1.- La representación procesal de "DECEPEDA, S.A." presentó el día 16
de abril de 2003, escrito de interposición de los recursos de casación y
extraordinario por infracción procesal contra la Sentencia de fecha 24 de
enero de 2003, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección
21ª), en el rollo nº 952/02, dimanante de los autos nº 487/2002 del
Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid.
2.- Mediante Providencia de 28 de abril de 2003 se tuvieron por
interpuestos los citados recursos, acordándose la remisión de las
actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, apareciendo
notificada dicha resolución a los Procuradores de las partes.
3.- Recibidos los autos en esta Sala y formado el correspondiente rollo,
la Procuradora Dª. Susana Gómez Castaño en nombre y representación
de D. Rubén ... y Dª Teresa ..., presentó escrito con fecha 16 de mayo de
2003 ante esta Sala, personándose como parte recurrida. El Procurador
D. Federico Ortiz-Cañavate Levenfeld, en nombre y representación de
"DECEPEDA, S.A.", presentó escrito ante esta Sala el 17 de julio de 2003,
personándose en concepto de parte recurrente.
4.- Mediante providencia de fecha 29 de abril de 2008, se pusieron de
manifiesto a las partes comparecidas las posibles causas de inadmisión de
los recursos, presentando escrito la representación de la parte recurrente,
con fecha 4 de junio de 2008, escrito oponiéndose a las causas de
inadmisión puestas de manifiesto.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D. Xavier O'Callaghan
Muñoz.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- En el examen de la concurrencia de los presupuestos y requisitos
a los que se subordina la admisibilidad del recurso de casación y del
recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos contra la
resolución de la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid por la
que se desestimó el recurso previsto en el artículo 36 del Convenio de
Bruselas de 27 de septiembre de 1968, interpuesto contra la resolución
del Juez de Primera Instancia, de fecha 31 de julio de 2002 por el que,
de conformidad con el régimen establecido en el Convenio de Bruselas
de 27 de septiembre de 1968, sobre competencia judicial y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y en el Reglamento de
la Unión Europea nº 44/0, se despachaba ejecución contra "DECEPEDA
Y COMPAÑIA, S.A.", en base al procedimiento cautelar promovido ante
la Sección 2ª del Tribunal 7ª de los Tribunales portugueses de lo Civil de
Oporto, en concreto, de la medida cautelar decidida el día 1 de febrero
de 2002 por dicho Tribunal, se debe tomar como punto de partida que
se está ante una resolución que resuelve el recurso previsto en el art.
36 del Convenio de Bruselas de 1968 en el seno de un procedimiento de
exequatur sujeto al régimen que establece el ordenamiento comunitario
en esta materia. La recurribilidad de estas resoluciones ha sido resuelta
en los Fundamentos de Derecho Tercero, Cuarto y Quinto del Auto de
fecha 22 de noviembre de 2005, que se reproducen literalmente:
"3.- La conclusión alcanzada respecto de la recurribilidad en casación
de las resoluciones dictadas en material de reconocimiento y ejecución
de decisiones al amparo del régimen establecido en los Convenios de
Bruselas y de Lugano y de los Reglamentos comunitarios 1347/2000
(ahora sustituido por el 2201/2003) y 44/2001 encuentra su fundamento,
como se exponía en los Autos de esta Sala de fecha 12 de marzo de
2002 (recurso de queja 75/2002) y de 23 de noviembre de 2004 (recurso
1981/2001), más allá de las disposiciones contenidas en las normas
procesales nacionales, pues radica en la primacía que las normas
supranacionales integradas en el acervo comunitario presentan respecto
de las de producción interna, rasgo que en el caso de los Convenios
internacionales celebrados para cumplir los objetivos comunitarios tiene
un doble fundamento: de un lado, su propio carácter y procedencia (art.
