PRIMERO. - El auto antes señalado, tras los correspondientes
Fundamentos de Derecho, establece en su parte dispositiva lo siguiente:
PARTE DISPOSITIVA: "Que, con estimación total de la cuestión de
competencia territorial internacional por declinatoria formulada por
ESTRUMAT S.L., debo declarar y declaro la incompetencia territorial de
este Juzgado para conocer del presente procedimiento de reclamación
de cantidad al amparo de un contrato de agencia, resuelvo declinar la
competencia de este Juzgado para conocer de la demanda de juicio
ordinario interpuesta por CORPORATIVO DEL AQUA, S.A. DE CAPITAL
VARIABLE contra la demandante incidental ya nombrada, absteniéndome
de conocer en este asunto y declinando la competencia en favor de los
Juzgado competentes de Escatepec (Estado de México) y efectuando
expresa imposición de costas a la parte actora inicial y demanda en este
incidente CORPORATIVO DEL AQUA S.A. DE CAPITAL VARIABLE."
SEGUNDO. - Las partes antes identificadas han expresado en sus
respectivos escritos de apelación y, en su caso, de contestación, las
peticiones a las que se concreta su impugnación y los argumentos en los
que las fundamentan, que se encuentran unidos a los autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - La sociedad mexicana Corporativo del Aquea SA, de capital
variable formula demanda ante los Juzgados de Granollers contra
Estrumat, SL, al ser en su partido judicial donde se encuentra domiciliada
esta sociedad.
Como fundamento de su pretensión, relata la demandante que desde
el año 2000 y hasta enero del 2008, las ahora litigantes estuvieron
vinculadas por un contrato verbal de agencia en exclusiva para la venta
de los productos de Estrumat, SL para diversos países a excepción de
Portugal, España y Chile. Añade que en enero del 2008, Estrumat SL
sin causa justificada, resolvió la relación adeudándole las comisiones de
determinadas operaciones. Además de dichas cantidades, reclama una
indemnización por clientela.
Estrumat, SL, sin contestar la demanda, formula declinatoria internacional
al entender que la competencia corresponde a los Tribunales Mexicanos
porque
(a) ante ellos ha planteado acto de jurisdicción voluntaria a fin de liquidar
el contrato, sin que Corporativo del Aquea SA, de capital variable haya
cuestionado su competencia por lo que ha de entenderse que se ha
sometido tácitamente como previene el Convenio entre España y Mexico
de 17 de abril de 1989 y la legislación mexicana.
(b) la competencia para conocer de la reclamación formulada por la
demandante corresponde en exclusiva a los Tribunales México porque
es en este país donde se encuentra el domicilio del agente, conforme
determina la Disposición Adicional de la Ley 12/92 reguladora del contrato
de agencia.
El Juzgado de Granollers acoge este último criterio y al amparo de la
mencionada Disposición Adicional (Ley 12/92), estima la declinatoria
formulada al encontrarse en México el domicilio del agente sin tener
presente que aquella Disposición Adicional no contiene norma que regule
la competencia internacional.
En el recurso que interpone la sociedad mexicana, además de lo anterior,
refiere que el Convenio no regula la competencia ni se atribuye en
exclusiva a los Tribunales mexicanos por una sumisión tácita que no
se ha producido. Por tanto y de conformidad con el artículo 22 LOPJ,
la competencia corresponde a los tribunales españoles al estar la
demandada domiciliada en España.
SEGUNDO. - La extensión y los límites de la competencia de los Tribunales
civiles españoles viene determinada por lo dispuesto en la Ley Orgánica
del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que
España sea parte (art.36.1 LEC).
El artículo 22 LOPJ establece distintos fueros a fin de determinar la
competencia de los Tribunales españoles. La acción que ejerce Corporativa
del Aquea SA, de capital variable deriva de un contrato de agencia el
cual no se halla comprendido en ninguno de los fueros exclusivos del
artículo 22.1 LOPJ. Tampoco se encuentra afectado por ninguno de los
particulares que se refieren a los contratos suscritos con consumidores o
los de seguros (artículo 22.4º LOPJ). Resultarían por tanto de aplicación
los fueros generales del apartado 2º de dicho precepto, en virtud de
los cuales serán competentes, los Juzgados y Tribunales españoles
cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los
Juzgados o Tribunales españoles así como, cuando el demandado tenga
su domicilio en España. Sólo en defecto de alguno de estos puntos de
conexión, se debería acudir a los fueros especiales del apartado 3º.
Consecuentemente, ante la ausencia de sumisión expresa o tácita por
parte de los litigantes a los Juzgados españoles, la competencia de los
Juzgados de Granollers a los que ha acudido la sociedad mexicana vendría
determinada por estar en su partido judicial el domicilio de la demandada.
