PRIMERO. - Que con fecha 1 de septiembre de 2008, se dictó auto en
primera instancia, en cuya parte dispositiva se señalaba: "No admitir
a trámite la demanda interpuesta declarando la competencia de los
Tribunales Españoles pero sosteniendo que para modificar una sentencia
de divorcio dictada por Juez extranjero deberá ser ésta reconocida en
España a través del procedimiento correspondiente. "
SEGUNDO. - Notificado el anterior auto a las partes, por la representación
de la parte demandante, se presentó escrito solicitando se tuviese por
preparado en tiempo y forma la apelación, que fue admitida, con traslado
por 20 días a la parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el
recurso de apelación. Interpuesto éste, se dio traslado a las demás partes
para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en
su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase
desfavorable.
TERCERO. - Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la
celebración de la votación y fallo el día 26 de febrero de 2009.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Acuerda la Juez a quo no admitir a trámite la demanda
de modificación de medidas definitivas de divorcio que presenta Dª
Marcelina contra D. Prudencio, pretendiendo la modificación de la
pensión de alimentos establecida respecto a los hijos del matrimonio,
por considerar que aunque los tribunales españoles serían competentes,
en el caso concreto, para modificar una sentencia de divorcio dictada
en el extranjero, sería preciso, como requisito previo de procedibilidad,
que la sentencia sea reconocida en España, a través del procedimiento
correspondiente, reconocimiento que no se ha obtenido.
Frente a tal decisión formula la demandante recurso de apelación
invocando el artículo 21-1 del Reglamento 2201/2003, de 27 de
noviembre, del Consejo Europeo. Ciertamente, según dispone el
precepto invocado "las resoluciones dictadas en un estado miembro
serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad
de recurrir a procedimiento alguno". Sin embargo, a la fecha de la
sentencia de divorcio, 24 de mayo de 2001, el citado Reglamento
no había entrado en vigor, (artículo 72: "El presente Reglamento
entrará en vigor el 1 de agosto de 2004 "), además de que en sus
considerandos 8 y 11 el Reglamento establece: "(8) Por lo que se
refiere a las resoluciones judiciales relativas al divorcio, la separación
judicial o la nulidad matrimonial, el presente Reglamento sólo debe
aplicarse a la disolución del matrimonio, sin ocuparse de problemas
tales como las causas de divorcio, las consecuencias patrimoniales del
matrimonio u otras posibles medidas accesorias" y "(11) Las obligaciones
alimentarias, al estar ya reguladas en el Reglamento (CE) nº 44/2001,
están excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Los
órganos jurisdiccionales competentes en virtud del presente Reglamento
tendrán generalmente competencia para pronunciarse en materia de
obligaciones alimentarias en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 44/2001." Ello supone la exclusión
de la aplicación de dicho Reglamento al caso que nos ocupa, constreñido a
la obligación alimenticia respecto a los hijos.
Pues bien, el Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre, del Consejo
Europeo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en
su artículo 33 dispone: "1. Las resoluciones dictadas en un Estado
miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros, sin que
fuere necesario recurrir a procedimiento alguno. 2. En caso de oposición,
cualquier parte interesada que invocare el reconocimiento a título
principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto en las secciones
2 y 3 del presente capítulo, que se reconozca la resolución. 3. Si el
reconocimiento se invocare como cuestión incidental ante un tribunal
de un Estado miembro, dicho tribunal será competente para entender
del mismo." Y, conforme a su artículo 66: 1. "Las disposiciones del
presente Reglamento solamente serán aplicables a las acciones judiciales
ejercitadas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados
con posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, y la
entrada en vigor, según el artículo 76 del mismo Reglemento, se produjo
en fecha 1 de marzo de 2002, presentándose en este caso la demanda en
fecha 7 de mayo de 2008, por tanto, resultarían de aplicación los artículos
33 a 37 y, esencialmente, el artículo 33, ya citado.
El Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre, ha sido modificado por el
Reglamento nº4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo
a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las
resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos,
como establece el artículo 68-1 de este último que obviamente entró en
vigor (artículo 76) con posterioridad al inicio de este procedimiento, y que
establece unas fechas de aplicación muy posteriores a la presentación de
la demanda, debiendo estarse, por tanto, y conforme a las Disposiciones
Transitorias que establece en su artículo 75 al Reglamento 44/2001, de 22
de diciembre.
En suma, y conforme a lo expuesto, solicitándose en la demanda
presentada por la ahora apelante, inadmitida por el Juzgado a quo, la
modificación de la pensión alimenticia a favor de los hijos establecida
en sentencia de divorcio de 24 de mayo de 2001, y modificada, en
cuanto a la pensión alimenticia, por sentencia de 19 de agosto de 2004,
ambas dictadas por El Juzgado de Orastie (Rumanía), nada obsta al
reconocimiento automático de referidas resoluciones, en cuanto a la
concreta cuestión que se suscita: alimentos a los hijos, sin perjuicio
de lo que resultase procedente en caso de oposición como previene el
artículo 33 del Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre. Es por ello
que el recurso ha de ser estimado, en cuanto a que la demanda hubo
de ser admitida, sin perjuicio de lo procedente en caso de oposición
al reconocimiento de las sentencias de divorcio y de modificación de
medidas de la sentencia de divorcio dictadas en Rumania conforme a los
Reglamentos citados y cualquier otra disposición que pudiera resultar
aplicable.
SEGUNDO. - Dada la naturaleza del procedimiento, y estimado el recurso,
no ha lugar a efectuar expresa imposición de las costas causadas (artículo
398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) en esta alzada.