PRIMERO. - En virtud de auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia
núm. Cinco de esta ciudad en el rollo civil 311/00, se dispuso, "que se
debía declarar y declaraba que se diera cumplimiento a las ejecutivas
relacionadas en la demanda formulada por el Sr. Lázaro..., dictadas por
los Tribunales Franceses, sin que se ejecuten los 1002 763 francos a que
hace referencia el propio actor, todo ello en cumplimiento de lo prevenido
en el art. 956 de la L.E.C. de 1881. Procédase en lo aplicable conforme
al artículo 958". Dicho auto, fue aclarado, mediante resolución de igual
naturaleza de 28 de marzo de 2001, en la que se acordaba: "aclarar el
citado auto en el sentido de que por el ejecutado se satisfagan también
las costas devengadas en España, como consecuencia de la ejecutoriedad
de la sentencia extranjera, estando en lo relativo a las costas francesas a
lo dicho en el fundamento de derecho único".
SEGUNDO. - Frente al expresado auto, se interpuso en tiempo y forma,
recurso de apelación, por la Procuradora Sra. Myriam Grávalos Soria, en
representación de D. Carlos... y Dª. Carolina..., en el que se solicitaba,
que previos los trámites que procedieran y previo recibimiento a prueba
y remisión de los autos a la Sala por el Juzgado de Instancia, se dicte
resolución por la que se acuerde denegar el reconocimiento y ejecución
de las decisiones judiciales francesas cuyo exequátur y ejecución ha sido
admitido por el Juzgado de Instancia. Solicitándose en el primer otrosí,
que habida cuenta de las circunstancias excepcionales que concurren en
el caso, era procedente la suspensión cautelar de todo procedimiento de
apremio que se esté llevando a cabo por el Juzgado de Instancia. En el
segundo otrosí, para el caso en que a la Sala le alberguen dudas sobre la
interpretación que debe hacerse a los preceptos del Convenio de Bruselas,
solicitaba que se decretara la suspensión del procedimiento, elevando
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las cuestiones que
deberán plantearse con el alcance y contenido establecido en el cuerpo
del escrito si así se considerara conveniente recibidos los autos en este
Tribunal y turnados a esta Sección, en providencia de 31 de julio de 2001,
entre otros extremos, se acordó no haber lugar al recibimiento a prueba
solicitado por la representación de la parte apelante ni a las solicitudes
contenidas en los dos "otrosí digo" del recurso. Señalándose para
deliberación y resolución del presente recurso el día 20 de septiembre
de 2001. Esta providencia fue recurrida en reposición por el Procurador
Sr. Jesús de Lama en representación de D. Lázaro..., solicitando en su
recurso, que se emplazara a la parte recurrente por término de diez
días con el fin de poder presentar escrito de oposición al recurso de
apelación presentado de adverso con fecha 27 de abril de 2001. Conferido
el trámite oportuno a este recurso de reposición, en providencia de 17 de
septiembre se acordó dejar sin efecto el señalamiento para deliberación
y resolución y en auto de 8 de octubre de 2001, estimando el recurso, se
acordó conferir a la representación de D. Lázaro... traslado del escrito de
interposición de recurso frente al auto dictado por el Juzgado de Primera
Instancia núm. Cinco de esta ciudad, con fecha 12 de marzo de 2001.
Por la expresada representación, con fecha 24 de octubre de 2001, se
presentó escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto por la
representación procesal de D. Carlos... y Dª Carolina..., contra el auto
de fecha 12 de marzo de 2001, aclarado mediante auto de fecha 28 de
marzo de 2001. En providencia de fecha 8 de noviembre de 2001, se
acordó señalar para deliberación y resolución del presente recurso el día
19 de diciembre de 2001.
CUARTO. - En la tramitación del presente recurso, se han observado, las
prescripciones legales.
II. - RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Se acepta el fundamento de derecho único de la resolución recurrida, en
lo que no se oponga frente a lo que a continuación se expone.
