PRIMERO. La parte dispositiva del Auto apelado es del tenor siguiente:
"PARTE DISPOSITIVA: Que debía declarar y declaraba la falta de
jurisdicción de este Juzgado para conocer de la demanda interpuesta por
don Raul Gonález González, Procurador de los Tribunales y de NACIONAL
SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y el archivo de las
actuaciones, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las
costas procesales".
SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación
por la representación procesal de NACIONAL SUIZA, actora inicial
y demandada en el incidente de declinatoria, que fue preparado y
formalizado conforme a la vigente LEC, confiriéndose traslado a la parte
promoviente del incidente, que presentó escrito de oposición al recurso.
TERCERO. Formado en la Sala el Rollo correspondiente se procedió al
señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 28 de
enero.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. La aseguradora demandante, NACIONAL SUIZA, subrogada
en la posición y derecho de su asegurada Nestlé, demandó a
MEDITERRANEAN SHIPPING CO. ESPAÑA BARCELONA S.A. en reclamación
de la indemnización por los daños causados a unas partidas de café cuyo
transporte, desde el puerto brasileño de Santos hasta Girona, vía puerto
de Barcelona, fue contratado por Nestlé con dicha demandada -según se
afirmaba en la demanda-, que es la agente representante en España de la
naviera de nacionalidad suiza MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.
GENEVA. La causa del daño se localizaba en la demanda (a partir de un
dictamen de averías) en el propio contenedor suministrado por la naviera
en el origen del transporte, por falta de estanqueidad, ya que, al abrir
el contenedor en el destino final (Girona), se comprobó que la carga de
café estaba afectada por mojaduras, apuntando el perito a la permanencia
del contenedor en unas bodegas o cubierta mojada, lo que provocó la
penetración de agua en el contenedor.
La demandada planteó declinatoria por falta de jurisdicción de los
tribunales españoles con base en una cláusula inserta en el conocimiento
de embarque, que documenta el traslado por vía marítima desde el puerto
brasileño al de Barcelona, y que sometía cualquier controversia surgida
del contrato de transporte así documentado a la exclusiva jurisdicción del
Tribunal Superior de Justicia de Londres, con aplicación de la ley inglesa.
El auto, que apela la citada aseguradora, estimó la declinatoria por
apreciar la validez, y la incorporación a la relación jurídica de transporte
documentado en conocimiento de embarque, de dicha cláusula de
sumisión al tribunal extranjero, de acuerdo con el art. 17 del Convenio de
Bruselas de 27 de septiembre de 1968 y art. 23 del vigente Reglamento
CE 44/2001, de 22 de diciembre, y con la doctrina mantenida por el
TJCE (Sentencias TJCE de 20 de febrero de 1997 y de 16 de marzo de
1999, entre otras) y de nuestro Tribunal Supremo (así, STS de 6 de
febrero de 2003 y de 29 de septiembre de 2005). Razonaba a estos
efectos que la cláusula de sumisión en el conocimiento de embarque es
clara y no es abusiva; responde a una práctica altamente consolidada
en este sector de la contratación, hasta el punto que ha llegado a
constituir un auténtico uso del comercio; la firma del cargador no es
exigida por la normativa convencional reguladora del transporte marítimo,
que sólo exige la del porteador (Reglas de La Haya-Visby y Reglas de
Hamburgo), y ha de vincular, en este caso, al destinatario de la carga
(Nestlé España), representado en el conocimiento por Obdulio, en su
condición de transitario; consta además en el reverso del conocimiento el
sello de la cargadora brasileña que vendió la mercancía a Nestlé España,
y su aseguradora, en fin, se subroga en su posición y derecho, por lo que,
al igual que ella, queda vinculada por la cláusula.
