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You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
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CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00158-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 76/100
SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 11 y 17 de
mayo de 2007 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00158-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 76/100
SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 11 y 17 de
mayo de 2007 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00092-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 19 de
setiembre de 2006, a folios 39, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 33/100 SOLES, más los intereses
devengado y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 26 y 27 de setiembre de 2006 (folios 40-41), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 19 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00092-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 19 de
setiembre de 2006, a folios 39, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 33/100 SOLES, más los intereses
devengado y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 26 y 27 de setiembre de 2006 (folios 40-41), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 19 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00068-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
agosto de 2007, a folios 32, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
31/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 19 de setiembre de 2007 (folios
33-34), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 20 de agosto del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00068-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
agosto de 2007, a folios 32, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
31/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 19 de setiembre de 2007 (folios
33-34), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 20 de agosto del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley.<|im_end|> |
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Expediente : N° 00321-2004-16JTTL
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y TRES
Lima, siete de diciembre
de dos mil veintiuno. -
Por recibidos los autos procedentes de la Primera Sala Laboral Transitoria de Lima: atendiendo a
que mediante Sentencia de Vista contenida en la Resolución Número 40 de fecha 26 de agosto de 2021
se declaró nula la Sentencia N° 266-2016-08° JTTL-ENSF contenida en la Resolución N° 33 de fecha
16 de setiembre del 2016 (de fojas 450 a 461) en virtud de la cual se declaró fundada en parte la
demanda; se tiene que procediendo en rigor de las directivas impartidas por el Superior Jerárquico, al
amparo de lo prescrito por el artículo 47 inciso 1) de la Ley Procesal del Trabajo-Ley 26636:
REINGRESEN LOS AUTOS A DESPACHO PARA SENTENCIAR.- Avocándose al conocimiento de la
presente causa, el señor Juez que suscribe, interviniendo la Especialista Legal que da cuenta por
disposición superior.
Notifíquese conforme a ley. - | <|im_start|>system
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Página 1 de 1
Expediente : N° 00321-2004-16JTTL
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y TRES
Lima, siete de diciembre
de dos mil veintiuno. -
Por recibidos los autos procedentes de la Primera Sala Laboral Transitoria de Lima: atendiendo a
que mediante Sentencia de Vista contenida en la Resolución Número 40 de fecha 26 de agosto de 2021
se declaró nula la Sentencia N° 266-2016-08° JTTL-ENSF contenida en la Resolución N° 33 de fecha
16 de setiembre del 2016 (de fojas 450 a 461) en virtud de la cual se declaró fundada en parte la
demanda; se tiene que procediendo en rigor de las directivas impartidas por el Superior Jerárquico, al
amparo de lo prescrito por el artículo 47 inciso 1) de la Ley Procesal del Trabajo-Ley 26636:
REINGRESEN LOS AUTOS A DESPACHO PARA SENTENCIAR.- Avocándose al conocimiento de la
presente causa, el señor Juez que suscribe, interviniendo la Especialista Legal que da cuenta por
disposición superior.
Notifíquese conforme a ley. -<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00124-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de enero de 2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00124-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de enero de 2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00136-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 28, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 38/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero
de 2007 (folios 29-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00136-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 28, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 38/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero
de 2007 (folios 29-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00115-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
febrero de 2008, a folios 29-34, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por PROFUTURO AFP
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 54/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 13 de marzo
de 2008 (folios 35-36), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de febrero del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00115-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
febrero de 2008, a folios 29-34, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por PROFUTURO AFP
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 54/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 13 de marzo
de 2008 (folios 35-36), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de febrero del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley.<|im_end|> |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
Demandante: García Alfaro Eduardo Eladio
Demandado: TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
Materia: Reintegro de Remuneraciones y Pago de Beneficios Sociales.
Expediente: Nº 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
Especialista Legal: Yhalyn Kattya Mantilla Huamán
SENTENCIA Nº 084 - 2020-14°- JTTL
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y NUEVE
Lima, veintinueve de setiembre
Del año dos mil veinte.-
I. ANTECEDENTES:
Resulta de autos, que con el escrito corriente de fojas 85 a 102, don
EDUARDO ELADIO GARCIA ALFARO, interpone DEMANDA SOBRE
REINTEGRO DE REMUNERACIONES Y PAGO DE BENEFICIOS
SOCIALES contra TELEFONICA DEL PERU S.A.A a fin que cumpla con
abonarle la suma de S/. 288,662.29 (Doscientos ochenta y ocho mil
seiscientos sesenta y dos con 29/100 nuevos soles) por homologación del
haber básico, reintegros de gratificaciones de julio y diciembre, reintegro de
gratificación vacacional, reintegro de compensación por tiempo de servicios,
reintegro de utilidades y por el no pago de la gratificación extraordinaria por
productividad de los años 2001, 2002, 2003 y 2004..
II. EXPOSICIÓN POSTULATORIA EXPRESADA POR LAS PARTES
Del demandante:
Funda su acción en las citas legales que hace mención, y en el hecho de
haber ingresado a laborar para la demandada antes denominada Empresa
Nacional de Telecomunicaciones desde el 01 de julio de 1980, siendo que
después de la fusión de Entel Perú con la ex Compañía Peruana de Teléfonos
S.A., los trabajadores de Entel Perú continuaron con la relación laboral en
idénticas condiciones que las originales para un nuevo empleador, que
finalmente se convirtió en Telefónica del Perú S.A.A., sin embargo al
consolidarse ambas organizaciones se presentaron diversos problema en el
ámbito laboral, sobre todo por el hecho de existir notables diferencias
remunerativas entre el personal proveniente de Entel Perú y el que provenía
de CPT S.A. pues no obstante realizar ambos idénticas funciones y bajo las
mismas condiciones, los últimos son mejor remunerados, por lo que solicita
que la demandada cumpla con homologar su remuneración básica con la
que percibe un trabajador proveniente de la ex CPT S.A. considerando que
su categoría de Experto, y que por lo tanto debería percibir S/.8,969.92
nuevos soles tal como se le otorga al señor Felix Salomon Alarco Gonzales
Finalmente, en cuanto a la gratificación extraordinaria por productividad,
precisa que el 14 de junio de 1996 la demandada suscribió un convenio
colectivo en cuya cláusula quinta, referida a Acuerdos sobre
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
Remuneraciones y Condiciones de Trabajo, se pactó en su numeral 4 el
otorgamiento de dos remuneraciones básicas mensuales en calidad de
gratificación extraordinaria por productividad, la que sería pagada el 31 de
mayo de cada año, a partir del año 1996, indica que la empresa demandada
incumplió con los mismos, pues la gratificación extraordinaria por
productividad de los años 2001, 2002, 2003 y 2004 no le fue pagada; razones
todas ellas por las cuales acude a la presente judicatura.
De la demandada:
Admitida a trámite la demanda mediante la resolución número uno, a fojas
103, se corrió traslado de ley, siendo que la demandada mediante escrito de
fojas 134 a 152, contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en
todos sus extremos señalando que la existencia de diferencias remunerativas
no ha obedecido a ninguna voluntad discriminatoria de la empresa, sino que
ha sido el resultado de la agrupación bajo una misma empresa, de
trabajadores provenientes de dos empresas distintas, bajo el marco del
proceso privatizador de los servicios de Telecomunicaciones en el Perú, por
consiguiente, la sola verificación de una diferencia remunerativa heredada
de la administración estatal de dos empresas distintas no genera un derecho
automático de nivelación u homologación salarial, sostiene que mediante
convenio colectivo de 30 de marzo de 1995, se acordó que la empresa
efectuaría un aumento de sueldos y salarios específico y particular para los
trabajadores provenientes de ex Entel, con el objeto de aminorar la diferencia
que pudiera existir con los suelos y salarios básicos que perciben los
trabajadores provenientes de la CPTSA, posteriormente mediante convenio
colectivo de fecha 14 de unió de 1996, se llegó a un nuevo acuerdo respecto a
que se encuentra totalmente satisfecho el propósito que tuvieran al suscribir
las actas de fecha 30 de marzo de 1995, sobre la base de ello, señala que
resulta incontrovertible que en la empresa se ha llevado a cabo un proceso
de homologación de las remuneraciones de los trabajadores provenientes de
la ex Entel Perú con las de los trabajadores de la ex Compañía Peruana de
Teléfonos S.A. y que ello se ha ocurrido en forma consensuada con las
organizaciones sindicales, por lo que el proceso no sólo ha sido debidamente
fiscalizado, sino que también ha alcanzado un resultado exitoso. Con
respecto a la gratificación extraordinaria por productividad refiere que a
partir del año 2000, la empresa no tuvo obligación de otorgar esta
gratificación en tanto el convenio colectivo del 14 de junio de 1996, tuvo
como fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999.
III. DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:
Citadas las partes a la Audiencia Única, la misma se llevó a cabo en los
términos que obran en el acta que corre en autos de fojas 162 a 164;
oportunidad en la que se declaró saneado el proceso, dejándose constancia
de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio por mantener cada
una de las partes sus propios puntos de vista; se fijaron los puntos
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controvertidos, se actuaron los medios probatorios presentados por las
partes; y habiendo precluido la etapa postulatoria y probatoria, corresponde
al estado de la causa emitir sentencia.
IV. ANÁLISIS DEL CASO:
PRIMERO: DE LA FINALIDAD DEL PROCESO:
La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es
lograr la paz social en justicia. Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el
artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable en
vía supletoria para el caso de autos, establece que toda persona tiene
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus
derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. -
SEGUNDO: DE LA CARGA DE LA PRUEBA:
Que, conforme lo dispone el artículo 27° de la Ley 26636 Ley Procesal del
Trabajo, corresponde a las partes probar sus afirmaciones, y esencialmente al
trabajador probar la existencia del vínculo laboral, la existencia del despido,
su nulidad cuando la invoque y la hostilidad; mientras que corresponde al
empleador probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las
normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno
de trabajo, el contrato individual de trabajo y la causa del despido.
TERCERO: DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Que, estando a lo resuelto en Audiencia Única, se fijan como puntos
controvertidos, respecto de determinar:
1. Si se ha producido discriminación en las remuneraciones del actor con
relación a otros trabajadores en las mismas condiciones.
2. Si como consecuencia de lo anterior, le corresponde reintegros en sus
remuneraciones por homologación de la remuneración básica desde junio
2001 hasta el 31 de octubre de 2004, en el cargo de Experto.
3. De ser el caso si le corresponde al actor el pago de reintegros de
gratificaciones ordinarias, vacaciones, gratificaciones por productividad,
compensación por tiempo de servicios y utilidades desde el 2001 al cese del
actor; por efecto de los reintegros por homologación.
CUARTO: DE LA RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES:
Conforme se desprende de las Boletas de Pago del actor (fojas 02/30), se
tiene que su fecha de ingreso fue el 16 01/07/1980 lo que se desprende
también de lo manifestado por las partes en sus escritos de demanda y
contestación, lo cual constituye declaración asimilada en el presente proceso,
teniéndose así por acreditada la existencia de vínculo laboral entre las partes.
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QUINTO: DE LA HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIÓN BÁSICA:
A) DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD:
5.1. Los principios laborales constitucionales son aquellas reglas rectoras
que informan la elaboración de las normas de carácter laboral, con la
finalidad de servir de fuente de inspiración directa o indirecta en la solución
de conflictos, sea mediante la interpretación, aplicación o integración
normativa; la relación laboral se caracteriza en sí misma por la desigualdad,
lo que hace que el empleador devengue en la parte “fuerte” e “imponente” y
el trabajador en la parte “débil” e “impotente”. Para hacer frente a ello se
afirman los principios protectores o de igualación compensatoria, mediante
los cuales, reconociéndose la existencia asimétrica de la relación laboral se
promueve, por la vía constitucional y legal, la búsqueda de un equilibrio
entre los sujetos que la conforman1.
5.2. La frase muy conocida “de a igual trabajo, igual remuneración” si bien
no tiene un sustento legal que lo ampare, resultando un apotegma jurídico,
sin embargo sus raíces las podemos encontrar en el conjunto de los
denominados derechos de segunda generación recogidos en algunos
instrumentos generales del Sistema Universal tales como el Acta
Internacional de Derechos Humanos contenidas en las cláusulas generales
sobre derechos humanos que aparecen en la Carta de las Naciones en la que
entre sus rasgos comunes se identifica el principio de igualdad o no
discriminación, lo cual representa la idea de justicia en la normativa sobre
derechos humanos, tratándose de una cláusula que contiene derechos
implícitos que vienen siendo incorporados en Tratados Internacionales.
5.3. Así en el Convenio Nº 100 y la recomendación Nº 90 de la
Organización Internacional del Trabajo se enumera una serie de medidas
para promover y garantizar la aplicación del “principio de igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina
por un trabajo de igual valor”; en el Convenio Nº 100 se prevé que las tasas
de remuneración deben fijarse sin consideraciones relativas al sexo del
trabajador; además, se exige que la mano de obra de los trabajadores y las
trabajadoras obtengan igual remuneración por “trabajos de igual valor” y no
sencillamente por “el mismo” trabajo o un trabajo “similar”; la aplicación de
este principio supone comparar los trabajos entre sí para determinar su valor
relativo.
5.4. Pues bien considerando que para efectos de interpretar los derechos
reconocidos en la Constitución Peruana de 1993, se debe recurrir a los
Tratados Internacionales, conforme a lo prescrito en la Cuarta Disposición
Transitoria y Final que textualmente señala: “Las normas relativas a los
1 Mesinas Montero, Federico y otro: PROBLEMAS Y SOLUCIONES LABORALES: Guía de Casos de
Controversia s Laborales resueltos por los Tribunales; Manual Operativo 2. Gaceta Jurídica. primera
edición. Enero 2008. pags.9-10.
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DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados
por el Perú”, sobre el marco de los instrumentos internacionales citados y los
parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia
acotada al referirse a la aplicación del principio derecho a la igualdad, por lo
que la presente causa debe resolverse bajo su imperio regulador que se
expande a todas las personas en virtud de no acreditar ningún atisbo de
discriminación; por ende, luego de haber satisfecho dicha prioridad, se debe
verificar del análisis de los actuados, la adjudicación de beneficios a favor
del trabajador con quien se ha efectuado la comparación remunerativa.
B) DE LA DIFERENCIA REMUNERATIVA
5.5. Que, como bien indica el demandante, en el año 1994, la empresa
española Telefónica del Perú S.A.A. ganó la buena pro de las acciones que
tenía el Estado en la Ex - Compañía Peruana de Teléfonos S.A. y en el mes de
noviembre del mismo año se produjo la fusión entre la Compañía Peruana
de Teléfonos S.A. y ENTEL PERÚ S.A. en virtud de la cual la primera
compañía absorbió a la segunda empresa, tomando la denominación de
Telefónica del Perú S.A.A. asumiendo el activo y pasivo de ambas empresas;
circunstancia que originó que también los trabajadores terminaran siendo
dependientes de la demandada, pero ocasionándose una desproporción en
cuanto a las remuneraciones, puesto que los trabajadores de ENTEL PERÚ
S.A. que funcionaba a nivel de provincias percibían remuneraciones
menores a los que ganaban los trabajadores de la Compañía Peruana de
Teléfonos que funcionaba a nivel de Lima, desproporción que conforme es
de apreciarse de las circunstancias descritas no es atribuible a la
codemandada Telefónica del Perú S.A.A., sino que estas obedecían a las
particulares categorías remunerativas y niveles salariales que existían en las
empresas de origen ENTEL PERÚ S.A. y CPT S.A., por lo que el sustento de
la desproporción que podría existir entre un mismo nivel de trabajador en
cuanto a sus remuneraciones, no podría en principio estar sustentado en
actos de discriminación perse.
5.6. Pues bien, atendiendo al hecho reconocido de la disparidad
remunerativa, y aun cuando de conformidad con el artículo 28º de la
Constitución inciso 2) segundo párrafo, la convención colectiva tiene fuerza
vinculante en el ámbito de lo concertado, también es cierto que de acuerdo a
lo establecido en el artículo 43º de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
modificado por el artículo 2º de la Ley Nº 27912, publicado el 08 de enero de
2003, la convención colectiva de trabajo tiene entre sus características
modificar de pleno derecho los aspectos de la relación de trabajo sobre los
que incide. Los contratos individuales quedan automáticamente adaptados a
aquella y no podrán contener disposiciones contrarias en perjuicio del
trabajador; siendo ello así y estando al reconocimiento de remuneraciones
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diferentes dentro de una misma categoría ocupacional como consecuencia
de la fusión de las empresas, se debe verificar si tal situación se ha dado en
relación al accionante y para ello, deberá tener en cuenta el precedente de
observancia obligatoria emitido por la Primera Sala Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante
Casación Nº 208-2005-PASCO del 12 de diciembre del 2005, que en su
sétimo considerando establece criterios mínimos a ser tomados en
consideración para comparar la situación de dos trabajadores, señalando que
tiene decisiva importancia establecer: “a) la procedencia del homólogo con el
cual se realizan las comparaciones; b) la categoría o nivel ocupacional al
que pertenece el homólogo y el demandante; c) la antigüedad laboral en la
empresa, las labores realizadas de ser el caso, diferenciar en forma
disgregada los conceptos remunerativos que se perciban en ambos casos,
entre otros que se consideren necesarios”.
5.7. En este punto, cabe precisar que el precedente Pasco, resulta
plenamente aplicable para el caso de autos, habida cuenta que ya la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia
de la República, como ente máximo jurisdiccional, en la CAS, LAB N° 17623-
2013 LIMA, de fecha 09 de diciembre de 2014, ha establecido “CUARTO: Del
análisis del caso. (…) 4.4. Finalmente, señala que no es de aplicación al presente
caso la Casación N° 208-2005 Pasco, toda vez que considera que dicha ejecutoria
abarca reintegros del haber básico y remuneraciones complementarias; distinto al
caso de autos que versa sobre homologación de remuneraciones; sin embargo, no se
tiene en cuenta que el caso que nos ocupa versa sobre una petición de
reintegro de sueldo básico, por efecto de la evaluación y nueva
categorización, en el que el actor sustenta que mantiene la misma categoría
que sus supuestos homólogos o pares y; pese a ello, percibe una
remuneración inferior. En ese sentido, es factible la aplicación de esta
sentencia Casatoria, en razón a que establece los criterios mínimos a ser tomados
en consideración para comparar la situación de dos trabajadores, señalando que tiene
decisiva importancia establecer: “a) la procedencia del homólogo con el cual se
realizan las comparaciones; b) la categoría o nivel ocupacional al que pertenece el
homólogo y el demandante; c) la antigüedad laboral en la empresa, las labores
realizadas de ser el caso, diferenciar en forma disgregada los conceptos
remunerativos que se perciban en ambos casos, entre otros que se consideren
necesarios”; por tanto, advirtiéndose que el caso sublitis estriba en el
reintegro del sueldo básico por efecto de la nueva categorización (ello
según se advierte de la teoría del caso desarrollada por el actor en su
demanda, entendida como aquella versión que construye cada una de las
partes respecto de la forma en que se dieron los hechos, mencionando las
pruebas que lo sustentan y la norma en que respaldan su pretensión), siendo
que el demandante sostiene que pese a ostentar el mismo cargo que sus
compañeros provenientes de la ex CPT percibe una remuneración inferior,
como expresamente señala en su escrito de demanda a fojas 88/89 parte
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DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
pertinente, y que además solicita la comparación con el trabajador homólogo
Sr. Félix Salomón Alarco Gonzales (fojas 88/89), es decir, que fundamenta su
pretensión en la comparación con un trabajador que él considera su análogo,
todo ello determina que resulte plenamente aplicable el precedente Pasco.
C) DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CASACIÓN N° 208-
2005-PASCO
5.8. Que, para el caso sub litis, se tendrá entonces como referencia de
comparación al trabajador Félix Salomón Alarco Gonzales, propuesto por el
actor en su teoría del caso desarrollada en la demanda, es decir, como
fundamento de su causa petendi, sobre este último concepto el Tribunal
Constitucional en la sentencia de fecha 05 de abril de 2004, recaída en el
Expediente N° 0569-2003-AC/TC, ha precisado:
“11. El objeto litigioso está constituido por dos elementos que la doctrina
denomina petitum y causa petendi. “Si el petitum consiste en la solicitud de
una resolución judicial idónea para la realización de un bien de la vida
(entendido en la acepción más amplia), la causa petendi estará constituida por
la indicación y la determinación del hecho constitutivo del derecho al bien
perseguido, además del hecho que determina el interés de obrar en juicio.
La causa petendi es entonces la razón, el porqué, o, más exactamente, aún el
título de la demanda”(Giannozzi Giancarlo “La modificazione della domanda
nel processo civile”Giuffré, Milano, 1958, pág. 15).
5.9. Por lo que estando a que el hecho constitutivo que lleva al actor a
solicitar el reintegro del haber básico, según determina este Juzgado, es la
diferencia existente con el trabajador Félix Salomón Alarco Gonzales, y que
ha identificado el accionante como homólogo en su acto postulatorio ( fojas
88/89) y con quien desea se efectúe la comparación a fin de constatar la
disparidad injustificada que denuncia; se considerarán por tanto los datos
consignados respecto a dicho trabajador, en atención a los Informes
Revisorios que obran en autos; en este sentido, y en virtud a la referida
casación, debe procederse a analizar la categoría, antigüedad y nivel del
supuesto trabajador homólogo propuesto y del demandante.
5.10. Que, ahora bien, en cuanto a la procedencia del homólogo, no existe
controversia respecto a que el trabajador Sr. Félix Salomón Alarco Gonzales
proviene de la Ex CPT S.A. (Compañía Peruana de Teléfonos), mientras que
el actor registra como empresa de origen ENTEL PERU S.A. (Empresa
Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A.).
5.11. En cuanto a la antigüedad laboral en la empresa; se debe tener en
cuenta que no es materia de controversia el hecho de que al fusionarse las
empresas ENTEL PERÚ S.A. y CPT S.A. los trabajadores se incorporaron a la
demandada con una diferencia salarial básica entre las mismas; asimismo,
constituye un hecho aceptado por ambas partes que la demandada a partir
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de la fusión ejecutó un programa de homologación de cargos y funciones y
estableció nuevas categorías para todo su personal; por lo que del Informe
Pericial N° 008-SMCC-2°-JLL-PJ, de fojas 399 a 401, se advierte:
Trabajador Fecha de ingreso
EDUARDO ELADIO GARCÍA (demandante) 01/07/1980
FELIX SALOMON ALARCO GONZALES (homologo) 01/01/1979
(cid:1)
De lo cual se evidencia que, el actor ingresó a laborar
aproximadamente 01 año y 06 meses después que el Sr. Félix Salomon
Alarco Gonzales; determinándose así que no se cumplió con este
requisito, contemplado en el sétimo considerando literal c) de la
Casación Nº 208-2005-PASCO, del 12 de diciembre del 2005,
precedentemente transcrita.
