PRIMERO. - El auto dictado por la Ilma. Sra. Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Inca en fecha 23 de octubre de 2007 en los
presentes autos de procedimiento de restitución de menor, seguidos con
el número 295/07, de los que trae causa el presente rollo de apelación,
exponía en sus Fundamentos Jurídicos y en su Parte Dispositiva lo que
literalmente se transcribirá:
" FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Dispone con carácter general el artículo 1 del Convenio de La
Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, de 25 de octubre de 1980, ratificado por
instrumento de 28 de mayo de 1987 (B.O.E. de 24 de Agosto de 1987),en
consonancia con el deseo expresado por los Estados firmantes de este
instrumento de "proteger al menor, en el plano internacional, de los
efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención
ilícita y de establecer los procedimientos que permitan garantizar la
restitución inmediata del menor al Estado en que tenga su residencia
habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita", que la
finalidad de este Convenio es doble, a saber: a) Garantizar la restitución
inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en
cualquier Estado Contratante; y, b) Velar por que los derechos de custodia
y de visita vigentes en uno de los Estados Contratantes se respeten en los
demás Estados Contratantes.
Partiendo de lo anteriormente expuesto, el artículo 3 se ocupa de definir
lo que debe entenderse por traslado o retención ilícita a los efectos del
mismo Convenio, señalando que tendrán esta consideración "cuando
se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido,
separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier
otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en el que el
menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado
o retención", o bien "cuando este derecho se ejercía de forma efectiva,
separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención,
o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención",
al tiempo que el artículo 5 clarifica los conceptos de derecho de custodia
y visitas, comprendiendo el primero "el derecho relativo al cuidado de
la persona del menor, y, en particular, el de decidir sobre su lugar de
residencia", mientras que el de visita "comprenderá el derecho de llevar al
menor por un período de tiempo limitado a otro lugar diferente a aquél en
que tiene su residencia habitual".
Por su parte, el art. 12 del Convenio de la Haya dispone que cuando
un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido
previsto en el art. 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante
la autoridad judicial o administrativa del Estado Contratante donde se
halle el menor hubiera transcurrido un período inferior a un año desde el
momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad
competente ordenará la restitución del inmediata del menor.
La autoridad judicial o administrativa, aun en el caso de que se hubieren
iniciado los procedimientos después de la expiración del plazo de un año
a que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo
la restitución del menor, salvo que quede demostrado que el menor ha
quedado integrado en su nuevo medio.
Y el art. 13 Convenio 25.10.80, establece una serie de supuestos en los
cuales la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está
obligada a ordenar la restitución del menor. Se trata de aquellos casos en
los que la persona, Institución u Organismo que se opone a la restitución
demuestran que:
1º. - La persona, Institución u Organismo que se hubiera hecho cargo de
la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia
en el momento en el que fue trasladado o retenido o había consentido o
posteriormente aceptado el traslado o retención.
2º. - Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a
un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en
una situación intolerable.
La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar
la devolución del menor si comprueba que éste se opone a su restitución,
partiendo de que haya alcanzado una edad y un grado de madurez por
los que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones. Las autoridades
judiciales y administrativas, al examinar las circunstancias a las que se
acaba de hacer referencia; tendrán en cuenta la información que sobre
la situación social del menor proporcione la Autoridad Central u otra
autoridad competente de lugar de residencia habitual del menor.
