PRIMERO. - En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada
demanda suscrita por Don Carlos Francisco contra JP MORGAN
SEGURITIES LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA, JP MORGAN SEGURITIES
LIMITED y JP MORGAN CHASE NA, SUCURSAL EN ESPAÑA, en
reclamación de CANTIDAD Y DERECHOS, en la que solicitaba se dictase
sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida
la demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictó sentencia con fecha
seis de octubre de dos mil nueve, en los términos que se expresan en el
fallo de dicha resolución.
SEGUNDO. - En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS, se
declaraban los siguientes:
PRIMERO. - El demandante ha prestado servicios para la empresa
demandada JP MORGAN SEGURITIES LIMITED desde el día 7.6.99,
ocupando el puesto de Director de Mercado de Capitales para España y
Portugal, y devengando un salario anual fijo de 115.000 libras, más una
retribución variable.
La relación laboral se inició en virtud de una oferta de trabajo que le hizo
JP MORGAN SEGURITIES LIMITED en abril de 1999. A partir de dicha
oferta, se estuvieron negociando en Londres las condiciones de trabajo,
y el 27.4.99 el demandante recibe el contrato de trabajo redactado en
ingles y firmado en Londres. El demandante también firmó el contrato de
trabajo en Londres.
SEGUNDO. - Con fecha 7.7.06 el demandante causó baja voluntaria, tras
negociar el cese en Londres.
TERCERO. - JP MORGAN SECURITIES LIMITED es una entidad de
nacionalidad inglesa y con residencia en Inglaterra.
CUARTO. - El demandante realizaba su trabajo en Londres y tenía su
residencia en Londres; tributaba en Inglaterra hacía aportaciones a la
Seguridad Social inglesa, tenía un seguro médico para residentes en
Reino Unido, si bien se desplazaba a España y Portugal con motivo de
su trabajo para visitar a los clientes, desplazamientos que cada vez
fueron mas frecuentes, hasta llegar, al final de la relación laboral, a estar
prácticamente el 50% del tiempo en Londres y el 50% en España. Cuando
viajaba a España utilizaba las instalaciones de la sucursal en España,
donde disponía (en la última etapa de la relación laboral) de un despacho,
así como de una plaza de parking. El equipo humano dependiente del
demandante también residía en Londres, a excepción de una persona,
el Sr. Carmelo, que aunque también fue contratado en Londres, estuvo
temporalmente en España como desplazado.
El demandante despachaba en Londres los asuntos con el Responsable del
Área de Producto para Europa.
Las evaluaciones anuales de desempeño se realizaban en Londres.
Al inicio de la relación laboral el demandante percibió 25.000 dólares
para realizar la mudanza a Londres, donde fijó su residencia, y obtuvo el
permiso de trabajo en el Reino Unido.
QUINTO. - Los demás directores de mercado de capitales del resto de los
países europeos también residen y trabajan en Londres, aunque viajan a
los países correspondientes para visitar a los clientes.
SEXTO. - El salario variable se fija en enero de cada año y consta de
una parte en metálico (que se abonaba con la nómina de febrero) y de
otra cantidad en acciones o RSU (Unidades de Acción Restringidas) cuya
percepción estaba condicionada a determinados requisitos:
un periodo de realización o vesting, durante el cual percibía los dividendos
mientras permaneciera en la empresa.
que al final de ese periodo el trabajador esté prestando
servicios en alguna de las entidades del grupo.
Las acciones no eran transmisibles hasta que hubiera transcurrido un
plazo de 2 años para el 50% y un plazo de 3 años para el otro 50%
desde la fecha de su concesión. Concretamente, cuando el demandante
causó baja voluntaria, tenía reconocidas 19.005 RSU que tenían como
fecha de vesting para la entrega, los días 25.1.07 (5,897 acciones: 2628
concedidas en enero de 2004 y 3.269 concedidas en enero 2005), 25.1.08
(8.189 acciones: 3.279 reconocidas en enero 2005 y 4.919 reconocidas
en enero de 2006) y 25.1.09 (4.919 acciones concedidas en enero de
2006).
SEPTIMO. - En el año 2001, con motivo de la fusión entre JP MORGAN
y CHASE MANHATTAN BANK la empresa concedió al demandante un
derecho de opción de compra sobre 34.624 acciones, cuya fecha de
ejercicio está prevista para enero del año 2011.
OCTAVO. - Se ha intentado la conciliación ante el SMAC.
TERCERO. - En dicha sentencia se emitió el siguiente FALLO: Que
estimando la excepción de falta de jurisdicción de los Tribunales
españoles opuesta por las empresas demandadas y desestimando por
ello la demanda formulada por D. Carlos Francisco, contra JP MORGAN
SECURITIES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, JP MORGAN SECURITIES
LIMITED Y JP MORGAN CHASE NA, SUCURSAL EN ESPAÑA, debo absolver
y absuelvo en la instancia a la empresa demandada sin entrar a conocer
de la cuestión de fondo.