PRIMERO. - Sustentan los recurrentes, su recurso, frente al auto en el
que se reconocen y ejecutan determinadas resoluciones dictadas por
diversos tribunales franceses, en aplicación del "Convenio de Bruselas",
en su versión conocida como "Convenio de San Sebastián", -de 26
de mayo de 1989, precisamente elaborado, para adecuar a la nueva
configuración territorial de la Unión, el originario Convenio de Bruselas
de 1968, por razón de la adhesión de Reino de España y de la República
Portuguesa-, en cinco motivos, referentes, el primero a la "nulidad de
todo el procedimiento por inadmisibilidad ab initio de la demanda",
"inadecuación del procedimiento y análisis de las actuaciones", el
segundo, a la "ausencia de carácter ejecutorio de las resoluciones cuya
ejecución se pretende", el tercero, relativo a "multa civil y orden público",
el cuarto, a la "ausencia de aprobación judicial de algunas de las facturas
de profesionales cuya ejecución en España se pretende" y el quinto,
dedicado a solicitar con carácter subsidiario, la proposición por este
Tribunal, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de cuestiones
prejudiciales relativas a la interpretación de los arts. 31 a 36 del Convenio
de Bruselas y la segunda a la interpretación del art. 27.1 del mismo
Convenio. Estos motivos de recurso, fueron puntualmente impugnados,
por la representación procesal, del ciudadano francés Don. Lázaro...,
solicitante del reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas
por los Tribunales de su País de origen, en virtud de cuanto acordamos en
nuestro auto reseñado en los antecedentes fácticos de esta resolución de
8 de octubre de 2001.
Examinaremos separadamente los diversos motivos de recurso que hemos
enunciado, advirtiendo ya "ab initio", que el primero de los motivos
expuestos, es el que presenta una mayor enjundia a efectos decisorios.
SEGUNDO. - Sobre la pretendida nulidad de todo el procedimiento por la
inadmisibilidad de la demanda e inadecuación del procedimiento.
Es verdad, que al menos en su recurso inicial, el trámite seguido ante
el Juzgado de Primera Instancia, no es precisamente un modelo a
imitar, sobre la aplicación del Convenio de Bruselas en materia de
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil
y mercantil. Así, es perceptiblemente inadecuada la referencia que se
contiene al art. 951 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, en el
"encabezamiento", del escrito de solicitud de ejecución de "sentencias
firmes condenatorias a pagar una cantidad líquida y determinada
dictadas en Bayona (Francia), presentado por la representación
procesal de Don Lázaro..., con la que se dio inicio a las presentes
actuaciones. Este precepto, -nos referimos al art. 951 de la antigua
Ley de Enjuiciamiento Civil-, vigente en la actualidad, por razón de la
disposición derogatoria primera tercera de la L.E.C./00, que estará,
vigente junto a todos los comprendidos entre los artículos 958 a 958
de la antigua Ley Rituaria, hasta la entrada en vigor de la Ley sobre
Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, regula lo que puede
considerarse, en la actualidad, como trámite procedimental ordinario,
para la ejecución de sentencias dictadas por Tribunales Extranjeros.
Según tal perceptiva, -así particularmente el número uno del art. 956
de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil-, la resolución extranjera,
no produce ningún tipo de efectos en el Ordenamiento Español sin el
trámite del "exequátur", -diverso por cierto, a pesar de la identidad
terminológica, con la ejecución de resoluciones judiciales, a que se
refiere en concreto la Sección Segunda del Título Tercero del Convenio
de Bruselas en la versión consolidada ya señalada (arts. 31 a 45, más
las disposiciones comunes de la Sección Tercera del mismo título, arts.
