1.- La representación procesal de D. Nemesio... y Dª. Sebastián...
presentó, el día 5 de marzo de 2008, escrito de interposición de los
recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra el
Auto de fecha 31 de julio de 2007, dictado por la Audiencia Provincial de
Las Palmas de Gran Canaria (Sección 4ª), en el Rollo de Apelación n.º
847/05, dimanante de los autos sobre Ejecución de Título Extrajudicial
alemán n.º 562/2004 del Juzgado de Primera Instancia número 3 de los
de San Bartolomé de Tirajana.
2.- Mediante Providencia de 10 de marzo de 2008, se tuvieron por
interpuestos los citados recursos acordándose la remisión de las
actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, apareciendo
notificada dicha resolución a los Procuradores de las partes personadas en
el rollo de apelación.
3.- Recibidos los autos en esta Sede y formado el correspondiente
rollo, el Procurador D. José-Andrés Peralta de la Torre, en nombre y
representación de D. Nemesio Y D.ª Sebastián, presentó escrito con fecha
9 de abril de 2008 ante esta Sala, personándose como parte recurrente.
El Procurador D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla, en
nombre y representación de COMMERZBANK, AG, presentó escrito ante
esta Sala el 25 de marzo de 2008, personándose en concepto de parte
recurrida.
4.- Mediante Providencia de fecha 30 de junio de 2008, se pusieron de
manifiesto a las partes personadas las posibles causas de inadmisión de
los recursos.
5.- Con fecha de 17 de julio de 2009, la parte recurrente presentó escrito
mostrando su disconformidad con las causas de inadmisión puestas de
manifiesto, mientras que la parte recurrida, mediante escrito presentado
con fecha 21 de julio de 2009, mostró su conformidad con la inadmisión
de los recursos, interesando la imposición de costas a la parte recurrente.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- En el examen de la concurrencia de los presupuestos y requisitos a los
que se subordina la admisibilidad del recurso de casación y del recurso
extraordinario por infracción procesal, interpuestos contra la resolución de
la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria,
por la que se desestimó el recurso, previsto en el artículo 36 del Convenio
de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, interpuesto contra la resolución
del Juez de Primera Instancia, de fecha 5 de abril de 2005 que, de
conformidad con el régimen establecido en el Convenio de Bruselas de
27 de septiembre de 1968, sobre competencia judicial y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, accedía a la solicitud
de D. Nemesio Y D.ª Sebastián de reconocimiento y ejecución de una
escritura pública alemana de 30 de octubre de 1995, se debe tomar
como punto de partida que se está ante una resolución que resuelve el
recurso previsto en el art. 36 del Convenio de Bruselas de 1968 en el
seno de un procedimiento de exequatur sujeto al régimen que establece
el ordenamiento comunitario en esta materia. La recurribilidad de estas
resoluciones ha sido resuelta en los Fundamentos de Derecho Tercero,
Cuarto y Quinto del Auto de fecha 22 de noviembre de 2005, que se
reproducen literalmente:
«3.- La conclusión alcanzada respecto de la recurribilidad en casación
de las resoluciones dictadas en material de reconocimiento y ejecución
de decisiones al amparo del régimen establecido en los Convenios de
Bruselas y de Lugano y de los Reglamentos comunitarios 1347/2000
(ahora sustituido por el 2201/2003) y 44/2001 encuentra su fundamento,
como se exponía en los Autos de esta Sala de fecha 12 de marzo de
2002 (recurso de queja 75/2002) y de 23 de noviembre de 2004 (recurso
1981/2001), más allá de las disposiciones contenidas en las normas
procesales nacionales, pues radica en la primacía que las normas
supranacionales integradas en el acervo comunitario presentan respecto
de las de producción interna, rasgo que en el caso de los convenios
internacionales celebrados para cumplir los objetivos comunitarios tiene
un doble fundamento: de un lado, su propio carácter y procedencia (art.
93 CE), y de otro, su naturaleza convencional (art. 96 CE). Junto con esa
primacía, es rasgo característico de determinadas normas comunitarias,
particularmente los Reglamentos comunitarios, su aplicabilidad directa
o efecto directo. Las consecuencias de los principios de primacía y del
efecto directo de las normas comunitarias conducen tanto a la inaplicación
de las normas internas incompatibles o contrarias a las comunitarias,
como a impedir la válida formación de posteriores actos normativos
incompatibles con éstas, como, en fin, a la obligación del aplicador del
derecho de garantizar el pleno efecto de esas normas supranacionales,
operándose una interacción entre ordenamiento interno y comunitario
que se traduce, prima facie, en la interpretación de la legalidad interna
conforme al derecho comunitario.
