PRIMERO. - Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de lo Mercantil de
Pontevedra, con fecha 20.04.09, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva
expresa:
"Dispongo que debo ESTIMAR la declinatoria de falta de jurisdicción
interpuesta por el Procurador Sr. Cid García en la representación
acreditada del demandado, por no ser competentes los tribunales
españoles, ABSTENIÉNDOME de conocer de la demanda interpuesta, con
imposición a la actora de las costas causadas"
SEGUNDO. - Notificado dicha resolución a las partes, por ALLIANZ S.A. se
interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por lo
que se elevaron las actuaciones a esta Sala, señalándose el día 23.09.09
para la deliberación del recurso.
TERCERO. - En la tramitación de esta instancia se han observado las
prescripciones y términos legales.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Es objeto de recurso el auto dictado por el juzgado de lo
mercantil en el que estima la declinatoria de jurisdicción opuesta por la
representación de MAERSK ESPAÑA, S.A. frente a la reclamación deducida
por el apelante, ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
El recurrente insiste en los mismos argumentos expuestos en su escrito
de oposición a la declinatoria que, en esencia, pueden ser expuestos del
siguiente modo: a) la estimación de la declinatoria vulnera la regla de la
relatividad de los contratos, toda vez que frente a la demandada no se
actúa una responsabilidad contractual, en la medida en que no fue parte
en el contrato de transporte marítimo, sino que se está ante un supuesto
de responsabilidad ex lege, con fundamento en la doctrina jurisprudencial
que extiende al consignatario la responsabilidad del naviero; b) la cláusula
vulnera la exigencia de claridad en su redacción, resultando que de su
contenido no resulta posible determinar con exactitud el órgano que
resulta competente para conocer del fondo del litigio; y c) la estimación
de la declinatoria vulnera la norma contenida en el art. 54.2 de la ley
procesal civil, en cuanto que dicha norma declara la invalidez de las
cláusulas de jurisdicción insertas en contratos con condiciones generales
de contratación.
La representación demandada se opone a la estimación del recurso,
también con reiteración de los argumentos vertidos en el escrito por el
que promovía la declinatoria de jurisdicción: a) la lectura de la demanda
ilustra suficientemente sobre que lo puesto en juego por el actor fue una
acción tendente a la exigencia, por subrogación, de una responsabilidad
contractual; b) la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad ex lege
del consignatario no se vulnera con la estimación de la cláusula; c) la
redacción del clausulado es clara y concreta en cuanto a la determinación
del fuero competente; d) la doctrina de los tribunales es unánime a la
hora de determinar su validez y, en todo caso, no resulta aplicable la
excepción del art. 54.2 procesal, invocado de contrario.
La Sala, analizados los argumentos de los litigantes, encuentra conforme
a derecho la resolución combatida, por los razonamientos que se exponen
a continuación.
SEGUNDO. - Dos cuestiones previas interesa precisar para avanzar en la
resolución de la cuestión controvertida:
a) La admisibilidad en nuestro Derecho de las cláusulas de sumisión
expresa a los tribunales de un Estado extranjero está fuera de duda
(cfr. las sentencias del TS de 29 de septiembre de 2005, 20 de julio de
1992, 10 de noviembre de 1993, en aplicación del art. 22.2 LOPJ). La
validez de dichos pactos estará condicionada a la observancia de las
normas convencionales que rigen la competencia judicial internacional,
en concreto el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 y, más
recientemente, el Reglamento 44/2001 del Consejo, aplicables cuando al
menos una de las partes de la relación jurídica tuviere su domicilio en un
Estado contratante.