SEGUNDO. - En el caso que es objeto de la presente resolución se
pretende, como ya se ha dicho, que por este Juzgado se proceda a la
restitución de la menor Estela a Polonia en el sentido interesado en la
demanda, invocando por el Sr. Abogado del Estado en su demanda el
artículo 12 del Convenio de la Haya. Sin embargo, a pesar de que si
bien es cierto que por el citado artículo 12 del Convenio de la Haya,
se establece que "cuando un menor haya sido trasladado o retenido
ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3 y, en la fecha de la
iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa
del Estado Contratante donde se halle el menor hubiera transcurrido un
período inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado
o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución del
inmediata del menor", lo cual acontece en el presente supuesto, ya que
no consta que el padre autorizara a la demandada al traslado de la menor,
Estela, para que ésta viajase a España por un periodo de dos meses
durante sus vacaciones escolares de verano, en compañía de su madre,
según aparece de la documentación acompañada a la demanda, asimismo
consta una resolución de fecha 8 de junio de 2006 dictada por el Juzgado
de Primera Instancia de Gdynia en la cual el padre tiene reconocido un
derecho de visitas respecto de la menor, Estela y si bien la menor no
ha regresado a Polonia desde la fecha de salida, no es este el momento
procesal oportuno para dilucidar cual de los dos cónyuges debe ejercer
las labores de guarda de los menores, puesto que dichas cuestiones
se deberán de esgrimir, en su caso, ante la autoridad competente del
estado del que dimana (Juzgado de Primera Instancia de Gdynia, IIIª
Sala de Familias y Menores de Edad). Sin embargo lo que no puede
olvidarse es que el Art. 13, apartado b) del Convenio de la Haya dispone
que la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está
obligada a ordenar la restitución del menor, si la persona que se opone
demuestra que existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo
exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al
menor en una situación intolerable, así como si comprueba que el propio
menor se opone a su restitución, cuando el menor haya alcanzado una
edad y un grado de madurez en que resulta apropiado tener en cuenta
sus opiniones (apartado segundo del citado precepto). En el presente
caso, se ha acreditado por la parte demandada que la menor se opone
a regresar a Polonia y ello por las manifestaciones de la propia menor
deduciéndose la misma de la exploración judicial de Estela practicada por
esta Juzgadora en fecha 18 de octubre de 2007, en la que manifestó su
deseo de no regresar a Polonia porque quiere quedarse con su madre y
el compañero sentimental de ésta, con el que viven en la Playa de Muro,
que va un colegio de la localidad de Can Picafort, que no le gusta vivir en
Polonia porque su padre había pegado a su madre y que por este motivo
vinieron a España que ella estuvo presente cuando sucedió y desde que
vino a España no ha tenido ningún tipo de contacto con su padre y que
no le echa nada de menos. Por todo lo cual y dada la edad de la misma (7
años), el posible trastorno de desadaptación que sufriría si se procediese
a su restitución, ya que vive con su madre y el compañero sentimental de
ésta, habiendo iniciado el curso escolar en España y estando plenamente
integrada en este país, es claro que por sí mismo sería grave, por lo que
debe tenerse en cuenta las opiniones y manifestaciones de la propia
menor. Por dichos motivos, y en interés de la propia menor, es procedente
la estimación de la causa de oposición y no acordar la restitución de la
menor a Polonia, conforme a lo solicitado.
TERCERO. - En materia de costas, y de conformidad con lo establecido en
el párrafo segundo del artículo 1.909 de la LEC de 1881, procede declarar
de oficio las costas causadas en el presente procedimiento.
Por todo lo expuesto,
DISPONGO
NO HA LUGAR a la petición formulada por el Sr. Abogado del Estado
contra Dª Violeta en relación con la menor Estela, y lo anterior sin que
proceda la imposición de las costas causadas a ninguna de las partes. "
SEGUNDO. - Contra la anterior resolución se interpuso recurso de
apelación en plazo y forma, el cual correspondió a esta Sección Cuarta
de la Audiencia Provincial de Baleares. Dicho recurso fue instado por la
representación procesal de la parte actora, no presentando oposición
la contraparte y oponiéndose al recurso el Ministerio Fiscal; todo ello
en base a las alegaciones que se resumirán en el Fundamento jurídico
primero de la presente resolución.
ÚLTIMO. - No siendo propuesta prueba en esta fase de apelación por
ninguna de las partes del litigio, se siguió el recurso con arreglo a los
trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedando el rollo de
apelación concluso para dictar sentencia en esta alzada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
No se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución apelada en lo
que es objeto del recurso.
PRIMERO. - La demanda de la que procede el presente recurso de
apelación fue instada por el Abogado del Estado en la representación que
legalmente ostenta del Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad
Central para la defensa y aplicación del Convenio Internacional de la
Haya sobre aspectos civiles de la sustracción ilegal de menores de 25 de
octubre de 1980, ratificado por España por instrumento de 28 de mayo
de 1987; dicha demanda traía causa de una solicitud de cooperación
jurisdiccional instada por el Estado Polaco y D. Jeronimo contra Dª
Violeta, y tenía por objeto la petición de restitución de la menor Estela.