El recurso de casación que establece los artículos 41 de los Convenios
de Bruselas y de Lugano, 27 del Reglamento CE 1347/2000, 44
del Reglamento CE 44/2001, y 33 del Reglamento CE 2201/2003,
constituye un medio de impugnación específicamente previsto en normas
comunitarias, dentro de un cauce procesal igualmente previsto y regulado
por ellas, y que se califica de cerrado, completo y uniforme (Sentencias
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 2 de junio de
1985, as. 184/84, de 27 de noviembre de 1984, as. 258/83, de 21 de
abril de 1991, as. C-172/91, de 4 de octubre de 1991, as. C - 183/90, y
de 11 de agosto de 1995, as. C-432/93), medio de impugnación que se
encuentra dotado de un objeto y contenido concreto, circunscrito a las
cuestiones de derecho suscitadas en la resolución sobre el exequatur de la
decisión extranjera -y solo en ella-, esto es, a la revisión de la aplicación
de las normas que rigen los presupuestos y requisitos de la declaración
de ejecutoriedad de la resolución foránea (STJCE de 27 de noviembre
de 1984, as. 258/83). Por lo tanto, el establecimiento del recurso y su
contenido se imponen sobre las previsiones normativas internas en virtud
de la primacía y de la aplicabilidad directa de la norma comunitaria, en
función de los fines a los que se orienta y cuya consecución persigue, que
aquí se contraen al logro del objetivo comunitario de la libre circulación de
las resoluciones dentro de un espacio de libertad, seguridad y de justicia.
Ahora bien, las condiciones, presupuestos y requisitos de procedibilidad y
de admisibilidad se rigen por el ordenamiento interno, siempre y cuando
sus normas y la interpretación que de ellas se haga garanticen la primacía
y el efecto directo de las normas comunitarias -en rigor, el efecto útil
de ese efecto directo-, y posibiliten, por lo tanto, el recurso establecido
en ellas, con su contenido propio y su propia finalidad, sin convertir en
papel mojado, en simple previsión normativa carente de aplicación en la
práctica, el recurso de casación establecido en las normas comunitarias.
4.- En los ya citados Autos de 12 de marzo de 2002 y de 23 de noviembre
de 2004, se dejaba sentado que las condiciones establecidas por el
legislador nacional y la interpretación que de ellas ha hecho esta Sala
satisfacen las exigencias de las normas comunitarias, en la medida en
que posibilitan el recurso de casación previsto en las mismas, dentro
de su específico contenido y conforme a los fines a que está orientado,
permitiendo, en suma, en logro de los objetivos comunitarios. Esta
satisfacción de las exigencias impuestas por los repetidos principios de
primacía y de aplicabilidad directa de las normas comunitarias se logra
sin necesidad de efectuar ajuste alguno en la interpretación y aplicación
de las normas procesales internas, salvado, si acaso, el obstáculo formal
de la clase o tipo de resolución que decida sobre la declaración de
ejecutoriedad; aserto éste que se sustenta sin más en la consideración
de que, constituyendo el procedimiento de exequatur un cauce procesal
establecido por razón de la específica materia que integra su objeto,
y, en consecuencia, siendo su acceso al recurso de casación el que en
el ordenamiento interno abre el ordinal tercero del art. 477.2 de la
LEC, conforme a los expuestos criterios interpretativos de esta Sala,
las condiciones establecidas por el legislador nacional para acceder al
recurso por esta vía, así como la exégesis que ha efectuado esta Sala
respecto de los presupuestos a los que se condiciona la presencia del
interés casacional que justifica el recurso, ya por existir contradicción con
doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria, ya por tratarse
de la aplicación de normas que no lleven en vigor más de cinco años sin
que exista jurisprudencia de esta Sala relativa a normas anteriores de
igual o similar contenido, y sobre los requisitos impuestos para acreditar
la existencia del necesario interés casacional, garantizan la viabilidad
del recurso, cumplidos tales presupuestos y requisitos, sin desvirtuar el
contenido que imponen las normas comunitarias, y posibilitando, en fin,
los fines del recurso y los objetivos a los que éstas sirven.
