PRIMERO. - Ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de
Valladolid, fueron vistos los autos promovidos a instancia de la entidad
mercantil DIRECCION000., que interviene a través de su Gerente
Dª Sofía ... contra la entidad INTRAENSA, Equipos de secado, sobre
reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones
legales, en la cual se solicitaba, previa alegación de los hechos y
fundamentos de Derecho, que se tenga por solicitado el otorgamiento
de la ejecutoria dictada por la Audiencia Provincial de Colonia, Alemania,
en nombre de la Entidad Mercantil DIRECCION000. contra INTRAENSA,
cuyos datos de identificación constan ut supra, y se dicte Auto otorgando
el cumplimiento de citada ejecutoria, autorizándose la adopción de
medidas cautelares sobre los bienes de la parte, contra la que se solicita
la ejecución, y continuándose la misma por el procedimiento señalado en
los artículos 919 y siguientes de la Ley Rituaria Civil española, así como
los que sean procedentes del Convenio de Bruselas de 1.968.
Por el Juzgado se dictó auto con fecha cuatro de Enero de mil novecientos
noventa y cuatro, cuya parte dispositiva dice así: "Debo acordar y acuerdo
otorgar la ejecución de la sentencia en rebeldía dictada por la Audiencia
Provincial de Colonia de 15 de septiembre de 1992 y auto de tasación
de costas de 9 de octubre de 1992, solicitada por la entidad mercantil
DIRECCION000. con domicilio social en DIRECCION001. NUM000,
NUM001 Erftstadt-Kierdorf NUM002, representada por el Procurador Sr.
Ballesteros contra la entidad Intraensa, Equipos de Secado, con domicilio
en Polígono Industrial la Vega Parcela 3.1. Tordesillas (Valladolid).- Se
decreta el embargo de bienes a la demandada que se llevará a cabo
el día trece de enero a las diez horas con citación de la parte actora,
por importe de 124.806,90 marcos alemanes mas el 10% de intereses
contados desde el 7.5.92 marcos alemanes, mas el 4% de intereses
contados desde el 22.9.1992, correspondiendo a una equivalencia en
pesetas de 10.441.912, 380 ptas. correspondiente al día 27 de julio de
1993, mas otros 2.000.000 ptas. que se calculan prudencialmente para
intereses y costas sirviendo esta resolución de mandamiento en forma".
SEGUNDO. - Contra dicho auto se interpuso recurso de apelación que fue
admitido y, sustanciada la alzada, la Audiencia Provincial de Valladolid
dictó auto de fecha diez de Noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro, cuya parte dispositiva dice así: "LA SALA ACUERDA: Desestimando
el recurso de apelación interpuesto a nombre de la entidad INTRAENSA,
S.A. contra el auto dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado
de Primera Instancia número Uno de Valladolid, en fecha 4-1- 1994,
en el procedimiento a que este rollo se refiere, debemos confirmar y
confirmamos la aludida resolución e imponemos las costas de esta alzada
a la parte apelante".
TERCERO. - La Procuradora Dª Esperanza Azpeitia Calvin en nombre
de la entidad mercantil Industrias de Transformación Energética, S.A.,
formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:
PRIMERO. - Al amparo del artículo 1692.1º de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, por defecto en el ejercicio de la jurisdicción. Se considera infringido
el apartado 1 del artículo 5 del Convenio relativo a la Competencia
Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia Civil y
Mercantil de 27 de septiembre de 1968. SEGUNDO. - Al amparo del
artículo 1.692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las
normas del ordenamiento jurídico, aplicables para resolver las cuestiones
objeto de debate. Se considera infringido el art. 54 del Convenio relativo
a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales
en materia Civil y Mercantil de 27 de septiembre de 1968. TERCERO.
- Al amparo del artículo 1.692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, aplicables para
resolver las cuestiones objeto de debate. Se considera infringido el
art. 1500 del Código Civil en relación con el art. 1171 del mismo Texto
Legal y Doctrina Jurisprudencial que los desarrolla, entre otras, las
sentencias de ese Tribunal de fechas 22 de febrero de 1980, 19 de enero
de 1981, 2 y 4 de marzo de 1981, 3 de noviembre de 1984, 17 de enero
de 1985, 15 de abril de 1985, 27 de abril de 1986 y 28 de noviembre
de 1987, por interpretación errónea. CUARTO. - Al amparo del art.
1692.4ºde la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del
ordenamiento jurídico, aplicables para resolver las cuestiones objeto de
debate. Se considera infringido el art. 1253 del Código Civil, violado por
interpretación errónea.