En ella se explicaba que " El padre de la menor que tenía reconocido el
derecho de visitas, tiene conocimiento el día 8 de junio de 2006, según
manifiesta, a través del apoderado del abuelo de la niña, que ésta con
su madre abandonó Polonia sin que se conozca su paradero. ", por ello,
y en la medida en que el padre tenía la patria potestad compartida,
no habiendo autorizado en ningún momento el cambio de domicilio, se
solicitaba la restitución de la menor al amparo del Convenio de la haya de
1980, con cita de su artículo 12, así como con referencia al Reglamento
de la Unión Europea 2201/2002, que complementa el citado Convenio,
en concreto refiriendo los puntos 4, 5 y 8 del artículo 11 del citado
Reglamento. Por todo lo cual, solicitaba que se dictara auto decretando la
restitución a Polonia de la menor, Estela.
Admitida a trámite la solicitud, se mandó incoar el procedimiento
ordenado en los artículos 1901 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (en adelante LEC) de 1881, convocando a las partes y al Ministerio
Fiscal a la comparecencia prevista en el artículo 1904 de ese texto
legal, la cual tuvo lugar en fecha 4 de octubre de 2007 en la Sala de
Audiencias del Juzgado de Primera Instancia. Una vez abierto el acto,
por la demandada se reconoció lo siguiente: que desde el 6.6.2006 se
halla en España con la niña; que el padre tenía el derecho de visitas
en base a una resolución de los Tribunales Polacos; que sacó a la
niña de Polonia a pesar del régimen de visitas; que se opone a que la
niña vuelva dado el tiempo que hace que el padre ya no vive con la
niña, y que el padre ha maltratado a la demandada en dos ocasiones,
aunque no a la niña; que el padre tiene causas pendientes en Polonia
relacionadas con drogas. Por ello, a la vista de dicha oposición de la
madre, se acordó la continuación del procedimiento por los trámites
previstos en el artículo 1907 de la LEC de 1881. Citadas las partes y el
representante del Ministerio Público a la vista del juicio verbal prevista
en el referido precepto, ésta tuvo lugar en fecha 18 de octubre de
2007, en la que, iniciado el acto, se procedió por las partes y por el
Ministerio Fiscal a exponer cuanto tuvieron por conveniente, interesando
el recibimiento del pleito a prueba. Por el Sr. Abogado del Estado se
propuso, como medios de prueba, la documental, consistente en que se
tuvieran por reproducidos los documentos acompañados a la demanda
y el interrogatorio de la demandada; por su parte, por el representante
del Ministerio Fiscal se interesó el interrogatorio de la demandada, la
documental por reproducida y la testifical de D. Victoriano, compañero
sentimental actual de la demandada. Todos los medios probatorios fueron
admitidos, procediéndose a continuación a su práctica con el resultado
que consta documentado en autos, y destacando las declaraciones de la
demandada, en la que manifestó que: hubo una resolución en Polonia
respecto del régimen de visitas, teniendo el padre derecho de ver a su
hija dos veces al mes, siempre que estuviera acompañado de los padres
de él; y que ella no comunicó su intención de venir a España porque
vino de vacaciones con su hija; y que siempre que iba de vacaciones
no lo comunicaba a su pareja; que no comunicó a ésta su intención
de quedarse a vivir en España; que su pareja cumplía el régimen de
visitas, pero que venían a buscar a la menor los abuelos porque el padre
a veces no aparecía; que la relación con los abuelos es buena. Una vez
practicada la prueba, entre la que tuvo lugar la exploración judicial de la
menor, quedaron las actuaciones conclusas para dictar la correspondiente
resolución, la cual ha sido transcrita en los antecedentes de la presente
sentencia, y en ella se acordó la no restitución de la menor.