5.- Al hilo de lo anterior, conviene detenerse en la forma de la resolución
de cuya casación se trata. No ha sido pacífica la respuesta que desde los
tribunales ha merecido la cuestión de cuál ha de ser el procedimiento
conforme al cual debe ventilarse el recurso contra la resolución del Juez
de Primera Instancia de decide sobre el exequatur de la decisión foránea
en aplicación de las normas comunitarias de continua referencia, como
tampoco es uniforme la postura de la doctrina científica al respecto. Así,
se ha propuesto la sujeción a los trámites previstos en los artículos 951
y siguientes de la LEC de 1881 -cuya vigencia pervive, en tanto no se
promulgue la Ley de Cooperación Jurídica Internacional (Disposición
Derogatoria Unica, apartado primero, regla tercera, de la LEC 1/2000,
en obligada relación con su Disposición final vigésima)-, por tratarse del
procedimiento específicamente establecido por el legislador interno para
el trámite del exequatur y por satisfacer suficientemente la exigencia de
contradicción impuesta desde la normativa comunitaria; pero del mismo
modo se ha sometido la tramitación del recurso a las reglas establecidas
para los incidentes, o a las disposiciones que rigen con carácter general
el recurso de apelación y la segunda instancia. Este diverso tratamiento
de la cuestión ha tenido como ineludible consecuencia la diversidad de
la clase de resolución contra la que se pretende recurrir en casación -
auto o sentencia-, por más que la clase de la resolución dictada por el
Juez de Primera Instancia haya de condicionar la que decide el recurso
interpuesto ante la Audiencia Provincial (cfr. arts. 455.1, 456.1 y 468 de
la LEC 1/2000). Sea como fuere, en modo alguno puede constituir un
obstáculo para el acceso al recurso de casación previsto en las normas
comunitarias, pues las previsiones normativas supranacionales, cuya
primacía y aplicabilidad directa -su efecto útil- se imponen, como se ha
expuesto, sobre las previsiones del ordenamiento interno, convierten tal
circunstancia en irrelevante de cara a la recurribilidad en casación de la
resolución, operándose a estos efectos una suerte de equiparación formal
de ésta -sea cual fuere su clase- con las sentencias definitivas a que
se refiere el art. 477.2 de la LEC 1/2000, tal y como se indicaba en los
Autos de fecha 21 de enero de 2003, 25 de mayo y 10 de noviembre de
2004, y 17 de mayo de 2005 (recursos 841/2002,1465/2001,695/2004
y 3411/2001, respectivamente); con la ineludible precisión de que la
vía de recurso únicamente está abierta a las resoluciones que resuelven
sobre el específico objeto del procedimiento de exequatur, es decir, sobre
la concurrencia de los presupuestos a que en cada caso se subordina la
atribución de la eficacia de la decisión extranjera, y no sobre cualesquiera
otras de diferente objeto y contenido, pues así viene impuesto por la
interpretación de las normas comunitarias efectuada por el Tribunal de
Justicia».
2.- Por otra parte, en los mismos Autos de 12 de marzo de 2002 y de
23 de noviembre de 2003, de continua referencia, así como en los de
fecha 21 de enero de 2003, 25 de mayo de 2004, 10 de noviembre de
2004 y 17 de mayo de 2005, también citados, se examinó la cuestión de
si las exigencias de los principios de primacía y aplicabilidad directa de
las normas comunitarias imponen el establecimiento de un recurso de
contenido procesal contra la resolución que decida sobre el exequatur, así
como si los fines y los objetivos a cuya consecución se orientan permiten
dicho recurso, cuando en la legislación interna el recurso de casación
se ha desdoblado, como aquí sucede, dando lugar al novedoso recurso
extraordinario por infracción procesal. Conviene, para mayor claridad,
recoger la literalidad del Fundamento de Derecho Séptimo de la señalada
resolución -cuyo criterio se encuentra recogido, además, en los Autos de
fecha 19.11.2002, 21.1.2003 y 10.11.2004, recaídos en los recursos de
queja 539/2002, 841/2002 y 695/2004, respectivamente- en donde se
aborda esta cuestión en los siguientes términos:
«La conclusión a la que se debe llegar es que no cabe el recurso por
infracción procesal contra las decisiones sobre el exequatur al amparo del
Convenio de Bruselas y de Lugano, y de los Reglamentos CE 1347/2000
y 44/2001. Las razones que avalan semejante conclusión son diversas y
de distinto signo, siempre con el referente que proporcionan los Informes
Oficiales explicativos de dichos Convenios, y la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia. Tales razones son las siguientes: 1) Los instrumentos
internacionales de referencia responden al objetivo de facilitar la libre
circulación de las resoluciones, para lo cual constituye un objetivo
primario la simplificación de los procedimientos que tienen por objeto la
declaración de ejecutoriedad en los diferentes Estados miembros, dentro
de la concepción del procedimiento de exequatur como un procedimiento
autónomo y completo que alcanza también al ámbito de los recursos
(SSTJCE 2 de junio de 1985, as. 184/84, 27 de noviembre de 1984, as.
