PRIMERO: En el procedimiento más arriba indicado con fecha uno de
Febrero de 2008 se dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: "DISPONGO: Que Procede estimar el recurso de reposición
formulado por el Ministerio Fiscal frente al Auto de fecha 21-21-07,
dejándolo sin efecto, acordando en su lugar la inadmisión a trámite de
la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Olmos Gilsanz, en la
representación que ostenta, por inadecuación del procedimiento instado
y falta de competencia objetiva de este Juzgado para su conocimiento,
procediendo el archivo de las actuaciones."
SEGUNDO: Contra dicha resolución por la representación procesal de
Doña Lina... se interpuso directamente recurso de apelación, que se tuvo
por de preparación y concedido plazo de interposición, así se hace, para
en base a las alegaciones que esgrime suplicar su estimación y se acuerde
admitir a trámite la demanda interpuesta por la ahora apelante.
TERCERO: Por interpuesto que fue el mencionado recurso se acordó dar
traslado del mismo a la parte frente a la que se dirigía la demanda, la
que presentó escrito de oposición para en base a las alegaciones que
realiza suplicar su desestimación, después de invocar la improcedencia de
admisión a trámite por infracción de lo prevenido en el art. 457 LEC.
CUARTO: Por el Ministerio Fiscal se mostró conformidad con el auto
recurrido, reiterando sus alegaciones contenidas en el recurso de
reposición, para suplicar la desestimación del recurso de apelación
QUINTO: Remitidos los autos a esta Audiencia mediante oficio de fecha
6 de Junio de 2008, con fecha registro del día trece siguiente, repartido
de conocimiento el recurso a este Sección, se formó el oportuno rollo,
se designó Ponente conforme al turno previamente establecido y no
estimándose necesaria la celebración de vista pública se señaló para
deliberación y votación, la que tuvo lugar el pasado día veintidós.
II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO: Adentrarnos en el conocimiento del presente recurso hace
conveniente realizar una previa síntesis de sus antecedentes y así aparece
como por la ahora apelante se presentó demanda en reclamación de
alimentos a favor de su hijo menor y dirigida contra el padre de dicho
menor, con indicación de que demandante y demandado contrajeron
matrimonio civil el día 19 de Octubre de 1994 en Pleven, Bulgaria,
habiendo nacido fruto de dicho matrimonio el menor para el que se
reclaman los alimentos, al tiempo de la demanda de diez años de
edad, habiéndose divorciado los progenitores el 19 de Junio de 2006
mediante sentencia de fecha 19 de Junio de 2006 dictada por el Tribunal
Regional de Pleven, Bulgaria, en la que se estableció pensión para dicho
menor a cargo del ahora demandado; tanto la demandante y el menor
residen en Madrid y el demandado en Collado Villalba, provincia de
Madrid; dicha demanda fue repartida a uno de los Juzgados de familia
de Madrid, que rechazó su conocimiento en base a que se trataba de una
demanda de alimentos sin relación a proceso de separación, divorcio o
nulidad, existiendo un matrimonio previamente disuelto, realizándose
nuevo reparto, correspondiendo el conocimiento al Juzgado que dicta
el auto objeto de este recurso, Juzgado que por auto de fecha 21 de
Diciembre de 2007 admite a trámite la demanda y acuerda la citacion
del demandado y el traslado al Ministerio Fiscal, por éste se interpone
recurso de reposición contra dicho auto, en base a entender que no
es el procedimiento adecuado el señalado en la demanda, al existir
una sentencia de divorcio dictada por un Tribunal Bulgaro, debiéndose
previamente solicitar el reconocimiento de esa sentencia o teniendo en
cuenta que nos encontramos ante un Estado miembro de U.E. acudir al
Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo relativo a la competencia,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia de
matrimonio y responsabilidad parental, e instar, si la demandante así lo
entendiera el correspondiente procedimiento de medidas, invocando en
definitiva la falta de adecuación del procedimiento; el Juzgado mediante el
auto que es ahora objeto de recurso acoge dicha reposición en base a los
argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal.
