PRIMERO. - El Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Orgaz,
conoció el juicio de menor cuantía número 118/94, seguido a instancia de
"Culi D'or, B.V.", sobre reconocimiento y ejecución de sentencia dictada
por el Tribunal de Distrito Judicial de Rotterdam, Países Bajos, contra la
sociedad española "Mopemar, S.L."
Por la Procuradora Sra. Calvo Almodovar, en nombre y representación de
la entidad "Culi D'Or, B.V." se formuló demanda en base a cuantos hechos
y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando
al Juzgado: "...previos los trámites exigidos por el Convenio citado en
el encabezamiento del presente escrito, acuerde el RECONOCIMIENTO
Y EJECUCION de la sentencia dictada por el Juzgado de Rotterdam,
Países Bajos, sala unipersonal el día 29 de Diciembre de 1993, por la
que se le condena a la sociedad española MOPEMAR, S.L. con domicilio
en la avenida Héroes del Alcázar, 32, Camuñas, Toledo, a pagar a
mi representada contra recibo liberatorio el importe de ciento cuatro
mil ochocientos setenta y cuatro florines holandeses (104.874, fl.)
(aproximadamente siete millones trescientas cuarenta y una mil ciento
ochenta pesetas 7.341.180, pts) a aumentar en el interés convencional
de 1,5% al mes sobre el importe de treinta y un mil novecientos cuarenta
y ocho florines holandeses (31.948, fl.) (aproximadamente dos millones
doscientas treinta y seis mil trescientas sesenta pesetas 2.236.360, pts.)
a computar desde el 16 de octubre de 1992, sobre el importe de cuarenta
y seis mil quinientos ochenta y seis florines holandeses con cuarenta
céntimos (46.586,40 fl.) (aproximadamente tres millones doscientas
sesenta y una mil veinte pesetas 3.261.020, pts.) a computar desde
el 1º de Noviembre de 1992, sobre el importe de cincuenta y tres mil
doscientos cuarenta y un florines holandeses con sesenta céntimos
(53.241,60 fl.) (aproximadamente tres millones setecientas veintiséis
mil ochocientas setenta pesetas 3.726.870, Pts.) a computar desde el
17 de noviembre de 1992 y sobre el importe de catorce mil ciento doce
florines holandeses (14.112, fl.) (aproximadamente novecientas ochenta
y siete mil ochocientas cuarenta pesetas 987,840, pts.) a computar desde
el 26 de enero de 1993, en todos los casos hasta la fecha de pago del
importe total. Condena a la parte demandada al pago de las costas del
juicio, que hasta esta sentencia se cifran por parte de la demandante en
mil setecientos setenta y siete florines holandeses con ochenta céntimos
(1.777,80 fl) (aproximadamente ciento veinticuatro mil trescientas
noventa pesetas 124.390, pts.) en concepto de gastos y mil cuatrocientos
florines holandeses (1.400, fl.) (aproximadamente noventa y ocho mil
pesetas 98.000, pts.) por honorarios del Procurador.- Y que adopte a tales
efectos todas las medidas oportunas y trámites.".
Con fecha 11 de mayo de 1994, el Juzgado dictó Auto con el siguiente
acuerdo: "DISPONGO: Haber lugar al reconocimiento y ejecución de
la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito Judicial de Rotterdam,
Países Bajos, Sala unipersonal, el día 29 de diciembre de 1993 contra
la sociedad española MOPEMAR, S.L. con domicilio en la Avenida
Héroes del Alcázar nº 32 de Camuñas (Toledo), por la que se condena
a la demandada a pagar contra recibo liberatorio a la demandante la
compañía holandesa CULI D'OR B.V." el importe de 104.874 florines
holandeses (aproximadamente 7.341.180 Pts) a aumentar en el interés
convencional de 1,5 % al mes sobre el importe de 31.948 florines
holandeses (aproximadamente 2.236.360 Pts.) a computar desde el 16
de octubre de 1992, sobre el importe de cuarenta y seis mil quinientos
ochenta y seis florines holandeses con cuarenta céntimos (46.586,40
fl.) (aproximadamente tres millones doscientas sesenta y una mil veinte
pesetas 3.261.020 Pts) a computar desde el 1º de Noviembre de 1992,
sobre el importe de cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y un florines
holandeses con sesenta céntimos (53.241,60 fl.) (aproximadamente
tres millones setecientas veintiséis mil ochocientas setenta pesetas
3.726.870, Pts.) a computar desde el 17 de noviembre de 1992 y sobre
el importe de catorce mil ciento doce florines holandeses (14.112 fl.)
