PRIMERO. - Que en la sentencia recurrida dice en su parte dispositiva:
"FALLO: Que sin entrar en el fondo del asunto absuelvo en la instancia a
la AS Roma Spa por considerar que los órganos judiciales españoles son
incompetentes para conocer el litigio que se plantea.
Tengo por desistido al actor de la demanda dirigida contra el Albacete
Balompié SAD."
SEGUNDO. - Que, en dicha Sentencia, y como Hechos Probados, se
establecen los siguientes:
PRIMERO. - D. Federico..., con DNI n° ... prestó servicios como jugador
de fútbol profesional para el Albacete Balompié SAD siendo cedido
definitivamente al Club SA Roma SPA en virtud del contrato suscrito el día
24.6.97 por un importe de 3.500.00 dólares USA más 700.000 dólares
USA si el juzgador participaba al menos en 18 encuentros oficiales con
el Club AS Roma SPA. En dicho contrato se estipuló que en caso de que
el jugador fuera cedido a otro club, el club AS Roma SPA pagaría al Club
Albacete Balompié SAD el 25% del montante total de dicha censión.
SEGUNDO. - El día 29.6.98 el club AS Roma Spa cede a D. Federico...
temporalmente al RCD Espanyol, estableciéndose en el contrato
suscrito una opción de compra por 5.000.000 dólares USA que el RCD
Espanyol podría ejercitar antes del 30.4.99. Por contrato suscrito entre
estos dos clubes de fútbol el día 27.11.98 el club AS Ropma SPa cede
definitivamente al RCD Espanyol al actor. Dicho contrato obra unido a
las actuaciones y se da aquí por reproducido. En cumplimiento de la
estipulación entre el AS Roma SPA y el Albacete Balompié SAD según
la cual aquél pagaría a éste el 25% del importe total de la cesión en el
caso de que D. Federico... fuera cedido a otro club, AS Roma SPA abonó
al Albacete Balompé SAD la cantidad de 125.000 dólares, al mantener
AS Roma SPA que el precio de la cesión ascendió a 500.000 dólares USA.
No conforme el Albacete Balompié SAD con dicho precio de cesión por
entender que el real era de 5.000.000 dólares USA formuló reclamación
ante la FIFA cuya Comisión del Estatuto de Jugador decidió que el precio
de la cesión de D. Federico... entre AS Roma SPOA y el RCD Espanyol fue
de 5.000.000 dólares USA, con la consiguiente obligación por parte de AS
Roma SPA de abonar al Albacete Balompié SAD la cantidad de 1.250.000
dólares USA menos la cantidad de 125.000 dólares USA ya pagada.
En cumplimiento de dicha decisión de la FIFA el AS Roma SPA y el
Albacete Balompié SAD llegaron a un acuerdo transaccional por el cual
As Roma SPA abonaba al Albacete Balompié SAD la cantidad de 950.000
dólares renunciando este club a las actuaciones judiciales de apelación
ante el Comité Ejecutivo de la FIFA.
TERCERO. - El actor intentó la conciliación previa ante el UMAC que
terminó sin avenencia respecto al Albacete Balompié SAD y como
intentada sin efecto por incomparecencia de la empresa frente a AS Roma
SPA.
CUARTO. - En el acto del juicio D. Federico... desistió de su demanda
frente al Albacete Balompié SAD manteniéndola exclusivamente frente a
AS Roma SPA.
TERCERO. - Que, en tiempo y forma, por la parte, se formuló Recurso de
Suplicación contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el
mismo constan.
Dicho Recurso fue impugnado de contrario.
Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente
para su examen y resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Contra la sentencia de instancia que declaró la incompetencia
de los órganos judiciales españoles para conocer del litigio planteado, se
formula el presente recurso de suplicación por la representación letrada
del actor, en el que a través de tres motivos, formulados bajo correcto
cobijo procesal, persigue, en el primero, la modificación de los hechos
probados; y en los dos restantes, la revisión del derecho aplicado por
la sentencia recurrida, por infracción de los artículos 21 y 25 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 10 de la Ley de
Procedimiento Laboral (motivo segundo), y de los artículos 10.5, 10.10 y
12.3 del Código Civil en relación con el artículo 6 del Convenio de Roma
de 19 de junio de 1980, el artículo 13 del Real Decreto 1006/1985, de
26 de junio y el artículo 17 del Convenio Colectivo del Sector L.N.F.P. y
A.F.E. (motivo tercero). Básicamente, con tales alegaciones, el recurrente
viene a sostener la competencia de los Jueces y Tribunales españoles
para conocer del presente litigio, así como la debida aplicación de la ley
española a la resolución del mismo; además pretende la revisión del
hecho probado segundo.