5.12. Que, asimismo, en cuanto a la categoría o nivel ocupacional; si bien el
accionante y el homólogo propuesto en junio de 2001 y em abril de 1999,
respectivamente pasaron a ocupar el cargo de Experto (enelcasodel homologo
Experto III) , empero respecto a las áreas donde se han desempeñado, antes y
después de la recategorización estando al Informe Pericial de fojas 570 a 573,
así como a las boletas de pago que corren en autos, advertimos que el actor a
Junio desde enero de 1997 a mayo de 2001 se desempeñaba como Analista II,
en la Presidencia del Directorio, luego en Superv. Egresos, posteriormente en
la Gerencia de Inspecciones, en la Jefatura Inspectoría, Jefatura Control y
Gestión, en la Gerencia de larga distancia, y finalmente en la Sub Gerencia de
Control y Soporte Comercial, mientras que el supuesto homologo desde mayo
de 1996 se desempeñó como Jefe de Departamento, luego Coordinador “A”, y
para Abril de 1999 ya ocupaba el cargo de Experto III hasta su cese en marzo
de 2002, laborando en la Sub Gerencia Calidad y Energía, luego en la VP Eje
de Recursos Materiales, en la Jefatura de Plataformas de gestión, y luego en
la Jefatura Calidad, Gestión y Administración; de lo que se evidencia
claramente que las áreas en donde se ha desempeñado el homólogo
propuesto antes y después de la recategorización resultan disimiles al caso
del accionante, y por lo tanto ello reporta una diferencia significativa en
cuanto a la trayectoria laboral de este homólogo que resulta ser diversa a la
generada por el actor, evidenciándose correlativamente con ello que las
funciones desarrolladas tampoco fueron las mismas, al laborar en puestos
disímiles y con las implicancias que ello reporta (conocimientos, experiencia y
pericias diversas); por lo que se evidencia que no se cumplió con este
requisito, contemplado el séptimo considerando, literal b) de la Casación
Nº 208-2005-PASCO, del 12 de diciembre del 2005, precedentemente
transcrita, desestimándose respecto al citado homólogo la comparación por
analogía que el actor demanda.
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5.13. Que, así estando a que los criterios mínimos para comparar la situación
del demandante y la del homologo propuesto son concurrentes, la ausencia
de uno de ellos, evidencia la existencia de una causa justificada para la
disparidad, máxime si se debe tener en cuenta lo establecido por el Tribunal
Constitucional, en lo referente al principio de igualdad, que en su sentencia
de fecha 05 de octubre del 2004, Exp. 1875-2004-AA/TC, ha señalado que:
“(…) la igualdad es un principio derecho que instala a las personas, situadas en
idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello involucra una conformidad o
identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de
modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona
de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de
razones”; en su quinto fundamento de la sentencia refiere: “(…) el principio de
igualdad no se encuentra reñido con el reconocimiento legal de la diferencia de trato,
en tanto este se sustente en una base objetiva, razonable, racional y proporcional. El
tratamiento jurídico de las personas debe ser igual, salvo en lo atinente a la diferencia
de sus “calidades accidentales” y a la naturaleza de las cosas que las vinculan co
existencialmente. (…) El principio de igualdad no impide al operador del derecho
determinar, entre las personas, distinciones que expresamente obedezcan a las
diferencias que las mismas circunstancias prácticas establecen de manera
indubitable”. (El subrayado es nuestro)”; en este sentido, siguiendo la
interpretación que el Tribunal Constitucional realiza sobre dicho principio, se
advierte que son válidas las distinciones que tengan como sustento una base
objetiva, razonable, racional y proporcional; es así que como hemos señalado
en el caso de autos resulta completamente válida la diferencia remunerativa
del actor con el homólogo propuesto, ya que al efectuarse la disquición y
discernimiento de la evaluación del sueldo básico de éste con el trabajador
propuesto, se evidencia que tal disparidad obedece a particularidades
objetivas de cada caso, como es el hecho de provenir de diferentes empresas
de origen y tener el homólogo una antigüedad laboral mucho más amplia que
la del actor; por lo que no habiéndose cumplido los términos de la Casación
Nº 208-2005-PASCO del 12 de diciembre del 2005, la cual es de observancia
obligatoria en el presente caso, corresponde desestimarse la demanda de
homologación de remuneraciones, ya que el trato diferenciado se encuentra
justificado, no afectándose como se ha indicado el principio derecho a la
igualdad, al estar basado en una causa objetiva y razonable, como resulta
ser la ser la antigüedad laboral, y la diferente trayectoria ocupacional, y lo
que ello implica (conocimientos, experiencia y funciones diversas), por lo
que corresponde desestimar la demanda en el extremo de reintegro de
remuneración básica.
5.14. Asimismo, en cuanto a las pretensiones acumuladas de Pago de
reintegro de beneficios sociales y convencionales, al estar sustentadas todas
ellas, en la pretensión principal de reintegro de sueldo básico, conforme a la
conclusión establecida en el numeral precedente, también deben ser
desestimadas en todos sus extremos.
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SEXTO: NATURALEZA DEL OTORGAMIENTO DE LA
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR PRODUCTIVIDAD:
6.1. Que, el artículo 29° del Decreto Supremo N° 011-92-TR, Reglamento
de la Ley de Relaciones Colectivas, señala que las cláusulas normativas de
los convenios colectivos se interpretan como normas jurídicas, toda vez que
establece: “Artículo 29°: En las convenciones colectivas son cláusulas normativas
aquellas que se incorporan automáticamente a los contratos individuales de trabajo y
los que aseguran o protegen su cumplimiento. Durante su vigencia se interpretan
como normas jurídicas (…)”.
6.2. Que, como se advierte de autos en el Convenio Colectivo del 14 de
Junio de 1996, en el numeral 4, de la clausula quinta (fojas 54/55), referido a
la Gratificación Extraordinaria por Productividad, se establece:
“Las partes convienen en que el importe de la Gratificación
Extraordinaria por Productividad será el equivalente a dos
remuneraciones básicas mensuales, y se otorgará el 31 de mayo de
cada año. La percepción de la Gratificación Extraordinaria estará
sujeta a la evaluación anual que se realice para el cumplimiento de
las metas presupuestadas de ingresos y gastos señalados para el año
evaluado. Las Organizaciones Sindicales de Trabajadores y la
Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. tendrán
conocimiento de dichas metas antes del 31 de marzo de cada año
excepto para el año 1996 en que dichas metas presupuestadas serán
de conocimiento de las Organizaciones Sindicales de Trabajadores y
la Federación de Trabajadores de la Telefónica del Perú S.A. a la
firma del presente Convenio. Cuando el inicio del Goce Vacacional
se produzca después de la suscripción del presente Convenio y solo
por los períodos 1996 y 1997, la empresa otorgará un préstamo que
no devengará intereses equivalente al 50% de la gratificación
Extraordinaria por Productividad, el mismo se deducirá del importe
total que por concepto de dicha Gratificación Extraordinaria perciba
el trabajador al 31 de mayo de 1997, no teniendo la obligación el
trabajador de reintegrar el monto del préstamo aún cuando no se
cumpla con las metas presupuestadas. A partir del 01 de Enero de
1998, la percepción de la Gratificación Extraordinaria estará sujeta
a la evaluación anual que se realice para el cumplimiento de la meta
presupuestada de ingresos y gasto señaladas para cada año. La
gratificación se otorgará el 31 de mayo de cada año siguiente, no
otorgándose préstamo alguno antes de esa fecha. Los trabajadores
con derecho a la Gratificación Extraordinaria por Productividad
serán aquellos que al 30 de noviembre de 1995 hayan superado el
periodo de prueba y mantengan vinculo laboral a la fecha de
suscripción del presente convenio”.
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Asimismo, en el numeral 17 de la referida clausula (fojas 37), respecto a la
Vigencia del Convenio, se estableció, que sus cláusulas tienen el carácter de
permanente a excepción de los párrafos 2, 6, 12, 13 y 16 de la cláusula quinta;
por tanto la referida a la Gratificación Extraordinaria (párrafo 4) es
permanente.
6.3. Que, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, en el expediente 3282-2006 Piura, ha
manifestado que:
“al analizar el Convenio de 1996, se aprecia en el contenido de la
cláusula quinta, punto 4, que se acordó otorgar una Gratificación
Extraordinaria por Productividad; quedando sujeta dicha
Bonificación al cumplimiento de tres condiciones suspensivas, sobre
a) el cumplimiento de una meta económica de ingresos; b) el
cumplimiento de una meta económica de gastos; y, c) que ambas
metas presupuestadas sean de conocimiento de la organización
sindical a la firma del citado convenio; de lo cual se concluye que
las partes acordaron que el otorgamiento del beneficio a la
percepción de la gratificación extraordinaria por productividad, se
sujetaba al logro de una situación particular que en el Convenio
Colectivo se entiende como Productividad y que resulta de la
evaluación de montos de ingresos y gastos presupuestados y
establecidos como metas a ser conseguidas (…) siendo que estas
metas de ingresos y gastos, son elementos complementarios
constitutivos de la productividad que motiva el otorgamiento de la
gratificación extraordinaria”.
6.4. Que, resulta pertinente recordar que la condición es una modalidad
del acto jurídico, la cual es entendida como la cláusula por la cual el autor o
autores del negocio jurídico hacen depender su eficacia o resolución de un
acontecimiento futuro e incierto por el cual se llama condición al mismo
suceso futuro e incierto del que se hace depender la eficacia o la resolución
del negocio. León Barandiaran, señala que el acto es condicional cuando sus
efectos están subordinados a un acontecimiento incierto y futuro (VIDAL
RAMÍREZ, Fernando. Teoría General del Acto Jurídico, pagina 249-250).
6.5. Que, como se colige de lo expuesto, la controversia, está en
determinar si la demandada cumplió o no con los términos del Convenio
acotado, pues, no se cuestiona los términos en los cuales se suscribió el
Convenio, ni las condiciones en los que se iba a otorgar el derecho que es
materia de la presente acción; por lo tanto tenemos que de acuerdo a la
cláusula acotada, las condiciones de | <|im_start|>system
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Demandante: García Alfaro Eduardo Eladio
Demandado: TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
Materia: Reintegro de Remuneraciones y Pago de Beneficios Sociales.
Expediente: Nº 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
Especialista Legal: Yhalyn Kattya Mantilla Huamán
SENTENCIA Nº 084 - 2020-14°- JTTL
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y NUEVE
Lima, veintinueve de setiembre
Del año dos mil veinte.-
I. ANTECEDENTES:
Resulta de autos, que con el escrito corriente de fojas 85 a 102, don
EDUARDO ELADIO GARCIA ALFARO, interpone DEMANDA SOBRE
REINTEGRO DE REMUNERACIONES Y PAGO DE BENEFICIOS
SOCIALES contra TELEFONICA DEL PERU S.A.A a fin que cumpla con
abonarle la suma de S/. 288,662.29 (Doscientos ochenta y ocho mil
seiscientos sesenta y dos con 29/100 nuevos soles) por homologación del
haber básico, reintegros de gratificaciones de julio y diciembre, reintegro de
gratificación vacacional, reintegro de compensación por tiempo de servicios,
reintegro de utilidades y por el no pago de la gratificación extraordinaria por
productividad de los años 2001, 2002, 2003 y 2004..
II. EXPOSICIÓN POSTULATORIA EXPRESADA POR LAS PARTES
Del demandante:
Funda su acción en las citas legales que hace mención, y en el hecho de
haber ingresado a laborar para la demandada antes denominada Empresa
Nacional de Telecomunicaciones desde el 01 de julio de 1980, siendo que
después de la fusión de Entel Perú con la ex Compañía Peruana de Teléfonos
S.A., los trabajadores de Entel Perú continuaron con la relación laboral en
idénticas condiciones que las originales para un nuevo empleador, que
finalmente se convirtió en Telefónica del Perú S.A.A., sin embargo al
consolidarse ambas organizaciones se presentaron diversos problema en el
ámbito laboral, sobre todo por el hecho de existir notables diferencias
remunerativas entre el personal proveniente de Entel Perú y el que provenía
de CPT S.A. pues no obstante realizar ambos idénticas funciones y bajo las
mismas condiciones, los últimos son mejor remunerados, por lo que solicita
que la demandada cumpla con homologar su remuneración básica con la
que percibe un trabajador proveniente de la ex CPT S.A. considerando que
su categoría de Experto, y que por lo tanto debería percibir S/.8,969.92
nuevos soles tal como se le otorga al señor Felix Salomon Alarco Gonzales
Finalmente, en cuanto a la gratificación extraordinaria por productividad,
precisa que el 14 de junio de 1996 la demandada suscribió un convenio
colectivo en cuya cláusula quinta, referida a Acuerdos sobre
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Remuneraciones y Condiciones de Trabajo, se pactó en su numeral 4 el
otorgamiento de dos remuneraciones básicas mensuales en calidad de
gratificación extraordinaria por productividad, la que sería pagada el 31 de
mayo de cada año, a partir del año 1996, indica que la empresa demandada
incumplió con los mismos, pues la gratificación extraordinaria por
productividad de los años 2001, 2002, 2003 y 2004 no le fue pagada; razones
todas ellas por las cuales acude a la presente judicatura.
De la demandada:
Admitida a trámite la demanda mediante la resolución número uno, a fojas
103, se corrió traslado de ley, siendo que la demandada mediante escrito de
fojas 134 a 152, contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en
todos sus extremos señalando que la existencia de diferencias remunerativas
no ha obedecido a ninguna voluntad discriminatoria de la empresa, sino que
ha sido el resultado de la agrupación bajo una misma empresa, de
trabajadores provenientes de dos empresas distintas, bajo el marco del
proceso privatizador de los servicios de Telecomunicaciones en el Perú, por
consiguiente, la sola verificación de una diferencia remunerativa heredada
de la administración estatal de dos empresas distintas no genera un derecho
automático de nivelación u homologación salarial, sostiene que mediante
convenio colectivo de 30 de marzo de 1995, se acordó que la empresa
efectuaría un aumento de sueldos y salarios específico y particular para los
trabajadores provenientes de ex Entel, con el objeto de aminorar la diferencia
que pudiera existir con los suelos y salarios básicos que perciben los
trabajadores provenientes de la CPTSA, posteriormente mediante convenio
colectivo de fecha 14 de unió de 1996, se llegó a un nuevo acuerdo respecto a
que se encuentra totalmente satisfecho el propósito que tuvieran al suscribir
las actas de fecha 30 de marzo de 1995, sobre la base de ello, señala que
resulta incontrovertible que en la empresa se ha llevado a cabo un proceso
de homologación de las remuneraciones de los trabajadores provenientes de
la ex Entel Perú con las de los trabajadores de la ex Compañía Peruana de
Teléfonos S.A. y que ello se ha ocurrido en forma consensuada con las
organizaciones sindicales, por lo que el proceso no sólo ha sido debidamente
fiscalizado, sino que también ha alcanzado un resultado exitoso. Con
respecto a la gratificación extraordinaria por productividad refiere que a
partir del año 2000, la empresa no tuvo obligación de otorgar esta
gratificación en tanto el convenio colectivo del 14 de junio de 1996, tuvo
como fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999.
III. DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:
Citadas las partes a la Audiencia Única, la misma se llevó a cabo en los
términos que obran en el acta que corre en autos de fojas 162 a 164;
oportunidad en la que se declaró saneado el proceso, dejándose constancia
de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio por mantener cada
una de las partes sus propios puntos de vista; se fijaron los puntos
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controvertidos, se actuaron los medios probatorios presentados por las
partes; y habiendo precluido la etapa postulatoria y probatoria, corresponde
al estado de la causa emitir sentencia.
IV. ANÁLISIS DEL CASO:
PRIMERO: DE LA FINALIDAD DEL PROCESO:
La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es
lograr la paz social en justicia. Asimismo, de acuerdo a lo señalado por el
artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable en
vía supletoria para el caso de autos, establece que toda persona tiene
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus
derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. -
SEGUNDO: DE LA CARGA DE LA PRUEBA:
Que, conforme lo dispone el artículo 27° de la Ley 26636 Ley Procesal del
Trabajo, corresponde a las partes probar sus afirmaciones, y esencialmente al
trabajador probar la existencia del vínculo laboral, la existencia del despido,
su nulidad cuando la invoque y la hostilidad; mientras que corresponde al
empleador probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las
normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno
de trabajo, el contrato individual de trabajo y la causa del despido.
TERCERO: DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Que, estando a lo resuelto en Audiencia Única, se fijan como puntos
controvertidos, respecto de determinar:
1. Si se ha producido discriminación en las remuneraciones del actor con
relación a otros trabajadores en las mismas condiciones.
2. Si como consecuencia de lo anterior, le corresponde reintegros en sus
remuneraciones por homologación de la remuneración básica desde junio
2001 hasta el 31 de octubre de 2004, en el cargo de Experto.
3. De ser el caso si le corresponde al actor el pago de reintegros de
gratificaciones ordinarias, vacaciones, gratificaciones por productividad,
compensación por tiempo de servicios y utilidades desde el 2001 al cese del
actor; por efecto de los reintegros por homologación.
CUARTO: DE LA RELACION LABORAL ENTRE LAS PARTES:
Conforme se desprende de las Boletas de Pago del actor (fojas 02/30), se
tiene que su fecha de ingreso fue el 16 01/07/1980 lo que se desprende
también de lo manifestado por las partes en sus escritos de demanda y
contestación, lo cual constituye declaración asimilada en el presente proceso,
teniéndose así por acreditada la existencia de vínculo laboral entre las partes.
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QUINTO: DE LA HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIÓN BÁSICA:
A) DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD:
5.1. Los principios laborales constitucionales son aquellas reglas rectoras
que informan la elaboración de las normas de carácter laboral, con la
finalidad de servir de fuente de inspiración directa o indirecta en la solución
de conflictos, sea mediante la interpretación, aplicación o integración
normativa; la relación laboral se caracteriza en sí misma por la desigualdad,
lo que hace que el empleador devengue en la parte “fuerte” e “imponente” y
el trabajador en la parte “débil” e “impotente”. Para hacer frente a ello se
afirman los principios protectores o de igualación compensatoria, mediante
los cuales, reconociéndose la existencia asimétrica de la relación laboral se
promueve, por la vía constitucional y legal, la búsqueda de un equilibrio
entre los sujetos que la conforman1.
5.2. La frase muy conocida “de a igual trabajo, igual remuneración” si bien
no tiene un sustento legal que lo ampare, resultando un apotegma jurídico,
sin embargo sus raíces las podemos encontrar en el conjunto de los
denominados derechos de segunda generación recogidos en algunos
instrumentos generales del Sistema Universal tales como el Acta
Internacional de Derechos Humanos contenidas en las cláusulas generales
sobre derechos humanos que aparecen en la Carta de las Naciones en la que
entre sus rasgos comunes se identifica el principio de igualdad o no
discriminación, lo cual representa la idea de justicia en la normativa sobre
derechos humanos, tratándose de una cláusula que contiene derechos
implícitos que vienen siendo incorporados en Tratados Internacionales.
5.3. Así en el Convenio Nº 100 y la recomendación Nº 90 de la
Organización Internacional del Trabajo se enumera una serie de medidas
para promover y garantizar la aplicación del “principio de igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina
por un trabajo de igual valor”; en el Convenio Nº 100 se prevé que las tasas
de remuneración deben fijarse sin consideraciones relativas al sexo del
trabajador; además, se exige que la mano de obra de los trabajadores y las
trabajadoras obtengan igual remuneración por “trabajos de igual valor” y no
sencillamente por “el mismo” trabajo o un trabajo “similar”; la aplicación de
este principio supone comparar los trabajos entre sí para determinar su valor
relativo.
5.4. Pues bien considerando que para efectos de interpretar los derechos
reconocidos en la Constitución Peruana de 1993, se debe recurrir a los
Tratados Internacionales, conforme a lo prescrito en la Cuarta Disposición
Transitoria y Final que textualmente señala: “Las normas relativas a los
1 Mesinas Montero, Federico y otro: PROBLEMAS Y SOLUCIONES LABORALES: Guía de Casos de
Controversia s Laborales resueltos por los Tribunales; Manual Operativo 2. Gaceta Jurídica. primera
edición. Enero 2008. pags.9-10.
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derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados
por el Perú”, sobre el marco de los instrumentos internacionales citados y los
parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia
acotada al referirse a la aplicación del principio derecho a la igualdad, por lo
que la presente causa debe resolverse bajo su imperio regulador que se
expande a todas las personas en virtud de no acreditar ningún atisbo de
discriminación; por ende, luego de haber satisfecho dicha prioridad, se debe
verificar del análisis de los actuados, la adjudicación de beneficios a favor
del trabajador con quien se ha efectuado la comparación remunerativa.
B) DE LA DIFERENCIA REMUNERATIVA
5.5. Que, como bien indica el demandante, en el año 1994, la empresa
española Telefónica del Perú S.A.A. ganó la buena pro de las acciones que
tenía el Estado en la Ex - Compañía Peruana de Teléfonos S.A. y en el mes de
noviembre del mismo año se produjo la fusión entre la Compañía Peruana
de Teléfonos S.A. y ENTEL PERÚ S.A. en virtud de la cual la primera
compañía absorbió a la segunda empresa, tomando la denominación de
Telefónica del Perú S.A.A. asumiendo el activo y pasivo de ambas empresas;
circunstancia que originó que también los trabajadores terminaran siendo
dependientes de la demandada, pero ocasionándose una desproporción en
cuanto a las remuneraciones, puesto que los trabajadores de ENTEL PERÚ
S.A. que funcionaba a nivel de provincias percibían remuneraciones
menores a los que ganaban los trabajadores de la Compañía Peruana de
Teléfonos que funcionaba a nivel de Lima, desproporción que conforme es
de apreciarse de las circunstancias descritas no es atribuible a la
codemandada Telefónica del Perú S.A.A., sino que estas obedecían a las
particulares categorías remunerativas y niveles salariales que existían en las
empresas de origen ENTEL PERÚ S.A. y CPT S.A., por lo que el sustento de
la desproporción que podría existir entre un mismo nivel de trabajador en
cuanto a sus remuneraciones, no podría en principio estar sustentado en
actos de discriminación perse.
