PRIMERO: En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada
demanda suscrita por Dª Aurora contra Cámara de Comercio de Austria,
sobre despido, en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos
que figuran en el suplico de la misma, habiendo sido citado el Ministerio
Fiscal. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictó
sentencia con fecha 9 de mayo de 2008, en los términos que se expresan
en el fallo de dicha resolución.
SEGUNDO: En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS, se
declaraban los siguientes:
"1.- La parte actora, Dª Aurora, presentó su candidatura a la entonces
denominada Cámara Federal de Economía Profesional (Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft) el 5.5.1988, para ingresar al servicio de
la misma (no eligiendo la otra posibilidad de obtener empleo en una
delegación de comercio austriaca), aunque invocando una estancia previa
como meritoria en la oficina de comercio exterior de Austria en Madrid del
1-7 al 31.8.1987, y solicitando en concreto el empleo de corresponsal con
idiomas para español e inglés en España o en América del Sur (doc. 31
demandada).
2.- Después de un anterior contrato, no aportado a los autos, en 1988
en fecha que no consta, aunque sí la resolución de dispensa de permiso
de trabajo expedida entonces por las autoridades policiales españolas
que se indica más bajo, fue contratada la demandante con fecha
16.10.1989 (doc. 2 de la parte actora, por reproducido) por la OFICINA
DE COMERCIO EXTERIOR DE MADRID ("AUSSENHANDELSSTELLE
MADRID"), representada por el Sr. Darío en calidad de empleador o de
patrono (según cada una de las dos versiones aportadas de la traducción
del original "Dienstgeber"). En la traducción aportada por la demandante
se traduce al empleador como DELEGACION COMERCIAL DE AUSTRIA
EN MADRID, indicando que esa era la denominación en el momento de
la firma del contrato y se dice también, aunque sin especificar la razón
de ciencia de tal afirmación, que en la actualidad se denomina OFICINA
COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE AUSTRIA EN MADRID, según nota del
mismo traductor al pie del documento.
3.- La demandante fue contratada como SECRETARIA de la citada oficina
o delegación comercial, de nuevo según cada una de las versiones,
representada por el Sr. Darío, a la sazón Consejero Comercial de la
Embajada, con salario inicial de 7.500 chelines austriacos mensuales en
catorce pagas anuales, cuyos impuestos se abonan en Austria, más una
compensación libre de impuestos por expatriado en doce pagas, y un plus
de compensación libre de impuestos por pérdida de poder adquisitivo,
con subidas del salario base según las variaciones de las gratificaciones
por inflación para los empleados de las Cámaras Austriacas de Comercio
y los otros conceptos según las paridades de poder adquisitivo fijadas
por el Ministerio Federal de Hacienda de Austria. La cláusula undécima
establece, siempre que el contrato o la legislación del Estado de lugar de
trabajo no contengan normas de obligado cumplimiento, la aplicación del
derecho laboral austriaco y el empleado se declara enterado de que el
contrato de trabajo no constituye una relación de trabajo con la cámara
Federal de Comercio con domicilio en Wiedner Hauptstrasse 63 - 1045
Wien (Viena).
2.- Al contrato se añadieron apéndices suscritos por los mismos
intervinientes, sobre diversos temas concretos (anticipos, vacaciones),
que fueron firmados como empleador y empleado respectivamente, por
el consejero comercial de la embajada que estuviera en el cargo en cada
momento y por la actora, siempre con la mención de aquél como director
de la Oficina de Comercio Exterior de Austria, con la mención expresa
y reiterada del mismo como patrono o empleador, y además se firmaba
una nueva cláusula adicional cada vez que se producía un cambio en la
persona del Consejero comercial que sustituía al anterior en el contrato.
Así se hizo en fecha 22.10.1996 con el Sr. Julián, y el 31.10.2003 en que
el Sr. Sergio sustituye al Sr. Constantino, como patrono (siempre con
referencia al término alemán "als dienstgeber", en calidad de dador de
empleo o tarea). La demandante obtuvo dispensa de permiso de trabajo
expedido por la Dirección General de la Policía como secretaria de la
Delegación Comercial de Austria en España el 28,11,1988 (doc. 2, f/23
ramo de prueba parte demandada), y el 20 junio 1989 (doc. 1 actora).
E1 26.5.1989 el Delegado Comercial de Austria en España, Dr. Darío
certifica en nombre de la Delegación Comercial de Austria en España
que la trabajadora sigue prestando sus servicios en esa Delegación
Comercial y no efectúa otros trabajos lucrativos en España (doc. 2 bis de
la demandada).
