PRIMERO. - Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Madrid, fueron
vistos los autos 956/93, de demanda sobre petición de auxilio judicial de
reconocimiento y ejecución en España de la sentencia, instados por la
entidad holandesa "Koninklijke Handelskwekerij Weduwe P. Eveleens &
Zonen B.V.", contra Doña Sofía... que actúa bajo el nombre de "Viuda e
Hijos de R. Lorenzo".
Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones
legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por
conveniente, suplicando al Juzgado "que teniendo por presentado este
escrito con los documentos que lo acompañan y copia de todo ello, se
sirva admitirlo, acordando de conformidad con lo expuesto en el mismo
y, en consecuencia, previos los trámites exigidos por el Convenio citado
en el encabezamiento de presente escrito, acuerde el reconocimiento y
ejecución en España de la sentencia dictada por el Juzgado de Distrito
Judicial de Amsterdam, Segunda Sala Unipersonal, Países Bajos, el 7
de abril de 1993, y que resultó firme, según el derecho holandés, a los
14 días de su notificación que se llevó a cabo mediante requerimiento
notarial realizado el 11 de mayo de 1993 por el Notario de Madrid don
José Luis Martínez Gil, en los términos expuestos en el presente escrito
por el importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE FLORINES HOLANDESES CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (258.79,66 fl) (aproximadamente diecisiete millones de
pesetas 17.000.000,- pts. ) aumentado con el interés convencional del
1% al mes sobre SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
FLORINES HOLANDESES CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (76.583,24
fl) (aproximadamente cinco millones de pesetas 5.000.000,- pts. )
desde el 30 de enero de 1.983 y aumentado en el interés convencional
del 1,5% al mes sobre los importes mencionados en el inciso 4 de la
demanda, a leer desde el número de factura 4.028, desde las fechas de
vencimiento mencionadas igualmente en el inciso 4 de la demanda junto
a las facturas mencionadas, hasta la fecha de satisfacción. Asimismo
condenó a la parte demandada al pago de las costas del juicio, que hasta
esta sentencia se cifran por parte de la parte demandante en SEIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE FLORINES HOLANDESES CON TRECE
CÉNTIMOS (6.477,13 fl.) (aproximadamente cuatrocientas veinticinco mil
pesetas 425.000,- pts.).- Y que adopte a tales efectos todas las medidas
oportunas y trámites necesarios y, finalmente, imponga a la entidad
ejecutada la totalidad de las costas y gastos del presente procedimiento".-
Admitida a trámite la demanda y emplazada la mencionada parte
demandada, su repesentante legal la contestó oponiéndose a la misma,
en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente
para terminar suplicando "se acordase no haber lugar al reconocimiento
ni a la ejecución de la sentencia de fecha 7 de abril de 1993 dictada por
el Juzgado de Distrito Judicial de Amsterdam, Segunda Sala Unipersonal,
desestimando la solicitud planteada por "Koninklijke Handelskwekerij
Weduwe P. Eveleens & Zonen B.V." por los motivos en base a los cuales
fundamentamos este escrito o cualquiera otros que fuese por S.Sª
apreciados de oficio, imponiendo las costas a la entidad actora".
Por el Juzgado se dictó providencia con fecha 28 de febrero de 1994,
del tenor literal siguiente: "Dada cuenta, el anterior escrito únase a
los autos de su razón con entrega de la copia a la otra parte. Se tiene
por personado y parte al Procurador don Ignacio Aguilar Fernández en
nombre y representación de doña Sofía en virtud de la escritura de poder
que se acompaña; visto el informe del Ministerio Fiscal y reuniendo
el escrito presentado por la Procuradora doña Adela Cano Lantero en
representación de la entidad actora las condiciones exigidas en las
disposiciones comunes art. 46 y ss. del convenio relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil de 27 de septiembre de 1.968, procede autorizar la ejecución
instada por la referida procuradora contra doña Sofía que actúa bajo
el nombre de "Viuda e Hijos de R. Lorenzo", a la que se notificará esta
resolución a través de su representación en autos haciéndole saber que
contra la misma podrá interponer recurso dentro del mes siguiente a su
notificación".