93 CE), y de otro, su naturaleza convencional (art. 96 CE). Junto con esa
primacía, es rasgo característico de determinadas normas comunitarias,
particularmente los Reglamentos comunitarios, su aplicabilidad directa
o efecto directo. Las consecuencias de los principios de primacía y del
efecto directo de las normas comunitarias conducen tanto a la inaplicación
de las normas internas incompatibles o contrarias a las comunitarias,
como a impedir la válida formación de posteriores actos normativos
incompatibles con éstas, como, en fin, a la obligación del aplicador del
Derecho de garantizar el pleno efecto de esas normas supranacionales,
operándose una interacción entre ordenamiento interno y comunitario
que se traduce, prima facie, en la interpretación de la legalidad interna
conforme al derecho comunitario.
El recurso de casación que establecen los artículos 41 de los Convenios
de Bruselas y de Lugano, 27 del Reglamento CE 1347/2000, 44
del Reglamento CE 44/2001, y 33 del Reglamento CE 2201/2003,
constituye un medio de impugnación específicamente previsto en normas
comunitarias, dentro de un cauce procesal igualmente previsto y regulado
por ellas, y que se califica de cerrado, completo y uniforme (Sentencias
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 2 de junio de
1985, as. 184/84, de 27 de noviembre de 1984, as. 258/83, de 21 de
abril de 1991, as. C-172/91, de 4 de octubre de 1991, as. C - 183/90, y
de 11 de agosto de 1995, as. C-432/93), medio de impugnación que se
encuentra dotado de un objeto y contenido concreto, circunscrito a las
cuestiones de derecho suscitadas en la resolución sobre el exequatur de la
decisión extranjera -y solo en ella-, esto es, a la revisión de la aplicación
de las normas que rigen los presupuestos y requisitos de la declaración
de ejecutoriedad de la resolución foránea (STJCE de 27 de noviembre
de 1984, as. 258/83). Por lo tanto, el establecimiento del recurso y su
contenido se imponen sobre las previsiones normativas internas en virtud
de la primacía y de la aplicabilidad directa de la norma comunitaria, en
función de los fines a los que se orienta y cuya consecución persigue, que
aquí se contraen al logro del objetivo comunitario de la libre circulación de
las resoluciones dentro de un espacio de libertad, seguridad y de justicia.
Ahora bien, las condiciones, presupuestos y requisitos de procedibilidad y
de admisibilidad se rigen por el ordenamiento interno, siempre y cuando
sus normas y la interpretación que de ellas se haga garanticen la primacía
y el efecto directo de las normas comunitarias -en rigor, el efecto útil
de ese efecto directo-, y posibiliten, por lo tanto, el recurso establecido
en ellas, con su contenido propio y su propia finalidad, sin convertir en
papel mojado, en simple previsión normativa carente de aplicación en la
práctica, el recurso de casación establecido en las normas comunitarias.
4.- En los ya citados Autos de 12 de marzo de 2002 y de 23 de noviembre
de 2004 se dejaba sentado que las condiciones establecidas por el
legislador nacional y la interpretación que de ellas ha hecho esta Sala
satisfacen las exigencias de las normas comunitarias, en la medida en
que posibilitan el recurso de casación previsto en las mismas, dentro
de su específico contenido y conforme a los fines a que está orientado,
permitiendo, en suma, en logro de los objetivos comunitarios. Esta
satisfacción de las exigencias impuestas por los repetidos principios de
primacía y de aplicabilidad directa de las normas comunitarias se logra
sin necesidad de efectuar ajuste alguno en la interpretación y aplicación
de las normas procesales internas, salvado, si acaso, el obstáculo formal
de la clase o tipo de resolución que decida sobre la declaración de
ejecutoriedad; aserto éste que se sustenta sin más en la consideración
de que, constituyendo el procedimiento de exequatur un cauce procesal
establecido por razón de la específica materia que integra su objeto,
y, en consecuencia, siendo su acceso al recurso de casación el que en
el ordenamiento interno abre el ordinal tercero del art. 477.2 de la
LEC, conforme a los expuestos criterios interpretativos de esta Sala,
las condiciones establecidas por el legislador nacional para acceder al
recurso por esta vía, así como la exégesis que ha efectuado esta Sala
respecto de los presupuestos a los que se condiciona la presencia del
interés casacional que justifica el recurso, ya por existir contradicción con
doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria, ya por tratarse
de la aplicación de normas que no lleven en vigor más de cinco años sin
que exista jurisprudencia de esta Sala relativa a normas anteriores de
igual o similar contenido, y sobre los requisitos impuestos para acreditar
la existencia del necesario interés casacional, garantizan la viabilidad
del recurso, cumplidos tales presupuestos y requisitos, sin desvirtuar el
contenido que imponen las normas comunitarias, y posibilitando, en fin,
los fines del recurso y los objetivos a los que éstas sirven.
