Texto :
En la ciudad de Algeciras, a diez de septiembre de dos mil uno.
Visto por esta Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz,
con sede en Algeciras, integrada por los Magistrados antes citados,
el rollo de apelación de referencia, dimanante del Procedimiento
igualmente referenciado; y pendiendo en esta Sala recurso de apelación
formulado por la entidad "Dampskibsselskabet AF 1912, Aktieselskabet
Dampskibsselskabet Svenforg (Maersk Line)", representada por el
Procurador Sr. R. M., contra el Auto de fecha 28 de diciembre de 2000 del
Juzgado de Primera Instancia antes referenciado; siendo parte recurrida
la entidad mercantil "Musini Sociedad Anónima de Seguros", representada
por el Procurador Sr. M. G.; y habiendo sido designado ponente el Ilmo.
Sr. Magistrado D. Juan Javier Pérez Pérez, quien expresa el parecer del
Tribunal.
Dada cuenta de los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Algeciras, en
el procedimiento referenciado, dictó Auto en fecha 28-12-2000 en
el que acordó denegar la cuestión de competencia internacional
promovida por la entidad "Dampskibsselskabet AF 1912, Aktieselskabet
Dampskibsselskabet Svenforg (Maersk Line)", declarando la competencia
de ese Juzgado para conocer de la acción ejercitada.
Contra dicho Auto, la entidad "Dampskibsselskabet AF 1912,
Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svenforg (Maersk Line)" interpuso
recurso de apelación. Admitido a trámite el mismo, y remitida la causa
a esta Sección de la Audiencia Provincial, designado ponente, quedó el
recurso visto para deliberación y resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO Impugna la demandada-recurrente el Auto que desestimó
la cuestión de competencia internacional por ella opuesta frente a la
demanda contra ella ejercitada.
Sobre la competencia sobre los litigios relativos a contratos de transporte
internacional, en los casos en que las partes acuerdan la sumisión expresa
a los tribunales de un país determinado, resulta aplicable el art. 17 del
Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 (LCEur 1972, 178).
Esta Sala ya se ha pronunciado sobre tal cuestión, en sus sentencias
de fechas 3 de octubre de 2000 y 28 de mayo de 2001, en las que, en
esencia, se expone la siguiente doctrina:
El citado art. 17 del Convenio ha sido modificado por los Convenios de 9
de octubre de 1978 y 26 de mayo de 1989 (este último, tras la adhesión
de España y Portugal), que le dan una nueva redacción, permitiendo
la sumisión a los Tribunales de un país si se cumplen los siguientes
requisitos:
a) Que las partes contratantes, o al menos una de ellas, tuvieren
su domicilio en un Estado contratante, realizándose por escrito o
verbalmente con confirmación escrita.
b) Que la sumisión se lleve a cabo en forma que se ajuste a los hábitos
que las partes tengan establecidas entre ellas. Y
c) Tratándose de comercio internacional, que la sumisión sea conforme
a los usos que las partes conocieron o debieron conocer, y que en dicho
comercio fueren ampliamente conocidos u observados por las partes en el
sector comercial de que se trate.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de
fecha 16 de marzo de 1999, realiza la interpretación del citado art.
17 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 sobre la
competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil. La sentencia analiza en primer lugar el texto vigente del
precepto, declarando:
"El párrafo primero del artículo 17 del Convenio establece lo siguiente en
sus dos primeras frases:
"Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un
Estado contratante, hubieren acordado que un Tribunal o los Tribunales
de un Estado contratante fueren competentes para conocer de cualquier
litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una
determinada relación jurídica, tal Tribunal o tales Tribunales serán los
únicos competentes. Tal convenio atributivo de competencia deberá
celebrarse bien por escrito, bien verbalmente con confirmación escrita,
bien, en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos en
ese ámbito y que las partes conocieren o debieren conocer".
4. Procede señalar que, con posterioridad a los hechos que dieron origen
al litigio principal, dicho texto fue modificado por el Convenio de 26
de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la
República Portuguesa (DO L 285, p. 1). El párrafo primero del artículo 17
establece ahora lo siguiente:
"Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un
Estado contratante, hubieren acordado que un Tribunal o los Tribunales
de un Estado contratante fueren competentes para conocer de cualquier
litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una
determinada relación jurídica, tal Tribunal o tales Tribunales serán los
únicos competentes. Tal convenio atributivo de competencia deberá
celebrarse:
a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita, o
b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren
establecido entre ellas, o
c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las
partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren
ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los
contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado".