SEGUNDO. - Interpuesto recurso de apelación contra la providencia de
1ª Instancia por la representación de doña Sofía y tramitado el recurso
con arreglo a derecho, la Sección Octava de la Audiencia Provincial
de Madrid con fecha 20 de mayo de 1996, dictó Auto con la siguiente
parte dispositiva: "FALLAMOS. - Que con inestimación del recurso de
apelación interpuesto por el Procurador don Ignacio Aguilar Fernández en
representación de doña Sofía frente a la providencia el día 28 de febrero
de 1994 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Jurado de Primera Instancia
nº 36 de Madrid en las actuaciones a que el presente rollo se contrae,
debemos confirmar y confirmamos la indicada resolución e imponemos a
la parte impugnante las costas procesales devengadas en la alzada".
TERCERO. - El Procurador Don Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y
representación de doña Sofía, interpuso recurso de casación contra el
Auto dictado por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid
con fecha 28 de febrero de 1994, con apoyo en los siguientes motivos:
"El primero, al amparo de lo dispuesto en el art. 1.692.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil por infracción de las normas del ordenamiento
jurídico en concreto los artículos 34, 27.1, del Convenio de Bruselas
en relación con el artículo 62.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.- El
motivo segundo, como el anterior amparado en el art. 1.692.4 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil por infracción de las normas del ordenamiento
jurídico en concreto los artículos 34, 27.1, del Convenio de Bruselas.- El
motivo tercero, al igual que los anteriores amparado en el art. 1.692.4
de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los arts. 28.1 y 14 del
Convenio de Bruselas".
CUARTO. - Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para
impugnación, la Procuradora doña Adela Cano Lantero en representación
de la parte recurrida presentó escrito con oposición al mismo.
QUINTO. - No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista
pública se señaló para votación y fallo el día 22 de octubre de 2.001, en
que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN
BALLESTEROS
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º LEC, acusa
infracción de los arts. 34, 27.1 del Convenio de Bruselas en relación con el
art. 62.1 LEC.
En su fundamentación dice la recurrente textualmente: "Es reiterada
y pacífica la Jurisprudencia que establece que las normas procesales
son de orden público. En el presente caso toda vez que la acción que se
ejercita es personal y que el lugar de cumplimiento de la obligación es
Madrid (España), el juez competente para el conocimiento de la demanda
interpuesta por la actora hubiera sido el de los Juzgados de Primera
Instancia de Madrid, al ser éste el domicilio de la demandada doña Sofía
y ser éste el lugar de cumplimiento de la obligación, por lo que resulta
evidente que la sentencia del Juzgado de Distrito de Amsterdam infringe
las normas procesales de orden público del estado requerido (España),
por lo que no cabría su reconocimiento, por ello al haberse dado curso
a la ejecución de la sentencia extranjera, se ha infringido una norma
de orden público, el citado artículo 62.1 de la LEC, en relación con los
artículos 34 y 27.1 del Convenio por lo que el Auto recurrido habrá de ser
casado y anulado, dictándose resolución por la que se declare no haber
lugar a la ejecución pretendida".
El motivo se desestima porque olvida en su planteamiento lo dispuesto
en el párrafo último del art. 28 del Convenio de Bruselas, en el que se
dispone que sin perjuicio de excepciones que no son del caso, "el orden
público contemplado en el art. 27.1 no afectará a las reglas relativas a la
competencia judicial", con lo que se excluye que el Juez pueda invocar su
orden público.
SEGUNDO. - El motivo segundo, al amparo del art. 1.692.4º LEC, acusa
la infracción de los arts. 34 y 37.2 del Convenio de Bruselas. Se apoya
en que la sentencia dictada por el Juzgado de Distrito de Amsterdam lo
fue en rebeldía de la recurrente, cuyo emplazamiento para contestar a la
demanda no le fue hecho de forma regular y con tiempo suficiente para
defenderse. Dice al efecto: "Así conforme consta en el documento nº 2
acompañado por esta parte a su escrito de oposición al reconocimiento
de la sentencia del Juzgado de Distrito de Amsterdam y como documento
nº 1 acompañado por la actora a su escrito de demanda, consistente
en el Acta autorizada por el Notario de Madrid don José Luis Martínez
Blanco la cédula de emplazamiento fue entregada a un empleado de mi
representada con fecha 4 de diciembre (viernes víspera del Puente de la
Constitución) y éste se la entregó a ella con fecha 10 de diciembre, fecha
en que comparece ante el Notario conforme consta en el folio tercero de
dicha acta. En dicha cédula de emplazamiento se la convoca con sólo 21
días hábiles de antelación precisamente para el día 6 de enero, Festividad
en España de los Reyes Magos".
