1.- La representación procesal de D. Luis Alberto ... presentó el día 12 de
septiembre de 2003, escrito de interposición de los recursos de casación
y extraordinario por infracción procesal contra el auto de fecha 9 de junio
de 2003, dictado por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª), en
el rollo de apelación nº 785/01, dimanante de los autos sobre ejecución
de título judicial nº 425/2001 del Juzgado de Primera Instancia número
73 de Madrid.
2.- Mediante Providencia de 17 de septiembre de 2003 se tuvieron
por interpuestos los citados recursos, acordándose la remisión de
las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, apareciendo
notificada dicha resolución a los Procuradores de las partes.
3.- Recibidos los autos en esta Sede y formado el correspondiente rollo,
el Procurador D. Manuel Lanchares Perlado en nombre y representación
de D. Luis Alberto, presentó escrito con fecha 25 de septiembre de 2003
ante esta Sala, personándose como parte recurrente. El Procurador D.
Jaime Briones Méndez, en nombre y representación de UNION DISCOUNT
COMPANY LIMITED, presentó escrito ante esta Sala el 1 de octubre de
2003, personándose en concepto de parte recurrida.
4.- Mediante providencia de fecha 8 de enero de 2008, se pusieron de
manifiesto a las partes personadas las posibles causas de inadmisión del
recurso, presentando escrito todas las partes personadas con fecha de 5
de febrero siguiente.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Ignacio Sierra Gil de la
Cuesta a los solos efectos de este trámite.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- En el examen de la concurrencia de los presupuestos y requisitos
a los que se subordina la admisibilidad del recurso de casación y del
recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos contra la
resolución de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid por la
que se desestimó el recurso previsto en el artículo 36 del Convenio de
Bruselas de 27 de septiembre de 1968, interpuesto contra la resolución
del Juez de Primera Instancia, de fecha 19 de junio de 2001 que, de
conformidad con el régimen establecido en el Convenio de Bruselas de
27 de septiembre de 1968, sobre competencia judicial y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, accedía a la solicitud
de la entidad UNION DISCOUNT COMPANY LIMITED de reconocimiento
y ejecución de la sentencia dictada el 19 de enero de 1999, por la Sala
de lo Mercantil, de la Queen 's Bench Division del Tribunal Superior de
Inglaterra y Gales, se debe tomar como punto de partida que se está ante
una resolución que resuelve el recurso previsto en el art. 36 del Convenio
de Bruselas de 1968 en el seno de un procedimiento de exequatur sujeto
al régimen que establece el ordenamiento comunitario en esta materia. La
recurribilidad de estas resoluciones ha sido resuelta en los Fundamentos
de Derecho Tercero, Cuarto y Quinto del Auto de fecha 22 de noviembre
de 2005, que se reproducen literalmente:
"3.- La conclusión alcanzada respecto de la recurribilidad en casación
de las resoluciones dictadas en material de reconocimiento y ejecución
de decisiones al amparo del régimen establecido en los Convenios de
Bruselas y de Lugano y de los Reglamentos comunitarios 1347/2000
(ahora sustituido por el 2201/2003) y 44/2001 encuentra su fundamento,
como se exponía en los Autos de esta Sala de fecha 12 de marzo de
2002 (recurso de queja 75/2002) y de 23 de noviembre de 2004 (recurso
1981/2001), más allá de las disposiciones contenidas en las normas
procesales nacionales, pues radica en la primacía que las normas
supranacionales integradas en el acervo comunitario presentan respecto
de las de producción interna, rasgo que en el caso de los Convenios
internacionales celebrados para cumplir los objetivos comunitarios tiene
un doble fundamento: de un lado, su propio carácter y procedencia (art.
93 CE), y de otro, su naturaleza convencional (art. 96 CE). Junto con esa
primacía, es rasgo característico de determinadas normas comunitarias,
particularmente los Reglamentos comunitarios, su aplicabilidad directa
o efecto directo. Las consecuencias de los principios de primacía y del
efecto directo de las normas comunitarias conducen tanto a la inaplicación
de las normas internas incompatibles o contrarias a las comunitarias,
como a impedir la válida formación de posteriores actos normativos
incompatibles con éstas, como, en fin, a la obligación del aplicador del
Derecho de garantizar el pleno efecto de esas normas supranacionales,
operándose una interacción entre ordenamiento interno y comunitario
que se traduce, prima facie, en la interpretación de la legalidad interna
conforme al derecho comunitario.
