PRIMERO. - Se aceptan los hechos del auto apelado, dictado en fecha
17de noviembre de 2.008 por el Juzgado de Primera Instancia nº 7
de Mataró, en el Procedimiento de divorcio contencioso nº 642/08 5ª,
promovidos por Piedad contra Patricio, con la debida intervención del
Ministerio Fiscal, siendo la parte dispositiva de la resolución apelada del
tenor literal siguiente:
"DISPONGO: La abstención por falta de jurisdicción para conocer el
asunto, correspondiendo su conocimiento a los tribunales de justicia de la
República de Perú."
SEGUNDO. - Interpuesto recurso de apelación contra el anterior Auto por
la parte actora, fue admitida y elevadas las actuaciones a esta Audiencia,
previo emplazamiento de las partes y seguidos los demás trámites
procesales, se señaló para deliberación, votación y fallo del recurso el día
22 de septiembre de 2009.
VISTOS, siendo ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Maria José Pérez
Tormo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se rechazan los Fundamentos de Derecho de la resolución apelada.
PRIMERO. - Recurre la Sra. Piedad el Auto de 1ª Instancia que ha
considerado que el Juzgado de Mataró carece de jurisdicción para conocer
del procedimiento de divorcio entre dos nacionales peruanos, en que el
demandado no reside en España, en virtud de lo prevenido en el art. 22
de la LOPJ.
Solicita la recurrente en su recurso que se revoque la resolución de 1ª
Instancia y se declare la competencia de los Juzgados de Mataró para
conocer de su demanda de divorcio.
El Ministerio Fiscal solicita la confirmación de la resolución recurrida.
SEGUNDO. - Si bien la aplicación al caso del precepto en el que se apoya
la decisión impugnada podría, en principio, determinar la desestimación
de la pretensión revocatoria deducida, en cuanto ni la demandante es
española, ni el demandado tiene su domicilio en España al tiempo de la
presentación de la demanda, no puede olvidarse que tal normativa, tras la
entrada en vigor del Reglamento núm. 2201/2003 del Consejo de la Unión
Europea, ha pasado a tener un carácter meramente residual, en virtud
de lo prevenido en los artículos 96 de la Constitución española y 21 de la
repetida Ley Orgánica, por lo que los criterios establecidos en el artículo
22 LOPJ, respecto de la competencia de los Tribunales españoles, tan sólo
son de aplicación a aquellos supuestos no contemplados en los tratados y
convenios internacionales en los que España sea parte.
Podría, sin embargo, alegarse que el citado Reglamento tan sólo es de
aplicación a los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad
Europea, lo que dejaría fuera de sus previsiones a supuestos como el
que nos ocupa, en que los cónyuges inmersos en la litis de separación,
divorcio o nulidad ostentan una nacionalidad distinta.
Pero es lo cierto que la competencia que regula, respecto de dichos
procedimientos, el repetido Reglamento no se apoya, al menos con
carácter principal y mucho menos exclusivo, en el criterio de la
nacionalidad de los esposos, en cuanto perteneciente a alguno de los
Estados de la Unión, sino en el principio de territorialidad, en concreta y
reiterada referencia al lugar de residencia habitual de los esposos o de
alguno de ellos, lo que permite la aplicación de tal norma comunitaria a
nacionales de Estados no miembros, pero residentes en la Comunidad
europea.
Así establece el art 3 del Reglamento 2201/2003, vigente desde el 1
de marzo de 2005, que, en su apartado a), y en lo que afecta a los
procedimientos matrimoniales, declara la competencia de los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se encuentra la
residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos
un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, sin que
se haga referencia alguna a la nacionalidad de los cónyuges, al contrario
de lo que prevé en el último inciso del apartado a), en el que se exige, a
tales efectos competenciales, que el demandante sea nacional del Estado
miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, que tenga
allí su "domicile". Por lo tanto, y salvo de este último supuesto, no se
exige que uno de los cónyuges sea nacional de un Estado miembro, por
lo que la competencia de nuestros tribunales se extiende a quien cumpla
los requisitos de residencia referidos, con independencia de cuál sea la
nacionalidad de las partes del proceso.
TERCERO. - En el presente caso la demandante tal como pone de
manifiesto el padrón municipal de habitantes obrante en las actuaciones
tiene su residencia habitual en España, y el hecho de que el demandado
tenga domicilio desconocido, habiéndose separado las partes de hecho
cuando vivían en Perú, no puede excluir la competencia de los Tribunales
españoles, dado que la actora tiene su domicilio en Mataró, habiendo
además mantenido dicha situación durante un período superior a un año,
en relación con la fecha de la presentación de la demanda.
En consecuencia, y aunque la examinada norma comunitaria no ha sido
expresamente invocada por la recurrente, se impone necesariamente
su aplicación al caso en virtud del principio "iura novit curia", lo que
determina el acogimiento de la pretensión revocatoria deducida por
aquella.
CUARTO. - Al estimarse el recurso de apelación de conformidad con el
artículo 398 de la L.E.C, no procede hacer expresa imposición de costas
en esta alzada.