Primero
Por la parte apelante se solicitó la estimación de la demanda al considerar
que el responsable del accidente era el demandado, y al no ser aplicable
la Ley marroquí, pues en cuanto derecho extranjero debía ser probado, lo
que no se hizo.
Segundo
De las pruebas practicadas resulta que el 8 de septiembre de 1993, tuvo
lugar un accidente de tráfico en la carretera de Farhana (Marruecos),
colisionando el turismo Mercedes X, conducido por su propietario
Mustapha B., vecino de Melilla y con permiso de trabajo y residencia,
contra un ciclomotor (matrícula Y) conducido por Rachid E.F., con
pasaporte marroquí y domiciliado en Melilla, cuando éste circulaba por la
mencionada carretera, no constando si invadió inopinadamente la misma
desde un carril terrizo de acceso.
Rachid E.F. fue asistido en el hospital C. de M. generando gastos por
importe de 417.985 ptas., presupuéstandose futuros gastos en la cuantía
de 413.100 ptas., siendo preciso el implante de una prótesis, debido a
la fractura abierta de tibia en grado 3ª, no constando por el momento la
sanidad.
Tercero
El Juzgado se entiende competente para enjuiciar los hechos, dado el
tenor del art. 22.2 LOPJ. También el art. 22.3ª de igual norma atribuye
la competencia a los Tribunales españoles, en supuestos de obligaciones
extracontractuales, cuando el autor del daño y la víctima tuvieran
residencia habitual común en España.
Junto a estos dos instrumentos normativos debe recordarse el art. 2
Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicialª 27 septiembre
de 1968, que aún no suscrito por Marruecos, y de ámbito principalmente
comunitario establece de forma vinculante que las personas domiciliadas
en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su
nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, añadiendo,
que a las personas que no tuvieran la nacionalidad del Estado en que
estén domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia
judicial que se aplicaren a los nacionales.
A su vez establece el art. 5 de dicho Convenio la posibilidad, que no
obligatoriedad, de que en supuestos de culpa extracontractual las
personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas
en otro Estado contratante.
Cuarto
Conocida y aceptada la española como jurisdicción competente, debe
determinarse la Ley aplicable.
El Juzgado de instancia no considera aplicable el convenio de La Haya
sobre Ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera
de 4-5-1971, dado que Marruecos no es Estado signatario.
El art. 3 de este Convenio determina que será Ley aplicable la interna del
Estado en que haya ocurrido el accidente, y en su art. 4 preceptúa que
será aplicable la Ley interna del Estado en que los vehículos estuvieren
matriculados, si fuese la misma para todos.
Ciertamente el reino de Marruecos no ha suscrito ni ratificado el
mencionado Convenio, pero no por ello es aplicable directamente la Ley
marroquí, pues no se prueba el tenor de la misma por los demandados
que la oponen (art. 12, in fine CC), a lo cual están obligados pese al tenor
del art. 10.9 CC.
No probándose la Ley extranjera será la Ley española la Ley aplicable, y
de acuerdo con la misma, el art. 1 Ley de Uso y Circulación de Vehículos
de Motor establece que procede la condena del causante de las lesiones,
salvo que concurra culpa exclusiva de la víctima, responsabilidad que
afecta a su aseguradora (arts. 73 y 76 LCS).
En el supuesto de autos la parte demandada aporta testifical de cuya
fiabilidad cabe dudar, dada la vinculación con el demandado, por
lo que procede concluir que no han demostrado la culpa exclusiva
de la víctima, a lo que estaban obligados por el art. 1 Ley de Uso y
Circulación de Vehículos de Motor y el art. 1214 CC, y especialmente de
las declaraciones de los testigos no se deduce que resultase inevitable la
colisión, pues pese a ver la aproximación del actor no acertó a eludirlo.
Quinto
Dada la perdurabilidad de las lesiones, y al no constar la sanidad, deberá
determinarse la indemnización en ejecución de sentencia en la forma
que se dirá, inconcreción que motiva una condena a la aseguradora al
recargo del 20%, pero tan sólo desde la interposición de la demanda, con
respecto a los días de impedimento.
Dada la complejidad del litigio, no procede expresa imposición de costas
en las instancias (arts. 523, 736 y 896 LEC).