El recurso de casación que establecen los artículos 41 de los Convenios
de Bruselas y de Lugano, 27 del Reglamento CE 1347/2000, 44
del Reglamento CE 44/2001, y 33 del Reglamento CE 2201/2003,
constituye un medio de impugnación específicamente previsto en normas
comunitarias, dentro de un cauce procesal igualmente previsto y regulado
por ellas, y que se califica de cerrado, completo y uniforme (Sentencias
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 2 de junio de
1985, as. 184/84, de 27 de noviembre de 1984, as. 258/83, de 21 de
abril de 1991, as. C-172/91, de 4 de octubre de 1991, as. C - 183/90, y
de 11 de agosto de 1995, as. C-432/93), medio de impugnación que se
encuentra dotado de un objeto y contenido concreto, circunscrito a las
cuestiones de derecho suscitadas en la resolución sobre el exequatur de la
decisión extranjera -y solo en ella-, esto es, a la revisión de la aplicación
de las normas que rigen los presupuestos y requisitos de la declaración
de ejecutoriedad de la resolución foránea (STJCE de 27 de noviembre
de 1984, as. 258/83). Por lo tanto, el establecimiento del recurso y su
contenido se imponen sobre las previsiones normativas internas en virtud
de la primacía y de la aplicabilidad directa de la norma comunitaria, en
función de los fines a los que se orienta y cuya consecución persigue, que
aquí se contraen al logro del objetivo comunitario de la libre circulación de
las resoluciones dentro de un espacio de libertad, seguridad y de justicia.
Ahora bien, las condiciones, presupuestos y requisitos de procedibilidad y
de admisibilidad se rigen por el ordenamiento interno, siempre y cuando
sus normas y la interpretación que de ellas se haga garanticen la primacía
y el efecto directo de las normas comunitarias -en rigor, el efecto útil
de ese efecto directo-, y posibiliten, por lo tanto, el recurso establecido
en ellas, con su contenido propio y su propia finalidad, sin convertir en
papel mojado, en simple previsión normativa carente de aplicación en la
práctica, el recurso de casación establecido en las normas comunitarias.
4.- En los ya citados Autos de 12 de marzo de 2002 y de 23 de noviembre
de 2004 se dejaba sentado que las condiciones establecidas por el
legislador nacional y la interpretación que de ellas ha hecho esta Sala
satisfacen las exigencias de las normas comunitarias, en la medida en
que posibilitan el recurso de casación previsto en las mismas, dentro
de su específico contenido y conforme a los fines a que está orientado,
permitiendo, en suma, en logro de los objetivos comunitarios. Esta
satisfacción de las exigencias impuestas por los repetidos principios de
primacía y de aplicabilidad directa de las normas comunitarias se logra
sin necesidad de efectuar ajuste alguno en la interpretación y aplicación
de las normas procesales internas, salvado, si acaso, el obstáculo formal
de la clase o tipo de resolución que decida sobre la declaración de
ejecutoriedad; aserto éste que se sustenta sin más en la consideración
de que, constituyendo el procedimiento de exequatur un cauce procesal
establecido por razón de la específica materia que integra su objeto,
y, en consecuencia, siendo su acceso al recurso de casación el que en
el ordenamiento interno abre el ordinal tercero del art. 477.2 de la
LEC, conforme a los expuestos criterios interpretativos de esta Sala,
las condiciones establecidas por el legislador nacional para acceder al
recurso por esta vía, así como la exégesis que ha efectuado esta Sala
respecto de los presupuestos a los que se condiciona la presencia del
interés casacional que justifica el recurso, ya por existir contradicción con
doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria, ya por tratarse
de la aplicación de normas que no lleven en vigor más de cinco años sin
que exista jurisprudencia de esta Sala relativa a normas anteriores de
igual o similar contenido, y sobre los requisitos impuestos para acreditar
la existencia del necesario interés casacional, garantizan la viabilidad
del recurso, cumplidos tales presupuestos y requisitos, sin desvirtuar el
contenido que imponen las normas comunitarias, y posibilitando, en fin,
los fines del recurso y los objetivos a los que éstas sirven.
