PRIMERO. - En Autos de EXEQUATOR-CONVENIO DE BRUSELAS
27.9.1968 núm. 570/2009, procedentes del JDO. 1A. INST. E
INSTRUCCION N.1 de LANGREO, se interpuso recurso de apelación contra
el Auto de fecha 9 de octubre de 2009, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: "Debo acordar y acuerdo la inadmisión a trámite de la
solicitud formulada por el Abogado del Estado en virtud de escrito datado
el día 05/05/09 y tramitada en este Juzgado en el expediente seguido
bajo el nº 570 del año 2009".
SEGUNDO. - El recurso de apelación fue interpuesto por DIRECCION
GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL, representada por el
Abogado del Estado.
TERCERO. - Turnados los Autos a este Tribunal se formó el Rollo de Sala,
registrándose con el número 526/09, tramitado el recurso con el resultado
que obra en autos.
CUARTO. - Se señaló para deliberación, votación y fallo para el día 28 de
enero de 2010, quedando los autos para dictar la resolución que proceda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - El Auto de fecha 9 octubre 2009 dictado por el Juzgado de
Primera Instancia nº 1 Langreo en el Procedimiento de Reconocimiento
de Sentencia Extranjera 570/2009 acuerda la inadmisión a trámite
de la solicitud formulada por el Abogado del Estado al no haber dado
cumplimiento la parte solicitante al previo requerimiento acordado por
el Juzgado a fin de designara un domicilio para notificaciones conforme
a lo dispuesto en el art. 40-2 Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo.
Frente a dicha decisión se alza en apelación la Abogacía del Estado
alegando en su recurso que la regulación contenida en dicho precepto
debe compatibilizarse con la especialidad de la regulación procesal interna
que en este caso viene dada por el art. 11 de la Ley 52/1997 de 27
noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado, pues en ella se contiene una
singularidad en materia de notificaciones que encuentra su razón de ser
en la no utilización de Procurador por el Abogado del Estado.
SEGUNDO. - El Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo de 22 diciembre
2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, viene a diseñar un
instrumento jurídico comunitario y vinculante con el objetivo de alcanzar
la libre circulación de de las resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil. Para lograr esta finalidad se parte de la confianza recíproca en
la justicia dentro de la Comunidad y con ello de la necesaria eficacia y
rapidez en el procedimiento para hacer ejecutoria, en un Estado miembro,
una resolución dictada en otro Estado miembro. Esta idea de eficacia y
rapidez es recogida por el Considerando 17 del Reglamento al insistir
en que "A tal efecto, el otorgamiento de la ejecución de una resolución
debería producirse de manera casi automática, previo mero control
formal de los documentos aportados, sin que el tribunal pueda invocar
de oficio ninguno de los motivos de denegación de la ejecución previstos
en el presente Reglamento". De esta manera el art. 41 del Reglamento
dispone, en materia de ejecución de resoluciones judiciales dictadas en
un Estado miembro, que "Se otorgará inmediatamente la ejecución de
la resolución una vez cumplidas las formalidades previstas en el artículo
53, sin proceder a ningún examen de acuerdo con los artículos 34 y 35.
La parte contra la cual se solicitare la ejecución no podrá, en esta fase
del procedimiento, formular observaciones". Esto es, el único control
de oficio que le está permitido al Juez es el control o comprobación de
regularidad, que se verifica sin audiencia del ejecutado, y que se limita al
cumplimiento de las formalidades previstas en el art. 53 del Reglamento,
control que no incluye obviamente el requisito de la designación por
parte del solicitante de un domicilio para notificaciones en un lugar que
correspondiere a la competencia del Tribunal que conociere de la solicitud,
pues se trata de una exigencia que se encuentra prevista en el art. 40-2
del Reglamento. El motivo así expuesto bastaría por sí solo para revocar
la resolución recurrida toda vez que el requisito señalado no puede
erigirse por sí solo en obstáculo que impida ad limine litis la admisión a
trámite de la solicitud.