Por otra, el Reglamento CEE 44/2001 de 22 de diciembre del 2000, sobre
competencia judicial y reconocimiento de las resoluciones judiciales
en materia civil, ha venido a establecer una revisión de las normas del
Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 y del Convenio de
Lugano de 16 de septiembre de 1988. Su finalidad, como se indica en la
misma (2) es, ante las diferencias existentes en las normas nacionales
y en el ámbito de cooperación judicial del artículo 65 del Tratado,
unificar las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y
mercantil, además de simplificar los trámites para un reconocimiento y
una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales
La sentencia del Pleno del TJ CEE de 13 de julio de 2000 expone el
sistema de atribución de competencias que establecía el Convenio
de Bruselas (coincidente con el del Reglamento CEE 44/2001) y su
justificación. Así expone el Tribunal que "el sistema de atribución de
competencias comunes establecidas en el Título II del Convenio se
basa en la regla general formulada en el artículo 2, párrafo primero,
según la cual las personas domiciliadas en un Estado contratante
estarán sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, con
independencia de la nacionalidad de las partes. El carácter de principio
general que reviste esta regla de competencia, que constituye la
expresión del adagio actor sequitur forum rei, se explica por el hecho
de que, en principio, permite al demandado defenderse más fácilmente
(34- 35). Únicamente como excepción a este principio fundamental de
la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado contratante
en cuyo territorio el demandado tiene su domicilio o domicilio social,
el Convenio prevé, conforme al artículo 3, párrafo primero, ciertos
casos, enumerados restrictivamente en las Secciones 2 a 6 del Título
II, en los que el demandado domiciliado o establecido en un Estado
contratante puede cuando a la situación se le aplique una regla de
competencia especial o debe cuando a la situación se le aplique una
regla de competencia exclusiva o una prórroga de competencia dejar
de estar sometido a los órganos jurisdiccionales del Estado donde
tiene su domicilio y ser demandado ante un tribunal de otro Estado
contratante(36). En este contexto, las Secciones 2 a 6 del Título II del
Convenio contienen ciertas disposiciones especiales que, a efectos de
determinar el órgano jurisdiccional competente, se separan del criterio
general del domicilio del demandado y atribuyen con carácter excepcional
una cierta influencia al domicilio del demandante (37)". Por otra parte
se refiere en su apartado 49 a una reiterada jurisprudencia (sentencias
Handte; Shearson Lehman Hutton de 19 Ene. 1993; Benincasa de 3 Jul.
1997, Réunion européenne de 27 Oct. 1998) según la cual las reglas
de competencia que constituyen excepciones al principio general de la
competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado contratante en
cuyo territorio el demandado tiene su domicilio, "no pueden dar lugar
a una interpretación que vaya más allá de los supuestos contemplados
explícitamente por el Convenio".
Ninguna norma de competencia exclusiva es aplicable al presente
supuesto y tampoco lo es la regla de prórroga de competencia. Por lo que
se refiere a las reglas especiales, lo que permiten es que las personas
domiciliadas en un Estado miembro puedan ser demandadas en otro
Estado miembro ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere
ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda (artículo 5
a), lo que, en el presente no ha pretendido la demandante.
El hecho de que la demandante sea una sociedad domiciliada en un
Estado que no es miembro de la CEE no ha de impedir que este tribunal,
examine la competencia al amparo de las normas competenciales
de aquel Reglamento. El Pleno del TJ CEE en aquellas sentencia de
13 de julio del 2000 al preguntarle, como cuestión prejudicial, "si las
reglas de competencia que establece el Convenio de Bruselas resultan
aplicables desde el momento en que el demandado tiene su domicilio
o domicilio social en el territorio de un Estado contratante, aunque el
demandante esté domiciliado en un país tercero", señaló que (61) "el
Título II del Convenio es aplicable en principio desde el momento en
que el demandado tiene su domicilio o domicilio social en el territorio de
un Estado contratante, aunque el demandante esté domiciliado en un
país tercero. La situación solo cambia en los casos excepcionales en que
una disposición expresa del Convenio establece que la aplicación de la
regla de competencia que en ella se formula depende de la localización
del domicilio del demandante en el territorio de un Estado contratante".
Y de conformidad con esta resolución en la sentencia de 1 de marzo
de 2005 admite expresamente que "los litigios que son objeto de
tales procedimientos o tales resoluciones pueden tener un carácter
internacional que implique a un Estado contratante y a un Estado tercero
y, por esta razón, pueden conducir a la aplicación de la regla general de
competencia establecida en el artículo 2 del Convenio de Bruselas".
TERCERO. - Los Tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de
los asuntos que se les sometan cuando en virtud de un tratado o convenio
internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentre atribuido
con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado. En tales términos
lo prevé el artículo 36.2 2º LEC.
Ante todo señalar que el Reglamento 44/2001 (artículo 71) como ya lo
hacía el artículo 57 del Convenio de Bruselas ya prevé que no habían
de quedar afectados los convenios en que los Estados miembros (o
contratantes en el Convenio) fueren parte y que, en materias particulares,
regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de
las resoluciones. El TJ CEE en sentencia de 6 de diciembre de 1994
señaló que aquel precepto debía interpretarse en el sentido de que
"cuando un Estado contratante es también parte contratante de otro
Convenio relativo a una materia particular, que contiene reglas sobre la
competencia judicial, dicho Convenio especial sólo excluye la aplicación de
las disposiciones del Convenio de Bruselas en los casos regulados por el
Convenio especial y no en los que éste no regula". Actualmente el artículo
71.2 y con el declarado fin de asegurar una interpretación uniforme,
entiende que "el presente Reglamento no impedirá que un tribunal de un
Estado miembro que fuere parte en un convenio relativo a una materia
particular, pudiera fundamentar su competencia en dicho convenio,
aunque el demandado estuviere domiciliado en un Estado miembro no
parte en tal convenio".