5.- Al hilo de lo anterior, conviene detenerse en la forma de la resolución
de cuya casación se trata. No ha sido pacífica la respuesta que desde los
tribunales ha merecido la cuestión de cuál ha de ser el procedimiento
conforme al cual debe ventilarse el recurso contra la resolución del Juez
de Primera Instancia de decide sobre el exequatur de la decisión foránea
en aplicación de las normas comunitarias de continua referencia, como
tampoco es uniforme la postura de la doctrina científica al respecto. Así,
se ha propuesto la sujeción a los trámites previstos en los artículos 951
y siguientes de la LEC de 1881 -cuya vigencia pervive, en tanto no se
promulgue la Ley de Cooperación Jurídica Internacional (Disposición
Derogatoria Unica, apartado primero, regla tercera, de la LEC 1/2000,
en obligada relación con su Disposición final vigésima)-, por tratarse del
procedimiento específicamente establecido por el legislador interno para
el trámite del exequatur y por satisfacer suficientemente la exigencia de
contradicción impuesta desde la normativa comunitaria; pero del mismo
modo se ha sometido la tramitación del recurso a las reglas establecidas
para los incidentes, o a las disposiciones que rigen con carácter general
el recurso de apelación y la segunda instancia. Este diverso tratamiento
de la cuestión ha tenido como ineludible consecuencia la diversidad de
la clase de resolución contra la que se pretende recurrir en casación -
auto o sentencia-, por más que la clase de la resolución dictada por el
Juez de Primera Instancia haya de condicionar la que decide el recurso
interpuesto ante la Audiencia Provincial (cfr. arts. 455.1, 456.1 y 468 de
la LEC 1/2000). Sea como fuere, en modo alguno puede constituir un
obstáculo para el acceso al recurso de casación previsto en las normas
comunitarias, pues las previsiones normativas supranacionales, cuya
primacía y aplicabilidad directa -su efecto útil- se imponen, como se ha
expuesto, sobre las previsiones del ordenamiento interno, convierten tal
circunstancia en irrelevante de cara a la recurribilidad en casación de la
resolución, operándose a estos efectos una suerte de equiparación formal
de ésta -sea cual fuere su clase- con las sentencias definitivas a que
se refiere el art. 477.2 de la LEC 1/2000, tal y como se indicaba en los
Autos de fecha 21 de enero de 2003, 25 de mayo y 10 de noviembre de
2004, y 17 de mayo de 2005 (recursos 841/2002, 1465/2001, 695/2004
y 3411/2001, respectivamente); con la ineludible precisión de que la
vía de recurso únicamente está abierta a las resoluciones que resuelven
sobre el específico objeto del procedimiento de exequatur, es decir, sobre
la concurrencia de los presupuestos a que en cada caso se subordina la
atribución de la eficacia de la decisión extranjera, y no sobre cualesquiera
otras de diferente objeto y contenido, pues así viene impuesto por la
interpretación de las normas comunitarias efectuada por el Tribunal de
Justicia."
