PRIMERO. - Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado DE PRIMERA
INSTANCIA N° 8 DE PALMA, se dictó sentencia en fecha 31 DE JULIO
DE 2000, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: Que estimando
íntegramente la demanda promovida por la representación procesal
de la entidad COMMERZBANK A.G contra don Sebastián... y DOÑA
Montserrat... condeno a los demandados de forma solidaria al pago de
siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y un
con treinta y nueve marcos alemanes (7.475.341'39 marcos alemanes),
equivalentes a la suma de 635.404.018 pesetas según tipo de cambio
publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 18 de diciembre de
1.990, cantidad que constituye el importe del crédito más intereses, así
como a los intereses que se vayan devengando con posterioridad y cuya
determinación realizará en fase de ejecución de sentencia; todo ello con
expresa imposición a los demandados de las costas procesales causadas.
SEGUNDO. - Contra la expresada sentencia, y por la representación
de la parte demandados- apelantes D. Sebastián y Dª. Montserrat, se
interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos,
mejorado en tiempo y forma, y seguido el recurso por sus trámites,
se señaló día para la vista de alzada, que tuvo lugar el día 5 de Marzo
de 2001, con asistencia de los Letrados y Procuradores de las partes
personadas, quienes hicieron las alegaciones que a su derecho estimaron
convenientes, en apoyo de sus respectivas pretensiones, quedando el
presente recurso visto para sentencia.
TERCERO. - En la tramitación del presente recurso se han observado las
prescripciones legales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Se aceptan los de la resolución de instancia.
PRIMERO. - La entidad COMMERZBANK A.G interpuso la demanda de
juicio declarativo de Mayor Cuantía origen de los autos de que deriva
el presente rollo, contra D. Sebastián y Doña Montserrat, interesando
se dicte sentencia por la que se condene a los demandados a abonar la
cantidad de 635.404.018 Ptas., con base en la póliza de crédito suscrita
por la entidad actora y D. Sebastián el 9 de octubre de 1992 por importe
de 4.300.000 marcos alemanes, afianzada por la Sra. Montserrat el 16 de
abril de 1993.
Los demandados se personaron en autos y se opusieron a las
pretensiones articuladas en su contra en aquel escrito inicial, alegando la
incompetencia de los Tribunales españoles y que es la ley alemana la que
rige la cuestión litigiosa.
En fecha 31 de julio de 2000 recayó sentencia por la que se estimaba
íntegramente la demanda y se condenaba a los demandados en los
términos interesados en aquel escrito inicial.
La expresada resolución constituye el objeto del presente recurso de
apelación, al haber sido impugnada por los condenados D. Sebastián y
Doña Montserrat, por considerar:
A. Que la cuestión de competencia fue correctamente planteada.
B. Que los tribunales competentes para conocer la cuestión planteada son
los alemanes.
C. No ha quedado debidamente acreditado en autos el contenido y
vigencia de las normas de derecho alemán aplicables al caso hoy
enjuiciado.
SEGUNDO. - El presente recurso de apelación no puede prosperar por
cuanto:
A. El tratamiento procesal de la falta de jurisdicción debe realizarse por
el cauce establecido para las declinatorias, y así se pone de manifiesto
por el Tribunal Supremo en la sentencia de 10 de noviembre de 1993,
por lo que el ejercicio, por la parte demandada, como excepción dilatoria
de falta de competencia carece de toda base, puesto que en su escrito
de contestación a la demanda y en el suplico del mismo, se entra en el
fondo del asunto, así como en la fase de proposición de prueba y practica
de la misma, la parte ahora recurrente, se guía por el tema de fondo. En
resumen, que la parte demandada y ahora recurrente, no ha propuesto
en su contestación a la demandada, única y exclusivamente la declinatoria
correspondiente, por lo que deberá entrar en juego lo dispuesto en el
art. 58.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el mismo dice que
se entenderá existente una sumisión competencial tácita por parte del
demandado que después de personado en juicio haga cualquier gestión
que no sea la de proponer en forma la declinatoria.
B. El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial distingue en el
orden civil unos asuntos en que el fuero es exclusivo, otros que admiten
la sumisión y con ello la prórroga del ámbito por voluntad de las partes y,
por último, señala el precepto una serie de cuestiones que se atribuyen a
los Tribunales Españoles con carácter general para el caso de que no se
les haya sustraído por sumisión el conocimiento.
El citado precepto, en su apartado 2°, establece que los Tribunales y
Juzgados españoles tienen jurisdicción con carácter general "cuando
las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los Juzgados o
Tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio
en España".
El artículo 40 del Código Civil establece que para el ejercicio de los
derechos y cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las
personas naturales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el
que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Resulta pues que el Código caracteriza al domicilio real por los elementos
de la residencia efectiva y de la habitualidad, dejando al criterio del
juzgador la apreciación de los hechos que puedan demostrar la residencia
habitual.