5.- Al hilo de lo anterior, conviene detenerse en la forma de la resolución
de cuya casación se trata. No ha sido pacífica la respuesta que desde los
tribunales ha merecido la cuestión de cuál ha de ser el procedimiento
conforme al cual debe ventilarse el recurso contra la resolución del Juez
de Primera Instancia de decide sobre el exequatur de la decisión foránea
en aplicación de las normas comunitarias de continua referencia, como
tampoco es uniforme la postura de la doctrina científica al respecto. Así,
se ha propuesto la sujeción a los trámites previstos en los artículos 951
y siguientes de la LEC de 1881 -cuya vigencia pervive, en tanto no se
promulgue la Ley de Cooperación Jurídica Internacional (Disposición
Derogatoria Unica, apartado primero, regla tercera, de la LEC 1/2000,
en obligada relación con su Disposición final vigésima)-, por tratarse del
procedimiento específicamente establecido por el legislador interno para
el trámite del exequatur y por satisfacer suficientemente la exigencia de
contradicción impuesta desde la normativa comunitaria; pero del mismo
modo se ha sometido la tramitación del recurso a las reglas establecidas
para los incidentes, o a las disposiciones que rigen con carácter general
el recurso de apelación y la segunda instancia. Este diverso tratamiento
de la cuestión ha tenido como ineludible consecuencia la diversidad de
la clase de resolución contra la que se pretende recurrir en casación -
auto o sentencia-, por más que la clase de la resolución dictada por el
Juez de Primera Instancia haya de condicionar la que decide el recurso
interpuesto ante la Audiencia Provincial (cfr. arts. 455.1, 456.1 y 468 de
la LEC 1/2000). Sea como fuere, en modo alguno puede constituir un
obstáculo para el acceso al recurso de casación previsto en las normas
comunitarias, pues las previsiones normativas supranacionales, cuya
primacía y aplicabilidad directa -su efecto útil- se imponen, como se ha
expuesto, sobre las previsiones del ordenamiento interno, convierten tal
circunstancia en irrelevante de cara a la recurribilidad en casación de la
resolución, operándose a estos efectos una suerte de equiparación formal
de ésta -sea cual fuere su clase- con las sentencias definitivas a que
se refiere el art. 477.2 de la LEC 1/2000, tal y como se indicaba en los
Autos de fecha 21 de enero de 2003, 25 de mayo y 10 de noviembre de
2004, y 17 de mayo de 2005 (recursos 841/2002, 1465/2001, 695/2004
y 3411/2001, respectivamente); con la ineludible precisión de que la
vía de recurso únicamente está abierta a las resoluciones que resuelven
sobre el específico objeto del procedimiento de exequatur, es decir, sobre
la concurrencia de los presupuestos a que en cada caso se subordina la
atribución de la eficacia de la decisión extranjera, y no sobre cualesquiera
otras de diferente objeto y contenido, pues así viene impuesto por la
interpretación de las normas comunitarias efectuada por el Tribunal de
Justicia.".
