PRIMERO. - El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 15
de enero de 2007, en el juicio antes dicho, cuya parte dispositiva es
como sigue: "Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
Sr. Olmedo Jiménez, en nombre y repesentación de Don Moises, DOÑA
Covadonga, Don Jose Pedro, DOÑA Gregoria, Don Indalecio, DOÑA Julia,
Don Roberto, DOÑA Virtudes, Don Juan Carlos, Don Bienvenido, Don
Fructuoso, DOÑA Elisenda, CON Nemesio Y DOÑA Paloma contra Don
Augusto, representado por el Procurador Sr. Ansorena Huidobro, y en
el que intervino como tercero Dª Sofía, representada por el procurador
Sr. Martínez del Campo, debo declarar y declaro perfeccionada la
compraventa por parte de los actores de la finca objeto de litigio, y en
consecuencia, debo condenar y condeno al demandado D. Augusto a
otorgar escritura pública de compraventa a favor de los actores de la finca
" DIRECCION000 ", sita en el Partido de las Chapas de Marbella, y que
ocupa en su interior la casa denominada " DIRECCION001 ". La etensión
total de la finca es de 7.260,67 metros cuadrados, que lindan al Norte
con terrenos propiedad de los Sres. Olegario y de Brisamar; al Este, con
camino de la Urbanización DIRECCION002; al Sur, con terrenos de Don
Antonio y del Sr. Eulogio,; al Oeste, con terrenos restos de las fincas
matrices de que procede, propios de los herederos de Don Pedro; y, en
su extremo Noroeste, con el camino de acceso, de uso común para esta
finca y para los terrenos resto de la finca matriz. Dicha parcela constituye
la finca registral NUM000 -antes NUM001 - inscrita en el Registro de la
Propiedad número Uno de Marbella, en los términos contenidos en el
contrato privado celebrado en fecha 25/3/00 (doc. nº 1 de la demanda)
y con pago simultaneo con parte de los actores al Sr. Augusto de la
parte del precio pendiente ascendente a SEISCIENTOS SESENTA MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS
(660.729,51 euros). Y ello con imposición a la parte demandada de las
costas causadas.
Y que desestimando la reconvención formulada por el Procurador Sr.
Martínez del Campo, en nombre y representación de DOÑA Sofía,
contra Don Moises, DOÑA Covadonga, Don Jose Pedro, DOÑA Gregoria,
Don Indalecio, DOÑA Julia, Don Roberto, DOÑA Virtudes, Don Juan
Carlos, Don Bienvenido, Don Fructuoso, DOÑA Elisenda, CON Nemesio
Y DOÑA Paloma, y contra Don Augusto, debo absolver y absuelvo a los
demandados reconvenionales de las pretensiones que se contenían en
su contra en la demanda reconvencional; ello con imposicion a la actora
reconvencional de las costas causadas.".
SEGUNDO. - Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el
Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo
elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se
ha turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día 22 de
Mayo de 2008 quedando visto para sentencia.
TERCERO. - En la tramitación del recurso se han observado las
prescripciones legales.
Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MANUEL TORRES VELA
quien expresa el parecer del Tribunal.
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada
II. - FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Frente a la sentencia de instancia, estimatoria de la demanda
origen de este procedimiento, que declaró perfeccionada la compraventa
por parte de los actores de la finca litigiosa, condenando al demandado
a otorgar escritura pública de la citada finca a favor de aquellos, se alza
los presentes recursos de apelación, el del codemandado Sr. Augusto,
que en sintesis se sustenta en que la Juzgadora de instancia interpreto
erroneamente el cumplimiento por los actores del requisito de la citación
previa del oferente al acto de otorgamiento de la escritura publica de
venta dentro del plazo establecido en el contrato de opción celebrado al
efecto. Por su parte la representación procesal de Dª Sofía sustenta su
recurso: 1) Error de interpretación del art. 9.2 del CC en relación con
el art. 107 del mismo Código, por entender que la ley aplicable es la
de la residencia comun de los conyuges tras el matrimonio celebrado,
lugar donde fijaron su hogar durante la mayor parte del año que no es
otro que España. 2) Error en la interpretación de la prueba, ya que de lo
actuado quedó acreditado que la residencia habitual del matrimonio fue
la DIRECCION001 de Marbella y no la vivienda que poseen en Londres.