46 a 49),- sin perjuicio de la subsistencia temporal del "procedimiento
ordinario", la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en su art. 523, opta por
sustraer de su regulación el régimen de reconocimiento "de sentencias
firmes y demás títulos ejecutivos extranjeros", para remitir la materia
a lo dispuesto en: "los tratados internacionales y a las disposiciones
legales sobre Cooperación Jurídica Internacional". Ello no quiere decir,
que en absoluto sean inaplicables, los mencionados preceptos de la
antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, así en concreto, el art. 958, en
cuanto remite al "procedimiento ordinario de ejecución", la decisión,
de reconocimiento, de la resolución jurisdiccional extranjera. Tampoco
es correcta, la mención que se contiene, al Convenio de Lugano, este
Convenio, también denominado "Convenio Paralelo", -al de Bruselas- se
firmó el 16 de Septiembre de 1988, formando parte del mismo, además
de los Estados entonces integrantes de la llamada "CEE", los Países de
la "AELC", - Asociación Europea de Libre Cambio-, es decir, insistimos en
la fecha de su suscripción: Austria, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia
y Suiza". Es de hacer notar, que por razón de la entrada en vigor del
Reglamento (CE), número 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de
2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, -entrada en vigor
que se producirá el próximo uno de marzo del año que ahora comienza-,
el Convenio de Bruselas, dejará de ser aplicable, excepción hecha de
Dinamarca, pero el Convenio de Lugano, seguirá subsistente y siendo de
aplicación, para regular la materia propia de su ámbito, es decir idéntica
a la del Convenio de Bruselas, con los países, que en la actualidad son
miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio, pero no de la Unión
Europea. También es inadecuada, la referencia, que se contiene en el auto
de 29 de diciembre de 2000, al Convenio firmado entre Francia y España
el 28 de marzo de 1969, ratificado por Instrumento de 15 de enero de
1970. En efecto, como se dice en el desarrollo del motivo de recurso que
analizamos, este Convenio, ciertamente datado, el 28 de mayo de 1969,
en lugar del 28 de marzo, como se indica en el expresado auto de 29
de diciembre de 2000, fue "dejado sin efecto", para ser sustituido por el
Convenio de Bruselas, incluyéndolo a tal efecto, en la lista del art. 55, por
el art. 18, del ya calendado "Convenio de San Sebastián".
Con todo, las deficiencias apuntadas, son de índole meramente formal,
y han quedado "subsanadas", después de la compleja tramitación de
la solicitud de ejecución en la instancia, hasta llegar, a la resolución
principal ahora recurrida de 12 de marzo de 2001, donde se consolida,
con carácter general, con un certero razonamiento jurídico según
veremos, los argumentos decisorios, que en definitiva, conducen a
otorgar ejecutoriedad, ante los Órganos Jurisdiccionales Españoles, -el
Juzgado de Primera Instancia que por turno le ha correspondido de esta
ciudad-, a las resoluciones jurisdiccionales, -sólo a estas como veremos-,
dictada por los Tribunales Franceses.
Y es que, en el exhaustivo desarrollo del motivo primero del recurso
que ahora examinamos, parece existir con una "confusión de fondo",
o quizás, un defecto de entendimiento, de la profusa argumentación
jurídica del fundamento único del auto principal recurrido. No es que,
a pesar de las mencionadas deficiencias formales, se deje de aplicar el
Convenio de Bruselas, éste se aplica, y se hace en líneas generales, -
matizaremos el alcance de esta afirmación, al analizar en el razonamiento
quinto de esta resolución el motivo cuarto de recurso-, con corrección. El
eje fundamental, sobre el que se asienta el Convenio, y claro está ahora
próximamente el Reglamento CEE Núm. 44/2001, en la materia, que es
objeto de discusión, es el afirmador del valor directo de las resoluciones
extranjeras sin necesidad de exequátur, si no existe oposición, además
de la fijación en el Convenio y en el Reglamento de un procedimiento
homogéneo de ejecución, en cuanto a Órganos Internos, recursos y
plazos. En el Convenio, y en el Reglamento, el reconocimiento tiene por
objeto simplemente la aceptación por el estado requerido, -en este caso