CUARTO. - Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para
impugnación, el Procurador D. José Llorens Valderrama en nombre de la
entidad DIRECCION000., presentó escrito con oposición al mismo.
QUINTO. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de
vista pública se señaló para votación y fallo el día siete de Julio del año en
curso, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MORALES
MORALES
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Sin perjuicio de las ampliaciones fácticas que más adelante
serán hechas, los antecedentes previos que, de momento, han de ser aquí
consignados son los que se exponen a continuación.
En litigio (con referencia: 3 0 144/90), seguido por la entidad mercantil,
de nacionalidad alemana, " DIRECCION000.", contra la entidad mercantil,
de nacionalidad española, "Industrias de Transformación Energética,
S.A." (en anagrama INTRAENSA, como en lo sucesivo se le denominará),
que estuvo en rebeldía, la Audiencia Provincial de Colonia (Alemania)
dictó sentencia de fecha 15 de Septiembre de 1992, que contiene
el siguiente "fallo": "La demandada queda condenada a pagar a la
demandante el importe de 124.806'90 marcos alemanes, más el 10%
de intereses, contados desde el 7.5.92 contra entrega de los secaderos
con compresor, SIJ-200, no. de fabricación 198-200, instalados en las
dependencias R 3 y R 5, y del secadero SIJ 50, no. de fabricación 218,
instalado en la dependencia 4; ambos ubicados en el domicilio social de la
demandante DIRECCION001. NUM000 NUM001 Erftstadt Kierdorf".
Asimismo, en el referido litigio (referencia: 3 0 144/90) la aludida
Audiencia Provincial de Colonia (Alemania) dictó Auto de tasación de
costas de fecha 9 de Octubre de 1992, en el que condena a la demandada
a reembolsar a la demandante la cantidad de 5.113'50 marcos alemanes
más el 4% de intereses, contados desde el 22.9.1992.
SEGUNDO. - La entidad mercantil " DIRECCION000.", de nacionalidad
alemana, promovió ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de
Valladolid (al que correspondió por turno de reparto) el procedimiento
correspondiente en solicitud de autorización para la ejecución en España
de las antes referidas resoluciones extranjeras.
En dicho procedimiento (autos número 630/93), el referido Juzgado de
Primera Instancia número Uno de Valladolid dictó Auto de fecha 4 de
Enero de 1994, en el que autorizó la ejecución en España de las dos
expresadas resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Colonia
- Alemania (sentencia de fecha 15 de Septiembre de 1992 y auto de
tasación de costas de fecha 9 de Octubre de 1992), ascendiendo el
importe de lo reclamado, tras su conversión en pesetas, a diez millones
cuatrocientas cuarenta y una mil novecientas doce (10.441.912) pesetas
más los intereses procedentes.
En el correspondiente recurso de apelación, interpuesto por la demandada
entidad mercantil INTRAENSA, de nacionalidad española, la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid dictó auto de fecha 10 de
Noviembre de 1994, por el que, desestimando el recurso de apelación
interpuesto, confirmó el antes dicho auto del Juzgado de Primera
Instancia y, en consecuencia, autorizó la ejecución en España de las dos
expresadas resoluciones extranjeras.
Contra el referido auto de la Audiencia, la demandada entidad mercantil
INTRAENSA ha interpuesto el presente recurso de casación, que articula a
través de cuatro motivos.
TERCERO. - Los hechos que aparecen probados (y éstas son las
ampliaciones fácticas que ya dejamos anunciadas) son los que se exponen
a continuación.
A virtud del correspondiente pedido, la entidad mercantil española
INTRAENSA, con domicilio social en Tordesillas (Valladolid) se obligó,
en 9 de Noviembre de 1988, con respecto a la entidad alemana "
DIRECCION000." al "suministro y montaje" de elementos frigoríficos con
destino a: Equipo de Secado Mod. SIJ-200 Nº fabricación: 198 y 200;
Equipo de Secado Mod. SIJ-50 Nº de fabricación: 218; Puerta frigorífica
2.40X1,50, por el precio total de diez millones tres mil setecientas
cincuenta (10.003.750) pesetas.
El día 17 de Noviembre de 1988 la entidad alemana " DIRECCION000."
por medio de un camión de matrícula también alemana, recogió en
Tordesillas (domicilio social de la entidad española INTRAENSA) todos los
elementos frigoríficos anteriormente relacionados.
Aunque la sentencia extranjera (cuya ejecución en España se pretende)
no lo dice, parece que la misma fué dictada en un litigio sobre resolución
de contrato, toda vez que la condena de la demandada entidad española
al pago a la entidad alemana de la cantidad ya dicha se hace contra la
entrega o devolución por ésta a aquélla de los elementos frigoríficos o
secaderos suministrados.
