PRIMERO. - La sentencia recurrida de fecha 19 de noviembre de 2009,
dice en su parte dispositiva: "FALLO: "Que debo desestimar y desestimo
la excepción de incompetencia de jurisdicción.- Que debo desestimar y
desestimo la demanda formulada por D. Maximino y Dª Ascension, contra
MARIAN D'OR LOGER, S.A. y CONSTRUCCIONES CASTELLON 2.000,
S.A.U. absolviendo a éstas de su petición.".
SEGUNDO. - Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se
declaran los siguientes: "PRIMERO. Los actores comenzaron a prestar sus
servicios para la empresa MARINA DÓR LOGER SA, siendo la antigüedad
de D. Maximino del 25.10.2004 y recibiendo un salario anual de 30.000
libras netas y Dª Ascension siendo su antigüedad de 11.12.2003 y salario
de 25.803,25 libras.- SEGUNDO. La empresa MARINA DÓR LOGER SA
es una empresa con sede en Reino Unido con el número FC 025949 con
domicilio social en primer piso 8-10 King Street, Hmmersmitgh Londres
W 6 oQA. El domicilio de los demandantes se fijó en Londres. El lugar
habitual de trabajo fue el de la empresa en Londres (documento nº 5 de
la actora).- TERCERO. Con fecha 12 de junio del 2009 los trabajadores
recibieron carta de despido (documento nº 1, 2 y 6 y 7 de la actora).-
CUARTO. - Los actores recibían su salario en libras, y cotizaban en
el Reino Unido (interrogatorio de los actores).- QUINTO. - La parte
demandante no es, ni ha sido en el último año, representante unitario ni
sindical de los trabajadores.- SEXTO. - Se ha celebrado el preceptivo acto
de conciliación ante el S.M.A.C. con el resultado de intentado sin efecto.-
SÉPTIMO. - CONSTRUCCIONES CASTELLON 2000 SAU y MARINA DÓR
LOGER tienen su domicilio en C/Moyano 8 bajo de Castellón y".
TERCERO. - Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de
suplicación por la parte actora, habiéndose impugnado en debida forma
por las empresas codemandadas. Recibidos los autos en esta Sala, se
acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Recurren en suplicación los actores, la sentencia que ha
desestimado sus demandas de despido, previa desestimación de la
excepción de Incompetencia de Jurisdicción.
El recurso, se impugna por las empresas demandadas y se estructura
en cuatro motivos. El primero propone, con adecuado amparo procesal,
la modificación del relato probado. En concreto interesa la modificación
del hecho primero para elevar los salarios de don Maximino a 35.227,08
libras, equivalentes a 38.186,93 € y el de doña Ascension a 42.001,21
libras, equivalentes a 45.540,15 €, señalando prueba documental, el
doc. nº 4 aparatado 4 (contrato de trabajo) y doc. nº 5 apartado 4
(traducción) de la actora y doc. nº 9 apartado 4 (contrato de trabajo) y
doc. nº 10 apartado 4 (traducción), así como los documentos nº 7 a 10 de
la demandada y los documentos 17 a 19 de la actora sobre la conversión
a euros.
El motivo se desestima, en su petición principal, ya que los contratos de
trabajo no acreditan el superior salario, debido a la falta de prueba de
la percepción de las comisiones, como se explica en la fundamentación
jurídica.
Sin embargo debe accederse a la petición subsidiaria que solicita que
los salarios coincidan con los que se especifican en la demanda, lo que
reconoció la empresa en el acto del juicio, por ser un hecho conforme,
y así se mantendrán para don Plácido en la cifra de 30.000 libras netas,
elevándose para doña Ascension a 34.481 libras netas, salvando el error
en que incurre la sentencia al referir respecto a ésta última el equivalente
a euros del salario del primero.
SEGUNDO. - Los tres restantes motivos se formulan por el cauce que
permite la letra c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral,
denunciando la vulneración del art. 24 de la Constitución Española, al no
haber entrado la sentencia en el fondo de la cuestión planteada, porque
en la sentencia ante la falta de prueba del derecho extranjero no se aplica
supletoriamente la legislación española, alegando la doctrina contenida
en la STS de 4 de noviembre de 2004, que ha cambiado el criterio de la
aplicada en la sentencia recurrida con apoyo en la doctrina constitucional
que refiere; la infracción del art. 12.6 del Código Civil y del art. 281 y 282
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque ha sido la demandada la que ha
alegado la aplicación del derecho extranjero; y la infracción de los arts
4 y 6 del Convenio de Roma de 1980, y por indebida aplicación del art.