España-, de la fuerza probatoria de la decisión extranjera, de todos sus
efectos, salvo el ejecutivo; la ejecución, por su parte comporta un acto
del estado requerido, por el que el contenido de la decisión extranjera
deviene imperativo, es decir se le otorga efecto imperativo. El principio
primero y fundamental en materia de reconocimiento, -relativamente
ajeno, a nuestro ordenamiento jurídico procesal civil internacional, hasta
la suscripción del Convenio de San Sebastián-, es el afirmador de que
la resolución extranjera, produce efectos automáticos, sin necesidad de
declaración jurisdiccional sobre si debe o no darse cumplimiento a dicha
ejecutoria, siempre que no exista oposición, -art. 26 del Convenio y 33
del Reglamento CE 44/2001-. La resolución extranjera, para que sea
reconocida, no es preciso que tenga fuerza de cosa juzgada material, -
sí formal, tal y como se establece en el art. 47.1 del Convenio, y art. 53
así como en el "modelo normalizado", del anexo 5°, del Reglamento CEE
44/2001-. Asimismo, tal y como se establece en el art. 28 del Convenio
y en el art. 36 del Reglamento, la resolución extranjera, en ningún caso
podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo. La denegación de
reconocimiento, sólo puede dilucidarse a instancia de parte, en vía de
recurso, y en base a la alegación, por la parte ejecutada, de alguno de
los motivos de no reconocimiento de la sentencia extranjera, que se
contemplan en los arts. 27 y 28 del Convenio y en los arts. 34 y 35 del
Reglamento.
En materia de ejecución, la misma, ha de ser solicitada, ante los mismos
órganos a los que se propone de reconocimiento, en España, con arreglo
a los arts. 32 y 36 del Convenio, art. 39 y anexo 2 del Reglamento,
los Juzgados de Primera Instancia, en principio, -tal y como acontece
en nuestro caso-, del domicilio de la parte ejecutada. Las resoluciones
extranjeras, se declaran ejecutorias, si no concurren alguna de las
causas ya expresadas de denegación del reconocimiento, -que no son
examinadas de oficio, sino como vemos, tan sólo en virtud de recurso de
la parte ejecutada-, y se justifica el carácter ejecutorio, de la resolución
jurisdiccional a ejecutar en el estado requeriente, -art. 31 del Convenio y
art. 53, así como concordantes, en relación con el anexo 5°, ya citados,
del Reglamento-. A partir de aquí, la ejecución se rige por la Ley interna
del Estado requerido, si bien en el Convenio, -y en el Reglamento-,
existen disposiciones de carácter "self-executing", así por ejemplo, el
pronunciamiento del Tribunal requerido sobre la ejecución "inaudita
parte", -art. 34 del Convenio así como 38 y 41 del Reglamento- y el
derecho de recurso, que se reconoce al ejecutado, en el párrafo 1° del
art. 36 del Convenio, así como 43 y 45 del Reglamento-.
Dicho lo anterior, y a salvo de lo que se argumentará en el razonamiento
jurídico 5°, el criterio decisorio del auto principal recurrido, es
irreprochable, contempla la autenticidad y ejecutoriedad de las
resoluciones dictadas por los Tribunales franceses, y se dispone lo preciso
para su ejecución. Incumbía, -como en efecto lo hace mediante el recurso
que ahora examinamos-, a la parte ejecutada, aducir y acreditar la
concurrencia "in actu", los motivos de no reconocimiento, que se regulan
en los arts. 27 y 28 citados del Convenio.
Como se ve, la Sala discrepa, de las argumentaciones que se exponen
al inicio del desarrollo del motivo, para justificar la nulidad de todo el
procedimiento por inadmisibilidad "ab initio de la demanda e inadecuación
del procedimiento". En modo alguno, puede considerarse, -y así se razona
específicamente en el auto recurrido, con la puntual reserva, que venimos
anunciando y que argumentaremos en el razonamiento jurídico 5°-,
que los "actores han presentado una demanda no de exequátur sino de
ejecución de unas decisiones extranjeras que aún no eran ejecutivas".
Ello, generalizadamente no es así. Y la propia parte solicitante de la
ejecución, que cuidó, de no incluir en la solicitud de ejecución, la cantidad
de 1200763 francos franceses, en relación con la numerada por ella
"sentencia núm. 7", número de expediente 9700852/LL, porque dicha
cantidad, actualmente "se encuentra en trámites de recurso".
