1.- En el rollo de apelación nº 217/2009, la Audiencia Provincial de
Gerona (Sección Segunda) dictó Auto, de fecha 17 de junio de 2009,
declarando no haber lugar a tener por preparado el recurso de casación
intentado por la representación de la entidad «J. BAHI, S.A.», contra la
Sentencia de fecha 3 de junio de 2009 dictado por dicho Tribunal.
2.- Contra dicho Auto se interpuso recurso de reposición que fue
denegado por Auto de fecha 8 de julio de 2009, habiéndose entregado el
testimonio de ambas resoluciones a los efectos del artº. 495 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.
3.-Por el Procurador D. Pedro Pérez Medina, en nombre y representación
de la indicada parte litigante, se ha interpuesto recurso de queja por
entender que cabía el recurso de casación y debía de haberse tenido por
preparado.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Se formula esta queja contra el Auto denegatorio de la preparación
del recurso de casación intentada contra una Sentencia dictada en un
procedimiento para reconocimiento y ejecución de resolución judicial
extranjera; la Audiencia denegó el recurso por falta de acreditación del
"interés casacional" en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo
o por jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. Frente
a ello la entidad recurrente considera que no se le puede exigir la
acreditación del interés casacional por cuanto ello supondría la infracción
del art. 44 del Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre en virtud del cual
la Ley sólo exige que se interponga recurso de casación, sin necesidad de
cumplimentar mayores requisitos.
2.- Así planteada esta queja, no cabe sino confirmar la resolución
denegatoria de la preparación del recurso, sin que puedan tenerse en
consideración las alegaciones de la entidad recurrente, ya que discurren al
margen de la doctrina de esta Sala; a este respecto en el Auto de 29 de
julio de 2008 (recurso de queja 251/2008), tras examinar la recurribilidad
en casación de las resoluciones dictadas en material de reconocimiento
y ejecución de decisiones al amparo del régimen establecido en los
Convenios de Bruselas y de Lugano y de los Reglamentos comunitarios
1347/2000 (ahora sustituido por el 2201/2003) y 44/200, que encuentra
su fundamento, como se exponía en los Autos de esta Sala de fecha 12
de marzo de 2002 (recurso de queja 75/2002) y de 23 de noviembre
de 2004 (recurso 1981/2001), más allá de las disposiciones contenidas
en las normas procesales nacionales, se dejaba dicho que el recurso de
casación que establecen los artículos 41 de los Convenios de Bruselas
y de Lugano, 27 del Reglamento CE 1347/2000, 44 del Reglamento CE
44/2001, y 33 del Reglamento CE 2201/2003, constituye un medio de
impugnación específicamente previsto en normas comunitarias, dentro
de un cauce procesal igualmente previsto y regulado por ellas, y que
se califica de cerrado, completo y uniforme (Sentencias del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas de 2 de junio de 1985, as. 184/84,
de 27 de noviembre de 1984, as. 258/83, de 21 de abril de 1991, as.
C-172/91, de 4 de octubre de 1991, as. C-183/90, y de 11 de agosto de
1995, as. C-432/93), medio de impugnación que se encuentra dotado de
un objeto y contenido concreto, circunscrito a las cuestiones de derecho
suscitadas en la resolución sobre el exequátur de la decisión extranjera
-y solo en ella-, esto es, a la revisión de la aplicación de las normas que
rigen los presupuestos y requisitos de la declaración de ejecutoriedad de
la resolución foránea (STJCE de 27 de noviembre de 1984, as. 258/83).
Por lo tanto, el establecimiento del recurso y su contenido se imponen
sobre las previsiones normativas internas en virtud de la primacía y
de la aplicabilidad directa de la norma comunitaria, en función de los
fines a los que se orienta y cuya consecución persigue, que aquí se
contraen al logro del objetivo comunitario de la libre circulación de las
resoluciones dentro de un espacio de libertad, seguridad y de justicia.
Ahora bien, las condiciones, presupuestos y requisitos de procedibilidad y
de admisibilidad se rigen por el ordenamiento interno, siempre y cuando
sus normas y la interpretación que de ellas se haga garanticen la primacía
y el efecto directo de las normas comunitarias -en rigor, el efecto útil
de ese efecto directo-, y posibiliten, por lo tanto, el recurso establecido
en ellas, con su contenido propio y su propia finalidad, sin convertir en
papel mojado, en simple previsión normativa carente de aplicación en la
práctica, el recurso de casación establecido en las normas comunitarias.
