1.- La representación procesal de D. Federico ... y Dª Gema ... presentó
el día 14 de diciembre de 2005, escrito de interposición del recurso
extraordinario por infracción procesal contra el auto de fecha 22 de
septiembre de 2005, dictado por la Audiencia Provincial de Alicante
(Sección 4ª), en el rollo de apelación nº 228/2005, dimanante de los
autos sobre ejecución de ejecución de títulos no judiciales nº 111/2004
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Denia.
2.- Mediante diligencia de ordenación de 20 de diciembre de 2003 se
tuvo por interpuesto el citado recurso, acordándose la remisión de
las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, apareciendo
notificada dicha resolución a las partes.
3.- Recibidos los autos en esta Sede y formado el correspondiente rollo,
el Procurador D. Cesareo Hidalgo Senen, en nombre y representación de
"Lillicrap Chilcott Limited", presentó escrito con fecha 5 de enero de 2006
ante esta Sala, personándose como parte recurrida. El Procurador D. Luis
Fernando Granados Bravo, en nombre y representación de D Federico y
Dª Gema, presentó escrito ante esta Sala el día 3 de febrero de 2006,
personándose en concepto de parte recurrente.
4.- Mediante providencia de fecha 17 de junio de 2008, se puso de
manifiesto la posible causa de inadmisión del recurso a las partes
comparecidas. La parte recurrida en su escrito de 22 de julio de 2008
solicitó la inadmisión del recurso. La parte recurrente en su escrito de 28
de julio se ha opuesto a la causa de inadmisión puesta de manifiesto.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Xavier O'Callaghan
Muñoz.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- En el examen de la concurrencia de los presupuestos y requisitos a los
que se subordina la admisibilidad del recurso extraordinario por infracción
procesal interpuesto contra la resolución de la Sección 4ª de la Audiencia
Provincial de Alicante por la que se desestimó el recurso previsto en
el artículo 36 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968,
interpuesto contra el auto del Juez de Primera Instancia, de fecha 12 de
marzo de 2004 que, de conformidad con el régimen establecido en el
Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, sobre competencia
judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
accedía a la solicitud de la entidad LILLICRAP CHILCOTT LIMITED de
reconocimiento y ejecución de la sentencia dictada el 20 de febrero de
2002, por el Tribunal del Condado de Truro (Inglaterra) se debe tomar
como punto de partida que se está ante una resolución que resuelve el
recurso previsto en el art. 36 del Convenio de Bruselas de 1968 en el
seno de un procedimiento de exequatur sujeto al régimen que establece
el ordenamiento comunitario en esta materia. La recurribilidad de estas
resoluciones ha sido resuelta en los Fundamentos de Derecho Tercero,
Cuarto y Quinto del Auto de fecha 22 de noviembre de 2005, que se
reproducen literalmente:
"3.- La conclusión alcanzada respecto de la recurribilidad en casación
de las resoluciones dictadas en materia de reconocimiento y ejecución
de decisiones al amparo del régimen establecido en los Convenios de
Bruselas y de Lugano y de los Reglamentos comunitarios 1347/2000
(ahora sustituido por el 2201/2003) y 44/2001 encuentra su fundamento,
como se exponía en los Autos de esta Sala de fecha 12 de marzo de
2002 (recurso de queja 75/2002) y de 23 de noviembre de 2004 (recurso
1981/2001), más allá de las disposiciones contenidas en las normas
procesales nacionales, pues radica en la primacía que las normas
supranacionales integradas en el acervo comunitario presentan respecto
de las de producción interna, rasgo que en el caso de los Convenios
internacionales celebrados para cumplir los objetivos comunitarios tiene
un doble fundamento: de un lado, su propio carácter y procedencia (art.
