PRIMERO. - Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 61 de Madrid, en fecha
9 de enero de 2009 se dictó auto, cuya parte dispositiva es de tenor
literal siguiente: "Estimar la declinatoria de falta de jurisdicción y de
competencia internacional opuesta por la parte demandada, declarando
competentes para el conocimiento del presente asunto a los Juzgados de
Vicenza (Italia) y previniendo a las partes de que pueden hacer uso de
sus derechos frente a los mismos, quedando sobreseídas las presentes
actuaciones.".
Y en fecha 2 de febrero de 2009 se dictó auto aclaratorio del auto
anterior, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: "Se rectifica
el auto de fecha 9 de enero de 2009 dictada en el procedimiento juicio
ordinario 491/08 seguido a instancia de AGRO INDUSTRIAL G. CAPA
S.A representado por el Procurador Don JOSE ANDRES PERALTA DE LA
TORRE contra el demandado FARESIN HANDLERS, subsanándose el error
material contenido en la parte dispositiva lo siguiente del auto al no haber
incluido lo siguiente " "Estimar la declinatoria de falta de jurisdicción y de
competencia internacional opuesta por la parte demandada, declarando
competentes para el conocimiento del presente asunto a los Juzgados
de Vicenza (Italia) y previniendo a las partes de que pueden hacer uso
de sus derechos frentea los mismos quedando sobreseídas las presentes
actuaciones" y además añadir "que se acuerda condenar en costas al
demandante".
SEGUNDO. - Notificada la mencionada resolución, contra la misma se
interpuso recurso de apelación por la parte AGRO INDUSTRIAL G. CAPA
S.A., al que se opuso la parte apelada FARESIN HANDLERS, S.P.A., y
tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de
la LEC, se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el
recurso por sus trámites legales.
TERCERO. - Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación,
votación y fallo el día 27 de enero de 2010.
CUARTO. - En la tramitación del presente procedimiento han sido
observadas las prescripciones legales, excepto en el plazo para dictar
sentencia, debido al cúmulo de asuntos pendientes que pesan sobre esta
Sección.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución apelada, sin
perjuicio de las puntualizaciones que haremos sobre la legislación
aplicable.
PRIMERO. Contra el auto de fecha 9 de enero de 2009, subsanado por el
de 2 de febrero del mismo año, en el que el Juzgado de Primera Instancia
nº 61 de Madrid, estimando la declinatoria de falta de jurisdicción
y competencia internacional interpuesta por la entidad mercantil de
nacionalidad italiana FARESIN HANDLERS S. p.A., declaró competente
para conocer de esta demanda, en la que se solicitaba que se declarase
la resolución del contrato suscrito el día 26 de julio de 2006 entre la
misma y la entidad AGRO INDUSTRIAL G. CAPA S.A, a los Tribunales de
la localidad italiana de Vicenza, condenando a la parte que se opuso a la
declinatoria al pago de las costas procesales, se interpuso por la sociedad
española el recurso de apelación que nos corresponde analizar en este
momento, en el que, para solicitar que se revocase la decisión adoptada,
se alegaron los siguientes motivos:
A) Nulidad de actuaciones por incumplimiento de lo establecido en el
artículo 64.2 de la LEC sobre medidas cautelares, situación que le ha
causado un perjuicio irreparable, al no habérsele otorgado la tutela
judicial efectiva demandada al Tribunal.
B) Incongruencia y disparidad con el criterio manifestado y decidido por
otros Tribunales, con grave perjuicio para la parte apelante, a la hora de
interpretar y valorar la misma cláusula contractual.
C) Interpretación errónea de la cláusula 11 del contrato suscrito entre las
partes, donde se someten a los tribunales de Vicenza, en cuanto la misma
solamente debe ser de aplicación cuando se trate de cuestiones derivadas
de la interpretación y/o ejecución del contrato y en este caso lo que se
solicita es que se declare la resolución del mismo.
D) No es correcta la aplicación que se ha hecho por el Juzgado de
Instancia de las normas de competencia internacional, ya que de este
asunto debe conocer la jurisdicción española, en función de lo dispuesto
en el artículo 22.3 de la LOPJ., artículo 52.1.12ª de la L.E.C., Disposición
Adicional de la Ley 12/1992 de 27 de mayo sobre el contrato de Agencia,
el artículo 5.1) a) y b) del Reglamento del Consejo de la Unión Europea
y el Convenio suscrito entre España e Italia sobre asistencia judicial y
reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil,
publicado en el BOE de 15 de noviembre de 1997. Además nunca puede
aceptarse la sumisión expresa a los Tribunales de Vicenza, pues con la
misma se está vulnerando la prohibición legal de tales pactos de prórroga
de competencia en los contratos de adhesión.
E) Indebida aplicación del artículo 267,2 de la LOPJ., que regula la
rectificación de errores materiales en las resoluciones judiciales, ya que,
en base a tal precepto, se ha dictado un segundo auto, aclarando el
primero, que no hacía pronunciamiento alguno sobre la materia, en el
que se le condena en costas procesales, lo que supone una alteración
o modificación indebida del auto que admitió la declinatoria que le ha
causado una evidente indefensión.
