LA SALA ACUERDA
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación
interpuesto por la representación procesal de D. Camilo contra el auto
de fecha 10 de noviembre de 2008 dictado por el Juzgado de Primera
Instancia 4 de Pontevedra en el proceso sobre reconocimiento de
resolución extranjera nº 534/2008, con imposición de las costas causadas
en esta alzada a la parte apelante.
PRIMERO. - Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Pontevedra,
con fecha 10 noviembre 2008, se ha dictado Auto cuya parte dispositiva
expresa:
"Se otorga el reconocimiento por este Juzgado la sentencia dictada por
el Tribunal de Distrito Judicial de Rotterdam en fecha 10 de diciembre de
1999 y que ha sido solicitada por el Abogado del Estado. "
SEGUNDO. - Notificado dicha resolución a las partes, por D. Camilo se
interpuso recurso de apelación, que fue admitido en ambos efectos, por
lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala, señalándose el día diez
de septiembre para la deliberación del recurso, designándose ponente al
Magistrado D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ, quien expresa
el parecer de la Sala.
TERCERO. - En la tramitación de esta instancia se han observado las
prescripciones y términos legales.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. - Se recurre en apelación el auto dictado el 10 de noviembre
de 2008 por el Juzgado de Primera Instancia 4 de Pontevedra
sobre reconocimiento de resolución extranjera, concretamente del
reconocimiento de sentencia dictada por el Tribunal de Distrito Judicial de
Rotterdam el 10 de diciembre de 1999, sentencia en la que se establece
a cargo del apelante la obligación de alimentos a favor de su ex esposa y
de sus dos hijas menores de edad, siendo de 500 florines mensuales para
cada una.
Tanto la resolución impugnada como las partes aplican el Reglamento
(CE) 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 relativo a
la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil. Tal Reglamento no resulta de
aplicación al caso por razones temporales o de derecho transitorio.
Para el reconocimiento de la sentencia que nos ocupa, dictada por un
Tribunal de los Países Bajos, miembro integrante de la Unión Europea, se
debe estar a la regulación contenida en el Convenio de Bruselas de 27 de
septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que ratio tempore
resulta aplicable, a la vista de la fecha de la entrada en vigor del Convenio
de adhesión de España y Portugal celebrado en San Sebastián el 26 de
mayo de 1989 -el cual fue ratificado por España el día 22 de noviembre
de 1990, entrando en vigor para España el 1 de febrero de 1991.
No resulta de aplicación, para el reconocimiento de la resolución ahora
examinada, el Reglamento (CE) núm. 1347/2000 del Consejo, de 29 de
mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad
parental sobre los hijos comunes, que entró en vigor el día 1 de marzo
de 2001, ya que como señala su Preámbulo "debe limitarse a los
procedimientos relativos al divorcio, la separación judicial y la nulidad
del matrimonio, y, por lo tanto, el reconocimiento de las resoluciones
no afecta a cuestiones tales como la culpa de los cónyuges, el régimen
económico matrimonial y las obligaciones de alimentos o a otras posibles
medidas accesorias, a pesar de que son cuestiones que aparecen
vinculadas a dichos procedimientos". Tampoco resulta de aplicación, en
relación con el reconocimiento de la referida resolución, el Reglamento
(CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a
la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, habida cuenta lo dispuesto en sus
arts. 66 y 76 (en este sentido Auto TS de 18 de diciembre de 2003).
El Reglamento (CE) 44/2.001, en aplicación de su artículo 66.1, en
sede de sus disposiciones transitorias, establece que el mismo sólo será
aplicable a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con
posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, lo que tuvo
lugar el día 1 de marzo de 2.002, con lo cual el auto recurrido se funda
en una normativa que resulta inaplicable al supuesto enjuiciado, por más
que, a partir de su entrada en vigor, efectivamente, sustituya, entre los
Estados miembros las disposiciones del Convenio de Bruselas (art. 68.1
Reglamento 44/2001).
SEGUNDO. - Expuesto lo anterior, sin embargo escasamente varía la
regulación establecida en una y otra norma, siendo prácticamente idéntica
la regulación que sobre el reconocimiento de resoluciones judiciales
realiza el Convenio de Bruselas de 1968 y el Reglamento comunitario
44/2001. Asi el art. 26.1 del Convenio establece que las resoluciones
dictadas en un Estado contratante serán reconocidas en los demás
Estados contratantes sin que fuere necesario recurrir a procedimiento
alguno.
