PRIMERO. La parte dispositiva del Auto apelado es del siguiente tenor:
"PARTE DISPOSITIVA: Se despacha ejecución, a instancia del Procurador
Dª. Consuelo Navarro Gesa en nombre y representación de S.A. SOCIÉTÉ
BILLÓN FRERES ET CIE (BILLÓN) como acreedor, frente a MECOTEX
S.A. como ejecutado, por importe de 127.767,49 euros desglosados en
las siguientes cantidades: 70000 euros de principal; 14212,88 euros
en concepto de intereses de demora, 21054,61 euros de costas de
apelación fijados en la sentencia que se ejecuta y 22500 euros fijados
prudencialmente para costas e intereses de la presente ejecución".
SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación
por la representación procesal de la parte ejecutada, presentando la
ejecutante escrito de oposición al recurso.
TERCERO. Recibidos los autos se procedió al señalamiento de día para
votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 30 de abril.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La resolución recurrida reconoció la ejecutividad de la sentencia
dictada por el Tribunal de Apelación de París el 4 de junio de 2003,
que condenaba a MECOTEX S.A. al pago de ciertas sumas a la aquí
ejecutante S.A. SOCIÉTÉ BILLÓN FRERES ET CIE, por reunir el título
judicial y la petición de ejecución los requisitos exigidos por el Reglamento
CEE 44/2001, relativo a la competencia judicial y al reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Por
ello, despachó ejecución contra la citada sociedad por la suma total de
127.767,49 euros, desglosada de la siguiente manera: 70.000 euros
de principal; 14.212,88 euros en concepto de intereses de demora;
21.054,61 euros de costas de apelación fijadas en la sentencia que
se ejecuta; y 22.500 euros que prudencialmente fijaba para costas e
intereses de la presente ejecución.
La parte ejecutada formuló recurso de apelación, de acuerdo con la
posibilidad impugnatoria que prevé el art. 43 del citado Reglamento
comunitario, aduciendo los siguientes motivos.
SEGUNDO. Considera la recurrente que el Auto judicial ha vulnerado
los arts. 38 y siguientes del Reglamento, citando seguidamente el art.
43.5, que otorga un plazo de dos meses para la interposición del presente
recurso. El concreto motivo de impugnación parece consistir (porque ni el
recurso ni el escrito de preparación son claros al respecto) en que, a juicio
de la recurrente, no cabe, en el sistema de reconocimiento y ejecución
establecido por el Reglamento, que se despache ejecución de forma
directa pues ha de verificarse que se cumplen los requisitos exigidos
por dicha norma comunitaria, y tan sólo cabe la adopción de medidas
cautelares hasta que se resuelva el recurso. Añade que el despacho
automático de la ejecución le ha causado indefensión porque le ha privado
de la oportunidad de invocar los motivos de oposición al otorgamiento de
la ejecución previstos en los arts. 33, 34 y 35 del Reglamento.
TERCERO. Se hace preciso dejar breve constancia del mecanismo que
diseña el Reglamento comunitario en orden al reconocimiento y ejecución
de resoluciones judiciales dictadas en Estados miembros de la UE.
I) El Reglamento (al igual que el precedente Convenio de Bruselas de
1968) quiere simplificar "los trámites para un reconocimiento y una
ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales de los Estados
miembros" (Considerando 2) y por ello, con base en la confianza recíproca
en la justicia dentro de la Comunidad, dispone que las resoluciones
dictadas en un Estado miembro sean reconocidas de pleno Derecho, sin
que sea necesario, excepto en caso de oposición, recurrir a ningún otro
procedimiento (Cdo 16). Esta misma confianza (prosigue el Cdo. 17)
justifica que sea eficaz y rápido el procedimiento para hacer ejecutoria,
en un Estado miembro, una resolución dictada en otro Estado miembro:
"a tal efecto, el otorgamiento de la ejecución de una resolución debería
producirse de manera casi automática, previo mero control formal de
los documentos aportados, sin que el tribunal pueda invocar de oficio
ninguno de los motivos de denegación de la ejecución previstos en el
presente Reglamento". No obstante, añade, el respeto del derecho de
defensa impone que el demandado pueda, llegado el caso, interponer un
recurso en el que se examine con arreglo al principio de contradicción el
otorgamiento de ejecución, si considera que se da alguno de los motivos
para su denegación (Cdo. 18).