5.6. Pues bien, atendiendo al hecho reconocido de la disparidad
remunerativa, y aun cuando de conformidad con el artículo 28º de la
Constitución inciso 2) segundo párrafo, la convención colectiva tiene fuerza
vinculante en el ámbito de lo concertado, también es cierto que de acuerdo a
lo establecido en el artículo 43º de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
modificado por el artículo 2º de la Ley Nº 27912, publicado el 08 de enero de
2003, la convención colectiva de trabajo tiene entre sus características
modificar de pleno derecho los aspectos de la relación de trabajo sobre los
que incide. Los contratos individuales quedan automáticamente adaptados a
aquella y no podrán contener disposiciones contrarias en perjuicio del
trabajador; siendo ello así y estando al reconocimiento de remuneraciones
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diferentes dentro de una misma categoría ocupacional como consecuencia
de la fusión de las empresas, se debe verificar si tal situación se ha dado en
relación al accionante y para ello, deberá tener en cuenta el precedente de
observancia obligatoria emitido por la Primera Sala Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante
Casación Nº 208-2005-PASCO del 12 de diciembre del 2005, que en su
sétimo considerando establece criterios mínimos a ser tomados en
consideración para comparar la situación de dos trabajadores, señalando que
tiene decisiva importancia establecer: “a) la procedencia del homólogo con el
cual se realizan las comparaciones; b) la categoría o nivel ocupacional al
que pertenece el homólogo y el demandante; c) la antigüedad laboral en la
empresa, las labores realizadas de ser el caso, diferenciar en forma
disgregada los conceptos remunerativos que se perciban en ambos casos,
entre otros que se consideren necesarios”.
5.7. En este punto, cabe precisar que el precedente Pasco, resulta
plenamente aplicable para el caso de autos, habida cuenta que ya la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia
de la República, como ente máximo jurisdiccional, en la CAS, LAB N° 17623-
2013 LIMA, de fecha 09 de diciembre de 2014, ha establecido “CUARTO: Del
análisis del caso. (…) 4.4. Finalmente, señala que no es de aplicación al presente
caso la Casación N° 208-2005 Pasco, toda vez que considera que dicha ejecutoria
abarca reintegros del haber básico y remuneraciones complementarias; distinto al
caso de autos que versa sobre homologación de remuneraciones; sin embargo, no se
tiene en cuenta que el caso que nos ocupa versa sobre una petición de
reintegro de sueldo básico, por efecto de la evaluación y nueva
categorización, en el que el actor sustenta que mantiene la misma categoría
que sus supuestos homólogos o pares y; pese a ello, percibe una
remuneración inferior. En ese sentido, es factible la aplicación de esta
sentencia Casatoria, en razón a que establece los criterios mínimos a ser tomados
en consideración para comparar la situación de dos trabajadores, señalando que tiene
decisiva importancia establecer: “a) la procedencia del homólogo con el cual se
realizan las comparaciones; b) la categoría o nivel ocupacional al que pertenece el
homólogo y el demandante; c) la antigüedad laboral en la empresa, las labores
realizadas de ser el caso, diferenciar en forma disgregada los conceptos
remunerativos que se perciban en ambos casos, entre otros que se consideren
necesarios”; por tanto, advirtiéndose que el caso sublitis estriba en el
reintegro del sueldo básico por efecto de la nueva categorización (ello
según se advierte de la teoría del caso desarrollada por el actor en su
demanda, entendida como aquella versión que construye cada una de las
partes respecto de la forma en que se dieron los hechos, mencionando las
pruebas que lo sustentan y la norma en que respaldan su pretensión), siendo
que el demandante sostiene que pese a ostentar el mismo cargo que sus
compañeros provenientes de la ex CPT percibe una remuneración inferior,
como expresamente señala en su escrito de demanda a fojas 88/89 parte
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pertinente, y que además solicita la comparación con el trabajador homólogo
Sr. Félix Salomón Alarco Gonzales (fojas 88/89), es decir, que fundamenta su
pretensión en la comparación con un trabajador que él considera su análogo,
todo ello determina que resulte plenamente aplicable el precedente Pasco.
C) DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CASACIÓN N° 208-
2005-PASCO
5.8. Que, para el caso sub litis, se tendrá entonces como referencia de
comparación al trabajador Félix Salomón Alarco Gonzales, propuesto por el
actor en su teoría del caso desarrollada en la demanda, es decir, como
fundamento de su causa petendi, sobre este último concepto el Tribunal
Constitucional en la sentencia de fecha 05 de abril de 2004, recaída en el
Expediente N° 0569-2003-AC/TC, ha precisado:
“11. El objeto litigioso está constituido por dos elementos que la doctrina
denomina petitum y causa petendi. “Si el petitum consiste en la solicitud de
una resolución judicial idónea para la realización de un bien de la vida
(entendido en la acepción más amplia), la causa petendi estará constituida por
la indicación y la determinación del hecho constitutivo del derecho al bien
perseguido, además del hecho que determina el interés de obrar en juicio.
La causa petendi es entonces la razón, el porqué, o, más exactamente, aún el
título de la demanda”(Giannozzi Giancarlo “La modificazione della domanda
nel processo civile”Giuffré, Milano, 1958, pág. 15).
5.9. Por lo que estando a que el hecho constitutivo que lleva al actor a
solicitar el reintegro del haber básico, según determina este Juzgado, es la
diferencia existente con el trabajador Félix Salomón Alarco Gonzales, y que
ha identificado el accionante como homólogo en su acto postulatorio ( fojas
88/89) y con quien desea se efectúe la comparación a fin de constatar la
disparidad injustificada que denuncia; se considerarán por tanto los datos
consignados respecto a dicho trabajador, en atención a los Informes
Revisorios que obran en autos; en este sentido, y en virtud a la referida
casación, debe procederse a analizar la categoría, antigüedad y nivel del
supuesto trabajador homólogo propuesto y del demandante.
5.10. Que, ahora bien, en cuanto a la procedencia del homólogo, no existe
controversia respecto a que el trabajador Sr. Félix Salomón Alarco Gonzales
proviene de la Ex CPT S.A. (Compañía Peruana de Teléfonos), mientras que
el actor registra como empresa de origen ENTEL PERU S.A. (Empresa
Nacional de Telecomunicaciones del Perú S.A.).
5.11. En cuanto a la antigüedad laboral en la empresa; se debe tener en
cuenta que no es materia de controversia el hecho de que al fusionarse las
empresas ENTEL PERÚ S.A. y CPT S.A. los trabajadores se incorporaron a la
demandada con una diferencia salarial básica entre las mismas; asimismo,
constituye un hecho aceptado por ambas partes que la demandada a partir
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de la fusión ejecutó un programa de homologación de cargos y funciones y
estableció nuevas categorías para todo su personal; por lo que del Informe
Pericial N° 008-SMCC-2°-JLL-PJ, de fojas 399 a 401, se advierte:
Trabajador Fecha de ingreso
EDUARDO ELADIO GARCÍA (demandante) 01/07/1980
FELIX SALOMON ALARCO GONZALES (homologo) 01/01/1979
(cid:1)
De lo cual se evidencia que, el actor ingresó a laborar
aproximadamente 01 año y 06 meses después que el Sr. Félix Salomon
Alarco Gonzales; determinándose así que no se cumplió con este
requisito, contemplado en el sétimo considerando literal c) de la
Casación Nº 208-2005-PASCO, del 12 de diciembre del 2005,
precedentemente transcrita.
5.12. Que, asimismo, en cuanto a la categoría o nivel ocupacional; si bien el
accionante y el homólogo propuesto en junio de 2001 y em abril de 1999,
respectivamente pasaron a ocupar el cargo de Experto (enelcasodel homologo
Experto III) , empero respecto a las áreas donde se han desempeñado, antes y
después de la recategorización estando al Informe Pericial de fojas 570 a 573,
así como a las boletas de pago que corren en autos, advertimos que el actor a
Junio desde enero de 1997 a mayo de 2001 se desempeñaba como Analista II,
en la Presidencia del Directorio, luego en Superv. Egresos, posteriormente en
la Gerencia de Inspecciones, en la Jefatura Inspectoría, Jefatura Control y
Gestión, en la Gerencia de larga distancia, y finalmente en la Sub Gerencia de
Control y Soporte Comercial, mientras que el supuesto homologo desde mayo
de 1996 se desempeñó como Jefe de Departamento, luego Coordinador “A”, y
para Abril de 1999 ya ocupaba el cargo de Experto III hasta su cese en marzo
de 2002, laborando en la Sub Gerencia Calidad y Energía, luego en la VP Eje
de Recursos Materiales, en la Jefatura de Plataformas de gestión, y luego en
la Jefatura Calidad, Gestión y Administración; de lo que se evidencia
claramente que las áreas en donde se ha desempeñado el homólogo
propuesto antes y después de la recategorización resultan disimiles al caso
del accionante, y por lo tanto ello reporta una diferencia significativa en
cuanto a la trayectoria laboral de este homólogo que resulta ser diversa a la
generada por el actor, evidenciándose correlativamente con ello que las
funciones desarrolladas tampoco fueron las mismas, al laborar en puestos
disímiles y con las implicancias que ello reporta (conocimientos, experiencia y
pericias diversas); por lo que se evidencia que no se cumplió con este
requisito, contemplado el séptimo considerando, literal b) de la Casación
Nº 208-2005-PASCO, del 12 de diciembre del 2005, precedentemente
transcrita, desestimándose respecto al citado homólogo la comparación por
analogía que el actor demanda.
PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
5.13. Que, así estando a que los criterios mínimos para comparar la situación
del demandante y la del homologo propuesto son concurrentes, la ausencia
de uno de ellos, evidencia la existencia de una causa justificada para la
disparidad, máxime si se debe tener en cuenta lo establecido por el Tribunal
Constitucional, en lo referente al principio de igualdad, que en su sentencia
de fecha 05 de octubre del 2004, Exp. 1875-2004-AA/TC, ha señalado que:
“(…) la igualdad es un principio derecho que instala a las personas, situadas en
idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello involucra una conformidad o
identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de
modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona
de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de
razones”; en su quinto fundamento de la sentencia refiere: “(…) el principio de
igualdad no se encuentra reñido con el reconocimiento legal de la diferencia de trato,
en tanto este se sustente en una base objetiva, razonable, racional y proporcional. El
tratamiento jurídico de las personas debe ser igual, salvo en lo atinente a la diferencia
de sus “calidades accidentales” y a la naturaleza de las cosas que las vinculan co
existencialmente. (…) El principio de igualdad no impide al operador del derecho
determinar, entre las personas, distinciones que expresamente obedezcan a las
diferencias que las mismas circunstancias prácticas establecen de manera
indubitable”. (El subrayado es nuestro)”; en este sentido, siguiendo la
interpretación que el Tribunal Constitucional realiza sobre dicho principio, se
advierte que son válidas las distinciones que tengan como sustento una base
objetiva, razonable, racional y proporcional; es así que como hemos señalado
en el caso de autos resulta completamente válida la diferencia remunerativa
del actor con el homólogo propuesto, ya que al efectuarse la disquición y
discernimiento de la evaluación del sueldo básico de éste con el trabajador
propuesto, se evidencia que tal disparidad obedece a particularidades
objetivas de cada caso, como es el hecho de provenir de diferentes empresas
de origen y tener el homólogo una antigüedad laboral mucho más amplia que
la del actor; por lo que no habiéndose cumplido los términos de la Casación
Nº 208-2005-PASCO del 12 de diciembre del 2005, la cual es de observancia
obligatoria en el presente caso, corresponde desestimarse la demanda de
homologación de remuneraciones, ya que el trato diferenciado se encuentra
justificado, no afectándose como se ha indicado el principio derecho a la
igualdad, al estar basado en una causa objetiva y razonable, como resulta
ser la ser la antigüedad laboral, y la diferente trayectoria ocupacional, y lo
que ello implica (conocimientos, experiencia y funciones diversas), por lo
que corresponde desestimar la demanda en el extremo de reintegro de
remuneración básica.
5.14. Asimismo, en cuanto a las pretensiones acumuladas de Pago de
reintegro de beneficios sociales y convencionales, al estar sustentadas todas
ellas, en la pretensión principal de reintegro de sueldo básico, conforme a la
conclusión establecida en el numeral precedente, también deben ser
desestimadas en todos sus extremos.
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DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
SEXTO: NATURALEZA DEL OTORGAMIENTO DE LA
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR PRODUCTIVIDAD:
6.1. Que, el artículo 29° del Decreto Supremo N° 011-92-TR, Reglamento
de la Ley de Relaciones Colectivas, señala que las cláusulas normativas de
los convenios colectivos se interpretan como normas jurídicas, toda vez que
establece: “Artículo 29°: En las convenciones colectivas son cláusulas normativas
aquellas que se incorporan automáticamente a los contratos individuales de trabajo y
los que aseguran o protegen su cumplimiento. Durante su vigencia se interpretan
como normas jurídicas (…)”.
6.2. Que, como se advierte de autos en el Convenio Colectivo del 14 de
Junio de 1996, en el numeral 4, de la clausula quinta (fojas 54/55), referido a
la Gratificación Extraordinaria por Productividad, se establece:
“Las partes convienen en que el importe de la Gratificación
Extraordinaria por Productividad será el equivalente a dos
remuneraciones básicas mensuales, y se otorgará el 31 de mayo de
cada año. La percepción de la Gratificación Extraordinaria estará
sujeta a la evaluación anual que se realice para el cumplimiento de
las metas presupuestadas de ingresos y gastos señalados para el año
evaluado. Las Organizaciones Sindicales de Trabajadores y la
Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. tendrán
conocimiento de dichas metas antes del 31 de marzo de cada año
excepto para el año 1996 en que dichas metas presupuestadas serán
de conocimiento de las Organizaciones Sindicales de Trabajadores y
la Federación de Trabajadores de la Telefónica del Perú S.A. a la
firma del presente Convenio. Cuando el inicio del Goce Vacacional
se produzca después de la suscripción del presente Convenio y solo
por los períodos 1996 y 1997, la empresa otorgará un préstamo que
no devengará intereses equivalente al 50% de la gratificación
Extraordinaria por Productividad, el mismo se deducirá del importe
total que por concepto de dicha Gratificación Extraordinaria perciba
el trabajador al 31 de mayo de 1997, no teniendo la obligación el
trabajador de reintegrar el monto del préstamo aún cuando no se
cumpla con las metas presupuestadas. A partir del 01 de Enero de
1998, la percepción de la Gratificación Extraordinaria estará sujeta
a la evaluación anual que se realice para el cumplimiento de la meta
presupuestada de ingresos y gasto señaladas para cada año. La
gratificación se otorgará el 31 de mayo de cada año siguiente, no
otorgándose préstamo alguno antes de esa fecha. Los trabajadores
con derecho a la Gratificación Extraordinaria por Productividad
serán aquellos que al 30 de noviembre de 1995 hayan superado el
periodo de prueba y mantengan vinculo laboral a la fecha de
suscripción del presente convenio”.
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DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
Asimismo, en el numeral 17 de la referida clausula (fojas 37), respecto a la
Vigencia del Convenio, se estableció, que sus cláusulas tienen el carácter de
permanente a excepción de los párrafos 2, 6, 12, 13 y 16 de la cláusula quinta;
por tanto la referida a la Gratificación Extraordinaria (párrafo 4) es
permanente.
6.3. Que, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República, en el expediente 3282-2006 Piura, ha
manifestado que:
“al analizar el Convenio de 1996, se aprecia en el contenido de la
cláusula quinta, punto 4, que se acordó otorgar una Gratificación
Extraordinaria por Productividad; quedando sujeta dicha
Bonificación al cumplimiento de tres condiciones suspensivas, sobre
a) el cumplimiento de una meta económica de ingresos; b) el
cumplimiento de una meta económica de gastos; y, c) que ambas
metas presupuestadas sean de conocimiento de la organización
sindical a la firma del citado convenio; de lo cual se concluye que
las partes acordaron que el otorgamiento del beneficio a la
percepción de la gratificación extraordinaria por productividad, se
sujetaba al logro de una situación particular que en el Convenio
Colectivo se entiende como Productividad y que resulta de la
evaluación de montos de ingresos y gastos presupuestados y
establecidos como metas a ser conseguidas (…) siendo que estas
metas de ingresos y gastos, son elementos complementarios
constitutivos de la productividad que motiva el otorgamiento de la
gratificación extraordinaria”.
6.4. Que, resulta pertinente recordar que la condición es una modalidad
del acto jurídico, la cual es entendida como la cláusula por la cual el autor o
autores del negocio jurídico hacen depender su eficacia o resolución de un
acontecimiento futuro e incierto por el cual se llama condición al mismo
suceso futuro e incierto del que se hace depender la eficacia o la resolución
del negocio. León Barandiaran, señala que el acto es condicional cuando sus
efectos están subordinados a un acontecimiento incierto y futuro (VIDAL
RAMÍREZ, Fernando. Teoría General del Acto Jurídico, pagina 249-250).
6.5. Que, como se colige de lo expuesto, la controversia, está en
determinar si la demandada cumplió o no con los términos del Convenio
acotado, pues, no se cuestiona los términos en los cuales se suscribió el
Convenio, ni las condiciones en los que se iba a otorgar el derecho que es
materia de la presente acción; por lo tanto tenemos que de acuerdo a la
cláusula acotada, las condiciones de<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00090-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N°OCHO (08)
Paita, Veinticinco de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 04 de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folio 36, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP
HORIZONTE contra ARMANDORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO;
en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 21/100 SOLES, más los intereses
moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 25 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00090-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N°OCHO (08)
Paita, Veinticinco de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 04 de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folio 36, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP
HORIZONTE contra ARMANDORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO;
en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 21/100 SOLES, más los intereses
moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 25 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00180-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 45, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON
94/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 46-47), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00180-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 45, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON
94/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 46-47), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
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CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00104-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMAD. Y CONGEL. DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
cumpla con pagar la suma de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 13/100 SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas
del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin
embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente
mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMD. Y CONGEL. DEL PACIFICO S.A. para que,
cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada
en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior
NOTIFÍQUESE. . Conforme a ley.--------------------------------------------------------------------- | <|im_start|>system
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JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00104-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMAD. Y CONGEL. DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
cumpla con pagar la suma de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 13/100 SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas
del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin
embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente
mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMD. Y CONGEL. DEL PACIFICO S.A. para que,
cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada
en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior
NOTIFÍQUESE. . Conforme a ley.---------------------------------------------------------------------<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | EXPEDIENTE : 01409-2007-0-1903-JR-CI-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : LUIS M. ANGEL SALGADO DIAZ
ESPECIALISTA : VELA ARIMUYA TANIA LISSETTE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU,
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL,
PROCURADURIA PÚBLICA A CARGO DE LOS ASUNTOS
JUDICIALES DEL MINISTERIO DEFENSA,
DEMANDANTE : ICOMEDES SILVA, JOSE OCTAVIO
Señor Juez: En la fecha doy cuenta a Usted los escritos N° 3935-2018 y el N°4906-2018, los mismos que
no fue proveídos en su oportunidad debido a las recargadas labores propias de esta secretaría. Asimismo,
informarle que la suscrita asumió la Primera Secretaría de este Juzgado con fecha 05.05.208, de
conformidad con el Acta de Juramentación y Memorando N° 00441-2018-OAD-CSJLO/PJ. Lo que informo
a usted para los fines pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------
Iquitos, 06 de junio del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO
Iquitos, 06 de junio del 2018.
DADO CUENTA con la razón de la secretaria cursora, téngase
presente y con el escrito N° 1409-2007, presentado por el demandante José Octavio
Icomenes Silva, Al principal: téngase por señalado la Casilla Judicial N° 191, y estando
a lo solicitado ESTESE a lo resuelto por el Superior Jerárquico mediante resolución
número dos, de fecha 19 de setiembre del 2014, que obra en autos a fojas 734 al 741,
que resuelve en el punto 2) ítem ii) Declárese fundada la observación de la hoja de
liquidación de Intereses Legales, efectuada por el apoderado de la Oficina de
Normalización Previsional (…) iii) Téngase por desaprobada la liquidación de intereses
legales practicada por la Oficina de Liquidación adscrita a la Oficina de Liquidación de
esta Corte (...) iv) Nulo al requerimiento a la demandada Marina de Guerra del Perú
para el pago de la suma de intereses legales. Al primer, segundo y tercer otrosí de su
escrito: téngase por designado como abogado defensor al letrado Percy Valles
Bardales y presente la Casilla Electrónica N° 68654. Y siendo el estado del proceso se
tiene por ejecutada la sentencia, haciéndose necesario ordenar el archivo definitivo de
los autos, debiendo de remitirse al Archivo Central de esta Sede de Corte Superior de
Justicia, para su depósito correspondiente, debiendo el demandante hacer valer su
derecho conforme a Ley y en la vía correspondiente. Al escrito N° 4906-2018,
presentado por la Oficina de Normalización Previsional, Al principal y otrosí digo:
téngase presente la Casilla Electrónica N° 1802 y ESTESE a lo resuelto en la presente
resolución. Y estando a la razón de secretaría, llámese la atención al secretario que le
precedió en el trámite y a la cursora por el retardo en dar cuenta los escritos que
anteceden. Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta por disposición superior.
Notifíquese. -------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | <|im_start|>system
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EXPEDIENTE : 01409-2007-0-1903-JR-CI-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : LUIS M. ANGEL SALGADO DIAZ
ESPECIALISTA : VELA ARIMUYA TANIA LISSETTE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU,
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL,
PROCURADURIA PÚBLICA A CARGO DE LOS ASUNTOS
JUDICIALES DEL MINISTERIO DEFENSA,
DEMANDANTE : ICOMEDES SILVA, JOSE OCTAVIO
Señor Juez: En la fecha doy cuenta a Usted los escritos N° 3935-2018 y el N°4906-2018, los mismos que
no fue proveídos en su oportunidad debido a las recargadas labores propias de esta secretaría. Asimismo,
informarle que la suscrita asumió la Primera Secretaría de este Juzgado con fecha 05.05.208, de
conformidad con el Acta de Juramentación y Memorando N° 00441-2018-OAD-CSJLO/PJ. Lo que informo
a usted para los fines pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------
Iquitos, 06 de junio del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO
Iquitos, 06 de junio del 2018.
DADO CUENTA con la razón de la secretaria cursora, téngase
presente y con el escrito N° 1409-2007, presentado por el demandante José Octavio
Icomenes Silva, Al principal: téngase por señalado la Casilla Judicial N° 191, y estando
a lo solicitado ESTESE a lo resuelto por el Superior Jerárquico mediante resolución
número dos, de fecha 19 de setiembre del 2014, que obra en autos a fojas 734 al 741,
que resuelve en el punto 2) ítem ii) Declárese fundada la observación de la hoja de
liquidación de Intereses Legales, efectuada por el apoderado de la Oficina de
Normalización Previsional (…) iii) Téngase por desaprobada la liquidación de intereses
legales practicada por la Oficina de Liquidación adscrita a la Oficina de Liquidación de
esta Corte (...) iv) Nulo al requerimiento a la demandada Marina de Guerra del Perú
para el pago de la suma de intereses legales. Al primer, segundo y tercer otrosí de su
escrito: téngase por designado como abogado defensor al letrado Percy Valles
Bardales y presente la Casilla Electrónica N° 68654. Y siendo el estado del proceso se
tiene por ejecutada la sentencia, haciéndose necesario ordenar el archivo definitivo de
los autos, debiendo de remitirse al Archivo Central de esta Sede de Corte Superior de
Justicia, para su depósito correspondiente, debiendo el demandante hacer valer su
derecho conforme a Ley y en la vía correspondiente. Al escrito N° 4906-2018,
presentado por la Oficina de Normalización Previsional, Al principal y otrosí digo:
téngase presente la Casilla Electrónica N° 1802 y ESTESE a lo resuelto en la presente
resolución. Y estando a la razón de secretaría, llámese la atención al secretario que le
precedió en el trámite y a la cursora por el retardo en dar cuenta los escritos que
anteceden. Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta por disposición superior.