93 CE), y de otro, su naturaleza convencional (art. 96 CE). Junto con esa
primacía, es rasgo característico de determinadas normas comunitarias,
particularmente los Reglamentos comunitarios, su aplicabilidad directa
o efecto directo. Las consecuencias de los principios de primacía y del
efecto directo de las normas comunitarias conducen tanto a la inaplicación
de las normas internas incompatibles o contrarias a las comunitarias,
como a impedir la válida formación de posteriores actos normativos
incompatibles con éstas, como, en fin, a la obligación del aplicador del
Derecho de garantizar el pleno efecto de esas normas supranacionales,
operándose una interacción entre ordenamiento interno y comunitario
que se traduce, prima facie, en la interpretación de la legalidad interna
conforme al derecho comunitario.
El recurso de casación que establecen los artículos 41 de los Convenios
de Bruselas y de Lugano, 27 del Reglamento CE 1347/2000, 44
del Reglamento CE 44/2001, y 33 del Reglamento CE 2201/2003,
constituye un medio de impugnación específicamente previsto en normas
comunitarias, dentro de un cauce procesal igualmente previsto y regulado
por ellas, y que se califica de cerrado, completo y uniforme (Sentencias
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 2 de junio de
1985, as. 184/84, de 27 de noviembre de 1984, as. 258/83, de 21 de
abril de 1991, as. C-172/91, de 4 de octubre de 1991, as. C - 183/90, y
de 11 de agosto de 1995, as. C-432/93), medio de impugnación que se
encuentra dotado de un objeto y contenido concreto, circunscrito a las
cuestiones de derecho suscitadas en la resolución sobre el exequatur de la
decisión extranjera -y solo en ella-, esto es, a la revisión de la aplicación
de las normas que rigen los presupuestos y requisitos de la declaración
de ejecutoriedad de la resolución foránea (STJCE de 27 de noviembre
de 1984, as. 258/83). Por lo tanto, el establecimiento del recurso y su
contenido se imponen sobre las previsiones normativas internas en virtud
de la primacía y de la aplicabilidad directa de la norma comunitaria, en
función de los fines a los que se orienta y cuya consecución persigue, que
aquí se contraen al logro del objetivo comunitario de la libre circulación de
las resoluciones dentro de un espacio de libertad, seguridad y de justicia.
Ahora bien, las condiciones, presupuestos y requisitos de procedibilidad y
de admisibilidad se rigen por el ordenamiento interno, siempre y cuando
sus normas y la interpretación que de ellas se haga garanticen la primacía
y el efecto directo de las normas comunitarias -en rigor, el efecto útil
de ese efecto directo-, y posibiliten, por lo tanto, el recurso establecido
en ellas, con su contenido propio y su propia finalidad, sin convertir en
papel mojado, en simple previsión normativa carente de aplicación en la
práctica, el recurso de casación establecido en las normas comunitarias.
4.- En los ya citados Autos de 12 de marzo de 2002 y de 23 de noviembre
de 2004 se dejaba sentado que las condiciones establecidas por el
legislador nacional y la interpretación que de ellas ha hecho esta Sala
satisfacen las exigencias de las normas comunitarias, en la medida en
que posibilitan el recurso de casación previsto en las mismas, dentro
de su específico contenido y conforme a los fines a que está orientado,
permitiendo, en suma, en logro de los objetivos comunitarios. Esta
satisfacción de las exigencias impuestas por los repetidos principios de
primacía y de aplicabilidad directa de las normas comunitarias se logra
sin necesidad de efectuar ajuste alguno en la interpretación y aplicación
de las normas procesales internas, salvado, si acaso, el obstáculo formal
de la clase o tipo de resolución que decida sobre la declaración de
ejecutoriedad; aserto éste que se sustenta sin más en la consideración
de que, constituyendo el procedimiento de exequatur un cauce procesal
establecido por razón de la específica materia que integra su objeto,
y, en consecuencia, siendo su acceso al recurso de casación el que en
el ordenamiento interno abre el ordinal tercero del art. 477.2 de la
LEC, conforme a los expuestos criterios interpretativos de esta Sala,
las condiciones establecidas por el legislador nacional para acceder al
recurso por esta vía, así como la exégesis que ha efectuado esta Sala
respecto de los presupuestos a los que se condiciona la presencia del
interés casacional que justifica el recurso, ya por existir contradicción con
doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria, ya por tratarse
de la aplicación de normas que no lleven en vigor más de cinco años sin
que exista jurisprudencia de esta Sala relativa a normas anteriores de
igual o similar contenido, y sobre los requisitos impuestos para acreditar
la existencia del necesario interés casacional, garantizan la viabilidad
del recurso, cumplidos tales presupuestos y requisitos, sin desvirtuar el
contenido que imponen las normas comunitarias, y posibilitando, en fin,
los fines del recurso y los objetivos a los que éstas sirven.
