PRIMERO. - Por el Juzgado de Primera Instancia nº 45 de los de
Madrid, en fecha ocho de noviembre de dos mil dos, se dictó Auto, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "DECLARAR de oficio
la incompetencia de este Juzgado para el conocimiento del asunto,
imponiendo las costas a la parte actora, sin perjuicio de que la misma
pueda reproducir la misma pretensión ante y como corresponda,
archivando las presentes actuaciones ".
SEGUNDO. - Contra la anterior resolución se interpuso recurso de
apelación por la parte demandante, que fue admitido en ambos efectos,
del cual se dio traslado a la parte apelada, elevándose las actuaciones
ante esta Sección, para resolver el recurso.
TERCERO. - Recibidas las actuaciones en esta Sección, se formó el
oportuno Rollo turnándose su conocimiento, a tenor de la norma
preestablecida en esta Sección de reparto Ponencias, y conforme
dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedó pendiente para la
correspondiente DELIBERACIÓN, VOTACIÓN Y FALLO, la cual tuvo lugar,
previo señalamiento, el día nueve de julio de dos mil tres.
CUARTO. - En la tramitación del presente recurso se han observado todas
las disposiciones legales.
II. - RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución
recurrida, que hacemos nuestros para evitar innecesarias reiteraciones,
en tanto no se contradigan por los de la presente resolución.
Frente al Auto del Juzgado de Primera Instancia Núm. 45 de Madrid
de fecha 8 de noviembre de 2002, por el que se declaraba de oficio la
incompetencia para conocer de la demanda presentada en reclamación
de daños y perjuicios por el posible incumplimiento de un contrato de
fecha 4 de julio de 2000 suscrito entre la demandante EUROTABAC, S.L.
y la entidad GRYSON, al existir una cláusula (la decimocuarta) de dicho
contrato estableciendo la sumisión expresa al Tribunal Mercantil de Veurne
(Bélgica), se alza el presente recurso de apelación que argumenta, en
síntesis:
1º. - Que el Juzgado admitió la demanda y se declaró competente para
tramitarla.
2º. - Que el Juzgado realizó actos en el ejercicio de su competencia
analizando el fondo de la demanda.
3º. - Que la demanda no reconoce la sumisión de la cláusula 14ª del
contrato de 4 de julio de 2000 que establece la competencia teórica de
la legislación belga y del Tribunal Mercantil de Veurne en Bélgica y que
el contrato no se negoció libremente entre las partes al existir una clara
desproporción entre las partes. En la demanda se solicitaba la nulidad de
la citada cláusula 14ª de sumisión expresa.
SEGUNDO. - Planteado en tales términos el debate, debe rechazarse
en primer lugar la pretendida admisión previa de la competencia para
conocer de la demanda, como causa para entender que se ha asumido
plenamente la competencia para conocer del litigio ya que, la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 38 de la vigente Ley de Enjuiciamiento
Civil ("La abstención a que se refieren los dos artículos precedentes se
acordará de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal,
tan pronto como sea advertida la falta de competencia internacional o la
falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional")
es precisamente lo que ha llevado al dictado de la resolución recurrida,
en relación con lo preceptuado en el artículo 36 del citado texto legal
("1. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles
españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que España
sea parte, 2. Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer
de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de
las circunstancias siguientes: ... 2ª Cuando, en virtud de un tratado o
convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentre
atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado...")
en tanto que España y Bélgica son miembros de la UE y resulta de
plena aplicabilidad lo dispuesto en el Reglamento 44/2001 con primacía
sobre el Derecho interno, de acuerdo con la Legislación Comunitaria y la
propia Constitución Española, sin que pueda atenderse a la pretendida
inaplicabilidad de tal Reglamento en función de la fecha del contrato del
litigio y la supuesta irretroactividad porque ha de atenderse a la fecha
de iniciación de procedimiento, 23 de marzo de 2002, estando por tanto
en plena vigencia y sin que, por otra parte, pueda entenderse que las
normas sobre competencia sean de carácter sancionador.
