PRIMERO. - Que el Auto de instancia de fecha 5 octubre de 2009 es de
tenor literal siguiente:
"PARTE DISPOSITIVA: 1.- ACUERDO ESTIMAR la cuestión de competencia
por declinatoria interpuesta por la entidad MARTICO SL, representada por
el Procurador de los Tribunales D. Rafael Eguidazu Buerba; por carecer
este juzgado de competencia para conocer de la demanda formulada
por la entidad EMBARMAR SL, representada por el Procurador de los
Tribunales D. Pedro María Santín Díez, frente a la sociedad anteriormente
citada.
2.- DECLARO que se estima competente para conocer de este litigio a la
Corte de Distrito de Rotterdam, ante la que el actor podrá plantear su
pretensión.
3.- CONDENO a cada parte a atender las costas causadas a su instancia y
las comunes por mitad".
SEGUNDO. - Notificada dicha Resolución a las partes, por la
representación de la demandante se interpuso en tiempo y forma recurso
de apelación que, admitido por el Juzgado de Instancia y tramitado en
legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo, al que ha
correspondido el nº 685/09 de Registro y que se ha suscitado con arreglo
a los trámites de los de su clase.
TERCERO. - Hecho el oportuno señalamiento quedaron las actuaciones
sobre la mesa del tribunal para votación y fallo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - El auto de instancia estima la cuestión de competencia
por declinatoria, hecha valer por la parte demandada, declarando la
competencia de la Corte de Distrito de Roterdam para conocer de la
demanda interpuesta.
SEGUNDO. - La demandante se opone a dicha resolución y en su primer
motivo de recurso, califica de fraude de Ley la invocación de un fuero
diferente al de lo Juzgados de Bilbao, por cuanto que ningún perjuicio
se ha ocasionado a los demandados con la presentación de la demanda
en los Juzgados de Bilbao, dónde tienen su domicilio ambas partes, no
existiendo conexión alguna con los Tribunales de Roterdam, pretendiendo
únicamente dificultar y evitar la solución del conflicto.
Tal alegación debe rechazarse al no poder considerarse conducta
fraudulenta la destinada a exigir el cumplimiento de obligaciones
libremente pactadas, sin que ello pueda interpretarse como una maniobra
dilatoria, pues la parte actora pudo y puede instar su demanda ante los
Tribunales que ella misma aceptó como competentes, para solucionar los
conflictos en sus relaciones contractuales con la demandada.
TERCERO. - En el segundo motivo de recurso se sostiene que puesto
que se trata de un litigio entre españoles, la cláusula de sumisión
invocada debe ser analizada conforme a la legislación nacional, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 771988 de Condiciones
Generales de Contratación, por lo que tal cláusula que aparece inserta en
un contrato de adhesión no reúne los requisitos de validez que exige el
art.54 de la LEC.
La condición de empresarios de las partes, que actúan en el ámbito
propio de su actividad, excluye la posible aplicación de la normativa de
protección del consumidor, en particular el control de contenido sobre el
carácter abusivo de las cláusulas de jurisdicción. En consecuencia, resulta
inaplicable el Texto Refundido de la Ley de General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre) en lo que hace al análisis del control de contenido de la
cláusula de jurisdicción por abusiva.
Frente a las cláusulas abusivas el sistema de protección legal se limita
a las relaciones con consumidores (art. 8 Ley 7/98, art. 82 del Texto
Refundido), de suerte que sólo en este caso se entrará en juego el
régimen de lista negra contenido en los arts. 85 a 90 de la nueva norma,
en particular, no resulta de aplicación a las relaciones entre empresarios
la nulidad de la cláusula de previsión de sumisión expresa a juez o
tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor o al lugar
del cumplimiento de la obligación, prevista en el art. 90.2.
La norma internacional, aplicada en la resolución de la instancia, art.
23 del Reglamento Europeo 44/2001, establece que cuando se esté
ante contratos en el marco del comercio internacional, la cláusula de
jurisdicción será válida siempre que se pacte "en una forma conforme con
los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho
comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados
por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial
considerado", tal como sucede, sin discusión, en el presente supuesto
(vid. en este sentido, la STS de 29 de mayo de 2008 y el auto de la AP de
Las Palmas de 1 de febrero de 2007).