La cuestión de competencia es materia de orden público procesal que
ha ser resuelta por el órgano judicial con libertad de criterio, sin que
éste venga sujeto a los presupuestos y concretos motivos del recurso,
sin sometimiento a los límites de la declaración de hechos probados
de la sentencia de instancia y con amplitud en el examen de toda la
prueba practicada, para decidir fundadamente y con sujeción a derecho
sobre una cuestión cuya especial naturaleza queda sustraída al poder
dispositivo de las partes, según ha puesto de manifiesto el Tribunal
Supremo en Sentencia de 23 de octubre de 1989 y 11 de junio de 1990.
En consecuencia, procede analizar, en primer lugar, la competencia de los
Jueces y Tribunales españoles para conocer del asunto planteado.
SEGUNDO. - Para llevar a cabo esta tarea, conviene comenzar por
establecer cual es la norma de competencia judicial internacional
aplicable, dada la presencia en el pleito de un elemento extranjero.
La competencia internacional de los tribunales españoles se encuentra
regulada por normas legales internas (artículos 21 a 25 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial), normas comunitarias y convenios
internacionales. Las normas contenidas en los convenios internacionales
en los que España es parte, así como las normas comunitarias, deben
ser aplicadas con preferencia a las normas legales internas, de modo que
éstas últimas sólo serán aplicables en defecto de aquellas, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el
cual remite con prioridad manifiesta, para determinar la competencia de
los Juzgados y Tribunales españoles, a lo que dispongan "los tratados y
convenios internacionales en los que España sea parte".
Nuestro país tiene suscritos, por lo que a este asunto interesa, dos
convenios internacionales multilaterales de carácter general que regulan
la competencia internacional civil de los Tribunales españoles: el Convenio
de Bruselas, sustituido por el Reglamento 44/2000, del Consejo, de 22
de diciembre de 2000, que en todo caso, no resulta aplicable al presente
supuesto, como acertadamente entendió el magistrado de instancia, en
atención a lo establecido en la Disposición Transitoria contenida en el
artículo 66.1 del mismo, que prevé su aplicación a las "acciones judiciales
ejercitadas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados
con posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento", que
tuvo lugar el día 1 de marzo de 2002, al haberse ejercitado la acción
origen de este procedimiento el día 1 de junio de 2001 -fecha de la
presentación de la demanda-; y, por último, España también tiene
suscrito el Convenio de Lugano, de contenido similar al Convenio de
Bruselas, aplicable a los países miembros de la EFTA.
El Convenio de Bruselas, relativo a la competencia judicial y a la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, al que España se
adhirió por medio del denominado Convenio de San Sebastián de 26 de
mayo de 1989, publicado en el DOCE, C 189 de 28 de julio de 1990, y en
el BOE de 28 de enero de 1991, es, por su ámbito de aplicación, la norma
convencional más importante que regula la competencia internacional de
nuestros tribunales, distribuyendo la misma a partir de diversos criterios
jurídicos atributivos de competencia judicial a los tribunales de un Estado
(foros).
El artículo 2.1 establece que "salvo lo dispuesto en el presente Convenio,
las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas,
sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho
Estado". Y, seguidamente, en el artículo 3.1 prevé unas reglas con arreglo
a las cuales "las personas domiciliadas en un Estado contratante sólo
podrán ser demandadas ante los Tribunales de otro Estado contratante
en virtud de las reglas establecidas en las Secciones 2 a 6 del presente
título". Se trata de unas reglas de competencia especiales que vienen a
añadir otros criterios (o foros) al general del domicilio del demandado.
Por lo que respecta al contrato de trabajo, el artículo 5 establece que "las
personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas
en otro Estado contratante: 1. En materia contractual, ante el Tribunal
del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación.
En materia de contrato individual de trabajo, dicho lugar será aquél
en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo y, si el
trabajador no desempeñare habitualmente su trabajo en un único Estado,
podrá también demandarse al empresario ante el Tribunal del lugar en
que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere
contratado al trabajador".
