1.- La Procuradora de los Tribunales Sra. Soriano Cerdó, en
representación de Dª. Araceli..., formuló demanda de exequátur de las
sentencias de fecha 13 de diciembre de 2000 y 25 de abril de 2001,
dictadas por el Tribunal del Condado de Exeter, Reino Unido, por las que,
respectivamente, se pronunció el divorcio entre su representada y D.
Lorenzo... y se ordenó la transmisión de la vivienda matrimonial de los
mismos para garantizar el pago en concepto de alimentos, atendiendo
a las respectivas inversiones o aportaciones realizadas por los cónyuges
para su adquisición.
2.- Por Providencia de esta Sala, de fecha 16 de octubre de 2001, se
acordó requerir a la parte demandante -por medio de su Procurador- para
que en plazo de treinta días determinara el alcance del reconocimiento
que pretendía, si era de la Sentencia de divorcio de 13 de diciembre de
2000 o si lo era, también, de la Sentencia de fecha 25 de abril de 2001,
dictada, asimismo, por el Tribunal del Condado de Exeter, manifestando
aquélla, por medio de escrito que tuvo entrada el día 24 de octubre de
2001 en el Registro General del Tribunal Supremo, que el reconocimiento
solicitado incluía las dos Sentencias.
3.- Por Providencia de fecha 20 de noviembre de 2001, a la vista de
lo manifestado por la Procuradora Sra. Soriano Cerdó en su escrito
de fecha 24 de octubre de 2001, y al objeto de examinar el régimen
jurídico aplicable, se acordó requerir a la parte solicitante -por medio
de su Procurador- para que en el término de treinta días, informara a
la Sala sobre la naturaleza, carácter y objeto de la acción ejercitada en
el procedimiento EXOOD715 seguido ante el Tribunal del Condado de
Exeter en el que recayó la Sentencia de 25 de abril de 2001, aportando
a tales efectos informe de dos jurisconsultos, certificado conforme a la
legislación aplicable, así como la copia de los textos legales oportunos,
con las debidas garantías de autenticidad en ambos casos, y debidamente
traducidos, y, asimismo, el original o copia auténtica, debidamente
legalizada o apostillada y traducida, de la demanda rectora de la que trae
causa aquélla.
4.- El día 31 de diciembre de 2001, la parte solicitante del exequátur
presentó escrito en el Registro General del Tribunal Supremo al que
acompañó, con las debidas garantías de autenticidad, un informe de dos
jurisconsultos que incluía el contenido de los artículos 23, 24, 24 A y 25
de la Ley de Causas Matrimoniales de 1973, y, asimismo, copia auténtica,
debidamente apostillada y traducida, de la demanda rectora de la que
traía causa la Sentencia dictada en fecha 25 de abril de 2001.
5.- Por Providencia de esta Sala, de fecha 12 de febrero de 2002, y
al objeto de verificar la competencia de esta Sala para conocer de la
homologación de la decisión adoptada por el Tribunal del Condado de
Exeter con fecha 25 de abril de 2001, se acordó requerir a la parte
solicitante -por medio de su Procurador- para que en el plazo de treinta
días ampliara la información sobre el derecho extranjero en el particular
relativo a si la distribución del producto de la venta del inmueble fue
acordada, conforme al apartado 5) del art. 24 A de la Ley de Causas
Matrimoniales de 1973, para garantizar los pagos periódicos solicitados
asimismo por la demandante en su demanda de divorcio, y, en general,
como forma o modo de satisfacer éstos o la indemnización a tanto alzado
igualmente solicitada, o si, por el contrario, estaba desconectada de estos
pedimentos y respondía a las respectivas inversiones o aportaciones de
los cónyuges para su adquisición, presentado aquélla escrito el día 19
de febrero de 2002, en el Registro General del Tribunal Supremo, en el
que alegaba que "la distribución del producto de la venta del inmueble
fue acordada para responder a las respectivas inversiones o aportaciones
de los cónyuges para su adquisición y para cubrir o garantizar los
pagos" (sic).
6.- Por resolución de fecha 9 de abril de 2002 se acordó estar a lo
acordado en Providencia de fecha 12 de febrero de 2002, en cuanto
a la información sobre el derecho extranjero solicitada, al resultar
imprescindible la misma para que este Tribunal pudiera apreciar su
competencia para conocer del exequátur solicitado respecto de la
decisión adoptada por el Tribunal del Condado de Exeter, con fecha 25
de abril de 2001, ya que, a la vista de la documentación aportada, no
le quedaba acreditado a esta Sala si la distribución del producto de la
venta del inmueble fue acordada, conforme al apartado 5) del art. 24
de la Ley de Causas Matrimoniales de 1973, para garantizar los pagos
periódicos solicitados asimismo por la demandante en su demanda de
divorcio, y, en general, como forma o modo de satisfacer éstos o la
indemnización a tanto alzado igualmente solicitada, o, por el contrario,
estaba desconectada de estos pedimentos y respondía a las respectivas
inversiones o aportaciones de los cónyuges para su adquisición.
7.- Por escrito presentado el día 24 de mayo de 2002 en el Registro
General del Tribunal Supremo, la parte demandante del exequátur solicitó
que le fuera ampliado el plazo conferido, presentando nuevo escrito el
día 28 de junio siguiente al que acompañó, con las debidas garantías de
autenticidad, nuevo informe de jurisconsultos.