SEGUNDO. En ocasiones anteriores hemos razonado sobre la validez
intrínseca y la regularidad de la incorporación a la relación de transporte
de la cláusula de prórroga de jurisdicción inserta en el conocimiento de
embarque (así, en Auto de 28 de noviembre de 2005 y en Sentencias,
entre otras, de 2 de junio de 2004, de 10 y de 20 de diciembre de 1999),
incluso en litigios que enfrentaban a las mismas partes (como en el Auto
de 16 de abril de 2007, recaído en el Rollo de apelación nº 208/2006),
de acuerdo con la normativa internacional aplicable, bien el art. 17 del
Convenio de Bruselas de 1968, que es reproducido por el art. 17 del
Convenio de Lugano, y actualmente conforme al art. 23 del Reglamento
CE 44/2001.
De acuerdo con este precepto (similar a los preceptos citados de los
Convenios de Bruselas y de Lugano), si las partes, cuando al menos
una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren
acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren
competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o
que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal
tribunal o tales tribunales serán competentes. Tal acuerdo atributivo de
competencia deberá celebrarse:
a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita, o
b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren
establecidos entre ellas, o
c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que
las partes conocieren o debieren conocer y que en dicho comercio fueren
ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los
contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.
En orden al consentimiento, si bien inicialmente era necesaria la forma
escrita del convenio atributivo de competencia o bien la forma verbal con
confirmación escrita, el Convenio de adhesión de 1978 al Convenio de
Bruselas, se añadió una tercera modalidad: el acuerdo concluido en el
comercio internacional en una forma conforme a los usos en ese ámbito y
que las partes conocieren o debieren conocer; y el Convenio de adhesión
de 1989 modificó la tercera modalidad referida e introdujo una cuarta:
el acuerdo celebrado en una forma que se ajustare a los hábitos que las
partes tuvieren establecidos entre ellas. Y en tales términos ha pasado al
vigente Reglamento 44/2001.
La doctrina ha puesto de relieve que el precepto, así redactado, pretende
el equilibrio entre los dos principios que deben informar la materia: por
una parte, la protección de los intereses del comercio internacional, que
se opone a un excesivo formalismo, y, por otra parte, las exigencias de la
seguridad jurídica, que obliga a negar las prórrogas de competencia que
pasen inadvertidas en la contratación.
Con relación a la primera de las formas de prestación del consentimiento
que contempla el precepto, ha señalado el TJCE en Sentencia de 16
de marzo de 1999, As. C-159/97, que, como ya indicaba la anterior
Sentencia de 14 de diciembre de 1976, Estasis Salotti, aunque la simple
impresión, al dorso de un contrato formalizado sobre el papel comercial
de una de las partes, de una cláusula atributiva de competencia no
cumple las exigencias del artículo 17, la situación es diferente cuando,
en el propio texto del contrato firmado por ambas partes se haga una
remisión expresa a unas condiciones generales que contienen una
cláusula atributiva de competencia.
Respecto de la modalidad prevista en el apartado c) ha precisado el TJCE
en la referida Sentencia de 16 de marzo de 1999:
a) que la STJCE de 20 de febrero de 1997, MSG, C-106/95, ha advertido
que la modificación operada en el artículo 17 CB permite presumir la
existencia de dicho consentimiento cuando existen al respecto, en el
sector del comercio internacional considerado, usos comerciales que
las partes conocen o debieran conocer. Por ello, concluye el Tribunal,
el tercer supuesto de la segunda frase del párrafo primero del artículo
17 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que se presume
que las partes contratantes han dado su consentimiento a la cláusula
atributiva de competencia cuando el comportamiento de las mismas
corresponda a un uso que rige en el ámbito del comercio internacional
en el que operan y que conocen o debieran conocer; y que las exigencias
concretas que engloban el concepto de forma conforme a los usos deben
valorarse exclusivamente a la luz de los usos comerciales del sector del
comercio internacional de que se trate, sin tener en cuenta las exigencias
particulares que pudieran establecer las disposiciones nacionales;
b) que en la citada Sentencia de 20 de febrero de 1997 el TJCE ha
considerado igualmente que existe un uso en el sector comercial
considerado cuando, en particular, los operadores de dicho sector siguen
un comportamiento determinado de modo general y regular al celebrar
cierta clase de contratos;
c) el conocimiento del uso debe apreciarse en relación con las partes
originarias del convenio atributivo de competencia, sin que la nacionalidad
de las mismas tenga repercusión alguna a este respecto;
d) que el hecho de que numerosos cargadores endosatarios de
conocimientos de embarque hayan impugnado la validez de una cláusula
atributiva de competencia acudiendo a tribunales distintos de los
designados en ella, no basta para hacer que la inserción de dicha cláusula
en los mencionados documentos pierda su condición de uso, siempre que
se haya acreditado y mientras continúe acreditándose que corresponde a
una práctica seguida de modo general y regular;
Por su parte, la STJE de 9 de noviembre de 2000 (asunto C-387-98)
precisa que en la medida en que la cláusula atributiva de competencia
inserta en un conocimiento de embarque es válida a efectos del art.