Precisamente lo que alega la demandada es que España y México
están vinculadas por un Convenio en aplicación del cual corresponde
la competencia a los Tribunales Mexicanos. Se refiere Estrumat, SL
al Convenio suscrito entre España y México de 17 de abril de 1989,
ratificado el 10 de julio de 1990 y publicado el 9 de abril de 1991.
No obstante el anterior convenio no se regula la competencia judicial
sino sólo el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos
arbitrales en material civil y mercantil. La referencia que el articulo 4-1b,
que invoca la demandada, efectúa a la sumisión tácita que resultaría de la
no impugnación de competencia del Tribunal de origen, lo es a los meros
efectos del artículo 11.inciso b, es decir a los efectos de la ejecución de
sentencias. En todo caso en el presente, la pretendida o alegada sumisión
tácita (más bien reconocimiento de competencia de los Tribunales
mexicanos a los que acudió Estrumat, SL) a los Tribunales mexicanos, que
les atribuiría la competencia exclusiva para el enjuiciamiento del presente
asunto, se habría producido en el planteamiento de una diligencia de
jurisdicción voluntaria o acto prejudicial por parte de Estrumat, SA, y
ello debería ser acreditado por este litigante (artículo 281.2LEC). Y lo
cierto es que el informe aportado no resulta suficiente a tales efectos
pues de que ninguna de las resoluciones citadas, que constituirían la
jurisprudencia en que los informantes justifican su opinión, se refiere a
un supuesto similar al planteado en el presente litigio. Y en todo caso, lo
que no aparece es que, aunque sí fuera, la competencia correspondiera
con carácter exclusivo a la jurisdicción de ese otro Estado. Es de recordar
que lo que previene el artículo 4 del Convenio es que a los efectos de
reconocimiento y ejecución de sentencia, se entenderá cumplido el
requisito de competencia del Tribunal sentenciador, entre otros casos,
"si en materia de fueros renunciables, el demandado haya aceptado
por escrito la competencia del órgano jurisdiccional que pronunció
la sentencia o si a pesar de haber comparecido en el juicio no haya
impugnado oportunamente la competencia del Tribunal de origen".
En definitiva, y de acuerdo con lo expuesto, no existe convenio particular
que atribuya de forma imperativa otro fuero de competencia que el que
deriva del domicilio del demandado, por aplicación del artículo 22.2 LOPJ
y del Reglamento 44/2001.
Finalmente, sólo queda apuntar que no se alcanza a comprender cual
puede ser el legítimo interés de Estrumat, SL para invocar la competencia
de los Tribunales mexicanos cuando ha sido emplazado ante los Tribunales
de su propio domicilio. En este sentido el Tribunal Supremo ya en
sentencia de 10 de noviembre de 1993, afirmó que "habiendo mostrado el
actor, por el hecho de acudir a los tribunales españoles su sumisión tácita
a éstos, podría sostenerse que a la demandada (...), a quien se emplaza
ante los Tribunales de su domicilio, se le facilita el derecho de defensa
y se le aplica el fuero para ella más conveniente ", consecuencia de lo
cual sería que no pueda "oponer incompetencia de jurisdicción sin que su
conducta procesal merezca ser calificada de rayana en el fraude tendente
a dilatar la solución del litigio". En términos similares se pronunció la STS
de 10 de marzo de 1993 al declarar la legitimidad de la elección realizada
por la entidad actora en beneficio del propio demandado.
Por otra parte, el Pleno TJ CEE en sentencia de 1 de marzo de 2005, al
serle cuestionada la posibilidad de aplicar la excepción de forum non
conveniens, respondió que "el Convenio de Bruselas se opone a que un
órgano jurisdiccional de un Estado contratante decline la competencia
que le confiere el artículo 2 de dicho Convenio por considerar que un
órgano jurisdiccional de un Estado no contratante constituye un foro más
adecuado para conocer del litigio de que se trate".
En conclusión, pues, el recurso interpuesto contra el auto de 15 de mayo
del 2009, deberá ser estimado y en su lugar, con desestimación de la
declinatoria formulada por Estrumat, SL, procede declarar la competencia
de los Tribunales de Granollers, lugar del domicilio de la demandada a los
que ha acudido la sociedad demandante.
PARTE DISPOSITIVA
El Tribunal acuerda: Estimar el recurso de apelación interpuesto por
Corporativo Aquea SA de capital variable contra el auto de fecha 15
de mayo de 2009 dictado por el Juzgado de 1ª Instancia núm.6 de
Granollers, REVOCAR esta resolución y en su lugar, DESESTIMAR la
declinatoria de jurisdicción internacional planteada por Estrumat SL
declarando la competencia de los Juzgados de Granollers.