Por último, el artículo 6 del Convenio de Bruselas declara que "Las
personas a las que se refiere el artículo anterior podrán también ser
demandadas: 1. Si hubiere varios demandados, ante el Tribunal del
domicilio de cualquiera de ellos...".
Puede así decirse que, para determinar la competencia internacional en
materia de contrato individual de trabajo, según el Convenio de Bruselas
y desechando los supuestos de competencia exclusiva o de prórroga de
competencia, que en este asunto no se plantean, habrá de estarse, en
primer lugar, como regla general, al domicilio del demandado; y como
reglas especiales, también podrá demandarse -cuando fuese varios los
demandados- ante los Tribunales del domicilio de cualquiera de ellos;
o ante los Tribunales del domicilio en el que el trabajador desempeñe
habitualmente su trabajo (si lo desempeña en un solo Estado), o ante
los Tribunales del lugar en el que estuviere o hubiere estado situado el
establecimiento que hubiere contratado al trabajador (si desempeñase
su trabajo en varios Estados). En conclusión, los Tribunales ante los que
puede ser demandado un empresario por razón del contrato de trabajo
serían, a) los del lugar del domicilio del demandado; b) los del lugar de la
prestación habitual del trabajo, o los del lugar donde estuviera o hubiera
estado el establecimiento que hubiere contratado al trabajador (si no
presta el trabajo habitualmente en un solo Estado); y c) los del domicilio
de cualquiera de los demandados (si éstos son varios). Dichos foros son
concurrentes entre sí, por tanto, es el demandante el que puede elegir en
cual de ellos presenta la demanda, según su propio criterio o interés.
TERCERO. - En este punto debemos recordar los aspectos fácticos
del supuesto que nos ocupa -ateniéndonos a la declaración de hechos
probados de la sentencia recurrida-. Éstos parten de la existencia de
un contrato de trabajo celebrado en España entre un futbolista (D.
Federico...) y un club de fútbol (Albacete Balompié, SAD), ambos de
nacionalidad española, para prestar los servicios en territorio español.
Dicho contrato genera una relación laboral especial, así declarada por
el artículo 2.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, regulada por el Real
Decreto 1006/1985, de 26 de junio, y por el Convenio Colectivo para la
actividad de fútbol profesional (BOE 8 de julio de 1978). El artículo 13
del Real Decreto 1006/1985, al consignar las causas de extinción del
contrato de trabajo, y concretamente al referirse a la extinción de mutuo
acuerdo que tenga por objeto la cesión definitiva del deportista a otro
club o entidad deportiva, reconoce a favor de aquél el derecho a una
indemnización cuya cuantía, en ausencia de pacto, no será inferior al 15
por 100 bruto de la cantidad estipulada por el traspaso o cesión. Previsión
contemplada también por el artículo 17 del Convenio Colectivo para la
actividad del fútbol profesional que incorpora a su articulado la concreción
de quien viene obligado al pago.
El contrato de trabajo entre D. Federico... y el Albacete Balompié, SAD
se extinguió por la cesión definitiva del futbolista a la AS Roma SPA, en
virtud de pacto suscrito el día 24 de junio de 1997. En este acuerdo se
estipuló como precio del traspaso una determinada cantidad (3.500.000
$ USA más 700.000 $ USA -si el jugador participaba en al menos 18
encuentros oficiales con el club AS Roma SPA-), y además, también se
acordó que, si el club AS Roma SPA cedía a D. Federico... a otro club de
fútbol, el Albacete Balompié SAD percibiría de la AS Roma SPA el 25% del
montante total de la cesión.
El club AS Roma SPA cedió definitivamente a D. Federico... al RCD
Español mediante contrato suscrito entre estos dos clubes de fútbol
el día 27 de noviembre de 1998, por 5.000.000 $ USA; cantidad de la
que el Albacete Balompié, SAD recibió 950.000 $, mediante acuerdo
transaccional que puso fin al conflicto surgido entre ambos clubes sobre
el montante total del traspaso; de dicha cantidad el futbolista reclama
el derecho reconocido en el artículo 13 del Real Decreto 1006/1985 a
percibir un 15 por ciento, mediante la oportuna demanda que el actor
presentó ante los Tribunales españoles (Juzgado de lo Social de Albacete)
contra el Albacete Balompié SAD y contra la AS Roma SPA.