El Fallo de la sentencia contiene los criterios interpretativos, declarando:
"EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Corte Suprema Dª
C. mediante resolución de 24 de octubre de 1996, declara:
El tercer supuesto de la segunda frase del párrafo primero del artículo 17
del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su
versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la
adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, debe interpretarse del siguiente modo:
1) Se presume que las partes contratantes han dado su consentimiento
a la cláusula atributiva de competencia cuando el comportamiento de
las mismas corresponda a un uso que rige en el ámbito del comercio
internacional en el que operan y que conocen o debieran conocer.
2) La existencia de un uso, que debe comprobarse en el sector comercial
en el que las partes contratantes ejercen su actividad, queda acreditada
cuando los operadores de dicho sector siguen un comportamiento
determinado de modo general y regular al celebrar cierta clase de
contratos.
No es necesario que dicho comportamiento esté acreditado en
determinados países ni, en particular, en todos los Estados contratantes.
No cabe exigir sistemáticamente una forma de publicidad específica.
La impugnación ante los Tribunales de un comportamiento que constituye
un uso no basta para hacer que pierda su condición de uso.
3) Las exigencias concretas que engloba el concepto de "forma conforme
a los usos" deben valorarse exclusivamente a la luz de los usos
comerciales del sector del comercio internacional de que se trate, sin
tener en cuenta las exigencias particulares que pudieran establecer las
disposiciones nacionales.
4) El conocimiento del uso debe apreciarse en relación con las partes
originarias del convenio atributivo de competencia, sin que la nacionalidad
de las mismas tenga repercusión alguna a este respecto. La existencia
de dicho conocimiento quedará acreditada, con independencia de toda
forma de publicidad específica, cuando en el sector comercial en el que
operan las partes se siga de modo general y regular un determinado
comportamiento al celebrar cierta clase de contratos, de modo que pueda
considerarse como una práctica consolidada.
5) La elección del Tribunal designado en una cláusula atributiva de
competencia sólo puede apreciarse a la luz de consideraciones que
guarden relación con las exigencias que establece el artículo 17 del
Convenio de 27 de septiembre de 1968. Las consideraciones referentes a
los vínculos entre el Tribunal designado y la relación objeto de litigio, a la
justificación de la cláusula y a las disposiciones materiales atinentes a la
responsabilidad aplicables ante el Tribunal elegido no guardan relación con
dichas exigencias. No es obstáculo alguno a la validez de la cláusula de
sumisión expresa que sea pactada en un conocimiento de embarque. La
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de marzo de 1997 (RJ 1997,
1638) (ponente, Sr. Almagro Nosete) declara, sobre los conocimientos de
embarque, lo siguiente:
"La doctrina establece que estos documentos acreditan la obligación del
porteador frente al destinatario, pero que este no necesita presentar
el documento para reclamar la entrega de la mercancía por lo que es
suficiente que se identifique como el sujeto inicialmente designado como
beneficiario del derecho a la entrega. Carecen estos documentos de las
propiedades que definen los títulos valores y se emiten cuando no se
prevé la transmisión de las mercancías y, en consecuencia, no están
destinados a la circulación."
Tras esas consideraciones sobre la naturaleza jurídica del conocimiento
de embarque, la citada sentencia del Tribunal Supremo admite su valor
contractual respecto de la cláusula de sumisión expresa, declarando:
"del examen de los 132 conocimientos de embarque aportados por la
actora con su demanda (Docs núm. 21 a 174), que refleja el contenido
de los derechos y obligaciones de los transportes marítimos contratados
libremente por las partes, se desprende que, con arreglo a la cláusula
primera, los referidos conocimientos de embarque estarán sujetos a
todas las disposiciones del transporte de mercancías por Acta Marítima
de los EE.UU de América, aprobada el 16-4-1936", lo que supone un
claro reconocimiento de la aplicabilidad del Derecho norteamericano a las
relaciones surgidas de los referidos documentos.
En este sentido, la antes citada sentencia de esta Sala de 28 de mayo de
2001 admitió la validez de la cláusula de sumisión expresa pactada en el
conocimiento de embarque.
Por otra parte, para evitar que mediante la simple impugnación de la
validez del contrato cualquiera de las partes pueda eludir el fuero pactado,
con grave quiebra de la seguridad jurídica, el Tribunal Europeo reconoce
eficacia a las cláusulas de sumisión sujetas al Convenio de Bruselas,
aunque se cuestione la propia existencia y validez del contrato (y sin
perjuicio de que tales cuestiones se debatan ante el Tribunal al que se
realiza la sumisión). En este sentido se pronuncian las sentencias de 14
de diciembre de 1977 (Snaders vs. Van der Putte), de 22 de marzo de
1982 (Effer vs. Kantner) y 3 de julio de 1997 (Benincasa vs. Dentalkit).
