PRIMERO. El auto apelado acordó la ejecutividad de la Resolución
dictada en fecha 23 de abril de 2008 por el Tribunal Regional Superior
de Frankfurt am Main, de acuerdo con el Reglamento comunitario
44/2001, y despachó ejecución contra los ejecutados VEINTEGENARIOS
S.L. y Mauricio en el sentido de requerir a éstos para que dieran
cumplimiento a lo acordado por dicha Resolución "y de inmediato cesen
en la violación de derechos de propiedad intelectual en su página web
www.apadrinaunartista.com, apercibiéndoles que de no cumplir con la
orden de cesación les podrá ser impuesta por el Tribunal mencionado
una corrección disciplinaria económica de hasta 250.000 euros,
alternativamente arresto sustitutorio o arresto sustitutorio de hasta seis
meses, el arresto sustitutorio a ser ejecutado contra el gerente (Director
de la oponente, Mauricio, administrador único de VEINTEGENARIOS S.L.
para cada caso de contravención".
SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de
apelación, de acuerdo con el art. 43 del Reglamento CEE 44/2001,
relativo a la competencia judicial y al reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por la representación
procesal de la parte ejecutada. La parte ejecutante dejó transcurrir el
plazo concedido sin presentar escrito de oposición al recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La resolución recurrida reconoció la ejecutividad de la
Resolución dictada en fecha 23 de abril de 2008 por el Tribunal Regional
Superior de Frankfurt am Main, de conformidad con el Reglamento
CEE 44/2001, relativo a la competencia judicial y al reconocimiento
y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y
despachó ejecución contra VEINTEGENARIOS S.L. y Mauricio en el sentido
de requerir a éstos para que dieran cumplimiento a lo acordado por
dicha Resolución "y de inmediato cesen en la violación de derechos de
propiedad intelectual en su página web www.apadrinaunartista.com,
apercibiéndoles que de no cumplir con la orden de cesación les podrá
ser impuesta por el Tribunal mencionado una corrección disciplinaria
económica de hasta 250.000 euros, alternativamente arresto sustitutorio
o arresto sustitutorio de hasta seis meses, el arresto sustitutorio a
ser ejecutado contra el gerente (Director) de la oponente, Mauricio,
administrador único de VEINTEGENARIOS S.L. para cada caso de
contravención".
La Resolución del Tribunal alemán recayó en un procedimiento de medidas
cautelares y consiste en una orden cautelar de cesación de la conducta
de difusión de determinados contenidos en Internet, que el título
ejecutivo describe con pormenor, imponiendo en caso de incumplimiento
una "corrección disciplinaria económica de hasta 250.000 euros" y/
o "alternativamente el arresto sustitutorio de hasta seis meses" a ser
ejecutado en la persona del gerente (administrador) de la sociedad
ejecutada.
La parte ejecutada formuló recurso de apelación, de acuerdo con la
posibilidad impugnatoria que prevé el art. 43 del citado Reglamento
comunitario, aduciendo los siguientes motivos.
SEGUNDO. Alega en primer lugar ciertos defectos en el poder a
Procuradores según resulta de la copia de escritura de apoderamiento
aportada con la demanda (por no constar en ella fecha, firma, nombre del
Notario ni dación de fe de la capacidad del otorgante).
Se trata de una cuestión afectante a la representación procesal que,
aparte de ser subsanable, no tiene cabida en el recurso a que se refiere
el art. 43 del citado Reglamento y por ello no impide el reconocimiento
o el otorgamiento de ejecutividad a la sentencia dictada por el tribunal
de un Estado miembro. Debe recordarse que conforme al art. 45.1 del
Reglamento, el tribunal que conociere del recurso previsto en los arts.
43 o 44 (que es el recurso interpuesto por la parte ejecutada y el que
ahora se resuelve) sólo podrá desestimar o revocar el otorgamiento de
la ejecución por uno de los motivos previstos en los arts. 34 y 35. No
cabe, por tanto, invocar en este recurso para impedir el otorgamiento
de la ejecución del título extranjero cuestiones como la alegada, que no
afectan propiamente al reconocimiento de la ejecutividad del título, sino
al procedimiento de ejecución propiamente dicho, que se rige por la ley
nacional (art. 40 del Reglamento), sin perjuicio de que los defectos de
apoderamiento puedan ser alegados en el curso de la ejecución.
SEGUNDO. En segundo término, se alega la incompetencia internacional
del tribunal alemán para decidir sobre las medidas cautelares solicitadas,
por desconocer el fuero general del domicilio del demandado que
establece el art. 2 del Reglamento.
Conforme al art. 35 del Reglamento no se reconocerán las resoluciones
si se hubiesen desconocido las disposiciones de las Secciones 3, 4 y 6
del Capítulo II. En este caso esas disposiciones especiales, establecidas
en los arts. 8 a 14 (Sección 3, referidas a la competencia en materia de
seguros), arts. 15 a 17 (Sección 4, competencia en materia de contratos
celebrados por los consumidores) y art. 22 (Sección 6, competencias
exclusivas), no se han desconocido en el sentido de haberse vulnerado,
ya que la materia objeto de la controversia no pertenece a esos ámbitos
objetivos definidos en dichas Secciones del Capítulo II. Constatado esto
no cabe una mayor fiscalización de la competencia del tribunal del Estado
miembro de origen, de conformidad con lo que dispone el art. 35.3 del
Reglamento.
TERCERO. Por último, alega el recurso que la resolución del tribunal
alemán vulnera el orden público español ya que acuerda el arresto de la
persona física demandada como medida de privación de libertad.
Las decisiones no se reconocerán, dice el 34.1 del Reglamento, "si el
reconocimiento fuese manifiestamente contrario al orden público del
Estado miembro requerido". Hemos de aceptar en este extremo el motivo
de oposición pues el ordenamiento jurídico español no tolera la imposición
de una medida de privación de libertad en el orden jurisdiccional civil,
ni siquiera por razón del incumplimiento de una sentencia o resolución
judicial que contiene una orden de hacer o de no hacer, sino, en su caso,
las pertinentes indemnizaciones y multas coercitivas (arts. 706, 709 y
710), así como el apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.
En este sentido, el otorgamiento de ejecutividad a un pronunciamiento
que impone una medida de privación de libertad en el orden civil ha
de estimarse que contraría el orden público español. Mas no por ello
procede denegar la ejecutividad de la integridad del título ya que dicha
medida no constituye el pronunciamiento principal de la resolución judicial
alemana sino una medida correctiva subsidiaria (y alternativa a la multa
económica) para el caso de incumplimiento de la orden de cesación,
además de que la ejecución de la medida de arresto no ha sido instada
por el solicitante. Bastará por tanto con dejar sin efecto el apercibimiento
de arresto que contiene el auto apelado.
CUARTO. Estimado en parte el recurso no procede imponer las costas en
esta instancia.