CUARTO. - Al dirigir la acción frente a dos entidades de distinta
nacionalidad, en virtud del artículo 6.1 del Convenio de Bruselas,
el demandante puede presentar la demanda ante los Tribunales de
cualquiera de los dos Estados de los que son nacionales los demandados;
en este caso, ante los Juzgados y Tribunales de España o de Italia.
Habiéndola presentado ante los Tribunales españoles, éstos son
competentes para conocer de este litigio, y ello con independencia del
desistimiento posterior en fase de conclusiones, de la demanda frente
al Albacete Balompié SAD, hecho éste en el que se basa el magistrado
de instancia para declarar la incompetencia de los órganos judiciales
españoles.
Con todos los respetos hacia el juzgador de instancia, la Sala no comparte
este criterio, porque considera que es el momento de la presentación
de la demanda cuando debe determinarse la competencia, tanto si se
analiza de oficio como si se hace a instancia de parte, porque desde
ese momento queda fijada una cuestión tan esencial para el ejercicio
ordenado y armónico de los derechos en el proceso como es el de la
competencia jurisdiccional, de tal manera que ésta ya no pueda verse
alterada aunque en el transcurso del mismo se vean modificados algunos
de los elementos determinantes de la misma (domicilio, residencia, etc).
En definitiva, la perpetuatio jurisdictionis no es sino una regla en virtud
de la cual, por una parte, los elementos determinantes de la competencia
han de tomarse tal como se presentan al tiempo de interponerse la
demanda, siempre que después sea admitida, y por otra, la variación
que estos elementos puedan experimentar en el curso del proceso no
afectará a la determinación de la competencia que, de este modo, se ha
de considerar fijada en el momento de la litispendencia (artículo 411 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil), cuya determinación en el presente supuesto
no plantea ningún problema toda vez que el hecho desencadenante de la
hipotética falta de competencia de los Tribunales españoles -desistimiento
de la demanda frente a la entidad española- se produce al finalizar la fase
de conclusiones, luego alejado claramente del momento de la admisión
de la demanda, del emplazamiento del demandado o de cualquier otro de
los momentos señalados actualmente en el artículo 30 del Reglamento. Y
en este caso, al formularse la demanda contra dos empresas de distinta
nacionalidad, y ser una de ellas española, es clara la competencia de la
jurisdicción española, sin que ésta pueda verse modificada por el posterior
desistimiento, salvo supuestos de fraude de ley en los que la demanda se
dirija contra una persona física o jurídica con la única y exclusiva finalidad
de atraer la competencia judicial de los Jueces y Tribunales del Estado al
que corresponda el domicilio de aquella, al amparo del artículo 6.1 del
Convenio de Bruselas.
QUINTO. - Debemos plantearnos, pues, si la decisión del actor de dirigir
la demanda contra el Albacete Balompié SAD y contra la AS Roma SPD,
y desistir posteriormente de la misma frente a la empresa española,
manteniéndola únicamente contra la empresa italiana, fue realizada con
la sola finalidad de conseguir la competencia de los tribunales españoles.
Para resolver la cuestión, esta Sala, partiendo de la necesidad de prueba
del fraude de ley, y a la vista de los hechos probados y del devenir de
los mismos, considera que no ha resultado acreditado en modo alguno,
ni existen razones que pudieran avalar, la calificación como fraudulenta
de la actuación del demandante. La decisión del actor de formular la
demanda contra el Albacete Balompié SAD y contra la AS Roma SPD, y
posteriormente desistir de sus pretensiones frente a la primera, no puede
considerarse realizada en fraude de ley, porque el artículo 13.a) del Real
Decreto 1006/185 reconoce con toda claridad el derecho del deportista
a una indemnización cuya cuantía, en ausencia de pacto, no será inferior
al 15 por 100 bruto de la cantidad estipulada por el traspaso o cesión,
silenciando toda referencia a quien vendrá obligado al pago; sin embargo,
el artículo 17 del Convenio Colectivo para la actividad de fútbol profesional
señala expresamente que el referido porcentaje deberá ser pagado por
el club adquirente, de modo tal que resulta absolutamente razonable
que el actor dirigiese la demanda contra los dos clubes implicados.