El Reglamento supuso la incorporación con el pleno carácter de Derecho
Comunitario al ámbito de la Unión, de los Convenios de Bruselas de
27 de septiembre de 1968 ("sobre competencia judicial y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil") y del Convenio de
Lugano, de 16 de septiembre de 1988, que extendió, según es sabido,
el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas a los países miembros
de la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA). En la medida en que
el Reglamento toma como base lo establecido en el art. 17 del Convenio
de Bruselas, seguirá siendo referencia imprescindible la jurisprudencia del
TJCE recaída en su interpretación.
b) En el supuesto sometido a consideración de este tribunal, la cláusula
en cuestión se opone frente a una reclamación deducida por la entidad
aseguradora en ejercicio de la subrogación legal a que le autoriza el art.
780 del Código de Comercio. Esta legitimación ex lege hace ocupar a
la aseguradora la misma posición que tenía su asegurado, la entidad
CATRO DAI, de suerte que le serán oponibles exactamente las mismas
excepciones que afectaban al sustituido, criterio general en nuestro
Derecho, tal como se sigue también de la cita del art. 43 LCS o 1212 del
Código Civil. Bastará la cita de la sentencia del TS de 29 de septiembre
de 2005, como resumen de una tesis jurisprudencial bien conocida,
expresamente asumida por el TJCE en su sentencia 19 de junio de 1984,
(asunto Tilly Russ), seguido también por la más reciente STS 8 de febrero
de 2007 (rec. 1241/2000): "La Aseguradora recurrente está vinculada
por la cláusula de sumisión controvertida toda vez que actúa en el pleito
subrogándose en los derechos de la compañía Funditubo S.A., propietaria
de la carga transportada y que resultó averiada, la que en su condición
de destinataria sucede normalmente al cargador en todos los derechos
y obligaciones tal como figuran en el Conocimiento de embarque,
que integró la cláusula sumisoria de competencia jurisdiccional, que
la obliga y a la que no cabe pueda sustraerse, ya que el artículo 780
del Código de Comercio decreta que cuando el asegurador pague la
cantidad asegurada se subrogará en el lugar del asegurado para todos
los derechos y acciones que le correspondan (Sentencia de 23.12.1993),
precepto que ha de relacionarse con los artículos 1203, 1210 y 1212 del
Código Civil. En este caso la recurrente basó la pretensión que ejercita
en el referido Conocimiento de embarque, pero ha de ser en su texto
íntegro y no fraccionado, a cuyo propósito la sentencia de 6 de febrero
de 2003 dice que cuando la actora fundamenta su acción en un preciso
documento no puede cuestionar la parte del mismo que le perjudica con
el pretexto de no estar firmado o aparezcan firmas distintas, lo que es
aplicable a los Conocimientos de embarque y en cuanto a la jurisdicción
que se establezca como la competente, por lo que no cabe poner en
duda la voluntad de las partes en esta cuestión y la vinculación con la
Aseguradora al mismo se presenta determinante, lo que permite que se
le pueda oponer la cláusula discutida de sumisión expresa a los Tribunales
holandeses y aunque no la hubiera suscrito, toda vez que la Aseguradora
hubo de consentirla (Sentencia de 13 de octubre de 1993), al estar
inserta en Conocimiento de embarque que obligaba a Funditubo S.A."
TERCERO. - En punto a la oponibilidad de la cláusula de jurisdicción a
terceros que no fueron parte en el contrato, debe decirse que resulta
indiscutible que la cláusula por la que se defiere la jurisdicción a los
tribunales de otro Estado puede ser opuesta por el transportista marítimo
más allá del ámbito subjetivo en el que se establece el contrato de
transporte. No existe, en este sentido, discusión sobre la posibilidad de
oponer las cláusulas contenidas en los conocimientos de embarque, por
ejemplo, al destinatario final de las mercancías, quien claramente no
estampó su consentimiento en el documento contractual. En este mismo
sentido se pronunció el auto dictado por esta sección el 1 de diciembre de
2005.
Tal afirmación deriva de la amplitud con que el Tribunal de Luxemburgo
viene interpretando el Convenio de Bruselas de 1968 (al que España se
adhirió por el Convenio de San Sebastián de 26 de mayo de 1989) norma
que, a su vez, trasluce claramente una mayor amplitud de miras frente a
los criterios mantenidos tradicionalmente por la jurisdicción interna para
apreciar la validez de los pactos de sumisión expresa.
