicios a BBVA en Suiza en las condiciones que en dicho acuerdo se
contienen. El anterior día 25 de julio, el actor había suscrito en Suiza
un contrato de trabajo con BBVA Suiza S.A. que contenía una cláusula
según la cual la relación de trabajo puede cancelarse por ambas partes
comunicando la rescisión del contrato al final de cada mes con seis meses
de antelación.
Pues bien, es el carácter abusivo de la duración de ese período de
preaviso lo que lo que constituye el objeto de este proceso. Y es que
el actor, el 23 de octubre de 2006 remitió una carta a la Dirección de
recursos Humanos de BBVA S.A. solicitando la extinción inmediata de la
relación laboral a lo que la entidad demandada contestó, mediante carta
entregada el 25 de octubre de 2006, que conforme al contrato suscrito
la relación se puede rescindir al final de cada mes con seis meses de
antelación por lo que se aceptaba la finalización de la relación para el
30 de abril de 2007, recordándole sus obligaciones laborales durante
la vigencia del contrato, en particular la prohibición de competencia,
añadiendo su disposición a considerar el fin de la relación con anterioridad
a dicho plazo junto con el desarrollo de las tareas pendientes. El 4 de
diciembre de 2006 el actor remitió carta a BBVA comunicando haber
completado el proceso de transferir sus funciones a otros empleados del
Banco y que al haber cortado los accesos informáticos a la base de datos
de clientes y de posiciones del Banco no tenía funciones en la empresa,
considerando degradante su situación y solicitando se fijase la fecha de
extinción. El 21 de diciembre de 2006 el Banco comunicó al actor que
quedaba suspendida su obligación de prestar servicios, recordándole que
la fecha del vencimiento de la relación era el 30 de abril de 2007, así
como la prohibición de competencia, manteniendo la percepción salarial.
La sentencia de instancia rechazó las excepciones propuestas por la
demandada BBVA S.A. -falta de competencia de los tribunales españoles,
litispendencia, falta de legitimación pasiva y de litisconsorcio pasivo
necesario- y declaró nula la cláusula de preaviso y permanencia por
ilícita y abusiva condenando a la demandada a estar y pasar por esta
declaración y a abonar al actora la cantidad de 30.000 € en concepto
de indemnización, pronunciamiento confirmado en suplicación por la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 8 de enero de
2008 que desestima el recurso de suplicación de la demandada.
Recurre BBVA S.A. en casación para la unificación de doctrina, planteando
cuatro motivos, cada uno con su correspondiente sentencia de contraste,
por lo que debe analizarse si entre dichas sentencias y la recurrida
concurre el requisito de la contradicción que exige el artículo 217 de
la Ley de Procedimiento Laboral. Al respecto, la Sala ha reiterado que
para apreciar la contradicción es necesario que las resoluciones que se
comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto,
es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante
controversias esencialmente iguales, siendo preciso que respecto a los
mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa
diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos
y pretensiones sustancialmente iguales". También se ha repetido que
la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas
al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición
de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente
iguales (sentencias de 27 de enero de 1.992, RCUD 824/91; 18 de
julio, 14 de octubre, 17 de diciembre de 1997, RCUD 4067/96, 94/97 y
4203/96; 17 de mayo y 22 de junio de 2000 RCUD 1253/99 y 1785/99;
14 de noviembre de 2003, RCUD 4758/02; 17 de diciembre de 2004,
RCUD 6028/03 y 20 de enero de 2005, RCUD nº 1111/03), 15 de
noviembre de 2005 (RCUD nº 5015/04), 7 de febrero de 2006 (RCUD nº
1346/04), 13 de marzo de 2007 (RCUD nº 4633/05) y 14 de mayo de
2008 (RCUD nº 1671/07).
Conforme a la anterior doctrina, resulta que ninguna de las cuatro
sentencias propuestas como término de comparación es contradictoria con
la recurrida por las razones que a continuación se exponen.