También puede parecer razonable, aunque quizá no tanto aconsejable,
el desistimiento de la demanda frente a la entidad española a la vista de
las pruebas practicadas en juicio, de las que el actor extrajo la convicción
de que la entidad deportiva italiana había descontado el porcentaje
reclamado por el actor, de la cantidad a pagar al Albacete Balompié por
su traspaso al RCD Español, - independientemente de que el juzgador
de instancia no lo considerase probado-; y es que el desistimiento de
la demanda frente a la entidad albacetense es una cuestión accesoria,
de naturaleza atinente a la dirección letrada del asunto, ajena por tanto
al núcleo central del problema, que no podría tener más consecuencias
que la imposibilidad de condenar a quien no ha sido demandado, pero
no alcanzar a la variación la competencia jurisdiccional de los tribunales
españoles.
Conviene aclarar que la referencia que se acaba de efectuar a la ley
aplicable se ha hecho única y exclusivamente para fundamentar la
inexistencia de fraude de ley en la actuación del demandante, en cuanto
el objeto de la pretensión deducida en la demanda no es el que los
tribunales determinen la existencia del derecho, sino, en todo caso,
indiscutida la titularidad del derecho en atención a la legislación en
virtud de la cual el jugador demanda, la cuestión de fondo del presente
litigio sería determinar el alcance subjetivo y objetivo de la obligación
correspondiente. De este modo, la ley aplicable constituiría un punto
de conexión absolutamente necesario para plantear procesalmente los
términos del litigio, fundamentalmente, a quién se debe demandar y ante
los tribunales de qué Estado.
En conclusión, habiéndose planteado la demanda contra dos entidades
deportivas de distinta nacionalidad y siendo una de ellas española,
nuestros Tribunales son competentes para conocer de la misma, sin que
a ello obste el posterior desistimiento de la demanda frente a la entidad
deportiva española, porque, existía un interés directo, claro y preciso del
jugador en demandar a ambas, dada la confusión que pudiera generar
la norma al amparo de la cual el jugador ejercitó su derecho en torno a
quien fuera el obligado al pago; y porque el desistimiento posterior de la
demanda respecto del club deportivo albacetense fue lo suficientemente
razonable, a la vista de las alegaciones de las partes y de las pruebas
practicadas, para que no pueda considerarse como una artimaña jurídica,
tendente a evitar la competencia de otros tribunales que pudiera venir
señalada por normas de derecho necesario. Por ello, en consecuencia,
esta Sala entiende que en aplicación del artículo 6.1 del Convenio de
Bruselas, los Tribunales españoles son competentes para conocer de la
demanda formulada por Federico... ante los Juzgados de lo Social de
Albacete.
SEXTO. - A mayor abundamiento, esta Sala considera que también los
Tribunales españoles resultarían competentes para conocer del presente
litigio, en aplicación del criterio especial señalado en el artículo 5.1 del
Convenio de Bruselas.
Dicho precepto declara que "Las personas domiciliadas en un Estado
contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante: 1. En
materia contractual, ante el Tribunal del lugar en el que hubiere sido o
debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda.
En materia de contrato individual de trabajo, dicho lugar será aquel
en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo, y si el
trabajador no desempeñare habitualmente su trabajo en un único Estado,
podrá también demandarse al empresario ante el Tribunal del lugar en
que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere
contratado al trabajador".
