PRIMERO. - Por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de
Inca, en fecha 28 de junio de 2007, se dictó auto cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente: "Desestimar el recurso de reposición
interpuesto contra el Auto de fecha 13 de junio de 2007, confirmándolo en
todos sus pronunciamientos. No procede pronunciamiento en costas".
SEGUNDO. - Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelación
por la representación de la parte actora, y seguido el recurso por sus
trámites, se celebró deliberación y votación en fecha 3 de marzo del
corriente año, quedando el recurso concluso para resolución.
TERCERO. - Que en la tramitación del recurso se han observado las
prescripciones legales.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Instada la ejecución del título extranjero, consistente en
Providencia dictada a 30-noviembre-99 por el Juzgado de Primera
Instancia, 86, de Hagen (Alemania), por parte de "Brau und Brunnen
Brauereien GmbH" contra D. Eduardo, recayó Auto de fecha 13-
junio-2007 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Declarar
caducada la acción instada en el presente procedimiento poniendo fin
al mismo. No procede pronunciamiento en costas"; que, recurrida en
reposición, desembocó en el Auto de 28-junio siguiente por la que,
aún indiscutida el reconocimiento del título acompañado, se deniega la
ejecución por caducidad de la acción en base a la aplicación del art. 518
y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y a la igualdad en la
ejecución de relaciones extranjeras y nacionales, cuya parte dispositiva
dice: "Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra el Auto de
fecha 13 de junio de 2007, confirmándolo en todos sus pronunciamientos.
No procede pronunciamiento en costas"; contra cuyas resoluciones se
alza la representación procesal de "Brau und Brunnen Brauereien GmbH",
alegando que el Convenio de Bruselas de 1968 sólo prevee el rechazo
de la solicitud de ejecución según los artículos 27 y 28, a concretos
supuestos, sin que entre éstos se desglose la caducidad de la acción, por
lo que ve limitados sus derechos en este caso al aplicar la caducidad, por
todo lo cual interesa que se dicte resolución por la que, revocando el Auto
dictado en la instancia, se despache la ejecución del título.
SEGUNDO. - Efectivamente, una vez reconocido el título extranjero, lo
que sólo podría denegarse por los motivos de los artículos 27 y 28 del
Convenio de Bruselas, y puede ser opuesta por cualquier parte interesada
a tenor del párrafo 2º del art. 26, salvado el cual, y sin recoger la causa
del plazo de caducidad de la acción como tasada expresamente, procede
despachar ejecución si se acompañan los documentos exigidos en el
mismo y -se insiste- había que dar trámite de oposición al demandado por
plazo de diez días. Por demás, no se deduce que sean aplicables al caso
algunas de las competencias exclusivas que recoge el citado Convenio.
Es decir, cabe oposición frente a la solicitud de ejecución, al igual que
sobre el fondo del asunto, y mediante la resolución recurrida el Juzgador
de instancia se ha adelantado a ello, al aplicar de oficio el art. 518 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no consta como causa tasada en el
Convenio de Bruselas de 1968 ni, aun cuando no sea aplicable al presente
supuesto, en el Reglamento (CE) nº 44/2001, de 22.12.2000.
En el mismo sentido, el Auto de fecha 17-diciembre-2007, dictado por
este Tribunal por el que: "Los documentos extranjeros aportados se
considera son incardinables en el artículo 50 del Convenio, por cuanto
son documentos públicos con fuerza ejecutiva, formalizados en un estado
contratante (Alemania) y sobre los que se solicita a instancia de parte, se
declaren ejecutivos en otro Estado contratante (España). Se indica que
la solicitud sólo podrá desestimarse cuando la ejecución fuere contraria
al orden público del Estado requerido, situación que se estima no se
produce en el supuesto enjuiciado. Al mismo tiempo, se ha respetado
el procedimiento seguido en los artículos 31 y siguientes del Convenio,
muy similares a los del Reglamento en que se fundaba la demanda. Dicho
documento presenta las condiciones necesarias de autenticidad en el
estado de origen. La competencia territorial es la de este partido judicial
de..., por hallarse en el mismo el bien inmueble que se pretende ejecutar
para saldar la deuda recogida en el documento.