La competencia internacional de los tribunales españoles, se regula en
dos tipos de normas: internacionales e internas, siendo las primeras de
aplicación preferente.
Existiendo, por tanto, normativa internacional especial para la regulación
de las cláusulas de jurisdicción, la norma interna del art. 54 no resulta
aplicable, tratándose, además, de una norma que rige para la resolución
de la competencia territorial, lejos, por tanto, del ámbito donde se mueve
el presente litigio.
Se desestima el motivo.
CUARTO. - En el siguiente motivo de recurso se cuestiona la aplicación
de la cláusula de sumisón al estar en su caso recogida en documentos no
originales redactados en idioma extranjero.
El motivo no se acoge.
No puede cuestionar ahora la recurrente la validez de los conocimentos
de embarque en los que se recoge el pacto de sumisión, pues dichos
conocimentos de embarque son los que sustentan la acción que en la
demanda se ejercita, que no es otra que una acción de responsabilidad
contractual de las obligaciones asumidas en un contrato de transporte
marítimo internacional, que está documentado en los referidos
conocimientos de embarque.
Es decir, la recurrente no puede asumir la validez del documento sólo en
lo que le resulte favorable, y negársela en el resto, siendo además una
alegación inexacta la de que no se trata de documentos originales, pues
son documentos originales los aportados por la demandada y también el
1/100 aportado por la propia recurrente, en el que se recoge la cláusula
de sumisión.
QUINTO. - En el siguiente motivo de recurso se alega que la reclamación
que se imputa está basada en la responsabilidad propia de Martico y
no de la Naviera, por lo no resultan de aplicación los conocimientos de
embarque invocados y la supuesta cláusula de jurisdicción invocada.
Nuevamente la alegación resulta contradictoria, pues se niega la
aplicacion a las relaciones con la demandada de la cláusula existente en el
conocimiento de embarque y sin embargo se sirve de tal conocimiento de
embarque para exigirle los daños y pejuicios derivados el incumplimiento
de sus obligaciones contractuales y en concreto del incumplimiento de la
obligación de entrega, por tanto si el el conocimiento de embarque es el
título en virtud del cual se le exige su responsabilidad, no existe motivo
alguno para que dicha demandada pueda hacer valer la jurisdicción
elegida por las partes en tal conocimiento.
Finalmente añadir que las alegaciones que se realizan sobre la ineficacia
de la cláusula de jurisdicción en atención a la situación de quiebra de la
naviera, no son más que meras hipótesis de la recurrente carentes de
todo sustento fáctico y jurídico.
SEXTO. - En el último motivo de recurso, se niega la aplicación del
Reglamento del Consejo 44/2001 en virtud de las alegacionee ya
expuestas, por lo que nos remitimos a los razonamientos realizados,
recordando a la recurrente que la admisibilidad en nuestro Derecho de las
cláusulas de sumisión expresa a los tribunales de un Estado extranjero
está fuera de duda (cfr. las sentencias del TS de 29 de septiembre de
2005, 20 de julio de 1992, 10 de noviembre de 1993, en aplicación del
art. 22.2 LOPJ), estando condicionada la validez de dichos pactos a la
observancia de las normas convencionales que rigen la competencia
judicial internacional, en concreto el Convenio de Bruselas de 27 de
septiembre de 1968 y, más recientemente, el Reglamento 44/2001 del
Consejo, normas que reiteramos aquí se han cumplido, por lo que el
recurso debe ser rechazado en su integridad.
PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA, desestimar el recurso de apelación interpuesto por
la representación procesal de ENBARMAR S.L. UNIPERSONAL contra
el auto de fecha 5 de octubre de 2009, dictado por el Juzgado de lo
Mercantil nº 2 de Bilbao, en el procedimiento PROC.ORDINARIO 591/09,
de que el presente rollo dimana; confirmando íntegramente su contenido,
condenando a la apelante al pago de las costas del recurso.