No hay ninguna "cuestión perjudicial", que plantear, ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, en aplicación ahora, -hasta la entrada en
vigor del Reglamento 44/2001-, del protocolo relativo a la interpretación
por el Tribunal de Justicia del Convenio de 1968, de 3 de junio de 1971,
al que se adhirieron, los diversos estados miembros suscribientes del
Convenio, en los sucesivos convenios de adhesión al mismo.
El motivo de recurso examinado ha de ser desestimado.
TERCERO. - Sobre la pretendida ausencia de carácter ejecutorio de las
resoluciones cuya ejecución se pretenden.
Ya hemos expresado, en el precedente fundamento, que en efecto, uno
de los requisitos, tanto en el convenio como en el reglamento, para
que se proceda a la ejecución, es la acreditación, de que la misma es
ejecutoria y ha sido notificada, - art. 47.1 del Convenio-. Pero como
también hemos señalado, este control, acerca de la ejecutoriedad
y comunicación de las siete resoluciones jurisdiccionales, dictadas
por Tribunales Franceses, referidas, por la parte solicitante en esta
faceta, de la ejecución reseñada en el hecho segundo de su escrito de
solicitud de ejecución, y documentadas, tal y como se razona en el auto
recurrido, en cuanto a su autenticidad, ejecutoriedad y comunicación a
la parte ejecutada, satisfacen perfectamente, las exigencias del citado
artículo 47.1 del Convenio. En el desarrollo del motivo de recurso que
examinamos, no se ofrecen argumentos tendibles, para desconocer el
pronunciamiento jurisdiccional de la instancia, sobre la concurrencia de
requisito formal, determinantes de la ejecutoriedad y de comunicabilidad
de las resoluciones, frente a los que se exponen en el auto recurrido.
Sin perjuicio, de lo ya referido en el precedente razonamiento, sobre la
existencia en el Convenio y en el Reglamento de disposiciones de carácter
"self-executing", ha de convenirse, en que el primer presupuesto, para
que la resolución sea ejecutable en el estado requerido, es que lo sea
también en el estado requeriente, de ahí la cautela, que se establece
en el art. 38 del Convenio, -art. 46 del Reglamento-, reconociendo, la
facultad, al Tribunal que conoce de los recursos ordinarios, de casación y
sus equivalentes, para suspender el procedimiento, cuando la resolución
a ejecutar, hubiera sido objeto de "recurso ordinario", en el estado de
origen. No es el lugar y momento procesal adecuado, para detenernos,
en la determinación jurídica, sobre cual sea el concepto, -autónomo de
"Bruselas"-, de "recurso ordinario", en cualquier caso, en esta fase del
procedimiento en la que nos hallamos, tan sólo debemos recordar, a la
parte recurrente, que la posibilidad de suspensión del procedimiento de
ejecución, que se regula en los citados artículos 38 y 46 respectivamente
del Convenio y del Reglamento, sólo es operativa, a instancia de la parte
que hubiera interpuesto, el expresado "recurso ordinario", o si esta parte
acreditara, que el plazo para interponerlo no hubiere expirado. La parte
recurrente, no lo hace así, por ello, nuevamente, el motivo de recurso que
examinamos, carece de fundamento atendible.
CUARTO. - Sobre el motivo de recurso relativo a "multa civil y orden
público".