El art. 27 del Convenio, en lo que ahora nos interesa es casi idéntico al
art. 34 del Reglamento al señalar que las resoluciones judiciales no se
reconocerán:
1) si el reconocimiento fuere contrario al orden público del Estado
miembro requerido,
2) cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere
entregado o notificado al mismo la cédula de emplazamiento o documento
equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera
defenderse,
3) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un
litigio entre las mismas partes en el Estado miembro requerido,
4) si el Tribunal del Estado de origen, para dictar su resolución, hubiere
desconocido, al decidir de una cuestión relativa al estado o capacidad de
las personas físicas......
5) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con
anterioridad en otro Estado no contratante entre las mismas partes en un
litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última
resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en
el Estado miembro requerido.
Por otra parte el art. 29 establece, al igual que el art. 36 del Reglamento,
que la resolución extranjera en ningún caso podrá ser objeto de una
revisión en cuanto al fondo.
No debe perderse de vista que lo que se interesa es el reconocimiento, no
la ejecución, si bien como requisito previo a la solicitud de su ejecución,
como interesa la parte demandante.
Para proceder a dicho reconocimiento resulta suficiente la documentación
aportada consistente en la copia auténtica de la resolución cuyo
reconocimiento se pretende, incluyendo la apostilla de la Haya, y su
traducción por un traductor jurado, cumpliendo así con la exigencia del
art. 46 del Convenio de Bruselas de 1968. Que la resolución es ejecutoria
y ha sido notificada es una exigencia que el art. 47 del citado Convenio
reserva para cuando se inste la ejecución. Por lo tanto decae el primer
motivo del recurrente cuando opone al reconocimiento que no le ha sido
notificada la sentencia dictada en apelación vulnerando sus garantías
procesales al no darle opción a recurrir en casación. Por el mismo motivo
decae la alegación de la parte apelante en lo referente a que la sentencia
no es ejecutoria, ya que esta es una cuestión que nada tiene que ver
con el reconocimiento de la sentencia que es lo que se ha instado, no su
ejecución.
De igual modo tampoco cabe entrar en la prescripción como causa que
impida el reconocimiento de la sentencia extranjera ya que tal cuestión
tampoco puede incardinarse en alguna de las causas o motivos que,
según el art. 27 del Convenio, impide dicho reconocimiento.
Aunque nada se ha expuesto al respecto, no cabe relacionar el instituto de
la prescripción con el concepto de orden público que viene a relacionarse
con derechos fundamentales, superiores o constitucionales. Sobre este
concepto en la interpretación del Convenio de Bruselas de 1968 se refiere
la STS de 14 de marzo de 2007 señalando que:
"El concepto de orden público, internacionalmente considerado, y cuyo
respeto constituye un ineludible presupuesto del reconocimiento de las
resoluciones extranjeras tanto en el derecho interno español -artículo
954-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - como en el ordenamiento
supranacional, y más específicamente, en el marco de los Convenios de
Bruselas y de Lugano - artículo 27.1 -, carece de un contenido autónomo
y uniforme.
El Tribunal de Justicia comunitario ha señalado que no le corresponde
definir el contenido del concepto de orden público en un Estado parte,
si bien sí puede controlar los límites dentro de los cuales los Tribunales
nacionales pueden recurrir a este concepto como motivo de denegación
del reconocimiento -sentencias de 28 de marzo de 2000, as- C-7/98,
Krombach c. Bamberki, y de 11 de mayo de 2000, as. C-38/98,
Renault SA c. Maxicar SpA-. Se trata, en consecuencia, de un concepto
estrictamente nacional, y, en todo caso, de aplicación excepcional -
sentencias de 4 de febrero de 1988, as. 145/86, Horts, c. Krieg-, respecto
del que el Tribunal comunitario solo ha llegado a definir qué no es, y a
establecer únicamente los límites cuya transgresión autoriza a denegar el
exequatur de la resolución foránea, precisando que se ha de tratar de una
violación manifiesta de una norma considerada esencial o de un derecho
reconocido como fundamental por el ordenamiento del Estado receptor -
sentencias as. C-7/98 y C-38/98 -.
Esta Sala, a la hora de examinar la procedencia del exequatur de las
resoluciones extranjeras en el marco de su competencias, ha configurado
un concepto del orden público, en sentido internacional, y en su vertiente
procesal, en el que se destaca su carácter netamente constitucional,
identificado con los principios, derechos y garantías constitucionalmente
consagrados, en línea con la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional
contenida en las Sentencias 52/89 y 132/91.
Es, pues, ese contenido de los derechos fundamentales el que nutre el
contenido del orden público internacional, en su vertiente procesal, que
se verá, por tanto, vulnerado cuando se violen aquéllos, con el contenido
material que les es propio.".