PRIMERO. - La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de
hecho contenidos en la resolución apelada.
SEGUNDO. - Con fecha 3 de Marzo de 2009 por el Juzgado de Primera
Instancia nº 79 de los de Madrid se dictó Auto cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente: "SSª ACUERDA. - LA INADMISION DE
LA DEMANDA presentada por la Procuradora MARIA JOSE BARABINO
BALLESTEROS en nombre y representación de Julieta, formulada frente a
Obdulio, por falta de competencia judicial internacional.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el
término de cinco días que se preparará ante este mismo Juzgado.
Así lo acuerda, manda y firma SSª. Doy fe."
TERCERO. - Notificada la mencionada resolución a las partes, contra la
misma se interpuso recurso de apelación por la representación legal de
Doña Julieta presentado en el escrito de alegaciones los motivos de su
impugnación.
Remitiendo los autos a esta Superioridad se acordó señalar deliberación,
votación y fallo para el día 22 de Octubre del presente año.
CUARTO. - Que en la tramitación de este recurso se han observado y
cumplido las prescripciones legales, salvo plazo para dictar resolución.
II. - RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - La dirección letrada de Doña Julieta se alzó contra la
resolución de instancia reclamando su revocación al considerar que los
órganos jurisdiccionales españoles son competentes parara conocer de la
demanda interpuesta.
SEGUNDO. - La cuestión suscitada tiene su origen en la demanda
interpuesta por la representación de Doña Julieta de relaciones paterno-
filiales contra Don Obdulio, en relación con la hija común Natalia nacida
el 29 de Marzo de 2006, señalándose en la demanda (hecho segundo)
que ésta se encuentra temporalmente en la República Dominicana, en
compañía de una tía materna. Se trata de determinar si los órganos
judiciales españoles tienen jurisdicción para conocer de esta demanda y
para ello hay que aplicar el Reglamento (C.E.) nº 2201/2003 el Consejo
de 27 de Noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental, prevaleciendo dicho Reglamento sobre la ley
interna en virtud del artículo 96 de la Constitución Española. El objeto de
la demanda está incluido en el ámbito de aplicación del reglamento: en
la consideración preliminar 5 se afirma que con ánimo de garantizar la
igualdad de todos los hijos, el presente reglamento se aplica a todas las
resoluciones en materia de responsabilidad parental, incluidas las medidas
de protección del menor, con independencia de que estén vinculadas o no
a un procedimiento en materia matrimonial, el artículo 1 b) establece que
el presente reglamento se aplicará con independencia de la naturaleza
del órgano jurisdiccional a la atribución, el ejercicio, la delegación, la
restricción o la finalización de la responsabilidad parental y el artículo
2-7) define la responsabilidad parental como los derechos y obligaciones
conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución
judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos,
en relación con la persona o los bines del menor; el término incluye, en
particular, los derechos de custodia y visita.
El artículo concreto para la resolución de la cuestión analizada es el
artículo 8 incluido en la sección 2 titulada "Responsabilidad parental"
que establece que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro
serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto
de un menor que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el
momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional.
No es de aplicación el artículo 12 del reglamento, ya que requiere la
existencia previa de una demanda de divorcio, separación judicial o
nulidad matrimonial, tampoco es de aplicación el artículo 22-3 de la
L.O.P.J. que destaca la parte apelante, dada la prevalencia del Reglamento
aludido sobre esta Ley Orgánica en base al sistema jerárquico de fuentes
del Derecho. Por residencia habitual, que es el concepto utilizado en
el artículo 8, debe entenderse el lugar en que la persona ha fijado con
carácter estable, el centro permanente o habitual de sus intereses,
siendo éste un criterio autónomo del Reglamento que no coincide
necesariamente con el concepto de residencia legal. En general puede
decirse que la totalidad de la doctrina científica y los Informes Oficiales
como el preparado por el profesor M.W. Von Steiger coinciden en que
el concepto de residencia habitual es un concepto más fáctico que
jurídico. Se trata del país donde el menor tiene su centro social de vida
y para determinar tal lugar habrá que acudir a datos de hecho como la
estabilidad de la residencia y la voluntad del menor de permanecer en un
país concreto.
Con la documentación aportada con la demanda no puede desprenderse
que la hija Natalia tenga la residencia habitual en España, sino que
hay datos que permiten inferir todo lo contrario: en la demanda se
señala que la hija Natalia se encuentra temporalmente en República
Dominicana, en compañía de una tía materna, pero sin indicar ni siquiera
por aproximación cuando se inició esta pretendida estancia temporal y
los documentos aportados con la demanda que obran del folio 15 al 19
ambos inclusive demuestran que el momento de interponerse la demanda
en Diciembre de 2008 la hija permanecía en la República Dominicana al
menos desde Abril del mismo año. También es significativo que a pesar
del razonamiento del auto recurrido no se aporte documento alguno
relativo a la residencia del menor con el recurso de apelación.
En base a lo expuesto consideramos que no concurre el requisito de
residencia habitual de un menor en un Estado miembro exigido en el
artículo 8 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 y el recurso de apelación
debe ser desestimado.