3) Infracción por no aplicación del art. 1320 del CC en concordancia con
el art. 96 pfo 3º del mismo Código, ya que el error en la determinación
de la residencia habitual de los conyuges provoca la no aplicación de
los preceptos citados. 4) Error de aplicación en la interpretación del
Derecho británico, por entender que no concurren en este caso los
requisitos exigidos para que el codemandado Sr. Augusto dispusiera del
bien litigioso, concretamente los relativos a que la transmisión se realizara
de buena fe y por un precio adecuado. 5) Error en la interpretación de
los efectos de la medida cautelar de prohibición de disponer adoptada
por el Tribunal británico, que afecta y es vinculante para el codemandado
Sr. Augusto, según disponen los artículos 13 y 14 del Reglamento CE
1347/2000, del Consejo de 29 de Mayo, que regula la competencia,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones Judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental de los hijos comunes, dictado
con ocasión de acciones judiciales en materia matrimonial, Reglamento
que fue derogado por el 2201/2003, de 27 de Noviembre, en cuyo art. 21
se pronunciaba en igual sentido que el anterior.
La parte apelada impugnó las alegaciones efectuadas de contrario,
solicitando su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada.
SEGUNDO. - El recurso planteado por la representación del Sr. Augusto ha
de ser desestimado, por cuanto con independencia de las alegaciones del
recurrente fundadas en su personal y subjetiva apreciación de los hechos,
no desvirtuan las consideraciones jurídicas contenidas en el fundamento
jurídico sexto de la sentencia apelada, no debe olvidarse que supone una
palpable contradicción, carente de toda lógica y fundamento, negar ahora
haber recibido la citación previa de parte los actores para comparecer
dentro del plazo de la opción, concretamente el día 2 de Mayo de 2000,
en la Notaría designada para el otorgamiento de la correspondiente
escritura publica de compraventa y percibo del precio pactado, cuando
consta documentado en las actuaciones a través de la comunicación que
su asesor y representante D. Ignacio remitio a los actores por medio de
telefax el día 28 de Abril anterior que conocía la fecha designada a tal
efecto, pues no otro sentido cabe atribuir a su texto original del tenor
literal siguiente: "Muy señor mio: Me es grato referirme al contrato de
opcion de compra firmado con Don Augusto. Como le hemos anticipado
telefonicamente la Corte de Justicia de Londres, en relación al proceso
matrimonial del Sr. Augusto ha adoptado como medida provisional el
acuerdo de ordenar suspender la venta de la finca objeto del precitado
contrato. En este sentido nos dirigimos a Vd., para que se lo haga llegar
a sus representados, y tambien a la Notaria de Don Emilio García Peña.
En su consecuencia, el Sr. Augusto no podrá personarse el próximo día
2 de mayo. No obstante, es deseo expreso no causar ningun perjuicio
por esta incidencia que inevitablemente va a demorar la ejecución de
este contrato, por ello esta a su disposición, si lo estiman conveniente
el importe abonado por la opción y los gastos ocasionados.", lo que
permite presumir logicamente y conforme a las maximas de experiencia
que bien personal, telefonicamente o a través de su asesor D. Ignacio
tuvo cumplido conocimiento de la indicada citación para comparecer en
el día señalado en la citada Notaria, máxime cuando incluso el propio
Sr. Augusto reconocio a preguntas de la parte actora en la prueba de
interrogatorio a que fue sometido que sabia que tenía que comparecer en
la Notaría para recibir el resto del precio, aunque no recordara la fecha.
A mayor abundamiento debe resaltarse que la causa de que no la
recibiera en plazo por via notarial la citación que le fue cursada por
los actores solo a dicha parte fue imputable al haber dado su dirección
incorrectamente o cuando menos de modo impreciso e inexacto.
Así, pues, ningún error cabe apreciar al respecto en la valoración de la
prueba por parte de la Juzgadora de instancia, y, en su consecuencia, con
desestimación del citado recurso ha de confirmarse la sentencia apelada
en lo que al mismo se refiere.