Frente a la citada resolución se alza en apelación la parte actora, en base
a las alegaciones siguientes:
"PRIMERA: La demanda se interpone el 17 de mayo de 2007, es decir,
antes del transcurso de un año desde que el padre reclamante tiene
conocimiento de la sustracción, 8 de junio de 2006, por lo que se está en
el supuesto de restitución inmediata previsto en el artículo 3112 del citado
Convenio, circunstancia reconocida en el Primero de los Fundamentos de
Derecho del auto.
SEGUNDA: Se reconoce asimismo de nuevo en el Fundamento de Derecho
segundo la concurrencia de las circunstancias contempladas en los
artículos 3 y 12 del Convenio ya citados.
Se alega que no consta que el padre autorizara el traslado durante las
vacaciones escolares. Tampoco se acredita lo contrario.
Pero en cualquier caso desde la lógica, no alteraba el orden de las cosas la
autorización para el período vacaciones, pero regresando al País de origen
a continuar los estudios.
Por el contrario es retenida en España con el inevitable problema de
integración y aprendizaje de un idioma desconocido en período de
escolarización.
TERCERA: El auto se acoge a los supuestos de excepción contemplados en
el artículo 13 sobre la base de las declaraciones de la menor, obviándose
lo previsto en el Reglamento de la CE 2201/03 modificando determinados
artículos del Convenio, y de modo especial el artículo 11.5 que establece
que los órganos jurisdiccionales no podrían denegar la restitución de un
menor sin que se haya dado posibilidad de audiencia a la persona que
solicitó la restitución.
En su virtud, SUPLICA AL JUZGADO tenga por presentado este escrito,
con copias y por formalizado recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial, con el fin de que en su día se dicte auto estimatorio del mismo
decretando la restitución interesada. "
Mediante providencia de fecha 24.6.08 se acordó por el Juzgado de
Primera Instancia dar traslado del recurso de apelación a la demandada
y al Ministerio Fiscal, interesando este último la confirmación de la
resolución del auto "por los fundamentos en éste contenidos"; mientras
que la demandada no puedo ser hallada en su anterior domicilio (calle
DIRECCION000, NUM000, Playa DIRECCION001, Mallorca), haciéndose
constar, en el primer intento de notificación por correo en fecha 28.10.08,
que era " desconocida " en dicha dirección; intentándose nuevamente la
notificación a través del Juzgado de Paz de Muro, del que obra diligencia
al folio 155 de autos en la que se hace constar que " personados en
diferentes fechas y horarios en el domicilio reseñado de Estela se
encuentra cerrado y de las averiguaciones practicadas por la policía local
actualmente se ignora su paradero "; siendo realizado dicho nuevo intento
de notificación en el citado domicilio en fecha 16.2.10. Por todo ello,
sin perjuicio de intentar otras averiguaciones que no dieron resultado
positivo, se notificó finalmente el trámite de apelación por edictos,
sin haber formulado la demandada oposición en plazo al recurso de
apelación, siendo declarado precluido dicho trámite por providencia del
Juzgado de fecha 19.7.10; emplazándose finalmente a las partes ante la
Sala, en la que se recibieron los autos en fecha 5.11.10.
SEGUNDO. - Entrando ya a resolver los motivos del recurso de apelación,
aprecia la Sala que, tal y como ha quedado transcrito en los Antecedentes
de presente Auto, el Juzgado de Primera Instancia rechazó la pretensión
de restitución de la menor, instada en base al Convenio de La Haya sobre
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 25
de octubre de 1980, ratificado por instrumento de 28 de mayo de 1987
(B.O.E. de 24 de agosto de 1987), en base a que, pese a reconocer que
acontece en el caso de autos la previsión del artículo 12 del Convenio
de la Haya, en cuanto establece que " Cuando un menor haya sido
trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3
y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial
o administrativa del Estado Contratante donde se halle el menor hubiera
transcurrido un período inferior a un año desde el momento en que se
produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará
la restitución del inmediata del menor. ", pues no consta que el padre
autorizara a la demandada al traslado de la menor, Estela, a España y
la permanencia en este país; sin embargo, finalmente el citado Auto de
instancia considera aplicable al caso el art. 13, en concreto en el párrafo
en que se permite denegar la restitución cuando hay oposición del menor.