CUARTO. - Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por
Don Carlos Francisco, siendo impugnado de contrario. Elevados los autos
a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos al Magistrado
Ponente para su examen y posterior resolución por la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Frente a la sentencia de instancia que estimó la excepción
de falta de jurisdicción de los Tribunales españoles opuesta por las
empresas demandadas JP MORGAN SECURITIES LIMITED SUCURSAL
EN ESPAÑA, JP MORGAN CHASE NA SUCURSAL EN ESPAÑA, JP MORGAN
SECURITIES LIMITED, se interpone el presente recurso de suplicación
por el trabajador, que tiene por objeto: a) la revisión de los hechos
declarados probados por la sentencia de instancia, y; b) el examen de la
infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia cometidas por la
referida resolución, suplicando se declare la competencia de los Tribunales
españoles para conocer del debate planteado.
SEGUNDO. - Con carácter previo a su examen debe señalarse que por
ser la competencia jurisdiccional planteada en estas actuaciones una
cuestión de orden público procesal debe ser resuelta por el órgano
judicial con plena libertad de criterio sin sujetarse, por ello, siquiera
a los límites de la declaración de hechos probados de la sentencia de
instancia (SSTS 23 de octubre de 1989, 24 de enero, 5 de marzo, 6 de
abril, 17 de mayo y 11 de junio de 1990, entre otras), ahora bien, debe
precisarse que esta libertad de la que dispone el Tribunal para analizar la
totalidad de la pruebas practicadas se encuentra exclusivamente limitada
a las circunstancias de hecho que son relevantes para resolver sobre
la competencia de este orden jurisdiccional, sin que pueda extenderse
a aquellas otras que se refieren a las demás cuestiones litigiosas de
carácter secundario que se hayan podido plantear durante el proceso,
para las que rigen los principios generales de aplicación a un recurso
extraordinario como es el de suplicación.
Se acepta básicamente el relato que contiene la sentencia de instancia
por estar ajustado al resultado de la prueba practicada, con las
matizaciones que a continuación se detallarán.
Por lo que se refiere a las pretensiones del actor, formuladas al amparo
del apartado b) del artículo 191 TRLPL, consistentes en que se modifiquen
los ordinales primero, tercero y cuarto del relato fáctico, se precisa lo
siguiente:
Respecto de la primera de las redacciones propuestas -que diga que
"El demandante ha prestado servicios para las empresas JP MORGAN
SECURITIES LIMITES, JP MORGAN SECURITIES LIMITES, SUCURSAL EN
ESPAÑA y para JP MORGAN CHASE, SUCURSAL EN ESPAÑA, ocupando
puesto de Director de Mercado de Capitales para España y Portugal y
devengando un salario anual fijo de 115.000 libras, más una retribución
variable"- debe señalarse que si bien de la documental citada se
infería, por una parte, la posibilidad de prestación de servicios para
cualquier sociedad asociada y en cualquier otro lugar del mundo,
ello habrá de materializarse con posterioridad, bien como encargo o
trabajo por cuenta de la real empleadora, como parte ó continuidad del
mismo vínculo laboral, o bien como efectiva relación con las restantes
empresas que menciona, no bastando para acreditar esto último la
mera eventualidad de que se pudiere en el futuro producir algún tipo
de relación, siendo insuficientes para sustentar tal afirmación tanto las
conexiones empresariales o circuitos operativos entre las entidades
relacionadas, como las declaraciones testificales atinentes al desempeño
de su actividad en algún momento temporal en un mismo edificio o
la existencia de personal que presta servicios de forma indiferenciada
para las mismas, pues hubiera requerido la concreción de los prestados
por el demandante, el periodo efectivo a los que se referían y demás
elementos que conforman el vínculo laboral que sostiene el recurrente
con las codemandadas. No evidenciándose error en lo declarado,
pues de los elementos obrantes en autos resulta la negociación y
suscripción del contrato de trabajo en Londres (no desvirtuada por las
posibles conversaciones previas en España) con la empresa JP MORGAN
SECURITIES LIMITED, ha de mantenerse en su actual redacción.
La revisión que afecta al ordinal tercero consiste en la adición al final del
hecho probado tercero de la siguiente frase: "La compañía JP MORGAN
SECURITIES LIMITED, tiene una sucursal en España, sita en la calle José
Ortega y Gasset nº 29 de Madrid"; al inferirse de la prueba citada en su
respaldo -escritura de constitución de fecha 14.06.2005-, ha de accederse
a su introducción en sede fáctica, con independencia del alcance que más
tarde se verá.