2.- Por otra parte, en los mismos Autos de 12 de marzo de 2002 y de
23 de noviembre de 2003, de continua referencia, así como en los de
fecha 21 de enero de 2003, 25 de mayo de 2004, 10 de noviembre de
2004 y 17 de mayo de 2005, también citados, se examinó la cuestión de
si las exigencias de los principios de primacía y aplicabilidad directa de
las normas comunitarias imponen el establecimiento de un recurso de
contenido procesal contra la resolución que decida sobre el exequatur, así
como si los fines y los objetivos a cuya consecución se orientan permiten
dicho recurso, cuando en la legislación interna el recurso de casación
se ha desdoblado, como aquí sucede, dando lugar al novedoso recurso
extraordinario por infracción procesal. Conviene, para mayor claridad,
recoger la literalidad del Fundamento de Derecho Séptimo de la señalada
resolución -cuyo criterio se encuentra recogido, además, en los Autos de
fecha 19-11-2002, 21-1-2003 y 10-11-2004, recaídos en los recursos de
queja 539/2002, 841/2002 y 695/2004, respectivamente- en donde se
aborda esta cuestión en los siguientes términos:
La conclusión a la que se debe llegar es que no cabe el recurso por
infracción procesal contra las decisiones sobre el exequatur al amparo del
Convenio de Bruselas y de Lugano, y de los Reglamentos CE 1347/2000
y 44/2001. Las razones que avalan semejante conclusión son diversas y
de distinto signo, siempre con el referente que proporcionan los Informes
Oficiales explicativos de dichos Convenios, y la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia. Tales razones son las siguientes: 1) Los instrumentos
internacionales de referencia responden al objetivo de facilitar la libre
circulación de las resoluciones, para lo cual constituye un objetivo
primario la simplificación de los procedimientos que tienen por objeto la
declaración de ejecutoriedad en los diferentes Estados miembros, dentro
de la concepción del procedimiento de exequatur como un procedimiento
autónomo y completo que alcanza también al ámbito de los recursos
(SSTJCE 2 de junio de 1985, as. 184/84, 27 de noviembre de 1984, as.
258/83, 21 de abril de 1991, as. C-172/91, 4 de octubre de 1991, as.
C-183/90, y 11 de agosto de 1995, as. C-423/93). En consecuencia,
el precepto relativo a los recursos procedentes contra la resolución del
exequatur merece una interpretación restrictiva, que impida facilitar
dilaciones indeseables contrarias a la rapidez y eficacia del procedimiento
de homologación e inconciliables con el efecto sorpresa inherente al
sistema de reconocimiento establecido por el legislador supranacional.
2) El procedimiento de exequatur se articula en torno a un sistema
autónomo, completo e independiente del de los Estados que responde,
además, a postulados de seguridad jurídica y de uniformidad en la
aplicación de las normas de los instrumentos internacionales. Tal y
como se indica en la STJCE de 11 de agosto de 1995, "el Convenio ha
instaurado un procedimiento de exequatur que constituye un sistema
autónomo y completo, independiente de los sistemas jurídicos de los
Estados contratantes, y que, por otra parte, el principio de seguridad
jurídica en el ordenamiento jurídico comunitario, así como los objetivos
del Convenio con arreglo al art. 220 del Tratado CEE, en el que se basa,
exigen la aplicación uniforme en todos los Estados contratantes de
las normas del Convenio y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
relativa al mismo"; y se añade: "la aplicación uniforme del Convenio en
todos los Estados miembros no permite que, en determinados Estados
requeridos, la parte contra la que se solicita la ejecución disponga de más
medios procesales, en comparación con los existentes en otros Estados
contratantes, para retrasar la ejecución de una resolución ejecutoria
dictada en el Estado contratante de origen". 3) Consecuencia de lo
anterior es que los textos internacionales limitan a dos el número de
recursos posibles contra la resolución del exequatur, el primero de los
cuales se dirige contra la resolución del Juez de Primera Instancia que
autoriza o deniega la ejecución, y que presenta un objeto plural, en el
que tienen cabida tanto las cuestiones de hecho como de derecho, y
las procesales junto con las sustantivas; el segundo, el que se dirige
contra la resolución de la Audiencia, presenta un objeto más limitado,
ceñido a cuestiones de derecho, excluyéndose, por tanto, las de carácter
fáctico o relativas al juicio de hecho, y, desde luego, las que generan
un incidente de carácter procesal capaz de dilatar el curso del proceso.