CUARTO. - La demandada entidad española INTRAENSA se opuso a la
concesión de autorización para la ejecución en España de la sentencia
extranjera (aparte de otra razón que será dicha más adelante, si fuere
necesario) con base en la consideración, aquí expuesta en síntesis, de
que al haberse dictado dicha sentencia extranjera en un proceso sobre
resolución de un contrato de compraventa (el de los elementos frigoríficos
anteriormente relacionados), la competencia para conocer de dicho
proceso ha de corresponder a los órganos jurisdiccionales del lugar de
celebración y cumplimiento de dicho contrato, que fué en España, por lo
que concluye que los Tribunales alemanes carecen de competencia para
conocer del citado proceso sobre resolución del mencionado contrato de
compraventa.
QUINTO. - La antes dicha alegación de la demandada entidad INTRAENSA
la rechaza el auto aquí recurrido aduciendo, en esencia, que al no
conocerse el lugar de pago del precio, ha de acudirse a la factura
aportada al procedimiento por la entidad demandada, en cuya factura
se dice textualmente "Suministro y montaje de elementos frigoríficos
con destino a....", por lo que entiende que, al obligarse la vendedora
al montaje de dichos elementos, el contrato celebrado no puede ser
considerado como un puro contrato de compraventa, sino también de
arrendamiento de obra, lo que lo transforma en un contrato mixto, que
ha de cumplirse en el lugar del domicilio de la entidad demandante, por
lo que concluye literalmente en los siguientes términos: "La recurrente
cumplía con su compromiso una vez quedasen montados los equipos. El
lugar de la instalación era en las dependencias de la ejecutante, sitas en
Alemania, por tanto no puede llegarse a otra conclusión según los datos
obrantes en autos que en ese país era en el lugar donde debía cumplirse
y se cumplió la obligación de la recurrente y por tanto la competencia
para conocer de las cuestiones relacionadas con el contrato aludido
correspondía a los Organos Jurisdiccionales alemanes...." (Fundamento
jurídico primero del auto aquí recurrido).
SEXTO. - Como quiera que el motivo cuarto es el que viene a impugnar la
calificación que el auto recurrido ha hecho del contrato celebrado entre las
partes, razones de estricta metodología casacional aconsejan comenzar
por el estudio del mismo.
En dicho motivo cuarto, al amparo del ordinal cuarto del artículo 1692
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia infracción del artículo
1253 del Código Civil y, en su alegato, la entidad recurrente viene a
sostener, en esencia, que el auto recurrido ha aplicado incorrectamente
la prueba de presunciones, al deducir de la factura aportada por dicha
parte al procedimiento (factura número 11005), en la que se habla de
"suministro y montaje", que se trata de un contrato mixto, cuyo lugar
de cumplimiento era Alemania, cuando se trata, parece querer decir la
recurrente, de un contrato de compraventa que fué cumplido en España.
Después de puntualizar que para combatir en vía casacional la
interpretación o calificación de un contrato, hecho por los juzgadores de
la instancia, es imprescindible citar algún precepto de los reguladores
de la hermenéutica contractual, que se considere ha sido infringido,
entre los cuales no se encuentra incluido el artículo 1253 del Código
Civil (único que aquí se invoca como supuestamente infringido), después
de hacer, repetimos, la referida puntualización, el expresado motivo ha
de ser desestimado, ya que el auto recurrido, para hacer la expresada
calificación, no ha hecho uso de la prueba de presunciones, sino que se ha
valido de la prueba directa que ofrece la factura número 11005 (aportada
al procedimiento por la propia entidad demandada, aquí recurrente), en
la que aparece claramente que el objeto del contrato era el "suministro
y montaje de elementos frigoríficos con destino a: ........", cuyo montaje
de los elementos frigoríficos vendidos lógicamente hubo de hacerse y se
hizo en las dependencias comerciales que la entidad demandante tiene
en Alemania, siendo, por tanto, dicho país el lugar de cumplimiento del
referido contrato mixto (compraventa y montaje), pues allí fué donde
quedó totalmente cumplido el mismo, como acertadamente ha entendido
el auto aquí recurrido.
SEPTIMO. - Por el cauce procesal del ordinal primero del artículo 1692
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (por defecto en el ejercicio de la
jurisdicción) aparece formulado el motivo primero, en el que se denuncia
infracción del apartado 1 del artículo 5 del Convenio de Bruselas de 27 de
Septiembre de 1968.
