PRIMERO. - La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, ha dictado la sentencia impugnada en recurso de suplicación
interpuesto contra la sentencia dictada el 25 de febrero de 1999, por el
Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid, entre los litigantes indicados en el
encabezamiento, sobre reclamación de cantidad.
El relato de hechos probados de la sentencia de instancia, es el siguiente:
"1.- Don Romeo … trabaja para el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
CIENCIA con antigüedad de 15.4.1990, categoría profesional de auxiliar
administrativo y salario de 315.961 pesetas mensuales sin prorrateo de
pagas extraordinarias, situándose su centro de trabajo en la Consejería
de Educación de Bruselas (Bélgica). el contrato de trabajo se suscribió
por las partes en Madrid, formalizándose el 29.05.1990, si bien con
efectos de 15.04.1990 y obrante en Autos, se tiene por reproducido. Las
partes convinieron, que sería aplicable la legislación belga, sometiéndose,
así mismo, a los Tribunales Belgas. 2.- El demandante viene usando
procedimientos informáticos y realiza su actividad, atendiendo
directamente al público, en los términos, que se reflejan en el hecho
tercero de su demanda, que se tiene por reproducido. Habiendo solicitado
los complementos retributivos de informática y de atención al público,
se informó favorablemente por el Secretario General de la Consejería,
mediante escrito de 25.3.1995. El 2.8.1995 la Subdirectora General
Adjunta de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y
Ciencia de Madrid remitió resolución denegatoria, destacando, que el
actor no estaba sometido a convenio. 3.- El demandante interpuso
demanda en reclamación de cantidad, que fue desestimada por sentencia
del Juzgado de lo Social nº 32 de Madrid de 26.2.1996. El 8.7.1996
el T.S.J. de Madrid dictó sentencia, por la que estimó parcialmente el
recurso de suplicación, interpuesto por el demandante, condenando al
Ministerio de Educación y Ciencia a abonarle la diferencia de las pagas
extraordinarias reclamadas. 4.- El convenio colectivo para el personal
laboral del Ministerio de Educación y Ciencia se publicó en el BOE de
2.12.1994. La revisión salarial para los años 94/95 se publicó en el BOE
de 23.2.1996. El importe del complemento retributivo de informática
(Código nº 08) para un codificador- verificador 1 en el período reclamado
asciende a 12.404 pesetas mensuales, equivalente a 148.848 pesetas
anuales. El importe del complemento de especial responsabilidad, que en
el Código nº 73 incluye el complemento retributivo de atención al público
para un encargado en el período reclamado, asciende a 10.547 pesetas
mensuales, equivalente a 126.564 pesetas anuales. El demandante no
percibió ninguna cantidad por ambos conceptos en el período octubre
1995 a 15.4.1997. 5.- El importe del salario mensual más antigüedad
del demandante asciende a 315.961 pesetas. El actor percibió por la
paga de Navidad de 1995 la cantidad de 155.664 pesetas; por la paga
de junio de 1996, 150.698 pesetas y por la paga de Navidad de 1996,
152.718 pesetas. 6.- El 15.4.1997 interpuso reclamación previa, habiendo
transcurrido el plazo de silencio administrativo sin contestación alguna".
El fallo de la sentencia de instancia es del siguiente tenor: "FALLO: Que
desestimando la excepción de incompetencia de jurisdicción por razones
territoriales, alegada por el Ministerio de Educación y Ciencia, vengo
a declarar la competencia de este Juzgado para el conocimiento de la
presente litis. Que estimando parcialmente la demanda en reconocimiento
de derecho y cantidad, interpuesta por Don Romeo, vengo a reconocer
su derecho a percibir el complemento de especial responsabilidad y en
consecuencia condeno al MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA a estar
y pasar por dicha declaración a todos los efectos oportunos, debiendo
abonarle la cantidad de 195.120 pesetas, correspondientes al período
1.10.1995 a 15.04.1997, absolviéndole de los restantes pedimentos de la
demanda".
SEGUNDO. - El relato de hechos probados de la sentencia de instancia
ha sido mantenido íntegramente en la sentencia dictada por la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, hoy recurrida
en unificación de doctrina, siendo la parte dispositiva de la misma del
siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que debemos estimar el recurso de
suplicación interpuesto por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid
de fecha 25 de febrero de 1999, en autos seguidos a instancia de Don
Romeo frente al MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, en reclamación
de cantidad y, en su consecuencia, declaramos la incompetencia de esta
Sala para conocer del proceso y anulamos la sentencia impugnada sin
entrar a conocer del fondo del problema planteado".
TERCERO. - La parte recurrente considera contradictoria con la
impugnada en el caso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de fecha 11 de marzo de 1998. En dicha sentencia figura como
parte recurrente Don Romeo y como parte recurrida el Ministerio de
Educación y Ciencia, constando los mismos hechos probados que en
la sentencia que ahora se recurre en unificación de doctrina. La parte
dispositiva de la misma es del siguiente tenor literal: "Que debemos
estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por D.