Y, que, "En cuanto a los motivos de oposición cuarto y quinto, se
considera exceden del objeto de este recurso. A tal efecto, debemos
recordar que nos hallamos en una fase en que debemos limitar a declarar
si es posible o no la ejecución conforme al Convenio de Bruselas, pero
no entrar en el fondo como si se tratase de una oposición a la ejecución
conforme al artículo 56 y siguientes de la LEC, pues el artículo 34 del
Convenio indica que la solicitud sólo podrá desestimarse por alguno de
los motivos previstos en los artículos 27 y 28, los cuales consideramos
no concurren en el supuesto enjuiciado. En consecuencia, una vez firme
esta resolución, el Juzgado de Instancia deberá conceder un plazo a los
demandados a los efectos de que puedan oponerse en cuanto a motivos
de fondo a la ejecución"; y el de fecha 20-octubre-04 por el que: "Con
cita del artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la recurrente
sostuvo también que la acción ejecutiva ejercitada en esta litis había
caducado, por haber transcurrido cinco años desde la firmeza de la
sentencia y del auto cuya ejecución se persigue. Ha de repelerse también
este motivo del recurso porque la demanda formulada por la señora
Schultis fue presentada ante el Juzgado "a quo" el día 13 de febrero
de 2004, por lo cual, aunque había transcurrido el plazo quinquenal
desde que el día 24 de julio de 1997 ganó firmeza la sentencia de 24 de
abril de 1997, es evidente que no se habían completado los cinco años
desde la firmeza del auto de 8 de abril de 1999, siendo este auto el que
concretaba las cantidades adeudadas por el demandado. En cualquier
caso, este motivo de oposición no está incluido ni en el Convenio de
Bruselas de 1968 ni en el Reglamento (CE) nº 44/2001"; y el Auto dictado
por la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial, a 14-marzo-06 por
el que: "Con relación al fondo, se sostuvo que la resolución apelada
cumple de forma estricta con el Convenio de Bruselas, por cuanto, de
conformidad con su artículo 34, ante la petición de una ejecución de
sentencia extranjera que se insta ante el Juez de Primera Instancia, no
existe contradicción propiamente dicha, sino que la solicitud se examina
por el Juez, quien se limita a verificar la concurrencia de los presupuestos
de reconocimiento y, acto seguido, dicta la resolución autorizando o
denegando la eficacia de la decisión extranjera".
Y que, "Así las cosas, el llamamiento que realiza el artículo 37 del
Convenio de Bruselas al "procedimiento contradictorio", al igual que
ocurre con el posterior artículo 43.3 del Reglamento CE 44/01 del Consejo
de 22.12.00 sobre Competencia judicial, Reconocimiento y Ejecución de la
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, el cual viene a suceder
en el marco de la Unión Europea al Convenio de Bruselas de 1968,
estableciendo dicho artículo 43.3 que "el recurso se sustanciará según las
normas que rigen el procedimiento contradictorio", presenta, en ausencia
de mayores precisiones, mejor y más fácil acomodo si se enmarca
en las leyes de procedimiento internas que rigen dicho procedimiento
contradictorio, conforme al principio "locus regit ctum processum",
entendiendo que la referencia normativa a "juicio contradictorio" ha
de considerarse, por lo tanto, dirigida al procedimiento declarativo que
corresponda (así lo entendió también esta Sala en el Auto nº 49, de
10.5.05). Tal procedimiento declarativo bien puede ser así enmarcado
dentro del procedimiento incidental, como incidente de oposición al auto
de exequátur. Dicho procedimiento ha sido tradicionalmente considerado
válido para el trámite de aquellas cuestiones que carezcan de un
trámite procedimental expreso (artículo 388 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 2000, antes artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de
1881). Dentro de este trámite parece preferible el incidente de previo
pronunciamiento del artículo 390 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, frente
al de especial pronunciamiento, al presentar aquel un efecto suspensivo
del procedimiento que encaja con la previsión del artículo 39 del Convenio
de Bruselas (también lo hace con la del artículo 47.3 del Reglamento
Comunitario 44/01). Dicho procedimiento incidental presenta, además de
la garantía de la contradicción con el traslado previsto en el artículo 393.3
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la posterior citación a comparecencia
que se celebrará ante la Audiencia Provincial conforme a las reglas del
juicio verbal, pudiendo las partes proponer y practicar prueba sin merma
de ninguna garantía".
TERCERO. - La estimación del recurso de apelación, y correlativamente de
la solicitud de ejecución, impiden hacer expresa imposición a la parte de
las costas procesales causadas, en ambas instancias.
PARTE DISPOSITIVA
En atención a todo lo expuesto, la Sección Quinta de la Audiencia
Provincial de Palma de Mallorca, HA DECIDIDO:
1º) ESTIMAR el recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora de
los Tribunales Dª Pilar Rodríguez Fanals, en representación de "Brau
und Brunnen Brauereien GmbH", contra el Auto de fecha 28-junio-2007,
dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Inca, en el Exequatur
nº 655/06, de que dimana el presente Rollo de Sala; cuya resolución
expresamente se revoca; y en su virtud,
2º) ORDENAR el despacho de ejecución del título de referencia, y
conceder al ejecutado el plazo legal de oposición a la ejecución ante el
mismo Juzgado.