5.- Al hilo de lo anterior, conviene detenerse en la forma de la resolución
de cuya casación se trata. No ha sido pacífica la respuesta que desde los
tribunales ha merecido la cuestión de cuál ha de ser el procedimiento
conforme al cual debe ventilarse el recurso contra la resolución del Juez
de Primera Instancia de decide sobre el exequatur de la decisión foránea
en aplicación de las normas comunitarias de continua referencia, como
tampoco es uniforme la postura de la doctrina científica al respecto. Así,
se ha propuesto la sujeción a los trámites previstos en los artículos 951
y siguientes de la LEC de 1881 -cuya vigencia pervive, en tanto no se
promulgue la Ley de Cooperación Jurídica Internacional (Disposición
Derogatoria Unica, apartado primero, regla tercera, de la LEC 1/2000,
en obligada relación con su Disposición final vigésima)-, por tratarse del
procedimiento específicamente establecido por el legislador interno para
el trámite del exequatur y por satisfacer suficientemente la exigencia de
contradicción impuesta desde la normativa comunitaria; pero del mismo
modo se ha sometido la tramitación del recurso a las reglas establecidas
para los incidentes, o a las disposiciones que rigen con carácter general
el recurso de apelación y la segunda instancia. Este diverso tratamiento
de la cuestión ha tenido como ineludible consecuencia la diversidad de
la clase de resolución contra la que se pretende recurrir en casación -
auto o sentencia-, por más que la clase de la resolución dictada por el
Juez de Primera Instancia haya de condicionar la que decide el recurso
interpuesto ante la Audiencia Provincial (cfr. arts. 455.1, 456.1 y 468 de
la LEC 1/2000). Sea como fuere, en modo alguno puede constituir un
obstáculo para el acceso al recurso de casación previsto en las normas
comunitarias, pues las previsiones normativas supranacionales, cuya
primacía y aplicabilidad directa -su efecto útil- se imponen, como se ha
expuesto, sobre las previsiones del ordenamiento interno, convierten tal
circunstancia en irrelevante de cara a la recurribilidad en casación de la
resolución, operándose a estos efectos una suerte de equiparación formal
de ésta -sea cual fuere su clase- con las sentencias definitivas a que
se refiere el art. 477.2 de la LEC 1/2000, tal y como se indicaba en los
Autos de fecha 21 de enero de 2003, 25 de mayo y 10 de noviembre de
2004, y 17 de mayo de 2005 (recursos 841/2002, 1465/2001, 695/2004
y 3411/2001, respectivamente); con la ineludible precisión de que la
vía de recurso únicamente está abierta a las resoluciones que resuelven
sobre el específico objeto del procedimiento de exequatur, es decir, sobre
la concurrencia de los presupuestos a que en cada caso se subordina la
atribución de la eficacia de la decisión extranjera, y no sobre cualesquiera
otras de diferente objeto y contenido, pues así viene impuesto por la
interpretación de las normas comunitarias efectuada por el Tribunal de
Justicia."
