Staatliche Beihilfe - Spanien

Beihilfe C 50/02 (ex N 373/2001) - Beihilfen für Erzeugerorganisationen von Olivenöl

Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag

(2002/C 222/03)

Mit Schreiben vom 17. Juli 2002, das nachstehend in der verbindlichen Sprachfassung abgedruckt ist, hat die Kommission Spanien ihren Beschluss mitgeteilt, wegen der vorerwähnten Beihilfe das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Die Kommission fordert alle Beteiligten zu den Beihilfen, derentwegen die Kommission das Verfahren einleitet, zur Stellungnahme innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung an folgende Anschrift auf: Europäische Kommission Generaldirektion Landwirtschaft

Direktion Landwirtschaftliche Rechtsvorschriften

Büro: Loi 130 - 5/116 B - 1049 Brüssel Fax (32-2) 296 21 51.

Alle Stellungnahmen werden Spanien übermittelt. Jeder, der eine Stellungnahme abgibt, kann unter Angabe von Gründen schriftlich beantragen, dass seine Identität nicht bekannt gegeben wird.

ZUSAMMENFASSUNG

Verfahren

Mit Schreiben vom 5. Juni 2001 haben die spanischen Behörden der Kommission die betreffende Beihilfe gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag notifiziert.

Beschreibung der Beihilfe

Das geplante Regionaldekret der spanischen Region Estremadura sieht vor, dass den Erzeugerorganisationen von Olivenöl zusätzlich zu dem einbehaltenen Beihilfeprozentsatz gemäß der Verordnung 136/66/EWG eine staatliche Beihilfe gewährt wird, die sich nach der Zahl der von ihnen weitergeleiteten Anträge auf die Erzeugungsbeihilfe für Olivenöl und Tafeloliven berechnet.

Beurteilung der Beihilfe

Beim derzeitigen Erkenntnisstand vertritt die Kommission die Auffassung, dass eine den Erzeugerorganisationen gewährte Beihilfe, die sich nach der Zahl der von ihnen weitergeleiteten Anträge auf die Erzeugungsbeihilfe für Olivenöl und Tafeloliven berechnet, eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag darstellt.

Es handelt sich also beim derzeitigen Stand und auf der Grundlage der verfügbaren Angaben um staatliche Beihilfen, die die finanzielle Lage der Erzeugerorganisationen verbessern sollen, jedoch in keiner Weise zur Entwicklung des Sektors beitragen. Infolgedessen sind diese Beihilfen als Betriebsbeihilfen anzusehen, die als solche mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar sind. Darüber hinaus handelt es sich um Beihilfen, die die Mechanismen der gemeinsamen Marktorganisationen beeinträchtigen können und gegen diese und somit gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßen würden.

Im Lichte der obigen Ausführungen kommen die fraglichen Maßnahmen offenkundig für keinen der Freistellungstatbestände gemäß Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag in Betracht. Die Kommission hat daher beschlossen, das Verfahren gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates können rechtswidrige Beihilfen von dem Empfänger zurückgefordert werden. Außerdem können Ausgaben für einzelstaatliche Maßnahmen, die sich direkt auf Gemeinschaftsregelungen auswirken, von der Finanzierung durch den EAGFL-Haushalt ausgeschlossen werden.

WORTLAUT DES SCHREIBENS

"Por la presente, la Comisión tiene el honor de informar a España de que, tras haber examinado la información proporcionada por sus autoridades sobre la ayuda citada en la referencia, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

Procedimiento

Mediante carta de 5 de junio de 2001, las autoridades españolas notificaron a la Comisión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, las ayudas citadas en la referencia.

Mediante fax de 28 de junio y 12 de septiembre de 2001, y de 29 de enero y 29 de abril de 2002, la Comisión pidió información complementaria, que le fue remitida mediante cartas de 27 de julio de 2001 y de 17 de enero, 4 de marzo y 12 de junio de 2002.

En su carta de 12 de junio de 2002, las autoridades españolas afirmaban que la información proporcionada era completa y suficiente y solicitaban a la Comisión que adoptara cuanto antes una decisión respecto a su compatibilidad.

Descripción

El proyecto de Decreto regional prevé la concesión de ayudas a las organizaciones de productores de aceite de oliva que se ocupan de la gestión de las ayudas a la producción de aceite y de aceitunas de mesa y del control; las ayudas adoptan la forma de una subvención calculada en función del número de solicitudes de ayudas transmitidas. Estas organizaciones desempeñan una actividad administrativa desprovista de carácter comercial y no se ocupan de la comercialización del aceite.