258/83, 21 de abril de 1991, as. C-172/91, 4 de octubre de 1991, as.
C-183/90, y 11 de agosto de 1995, as. C-423/93). En consecuencia,
el precepto relativo a los recursos procedentes contra la resolución del
exequatur merece una interpretación restrictiva, que impida facilitar
dilaciones indeseables contrarias a la rapidez y eficacia del procedimiento
de homologación e inconciliables con el efecto sorpresa inherente al
sistema de reconocimiento establecido por el legislador supranacional.
2) El procedimiento de exequatur se articula en torno a un sistema
autónomo, completo e independiente del de los Estados que responde,
además, a postulados de seguridad jurídica y de uniformidad en la
aplicación de las normas de los instrumentos internacionales. Tal y
como se indica en la STJCE de 11 de agosto de 1995, "el Convenio ha
instaurado un procedimiento de exequatur que constituye un sistema
autónomo y completo, independiente de los sistemas jurídicos de los
Estados contratantes, y que, por otra parte, el principio de seguridad
jurídica en el ordenamiento jurídico comunitario, así como los objetivos
del Convenio con arreglo al art. 220 del Tratado CEE, en el que se basa,
exigen la aplicación uniforme en todos los Estados contratantes de
las normas del Convenio y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
relativa al mismo"; y se añade: "la aplicación uniforme del Convenio en
todos los Estados miembros no permite que, en determinados Estados
requeridos, la parte contra la que se solicita la ejecución disponga de más
medios procesales, en comparación con los existentes en otros Estados
contratantes, para retrasar la ejecución de una resolución ejecutoria
dictada en el Estado contratante de origen". 3) Consecuencia de lo
anterior es que los textos internacionales limitan a dos el número de
recursos posibles contra la resolución del exequatur, el primero de los
cuales se dirige contra la resolución del Juez de Primera Instancia que
autoriza o deniega la ejecución, y que presenta un objeto plural, en el
que tienen cabida tanto las cuestiones de hecho como de derecho, y
las procesales junto con las sustantivas; el segundo, el que se dirige
contra la resolución de la Audiencia, presenta un objeto más limitado,
ceñido a cuestiones de derecho, excluyéndose, por tanto, las de carácter
fáctico o relativas al juicio de hecho, y, desde luego, las que generan
un incidente de carácter procesal capaz de dilatar el curso del proceso.
4) Este sistema completo, autónomo e independiente, tributario de los
objetivos y fines de los instrumentos internacionales, se impone en el
foro por virtud de los principios de primacía y del efecto directo de sus
disposiciones. El establecimiento dentro del orden interno de mecanismos
revisorios de naturaleza anulatoria, que por lo general tengan el efecto
de reponer las actuaciones al momento en que se produjo el defecto o
la falta procesal, puede resultar contrario a dichos fines en la medida en
que impiden o limitan los objetivos de sencillez y rapidez en la decisión
sobre el exequatur de las sentencias y resoluciones extranjeras. Tales
objetivos sirven al más genérico de posibilitar la libre circulación de
resoluciones en condiciones de plena efectividad, y constituyen, por ello,
principios rectores del procedimiento de exequatur que trascienden al
ordenamiento comunitario para insertarse en los derechos procesales
nacionales, e imponen una interpretación de sus disposiciones acorde con
tales principios, excluyente de cualquier criterio hermenéutico enervador
del efecto útil de las normas supranacionales. 5) No se puede dejar de
tomar en consideración el marco objetivo que el legislador nacional ha
querido conferir al recurso por infracción procesal, en el que tienen cabida
tanto cuestiones de indiscutible naturaleza procesal, como otras a las
que ha querido dar ese tratamiento, no obstante tener un contenido
total o parcialmente sustantivo. Así, ha desterrado definitivamente de
la casación el juicio de hecho, sometido ahora al recurso extraordinario
por infracción procesal, materia que el Tribunal de Justicia comunitario,
