PRIMERO. - Según consta en autos se presentó demanda por D. Pedro
Miguel contra la empresa recurrente y otros, se celebró el Juicio y se dictó
Sentencia el 24 de febrero de 2009, por el Juzgado de referencia, en la
que se estimó la demanda.
SEGUNDO. - En la citada sentencia y como hechos probados se declararon
los siguientes:
1. - En el año 1998 el empresario J.A. JONES MANAGEMENT SERVICES,
INC (J.A. JONES) era el concesionario de servicios civiles en apoyo de las
Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos de América (USAF) en la base aérea
de Morón de la Frontera.
El actor con fecha 4 de noviembre de 1998 inició su relación laboral con
el empresario J.A. JONES MANAGEMENT SERVICES, INC a tenor de un
contrato de trabajo por obra o servicio determinado suscrito con fecha 2
de noviembre de 1998. Sus servicios fueron contratados para prestarlos
como "Ayudante de carga y descarga", con la categoría profesional de
"Oficial de 3a de mantenimiento", para prestarlos en la citada Base Aérea
de Morón de la Frontera.
Posteriormente, sin dejar de prestar sus servicios para el citado
empresario, con fecha 18 de diciembre de 1998 suscribió con el mismo
empresario un nuevo contrato de trabajo, también por obra o servicio
determinado, para prestar los mismos servicios que venía desempeñando,
con la misma categoría profesional y en el mismo centro de trabajo.
Sin dejar de prestar sus servicios, con fecha 18 de enero de 1999
suscribió con el mismo empresario un nuevo contrato de trabajo, también
por obra o servicio determinado, para prestar los mismos servicios que
venía desempeñando y en el mismo centro de trabajo, con la categoría
profesional de "Oficial la de mantenimiento".
Sin que dejara de prestar sus servicios para el citado empresario, con
fecha 1 de abril de 1999 suscribió con el mismo un nuevo contrato de
trabajo, también por obra o servicio determinado, para prestar servicios
como "Administrativo", pero en el mismo centro de trabajo y con la
categoría profesional de "Oficial la administrativo".
Igualmente sin dejar de prestar sus servicios para tal empresario, con
fecha 1 de junio de 1999 suscribió con el mismo un nuevo contrato
de trabajo, eventual por circunstancias de la producción, para prestar
servicios en el mismo centro de trabajo como "Jefe de operaciones de la
terminal aérea", con la categoría profesional de "Jefe 2' administrativo",
con una duración, según se consignó en el contrato, de seis meses, desde
el mismo 1 de junio de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999.
Con fecha 2 de noviembre de 1999 el empresario le comunicó la prórroga
del anterior contrato, por seis meses más, desde el 1 de diciembre de
1999 hasta el 31 de mayo de 2000. Finalmente, el 31 de mayo de 2000 el
citado contrato temporal se convirtió en contrato de duración indefinida.
2. - Posteriormente, sin que dejara de prestar sus servicios retribuidos y
sin solución de continuidad, el 1 de marzo de 2002 el empresario PACIFIC
ARCHITECTS AND ENGENEERS INC. se subroga en relación al anterior
empresario como prestatario de dichos servicios civiles de apoyo a la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la base de Morón de la Frontera,
continuando su relación laboral con el nuevo empresario, desarrollando
los mismos servicios y manteniendo la misma categoría profesional, si
bien, a requerimiento del nuevo empresario, firmó un nuevo contrato
de trabajo, denominado Contrato de Trabajo Nacional de los EE.UU.
(Empleado de PGSI contratado en España), dando por reproducido el
contenido de tal contrato, por obrar en autos, reseñándose en todo caso
como categoría la de "Superintendente de Transporte Aéreo".
3. - Por último, sin que dejara de prestar sus servicios retribuidos para el
empresario PAE y si solución de continuidad, el 1 de octubre de 2007 el
empresario demandado, SPAIN AFS LLC (en adelante, AFS) se subroga
al anterior empresario como prestatario de dichos servicios civiles de
apoyo a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la base de Morón de
la Frontera, continuando su relación laboral con el nuevo empresario,
desarrollando los mismos servicios que venía prestando, y manteniendo
la misma categoría profesional, pese a lo cual firmó un nuevo contrato de
trabajo con tal entidad el 18.9.07, si bien el primer día de trabajo sería
el 1.10.07, haciéndose constar que el contrato estaría vigente hasta el
30.9.08.
4. - El salario a efectos de despido asciende a 215 dólares americanos
diarios.
5. - El actor renunció a su tarjeta de residente comunitario el 30.1.02.
(Documento 4 de la demandada).
6. - El actor tiene doble nacionalidad, irlandesa y norteamericana.