10.6 del Código Civil, al considerar que acierta la sentencia al estimarse
competente por aplicación del Reglamento 44/2001, del Consejo de
Europa de 22 de diciembre de 2000, y que sin embargo es errónea al
afirmar que es de aplicación el derecho extranjero, porque el trabajo no
se ha realizado habitualmente en un mismo estado, ya que la empresa
tiene su sede en España, los inmuebles vendidos se sitúan en España, y
en consecuencia el art. 6.2 b) del Tratado de Roma, considera aplicable la
Ley del País en que se encuentre el establecimiento que haya contratado
al trabajador, del cual salió la oferta de empleo y al cual se remite la
carta de despido, o en su caso, en el que tiene vínculos mas estrechos
atendiendo a las circunstancias valoradas en su conjunto.
Debe analizarse en primer lugar la cuestión relativa a la competencia
judicial internacional, que implica determinar si para el conocimiento de
la cuestión planteada son competentes los Tribunales Españoles, para una
vez contestada afirmativamente la competencia determinar cual es la Ley
aplicable si la nacional o la extranjera que proceda, según las normas del
derecho internacional privado (STS 29.9.98 y 17.7.98).
Los hechos probados de la sentencia, parecen contradecirse cuando
afirma el segundo que la empresa Marina Dor Loger SA es una
empresa con sede en el Reino Unido, ya que el hecho séptimo dice
que Construcciones Castellón 2000 SAU y Marina Dor Loger tienen su
domicilio en C) Moyano 8 bajo de Castellón, y el segundo fundamento
jurídico señala que ha quedado probado que "Marina Dor Loger es una
empresa Española (consta domicilio social en España y es conocida por
numerosos procedimientos judiciales en el ámbito laboral en el presente
juzgado). Dicha empresa se registró en el Reino Unido abriendo una
oficina en Londres desde donde se gestionaba la compra de apartamentos
en España". Por su parte dice el hecho segundo que el domicilio de los
actores se fijó en Londres y que el lugar habitual de trabajo fue el de la
empresa en Londres; sin embargo afirma el segundo fundamento que los
actores firmaron el contrato en Londres vivían y trabajaban en Londres
y viajaban a España para visitar los apartamentos con clientes y para la
venta de los inmuebles.
Pues bien, en estas circunstancias, debe confirmarse la sentencia que
se estima competente para el conocimiento del asunto, ya que es de
aplicación el Reglamento 44/2001, del Consejo de 22.12.2000 relativo a
la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
en materia civil y mercantil, que ha sustituido entre los Estados
miembros al Convenio de Bruselas (art. 68 y STS 12.6.2003). Dispone
el Reglamento 44/2001 en su sección 5 dedicada a la "Competencia en
materia de contratos individuales de trabajo" y concretamente el art.
19 que " Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán
ser demandados: 1) Ante los Tribunales del Estado en que estuviesen
domiciliados, o 2) En otro Estado miembro: a) ante el Tribunal del lugar
en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo o ante
el tribunal del último lugar en que lo hubiere desempeñado; o b) si el
trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habitualmente
su trabajo en un único Estado, ante el tribunal del lugar en que estuviese
o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al
trabajador". Por lo tanto, aunque el contrato se hubiera celebrado en
Londres, se pagara el salario en libras y se cotizara en el Reino Unido
(hecho cuarto), lo cierto es que la empresa esta domiciliada en España
y los actores celebraron su contrato con una oficina de la empresa
ubicada en Londres, y en consecuencia es posible demandar en España
a la empresa para cuestionar el despido de que han sido objeto los
demandantes.
TERCERO. - Hay que determinar cual es la Ley aplicable pues en principio
hay dos ordenamientos en concurrencia el inglés y el español.
Por una parte, consta el dato de que es la empresa la que alega y no
prueba la aplicación del derecho extranjero, y por otra dispone el art.