4) Este sistema completo, autónomo e independiente, tributario de los
objetivos y fines de los instrumentos internacionales, se impone en el
foro por virtud de los principios de primacía y del efecto directo de sus
disposiciones. El establecimiento dentro del orden interno de mecanismos
revisorios de naturaleza anulatoria, que por lo general tengan el efecto
de reponer las actuaciones al momento en que se produjo el defecto o
la falta procesal, puede resultar contrario a dichos fines en la medida en
que impiden o limitan los objetivos de sencillez y rapidez en la decisión
sobre el exequatur de las sentencias y resoluciones extranjeras. Tales
objetivos sirven al más genérico de posibilitar la libre circulación de
resoluciones en condiciones de plena efectividad, y constituyen, por ello,
principios rectores del procedimiento de exequatur que trascienden al
ordenamiento comunitario para insertarse en los derechos procesales
nacionales, e imponen una interpretación de sus disposiciones acorde con
tales principios, excluyente de cualquier criterio hermenéutico enervador
del efecto útil de las normas supranacionales. 5) No se puede dejar de
tomar en consideración el marco objetivo que el legislador nacional ha
querido conferir al recurso por infracción procesal, en el que tienen cabida
tanto cuestiones de indiscutible naturaleza procesal, como otras a las
que ha querido dar ese tratamiento, no obstante tener un contenido
total o parcialmente sustantivo. Así, ha desterrado definitivamente de
la casación el juicio de hecho, sometido ahora al recurso extraordinario
por infracción procesal, materia que el Tribunal de Justicia comunitario,
por su parte, ha situado extramuros del recurso de casación contemplado
en las disposiciones supranacionales de referencia. La delimitación
del contenido del recurso previsto en ellas contra la resolución de la
Audiencia ha de impedir, pues, un recurso que tenga por objeto materias
expresamente excluidas de dicho contenido. Si el legislador nacional ha
querido desgajar del contenido del recurso de casación las cuestiones de
hecho y las procesales, dejándolo limitado a las cuestiones de derecho, y
si el legislador supranacional ha circunscrito el recurso contra la decisión
de la Audiencia a cuestiones de esta índole, no hay razón alguna para
extender el ámbito de éste a materias que resultan ajenas a su contenido;
antes bien, el recurso de casación previsto por el legislador nacional en
la LEC 2000 se acomoda plenamente en su contenido al establecido en
las normas internacionales. 6) Y cabe añadir a lo anterior, como elemento
de cierre, que ni desde la perspectiva del legislador ordinario ni de las
exigencias constitucionales se hace preciso un mecanismo de revisión de
la legalidad procesal que posibilite un sistema de amparo judicial situado
en el ámbito del recurso de casación o de otro recurso extraordinario; y
que la LEC 2000 se ha decantado decididamente por configurar el proceso
resaltando su carácter instrumental respecto de la cuestión litigiosa que
constituye su objeto, evitando en lo posible que los incidentes procesales
se conviertan en la materia del pleito.
3.- Cuanto se acaba de exponer permite dejar sentadas, desde ahora,
dos conclusiones: la primera, que la resolución dictada por la Sección
14ª de la Audiencia Provincial de Madrid es susceptible de ser recurrida
en casación, con independencia de la forma que haya revestido,
debiendo serlo a través del cauce del interés casacional previsto en el
ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, con la ineludible consecuencia de
tener que cumplirse los presupuestos y los requisitos a los que legal
y jurisprudencialmente se condiciona la procedencia del recurso por
esta vía; y la segunda, que contra dicha resolución no cabe el recurso
extraordinario por infracción procesal, independientemente de la suerte
que deba correr el recurso de casación asimismo preparado, incurriendo
por ello el RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL
preparado en la causa de inadmisión prevista en el art. 473.2 de la LEC
2000, por irrecurribilidad de la resolución recurrida en cuanto al citado
recurso.