3.- En fecha de 19.2.2007 y efectos 30.6.2007 fue despedida por la
demandada de forma escrita (doc. 4 actora) mediante carta bajo el
membrete con anagrama WKO-AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH
(las primeras iniciales, WKÖ, en idioma alemán, corresponden a las
siglas en idioma español C.E.A,, es decir, Cámara de Economía de
Austria, y la mención adicional que les sigue, Aussenwirtschaft significa
"COMERCIO EXTERIOR"), y asimismo con la indicación de "El Consejero
Comercial de Austria para España", carta dirigida nominativamente a
la hoy demandante, con el siguiente texto: "Respetando el plazo legal
de preaviso le despido con efectos de la fecha más próxima posible. El
contrato de trabajo se da por rescindido el 30.6.2007" y sigue la firma
de la misma persona que compareció como representante procesal de la
parte demandada, el Sr. Sergio, el Consejero Comercial de la Embajada
de Austria.
4.- La demandante percibía su salario bajo recibo mensual y nómina (doc.
3 actora) que en su parte superior indica que procede de la Cámara de
Economía de Austria y en la misma dirección señalada en el apartado
anterior, importe que en junio 2007 fue de 3.737,01 euros antes de
descuentos, por los conceptos que allí se detallan (f/ 113 y 142 de la
documental demandada, respectivamente la traducción española y la
nómina en alemán). La cuenta desde la que se le transfiere el importe
mensual figura a nombre de Oficina de Comercio Exterior de austria (f/
152 documental demandada). El importe anual de salario reconocido
es de 49.853,61 euros año, 138,48 euros día, lo que incluye la ayuda
mensual para vivienda de 1071,43 en doce meses, que es el neto
abonado a la actora, porque otra parte del importe del alquiler de 220
euros mes está a cargo de la demandante y se le descuenta, todo ello
según el acuerdo alcanzadoanteel tribunal de trabajo de Linz, por lo que
ha de estarse al importe reconocido por la empresa, no acreditándose
otro superior por la trabajadora.
5.- La hoy demandante consta de alta en la Seguridad Social española en
los TC1 mensuales que se aportan (dentro del conjunto de documentos
numerado como núm. 2 de la demandada en su documental)en concepto
de personal al servicio de misiones diplomáticas u oficinas consulares
conforme a la opción que reconocen a esta clase de personal entre la
seguridad social de su país de origen o del de destino los Reglamentos
comunitarios 1408/71, arts. 16.2 y 3, 574/72, arts. 13.2 y 3 y 14.1 y 2,
y se le descuentan los importes a su cargo en la nómina mensual, según
las liquidaciones que son remitidas desde la administración central de la
Cámara de Economía de Austria a la oficina administrativa de Madrid y
cuyos importes se le abonan mensualmente a la demandante.
6.- En demanda presentada por la hoy actora (doc. 5 de la demandada)
ante el Tribunal Regional de Linz (Austria), como tribunal de asuntos
laborales y sociales, el 5.9.2005 contra D. Sergio, compareciente en los
autos como representante procesal de la demandada, como empleado
directivo, en reclamación sobre ayuda de vivienda, se afirma:
a) Que la demandante estableció por contrato de trabajo de 16.10.1989,
con efectos de 1.12.1989, relación laboral con el director correspondiente
de la oficina de Comercio Exterior en Madrid de la Cámara de Economía
de Austria,
b) Que ambos son ciudadanos austriacos; así como ambos tenían
empleador austriaco, que profesionalmente ambas partes en litigio deben
defender intereses austriacos en el extranjero, que según el art. 11
del contrato de trabajo de 16.10.89 se acordó la aplicación del derecho
laboral austriaco, entre otros elementos de conexión territorial con los
tribunales de ese estado, conexión que la demandante consideró en
aquella demanda "suficientemente estrecha" como para fundamentar la
intervención de la jurisdicción nacional de ambas partes.
c) El Sr. Sergio a requerimiento del Tribunal (doc. 6 dda.) designó como
domicilio para notificaciones la Cámara de Economía de Austria en Viena.
d) En el acto de juicio celebrado el día 28.3.2006 ante el Tribunal de Linz
se alcanzó avenencia (doc. 7) consistente, entre otros extremos, en el
pago de una subvención mensual por vivienda de 1.071,43 euros, de la
que se le retiene un determinado importe de 220 euros mes. Se acuerda
que la parte demandada "renuncia a proceder al despido de la parte
demandante hasta el 31.12.2006".
