PRIMERO. - La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal
siguiente: "PARTE DISPOSITIVA: DECIDO estimar la declinatoria
planteada por SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y
POSICIONAMIENTO,S.L., y abstenerme del conocimiento de este Juicio
por falta de competencia internacional, debiendo la parte demandante
hacer uso de su derecho ante los Tribunales de Amsterdam. Se imponen a
la parte actora las costas derivadas de la declinatoria.".
SEGUNDO. - Contra el anterior auto interpuso recurso de apelación
la parte actora mediante su escrito motivado, dándose traslado a la
contraria; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO. - Se señaló para votación y fallo el día 10 de marzo de 2009.
CUARTO. - En el presente procedimiento se han observado y cumplido las
prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 23 del Reglamento
CE 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, en vigor desde el 1 de marzo de 2002 (norma
que sustituyó al Convenio de Bruselas), consideró el Juzgado válida
y eficaz la cláusula de sumisión expresa a favor de los tribunales de
Ámsterdam contenida en el contrato concertado entre las partes en
febrero de 2004, contrato en el que se funda la reclamación formulada
por Tele Atlas Iberia SL. Acogiendo, pues, la cuestión de competencia
formalizada por Sistemas de Información Territorial y Posicionamiento
SL, decidió en consecuencia la juez a quo declararse incompetente para
conocer de la demanda origen de las presentes actuaciones, decisión que
impugna la entidad actora en esta alzada con argumentos que, como se
verá, en esencia hemos de compartir.
SEGUNDO. - En efecto, teniendo en Barcelona su domicilio la entidad
demandada, ningún perjuicio efectivo se le ha producido por el hecho de
que la actora, renunciando al fuero pactado en el contrato (todo indica
que no precisamente en beneficio de la ahora apelada que incluso insinúa
que el documento fue redactado por la contraparte), viniera a formular
aquí el pleito. Es indiscutidamente España el lugar de nacimiento y de
cumplimiento de las obligaciones en cuestión y el fuero pactado no guarda
ninguna conexión con el negocio de que se trata atendido su objeto y
las partes en el intervinientes (la actora se encuentra domiciliada en
Madrid), como no sea la indirecta (así parece deducirse del contrato) de
radicar en los Países Bajos la empresa matriz de Tele Atlas Iberia SL. Así
pues, no se alcanza a entender qué interés legítimo (art. 7-3 LOPJ) pueda
tener Sistemas de Información Territorial y Posicionamiento SL en hacer
valer una cláusula de sumisión que no parece le reporte ningún beneficio
(significativamente, nada al respecto alega), como no sea el de dilatar
la solución del conflicto, interés éste que, como es obvio, no merece el
amparo de los tribunales (arts. 247 LEC y 11-2 LOPJ).
En el sentido que propugnamos se pronunció el Tribunal Supremo
en sentencia de 10 de noviembre de 1993, al afirmar que, habiendo
mostrado el actor, por el hecho de acudir a los tribunales españoles su
sumisión tácita a éstos, "podría sostenerse que a la demandada (...),
a quien se emplaza ante los Tribunales de su domicilio, se le facilita el
derecho de defensa y se le aplica el fuero para ella más conveniente (...)",
consecuencia de lo cual sería que "no puede oponer incompetencia de
jurisdicción sin que su conducta procesal merezca ser calificada de rayana
en el fraude tendente a dilatar la solución del litigio". Y en similares
términos se pronunció la STS de 10 de marzo de 1993 declarando la
legitimidad de la elección realizada a tales efectos por la entidad actora en
beneficio del demandado, cuya actuación se calificó como "intento (...) de
eludir la más rápida y precisa resolución del litigio entablado, acudiendo a
la legal pero complicada cuestión de los conflictos de leyes (...)".
Por lo demás, resulta irrelevante a los fines ahora debatidos la
circunstancia de que en el contrato que nos ocupa se previera no
solamente la sumisión de las partes a los Tribunales de Ámsterdam, sino
también la sujeción de la resolución de los conflictos que en relación
al mismo se plantearan al derecho propio de los Países Bajos. Porque,
aunque precisará de la correspondiente alegación y prueba, es evidente
que en principio ningún inconveniente habría para que el pleito se
resolviera aplicando el derecho al que las partes se sometieron de forma
expresa.
Se acogerá en consecuencia el recurso formulado.