12.6 del Código Civil de aplicación supletoria según señala la Disposición
Adicional Primera de la ley de Procedimiento Laboral, que los Tribunales
y Autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho
español. La persona que invoque el derecho extranjero deberá de
acreditar su contenido y vigencia por los medios de prueba admitidos en
la ley española. Sin embargo para su aplicación el juzgador podrá valerse
de cuantos instrumentos de averiguación considere necesarios, dictando
al efecto las providencias oportunas.
La STS de 20 de julio de 2007 (rec. 76/2006) señala: ". En principio, la
selección de la norma puede ajustarse a dos sistemas, el convencional
europeo contenido en el Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales, norma universal de conflicto en la medida
en que su artículo 2 establece que "la Ley designada por el presente
Convenio se aplicará incluso si tal ley es la de un Estado no contratante",
y el sistema interno integrado por el artículo 10.6 del Código Civil y
el artículo 1.4 del Estatuto de los Trabajadores. El sistema europeo
tiene preferencia aplicativa y a él ha de estarse. Este sistema parte
del principio de elección de la ley aplicable por las partes con ciertas
limitaciones en función de la garantía de la aplicación de las disposiciones
imperativas(artículo 3). Pero en el presente caso no ha habido elección
y juegan los criterios alternativos del artículo 6.2 del Convenio -la ley
del país donde se realiza habitualmente el trabajo, aunque con carácter
temporal el trabajador haya sido enviado a otro país, y, subsidiariamente,
si no hay lugar habitual de la prestación de trabajo, la ley del lugar donde
se encuentre el establecimiento que haya contratado al trabajador, a
no ser que exista vínculo más estrecho con otro país-...... Pero hay que
indicar, como también señala la sentencia recurrida, que en este caso el
Derecho español se aplicaría también en esta segunda hipótesis, pues
esta Sala en su sentencia de 4 de diciembre de 2004, acordada por el
Pleno, ha rectificado su doctrina anterior sobre los efectos de la falta de
prueba del Derecho extranjero para adaptarla a la doctrina del Tribunal
Constitucional. Esa falta de prueba ya no determina la desestimación
de la demanda por no haberse probado las normas que fundamentan
la pretensión por quien tenía la carga de hacerlo, sino que, conforme a
la doctrina del Tribunal Constitucional, la falta de prueba del Derecho
extranjero lleva a la aplicación del Derecho interno. La Sala acata esta
doctrina, aunque no la comparte, y, por otra parte, dada la situación a
que se ha hecho referencia, no procede examinar la sugerencia de la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre el posible planteamiento
de una cuestión prejudicial por la eventual oposición entre el criterio
de aplicación del Derecho nacional por falta de prueba del Derecho
extranjero y la regulación del Convenio de Roma."
En el supuesto enjuiciado, el derecho español es el aplicable, ya porque
los actores aunque vivían y trabajaban en Londres viajaban a España para
visitar los apartamentos con los clientes y para la venta de los inmuebles,
que se encuentran en España, así como la empresa principal o matriz
de la que el Reino Unido es una mera sucursal (fundamento de derecho
tercero), ya porque al no acreditar la empresa el derecho extranjero
que considera de aplicación, la tutela judicial efectiva impone aplicar la
norma nacional (STS de 4 de noviembre de 2004 -rec. 2652/2003- que
expresamente cambia el criterio mantenido en la STS de 22 de mayo de
2001 -rec.2507/2000 -).
CUARTO. - Llegados a este punto, visto el contenido de las cartas de
despido a que se refiere el hecho tercero, es claro que procede estimar la
demanda en su petición principal que solicita la nulidad de los despidos,
ya que se trata de cartas inconcretas al no determinar las causas, que de
acuerdo con la legislación española, fundamentan la media extintiva, no
hay referencia a causa económica, técnica, organizativa o productiva, ni
los concretos datos en los que se apoya, tampoco se pone a disposición
de los demandantes la indemnización de 20 días por año de servicio a
que tienen derecho, lo que de conformidad con lo establecido en los art
52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores, imponen declarar la nulidad de
los despidos y no la improcedencia como fundamenta la sentencia que
procedería si fuera de aplicación el derecho nacional.
En consecuencia se estimará el recurso y la demanda, con la revocación
parcial de la sentencia, sin mas que señalar la doctrina contenida en
las STS (Sala 1ª de 17.10.2002 y 15.6.2005 -rec. 4802/1998-), que
determinan que el momento de la conversión a euros de las libras en que
se les abona el salario a los demandantes es el del pago.