El motivo se desestima porque esta Sala hace suyo el acertado juicio de
la Audiencia sobre lo que ahora es su contenido. En su fundamento de
derecho cuarto se dice: "El submotivo se construye haciendo abstracción
no sólo del contenido del acta notarial, donde obra diligencia extendida
por el Fedatario público denotativa de que el día 4-XII-1992 entregó
al empleado de la apelante cédula autorizada comprensiva de la
transcripción literal del acta y fotocopia legalizada de los documentos que
se acompañan a la misma, sino también que el día diez de diciembre de
1992 la requerida doña Sofía compareció ante el Notario don José Luis
Martínez Gil y, además, hizo amplias manifestaciones en derecho, lo que
lleva a inferir ineluctablemente que el mismo día cuatro de diciembre,
o al día siguiente, llegó a su conocimiento la cédula y los documentos
antedichos. A partir del 10 de diciembre la apelante pudo comparecer sin
impedimento a la audiencia a la que había sido convocada sin menoscabo
de su derecho de defensa, ya que ésta ya había sido detalladamente
expuesta, como se desprende de las aseveraciones vertidas al Fedatario,
y sólo a su actitud pasiva y negligente se debió que no compareciese.
Tuvo tiempo suficiente para defenderse y no lo hizo por su absoluta
inactividad, por lo que no puede refugiarse en su propia torpeza y
pasividad. El artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Civil concede una
facultad de que pueda hacer uso el Juzgador que conoce de la litis, si lo
estima necesario, pero no una obligación, como se aduce de su propia
dicción "el Juez podrá aumentar". Atendidas las circunstancias aludidas el
aserto fundado en la conculcación del artículo 27 del Convenio se revela
tan carente de solidez como los anteriores y la alegación de infracción
se torna en meramente retórica". Por otra parte, la remisión que la
recurrente hace en el recurso al art. 956 LEC no es procedente, porque la
ley aplicable a este litigio es el Convenio de Bruselas, versión codificada
publicada en el DOCE núm. C189, de 28 de julio de 1990.
TERCERO. - El motivo tercero, al amparo del art. 1.692.4º LEC, acusa
infracción de los arts. 28.1 y 14 del Convenio de Bruselas, sosteníendose
que la norma última "viene referida a las acciones del vendedor contra el
comprador, sea éste o no consumidor final del producto".
El motivo se desestima porque la recurrente, que gira bajo la
denominación "Viuda e Hijos de R. Lorenzo" no tiene en cuenta el
concepto de consumidor que se da en el art. 13, párrafo 1º, del Convenio
de Bruselas, texto de 1990, que dice: "En los contratos celebrados por
una persona para un uso que pudiera considerarse ajeno a su actividad
profesional, en lo sucesivo denominada "el consumidor...".
A la luz de esta definición debe de interpretares el art. 14 del tan repetido
Convenio cuando se refiere al consumidor, lo que se justifica por la
especial protección que se le dispensa. Además, lo alegado en este
motivo es una cuestión nueva no contenida en el escrito de oposición
a la ejecución de la sentencia dictada por el Juez holandés (folios 53 a
55), que esta Sala veda reiteradamente, y en la que la Audiencia entró a
conocer indebidamente. Ni siquiera tiene la apoyatura fáctica por la que
la recurrente ha de ser considerada como consumidor de acuerdo con el
Convenio de Bruselas, prueba que a ella le correspondía como beneficiaria
de una norma especial sobre competencia judicial.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el
pueblo español
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de
casación interpuesto por Doña Sofía, representada por el Procurador de
los Tribunales don Ignacio Aguilar Fernández contra el Auto dictado en
grado de apelación por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de
Madrid con fecha 20 de mayo de 1996.