PRIMERO. La parte dispositiva del auto apelado es del siguiente tenor:
"(...) Se despacha ejecución del título constituido en la Sentencia dictada
en fecha 14 de diciembre de 2005 dictada por el Tribunal de Como (Italia)
a instancia de CARGO NORD SL contra TRANCURBEL 2 SA por la suma
de 26.998,57 euros en concepto de principal, más 8.099,57 euros que se
presupuestan en concepto de costas e intereses que puedan generarse
durante su tramitación (...)".
SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de
apelación, de acuerdo con el art. 43 del Reglamento CEE 44/2001,
relativo a la competencia judicial y al reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por la representación
procesal de la parte ejecutada, presentando la ejecutante escrito de
oposición al recurso.
TERCERO. Recibidos los autos se procedió al señalamiento de día para
votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 21 de octubre.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La resolución recurrida reconoció la ejecutividad de la sentencia
dictada por el Tribunal de Como (Italia) de fecha 14 de diciembre de
2005, que condenaba a TRANSCURBEL 2 S.A. al pago de ciertas sumas
a la aquí ejecutante, CARGO NORD S.R.L., por reunir el título judicial
y la petición de ejecución los requisitos exigidos por el Reglamento
CEE 44/2001, relativo a la competencia judicial y al reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Por
ello, despachó ejecución contra la citada sociedad por la suma total de
26.998,57€ en concepto de principal, comprensiva de los intereses legales
devengados desde el 17 de abril de 2002 (que la ejecutante liquidó en la
cantidad de 2.794,23€), más otros 8.099,57€ en cálculo prudencial para
costas e intereses de la ejecución.
La parte ejecutada formuló recurso de apelación, de acuerdo con la
posibilidad impugnatoria que prevé el art. 43 del citado Reglamento
comunitario, aduciendo los siguientes motivos.
SEGUNDO. En primer lugar, la causa que impide el otorgamiento de la
ejecución prevista en el art. 34.2 del citado Reglamento: "las decisiones
no se reconocerán: 2) cuando se dictaren en rebeldía del demandado,
si no se hubiera entregado al mismo la cédula de emplazamiento o
documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que
pudiera defenderse, a menos que no hubiere recurrido contra dicha
resolución cuando hubiera podido hacerlo". Alega la apelante que
concurre este supuesto por dos motivos: a) la única noticia que ha tenido
del proceso seguido en Italia es una "demanda de notificación o de
comunicación" que recibió en junio de 2003 por correo postal (documento
1), que no constituye un emplazamiento en forma regular de acuerdo
con el art. 152 LEC; y b) la sentencia que ahora se ejecuta no le ha sido
notificada.
El primer motivo no puede estimarse porque de la documentación
autenticada aportada por la ejecutante resulta que la copia de la demanda
junto con la cédula de emplazamiento (en la que se citaba a una
audiencia para el 16 de julio de 2003) fue entregada a TRANSCURBEL
2 S.A. en su domicilio de Barcelona, mediante carta certificada, el 6 de
febrero de 2003, constando el acuse de recibo original con dicha fecha y
una firma en la casilla del destinatario. Consta así mismo otro acuse de
recibo firmado por personal de la destinataria TRANSCURBEL 2 S.A. en el
mismo domicilio en fecha 28 de diciembre de 2004, que se corresponde
con la citación acordada por el tribunal italiano para la práctica de la
prueba señalada para el día 23 de junio de 2005. La recepción de estas
notificaciones impide apreciar concurrente el supuesto previsto por el art.
34.2 del Reglamento.
En cuanto al segundo de los motivos (falta de notificación de la
sentencia), conforme al sistema de reconocimiento y ejecución diseñado
por el citado Reglamento, no es requisito que la resolución judicial cuya
ejecución se interesa sea firme, en el sentido de que contra ella no quepa
ningún recurso, ordinario o extraordinario. Así, entre los documentos
que deben acompañarse a la solicitud de otorgamiento de la ejecución
no se menciona (en el art. 53, a que remite el 40.3) una certificación
del tribunal de origen acreditativa de la firmeza de la sentencia, sino
que basta con la aportación de una copia auténtica de dicha resolución
y, además, la certificación a que se refiere el art. 54, según el modelo
incluido en el Anexo V, en la que no ha de certificarse la firmeza de
la resolución sino su carácter de "ejecutoria en el Estado miembro
de origen". Ni siquiera se exige, como vemos, que con la solicitud de
otorgamiento de la ejecución se acompañe la documentación acreditativa
de que la sentencia ha sido notificada a la parte condenada, ni este dato
consta en la certificación a la que se ha hecho mención. Basta, por tanto,
con que la resolución judicial sea ejecutoria conforme al ordenamiento
del Estado de origen, como corrobora el art. 38, a tenor del cual, "las
resoluciones dictadas en un Estado miembro que allí fueren ejecutorias,
se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier
parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en este último". Por
ello, los arts. 37 y 46 prevén que el tribunal del Estado miembro ante el
que se hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en
otro Estado miembro, y el tribunal que conociere del recurso previsto en
el art. 43, podrán suspender el procedimiento si dicha resolución (la del
Estado de origen) fuere objeto de un recurso ordinario.