La tesis impugnatoria contenida en dicho motivo la hace consistir
la recurrente en que el citado precepto establece que las personas
domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro
Estado contratante: 1. En materia contractual, ante el Tribunal del lugar
en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviese
de base a la demanda, y como quiera que el contrato de compraventa al
que se refiere este procedimiento, agrega la recurrente, fue cumplido en
España, solamente ante los Tribunales de este país, concluye, se podía
formular la demanda correspondiente.
El expresado motivo, ha de ser desestimado, ya que con el mismo se
limita la recurrente a hacer supuesto de la cuestión, al sostener que
el contrato que sirvió de base a la sentencia extranjera fué cumplido
en España, cuando aparece probado, según se ha dicho al examinar y
desestimar el motivo cuarto, que el expresado contrato fue cumplido en
Alemania.
Por la misma razón que acaba de ser dicha, ha de ser también
desestimado el motivo tercero, formulado al amparo del ordinal cuarto
del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento, en el que, citando como
infringida la doctrina contenida en las sentencias de esta Sala que
relaciona, vuelve a insistir la recurrente en que el Tribunal competente
para conocer de la resolución de un contrato es el del lugar de
cumplimiento de dicho contrato que, según dice la recurrente, fué España,
cuando el expresado lugar de cumplimiento, nos vemos forzados a repetir,
no fué España, sino Alemania.
OCTAVO. - La otra razón en que la demandada entidad mercantil española
INTRAENSA basó su oposición a la concesión de autorización para la
ejecución en España de la sentencia alemana que aquí nos ocupa,
consistía en la alegación (expuesta sintéticamente) de que como dicha
sentencia, si bien de fecha posterior a la adhesión de España al Convenio
de Bruselas, había sido dictada en un proceso promovido con anterioridad
a dicha adhesión, los Tribunales alemanes carecían de competencia para
conocer de dicho proceso.
La expresada razón de oposición también la rechaza el auto aquí
recurrido, con base en la argumentación que, transcrita literalmente, dice
así: "Parte igualmente la recurrente del párrafo segundo del art. 29 que
recoge una disposición transitoria para el caso de resoluciones judiciales
dictadas después de la entrada en vigor del presente Convenio entre el
Estado de origen y el Estado requerido que sean consecuencia de acciones
ejercitadas con anterioridad a dicha fecha, otorgándolas reconocimiento
y ejecutabilidad conforme a las disposiciones del Convenio, sólo en el
caso de haberse ajustado las reglas de competencia a las previstas en el
Titulo II del Convenio o en un convenio en vigor entre el Estado de origen
y el requerido al ejercitarse la acción. Como ya se ha dicho en ambos
casos la competencia correspondería a los Tribunales del lugar donde
se hubiera cumplido o debiera cumplirse la obligación (art. 5.1 y 7.7 ya
citados)" (Fundamento jurídico primero del auto recurrido).
Hemos de aclarar que el artículo 29 que cita el auto recurrido corresponde
al "Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y de la República
portuguesa al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas
el 27 de Septiembre de 1968". Asimismo, ha de aclararse que los
artículos 5.1 y 7.7 que igualmente cita el auto recurrido (en el párrafo
anteriormente transcrito del mismo) corresponden, respectivamente, al
Convenio de Bruselas de 1968 y al Convenio de 14.11.1983 suscrito entre
España y la república Federal de Alemania.
NOVENO. - En el motivo segundo, con residencia procesal en el ordinal
cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia
textualmente lo siguiente: "Como norma del ordenamiento jurídico que
se considera infringida, ha de citarse el párrafo segundo del artículo
54 del Convenio Relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de
Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil de 27 de Septiembre
de 1968, en lo sucesivo 'Convenio de 1968', con las adaptaciones
introducidas por el Convenio de Adhesión del Reino de España y de la
República Portuguesa de 26 de mayo de 1989, ratificado por Instrumento
de 29 de octubre de 1990 (B.O.E. nº 24 de 28 de enero de 1991),
violado por no aplicación según se expresará en el desarrollo del presente
motivo".
