PRIMERO. - La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor
literal siguiente: "Que estimando la falta de jurisdicción de este juzgado
para conocer de este procedimiento, por corresponder el conocimiento del
mismo a la Corte Suprema de Justicia de Londres, debo abstenerme de
conocer con sobreseimiento de las actuaciones".
Tal resolución fue aclarada por la de 15 de noviembre siguiente en la que
se impusieron las costas a la parte actora.
SEGUNDO. - Contra la anterior resolución interpuso recurso de apelación
Zurich España Seguros, S.A.. Admitido a trámite se dio traslado a la
contraparte para que lo contestara y hecho se elevaron las actuaciones a
esta Audiencia Provincial, en la que se turnaron a la Sección Quince, que
señaló para el día de hoy votación y fallo.
VISTOS por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN,
quien actúa en comisión de servicios en esta Sección.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Frente a la resolución de instancia que estimó la excepción
de incompetencia de la jurisdicción española y la competencia de la
Corte Suprema de Justicia de Londres se interpone recurso de apelación
por parte de la actora insistiendo en la competencia de la jurisdicción
española, fundándose para ello en las siguientes razones:
1ª. Que el reverso de la carta de porte en la que aparece el pacto
de sumisión a los tribunales de otra jurisdicción no corresponde a la
operación en la que se produjo el daño por el que se reclama.
2ª. Que la demandada tiene su domicilio en Barcelona, de forma que no
está justificado que impugne la jurisdicción de los tribunales españoles.
También se adujo que no estaba justificada la imposición de las costas.
SEGUNDO. - Respecto a la cuestión de hecho que se plantea, la negativa
de que la carta de porte aportada a las actuaciones corresponda a la
operación por la que se reclama, la actora y recurrente no cuestiona el
anverso sino únicamente el reverso del documento 1 acompañado con
el escrito de la demandada interponiendo la declinatoria. Tal documento
figura en original en las actuaciones y sobre el mismo no aparecen signos
que permitan sostener la idea de que haya sido sometido a cualquier
manipulación.
Por otra parte, no resulta trascendente que en el reverso de ese
documento aparezca el sello de Oliver-Getransa, aparentemente una
agencia de aduanas. La demandada ha acreditado con las cartas de porte
de otras operaciones que en todas ellas aparece el mismo sello y no el del
asegurado.
TERCERO. - El art. 23 del Reglamento Comunitario 44/01, de 22 de
diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
norma que sustituyó al Convenio de Bruselas y que es de aplicación al
caso, establece que si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere
su domicilio en un Estado miembro, hubiera acordado que un tribunal o
los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer
de cualquier litigio que hubiera surgido o que pudiere surgir con ocasión
de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tribunales serán
competentes, teniendo tal competencia el carácter de exclusiva, salvo
pacto contrario entre las partes.
No habiéndose cuestionado por la actora la validez del pacto de sumisión
ni acreditado que existiera un pacto contrario entre las partes, tiene plena
virtualidad el pacto de sumisión a favor de los tribunales de la Corte
Suprema de Justicia de Londres.
Aunque es cierto que nuestra jurisprudencia no le ha concedido
virtualidad en ocasiones a los pactos de sumisión cuando con base en
ellos se pretenda impugnar la competencia con la única finalidad de
abusar de derecho y demorar el conocimiento del asunto, tal doctrina se
ha seguido en supuestos en los que el beneficiado por el pacto, haciendo
renuncia del fuero establecido en su exclusivo favor, acude al fuero del
demandado. La impugnación por éste de la competencia en tales casos se
ha considerado como un acto de abuso de derecho. No obstante, no tiene
aplicación en el caso esa doctrina, porque el fuero que se defiende por la
demandada como el competente está establecido en su beneficio, tal y
como se deriva del tipo de contrato en que se inserta, y porque, aunque
la demandada pueda tener domicilio en España, se trata de una sociedad
de nacionalidad británica, por lo que mal puede sostenerse que no tenga
vinculación con el estado a cuyos tribunales se pactó la sumisión.
CUARTO. - Tampoco en cuanto a las costas tiene fundamento el recurso,
pues si bien es cierto que puede estar justificado que se dirigiera a los
tribunales españoles al interponer la demanda, al poder haber ignorado
el pacto de sumisión, en cuanto la competencia se impugnó tenía
instrumentos para evitar la imposición de las costas, tales como allanarse
a la declinatoria. La justificación para la imposición de las costas procede
del hecho de que se opusiera a ella, particularmente si se considera que
los motivos aducidos tenían escasa sustancia.
QUINTO. - Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, procede
hacer imposición de las costas al apelante, al haber sido desestimada la
apelación.