PRIMERO. - En los autos núm. 881/07 del Juzgado de 1ª. Instancia
núm. 2 de Arona, promovidos por el Procurador don Ángel Oliva Tristán,
en representación de la entidad «COSMOS HOLIDAY PLC», para el
"reconocimiento y ejecución de Sentencia Extranjera dictada el día 30
de agosto de 2005 por el Juzgado del Condado de Brighton por la que se
condena a la Compañía Mercantil HOTEL PARADISE PARK, S. L.", se dictó
auto, el 28 de enero de 2008, en cuya parte dispositiva literalmente se
acordaba lo siguiente:
«DISPONGO. - Otorgar la ejecución solicitada por el Procurador de los
Tribunales Sr. Oliva Tristan Fernández, en nombre y representación
de Cosmos Holidays, PLC. Cítese al representante legal de la entidad
Hotel Paradise Park, S.L., para que comparezca el día 6 de febrero
de 2008 a las 10,00 horas y, comparecido notifíquesele la presente
resolución haciéndole saber que podrá interponer recurso contra la
misma en el plazo de un mes ante la Audiencia Provincial de Santa
Cruz de Tenerife, durante cuyo plazo se podrán adoptar las medidas
cautelares sobre los bienes de los demandados, entregándoles copias
de la solicitud de ejecución y documentos presentados. Se despacha
ejecución contra los bienes de la entidad Hotel Paradise Park,S.L. en la
cantidad de 56.695,40 ¤ de Principal, cantidad que resulta de la suma de
las siguientes cantidades: 43.532,26 ¤ de principal, 4.848,85 ¤ de Costas
en el Reino Unido y 8.314,29 intereses desde sentencia dictada el 30 de
agosto de 2005, más 18.899¤ presupuestadas para intereses y costas,
procediéndose al embargo de bienes de los mismos en cantidad suficiente
a cubrir las expresadas cantidades, sin necesidad de requerimiento
alguno».
SEGUNDO. - Notificada debidamente esta resolución, se presentó
escrito en los autos por la Procuradora Doña Juana Martínez Ibáñez, en
representación de la entidad «HOTEL PARIDSE PARK S. L.», mediante
el que se solicitaba que se tuviera por preparado recurso de apelación
contra tal resolución, petición a la que se accedió por el Juzgado mediante
providencia en la que se acordó, además, emplazar a dicha parte por
veinte días para la interposición de tal recurso; en el plazo conferido, se
interpuso por escrito dicho recurso con exposición de las alegaciones en
que se fundaba la apelación, del que se dio traslado a las demás partes
por diez días, plazo en el que la representación de la parte demandante,
entidad «COSMOS HOLIDAYS PLC», presentó escrito de oposición al
mencionado recurso.
TERCERO. - Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición
a esta Sala, se acordó, una vez recibidos y mediante providencia de
veintiséis de marzo pasado, incoar el presente rollo, designar Ponente, y,
por auto de nueve de junio, no admitir la prueba propuesta en el escrito
de oposición al recurso; seguidamente se acordó señalar para la votación
y fallo del presente recurso el día nueve de julio del año en curso, en el
que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - El auto apelado acuerda, con base en los artículos 38 y ss. del
Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a
la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, la ejecución de la sentencia dictada
por el Juzgado del Condado de Brighton, de 30 de agosto de 2005 y
notificada a la entidad HOTEL PARADISE PARK, S. L. el día 1 de marzo de
2006, en la que se condena a ésta al pago de una determinada cantidad.
Dicha entidad ha apelado tal resolución y tras señalar que "actuó en el
citado proceso seguido en Reino exclusivamente como parte demandada
por la Sra. Sofía y posteriormente por la entidad mercantil COSMOS
HOLIDAY PLC", alega como fundamento de la impugnación, en síntesis,
que sus relaciones con esta entidad se establecieron en virtud de un
contrato suscrito entre ambas, en el que se acordaba, en su cláusula
decimoquinta, que el mismo se regiría por "las leyes españolas" y que
ambas partes, con renuncia a su fuero propio, se sometían para cualquier
divergencia que surgiera con relación al mismo, a los Juzgado y Tribunales
de Santa Cruz de Tenerife.