17 CB en la relación entre el cargador y el porteador, dicha cláusula
puede ser invocada frente al tercero tenedor del conocimiento, desde el
momento en que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, el tenedor
del conocimiento se subroga en los derechos y obligaciones del cargador
(STJCE Tilly Russ, ap. 24 y Castelletti, ap. 24). "De este modo, el tercero
tenedor se convierte en titular, a la vez, de todos los derechos y de todas
las obligaciones que figuran en el conocimiento, incluidas las relativas
a la prórroga de competencia". En definitiva, una cláusula atributiva de
competencia acordada entre un porteador y un cargador e incluida en
un conocimiento de embarque produce efectos frente al tercero tenedor
del conocimiento siempre y cuando al adquirirlo, éste haya sucedido al
cargador en sus derechos y obligaciones en virtud del Derecho nacional
aplicable.
TERCERO. En este caso, el conocimiento de embarque que incorpora
la cláusula fue emitido por la naviera MSC S.A. GENEVE, al parecer
domiciliada en Ginebra, figurando como cargadora una empresa brasileña.
La aseguradora apelante no cuestiona en su recurso la aplicación del
art. 23 del Reglamento CE 44/2001, si bien en su defecto sería de
aplicación el art. 17 del Convenio de Lugano, siendo aplicable a éste las
consideraciones jurisprudenciales emanadas del TJCE (de conformidad
con el Protocolo Número 2 del Convenio de Lugano, que propugna una
interpretación uniforme con el Convenio de Bruselas).
En cualquier caso, la alegación de la aseguradora actora consistente en
que la cláusula no ha de vincular a su asegurada Nestlé (en cuya posición
y derecho se subroga) ni a la aquí demandada MSC España Barcelona
S.A., por no haber suscrito el conocimiento de embarque, que por tal
razón no resultaría oponible a la actora, ha de ser rechazada conforme a
la doctrina expuesta.
La cláusula es conforme con los usos que en el comercio internacional son
ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los
contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Es notoria
la habitualidad de la incorporación de cláusulas de sumisión expresa a
los conocimientos de embarque (la parte demandada ha desplegado
amplia prueba al respecto) y ello integra el uso comercial que, según
la Sentencia de 20 de febrero de 1997 y de 16 de marzo de 1999 del
TJCE, existe cuando los operadores de determinado sector siguen un
comportamiento determinado de modo general y regular al celebrar
cierta clase de contratos. Y debe tenerse en cuenta, además, que la
destinataria de la carga, Nestlé, que según la demanda fue quien contrató
el transporte con la parte demandada, es conocedora de la cláusula
de sumisión al tribunal británico por haber mantenido con anterioridad
similares relaciones con la naviera MSC, documentadas en conocimientos
de embarque que de forma regular contienen la misma cláusula, con
sometimiento, además, a la ley inglesa.