4.- Por lo que se refiere al RECURSO DE CASACIÓN, el escrito de
preparación se fundamenta en el ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000,
alegando la existencia de interés casacional, señalando como preceptos
legales infringidos:
a) " El artículo 217 de LEC y la Jurisprudencia que desarrolla el principio
de la carga de la prueba que aunque referida al antiguo artículo 1214 del
Código Civil está expresamente reconocido que es igualmente aplicable al
vigente art. 217 de la LEC ", mencionando las Sentencias de esta Sala de
11 de abril de 2002, 26 de febrero de 2002, 31 de enero de 2002, 21 de
julio de 2000 y 22 de septiembre de 2000.
b) "Infracción del artículo 27.1 del Convenio de Bruselas y de la Doctrina
jurisprudencial que desarrolla el concepto de orden público a los efectos
del presente procedimiento", citando respecto al concepto de orden
público las Sentencias del Tribunal Constitucional 43/1986, 54/1989 y
132/1991, los Autos del Tribunal Constitucional 276/1983 y 795/1998 y
los Autos del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1998, de 20 de enero de
1998, de 5 de mayo de 1998, de 7 de julio de 1998, de 29 de septiembre
de 1998, de 5 de octubre de 1999 y de 15 de febrero de 2000.
El escrito de interposición se articula en dos motivos. En el motivo
primero, se alega la infracción del art. 217 LEC y de la jurisprudencia que
desarrolla el principio de carga de la prueba. En el motivo segundo, se
alega la infracción del art. 27.1 del Convenio de Bruselas con base en que
se ha contravenido el orden público español.
Utilizado en el escrito de preparación el cauce del interés casacional para
acceder a la casación resulta que dicha vía es la adecuada habida cuenta
que el procedimiento se sustanció por razón de la materia.
5. - No obstante lo expuesto, el motivo primero del escrito de
interposición, incurre en la causa de inadmisión prevista en el art.
483.2. 2º, inciso segundo, de la LEC 2000, en relación con el art. 477.1
de la misma Ley, por cuanto denunciada la infracción de la normas
de distribución de la carga probatoria, tal cuestión tiene naturaleza
procesal con la consecuencia de que el recurso de casación utilizado es
improcedente al plantear a través del mismo una cuestión que excede del
ámbito del recurso de casación y para cuya denuncia ha de acudirse al
recurso extraordinario por infracción procesal, cuando ello sea posible.
A tales efectos debemos recordar que el objeto del proceso al que
alude el art. 477.1 LEC 2000 ha de entenderse referido a pretensiones
materiales deducidas por las partes, relativas al "crédito civil o mercantil
y a las situaciones personales o familiares", como expresa el preámbulo,
estando el recurso de casación limitado a la "revisión de infracciones de
Derecho sustantivo", señalándose explícitamente en el apartado XIV de la
Exposición de Motivos que "las infracciones de leyes procesales" quedan
fuera de la casación, cuestiones procesales que han de ser entendidas
en un sentido amplio, que no se limita a las que enumera el art. 416 LEC
2000 bajo dicha denominación, sino que abarca también la infracción de
normas relativas a cuestiones probatorias, dejando el recurso de casación
limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la
determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados.
Estos criterios se han recogido ya en numerosos Autos de esta Sala
de inadmisión de recursos de casación ya interpuestos, entre los más
recientes de 9 y 16 de octubre de 2007, en recursos 2348/04 y 1780/04 y
en aplicación de tales criterios el recurso de casación, en cuanto al motivo
ahora examinado, es improcedente, no pudiéndose utilizar el recurso de
casación para suscitar cuestiones ajenas a su ámbito.
6.- Por lo que respecta al segundo motivo del escrito de interposición
incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.1º, inciso
segundo, de la LEC 2000, en relación con el art. 479.4 de la misma
Ley, en tanto que no ha quedado acreditado en fase de preparación
la existencia del interés casacional alegado a tenor de los criterios
de recurribilidad que esta Sala viene propugnando de acuerdo con lo
dispuesto en la nueva LEC 2000, tal y como se recogen en el Acuerdo
adoptado por la misma reunida en Junta General de Magistrados
celebrada el día 12 de diciembre de 2000, Acuerdo que ha integrado la
regulación de la LEC de modo que forma parte de la normativa sobre el
recurso de casación (STC 108/2003, de 2 de junio, en recurso de amparo
núm. 82/2002).