Notifíquese. -------------------------------------------------------------------------------------------------
1<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00128-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP PROFUTURO, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución
hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 51/100
SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO,
para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley -------------------------------------------------------- | <|im_start|>system
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JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00128-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP PROFUTURO, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución
hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 51/100
SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO,
para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley --------------------------------------------------------<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO CIVIL - Sede Central Pisco
EXPEDIENTE : 00429-2006-0-1411-JR-CI-01
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : SOTELO SOLARI JESUS ENRIQUE
ESPECIALISTA : CESAR SASIETA FAJARDO
INTERVINIENTE : FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC FTP ,
LISTISC. ACTIVO : CLAUDIO NARCISO LA ROSA PALOMINO Y OTROS
LITISCONSORTES NECESARIOS ACTIVOS REPRESENTADOS POR EL
APODERADO, JORGE ROMULO MORENO HERNANDEZ
TERCERO : JUAREZ CARDENAS, LUIS ALBERTO
DEMANDADO : EMPRESA FUSIA COMERCIAL SA ,
EMPRESA COTTONIFICIO SUR PERU SAC ,
DEMANDANTE : SANCHEZ ROMERO, JOSE DE JESUS Y OTROS
DEMANDANTES REPRESENTADOS POR EL APODERADO JUDICIAL, JORGE
ROMULO MORENO HERNANDEZ
Resolución Nro. 46.-
Pisco, veinte de Noviembre del año dos mil dieciocho.-
ATENDIENDO los escritos de fechas 15 de Noviembre del año en curso, presentados
independientemente, por Miguel Ángel Hurtado Martínez, Ángel Gabriel Rojas Toledo,
Jorge Rómulo Moreno Hernández y Jesús Antonio Ormeño Giraldo: Mediante los
cuales absuelven el traslado de la solicitud de improcedencia de intereses que formula la
parte contraria. Y, teniéndose en cuenta el pedido de improcedencia de liquidación de
intereses, instado por la Fábrica de Tejidos Piscos SAC; se expide la presente. AUTOS,
VISTOS Y CONSIDERANDO.
PRIMERO: Que, mediante escrito del 13 de Setiembre del 2018, Fábrica de Tejidos
Piscos SAC se apersona al proceso y solicita se declare improcedente la liquidación de
intereses, tras considerar que es cierto que los demandantes tienen sentencia que ampara
la demanda pero que es lamentable que por resolución N° 28 el Juzgado haya dispuesto
integrar a la sentencia el extremo de pago de Intereses, lo que de acuerdo a la
jurisprudencia resulta improcedente pues en la acción de tercería preferente de pago
solo tiende a establecer la preferencia de pago de un derecho de crédito frente a otro que
se encuentra ejecutando los bienes del deudor común. Entre otros extremos que ahí
señala la Empresa recurrente.
SEGUNDO: Que, a través de escrito del 15 de Noviembre del 2018, presentados
independientemente, por Miguel Ángel Hurtado Martínez, Ángel Gabriel Rojas Toledo,
Jorge Rómulo Moreno Hernández y Jesús Antonio Ormeño Giraldo; absuelven y
sostienen que el pago de intereses legales fue impuesto por resolución N° 28, resolución
notificada a la Empresa Fábrica de Tejidos Piscos SAC quien apela en forma
extemporánea como consta del auto de vista N° 35.
TERCERO: Que, al respecto cabe precisar por este Despacho Judicial, que el estado
del proceso es la de ejecución de sentencia1 que declaró fundada la demanda de tercería
preferente de pago, preexiste resolución judicial N° 28 que dispone integrar la sentencia
en cuando a pago de Intereses de Intereses Legales. Resolución que quedó firme al
declararse nulo el concesorio de apelación interpuesto por FUSIA COMERCIAL S.A., e
improcedente el recurso de apelación, a través de auto de vista N° 35 de folios 346.
CUARTO: Que, teniéndose encuentra los antecedentes procesales, resulta claro que la
1 Fojas 298 a 305.
solicitud sobre improcedencia de la liquidación de intereses legales, que opone Fábrica
de Tejidos Piscos SAC, deviene improcedente, por cuanto se trata de un tema resuelto
que no está sujeto a cuestionamiento, por tener dicho pronunciamiento la calidad de
cosa juzgada al haber quedado firme en su oportunidad; máxime cuando de
conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Toda persona y
autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales (…), en
sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa
que la ley señala.”; asimismo, “(…). No se puede dejar sin efecto resoluciones
judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su
ejecución, (…) bajo la responsabilidad (…) civil y penal que la ley determine en cada
caso.” (sic).
Por estas consideraciones, éste Despacho Judicial no puede entrar a dirimir sobre los
cuestionamientos que formula Fábrica de Tejidos Piscos SAC, al estar orientados a
tratar de enervar el fallo de la sentencia. En tal contexto, SE DISPONE:
1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido formulado mediante escrito del 13
de Setiembre del 2018 presentado Fábrica de Tejidos Piscos SAC. Y, siendo el estado
del proceso, ORDENO: PONER LOS AUTOS AL DESPACHO PARA
RESOLVER lo pertinente al pedido de Liquidación de Intereses Legales.-
AVOCÁNDOSE al conocimiento de la Causa el señor Juez Supernumerario que
suscribe por disposición superior e interviniendo el cursor por disposición del Despacho
y por Licencia del secretario titular de la secretaría “A”. HÁGASE SABER.- | <|im_start|>system
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JUZGADO CIVIL - Sede Central Pisco
EXPEDIENTE : 00429-2006-0-1411-JR-CI-01
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : SOTELO SOLARI JESUS ENRIQUE
ESPECIALISTA : CESAR SASIETA FAJARDO
INTERVINIENTE : FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC FTP ,
LISTISC. ACTIVO : CLAUDIO NARCISO LA ROSA PALOMINO Y OTROS
LITISCONSORTES NECESARIOS ACTIVOS REPRESENTADOS POR EL
APODERADO, JORGE ROMULO MORENO HERNANDEZ
TERCERO : JUAREZ CARDENAS, LUIS ALBERTO
DEMANDADO : EMPRESA FUSIA COMERCIAL SA ,
EMPRESA COTTONIFICIO SUR PERU SAC ,
DEMANDANTE : SANCHEZ ROMERO, JOSE DE JESUS Y OTROS
DEMANDANTES REPRESENTADOS POR EL APODERADO JUDICIAL, JORGE
ROMULO MORENO HERNANDEZ
Resolución Nro. 46.-
Pisco, veinte de Noviembre del año dos mil dieciocho.-
ATENDIENDO los escritos de fechas 15 de Noviembre del año en curso, presentados
independientemente, por Miguel Ángel Hurtado Martínez, Ángel Gabriel Rojas Toledo,
Jorge Rómulo Moreno Hernández y Jesús Antonio Ormeño Giraldo: Mediante los
cuales absuelven el traslado de la solicitud de improcedencia de intereses que formula la
parte contraria. Y, teniéndose en cuenta el pedido de improcedencia de liquidación de
intereses, instado por la Fábrica de Tejidos Piscos SAC; se expide la presente. AUTOS,
VISTOS Y CONSIDERANDO.
PRIMERO: Que, mediante escrito del 13 de Setiembre del 2018, Fábrica de Tejidos
Piscos SAC se apersona al proceso y solicita se declare improcedente la liquidación de
intereses, tras considerar que es cierto que los demandantes tienen sentencia que ampara
la demanda pero que es lamentable que por resolución N° 28 el Juzgado haya dispuesto
integrar a la sentencia el extremo de pago de Intereses, lo que de acuerdo a la
jurisprudencia resulta improcedente pues en la acción de tercería preferente de pago
solo tiende a establecer la preferencia de pago de un derecho de crédito frente a otro que
se encuentra ejecutando los bienes del deudor común. Entre otros extremos que ahí
señala la Empresa recurrente.
SEGUNDO: Que, a través de escrito del 15 de Noviembre del 2018, presentados
independientemente, por Miguel Ángel Hurtado Martínez, Ángel Gabriel Rojas Toledo,
Jorge Rómulo Moreno Hernández y Jesús Antonio Ormeño Giraldo; absuelven y
sostienen que el pago de intereses legales fue impuesto por resolución N° 28, resolución
notificada a la Empresa Fábrica de Tejidos Piscos SAC quien apela en forma
extemporánea como consta del auto de vista N° 35.
TERCERO: Que, al respecto cabe precisar por este Despacho Judicial, que el estado
del proceso es la de ejecución de sentencia1 que declaró fundada la demanda de tercería
preferente de pago, preexiste resolución judicial N° 28 que dispone integrar la sentencia
en cuando a pago de Intereses de Intereses Legales. Resolución que quedó firme al
declararse nulo el concesorio de apelación interpuesto por FUSIA COMERCIAL S.A., e
improcedente el recurso de apelación, a través de auto de vista N° 35 de folios 346.
CUARTO: Que, teniéndose encuentra los antecedentes procesales, resulta claro que la
1 Fojas 298 a 305.
solicitud sobre improcedencia de la liquidación de intereses legales, que opone Fábrica
de Tejidos Piscos SAC, deviene improcedente, por cuanto se trata de un tema resuelto
que no está sujeto a cuestionamiento, por tener dicho pronunciamiento la calidad de
cosa juzgada al haber quedado firme en su oportunidad; máxime cuando de
conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “Toda persona y
autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales (…), en
sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa
que la ley señala.”; asimismo, “(…). No se puede dejar sin efecto resoluciones
judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su
ejecución, (…) bajo la responsabilidad (…) civil y penal que la ley determine en cada
caso.” (sic).
Por estas consideraciones, éste Despacho Judicial no puede entrar a dirimir sobre los
cuestionamientos que formula Fábrica de Tejidos Piscos SAC, al estar orientados a
tratar de enervar el fallo de la sentencia. En tal contexto, SE DISPONE:
1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido formulado mediante escrito del 13
de Setiembre del 2018 presentado Fábrica de Tejidos Piscos SAC. Y, siendo el estado
del proceso, ORDENO: PONER LOS AUTOS AL DESPACHO PARA
RESOLVER lo pertinente al pedido de Liquidación de Intereses Legales.-
AVOCÁNDOSE al conocimiento de la Causa el señor Juez Supernumerario que
suscribe por disposición superior e interviniendo el cursor por disposición del Despacho
y por Licencia del secretario titular de la secretaría “A”. HÁGASE SABER.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
EXPEDIENTE N.° 00321-2004-0-1801-JR-LA-16
RESOLUCIÓN N° 40
Lima, 26 de agosto del 2021.
En Audiencia Pública, de fecha 23 de julio del año
en curso, interviniendo como Juez Superior ponente la Señora Serpa Vergara, se
expide la siguiente resolución:
ASUNTO
Resoluciones materia de apelación:
1. La Resolución N°10, emitida en Audiencia Única de fecha 17 de enero de 2006,
a fojas 291 a 294 en el extremo que declaró INFUNDADA la excepción de
prescripción extintiva deducida por CENTROMIN PERÚ S.A.
2. La Resolución N°10, emitida en Audiencia Única de fecha 17 de enero de 2006,
a fojas 291 a 294 en el extremo que declaró INFUNDADA la excepción de cosa
juzgada deducida por DOE RUN PERÚ S.R.L.
3. La Sentencia N° 266-2016-08° JTTL-ENSF (Resolución N° 33) del 16 de
setiembre del 2016, de fojas 450 a 461, que declara FUNDADA en parte la
demanda interpuesta por EUGENIO SEGURA POMA, contra CENTROMIN
PERÚ S.A, y DOE RUN PERÚ S.A, pague a favor del actor la suma de S/
14,852.16 soles (CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON 16/100 SOLES), y DOE RUN PERÚ S.R.L, pague a favor del actor la
suma de S/ 25,237.31 soles (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE SOLES, CON 31/100 SOLES), haciendo un total de S/ 40,086.47 soles
(CUARENTA MIL OCHENTA Y SEIS CON 47/100 SOLES), más los intereses
1
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
financieros y legales con respecto a los demás beneficios sociales que se
liquidaran en ejecución de sentencia, con costas y costos.
AGRAVIOS
La demandada CENTROMIN PERÚ EN LIQUIDACIÓN; en su escrito de
impugnación contra la Resolución N° 10 que obra de fojas 302 a 303, expresa como
agravios:
Respecto a la excepción de prescripción extintiva.
1. Se basa en que el accionante finalizó el vínculo laboral con CENTROMIN
PERÚ S.A, el día 23 de octubre de 1997, y que entre esa fecha y la presentación
de la demanda (setiembre del 2004), ha transcurrido aproximadamente 07 años
sin existencia de vínculo laboral, razón por la cual es aplicable la Ley N° 26513
que establece que el plazo de prescripción de asuntos de carácter laboral es de
03 años desde que resultan exigibles.
2. El A quo no ha diferenciado el tipo de personas jurídicas que suscribieron el
contrato de Transferencias de Acciones y Aumento de Capital entre Centromin
Perú S.A y Doe Run Perú S.R.L, mientras que una de ellas es una empresa
regida por Capital Privado, y la otra es una Empresa Estatal y supervisada por
Organismos del Estado.
3. El actor al cobrar en su totalidad los depósitos de su Compensación por Tiempo
de Servicios y todos los beneficios que le correspondían hasta octubre de 1997,
automáticamente ponía fin al vínculo laboral con Centromin Perú S.A, siendo
suficiente para que el plazo prescriptorio empiece a partir de dicha fecha de
cese.
La demandada DOE RUN PERÚ S.R.L; en su escrito de impugnación contra la
Resolución N° 10 que obra de fojas 311 a 313, expresa como agravios:
Respecto a la excepción de cosa Juzgada.
2
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
1. EL presente proceso es idéntico al que ya fue resuelto dentro del Expediente
N°183416-1998-08209-0 , Secretario Ardiles, seguido por el Sindicato de
Trabajadores Metalúrgicos Doe Run Perú La Oroya División, al cual estaba
afiliado el actor. El Sindicato demando en representación de 2,054 trabajadores
sobre Reintegro de Beneficios Sociales y otros por considerarlo diminuto,
efectivamente el proceso concluyó por desistimiento después de la firma de un
Acta Extrajudicial. En cumplimiento del Actas las demandadas pagaron la suma
de S/2,000.00 a cada uno de los trabajadores. afiliados al sindicato, entre ellos, al
accionante, se ha dado la triple identidad.
2. La demandada ya desembolso la suma de S/2,000.00 soles por el concepto de
pago por reintegro de compensación por tiempo de servicios (CTS y otros), el 06
de octubre del 2000, conforme es de verse en el respectivo recibo firmado por el
ahora accionante. (anexo 1-I de la contestación de demanda.
3. Siendo así, el interés para obrar del actor ya no existe, dado a que ya se le
abonó el reintegro de beneficios sociales y reintegro de remuneraciones que
ahora vuelve a peticionar.
La demandada, DOE RUN PERÚ S.R.L en su escrito de impugnación contra la
SENTENCIA que obra de fojas 468 a 474, expresa como agravios:
1. El artículo 1° del Decreto Ley N° 25981 dispuso que los trabajadores cuyas
remuneraciones se encuentran afectas al FONAVI tendrán derecho a percibir un
aumento de remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993, equivalente al 10%
de la parte de su haber mensual del mes de enero de 1993, por tanto, la
referencia "haber mensual", la debemos entender como todas las
remuneraciones que perciba el trabajador en un determinado periodo de pago
(mensual), la debemos entender como todas las remuneraciones que percibió el
trabajador en un determinado periodo de pago (mensual), de manera fija y
permanente, por ello no estarían comprendidas las remuneraciones
3
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
complementarias, variables e imprecisas, ya que estas se perciben de manera
irregular u esporádica, así como las condiciones de trabajo.
2. En ese contexto se violenta el debido proceso, pues al no establecerse la forma
de cálculo para establecer la remuneración diaria que formaría parte del
incremento por concepto de FONAVI, (considerando noveno), señala que dicho
beneficio es equivalente a S/1.05 soles FONAVI diaria; sin embargo, al
momento de calcular señala "3102 días * 1.38 con lo cual se acredita que realiza
un cálculo incorrecto.
3. Asimismo, del análisis de la sentencia apelada (considerando décimo), se
aprecia que el cálculo para el incremento del 3.3% de la ONP resulta errado
cuando señala 2892 días * 0.50, Este monto de cálculo es errado toda vez que el
A quo no ha evaluado correctamente las boletas de pago adjunta en el anexo 1-I
de la contestación de la demanda presentada el 22 de noviembre del 2004, en
dichas boletas se aprecia que al costado del básico se le aumenta 1.00 soles y no
0.50 céntimos, con esta aclaración se deja en claro que los cálculos efectuados
son errados.
La demandada, CENTROMIN PERÚ EN LIQUIDACIÓN en su escrito de
impugnación contra la SENTENCIA que obra de fojas 489 a 492, expresa como
agravios:
Reintegro del Incremento 10% FONAVI Ley N° 25981 del 01de enero de 1993
1. En la sentencia no se está considerando erróneamente los montos abonados por
la empresa por el concepto del incremento 10% FONAVI del 01 de enero de
1993 al 23 de octubre de 1997 cuyo monto pagado fue el 10% del sueldo básico
de enero de 1993, este incremento pasa a formar parte del sueldo básico y este
tuvo efecto en las ganancias colaterales al sueldo básico y este tuvo efecto en
las ganancias colaterales asociadas al sueldo que también se vieron
incrementadas, el monto abonado por la empresa se detalla en el cuadro que se
adjunta.
4
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
2. En ese sentido, no correspondería abonar ningún reintegro por incremento
FONAVI - Ley N° 25981, a Centromin Perú S.A, debido a que lo calculado en
la sentencia menos lo abonado por la empresa resulta negativo.
Reintegro del Incremento 3% SNP del Decreto Ley N° 26504 del 01 de agosto
de 1995 al 23 de octubre de 1997.
1. En la Sentencia del asunto, no se está considerando erróneamente los montos
abonados por la empresa por el concepto del incremento 3.3% SNP del
01/08/1995 al 23/10/1997, cuyo monto pagado fue del 3.3% del sueldo básico
de agosto de 1995, este incremento al básico tuvo su efecto en las demás
ganancias colaterales asociadas al básico que también se vieron incrementadas
los montos pagados por la empresa por este concepto se detallan en el cuadro
que se adjunta.
2. En ese sentido, no correspondería abonar ningún reintegro por incremento
SNP Decreto Ley N° 26504 a Centromin Perú S.A, debido a que lo calculado en
la sentencia menos lo abonado por la empresa resulta negativo.
Reintegro de la Compensación por Tiempo de Servicios por efecto del
incremento 10% FONAVI.
3. El cálculo de las liquidaciones Compensación por Tiempo de Servicios
efectuados en la sentencia del asunto se encuentran errados.
4. Se adjunta las liquidaciones Compensación por Tiempo de Servicios pagadas
por la empresa tanto de la reserva acumulativa del 02/07/1970 al 31/12/1990,
como los periodos semestrales del 01/01/1991 al 30/04/1997.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, en la apelación la competencia del superior solo alcanza a
ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional revisor
circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo,
conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios
5
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de
agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso)
instancia.
EN CUANTO A LOS AUTOS APELADOS
SEGUNDO: Respecto al auto contenido en la Audiencia Única en la Resolución N°
10, que declara infundada la excepción de prescripción extintiva. Conviene indicar
que, conforme lo tiene expuesto MONROY GÁLVEZ, que la excepción de
prescripción extintiva es: “un medio de defensa destinado a extinguir el ejercicio específico
del derecho de acción respecto de una pretensión procesal determinada, por haber sido
interpuesta fuera del plazo previsto por la norma positiva para dicha pretensión1”. En ese
sentido, se puede definir a la prescripción como aquella institución que se basa en el
transcurrir del tiempo, teniendo como efecto inmediato el hacer perder al titular de un
derecho el ejercicio de la acción para hacerlo efectivo; de tal suerte que si el titular de
un derecho, durante un considerable tiempo no reclama el mismo, se extingue la
posibilidad de exigir legalmente el ejercicio de éste.
TERCERO: De acuerdo a la doctrina la prescripción extintiva es una institución
jurídica según la cual, el transcurso de un determinado lapso extingue la acción que el
sujeto tiene, para exigir un derecho ante los Tribunales2.
CUARTO: Siendo así, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 27321, vigente a partir del
24 de julio del 2000 a la fecha, las acciones por derechos derivados de la relación
laboral prescriben a los 4 años contados desde el día siguiente en que se extingue el
vínculo laboral, siendo que la prescripción iniciada antes de la vigencia de ésta ley se
rige por la ley anterior.
1 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Temas de proceso civil”, librería Studium Lima-Perú, pág. 80.
2 RUBIO CORREA, Marcial. “La extinción de Acciones y Derechos en el Código Civil”, Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1990, Pág. 16.
6
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
QUINTO: Asimismo, resulta necesario tener en cuenta que para la correcta aplicación de
los plazos de prescripción es necesario remitirnos al artículo 2122° del Código Civil y lo
señalado en el tercer acuerdo del pleno jurisdiccional de 1997, el cual determina que “el
plazo de prescripción de los beneficios de carácter laboral se computa conforme a la norma vigente
al momento que la obligación sea exigible salvo que por norma posterior se estipule un plazo
distinto, en cuyo caso la prescripción operará en el que venza primero”.
SEXTO: En el caso de autos, que si bien la prestación de servicios ha sido de manera
ininterrumpida desde el 02 de julio de 1970 hasta el 22 de octubre de 1997 para la
demandada CENTROMIN PERÚ, continuando laborando para DOE RUN PERÚ
S.R.L hasta el 14 de setiembre del 2003, sin embargo debe tenerse en cuenta que la
transferencia de acciones de la demandada CENTROMIN PERÚ, EN LIQUIDACIÓN
a la empresa DOE RUN PERÚ S.R.L, dicha transferencia no constituyo de forma
alguna el cese entre el actor y la primera empresa sino el cambio de empleador, en tal
sentido con dicha transferencia de acciones no se produjo su cese, por lo que
corresponde en este caso la aplicación de la Ley N° 27321, cuyo plazo de prescriptorio
es de 04 años, y no la Ley N° 26513, siendo su plazo de prescripción de 03 años desde
la fecha de cese, en consecuencia al haber interpuesto su demanda el 20 de setiembre
del 2004 tal como se aprecia del sello de recepción del Centro de Distribución
General de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 01, siendo así, se advierte
que el plazo prescriptorio no se ha cumplido, razones por las cuales debe
confirmarse el auto impugnado.