A este respecto, debemos recordar, que con arreglo al art. 43 del
Convenio y al art. 49 del Reglamento, las "multas coercitivas",
-"astreintes", en la terminología del derecho procesal civil francés, sólo
pueden ejecutarse en el estado requerido, cuando la cuantía hubiera
sido fijada definitivamente por el Tribunal del Estado de origen. La
determinación de este tipo de multas, no puede considerarse, contraria
al "orden público", es decir su imposición, a una de las partes en litigio,
y en beneficio de la contraparte, no íntegra, un supuesto de denegación
de reconocimiento y de la ejecución de las resoluciones extranjeras, que
se regulan en el art. 27.1 del Convenio y en el art. 34.1 del Reglamento,
con la importante matización, de que para denegarse reconocimiento
por esta causa, la contradicción, del reconocimiento o la ejecución,
con el orden público, ha de ser manifiesta. Es oportuna, la cita, de la
sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión, de 28 de marzo
de 2000, en el caso Krombach/Bamberski), concretamente, en referencia
de su parágrafo tercero, a que "el menoscabo debería constituir una
violación manifiesta y una norma jurídica considerada esencial en el
Ordenamiento Jurídico del Estado requerido o de un derecho considerado
como fundamental en ese Ordenamiento". Con la fijación, de una multa
coercitiva, o en la terminología del derecho procesal civil francés, como
hemos dicho "astreinte", no se está fingiendo, ese concepto nuclear de
orden público, máxime, si se tiene en consideración, que en la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil, se regulan las multas coercitivas, como
una compulsión directa en la ejecución no dineraria, - generalmente
de obligaciones de hacer o no hacer-, además de en otros supuestos,
-a título de ejemplo arts. 247.3 y 591.2-, con la concreta dirección al
cumplimiento en forma específica de las sentencias que condena a un
hacer personalísimo o a un no hacer, "arts. 709.1 a 3 y 710.1 LEC/OO.
Apartándose de este modo en una Ley de Enjuiciamiento Civil, de la
inclinación de nuestro anterior sistema procesal, a la fijación generalizada
de una indemnización pecuniaria sustitutiva. Nuevamente, el motivo que
se examina, no puede ser atendido.
QUINTO. - Sobre la "ausencia de aprobación judicial de algunas de las
facturas de profesionales cuya ejecución en España se pretende".
Ante todo, para valorar este motivo de recurso, ha de recordarse, que
con arreglo al art. 25 del convenio, -art. 32 del reglamento-, se entiende
por resolución a los efectos del convenio, - también del reglamento-,
cualquier decisión adoptada por un Tribunal de un Estado contratante
con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto,
sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por
el cual el Secretario Judicial liquidare las costas del proceso
En el hecho cuarto de su solicitud de ejecución, la representación procesal
Don Lázaro..., se reclaman las costas judiciales ocasionadas y a las que
se ha condenado a la parte demandada, tanto las generadas en primera
instancia en el Juzgado de Bayona, como las generadas en el Tribunal
de Apelación de Pau, presentando facturas reclamadas y no pagadas,
distinguiendo entre las facturas del Procurador D. Jean Ives Rodon, -
cuatro facturas, de las cuales, tres han sido abonadas por el solicitante
de la ejecución y una no lo ha sido, por un total de 575.271 pesetas-
las facturas de la perito Dª. Maribel..., -tres facturas, por un total de
20.655 pts., no abonadas por el Sr. Lázaro... - y la factura del experto
judicial D. Ramón..., concretamente, la numerada con la letra a, por un
total de 6.825 francos, 170.625 pesetas. Razonadamente, se expone,
en el motivo cuarto del recurso que analizamos, que las facturas que
no hayan sido abonadas, no pueden ser reclamadas en el presente
procedimiento de ejecución, ello es así y sobran mayores disquisiciones,
habida cuenta del concepto de resolución a ejecutar que se ha transcrito.
