PRIMERO. - Se aceptan los de la resolución apelada como relación de
trámites y antecedentes del procedimiento.
SEGUNDO. - Por la Sra. Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de El Ejido,
en el referido procedimiento se dictó Auto con fecha 24 de Octubre de
2007, cuya Parte Dispositiva establece: "SE DESESTIMA LA OPOSICIÓN
a la ejecución presentada por la representación procesal de Plásticos
Sunsaver S.L.,y se ACUERDA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN por
la cantidad despachada en el Auto de 21 de diciembre de 2006, con
expresa imposición a la entidad ejecutada de las costas de la oposición a
la ejecución".
TERCERO. - Contra la referida resolución y por la representación
procesal de la parte ejecutada se interpuso en tiempo y forma recurso
de apelación, que fue admitido en ambos efectos, elevándose los autos
a este Tribunal, donde se formó el rollo correspondiente, y seguido el
recurso por sus trámites, se señaló para Votación y Fallo el día 28 de
Julio de 2008, solicitando la parte apelante en su recurso la revocación
de la resolución recurrida y, en su lugar, se dicte otra que desestime
la demanda de ejecución al no reunir el título los requisitos legales
correspondientes para ser ejecutable conforme al Reglamento (CE)
nº 805/2004 de 21 de Abril, con imposición de las costas de ambas
instancias a la parte ejecutante; por la parte apelada, en su escrito de
oposición al recurso se solicitó la desestimación del recurso, confirmando
íntegramente el Auto recurrido, con imposición de las costas de la alzada
a la recurrente.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Frente a la resolución de instancia, desestimatoria de la
oposición deducida por la mercantil "Plásticos Sunsaver, S.L." frente
a la demanda de ejecución de titulo judicial europeo formulada en su
contra por la también mercantil "Plaspack Netze GmbH", interpone la
parte ejecutada recurso de apelación a fin de que se deje sin efecto
la resolución combatida y, en su lugar, se estimen íntegramente los
pedimentos de su oposición declarando no haber lugar a proseguir la
ejecución despachada contra sus bienes.
La parte apelada, en trámite de oposición al recurso, solicitó la
confirmación del Auto recurrido.
SEGUNDO. - Alega la recurrente como primer motivo de su recurso
que la resolución impugnada no ha dado cumplimiento estricto a las
prescripciones del Reglamento (CE) nº 805/2004 del Parlamento europeo
y del Consejo de 21 de abril de 2004 por el que se establece un título
ejecutivo europeo para créditos no impugnados, publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea de 30 de abril del mismo año. Y ello por
cuanto ha concedido validez al certificado de título judicial europeo
expedido por el Tribunal Provincial de Wels (Austria) en relación con
la sentencia firme pronunciada el 21.3.2005 por la que se condena a
la ahora recurrente a abonar a la ejecutante la cantidad de 42.701,40
euros más intereses y costas, a pesar de que dicho certificado ha sido
directamente emitido por el tribunal austriaco en idioma español,
infringiendo lo dispuesto en el art. 9.2 del citado Reglamento comunitario
a cuyo tenor "El certificado de título ejecutivo europeo se cumplimentará
en la misma lengua que la resolución", por lo que debe decretarse la
nulidad del mismo al carecer de los requisitos legales exigidos para que
se considere un genuino certificado de título judicial europeo y, por ende,
no reúne los requisitos para que lleve aparejada ejecución, estando
incurso en la causa de nulidad prevista en el art. 559.1.3º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Con carácter previo conviene puntualizar que el Reglamento nº
805/2004 se dictó con la finalidad de suprimir el exequátur pues,
como señala el Considerando (18) "El principio de confianza recíproca
en la Administración de justicia de los Estados miembros justifica
que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro considere que se
cumplen todas las condiciones de la certificación como título ejecutivo
europeo para permitir que una resolución resulte ejecutiva en todos
los demás Estados miembros, sin que los órganos jurisdiccionales de
aquél en que la resolución deba ejecutarse procedan a revisar si se
han cumplido las normas mínimas procesales". A tal efecto los órganos
jurisdiccionales competentes para comprobar el pleno cumplimiento
de las normas mínimas procesales deben expedir, si ésas se cumplen,
un certificado de título ejecutivo europeo normalizado, que haga
transparente este examen y su resultado, teniendo un carácter opcional
para el acreedor (Considerando 20), que puede elegir en su lugar el
sistema de reconocimiento y ejecución con arreglo al Reglamento (CE)
nº 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, u otros
instrumentos comunitarios. Ahora bien, habiéndose aportado por la
ejecutante con su escrito de contestación a la oposición un certificado
de título judicial europeo y circunscribiendo el recurrente su apelación
a su desacuerdo con la validez que la resolución de instancia concede a
dicha certificación, expedida por un tribunal de Austria, será en base a la
regulación contenida en el citado Reglamento como deberá dilucidarse la
presente controversia.
