PRIMERO. – Se aceptan los del auto apelado de fecha 11 de julio de
2007 dictado por el Juez de Primera Instancia n° 36 de Barcelona en el
procedimiento anteriormente reseñado y cuya parte dispositiva establece:
"Se acuerda no admitir a trámite la solicitud inicial para conocer del
proceso monitorio instado por Roca Junyent, S.L. frente a Pedro....".
SEGUNDO. – Contra la anterior resolución se interpuso recurso de
apelación por la representación de la parte peticionaria, que fue admitido
a trámite y remitidas las actuaciones a esta Audiencia Provincial fueron
turnadas a la Sección 16ª, siguiéndose los trámites de la alzada con
señalamiento de votación y fallo para el pasado día 25 de junio.
VISTO siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JORDI SEGUÍ PUNTAS.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. – La resolución apelada aprecia de oficio ex art. 38 de la Ley
de enjuiciamiento civil (LEC) la falta de competencia internacional para
conocer de un proceso monitorio promovido por una sociedad mercantil
española contra un ciudadano domiciliado en Milán, Italia, arguyendo a tal
efecto el fuero exclusivo (domicilio o residencia del demandado) que fija
el art. 813 LEC.
Revisadas las actuaciones debemos ratificar – por las razones que se
dirán – la apreciación de la falta de un presupuesto del proceso contenida
en el auto apelado.
SEGUNDO. – Es cierto que la determinación de la competencia de
los tribunales españoles en litigios con componente extranjero – no
español pero comunitario – se regula por normas supranacionales cuya
imperatividad y directa aplicabilidad proviene de la pertenencia de España
a la Unión Europea.
Así, el Reglamento (CE) 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a
la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, en vigor desde el 1º de marzo de
2002, incorpora a su articulado gran parte de las normas del Convenio
de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 y persigue la unificación de
las normas nacionales sobre competencia judicial a fin de facilitar el
buen funcionamiento del mercado interior, todo ello desde la perspectiva
del art. 65 del Tratado constitutivo de la UE que sanciona la obligada
cooperación judicial en materia civil.
Pues bien, dicho reglamento comunitario establece como principios
generales (1) que la sujeción a los órganos jurisdiccionales de un Estado
miembro se determina en función del domicilio de las personas, no de
su nacionalidad, y (2) que el demandado debe serlo ante los tribunales
correspondientes al lugar de su domicilio, pero a continuación (3)
enumera aquellos supuestos en que, debido a la singularidad de ciertos
vínculos o puntos de conexión, es legítimo el planteamiento del litigio en
un lugar distinto al de domicilio del demandado.
Entre dichos supuestos de excepción (fueros alternativos) se halla la
materia contractual, ya que el Reglamento comunitario (art. 5) autoriza
a demandar a una persona ante el tribunal que corresponde al lugar
de cumplimiento de la obligación, entendiéndose además que las
prestaciones de servicios se cumplen donde se presta o donde debiera
ser prestado el propio servicio. En sentido análogo se pronuncia la norma
interna (art. 22, 3º LOPJ) que sienta la regla subsidiaria de determinación
de la competencia de los órganos civiles españoles respecto de las
"obligaciones contractuales" que hayan nacido o deban cumplirse en
España.
Así pues, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 36.1 LEC, 21.1
LOPJ y en el ya citado art. 5 del Reglamento CE 44/2001, parecería que
debiera afirmarse la competencia internacional del órgano civil español
(juez de 1ª instancia de Barcelona) ante el que se planteó la petición
de juicio monitorio rechazada liminarmente, ya que de lo expuesto en
dicha petición y de los documentos anejos se infiere que el ciudadano –
presumiblemente italiano – Pedro, con domicilio en Milán, encargó a Roca
Junyent Advocats, S.L., gabinete jurídico domiciliado en Barcelona, la
prestación de unos determinados servicios de asesoramiento relacionados
con su actividad empresarial, que fueron efectivamente cumplidos en esta
ciudad en el año 2004.
TERCERO. – Ocurre sin embargo, que el Reglamento 44/2001 establece
esos fueros alternativos, distintos del natural (domicilio del demandado),
teniendo en cuenta únicamente criterios tales como la materia litigiosa
o la autonomía de la voluntad de las partes, mas no la clase de
procedimiento, lo que permite concluir que sus disposiciones presuponen
un litigio común u ordinario, es decir, aquella clase de procesos en los
que por lo común la rebeldía del demandado no despliega efecto alguno
perjudicial para él, salvo la pérdida de ciertas facultades procesales (art.
496.2 LEC).
Ello a su vez explica que un tipo de procedimiento muy singular como
es el monitorio, inspirado en el principio clásico 'paga o da razones',
en que el silencio del deudor requerido de pago es interpretado como
asentimiento total y motiva el subsiguiente despacho de la ejecución
(art. 816.1 LEC), cuente con reglas propias e inderogables de fijación
de la competencia, regidas por el principio de máxima aproximación del
litigio al deudor requerido de pago, a fin de facilitar su hipotética defensa.
Exponente de ese criterio legislativo es el ya citado art. 813 de la LEC
española.
Buena prueba de que el legislador comunitario ha entendido que las
reglas de determinación de la competencia judicial contenidas en el
Reglamento 44/2001 tienen su campo de actuación propio en los litigios
civiles o mercantiles ordinarios, es que ha creído conveniente acometer
la regulación integral de un proceso monitorio europeo, superpuesto
al proceso de esa naturaleza que regule el ordenamiento de cada
Estado miembro, fijando en esa regulación las normas de competencia
específicas que ha creído más adecuadas a la naturaleza de los asuntos
que deban ventilarse a través de él (asuntos civiles y mercantiles
transfronterizos).
Dicha regulación se contiene en el Reglamento (CE) 1.896/2006, de 12
de diciembre de 2006 (en sus consideraciones previas reconoce que "los
procedimientos [internos] existentes actualmente resultan a menudo
inadmisibles o impracticables en asuntos transfronterizos"), y salvo
para las reclamaciones contra los consumidores, que deben siempre
ser formuladas ante el órgano correspondiente al domicilio del deudor,
admite expresamente la posibilidad de que los créditos derivados de una
relación contractual se reclamen por vía monitoria ante el juez del lugar
de cumplimiento de la prestación, distinto del del domicilio del aparente
deudor (art. 6).
Pero las normas del expresado reglamento comunitario no son útiles para
resolver la presente controversia ya que sólo serán aplicables a partir del
próximo 12 de diciembre, según establece el segundo párrafo de su art.
33 y último.
CUARTO. – La confirmación del auto apelado debe conllevar la imposición
al recurrente de las costas causadas en la alzada si las hubiere, de
conformidad con lo prevenido en el art. 398.1 LEC.
PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por
Roca Junyent Advocats, S.L. contra el auto de fecha 11 de julio de 2007
pronunciado por el Juzgado de Primera Instancia n° 10 de Barcelona, en
los autos de que el presente rollo dimana, confimando íntegramente dicha
resolución, todo ello con imposición al recurrente de las costas causadas
en la presente alzada si las hubiere.