Por ello, habrá de excluirse, la factura b) por 13.705, 57 francos, del
Procurador Yean Ives Rodon, así como las tres facturas de la perito
Dª. Maribel..., por un total de 20.655 pts. Con relación a las restantes
facturas del Procurador Sr. Rodon, no se impugna específicamente como
factura a), por un importe de 3.390,77 francos por lo cual, la misma
habrá de ser declarada ejecutoria. Respecto a las facturas c y d, se
especifica, que se trata de solicitudes de provisión de fondos, hallándose
la responsabilidad de su pago pendiente de la decisión que en su día
puedan adoptar los Organos Jurisdiccionales franceses. A este respecto,
se aduce por la parte solicitante de la ejecución, que con relación a la
factura c) por un total de 2.412,00 francos, la misma ha sido abonada,
una vez pagada, el Procurador envía, al solicitante de la ejecución una
carta que se unirá de recibo, otorgando derecho de subrogación frente
a la parte ahora recurrente, igual acontece, con la factura por importe
de 3502, 51 francos. La cuestión radica, en que no existe acreditación
por la parte solicitante de la ejecución, de que exista una resolución
jurisdiccional, -del órgano Judicial como tal, o de la Secretaría, es decir,
del "grefier"-, por la cual, se liquiden las costas del proceso, con relación
a esta dos concretas facturas, las mismas no pueden ser ejecutadas
en el marco del convenio, ni como se ve tampoco lo podrán ser, en el
marco del Reglamento en tanto en cuanto no se justifique, la resolución
jurisdiccional de tasación. Finalmente, por lo que respecta a la factura
a del experto judicial Sr. Ramón..., por importe de 6.825 francos, se
establece en el recurso, que tan sólo existe una "Ordonans de taxe", de
fecha 6 de julio de 1995, en la que se fijan los honorarios del perito, en
la cantidad de 13.649, 67 francos, distribuyendo estos honorarios entre
las partes por mitad. Frente a ello, la parte solicitante de la ejecución,
mantiene, que incumbe, parte ejecutada, la obligación del pago del
importe total de la factura del experto judicial Sr. Ramón..., porque ha
sido condenada en todas las costas y gastos de todos los procedimientos.
Pero como se ve, no justifica, que exista una resolución jurisdiccional, -o
de la que decían-, en virtud de la cual, se establezca un pronunciamiento
ejecutorio, diverso, al de distribución por mitad de terceras partes, fijada
en la "Ordonans de taxe", de 6 de junio de 1995. La ejecución, no se
puede otorgar, respecto a esta concreta factura, por importe de 6.825
francos franceses.
En consecuencia, el motivo de recurso que se ha examinado, ha de ser
parcialmente estimado.
SEXTO. - Por lo que respecta, a la solicitud de planteamiento de las
cuestiones prejudiciales, según hemos razonado ya en el razonamiento
segundo este Tribunal, no ha hallado, dificultad alguna, en la
interpretación y aplicación, de los arts. 31 a 36, ni el 27.1 del Convenio
de Bruselas, como se deduce de lo argumentado, en la totalidad del
razonamiento jurídico de la presente resolución. No existe precisión, por
tanto, de plantear, las "cuestiones prejudiciales solicitadas", al Tribunal de
Justicia de la Unión.
SEPTIMO. - Las costas causadas en el presente recurso de apelación, se
regularán, conforme a lo prevenido en el art. 398.2 LEC/00.
VISTOS: Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
III. - PARTE DISPOSITIVA:
ESTIMANDO PARCIALMENTE, el recurso de apelación, interpuesto por
la Procuradora Sra. GRÁVALOS, en representación de D. Carlos... y de
Dª. Carolina..., frente al auto, de fecha 12 de marzo de 2001, declarado,
mediante resolución de igual naturaleza, de 28 de marzo, resoluciones
ambas dictadas por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia
núm. Cinco de esta ciudad, en autos de solicitud de reconocimiento
y ejecución de resoluciones dictadas por los Tribunales Franceses, en
aplicación del Convenio de Bruselas, DEBEMOS REVOCAR PARCIALMENTE,
la resolución recurrida, en el sentido, de declarar inejecutables, en el
Reino de España, 1.- Las facturas, numeradas, en el escrito de solicitud
de ejecución, con las letras b, c y d, del Procurador D. Jean Ives Rodon,
por importes respectivos, de 13.705, 57, 2.412, 00 y 3.502, 51 francos
franceses. 2.- Las facturas a b y c, de la perito Dª. Maribel..., por
importes respectivos de 42,21; 237, 67 y 546, 34 francos franceses.
3.- La factura a del experto judicial D. Ramón..., por importe de 6.825
francos franceses.