PRIMERO. - El Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº. 1 de La
Bañeza dictó sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva,
literalmente copiada dice así: "FALLO: Estimar parcialmente la
demanda interpuesta por el Procurador D. Francisco Ferreiro Carnero
en representación de D. Lucio ... contra la Unión de Transportes Central
Flaviense S.L. en rebeldía procesal, D. Cesar ... representado por el
Procurador D. Angel Lorenzo Bécares Fuentes y Dª Estíbaliz ... en
sintuación de rebeldía procesal, condenando a la Unión de Transportes
Central Flaviense al pago de 43.637,56 euros más 1.359,65 euros en
concepto de intereses vencidos más los que se devenguen de esta
suma desde la interposición de la demanda, condenando igualmente
a la entidad mercantil demandada al pago de las costas procesales de
la pretensión que contra ella se dirige por parte de D. Lucio, debiendo
condenar al actor al pago de las costas procesales derivadas de la
pretensión que se ejercita contra D. Cesar y Dña. Estíbaliz que ha sido
enteramente desestimada."
SEGUNDO. - Contra la relacionada sentencia, que lleva fecha de 27 de
julio de 2006 se interpuso recurso por la parte apelante, por cuyo motivo
se elevaron los autos a esta Audiencia, ante la que se personaron dentro
del término del emplazamiento y en legal forma las partes litigantes y
seguidos los demás trámites se señaló el día 10 de Abril de 2008 para
deliberación.
TERCERO. - En la tramitación del presente recurso se han observado las
prescripciones legales excepto el plazo para dictar sentencia previsto
en el art. 465.1 LEC de 2000, de imposible cumplimiento debido a la
acumulación de asuntos anteriores y preferentes pendientes en este
tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia de
instancia.
SEGUNDO. - Se invocan como motivos del recurso infracción por
inaplicación del art. 18 de la LOPJ en relación con los arts. 23 y 24 y con
el art. 5.1 del Reglamento Comunitario 44/2001.
El Reglamento CE nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre del 2000,
es aplicable a los Estados miembros de la Unión Europea, sustituye
al Convenio de Bruselas de 1968, que era aplicable entre los Estados
miembros antes de la entrada en vigor del Reglamento relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil. A este respecto señala el art. 68
del referido Reglamento: 1. El presente Reglamento sustituirá, entre
los Estados miembros, a las disposiciones del Convenio de Bruselas de
1968, salvo en lo que respecta a los territorios de los Estados miembros
comprendidos en el ámbito de aplicación territorial de dicho Convenio
y que están excluidos del presente Reglamento en virtud del art. 299
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 2. En la medida en
que el presente Reglamento sustituye entre los Estados miembros a las
disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968, se entenderá que toda
remisión a dicho Convenio se refiere al presente Reglamento.
De ahí que tenga razón la parte recurrente cuando señala que incurre en
error la Juzgadora de instancia al aplicar las disposiciones del Convenio
de Bruselas y no el Reglamento Comunitario, aunque tal error no tenga
una relevancia especial, pues el hecho de que deba tomarse como norma
aplicable el Reglamento, no tiene una significación esencial en cuanto que
a la vista de la regulación de las normas de competencia que contiene
este ultimo texto, difícilmente se puede entender que sea modificable el
contenido de la resolución apelada, toda vez que el mismo es vinculante
para los Tribunales españoles y la determinación de la cuestión de
competencia es una cuestión prejudicial que como tal ha de ser valorada
en primer término.
El Reglamento determina en síntesis la competencia judicial en materia
civil y mercantil, y estipula que las resoluciones adoptadas en un Estado
miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin que
sea necesario recurrir a ningún procedimiento, salvo casos de oposición,
estableciendo como principio general que la jurisdicción competente
es la del Estado miembro donde el demandado tiene establecido su
domicilio cualquiera que sea su nacionalidad. La determinación del
domicilio se efectúa en función de la Ley del Estado miembro del Tribunal
competente, estando definido para las personas jurídicas y las sociedades
el domicilio en función del lugar en el que se encuentra su domicilio social,
su administración central o su establecimiento principal.
No obstante a pesar del principio básico de que el Tribunal competente
es el del estado miembro donde esta domiciliado el demandado, arts. 2
y 4 del Reglamento, este último puede ser llevado ante los Tribunales de
otro estado miembro, dentro del marco de las competencias especiales
y así el art. 5, viene a establecer que (será competente) en las materias
contractuales en general el tribunal del lugar donde la obligación fue o
debería haber sido cumplida.
Como señala el propio Reglamento (11), "Las reglas de competencia
judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben
fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa
generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe
regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la
materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de
vinculación. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio
de manera autónoma para incrementar la transparencia de las reglas
comunes y evitar los conflictos de jurisdicción".
Por tanto si bien la competencia del Juzgado de instancia esta justificada
para el conocimiento de la acción de reclamación derivada del contrato
de compraventa mercantil que vinculaba a las partes no puede decirse
los mismo de la acciones de responsabilidad que se ejercitan contra
los administradores de la sociedad, respecto a las que deberá estarse
al principio general de que la jurisdicción competente es la del Estado
miembro donde el demandado tiene establecido su domicilio, que es este
caso no es otro que Portugal.
TERCERO. - Se invoca como motivo segundo del recurso vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa y derecho a un
proceso con todas las garantías art. 24.1 y 2 de la Constitución al acordar
de oficio la sentencia y pese a su anterior resolución expresa y firme en
sentido contrario la incompetencia de los Juzgados y Tribunales españoles
para enjuiciar las acciones deducidas en autos.