Asimismo, el propio Tribunal Europeo, en sentencia de 20 de febrero
de 1997 estableció que es suficiente para la adopción de un convenio
atributivo de competencia, con arreglo al citado art. 17 del Convenio,
que cada una de las facturas remitidas por una de las partes contenga
una referencia a la competencia exclusiva del fuero del transportista y las
condiciones generales de la contratación por él aplicadas.
Por su parte, respecto a los usos, y a la vista de las modificaciones del
texto original del art. 17, se presume que se ha producido un acuerdo
de voluntades de los contratantes sobre la cláusula competencial,
cuando existen al respecto usos comerciales en el sector del comercio
internacional considerado, que estas mismas partes conocieran o debieran
conocer.
SEGUNDO En este caso la demandante, la entidad mercantil "Musini
Sociedad Anónima de Seguros", actúa por subrogación de la acción
que correspondía a su asegurado, y, por tanto, en la misma posición
y con los mismos derechos y obligaciones que sobre éste pesaban,
quedando, pues, vinculada por la situación contractual de éste. El silencio
del asegurado contratante respecto de la cláusula de sumisión expresa
(núm. 27) que consta en el conocimiento de embarque (documento
núm. 2 de los aportados con la demanda), aun tratándose de contrato de
adhesión, tiene el valor de consentimiento sobre la cláusula atributiva de
jurisdicción, y que es objeto de este litigio. No es aplicable a este caso,
por razones cronológicas, el art. 54.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que excluye la sumisión expresa en los contratos de adhesión. Hasta
la vigente Ley, el Tribunal Supremo venía excluyendo la validez de las
cláusulas de sumisión expresa en los contratos de adhesión en que la
parte adherida era un consumidor o usuario (por ejemplo, sentencias de
4-5-1998 [RJ 1998, 3069], 20-7-1998 [RJ 1998, 6192], 1-3-1999 [RJ
1999, 2244] y 19-4-1999 [RJ 1999, 2587]), mas no es éste el caso, pues
la actora no tiene el carácter de consumidor o usuario, conforme al art.
1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906 y ApNDL 2943),
General para la Defensa de los Consumidores Y Usuarios, por no ser el
destinatario final, o el consumidor de los bienes y servicios; al mismo
tiempo, por carecer de la condición de consumidor, tampoco resultará
aplicable la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (Ley 7/1998
[RCL 1998, 960]), que se extiende al ámbito propio de los consumidores.
Por otra parte, la cláusula que nos ocupa responde a un uso que rige en
el ámbito del comercio internacional en el que ambas partes operan (la
demandada, como aseguradora de transportes internacionales) y que
ambas partes conocen o debieran conocer, máxime tratándose del sector
de la navegación entre sociedades establecidas en Estados distintos.
Se cumple así la exigencia del apartado 4 del fallo de la sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16-3-1999, antes
citada.
No es admisible que una empresa aseguradora que opera en este
sector tan especializado del tráfico mercantil alegue desconocimiento
de la norma o falta de vinculación por ella, por tratarse de contrato
de adhesión. La aseguradora demandante, como sociedad actuante
en el tráfico mercantil internacional, ocupa una posición contractual
lo suficientemente sólida como para no verse sometida a cláusulas
contrarias a su voluntad. Que la cláusula fuera asumida en principio
por su cliente no es óbice a esta conclusión, pues al contratar el seguro
la demandante asumió las condiciones contractuales que el asegurado
pactara o pudiera pactar. Por otra parte, que no conste la firma del cliente
asegurado en el conocimiento de embarque es imposible a la luz del art.
17 del Convenio de Bruselas, como admite el propio apelado.
Procede, pues, estimar la cuestión de competencia alegada por la
demandada, declarando al Juzgado a quo incompetente para el
conocimiento de la demanda.
TERCERO Dada la estimación del recurso de apelación, no procede realizar
pronunciamiento expreso sobre las costas procesales de esta alzada,
conforme al art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y al no haber
recaído resolución sobre el fondo de la demanda, tampoco procederá
imposición de costas de la primera instancia.
Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente
aplicación
FALLAMOS
Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación
de la entidad "Dampskibsselskabet AF 1912, Aktieselskabet
Dampskibsselskabet Svenforg (Maersk Line)" contra el Auto de que
dimana este rollo, debemos revocar y revocamos el mismo, y en su
lugar, estimando la cuestión de competencia promovida por la entidad
"Dampskibsselskabet AF 1912, Aktieselskabet Dampskibsselskabet
Svenforg (Maersk Line)", declaramos al Juzgado a quo incompetente para
conocer de la demanda interpuesta contra dicha entidad por la entidad
mercantil "Musini Sociedad Anónima de Seguros".