Dice, al respecto, el Auto de instancia: " En el presente caso, se ha
acreditado por la parte demandada que la menor se opone a regresar a
Polonia y ello por las manifestaciones de la propia menor deduciéndose la
misma de la exploración judicial de Estela practicada por esta Juzgadora
en fecha 18 de octubre de 2007, en la que manifestó su deseo de no
regresar a Polonia porque quiere quedarse con su madre y el compañero
sentimental de ésta, con el que viven en la DIRECCION001, que va un
colegio de la localidad de Can Picafort, que no le gusta vivir en Polonia
porque su padre había pegado a su madre y que por este motivo vinieron
a España que ella estuvo presente cuando sucedió y desde que vino a
España no ha tenido ningún tipo de contacto con su padre y que no le
echa nada de menos. Por todo lo cual y dada la edad de la misma (7
años), el posible trastorno de desadaptación que sufriría si se procediese
a su restitución, ya que vive con su madre y el compañero sentimental de
ésta, habiendo iniciado el curso escolar en España y estando plenamente
integrada en este país, es claro que por sí mismo sería grave, por lo que
debe tenerse en cuenta las opiniones y manifestaciones de la propia
menor. Por dichos motivos, y en interés de la propia menor, es procedente
la estimación de la causa de oposición y no acordar la restitución de la
menor a Polonia, conforme a lo solicitado.".
No obstante lo expuesto, en la consideración de la Sala se debe recordar
que, según se desprende de la documentación acompañada a la
demandada - documentación que no ha sido impugnada de adverso-,
el padre de la menor, no sólo tiene un derecho de visitas establecido a
su favor por los Tribunales Polacos mediante resolución de fecha 8.6.06
(copia traducida obrante a los folios 22 y 38 de autos), sino que, además,
tal y como se hace constar en el requerimiento de restitución suscrito por
el padre, Dº Jeronimo, y traducido por el traductor jurado Dº Ezequias,
aquél tiene los correspondientes derechos de la patria potestad de su
hija, sin haber dado nunca consentimiento a un cambio de domicilio
y paradero. Afirmaciones estas que no han sido cuestionadas por la
demandada, quien, además, no cuestiona tampoco las informaciones
obrantes en autos en las que se refiere que, dentro del marco del Derecho
Polaco, la madre no puede trasladar el domicilio de la menor a otro país
sin el consentimiento del padre (art. 97.2 del Código de Familia Polaco).
Por otro lado, y tal y como sostiene el Abogado del Estado, parte
apelante, como quiera que la demanda de autos se interpuso el 17 de
mayo de 2007, es decir, antes del transcurso de un año desde que el
padre reclamante tuvo conocimiento de la sustracción, 8 de junio de
2006, estamos ante el supuesto de restitución prevista en el artículo
3-a) del Convenio de la Haya, el cual establece que: " El traslado o la
retención de un menor se considerarán ilícitos: a) Cuando se hayan
producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada
o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro
organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en el que
el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su
traslado o retención;". Siembre partiendo de la base de que, tal y como
prevé el art. 5-a, para los efectos del citado Convenio el derecho de
custodia comprende, en particular, el derecho de decidir sobre el lugar de
residencia del menor. Aspecto éste también previsto en el art. 2.9 del Rto.
2201/2003 de la Unión Europea.
Asimismo, reconociendo el propio Auto en el Fundamento Jurídico
Segundo lo antedicho, es decir, que concurren las circunstancias
contempladas en el artículos 3 del Convenio, y habida cuenta de que,
incluso en el caso en que la demandada hubiera dispuesto de permiso
de salida vacacional con la hija, no consta, sin embargo, que dispusiera
de autorización del padre ni de los Tribunales Polacos para el cambio de
residencia o la retención de la menor en España; considera la Sala que la
restitución de la menor no debió haberse denegado en el caso de autos.