Así, resulta indiscutible que el art. 17 del Convenio de Bruselas admitía,
por ejemplo, junto a la forma escrita para la atribución convencional de
la jurisdicción (o verbal con confirmación escrita), la alternativa de una
forma ajustada a los hábitos entre las partes. El precepto establece que
cuando se esté ante contratos en el marco del comercio internacional, la
cláusula de jurisdicción será válida siempre que se pacte "en una forma
conforme con los usos que las partes conocieren o debieren conocer y
que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente
observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector
comercial considerado".
Los apartados b) y c) fueron introducidos, precisamente, con un evidente
designio de flexibilidad, por los Convenios de adhesión de 9 de octubre
de 1978, -relativo a la adhesión de Dinamarca, Reino Unido e Irlanda-,
y 1989, tomando en consideración las exigencias del comercio marítimo
internacional, sin perder de vista el equilibrio que había de ser guardado
en relación con las exigencias de la seguridad jurídica.
Pues bien, el art. 23 del Reglamento reproduce en su literalidad el mismo
texto, por lo que resulta plenamente válida la jurisprudencia del TJCE
en su interpretación. Así, la STJCE de 16 de marzo de 1999 (Asunto
Casteletti) analizó el supuesto (antes de la modificación del art. 17 por
virtud del Convenio de San Sebastián de mayo de 1969) y repitiendo
la doctrina sentada en el caso Tilly Russ, afirmó que en la medida en
que la cláusula atributiva de competencia inserta en un conocimiento
de embarque es válida en la relación entre porteador y cargador, dicha
cláusula puede ser invocada trente al tercero tenedor del conocimiento
desde el momento en que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, el
tenedor del conocimiento se subroga en los derechos y obligaciones del
cargador.
Idéntica doctrina cabe predicar con respecto a la oponibilidad de la
cláusula de jurisdicción frente al consignatario. En el caso sometido
a enjuiciamiento la reclamación se fundamenta de forma indubitada,
-en cuanto a los hechos y fundamentación en derecho, esto, es, la
causa de pedir-, en la existencia de un contrato de transporte marítimo
internacional de mercancías en régimen de conocimiento de embarque,
llamándose al proceso a la empresa española que asumió la función de
consignatario de la operación de transporte. La mercancía, -se sostiene-,
llegó a destino con pérdida de frío, lo que supone un claro incumplimiento
de las obligaciones derivadas del contrato. La llamada al consignatario
se fundamenta en la doctrina unificadora del TS sobre la extensión al
consignatario de la responsabilidad exigible al naviero, lo que, de forma
evidente, trae causa de su singular posición derivada del contrato de
transporte en el que las partes, en el libre juego de la autonomía de su
voluntad, asumieron la cláusula de jurisdicción, implantada sólidamente
en el uso mercantil y de validez, se repite, asumida por legislación,
doctrina y jurisprudencia.
Esta solución no sólo, -frente a lo que sostiene el apelante-, no resulta
contraria al sistema de responsabilidad sancionado por el TS cuando
equipara la figura del consignatario con la responsabilidad del naviero,
sino que resulta plenamente coherente con dicha forma de entender las
cosas.
En efecto, es bien sabido cómo, tal como se recuerda en el recurso,
la frontal discrepancia entre las sentencias de la Sala Primera de
22 de marzo y de 20 de diciembre de 2006, -lo que el propio TS se
encarga de precisar que no constituye patología alguna, sino expresión
del proceso continuo de transformación del Derecho-, situación que
determinó que para la resolución del recurso de casación 1127/2000,
la Sala decidiera reunirse en pleno jurisdiccional, con la finalidad de
unificación de doctrina jurisprudencial, por estimarse necesario para la
"administración de justicia", pronunciándose la conocida sentencia de
Pleno de 26 de noviembre de 2007 (recurso 1127/2000, ponente Sr.
