1.- La representación procesal de "TOLOME ARTE Y JOYA, S.L." presentó
escrito de interposición de recurso de casación contra el Auto dictado,
con fecha 18 de marzo de 2010, y aclarado mediante Auto de 5 de abril
de 2010, por la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 3ª) en el rollo
de apelación nº 12/2010, dimanante de los autos de ejecución de títulos
judiciales nº 1784/2009 del Juzgado de Primera Instancia número 10 de
Córdoba.
2.- Habiéndose tenido por interpuesto el recurso, se acordó la remisión
de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo
emplazamiento de las partes por término de TREINTA DÍAS, para que
pudieran personarse ante dicho Tribunal si les conviniere, apareciendo
notificada dicha resolución a los Procuradores de las partes con fecha 25
de mayo de 2010.
3.- Formado el presente rollo, por el Procurador Sr. Calleja García
se ha presentado escrito en fecha 22 de junio de 2010, en nombre
y representación de "TOLOME ARTE Y JOYA, S.L.", personándose en
concepto de parte recurrente. De igual forma, el Procurador Sr. Pujol
Ruiz presentó escrito con fecha 27 de mayo de 2010, en nombre y
representación de "UNODOMANI, S.R.L.", personándose en concepto de
parte recurrida.
4.- Por Providencia de fecha 23 de noviembre de 2010, dictada en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 483.3 de la LEC 2000, se acordó
poner de manifiesto a las partes personadas ante esta Sala las posibles
causas de inadmisión del recurso interpuesto.
5.- Mediante escrito presentado en fecha 14 de diciembre de 2010, la
parte recurrente muestra su disconformidad con las causas de inadmisión
puestas de manifiesto. La parte recurrida, mediante escrito presentado el
22 de diciembre de 2010, alega en favor de la inadmisión del recurso.
6.- Por la parte recurrente se ha efectuado el depósito para recurrir
exigido por la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de
3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación
procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos, a
los solos efectos de este trámite.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- En el examen de la concurrencia de los presupuestos y requisitos
a los que se subordina la admisibilidad del recurso de casación que se
examina, se debe tomar como punto de partida que se está ante un Auto
que resuelve un recurso de apelación en el seno de un procedimiento de
exequatur sujeto al régimen que establece el Reglamento (C.E.) núm.
44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 por razón de su ámbito
material, temporal y espacial de aplicación. Por otro lado, debe ponerse
de manifiesto que, en punto al acceso a los recursos extraordinarios
establecidos por el legislador español, la resolución objeto de impugnación
fue dictada con posterioridad a la entrada en vigor de la LEC 1/2000,
de 7 de enero, por lo que, de conformidad con lo establecido en sus
Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta, se encuentra sometida al
régimen de recursos extraordinarios que ésta diseña en los Capítulos
IV y V del Título IV del Libro II y en su Disposición Final Decimosexta,
tal y como dicho régimen jurídico ha sido interpretado por esta Sala en
una ya prolongada labor exegética que tiene su punto de partida en los
acuerdos adoptados en la Junta General de Magistrados celebrada el 12
de diciembre de 2000.
De este régimen de recursos extraordinarios debe significarse ahora,
en lo que interesa para resolver acerca de la admisibilidad del que
es objeto de examen, que, en línea con lo acordado en aquella Junta
General, y de conformidad con el criterio hermenéutico seguido desde
entonces -plasmado en innumerables Autos resolutorios de recursos
de queja y de inadmisión de recursos de casación o extraordinarios por
infracción procesal y que se ha visto refrendado por los Autos del Tribunal
Constitucional 191/2004 y 201/2004, de 26 y 27 de mayo, así como por
la Sentencia 150/2004, de 20 de septiembre -, los cauces de acceso a
la casación que contempla el apartado segundo del art. 477 de la LEC
1/2000 constituyen supuestos distintos y excluyentes, de tal modo que
el ordinal segundo de dicho apartado debe enlazarse con los artículos
249.2 y 250.2 de la LEC 1/2000, por lo que serán recurribles en casación
las Sentencias recaídas en juicio ordinario, en relación con demandas
cuya cuantía exceda de veinticinco millones de pesetas (ahora 150.000
euros), quedando excluidas las dictadas en juicio ordinario de cuantía
inferior o indeterminada así como las dictadas en juicio verbal, en tanto
que el ordinal tercero del art. 477.2 LEC 2000 ha de concordarse con
los artículos 249.1 y 250.1, de manera que las sentencias recaídas en
juicio ordinario por razón de la materia, excepto los de tutela civil de
derechos fundamentales, y en juicio verbal, igualmente en atención a
la materia, así como las dictadas en los procesos especiales regulados
en el Libro IV de la LEC 2000, en otros procedimientos especiales de la
propia LEC y en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias
extranjeras al amparo de los Convenios de Bruselas y de Lugano, de 27
de septiembre de 1968 y de 16 de septiembre de 1988, respectivamente,
y de los Reglamentos CE 1347/2000, de 29 de mayo de 2000, y 44/2001,
de 22 de diciembre de 2000, habrán de ser recurridas por la vía de este
ordinal tercero, lo que hace preciso que la resolución del recurso presente
"interés casacional" y se justifique su presencia.