2.- Por otra parte, en los mismos Autos de 12 de marzo de 2002 y de
23 de noviembre de 2003, de continua referencia, así como en los de
fecha 21 de enero de 2003, 25 de mayo de 2004, 10 de noviembre de
2004 y 17 de mayo de 2005, también citados, se examinó la cuestión de
si las exigencias de los principios de primacía y aplicabilidad directa de
las normas comunitarias imponen el establecimiento de un recurso de
contenido procesal contra la resolución que decida sobre el exequatur, así
como si los fines y los objetivos a cuya consecución se orientan permiten
dicho recurso, cuando en la legislación interna el recurso de casación
se ha desdoblado, como aquí sucede, dando lugar al novedoso recurso
extraordinario por infracción procesal. Conviene, para mayor claridad,
recoger la literalidad del Fundamento de Derecho Séptimo de la señalada
resolución -cuyo criterio se encuentra recogido, además, en los Autos de
fecha 19-11-2002, 21-1-2003 y 10-11-2004, recaídos en los recursos de
queja 539/2002, 841/2002 y 695/2004, respectivamente- en donde se
aborda esta cuestión en los siguientes términos:
"La conclusión a la que se debe llegar es que no cabe el recurso por
infracción procesal contra las decisiones sobre el exequatur al amparo del
Convenio de Bruselas y de Lugano, y de los Reglamentos CE 1347/2000
y 44/2001. Las razones que avalan semejante conclusión son diversas y
de distinto signo, siempre con el referente que proporcionan los Informes
Oficiales explicativos de dichos Convenios, y la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia. Tales razones son las siguientes: 1) Los instrumentos
internacionales de referencia responden al objetivo de facilitar la libre
circulación de las resoluciones, para lo cual constituye un objetivo
primario la simplificación de los procedimientos que tienen por objeto la
declaración de ejecutoriedad en los diferentes Estados miembros, dentro
de la concepción del procedimiento de exequatur como un procedimiento
autónomo y completo que alcanza también al ámbito de los recursos
(SSTJCE 2 de junio de 1985, as. 184/84, 27 de noviembre de 1984, as.
258/83, 21 de abril de 1991, as. C-172/91, 4 de octubre de 1991, as.
C-183/90, y 11 de agosto de 1995, as. C-423/93). En consecuencia,
el precepto relativo a los recursos procedentes contra la resolución del
exequatur merece una interpretación restrictiva, que impida facilitar
dilaciones indeseables contrarias a la rapidez y eficacia del procedimiento
de homologación e inconciliables con el efecto sorpresa inherente al
sistema de reconocimiento establecido por el legislador supranacional.
2) El procedimiento de exequatur se articula en torno a un sistema
autónomo, completo e independiente del de los Estados que responde,
además, a postulados de seguridad jurídica y de uniformidad en la
aplicación de las normas de los instrumentos internacionales. Tal y
como se indica en la STJCE de 11 de agosto de 1995, "el Convenio ha
instaurado un procedimiento de exequatur que constituye un sistema
autónomo y completo, independiente de los sistemas jurídicos de los
Estados contratantes, y que, por otra parte, el principio de seguridad
jurídica en el ordenamiento jurídico comunitario, así como los objetivos
del Convenio con arreglo al art. 220 del Tratado CEE, en el que se basa,
exigen la aplicación uniforme en todos los Estados contratantes de
las normas del Convenio y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
relativa al mismo"; y se añade: "la aplicación uniforme del Convenio en
todos los Estados miembros no permite que, en determinados Estados
requeridos, la parte contra la que se solicita la ejecución disponga de más
medios procesales, en comparación con los existentes en otros Estados
contratantes, para retrasar la ejecución de una resolución ejecutoria
dictada en el Estado contratante de origen". 3) Consecuencia de lo
anterior es que los textos internacionales limitan a dos el número de
recursos posibles contra la resolución del exequatur, el primero de los
cuales se dirige contra la resolución del Juez de Primera Instancia que
autoriza o deniega la ejecución, y que presenta un objeto plural, en el
que tienen cabida tanto las cuestiones de hecho como de derecho, y
las procesales junto con las sustantivas; el segundo, el que se dirige
contra la resolución de la Audiencia, presenta un objeto más limitado,
ceñido a cuestiones de derecho, excluyéndose, por tanto, las de carácter
fáctico o relativas al juicio de hecho, y, desde luego, las que generan
un incidente de carácter procesal capaz de dilatar el curso del proceso.