Se trata de interpretar cual es lugar donde "el trabajador desempeñare
habitualmente su trabajo". Algo especialmente difícil en este supuesto,
teniendo en cuenta que el derecho que reclama el jugador deriva de
la extinción del contrato de trabajo -cuya prestación laboral tuvo lugar
en España-, causada por la cesión del futbolista por parte del club
albacetense a otra entidad deportiva extranjera, con la que nació un
nuevo contrato de trabajo, al amparo del cual la prestación laboral se
desarrolló en Italia. Es decir, en este supuesto, existen dos empresas de
distinta nacionalidad para las que el trabajador ha prestado habitualmente
sus servicios de forma sucesiva. Este hecho no presentaría ninguna
particularidad, y no sería por tanto, necesario ni conveniente traerlo a
colación, debiéndose considerar, en su caso, que el lugar en donde el
trabajador desempeñare habitualmente su trabajo sería el lugar en el
que, en cada momento, y en razón de cada contrato de trabajo, prestó
sucesivamente sus servicios para una entidad deportiva y para otra.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta, la existencia, en el supuesto
que ahora nos ocupa, de un dato que aporta un perfil particularmente
atendible para la correcta resolución del presente asunto; y es que uno y
otro contrato de trabajo (el celebrado con el Albacete Balompié SAD y el
celebrado con la AS Roma SPD) no constituyen realidades independientes
y ajenas la una de la otra, sino que por el contrario, entre uno y otro se
establece una intensa relación, hasta el punto de constituir uno de los
argumentos centrales, tanto de la sentencia recurrida como del propio
recurso, para fundamentar y sostener sus posiciones, al considerar ambas
que el elemento determinante del origen del derecho ejercitado por el
actor radica en el contrato que lo genera -para la sentencia recurrida, el
contrato con la SA Roma SPA, sin embargo para el recurrente el contrato
con el Albacete Balompié SAD-. Y es que, efectivamente, el derecho que
ejercita el jugador deriva de la extinción del contrato de trabajo que le
unía con este club, pero dicho derecho se hace efectivo porque la causa
de la extinción fue debida a la cesión por dicha entidad deportiva del
jugador, y con su consentimiento, a la AS Roma SPA con quien se inició
otro contrato de trabajo. En realidad, la causa del derecho reclamado
por el actor es el contrato celebrado entre las dos entidades deportivas
demandadas que tuvo por objeto la cesión definitiva del jugador de uno
a otro club, por un precio determinado o determinable, pues se pacto
como tal, por una parte, una cantidad cierta y, por otra, un porcentaje
del 25 por ciento sobre la cantidad que el club italianorecibiera en caso
de traspaso o cesión del jugador a otro club, y sobre cuyo montante
final el jugador tendría derecho a recibir el porcentaje que reclama en la
demanda origen de las presentes actuaciones, que por tanto, constituye
un porcentaje que forma parte del precio pactado por la cesión del
jugador del Albacete Balompié SAD a la AS Roma SPA.
SÉPTIMO. - A falta de una interpretación específica y concreta para
un supuesto de esta naturaleza por parte del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea, esta Sala considera que la interpretación por
dicho Tribunal del artículo 5.1 del Convenio de Bruselas contenida en
sentencia de fecha 10 de abril de 2003, Asunto C-437/00, es aplicable,
con las correcciones oportunas, al supuesto que ahora nos ocupa. En esta
resolución, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea declara que
"el artículo 5, número 1, del Convenio debe interpretarse en el sentido
de que, en un litigio entre un trabajador por cuenta ajena y un primer
empresario, el lugar en el que el trabajador cumple sus obligaciones
respecto a un segundo empresario puede ser considerado como el lugar
en el que desempeña habitualmente su trabajo, siempre y cuando el
primer empresario, respecto al cual están suspendidas las obligaciones
del trabajador, tenga, por su parte, en el momento de la celebración
del segundo contrato, un interés en la ejecución de la prestación que
ha de efectuar el trabajador para el segundo empresario en un lugar
determinado por este último. La existencia de interés ha de ser apreciada
de forma global, tomando en consideración todas las circunstancias del
caso".
El asunto resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
procede de una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 5,
número 1 del Convenio de Bruselas planteada por el Landesarbeitsgerich
München (Alemania) con motivo de un litigio pendiente ante dicho
órgano jurisdiccional entre una trabajadora de nacionalidad italiana y
una empresa también italiana. El asunto, en términos generales, era el
siguiente: una trabajadora (Sra. Mónica) y la sociedad italiana Aeritalia
Aerospaziale Italiana SpA celebraron un contrato de trabajo en virtud del
cual aquélla había de prestar sus servicios en Turín (Italia). Poco después
de iniciada la relación laboral, la trabajadora solicita excedencia en su
puesto de trabajo para trasladarse a la sociedad alemana "Eurofigheter"
con domicilio social en Múnich (Alemania), en la que Aeritalia poseía
una participación del 21% aproximadamente. Ésta acepta la solicitud
de la trabajadora y además se compromete a asumir el pago de las
cotizaciones al régimen de seguro voluntario en Italia, a respetarle la
antigüedad y también a rembolsar a la trabajadora una serie de gastos de
viaje, alojamiento y alquiler mientras durase su actividad para la empresa
alemana. Aeritalia fue adquirida por otra empresa (Finmeccanica), quien
tras varios requerimientos y contestaciones mutuas llegó a un acuerdo
con la trabajadora de respetar la excedencia pero negándose a seguir
pagando los gastos de viaje y alojamiento. La trabajadora interpone
contra la empresa Finmeccanica un recurso con el fin del obtener el
reembolso de los referidos gastos, ante el Arbeitsgericht München, que
se declaró incompetente. El Landesarbeitsgerich que conoce del recurso
de apelación interpuesto contra esta resolución plantea la cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea sobre la
interpretación del artículo 5.1 del Convenio de Bruselas, resolviéndose por
éste en los términos antes expuestos.