Estas previsiones se plasman en el articulado relativo al otorgamiento
de la ejecución de las resoluciones dictadas en un Estado miembro
(arts. 38 y siguientes), de la siguiente manera: presentada la solicitud
ante el tribunal competente del Estado requerido (art. 39) junto con los
documentos que menciona el art. 53 (art. 40.2), el tribunal efectuará de
oficio un control formal sobre la regularidad de dicha documentación y, de
estimar cumplidos los requisitos, otorgará la ejecución sin mayor examen
según dispone el art. 41: "Se otorgará inmediatamente la ejecución de
la resolución una vez cumplidas las formalidades previstas en el artículo
53, sin proceder a ningún examen de acuerdo con los artículos 34 y 35.
La parte contra la cual se solicitare la ejecución no podrá, en esta fase
del procedimiento, formular observaciones". Otorgada así la ejecución, la
resolución dictada por el tribunal del otro Estado miembro se ejecutará en
el Estado requerido, según dispone el art. 38.
Es en el recurso previsto en el art. 43 cuando la parte contra la cual se ha
solicitado la ejecución puede oponer a la misma los motivos impeditivos
previstos en los arts. 34 y 35 (dispone en este sentido el artículo 45 que
"1. El tribunal que conociere del recurso previsto en los artículos 43 o
44 sólo podrá desestimar o revocar el otorgamiento de la ejecución por
uno de los motivos previstos en los artículos 34 y 35. Se pronunciará en
breve plazo. 2. La resolución del Estado miembro de origen en ningún
caso podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo").
II) No obstante, dispone el art. 47 que durante el plazo del recurso
previsto en el apartado 5 del artículo 43 contra el otorgamiento de la
ejecución y hasta que se haya resuelto sobre el mismo, solamente se
podrán adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra
la que se hubiere solicitado la ejecución. La concesión de tales medidas
cautelares (ad ex., el embargo preventivo), como ha declarado el TJCE en
Sentencia de 3 de octubre de 1985 (Capelloni y Aquilini c. Pelkmans, As.
119/1984), es automática al otorgarse la ejecución y deriva de esa misma
resolución, sin necesidad de prestación de fianza por el solicitante.
Por ello, la resolución judicial procedente ante la solicitud de ejecución
de una sentencia extranjera al amparo del Reglamento comunitario ha
de limitarse a verificar si se cumplen los requisitos formales para el
otorgamiento de la ejecución y a la adopción de las medidas cautelares
conducentes a asegurar la ejecución, que propiamente se despachará una
vez transcurrido el plazo para interponer el recurso establecido por el art.
43 sin que se haya formulado, o hasta que el mismo sea resuelto.
III) En este caso, el control judicial requerido por el Reglamento
fue efectuado por el Auto apelado (así se hace constar en su primer
fundamento de Derecho), de tal modo que el pronunciamiento relativo
al otorgamiento de la ejecución está implícito en la parte dispositiva del
Auto, y la parte ejecutada ha podido recurrir y alegar los motivos por
los que considera que no debía ser otorgada la ejecución. Pero en esta
misma resolución se acordó el despacho de ejecución (aunque sin acordar
medidas concretas), lo cual, como se ha visto, no resulta correcto.
Sin embargo, la parte recurrente no ataca en su recurso el otorgamiento
de la ejecución, pues, pudiendo hacerlo, no alega ninguno de los motivos
de oposición establecidos por el Reglamento (en los arts. 34 y 35), sin
que pueda estimarse motivo eficaz la simple alegación (en el escueto
fundamento sexto del recurso) de que el despacho de ejecución por los
intereses y las costas vulneran el orden público español. La ausencia
de motivación alguna en sustento de tal afirmación nos releva de dar
respuesta, tan sólo constatar que en nuestro ordenamiento está previsto
que el despacho de ejecución ha de comprender tales conceptos (art. 575
LEC).
La parte recurrente, en fin, no ha padecido indefensión alguna porque
ha podido interponer el recurso previsto por el Reglamento contra el
otorgamiento de la ejecución, y así lo ha hecho, bien que sin oponer
ningún motivo eficaz para revocar tal pronunciamiento. Cierto es que
no procedía el despacho de ejecución hasta la resolución del presente
recurso, sino sólo la adopción de medidas cautelares, pero en cualquier
caso la decisión judicial ha de ser confirmada dado que no se ha
planteado ningún motivo eficaz contra el otorgamiento de la ejecución.
CUARTO. Las circunstancias concurrentes determinan que no impongamos
las costas al apelante.
Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás
de pertinente aplicación
PARTE DISPOSITIVA
La Sala acuerda desestimar el recurso de apelación formulado por la
representación procesal de MECOTEX S.A. contra el Auto dictado en fecha
5 de febrero de 2007 en los autos de los que dimana este Rollo, que
confirmamos, sin imposición de costas.