Xiol), en doctrina que reitera la de 14 de febrero de 2008 y la de 29 de
junio de 2009, que extiende aquella responsabilidad como "mecanismo
de tutela de los derechos de los titulares de las mercancías que resulten
dañadas durante el transporte", como fórmula de protección de los
intereses de los cargadores o destinatarios, facultando a éstos para
demandar a quien está establecido en el puerto de origen o destino de
la mercancía, en lugar de hacerlo al causante del hecho ilícito. Frente a
lo que sostiene el apelante, tal supone una imposición a un sujeto del
tráfico, -el consignatario marítimo-, de una responsabilidad que no surge
directamente de la ley, a modo de "responsabilidad sanción" de cuño
jurisprudencial.
Si se quiere dotar de justicia al sistema, con esta singular imposición
de responsabilidad al consignatario, no podrá limitarse la posibilidad
por parte del demandado de oponer cuantas excepciones tenga a su
disposición el transportista presuntamente incumplidor. Entre ellas, la
posibilidad de deferir la jurisdicción si así figura en el documento del
contrato.
No existe pues la "burla" a la que se refiere el apelante. Si el
consignatario es responsable de los daños sufridos por la mercancía
durante el transporte, no se ven razones para que no pueda pretender
deferir la jurisdicción al tribunal elegido por las partes en el conocimiento
de embarque.
Así se sigue de la cita de la sentencia del TS de 8 de febrero de 2007.
Frente a la intepretación pro domo sua efectuada por el apelante, -en su
legítimo ejercicio del derecho de defensa, claro está-, resulta conveniente
su transcripción literal:
"La cláusula atributiva de la competencia así redactada, incluida de forma
bien visible en un conocimiento de embarque, suscrito por el cargador y
el transportista, y redactada de forma clara y precisa, es reveladora del
consentimiento prestado por las partes sobre tal particular, en la línea
exigida por la jurisprudencia comunitaria -SSTJCE de 14 de diciembre
de 1976, Asunto 24/77, Colzani c. Rüwa, (LA LEY. 792035/1976) y
de 24 de junio de 1981, Asunto 150/80, Elefanten Schuh GmbH c.
Jacqmain- (LA LEY. 792486/1981) resultando irrelevante a estos efectos
que se incluya en un documento negocial respecto del cual las partes
prestan su consentimiento de forma general para todas sus cláusulas -
STJCE de 19 de junio de 1984, Asunto 71/83, Russ c. Nova-, (LA LEY.
792790/1984) y que presente la forma de condicionado general - STJCE
de 14 de diciembre de 1976, Asunto 24/76, Colzani c. Rüwa-, (LA LEY.
792035/1976) así como que la competencia se fije en favor de los
tribunales de diversos Estados -STJCE de 9 de noviembre de 1978, Asunto
23/78, Meeth c. Glacetal-, (LA LEY. 792210/1978) y que tenga o no una
vinculación objetiva con el litigio -STJCE de 17 de enero de 1980, Asunto
56/79, Zelger c. Salinitri-, (LA LEY. 792355/1980) no existiendo aquí una
parte que pueda considerarse más débil que la otra, a los efectos de la
determinación del fuero competente. Por otra parte, la cláusula atributiva
de competencia debe considerarse extendida subjetivamente a la entidad
aseguradora demandante, que se ve vinculada por ella, en la medida en
que se ha subrogado en la posición jurídica del cargador asegurado, en
aplicación de la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal de Justicia
comunitario de 19 de junio de 1984 -Asunto 71/83, Russ, c. Nova-;
(LA LEY. 792790/1984)del mismo modo que alcanza al consignatario
codemandado, respecto del cual se ejercitan las pretensiones deducidas
en la demanda en su condición de representante del porteador en el
puerto, identificado subjetivamente con el naviero por la parte actora.La
cláusula de atribución de competencia ha de reputarse, pues, válida
y eficaz para producir el efecto derogatorio de la competencia de los
tribunales españoles -que derivaría de la aplicación de los artículos 5.1 y
6 bis del Convenio de Bruselas de 1968 - y para prorrogar la competencia
en favor de los tribunales de Nanterre. Deben, por lo tanto, estimarse,
como ya se ha indicado con anterioridad, los tres primeros motivos del
recurso, sin que sea preciso examinar los restantes motivos de casación,
por razones obvias, con la consecuencia de que se ha de casar y anular
la sentencia recurrida, debiendo confirmarse íntegramente la de primera
instancia."