2.- Por otra parte, en los mismos Autos de 12 de marzo de 2002 y de
23 de noviembre de 2003, de continua referencia, así como en los de
fecha 21 de enero de 2003, 25 de mayo de 2004, 10 de noviembre de
2004 y 17 de mayo de 2005, también citados, se examinó la cuestión de
si las exigencias de los principios de primacía y aplicabilidad directa de
las normas comunitarias imponen el establecimiento de un recurso de
contenido procesal contra la resolución que decida sobre el exequatur, así
como si los fines y los objetivos a cuya consecución se orientan permiten
dicho recurso, cuando en la legislación interna el recurso de casación
se ha desdoblado, como aquí sucede, dando lugar al novedoso recurso
extraordinario por infracción procesal. Conviene, para mayor claridad,
recoger la literalidad del Fundamento de Derecho Séptimo de la señalada
resolución -cuyo criterio se encuentra recogido, además, en los Autos de
fecha 19-11-2002, 21-1-2003 y 10-11-2004, recaídos en los recursos de
queja 539/2002, 841/2002 y 695/2004, respectivamente- en donde se
aborda esta cuestión en los siguientes términos:
La conclusión a la que se debe llegar es que no cabe el recurso por
infracción procesal contra las decisiones sobre el exequatur al amparo del
Convenio de Bruselas y de Lugano, y de los Reglamentos CE 1347/2000
y 44/2001. Las razones que avalan semejante conclusión son diversas y
de distinto signo, siempre con el referente que proporcionan los Informes
Oficiales explicativos de dichos Convenios, y la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia. Tales razones son las siguientes: 1) Los instrumentos
internacionales de referencia responden al objetivo de facilitar la libre
circulación de las resoluciones, para lo cual constituye un objetivo
primario la simplificación de los procedimientos que tienen por objeto la
declaración de ejecutoriedad en los diferentes Estados miembros, dentro
de la concepción del procedimiento de exequatur como un procedimiento
autónomo y completo que alcanza también al ámbito de los recursos
(SSTJCE 2 de junio de 1985, as. 184/84, 27 de noviembre de 1984, as.
258/83, 21 de abril de 1991, as. C-172/91, 4 de octubre de 1991, as.
C-183/90, y 11 de agosto de 1995, as. C-423/93). En consecuencia,
el precepto relativo a los recursos procedentes contra la resolución del
exequatur merece una interpretación restrictiva, que impida facilitar
dilaciones indeseables contrarias a la rapidez y eficacia del procedimiento
de homologación e inconciliables con el efecto sorpresa inherente al
sistema de reconocimiento establecido por el legislador supranacional.
2) El procedimiento de exequatur se articula en torno a un sistema
autónomo, completo e independiente del de los Estados que responde,
además, a postulados de seguridad jurídica y de uniformidad en la
aplicación de las normas de los instrumentos internacionales. Tal y
como se indica en la STJCE de 11 de agosto de 1995, "el Convenio ha
instaurado un procedimiento de exequatur que constituye un sistema
autónomo y completo, independiente de los sistemas jurídicos de los
Estados contratantes, y que, por otra parte, el principio de seguridad
jurídica en el ordenamiento jurídico comunitario, así como los objetivos
del Convenio con arreglo al art. 220 del Tratado CEE, en el que se basa,
exigen la aplicación uniforme en todos los Estados contratantes de
las normas del Convenio y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
relativa al mismo"; y se añade: "la aplicación uniforme del Convenio en
todos los Estados miembros no permite que, en determinados Estados
requeridos, la parte contra la que se solicita la ejecución disponga de más
medios procesales, en comparación con los existentes en otros Estados
contratantes, para retrasar la ejecución de una resolución ejecutoria
dictada en el Estado contratante de origen". 3) Consecuencia de lo
anterior es que los textos internacionales limitan a dos el número de
recursos posibles contra la resolución del exequatur, el primero de los
cuales se dirige contra la resolución del Juez de Primera Instancia que
autoriza o deniega la ejecución, y que presenta un objeto plural, en el
que tienen cabida tanto las cuestiones de hecho como de derecho, y
las procesales junto con las sustantivas; el segundo, el que se dirige
contra la resolución de la Audiencia, presenta un objeto más limitado,
ceñido a cuestiones de derecho, excluyéndose, por tanto, las de carácter
fáctico o relativas al juicio de hecho, y, desde luego, las que generan
un incidente de carácter procesal capaz de dilatar el curso del proceso.
