PRIMERO. - Por Ilmo. Sr Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº
2 de Palma de Mallorca, en fecha 4 de febrero de 1.999, se dictó auto,
cuya parete dispositiva dice: "No ha lugar a la repsosición solicitada por
la representación de Ricardo, y en su consecuencia debía mantener y
mantenóa la resolución de facha 2 de diciembre de 1.998 recurrida, sin
expresa imposición de costas
SEGUNDO. - Contra la anterior resolución se interpuso recurso de
apelación por la representación de la parte actora, que admitido a ambos
efectos, y seguido el recurso por sus trámites, se celebró Vista el día 7
de febrero del presente año, con asistencia de las representaciones y
defensas de las partes, informando en voz en dicho acto sus letrados en
apoyo de sus respectivas pretensiones; quedando el presente recurso
concluso para resolución.
TERCERO. - En la tramitación de este Recurso se han observado las
prescripciones legales. =
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Se aceptan los razonamientos jurídicos del auto apelado en lo que no se
opongan a los que siguen.
PRIMERO. - La parte solicitante, ahora recurrente, interesó mediante
la demanda inaguradora del presente procedimiento el reconocimiento
y autorización de ejecución en España de la sentencia dictada por el
Juzgado de Distrito de Oranienburg (República Federal de Alemania),
de fecha 29 de abril de 1.993, complementada por la resolución judicial
de 2 de septiembre de 1.997 del Juzgado de Primera instancia de dicha
ciudad por la que se condenaba a D. Jose Ángel al pago de determinada
cantidad, presentando la documentación ateninente al efecto.
Dicha petición fue inicialmente desestimada por auto del Juzgado de
instancia de 2 de diciembre de 1.998, según el cual, a tenor del art. 27
del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1.968 sobre ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, a tenor del cual
el reconocimiento de ejecución no debe concederse cuando la resolución
en cuestión se hubiese dictado en rebeldía del demandado si no se
hubiere entregado o notificado al mismo la cédula de emplazamiento o
documento equivalente de forma regular y con tiempo para defenderse.
Dicha decisión fue objeto de recurso de reposición que, al margen de las
dudas sobre su procedencia, fue resuelto por auto de 4 de febrero de
1.999 en el que Se señala que no se comparte la opinión del recurrente
de que la regularidad de la citación del demandado rebelde haya de ser
apreciada por el Juez o Tribunal extranjero, sino que sin duda, el Convenio
de Bruselas de 1.968 reserva tal cometido al Juez nacional, siendo por
tanto la Ley Española la aplicable para determinar si en la citación del
demandado se han o no observado las debidas garantías procesales,
resultando evidente que para nuestra Ley Rituaria no es válida la
notificación realizada depositando la comunicación en el buzón de correos
de la vivienda en la que al parecer tiene su domicilio el demandado,
razones que nos han de llevar a la desestimación del recurso".
Esta última es la decisión directamente apelada, por sisentida por la parte
solicitante y que motiva la presente alzada y resolución.
SEGUNDO. - No se comparte el criterio del Juzgador de instancia y sí,
por el contrario, los argumentos del recurso. Es conocido el principio de
que las formalidades - de los actos con transcendencia jurídica se rigen
por la normativa propia del lugar en el que se llevaron a efecto y éste
parece ser el régimen, " a contrario sensu", que se recoge en el art. 8. 2
del Código Civil, cuando dispone que las leyes procesales serán las únicas
aplicables a las actuaciones que se substancien en territorio español,
sin perjuicio de las remisiones que las mismas puedan hacer a las leyes
extranjeras, respecto a los actos procesales que hayan de realizarse fuera
de España", de lo que parece desprenderse la eficacia en España de los
actos procesales ejecutados según la legislación nacional del Estado de
procedencia, cuando, al menos, no contravengan abiertamente cuestiones
esenciales o de orden público.
Señala el art. 27 del Convenio en sus dos primeros apartados que las
resoluciones no se reconocerán: "1. Si el reconocimiento fuere contrario al
orden público del Estado requerido.- 2. Cuando se dictaren en rebeldía del
demandado, si no se hubiere entregado o notificado al mismo la cédula de
emplazamiento o documento equivalente, de forma regular y con tiempo
suficiente para
Y defenderse".
Parece- indicar la resolución recurrida que, por tratarse las normas
procesales nacionales internas de cuestión de orden público en sede
territorial, la misma solución debe adoptarse en relación a actos
procesales verificados en el extranjero, con lo cual se llega a la conclusión
de la aplicación extraterritorial, de la normativa procesal española a
actuaciones realizadas fuera de su ámbito de aplicación. Es cierto que
las disposiciones procesales españolas "ad intra" tienen la consideración
de normas de orden público, pero este concepto, en el sentido que se
utiliza en el art. 27. 1 del Convenio es distinto y sólo puede ser utilizado
para rechazar la solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencia
extranjera cuando en su dictado se hayan prescindido de normas
básicas de contenido constitucional o fundamental y que repugnen a la
cultura jurídica del Estado requerido, con afectación de los elementales
contenidos que deben presidir todo proceso contradictorio y con todas las
garantías.
TERCERO. - En el caso presente lo que se discute es si la citación o
emplazamiento del demandado fue re regularmente, constando que se
nevó a cabo mediante depósito de la comunicación y documentación
oportunas en el buzón de correos de la vivienda del demandado
con antelación suficiente para que hubiera podido desarrollar una
defensa adecuada. Tal actuación fue estimada por el Juzgado de origen
procesalmente correcta, pues no en vano dictó sentencia condenatoria
y resolución posterior complementaria en las que no se cuestionó el
procedimiento utilizado para el emplazamiento, no obstante relacionarlo
en dichas decisiones y constar en el acta judicial levantada al efecto
(folio 32), deduciéndose del conjunto documental que, a pesar de que el
procedimiento fue seguido en rebeldía del demandado, no puede hablarse
de infracción del art. 27. 2 del Convenio.
Y es que -además- el principio general que inspira el reiterado Convenio
es el que se traduce de su art. 26, según el cual las resoluciones
dictadas en un Estado contratante serán reconocidas en los demás
Estados contratantes, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento
alguno; en caso de oposición, cualquier parte interesada que invocare el
reconocimiento a título principal podrá solicitar, por el procedimiento o en
las Secciones 2 y 3 del presente título, que se reconozca la resolución.
A su vez, el art. 34 del repetido Convenio expresa que "la solicitud sólo
podrá desestimarse por alguno de los motivos previstos en los artículos
27 y 28.- La resolución extranjera en ningún caso podrá ser objeto de una
revisión en cuanto al fiando.". Es decir, la desestimación de la petición de
reconocimiento y ejecución es por motivos tasados y de interpretación
restrictiva y la imposibilidad de revisión en el fondo de la resolución
que se ejecuta se extiende también a la regularidad del procedimiento
a través del cual se ha llegado a la decisión de condena, salvo las
excepcionales circunstancias a las que se ha hecho referencia. No en vano
el art. 36 establece que si se otorgare la ejecución, la parte contra la cual
se hubiere solicitado podrá interponer recurso contra la resolución dentro
del mes siguiente a la fecha de su notificación ante la Audiencia Provincial
(art. 37), siendo, en su caso, este instante procesal en el que podrán
plantearse, a petición de parte, las dudas que el Juzgador de instancia se
ha planteado para denegar la petición inicial.
Por todas las anteriores consideraciones proced estimar el recurso y
revocar el auto recurrido en la forma que se dirá en la parte dispositiva de
la presente resolución.