PRIMERO. - La trascripción literal de la parte dispositiva del auto dictado
en fecha 27 de octubre de 2008, es la siguiente: " PARTE DISPOSITIVA:
Se despacha ejecución, a instancia del procurador D/Dª PATRICIA AYNETO
VIDAL, en nombre y representación de Miguel Ángel como acreedor,
frente a UNIPREUS, S.A, como ejecutado/s, por importe de 65.786,83EUR
en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos
más otros 19.736,00EUR que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las
costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación. Consúltese de
forma telemática la base de datos AEAT a fin de averiguar la relación de
bienes y derechos del ejecutado de los que tengan constancia. [...]"
SEGUNDO. - Contra el anterior auto despachando ejecución UNIPREUS
S.A. presentó escrito, en tiempo y forma, oponiéndose, dándose traslado
a la parte contraria quien impugnó la oposición a la ejecución formulada
de contrario, siendo admitida por el Juzgado y, seguidos los trámites
pertinentes, remitió las actuaciones a esta Audiencia, Sección Segunda.
TERCERO. - La Sala decidió formar rollo y designar magistrado ponente
a quien se entregaron las actuaciones para que, una vez deliberada,
propusiera a la Sala la resolución oportuna. Se señaló el día 13 de marzo
de 2009 para la votación y decisión.
CUARTO. - En la tramitación de esta segunda instancia se han observado
las prescripciones legales esenciales del procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - La representación de Unipreus SA se opuso por los motivos
que constan en su escrito de fecha 21 de noviembre de 2008 al auto
en que se acordaba el reconocimiento y ejecución de la Sentencia del
Tribunal de Primera Instancia de Bobigny de 11 de febrero de 2003,
ratificada por la Sala 4ª Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Paris
de fecha 12 de enero de 2005 y por la del Tribunal Supremo de Francia
de fecha 20 de marzo de 2007, siendo que dicho escrito fue contestado
por el escrito de impugnación a la oposición por la representación de
Miguel Ángel de fecha 18 de diciembre de 2008 y en que se solicitaba la
desestimación de la oposición. El Juzgado a quo acordó por providencia
de fecha 3 de febrero de 2009 elevar los autos a esta Sala para resolver
respecto de la impugnación del ejecutante en base a lo dispuesto en el
articulo 43 del Reglamento de la UE 44/2001 de 22 de diciembre.
SEGUNDO. - El sistema procesal mediante el que una persona física
o jurídica puede hacer valer ante un Tribunal español una resolución
judicial firme de un Tribunal extranjero al efecto de obtener su ejecución,
está en función de cual sea el Estado al que pertenezca el Tribunal cuya
resolución se pretenda ejecutar, ya que puede que exista o no un tratado
entre el país de origen de la Sentencia y el Estado español. En el caso
de que si haya Tratado internacional, este es de aplicación preferente
conforme a lo dispuesto en el art. 1 núm. 5 del Código Civil y art. 93 y
ss de la CE, ya que aquellos pasan a formar parte directa del Derecho
interno tras su aprobación y publicación en el BOE,. Por lo tanto si lo
hay habrá de estarse, al régimen convencional así establecido, pudiendo
tratarse de Convenios Multilaterales Generales (pluralidad de Estados
y sobre un amplio número de materias), como lo son el Convenio de
Bruselas y el de Lugano; Convenios multilaterales específicos (pluralidad
de Estados contratantes sobre una materia concreta, por ejemplo el
Convenio de Ginebra de 1956 sobre el contrato de transporte terrestre
internacional de mercancías...); y Convenios bilaterales generales,
(entre el Estado español y otro Estado, sobre una pluralidad de materias
o una materia concreta, por ejemplo el Convenio entre el Reino de
España y la República Popular China sobre existencia judicial en materia
civil y mercantil de 1992). En todo caso parece que no plantea duda a
ninguna de las partes que en este concreto supuesto será de aplicación
el Reglamento comunitario 44/2001 llamado Bruselas I y relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil.
Señala el articulo 43 del citado Reglamento que " 1. La resolución
sobre la solicitud de ejecución podrá ser recurrida por cualquiera de las
partes. 2. El recurso se interpondrá ante los tribunales indicados en la
lista que figura en el anexo III del presente Reglamento.". El Anexo III
precisamente y para el caso de España remite a la Audiencia Provincial
como órgano competente para el conocimiento del recurso. Añade pero
mas adelante, en su numero 5, lo siguiente: 5. El recurso contra el
otorgamiento de la ejecución se interpondrá dentro del plazo de un mes
a partir de la fecha de notificación. Si la parte contra la que se solicitare
la ejecución estuviere domiciliada en un Estado miembro distinto de aquel
en el que se hubiere otorgado la ejecución, el plazo será de dos meses
y correrá a partir de la fecha de notificación, tanto si ésta se hizo en
persona como en su domicilio. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón
de la distancia.". Es claro pues que en este caso, el plazo fijado por la
ley para oponerse a la resolución sobre la solicitud de ejecución, era de
un mes a partir de la fecha de la notificación de la resolución, esto es a
partir del auto de fecha 27 de octubre de 2008 dictado por le Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Lleida y en que se acordaba el despacho
de la ejecución. Por contra la parte ejecutada lo que hace no es recurrir
ante la Audiencia ese auto sino presentar un escrito de oposición a la
ejecución allí en el Juzgado numero 3, lo cual resulta desde todo punto
de vista improcedente y es contrario al articulo 36 del Reglamento que
ya señala que "la resolución extranjera en ningún caso podrá ser objeto
de una revisión en cuanto al fondo", consecuencia lógica del principio de
mutua confianza que late en el espíritu del reglamento.
Efectivamente, la decisión del Tribunal español para otorgar o no la
ejecución debe ceñirse (sin olvidar que no puede realizar una revisión
en cuanto al fondo de cuestión debatida en la resolución extranjera y
que han de cumplirse primeramente los requisitos necesarios para su
reconocimiento, esto es para que tenga eficacia en España y así como los
específicos para su ejecución) a examinar la regularidad de la solicitud
y la suficiencia de los documentos exigibles, el cumplimiento de los
presupuestos y la existencia o no de causas de denegación, que como tal
son tasadas, así como que nos encontramos ante una resolución ejecutiva
en el Estado en el que se dictó.
Analizados el procedimiento y los requisitos de la solicitud así como la
forma de la resolución que la admite o la deniega, las razones por las
que el reconocimiento puede ser denegado, están tasadas y derivan de
lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Reglamento, lo que deberá de
hacerse valer por la vía del recurso directo de apelación y en ningún caso
por la vía de la oposición al despacho de la ejecución y menos aun por
motivos distintos de los tasados y señalados en los preceptos dichos.
En definitiva, no se interpuso recurso en tiempo y forma contra la
resolución que acordaba dar tramite a la solicitud de ejecución ni, en
todo caso, los motivos que extemporáneamente se alegaron son de los
que permiten paralizar aquella ejecución, razón por la que es procedente
desestimar cualquier tipo de oposición formulada y ordenar que continúe
la ejecución en la forma ordenada en el auto de fecha 27 de octubre de
2008.