Los beneficiarios son cuatro organizaciones que agrupan a 1500 productores. Estas organizaciones están reconocidas con arreglo al Reglamento n° 136/66/CEE del Consejo, del 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas(1).

Para las primeras 1200 solicitudes transmitidas, la ayuda es de 1500 pesetas españolas (9,02 euros), cifra que puede aumentarse si las solicitudes tratadas han aumentado con relación al año anterior, entre 1600 pesetas españolas (9,62 euros) y 2000 pesetas españolas (12,02 euros) por solicitud. A partir de 1200 solicitudes, la ayuda es de 2000 pesetas españolas (12,02 euros) por solicitud.

La financiación de estas organizaciones está regulada por el Reglamento n° 136/66/CEE que permite en su artículo 20 quinquis, que un 0,8 % del importe de la ayuda a la producción se abone a las organizaciones y uniones reconocidas, con el fin de contribuir a la financiación de los gastos que genera el conjunto de sus actividades.

Según las autoridades españolas, actualmente en la región de Extremadura este importe no se paga en su totalidad a las organizaciones sino que éstas reciben solamente alrededor de 0,6 %. Esta situación se debe a dos factores. En primer lugar, a la diferencia sustancial en el pago de los anticipos del 0,8 %, entre las organizaciones y las uniones de organizaciones, según el Reglamento (CE) n° 647/2001 de la Comisión(2), de 2 euros por solicitud de ayuda, en favor de uniones. España es el único país de la Unión Europea que favorece a las uniones de organizaciones. En segundo lugar, al resultado del reparto del saldo procedente del 0,8 % según el número de solicitudes tratadas por cada organización, lo que genera diferencias entre regiones.

Según las autoridades españolas, las organizaciones de productores de aceite de oliva son un instrumento eficaz para la gestión de las ayudas a la producción, pero en la región de Extremadura la mayoría de las solicitudes de ayuda se efectúan a título individual; las ayudas analizadas permitirían aumentar el número de organizaciones y el número de miembros de las organizaciones existentes.

La duración del régimen de ayudas es indefinida y el presupuesto para el año 2001 es de 20 millones pesetas españolas (120200 euros).

Evaluación de la ayuda

El apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE prevé que serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios entre Estados miembros, las ayudas estatales concedidas por los Estados miembros o por medio de recursos públicos en cualquiera de sus formas, que falseen o que amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones. En el caso que nos ocupa, estas ayudas proporcionan a sus beneficiarios una ventaja que disminuye los gastos que normalmente gravan su presupuesto. Estas ventajas son concedidas por el Estado, o por medio de recursos públicos. Las ayudas son específicas o selectivas en el sentido de que favorecen a determinadas empresas o producciones, a saber, las organizaciones de los productores de aceite de oliva.

Para que sea aplicable el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, las ayudas deben además afectar a la competencia y los intercambios entre Estados miembros. Este criterio implica que los beneficiarios de las ayudas han de ejercer una actividad económica. Según la jurisprudencia reiterada a efectos de esta disposición, se considera que los intercambios quedan afectados a partir del momento en que la empresa beneficiaria ejerce una actividad económica que es objeto de intercambios entre los Estados miembros. El simple hecho de que la ayuda refuerce la posición de esta empresa con relación a otras empresas competidoras en los intercambios intracomunitarios permite considerar que quedan afectados los intercambios.

En el caso analizado, los beneficiarios, es decir, las organizaciones de productores de aceite de oliva, están formadas por productores que ejercen una actividad económica, que es objeto de intercambios entre los Estados miembros. Las exportaciones de aceite de oliva virgen de España a la Unión Europea en 2001 fueron de 592051000 euros y las importaciones 16392000 euros.

En la fase actual, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las medidas en curso son ayudas estatales en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

La letra c) del apartado 3 del artículo 87 prevé que podrán considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de algunas actividades o algunas regiones económicas, cuando no alteren las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común.

El Reglamento 136/66/CEE permite, en su artículo 20 quinquis, que un 0,8 % del importe de la ayuda a la producción se abone a las organizaciones y uniones reconocidas con el fin de contribuir a la financiación de los gastos causados por el conjunto de sus actividades. Además, el apartado 2 del artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 2261/84 del Consejo, de 17 de julio de 1984, por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesión de la ayuda a la producción de aceite de oliva y a las organizaciones de productores(3) establece que los Estados miembros productores se asegurarán de que las cantidades destinadas a las uniones y organizaciones de productores son utilizadas por éstas únicamente para la financiación de las actividades que les incumben con arreglo a la legislación comunitaria, entre las cuales se encuentra la presentación de las solicitudes de ayuda de sus miembros. El apartado 3 del artículo 11 prevé que si los importes no se utilizan total o parcialmente de acuerdo con el apartado 2 deberán reembolsarse al Estado miembro y se deducirán de los gastos financiados por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola.