SÉPTIMO: Respecto a la excepción de cosa juzgada propuesta, debe precisar que,
esta excepción tiene su base constitucional en el inciso 3 del artículo 139° de la
Constitución Política del Estado, el cual establece como principio y derecho de la
función jurisdiccional, la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución
ejecutoriada; asimismo, esta excepción es una institución procesal invocada por quien
quiere hacer valer el carácter incuestionable e irrevisable de una sentencia ya
pronunciada, y por ende, destinada a denunciar una cuestión de orden público (la
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
cosa juzgada), de lo que se infiere su efecto perentorio (HINOSTROZA MIGUEZ,
Alberto. “Manual de Consulta Rápida del Proceso Civil”; Lima: Editorial Grijley. 2001, pp.
496).
OCTAVO: En virtud a lo aunado, para que opere la cosa juzgada deben concurrir tres
elementos en el proceso fenecido, cuya tramitación se pretende nuevamente: 1) los
sujetos (eadem personae); 2) el objeto (eadem res), y 3) la causa (eadem causa petendi). Una
segunda consideración es que la sentencia del proceso fenecido haya resuelto la
pretensión (objeto) que se plantea en proceso posterior, de acuerdo a la sentencia
recaída en el expediente N° 08376-2006-PA/TC.
NOVENO: Por otro lado, procesalmente se encuentra contenido en el artículo 453°
del Código Procesal Civil, la que refiere que ésta es procedente cuando hay identidad
de procesos, es decir, cuando las partes, el petitorio y el interés para obrar son los
mismos. Igualmente, es preciso mencionar que esta excepción permite al demandado
denunciar que el interés para obrar del demandante ya no existe, dado que lo hizo
valer en un anterior proceso, donde quedó totalmente agotado al haberse expedido un
pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia y al haber culminado un
anterior proceso.
DÉCIMO: La demandada sustenta la excepción alegando que la demanda que corre
en autos se relaciona a REINTEGRO DE COMPENSACIÖN DE COMPENSACIÓN
POR TIEMPO DE SERVCIOS, tal como se puede apreciar con las prueba que
acompaña se determina claramente que existió un proceso seguido por el Sindicato
contra las Empresas Centromin Perú S.A y DOE RUN PERÜ S.R.L ante el 16° Juzgado
Laboral de Lima Expediente N°8209-98-183416, proceso que fue archivado al haberse
solucionado el problema laboral seguido entre las partes. en el cual el actor a raíz de
este arreglo conciliatorio percibió la suma de S/2,000 dos mil soles, poniendo punto
final al reclamo sobre reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios y otros.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
UNDÉCIMO: El actor al absolver la excepción de Cosa Juzgada, a fojas 253 a 254,
refiere que, conforme puede apreciar de los fundamentos de la excepción de cosa
juzgada deducida por co-demandada DOE RUN PERÚ S.R.L los argumentos
esgrimidos para sustentar lo articulación deducida no corresponde a los presupuestos
en que se sustenta una excepción de cosa Juzgada; porque se desprende que estos
corresponderían más bien a una excepción de desistimiento de la pretensión
contemplada en el inciso 9 del artículo 446° del Código Procesal Civil y no una
excepción de cosa juzgada dado que se había dado el desistimiento.
DUODÉCIMO: En el presente caso el demandante peticiona en su escrito de
demanda de fojas 21 a 100, subsanada a fojas 102 a 106 que la demandada cumpla con
el REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES Y BENEFICIOS SOCIALES tales como:
•
Reintegro Incremento Fonavi D.L N° 25981 (01 de enero de 1993 al 14 de
setiembre del 2003)
•
Reintegro Gratificación Fiestas Patrias. (02 de noviembre de 1991 al 14 de
setiembre del 2003)
•
Reintegro Gratificación Navidad. (02 de noviembre de 1991 al 14 de setiembre
del 2003)
•
Reintegro Gratificación Vacaciones (02 de noviembre de 1991 al 14 de setiembre
del 2003)
•
Reintegro Incremento ONP. (02 de noviembre de 1991 al 14 de setiembre del
2003)
•
Compensación por Tiempo de Servicios Periodo Acumulado: (del 02 de julio de
1970 al 31 de diciembre de 1990), remuneración computable.
- Básico
- Refrigerio.
- Altura.
- Trabajo en día de descanso.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
- Bonificación Sustitutoria Kerosene.
- Sobretiempo.
- Nocturno.
- Domingo Trabajado.
- Bonificación Sustitutoria leche
- Promedio de Gratificación Vacacional.
-Domingo Trabajado.
-Promedio Asignación Familiar.
- Trabajo en Sierra.
- Toxico.
- Feriado Trabajado.
- Promedio de Gratificación Fiestas Patrias.
- Promedio de Gratificación Navidad.
- Quinquenio.
•
Compensación por Tiempo e Servicios Periodo Cancelatorio: (01 de enero de
1991 al 14 de setiembre del 2003)
DECIMOTERCERO: Por otro lado el SINDICATO DE TRABAJADORES
METALÚRGICOS DOE RUN PERÚ-LA OROYA DIVISIÓN en el Expediente
N°8209-98-183416, como se observa de las copias de las piezas procesales que obran de
fojas 146 a 157 interponen demanda de reintegro de beneficios sociales y pago de
remuneraciones insolutas tales como:
•
Reintegro pro Tiempo de Servicios 25% y 30%; Bonificaciones por Tiempo de
Servicios.
•
Reintegro por otros pagos (Bonificación por Toxico, Trabajo Nocturno; Altas
Temperaturas, Asignación Familiar, Trabajo Domingos, Bonificación por Altura,
Refrigerio, Trabajo en Sierra, Bonificación Kerosene, Zapatos, Leche, Toxico por
nivel según Convenios Colectivo.
•
Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios
10
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
(cid:1)
Acumulada al 31 de diciembre de 1990.
(cid:1)
Reintegro de Depósitos Semestrales.
(cid:1)
Reintegro de Gratificaciones de Julio y Diciembre de 1991 a 1997.
(cid:1)
Reintegro Aumento 10% FONAVI.
(cid:1)
Reintegro de 3.3% SNP Decreto Ley N° 26504.
(cid:1)
Reintegro de Vacaciones de los años 1991 a 1997.
(cid:1)
Reintegro de Gratificación Vacacional.
(cid:1)
Reintegro por Gratificación Vacacional.
(cid:1)
Reintegro por Descanso Semanal obligatorio (dominical).
(cid:1)
Reintegro 10.23%y 3% AFP (Ley N° 25897).
DECIMOCUARTO: En atención a lo expuesto, corresponde analizar si concurren los
03 elementos, expuestos en el sétimo considerando, entre el proceso fenecido por el
desistimiento del proceso y pretensión del SINDICATO DE TRABAJADORES
METALÚRGICOS DOE RUN PERÚ-LA OROYA DIVISIÓN, recaído en el
Expediente N°8209-98-183416 y este proceso.
DECIMOQUINTO: Respecto al primer requisito, se aprecia de la boletas de pago
presentado por el propio demandante, que obra a foja 05 a 29, que el actor se
encontraba afiliado al SINDICATO DE TRABAJADORES METALÚRGICOS DOE
RUN PERÚ-LA OROYA DIVISIÓN, tal es así que se le hacía el descuento
correspondiente, además se verifica de la copia certificada de las piezas procesales del
Expediente N°8209-98-183416, que obran de folio 146 a 166, que el accionante ha
recibido S/2,000.00 soles, recibo de fojas 166, monto que fue abonado en virtud a los
acuerdos que tuvieron con la demandada, y que concluyó con el desistimiento
realizado por dicho Sindicato de fojas 162 a 163, corroborando con ello, que estuvo
representado por el Sindicato.
DECIMOSEXTO: Entonces teniendo en cuenta que el artículo 8° inciso a) y c) del
Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por el
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
Decreto Supremo N° 010-2003-TR, establecía: “Son fines y funciones de las organizaciones
sindicales: a) Representar el conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito, en los
conflictos, controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva. c) Representar o defender a
sus miembros en las controversias o reclamaciones de carácter individual, salvo que el
trabajador accione directamente en forma voluntaria o por mandato de la ley, caso en el cual el
sindicato podrá actuar en calidad de asesor. (...)".
DECIMOSÉPTIMO: Estando a que la causa seguida por el Sindicato contra la
demanda, y en la que sustenta la excepción propuesta fue tramitada bajo los alcances
de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, que en su artículo 23° en cuanto a las
excepciones, en su segundo párrafo señala: " Lo resuelto en un litigio en el que es parte un
sindicato produce los efectos de la cosa juzgada para todos aquellos a los que representó.".
por lo tanto, ciñéndose la demandada a lo establecido en la norma especial procesal
laboral, propuso correctamente la excepción de cosa juzgada, sin perjuicio, de que
también los Jueces pueden subsanar algún error en la denominación de la excepción
de acuerdo al principio iura novit curia, regulado por el artículo VII del título
Preliminar del Código Procesal Civil.
.
DECIMOCTAVO: Así tenemos que las pretensiones en ambas causas son la
siguientes:
EXTREMOS DEMANDADOS EN LA PRETENSIONES EN EL EXPEDIENTE
PRESENTE CAUSA Expediente N°321- N°8209-98, interpuesto por el
2004 SINDICATO DE TRABAJADORES
Reintegro de compensación por tiempo Reintegro de Compensación por tiempo
de servicios: de Servicios.
De la reserva acumulada y las De la Reserva acumulada y las
semestrales. semestrales.
Por haber utilizado tipo de cambio del por no haber considerado todos los
dólar distinto. conceptos percibidos,
Reintegro de incremento FONAVI D.L. Reintegro del incremento FONAVI D.L.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
N° 25981 N° 25981
Por no haber considerado adicionalmente Al haber considerado únicamente el
al básico todos los conceptos que percibía básico, sin considerar los colaterales.
en forma fija y permanente.
Reintegro de Remuneración Vacacional Reintegro de Remuneración Vacacional
Por no haber considerado el promedio de Por no haber considerado el promedio de
las remuneraciones complementarias. las remuneraciones complementarias.
Reintegro del Incremento del Decreto Reintegro del Incremento del Decreto
Ley N° 26504 Ley N° 26504
Por no haber considerado adicionalmente Por haber considerado únicamente el
al básico todos los conceptos que percibía básico, sin considerar las remuneraciones
en forma fija y permanente. colaterales o complementarias.
Reintegro de Gratificaciones por Fiestas Reintegro de Gratificaciones de julio y
Patrias y Navidad, desde 1991 diciembre de 1991 a 1997.
Por no haber considerado el promedio de Por no haber considerado que
las remuneraciones complementarias adicionalmente a la remuneración básica
variables o imprecisas. debe considerase la remuneración
imprecisa,
Carece de objeto mencionar lo demás
extremos que fueron materia de la
demanda del Sindicato.
DECIMONOVENO: Siendo así, se verifica que existen conceptos, en los que se
presentan la triple identidad entre la demanda interpuesta por el SINDICATO DE
TRABAJADORES METALÚRGICOS DOE RUN PERÚ-LA OROYA DIVISIÓN y la
demanda de autos, tales como: 1) el Reintegro del incremento del 10% dispuesto por el
Decreto Ley 25981 - FONAVI, al considerar que la demandada no contempló todos los
conceptos remunerativos percibidos para efectos de determinar el incremento; 2)
Reintegro de aumento 3% SNP - Ley 26504, al no haber considerado todos los conceptos
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percibidos, los que tenía incidencia en otros beneficios. 3) el Reintegro de Gratificación de
Julio y diciembre; reintegro por gratificación vacacional, en los que no se consideró en la
remuneración computable otros pagos tales como: (altura, asignación familiar, trabajo
domingo; Bonificación por altura; trabajo en sierra, bonificación Kerosene, toxico, leche;
precisando que dichos reclamos alcanzan hasta 1997, ya que la demanda fue
interpuesta el 2008conceptos que coinciden con los que son materia de autos; siendo
así, debe revocarse la resolución, declararse fundada en parte la excepción de cosa
juzgada, y de conformidad con lo establecido en el artículo 451, numeral 5, se declara
nulo todo lo actuado con respecto a los extremos señalados.
EN CUANTO A LA SENTENCIA
VIGÉSIMO: En cuanto a la compensación por tiempo de servicios debe precisarse
que no se da la triple identidad, pues si bien es cierto en ambos procesos reclama este
beneficio, sin embargo, en la demanda interpuesta por el Sindicato, el sustento de su
pretensión era que no se habían considerado todos los conceptos en la remuneración
computable, sin embargo, en la presente demanda, denuncia un pago diminuto, al
haber considerado un cambio del dólar diminuto, por lo que el sustento del reintegro
no es el mismo.
VIGÉSIMO PRIMERO: Al haberse declarado fundada en parte la excepción de cosa
juzgada, en salvaguarda del derecho a la doble instancia, consagrado en el artículo
139° inciso 6) de la Constitución Política del Estado y de acuerdo a lo previsto en el
artículo 171° del Código Procesal Civil, corresponde que el Aquo emita nuevo
pronunciamiento, determinando si corresponde los reintegros sobre los extremos y
periodos que han quedado subsistentes, tales como: Reintegro de compensación por
tiempo de servicios, únicamente considerando el sustento de la demanda en cuanto
al cambio del dólar; Reintegro de FONAVI - Decreto Ley N° 25981; Reintegro del 3%
por SNP - Ley 26504, Reintegro de Gratificación de Fiestas Patrias y Navidad por el
periodo 1998 a 2003, Reintegro de Gratificación Vacacional 1998 a 2003.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala Laboral Transitoria de la Corte
Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú.
HA RESUELTO:
1. CONFIRMAR: La Resolución N°10, emitida en Audiencia Única de fecha
17 de enero de 2006, a fojas 291 a 294 en el extremo que declaró
INFUNDADA la excepción de prescripción extintiva deducida por
CENTROMIN PERÚ S.A.
2. REVOCAR: La Resolución N°10, emitida en Audiencia Única de fecha 17
de enero de 2006, a fojas 291 a 294 en el extremo que declaró
INFUNDADA la excepción de cosa juzgada deducida por DOE RUN
PERÚ S.R.L. REFORMÁNDOLA se declara FUNDADA en parte un
extremo.
3. NULO: La Sentencia N° 266-2016-08° JTTL-ENSF (Resolución N° 33) del
16 de setiembre del 2016, de fojas 450 a 461, que declara FUNDADA en
parte la demanda y se DISPONE que el Juez de la causa emita nuevo
pronunciamiento teniendo en cuenta las considerativas contenidas en la
presente resolución.
En los seguidos por EUGENIO SEGURA POMA contra CENTROMIN PERÚ S.A,
Y DOE RUN PERÚ S.A sobre Incumplimiento de disposiciones y normas laborales
y, los devolvieron al Juzgado de Origen. Notifíquese.-
VALENZUELA BARRETO SERPA VERGARA
QUILCA MOLINA
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
EXPEDIENTE N.° 00321-2004-0-1801-JR-LA-16
RESOLUCIÓN N° 40
Lima, 26 de agosto del 2021.
En Audiencia Pública, de fecha 23 de julio del año
en curso, interviniendo como Juez Superior ponente la Señora Serpa Vergara, se
expide la siguiente resolución:
ASUNTO
Resoluciones materia de apelación:
1. La Resolución N°10, emitida en Audiencia Única de fecha 17 de enero de 2006,
a fojas 291 a 294 en el extremo que declaró INFUNDADA la excepción de
prescripción extintiva deducida por CENTROMIN PERÚ S.A.
2. La Resolución N°10, emitida en Audiencia Única de fecha 17 de enero de 2006,
a fojas 291 a 294 en el extremo que declaró INFUNDADA la excepción de cosa
juzgada deducida por DOE RUN PERÚ S.R.L.
3. La Sentencia N° 266-2016-08° JTTL-ENSF (Resolución N° 33) del 16 de
setiembre del 2016, de fojas 450 a 461, que declara FUNDADA en parte la
demanda interpuesta por EUGENIO SEGURA POMA, contra CENTROMIN
PERÚ S.A, y DOE RUN PERÚ S.A, pague a favor del actor la suma de S/
14,852.16 soles (CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON 16/100 SOLES), y DOE RUN PERÚ S.R.L, pague a favor del actor la
suma de S/ 25,237.31 soles (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SIETE SOLES, CON 31/100 SOLES), haciendo un total de S/ 40,086.47 soles
(CUARENTA MIL OCHENTA Y SEIS CON 47/100 SOLES), más los intereses
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
financieros y legales con respecto a los demás beneficios sociales que se
liquidaran en ejecución de sentencia, con costas y costos.
AGRAVIOS
La demandada CENTROMIN PERÚ EN LIQUIDACIÓN; en su escrito de
impugnación contra la Resolución N° 10 que obra de fojas 302 a 303, expresa como
agravios:
Respecto a la excepción de prescripción extintiva.
1. Se basa en que el accionante finalizó el vínculo laboral con CENTROMIN
PERÚ S.A, el día 23 de octubre de 1997, y que entre esa fecha y la presentación
de la demanda (setiembre del 2004), ha transcurrido aproximadamente 07 años
sin existencia de vínculo laboral, razón por la cual es aplicable la Ley N° 26513
que establece que el plazo de prescripción de asuntos de carácter laboral es de
03 años desde que resultan exigibles.
2. El A quo no ha diferenciado el tipo de personas jurídicas que suscribieron el
contrato de Transferencias de Acciones y Aumento de Capital entre Centromin
Perú S.A y Doe Run Perú S.R.L, mientras que una de ellas es una empresa
regida por Capital Privado, y la otra es una Empresa Estatal y supervisada por
Organismos del Estado.
3. El actor al cobrar en su totalidad los depósitos de su Compensación por Tiempo
de Servicios y todos los beneficios que le correspondían hasta octubre de 1997,
automáticamente ponía fin al vínculo laboral con Centromin Perú S.A, siendo
suficiente para que el plazo prescriptorio empiece a partir de dicha fecha de
cese.
La demandada DOE RUN PERÚ S.R.L; en su escrito de impugnación contra la
Resolución N° 10 que obra de fojas 311 a 313, expresa como agravios:
Respecto a la excepción de cosa Juzgada.
2
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
1. EL presente proceso es idéntico al que ya fue resuelto dentro del Expediente
N°183416-1998-08209-0 , Secretario Ardiles, seguido por el Sindicato de
Trabajadores Metalúrgicos Doe Run Perú La Oroya División, al cual estaba
afiliado el actor. El Sindicato demando en representación de 2,054 trabajadores
sobre Reintegro de Beneficios Sociales y otros por considerarlo diminuto,
efectivamente el proceso concluyó por desistimiento después de la firma de un
Acta Extrajudicial. En cumplimiento del Actas las demandadas pagaron la suma
de S/2,000.00 a cada uno de los trabajadores. afiliados al sindicato, entre ellos, al
accionante, se ha dado la triple identidad.
2. La demandada ya desembolso la suma de S/2,000.00 soles por el concepto de
pago por reintegro de compensación por tiempo de servicios (CTS y otros), el 06
de octubre del 2000, conforme es de verse en el respectivo recibo firmado por el
ahora accionante. (anexo 1-I de la contestación de demanda.
3. Siendo así, el interés para obrar del actor ya no existe, dado a que ya se le
abonó el reintegro de beneficios sociales y reintegro de remuneraciones que
ahora vuelve a peticionar.
La demandada, DOE RUN PERÚ S.R.L en su escrito de impugnación contra la
SENTENCIA que obra de fojas 468 a 474, expresa como agravios:
1. El artículo 1° del Decreto Ley N° 25981 dispuso que los trabajadores cuyas
remuneraciones se encuentran afectas al FONAVI tendrán derecho a percibir un
aumento de remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993, equivalente al 10%
de la parte de su haber mensual del mes de enero de 1993, por tanto, la
referencia "haber mensual", la debemos entender como todas las
remuneraciones que perciba el trabajador en un determinado periodo de pago
(mensual), la debemos entender como todas las remuneraciones que percibió el
trabajador en un determinado periodo de pago (mensual), de manera fija y
permanente, por ello no estarían comprendidas las remuneraciones
3
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
complementarias, variables e imprecisas, ya que estas se perciben de manera
irregular u esporádica, así como las condiciones de trabajo.
2. En ese contexto se violenta el debido proceso, pues al no establecerse la forma
de cálculo para establecer la remuneración diaria que formaría parte del
incremento por concepto de FONAVI, (considerando noveno), señala que dicho
beneficio es equivalente a S/1.05 soles FONAVI diaria; sin embargo, al
momento de calcular señala "3102 días * 1.38 con lo cual se acredita que realiza
un cálculo incorrecto.
3. Asimismo, del análisis de la sentencia apelada (considerando décimo), se
aprecia que el cálculo para el incremento del 3.3% de la ONP resulta errado
cuando señala 2892 días * 0.50, Este monto de cálculo es errado toda vez que el
A quo no ha evaluado correctamente las boletas de pago adjunta en el anexo 1-I
de la contestación de la demanda presentada el 22 de noviembre del 2004, en
dichas boletas se aprecia que al costado del básico se le aumenta 1.00 soles y no
0.50 céntimos, con esta aclaración se deja en claro que los cálculos efectuados
son errados.
La demandada, CENTROMIN PERÚ EN LIQUIDACIÓN en su escrito de
impugnación contra la SENTENCIA que obra de fojas 489 a 492, expresa como
agravios:
Reintegro del Incremento 10% FONAVI Ley N° 25981 del 01de enero de 1993
1. En la sentencia no se está considerando erróneamente los montos abonados por
la empresa por el concepto del incremento 10% FONAVI del 01 de enero de
1993 al 23 de octubre de 1997 cuyo monto pagado fue el 10% del sueldo básico
de enero de 1993, este incremento pasa a formar parte del sueldo básico y este
tuvo efecto en las ganancias colaterales al sueldo básico y este tuvo efecto en
las ganancias colaterales asociadas al sueldo que también se vieron
incrementadas, el monto abonado por la empresa se detalla en el cuadro que se
adjunta.
4
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
2. En ese sentido, no correspondería abonar ningún reintegro por incremento
FONAVI - Ley N° 25981, a Centromin Perú S.A, debido a que lo calculado en
la sentencia menos lo abonado por la empresa resulta negativo.
Reintegro del Incremento 3% SNP del Decreto Ley N° 26504 del 01 de agosto
de 1995 al 23 de octubre de 1997.
1. En la Sentencia del asunto, no se está considerando erróneamente los montos
abonados por la empresa por el concepto del incremento 3.3% SNP del
01/08/1995 al 23/10/1997, cuyo monto pagado fue del 3.3% del sueldo básico
de agosto de 1995, este incremento al básico tuvo su efecto en las demás
ganancias colaterales asociadas al básico que también se vieron incrementadas
los montos pagados por la empresa por este concepto se detallan en el cuadro
que se adjunta.