SEGUNDO. Es cierto que el artículo 64 de la L.E.C., mientras se está
tramitando la declinatoria, permite, no obliga, que los Tribunales adopten,
a instancia de parte legítima, cualesquiera actuaciones de aseguramiento
de prueba, así como las medidas cautelares de cuya dilación pudieran
seguirse perjuicios irreparables para el actor, facultad que entendemos
que desaparece, tal como parece derivarse del artículo 65 del mismo
texto legal, cuando se resuelve la declinatoria admitiendo la falta de
competencia, pues, en tal momento, el Tribunal debe abstenerse de
conocer y sobreseer el proceso.
Por ello, no podemos aceptar la petición de la parte apelante, pues
cuando durante la vista para la adopción de medidas cautelares se
acordó por el Juzgado de Instancia la suspensión al haberse interpuesto
la declinatoria de la que estamos conociendo en este momento(último
folio del tomo I de las actuaciones), la parte apelante no interpuso
recurso alguno contra tal decisión, sino que la consintió, por lo que
ahora, cuando se ha decidido la declinatoria, parece improcedente que
se acuerde retrotraer el procedimiento a tal momento. En todo caso,
no puede aceptarse que se hayan prescindido de normas esenciales del
procedimiento que permitan decretar la nulidad de actuaciones (artículo
238.3º de la LOPJ y 225.3º de la LEC), pues el interesado debió ejercer
su derecho, que, no olvidemos, solo está previsto para situaciones
excepcionales, dentro de la pieza de medidas cautelares y no en la
declinatoria, que tiene por exclusivo objeto decidir quien sea el Tribunal
competente.
TERCERO. El que el Juzgado nº 12 de Madrid, al conocer de un juicio
cambiario interpuesto por la sociedad italiana contra la hoy apelante,
haya determinado que la jurisdicción española es la competente para
conocer de la materia, no pueden supeditar la decisión que adoptemos
en este asunto, en cuanto la materia es diferente, ya que en este caso se
solicita que se declare la resolución del contrato suscrito entre las partes
litigantes, y no nos corresponde revisar la decisión de ese Juzgado, lo que
solo podrá hacer el Tribunal que conozca del posible recurso interpuesto
contra la misma, sino la del Juzgado que estimó que para conocer de
la materia referente a la demanda que nos ocupa, distinta de la acción
cambiaria, debían ser declarados competentes los Juzgados de Vicenza
(Italia).
CUARTO. La cláusula 11ª del contrato de distribución, de sumisión
expresa o prorroga de la jurisdicción, que, además de ir contenida en
el contrato suscrito por las partes, fue específicamente aceptada, en
cumplimiento del artículo 341 del CC italiano, en una hoja anexa al
mismo, viene redactada en estos términos " para cualquier controversia
que pudiese surgir entre las partes por cualquier razón o título inherente a
la interpretación y/o ejecución del presente contrato será exclusivamente
competente el tribunal de Vicenza. El contrato está formalizado en Italia,
en lengua italiana y está regulado por la ley italiana."
No podemos aceptar la valoración restrictiva que sobre las palabras
"interpretación" y "ejecución", ha hecho la parte apelante, pues con
las mismas se pretende abarcar a todos los litigios derivados del
cumplimiento de este negocio jurídico, sin que olvidemos que para
decretar la resolución del contrato de suministro tal como solicitó la
sociedad española, deberíamos admitir que se ha incumplido el contrato y,
con ello, que el mismo no se ha ejecutado correctamente.
QUINTO. La LOPJ al regular la extensión y límites de la jurisdicción
española para conocer en materia civil establece que deberá estarse a lo
que determine la ley y los Convenios Internacionales de los que España
sea parte (artículo 21), fijando el artículo 22 los siguientes criterios,
primero regula unas materias de las que siempre deberá conocer la
jurisdicción española al ser de competencia exclusiva de la misma, sobre
las que no cabe sumisión (artículo 22.1), segundo admite la competencia
cuando exista la sumisión expresa o tácita de las partes a los juzgados
españoles o el domicilio del demandado se encuentre en España (artículo
22.2), y tercero, en defecto de los criterios anteriores, reconoce, en
diversas reglas, la competencia cuando exista conexión de la materia
litigiosa con el Estado Español (artículo 22.3), y así en la materia que
nos ocupa, obligaciones contractuales, declara la competencia de la
jurisdicción española cuando éstas hayan nacido o deban cumplirse en
España.