Como se dijo más arriba, tanto da que la declinatoria sea ejercitada por
la aseguradora subrogada en los derechos del cargador o del destinatario.
A ambos les son aplicables los derechos y obligaciones derivados del
contrato y a ambos les son oponibles las cláusulas de jurisdicción. En
idéntico sentido puede verse el auto de la sección 15 de la Audiencia
Pronvicial de Barcelona, cuando afirma que:
"TERCERO. En principio, la Ley de Condiciones Generales de la
Contratación no establece el carácter abusivo, per se, de las cláusulas
de sumisión a tribunales extranjeros, y hay que hacer notar que la
parte apelante no discute la efectiva y válida incorporación del pacto
sumisorio al conocimiento de embarque por negar el consentimiento de la
cargadora en alguna de las formas que enumera la norma internacional
de aplicación, como tampoco niega su propia vinculación en cuanto
subrogada en los derechos de la receptora de la carga. Tampoco hay
prueba fehaciente de un pacto o de una práctica concertada entre las
compañías navieras, prohibida por el art. 81 del Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea, para fijar un foro alejado del lugar de la entrega,
y cuyo efecto restrictivo de la libre competencia no se justifica. Lo cierto
es que la cláusula de sumisión al tribunal británico (aunque, según se
afirma, éste derive la controversia a los del orden comercial, lo que
no es óbice para reconocer la validez de la cláusula) está inserta en el
conocimiento de embarque que constituye el título para reclamar a la
agente consignataria. Cierto es que ésta tiene su domicilio en España (y
seguramente por ello es preferida como parte demandada a la compañía
naviera), pero, puesto que se le reclama no ya por actos propios sino en
cuanto responsable de la actuación de un tercero (pues la demandada
es tercero, por lo menos formalmente, respecto de la naviera, al ser
persona jurídica con personalidad jurídica propia y diferenciada, por
más que sea filial de aquélla y se dedique con carácter estable a la labor
propia del consignatario de buques en favor de la compañía naviera), está
legitimada para oponer, frente a la perjudicada o a quien en su lugar se
subrogue (y así resulta del conocimiento de embarque), cuantas defensas
u objeciones resulten del conocimiento de embarque, de cuyo contenido
obligacional se pretende que responda, incluido el pacto de prorrogación
de la jurisdicción a favor del tribunal comunitario extranjero. Tanto más si
la causa del daño se localiza en un defecto del contenedor proporcionado
por la naviera, o en las operaciones de carga o estiba en el contenedor, en
todo caso obligaciones propias de la naviera, no ya de la consignataria en
el puerto de destino (lo que decimos, obviamente, sin ánimo de prejuzgar
el fondo)."
CUARTO. - La cláusula inserta en el conocimiento defiere la jurisdicción de
una doble forma, en función del fundamento elegido para la reclamación.
Así, cuando resulte aplicable la estipulación 6.2(d), la legislación
estadounidense de transporte marítimo, o el transporte proceda o tenga
por destino los EEUU, las partes se someten al derecho y al fuero de la
Corte Federal, Distrito Sur, de Nueva York. En todos los demás casos, para
disputas de otra clase, la cláusula declara aplicable el Derecho inglés y
las partes se someten a la High Court de Londres, con exclusión de la
jurisdicción de cualquier otro Estado (vid. estipulación 26).