2. En ese sentido, no correspondería abonar ningún reintegro por incremento
SNP Decreto Ley N° 26504 a Centromin Perú S.A, debido a que lo calculado en
la sentencia menos lo abonado por la empresa resulta negativo.
Reintegro de la Compensación por Tiempo de Servicios por efecto del
incremento 10% FONAVI.
3. El cálculo de las liquidaciones Compensación por Tiempo de Servicios
efectuados en la sentencia del asunto se encuentran errados.
4. Se adjunta las liquidaciones Compensación por Tiempo de Servicios pagadas
por la empresa tanto de la reserva acumulativa del 02/07/1970 al 31/12/1990,
como los periodos semestrales del 01/01/1991 al 30/04/1997.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, en la apelación la competencia del superior solo alcanza a
ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional revisor
circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo,
conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios
5
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la expresión de
agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera, según el caso)
instancia.
EN CUANTO A LOS AUTOS APELADOS
SEGUNDO: Respecto al auto contenido en la Audiencia Única en la Resolución N°
10, que declara infundada la excepción de prescripción extintiva. Conviene indicar
que, conforme lo tiene expuesto MONROY GÁLVEZ, que la excepción de
prescripción extintiva es: “un medio de defensa destinado a extinguir el ejercicio específico
del derecho de acción respecto de una pretensión procesal determinada, por haber sido
interpuesta fuera del plazo previsto por la norma positiva para dicha pretensión1”. En ese
sentido, se puede definir a la prescripción como aquella institución que se basa en el
transcurrir del tiempo, teniendo como efecto inmediato el hacer perder al titular de un
derecho el ejercicio de la acción para hacerlo efectivo; de tal suerte que si el titular de
un derecho, durante un considerable tiempo no reclama el mismo, se extingue la
posibilidad de exigir legalmente el ejercicio de éste.
TERCERO: De acuerdo a la doctrina la prescripción extintiva es una institución
jurídica según la cual, el transcurso de un determinado lapso extingue la acción que el
sujeto tiene, para exigir un derecho ante los Tribunales2.
CUARTO: Siendo así, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 27321, vigente a partir del
24 de julio del 2000 a la fecha, las acciones por derechos derivados de la relación
laboral prescriben a los 4 años contados desde el día siguiente en que se extingue el
vínculo laboral, siendo que la prescripción iniciada antes de la vigencia de ésta ley se
rige por la ley anterior.
1 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Temas de proceso civil”, librería Studium Lima-Perú, pág. 80.
2 RUBIO CORREA, Marcial. “La extinción de Acciones y Derechos en el Código Civil”, Fondo Editorial de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 1990, Pág. 16.
6
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
QUINTO: Asimismo, resulta necesario tener en cuenta que para la correcta aplicación de
los plazos de prescripción es necesario remitirnos al artículo 2122° del Código Civil y lo
señalado en el tercer acuerdo del pleno jurisdiccional de 1997, el cual determina que “el
plazo de prescripción de los beneficios de carácter laboral se computa conforme a la norma vigente
al momento que la obligación sea exigible salvo que por norma posterior se estipule un plazo
distinto, en cuyo caso la prescripción operará en el que venza primero”.
SEXTO: En el caso de autos, que si bien la prestación de servicios ha sido de manera
ininterrumpida desde el 02 de julio de 1970 hasta el 22 de octubre de 1997 para la
demandada CENTROMIN PERÚ, continuando laborando para DOE RUN PERÚ
S.R.L hasta el 14 de setiembre del 2003, sin embargo debe tenerse en cuenta que la
transferencia de acciones de la demandada CENTROMIN PERÚ, EN LIQUIDACIÓN
a la empresa DOE RUN PERÚ S.R.L, dicha transferencia no constituyo de forma
alguna el cese entre el actor y la primera empresa sino el cambio de empleador, en tal
sentido con dicha transferencia de acciones no se produjo su cese, por lo que
corresponde en este caso la aplicación de la Ley N° 27321, cuyo plazo de prescriptorio
es de 04 años, y no la Ley N° 26513, siendo su plazo de prescripción de 03 años desde
la fecha de cese, en consecuencia al haber interpuesto su demanda el 20 de setiembre
del 2004 tal como se aprecia del sello de recepción del Centro de Distribución
General de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 01, siendo así, se advierte
que el plazo prescriptorio no se ha cumplido, razones por las cuales debe
confirmarse el auto impugnado.
SÉPTIMO: Respecto a la excepción de cosa juzgada propuesta, debe precisar que,
esta excepción tiene su base constitucional en el inciso 3 del artículo 139° de la
Constitución Política del Estado, el cual establece como principio y derecho de la
función jurisdiccional, la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución
ejecutoriada; asimismo, esta excepción es una institución procesal invocada por quien
quiere hacer valer el carácter incuestionable e irrevisable de una sentencia ya
pronunciada, y por ende, destinada a denunciar una cuestión de orden público (la
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
cosa juzgada), de lo que se infiere su efecto perentorio (HINOSTROZA MIGUEZ,
Alberto. “Manual de Consulta Rápida del Proceso Civil”; Lima: Editorial Grijley. 2001, pp.
496).
OCTAVO: En virtud a lo aunado, para que opere la cosa juzgada deben concurrir tres
elementos en el proceso fenecido, cuya tramitación se pretende nuevamente: 1) los
sujetos (eadem personae); 2) el objeto (eadem res), y 3) la causa (eadem causa petendi). Una
segunda consideración es que la sentencia del proceso fenecido haya resuelto la
pretensión (objeto) que se plantea en proceso posterior, de acuerdo a la sentencia
recaída en el expediente N° 08376-2006-PA/TC.
NOVENO: Por otro lado, procesalmente se encuentra contenido en el artículo 453°
del Código Procesal Civil, la que refiere que ésta es procedente cuando hay identidad
de procesos, es decir, cuando las partes, el petitorio y el interés para obrar son los
mismos. Igualmente, es preciso mencionar que esta excepción permite al demandado
denunciar que el interés para obrar del demandante ya no existe, dado que lo hizo
valer en un anterior proceso, donde quedó totalmente agotado al haberse expedido un
pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia y al haber culminado un
anterior proceso.
DÉCIMO: La demandada sustenta la excepción alegando que la demanda que corre
en autos se relaciona a REINTEGRO DE COMPENSACIÖN DE COMPENSACIÓN
POR TIEMPO DE SERVCIOS, tal como se puede apreciar con las prueba que
acompaña se determina claramente que existió un proceso seguido por el Sindicato
contra las Empresas Centromin Perú S.A y DOE RUN PERÜ S.R.L ante el 16° Juzgado
Laboral de Lima Expediente N°8209-98-183416, proceso que fue archivado al haberse
solucionado el problema laboral seguido entre las partes. en el cual el actor a raíz de
este arreglo conciliatorio percibió la suma de S/2,000 dos mil soles, poniendo punto
final al reclamo sobre reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios y otros.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
UNDÉCIMO: El actor al absolver la excepción de Cosa Juzgada, a fojas 253 a 254,
refiere que, conforme puede apreciar de los fundamentos de la excepción de cosa
juzgada deducida por co-demandada DOE RUN PERÚ S.R.L los argumentos
esgrimidos para sustentar lo articulación deducida no corresponde a los presupuestos
en que se sustenta una excepción de cosa Juzgada; porque se desprende que estos
corresponderían más bien a una excepción de desistimiento de la pretensión
contemplada en el inciso 9 del artículo 446° del Código Procesal Civil y no una
excepción de cosa juzgada dado que se había dado el desistimiento.
DUODÉCIMO: En el presente caso el demandante peticiona en su escrito de
demanda de fojas 21 a 100, subsanada a fojas 102 a 106 que la demandada cumpla con
el REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES Y BENEFICIOS SOCIALES tales como:
•
Reintegro Incremento Fonavi D.L N° 25981 (01 de enero de 1993 al 14 de
setiembre del 2003)
•
Reintegro Gratificación Fiestas Patrias. (02 de noviembre de 1991 al 14 de
setiembre del 2003)
•
Reintegro Gratificación Navidad. (02 de noviembre de 1991 al 14 de setiembre
del 2003)
•
Reintegro Gratificación Vacaciones (02 de noviembre de 1991 al 14 de setiembre
del 2003)
•
Reintegro Incremento ONP. (02 de noviembre de 1991 al 14 de setiembre del
2003)
•
Compensación por Tiempo de Servicios Periodo Acumulado: (del 02 de julio de
1970 al 31 de diciembre de 1990), remuneración computable.
- Básico
- Refrigerio.
- Altura.
- Trabajo en día de descanso.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
- Bonificación Sustitutoria Kerosene.
- Sobretiempo.
- Nocturno.
- Domingo Trabajado.
- Bonificación Sustitutoria leche
- Promedio de Gratificación Vacacional.
-Domingo Trabajado.
-Promedio Asignación Familiar.
- Trabajo en Sierra.
- Toxico.
- Feriado Trabajado.
- Promedio de Gratificación Fiestas Patrias.
- Promedio de Gratificación Navidad.
- Quinquenio.
•
Compensación por Tiempo e Servicios Periodo Cancelatorio: (01 de enero de
1991 al 14 de setiembre del 2003)
DECIMOTERCERO: Por otro lado el SINDICATO DE TRABAJADORES
METALÚRGICOS DOE RUN PERÚ-LA OROYA DIVISIÓN en el Expediente
N°8209-98-183416, como se observa de las copias de las piezas procesales que obran de
fojas 146 a 157 interponen demanda de reintegro de beneficios sociales y pago de
remuneraciones insolutas tales como:
•
Reintegro pro Tiempo de Servicios 25% y 30%; Bonificaciones por Tiempo de
Servicios.
•
Reintegro por otros pagos (Bonificación por Toxico, Trabajo Nocturno; Altas
Temperaturas, Asignación Familiar, Trabajo Domingos, Bonificación por Altura,
Refrigerio, Trabajo en Sierra, Bonificación Kerosene, Zapatos, Leche, Toxico por
nivel según Convenios Colectivo.
•
Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios
10
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
(cid:1)
Acumulada al 31 de diciembre de 1990.
(cid:1)
Reintegro de Depósitos Semestrales.
(cid:1)
Reintegro de Gratificaciones de Julio y Diciembre de 1991 a 1997.
(cid:1)
Reintegro Aumento 10% FONAVI.
(cid:1)
Reintegro de 3.3% SNP Decreto Ley N° 26504.
(cid:1)
Reintegro de Vacaciones de los años 1991 a 1997.
(cid:1)
Reintegro de Gratificación Vacacional.
(cid:1)
Reintegro por Gratificación Vacacional.
(cid:1)
Reintegro por Descanso Semanal obligatorio (dominical).
(cid:1)
Reintegro 10.23%y 3% AFP (Ley N° 25897).
DECIMOCUARTO: En atención a lo expuesto, corresponde analizar si concurren los
03 elementos, expuestos en el sétimo considerando, entre el proceso fenecido por el
desistimiento del proceso y pretensión del SINDICATO DE TRABAJADORES
METALÚRGICOS DOE RUN PERÚ-LA OROYA DIVISIÓN, recaído en el
Expediente N°8209-98-183416 y este proceso.
DECIMOQUINTO: Respecto al primer requisito, se aprecia de la boletas de pago
presentado por el propio demandante, que obra a foja 05 a 29, que el actor se
encontraba afiliado al SINDICATO DE TRABAJADORES METALÚRGICOS DOE
RUN PERÚ-LA OROYA DIVISIÓN, tal es así que se le hacía el descuento
correspondiente, además se verifica de la copia certificada de las piezas procesales del
Expediente N°8209-98-183416, que obran de folio 146 a 166, que el accionante ha
recibido S/2,000.00 soles, recibo de fojas 166, monto que fue abonado en virtud a los
acuerdos que tuvieron con la demandada, y que concluyó con el desistimiento
realizado por dicho Sindicato de fojas 162 a 163, corroborando con ello, que estuvo
representado por el Sindicato.
DECIMOSEXTO: Entonces teniendo en cuenta que el artículo 8° inciso a) y c) del
Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por el
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
Decreto Supremo N° 010-2003-TR, establecía: “Son fines y funciones de las organizaciones
sindicales: a) Representar el conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito, en los
conflictos, controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva. c) Representar o defender a
sus miembros en las controversias o reclamaciones de carácter individual, salvo que el
trabajador accione directamente en forma voluntaria o por mandato de la ley, caso en el cual el
sindicato podrá actuar en calidad de asesor. (...)".
DECIMOSÉPTIMO: Estando a que la causa seguida por el Sindicato contra la
demanda, y en la que sustenta la excepción propuesta fue tramitada bajo los alcances
de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, que en su artículo 23° en cuanto a las
excepciones, en su segundo párrafo señala: " Lo resuelto en un litigio en el que es parte un
sindicato produce los efectos de la cosa juzgada para todos aquellos a los que representó.".
por lo tanto, ciñéndose la demandada a lo establecido en la norma especial procesal
laboral, propuso correctamente la excepción de cosa juzgada, sin perjuicio, de que
también los Jueces pueden subsanar algún error en la denominación de la excepción
de acuerdo al principio iura novit curia, regulado por el artículo VII del título
Preliminar del Código Procesal Civil.
.
DECIMOCTAVO: Así tenemos que las pretensiones en ambas causas son la
siguientes:
EXTREMOS DEMANDADOS EN LA PRETENSIONES EN EL EXPEDIENTE
PRESENTE CAUSA Expediente N°321- N°8209-98, interpuesto por el
2004 SINDICATO DE TRABAJADORES
Reintegro de compensación por tiempo Reintegro de Compensación por tiempo
de servicios: de Servicios.
De la reserva acumulada y las De la Reserva acumulada y las
semestrales. semestrales.
Por haber utilizado tipo de cambio del por no haber considerado todos los
dólar distinto. conceptos percibidos,
Reintegro de incremento FONAVI D.L. Reintegro del incremento FONAVI D.L.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
N° 25981 N° 25981
Por no haber considerado adicionalmente Al haber considerado únicamente el
al básico todos los conceptos que percibía básico, sin considerar los colaterales.
en forma fija y permanente.
Reintegro de Remuneración Vacacional Reintegro de Remuneración Vacacional
Por no haber considerado el promedio de Por no haber considerado el promedio de
las remuneraciones complementarias. las remuneraciones complementarias.
Reintegro del Incremento del Decreto Reintegro del Incremento del Decreto
Ley N° 26504 Ley N° 26504
Por no haber considerado adicionalmente Por haber considerado únicamente el
al básico todos los conceptos que percibía básico, sin considerar las remuneraciones
en forma fija y permanente. colaterales o complementarias.
Reintegro de Gratificaciones por Fiestas Reintegro de Gratificaciones de julio y
Patrias y Navidad, desde 1991 diciembre de 1991 a 1997.
Por no haber considerado el promedio de Por no haber considerado que
las remuneraciones complementarias adicionalmente a la remuneración básica
variables o imprecisas. debe considerase la remuneración
imprecisa,
Carece de objeto mencionar lo demás
extremos que fueron materia de la
demanda del Sindicato.
DECIMONOVENO: Siendo así, se verifica que existen conceptos, en los que se
presentan la triple identidad entre la demanda interpuesta por el SINDICATO DE
TRABAJADORES METALÚRGICOS DOE RUN PERÚ-LA OROYA DIVISIÓN y la
demanda de autos, tales como: 1) el Reintegro del incremento del 10% dispuesto por el
Decreto Ley 25981 - FONAVI, al considerar que la demandada no contempló todos los
conceptos remunerativos percibidos para efectos de determinar el incremento; 2)
Reintegro de aumento 3% SNP - Ley 26504, al no haber considerado todos los conceptos
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percibidos, los que tenía incidencia en otros beneficios. 3) el Reintegro de Gratificación de
Julio y diciembre; reintegro por gratificación vacacional, en los que no se consideró en la
remuneración computable otros pagos tales como: (altura, asignación familiar, trabajo
domingo; Bonificación por altura; trabajo en sierra, bonificación Kerosene, toxico, leche;
precisando que dichos reclamos alcanzan hasta 1997, ya que la demanda fue
interpuesta el 2008conceptos que coinciden con los que son materia de autos; siendo
así, debe revocarse la resolución, declararse fundada en parte la excepción de cosa
juzgada, y de conformidad con lo establecido en el artículo 451, numeral 5, se declara
nulo todo lo actuado con respecto a los extremos señalados.
EN CUANTO A LA SENTENCIA
VIGÉSIMO: En cuanto a la compensación por tiempo de servicios debe precisarse
que no se da la triple identidad, pues si bien es cierto en ambos procesos reclama este
beneficio, sin embargo, en la demanda interpuesta por el Sindicato, el sustento de su
pretensión era que no se habían considerado todos los conceptos en la remuneración
computable, sin embargo, en la presente demanda, denuncia un pago diminuto, al
haber considerado un cambio del dólar diminuto, por lo que el sustento del reintegro
no es el mismo.
VIGÉSIMO PRIMERO: Al haberse declarado fundada en parte la excepción de cosa
juzgada, en salvaguarda del derecho a la doble instancia, consagrado en el artículo
139° inciso 6) de la Constitución Política del Estado y de acuerdo a lo previsto en el
artículo 171° del Código Procesal Civil, corresponde que el Aquo emita nuevo
pronunciamiento, determinando si corresponde los reintegros sobre los extremos y
periodos que han quedado subsistentes, tales como: Reintegro de compensación por
tiempo de servicios, únicamente considerando el sustento de la demanda en cuanto
al cambio del dólar; Reintegro de FONAVI - Decreto Ley N° 25981; Reintegro del 3%
por SNP - Ley 26504, Reintegro de Gratificación de Fiestas Patrias y Navidad por el
periodo 1998 a 2003, Reintegro de Gratificación Vacacional 1998 a 2003.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala Laboral Transitoria de la Corte
Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú.
HA RESUELTO:
1. CONFIRMAR: La Resolución N°10, emitida en Audiencia Única de fecha
17 de enero de 2006, a fojas 291 a 294 en el extremo que declaró
INFUNDADA la excepción de prescripción extintiva deducida por
CENTROMIN PERÚ S.A.
2. REVOCAR: La Resolución N°10, emitida en Audiencia Única de fecha 17
de enero de 2006, a fojas 291 a 294 en el extremo que declaró
INFUNDADA la excepción de cosa juzgada deducida por DOE RUN
PERÚ S.R.L. REFORMÁNDOLA se declara FUNDADA en parte un
extremo.
3. NULO: La Sentencia N° 266-2016-08° JTTL-ENSF (Resolución N° 33) del
16 de setiembre del 2016, de fojas 450 a 461, que declara FUNDADA en
parte la demanda y se DISPONE que el Juez de la causa emita nuevo
pronunciamiento teniendo en cuenta las considerativas contenidas en la
presente resolución.
En los seguidos por EUGENIO SEGURA POMA contra CENTROMIN PERÚ S.A,
Y DOE RUN PERÚ S.A sobre Incumplimiento de disposiciones y normas laborales
y, los devolvieron al Juzgado de Origen. Notifíquese.-
VALENZUELA BARRETO SERPA VERGARA
QUILCA MOLINA
15<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00129-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP PROFUTURO ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
setiembre de 2006, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS SOLES CON 10/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 16 de octubre
de 2006 (folios 26-27), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00129-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP PROFUTURO ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
setiembre de 2006, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS SOLES CON 10/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 16 de octubre
de 2006 (folios 26-27), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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SALA SUPERIOR MIXTA DE LA PROVINCIA DE PISCO
_____________________________________________________________________________
EXPEDIENTE N°: 000293-2006-51-1411-SP-LA-01
DEMANDANTE : HUGO FELIX OCHOA LA ROSA
DEMANDADO : FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC.
MATERIA : NULIDAD DE DESPIDO
PROCEDENCIA : JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE PISCO.
JUEZ : MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONI
A U T O D E V I S T A
RESOLUCIÓN N° 09
Pisco, quince de mayo
Del dos mil diecinueve.
AUTOS Y VISTOS; Con observancia de las formalidades
previstas en el artículo 138° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial; interviene como ponente la señora Juez Superior (p) Martha Ruiz
Pérez; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: DE LA RESOLUCIÓN MATERIA DE APELACIÓN
Viene en grado de apelación, el auto contenido en la resolución número cuatro de
fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho, obrante de fojas ciento
cuarenta y seis a ciento cincuenta y uno, que resuelve declarar infundado el recurso
de oposición a la medida cautelar decretada mediante resolución número dos, de
fojas ciento dos, que realiza la empresa demandada Fabrica Tejidos Pisco SAC,
mediante escrito de fojas ciento treinta, con lo demás que contiene y es materia de
grado.
SEGUNDO: RECURSO DE APELACION
2.1. De conformidad con lo establecido por el artículo 364° del Código Procesal
Civil, (de aplicación supletoria al presente caso), el recurso de apelación tiene por
objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de
tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que
sea anulada o revocada, total o parcialmente. Por su parte el artículo 366° del mismo
cuerpo legal prescribe que es requisito de procedencia del recurso de apelación, la
fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en
la resolución impugnada y precisando su naturaleza.
2.2. Debe tenerse presente que los medios de impugnación configuran los
instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales1 para corregir, modificar,
revocar o anular los actos y las resoluciones tanto judiciales como administrativas
cuando éstas adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia. La finalidad
1 Artículos 35° y 36° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, concordados con Artículo 364° del Código Procesal Civil
de aplicación supletoria al presente proceso.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
SALA SUPERIOR MIXTA DE LA PROVINCIA DE PISCO
_____________________________________________________________________________
como podemos ver es demostrar el desacierto de la resolución que se recurre y los
motivos que se tiene para considerarla errónea y como dicha suficiencia se relaciona
a su vez con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre
los errores incurridos por el juzgador; son inadmisibles las apelaciones planteadas
que sólo comportan la expresión de un mero desacuerdo con lo resuelto y en modo
alguno se hacen cargo del enfoque jurídico utilizado por el A quo para resolver la
cuestión controvertida.
2.3. También debe tenerse en cuenta que “El Juez Superior tiene la facultad de poder
revisar y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el Juez inferior; sin embargo,
cabe precisar que la extensión de los poderes de instancia de alzada está presidida por un postulado
que limita su conocimiento recogido por el aforismo tantun appelatum, quantum devolutum, en
virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios
que afectan al impugnante”.2 A ello debe agregarse que al amparo del “principio de
limitación aplicable a toda actividad recursiva le impone al Tribunal (…) la
limitación de sólo referirse al tema de la alzada”3.