Ahora bien el artículo 22.3 de la LOPJ solo debe entrar en juego, en
defecto de sumisión expresa a una jurisdicción extranjera, pues debe
aceptarse la misma si está autorizado por lo dispuesto en los Convenios
Internacionales o en la Ley, que es lo que entendemos que ocurre en
este caso, en función de lo dispuesto en el Reglamento 44/2001 de 22
de diciembre del Consejo de la Unión Europea, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, que sustituyó al Convenio de Bruselas de
27 de septiembre de 1968 y es obligatorio en todos sus elementos
y directamente aplicable en todos los Estados miembros con arreglo
al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El artículo 23.1 del
Reglamento indica que "Si las partes, cuando al menos una de ellas
tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un
tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para
conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir
con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales
tribunales serán competentes. Esta competencia será exclusiva, salvo
pacto en contrario entre las partes. Tal acuerdo atributivo de competencia
deberá celebrarse: a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita;
o b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren
establecido entre ellas; o c) en el comercio internacional, en una forma
conforme a los usos que las partes conocieren o debieren conocer y
que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente
observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector
comercial considerado".
En este caso, como el pacto sobre prórroga de competencia se recogió
expresamente por escrito en el contrato cuya resolución se pretende,
apreciamos que concurren los requisitos para su aplicación, sin que
pueda entrar en juego el artículo 5,1, a) y b) del Reglamento 44/2001,
erróneamente invocado por la parte apelante, pues el mismo solo es
aplicable para regular la competencia, como norma de cierre, en defecto
de atribución exclusiva de competencia a un Estado y de pacto válido
sobre sumisión o prórroga de competencia.
SEXTO. El artículo 52.1.12ª de la L.E.C. y Disposición Adicional de la Ley
12/1992 de 27 de mayo no pueden alterar este criterio, ya que, al margen
de no guardar relación con la materia que es objeto de debate, cómo
ocurre con la competencia desleal que regula el artículo 51.1.12ª de la
LEC, o ser de dudosa aplicación, caso de la ley de agencia, los mismos
solo tienen cabida, como criterio de competencia territorial dentro del
Estado español, cuando sea la jurisdicción española la competente, sin
que sirvan para determinar la misma cuando se esta discutiendo sobre si
es o no competente la jurisdicción española, pues son las normas antes
indicadas las que las regulan la misma.
SÉPTIMO. El Convenio suscrito entre España e Italia en el año 1973 no es
de aplicación, pues el mismo se ocupa de la asistencia y reconocimiento
y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y no
establece normas para la fijación de la competencia judicial entre los
Estados que es la materia que nos incumbe en este momento. Además, el
mismo no está vigente, pues el artículo 69 del Reglamento 44/2001 indica
que "sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 66, y en
el artículo 70 (normas de derecho transitorio), el presente Reglamento
sustituirá, entre los Estados miembros, entre otros, al Convenio entre
España e Italia sobre asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Madrid el
22 de mayo de 1973".
OCTAVO. Por último examinaros si existe alguna limitación para aceptar
la prórroga de competencia o sumisión expresa regulada en la cláusula
11 del contrato suscrito por las parte, al encontrarnos, tal como entiende
la parte apelante, ante un contrato de adhesión o mejor dicho ante una
"cláusula de adhesión", la que regula la competencia internacional.
El artículo 23. 5 del Reglamento 44/2001 se ocupa de esta materia, es
decir los límites a los pactos de prórroga de competencia internacional,
indicando que "no surtirán efecto los acuerdos atributivos de
competencia........si fueren contrarios a las disposiciones de los artículo
13(competencia en materia de seguros), 17(sobre consumidores) y 21
(contratos individuales de trabajo) o si excluyeren la competencia de
tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 22(que, en
términos idénticos a la ley española, recoge materias de competencia
exclusiva de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea)".
Así pues, sin entrar a considerar si nos encontramos o no ante un contrato
o ante una cláusula de adhesión, debemos rechazar este último motivo,
ya que es evidente que es perfectamente válido el pacto de atribución
de competencia a los Tribunales de Vicenza, pues la sociedad AGRO
INDUSTIAL G. CAPA S.A. no puede considerarse un consumidor, tal como
es entendido por la legislación española (Ley General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios) y comunitaria (Directiva Comunitaria de 5 de
abril de 1993).
NOVENO. Aunque es cierto que el no haber hecho pronunciamiento en
materia de costas no puede considerarse un error material(artículo 267.2
LOPJ), también lo es que la ley permite que "las omisiones o defectos
de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario
remediar para llevarlas plenamente a efecto podrán ser subsanadas,
mediante auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento
establecido en el apartado anterior"(artículo 267.4 LOPJ), que es lo que
entendemos que se ha producido en este caso, donde en el primer auto
no se hizo pronunciamiento sobre costas. Por ello aunque se ha invocado
un precepto que no es el correcto, no podemos aceptar que se haya
cometido una alteración o modificación indebida del auto, pues en modo
alguno el Juzgado de Instancia se ha excedido de las atribuciones que le
concede la ley.
PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por
la sociedad anónima AGRO INDUSTRIAL G. CAPA, que viene representada
ante esta Audiencia Provincial por el procurador don José Andrés Peralta
de la Torre, contra el auto dictado el día 9 de enero de 2009, rectificado
por auto el día 2 de febrero de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia
nº 61 de Madrid en el procedimiento ordinario 491/2008 resolviendo
la declinatoria de competencia internacional, y CONFIRMAR la referida
resolución, con expresa condena a la parte apelante al pago de las costas
devengadas en esta segunda instancia.