por su parte, ha situado extramuros del recurso de casación contemplado
en las disposiciones supranacionales de referencia. La delimitación
del contenido del recurso previsto en ellas contra la resolución de la
Audiencia ha de impedir, pues, un recurso que tenga por objeto materias
expresamente excluidas de dicho contenido. Si el legislador nacional ha
querido desgajar del contenido del recurso de casación las cuestiones de
hecho y las procesales, dejándolo limitado a las cuestiones de derecho, y
si el legislador supranacional ha circunscrito el recurso contra la decisión
de la Audiencia a cuestiones de esta índole, no hay razón alguna para
extender el ámbito de éste a materias que resultan ajenas a su contenido;
antes bien, el recurso de casación previsto por el legislador nacional en
la LEC 2000 se acomoda plenamente en su contenido al establecido en
las normas internacionales. 6) Y cabe añadir a lo anterior, como elemento
de cierre, que ni desde la perspectiva del legislador ordinario ni de las
exigencias constitucionales se hace preciso un mecanismo de revisión de
la legalidad procesal que posibilite un sistema de amparo judicial situado
en el ámbito del recurso de casación o de otro recurso extraordinario; y
que la LEC 2000 se ha decantado decididamente por configurar el proceso
resaltando su carácter instrumental respecto de la cuestión litigiosa que
constituye su objeto, evitando en lo posible que los incidentes procesales
se conviertan en la materia del pleito».
3.- Cuanto se acaba de exponer permite dejar sentadas, desde ahora,
dos conclusiones: la primera, que la resolución dictada por la Sección
14ª de la Audiencia Provincial de Madrid es susceptible de ser recurrida
en casación, con independencia de la forma que haya revestido,
debiendo serlo a través del cauce del interés casacional previsto en el
ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, con la ineludible consecuencia de
tener que cumplirse los presupuestos y los requisitos a los que legal
y jurisprudencialmente se condiciona la procedencia del recurso por
esta vía; y la segunda, que contra dicha resolución no cabe el recurso
extraordinario por infracción procesal, independientemente de la suerte
que deba correr el recurso de casación asimismo preparado, incurriendo
por ello el RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL
preparado en la causa de inadmisión prevista en el art. 473.2 de la LEC
2000, por irrecurribilidad de la resolución recurrida en cuanto al citado
recurso.
4.- Por lo que se refiere al RECURSO DE CASACIÓN, en los escritos de
preparación e interposición no se indica la vía de acceso al recurso de
casación, articulándose el escrito de interposición en nueve motivos:
- MOTIVO PRIMERO: Artículo 50, párrafo primero del Convenio de
Bruselas en relación con el art. 247. 2 de la LEC.
- MOTIVO SEGUNDO: Artículo 50 en relación con el 47.1 del Convenio de
Bruselas.
- MOTIVO TERCERO: Arts. 1.7 del CC en relación con el art. 24.1 de
la CE y los arts. 12.6, 10.5 y 10.10 del CC, considerando que siendo
la obligación que se pretende ejecutar de carácter contractual, la ley
aplicable es la alemana, invocando las SSTS de fecha 11 y 21 de mayo
de 1989, 25 de enero de 1999, 5-6 y 13 de diciembre de 2000 y las de
fecha 11 de mayo de 1989, 7 de septiembre de 1990, 16 de julio de
1991 y 23 de marzo de 1994, que establecen que cuando los tribunales
españoles no pueden fundamentar con seguridad absoluta la aplicación
del derecho extranjero, deberán de juzgar con arreglo al derecho patrio, y
no abstenerse entrar en el derecho extranjero que es lo que verifica, a su
entender, la resolución recurrida.
- MOTIVO CUARTO: Art. 7.1 del CC en relación con el art. 50, párrafo
primero del Convenio de Bruselas y 247.2 de la LEC, mencionando las
Sentencias de esta Sala de fecha 21 de febrero de 2000, 22 de mayo de
2004 y otras, en relación al abuso de derecho, entendiendo que el auto
recurrido permite que se ejecute en España por la entidad ejecutante
un crédito del que no es titular frente a las recurrentes, lo que resulta
contrario a nuestro orden público español.