SEGUNDO: Desde la precedente síntesis es ahora de señalar que con
anterioridad a la demanda instando el procedimiento en que recae
el auto objeto de recurso, ya recayó auto dictado por el Juzgado de
Primera Instancia nº 85 de los de Madrid desestimando demanda de
exequátur formulada por la ahora apelante en relación a la sentencia
de divorcio que en la demanda refiere y en ese auto ya se indicaba que
dicha sentencia no precisaba del exequátur, con cita de la Resolución
de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 14 de
Abril de 2000, es además de señalar que el Reglamento (CE) núm.
2201/2003, de 27 de Noviembre de 2003, del Consejo relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia matrimonial y de responsabilidad parental, no es aplicable
a las obligaciones alimentarias, al estar ya reguladas en el Reglamento
(CE) n° 44/2001, estando excluidas del ámbito de aplicación de aquel
Reglamento, señalando el 44/2001 que los órganos jurisdiccionales
competentes en virtud del presente Reglamento tendrán generalmente
competencia para pronunciarse en materia de obligaciones alimentarias
en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del art. 5 del Reglamento
(CE) n° 44/2001, aun cuando las normas de competencia referidas
en aquel Reglamente en materia de responsabilidad parental están
concebidas en función del interés superior del menor, y en particular en
función del criterio de proximidad; el citado Reglamento CE nº 44/2001
del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, señala que en materia de alimentos tendrá
competencia el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia
habitual del acreedor de alimentos; expresamente se señala en el
Reglamento (CE) núm. 2201/2003, que su ámbito de aplicación no
comprende la materia relativa a las obligaciones de alimentos, pero sí al
divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial, para en el precepto
dedicado a definiciones señalar que se entienden por resolución, las
de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial y las relativas
a la responsabilidad parental dictadas por un órgano jurisdiccional
de un Estado miembro, independientemente de cómo se denomine
dicha resolución, incluidos los términos de dicha sentencia o auto y por
responsabilidad, los derechos y obligaciones conferidos a una persona
física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la
ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o
los bienes de un menor; desde lo precedente es de concluir que ninguna
duda ofrece la competencia de los tribunales españoles tanto para
el conocimiento de la demanda de alimentos como derivada de la ya
dictada por un tribunal miembro de la Unión, en materia matrimon ial
y responsablidad parental sin que ésta precise del exequátur, siendo
entonces de decidir el procedimiento adecuado y al respecto es de
coincidir con la resolución recurrida que el procedimiento adecuado no
es el verbal en sentido puro, sino el previsto en el art. 770, por remisión
del art. 775, ambos de la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que si
bien el citado art. 770 remite al juicio verbal lo hace con particularidades
tales que lo vienen a convertir en un procedimiento especial, y no es
precisamente éste el acordado de admisión a trámite de la demanda,
por lo que, en efecto, se da una inadecuación al acordar el Juzgado
el que venía instado por la demandante, dado que en se trata de una
modificación de medida acordada en sentencia con eficacia en España,
y no una mera solicitud de alimentos, por lo precedente que estemos en
el caso de desestimar el recurso, dado que el contenido del art. 465.4
de la Ley Enjuiciamiento Civil veda a este Tribunal al conocer del recurso
de apelación a tratar cuestiones diferentes de las hechas valer y ello en
relación con lo prevenido en el art. 456 también de la LEC al delimitar el
ámbito del recurso, siendo la cuestión relativa al procedimiento a seguir
de orden público y por ende no disponible ni por la partes ni por los
tribunales.
LA SALA ACUERDA
desestimar y desestima el recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de Doña Lina..., contra el auto dictado en fecha
1 de Febrero de 2008, en los autos seguidos en el Juzgado de Primera
Instancia núm. 44 de los de Madrid bajo núm. 1926/2007 y confirmar y
confirma dicho auto, con expresa imposición de las costas del presente
recurso a la parte apelante.