6.- Las disposiciones aplicables al contrato de trabajo según la legislación
austriaca constan de la certificación unida como documento 30 de la parte
demandada, por reproducidas en su integridad.
7.- La demandante ha sido sustituida por otra empleada de la Embajada
(la Sra. Amelia.), destinada antes en otra agregaduría de la misma
embajada que ha sido suprimida, la cual percibe un salario sensiblemente
inferior (declaración testifical Sr. Ernesto, propuesto por la demandada
y hecho expresamente reconocido además en interrogatorio por el
representante de la misma en juicio) ya que no percibe la ayuda para
vivienda, cuya cuantía supone 1.071,43 euros mes, según lo antes
declarado probado, siendo el total mensual de ingresos de la actora de
3.737,01 euros mensuales.
8.- Se ha intentado la vía previa como se acredita con la demanda. La
trabajadora presentó papeleta de conciliación el día 11.7.07 por despido
contra la CAMARA ECONÓMICA DE AUSTRIA.
9.- En los presentes autos compareció inicialmente el Abogado D. José
Velasco Lavín en nombre de la OFICINA COMERCIAL DE LA MISIÓN
DIPLOMÁTICA DE LA EMBAJADA DE AUSTRIA EN MADRID, poder otorgado
el 7.9.2007 por sustitución en nombre de la citada Oficina y en el acto de
juicio compareció D. Sergio en nombre de la oficina Comercial".
TERCERO: En esta sentencia se emitió el siguiente fallo o parte
dispositiva:
"Que, declarando la competencia de los tribunales españoles del orden
social, y desestimando las excepciones de modificación sustancial de
la demanda, caducidad de la acción, falta de legitimación pasiva, falta
de personalidad procesal o insuficiencia del poder, y estimando en
parte, en su pretensión principal, con desestimación de la pretensión
indemnizatoria, la demanda interpuesta por Aurora como parte actora,
contra, de otra parte, como demandado, CÁMARA DE ECONOMÍA DE
AUSTRIA, en su Oficina Comercial en España,
a) Declaro vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,
en su vertiente de garantía de indemnidad, y en consecuencia nulo el
despido efectuado.
b) Condeno a la demandada a readmitir a la actora de inmediato en su
puesto de trabajo en iguales condiciones a las disfrutadas anteriormente
y a abonar a la actora los salarios dejados de percibir desde el despido
hasta que tenga lugar la readmisión".
CUARTO: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por
la Oficina Comercial de Austria, siendo impugnado de contrario. Elevados
los autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos a
Ponente para su examen y resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Se recurre en suplicación ante esta Sala, por la
representación legal de la parte demandada, Oficina Comercial de Austria,
la sentencia de instancia que declara el despido de la actora como nulo,
solicitando en un doble motivo la revisión de los hechos probados y el
relato del derecho aplicado.
Al amparo del art. 191 b) LPL solicita la recurrente, reconociendo que se
ha producido un error material en el relato fáctico, lo cual es obvio, de
indicar dos hechos probados con el nº 6, la adición de un hecho nuevo
con el siguiente tenor literal: "La demandante ha venido rigiéndose, en
su contrato de trabajo y condiciones, por la normativa Austria, sin que en
ningún momento se le haya aplicado la legislación laboral española".
La jurisprudencia viene exigiendo con reiteración, hasta el punto de
constituir doctrina pacífica, que para estimar este motivo es necesario que
concurran los siguientes requisitos:
1º. - Que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u
omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado
o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico.
2º. - Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la
narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus
puntos, bien complementándolos.
3º. - Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de
los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que
sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de
cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso; señalando la
ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las
pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.
4º. - Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error
de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir
a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas,
naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de
manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo
valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia,
suficiencia, fehaciencia o idoneidad.
5º. - Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva
de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio
de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada
práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando
no siendo trascendente en esta instancia pudiera resultarlo en otras
superiores.
Sentado lo anterior, la modificación revisoria solicitada no puede
prosperar, dado que se apoya en el acta de la vista, documento inhábil
a los efectos revisorios, en este recurso extraordinario cual es el
de suplicación. El relato de hechos probados queda por lo expuesto
inmodificado.
SEGUNDO. - Bajo el correcto apoyo procesal, art. 191 c) LPL, se denuncia
por la recurrente la aplicación incorrecta, por el Juzgador de instancia, del
Reglamento CEE 44-2001 de 22 de diciembre, en cuanto a la competencia
de los Tribunales Españoles del orden social así como la jurisprudencia
dictada al efecto en esta materia y la no aplicación del art. 1282 CC, para
la interpretación de los contratos, según la voluntad de las partes por los
actos coetáneos y posteriores a los mismos.