Romeo contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA y declarando
la competencia de los tribunales españoles para el enjuiciamiento de
la demanda formulada por D. Romeo contra el Mº DE EDUCACIÓN Y
CIENCIA en reclamación sobre derechos y cantidad, debemos anular lo
actuado desde el momento inmediatamente anterior a dictar sentencia
a fin de que por el Magistrado de instancia se dicte nueva resolución,
con plena libertad de criterio, en la que entre a conocer del debate
planteado".
CUARTO. - El escrito de formalización del presente recurso lleva fecha de
1 de octubre de 1999. En él se alega como motivo de casación al amparo
del art. 221 de la Ley de Procedimiento Laboral, contradicción entre
la sentencia reseñada en el antecedente de hecho anterior y la ahora
impugnada en el caso. Alega también el recurrente infracción del art. 25
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los Convenios Internacionales de
Bruselas y Lugano ratificados por España. Finalmente alega quebranto
producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación
de la jurisprudencia.
El recurrente ha aportado la preceptiva certificación de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia, que considera contradictoria a los efectos de
este recurso.
QUINTO. - Por Providencia de 13 de octubre de 1999, se tuvo por
personado e interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de
casación para la unificación de doctrina. Pasados los autos al Magistrado
Ponente, se admitió a trámite el recurso. Personada la parte recurrida, le
fue efectuado el correspondiente traslado del recurso, al que contestó en
escrito de fecha 4 de febrero de 2000.
SEXTO. - Trasladadas las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe,
dictaminó en el sentido de considerar procedente el recurso. El día 13 de
abril de 2000, previamente señalado al efecto, tuvieron lugar la votación y
el fallo de la presente resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - La cuestión sometida al conocimiento de esta Sala de
lo Social del Tribunal Supremo en el presente recurso de casación
para unificación de doctrina versa sobre competencia jurisdiccional
internacional en un asunto litigioso surgido en el cumplimiento o
ejecución de un contrato de trabajo. Concurren en el caso las siguientes
circunstancias con posible relevancia para la decisión del mismo: a)
ambos contratantes tienen nacionalidad española (el empleador es el
Ministerio de Educación y Ciencia y es hecho conforme que el trabajador
demandante es ciudadano español); b) el contrato de trabajo fue suscrito
en España, para prestar servicios (de auxiliar administrativo) por cuenta
de dicho departamento ministerial en el extranjero (en la Consejería
de Educación de Bruselas); c) en el contrato de trabajo figuran sendas
cláusulas de aplicación del régimen laboral establecido en Bélgica y
de sometimiento "de mutuo acuerdo para cualquier interpretación,
reclamación o litigio a la jurisdicción laboral y tribunales en Bruselas
(Bélgica)".
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha llegado
a la conclusión de que no son competentes los tribunales españoles
para el conocimiento del asunto, apoyándose para ello en el pacto de
fuero o convenio atributivo de competencia jurisdiccional contenido
en el contrato de trabajo y en el art. 6 del Convenio de Roma de 1980
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Como sentencia
de contraste se aporta otra de la misma Sala de fecha 11 de marzo de
1998, que ha dado a un asunto idéntico la solución contraria. Interesa
señalar que esta sentencia de contraste se ha dictado en el marco del
mismo litigio que enfrenta a las partes que intervienen en esta causa,
y se refiere a la misma reclamación de cantidad que está en el fondo
del presente asunto. Es decir: la sentencia de suplicación aportada para
comparación declaró la competencia de los tribunales laborales españoles,
anulando la sentencia de instancia que decidió lo contrario y la sentencia
de suplicación recurrida ha anulado la sentencia de instancia dictada
en cumplimiento de la anterior. No es dudoso por tanto en el caso el
cumplimiento del requisito de contradicción o divergencia de sentencias.
Conviene añadir que la citada sentencia de contraste de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid incluye, como
motivación de la decisión adoptada, un detenido estudio de los preceptos
aplicables al caso, que son el art. 25 de la Ley orgánica del Poder Judicial
(LOPJ) y los artículos 2, 5.1 y 17 párrafo final del Convenio de Bruselas de
1968.
SEGUNDO. - La solución correcta a la cuestión de competencia judicial
internacional controvertida es la de la sentencia de contraste, por lo que
el recurso debe ser estimado. A la misma conclusión se hubiera podido
llegar por la vía, que se ha seguido en otro caso distinto en nuestra
reciente sentencia de 7 de marzo de 2000, de exigir el mantenimiento de
la cosa juzgada material establecida en la sentencia de suplicación sobre
el mismo litigio que sirve como sentencia de contraste. Pero no ha sido
éste, sino el del análisis directo de la competencia judicial internacional,
el camino seguido en el recurso de unificación de doctrina al que debemos
dar respuesta.