La concesión de una ayuda estatal a las organizaciones de productores, suplementaria a la ayuda prevista por la normativa comunitaria, no está prevista por esta normativa y podría causar distorsiones en el mercado y una posible discriminación de los demás productores de la Unión Europea. En efecto, estas organizaciones de productores que se ocupan de la gestión de las ayudas se beneficiarían de dos ayudas: una ayuda comunitaria y una ayuda estatal añadida a la anterior. Aunque la actividad de gestión de las ayudas a la producción no sea en sí misma una actividad económica, puede suponer una ventaja para los productores integrados en las organizaciones beneficiarias de estas ayudas con respecto a productores que no estén integrados en una organización o estén integrados en otras organizaciones que no reciben ayudas estatales. Este será especialmente el caso cuando el importe total de las ayudas percibidas supere los gastos de la gestión de las ayudas y el excedente se destine a los productores o a actividades en beneficio de los productores. Además los productores o las organizaciones que no se benefician de la ayuda estatal podrán verse obligados a sufragar una parte del coste de gestión de las solicitudes de ayuda, a lo que no deberán hacer frente los productores integrados en las organizaciones beneficiarias de las ayudas.

Teniendo en cuenta que las autoridades españolas, en su carta de 12 de junio de 2002, consideraron que la información proporcionada era completa y suficiente y solicitaban a la Comisión que adoptara cuanto antes una decisión respecto a su compatibilidad, la Comisión debe tomar su decisión sobre la base de la información disponible.

Sobre la base de la información disponible, las ayudas previstas parecen ser ayudas estatales destinadas a mejorar la situación financiera de las organizaciones de productores de aceite de oliva, que no contribuyen de ninguna manera al desarrollo del sector [punto 3.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario(4)]. Por lo tanto, en esta fase, estas ayudas se consideran ayudas al funcionamiento, incompatibles con el mercado común. Este tipo de ayudas no tienen ningún efecto duradero sobre el desarrollo del sector y su efecto inmediato desaparece con la propia medida [véase sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de junio de 1995, en el asunto T-459/93: Siemens S.A. contra Comisión(5)]. Estas ayudas conducen directamente a mejorar las posibilidades de producción y comercialización de los productos por parte de los operadores afectados con respecto a los que no se benefician de ayudas comparables (en el territorio nacional o en otros Estados miembros).

También debe considerarse que estas ayudas a las organizaciones de productores de aceite de aceituna se refieren a un producto, el aceite de oliva, sujeto a una organización común de mercado(6), que es competencia exclusiva de la Comunidad y en cuyo funcionamiento la capacidad de intervención de los Estados miembros está limitada. La jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia [véase, entre otras, la sentencia de 26 de junio de 1979 en el asunto 177/78: Pigs and Bacon contra Mc Carren(7)] establece que las organizaciones comunes de mercado deben considerarse sistemas completos y exhaustivos que excluyen cualquier competencia de los Estados miembros para adoptar medidas que pudieran establecer excepciones o perjudicarlas. Por lo tanto, y en esta fase, cabe considerar estas ayudas como una infracción a las organizaciones comunes de mercado y en consecuencia a la normativa comunitaria.

Teniendo en cuenta cuanto se ha expuesto, y en esta fase, las ayudas analizadas no pueden acogerse a ninguna de las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. La Comisión, por lo tanto, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Comisión, en el marco del procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, insta a España a que presente sus observaciones y facilite toda la información pertinente para la evaluación de la ayuda/medida en un plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la presente.

La Comisión desea recordar a España el efecto suspensivo del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, que prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario. Además, el gasto relativo a medidas nacionales que afecten directamente a medidas comunitarias podrá no ser subvencionable con cargo al presupuesto del FEOGA.".

(1) DO 172 de 30.9.1966, p. 3025.

(2) DO L 91 de 31.3.2001, p. 44.

(3) DO L 208 de 3.8.1984, p. 3.

(4) Véase la nota a pie de página 1.

(5) Recopilación 1995, p. I-1675

(6) Reglamento n° 136/66/CEE.

(7) Recopilación 1979, p. 2161.