PRIMERO. - Por la Ilma. Sra. Covadonga Sola Ruiz del Juzgado de Primera
Instancia nº 10 de Palma de Mallorca, en fecha 22/12/06 se dictó auto
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"Se tiene por parte a la procuradora Doña Begoña Muñoz Vivancos, en la
representación de SPARKASSE BECKUM - WADERSLHO, despachándose
a su instancia la ejecución interesada contra Don Emilio... y Doña
Margarita..., conforme a los títulos ejecutivos que aporta y por las
cantidades que a continuación se detallan:
1.- Contra Don Emilio... y Doña Margarita..., por la cantidad de
394.824,69 euros de principal e intereses devengados, más otros
131.608,23 euros presupuestados provisionalmente para intereses y
costas.
2.- Contra Don Emilio..., por la cantidad de 106.399,84 euros de principal
e intereses devengados, mas otros 35.467 euros presupuestados
provisionalmente para intereses y costas.
Asimismo, se requiere al instante para que ofrezca fianza para asegurar
los daños y perjuicios que la medida cautelar interesada pudiera ocasional
a los demandados, caso de revocarse la presente resolución".
SEGUNDO. - Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelación por
la representación de la parte apelante (Emilio... y Margarita...), y seguido
el recurso por sus trámites, se celebró deliberación y votación en fecha
7 de noviembre del corriente año, quedando el recurso concluso para
resolución.
TERCERO. - Que en la tramitación del recurso se han observado las
prescripciones legales.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Se aceptan los razonamientos jurídicos de la resolución apelada en lo que
no se opongan a los que siguen.
PRIMERO. - En la presente demanda de ejecución, instada por D.
Antonio... en representación de la entidad Sparkasse Beckum Wandersloh,
se presentan dos títulos ejecutivos extranjeros, en concreto, dos
escrituras públicas de constitución de deuda inmobiliaria a favor de la
aludida entidad bancaria y con cargo a los demandados D. Emilio... y
Dª Margarita..., otorgados ante el Notario de Ahlen (Alemania) D. Hans
Jürgen Spreemamm en fechas 19 de agosto de 1998 y 29 de noviembre
de 2000, en el primero de ellos son parte prestataria ambos cónyuges,
y en el segundo únicamente D. Emilio...; y se alega que tienen fuerza
ejecutiva de acuerdo con el artículo 57 del Reglamento 44/2001 del
Consejo Europeo de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil, y que por el primer título se adeudan
131.608,23 euros, y 106.399,84 euros por el segundo, más intereses y
costas.
El Juzgado de Primera Instancia dicta auto en el que se despacha la
ejecución interesada por considerar que el promoverte ha presentado la
totalidad de los documentos exigidos por el aludido Reglamento 44/2001,
y que no concurre ninguno de los supuestos previstos en el mismo para
su denegación.
Dicha resolución es impugnada en plazo por la representación de
los demandados alegando que el Reglamento 44/2001 es inaplicable
por cuanto en la fecha en que se otorgaron los dos títulos todavía no
había entrado en vigor, por tanto, son anteriores al día 1 de marzo de
2002; que estima de aplicación el Convenio firmado en Bonn entre
España y Alemania el día 14 de noviembre de 1983, conforme a cuyo
artículo 7, se requeriría un procedimiento de exequatur y se produciría
una incompetencia de jurisdicción; la falta de legitimación activa del
ejecutante D. Antonio..., quien ha solicitado la ejecución y no es acreedor
en el título; se ha procedido a una ejecución dineraria sin cumplir los
requisitos procesales: las escrituras no son primera copia y no consta
que estén dadas en virtud de mandato judicial, no consta que en la
escritura se haya pactado en lugar alguno que la cantidad resultante de
la ejecución sea la ejecutada por el acreedor y la forma de llevarla a cabo
a los efectos de los artículos 572.2 y 573.1 de la LEC; los intereses más
allá de los cinco años han prescrito; no se ha notificado previamente a los
deudores la cantidad debida; resulta imprescindible una liquidación con
expresión de las partidas de cargo y abono con aplicación de intereses,
al haber existido pagos parciales; carencia de fundamentación jurídica de
fondo del crédito reclamado, en un crédito en el que son parte ciudadanos
alemanes, otorgado en Alemania y con lugar de cumplimiento en dicho
país, sin que se haya probado el derecho mercantil alemán aplicable;
la acción personal de pago que se reclama en forma ejecutiva, dejando
marginada la hipoteca garantizada debe ventilarse en primer lugar ante
los Tribunales del indicado país.
En el escrito de oposición se reconoce que el Reglamento 44/2001 es
inaplicable al supuesto enjuiciado, pero que procede igualmente la
ejecución en virtud del Convenio de Bruselas de 1968, el cual en su
artículo 55 de su versión actualmente vigente deroga el Convenio de Bonn
alegado por la contraparte.
Ante tal peculiar situación en la cual la parte apelada reconoce que no
es de aplicación el Reglamento en el que funda su petición, la Sala, a
los efectos de evitar una posible indefensión de la parte demandada,
consideró necesaria la celebración de vista pública a fin de que pudiere
determinarse si es de aplicación el indicado Convenio de Bruselas de
1968, en la cual los Abogados de las partes ratificaron los argumentos
antes expuestos.
SEGUNDO. - Conforme ambas partes indican, es evidente que el
Reglamento 44/2001, en aplicación de su artículo 66.1, en sede de sus
disposiciones transitorias, establece que el mismo sólo será aplicable a los
documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad
a la entrada en vigor del presente Reglamento, lo que tuvo lugar el
día 1 de marzo de 2002, con lo cual el auto recurrido se funda en una
normativa que resulta inaplicable al supuesto enjuiciado.
