PRIMERO. - La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor
literal siguiente: "FALLO: DESESTIMO la Declinatoria internacional de
Jurisdicción que por vía inciental formula Lloyd Triestino di Navigazione
SPA contra la actora principal Sociedad Anónima Española de Empresas
Marítimas, por anagrama SAEMAR y por lo tanto no ha lugar a declararla
falta de jurisdicción internacional de este Tribunal para conocer de los
presentes autos que se tramitan a este Juzgado bajo el cardinal 506/99
Sección 3ª, Mayor Cuantía sobre Resolución del Contrato de Agencia a
Instancia de SAEMAR contra LLoyd Triestino y se acuerda la prosecución
del trámite de las presentes actuaciones. Se imponen las costas del
incidente a la demandante incidental Lloyd Triestino, como litigante
vencida".
SEGUNDO. - Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de
apelación por la parte demandada y admitido el mismo en ambos efectos,
se elevaron los autos a esta Superioridad, previo emplazamiento de las
partes, y comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales
y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día VEINTIOCHO DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL, con el resultado que obra en la precedente
diligencia.
TERCERO. - En el presente juicio se han observado y cumplido las
prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. RAMÓN FONCILLAS
SOPERA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - La actora Sociedad Anónima Española de Empresas Marítimas
(SAEMAR) ejercita acción indemnizatoria por resolución indebida de un
contrato de agencia frente a la demandada Lloyd Triestino Di Navigazione,
S.P.A. y ésta plantea cuestión de competencia territorial por declinatoria
internacional por estimar que el fuero competente, relativo al lugar de
cumplimiento de la obligación - art. 5 del Convenio de Bruselas de 27 de
septiembre de 1968 -, es su propio domicilio pues, según el art. 1.171 del
Código Civil, allí debería hacerse el pago de la indemnización reclamada
de lo que se desprende que el conocimiento del asunto corresponde a los
tribunales italianos y no a los españoles.
La actora SAEMAR se opone a la declinatoria, entre otras razones, porque
hay que considerar que en este tipo de relaciones contractuales el lugar
de cumplimiento de las obligaciones, a los efectos del art. 5 del Convenio
de Bruselas, es donde se prestan o prestaron los servicios propios de la
agencia, y ello tuvo lugar en España.
La sentencia de primera instancia, acoge la tesis de la actora, demandada
incidental, SAEMAR, que coincide con la mantenida por el Ministerio Fiscal,
y desestima la declinatoria, contra lo que se alza la demandada LLoyd
Triestino Di Navigazione, S.P.A.
SEGUNDO. - El art. 22,3ª de la LOPJ establece que en el orden civil los
Juzgados y Tribunales españoles serán competentes, en defecto de los
criterios precedentes y en materia de obligaciones contractuales, cuando
éstas hayan nacido o deban cumplirse en España.
Tal criterio coincide sustancialmente con el establecido en el art. 5.1 del
Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, cuando dice que las
personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas
ante los Tribunales de otro Estado contratante, en materia contractual,
ante el Tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la
obligación que sirviere de base a la demanda.
Así las cosas, la actora incidental sostiene, como se ha dicho, que
acudiendo a la normativa interna del Tribunal, hay que a estar a lo
dispuesto en el art. 1.171 del Código Civil, según el cual el lugar de
cumplimiento de la obligación de pago de la indemnización resarcitoria
que se solicita en la demanda es el domicilio de la deudora, es decir,
el suyo propio en la población italiana de Trieste, lo que determina la
incompetencia de los tribunales españoles.
Pues bien, para determinar cuál es el lugar de cumplimiento de la
obligación dimanante de un contrato de agencia, siguiendo la tesis de
la propia apelante y acudiendo a los criterios de la normativa interna
española, hay que estar a la reiterada doctrina jurisprudencial que
establece que en este tipo de relaciones contractuales debe entenderse
por lugar de cumplimiento aquél en el que se prestan los servicios propios
del contrato, y por tanto las ciudades españolas, en especial Barcelona.
Pero es que además la aplicación de la normativa interna española
produce el efecto de tener que, considerar lo dispuesto en la Ley
de contrato de Agencia, de 27 de mayo de 1992, y en concreto en
su Disposición Adicional, que declara que la competencia para el
conocimiento de las acciones derivadas de tal contrato corresponderá
necesariamente al Juez del domicilio del Agente, en este caso la actora
principal SAEMAR.
La defensa de LLoyd Triestino di Navigazione, S.P.A. sostiene en su
demanda incidental que no debe aplicarse la referida ley del Contrato de
Agencia pues tal normativa contempla la competencia territorial entre
Juzgados españoles, siendo cuestión distinta la jurisdicción, que se regula
por el Convenio de Bruselas, pero esta tesis no puede ser acogida ya que,
debiendo acudirse a la normativa interna española, no se advierte por
qué hay que hacerlo precisamente al art. 1.171 del Código Civil y no a la
Ley 12/1992, cuando aquél, como norma general, no puede prevalecer
frente a la especial reguladora del contrato de Agencia. En este sentido
se pronuncia la sentencia de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de
Valencia de 3 de noviembre de 1999.
TERCERO. - Por todo lo expuesto, y dando por reproducidas las acertadas
consideraciones del Juzgador de instancia, procede desestimar el recurso
y confirmar la sentencia, con imposición a la apelante de las costas de
esta alzada.