El primer motivo se plantea en relación con la competencia territorial
sosteniendo que deben ser los tribunales suizos los que atiendan la
petición del actor, proponiendo de contraste la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla de 14 de julio de
1999. En ese caso la empresa Antonio Barbadillo S.A. había suscrito
un contrato con D. Gustavo el 6 de abril de 1990 para que este último
actuara como delegado de ventas para la explotación de sus productos en
Holanda, con expresa indicación que el Sr. Gustavo estaba domiciliado en
Holanda. El 31 de diciembre de 1996 cesó el Sr. Gustavo en las gestiones
de venta, a petición de Antonio Barbadillo S.A. que presentó demanda
solicitando se declarara la existencia de una relación laboral entre las
partes. La sentencia de instancia apreció la excepción de incompetencia
territorial, pronunciamiento confirmado por la sentencia ahora propuesta
de contraste, en base a que el demandado prestaba sus servicios en
Holanda, donde tenía su domicilio y tomando en consideración que con
posterioridad a la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial
se aprobó el Instrumento de Ratificación de 29 de octubre de 1990 de
Adhesión al Convenio de Bruselas de 1968 y al Protocolo de 1971.
La contradicción es inexistente pues de la exposición que antecede se
evidencia la falta de identidad entre las pretensiones deducidas y los
supuestos de hecho que cada sentencia enjuicia y también difieren los
planteamientos de los debates respectivos. Y es que en las anteriores
instancias procesales la demandada y recurrente en suplicación ha
basado la incompetencia de los tribunales españoles en la existencia
de la entidad BBVA Suiza S.A., de nacionalidad suiza con quien el actor
suscribió el contrato de trabajo en Suiza el 25 de julio de 2005 y la
sentencia recurrida argumenta que dicha sociedad está participada
por BBVA S.A., que no obstante poseer una participación minoritaria le
confiere una posición dominante en la misma, integrándose el grupo
BBVA. También valora la sentencia los dos pactos suscritos; el 25 de julio
de 2005 con BBVA Suiza S.A. por razón de la normativa imperativa en
Suiza pero subordinado a lo pactado en el de 29 de julio siguiente con
BBVA S.A., regulador de la expatriación del trabajador, y como se visto,
nada mínimamente parecido ocurre en la sentencia de contraste.
SEGUNDO. - El segundo motivo se refiere a la falta de litisconsorcio
pasivo necesario al no haberse demandado a BBVA Suiza S.A. y se
propone de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Málaga de 14 de noviembre de 2002.
Tampoco aquí puede apreciarse la contradicción, pues aparte de que del
planteamiento del tema del litisconsorcio pasivo necesario, ningún otro
punto de coincidencia puede encontrarse entre la sentencia recurrida y
la de contraste. En esta última la empresa Serviparking Catedral S.L.
sucedió a la sociedad Picasa S.A. en la explotación del garaje en el que
prestaba servicios la actora, que formula demanda contra Serviparking
Catedral S.L. solicitando la resolución del contrato al entender que no le
ha respetado las condiciones anteriores a la subrogación, y la sentencia
de contraste entiende que debe ser llamada la empresa saliente para
conocer en qué condiciones prestaba la actora su trabajo. Supuesto este
que no guarda la menor identidad con el caso de autos, en el que no
aparece subrogación alguna entre BBVA S.A. y BBVA Suiza S.A. y donde
el litisconsorcio pasivo se plantea en relación con la consideración de
empleadora de una u otra entidad.
TERCERO. - El tercer motivo se plantea en relación con la validez de la
cláusula de preaviso, proponiendo de contraste la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de 30 de abril de 2002 que considera válido
un plazo de preaviso de extinción de la relación laboral de dos meses de
duración.
Sólo con lo anterior se evidencia la falta de identidad con la sentencia
recurrida donde el plazo de preaviso es de seis meses de duración. En
este caso, además, el actor solicitó la rescisión en dos ocasiones, la
primera el 23 de octubre de 2006 y la segunda casi mes y medio después,
el 4 de diciembre de 2006, cuando ya había finalizado el proceso de
transferir sus funciones y se habían cortado sus accesos informáticos,
y a esta segunda petición la demandada le contesta suspendiendo la
obligación de prestación de servicios y reiterándole el fin de la relación
para el 30 de abril de 2007, situación por completo ajena a la sentencia
de contraste.