TERCERO: FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
Fluye de autos que por escrito de fojas ciento cincuenta y tres a ciento cincuenta y
ocho, la demandada Fabrica de Tejidos Pisco SAC, interpone recurso de apelación
contra la decisión anotada en el primer acápite, por considerar puntualmente que:
(cid:1)
Argumenta que en la resolución treinta y cuatro de fecha 23/12/2008
expedida, por la Sala Mixta de Pisco, mediante dicha resolución se declaró
fundada la petición del demandante de ser repuesto en Fabrica de Tejidos
Pisco S.A.C., hecho que se puede verificar con una simple leída de la copia
que adjuntan o de la propia resolución que obra en autos también, quedando
claro que de ninguna manera se ordena que se incorpore al proceso a Fabrica
de Tejidos Pisco SAC., como sucesora procesal de COTTONIFICIO
SURPERU S.A.C., como extrañamente alega el demandante, por lo cual
resulta ser falso el argumento que se sustenta en el pedido cautelar, no
habiendo en la indicada resolución la incorporación que temerariamente
alude como argumento de su petición.
(cid:1)
El juez tuvo en cuenta que el demandante después de la expedición de la
resolución número treinta y cuatro, en claro entendimiento que dicha
resolución no les obliga a pago alguno, solicitó al juzgado mediante escrito de
fecha 20/04/2009 se declare la sucesión procesal de la empresa Cottonifício
SURPERÚ S.A.C. a favor de Fabrica de Tejidos Pisco S.A.C. pedido que fue
declarado improcedente por el juzgado mediante resolución número treinta y
nueve de fecha 22/04/2009, dicha resolución fue apelada por el demandante
y la Sala Mixta de Pisco mediante resolución número dos de fecha
27/11/2009 confirmo lo resuelto en la resolución número treinta y nueve,
quedando sumamente claro de esta manera que Fabrica de Tejidos Pisco
2 Casación N° 626-01-Arequipa
3 STC. Expediente N° 04492-2008-AA/TC.
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S.A.C. no es sucesora de Cottonifício SURPERU S.A.C., ni mucho menos es
parte en el proceso, menos aún obligada a pago alguno.
(cid:1)
Argumenta que, el escrito de oposición no ha sido resuelto por el juzgado en
la resolución número cuatro ha omitido severamente, en no pronunciarse
sobre los fundamentos y pruebas de la oposición, que de manera
contundente demuestran que su empresa no es parte del proceso y así lo han
demostrado las resoluciones que hacen referencia, que corren en autos y que
han sido expedidas por el juzgado y la Sala Mixta de Pisco, por lo que resulta
claro que se ha perjudicado a su empresa con la medida cautelar dictada en su
contra, cuando está debidamente acreditado que no es parte en el proceso.
(cid:1)
También señala que nada de lo que ha sustentado y probado en su oposición
ha sido tomado en cuenta en el pronunciamiento del juzgado, resolución que
evidencia falta de motivación sobre los hechos denunciados.
(cid:1)
El juzgado no ha tenido ni un solo argumento ni prueba para establecer la
responsabilidad de nuestra empresa sobre pago alguno, por lo que mal ha
hecho en conceder la presente medida cautelar, en base a solo conjeturas o
deducciones.
(cid:1)
También señala que se encuentra evidenciado de lo resuelto en autos, que el
demandante actuó con temeridad, argumentando mentiras e induciendo a
error al juzgado con la finalidad de obtener la resolución de embargo, pese
que tiene conocimiento de lo resuelto en autos por distinta instancias que ha
determinado la no inclusión de Fábrica de Tejidos al proceso que no es parte
del mismo, y que no tiene responsabilidad alguna sobre la deuda que se
pretende hacerle responsable.
(cid:1)
Finalmente señala que, resultan claros los errores incurridos por el juzgado al
momento de expedir la resolución número cuatro, y la falta de motivación de
la misma, es por ello que interponen la presente apelación a fin que el
superior con mayor criterio, seriedad y análisis de los actuados, revoque la
resolución número cuatro, declarando fundada la oposición e improcedente
la medida cautelar concedida indebidamente al demandante, entre otros
argumentos que ahí expone que sólo refuerzan lo antes expuesto.
CUARTO: DEL PRINCIPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APELLATUM
4.1. Este principio a decir de Alsina, significa que los poderes del tribunal de
apelación se hallan limitados por la extensión del recurso; por ello, sufre una
limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada
de la sentencia, pues entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que
es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum quantum
apellatum, o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la
extensión del recurso.
4.2. El órgano revisor a quien se transfirió la actividad jurisdiccional, tiene una
limitación al momento de resolver la apelación, su actividad estará determinada por
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los argumentos de las partes contenidos en la apelación, su adhesión o el escrito de
absolución de agravios. No puede ir más allá de lo que el impugnante cuestiona;
cabe aclarar que el cuestionamiento que propone el apelante, debe estar en
concordancia con lo que se propuso en la demanda, y lo que se argumentó en la
contestación de la misma, básicamente a los puntos controvertidos sujetos a prueba.
4.3. Este principio pone la limitación al órgano revisor, para que se pronuncie sobre
el contenido de la apelación, no se puede pronunciar sobre lo no pedido por el
recurrente. Sólo lo que cuestiona el apelante (principio dispositivo) del acto procesal
impugnado, es materia de conocimiento del tribunal superior, lo que dejó
consentido o lo que no atacó ya no debe ser materia de pronunciamiento por el
revisor.
QUINTO: DE LA MEDIDA CAUTELAR
5.1. Una de las manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el
derecho a la ejecución de resoluciones judiciales, para lo cual el ordenamiento
procesal provee al ciudadano de la medida cautelar, por eso se afirma que
básicamente está destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva a
recaer en un proceso, conforme lo preceptúa la parte final del Artículo 608 del
Código Procesal Civil: “(…) La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el
cumplimiento de la decisión definitiva”.
5.2. Como lo afirma Marianella Ledesma Narváez: “La función de la tutela cautelar es
evitar que la duración del proceso, donde el demandante busca obtener la protección mediante una
situación jurídica de ventaja, termine por convertirse en irreparable la lesión que ella sufre; o,
hacerla más gravosa (sin necesidad de que la lesión produzca consecuencias irreparables); o, permitir
que se consume la lesión que en la situación anterior a la del inicio del proceso era una mera
amenaza”.4
5.3. La medida cautelar puede solicitarse fuera del proceso o dentro del mismo,
cumpliéndose los requisitos previstos en los artículos 611° y 613° del referido
Código. Los mismos que se encuentran referidos; a) La verificación de la
apariencia del derecho invocado, que es el resultado al que llega el Juzgador luego
de efectuar un juicio de probabilidad sobre los medios probatorios que sustentan la
demanda cautelar, puesto que quien solicita la medida cautelar deberá demostrar que
la pretensión principal tiene una posibilidad razonable de ser declarada fundada en la
sentencia; b) la existencia de un peligro en la demora, entendida ésta como la
amenaza de que el proceso se torne ineficaz durante el tiempo que transcurra desde
el inicio de la relación procesal hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva,
en perjuicio de la actora; y c) Que la medida cautelar solicitada resulte
adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión.
4Marianella Ledesma Narváez. Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil. Gaceta Jurídica. Primera Edición,marzo 2013. Pág.131.
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SEXTO: DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE
RETENCIÓN
6.1. Se encuentra contemplada en el artículo 657 del Código Procesal Civil que
señala: “Cuando la medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en posesión de terceros,
cuyo titular es el afectado con ella, puede ordenarse al poseedor retener el pago a la orden del
Juzgado, depositando el dinero en el Banco de la Nación. Tratándose de otros bienes, el retenedor
asume las obligaciones y responsabilidades del depositario, salvo que los ponga a disposición del
Juez (…)”.
6.2. La retención es la acción y el efecto de retener o sea de detener, conservar,
guardar en sí. Tienen además otras aceptaciones que carecen de sentido jurídico. En
Derecho se habla también de retener en el sentido de suspender en todo o en parte
el pago del sueldo, salario u otro haber que uno ha devengado hasta que satisface lo
que debe por disposición judicial o gubernativa y asimismo asumir un Tribunal
superior la jurisdicción para ejercitarla por sí con exclusión del infierno. Para Devis
Echandía, “embargo es el acto judicial mediante el cual se pone fuera del comercio una cosa y a
órdenes de la autoridad que lo decreta”.
6.3. En consecuencia, la retención puede tener tanto el carácter de una
obligatoriedad como el de un derecho. Así, por ejemplo, constituye una obligación
cuando la ley impone a una persona individual o jurídica el deber de conserva en su
poder una cosa o cantidad para darle posteriormente el destino que marque la Ley
6.4. La retención es una obligación que por mandato judicial se exige a quien debe
hacer entrega de bienes o pagos al deudor, debiendo el retenedor reservarlos a orden
y disposición de la autoridad jurisdiccional que decretó esta medida preventiva. Esta
medida supone la inmovilización de bienes y valores del afecto que efectúa un
tercero, quien se encuentra en posesión de ellos (no siempre en calidad de deudor).
SÉPTIMO: DEL SUSTENTO DOCTRINARIO Y NORMATIVO.-
7.1. Debemos tener en cuenta que, el Juez, al calificar una demanda o solicitud de
medida cautelar debe analizar que los requisitos de admisibilidad y procedencia estén
indefectiblemente ya que de su cumplimiento dependerá se le de o no el trámite que
por ley corresponde. En tal sentido, toda solicitud de medida cautelar debe estar
revestida de los rigores y requisitos que exige la norma. Caso contrario no puede
admitirse a trámite.- Cas. 1691-99-Callao. Normas Legales. T. 286.
7.2. Al respecto el Tribunal Constitucional en la STC N° 0023-2005-PI/TC ,
refiriéndose a los presupuestos de la medida cautelar en los procesos
constitucionales ha señalado: “(…) en cuanto a los presupuestos que debe contener
toda medida cautelar dictada en un proceso constitucional, destacan, prima facie:
a) El fumus boni iuris. (…) Lo que se exige del juzgador en este caso es un juicio
simple de verosimilitud, es decir, que mediante los documentos
acompañados por el solicitante de la medida cautelar se genere en el
juez la apariencia razonable de que si se pronunciase la sentencia se
declararía fundada la demanda. (negrita nuestro) No se le exige al juez un
juicio de certeza, pues éste es exigible al momento de sentenciar.
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Lo que constituye un análisis distinto a la probanza de la existencia del
derecho alegado por el actor, dado que la titularidad de los derechos
fundamentales recae en toda persona humana. De lo cual se deriva una
importante consecuencia procesal; que la apariencia de buen derecho es algo
que, en principio, podría deducirse del hecho mismo de haber sido admitida
a trámite la demanda. Pero junto a esa inicial apariencia de buen derecho, lo
esencial es la justificación del peligro que representa el perjuicio que, de no
acordarse la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en
amparo, se ocasionaría al demandante.
b) El periculum in mora. Este presupuesto se encuentra referido al daño
constitucional que se produciría o agravaría, como consecuencia del
transcurso del tiempo, si la medida cautelar no fuera adoptada, privando así
de efectividad a la sentencia que ponga fin al proceso.
Si bien la carga de la prueba, recae en el demandante, es necesario matizar
esta afirmación a nivel de los procesos constitucionales, pues de lo que se
trata es que se acredite, al menos, un principio razonable de prueba al
respecto. (…)
c) Adecuación. Este presupuesto exige que el juzgador deba adecuar la medida
cautelar solicitada a aquello que se pretende asegurar, debiendo dictar la
medida que de menor modo afecte los bienes o derechos de la parte
demandada o en todo caso, dictar la medida que resulte proporcional con el
fin que se persigue.
OCTAVO: DE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR
8.1. El Artículo 637 del Código Procesal Civil señala: “La solicitud cautelar es
concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada en atención a los
fundamentos y prueba de la solicitud. Procede apelación contra el auto que deniega
la medida cautelar. En este caso, el demandado no es notificado y el superior
absuelve el grado sin admitirle intervención alguna. En caso de medidas cautelares
fuera de proceso, el juez debe apreciar de oficio su incompetencia territorial. Una
vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de
un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución
cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la
oposición no suspende la ejecución de la medida. De ampararse la oposición, el juez
deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que resuelve la oposición es
apelable sin efecto suspensivo.”
8.2. En este orden de ideas se tiene pues que, la figura de la oposición como tal,
brinda al Juzgador la posibilidad de verificar de manera horizontal la legalidad,
idoneidad y razonabilidad de sus propias decisiones, sin que ello importe una
variación arbitraria del criterio inicialmente adoptado, puesto que una de las
limitaciones de la característica in audita et altera pars en el otorgamiento de
medidas cautelares, es que el Juez resuelve en un primer momento con aquella
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información brindada por una de las partes - solicitante-, lo cual como es lógico
brinda un punto de vista favorable a quien lo solicita.
NOVENO: DE LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
LEGALES
9.1. El actor solicita medida cautelar de embargo en forma de retención, mediante
escrito de fojas ochenta y siguientes, y mediante resolución número dos de fecha
quince de agosto del año dos mil dieciocho de fojas ciento dos a ciento cinco, el juez
ampara dicha pretensión concediendo la medida cautelar en forma de retención,
auto contra el cual, la demandada formula oposición, solicitando que se deje sin
efecto; el juez de la causa mediante resolución número cuatro de fecha veintiocho
de diciembre del año dos mil dieciocho obrante a fojas ciento cuarenta y seis declara
infundado el recurso de oposición, posteriormente mediante escrito obrante a fojas
cientos trece y siguientes la demandada formula apelación contra la resolución
número cuatro, siendo ésta materia de pronunciamiento.
9.2. Al respecto debemos tener en cuenta, la procedencia de las medidas cautelares
está sujeta a presupuestos específicos distintos de los requisitos para la acción, en
procura de la declaración del derecho material. Tales requisitos son la verosimilitud
del derecho y el peligro en la demora. La prestación de la caución o contracautela,
más que un presupuesto de las medidas cautelares constituye un requisito de la traba
efectiva de las mismas; la caución es entonces un requisito intermedio entre el
derecho que ordena dicha traba y su efectivización.
9.3. Ahora bien, en un orden lógico y razonable de análisis jurisdiccional, los
requisitos de apariencia de verosimilitud del derecho, real peligro de irreparabilidad
en la demora del proceso principal y adecuación, son los que, con carácter
prioritario, se evalúan para establecer si el pedido de dictado de medida cautelar
resulta procedente o no, constituyendo el examen de la suficiencia o no de la cautela
una segunda etapa que tiene como exclusivo propósito, otorgar garantía de
resarcimiento a quien pueda verse perjudicado con la ejecución de la concedida.
9.4. Estando a lo antes señalado, precisamos que las decisiones más delicadas y
exigentes para un magistrado –a la par de importantes para el justiciable-, son la
sentencia y el dictado de medidas cautelares. La complejidad y exhaustividad que
ello reviste, hace que tengamos especial cuidado en su expedición. Sin embargo
debemos tener en cuenta que, en el caso de las medidas cautelares, su concesión
permite garantizar que la sentencia futura no sea lírica y que la decisión judicial final
sea cumplida. En tal sentido -y sin alejarnos de la intención de la ley, porque
finalmente la caución debe ser regularmente ofrecida por el solicitante y graduada
por el Juez- debería evitarse que las disposiciones que emita el juez, sean generales,
exigiéndose escrupulosamente una evaluación rigurosa y razonable respecto a la
cautela ofrecida, permitiéndose que el aseguramiento de la reparación de los daños y
perjuicios que ocasione su ejecución pueda ser satisfecho luego de la respuesta
judicial que la concede, pero nunca antes de su ejecución, porque eso sí generaría un
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desequilibrio que menoscaba el derecho del demandado a ser también protegido por
el órgano jurisdiccional.
9.5. Considerando lo anterior, este Colegiado evidencia que se bien se concedió la
medida cautelar, sin embargo, conforme se observa de la resolución que se revisa,
atendiendo a la evaluación que efectúa el juez en el considerando quinto señala “que
la resolución de la Sala Mixta de Pisco, si bien es cierto se pronuncia respecto del lugar en donde
debe ser repuesto el actor, también es cierto que fundamenta de que al haberse producido la escisión
parcial del bloque patrimonial por la empresa PISCOTEX ésta asume todas las
obligaciones dejadas por COTTONSUR con sus trabajadores. Además, la citada
Resolución Nº 35, del trece de febrero de 2009, se refiere a dos obligaciones una de hacer que es la
reposición del trabajador en el centro de labores, y otra obligación de dar una suma de dinero (pago
de beneficios sociales) sin embargo, dicha resolución no distingue que empresa demandada debe
cumplir con dichas obligaciones, entendiéndose que ambas deben ser asumidas por la empresa
Fábrica de Tejidos Pisco SAC. Asimismo, dichas resoluciones no fueron impugnadas ni
cuestionadas por la demandada Fábrica de Tejidos Pisco SAC.”,
9.6. Analizando los fundamentos que han sido tomados en cuenta por el juzgador, y
si bien es cierto que la presente se encuentra en ejecución de sentencia, también es
cierto que se debe tener en cuenta la persecutoriedad laboral en caso que la nueva
empresa haya trasferido el derecho y las acciones, como en este caso
9.7. Para lo cual precisamos que como medida de protección a los trabajadores
respecto a sus derechos laborales, estos tiene prioridad frente a cualquier otra
obligación del empleador.
9.8. Así, el artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 856, en armonía con el segundo
párrafo del artículo 24° de la Constitución, ha previsto diversos supuestos en los que
la preferencia del crédito laboral puede ejercerse con carácter persecutorio del
patrimonio del empleador. Al respecto debe precisarse que el fenómeno de la
persecutoriedad, es una característica asignada sobre todo a las garantías reales, las
que mediante la afectación pública de determinado bien, admiten la posibilidad de
“perseguirlo”, es decir que la garantía puede hacerse valer, no importando si es el
deudor u otra persona, la que actualmente se encuentra en posesión o propiedad del
bien.
9.9. La persecutoriedad, permite considerar como inoponibles o ineficaces frente al
acreedor garantizado, los actos de disposición que sobre el respectivo bien haya
realizado el deudor. Sin embargo, dicha persecutoriedad también puede asignarse de
manera excepcional a otro tipo de derechos, siendo uno de estos casos el de los
créditos laborales, que si bien no generan un derecho real de garantía, sí permiten
que ante determinadas circunstancias se active el efecto persecutorio, principalmente
en casos de disposiciones fraudulentas o probada insolvencia del empleador-deudor.
9.10. De allí que, la persecutoriedad asignada a nivel legal, a favor de los créditos
laborales, permite que frente a dichos créditos, resulten ineficaces los actos de
disposición patrimonial fraudulentos, realizados por el empleador tendientes a burlar
el pago laboral, o que en caso de liquidación por insolvencia de dicho empleador se
asegure el pago preferente del crédito laboral. En el caso de la persecutoriedad
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laboral, debemos entender que lo que quiso el legislador es asignar una protección
especial a los créditos laborales, disponiendo la persecutoriedad en casos de probada
insolvencia del empleador o en supuestos de disposición fraudulenta o dolosa de su
patrimonio.
9.11. En este caso nos encontramos frente a la ejecución de la sentencia que,
contiene un mandato que debe ser cumplido por la empresa demandada,
Cottonificio SURPERÚ S.A.C., toda vez que esta tiene la calidad de cosa juzgada,
que implica su inmutabilidad e invariabilidad; así, en autos obra la sentencia
contenida en la resolución numero ciento –fojas cincuenta y dos y siguientes- en la
que resuelve ordenar que la demandada le abone al actor la suma de ochenta mil
novecientos dieciséis con 80/100 nuevo soles (S/. 80,916.80), por concepto de
remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios sociales, siendo notificada la
empresa cotonificio, fábrica de tejidos y el demandante, y ante ello ninguna de las
partes formularon recuso impugnatorio, tal es así que mediante resolución número
ciento cuatro –fojas setenta y tres- se declara consentida, requiriéndose el
cumplimiento del mismo.
9.12. Sin embargo debemos tener en cuenta que el acuerdo de escisión que fue
celebrado por la empresa Cottonificio SURPERÚ S.A.C. y Fábrica de Tejidos Pisco
S.A.C., en la cláusula tercera pactaron: “(…) las empresas COTTONSUR y
PISCOTEX han decidido mediante junta de accionistas de fecha 15 de noviembre del 2007,
respectivamente, escindir un bloque patrimonial de COTTONSUR que será asumido por
PISCOTEX”; asimismo, en su cláusula cuarta se señaló: “El bloque patrimonial que será
escindido de COTTONSUR y asumido por PISCOTEX, estará constituido por los activos y
pasivos que se detallan en las respectivas actas de las sociedades participantes (…)”; agregándose
también en su cláusula sétima que: “PISCOTEX declara que asume todas las obligaciones
que le corresponden a COTTONSUR respecto a los trabajadores que a la fecha fijada para la
escisión figuren en la planilla, asimismo respetará los derechos laborales adquiridos por los
trabajadores el tiempo de servicio generado, las categorías, los derechos vacacionales y demás
beneficios sociales que se hayan generados como trabajadores de COTTONSUR (…)”; y por
último, para los fines de mejor resolver, se debe tener en cuenta el inserto N° 1, de
la referida escritura pública, donde se señaló que debido a las múltiples incidencias,
procesos y controversias suscitadas entre Cottonificio SURPERÚ S.A.C., sus socios
y sus principales acreedores, los que han devenido en múltiples procesos judiciales y
arbitrales, con fecha 31 de octubre de dos mil siete, esta empresa suscribió un
contrato de transacción y ejecución de prestaciones recíprocas, en el que también
participó, entre otras empresas Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., acordándose a
acordar en dicho contrato, poner fin a las controversias, pactando para ello la
escisión parcial de un bloque patrimonial negativo que ahora nos convoca.
9.13. De las citadas cláusulas y el inserto N° 01, podemos obtener que válidamente
la empresa Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., tenía conocimiento de la existencia de
diversos procesos judiciales en materia laboral, promovidos por aquellos ex
trabajadores pretendiendo la nulidad de sus despidos, su reposición, así como el
pago de sus remuneraciones devengadas y CTS ordenado en autos (resolución
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número ciento tres), lo que permite evidenciar que en autos, no se configura
ninguna afectación del derecho a la defensa alegado por la empresa recurrente.
9.14. Ello es así, porque si bien, la escisión parcial o impropia, tiene como
característica principal, que la sociedad escindida no llega a extinguirse a diferencia
de la escisión total, por la que seguirá con sus actividades económicas, conforme lo
señala el artículo 367° inciso 2) de la Ley General de Sociedades: “la segregación de uno
o más bloques patrimoniales de una sociedad que no se extingue y que los transfiere a una o más
sociedades nuevas, o son absorbidos por sociedades existentes o ambas cosas a la vez. La sociedad
escindida ajusta su capital en el monto correspondiente”; también lo es que, el artículo 389°
de la misma normativa legal, señala: “Desde la fecha de entrada en vigencia de la escisión, las
sociedades beneficiarias responden por las obligaciones que integran el pasivo del bloque patrimonial
que se les ha traspasado o han absorbido por efectos de la escisión. Las sociedades escindidas que no
se extinguen, sólo responden frente a las sociedades beneficiarias por el saneamiento de los bienes que
integran el activo del bloque patrimonial transferido, pero no por las obligaciones que integran el
pasivo de dicho bloque. Estos casos admiten pacto en contrario”; por lo que claramente
tenemos que nada obsta para que la empresa recurrente, Fábrica de Tejidos Pisco
S.A.C., asuma las obligaciones de pago pendientes en el presente proceso, de
acuerdo al artículo mencionado líneas arriba.