2.- La conclusión alcanzada respecto de la recurribilidad en casación
de las resoluciones dictadas en materia de reconocimiento y ejecución
de decisiones al amparo del régimen establecido en los Convenios de
Bruselas y de Lugano y de los Reglamentos comunitarios 1347/2000
(ahora sustituido por el 2201/2003) y 44/2001 tiene su fundamento,
como se exponía en el Auto de esta Sala de fecha 12 de marzo de 2002
(recurso de queja 75/2002), más allá de las disposiciones contenidas
en las normas procesales nacionales, en la primacía que las normas
supranacionales integradas en el acervo comunitario presentan respecto
de las de producción interna, rasgo que en el caso de los Convenios
internacionales celebrados para cumplir los objetivos comunitarios tiene
un doble fundamento: de un lado, su propio carácter y procedencia (art.
93 CE), y de otro, su naturaleza convencional (art. 96 CE). Junto con esa
primacía, es rasgo característico de determinadas normas comunitarias,
particularmente los Reglamentos comunitarios, su aplicabilidad directa
o efecto directo. Las consecuencias de los principios de primacía y del
efecto directo de las normas comunitarias conducen tanto a la inaplicación
de las normas internas incompatibles o contrarias a las comunitarias,
como a impedir la válida formación de posteriores actos normativos
incompatibles con éstas, como, en fin, a la obligación del aplicador del
Derecho de garantizar el pleno efecto de esas normas supranacionales,
operándose una integración entre ordenamiento interno y comunitario
que se traduce, prima facie, en la interpretación de la legalidad interna
conforme al derecho comunitario.
El recurso de casación que establecen los artículos 41 de los Convenios
de Bruselas y de Lugano, 27 del Reglamento CE 1347/2000, y 44
del Reglamento CE 44/2001, constituye un medio de impugnación
específicamente previsto en normas comunitarias, dentro de un cauce
procesal igualmente previsto y regulado por ellas, y que se califica de
cerrado, completo y uniforme (Sentencias del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 2 de junio de 1985, as. 184/84, de 27 de
noviembre de 1984, as. 258/83, de 21 de abril de 1991, as. C-172/91,
de 4 de octubre de 1991, as. C-183/90, y de 11 de agosto de 1995,
as. C-432/93), medio de impugnación que se encuentra dotado de un
objeto y contenido concreto, circunscrito a las cuestiones de derecho
suscitadas en la resolución sobre el exequatur de la decisión extranjera
-y solo en ella-, esto es, a la revisión de la aplicación de las normas que
rigen los presupuestos y requisitos de la declaración de ejecutoriedad de
la resolución foránea (STJCE de 27 de noviembre de 1984, as. 258/83).
Por lo tanto, el establecimiento del recurso y su contenido se imponen
sobre las previsiones normativas internas en virtud de la primacía y
de la aplicabilidad directa de la norma comunitaria, en función de los
fines a los que se orienta y cuya consecución persigue, que aquí se
contraen al logro del objetivo comunitario de la libre circulación de las
resoluciones dentro de un espacio de libertad, seguridad y de justicia.
Ahora bien, las condiciones, presupuestos y requisitos de procedibilidad y
de admisibilidad se rigen por el ordenamiento interno, siempre y cuando
sus normas y la interpretación que de ellas se haga garanticen la primacía
y el efecto directo de las normas comunitarias -en rigor, el efecto útil
de ese efecto directo-, y posibiliten, por lo tanto, el recurso establecido
en ellas, con su contenido propio y su propia finalidad, sin convertir en
papel mojado, en simple previsión normativa carente de aplicación en la
práctica, el recurso de casación establecido en las normas comunitarias.
3.- En el ya citado Auto de 12 de marzo de 2002 se dejaba sentado que
las condiciones establecidas por el legislador nacional y la interpretación
que de ellas ha hecho esta Sala satisfacen las exigencias de las normas
comunitarias, en la medida en que posibilitan el recurso de casación
previsto en las mismas, dentro de su específico contenido y conforme
a los fines a que está orientado, permitiendo, en suma, el logro de los
objetivos comunitarios. Esta satisfacción de las exigencias impuestas
por los repetidos principios de primacía y de aplicabilidad directa de las
normas comunitarias se logra sin necesidad de efectuar ajuste alguno
en la interpretación y aplicación de las normas procesales internas,
salvado, si acaso, el obstáculo formal de la clase o tipo de resolución que
decida sobre la declaración de ejecutoriedad; aserto éste que se sustenta
sin más en la consideración de que, constituyendo el procedimiento
de exequatur un cauce procesal establecido por razón de la específica
materia que integra su objeto, y, en consecuencia, siendo su acceso al
recurso de casación el que en el ordenamiento interno abre el ordinal
tercero del art. 477.2 de la LEC, conforme a los expuestos criterios
interpretativos de esta Sala, las condiciones establecidas por el legislador
nacional para acceder al recurso por esta vía, así como la exégesis que ha
efectuado esta Sala respecto de los presupuestos a los que se condiciona
la presencia del interés casacional que justifica el recurso, ya por existir
contradicción con doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria,
ya por tratarse de la aplicación de normas que no lleven en vigor más de
cinco años sin que exista jurisprudencia de esta Sala relativa a normas
anteriores de igual o similar contenido, y sobre los requisitos impuestos
para acreditar la existencia del necesario interés casacional, garantizan
la viabilidad del recurso, cumplidos tales presupuestos y requisitos,
sin desvirtuar el contenido que imponen las normas comunitarias, y
posibilitando, en fin, los fines del recurso y los objetivos a los que éstas
sirven.