- MOTIVO QUINTO: Art. 7.2 del CC en relación con el art. 50 del Convenio
de Bruselas y 247.2 de la LEC, para insistir en que la ejecución del título
acordada supone un abuso de derecho y ejercicio antisocial del mismo,
mencionando al efecto las Sentencias de esta Sala 27 de diciembre de
2005, 5 de abril de 1993 y otras.
- MOTIVO SEXTO: Art.1528 del CC en relación con el art. 50 del Convenio
de Bruselas en relación con el art. 247.2 de la LEC.
- MOTIVO SÉPTIMO: Art.1203.3º en relación con el art. 1212 del CC y el
art. 50.1º del Convenio de Bruselas, en relación con el art. 247.2 de la
LEC.
- MOTIVO OCTAVO: Arts. 1275 y 1274 del CC, en relación con los arts.
50.1º del Convenio de Bruselas y art. 247.2 de la LEC.
- MOTIVO NOVENO: Art. 6.4 del CC en relación con los arts. 7.1 y 2,
1528, 1203, 1212, 1274 y 1275 del CC y el art. 50.1º del Convenio de
Bruselas y art. 247.2 de la LEC.
Como anteriormente se ha señalado, las partes deben acudir al ordinal
del art. 477.2 LEC que sea adecuado al tipo de proceso seguido, en
este caso al cauce del ordinal 3º del referido precepto, pero los efectos
de omitir la cita del precepto o hacerla equivocadamente no pueden
llegar a que se vea rechazada la preparación, si la sentencia de segunda
instancia está en alguno de los casos del art. 477.2 LEC y se cumplen
los presupuestos del art. 479, es decir que se presente el escrito dentro
del plazo de cinco días, que se indique la infracción legal cometida y,
además, en los supuestos amparados en el 477.2, 3º, que se acredite
el "interés casacional", como un presupuesto añadido de recurribilidad,
por ello sólo el incumplimiento de estos requisitos, dentro del término
referido, podrá determinar la denegación preparatoria, según prevé
el art. 480.1 LEC. Lógico correlativo de lo que se acaba de considerar
es que un recurso deba superar la fase inicial de la preparación si la
sentencia de segunda instancia ha recaído en alguno de los casos a que
se refiere el art. 477.2 LEC, aunque no se haga cita del ordinal concreto.
Ningún óbice puede suponer que se invoque "interés casacional" en
asuntos incardinables en los números 1º y 2º del art. 477 LEC, pues en
ese supuesto la jurisprudencia o la norma nueva habrán de entenderse
aludidas a mayor abundamiento, sin que, eso si, los cauces pierdan por
ello su carácter diferenciado, ni se produzcan efectos exclusivos para el
caso del art. 477.2, 3º, como los contemplados en el art. 487.3 de la LEC.
Incluso una errónea alusión a un número del art. 477.2 que no sea el
adecuado, no puede por si sola acarrear la denegación, si la resolución
es efectivamente recurrible al amparo de otro ordinal de aquel precepto
y se cumplen los requisitos del art. 479 antes referidos, hasta el punto
de que el tribunal deberá subsanar lo que no puede tener mas alcance e
importancia que una mera equivocación; por supuesto, habrá ocasiones
en los que no pueda efectuarse esa acomodación al ordinal correcto
del art. 477.2, concretamente en los asuntos tramitado en razón de la
materia, cuando se prescinde de utilizar la vía del "interés casacional",
en previsión de los cuales se ha señalado por esta Sala que no cabe
la reconducción, pues al ser preclusivo el plazo preparatorio y deber
cumplirse dentro del mismo la justificación del "interés casacional", es
obvio que no puede a posteriori concederse la posibilidad de alegar y
acreditar alguno de los casos de "interés casacional" que contempla el art.