TERCERO. - Procede, sin embargo, añadir a lo hasta aquí señalado que
la solicitud de obtención de alimentos que aquí nos ocupa fue instada
al amparo de lo dispuesto en el Convenio de Nueva York de 20 julio
1956, siendo así que dicho Convenio hace referencia, como organismos
intervinientes, a una autoridad remitente correspondiente a un órgano
estatal del lugar donde se encuentre el perceptor de los alimentos y a
una autoridad intermediaria como órgano competente del Estado en el
que reside el obligado y donde debe ejercitares la acción de reclamación,
debiendo cada parte contratante designar en el momento de depositar
el instrumento de ratificación o adhesión del Convenio, las autoridades
a que se hace referencia. El Estado español por su parte hizo público
a través del Ministerio de Asuntos Exteriores el 2 noviembre 1971 que
había designado al Ministerio de Justicia para ejercer las funciones tanto
de autoridad remitente como de autoridad intermediaria, debiendo
entenderse actualmente que el órgano que asume la legitimación para
actuar en las solicitudes de reclamación de alimentos procedentes del
extranjero es la Abogacía del Estado de conformidad con lo establecido
en el art. 9 Ley 52/1997 de 27 noviembre, de Asistencia Jurídica al
Estado, como así se pronuncia la Instrucción 1/04 de la Fiscalía General
del Estado. Es cierto no obstante que también resulta de aplicación a
la presente solicitud de alimentos lo dispuesto en el Reglamento (CE)
44/2001 del Consejo de 22 diciembre 2000 relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, en tanto que en él se contiene detalladamente
la tramitación procesal a seguir en tal caso. Pero debe recordarse que
el Reglamento comunitario parte de que la legitimación para instar el
reconocimiento y ejecución de la resolución extranjera corresponde
directamente a los interesados, razón por la cual establece en su art. 40-2
un mecanismo dirigido a facilitar la necesaria comunicación procesal que
debe existir entre el Juzgado de Primera Instancia y el solicitante que
tenga su domicilio en otro estado miembro, circunstancia que no acontece
en el supuesto aquí examinado.
Además de lo antedicho cabe recordar que el ordenamiento procesal
nacional contiene efectivamente una serie de particularidades
cuando una de las partes litigantes lo sea la Abogacía del Estado
asumiendo las funciones de representación y defensa que legalmente
tiene encomendadas, y así el capítulo III de la Ley 52/1997 de 27
noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado, se ocupa de regular
las especialidades procesales aplicables al Estado. Entre ellas se
encuentran las especialidades en materia de notificaciones, citaciones,
emplazamientos y demás actos de comunicación procesal al disponer el
art. 11 en su apartado 1º que "En los procesos seguidos ante cualquier
jurisdicción en que sean parte la Administración General del Estado,
los Organismos autónomos o los órganos constitucionales, salvo que
las normas internas de estos últimos o las leyes procesales dispongan
otra cosa, las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos
de comunicación procesal se entenderán directamente con el Abogado
del Estado en la sede oficial de la respectiva Abogacía del Estado",
disponiendo incluso su apartado 3º que "Serán nulas las notificaciones,
citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal
que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este artículo".
Teniendo presente por tanto la imposibilidad de que los Abogados del
Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado puedan designar
un procurador o un mandatario ad litem (art. 40-2 in fine Reglamento)
que les represente al asumir aquéllos por ley la representación procesal
del Estado y sus Organismos autónomos (art. 1 Ley 52/1997), así
como la imposibilidad de que puedan recibir cualquier clase de actos de
comunicación procesal en forma distinta a la prevista en el art. 11-1, y
teniendo asimismo presente que la razón de ser de la norma contenida
en el art. 40-2 Reglamento (CE) 44/2001 es la de un supuesto de hecho
distinto del que aquí concurre, la conclusión de todo ello habrá de ser
necesariamente la de permitir de esta manera que la Abogacía del
Estado pueda actuar a los efectos de representación procesal conforme
los términos previstos en su normativa específica contenida en la Ley
52/1997 de 27 noviembre.
PARTE DISPOSITIVA
Que estimando el recurso de apelación formulado por la Abogacía del
Estado contra el Auto de fecha 9 octubre 2009 dictado por el Juzgado de
Primera Instancia nº 1 Langreo en el Procedimiento de Reconocimiento
de Sentencia Extranjera 570/2009, debemos acordar y acordamos
REVOCARLO para en su lugar disponer que la falta de designación por
parte del solicitante de un domicilio para notificaciones conforme a lo
dispuesto en el art. 40-2 Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo no
constituye una causa de inadmisión a trámite de la solicitud de ejecución.
No ha lugar a realizar expresa imposición de las costas causadas en esta
alzada.