Argumenta la que aquí recurre que, partiendo del relato fáctico
inmodificado, la actora, de nacionalidad austriaca, presento su
candidatura (solicitud) y curriculum en Austria, en donde se realizo la
oferta de trabajo para la Oficina de Comercio Exterior (Oficina Comercial)
de Austria en Madrid, dependiente de la Embajada de Austria en Madrid,
en su condición de súbdita austriaca, requisito exigido para ocupar un
cargo de confianza en un Organismo oficial austriaco, alegando, que
tal y como consta en autos, la demandante está sujeta a la legislación
austriaca, dado que el contrato fue suscrito el 16 de octubre de 1989
en Viena, por una trabajadora dependiente de un organismo oficial,
como es una dependencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Austria, siguiendo con ello la doctrina del Tribunal Supremo Español que
declara y reconoce, a sensu contrario, que los trabajadores españoles
que prestan sus servicios en dependencias de Oficinas Comerciales
Españolas, Consulados y Embajadas de España en el extranjero, el lugar
de suscripción del contrato es el del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Madrid, reputándose, por tanto, el contrato celebrado en Viena porque de
su Ministerio de Asuntos Exteriores depende la Delegación Comercial de
Austria en Madrid.
La aplicación del Reglamento CEE 44-2001 de 22 de Diciembre, al caso
que nos ocupa, por el Magistrado de instancia se refiere a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil, aplicable en materia laboral y respecto a
ello hace referencia la sentencia recurrida cuando recoge: "Procede
sostener la competencia de los Tribunales españoles del orden social,
ratificando así lo resuelto en su momento tras suscitar la cuestión a reglón
seguido de la presentación de la demanda de acuerdo con el Reglamento
44/2001 de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial,
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil, aplicable en materia laboral, arts. 1 y 5, que sustituye a los
Convenios de Bruselas y de Lugano, Reglamento (CE) núm. 44/2001,
de 22 de diciembre 2000. Según se recuerda en su preámbulo, en los
contratos como los de trabajo, es oportuno proteger a la parte más
débil mediante reglas de competencia más favorables a sus intereses
de lo que disponen las reglas generales, por lo que debe respetarse la
autonomía de las partes de un contrato, que no sea de trabajo, en los que
sólo se prevé una autonomía limitada en cuanto a la elección del órgano
jurisdiccional competente. Así que no es vinculante a este respecto lo
que pudiera haberse pactado en el contrato de trabajo. De acuerdo
con el art. 18.2 del citado Reglamento, cuando un trabajador celebrare
un contrato individual de trabajo con un empresario que no tuviere su
domicilio en un Estado miembro, se considerará, para todos los litigios
derivados de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento,
que tiene su domicilio en dicho Estado miembro. En el presente caso,
justamente existe una delegación comercial en Madrid de la Cámara de
Economía de Austria, y por tanto se cumple la condición reglamentaria,
y más aún si el empresario, según lo pactado en contrato, resultara
ser el propio delegado, que está domiciliado en Madrid y tiene aquí el
centro de su actividad. A su vez, el art. 19 indica que los empresarios
domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados: 1) ante
los tribunales del Estado en que estuvieren domiciliados, o 2) en otro
Estado miembro: a) ante el tribunal del lugar en el que el trabajador
desempeñare habitualmente su trabajo. Es pacífico que el lugar de trabajo
de la demandante estuvo situado a escasos metros de la sede de este
Juzgado de lo Social, en la misma calle, por lo que no puede cuestionarse
la competencia de los tribunales españoles, y ni siquiera la del concreto
tribunal que ahora conoce del litigio (ya que la competencia internacional,
e incluso la competencia nacional interna en litigios en los que sea
aplicable el Reglamento Comunitario de referencia, puede establecerse de
oficio, a diferencia de la competencia territorial interna en otros casos, la
menos mientras se mantenga el criterio doctrinal actualmente aplicado
por el Tribunal Supremo a los supuestos en los que no exista conexión
comuntaria".
Dicho lo anterior, ha de distinguirse entre competencia judicial, a la
que hemos hecho referencia y legislación aplicable y en este punto es
clara la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional, Sentencias entre
otras 33-2002 de 11 de febrero y Sentencias del Tribunal Supremo,
en unificación de doctrina, entre otras de 4.11.2004, donde se recoge
la necesidad de determinar cual es la norma aplicable al conflicto y
si no resulta acreditada, ha de resolverse la controversia aplicando
subsidiariamente el derecho interno.