Sentada la anterior conclusión es preciso determinar si al tratarse de un
error en la normativa jurídica, es posible la aplicación de la normativa
sobre la materia anteriormente vigente a la entrada en vigor del tan
citado Reglamento. Sobre dicha norma anterior discrepan las partes,
y así para la demandada lo sería el Convenio entre España y Alemania
sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, transacciones
judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil
y mercantil firmado en Bonn el día 14 de noviembre de 1983; y para la
actora, lo sería el Convenio de Bruselas de 1968, con sus modificaciones
posteriores.
La Sala considera aplicable al supuesto enjuiciado el Convenio de Bruselas
de 1968, con sus modificaciones posteriores, en cuyo artículo 55 indica
expresamente que este Convenio sustituye al de Bonn, con lo que
discrepamos de la tesis mantenida por la demandada. La ratificación de
dicho Convenio de Bruselas por España se publicó en el Boletín Oficial del
Estado de 28 de enero de 1991, y en el auto del Tribunal Supremo de 20
de octubre de 1998 se indica que el texto llamado consolidado de este
Convenio de fecha 26 de mayo de 1989 entró en vigor en España el día 1
de febrero de 1991, con lo cual se hallaba en vigor en la fecha en la que
se otorgaron las escrituras públicas que ahora son objeto de ejecución.
Estimamos que el hecho de que la demanda de ejecución se funde en un
Reglamento inaplicable por razones de derecho transitorio, no impide que
la Sala pueda determinar si la demanda sigue siendo ejecutiva conforme
a la normativa vigente antes de su entrada en vigor, al tratarse de la
aplicación de una normativa jurídica, que en muchos aspectos es similar a
la nueva, y con el señalamiento de audiencia pública se han respetado los
principios de audiencia y contradicción.
TERCERO. - Los documentos extranjeros aportados se considera son
incardinables en el artículo 50 del Convenio, por cuanto son documentos
públicos con fuerza ejecutiva, formalizados en un estado contratante
(Alemania) y sobre los que se solicita a instancia de parte, se declaren
ejecutivos en otro Estado contratante (España). Se indica que la solicitud
sólo podrá desestimarse cuando la ejecución fuere contraria al orden
público del Estado requerido, situación que se estima no se produce en el
supuesto enjuiciado. Al mismo tiempo, se ha respetado el procedimiento
seguido en los artículos 31 y siguientes del Convenio, muy similares a
los del Reglamento en que se fundaba la demanda. Dicho documento
presenta las condiciones necesarias de autenticidad en el estado de
origen. La competencia territorial es la de este partido judicial de Palma,
por hallarse en el mismo el bien inmueble que se pretende ejecutar para
saldar la deuda recogida en el documento. El hecho de que tratándose de
una garantía hipotecaria, la entidad acreedora no decida ejecutar el bien
hipotecado en Alemania, y, por el contrario, acudir al de su titularidad en
España, a modo de garantía personal y no real, se considera irrelevante,
pues el mismo título contempla expresamente tal posibilidad.
Ciertamente, la demanda es presentada por D. Antonio..., pero
se ha aportado documentación suficiente expresiva de que dicho
abogado obra como representante de la entidad bancaria acreedora,
según documentación aportada, con lo cual dicha persona actúa en
representación del Banco y no en nombre propio.
En cuanto a los motivos de oposición cuarto y quinto, se considera
exceden del objeto de este recurso. A tal efecto, debemos recordar que
nos hallamos en una fase en que debemos limitar a declarar si es posible
o no la ejecución conforme al Convenio de Bruselas, pero no entrar en
el fondo como si se tratase de una oposición a la ejecución conforme
al artículo 556 y siguientes de la LEC, pues el artículo 34 del Convenio
indica que la solicitud sólo podrá desestimarse por alguno de los motivos
previstos en los artículos 27 y 28, los cuales consideramos no concurren
en el supuesto enjuiciado. En consecuencia, una vez firme esta resolución,
el Juzgado de Instancia deberá conceder un plazo a los demandados a
los efectos de que puedan oponerse en cuanto a motivos de fondo a la
ejecución.
CUARTO. - Que con respecto a las costas, la Sala estima oportuno hacer
uso de la facultad que le confiere el artículo 394.1 de la nueva LEC, y no
efectuar expresa imposición de las costas procesales en atención al hecho
antes reseñado de que esta Sala ha acordado la ejecución en aplicación
de una normativa distinta a la expuesta en la demanda inicial, con lo que,
una parte relevante de la oposición formulada se hallaba justificada, como
antes se ha razonado.
PARTE DISPOSITIVA
1) QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el RECURSO DE
APELACION interpuesto por el Procurador Dª Catalina Salom Santana,
en nombre y representación de D. Emilio... y Dª Margarita..., contra
la resolución de fecha 22 de diciembre de 2006, dictada por el Ilmo.
Sr.Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Palma,
en los autos Juicio de ejecución de títulos extranjeros, de los que trae
causa el presente Rollo, y, en consecuencia, DEBEMOS CONFIRMARLA,
con la salvedad de que la ejecución se acuerda con base al artículo 50 y
concordantes del Convenio de Bruselas de 1968, y que los motivos cuarto
y quinto del escrito del recurso deberán tramitarse como de oposición a la
ejecución ante el Juzgado de instancia.