7. - El actor, se encuentra empadronado en Castilleja de Guzmán, desde
marzo del 99, siendo cliente del BBVA desde el 2001, habiendo contraído
matrimonio con española el 12.7.91, teniendo tres hijos.
8. - El Comité Permanente Hispano-Norteamerciano, emitió informe
con fecha 30.10.08 en que se establece que el actor fue empleado por
la empresa PAE con el estatuto de empleado de contratista el 1.3.02,
habiendo renunciado a su tarjeta de residente comunitario, dando
por reproducido el contenido de tal informe, por obrar en autos, en el
que se hace constar que la relación laboral se rige por la legislación
norteamericana y se somete a la legislación de los Tribunales de EE.UU.
9.- Con fecha 15.8.08 la entidad demandada remite al actor por correo
electrónico una carta por la que le comunica que la relación laboral
finaliza el 30.9.08.
10. - Se da por reproducida la documental obrante en autos.
11. - Se ha celebrado el preceptivo Acto de Conciliación.
TERCERO. - La codemandada Spain AFS S.L. recurrió en suplicación
contra tal sentencia, impugnándose el recurso por el trabajador
accionante.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO. - El actor presentó demanda por despido contra Agility Defense
& Service LLC y Spain AFS LLC, sobre despido, que fue estimada por la
sentencia que declaró la existencia de despido improcedente, condenando
a esta última, que ahora recurre en suplicación formulando un primer
motivo, con amparo en el art. 191 a) de la Ley de Procedimiento Laboral,
en el que denuncia que la sentencia ha infringido el art. 8.2 del Anejo 8
del Convenio de 1 de diciembre de 1988, de Cooperación para la Defensa
suscrito entre España y Estados Unidos, y el art. 7 del Capítulo 1, con
relación al Informe del Comité Permanente Hispano-Norteamericano de
30 de octubre de 2008, manteniendo la incompetencia de los órganos
jurisdiccionales españoles para el conocimiento de la cuestión planteada
por el actor.
La sentencia recurrida entiende que al haber "estado desempeñando
su trabajo en España, habiendo residido en este país desde su
contratación en el año 98..., aunque hubiere renunciado a su condición de
residente, resulta competente la jurisdicción española, de acuerdo con el
Reglamento CE núm. 44/01, en relación con lo dispuesto en los arts. 9.5
y 21.1 Ley Orgánica del Poder Judicial y 96.1 de la Constitución Española,
de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Roma de 19-6- 80...".
Por un lado, y como después razonaremos más adecuadamente, de las
normas que sobre competencia judicial se establecen en el Convenio
Bilateral suscrito entre España y EE.UU el 1 de diciembre de 1988 se
desprende la incompetencia de los órganos españoles para resolver los
conflictos que surjan entre ciudadanos norteamericanos y contratistas de
esa nacionalidad que efectúen trabajos para las Fuerzas de los Estados
Unidos de América.
Por otro lado, de considerar de aplicación las normas contenidas en el
Reglamento CE núm. 44/01, sería clara la competencia de nuestros
órganos jurisdiccionales. Y ello en cuanto que respecto a los contratos
individuales de trabajo, en la Sección Quinta, artículo 18, en relación con
el 19, se atribuye la competencia al lugar de la prestación de servicios por
cuanto "cuando un trabajador celebrare un contrato individual de trabajo
con un empresario que no tuviere su domicilio en un Estado miembro,
pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento
en un Estado miembro, se considerará, para todos los litigios derivados
de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento, que tiene su
domicilio en dicho Estado miembro".
No hay que olvidar, para la solución del problema, que el art. 21.1 de la
L.O.P.J. establece que "Los Juzgados y Tribunales españoles conocerán
de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre
extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido
en la presente ley y en los tratados y convenios internacionales en los que
España sea parte".
Se trata, pues, de un conflicto de normas que hay que resolver, primero,
con lo dispuesto en el art. 96.1 de la Constitución Española, según el cual
"Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados
oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus
disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en
la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas
generales del Derecho internacional", en segundo lugar, de acuerdo con lo
previsto en el anteriormente citado Reglamento Comunitario, y en tercer
lugar, conforme a lo que se dispone en el art. 21.1 de la L.O.P.J., que se
remite a lo dispuesto en esa misma ley y en los tratados internacionales.
La solución ha de pasar, en primer lugar, por resolver el conflicto que
pudiera surgir entre la ley interna española y el tratado bilateral aplicable,
y después, entre este último y el Reglamento CE núm. 44/2001.