4) Este sistema completo, autónomo e independiente, tributario de los
objetivos y fines de los instrumentos internacionales, se impone en el
foro por virtud de los principios de primacía y del efecto directo de sus
disposiciones. El establecimiento dentro del orden interno de mecanismos
revisorios de naturaleza anulatoria, que por lo general tengan el efecto
de reponer las actuaciones al momento en que se produjo el defecto o
la falta procesal, puede resultar contrario a dichos fines en la medida en
que impiden o limitan los objetivos de sencillez y rapidez en la decisión
sobre el exequatur de las sentencias y resoluciones extranjeras. Tales
objetivos sirven al más genérico de posibilitar la libre circulación de
resoluciones en condiciones de plena efectividad, y constituyen, por ello,
principios rectores del procedimiento de exequatur que trascienden al
ordenamiento comunitario para insertarse en los derechos procesales
nacionales, e imponen una interpretación de sus disposiciones acorde con
tales principios, excluyente de cualquier criterio hermenéutico enervador
del efecto útil de las normas supranacionales. 5) No se puede dejar de
tomar en consideración el marco objetivo que el legislador nacional ha
querido conferir al recurso por infracción procesal, en el que tienen cabida
tanto cuestiones de indiscutible naturaleza procesal, como otras a las
que ha querido dar ese tratamiento, no obstante tener un contenido
total o parcialmente sustantivo. Así, ha desterrado definitivamente de
la casación el juicio de hecho, sometido ahora al recurso extraordinario
por infracción procesal, materia que el Tribunal de Justicia comunitario,
por su parte, ha situado extramuros del recurso de casación contemplado
en las disposiciones supranacionales de referencia. La delimitación
del contenido del recurso previsto en ellas contra la resolución de la
Audiencia ha de impedir, pues, un recurso que tenga por objeto materias
expresamente excluidas de dicho contenido. Si el legislador nacional ha
querido desgajar del contenido del recurso de casación las cuestiones de
hecho y las procesales, dejándolo limitado a las cuestiones de derecho, y
si el legislador supranacional ha circunscrito el recurso contra la decisión
de la Audiencia a cuestiones de esta índole, no hay razón alguna para
extender el ámbito de éste a materias que resultan ajenas a su contenido;
antes bien, el recurso de casación previsto por el legislador nacional en
la LEC 2000 se acomoda plenamente en su contenido al establecido en
las normas internacionales. 6) Y cabe añadir a lo anterior, como elemento
de cierre, que ni desde la perspectiva del legislador ordinario ni de las
exigencias constitucionales se hace preciso un mecanismo de revisión de
la legalidad procesal que posibilite un sistema de amparo judicial situado
en el ámbito del recurso de casación o de otro recurso extraordinario; y
que la LEC 2000 se ha decantado decididamente por configurar el proceso
resaltando su carácter instrumental respecto de la cuestión litigiosa que
constituye su objeto, evitando en lo posible que los incidentes procesales
se conviertan en la materia del pleito.
3.- Cuanto se acaba de exponer permite concluir que contra dicha
resolución no cabe el recurso extraordinario por infracción procesal,
incurriendo en la causa de inadmisión prevista en el art. 473.2 de la LEC
2000, por irrecurribilidad de la resolución recurrida en cuanto al citado
recurso, único que interpone la parte.
4.- Consecuentemente procede declarar inadmisible el recurso
extraordinario por infracción procesal y firme el Auto recurrido, de
conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC 2000, dejando
sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra esta resolución no cabe
recurso alguno.