PRIMERO. - Se aceptan los hechos de la resolución recurrida.
SEGUNDO. - Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante
el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 9 de julio de
2010, se dictó auto cuya parte dispositiva dice así: "SE ACUERDA, estimar
la cuestión de declinatoria promovida por la parte demandada en su
escrito de fecha 19/5/2010, y a su vez se declara la falta de jurisdicción
de los Tribunales Españoles para conocer de la demanda objeto de este
proceso, absteniéndose este Juzgado de continuar conociendo de la
misma, sobreseyéndose el proceso sin más trámite, sin perjuicio de
cuantas acciones y derechos correspondan a las partes ante los Tribunales
extranjeros competentes para hacer valer su pretensión; y todo ello, con
hacer expresa imposición de costas causadas en este proceso a la parte
actora."
TERCERO. - Notificado a las partes el referido auto, por la representación
de D. Marco Antonio se preparó recurso de apelación, que fue interpuesto
dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte
contraria se presentó escrito de oposición al recurso. Remitidos los autos
del juicio a este Tribunal y personadas las partes, se señaló para la
deliberación, votación, fallo del recurso el día 15 de febrero de 2011, en
que ha tenido lugar lo acordado.
Vistos, siendo ponente D. FRANCISCO SALINERO ROMAN.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Poco podemos y debemos añadir a los acertados argumentos
tenidos en cuenta por el Juzgador "a quo" para resolver como lo hace por
lo que los hacemos nuestros en su integridad. Estamos en presencia de
un litigio transfronterizo que en materia de competencia debe ser regido
por los instrumentos internacionales que obligan a los Jueces españoles.
En este caso el Reglamento comunitario (CE) del Consejo 2201/2003
de 27 de noviembre sobre competencia, reconocimiento y ejecución
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad
parental. Conciliando dicha norma comunitaria de eficacia directa con la
normativa contenida en la L.E.Civil es claro que los Jueces españoles,
de oficio o a instancia de parte, deben apreciar su falta de competencia
internacional (art. 38) o declinarla (art. 39) cuando la denuncia la parte.
El asunto debatido entre las partes relativo a la guarda y custodia y
alimentos de dos menores es evidente que encaja en el concepto de
responsabilidad parental en los términos del apartado 7 del art, 2 del
Reglamento 2201/2003 que define la responsabilidad parental como los
derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en
virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo
con efectos jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un menor.
El término incluye, en particular, los derechos de custodia y visita;
En materia de responsabilidad parental la norma internacional para
determinar el Órgano jurisdiccionalmente competente aparece contenida
en el art. 8 del Reglamento que establece que serán competentes l os
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que los menores
residan habitualmente en el momento en que se presenta el asunto
ante el órgano jurisdiccional. El concepto de residencia habitual de los
menores a los efectos del Reglamento ha sido definido por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. Así se considera que la mera presencia
física del menor en un Estado miembro, en cuanto norma subsidiaria
respecto de la enunciada en el artículo 8 del Reglamento, no puede bastar
para determinar la residencia habitual del menor. (Sentencia de 2/4/09
C-523-07).
La determinación de qué debe considerarse residencia habitual debe
hacerse a la vista del contexto de las disposiciones y del objetivo del
Reglamento, en particular, del que resulta de su duodécimo considerando,
según el cual las normas de competencia que establece dicho Reglamento
en materia de responsabilidad parental están concebidas en función
del interés superior del menor, y en particular en función del criterio de
proximidad.
El concepto de residencia habitual de los menores es específico y no
puede identificarse con el concepto de residencia habitual en otros
ámbitos del Derecho de la Unión Europea.
La «residencia habitual» del menor en el sentido del artículo 8, apartado
1, del Reglamento, debe determinarse sobre la base de un conjunto de
circunstancias de hecho que son particulares en cada caso.
El concepto de «residencia habitual», con arreglo al artículo 8, apartado
1, del Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que dicha
residencia se corresponde con el lugar en el que el menor tenga una
cierta integración en un entorno social y familiar. A estos efectos deben
considerarse, en particular, la duración, la regularidad, las condiciones y
razones de la permanencia en el territorio de un Estado miembro y del
traslado de la familia a dicho Estado, la nacionalidad del menor, el lugar y
las condiciones de escolarización, los conocimientos lingüísticos, así como
las relaciones familiares y sociales que el menor mantiene en el referido
Estado.
Es competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales determinar
la residencia habitual del menor teniendo en cuenta el conjunto de
circunstancias de hecho particulares en cada caso.
La prueba practicada es contundente sobre la falta de residencia de
los menores en España en los términos expuestos. En el documento
del Ayuntamiento de Valladolid que certifica el empadronamiento de
los menores en esta ciudad presentado con la demanda no figura el
empadronamiento de los menores y sí solo el del recurrente. El obrante
al folio 64 sí contiene el empadronamiento de los menores pero es de
fecha 19 de abril de 2010 es decir posterior en 4 días a la fecha de la
presentación de la demanda. Ello significa que al tiempo de presentación
del caso ante el Juzgado vallisoletano carecía de competencia conforme
a la normativa comunitaria citada. Y además el simple certificado o
empadronamiento de los menores no puede considerarse como prueba
de su residencia habitual en España en los términos en que el Tribunal
de Justica europeo ha construido dicho concepto pues las pruebas
aportadas demuestran que el arraigo e integración de los menores se
encuentra en Francia donde han vivido normalmente, están escolarizados,
son asistidos sanitariamente con regularidad desde su nacimiento, los
progenitores tienen una propiedad en régimen compartido y donde incluso
el recurrente sigue manteniendo y desarrollando su labor profesional.
Lo expresado solo puede conllevar la desestimación del recurso.
SEGUNDO. - Al rechazarse las pretensiones de impugnación de la parte
apelante le imponemos las costas de esta alzada por disponerlo así el art.
398. 1 de la L.E.Civil.