De esta forma el Reglamento nº 805/04 disciplina la creación de un
título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, entendiendo como
crédito no impugnado aquellas situaciones en las que un acreedor, habida
cuenta de la ausencia comprobada de oposición por parte del deudor
sobre la naturaleza o el alcance de una demanda pecuniaria, ha obtenido
una resolución judicial contra ese deudor. Dicha ausencia de impugnación
puede consistir, entre otros supuestos, en la incomparecencia en la vista
o en la omisión de respuesta a la invitación del órgano jurisdiccional a
presentar alegaciones por escrito (art. 3.1.b).
Una vez que se haya certificado una resolución como título ejecutivo
europeo en el Estado miembro de origen, será reconocida y ejecutada en
los demás Estados miembros sin que se requiera ninguna declaración de
ejecutividad y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento (art.
5).
TERCERO. - Desde las anteriores premisas de orden normativo, el primer
motivo del recurso no puede prosperar pues, aun siendo cierto que el art.
9 del aludido Reglamento establece con carácter general que el certificado
de titulo ejecutivo ha de cumplimentarse en la misma lengua que la
resolución a que el mismo se refiere, la inobservancia de este precepto,
al haberse redactado el certificado en idioma español y no alemán,
lengua esta ultima en que se escribió la sentencia que se pretende
ejecutar, no puede llevar aparejada tan gravosa consecuencia como
la postulada por recurrente, tendente a que se declare la invalidez del
mismo, habida cuenta que el certificado que se aporta por el ejecutante
no es una simple traducción del original sino que fue directamente emitido
en castellano por el tribunal austriaco, tratándose de un documento
debidamente autenticado con el sello de dicho órgano judicial y la firma
de su Secretario, por lo que en definitiva se cumple el requisito procesal
exigido por el art. 20.2 del Reglamento, en cuanto que el certificado
presentado cumple las condiciones necesarias de autenticidad. Además,
ningún perjuicio ocasiona al deudor que el título no este redactado en su
idioma original sino en español en la medida en que dicho documento se
emitió para la ejecución del título por un órgano jurisdiccional español y
siendo la ejecutada una persona jurídica inscrita y domiciliada en España,
como se acredita con el poder notarial para pleitos que acompaña con su
escrito de oposición a la ejecución.
CUARTO. - Seguidamente opone la recurrente que, tratándose de un
crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 1 del
art. 3 del Reglamento, el art. 6.1.c establece como requisito ineludible
que los procedimientos judiciales en el Estado de origen (Austria)
cumpla los requisitos establecidos en el Capítulo III, exigencia que, a
juicio de la parte, se habría obviado en el presente supuesto pues en
el apartado 11.2 del certificado se hace constar que el deudor no ha
sido informado con arreglo a los art. 16 y 17, por lo que no se le ha
instruido de los requisitos procesales para impugnar el crédito ni sobre las
consecuencias de la ausencia de impugnación y de la incomparecencia en
el procedimiento judicial tramitado por el Tribunal austriaco, careciendo el
título por tanto de fuerza ejecutiva.
El motivo no puede prosperar pues en la argumentación del apelante
se omite que el art. 18 del Reglamento determina las condiciones que
permiten la subsanación por el Estado de origen del incumplimiento de
los requisitos procesales establecidos en los art. 13 a 17, para lo cual se
exige que el deudor haya tenido la oportunidad de recurrir la resolución y
no la haya impugnado con arreglo a los requisitos procesales pertinentes,
extremos ambos que aparecen cumplimentados en los apartados 13.3
y 13.4 del certificado, por lo que debe reputarse subsanada la ausencia
de la información debida, en el bien entendido que, por imperativo del
art. 21.2 del Reglamento, "el título ejecutivo europeo y la resolución
en que se base no podrán en ningún caso ser objeto de revisión en
cuanto al fondo en el Estado miembro de ejecución" y que el apartado
1 del citado precepto únicamente faculta al órgano judicial competente
para la ejecución que deniegue la misma, a instancia del deudor, "...si
la resolución certificada como título ejecutivo europeo es incompatible
con una resolución dictada con anterioridad en un Estado miembro o
en un tercer país", circunstancia no concurrente en este caso en cuanto
que ni siquiera ha sido alegada por la parte ejecutada, contemplando el
Reglamento en su art. 10 los mecanismos para que el deudor pueda instar
la rectificación o revisión del certificado de título ejecutivo europeo, lo que
en todo caso deberá hacer valer ante el órgano jurisdiccional de origen.
PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA: Que con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación
deducido contra el Auto dictado en fecha 24 de Octubre de 2007 por la
Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de El Ejido en autos de
Ejecución de Título judicial europeo de que dimana la presente alzada,
DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la expresada resolución, con
imposición a la parte recurrente de las costas de esta alzada.