(aproximadamente novecientas ochenta y siete mil ochocientas cuarenta
pesetas 987,840 pts.) a computar desde el 26 de enero de 1993, en todos
los casos hasta la fecha de pago del importe total. Condena a la parte
demandada al pago de las costas del juicio, que hasta esta sentencia
se cifran por parte de la demandante en mil setecientos setenta y siete
florines holandeses con ochenta céntimos (1.777,80 fl) (aproximadamente
ciento veinticuatro mil trescientas noventa pesetas 124.390 pts.) en
concepto de gastos y mil cuatrocientos florines holandeses (1.400
fl.) (aproximadamente noventa y ocho mil pesetas 98.000 pts.) por
honorarios del Procurador, y con imposición a la entidad ejecutada de las
costas y gastos del procedimiento."
SEGUNDO. - Notificado a las partes el anterior Auto, por la representación
procesal de la entidad demandada "Mopemar, S.L., se interpuso recurso
de apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada por la Audiencia
Provincial de Toledo, dictándose Auto por la Sección Primera, con fecha
21 de noviembre de 1994 y cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: "Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la
Procuradora Sra. Virtudes González, en representación de MOPEMAR, S.L.,
contra el auto de fecha 11 de mayo de 1994 recaído en el procedimiento
de ejecución de sentencia extranjera número 118/94 del Juzgado de 1ª
Instancia número 1 de Orgaz, debemos confirmar y confirmamos dicha
resolución, imponiendo al recurrente las costas de esta alzada.".
TERCERO. - Por el Procurador Sr. Pulgar Arroyo, en nombre y
representación de "Mopemar S.L.", se presentó escrito de formalización
del recurso de casación ante este Tribunal Supremo, con apoyo procesal
en los siguientes motivos: Primero: "Violación, por no aplicación de los
arts. 300 de la Ley de Enjuiciamiento civil y 276 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1.965
(BOE 25 de Agosto de 1.987), en base al párrafo 3º del art. 1.692 de la
LEC". Segundo: "Infracción de los arts. 27.1 y 2 y 28 del Convenio de
Bruselas de 27 de septiembre de 1.968, ratificado por el Estado Español el
29 de octubre de 1990 (BOE 28 de enero de 1991), en base al párrafo 4º
del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
CUARTO. - Admitido a trámite el recurso y evacuado el traslado conferido,
por la representación procesal del recurrido, se presentó escrito de
impugnación al mismo.
QUINTO. - No habiéndose solicitado por ambas partes la celebración de
vista pública, por la Sala se acordó señalar para la votación y fallo del
presente recurso el día veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa
y nueve, a las 10'30 horas, en el que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA
CUESTA
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - El primer motivo del actual recurso de casación lo residencia
la parte recurrente en el artículo 1.692-3 de la Ley de Enjuiciamiento,
puesto que en el auto recurrido, según dicha parte, se han infringido el
artículo 300 de dicha Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 276 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y el Convenio de la Haya de 15 de noviembre
de 1.965. Hay que suponer que con dichas infracciones preceptuales la
parte recurrente da a entender que en dicho auto se han vulnerado los
actos y garantías procesales provocándole indefensión.
Este motivo debe ser desestimado con todas sus consecuencias.
La base fáctica de la presente contienda judicial se puede centrar
en los siguientes datos: a) La parte, ahora, recurrente fue requerida
notarialmente el 24 de septiembre de 1993 para comparecer como
demandada en la Audiencia Civil de la Sala Unipersonal del Tribunal
de Distrito de Rotterdam, por causa de la demanda interpuesta por la
parte, ahora, recurrida. b) Asimismo dicha parte, ahora, recurrente fue
notificada de la demanda por medio de agente judicial holandés por
correo certificado con acuse de recibo. c) La parte, ahora, recurrente
recibió un nuevo requerimiento notarial el 15 de febrero de 1994 por
el que se le notificaba la sentencia condenatoria en su contra por dicho
Tribunal, el 29 de diciembre de 1993. Todo lo cual supone para dicha
recurrente, y según ella, una flagrante indefensión porque no fue
emplazado en forma.
Efectivamente los artículos 300 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 276
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, determinan una serie de normas
formales y burocráticas para la práctica de diligencias judiciales con
efectos extranacionales, pero estableciendo como norma primigenia lo
que dispongan los tratados internacionales.