La siguiente modificación afecta al hecho probado cuarto, postulando
que sea de este tenor: "El demandante realizaba su trabajo en Madrid y
resto de España, y residía habitualmente en Madrid, si bien en razón a
la relación contractual con la empresa JP MORGAN SECIRITIES LIMITED,
tributaba en Inglaterra y hacía aportaciones a la Seguridad Social inglesa,
teniendo además un seguro médico para residentes en el Reino Unido.
La residencia habitual era en Madrid, si bien tenía un piso alquilado en
Londres, como domicilio postal, y a los efectos de su alojamiento cuando
por razones de trabajo debía desplazarse a dicha ciudad.
Su centro de trabajo eran las instalaciones de la Sucursal en España,
donde disponía de un despacho, así como de plaza de parking, secretaria
y equipo a su cargo.
El demandante despachaba en Londres los asuntos con el responsable del
Área de Producto para Europa, si bien sus Jefes directos e inmediatos en
España eran Rubén y Segismundo, siendo precisamente el responsable
de Recursos Humanos de la Sucursal en España con quien el demandante
negoció su cese.
Las evaluaciones anuales de actividad y rendimiento anual se realizaban
en Londres como centro de medición homogénea para Europa que
afectaba a todos los empleados de Europa con independencia de donde
prestaron sus servicios.
Al servicio de la relación laboral el demandante percibió 25.000 dólares
para realizar la mudanza a Londres, donde tenía alquilado un piso para su
alojamiento cuando permaneciera en dicha ciudad, obteniendo el permiso
de trabajo en el Reino Unido".
De las pruebas citadas en su apoyo, sin embargo, no se deduce la
declaración fáctica pretendida; el hecho de trabajar con clientes españoles
"durante su prestación de servicios para la entidad inglesa" forma
parte del cometido de su trabajo para la misma, habida cuenta de que
el actor ocupaba el puesto de Director de Mercado de Capitales para
España y Portugal, y al igual que los demás directores del resto de países
europeos, que también residen y trabajan en Londres, viajaban a los
países correspondientes para visitar a los clientes, no desvirtuando el
propio vínculo concertado entre las partes en Inglaterra, ni tampoco en
razón a la mayor o menor frecuencia de los desplazamientos. Por otra
parte la referencia a los gastos de avión para el viaje a Londres para
despedirse abona la misma conclusión, al igual que otras comunicaciones
entre el demandante y los trabajadores en Inglaterra en las que consta
su despedida y regreso "a casa", y las preocupaciones respecto de la
tributación en Reino Unido por su prestación de servicios allí; y respecto
de la negociación del cese tampoco de las comunicaciones que se reseñan
puede afirmarse ni la debida identificación e incardinación (su pertenencia
a una u otra empresa) de la responsable de RRHH, ni el alcance de su
intervención en el cese del actor, figurando junto a ello la participación
efectiva de los responsables en Inglaterra. Y, por último, con relación a las
testificales citadas se alcanza la convicción ya adelantada de existencia de
desplazamientos a España por razón del puesto de trabajo desempeñado,
de su área de trabajo y de los clientes sobre los que se proyectaba,
estando plenamente justificados por tal motivo los medios puestos a su
disposición cuando verificaba dichos trabajos, pero en conexión con el
contrato suscrito con la entidad inglesa en Londres, lugar de prestación
de servicios pactado entre el actor y la anterior, para la que obtuvo el
pertinente permiso de trabajo, siendo el lugar de residencia del actor -
habiéndole abonado el empleador los correspondientes gastos de traslado
a Londres-, en el que tenía su despacho y equipo, en el que despachaba
los asuntos, tributaba y tenía seguro médico para residentes, todo ello
respaldado por los elementos probatorios obrantes en autos y que han
sido valorados adecuadamente por la sentencia de instancia.
TERCERO. - Al amparo del art. 191 c) TRLPL considera el recurrente que
la sentencia de instancia ha infringido por arts. 25.1 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, 19.2.a) y b) del reglamento de la Comunidad Europea
nº 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil
y mercantil, argumentando que el actor al menos en el momento de su
cese prestaba servicios en el centro de trabajo de la empresa JP MORGAN
SECURITIES LIMITES, SUCURSAL EN ESPAÑA, de la c/ Ortega y Gasset
de Madrid, en donde tenía su despacho, secretaria y parking, donde tenía
todos sus clientes en España y de conformidad con la jurisprudencia que
relaciona (de la que deberán excluirse las sentencias de otros tribunales
superiores al no alcanzar tal valor).