En consecuencia, se entiende en el recurso que la entidad ejecutante
ha incumplido la citada cláusula, incumplimiento que ha quedado
"plasmado en el hecho de haber accionado judicialmente en calidad de
demandante..." frente a la apelante "ante un órgano judicial británico", y
se concluye que "la presente ejecución de titulo judicial extranjero parte
de un flagrante incumplimiento contractual previo...".
Se podría matizar, no obstante, que la condena contenida en la sentencia
extranjera no dimana ni tiene su fundamento, específicamente, en las
obligaciones recíprocas derivadas de ese contrato, sino en la reclamación
de Doña. Sofía por la caída de esta durante el tiempo que estuvo alojada
en el establecimiento hotelero de la apelante, de manera que es este el
presupuesto de la condena (y no aquellas otras obligaciones) si bien por
el entramado y las características de las relaciones, intervinieron en el
procedimiento seguido en el extranjero ambas partes.
SEGUNDO. - Al margen de lo anterior, en el recurso solo se citan
determinados preceptos del Código Civil sobre "la teoría general de
contratación" (en concreto los arts. 1091, 1254, 1256, 1258 y 1259),
pero no se aluden a ningún otro precepto, ni a aquellos que regulan el
reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras, ni, más en
concreto, a los del Reglamento 44/2001, del Consejo, que sirven de
base legal al auto impugnado y que, en efecto, regulan la ejecución de
sentencias judiciales dictadas en materia civil y mercantil en el ámbito de
los Estados miembros de la Unión Europea. Tales preceptos, pese a no
haber sido citados, son lo que hay que tener en cuenta.
Pues bien, el art. 43 de dicho Reglamento permite recurrir la resolución
sobre la ejecución, pero, de acuerdo con lo dispuesto en el núm. 1 del
art. 45 del mismo Reglamento, únicamente por algunos de los motivos
señalados en su arts. 34 y 35, añadiendo el núm. 2 de ese precepto (el
45) que "la resolución del Estado miembro de origen en ningún caso
podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo". Por su parte, el
art. 35, en su primer párrafo, establece que "no se reconocerán las
resoluciones si se hubieren desconocido las disposiciones de las secciones
3, 4 y 6 del capítulo II, o en el caso previsto en el artículo 72" y el núm.
3 del mismo precepto señala que "sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 1, no podrá procederse a la fiscalización de la competencia del
tribunal del Estado miembro de origen. El orden público contemplado
en el punto 1 del artículo 34 no afectará a las reglas relativas a la
competencia judicial."
TERCERO. - Sobre la base de este preceptos entiende la Sala que el
recurso no puede estimarse; en efecto, pese a que, en los términos
del Reglamento, la falta de competencia territorial puede ser apreciada
incluso de oficio, el art. 35.3 es terminante en lo que se refiere a la
fiscalización de la competencia del Estado de origen, que únicamente
podrá efectuase en los supuestos de su apartado 1, es decir, cuando
se hubiere desconocido las disposiciones del las secciones 3 (relativa
a la competencia en materia de seguros), 4 (sobre la competencia en
cuestiones de contratos celebrados con consumidores) y 6 (competencias
exclusivas), o en el caso del art. 72. En ninguno de esos supuestos
se está en el presente caso, de manera que no cabe la posibilidad de
fiscalizar esa competencia, sin que tampoco pueda examinarse en relación
con el orden público, en función de lo dispuesto en el último párrafo del
art. 35; en realidad, puede ser de aplicación en este caso la doctrina
contenida al respecto en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de
noviembre de 1999, que si bien contempla el Convenio de Bruselas, gran
parte de las disposiciones de este Convenio han pasado a formar parte del
Reglamento de aplicación, y dicha doctrina lleva a la misma conclusión.
En consecuencia y no siendo posible esa fiscalización, no cabe estimar
el recurso por el motivo alegado, motivo que por lo demás pudo ser
esgrimido por la entidad actora ante el órgano que dictó la sentencia que
se trata de ejecutar, pues se le notificó la pretensión (así incluso lo viene
a reconocer) así como la sentencia dictada. Por lo demás, lo anterior
no deja de ser de aplicación por el hecho de que la demanda fuera
inicialmente interpuesta por Doña. Sofía y la reclamación se formulara
contra ambas partes, y después la ejecutante de dirigiera con la entidad
apelante como responsable de las lesiones que se le originaron a aquélla
por la caída en el establecimiento de su titularidad.
LA SALA DECIDE:
Desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el auto
apelado, imponiendo a la parte apelante las costas originadas con el
recurso.