Por lo que respecta al interés casacional por oposición a la jurisprudencia
del Tribunal Supremo el mismo no se ha justificado porque en el escrito
de preparación no se ha mencionado ni una sola Sentencia de esta
Sala, cuando es doctrina reiterada que cuando el presupuesto del
interés casacional se funde en la oposición de la sentencia recurrida a
doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, es preciso citar dos o más
sentencias de la Sala Primera, presupuesto no cumplido por la parte
recurrente al mencionar únicamente Autos del Tribunal Supremo referidos
al concepto de orden público. Además debe indicarse que la infracción de
la doctrina del Tribunal Constitucional no puede sustentar el recurso de
casación articulado por la vía del interés casacional, como expresamente
señala el art. 477.3 de la LEC 2000, en el que sólo se contemplan como
supuestos en los que concurre el interés casacional que la sentencia
recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo,
que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales,
o que se apliquen normas que no lleven más de cinco años en vigor,
sin que en consecuencia, visto el referido precepto, quepa anudar a la
infracción de la doctrina del Tribunal Constitucional invocada interés
casacional alguno, máxime cuando la propia Exposición de Motivos, en
su apartado XIV explica que el interés se objetiva, mediante los tres
casos establecidos, sistema que "parece preferible al método consistente
en atribuir al propio tribunal casacional la elección de los asuntos
merecedores de su atención", lo que evidencia el "numerus clausus" que
la ley ha dejado sentado, e impide tener en consideración otros aspectos
tan significativos como la posible vulneración de la doctrina del Tribunal
Constitucional, exclusión aun mas significativa si se tiene en cuenta que
la norma sustantiva infringida puede ser un precepto constitucional,
no sólo porque la Constitución es norma legal que puede ser aplicable
para resolver las cuestiones objeto del proceso y, por ende, encaja en
el motivo a que alude el art. 477.1, sino por la específica previsión que
se contiene en el art. 5.4 LOPJ; sin embargo, es claro que el art. 477.3
contiene una relación tasada que, además, está en concordancia con
los efectos de la sentencia a que se refiere el art. 487.3 LEC 2000, que
impiden al Tribunal Supremo efectuar declaración alguna sobre una
eventual oposición a doctrina del Tribunal Constitucional, lo que patentiza
que su vulneración no determina la existencia del "interés casacional".
Pero es que además, y a mayor abundamiento, resulta que la defectuosa
preparación respecto a la cuestión ahora examinada, en todo caso, aboca
a la inexistencia de interés casacional, causa de inadmisión contemplada
en el art. 483.2, 3º, inciso segundo, de la LEC 2000. Y ello por cuanto
basta examinar el Auto recurrido para comprobar como el mismo no se
opone a la doctrina del Tribunal Supremo alegada como infringida, la cual
establece que el concepto de orden público, como límite al reconocimiento
y ejecución de las decisiones extranjeras, tras la Constitución de 1978, ha
ido adquiriendo un contenido constitucional, comprensivo de los principios
jurídicos y derechos constitucionalmente consagrados, ya que la parte
recurrente pretende incluir dentro del citado concepto la legislación
de desarrollo de dichos principios para concluir que la ejecución de la
sentencia extranjera contraviene el orden público español, eludiendo que
la resolución recurrida, en su Razonamiento Jurídico Sexto, concluye que
la normativa de la Ley de Mercado de Valores, que el recurrente aduce
que se ha vulnerado, no tiene la consideración de norma constitucional ni
protege derechos fundamentales y por ende no constituye orden público
internacional.
En la medida en que ello es así, el Auto recurrido no se opone a la
doctrina de esta Sala citada como infringida en el escrito preparatorio,
debiendo recordarse que el interés casacional consiste en el conflicto
jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable
al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en
contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto
del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir
y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de
recurso en el que se invoque el "interés casacional" que se manifieste
como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría
cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio
motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido
contradicha. En el presente caso el interés casacional representado
por dicha contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no
se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los
elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en
la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un
supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose por completo
del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los
mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida
meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional
artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de
unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en
que responde a una situación distinta de la apreciada por la resolución
recurrida.
7.- Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso de
casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme el
Auto recurrido, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2
LEC 2000, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra esta
resolución no cabe recurso alguno.