PRIMERO. La declinatoria planteada por A. P. MOLLER MAERSK A/S y
MAERSK SPAIN S.L.U. frente a la demanda interpuesta por MAPFRE,
CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. fue estimada por Auto de fecha
veinticuatro de noviembre de dos mil nueve cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor: "Estimando íntegramente la declinatoria interpuesta
por A. P. MOLLER MAERSK A/S y MAERSK SPAIN, S.L.U., sobre falta de
competencia internacional, debo declarar y declaro que tal competencia
corresponde a los tribunales de otro Estado y, por tanto, archivar el
proceso presente, pudiendo las partes deducir sus acciones ante tales
tribunales.
Debo imponer e impongo las costas causadas en el presente proceso a la
parte actora, MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. según tasación de
las mismas que se realice en incidente promovido al efecto."
SEGUNDO. Contra la anterior resolución interpuso recurso de apelación la
demandante, formalizándose oposición por los demandados promotores
de la declinatoria, y elevados los autos a esta Audiencia Provincial fueron
turnados a la presente Sección, donde se siguieron los trámites legales,
señalándose para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día
once de noviembre de dos mil diez. Ha intervenido como Ponente el Ilmo.
Sr. D. Gregorio Plaza González, que expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil estimó la
declinatoria basándose en la alegada cláusula de sumisión expresa a la
jurisdicción de determinados tribunales que resulta del conocimiento
de embarque acompañado como documento nº 3 bis a la declinatoria,
que bajo el epígrafe "Legislación y Jurisdicción" señala que "cualquier
reclamación o controversia que surja del contrato de transporte
evidenciado por este c/e, estará sometida a la exclusiva jurisdicción
del Tribunal Superior de Justicia de Londres y la legislación inglesa será
de aplicación con exclusión de la jurisdicción de los tribunales de otro
país". Considera dicha resolución que la cláusula en cuestión es oponible
a la entidad aseguradora por vía de la subrogación operada y que la
demandante ejercita una acción en su condición de aseguradora de la
cargadora por averías objeto de la carga en el transporte marítimo,
según especifica en su escrito de demanda. En el contrato de transporte
figura la asegurada BALTIMAR, S.A. como cargadora, mercantil que fue
indemnizada por la demandante. Concluye la resolución destacando que
la forma preferente de fijar la competencia de los Juzgados en materia
de Derecho privado es la sumisión de las partes a fuero jurisdiccional y
que respecto a la competencia internacional el art. 23 del Reglamento CE
44/2001 admite expresamente la sumisión de las partes, siempre que la
misma se realice entre sujetos de los que al menos uno tenga su domicilio
en territorio de un Estado miembro de la UE, siendo aceptada la validez
de tales cláusulas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero
de 2007.
Frente a la mencionada resolución se alza la parte apelante, alegando
que fue la compradora JAIME SORIANO, S.A. quien asumió la obligación
de contratar el transporte de la mercancía entre Dakar y Madrid, ciudad
donde dicha compradora tiene sus instalaciones. El transporte fue
contratado con MAERSK SPAIN, S.L.U. y realizado por A.P. MOLLER
MAERSK A/S en su tramo marítimo y por EMATRA, S.L. en su tramo
terrestre. Además MAERSK SPAIN, S.L. actuó como consignatario del
buque operado por A. P. MOLLER MAERSK A/S en el Puerto de Algeciras.
Esta sociedad danesa es porteador marítimo efectivo de la mercancía
que se realizó en régimen de conocimiento de embarque, del que no
reconoce la apelante el clausulado adjunto. Considera que conforme
al artículo 5 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de
diciembre de 2000, debiendo ser entregadas las mercancías en España
resultan competentes los juzgados y tribunales españoles. Sustenta
la parte apelante su recurso en los siguientes extremos, que se van
reiterando a lo largo del mismo: a) Su asegurada BALTIMAR, S.A. no es
parte del contrato de transporte suscrito entre JAIME SORIANO, S.A. y
A. P. MOLLER MAERSK A/S, por mediación de MAERSK SPAIN S.L.U.; b)
la cláusula inserta en el conocimiento de embarque es nula conforme
a los artículos 54.2 LEC y 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de
la Contratación; c) La cláusula invocada constituye un claro abuso de
derecho en atención a los intereses y objetivos de política legislativa que
guían la ordenación de la competencia judicial internacional y d) la acción
ejercitada contra la codemandada A. P. MOLLER MAERSK A/S tiene una
diversa naturaleza contractual y extracontractual, por lo que conforme a
los artículos 22.3 LOPJ y 5.3 del Reglamento nº 44/2001 la competencia
internacional correspondería a los Juzgados y Tribunales españoles.