Pues bien el tratado internacional por antonomasia regulador de la
competencia judicial y ejecución de decisiones de materia civil y mercantil
es el plasmado en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de
1.968, al que se adhirió el Estado Español el 26 de mayo de 1.989; y
concretamente el artículo 27-2 del mismo que determina que aparte
de la entrega de la cédula de emplazamiento para notificar diligencias
judiciales, ello puede hacerse por otro documento equivalente. Es más
clarificador aún, lo dispuesto en los artículos 8 y 10 del Convenio de la
Haya de 15 de noviembre de 1.965, ratificado por el Estado Español el 29
de abril de 1.987, relativos a la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial; en
dichos preceptos se establece la clara posibilidad de remitir directamente
por vía postal o a través de funcionarios ministeriales u otras personas
competentes, cualquier clase de documento judicial.
En el presente caso la parte recurrente ha sido emplazada y notificada
de actos judiciales no solo a través de correo con acuse de recibo, sino
también a través de actuaciones de personas que en el presente caso
pueda estimarse como funcionarios estatales como son los Notarios,
además, con tiempo suficiente. Con lo que se excluye una situación
de indefensión de la parte recurrente por el hecho de ser ejecutada en
España una resolución dictada por un Tribunal holandés, aunque se haya
dictado en rebeldía de la misma, ya que el emplazamiento que se le
efectuó no sólo se hizo de forma regular, sino con tiempo suficiente para
defenderse.
Pero es más, en este sentido se ha construido una doctrina pacífica
y constante derivada de las sentencias del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, denominado, asimismo, Tribunal de Luxemburgo
-dado el lugar de su sede geográfica-, en el sentido de posibilitar la
ejecución de sentencia extranjera dictada en rebeldía del demandado,
cuando este fue emplazado en forma y con tiempo suficiente. Así, como
ejemplo, están entre otras, la sentencia de 6 de mayo de 1.980 -Recueil
1980- Beunard Danitarter c.SNC Couchet Féres-Obeuland desgericht de
Franfort am Main-; la sentencia de 16 de junio de 1.981 - Recueil 1981-
Peter Klomps c. Karl Michel -Hoge Reaad de Holanda-; la sentencia de 15
de julio de 1.982 -Recueil 1982- Pendi Plastic Products BV c. Pluspunki
Handelsgesellsshayt mbH-Bundesgerichstshoy de la R.F.A. - ; la sentencia
de 11 de junio de 1.985 -Recueil 1985- L.E.G.L. Debacker y Berthe
Plouvier c. C.G. Bowman -Hoge Raade de Holanda- y la sentencia de 4 de
febrero de 1.988 -Recueil 1.988- Hoffmann c. Krieg.
En cuanto a entrar en juego lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Código
Civil, que regulan el fraude de ley y el abuso de derecho, entre otras
cuestiones, no tiene razón de ser, desde el instante mismo, que ha
quedado palmariamente demostrado la ausencia absoluta de indefensión
en la actuación judicial de la parte recurrente, que en la presente cuestión
ha gozado de la tutela judicial efectiva que preconiza el artículo 24 de la
Constitución Española.
SEGUNDO. - El segundo motivo lo fundamenta la parte recurrente en
el artículo 1.692-4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que en
la sentencia recurrida se han infringido, sigue diciendo dicha parte, el
artículo 27-1 y 2 y el artículo 28 del Convenio de Bruselas de 27 de
septiembre de 1.968, ratificado por el Estado Español el 29 de octubre
de 1990 (B.O.E. de 28 de enero de 1991. Luego mas tarde añade que,
asimismo, estimar infringidos los artículos 5-1, 13 y 14 del referido
Convenio, que establece normas de competencia.
Este motivo debe, como su predecesor, ser desestimado.
Al actual motivo para demostrar su decaimiento solo hace falta reproducir
lo que se ha dicho en el anterior fundamento jurídico. No ha habido
indefensión con respecto a la parte recurrente por lo que es ejecutable la
sentencia dictada por el Tribunal Holandés, a pesar de haber sido dictada
en rebeldía, puesto que dicha parte recurrente, antes demandada, fue
emplazada con arreglo a Ley y con tiempo suficiente.
En cuanto al problema competencial, aparte que la parte recurrente no
planteó la cuestión en tiempo y forma correcta, ahora cuando lo hace,
incurre en extemporaneidad, y además no tiene en cuenta lo dispuesto
en el artículo 28-2 y 3 del referido Convenio de Bruselas, cuando dice
que es de apreciación exclusiva de los Tribunales del Estado de origen y
excluidas de la casación, por ser una "questio facti" las determinaciones
de las reglas de competencia procesal.
TERCERO. - En materia de costas procesales y en esta clase de recursos
se seguirá la teoría del vencimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo
1.715-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por lo que las mismas en el
presente caso se impondrán a la parte recurrente, que a su vez perderá el
depósito, por ella, constituido.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el
pueblo español
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación
interpuesto por la firma "MOPEMAR S.L." frente al auto dictado por la
Audiencia Provincial de Toledo.