PRIMERO: La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal
siguiente:
"Accediendo a lo solicitado por la procuradora Dña. Cristina García
Girbes en nombre y representación de Dña. Sara se otorga ejecución en
España de la sentencia firme de condena número 941/06 dictada por el
tribunal de Parma en el procedimiento civil 2492/2000 contra la entidad
TOTALSTONE.
2. El pronunciamiento de la sentencia objeto de ejecución es el siguiente:
(...)
3. Se otorga ejecución cotnra la entidad TOTALSTONE por un importe
total, según desglose de la demanda, de 36.014,59 euros, en concepto
de principal por todos los conceptos de condena de la sentencia más
10.804,37 euros que se presupuestan para intereses y costas en la
presente ejecución".
SEGUNDO: Contra la anterior resolución se opuso la representación de
TOTALSTONE, S.A., a través del recurso de apelación, que fue preparado
y formalizado conforme a la vigente LEC, confiriéndose traslado a la parte
demandante, que presentó escrito de oposición al recurso. Recibidas las
actuaciones y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió a
señalar la votación y fallo para el día 18 de noviembre de 2009.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La entidad TOTALSTONE, S.A., por el cauce del recurso
de apelación, se opone al reconocimiento y ejecución de la sentencia
firme de condena número 941/06 dictada por el tribunal de Parma en
el procedimiento civil 2492/2000, acordada por el Juzgado de Primera
Instancia nº 44 de Barcelona al amparo del Reglamento 44/2001.
El recurso de apelación, y por ende la oposición al despacho de ejecución
de esta sentencia dictada por un tribunal extranjero, se funda en que
la sentencia fue dictada en rebeldía, sin que conste que la demandada,
luego condenada, hubiera sido correctamente emplazada o citada, ya
sea porque el medio empleado no era el adecuado (correo certificado con
acuse de recibo), ya sea porque no consta que hubiera sido entregada
la comunicación al destinatario, ya sea porque se hizo sin respetar las
prescripciones legales sobre la traducción de los documentos. Además,
el recurso aduce que existía un acuerdo transaccional con el letrado de la
parte ejecutante, que no ha sido respetado. Con carácter subsidiario, se
impugna la ejecución por plus petición.
SEGUNDO: El art. 34 RCE 44/2001 permite oponerse a la ejecución
de una resolución judicial dictada en otro país de la Unión Europea si
se hubiera dictado en rebeldía del demandado, siempre que no conste
su previa notificación y que no se hubiera recurrido la resolución. En
nuestro caso, la sentencia que condena al pago a la entidad demandada,
ahora ejecutada, fue dictada por el Tribunal de Parma el 17 de julio de
2006, en el curso del procedimiento nº 2492/2000. Del testimonio de
las actuaciones aportado a los presentes autos se advierte que la propia
sentencia deja constancia de que el demandado fue citado el 26 de abril
de 2004, aunque no compareció ni se opuso formalmente a la demanda
(ff. 17 y ss.). Para emplazar al demandado se utilizó la vía prevista en
el art. 14 del RCE 1348/00, del correo certificado con acuse de recibo.
Si bien este reglamento, vigente en el momento en que se practicó la
citación, regula un procedimiento ordinario de comunicación directa entre
los órganos solicitantes de la comunicación y los receptores, encargados
de practicar la notificación o la citación (arts. 4 y ss.), admite también que
se puedan emplear otros medios de transmisión, notificación o traslado
de documentos, entre los que se menciona la notificación o traslado por
correo (art. 14 RCE 1348/00). Se trata de procedimientos alternativos,
por lo que el empleo de este último, excluye la necesidad de acudir al
procedimiento ordinario.
Si bien de la documentación aportada se desprende que en la
comunicación practicada por correo con acuse de recibo aparecía una
copia de la demanda original en italiano (ff. 122-124), no consta que se
adjuntara con ella una traducción a alguno de los idiomas oficiales del
lugar donde se practicó la citación (castellano o catalán). La traducción
que de la demanda se ha aportado es muy posterior a la citación, en
concreto del 3 de julio de 2008 (ff. 125 y ss.), por lo que dicha traducción
no pudo ser remitida. Aunque el art. 14 RCE 1348/00 nada específico
dice acerca de los idiomas en que han de ser remitidos los documentos,
para que se pueda entender correctamente practicada la citación, ello no
significa que pueda hacerse en cualquiera, sino que cuando menos rige la
misma exigencia que se desprende del art. 8 RCE 1348/00.
En el procedimiento originario, el art. 8 RCE 1348/00 impone al
organismo receptor el deber de informar al destinatario que puede
negarse a aceptar el documento que deba notificarse si está redactado en
una lengua oficial distinta a las que son oficiales en el lugar donde había
de practicarse la notificación (en nuestro caso, castellano y catalán),
o en la lengua del Estado requirente (en nuestro caso, italiano) si el
destinatario la entiende.
El hecho de que el sistema de notificación empleado de correo con acuse
de recibo no permita el rechazo de la comunicación por este motivo, no
significa que no opere esta exigencia. La única diferencia radica en que
si se emplea el procedimiento ordinario y el documento no cumple las
exigencias linguísticas del art. 8 RCE 1348/00, en ese caso, después
de ser advertido de esta posibilidad, el destinatario puede rechazar la
notificación, y se entiende que debe hacerlo en ese momento, y que por
lo tanto no puede hacer valer esta objeción mas tarde. Mientras que en
un sistema como el empleado, correo con acuse de recibo, en que no
cabe articular el rechazo al tiempo de practicarse la comunicación, se
entiende que si el transmitente no tomó la precaución de traducir los
documentos, en caso de que el destinatario no fuera italiano o debiera
conocer esta lengua, en ese caso se arriesga a que más adelante se
advierta un defecto en la citación.
Ahora bien, como ya hemos adelantado, para que pueda prosperar esta
causa de oposición, es necesario que el demandado no haya podido
hacer valer esta objeción a través de la apelación o impugnación de la
resolución de condena. No consta que la sentencia objeto de ejecución
hubiera sido notificada personalmente a la sociedad demandada, de lo
que se deduce que no pudo recurrirla, por lo que, con independencia
de que con arreglo al derecho italiano la sentencia fuera ejecutiva,
a los efectos de apreciar el motivo de oposición invocado, hemos de
concluir que no ha quedado demostrado que TOTALSTONE, S.A. hubiera
podido hacer valer el defecto de notificación mediante la apelación de la
sentencia de condena.
En consecuencia, procede estimar la causa de oposición esgrimida por
esta sociedad frente a la que se instó la ejecución, siendo procedente
levantar la ejecución, sin que proceda hacer expresa condena en costas.