OCTAVO. - Es cierto que existen diferencias entre el supuesto de hecho
resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en la
sentencia de 10 de abril de 2001 y el que constituye el objeto del
presente recurso, principalmente cabría señalar, en primer lugar, la
situación contractual con la primera empresa, que en aquel caso se
encontraba en suspenso por excedencia, mientras que en el presente
estaba extinguida; en segundo lugar, la relación procesal es diferente, en
cuanto en el supuesto objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Europea se estableció entre la trabajadora y únicamente
su primera empresa, mientras que en este recurso de suplicación se
planteó la demanda contra las dos empresas, aunque luego se desistiera
de una de ellas, quedando demandada, al contrario de lo que ocurrió
en aquel supuesto, la "segunda" empresa; y en tercer lugar, por lo que
respecta a los Tribunales del Estado ante los que se presenta la demanda,
en aquel supuesto se formuló ante los Tribunales de un Estado distinto al
de la nacionalidad de la "primera" empresa, con la que había acordado la
excedencia y el pago de los gastos que luego son objeto del pleito, origen
de la intervención del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, y por
el contrario, en nuestro caso, la demanda se presentó ante los Tribunales
del Estado al amparo de cuya legislación se ejercita el derecho.
Sin embargo, pese a estas diferencias, ambos supuestos comparten los
elementos esenciales que permiten dotar a los mismos de la similitud
necesaria para fundamentar la aplicación del criterio interpretativo
sentado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en la
sentencia referida de 10 de abril de 2003. En ambos concurren dos
contratos de trabajo sucesivos en el tiempo; en ambos se demanda en
un foro distinto al del domicilio del demandado; y en ambos, la causa de
pedir deriva del contrato de trabajo suscrito con la "primera" empresa,
aunque el lugar donde el trabajador presta sus servicios no coincide
con el domicilio de la misma. Pero sobre todo, el elemento común que
ofrece mayor rigor y solidez a los efectos de la aplicación del criterio
interpretativo de la sentencia referida del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, es la existencia de interés directo en la cesión del
jugador, en el momento de la celebración del contrato, tanto por parte
de la AS Roma SPD como por el Albacete Balompié; interés que, en el
caso que nos ocupa, se aprecia tomando en consideración todas las
circunstancias concurrentes (como dice el apartado 26 de la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea referida, así como
el número 1 de su fallo), que se evidencian sin necesidad de mayores
argumentaciones, y sencillamente, sin recurrir a más, por la cifra a que
ascendió el precio del traspaso del Albacete Balompié SAD a la AS Roma
SPD (3.500.000 $ USA más 700.000 $ USA -si el jugador participaba en
al menos 18 encuentros oficiales con el club AS Roma SPA-, más 950.000
$ en concepto del 25% de la cantidad que a su vez éste club recibió del
RCD Español por cesión posterior del jugador que alcanzó la cifra de
5.000.000 $).
Y es que, en la sentencia de 10 de abril de 2003 el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Europea parte, para llegar a la conclusión que declara
en el fallo, de la propia jurisprudencia de dicho Tribunal sentada en
sentencias de 13 de julio de 1993, Mulox IBC, C-125/92; de 9 de
enero de 1997, Rutten, C-383/95; y de 27 de febrero de 2002, Weber,
C-37/00, de la que se desprenden unos criterios que, aunque no sean
íntegramente aplicables al asunto resuelto en aquel pronunciamiento,
como expresamente declara el Tribunal de Justicia, ni tampoco puedan
serlo de tal modo al presente recurso de suplicación, sí que ofrecen
unas pautas interpretativas de extraordinario valor para la resolución del
mismo; así, de dicha jurisprudencia podemos destacar que, "el lugar de
cumplimiento de la obligación que sirve de base a la demanda, previsto
en dicha disposición del Convenio (artículo 5.1), debe determinarse
sobre criterios uniformes que corresponde definir al Tribunal de Justicia
fundándose en el sistema y en los objetivos del Convenio; así como que,
la regla de competencia especial prevista en el tan repetido precepto se
justifica por "la existencia de una conexión especialmente estrecha entre
la controversia y el órgano jurisdiccional que debe conocer de ella"; y
también que "en materia de contratos de trabajo, la interpretación del
artículo 5, número 1 del Convenio debe tener en cuenta la necesidad de
garantizar una protección adecuada al trabajador, como parte contratante
más débil desde una perspectiva social..".
