1.- La Procuradora de los Tribunales Sra. Calvillo Rodríguez en
representación de la entidad mercantil "PORTUGAL PREVIDENTE,
COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.", formuló demanda de exequatur de
la sentencia de 26 de junio de 1998 dictada por el Tribunal Civil de la
Comarca de Lisboa, Portugal, contra D. Jesús Ángel..., y por la que se
declara la nulidad del Contrato de Seguro de automóvil a que se refiere la
póliza nº 366.159.
2.- El Ministerio Fiscal en Informe de fecha 4 de febrero pasado, dijo:
"Se solicita el reconocimiento en España de la sentencia dictada por
el Tribunal Civil de la Comarca de Lisboa 12º el 26 de junio de 1998,
resolviendo un litigio sobre seguros planteado en aquella sede judicial por
"Portugal Previdente-Companhia de Seguros, S.A." contra Jesús Ángel...,
persona de nacionalidad portuguesa y con domicilio en dicha Nación,
cuestión surgida a consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en
Vitoria (España) del vehículo asegurado.
Según dispone el artículo 26 del Convenio de Bruselas de 1968, aplicable
a este caso e invocado por el solicitante, las resoluciones judiciales a que
se refiere el Convenio gozan de un reconocimiento automático -salvo
oposición en los términos del artículo 27- y su ejecución en otro país a
instancia de parte habrá de ser decidida por los Juzgados de 1ª Instancia
(artículo 31).
En consecuencia, estima que procede desestimar la petición de
reconocimiento y, si como parece deducirse del Suplico del escrito, se
pretende su ejecución a los efectos de su inscripción registral, se declare
la incompetencia de esta Sala".
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. D.Alfonso Villagómez Rodil
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Proclamado en el art. 24 de nuestra Constitución la garantía de
que el justiciable sea juzgado por el Juez ordinario predeterminado por
la ley, debe significarse que el órgano judicial ante el que, de entre
los muchos existentes, debe el demandante interponer su demanda,
es aquel al que la norma legal haya investido, con carácter previo al
hecho motivador de la actuación, de jurisdicción y competencia. Se
establece así la competencia como uno de los presupuestos del proceso
de gran trascendencia, y ello habida cuenta la sanción de nulidad de pleno
derecho a la que se encuentran sometidos los actos judiciales producidos
con manifiesta falta de competencia objetiva o funcional, no así territorial,
conforme previene el art. 238.1 LOPJ. Ese carácter de ius cogens que
caracteriza a las normas sobre competencia -con excepción de las normas
sobre competencia territorial- es lo que determina que en el presente
supuesto haya de estarse a las previsiones contenidas en el Convenio de
Bruselas de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial
y al reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil
que resulta aplicable, no encontrándose la resolución cuyo reconocimiento
se pretende entre las excluidas que, por razón de la materia, figuran
relacionadas en el artículo 1º del Convenio; la sentencia por reconocer,
de fecha 26 de junio de 1998, está indudablemente sujeta al régimen del
Convenio de Bruselas cuyo texto llamado consolidado de 26 de mayo de
1989 entró en vigor en Portugal el 1º de julio de 1992 y en España el 1º
de febrero de 1991 (artículo 54).
2.- Ha de tenerse presente el artículo 32.1 del Convenio de Bruselas,
integrado por el artículo 10 del Convenio de adhesión de 1989, por si
fuere procedente el reconocimiento procesal a la luz del artículo 26
que lo entiende excepcional puesto que el principio sentado es que sea
automático; pues bien, el mencionado artículo 32.1 establece que las
solicitudes de ejecución se presentarán "En España, ante el Juzgado
de Primera Instancia", por lo que, en todo caso, el otorgamiento del
exequatur no corresponde a esta Sala, que no es competente para
pronunciarse sobre el mismo, sin perjuicio de reservar a la solicitante el
derecho a acudir al órgano jurisdiccional pertinente.
El carácter de normas de "ius cogens" de las reguladoras de la
competencia objetiva exige el examen de oficio de tal competencia
por el órgano jurisdiccional que conozca el asunto, por lo que, y de
conformidad con el art. 74 de la LEC, deberá abstenerse de conocer si se
considera incompetente por razón de la materia, oído el Ministerio Fiscal,
previniendo a las partes que usen de su derecho ante quien corresponda.
3.- En cuanto a la competencia territorial el artículo 32.2 del convenio
de Bruselas dispone que "La competencia territorial se determinará por
el domicilio de la parte contra la que se solicitaré la ejecución. Si dicha
parte no estuviere domiciliada en el Estado requerido, la competencia se
determinará por el lugar de ejecución".
LA SALA ACUERDA
1.- No ha lugar a pronunciarse sobre la demanda de exequatur
interpuesta por la Procuradora Dª. Beatriz Calvillo Rodríguez, en
representación de la entidad mercantil de seguros "PORTUGAL
PREVIDENTE, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.", por no ser su
conocimiento de la competencia de este Tribunal, dejando a salvo el
derecho de la parte para ejercitar su pretensión ante quien corresponda,
conforme a lo indicado en los precedentes Fundamentos.