Nestlé, en fin, en cuanto tenedora del conocimiento, ha sucedido a
la cargadora en todos los derechos y obligaciones resultantes del
conocimiento de embarque, incluida la prórroga de jurisdicción. Sin
perjuicio de ello, debe presumirse que al contratar el transporte con MSC
España Barcelona S.A., de acuerdo con los hábitos regulares entre ellas
observado, aceptaba la cláusula sumisoria que contendría el conocimiento
de embarque a emitir.
CUARTO. Opone el recurso, para descartar la aplicabilidad al caso
presente de la cláusula atributiva de competencia, que no se ha
demandado a la naviera MSC S.A. GENEVE, sino a MSC ESPAÑA
BARCELONA S.A., en su condición de agente consignatario de la naviera
y, por ello, responsable de sus obligaciones dada su equiparación legal al
naviero; pero también en su condición de transportista global que asumió
la prestación del transporte multimodal, con una fase marítima y una fase
terrestre.
Como ya indicábamos en nuestro Auto de 16 de abril de 2007 (en un
litigio suscitado entre las mismas partes), lo cierto es que la cláusula de
sumisión al tribunal británico está inserta en el conocimiento de embarque
que constituye el título para reclamar a la agente consignataria por el
exacto cumplimiento de las obligaciones asumidas por la naviera. Cierto
es que la consignataria tiene su domicilio en España (y seguramente
por ello es preferida como parte demandada a la compañía naviera),
pero, en la medida en que se le reclama no ya por actos propios sino en
cuanto responsable de la actuación de un tercero (pues la demandada es
tercero, por lo menos formalmente, respecto de la naviera, al ser persona
jurídica con personalidad jurídica propia y diferenciada, por más que sea
filial de aquélla y se dedique con carácter estable a la labor propia del
agente consignatario de buques en favor de la compañía naviera), está
legitimada para oponer, frente a la perjudicada o a quien en su lugar se
subrogue, cuantas defensas u objeciones resulten del conocimiento de
embarque de cuyo contenido obligacional se pretende que responda,
incluido el pacto de prorrogación de la jurisdicción a favor del tribunal
comunitario extranjero. Tanto más si la causa del daño se localiza en un
defecto del contenedor proporcionado por la naviera en origen, no ya por
la consignataria en el puerto de destino.
Por lo que respecta a la reclamación a MSC España Barcelona S.A.
como organizadora del transporte multimodal, que al contratar con
Nestlé asumió el resultado integral desde origen a destino final en
Girona (lo que la demandada niega, afirmando que su cometido terminó
en todo caso con la descarga en Barcelona y entrega al transitario
designado por Nestlé, Obdulio, y de ahí que no haya facturado a Nestlé
por este tramo terrestre), la solución a estos efectos tampoco ha de
variar. Con independencia de que la demandada se comprometiera o
no como operadora de transporte multimodal vinculándose al resultado
integral, y por ello, también, a la ejecución y resultado de la ulterior fase
terrestre, no nos parece que sea una solución razonable la de disgregar
el conocimiento del litigio en atención a las distintas fases multimodales
de transporte, teniendo en cuenta que, en todo caso, la responsabilidad
por la fase marítima se rige por el conocimiento de embarque y queda
afectada por la cláusula atributiva de competencia al tribunal británico,
y la demanda parte de que la causa del del daño no se localiza en la
fase terrestre, ni por manipulaciones tras la descarga en el puerto de
Barcelona, sino precisamente en origen, por haberse suministrado por la
naviera un contenedor defectuoso.
Por lo demás, no apreciamos abuso de derecho en la postura de la
demandada por oponer el sometimiento del litigio a los tribunales
británicos, donde la naviera centraliza las reclamaciones judiciales. A ello
quedaba autorizada por las estipulaciones contractuales, relativas a la
fase marítima, de lo que la otra parte contractual, Nestlé, tenía o debía
tener conocimiento.
PARTE DISPOSITIVA
La Sala acuerda desestimar el recurso de apelación formulado por la
representación procesal de NACIONAL SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS S.A., contra el Auto de 23 de junio de 2008, que
confirmamos, sin imposición de costas.