NOVENO. - En aplicación de tales criterios al presente recurso, esta
Sala entiende que, el lugar en el que "el trabajador desempeñare
habitualmente su trabajo", a que se refiere el artículo 5.1 del Convenio
de Bruselas, en relación con la competencia judicial para conocer del
asunto, debe entenderse que es España; en primer lugar, porque concurre
un interés manifiesto del Albacete Balompié SAD y la AS Roma SPA
en la cesión del trabajador de uno a otro; en segundo lugar, porque
existe una "conexión especialmente estrecha entre la controversia y
el órgano jurisdiccional que debe conocer de ella", a que se refiere la
jurisprudencia antes citada, en cuanto dicha cesión es la causa de la
extinción del contrato de trabajo con el cedente (Albacete Balompié
SAD), y a su vez, es la causa del nacimiento del derecho reclamado por el
jugador, en virtud de la legislación española reguladora de dicho contrato;
y en tercer lugar, porque constituye la interpretación más adecuada
para "garantizar una protección adecuada al trabajador, como parte
contratante más débil desde una perspectiva social", pues en cualquier
caso, y al margen del perfil particular que puede presentar este supuesto,
es lo cierto que mantener la interpretación sostenida por la sentencia de
instancia, implicaría obligar a un trabajador a demandar en reclamación
de un derecho nacido al amparo de la legislación española, ante los
Tribunales de otro Estado en el que no está domiciliado, ni mantiene
residencia ni trabaja al momento de presentación de la demanda, pues
debe recordarse que la demanda se presentó el 1 de junio de 2001, y en
dicha fecha el jugador no se encontraba ya en Italia, puesto que la AS
Roma SPA había cedido definitivamente al Sr. Federico... al RCE Espanyol
el día 27 de noviembre de 1998.
Y es que, en supuestos de relaciones laborales sucesivas de un trabajador
con distintos empresarios, que tengan su causa en contratos o acuerdos
empresariales presididos por un legítimo interés empresarial en los
mismos, y cuya consecuencia para el trabajador sea su tránsito por
diversas legislaciones nacionales, al amparo de las cuales éste se haga
acreedor de derechos y obligaciones, constituye una interpretación
más garantizadora de tales derechos considerar que pueda exigir
el cumplimiento de los mismos ante los Tribunales de cualquiera de
los Estados, en los que tenga su domicilio alguno de los empresarios
implicados o respecto de los cuales pudiera derivarse responsabilidad,
en orden al cumplimiento de los derechos adquiridos, siempre que exista
conexión entre el derecho ejercitado y el órgano judicial, como ocurre
en el presente recurso, pues no debe olvidarse que el artículo 5 del
Convenio de Bruselas queda incluido entre los fueros especiales por
razón de la materia o fueros de protección de la parte débil, como lo son
también el fuero previsto para los consumidores o para los asegurados.
En consecuencia, y por las razones expuestas, esta Sala considera que, a
mayor abundamiento, los Tribunales Españoles también son competentes
para conocer del presente litigio, en aplicación del artículo 5.1 del
Convenio de Bruselas.
DÉCIMO. - Habiendo resuelto a favor de la competencia de los Jueces y
Tribunales españoles para conocer de la presente controversia, procede
revocar la sentencia de instancia, con devolución de los autos al Juzgado
de lo Social nº 3 de Albacete para que, partiendo de la declaración
de competencia, dicte una nueva sentencia resolviendo con libertad
de criterio el fondo de la cuestión litigiosa planteada. Por esta razón,
no procede entrar por esta Sala a resolver ni sobre la revisión fáctica
solicitada en el primer motivo del presente recurso, ni tampoco sobre cual
sea la legislación aplicable al litigio, objeto del tercero motivo del recurso.