Pues bien, tal forma de deferir la jurisdicción ha sido expresamente
admitida por el TJCE, frente a los criterios tradicionales sostenidos en
el Derecho patrio. Puede citarse como ejemplo la sentencia TJCE de
9 de noviembre de 2000 (asunto Coreck Maritime) donde se planteó
el supuesto de una cláusula que no hacía determinación del tribunal o
jurisdicción competente de modo definido, sino que determinaba que
todo litigio derivado del contrato se resolvería "en el país en el que el
porteador tenga su establecimiento principal y se aplicará el derecho de
este país". Frente a la oposición del demandado, la respuesta del tribunal
fue rotundamente negativa: no es preciso que de la cláusula se siga con
precisión el órgano jurisdiccional competente; basta con que "identifique
los elementos objetivos sobre los cuales las partes se han puesto de
acuerdo para elegir el tribunal o los tribuales a los que desean someter
los litigios que hayan surgido o que puedan surgir. Estos elementos, que
deben ser suficientemente precisos para permitir al juez que conoce del
litigio determinar si es competente, pueden ser concretados, en su caso,
por las circunstancias propias de cada situación".
En el presente supuesto no hay cuestión sobre lo verdaderamente querido
y como quiera que el transporte no tuvo ningún punto de contacto con
el territorio norteamericano, la jurisdicción a favor del alto tribunal de
Londres no presenta lugar para la duda, atendida la naturaleza de la
pretensión puesta en juego por el actor.
QUINTO. - Sostiene la apelante que el art. 54.2 de la ley procesal civil,
en interpretación analógica, impide la aplicación de pactos de sumisión
contenidos en contratos con condiciones generales de la contratación.
La condición de empresarios de las partes, que actúan en el ámbito propio
de su actividad, excluye en línea de principio la posible aplicación de
la normativa de protección del consumidor, en particular el control de
contenido sobre el carácter abusivo de las cláusulas de jurisdicción. En
consecuencia, resulta inaplicable el Texto Refundido de la Ley de General
para la Defensa de Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre) en lo que hace al análisis del control de
contenido de la cláusula de jurisdicción por abusiva.
Frente a las cláusulas abusivas el sistema de protección legal se limita
a las relaciones con consumidores (art. 8 Ley 7/98, art. 82 del Texto
Refundido), de suerte que solo en este caso se entrará en juego el
régimen de lista negra contenido en los arts. 85 a 90 de la nueva norma,
en particular, no resulta de aplicación a las relaciones entre empresarios
la nulidad de la cláusula de previsión de sumisión expresa a juez o
tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor o al lugar
del cumplimiento de la obligación, prevista en el art. 90.2.
En punto a la exigencia de aceptación por el adherente a condiciones
generales, debe volver a repetirse lo ya dicho: la norma internacional
establece que cuando se esté ante contratos en el marco del comercio
internacional, la cláusula de jurisdicción será válida siempre que se
pacte "en una forma conforme con los usos que las partes conocieren
o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente
conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del
mismo tipo en el sector comercial considerado", tal como sucede, sin
discusión, en el presente supuesto (vid. en este sentido, la STS de 29 de
mayo de 2008 y el auto de la AP de Las Palmas de 1 de febrero de 2007).
La competencia internacional de los tribunales españoles, se insiste, se
regula en dos tipos de normas: internacionales e internas, siendo las
primeras de aplicación preferente.
Existiendo, por tanto, normativa internacional especial para la regulación
de las cláusulas de jurisdicción, la norma interna del art. 54 no resulta
aplicable, tratándose, además, de una norma que rige para la resolución
de la competencia territorial, lejos, por tanto, del ámbito donde se mueve
el presente litigio. Se desestima el motivo.
PARTE DISPOSITIVA
Que desestimamos el recurso de apelación deducido por la representación
procesal de ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. contra el auto
de 20 de abril de 2009 dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Pontevedra en los autos de juicio ordinario registrados bajo el número
608/2008, resolución que confirmamos en su integridad, con imposición al
apelante de las costas devengadas en esta alzada.