En el caso presente se han cumplido los requisitos formales aludidos, ya
que se ha aportado una copia auténtica de la sentencia y la certificación
a que se refiere el art. 54, con las menciones exigidas por la norma
comunitaria, por lo que procedía reconocer y otorgar la ejecutividad de
la sentencia italiana, sin perjuicio de los recursos que contra la misma
fueren procedentes en el Estado de origen.
TERCERO. En el motivo segundo se alega que el título incumple lo exigido
en el art. 35.1 en relación con el Capítulo II, ya que el fuero competencial
aplicable ha de ser el general del domicilio del demandado previsto en
dicho capítulo, sin que concurran los supuestos de competencia especial.
La sentencia del Tribunal italiano examina y termina por aceptar su
propia competencia internacional a la luz de los preceptos del Reglamento
44/2001 en atención a que, junto al fuero general del art. 2 (las personas
domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas sea cual fuere
su nacionalidad a los órganos de dicho Estado), el art. 3 establece otros
fueros alternativos en virtud de las reglas contenidas en las Secciones 2
a 7 de dicho Capítulo II. Y el art. 5 (incluido en la Sección 2ª) prevé que
las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas
en otro Estado miembro, en materia contractual, ante el tribunal del lugar
en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere
de base a la demanda. Como en este caso se trata de un contrato de
transporte (prestación de servicios) y las prestaciones respecto de las
cuales la demandante solicita el pago han sido efectuadas en Italia por
encargo de la sociedad española, concluye que esta última puede ser
demandada ante el tribunal italiano para la reclamación del pago de tales
servicios.
Conforme al art. 35 del Reglamento no se reconocerán las resoluciones
si se hubiesen desconocido las disposiciones de las Secciones 3, 4 y 6
del Capítulo II. En este caso esas disposiciones especiales, establecidas
en los arts. 8 a 14 (Sección 3, referidas a la competencia en materia de
seguros), arts. 15 a 17 (Sección 4, competencia en materia de contratos
celebrados por los consumidores) y art. 22 (Sección 6, competencias
exclusivas), no se han desconocido en el sentido de haberse vulnerado,
ya que la materia objeto de la controversia no pertenece a esos ámbitos
objetivos definidos en dichas Secciones del Capítulo II, sino que se incluye
en el art. 5 (Secc. 2ª), como propia de la materia contractual, precepto
éste que viene a establecer otros foros alternativos al del domicilio
del demandado a causa del estrecho nexo existente entre el órgano
jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de
justicia, según expresa el Considerando (12) del Reglamento.
CUARTO. La sentencia italiana, aparte del principal (el equivalente en
euros de 3.515.557 pesetas), condena al pago de los intereses legales
a partir del 17 de abril de 2002, y la ejecutante liquida esos intereses,
de acuerdo con el tipo vigente en Italia, desde esa fecha hasta la de
la demanda de reconocimiento y ejecución (datada el 27 de marzo de
2007) en la cantidad de 2.794,23 euros, que añade al principal, siendo
despachada la ejecución por esas sumas (más las costas que liquida la
propia sentencia italiana, y una cantidad prudencial para los intereses y
costas que se devenguen durante la ejecución).
Alega por último el recurrente que no procedía incluir en el despacho de
ejecución la suma liquidada por la actora por los intereses moratorios
vencidos (desde el 17 de abril de 2002 hasta la fecha de la demanda) ya
que era ilíquida y era necesaria la previa liquidación judicial.
Se trata de una cuestión que no tiene cabida en el recurso a que se
refiere el art. 43 del Reglamento ya que no impide el reconocimiento o
el otorgamiento de ejecutividad a la sentencia dictada por un tribunal de
un Estado miembro, sino que afecta al despacho de ejecución ulterior,
una vez reconocida su ejecutividad. Debe recordarse que conforme al art.
45.1 del Reglamento, el tribunal que conociere del recurso previsto en los
arts. 43 o 44 (que es el recurso interpuesto por la parte ejecutada y el
que ahora se resuelve) sólo podrá desestimar o revocar el otorgamiento
de la ejecución por uno de los motivos previstos en los arts. 34 y 35. No
cabe, por tanto, invocar en este recurso cuestiones que son propias no ya
de la procedencia del reconocimiento de la sentencia dictada en un Estado
miembro, sino del ulterior despacho de ejecución, que tiene lugar una vez
se ha reconocido u otorgado la ejecutividad, conforme dispone el art. 38
del Reglamento.
Se trata, en definitiva, de una cuestión afectante al despacho de ejecución
conforme a la ley nacional, que la parte ejecutada pudo y debió hacer
valer en la oposición al despacho de ejecución que prevén los arts.
556 y siguientes de nuestra LEC, oposición que, por lo que resulta del
testimonio remitido, ha sido efectivamente planteada.
PARTE DISPOSITIVA
La Sala acuerda desestimar el recurso de apelación formulado por la
representación procesal de TRANSCURBEL 2 S.A. contra el auto dictado en
fecha 5 de mayo de 2008 en los autos de los que dimana este Rollo, que
confirmamos, con imposición de costas al apelante.