Añade el recurso que MAERSK SPAIN, S.L.U. asume la posición de
comisionista de transporte y fue, además, la consignataria del buque y
su responsabilidad no deriva del conocimiento de embarque sino de su
condición de compañía consignataria del buque, por lo que no es aplicable
la cláusula en cuestión
Fundan las apeladas su oposición con carácter previo en que en el relato
fáctico y en los fundamentos de hecho de la demanda sólo se hacía
referencia a la relación contractual derivada del transporte marítimo
en régimen de conocimiento de embarque, de manera que la acción
ejercitada deriva exclusivamente de tal régimen, haciendo extensiva
la responsabilidad a MAERSK SPAIN S.L.U. en virtud de la asimilación
de la figura del consignatario al naviero. Por otra parte el recurrente
hace prevalecer el artículo 21 LOPJ sobre el artículo 22, que regula el
pacto de sumisión. En relación a la invalidez del clausulado, se trata
de una contratación entre empresarios y llama la atención que en la
demanda se reconozca que se han formalizado centenares de contratos
con la misma naviera e incluso se aportaron otros contratos firmados
con anterioridad con el mismo clausulado. Respecto a la aplicación del
principio de relatividad de los contratos se añade que la recurrente
reconoció en su demanda que BALTIMAR, S.A. era cargadora, receptora y
propietaria de las mercancías, por lo que era parte del contrato. Respecto
al pretendido abuso de derecho, la mayoría o práctica totalidad de los
conocimientos de embarque incluyen bien la cláusula de sumisión a
Londres, o bien al país de la naviera porteadora y es ésta última opción
la que en todo caso sería más beneficiosa para el porteador, pero no la
incluida en este contrato a favor de Londres por su reconocido prestigio
en la materia. Por último, en relación a la responsabilidad extracontractual
sobre la que se pretende justificar la competencia de los tribunales
españoles, reitera el escrito de oposición al recurso que se produce una
modificación de los términos de la demanda, que se limitó, como se ha
señalado, al ejercicio de una acción contractual.
SEGUNDO. Centrados los extremos controvertidos hemos de referirnos
en primer lugar a los términos de la demanda. En su relato fáctico se
señala que BALTIMAR, S.A. celebró un contrato de compraventa de pesca
congelada procedente de Senegal con la empresa JAIME SORIANO, S.A.
BALTIMAR, S.A. realizaría la puesta a disposición de la mercancía al
comprador en España, siendo de su cargo el seguro de transporte, aunque
el pago del transporte sería por cuenta de la compradora JAIME SORIANO,
S.A. Para la realización del transporte se contrataron los servicios de
la compañía naviera MAERSK a través de su agente general y filial en
España MAERSK SPAIN. Añade la demanda que "BALTIMAR es una
empresa que, desde 1990, trabaja casi en exclusiva con las demandadas
MAERSK y MAERSK SPAIN, con las que mueve al año unos doscientos
(200) contenedores, por ser éstas, las demandadas, las que tienen la
línea regular entre los Puertos de interés para BALTIMAR."
Siguiendo el relato de los hechos se indica en la demanda que el
transporte de los productos congelados se realizó en régimen de
conocimiento de embarque con número de referencia MAEU 855952720.
En el citado documento figura BALTIMAR como cargador y parte
notificada. Las facturas por dicho transporte se giraron a nombre de
JAIME SORIANO, S.A.
MAPRE, en virtud del contrato de seguro suscrito con BALTIMAR
indemnizó a la asegurada por los daños causados. La demanda se
funda en la legitimación pasiva que ostenta la codemandada A. P.
MOLLER MAERSK A/S en su condición de porteadora de la mercancía, por
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de transporte
de la mercancía en régimen de conocimiento de embarque, previstas
en la legislación aplicable, tal y como consta en el conocimiento de
embarque. Por su parte, la legitimación pasiva de MAERSK SPAIN S.L.U.
se basa en su condición de agente en España de A. P. MOLLER MAERSK
A/S conforme al artículo 3 de la Ley de 22 de diciembre de 1949, de
Transporte Marítimo de Mercancías en Régimen de Conocimiento de
Embarque, en relación al artículo 586 del Código de Comercio.