Señala el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 8 de marzo de 1983
y 30 de enero de 1993, entre otras, que el concepto de domicilio real,
corresponde a la residencia permanente e intencionada en un precisado
lugar, con habitualidad y raíces familiares y económicas.
En el caso hoy enjuiciado los demandados fueron habidos en el
emplazamiento, en el domicilio del Complejo Residencial DIRECCION000,
Apartamento NUM000 –Illetas, Calvia-folios 68 y siguientes.
Dicha vivienda adquirida por los demandados por escritura pública de
24 de noviembre de 1992 y aportada a la entidad Volspal Palma S.L
por escritura de 10 de noviembre de 1995 certificación de los folios 289
y siguientes entidad en la que los Sr. Sebastián tienen el 98% de las
participaciones sociales -documental de los folios 257 y siguientes-.
Según certificación expedida por Gas y Electricidad de los folios 263
y siguientes, aparece como titular del contador del apartamento de
referencia D. Sebastián, registrándose consumos constantes y periódicos.
De la certificación expedida por telefónica de los folios 269 y 329 y
siguientes se desprende que D. Sebastián figura como titular de dos
teléfonos instalados en el domicilio de referencia, que igualmente
registran un constante y reiterado consumo.
De la certificación de la Gerencia Territorial del Castastro del folio 285 se
desprende que el Sr. Sebastián figura como titular registral del inmueble
sito en Illetas.
C. El Convenio de Bruselas de 1968 sobre competencia Judicial
Internacional y sobre reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales
y análogos, establece como fuero principal el del domicilio del demandado
-favor defensoris-. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52, habrá que
estar al concepto que de domicilio tiene cada legislación nacional.
Dicho Convenio contempla igualmente la sumisión tácita, que concurre,
según el artículo 18, si se presenta la demanda ante un Juez de un Estado
parte y comparece el demandado de forma voluntaria ante él, a no ser
que lo haga con el único objeto de impugnar dicha competencia, o bien,
se trate de uno de los fueros exclusivos del artículo 16, que no admiten la
sumisión de las partes por su carácter imperativo.
D. Dispone el artículo 12.6 del Código Civil que "los Tribunales y
autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del Derecho
español.
La persona que invoque el Derecho extranjero deberá acreditar su
contenido y vigencia por los medios de prueba admitidos en la ley
española. Sin embargo para su aplicación, el juzgador podrá valerse
además de cuantos instrumentos de averiguación considere necesarios,
dictando al efecto las providencias oportunas".
La jurisprudencia es prácticamente unánime en considerar que "...la
aplicación del Derecho extranjero es una cuestión de hecho, y como tal
ha de ser alegada y probada por la parte que lo invoca, siendo necesario
acreditar la exacta entidad del derecho vigente, y también su alcance
y autorizada interpretación, de suerte que su aplicación no suscite la
menor duda razonable a los Tribunales españoles, y todo ello mediante
la documentación fehaciente; constituyendo práctica reiterada, la que
determina que, cuando a los Tribunales españoles no les es posible
fundamentar con seguridad absoluta la aplicación del Derecho extranjero,
habrán de juzgar y fallar según el Derecho patrio" (Sentencia del T.S. de 7
de septiembre de 1990, con cita de las sentencias del mismo Tribunal de
28 de octubre de 1968, 4 de octubre de 1982, 15 de marzo de 1984, 12
de enero y 11 de mayo de 1989).
El Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de marzo de 1993 señala
que "la posibilidad que en el párrafo sexto del artículo 12 del C.C., se
otorga a los tribunales para inquirir a través de cuantos instrumentos de
averiguación estimen necesarios, tales efectos, no es en realidad otra
cosa que eso, una posibilidad, cuyo desarrollo o ejercicio por parte de los
mismos tiene un carácter complementario de la directamente atribuida
por el precepto a los que invoquen la aplicación del derecho extranjero,
que son los directamente obligados a ello".
Sin embargo, no obstante lo dicho, el Juez a quo adoptando una posición
digna de encomio se cuidó de acordar como diligencia para mejor proveer
oficiar al Consulado alemán a efectos de acreditar la vigencia de los
preceptos invocados por la parte actora en los presentes autos, oficio
que fue cumplimentado y que obra unido a los autos; por lo que hay
que entender cumplida la exigencia de la acreditación de la vigencia del
Derecho extranjero aplicable al supuesto enjuiciado.
TERCERO. - De acuerdo a lo prevenido en el artículo 873 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se imponen a la parte apelante las costas de esta
alzada.
FALLAMOS
1°.- SE DESESTIMA EL RECURSO de apelación interpuesto por el
Procurador D. ANTONIO COLOM FERRÁ, en nombre y representación de
D. Sebastián y Doña Montserrat, contra la sentencia de fecha 31 de julio
de 2000, dictada por el Iltmo. Sr Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia n° 8 de esta ciudad en los autos de juicio declarativo de Mayor
Cuantía de que deriva el presente rollo y, en consecuencia, se confirma la
expresada resolución.