CUARTO. - El cuarto motivo del recurso se plantea en disconformidad con
la condena al abono de 30.000 € en concepto de indemnización por daño
moral al no haberse aportado las bases de cálculo para la misma.
Se propone de contraste la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
enero de 2003. En ese caso trece de los trabajadores de la empresa
demandada, vieron extinguidas sus relaciones de trabajo en base a lo
previsto en el artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores. Interpuesta
demanda por despido, fueron declarados nulos en la instancia y en
suplicación por apreciarse en la conducta de la empresa violación de
derechos fundamentales como elemento determinante de la extinción de
los contratos de trabajo. Los despedidos eran afiliados a los Sindicatos
CC.OO. y ELA-STV y candidatos a las elecciones sindicales, lo que
produjo, de hecho, la desaparición en el centro de trabajo afectado de
la representación de tales Sindicatos que plantearon demanda contra la
referida empresa en la que pedían se declararan lesionados los derechos
de libertad sindical y de huelga en la decisión de extinguir los contratos
de los trece trabajadores y se condenara a la demandada al abono de
ciento treinta millones de pesetas en concepto de indemnización. La
sentencia de instancia estimó en parte la demanda, declarando lesionados
los derechos de libertad sindical de los demandantes y condenando a
la empresa al abono conjunto para los dos Sindicatos actores de un
millón de pesetas en concepto de indemnización, resultando confirmada
en suplicación. Recurrió la empresa demandada en casación para la
unificación de doctrina, recurso que fue estimado por la sentencia de
esta Sala propuesta ahora de contraste que rechazó el pronunciamiento
relativo a la indemnización de perjuicios que por violación del derecho
de libertad sindical se fijó en un millón de pesetas. Se basa la sentencia
en la doctrina de la Sala contenida en las sentencias que cita, al no
constar ni en la demanda ni en ningún otro lugar del procedimiento las
bases o elementos objetivos de cálculo que condujeron a la pretensión
de abono de la cantidad de 130 millones de pesetas. Es cierto -dice
la sentencia- que existió una vulneración del derecho fundamental
de libertad sindical "... pero de este circunstancia no cabe deducir de
manera automática, como hace la sentencia recurrida, la existencia de
perjuicios, ya que éstos, como antes de dijo, han de ser cuantificados de
una forma objetiva, relacionada con la violación del derecho fundamental
correspondiente y sus efectos, ofreciendo algún cauce, aunque sea
mínimo, que permita a la parte demandada hacer las alegaciones que
al respecto tenga por conveniente y para que en todo caso el juzgador
extraiga las consecuencias indemnizatorias sobre parámetros alegados y,
en su caso, discutidos".
La contradicción es inexistente al ser distintos los derechos que en cada
caso resultan lesionados, pues en la sentencia de contraste se trata
del derecho de libertad sindical, mientras que en la sentencia recurrida
se trata de la imagen del actor como alto directivo al prolongarle una
situación de inactividad forzosa.
Y es que en el caso de autos la demanda ya se refería a una serie de
circunstancias que después aparecen en el relato fáctico que sirven de
base para acreditar y valorar los daños cuya indemnización reclama.
Así, tanto la sentencia de instancia como la de suplicación recurrida
valoran la situación en que se encontró el actor a partir de diciembre de
2006, tras haber completado el proceso de transmitir sus funciones a
otros empleados, lo que debió influir en su estado anímico sin funciones
ni puesto de trabajo en el Banco en cuyo órgano de dirección había
estado integrado, con la incidencia que ello tendría en sus relaciones,
no solo de ámbito doméstico y familiar sino también con sus, hasta
entonces, compañeros de trabajo, además de la privación injustificada
de las expectativas de búsqueda de trabajo hasta que terminase el
plazo impuesto por la empresa. En cambio en la sentencia de contraste
no se menciona circunstancia alguna que permita valorar los efectos
de la vulneración del derecho a la libertad sindical producida como
consecuencia del despido de los actores.
QUINTO. - Por lo expuesto, procede declarar la inadmisión del recurso
conforme a lo establecido en los artículos 217 y 223 de la Ley de
Procedimiento Laboral y de conformidad con lo informado por el Ministerio
Fiscal. Con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del
depósito constituido para recurrir.