TERCERO. Si bien es cierto que el Tribunal Supremo, desde los principios
de unidad de la culpa civil y yuxtaposición de responsabilidades
contractual y extracontractual, ha venido declarando que goza el juzgador
de libertad para encuadrar la conducta del demandado en la culpa
contractual o en la culpa extracontractual, por corresponder a sus
facultades de aplicación de la norma pertinente conforme al principio
iura novit curia, y siempre que ello no genere indefensión (entre otras,
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2004), lo cierto es
que en la determinación del tribunal competente ha de estarse a la acción
ejercitada como base de la responsabilidad, sin que pueda confundirse
este aspecto con el de la norma aplicable a la relación subyacente y
los límites de la congruencia. Resulta evidente que la acción ejercitada
se funda en el incumplimiento de un contrato de transporte marítimo
en régimen de conocimiento de embarque, de manera que debemos
estar a su contenido para determinar la validez o no de la cláusula de
sumisión a la Hight Court of Justice. La demanda sustenta la legitimación
de A.P. MOLLER MAERSK, A/S en el incumplimiento del contrato de
transporte, resultando la vinculación solidaria de MAERSK SPAIN, S.L.U.
de su condición de agente de la naviera, en aplicación de la jurisprudencia
del Tribunal Supremo. No debemos olvidar que es esta última entidad
quien además suscribe el conocimiento de embarque como agente del
transportista.
Respecto al documento en sí ninguna duda cabe sobre la inclusión de la
cláusula en cuestión, que aparece en su reverso. Lo que se acompaña a
la demanda es una copia incompleta, y lo cierto es que el cargador no
puede ignorar su contenido teniendo en cuenta que el propio documento
hace mención en su anverso a las cláusulas de su reverso. Resulta
acreditado además que se trata del modelo estándar utilizado por las
codemandadas (folios 278 a 281), y que en la propia demanda se
reconoce que BALTIMAR S.A. trabaja desde 1990 casi en exclusiva con
las demandadas y contrata al año unos doscientos contenedores. Las
demandadas aportaron el original del documento, con su traducción
(folios 253 a 257) en cuyo reverso se contiene la cláusula (26) de
sumisión al Tribunal Superior de Justicia de Londres. Resulta importante
destacar que también se efectúa el sometimiento a la legislación inglesa.
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre
de 2005 "la recurrente basó la pretensión que ejercita en el referido
Conocimiento de embarque, pero ha de ser en su texto íntegro y no
fraccionado, a cuyo propósito la sentencia de 6 de febrero de 2003 dice
que cuando la actora fundamenta su acción en un preciso documento
no puede cuestionar la parte del mismo que le perjudica con el pretexto
de no estar firmado o aparezcan firmas distintas, lo que es aplicable
a los Conocimientos de embarque". Según hemos destacado tampoco
puede justificar ese fraccionamiento un supuesto desconocimiento del
clausulado.
El conocimiento de embarque cumple tres funciones esenciales: la prueba
del contrato, el recibo de la entrega y el título representativo de las
mercancías, lo que facilita la cesión del contrato. Como consecuencia de
ello incorpora el derecho a exigir la entrega de las mercancías en el lugar
de destino. La posición de las partes, porteador y cargador, se describe
literalmente en el propio conocimiento. De lo expuesto se desprende que
el cargador, en este caso BALTIMAR S.A., no es un tercero en relación al
contrato.
Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley de 22 de
diciembre de 1949, es obligación del porteador la entrega al cargador del
conocimiento firmado por el propio porteador o por su agente, como así
sucedió, quedando en consecuencia las partes vinculadas en los términos
fijados en el documento, entre ellos la controvertida cláusula de sumisión
a los tribunales ingleses.
Hay que destacar además que se trata de una cláusula habitual
en el transporte marítimo internacional, como se desprende de los
conocimientos de embarque aportados por las demandadas (folios 268 a
277).
El sistema previsto en la LOPJ para determinar la competencia judicial
internacional es aplicable con carácter general fuera del ámbito del
Reglamento Bruselas I. El artículo 23 del Reglamento 44/2001, de 22 de
diciembre de 2000, contiene el régimen aplicable para que las cláusulas
de elección de foro tengan eficacia ante nuestros tribunales. En este
caso las partes han optado por elegir los órganos jurisdiccionales de un
Estado parte y al menos una de ellas se encuentra domiciliada en un
Estado miembro. Se cumplen además los requisitos contemplados en
dicho precepto de celebración por escrito en una forma acorde con los
usos observados en un ámbito, como el que nos ocupa, fuertemente
internacionalizado.