En el presente caso de conformidad con lo pactado, en el contrato suscrito
entre partes, el 16 de Octubre de 1989, en su cláusula undécima, dice
"siempre que el presente contrato, o bien el ordenamiento jurídico
del Estado del lugar de trabajo no contenga normas de obligado
cumplimiento, rigen los preceptos legales del derecho laboral austriaco".
La obligación de demostrar la aplicación del derecho extranjero no se
tiene que unir a la concreta solicitud de que tal derecho se aplique a este
caso, sino que está vinculada claramente con la pretensión ejercitada en
la demanda. Y si esta pretensión se basa en una relación jurídica regida
por el derecho extranjero (como en el caso de autos), es indiscutible que
ese derecho extranjero es fundamento ineludible de esa pretensión, lo
quiera o no lo quiera la demandante; y por ello es totalmente irrelevante
que diga que su reclamación se apoya en el derecho español.
Está claro que el fundamento jurídico de toda pretensión procesal es algo
objetivo, que existe con base en la propia naturaleza de la misma y de la
relación jurídica discutida, y sin que tal fundamento y naturaleza puedan
ser alterados por la voluntad, la conveniencia o el capricho, en este caso,
de la actora.
Por tanto recogido de manera expresa el sometimiento a la aplicación
de la legislación austriaca (cláusula undécima del contrato suscrito
entre partes) ha de ser esta la aplicada, al supuesto que nos ocupa, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 10.6 CC español, por existir un
sometimiento expresamente pactado y así haberlo aceptado y cumplido.
En el relato fáctico inmodificado, de la resolución recurrida, consta
en el primer hecho probado con el nº 6 que la aquí actora presentó
ante el Tribunal Regional de Linz (Austria), como Tribunal de asuntos
laborales y sociales, en fecha 5.9.2005 demanda contra su empleador, en
reclamación sobre ayuda de vivienda, celebrándose el 28.3.2006 el acto
de juicio en el que se alcanzó avenencia aplicando en todo momento la
normativa austriaca, observando de esta forma su cláusula contractual.
Para considerar válido el sometimiento expreso se tiene que tener en
consideración, como así lo declara la sentencia nº 643, dictada por la
Sección 2ª de la Sala de lo Social, del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el día 14 de diciembre de 1.999, en el Recurso 3.568, confirmada
por la dictada el 25 de mayo de 2.001, en el Recurso 556/2.000, por la
Sala 4ª del T.S.:
-La nacionalidad de las partes, (ambas austriacas).
-Nacionalidad del centro, (dependencias de la Embajada de Austria en
Madrid).
-Mejores condiciones económicas en Austria que en España para un
trabajador de la misma categoría.
-Control sobre el funcionamiento del centro de trabajo (por el estado
austriaco al subvencionarse con cargo a los presupuestos generales del
Estado Austriaco), al ser una entidad de Derecho Público.
-Pago del salario (en Austria).
-Impuestos (abonados en Austria).
En el presente caso se cumplen todos los requisitos indicados en la
sentencia citada para que sea de aplicación la legislación austriaca,
con total independencia de haber reclamado, ya con anterioridad por la
actora, ante los tribunales austriacos.
No es admisible en modo alguno, el criterio de la legislación más favorable
par el trabajador, pues tal criterio conllevaría la inseguridad jurídica de
poder recibir cada vez una demanda distinta ante un juzgado diferente y
tener que aplicar una normativa distinta.
La tesis defendida en la instancia propicia, el empleo de conductas
estratégicas e incluso, a veces fraudulentas, pues le da la oportunidad
de alegar la aplicación de la legislación que le sea más favorable en la
controversia planteada, aunque sepa perfectamente que tal legislación
no es aplicable. Debe tenerse en cuenta que este tipo de conductas son
especialmente frecuentes en relación con la aplicación del Derecho del
Trabajo español, dado el carácter marcadamente protector y beneficioso
para los trabajadores que el mismo ostenta. Es evidente que el caso sobre
el que versa el presente proceso encaja perfectamente en este supuesto,
pues el demandante pretende apoyar su demanda en el derecho español,
cuando es totalmente claro que el derecho que rige su relación jurídica es
el austriaco.