8.- Por Providencia de esta Sala, de fecha 18 de febrero de 2003, y a la
vista de la documentación aportada y de la materia sobre la que versa
la resolución dictada, en fecha 25 de abril de 2001, por el Tribunal del
Condado de Exeter, se acordó oír, conforme dispone el art. 48.3 de la
LEC 1/2000, a la parte demandante y al Ministerio Fiscal, por término
de diez días, para que, a la vista de la doctrina sentada por el TJCE en
su Sentencia de fecha 27 de febrero de 1997 (c/220/95; asunto Van
den Boogaard), informaran sobre la posible aplicación a la solicitud de
exequátur de la citada resolución del Convenio de Bruselas de 27 de
septiembre de 1968, y, consecuentemente, respecto de la competencia de
esta Sala para conocer del mismo.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. D. José Almagro Nosete.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Se solicita el exequátur, junto con el de la Sentencia de divorcio
dictada, en fecha 13 de diciembre de 2000, por el Tribunal del Condado
de Exeter, de la resolución, de fecha 25 de abril de 2001, dictada por
el Juez de Distrito del mismo Tribunal, por la que, a su vez, se ordenó
la transmisión de la vivienda matrimonial de la promovente y de D.
Lorenzo para garantizar el pago en concepto de alimentos, atendiendo
a las respectivas inversiones o aportaciones realizadas por los cónyuges
para su adquisición. Para el reconocimiento de esta última resolución se
debe estar a la regulación contenida en el Convenio de Bruselas de 27 de
septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que ratio tempore
resulta aplicable, a la vista de la fecha de la entrada en vigor del Convenio
de adhesión de España y Portugal celebrado en San Sebastián el 26 de
mayo de 1989 -el cual fue ratificado por España el día 22 de noviembre
de 1990 y por el Reino Unido el día 13 de septiembre de 1991, entrando
en vigor para España el 1 de febrero de 1991 y para el Reino Unido el
día 1 de diciembre de ese mismo año-, y, también, ratio materiae, a la
luz de la doctrina sentada por el TJCE en su Sentencia de fecha 27 de
febrero de 1997 (c/220/95; asunto Van den Boogaard), dada la materia
sobre la que versa la resolución por reconocer, y, asimismo, la finalidad
y el objetivo específico que se persigue con la misma. No resulta de
aplicación, para el reconocimiento de la resolución ahora examinada, el
Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre
los hijos comunes, que entró en vigor el día 1 de marzo de 2001, ya que
como señala su Preámbulo "debe limitarse a los procedimientos relativos
al divorcio, la separación judicial y la nulidad del matrimonio, y, por lo
tanto, el reconocimiento de las resoluciones no afecta a cuestiones tales
como la culpa de los cónyuges, el régimen económico matrimonial y las
obligaciones de alimentos o a otras posibles medidas accesorias, a pesar
de que son cuestiones que aparecen vinculadas a dichos procedimientos".
Tampoco resulta de aplicación, en relación con el reconocimiento de la
referida resolución, el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de
diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, habida
cuenta lo dispuesto en sus arts. 66 y 76.
2.- El Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, relativo a
la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, dispone en su art. 57 que el mismo no afectará
a los convenios en que los Estados contratantes fueren o llegaren a ser
parte y que, en materias particulares, regulen la competencia judicial, el
reconocimiento o la ejecución de resoluciones, señalando, su apartado
segundo, que cuando un convenio relativo a materia particular en el que
fueren parte el Estado de origen y el Estado requerido estableciere las
condiciones para el reconocimiento o la ejecución de resoluciones, se
aplicarán dichas condiciones. Debe estarse, pues, por la remisión que
hace el propio Convenio de Bruselas y por la específica materia objeto de
la resolución de fecha 25 de abril de 2001, al Convenio de La Haya (nº
XXIII) referente al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones
relativas a las obligaciones alimenticias, de 2 de octubre de 1973, de
conformidad con lo dispuesto en sus arts. 24 y 35, y, que, en materia de
reconocimiento, no contiene norma alguna relativa al órgano competente
para conocer del mismo, por lo que, en definitiva, la competencia se debe
atribuir a esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56.4 LOPJ.
3.- Siendo competente esta Sala para conocer del reconocimiento de
las dos resoluciones cuyo exequátur se solicita, procede continuar la
tramitación del presente procedimiento y requerir a la parte solicitante
-por medio de su Procurador- para que en el plazo de TREINTA DÍAS, y
bajo el apercibimiento que, de no verificarlo dentro del plazo concedido,
se le irrogarán los perjuicios a que haya lugar, aporte: a) certificación
literal y actual acreditativa de la inscripción del matrimonio contraído
por D. Lorenzo y Dª. Araceli en el Registro Civil español, o, en su caso,
certificación negativa relativa a la misma; y b) original o copia auténtica,
debidamente legalizada o apostillada, y con certificación acreditativa
de su firmeza, de las Sentencias cuyo reconocimiento se solicita, ya
que la apostilla que obra en autos viene referida a la autenticidad de su
traducción, haciéndose constar a estos efectos que, en relación con el
divorcio, la resolución a reconocer es el decree nisi dictado por el Tribunal
del Condado de Exeter, en fecha 13 de diciembre de 2000, viniendo la
copia aportada referida a la firmeza de la misma (absolute decree).