PRIMERO. - La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor
siguiente: "Se otorga la ejecución de la resolución de fecha 23/1/2004
dictada por el Tribunal de Gran Instance de Estrasburgo solicitada por el
Procurador Antonio Cuenca Biosca en nombre y representación de SARL
ACODEC frente a TEXCASESA.
SEGUNDO. - Comparecieron en esta alzada en calidad de parte apelante
la demandada citada representada por el Procurador de los Tribunales D.
Jaume Guillém Rodriguez y asistida de Letrado y como parte apelada, la
demandante, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Esther
Suñer Olle y asistida de Letrado.
Para la votación y fallo del recurso se señaló la audiencia del cinco de
marzo del año en curso.
Es ponente el Ilustrísimo Señor Magistrado D. JORDI LLUÍS FORGAS I
FOLCH.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El Auto de primera instancia que otorgó la ejecución a la
sentencia de 23 de enero de 2004 dictada por el Tribunal de Grande
Instance de Estrasburgo (Francia) solicitada por SARL ACODEC frente
a TEXCASESA con base en lo establecido en el Reglamento CE número
44/2001, del Consejo de las Comunidades de 22 de diciembre de 2000,
es objeto de recurso de apelación por dicha sociedad demandada. Los
motivos de impugnación que alega son: (i) la falta de mención por la
resolución combatida de si se trata de una materia civil o mercantil para
establecer la aplicación del citado Reglamento CE 44/2001; (ii) no haber
acompañado la certificación a que se refieren los artículos 53,54 y 55 del
dicha norma comunitaria y (iii) la infracción del orden público español al
no haberse respetado las normas que rigen nuestro derecho concursal.
La citada sentencia dictada por la Sección 2ª de la Chambre Commerciale
del mencionado Tribunal de Grande Instance de Estrasbourg (Francia)
de fecha 23 de enero de 2004 condenó a TEXCASESA a pagar a SRL
ACODEC las sumas de 50.000€ y 14.958,60 €, la primera como principal y
la segunda en concepto de intereses.
SEGUNDO. Señalan las sentencias de 5 de octubre de 1999 (Leathertex
Divisione Sintetici SpA/ Bodetex BVBA) y de 28 de marzo de 2000
(Dieter Krombach / André Bamberski), del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, que el Convenio de Bruselas tiene por objeto
determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados
contratantes en el orden internacional, facilitar, en la medida posible, la
libre circulación de resoluciones judiciales, mediante su reconocimiento,
y establecer un procedimiento rápido al objeto de garantizar la ejecución.
Tales principios son los que, sin duda, también informan el mencionado
Reglamento (CE) núm. 44/2001, de 22 de diciembre de 2000.
Debe recordarse que por resolución, a los efectos del Reglamento,
debe entenderse cualquier decisión adoptada por un tribunal miembro,
así como el acto por el que el secretario judicial liquida las costas del
procedimiento (art 32). Respecto al origen la resolución ha de ser de un
órgano judicial y de un Estado miembro. En cuanto al ámbito objetivo,
éste ha de circunscribirse a la materia civil y mercantil, incluyéndose
también la laboral y, asimismo, ya se trate de resoluciones originadas en
procedimiento contencioso como las surgidas en el ámbito de procesos de
jurisdicción voluntaria.
TERCERO. Dicho lo anterior, en el caso que nos ocupa, los dos primeros
motivos de impugnación deben decaer. El primero de ellos por la simple
y llana razón de que de una mera lectura de la resolución que se trata
de reconocer y ejecutar se desprende su naturaleza civil/mercantil. La
segunda por cuanto en el presente procedimiento (fs. 104 a 106) aparece
la certificación emitida por el órgano judicial francés que emitió la referida
resolución. Tal certificación cumple los requisitos establecidos en la norma
comunitaria (arts. 54 y 58) conforme explicita el Anexo V del Reglamento
y, además, fue aportado antes de dictarse el Auto que ahora se apela. De
ahí que proceda rechazar ambos motivos de impugnación del recurso.
CUARTO. En el último motivo de impugnación esgrime la apelante la
infracción del orden público del Estado requerido. Los principios en los
que se inspira el reglamento comunitario determinan que la interpretación
de orden público como causa obstativa al reconocimiento sea de carácter
restrictivo. Ya en las sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de febrero
de 1988, c-145/86, caso Hoffman c. Krieg o la de 10 de octubre de 1996,
asunto c-78/95, caso Hendrikman & Feyenc. Magenta Druck, se estableció
la doctrina de que "queda excluido recurrir a dicha cláusula cuando
el problema planteado debe resolverse con arreglo a una disposición
específica". El orden público se configura en la jurisprudencia del TJCE
(Sentencia de 11 de mayo de 2000, Renault, SA, c/ Maxicar SpA) como
un menoscabo (que) debería constituir una violación manifiesta de una
norma jurídica considerada esencial en el ordemamiento jurídico del
Estado requerido o de un derecho reconocido como fundamental en este
ordenamiento".
El orden público que se dice infringido, lo ha sido, según la parte
apelante, al haberse seguido el aludido procedimiento ante el Tribunal
de Grande Instance de Estrasburgo (Francia) mientras se tramitaba
un procedimiento de suspensión de pagos iniciado, en el año 1999,
ante los Juzgados de Primera Instancia de Granollers por TEXCASESA.
Sin embargo tal alegación merece ser rechazada, pues no existe la
más mínima prueba de que ello sea así sino, antes al contrario, de la
sentencia dictada por el Tribunal de apelación (Cour d'Appel de Colmar
-Sala Primera de lo Civil -Sección A-) en el procedimiento que se siguió
en Francia, se observa que este tribunal de apelación francés ya se
pronunció concretamente al respecto. Es más, de lo que hay ineludible
constancia en tal resolución es de la finalización de aquel procedimiento
concursal en el mes de mayo de 2002. En este sentido no existiría, tan
siquiera en el plano teórico, colisión alguna que vulnerara los principios
informadores del orden público español a los que alude la parte apelante
y de ahí que el motivo de impugnación deba ser rechazado. Por todo
ello, no apareciendo acreditados ninguno de los motivos de impugnación
previstos en los artículos 34 y 35 del citado Reglamento CEE 44 /2001
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, procede confirmar el
Auto combatido.
QUINTO. Las costas devengadas en esta instancia deben ser impuestas a
la parte recurrente.
PARTE DISPOSITIVA
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por TEXCASESA
contra el Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número dos de
los de Barcelona que se ha referido en el antecedente de hecho primero
de esta resolución la que CONFIRMAMOS todo ello condenando en las
costas devengadas en esta alzada a la parte recurrente.