1.- En el rollo de apelación nº 139/2007 la Audiencia Provincial de
Barcelona (Sección 15ª) dictó Auto, de fecha 18 de febrero de 2008
declarando no haber lugar a tener por preparado el recurso de casación
intentado por la representación de la entidad "Circuito Cinematográfico,
S. A." contra el Auto de fecha 29 de enero de 2008 dictado por dicho
Tribunal.
2.- Contra dicho Auto se interpuso recurso de reposición que fue
denegado por Auto de fecha 20 de marzo de 2008, habiéndose entregado
el testimonio de ambas resoluciones a los efectos del artº. 495 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.
3.- Por la Procuradora D.ª Carmen Azpeitia Bello, en nombre y
representación de la indicada parte litigante, se ha interpuesto recurso de
queja por entender que cabía el recurso de casación y debía de haberse
tenido por preparado.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Juan Antonio Xiol Ríos
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- Se formula esta queja contra el Auto denegatorio de la preparación del
recurso de casación intentada contra un Auto dictado en un procedimiento
para reconocimiento y ejecución de resolución judicial extranjera;
la Audiencia denegó el recurso por falta de acreditación del "interés
casacional" al haberse invocado por la entidad recurrente el acceso al
mismo por la vía del ordinal 2º del art. 477.2 de la LEC. Frente a ello la
entidad recurrente, en el escrito de queja, denuncia la falta de motivación
del Auto por el que la Audiencia desestima la petición de reposición
preparatoria de la queja y argumenta sobre la procedencia del recurso
de casación, considerando que se ha infringido el art. 44 del Reglamento
44/2001, de 22 de diciembre así como el derecho de tutela judicial
efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución.
2.- Así planteada esta queja, lo primero que debe precisarse es que,
en la medida en que en el Auto de 18 de febrero de 2008 por el que
se deniega la preparación del recurso de casación, la Audiencia expone
ampliamente la doctrina que impide tener por preparado el recurso,
incluso con cita de resoluciones de esta Sala que lo apoyan, no puede
verse indefensión alguna en la escueta motivación del Auto de 20 de
marzo de 2008 desestimatorio de la petición de reposición previa a la
queja, ya que la entidad recurrente conoce las razones por las que le es
denegada la preparación y puede, como efectivamente hace, recurrir ante
este Tribunal en queja.
3.- Hecha la anterior precisión no cabe sino confirmar la resolución
denegatoria de la preparación del recurso, sin que puedan tenerse
en consideración las alegaciones de la entidad recurrente, ya que
discurren al margen de la doctrina de esta Sala; a este respecto en el
Auto de 22 de noviembre de 2005 (recurso de queja 240/2005), tras
examinar la recurribilidad en casación de las resoluciones dictadas
en material de reconocimiento y ejecución de decisiones al amparo
del régimen establecido en los Convenios de Bruselas y de Lugano y
de los Reglamentos comunitarios 1347/2000 (ahora sustituido por el
2201/2003) y 44/200, que encuentra su fundamento, como se exponía
en los Autos de esta Sala de fecha 12 de marzo de 2002 (recurso de
queja 75/2002) y de 23 de noviembre de 2004 (recurso 1981/2001),
más allá de las disposiciones contenidas en las normas procesales
nacionales, se dejaba dicho que el recurso de casación que establecen
los artículos 41 de los Convenios de Bruselas y de Lugano, 27 del
Reglamento CE 1347/2000, 44 del Reglamento CE 44/2001, y 33
del Reglamento CE 2201/2003, constituye un medio de impugnación
específicamente previsto en normas comunitarias, dentro de un cauce
procesal igualmente previsto y regulado por ellas, y que se califica de
cerrado, completo y uniforme (Sentencias del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 2 de junio de 1985, as. 184/84, de 27 de
noviembre de 1984, as. 258/83, de 21 de abril de 1991, as. C-172/91,
de 4 de octubre de 1991, as. C-183/90, y de 11 de agosto de 1995,
as. C-432/93), medio de impugnación que se encuentra dotado de un
objeto y contenido concreto, circunscrito a las cuestiones de derecho
suscitadas en la resolución sobre el exequatur de la decisión extranjera
-y solo en ella-, esto es, a la revisión de la aplicación de las normas que
rigen los presupuestos y requisitos de la declaración de ejecutoriedad de
la resolución foránea (STJCE de 27 de noviembre de 1984, as. 258/83).
Por lo tanto, el establecimiento del recurso y su contenido se imponen
sobre las previsiones normativas internas en virtud de la primacía y
de la aplicabilidad directa de la norma comunitaria, en función de los
fines a los que se orienta y cuya consecución persigue, que aquí se
contraen al logro del objetivo comunitario de la libre circulación de las
resoluciones dentro de un espacio de libertad, seguridad y de justicia.