Si bien la labor de control de estos aspectos corresponde al Juez nacional,
la eficacia de la cláusula queda sometida al Reglamento 44/2001, o
anteriormente al Convenio de Bruselas. Como señala la Sentencia del
Tribunal Supremo de 5 de julio de 2007, para que el uso al que se
acomoda la forma de inclusión del acuerdo de elección del foro tenga
virtualidad para atribuir validez y eficacia a éste es preciso que, desde
luego, sea conocido o deba serlo por las partes en la relación jurídica
concreta, pero, al tiempo, es necesario que sea ampliamente conocido
por los operadores en el sector comercial considerado y regularmente
observado por éstos, y no necesariamente por las partes de la relación
jurídica, en los contratos del mismo tipo en dicho sector comercial. Señala
la citada resolución que la expresión «sector comercial considerado» no
puede ser interpretada en el sentido de atender al específico tráfico o a la
concreta actividad que constituye el objeto de la relación jurídica litigiosa,
sino que ha de estarse al género en donde se incluye ese específico tráfico
o actividad. Así, basta con atender al ámbito del comercio, definido por
la clase de relación jurídica y las circunstancias que la modalizan, en
que se desarrolla la relación comercial internacional entre las partes, de
manera que, si ésta se traduce en un contrato de transporte marítimo
internacional de mercancías en régimen de conocimiento de embarque,
será éste, independientemente del objeto del transporte y del espacio
geográfico en que se desenvuelva, el sector comercial afectado al que
habrá de estarse para comprobar la regular observancia de la práctica
que conforma el uso al que ha de ajustarse la forma de celebración del
convenio atributivo de competencia, al no haber constancia de que el
objeto del transporte o su ámbito geográfico caractericen singularmente la
relación jurídica.
Ya hemos señalado que BALTIMAR, S.A., asegurada por la demandante,
era parte en el contrato en su condición de cargador, que la compañía
porteadora, a través de su agente, emitió regularmente el conocimiento
de embarque, cuyo contenido por lo tanto conocía o debía conocer
el cargador, y que la relación entre las partes no solo se ajusta a los
términos en que habitualmente se viene contratando entre las partes en
multitud de ocasiones por medio de modelos estandarizados, sino que se
ajusta a los modelos y términos utilizados en el mismo ámbito comercial
en el que incluso se introducen cláusulas del mismo tipo.
Por otra parte la eficacia de la cláusula debe examinarse con arreglo a
lo dispuesto en el Reglamento 44/2001, como régimen uniforme, no en
otras normas como la Ley de Condiciones Generales de la Contratación o
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tampoco es aplicable el sistema previsto
en la LOPJ. Sobre la norma aplicable en supuestos como el que nos
ocupa (refiriéndose al anterior Convenio de Bruselas), se pronuncian
las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2005 y
5 de julio de 2007, sin que además sea obstáculo a la eficacia de la
cláusula la falta de firma del cargador, analizando para ello los requisitos
que contemplaba el Convenio de Bruselas y la jurisprudencia del TJCE
reflejada en sus sentencias de 19 de junio de 1984 y 16 de marzo de
1999.
Respecto al pretendido abuso en la utilización de la declinatoria
internacional por la parte codemandada domiciliada en España, este
argumento supondría sin más negar eficacia a las cláusulas de sumisión
con el único fundamento de que el demandado se encuentra domiciliado
en España. Por otro lado la codemandada A.P. MOLLER MAERSK A/S es
una sociedad danesa y precisamente nos encontramos ante un sector
en el que la introducción de este tipo de cláusulas es habitual, tanto
por la diversidad del propio tráfico marítimo, de las sociedades que
intervienen, domiciliadas en muy diversos países, como por la preferencia
de aplicación de un régimen legal al que las partes se someten también,
como es el de la legislación inglesa. Este aspecto, el del interés legítimo
en acudir a los tribunales del Estado a cuya legislación las partes se
someten también, es destacado en la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Madrid de 17 de mayo de 2005. En definitiva, la pretensión de
establecer un régimen común en relación a los tribunales competentes
y la legislación aplicable a cuantas cuestiones se susciten derivadas de
la relación contractual atendiendo a los usos del sector del comercio
internacional en el que nos encontramos no puede considerarse abusiva.
CUARTO. La conclusión de lo expuesto es la desestimación del recurso de
apelación interpuesto, con imposición al recurrente de las costas causadas
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 LEC.