1.- El Procurador de los Tribunales Sr. García Fernández, en
representación de "Fiduciaire de Distributión Internationale FDI", formuló
demanda de exequatur de la sentencia de 12 de junio de 1998 dictada
por el Tribunal Mercantil de Chambéry, Francia, por la que se condenó
a la "Sociedad RP. 96 SL" al pago de las cantidades que en la misma se
detallan.
2.- El Ministerio Fiscal, en informe de fecha 12 de abril de 1999, dijo
"que no era competente la Sala sino el Juzgado de Primera Instancia,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Convenio relativo a la
Competencia Judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, y su protocolo anejo, hechos en Bruselas el
27 de septiembre de 1.968, que es el Convenio aplicable al fondo del
asunto".
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. D. José Almagro Nosete
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Proclamado en el art. 24 de nuestra Constitución la garantía de
que el justiciable sea juzgado por el Juez ordinario predeterminado por
la ley, debe significarse que el órgano judicial ante el que, de entre
los muchos existentes, debe el demandante interponer su demanda,
es aquel al que la norma legal haya investido, con carácter previo al
hecho motivador de la actuación, de jurisdicción y competencia. Se
establece así la competencia como uno de los presupuestos del proceso
de gran trascendencia, y ello habida cuenta la sanción de nulidad de pleno
derecho a la que se encuentran sometidos los actos judiciales producidos
con manifiesta falta de competencia objetiva o funcional, no así territorial,
conforme previene el art. 238.1 LOPJ. Ese carácter de ius cogens que
caracteriza a las normas sobre competencia -con excepción de las normas
sobre competencia territorial- es lo que determina que en el presente
supuesto haya de estarse a las previsiones contenidas en el Convenio de
Bruselas de 27 de septiembre de 1.968, relativo a la competencia judicial
y al reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil
que resulta aplicable, no encontrándose la resolución cuyo reconocimiento
se pretende entre las excluidas que, por razón de la materia, figuran
relacionadas en el artículo 1º del Convenio; la sentencia por reconocer,
de fecha 12 de junio de 1998, por lo tanto, está indudablemente sujeta al
régimen del Convenio de Bruselas cuyo texto llamado consolidado de 26
de mayo de 1.989 entró en vigor en la República de Francia y en España
el 1º de febrero de 1991 (artículo 54). No parece proceder, por tanto,
la aplicación del Convenio Hispano-francés de 28 de mayo de 1.969,
sustituido por el anterior y en virtud de su artículo 55 (que se refiere
particularmente al Convenio Hispano-francés en el decimoquinto guión
añadido por el artículo 18 del Convenio de adhesión); como tampoco es
aplicable el régimen común de reconocimiento de la Ley de Enjuiciamiento
Civil ex artículo 954 y siguientes.
2.- Ha de tenerse presente el artículo 32, 1º del Convenio de Bruselas,
integrado por el artículo 10 del Convenio de adhesión de 1.989, por
si fuere procedente el reconocimiento procesal a la luz del artículo 26
que lo entiende excepcional puesto que el principio sentado es que sea
automático; pues bien, el mencionado artículo 32,1 establece que las
solicitudes de ejecución se presentarán "En España, ante el Juzgado
de Primera Instancia", por lo que, en todo caso, el otorgamiento del
exequatur no corresponde a esta Sala, que no es competente para
pronunciarse sobre el mismo, sin perjuicio de reservar a la solicitante el
derecho a acudir al órgano jurisdiccional pertinente.
El carácter de normas de "ius cogens" de las reguladoras de la
competencia objetiva exige el examen de oficio de tal competencia
por el órgano jurisdiccional que conozca el asunto, por lo que, y de
conformidad con el art. 74 de la LEC, deberá abstenerse de conocer si se
considera incompetente por razón de la materia, oído el Ministerio Fiscal,
previniendo a las partes que usen de su derecho ante quien corresponda.
3.- En cuanto a la competencia territorial el artículo 32,2º del convenio
de Bruselas dispone que "La competencia territorial se determinará por
el domicilio de la parte contra la que se solicitaré la ejecución. Si dicha
parte no estuviere domiciliada en el Estado requerido, la competencia se
determinará por el lugar de ejecución".
LA SALA ACUERDA
1.- No ha lugar a pronunciarse sobre la demanda de exequatur
interpuesta por el Procurador D. Gumersindo Luis García Fernández, en
representación de "Fiduciaire de Distributión Internationale FDI", por no
ser su conocimiento de la competencia de este Tribunal, previniendo a la
parte que use de su derecho ante quien corresponda.