4) Este sistema completo, autónomo e independiente, tributario de los
objetivos y fines de los instrumentos internacionales, se impone en el
foro por virtud de los principios de primacía y del efecto directo de sus
disposiciones. El establecimiento dentro del orden interno de mecanismos
revisorios de naturaleza anulatoria, que por lo general tengan el efecto
de reponer las actuaciones al momento en que se produjo el defecto o
la falta procesal, puede resultar contrario a dichos fines en la medida en
que impiden o limitan los objetivos de sencillez y rapidez en la decisión
sobre el exequatur de las sentencias y resoluciones extranjeras. Tales
objetivos sirven al más genérico de posibilitar la libre circulación de
resoluciones en condiciones de plena efectividad, y constituyen, por ello,
principios rectores del procedimiento de exequatur que trascienden al
ordenamiento comunitario para insertarse en los derechos procesales
nacionales, e imponen una interpretación de sus disposiciones acorde con
tales principios, excluyente de cualquier criterio hermenéutico enervador
del efecto útil de las normas supranacionales. 5) No se puede dejar de
tomar en consideración el marco objetivo que el legislador nacional ha
querido conferir al recurso por infracción procesal, en el que tienen cabida
tanto cuestiones de indiscutible naturaleza procesal, como otras a las
que ha querido dar ese tratamiento, no obstante tener un contenido
total o parcialmente sustantivo. Así, ha desterrado definitivamente de
la casación el juicio de hecho, sometido ahora al recurso extraordinario
por infracción procesal, materia que el Tribunal de Justicia comunitario,
por su parte, ha situado extramuros del recurso de casación contemplado
en las disposiciones supranacionales de referencia. La delimitación
del contenido del recurso previsto en ellas contra la resolución de la
Audiencia ha de impedir, pues, un recurso que tenga por objeto materias
expresamente excluidas de dicho contenido. Si el legislador nacional ha
querido desgajar del contenido del recurso de casación las cuestiones de
hecho y las procesales, dejándolo limitado a las cuestiones de derecho, y
si el legislador supranacional ha circunscrito el recurso contra la decisión
de la Audiencia a cuestiones de esta índole, no hay razón alguna para
extender el ámbito de éste a materias que resultan ajenas a su contenido;
antes bien, el recurso de casación previsto por el legislador nacional en
la LEC 2000 se acomoda plenamente en su contenido al establecido en
las normas internacionales. 6) Y cabe añadir a lo anterior, como elemento
de cierre, que ni desde la perspectiva del legislador ordinario ni de las
exigencias constitucionales se hace preciso un mecanismo de revisión de
la legalidad procesal que posibilite un sistema de amparo judicial situado
en el ámbito del recurso de casación o de otro recurso extraordinario; y
que la LEC 2000 se ha decantado decididamente por configurar el proceso
resaltando su carácter instrumental respecto de la cuestión litigiosa que
constituye su objeto, evitando en lo posible que los incidentes procesales
se conviertan en la materia del pleito.
3.- Cuanto se acaba de exponer permite dejar sentadas, desde ahora,
dos conclusiones: la primera, que la resolución dictada por la Sección
21ª de la Audiencia Provincial de Madrid es susceptible de ser recurrida
en casación, con independencia de la forma que haya revestido,
debiendo serlo a través del cauce del interés casacional previsto en el
ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, con la ineludible consecuencia de
tener que cumplirse los presupuestos y los requisitos a los que legal
y jurisprudencialmente se condiciona la procedencia del recurso por
esta vía; y la segunda, que contra dicha resolución no cabe el recurso
extraordinario por infracción procesal, independientemente de la suerte
que deba correr el recurso de casación asimismo preparado, incurriendo
por ello el RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL
preparado en la causa de inadmisión prevista en el art. 473.2 de la LEC
2000, por irrecurribilidad de la resolución recurrida en cuanto al citado
recurso.