TERCERO. - En el tercer motivo del recurso alega la recurrente falta de
legitimación pasiva de la demandada, haciendo mención a una sentencia
del Tribunal Supremo Austriaco de fecha 15 de diciembre de 1999, en
base a la cual hay una relación laboral tan solo entre el demandante
como trabajador, por un lado, y el segundo demandado, Sr. D. Benedicto,
Delegado Comercial, como patrono en su condición de persona física, que
en el caso actual sería el actual director de la oficina comercial, Sr. Sergio,
como persona física, y que no fue demandado en momento alguno, de ahí
la excepción planteada.
La legitimación, como elemento conceptual de la relación jurídico-
procesal, supone configurar el conflicto jurídico, la relación litigiosa,
como "supossitio formalis", diferenciable así de la "supossitio materialis"
que plantea la acción. Selecciona sus componentes con el criterio de su
hipotética afectación por el litigio, es decir por las posibilidad de resultar
comprometidos por lo que se pide al órgano jurisdiccional. Y por tanto
la nacionalidad de la normativa que se invoca como fundamento de la
pretensión, determina la nacionalidad de la normativa delimitadora del
componente material de la legitimación. Por otra parte la afectación
pasiva por la impugnación del cese en la prestación del trabajo no puede
excluirse en quien ha venido recibiendo directamente tal prestación. Y
en este punto, dependiendo la legitimación pasiva de la ostentación de
la cualidad de empresario del demandado, la actora ha aceptado desde
1.996, los distintos cambios de patrono, de conformidad con la normativa
austriaca y al último de ellos, Sr. Sergio demanda, como persona física
ante el Juzgado de Linz, añadiendo a lo expuesto que el mencionado Sr.
Sergio es, en el momento en el que se produce el despido, Consejero
Comercial, ostentando facultades representativas de la Oficina Comercial
de la Misión Diplomática de la Embajada de Austria en España, por lo
que en definitiva, habiéndose dirigido la demanda frente a la Cámara
de Comercio de Austria, la relación jurídico procesal está, siguiendo
con la aplicación de la legislación austriaca, validamente constituida,
siendo en última instancia la empleadora, como corporación de derecho
público, con personalidad jurídica propia, teniendo el Sr. Sergio poder
de representación de la misma, sin que desvirtúe lo expuesto el que
la reclamación de cantidad formulada ante el Tribunal Regional de
Linz (Austria) se dirigiera contra el mencionado señor dado que puede
representar a la demandada, rechazando, por lo expuesto, la excepción
de falta de legitimación pasiva alegada por la recurrente.
CUARTO. - En aplicación de la normativa austriaca, la recurrente
amparándose en la Ley Constitucional del Trabajo, cuyo art. 107 recoge:
"en las empresas en las que haya que constituir un comité de empresa,
pero no existan tales, el trabajador afectado puede impugnar ante
los Tribunales la rescisión o el despido, en la semana siguiente a su
notificación", entiende que la actora se ha excedido del plazo concedido
para impugnar dicha rescisión o despido.
Constando en las actuaciones la fecha de la resolución de la relación
laboral, 30 de junio 2007, y presentada la papeleta de conciliación con
fecha 11.07.2007, en aplicación del ordenamiento jurídico austriaco, la
actora, como alega la recurrente, se ha excedido del plazo concedido para
impugnar el despido, es decir, la acción para el ejercicio de despido ha
caducado, cualquiera que sea la forma del cómputo, ya que computado
el plazo por días naturales, iniciándose el día 1 de julio (día siguiente
a la notificación) este finalizaría el día 8; en tanto que computado el
plazo, descontando los días inhábiles, este se iniciaría el día 2 de julio,
lunes, finalizando el día 10 de julio martes, por lo que dada la redacción
del artículo anteriormente citado, en cualquier caso habría transcurrido
el plazo de la semana siguiente para impugnarlo a que se refiere dicho
articulo.
Declarada la caducidad de la acción, debemos con estimación del recurso
revocar la sentencia de instancia y con desestimación de la demanda
absolvemos a la demandada de los pedimentos contra ella deducidos, sin
necesidad de entrar en el estudio del resto de las cuestiones planteadas
en el recurso con carácter subsidiario, y sin expreso pronunciamiento es
costas.
FALLAMOS
Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por la OFICINA
COMERCIAL DE AUSTRIA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social número 30 de los de Madrid, de fecha 9 de mayo de 2008, en
virtud de demanda deducida por Dª Aurora contra la recurrente, sobre
despido y revocamos la sentencia de instancia y con desestimación de
la demanda, absolvemos a la demandada de los pedimentos contra ella
deducidos, sin expreso pronunciamiento en costas.