En el presente caso, la acción que la Juez de instancia no estima, es la
de responsabilidad de los administradores ejercitada al amparo de los
arts. 105.5 de la LSRL en relación con el art. 104 de la misma Ley, y aun
cuando no se haya formulado oposición de contrario al ejercicio de dicha
acción ante los Tribunales españoles, en cuanto que no se ha contestado a
la demanda, ello no exonera de analizar si los tribunales españoles son o
no competentes para conocer de tal acción, máxime cuando en el auto de
fecha 4.04.2003, no se hace un análisis especifico sobre el particular.
La sociedad demandada tiene su domicilio social en Portugal, (Chaves),
los administradores de la sociedad codemandados igualmente tienen
el domicilio en Portugal, lo que implica que la acción no ha sido
correctamente planteada ante los tribunales españoles, pues como se
ha indicado con anterioridad, de acuerdo a las normas generales de
competencia establecidas en el Reglamento Comunitario 44/2001, el
juez competente para el conocimiento de la acción de responsabilidad
de los administradores planteada en la demanda, sería el de la localidad
en la que los administradores tienen su domicilio, el hecho de que
inicialmente el Juzgado de instancia se declarara competente para conocer
de la demanda, no es obice para que apreciado con posterioridad que
entrar a conocer sobre una de las dos acciones que se ejercitan en la
misma, afecta a las reglas relativas a la competencia judicial, no pueda
declararse de oficio incompetente, cuando además dicha sociedad viene
sometida en cuanto a las causas de disolución y de responsabilidad de
los administradores, a la legislación portuguesa, lo que hace inviable que
pueda ser examinada la posible responsabilidad de los administradores a
la luz de la LSRL española, sin que por todo ello se estime que pueda ser
apreciada la vulneración invocada del derecho a la tutela judicial efectiva,
derecho de defensa y derecho a un proceso con todas las garantías, pues
tales derechos no han sufrido merma alguna con la decisión tomada por la
Juez de instancia.
CUARTO. - Por ultimo se alega en el recurso quebrantamiento de formas
esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de las
sentencias por incongruencia de la sentencia dictada en una doble
vertiente a) fundarse en un motivo o cuestión no invocada de contrario
sin previo traslado a los litigantes debatirlos contradictoriamente-
incongruencia mixta o por desviación- y b) omitir pronunciamiento
expreso, a saber la acción de responsabilidad deducida. Incongruencia
omisiva o ex silintio- resultar inmotivada y estar incursa en error patente.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las
demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en
el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o
absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que
hayan sido objeto del debate, y, cuando éstos hubieran sido varios,
se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente
a cada uno de ellos. Es decir, que la congruencia de las resoluciones
judiciales que exige el precepto supone la necesidad de que entre la parte
dispositiva de las mismas y las pretensiones deducidas oportunamente
por los litigantes durante la fase expositiva del pleito, exista la máxima
concordancia y correlatividad, tanto en lo que a los elementos subjetivos
y objetivos de la relación jurídico-procesal se refiere, como a la acción que
se ejercita afecta.
Pues bien examinada la concreta resolución que nos ocupa, aunque de
contrario no se alego ningún motivo, o cuestión en cuanto que no se llegó
a formular contestación a la demanda, como se ha señalado, ello no es
obstáculo para que la Juez de oficio, valorando que no es competente
para conocer de una de las dos acciones que se plantean en la demanda,
pueda pronunciarse en este sentido, argumentando como lo hace a
lo largo del fundamento tercero de la sentencia, que falta no solo la
competencia sino el presupuesto de que la ley española sea aplicable
al tiempo de examinar la responsabilidad de los administradores de
una sociedad que no es española según deduce a contrario sensu de lo
dispuesto en el art. 6 de la LSPL, y como se desprende de lo dispuesto
en los arts. 9.11 y 10.11 del C. civil, en cuanto que se demanda a los
representantes con domicilio en Portugal, de una persona jurídica de
nacionalidad portuguesa con domicilio social en dicho país, justificando
ampliamente las razones que la llevan a dicha conclusión, las cuales han
se ser consideradas bastante a efectos de la motivación de la sentencia.
Tampoco hay incongruencia omisiva porque como dice la STS 121/1994
de 25 de abril, que constituye doctrina reiterada de este Tribunal que
el contenido propio del derecho a obtener la tutela judicial efectiva
consiste esencialmente en la obtención de un pronunciamiento motivado
sobre el fondo de la pretensión ejercitada, pero también que puede
igualmente satisfacer tal derecho mediante resolución que, sin entrar
en el fondo de la cuestión planteada, se pronuncie motivadamente
sobre la imposibilidad de hacerlo, precisamente por concurrir algunas de
las causas legales que impiden aquel conocimiento. La apreciación de
dichas causas corresponde a los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la
función que le es propia, conforme a la doctrina de este Tribunal, aquellos
deberán efectuar una interpretación y aplicación de las citadas causas
(que impidan el conocimiento y la resolución de fondo) que no restrinja
injustificadamente o de forma irrazonable al acceso a la jurisdicción
que integra el contenido esencial (entre otras muchas SSTS 37/1982,
69/1983, 19/1986, 201/1987, 36/1988, 102/1990, 164/1990, 192/1992,
20/1993).
La Juez de instancia se ha pronunciado sobre la imposibilidad de
conocer de la acción que se ejercita contra las administradores de la
sociedad codemandada, D. Cesar y Dª Estíbaliz, conclusión que por estar
ampliamente justificada ha de ser compartida en esta alzada, por lo que
difícilmente se puede apreciar la incongruencia omisiva aducida.
QUINTO. - Por todo lo expuesto, procede desestimar el recurso de
apelación y conforme a lo señalado en los artículos 394 y 398 de la Ley
Enjuiciamiento deben ser impuestas las costas de esta alzada a la parte
recurrente.