TERCERO. - Señalada la base de la incompetencia territorial, y por la
existencia de una cláusula de sumisión expresa en el contrato en el que
se sustenta el litigio, concretamente su estipulación decimocuarta que
establece "El presente contrato se regirá y (sic) interpretará en virtud de
la legislación de Bélgica. En caso de conflicto en relación con el mismo,
solamente será competente el tribunal mercantil de Veurne (Bélgica).",
no puede sostenerse que tal estipulación sea nula dada la claridad de
sus términos y por aplicación del artículo 23 del citado Reglamento
44/2001 que reza: " Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviera
su domicilio en un Estado miembro, hubieran acordado que un tribunal
o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer
de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión
de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales
serán competentes. Esta competencia será exclusiva salvo pacto en
contrario de las partes", situación que requeriría igual tratamiento de
ser aplicables los preceptos de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, en
concreto los artículos 51 a 55, con respecto a los fueros de competencia
territorial, pues no puede considerarse que se esté ante ninguno de
los supuestos contemplados en el artículo 22 del Reglamento, ni es un
contrato de agencia con lo que no puede aplicarse la exclusión contenida
en la Disposición Adicional de la Ley 12/92 que en cualquier caso estaría
subordinada a la Legislación Comunitaria, y, en ningún caso podemos
entender que se trate de una cláusula abusiva y que estemos ante una
relación de desequilibrio entre las mercantiles contratantes.
Tampoco se trata de un contrato de adhesión, puesto que no hay una
multiplicidad de contratos sino uno con LOGISTA con el que pretende
compararse, ni que afecte a consumidores, por lo que en ningún caso
podría prosperar la pretendida nulidad de la cláusula de sumisión expresa
acordada libremente entre las partes contratantes. A este respecto es
ilustrativa la Sentencia de esta misma Sección de 21 de octubre de 2001
que indica: "Pero el simple hecho de que el contrato sea de adhesión
no lo convierte en nulo de modo automático como parece pretender la
parte apelante, pues determinadas formas de contratación, bien porque
se realizan en masa, o bien porque responden a un número constante o
elevado de transacciones (v g contratos bancarios), requieren uniformidad
en su estructura y en sus cláusulas, lo que no quita para que las partes
puedan negociar individualmente la aceptación, modificación o rechazo
de algunas cláusulas o de aquellas esenciales que definen el contenido
de la prestación... De este modo, lo verdaderamente importante no
es que la cláusula esté redactada o exigida por una de las partes, sino
que la cláusula o cláusulas en cuestión merezcan conceptuarse como
abusivas y por tanto nulas por atentar a los principios rectores de la
contratación (art. 1255 del código civil)... La Directiva 93/13/CEE,
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los
contratos, y su transposición mediante la ley 7/1998 de 13 de abril, sobre
condiciones generales de la contratación (con la modificaciones que ha
introducido en la ley 26/1984 de 19 de julio, general para la defensa
de los consumidores y usuarios), han venido a clarificar la cuestión,
distinguiendo lo que son cláusulas abusivas de lo que son condiciones
generales de la contratación, y sus distintos efectos según rijan en
contratos pactados entre profesionales o entre estos y los consumidores,
siendo muy ilustrativa a este propósito la exposición de motivos de la
ley de transposición... Una cláusula es condición general cuando está
predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos exclusivamente
por una de las partes. Las condiciones generales deben ser conocidas (o
existir posibilidad real de serlo) y estar redactadas de forma transparente,
con claridad, concreción y sencillez; y, además, cuando se contrata con un
consumidor, se requiere que no sean abusivas. El concepto de condición
general se puede dar tanto en las relaciones entre profesionales entre
sí, como de estos con los consumidores. Cláusula abusiva es "aquella
estipulación no negociada individualmente que en contra de las exigencias
de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del
contrato. En todo caso se considerarán cláusulas abusivas los supuestos
de estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional de la
presente ley." (Art. 10 bis de la ley 26/1984). El concepto de cláusula
abusiva tiene su ámbito propio en la relación con los consumidores, y
puede tener o no el carácter de condición general, ya que también puede
darse en contratos particulares cuando no existe negociación individual de
sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares.