4.- Por lo que se refiere al RECURSO DE CASACIÓN, el escrito de
preparación se fundamenta en el ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000,
alegando la existencia de interés casacional por oposición a la doctrina del
Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica
Europea, señalando como preceptos legales infringidos:
a) "La sentencia infringe el art. 34.1 y 2 del Reglamento Comunitario
44/2001, 27.1 y 2 del Convenio de Bruselas y 954 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881, que impiden que se le reconozca
ejecutividad a las resoluciones extranjeras que sean contrarias al
orden público y cuando fueren dictadas ene rebeldía del demandado",
para denunciar que la resolución recurrida no examina los motivos
de denegación prevenidos en los artículos 34 y 35 del Convenio,
reiterando que se infringen los preceptos que menciona porque otorga
implícitamente ejecutividad a una resolución extranjera dictada en
rebeldía del demandado, lo que resulta contrario al orden público español,
mencionando las Sentencias del TJCE de 12 de noviembre de 1992, las
SSTS de 17 de junio de 1983 y 26 de febrero de 200, así como los AATS
de fecha 2 de febrero de 1999, y 16 de mayo y 19 de septiembre de
2000.
b) "La sentencia infringe el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
en cuanto que las sentencias deben ser congruentes con las demandadas
y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente, así
como el artículo 465.4 de la referida Ley que establece que la sentencia
deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones
planteadas", para insistir en la improcedencia de la ejecución de la
resolución por ser contraria al orden público, citando respecto al respecto
las Sentencias de esta Sala de fecha 4 de mayo y 7 de diciembre de 1999,
8 de febrero, 2 y 23 de marzo, 11 de abril de 2000.
c) Señala por último el recurrente que "La sentencia infringe el artículo
222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil referente a la cosa juzgada por
cuanto al no resolver sobre el hecho de no otorgar ejecución a la
resolución extranjera, cuestión que ha sido objeto del recurso, impide
a esta parte invocarla en un proceso ulterior adquiriendo por tanto el
carácter de cosa juzgada", invocando las SSTS de 15 de noviembre de
2001, y 31 de diciembre de 1998.
Utilizado en el escrito de preparación el cauce del interés casacional para
acceder a la casación resulta que dicha vía es la adecuada habida cuenta
que el procedimiento se sustanció por razón de la materia.
5.- No obstante lo expuesto, todos los motivos del escrito de preparación
expuestos, incurren en la causa de inadmisión prevista en el art.
483.2. 2º, inciso segundo, de la LEC 2000, en relación con el art. 477.1
de la misma Ley, al plantear cuestiones que exceden del ámbito del
recurso de casación, por presentar carácter procesal, lo que resulta
evidente respecto de los mencionados artículos 218 y 222 de la LEC,
respectivamente relativos a la congruencia y motivación, y a la institución
de la cosa juzgada, pero que igualmente resulta predicable del motivo
PRIMERO. Efectivamente, acordando la resolución recurrida en su
parte dispositiva "la nulidad del auto dictado el día 31 de julio de
2002 en el proceso de exequatur de la resolución de 1 de febrero de
2002 de la Sección 2ª del tribunal 7º de los Tribunales Portugueses
de lo Civil de Oporto, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia
número 74 de Madrid con el número de autos 487/2002, así como
el proceso de ejecución que se ha iniciado a raíz de ese auto, al que
deberán retrotraerse las actuaciones para que, en su lugar, se dicte
auto declarando o no la ejecutividad en España de la resolución judicial
portuguesa, adaptándose, en el primero de los casos, las medidas
cautelares que se consideren convenientes entre las interesadas por la
parte", las pretensiones de la entidad recurrente tienen como presupuesto
la desarticulación de la declaración de nulidad procedimiento y retroacción
de actuaciones acordada por la resolución impugnada, lo que no puede
verificarse a través del recurso de casación, de suerte que el recurso
de casación utilizado es improcedente al plantearse a través del mismo
cuestiones que exceden del ámbito del recurso de casación y para cuya
denuncia ha de acudirse al recurso extraordinario por infracción procesal.