TERCERO. - Igual suerte desestimatoria debe correr el recurso
promovido por la representación procesal de la Sra. Sofía, por cuanto
con independencia de que todas las cuestiones suscitadas en su escrito
de recurso, repetición de los efectuadas en la alzada, fueron resueltas
de manera explícita y razonada en la sentencia apelada, cuya acertada
fundamentación la Sala comparte, hace suya y da por reproducida a fin
de evitar repeticiones innecesarias, no debe olvidarse que sin desconocer
ni obviar que, en el presente caso, de conformidad con lo establecido en
el art. 9.2 del CC, la Ley aplicable al matrimonio de los codemandados ha
de regirse por la del lugar de la residencia inmediatamente posterior a la
celebración del matrimonio (no existe Ley personal comun a los conyuges
al tiempo de contraer matrimonio ni documento autentico antes de su
celebración en el que se elegía Ley personal o de residencia habitual de
cualquira de ellos), la cuestión litigiosa queda centrada en determinar si
después de celebrado el matrimonio en Londres, los conyuges fijaron su
residencia en esta ciudad, donde permanecieron los 15 dias siguientes
en el domicilio o vivienda de que disponían y a la que han vuelto con
posterioridad o en la finca objeto de litigio, sita en Marbella, donde han
pasado largas temporadas.
Es cierto que la jurisprudencia ha señalado que la residencia habitual
comun de los conyuges es una cuestion de hecho que se determina por el
lugar donde los consortes desarrollan su vida en comun, forman su familia
y ejercen sus actividades económicas laborales o profesionales.
Al respecto, sabido es que en la apreciación de las pruebas no puede
prevalecer el particular interés de las partes sobre el criterio objetivo
e imparcial del Juzgador a quo, salvo que sus resultados sean ilógicos
o absurdos, llegando a decirse, en la STS de 18.4.1992, 30.4.1988,
«en principio, es soberano (el Tribunal) en la apreciación de la prueba,
salvo que aquélla resulte ilógica o absurda» o «contraria a las máximas
de experiencia o a las normas de la sana crítica». Y es que en nuestro
ordenamiento rige el principio de la libre valoración de la prueba por el
Tribunal, cuyos resultados, obtenidos a través de la valoración conjunta
de toda la prueba, han de prevalecer por estar inspirados en criterios
objetivos y desinteresados, SS. 11.4.1988, 18.10.1989, 8.7.1991, entre
otras muchas.
Pues bien, tras nuevo estudio de la prueba practicada a virtud de la
facultad revisora que el recurso de apelación otorga a este Tribunal ad
quem, no es de apreciar que la Juzgadora de instancia incurriera en error
alguna al valorarla, ya que si bien es cierto que consta acreditado que han
pasado largas temporadas en nuestro pais no lo es menos que ninguno de
ellos ni sus hijos poseen la residencia en España, sin duda porque no ha
cumplido el requisito temporal exigido por nuestra legislación y lo que es
mas importante la propia declaración del Sr. Augusto en el sentido de que
ha vivido en innumerables lugares (EEUU, Alemania, París, Londres....)
bien por trabajo o por placer.
No hay base, pues, para entender que no resulta aplicable la ley inglesa
cuando residieron en la vivienda que allí poseen despues de celebrado el
matrimonio, siquiera fuera por espacio de 15 dias, y a donde consta que
han vuelto en muchas ocasiones, sobre todo porque es elocuente el hecho
de que el matrimonio se celebrara en dicha ciudad y lo que es importante
que el propio Sr. Augusto reconoció en la escritura de aceptación de
herencia de fecha 20 de Abril de 1990 (seis años despues de celebrado el
matrimonio) que su domicilio lo tenía en Londres, precisamente en la casa
que poseen allí, que paradogicamente ocuparon despues de celebrado el
matrimonio.
En su consecuencia, no siendo aplicable al matrimonio de los Sres. Sofía
Augusto ni a su regimen economico matrimonial la legislación española,
es evidente que no resultan aplicables al caso de autos los invocados
artículos 1320 y 96.3º del C. Civil.
CUARTO. - Lo mismo debe predicarse respecto de la alegación relativa
de error de aplicación e interpretación del Derecho Británico, por cuanto
ante la claridad y contundencia del informe emitido por el profesor Checa
Martinez, no desvirtuado de contrario, que la Sala acoge integramente,
no debe olvidarse que el derecho ingles parte del principio de absoluta
separación de la propiedad de cada uno de los conyuges, de tal manera
que el matrimonio no tiene incidencia sobre los derechos de propiedad
de cada uno de los conyuges durante su existencia. Los derechos que
el conyuge no propietario puede tener respecto de la vivienda habitual
a ocuparla y no ser expulsado de la misma, salvo decición judicial, no
vinculan a terceros adquirientes, a no ser que tales derechos del conyuge
no propietario hayan sido objeto de inscripción registral.