Así pues, cuando la relación sea de un profesional frente a un consumidor
opera la lista de cláusulas contractuales abusivas (introducidas en la
disposición adicional primera de la ley 26/1984 por la ley 7/1998);
considerándose como consumidor protegido no solo al destinatario final
de los bienes y servicios objeto del contrato sino a cualquier persona
que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. Siguiendo
el criterio de esa ley y las orientaciones de la Directiva, la jurisprudencia
viene señalando como fuero el del contratante en quien concurre la
condición de consumidor (SSTS de 12 de mayo de 2000; 19 de abril de
1999; 2 de febrero de 1999; 30 de mayo de 1998, etc).
Sin embargo, cuando la relación sea entre profesionales entre sí el
ámbito de aplicación se restringe, pues la condición general será abusiva
cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante
entre los derechos y obligaciones de las partes, teniendo en cuenta las
características especificas de la contratación entre empresas... El contrato
lo es entre empresas (o entre profesionales, al decir de la ley 7/1998),
pues la apelante, no tiene condición de consumidor o usuario en cuanto
no es destinatario final de los bienes y servicios que adquiere sino que los
integra en su propio proceso de comercialización o prestación a terceros
(art. 1.3 de la ley 26/1984), con lo cual no puede acogerse a la lista
de cláusulas contractuales abusivas (concretamente la incluida en el
apartado V. Otras: núm. 27.) relacionadas en la disposición adicional
primera de la ley 26/1984... Debemos examinar, por tanto, si concurren
las circunstancias previstas en los arts. 7 y siguientes de la ley 7/1998
para valorar la cláusula, como condición general, en relación con las
normas generales que determinan la nulidad de los contratos (arts. 1300
y ss. del código civil). La conclusión ha de ser declarar su validez pues
la cláusula de sumisión fue conocida por la demandada al suscribir el
contrato y su texto está redactado de forma transparente, clara, concreta
y sencilla (como señala la exposición de motivos de la ley). No consta que
haya sido impuesta al demandado, o que sin la aceptación de la cláusula
se hubiere negado a celebrar el contrato imponiéndola como "condictio
sine qua non", o que el arrendatario estuviera en situación de necesidad
que limitase su libertad de decisión, ni que la subsistencia de la sociedad
dependiera de ello... sino que se trata de un comerciante introducido en
ese ámbito de negocio, y que tampoco tiene una situación de monopolio
(aunque tenga gran parte del mercado), pues concurre en el sector
con otras compañías con quienes pudo negociar la demandada otros
contratos y si bien entraña comodidad a favor de la parte más próxima
al fuero, la ventaja no produce desequilibrio importante en los derechos
u obligaciones de las partes, pues no priva a ninguna de ellas de ningún
derecho, facultad, prerrogativa, o expectativa procesal que no tenga en
el otro lugar..., lo que hace, finalmente, que la cláusula no sea contraria
a la buena fe, pues recoge una opción del fuero dentro de las permitidas
por la ley dentro de la libertad de pactos reconocida por el art. 1255 del
código civil".
En suma, la redacción de la cláusula no autoriza a entender que su
contenido falte a la buena fe y sea contraria al justo equilibrio de las
prestaciones entre las partes, ni cabe calificarla como abusiva, de aquí
que proceda conceder plena validez y eficacia a dicha cláusula por la
que los firmantes del documento, se sometieron expresamente en la
interpretación del contrato de 4 de julio de 2000 a la legislación belga
y a que la resolución de cualquier controversia en torno al mismo
fuera competencia del Tribunal Mercantil de Veurne, y, en definitiva,
descartándose los motivos de nulidad alegados frente a la cláusula de
sumisión expresa y considerando plenamente válida la misma, no cabe
otra solución que rechazar el recurso de apelación planteado.