En el alegato integrador de su desarrollo la entidad recurrente aduce
lo siguiente: a) que el pleito en que fué dictada la sentencia extranjera
(referencia 3 0 144/90) fué iniciado antes de la entrada en vigor en
España del Convenio de Bruselas de 1968, que tuvo lugar el día 1
de Febrero de 1991, si bien la expresada sentencia fué dictada con
posterioridad a la referida entrada en vigor; b) que para dicho supuesto
el párrafo segundo del artículo 54 del Convenio de 1968 dispone que
las resoluciones serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las
disposiciones del Título III si las reglas de competencia aplicadas se
ajustan al Título II o a un Convenio en vigor al tiempo de ejercitarse
la acción, entre el Estado de origen y el requerido. Con base en dichas
alegaciones, la entidad recurrente concluye el alegato del motivo diciendo
literalmente que el auto recurrido "viola por no aplicación el párrafo
segundo del artículo 54 que ordena el reconocimiento y ejecución con
arreglo a las disposiciones del Título III, que diferencia el reconocimiento
(Sección 1) de la ejecución (Sección 2), si las reglas de competencia se
ajustan a lo previsto en el Título II o a un Convenio en vigor suscrito
entre los dos Estados. Al procederse a la ejecución de la sentencia
alemana sin haber sido reconocida la misma, no se aplica el párrafo
segundo del artículo 54 del Convenio de 1968 y se viola el mismo, por no
haberse reconocido la Sentencia extranjera que se ejecuta. La Sentencia
extranjera que se ejecuta, difícilmente puede ser reconocida, dado que
la misma (documento nº 2.6) sólo contiene el encabezamiento y el fallo;
por lo que es imposible determinar en qué artículos del Convenio de 1968
(Título II) o del Convenio de 14 de noviembre de 1983, suscrito entre
España y Alemania, basa su competencia el Tribunal Alemán".
El tratamiento casacional que ha de corresponder al expresado motivo
es el que se desprende de las consideraciones que seguidamente se
exponen. El artículo 54 del Convenio de Bruselas de 1968, después de
prescribir en su apartado primero que sus disposiciones solamente serán
aplicables a las actuaciones judiciales ejercitadas con posterioridad a la
entrada en vigor del mismo, agrega en su apartado segundo lo siguiente:
"Sin embargo, las resoluciones dictadas después de la fecha de entrada
en vigor del presente Convenio entre el Estado de origen y el Estado
requerido como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad
a esta fecha serán reconocidas y ejecutadas en el Estado requerido con
arreglo a las disposiciones del Título III, si las reglas de competencia
aplicadas se ajustaren a las previstas en el Título II o en un Convenio
en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido al ejercitarse la
acción".
Dicho apartado segundo del artículo 54 (que es el aplicable al supuesto
aquí contemplado), correctamente interpretado, viene a permitir
que también se reconozcan y ejecuten las sentencias dictadas con
posterioridad a la fecha de entrada en vigor en un Estado (España,
en este caso), aunque hayan sido dictadas en procesos incoados con
anterioridad a dicha fecha de entrada en vigor (que es el supuesto aquí
contemplado, volvemos a decir), siempre que la referida sentencia
haya recaído sobre asuntos que sean incardinables en las reglas de
competencia del Título II de dicho Convenio de 1968 o en un Convenio
en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido al ejercitarse la
acción.
El asunto debatido en el proceso en el que recayó la sentencia extranjera
(alemana) a que aquí nos venimos refiriendo (resolución de un contrato
de suministro y montaje de elementos frigoríficos) es plenamente
incardinable en las reglas de competencia del Título II del Convenio de
Bruselas de 1968, concretamente en su artículo 5.1, que pertenece a
dicho Título II y que prescribe que "Las personas domiciliadas en un
Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante:
1. En materia contractual, ante el Tribunal del lugar en el que hubiere sido
o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda".
Aunque lo dicho es suficiente para la resolución del presente motivo,
puede agregarse que, asimismo, el expresado asunto litigioso (resolución
de un contrato de suministro y montaje de elementos frigoríficos) es
también incardinable en las reglas de competencia del Convenio de 14
de Noviembre de 1983, suscrito entre España y la República Federal de
Alemania, concretamente en su artículo 7.7, que reconoce la competencia
del Estado de origen cuando la demanda tuviere por objeto un contrato
o una acción derivada de un contrato y la obligación litigiosa hubiera sido
cumplida o hubiera de serlo en el Estado de origen, siempre que, según
la ley del Estado requerido, tal acuerdo pudiera ser determinante de la
competencia.
Por tanto, la sentencia extranjera a que nos venimos refiriendo puede ser
reconocida y ejecutada en España en la forma determinada en el Título
III del Convenio de Bruselas de 1968, como correctamente ha entendido
el auto aquí recurrido, en plena coincidencia con el dictado en la primera
instancia. Por todo lo expuesto, el presente motivo segundo también ha
de ser desestimado.
DECIMO. - El decaimiento de los cuatro motivos aducidos ha de llevar
aparejada la desestimación del recurso, con expresa imposición de las
costas del mismo a la entidad recurrente, y la pérdida del depósito
constituido, al que se dará el destino legal que le corresponda.