Ahora bien, las condiciones, presupuestos y requisitos de procedibilidad y
de admisibilidad se rigen por el ordenamiento interno, siempre y cuando
sus normas y la interpretación que de ellas se haga garanticen la primacía
y el efecto directo de las normas comunitarias -en rigor, el efecto útil
de ese efecto directo-, y posibiliten, por lo tanto, el recurso establecido
en ellas, con su contenido propio y su propia finalidad, sin convertir en
papel mojado, en simple previsión normativa carente de aplicación en la
práctica, el recurso de casación establecido en las normas comunitarias.
Y se añadía: "En los ya citados Autos de 12 de marzo de 2002 y de 23 de
noviembre de 2004 se dejaba sentado que las condiciones establecidas
por el legislador nacional y la interpretación que de ellas ha hecho esta
Sala satisfacen las exigencias de las normas comunitarias, en la medida
en que posibilitan el recurso de casación previsto en las mismas, dentro
de su específico contenido y conforme a los fines a que está orientado,
permitiendo, en suma, en logro de los objetivos comunitarios. Esta
satisfacción de las exigencias impuestas por los repetidos principios de
primacía y de aplicabilidad directa de las normas comunitarias se logra
sin necesidad de efectuar ajuste alguno en la interpretación y aplicación
de las normas procesales internas, salvado, si acaso, el obstáculo formal
de la clase o tipo de resolución que decida sobre la declaración de
ejecutoriedad; aserto éste que se sustenta sin más en la consideración
de que, constituyendo el procedimiento de exequatur un cauce procesal
establecido por razón de la específica materia que integra su objeto,
y, en consecuencia, siendo su acceso al recurso de casación el que en
el ordenamiento interno abre el ordinal tercero del art. 477.2 de la
LEC, conforme a los expuestos criterios interpretativos de esta Sala,
las condiciones establecidas por el legislador nacional para acceder al
recurso por esta vía, así como la exégesis que ha efectuado esta Sala
respecto de los presupuestos a los que se condiciona la presencia del
interés casacional que justifica el recurso, ya por existir contradicción con
doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria, ya por tratarse
de la aplicación de normas que no lleven en vigor más de cinco años sin
que exista jurisprudencia de esta Sala relativa a normas anteriores de
igual o similar contenido, y sobre los requisitos impuestos para acreditar
la existencia del necesario interés casacional, garantizan la viabilidad
del recurso, cumplidos tales presupuestos y requisitos, sin desvirtuar el
contenido que imponen las normas comunitarias, y posibilitando, en fin,
los fines del recurso y los objetivos a los que éstas sirven".
En definitiva, el Auto denegatorio impugnado no infringe art. 44 el
Reglamento 44/2001 de 22 de diciembre, puesto que, en su fundamento
tercero, no niega la recurribilidad en casación del Auto contra el que
se pretende, limitándose a apreciar la irrecurribilidad derivada de la
utilización de una vía de acceso que no es la procedente.
4.- Así pues procede la desestimación del presente recurso de queja y
la subsiguiente confirmación del Auto denegatorio de la preparación,
si bien añadiendo -en atención a que la entidad recurrente denuncia la
vulneración del derecho de tutela judicial efectiva- ninguna vulneración
de tal derecho se produce por la denegación preparatoria, pues la
propia doctrina del Tribunal Constitucional es bien clara al señalar
que no existe un derecho constitucionalmente protegido a interponer
determinados recursos y, por tanto, que no existe un derecho de
relevancia constitucional a recurrir en casación, siendo perfectamente
imaginable, posible y real que no esté prevista semejante posibilidad
(SSTC 37/88, 196/88 y 216/98); por el contrario, el derecho a los
recursos, de neta caracterización y contenido legal (SSTC 3/83 y
216/98, entre otras), está condicionado al cumplimiento de los requisitos
de admisibilidad establecidos por el legislador y delimitados por vía
interpretativa por esta Sala, a la que corresponde la última palabra
sobre la materia, con el único límite consistente en la proscripción de
la arbitrariedad y la evitación de los errores materiales (SSTC 37/95,
186/95, 23/99 y 60/99), sin que la interpretación de las normas rectoras
del acceso a la casación tenga que ser necesariamente la más favorable
al recurrente (SSTC 230/93, 37/95, 138/95, 211/96, 132/97, 63/2000,
258/2000 y 6/2001); y que el "principio pro actione", proyectado sobre
el derecho a la tutela judicial efectiva, no opera con igual intensidad en
las fases iniciales del pleito que en las posteriores (SSTC 3/83, 294/94
y 23/99), habiéndose añadido, finalmente, que el referido derecho
constitucional se satisface incluso con un pronunciamiento sobre la
inadmisibilidad del recurso, y no necesariamente sobre el fondo, cuando
obedezca a razones establecidas por el legislador y proporcionadas en
relación con los fines constitucionalmente protegibles a que los requisitos
procesales tienden (SSTC 43/85, 213 /98 y 216/98).