Y se añadía: " En los ya citados Autos de 12 de marzo de 2002 y de 23 de
noviembre de 2004 se dejaba sentado que las condiciones establecidas
por el legislador nacional y la interpretación que de ellas ha hecho esta
Sala satisfacen las exigencias de las normas comunitarias, en la medida
en que posibilitan el recurso de casación previsto en las mismas, dentro
de su específico contenido y conforme a los fines a que está orientado,
permitiendo, en suma, en logro de los objetivos comunitarios. Esta
satisfacción de las exigencias impuestas por los repetidos principios de
primacía y de aplicabilidad directa de las normas comunitarias se logra
sin necesidad de efectuar ajuste alguno en la interpretación y aplicación
de las normas procesales internas, salvado, si acaso, el obstáculo formal
de la clase o tipo de resolución que decida sobre la declaración de
ejecutoriedad; aserto éste que se sustenta sin más en la consideración
de que, constituyendo el procedimiento de exequátur un cauce procesal
establecido por razón de la específica materia que integra su objeto,
y, en consecuencia, siendo su acceso al recurso de casación el que en
el ordenamiento interno abre el ordinal tercero del art. 477.2 de la
LEC, conforme a los expuestos criterios interpretativos de esta Sala,
las condiciones establecidas por el legislador nacional para acceder al
recurso por esta vía, así como la exégesis que ha efectuado esta Sala
respecto de los presupuestos a los que se condiciona la presencia del
interés casacional que justifica el recurso, ya por existir contradicción con
doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria, ya por tratarse
de la aplicación de normas que no lleven en vigor más de cinco años sin
que exista jurisprudencia de esta Sala relativa a normas anteriores de
igual o similar contenido, y sobre los requisitos impuestos para acreditar
la existencia del necesario interés casacional, garantizan la viabilidad
del recurso, cumplidos tales presupuestos y requisitos, sin desvirtuar el
contenido que imponen las normas comunitarias, y posibilitando, en fin,
los fines del recurso y los objetivos a los que éstas sirven ".
En definitiva, el Auto denegatorio impugnado no infringe art. 44 el
Reglamento 44/2001 de 22 de diciembre, puesto que no niega la
recurribilidad en casación de la Sentencia al tratarse de un procedimiento
por razón de la materia, limitándose a apreciar la irrecurribilidad derivada
de la falta de acreditación de los requisitos que se exigen a todos los
recursos de casación preparados por el cauce del art. 477.2.3º LEC, esto
es, la acreditación de la existencia de interés casacional por oposición a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, por jurisprudencia contradictoria de
las Audiencias Provinciales o por tratarse de norma de vigencia inferior a
cinco años.
3.- Así pues, procede la desestimación del presente recurso de queja
y la subsiguiente confirmación del Auto denegatorio de la preparación,
si bien añadiendo que ninguna vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva se produce por la denegación preparatoria, pues la
propia doctrina del Tribunal Constitucional es bien clara al señalar
que no existe un derecho constitucionalmente protegido a interponer
determinados recursos y, por tanto, que no existe un derecho de
relevancia constitucional a recurrir en casación, siendo perfectamente
imaginable, posible y real que no esté prevista semejante posibilidad
(SSTC 37/88,196/88 y 216/98); por el contrario, el derecho a los
recursos, de neta caracterización y contenido legal (SSTC 3/83 y
216/98, entre otras), está condicionado al cumplimiento de los requisitos
de admisibilidad establecidos por el legislador y delimitados por vía
interpretativa por esta Sala, a la que corresponde la última palabra
sobre la materia, con el único límite consistente en la proscripción de
la arbitrariedad y la evitación de los errores materiales (SSTC 37/95,
186/95, 23/99 y 60/99), sin que la interpretación de las normas rectoras
del acceso a la casación tenga que ser necesariamente la más favorable
al recurrente (SSTC 230/93, 37/95, 138/95, 211/96, 132/97, 63/2000,
258/2000 y 6/2001); y que el "principio pro actione", proyectado sobre
el derecho a la tutela judicial efectiva, no opera con igual intensidad en
las fases iniciales del pleito que en las posteriores (SSTC 3/83, 294/94
y 23/99), habiéndose añadido, finalmente, que el referido derecho
constitucional se satisface incluso con un pronunciamiento sobre la
inadmisibilidad del recurso, y no necesariamente sobre el fondo, cuando
obedezca a razones establecidas por el legislador y proporcionadas en
relación con los fines constitucionalmente protegibles a que los requisitos
procesales tienden (SSTC 43/85, 213 /98 y 216/98).
LA SALA ACUERDA
DESESTIMAR EL RECURSO DE QUEJA interpuesto por el Procurador D.
Pedro Pérez Medina, en nombre y representación de la entidad «J. BAHI,
S.A.», contra el Auto de fecha 17 de junio de 2009, que se confirma, por
el que la Audiencia Provincial de Girona (Sección Segunda) denegó tener
por preparado el recurso de casación formulado contra la Sentencia de 3
de junio de 2009, debiendo ponerse esta resolución en conocimiento de la
referida Audiencia, para que conste en los autos.