1.- La Procuradora de los Tribunales Sra. Martínez Mínguez, en
representación de Dª. Esperanza... (de soltera Rocío...), formuló demanda
de exequátur de la sentencia de 12 de marzo de 2002, dictada por el
Tribunal de Instancia de Biarritz, Francia, por la que se condenó a Dª.
Claudia... (de soltera Nuria...), al pago de las cantidades que en la misma
se detallan.
2.- Por Providencia de fecha 27 de mayo de 2003 se acordó oír a la
parte solicitante sobre la aplicabilidad del Reglamento (CE) nº 44/2001
del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, al presente procedimiento,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 48.3 de la LEC 1/2000,
presentando escrito por el que manifestaba que en virtud del citado
Reglamento eran competentes los Juzgados de Primera Instancia de
Madrid.
3.- El Ministerio Fiscal informó que ".... la Sala no es competente para
conocer del exequátur solicitado".
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. D. José Almagro Nosete.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Conforme a lo dispuesto en su artículo 66. 1º y 2º, el Reglamento
(CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 (que entró
en vigor, tal y como establece su art. 76, el día 1 de marzo de 2002),
se aplica tanto a las acciones judiciales ejercitadas con posterioridad
a la entrada en vigor del mismo, como a las resoluciones judiciales
dictadas después de la fecha de su entrada en vigor como consecuencia
de acciones ejercitadas en el Estado miembro de origen con anterioridad
a la misma, si la acción se hubiera ejercitado en este último Estado tras la
entrada en vigor del Convenio de Bruselas o del Convenio de Lugano en el
Estado miembro de origen y en el Estado miembro requerido, y, en todos
los demás casos, si las reglas de competencia aplicadas se ajustasen
a las previstas en el capítulo II del Reglamento o en un convenio en
vigor entre el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido
al ejercitarse la acción, señalando aquél, en su Anexo II, como órgano
judicial competente en España a los Juzgados de Primera Instancia. Por
ello, y toda vez que la sentencia cuyo reconocimiento se pretende se dictó
el día 12 de marzo de 2.002, estando ya vigente el citado Reglamento,
habiéndose ejercitado la acción en el Estado miembro de origen una
vez que ya había entrado en vigor, para Francia y para España, los
Convenios de Bruselas y Lugano, se ha de afirmar la aplicabilidad del
referido Reglamento y, en consecuencia, la incompetencia de esta Sala
para conocer del exequátur solicitado.
2.- El carácter de "ius cogens" de las normas reguladoras de la
competencia objetiva exige el examen de oficio de tal competencia por el
órgano jurisdiccional que conozca del asunto, razón por la que, conforme
dispone el art. 48.1º de la LEC 1/2000 (que dispone que "la falta de
competencia objetiva se apreciará de oficio, tan pronto como se advierta,
por el tribunal que esté conociendo del asunto"), que en este punto ha
de ponerse en relación con el art. 56.4 de la L.O.P.J., la Sala habrá de
abstenerse de conocer si, oído el Ministerio Fiscal y las partes personadas,
considera que carece de competencia objetiva, previniendo entonces a las
partes de que usen su derecho ante quien corresponda.
3.- En cuanto a la competencia territorial, señala el art. 39.2 del
Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000,
que la misma se determinará por el domicilio de la parte contra la que se
solicitare la ejecución o por el lugar de ejecución.
LA SALA ACUERDA
1.- SE DECLARA LA INCOMPETENCIA de esta Sala para la tramitación de
la demanda de exequátur interpuesta por la Procuradora Sra. Martínez
Mínguez, en representación de Dª. Esperanza... (de soltera Rocío...), por
no ser competente para su conocimiento este Tribunal, dejando a salvo el
derecho de la parte para ejercitar su pretensión ante quien corresponda,
conforme a lo indicado en los precedentes Fundamentos.