PRIMERO. - En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez de Primera Instancia
nº 9 de Valencia, en fecha 30.03.09, se dictó auto cuya parte dispositiva
es como sigue: "SE INADMITE la solicitud de medidas respecto de la hija
menor instada por la representación de Juana, contra Leandro por carecer
este Juzgado de competencia."
SEGUNDO. - Contra dicha resolución por la representación procesal
de la demandante, se interpuso recurso de apelación, y verificados
los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al
recurso o impugnación se remitieron los autos a esta Secretaria previo
emplazamiento, donde se formó el oportuno rollo, señalándose el día de
hoy para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de
vista, al no haberse considerado necesaria ésta ni instado por las partes el
recibimiento del pleito a prueba.
TERCERO. - Que se han observado las formalidades y prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
PRIMERO. - En la actualidad el art. 36 de la LEC determina la extensión
y limites de la jurisdicción de los Tribunales españoles de acuerdo con lo
dispuesto en la LOPJ así como por los tratados y convenios internacionales
en los que España es parte señalando la obligada abstención de los
tribunales españoles cuando la causa afecte a ciudadanos o bienes con
inmunidad declarada por las normas de Derecho Internacional Publico,
cuando en virtud de tratado se atribuya el conocimiento del asunto a la
jurisdicción de otro Estado, cuando no comparezca el demandado si solo
correspondiera la jurisdicción a los tribunales españoles por la sumisión
tácita de las partes.
SEGUNDO. - En los arts 37 y 38 de la nueva Norma Procesal se regula
tanto la apreciación de oficio de esta como el modo, a través de
declinatoria, en el que el demandado podrá denunciar esta ausencia
de competencia internacional o falta de jurisdicción para conocer de
este asunto. En el supuesto que nos ocupa también hemos de destacar
como es la jurisdicción de un Tribunal el primer basamento de su
pronunciamiento y por ende la primera circunstancia que ha de ser
determinada; en este sentido el art. 9.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial dispone que los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción
exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u
otra Ley, y el art. 22 de la propia Ley establece las reglas que determinan
la competencia de los Juzgados y Tribunales españoles, con carácter
imperativo y no dispositivo, por lo que su observancia ha de ser apreciada
de oficio por el Juzgador, sin que la autonomía de la voluntad de las
partes pueda alterar su aplicación de no existir sumisión.
TERCERO. - De este modo, tras realizar minuciosa expresión de la
competencia que con carácter exclusivo, se hace en materia de derechos
reales y arrendamientos de inmuebles que se hallen en España; en
materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o
personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así
como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos; en materia
de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro
español; en materia de inscripciones o de validez de patente y otros
derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere solicitado o
efectuado en España el depósito o registro; en materia de reconocimiento
y ejecución en territorio español de resoluciones judiciales y decisiones
arbitrales dictadas en el extranjero, se realiza otra atribución, esta vez
con carácter general, cuando las partes se hayan sometido expresa o
tácitamente a los Juzgados o Tribunales españoles, así como cuando el
demandado tenga su domicilio en España.
Será, por tanto, en defecto de los criterios precedentes cuando el
art. 22.3 LOPJ, fija otros criterios de conexión con los tribunales
españoles que, en la materia que nos interesa, incorpora la materia de
incapacitación y de medidas de protección de la persona o de los bienes
de los menores o incapacitados, cuando éstos tuviesen su residencia
habitual en España; en materia de relaciones personales y patrimoniales
entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando
ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la
demanda o el demandante sea español y tenga su residencia habitual
en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad
española, cualquiera que sea su lugar de residencia, siempre que
promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento
del otro; en materia de filiación y de relaciones paternofiliales, cuando el
hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el
demandante sea español o resida habitualmente en España; en materia
de alimentos, cuando el acreedor de los mismos tenga su residencia
habitual en territorio español. Finalmente también el apartado 5 del
mismo precepto señala aquella competencia cuando se trate de adoptar
medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes
que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España.
CUARTO. - La Sala considera que en el caso de autos resulta determinante
lo establecido en el art. 12.1 del mismo Reglamento 2201/2003, según
el cual: "Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se
ejerza la competencia con arreglo al artículo 3 en una demanda de
divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial tendrán competencia
en las cuestiones relativas a la responsabilidad parental vinculadas
a dicha demanda: a) cuando al menos uno de los cónyuges ejerza la
responsabilidad parental sobre el menor, y; b) cuando la competencia de
dichos órganos jurisdiccionales haya sido aceptada expresamente o de
cualquier otra forma inequívoca por los cónyuges o por los titulares de
la responsabilidad parental en el momento de someter el asunto ante el
órgano jurisdiccional y responda al interés superior del menor".
Así las cosas, la Sala considera que se dan las circunstancias previstas
en el art. 12 del citado Reglamento a fin de resolver desfavorablemente
sobre la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles en el
caso de autos; a saber: si bien ambos progenitores residen en España la
menor vive en Ecuador y no consta la aceptación de la competencia de
los Tribunales españoles por parte del padre., lo que determina al amparo
del citado artículo que deba confirmase la resolución de instancia por
sus propios fundamentos, sin hacer expresa declaración en cuanto a las
costas de esta alzada.
PARTE DISPOSITIVA
La Sala ACUERDA:
No haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación
procesal de Dña. Juana, sin hacer expresa declaración en cuanto a las
costas de esta alzada.