Siendo ello así por dos razones: en primer lugar, no cabe contemplar en el
caso que nos ocupa la excepción referida en su artículo 13 sobre la base
de las declaraciones de la menor -excepción atendida en el auto apelado-,
por cuanto que, como quiera que la edad de la misma en la fecha de
su emisión era de 7 años, no puede entenderse que nos hallemos en el
caso convencionalmente previsto en párrafo 4º del artículo 5, relativo
a que la autoridad judicial -en este caso Española- no está obligada a
ordenar la restitución del menor cuando: " comprueba que el propio
menor se opone a su restitución, cuando el menor haya alcanzado una
edad y un grado de madurez en que resulta apropiado tener en cuenta
sus opiniones"; en el bien entendido de que, habida cuenta de la escasa
edad de la niña, no puede predicarse de ella tal situación de madurez
(la propia resolución de instancia no justifica lo contrario, ni se deduce
ello de las declaraciones de la menor), bajo riesgo, en otro caso, de
desvirtuar notoriamente la previsión Convencional, cuyo normal alcance
ha de situarse en estadios de desarrollo más avanzados, normalmente
próximos, cuando menos, a la pubertad. De hecho, en el ámbito del
Derecho nacional, el art. 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no estipula
la audiencia del menor como obligatoria, por razón de edad, hasta los
12 años, siendo el Reglamento 2.201/03, en materia de audiencia de
menores, respetuoso con la normativa de cada Estado en la materia.
Además, en segundo lugar y como recuerda también la parte recurrente,
la Juzgadora de instancia olvida lo previsto en el citado Reglamento de
la CE 2201/03, que complementa, para los países de la Unión Europea,
determinados artículos del Convenio de la Haya de 25.10.1980, y de
modo especial en el artículo 11.5 del Reglamento, donde se establece que
los órganos jurisdiccionales del Estado requerido, en este caso España,
no podrán denegar la restitución de un menor sin que se haya dado
posibilidad de audiencia a la persona que solicitó la restitución, es decir,
al padre; cosa que no se contempló por parte del Juzgado, por lo que no
se acomodó la resolución a la letra y a las formalidades convencionales
y reglamentarias previstas para el caso de sustracción internacional de
menores.
Por todo ello, debe estimarse el recurso de apelación y, con él, la
demanda de autos ordenando la restitución de la menor a su país
de origen, Polonia, a cuyos Tribunales corresponde la competencia,
en atención al Convenio de la Haya de 1980 y al Reglamento (CE)
2201/03 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad
parental, para conocer y resolver sobre el lugar de residencia de la menor
y sobre el derecho y las condiciones en que, en su caso, la progenitora
custodia puede o no cambiar de país de residencia a la menor. Todo ello
considerando que el transcurso del tiempo transcurrido no ha de alterar la
aplicación del Convenios y Reglamento antedichos, al no hacerse previsión
al respecto en ellos y habida cuenta, además, de que en gran medida la
dilación ha sido provocada por la propia actitud materna de proceder a un
cambio de domicilio en el ínterin del procedimiento, sin dar cuenta de ello
al Juzgado de Primera Instancia, lo que ha contribuido a dilatar el tramite
procesal de primera instancia.
En su virtud, se atiende la petición apelatoria instada por el Abogado
del Estado sobre la base de la petición de restitución planteada por D.
Jeronimo contra Dª Violeta, al amparo del Convenio de la haya de 1980
en relación con el Reglamento de la Unión Europea 2201/2003; por todo
lo cual, se decreta la restitución a Polonia de la menor, Estela.
ÚLTIMO. - Al estimarse el recurso de apelación no ha lugar a hacer
pronunciamiento alguno en cuanto a las costas procesales devengadas en
esta alzada, mientras que las derivadas de la primera instancia han de ser
impuestas a la parte demandada al ser finalmente estimada la demanda,
debiendo también dicha parte abonar los gastos en que haya incurrido el
solicitante, incluidos los del viaje y los que ocasione la restitución de la
menor a Polonia (artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de
2000, y 1909 de la LEC de 1881).
VISTOS los preceptos legales citados, concordantes, y demás de general y
pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
Por lo expuesto, la Sala ACUERDA:
1. ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado
en su propia representación y defensa, contra le auto dictado por la
Ilma. Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Inca en
fecha 23 de octubre de 2007 en los presentes autos de procedimiento
de restitución de menor, seguidos en primera instancia con el número
295/07, de los que trae causa el presente rollo de apelación;