La decisión de estimar el recurso es también la que se propone
en el dictamen preceptivo del Ministerio Fiscal, donde se recuerda
oportunamente que esta Sala del Tribunal Supremo ha resuelto ya sobre
cuestión sustancialmente igual en sentencia de unificación de doctrina de
17 de julio de 1998. Es de notar, además, que cuestiones de competencia
judicial internacional con algunos aspectos similares a los del presente
caso han sido abordados en sentencias precedentes de 29 de septiembre
y 20 de noviembre de 1998.
TERCERO. - El razonamiento que conduce a la conclusión de reconocer
la competencia de la jurisdicción social española para la resolución del
litigio se puede resumir en las siguientes consideraciones: 1) el art. 25
de la LOPJ establece diversos puntos de conexión de la competencia de
los tribunales de trabajo españoles en asuntos derivados del contrato de
trabajo con algún elemento extranjero, varios de los cuales concurren
en el caso (el contrato de trabajo se ha celebrado en España, la parte
demandada tiene su domicilio en España, y el empresario y el trabajador
tienen nacionalidad española); 2) como se verá enseguida, este precepto
de derecho interno no sólo es compatible sino plenamente coincidente
con las disposiciones de los tratados o convenios internacionales en la
materia de los que España es parte, que son de aplicación a los litigios
surgidos del contrato de trabajo; 3) el art. 2 del Convenio de Bruselas
de 1968, relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones
judiciales en la Comunidad Europea, establece como fuero general "en
materia civil y mercantil" (y la "laboral" ha de entenderse incluida sin
duda, a los efectos del citado Convenio, dentro de la "materia civil")
el domicilio del demandado, que en el caso es, como se recordará,
el Ministerio de Educación y Ciencia de la Administración española;
4) el art. 5.1 del propio Convenio de Bruselas faculta pero no obliga
al demandante a reclamar ante los tribunales del país "en el que el
trabajador desempeñare habitualmente su trabajo", facultad que el
demandante en el caso ha decidido no ejercitar; 5) el mismo art. 5.1.
del Convenio de Bruselas faculta además al trabajador para demandar al
empresario "ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado
situado el establecimiento que hubiere contratado al trabajador", que
es obviamente un tribunal u órgano de la jurisdicción social española;
6) el art. 17 del Convenio de Bruselas restringe los pactos de fuero
o convenios atributivos de competencia jurisdiccional "en materia de
contratos individuales de trabajo", exigiendo para su validez o bien que
tales pactos o convenios sean "posteriores al nacimiento del litigio", o
bien que los mismos sean invocados "ante otros tribunales distintos del
tribunal del domicilio del demandado o del que se indica en el punto 1
del artículo 5" (recién reproducido), circunstancias o requisitos de validez
que con toda evidencia no concurren en el pacto de fuero incluido en
el contrato de trabajo celebrado entre el demandante y el Ministerio
de Educación y Ciencia; 7) las reclamaciones derivadas del contrato de
trabajo no se encuentran en la lista del art. 16 del Convenio de Bruselas
de "competencias exclusivas", que determinan imperativamente el fuero
por unas u otras circunstancias "sin consideración del domicilio"; y, en fin,
8) como se explica con detalle en las citadas sentencias precedentes de
esta Sala de 17 de julio, 29 de septiembre y 20 de noviembre de 1998,
una cosa es la determinación del régimen jurídico-laboral o conjunto de
normas sustantivas aplicables a los contratos de trabajo en los que se
incluye un elemento de extranjería, cuestión regulada en el Convenio de
Roma de 1980 y en varias disposiciones de derecho interno (art. 10.6 del
Código Civil, art. 1.4 del Estatuto de los Trabajadores, Ley 45/1999 de 19
de noviembre, sobre desplazamientos transnacionales de trabajadores), y
otra cosa distinta es la determinación de los órganos jurisdiccionales que
hayan de resolver los litigios derivados del cumplimiento o ejecución de
los contratos de trabajo.
La confusión de los aspectos sustantivos y procesales del caso, junto
con la inadvertencia de la restricción en el Convenio de Bruselas de los
pactos de fuero en el contrato de trabajo, ha sido la causa de que la
respuesta jurisdiccional dispensada en la sentencia recurrida no haya
sido la adecuada, y deba ser corregida en los términos señalados en esta
sentencia de unificación de doctrina.
CUARTO. - La sentencia estimatoria de unificación de doctrina obliga a
resolver el debate de suplicación con arreglo a doctrina unificada. Ello
supone en el caso, la declaración de la competencia de la jurisdicción
social para resolver sobre el fondo del asunto, y, con anulación de la
sentencia recurrida, la reposición de las actuaciones al momento anterior
a dictar sentencia para que, sobre la base de la competencia afirmada,
la Sala entre a resolver todas las restantes cuestiones planteadas en el
recurso.