A tales efectos debemos recordar que el objeto del proceso a que alude
el art. 477.1 LEC 2000, debe entenderse referido a las pretensiones
materiales deducidas por las partes, relativas "al crédito civil o mercantil
y a las situaciones personales o familiares", como señala la Exposición de
Motivos de la LEC 2000, que directamente alude a que "las infracciones
de leyes procesales" quedan fuera de la casación. El régimen de recursos
de la nueva LEC 2000 no es, en absoluto, coincidente con la distinción
entre "infracción de ley" y "quebrantamiento de forma", establecida
inicialmente en la LEC de 1881, no pudiendo limitarse el recurso
extraordinario por infracción procesal a los vicios "in procedendo" y
atribuir el control de los vicios "in iudicando" al recurso de casación, pues
el ámbito jurídico material al que se circunscribe éste último determina
un desplazamiento de los temas de índole adjetiva a la esfera del otro
recurso extraordinario, a través del cual incumbe controlar las "cuestiones
procesales", entendidas en sentido amplio, es decir, no reducido a las
que enumera el art. 416 de la LEC 2000 bajo dicha denominación -falta
de capacidad de los litigantes o de representación en sus respectivas
clases; cosa juzgada o litispendencia; falta del debido litisconsorcio,
inadecuación de procedimiento y defecto legal en el modo de proponer la
demanda o, en su caso, la reconvención, por falta de claridad o precisión
en la determinación de las partes o en la petición que se deduzca-,
sino comprensivo también de las normas referidas a la legitimación, en
cuanto constituye un presupuesto vinculado al fondo del asunto, pero
de tratamiento preliminar, e igualmente de las que llevan a conformar la
base fáctica de la pretensión, de tal modo que los aspectos atinentes a la
legitimación (ordinaria o extraordinaria), la distribución de la carga de la
prueba y la aplicación de las reglas que la disciplinan, el juicio sobre los
hechos, en cuanto resultante de la aplicación de esas reglas y principios
jurídicos que rigen la valoración de la actividad probatoria, se encuadran
dentro de la actividad procesal, cuya corrección debe examinarse en
el marco del recurso extraordinario por infracción procesal, dejando el
de casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico
consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los
hechos probados, es decir, la calificación jurídica de tales hechos y la
subsunción en el supuesto de hecho previsto en la norma de las resultas
de aquel juicio fáctico, así como en la aplicación al caso enjuiciado de la
norma sustantiva en sí misma (vid. AATS, entre los más recientes de 27
de febrero y 17 de julio de 2007, en RN 1759/03 y 1586/04).
Además, se hace preciso señalar que la ley adjetiva es de naturaleza
meramente instrumental, por ello se limita a establecer los cauces para
la denuncia de la infracción de normas sustantivas, uno de ellos es
precisamente el recurso de casación, cuyo ámbito, como antes se dijo,
está circunscrito al control de la interpretación y aplicación del derecho
material, y, por ello, el "interés casacional" nunca puede basarse en
jurisprudencia o normas relativas a "cuestiones procesales", según se
ha reiterado por esta Sala, razón por la que no cabe invocar cuestiones
procesales para fundar el interés casacional, ya que éste, en todo caso,
deben venir referido a cuestiones sustantivas y no adjetivas, como es la
planteada en el presente caso.
6.- Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso de
casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme el
Auto recurrido, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2
LEC 2000, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra esta
resolución no cabe recurso alguno, y sin que proceda imposición de
costas.