No obstante lo anterior, es cierto y así lo constata dicho informe y el
que fue emitido en igual sentido por los Abogados del Juzgado Supremo
Británico, que tampoco ha sido desvirtuado, que el conyuge titular tiene
derecho a disponer de la propiedad siempre que la transferencia se realice
de buena fe, sin que se haya presentado aviso de derecho de ocupación y
se lleve a efecto por un valor adecuado.
La parte apelante cuestiona el primer y tercer requisitos exigidos para la
validez de la transferencia, al entender que no existe buena fe ni precio
adecuado.
Las alegaciones de la recurrente no desvirtuan los acertados
razonamientos que al respecto efectua la Juzgadora de instancia en su
resolución, que la Sala da por reproducidos, habida cuenta que, de una
parte, la mala fe tiene que probarla quien la invoca y ninguna actividad
probatoria se ha desplegado por aquella y, de otra, porque la alegación
del precio vil se desvirtua con la prueba documental aportada por la
actora en su escrito de contestación a la reconvención (Doc. nº 3),
acreditativa de que una parcela similar, situada junto a la litigiosa, se
vendio por un precio similar, maxime cuando ninguna actuación maliciosa
cabe imputar a los optantes, hoy apelados, que no consta conocieran las
diferencias existentes entre los conyuges, los derechos de uno y otra, ni
siquiera la existencia del matrimonio.
QUINTO. - Igual suerte desestimatoria debe correr el último motivo de
recurso de error de interpretación de los efectos de la medida cautelar
adoptada, habida cuenta que la medida cautelar de prohibición de
disponer dictada por un Juez inglés no reune los requisitos exigidos para
surtir eficacia en España, no siendo de aplicación al presente caso los
Reglamentos 1347/2000 (denominado Bruselas II), de competencia,
reconocimiento y ejecución en materia matrimonial y de responsabilidad
parental, ni el Reglamento 2201/2003 (Bruselas II bis), que derogo
al anterior, y que la recurrente invoca en apoyo de su pretensión
revocatoria, ya que ambos excluyen de su ambito de aplicación el regimen
economico matrimonial (considerandos 8ª y 10ª respectivamente), y, por
tanto, no afecta a los efectos patrimoniales de los conyuges entre si, cual
es el caso que nos ocupa.
Por lo tanto la medida cautelar de referencia no podría tener eficacia en
España en tanto en cuanto solo la pueden tener las sentencias dictadas
que hayan sido reconocidas a través del exequator por los cauces
establecidos en los arts 951 y ss de la LEC. Tampoco puede tenerla la
sentencia dictada con posterioridad, que ratificó dicha medida, al no
haberse instado el preceptivo exequator, ya que no ofrece deuda, ni se
discute por las partes, que ambas resoluciónes se refieren al regimen
economico matrimonial.
A mayor abundamiento, en cuanto al fondo, como con acierto se señala
en la resolución apelada, no debe olvidarse que dicha sentencia establece
expresamente una medida subsidiaria para el caso de que el Sr. Augusto
no pudiera transmitir la finca de su propiedad a resultas del contrato
de opción litigioso, consistente en abonar a su esposa una determinada
cantidad de dinero, y lo que es más importante que tanto la medida
cautelar como la sentencia eran de fecha posterior a la celebración del
contrato privado de opción de compra e incluso al momento en que los
optantes manifestaron su intención de hacer efectiva la opción dentro del
plazo establecido al efecto (observese que la medida cautelar se dicto el
día 27 de Abril cuando en fechas anteriores el oferente habia sido citado
para otorgar la escritura publica de venta).
Procede, pues, desestimar el recurso estudiado y la confirmación de
la sentencia, que se encuentra ajustada a derecho, por sus propios y
acertados fundamentos.
SEXTO. - La desestimación de los recursos conlleva la condena de los
recurrentes al pago de las costas causadas en esta alzada (Art. 398 LEC).