477.3, de la LEC, siendo esos litigioso sustanciados "ratione materiae"
a los que reiteradamente se ha referido este Tribunal Supremo, cuando
se ha pretendido el acceso a la casación aduciendo cuantía superior
a veinticinco millones de pesetas, sin utilizar correctamente el cauce
del art. 477.2, 3º LEC, y en ellos se ha sentado esa imposibilidad de
reconducir, mas no por la mera formalidad de la cita errónea, sino por
el incumplimiento de los presupuestos de recurribilidad que comporta
la utilización de la vía específica del interés casacional (así AATS, entre
otros, de 6 de marzo, 17 de abril y 29 de mayo de 2007, en recursos nº
1340/2003, 2149/2002 y 2580/2003, respectivamente), es decir, por falta
de acreditación en fase de preparación del necesario "interés casacional",
como ocurre en el presente supuesto, en relación a los motivos primero,
segundo, sexto, séptimo, octavo y noveno que el recurrente pretende
oponerse a la ejecutividad del título extrajudicial alemán sin citar
Sentencia alguna de esta Sala que justifique la oposición a la doctrina de
esta Sala o la existencia de jurisprudencia contradictoria entre Audiencias
Provinciales, de modo que el recurso incurre, en los motivos mencionados
en la causa de inadmisión de preparación defectuosa al no haberse
acreditado el interés casacional (art. 483.2.1º, inciso segundo, de la
LEC 2000, en relación con el art. 479.4 de la misma Ley). Además, se
hace preciso señalar que la ley adjetiva es de naturaleza meramente
instrumental, por ello se limita a establecer los cauces para la denuncia
de la infracción de normas sustantivas, uno de ellos es precisamente el
recurso de casación, cuyo ámbito, como antes se dijo, está circunscrito
al control de la interpretación y aplicación del derecho material, y, por
ello, el "interés casacional" nunca puede basarse en jurisprudencia o
normas relativas a "cuestiones procesales", según se ha reiterado en
Autos, entre otros, de fechas 14 de septiembre, 2 de noviembre y 7 y 28
de diciembre de 2004, en recursos 569/2004, 608/2004, 1096/2004 y
1206/2004, razón por la que no cabe invocar la nueva LEC para fundar
el interés casacional, ya que éste, en todo caso, deben venir referido
a cuestiones sustantivas y no procesales, como son las planteadas en
el presente caso, de modo que resultaría en todo caso inadmisible la
referencia como infringidos de los artículos 247.2 de la LEC y 24.1 de la
CE, al venir referidos a cuestiones estrictamente procesales.
5.- Pero es que, además, resulta que los motivos tercero, cuarto y quinto
del recurso, donde la parte recurrente menciona varias resoluciones de
esta Sala para impugnar, en definitiva que la resolución recurrida no se
haya pronunciado sobre la cuestión de fondo del proceso, que no es otra
que si la titularidad del documento ejecutivo ha sido transmitida o no por
la ejecutante a una tercera entidad, incurre igualmente en defectuosa
preparación e interposición respecto a la cuestión ahora examinada,
pues tampoco se aprecia la inexistencia de interés casacional, causa de
inadmisión contemplada en el art. 483.2, 3º, inciso segundo, de la LEC
2000. Y ello por cuanto basta examinar el Auto recurrido para comprobar
como el mismo no se opone a la doctrina del Tribunal Supremo alegada
por el recurrente (en relación a la Ley nacional aplicable, al abuso de
derecho y ejercicio antisocial del mismo, y doctrina de los actos propios),
pues la resolución impugnada no entra a conocer de la cuestión planteada
(extensión de la cesión del crédito y validez o no de la cesión parcial en
el documento que obra en autos), y no entra a conocer porque considera
que tal posibilidad " esta determinantemente prohibida por los artículos
29 y 30 del citado CB ", mencionando además la doctrina de esta Sala
recaída al respecto y en concreto la Sentencia de esta Sala nº 742/1995,
de 21 de julio y las resoluciones en ésta mencionadas, de modo que no
pronunciándose sobre la cuestión de fondo, difícilmente pueden reputarse
infringidos los preceptos mencionados, significándose además que la
doctrina contenida en las resoluciones que menciona hacen referencia
a los conceptos generales anteriormente citados, pero sin contemplar
un supuesto similar al aquí examinado en el que se haya adoptado una
decisión contraria a la resuelta por la Audiencia Provincial de Las Palmas
de Gran Canaria.
En la medida en que ello es así, el Auto recurrido no se opone a la
doctrina de esta Sala citada como infringida en el escrito preparatorio,
debiendo recordarse que el interés casacional consiste en el conflicto
jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable
al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en
contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto
del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir
y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de
recurso en el que se invoque el "interés casacional" que se manifieste
como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría
cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio
motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido
contradicha. En el presente caso, el interés casacional representado
por dicha contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no
se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los
elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en
la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un
supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose por completo
del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los
mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida
meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional
artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de
unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en
que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución
recurrida.
6.- Consecuentemente, procede declarar inadmisibles el recurso de
casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme el
Auto recurrido, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2
LEC 2000, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra esta
resolución no cabe recurso alguno.