La resolución del TS que cita el recurrente (STS 20.07.2007) afirma que
la competencia de los tribunales españoles es clara en virtud del artículo
19 del Reglamento CE 44/2001, pues tal pretensión se formula contra
un empresario que tiene su domicilio en España, pero ello no acaece en
el caso de autos, en el que, por el contrario, el empleador -JP MORGAN
SECURITIES LIMITED - del demandante tiene su domicilio en Inglaterra,
lugar en el que reside igualmente este último y en el que se verifica
con carácter principal su prestación de servicios. Sobre este extremo el
escrito de impugnación subraya que la entidad denominada JP MORGAN
SECURITIES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, inició su actividad en
septiembre de 2005 (seis años después del inicio de la relación laboral
del actor con la primera) -así resulta efectivamente de la escritura de
constitución- y que el recurrente nunca ha trabajado para esta última, con
independencia de los desplazamientos desde Londres hasta España para
desempeñar el trabajo pactado y de que aquí se le proporcionase algún
medio concreto para ello.
De los diferentes medios probatorios practicados se infiere efectivamente
la contratación por la entidad inglesa del actor, con domicilio en
Inglaterra, la suscripción del contrato en Londres, la residencia del
demandante en Inglaterra -el abono por el empleador de los correlativos
gastos de traslado- y el desempeño de su trabajo para la misma empresa,
si bien con los desplazamientos ya indicados, al igual que los realizaban
sus compañeros con áreas de trabajo en diferentes partes de Europa; la
relación o vínculo laboral del demandante lo era con la entidad inglesa,
aunque la demanda no se dirigiera inicialmente frente a ella, siendo en
el acto del juicio oral cuando la amplia contra su real empleadora JP
MORGAN SECURITIES LIMITED. Ello determina que el enjuiciamiento
de la litis deba residenciarse ante los tribunales ingleses, careciendo
los españoles de jurisdicción para su conocimiento, por más de que
el enfoque primero del escrito de demanda se dirigiese a sustentar
esta última competencia, pues no existen los puntos de conexión
establecidos en el Reglamento de cobertura -Reglamento CE 44/2001 -
para establecerla en el sentido postulado por el recurrente.
Dicha normativa dispone lo que sigue:
Artículo 3.- "1. Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo
podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro
en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente
capítulo."; Artículo 5.-" Las personas domiciliadas en un Estado miembro
podrán ser demandadas en otro Estado miembro, b) a efectos de la
presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:
- cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del
Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren
ser entregadas las mercaderías;
- cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado
miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser
prestados los servicios;". Por su parte, el invocado art. 19 fija los puntos
de conexión según este tenor literal: "Los empresarios domiciliados en un
Estado miembro podrán ser demandados
1) ante los tribunales del Estado en que estuvieren domiciliados, o
2) en otro Estado miembro:
a) ante el tribunal del lugar en el que el trabajador desempeñare
habitualmente su trabajo o ante el tribunal del último lugar en que lo
hubiere desempeñado; o
b) si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado
habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el tribunal del lugar
en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere
empleado al trabajador."
De su redacción y la necesaria puesta en relación con el caso de autos,
resulta la carencia de conexión adelantada, en tanto que el empresario
del demandante, ya se ha repetido, tiene su domicilio en Inglaterra
(punto 1, que no recoge la referencia de nuestra normativa interna -
art. 25 LOPJ - atinente a "sucursal", agencia, delegación o cualquier
otra representación en España), ese es lugar de desempeño habitual
de su trabajo (punto 2 letra a) y, en todo caso, si se atendiese al
incremento de los desplazamientos a España en los últimos tiempos,
es en Inglaterra donde está situado el establecimiento que lo empleó
(punto 2, letra b). Tampoco de las testificales practicadas se alcanza
una conclusión diferente, pues de ellas se extrae ese aumento en los
desplazamientos cuando así lo requería el volumen de negocio y la
existencia de una persona del equipo del actor en España, pero el resto
del mismo estaba en Inglaterra, situación y circunstancias insuficientes
para sustentar una relación de trabajo con las entidades igualmente
demandadas a los efectos competenciales de que tratamos, máxime
cuando del interrogatorio resultó la existencia de compartimentos
estancos, absolutamente separados, y de los certificados aportados a
instancia del trabajador que el demandante no figuraba en las relaciones
de empleados de JP MORGAN SECURITIES LIMITES, SUCURSAL EN
ESPAÑA y JP MORGAN CHASE, SUCURSAL EN ESPAÑA. A tal conclusión
se suman otros datos obrantes en autos, así la referencia a los gastos
de avión para el viaje a Londres para despedirse que abona la misma
conclusión, al igual que otras comunicaciones entre el demandante y los
trabajadores en Inglaterra en las que consta su despedida y regreso "a
casa", y las preocupaciones respecto de la tributación en Reino Unido por
su prestación de servicios antes de volver a España tras su cese en el
vínculo laboral mantenido con JP MORGAN SECURITIES LIMITED, entidad
inglesa.
Las consideraciones expresadas conllevan la confirmación de la sentencia
de instancia, plenamente ajustada a la normativa y jurisprudencia que
se reseña en el recurso, la desestimación de este último, sin que proceda
condena en costas (art. 233 TRLPL);