La primera cuestión nos lleva a afirmar que es de aplicación preferente,
en caso de conflicto, la norma contenida en el tratado internacional
sobre la interna, pues así se deduce de lo dispuesto en el art. 96.1 de
la Constitución Española, antes trascrito, pues tras su entrada en vigor,
superándose posturas jurisprudenciales anteriores, la primacía del tratado
ha sido declarada tanto por el TC como por los órganos de la jurisdicción
ordinaria. En relación con el TC cabe citar las sentencias 11/1985, de 30
de enero, y 28/1991, de 14 de febrero. Respecto de la jurisprudencia
del TS, Sala 1ª. citamos las sentencias de 16 de septiembre de 1982,
30 de septiembre de 1982, 2 de diciembre de 1982 y 22 de mayo de
1989. Por lo que no cabe duda, por tanto, que son aplicables al caso
las disposiciones del Convenio bilateral antes citado para determinar la
competencia de la jurisdicción nacional de uno de los Estados firmantes.
Superada la primera cuestión, la segunda es la de resolver el conflicto
entre ese Convenio Bilateral y lo dispuesto en el Reglamente CE núm.
44/2001, que como ya hemos visto, determinaría la competencia de
la jurisdicción española. Este conflicto ha de resolverse, con carácter
general, conforme a las reglas de derecho internacional privado en caso
de conflicto entre un tratado bilateral suscrito por un Estado miembro
de la CE y ese Reglamento Comunitario, de manera que, en este caso,
la regla general es la continuidad y existencia de ambos tratados, si
bien para resolver los problemas que puedan surgir en el proceso de
aplicación de los mismos, la Convención de Viena ofrece en su art. 30
un conjunto de principios, entre los que ahora debemos destacar, por
ser directamente aplicable, el que se refiere al caso de que haya una
identidad material pero no una identidad subjetiva, en las relaciones entre
dos Estados concretos, al que se aplicarán las disposiciones de aquel
tratado, sea el anterior o el posterior, en el que ambos sean partes y que,
por consiguiente, les obligue en sus relaciones mutuas. Se trata de una
manifestación del doctrinalmente llamado "relativismo subjetivo", y que
en todo caso nos vincula al estar ratificado por España e incorporado al
ordenamiento interno.
Pero es que, además, del propio texto del Reglamento CE núm 44/2001
se deduce que se ha de llegar a la misma solución, puesto que en la
regla vigésimo quinta de esa norma se expone el necesario "respeto de
los compromisos internacionales contraídos por los Estados miembros
justifican que el presente Reglamento no afecte a los convenios en los
que son parte los Estados miembros y se refieren a materias especiales",
y ese compromiso se traslada al art. 71 del texto normativo que
prescribe que "El presente Reglamento no afectará a los convenios en
que los Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares,
regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las
resoluciones".
Por tanto, queda clara la aplicación preferente, para la solución de
la cuestión planteada, de lo que se dispone en el Convenio de 1 de
diciembre de 1988, de Cooperación para la Defensa suscrito entre España
y Estados Unidos, en cuyo art. 8.2 del Anejo Octavo se dispone que los
empleados de contratistas o de concesionarios que efectúen trabajos
en España para las Fuerzas de los Estados Unidos de América quedan
excluidos de la aplicación de la "legislación laboral española", y esa
expresión, coincidente con el dictamen del Comité Permanente Hispano-
Norteamericano (Órgano establecido en el art. 7 del Convenio "para
asegurar la necesaria coordinación entre las Partes en el desarrollo del
presente Convenio y para estudiar y resolver, en su caso, las cuestiones
que plantee su aplicación), ya fue interpretada por la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo en Sentencia de 6 de marzo de 1982, que aunque
referida al Convenio de Amistad y Cooperación de 6 agosto 1970, recogía
idénticos términos a los ahora expuestos en el Tratado Internacional que
lo sustituyó, concluyendo aquella Sala, en un caso similar al presente,
la incompetencia de la jurisdicción social española, que es, por todo lo
dicho, la solución que ahora debemos adoptar, con estimación del recurso
de suplicación interpuesto contra la sentencia recurrida, ya que, como
hemos visto, tanto la demandada ahora recurrente como el actor tienen
nacionalidad norteamericana y la regla del tratado no exige, además de la
nacionalidad, la residencia en aquel país, que se plantea como alternativa
para la aplicación de la competencia, y no de forma conjuntiva como
parece interpretar la sentencia recurrida.
La estimación de la excepción planteada impide un pronunciamiento sobre
el resto de las cuestiones planteadas en la demanda y en el recurso.
FALLAMOS
Con estimación del recurso de suplicación interpuesto por SPAIN AFS,
S.L. contra la sentencia dictada el 24 de febrero de 2009 por el Juzgado
de lo Social número Dos de Sevilla, recaída en autos sobre despido,
promovidos por D. Pedro Miguel contra Agility Defense & Services LLC
y Spain AFS LLC, debemos estimar la incompetencia de la jurisdicción
española para el conocimiento de la cuestión plateada, a favor de los
órganos jurisdiccionales de los EE.UU., revocando la sentencia recurrida.