PRIMERO. - La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de
hecho contenidos en la resolución apelada.
SEGUNDO. - Con fecha 1 de sepiembre de 2009 por el Juzgado de
Primera Instancia nº 8 de Torrejón de Ardoz se dictó Auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo inadmitir e inadmito
a trámite la cuestión de competencia por declinatoria presentada por el
Procurador Sr. Julio Cabellos Albertos en nombre y representación de
Dª Adelaida, en virtud de la fundamentación esgrimida en la presente
resolución.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante
este Juzgado en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de su
notificación.
Así lo manda y firma S.S. Doy fe. "
TERCERO. - Notificada la mencionada resolución a las partes, contra la
misma, previa la oportuna preparación, se interpuso recurso de apelación
por la representación legal de doña Adelaida, exponiendo en el escrito
presentado las alegaciones en las que basaba su impugnación.
Seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Superioridad, en la
que, previos los trámites oportunos, se acordó señalar para deliberación,
votación y fallo del recurso el día 19 de los corrientes.
CUARTO. - En la tramitación de este recurso se han observado las
prescripciones legales.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. En el escrito rector del procedimiento que, por vía del
presente recurso, se somete a nuestra consideración, la representación
de doña Adelaida plantea, a la amparo del artículo 63-2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, cuestión de competencia por declinatoria,
suplicando del Órgano a quo que, previa la tramitación oportuna, dicte
Auto mediante el que, apreciando la falta de competencia territorial del
Juzgado de Swidnica (Polonia) para conocer de la demanda de separación
matrimonial entablada ante dicho Órgano por el esposo de aquélla, don
Héctor, declare que la competencia a tal fin corresponde a los Juzgados
de Torrejón de Ardoz y, en su consecuencia, se ponga tal hecho en
conocimiento del Juzgado de Swidnica, para que por éste se inhiba de su
conocimiento.
La Juzgadora de instancia, mediante Auto de 1 de septiembre de 2009,
inadmite a trámite dicha solicitud, argumentando que, conforme a lo
prevenido en los artículos 42 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
la cuestión de competencia sólo puede suscitarse entre Juzgados de un
mismo orden jurisdiccional dentro del territorio nacional, pero no fuera del
mismo.
Y contra dicho criterio decisorio se alza la parte actora exponiendo, a
través de su dirección Letrada y en el trámite del artículo 458 L.E.C.,
que no son de aplicación al caso las normas en las que se apoya la
resolución apelada, ya que las mismas han de ceder ante el Reglamento
nº 2201/2003 del Consejo de la Unión Europea, cuya aplicación, y en
concreto sus artículos 3 y 8, determinan la competencia de los tribunales
españoles para conocer del referido procedimiento de separación, al
ser Torrejón de Ardoz el lugar de residencia de la familia y de las hijas
menores.
SEGUNDO. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la
denominada declinatoria como instrumento único para el control, a
instancia de parte, de la competencia (o la falta de ella), incluida la de
carácter internacional, para conocer un determinado órgano jurisdiccional
de la demanda ante el mismo planteada.
Y así, el artículo 63-1 de dicha normativa procesal previene que mediante
la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en el
juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante
el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de
ésta a tribunales extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional o a
árbitros.
En particular, y tratándose de la competencia internacional, el artículo
65-2 dispone que si el tribunal entendiese que carece de jurisdicción por
corresponder el conocimiento del asunto a los tribunales de otro Estado,
lo declarará así mediante auto, absteniéndose de conocer y sobreseyendo
el proceso.
En tal modo, la denominada declinatoria internacional se mantiene en
los mismos términos que tradicionalmente le otorgaban la doctrina y
la jurisprudencia española, esto es admitiendo su eficacia negativa y
rechazando la positiva. Así, el Tribunal Supremo venía manteniendo
que "el tratamiento procesal de la falta de jurisdicción se realiza por el
cauce establecido para las declinatorias, puesto que no es imaginable
que un tribunal extranjero requiera de inhibición a uno español para que
deje de conocer de un asunto, porque ello atenta contra la soberanía.
Y la declinatoria termina, cuando proceda, no con la remisión de las
actuaciones al tribunal competente, sino con indicación a las partes
de cuales es el país que, a juicio del juez español, debe conocer" (S.
10.11.1993).
Mutatis mutandi, tal doctrina resulta de indiscutible proyección a
supuestos como el que nos ocupa, en el que se pretende que los órganos
jurisdiccionales españoles requieran de inhibición a un tribunal de otro
país, lo que supondría una prohibida invasión de la soberanía del otro
Estado.
Cierto es que, en supuestos como el que nos ocupa, y tratándose de
países, como Polonia y España, pertenecientes a la Unión Europea,
la competencia para conocer, entre otros, de los procedimientos
matrimoniales, viene regulada por normas de carácter supranacional
y, en concreto, por el Reglamento del Consejo nº 2201/2003, de 27
de noviembre de 2003 que, en su artículo 3, y entre otros supuestos,
dispone que aquélla recaerá en los órganos jurisdiccionales del Estado
miembro en cuyo territorio se encuentre la residencia habitual de los
cónyuges, o el último lugar de residencia habitual de los mismos, siempre
que uno de ellos aún resida allí.
En el caso examinado, según se refiere en el escrito rector del
procedimiento y se acredita con los documentos adjuntados al mismo,
los cónyuges a los que afecta al procedimiento de separación matrimonial
entablado ante los tribunales polacos se encuentran empadronados, desde
el 1 de mayo de 1996, en Torrejón de Ardoz, en cuya localidad siguen
residiendo la esposa y las hijas comunes. Tal situación habría de atraer al
caso las previsiones legales antedichas, abonando la tesis que sustenta el
recurrente sobre la competencia de la jurisdicción española.
Pero es lo cierto que el Reglamento citado, partiendo del principio de
respeto a la soberanía de cada Estado, no contempla la posibilidad de
que los tribunales de uno de ellos requieran de inhibición o a los de aquel
otro en que se ha planteado el procedimiento matrimonial. En efecto,
el artículo 19 tan sólo prevé la hipótesis en que se hayan presentado
demandas entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de
distintos Estados miembros, en que el tribunal ante el que se hubiera
presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en
tanto no se establezca la competencia del órgano ante el que se interpuso
la primera, que será, en definitiva, el que deba resolver dicha cuestión.
Dicha norma se complementa con la contenida en el artículo 17 que,
en la misma línea que el artículo 65-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
dispone que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que
se inicie un procedimiento respecto del cual el presente Reglamento no
establezca su competencia, y del que sea competente en virtud del mismo
un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, se declarará de oficio
incompetente.
Bajo tales ineludibles condicionantes legales, no puede prosperar, en
los términos en que fue planteada ante el Órgano a quo, la pretensión
deducida por la ahora recurrente, al no existir, según lo expuesto, cauces
procesales hábiles para formular un requerimiento de inhibición, y ello
sin perjuicio de poder denunciarse ante el tribunal polaco que conoce del
asunto su posible falta de competencia, a los fines contemplados en el
artículo 17 del repetido Reglamento.
TERCERO. No obstante haber de desestimarse, a tenor de todo
lo antedicho, el recurso formulado, en atención a las singulares
circunstancias del caso, sustanciado por lo demás tan sólo con la parte
actora, hoy apelante, no ha de hacerse especial condena en las costas
del recurso, conforme facultan los artículos 394 y 398 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.