4.- La conclusión que cabe extraer de todo cuanto hasta ahora se
ha expuesto no puede ser otra que la ineludible inadmisibilidad del
recurso de casación. La resolución impugnada únicamente puede ser
recurrida en casación, en el pronunciamiento relativo al reconocimiento y
ejecutoriedad de la decisión foránea, por la vía del interés casacional que
abre el ordinal tercero del art. 477.2 de la LEC, y con la concurrencia de
los presupuestos a los que este precepto condiciona la presencia de dicho
interés casacional, trascendente al interés de las partes, y siempre con la
observancia de los requisitos que para su justificación se establecen en
los arts. 479.4 y 481.1y 3, respecto de los escritos de preparación y de
interposición del recurso, respectivamente. Examinándose el recurso de
casación interpuesto con arreglo a los presupuestos y requisitos exigidos
por los citados preceptos, se aprecia que no se justifica debidamente,
y del modo que exigen los artículos 479.4 y 481.1 y 3, en relación con
el número tercero del art. 477.2, todos ellos de la LEC, el necesario
interés casacional, sin que se alegue oposición a la jurisprudencia de
esta Sala, o existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias
Provinciales, o, en fin, la aplicación de una norma de vigencia inferior a
cinco años sin que exista jurisprudencia de esta Sala relativa a normas
anteriores de igual o similar contenido. La parte recurrente se ha limitado
en sus escritos de preparación e interposición del recurso a invocar
infracciones de los arts. 34, apartados 1) y 2) y 46.1 del Reglamento
(CE) nº 44/2001 y de los arts. 24 y 91.1 de la Constitución Española,
pero sin que en ningún momento se hayan expresado las sentencias
que pongan de manifiesto la doctrina jurisprudencial o jurisprudencia
contradictoria que ha de servir para fundamentar el interés casacional,
ni, en consecuencia, se haya razonado con la debida extensión en dónde
radica el interés casacional que abre la vía de la casación y se hayan
expuesto los argumentos que fundamentan dicho interés en relación con
alguna de las modalidades en las que, en el diseño de la Ley, se ha de
manifestar. En consecuencia, el recurso incurre en la causa de inadmisión
prevista en el ordinal primero, inciso segundo del art. 483.2 de la LEC,
puesta en relación con el art. 479.4, de la misma Ley procesal; y, en todo
caso, y aunque el defecto de justificación del interés casacional en la fase
preparatoria no es subsanable, cabe apreciar igualmente la concurrencia
de la causa de inadmisión prevista en el ordinal tercero, inciso segundo, el
art. 483.2 de la LEC, de inexistencia de interés casacional, al no haberse
logrado acreditar cumplidamente la existencia del interés casacional en
que se ha de fundar el recurso. Aún cabe añadir, que la invocación como
infringidos de preceptos constitucionales no obsta a que la formulación del
recurso de casación haya de realizarse precisamente a través del cauce
de acceso casacional adecuado al objeto del proceso, que es el previsto
en el ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, y por ello es insoslayable la
cumplida justificación del interés casacional en la resolución del recurso.
5.- La inadmisibilidad del recurso de casación tiene como consecuencia
la declaración de la firmeza del Auto recurrido, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 483.4 de la LEC.
6.- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art.
483.3 de la LEC 2000 y presentado escrito de alegaciones por la parte
recurrida, procede imponer las costas a la parte recurrente.
7.- Inadmitido el recurso de casación y firme el Auto recurrido ello
determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con
lo establecido en la Disposición Adicional 15ª, apartado 9, de la Ley
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de
reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina
judicial.
LA SALA ACUERDA
1º. - NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la
representación procesal de "TOLOME ARTE Y JOYA, S.L." contra el Auto
dictado, con fecha 18 de marzo de 2010, y aclarado mediante Auto de 5
de abril de 2010, por la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 3ª) en
el rollo de apelación nº 12/2010, dimanante de los autos de ejecución de
títulos judiciales nº 1784/2009 del Juzgado de Primera Instancia número
10 de Córdoba, CON PÉRDIDA DEL DEPÓSITO CONSTITUIDO.
2º. - DECLARAR FIRME dicha resolución.