9.15. Además debemos precisar que en sendas resoluciones de otros expedientes se
ha determinado que Fabrica de Tejidos Pisco es continuadora jurídica de de la
empresa CONTTONIFICIO, si bien cada caso es diferente, pero también es cierto
que el juez como director del proceso controla los expedientes que se encuentran a
su cargo a fin no emitir resoluciones contradictorias.
9.16. En tal razón, la resolución que ordena la medida cautelar y proseguir la
ejecución en la empresa Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., privilegiando el principio
de persecutoriedad, no resulta lesiva del derecho de cosa juzgada ni el de defensa
invocados por la apelante; a lo que habría que agregar, la aplicación de los principios
de primacía de la realidad y el protector, los cuales resultan acorde con el derecho de
ejecución de resoluciones judiciales que han adquirido la calidad de cosa juzgada.
9.18. En estos linderos de razonamiento, esta Sala Superior de Justicia considera
pertinente confirmar la venida en grado, agregando además que los agravios
expuestos por la empresa apelante en nada enervan los fundamentos expuestos, así
como tampoco llega a cuestionar el importe ordenado a pagar, el mismo que quedó
establecido en la resolución número ciento tres, resolución consentida al no haber
sido impugnada en su oportunidad cuestionando dicho extremo.
9.19. Así pues, también está presente otro de los requisitos que es el peligro en la
demora, que es lo que en realidad sustenta la finalidad y función de la medida
cautelar, lo que justifica que, sin contar con certeza del derecho invocado, se
proceda a modificar la esfera jurídica de la contraparte. Por eso, en el presente caso,
el órgano jurisdiccional debe considerar que, de no actuar ya, existen probabilidades
de que no puedan ser materializarlo con eficacia. Esto implica que el peligro debe
tener la característica de inminente, pues se está ante un pedido de tutela de
urgencia, por la propia naturaleza del caso de autos, pues se trata de derechos
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EXPEDIENTE N°: 000293-2006-51-1411-SP-LA-01
DEMANDANTE : HUGO FELIX OCHOA LA ROSA
DEMANDADO : FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC.
MATERIA : NULIDAD DE DESPIDO
PROCEDENCIA : JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE PISCO.
JUEZ : MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONI
A U T O D E V I S T A
RESOLUCIÓN N° 09
Pisco, quince de mayo
Del dos mil diecinueve.
AUTOS Y VISTOS; Con observancia de las formalidades
previstas en el artículo 138° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial; interviene como ponente la señora Juez Superior (p) Martha Ruiz
Pérez; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: DE LA RESOLUCIÓN MATERIA DE APELACIÓN
Viene en grado de apelación, el auto contenido en la resolución número cuatro de
fecha veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho, obrante de fojas ciento
cuarenta y seis a ciento cincuenta y uno, que resuelve declarar infundado el recurso
de oposición a la medida cautelar decretada mediante resolución número dos, de
fojas ciento dos, que realiza la empresa demandada Fabrica Tejidos Pisco SAC,
mediante escrito de fojas ciento treinta, con lo demás que contiene y es materia de
grado.
SEGUNDO: RECURSO DE APELACION
2.1. De conformidad con lo establecido por el artículo 364° del Código Procesal
Civil, (de aplicación supletoria al presente caso), el recurso de apelación tiene por
objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de
tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que
sea anulada o revocada, total o parcialmente. Por su parte el artículo 366° del mismo
cuerpo legal prescribe que es requisito de procedencia del recurso de apelación, la
fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en
la resolución impugnada y precisando su naturaleza.
2.2. Debe tenerse presente que los medios de impugnación configuran los
instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales1 para corregir, modificar,
revocar o anular los actos y las resoluciones tanto judiciales como administrativas
cuando éstas adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia. La finalidad
1 Artículos 35° y 36° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, concordados con Artículo 364° del Código Procesal Civil
de aplicación supletoria al presente proceso.
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como podemos ver es demostrar el desacierto de la resolución que se recurre y los
motivos que se tiene para considerarla errónea y como dicha suficiencia se relaciona
a su vez con la necesidad de argumentaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre
los errores incurridos por el juzgador; son inadmisibles las apelaciones planteadas
que sólo comportan la expresión de un mero desacuerdo con lo resuelto y en modo
alguno se hacen cargo del enfoque jurídico utilizado por el A quo para resolver la
cuestión controvertida.
2.3. También debe tenerse en cuenta que “El Juez Superior tiene la facultad de poder
revisar y decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el Juez inferior; sin embargo,
cabe precisar que la extensión de los poderes de instancia de alzada está presidida por un postulado
que limita su conocimiento recogido por el aforismo tantun appelatum, quantum devolutum, en
virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios
que afectan al impugnante”.2 A ello debe agregarse que al amparo del “principio de
limitación aplicable a toda actividad recursiva le impone al Tribunal (…) la
limitación de sólo referirse al tema de la alzada”3.
TERCERO: FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
Fluye de autos que por escrito de fojas ciento cincuenta y tres a ciento cincuenta y
ocho, la demandada Fabrica de Tejidos Pisco SAC, interpone recurso de apelación
contra la decisión anotada en el primer acápite, por considerar puntualmente que:
(cid:1)
Argumenta que en la resolución treinta y cuatro de fecha 23/12/2008
expedida, por la Sala Mixta de Pisco, mediante dicha resolución se declaró
fundada la petición del demandante de ser repuesto en Fabrica de Tejidos
Pisco S.A.C., hecho que se puede verificar con una simple leída de la copia
que adjuntan o de la propia resolución que obra en autos también, quedando
claro que de ninguna manera se ordena que se incorpore al proceso a Fabrica
de Tejidos Pisco SAC., como sucesora procesal de COTTONIFICIO
SURPERU S.A.C., como extrañamente alega el demandante, por lo cual
resulta ser falso el argumento que se sustenta en el pedido cautelar, no
habiendo en la indicada resolución la incorporación que temerariamente
alude como argumento de su petición.
(cid:1)
El juez tuvo en cuenta que el demandante después de la expedición de la
resolución número treinta y cuatro, en claro entendimiento que dicha
resolución no les obliga a pago alguno, solicitó al juzgado mediante escrito de
fecha 20/04/2009 se declare la sucesión procesal de la empresa Cottonifício
SURPERÚ S.A.C. a favor de Fabrica de Tejidos Pisco S.A.C. pedido que fue
declarado improcedente por el juzgado mediante resolución número treinta y
nueve de fecha 22/04/2009, dicha resolución fue apelada por el demandante
y la Sala Mixta de Pisco mediante resolución número dos de fecha
27/11/2009 confirmo lo resuelto en la resolución número treinta y nueve,
quedando sumamente claro de esta manera que Fabrica de Tejidos Pisco
2 Casación N° 626-01-Arequipa
3 STC. Expediente N° 04492-2008-AA/TC.
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S.A.C. no es sucesora de Cottonifício SURPERU S.A.C., ni mucho menos es
parte en el proceso, menos aún obligada a pago alguno.
(cid:1)
Argumenta que, el escrito de oposición no ha sido resuelto por el juzgado en
la resolución número cuatro ha omitido severamente, en no pronunciarse
sobre los fundamentos y pruebas de la oposición, que de manera
contundente demuestran que su empresa no es parte del proceso y así lo han
demostrado las resoluciones que hacen referencia, que corren en autos y que
han sido expedidas por el juzgado y la Sala Mixta de Pisco, por lo que resulta
claro que se ha perjudicado a su empresa con la medida cautelar dictada en su
contra, cuando está debidamente acreditado que no es parte en el proceso.
(cid:1)
También señala que nada de lo que ha sustentado y probado en su oposición
ha sido tomado en cuenta en el pronunciamiento del juzgado, resolución que
evidencia falta de motivación sobre los hechos denunciados.
(cid:1)
El juzgado no ha tenido ni un solo argumento ni prueba para establecer la
responsabilidad de nuestra empresa sobre pago alguno, por lo que mal ha
hecho en conceder la presente medida cautelar, en base a solo conjeturas o
deducciones.
(cid:1)
También señala que se encuentra evidenciado de lo resuelto en autos, que el
demandante actuó con temeridad, argumentando mentiras e induciendo a
error al juzgado con la finalidad de obtener la resolución de embargo, pese
que tiene conocimiento de lo resuelto en autos por distinta instancias que ha
determinado la no inclusión de Fábrica de Tejidos al proceso que no es parte
del mismo, y que no tiene responsabilidad alguna sobre la deuda que se
pretende hacerle responsable.
(cid:1)
Finalmente señala que, resultan claros los errores incurridos por el juzgado al
momento de expedir la resolución número cuatro, y la falta de motivación de
la misma, es por ello que interponen la presente apelación a fin que el
superior con mayor criterio, seriedad y análisis de los actuados, revoque la
resolución número cuatro, declarando fundada la oposición e improcedente
la medida cautelar concedida indebidamente al demandante, entre otros
argumentos que ahí expone que sólo refuerzan lo antes expuesto.
CUARTO: DEL PRINCIPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APELLATUM
4.1. Este principio a decir de Alsina, significa que los poderes del tribunal de
apelación se hallan limitados por la extensión del recurso; por ello, sufre una
limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada
de la sentencia, pues entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que
es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum quantum
apellatum, o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la
extensión del recurso.
4.2. El órgano revisor a quien se transfirió la actividad jurisdiccional, tiene una
limitación al momento de resolver la apelación, su actividad estará determinada por
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los argumentos de las partes contenidos en la apelación, su adhesión o el escrito de
absolución de agravios. No puede ir más allá de lo que el impugnante cuestiona;
cabe aclarar que el cuestionamiento que propone el apelante, debe estar en
concordancia con lo que se propuso en la demanda, y lo que se argumentó en la
contestación de la misma, básicamente a los puntos controvertidos sujetos a prueba.
4.3. Este principio pone la limitación al órgano revisor, para que se pronuncie sobre
el contenido de la apelación, no se puede pronunciar sobre lo no pedido por el
recurrente. Sólo lo que cuestiona el apelante (principio dispositivo) del acto procesal
impugnado, es materia de conocimiento del tribunal superior, lo que dejó
consentido o lo que no atacó ya no debe ser materia de pronunciamiento por el
revisor.
QUINTO: DE LA MEDIDA CAUTELAR
5.1. Una de las manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el
derecho a la ejecución de resoluciones judiciales, para lo cual el ordenamiento
procesal provee al ciudadano de la medida cautelar, por eso se afirma que
básicamente está destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva a
recaer en un proceso, conforme lo preceptúa la parte final del Artículo 608 del
Código Procesal Civil: “(…) La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el
cumplimiento de la decisión definitiva”.
5.2. Como lo afirma Marianella Ledesma Narváez: “La función de la tutela cautelar es
evitar que la duración del proceso, donde el demandante busca obtener la protección mediante una
situación jurídica de ventaja, termine por convertirse en irreparable la lesión que ella sufre; o,
hacerla más gravosa (sin necesidad de que la lesión produzca consecuencias irreparables); o, permitir
que se consume la lesión que en la situación anterior a la del inicio del proceso era una mera
amenaza”.4
5.3. La medida cautelar puede solicitarse fuera del proceso o dentro del mismo,
cumpliéndose los requisitos previstos en los artículos 611° y 613° del referido
Código. Los mismos que se encuentran referidos; a) La verificación de la
apariencia del derecho invocado, que es el resultado al que llega el Juzgador luego
de efectuar un juicio de probabilidad sobre los medios probatorios que sustentan la
demanda cautelar, puesto que quien solicita la medida cautelar deberá demostrar que
la pretensión principal tiene una posibilidad razonable de ser declarada fundada en la
sentencia; b) la existencia de un peligro en la demora, entendida ésta como la
amenaza de que el proceso se torne ineficaz durante el tiempo que transcurra desde
el inicio de la relación procesal hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva,
en perjuicio de la actora; y c) Que la medida cautelar solicitada resulte
adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión.
4Marianella Ledesma Narváez. Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil. Gaceta Jurídica. Primera Edición,marzo 2013. Pág.131.
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SEXTO: DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE
RETENCIÓN
6.1. Se encuentra contemplada en el artículo 657 del Código Procesal Civil que
señala: “Cuando la medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en posesión de terceros,
cuyo titular es el afectado con ella, puede ordenarse al poseedor retener el pago a la orden del
Juzgado, depositando el dinero en el Banco de la Nación. Tratándose de otros bienes, el retenedor
asume las obligaciones y responsabilidades del depositario, salvo que los ponga a disposición del
Juez (…)”.
6.2. La retención es la acción y el efecto de retener o sea de detener, conservar,
guardar en sí. Tienen además otras aceptaciones que carecen de sentido jurídico. En
Derecho se habla también de retener en el sentido de suspender en todo o en parte
el pago del sueldo, salario u otro haber que uno ha devengado hasta que satisface lo
que debe por disposición judicial o gubernativa y asimismo asumir un Tribunal
superior la jurisdicción para ejercitarla por sí con exclusión del infierno. Para Devis
Echandía, “embargo es el acto judicial mediante el cual se pone fuera del comercio una cosa y a
órdenes de la autoridad que lo decreta”.
6.3. En consecuencia, la retención puede tener tanto el carácter de una
obligatoriedad como el de un derecho. Así, por ejemplo, constituye una obligación
cuando la ley impone a una persona individual o jurídica el deber de conserva en su
poder una cosa o cantidad para darle posteriormente el destino que marque la Ley
6.4. La retención es una obligación que por mandato judicial se exige a quien debe
hacer entrega de bienes o pagos al deudor, debiendo el retenedor reservarlos a orden
y disposición de la autoridad jurisdiccional que decretó esta medida preventiva. Esta
medida supone la inmovilización de bienes y valores del afecto que efectúa un
tercero, quien se encuentra en posesión de ellos (no siempre en calidad de deudor).
SÉPTIMO: DEL SUSTENTO DOCTRINARIO Y NORMATIVO.-
7.1. Debemos tener en cuenta que, el Juez, al calificar una demanda o solicitud de
medida cautelar debe analizar que los requisitos de admisibilidad y procedencia estén
indefectiblemente ya que de su cumplimiento dependerá se le de o no el trámite que
por ley corresponde. En tal sentido, toda solicitud de medida cautelar debe estar
revestida de los rigores y requisitos que exige la norma. Caso contrario no puede
admitirse a trámite.- Cas. 1691-99-Callao. Normas Legales. T. 286.
7.2. Al respecto el Tribunal Constitucional en la STC N° 0023-2005-PI/TC ,
refiriéndose a los presupuestos de la medida cautelar en los procesos
constitucionales ha señalado: “(…) en cuanto a los presupuestos que debe contener
toda medida cautelar dictada en un proceso constitucional, destacan, prima facie:
a) El fumus boni iuris. (…) Lo que se exige del juzgador en este caso es un juicio
simple de verosimilitud, es decir, que mediante los documentos
acompañados por el solicitante de la medida cautelar se genere en el
juez la apariencia razonable de que si se pronunciase la sentencia se
declararía fundada la demanda. (negrita nuestro) No se le exige al juez un
juicio de certeza, pues éste es exigible al momento de sentenciar.
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Lo que constituye un análisis distinto a la probanza de la existencia del
derecho alegado por el actor, dado que la titularidad de los derechos
fundamentales recae en toda persona humana. De lo cual se deriva una
importante consecuencia procesal; que la apariencia de buen derecho es algo
que, en principio, podría deducirse del hecho mismo de haber sido admitida
a trámite la demanda. Pero junto a esa inicial apariencia de buen derecho, lo
esencial es la justificación del peligro que representa el perjuicio que, de no
acordarse la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en
amparo, se ocasionaría al demandante.
b) El periculum in mora. Este presupuesto se encuentra referido al daño
constitucional que se produciría o agravaría, como consecuencia del
transcurso del tiempo, si la medida cautelar no fuera adoptada, privando así
de efectividad a la sentencia que ponga fin al proceso.
Si bien la carga de la prueba, recae en el demandante, es necesario matizar
esta afirmación a nivel de los procesos constitucionales, pues de lo que se
trata es que se acredite, al menos, un principio razonable de prueba al
respecto. (…)
c) Adecuación. Este presupuesto exige que el juzgador deba adecuar la medida
cautelar solicitada a aquello que se pretende asegurar, debiendo dictar la
medida que de menor modo afecte los bienes o derechos de la parte
demandada o en todo caso, dictar la medida que resulte proporcional con el
fin que se persigue.
OCTAVO: DE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR
8.1. El Artículo 637 del Código Procesal Civil señala: “La solicitud cautelar es
concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada en atención a los
fundamentos y prueba de la solicitud. Procede apelación contra el auto que deniega
la medida cautelar. En este caso, el demandado no es notificado y el superior
absuelve el grado sin admitirle intervención alguna. En caso de medidas cautelares
fuera de proceso, el juez debe apreciar de oficio su incompetencia territorial. Una
vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de
un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución
cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la
oposición no suspende la ejecución de la medida. De ampararse la oposición, el juez
deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que resuelve la oposición es
apelable sin efecto suspensivo.”
8.2. En este orden de ideas se tiene pues que, la figura de la oposición como tal,
brinda al Juzgador la posibilidad de verificar de manera horizontal la legalidad,
idoneidad y razonabilidad de sus propias decisiones, sin que ello importe una
variación arbitraria del criterio inicialmente adoptado, puesto que una de las
limitaciones de la característica in audita et altera pars en el otorgamiento de
medidas cautelares, es que el Juez resuelve en un primer momento con aquella
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información brindada por una de las partes - solicitante-, lo cual como es lógico
brinda un punto de vista favorable a quien lo solicita.
NOVENO: DE LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
LEGALES
9.1. El actor solicita medida cautelar de embargo en forma de retención, mediante
escrito de fojas ochenta y siguientes, y mediante resolución número dos de fecha
quince de agosto del año dos mil dieciocho de fojas ciento dos a ciento cinco, el juez
ampara dicha pretensión concediendo la medida cautelar en forma de retención,
auto contra el cual, la demandada formula oposición, solicitando que se deje sin
efecto; el juez de la causa mediante resolución número cuatro de fecha veintiocho
de diciembre del año dos mil dieciocho obrante a fojas ciento cuarenta y seis declara
infundado el recurso de oposición, posteriormente mediante escrito obrante a fojas
cientos trece y siguientes la demandada formula apelación contra la resolución
número cuatro, siendo ésta materia de pronunciamiento.
9.2. Al respecto debemos tener en cuenta, la procedencia de las medidas cautelares
está sujeta a presupuestos específicos distintos de los requisitos para la acción, en
procura de la declaración del derecho material. Tales requisitos son la verosimilitud
del derecho y el peligro en la demora. La prestación de la caución o contracautela,
más que un presupuesto de las medidas cautelares constituye un requisito de la traba
efectiva de las mismas; la caución es entonces un requisito intermedio entre el
derecho que ordena dicha traba y su efectivización.
9.3. Ahora bien, en un orden lógico y razonable de análisis jurisdiccional, los
requisitos de apariencia de verosimilitud del derecho, real peligro de irreparabilidad
en la demora del proceso principal y adecuación, son los que, con carácter
prioritario, se evalúan para establecer si el pedido de dictado de medida cautelar
resulta procedente o no, constituyendo el examen de la suficiencia o no de la cautela
una segunda etapa que tiene como exclusivo propósito, otorgar garantía de
resarcimiento a quien pueda verse perjudicado con la ejecución de la concedida.
9.4. Estando a lo antes señalado, precisamos que las decisiones más delicadas y
exigentes para un magistrado –a la par de importantes para el justiciable-, son la
sentencia y el dictado de medidas cautelares. La complejidad y exhaustividad que
ello reviste, hace que tengamos especial cuidado en su expedición. Sin embargo
debemos tener en cuenta que, en el caso de las medidas cautelares, su concesión
permite garantizar que la sentencia futura no sea lírica y que la decisión judicial final
sea cumplida. En tal sentido -y sin alejarnos de la intención de la ley, porque
finalmente la caución debe ser regularmente ofrecida por el solicitante y graduada
por el Juez- debería evitarse que las disposiciones que emita el juez, sean generales,
exigiéndose escrupulosamente una evaluación rigurosa y razonable respecto a la
cautela ofrecida, permitiéndose que el aseguramiento de la reparación de los daños y
perjuicios que ocasione su ejecución pueda ser satisfecho luego de la respuesta
judicial que la concede, pero nunca antes de su ejecución, porque eso sí generaría un
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desequilibrio que menoscaba el derecho del demandado a ser también protegido por
el órgano jurisdiccional.
9.5. Considerando lo anterior, este Colegiado evidencia que se bien se concedió la
medida cautelar, sin embargo, conforme se observa de la resolución que se revisa,
atendiendo a la evaluación que efectúa el juez en el considerando quinto señala “que
la resolución de la Sala Mixta de Pisco, si bien es cierto se pronuncia respecto del lugar en donde
debe ser repuesto el actor, también es cierto que fundamenta de que al haberse producido la escisión
parcial del bloque patrimonial por la empresa PISCOTEX ésta asume todas las
obligaciones dejadas por COTTONSUR con sus trabajadores. Además, la citada
Resolución Nº 35, del trece de febrero de 2009, se refiere a dos obligaciones una de hacer que es la
reposición del trabajador en el centro de labores, y otra obligación de dar una suma de dinero (pago
de beneficios sociales) sin embargo, dicha resolución no distingue que empresa demandada debe
cumplir con dichas obligaciones, entendiéndose que ambas deben ser asumidas por la empresa
Fábrica de Tejidos Pisco SAC. Asimismo, dichas resoluciones no fueron impugnadas ni
cuestionadas por la demandada Fábrica de Tejidos Pisco SAC.”,
9.6. Analizando los fundamentos que han sido tomados en cuenta por el juzgador, y
si bien es cierto que la presente se encuentra en ejecución de sentencia, también es
cierto que se debe tener en cuenta la persecutoriedad laboral en caso que la nueva
empresa haya trasferido el derecho y las acciones, como en este caso
9.7. Para lo cual precisamos que como medida de protección a los trabajadores
respecto a sus derechos laborales, estos tiene prioridad frente a cualquier otra
obligación del empleador.
9.8. Así, el artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 856, en armonía con el segundo
párrafo del artículo 24° de la Constitución, ha previsto diversos supuestos en los que
la preferencia del crédito laboral puede ejercerse con carácter persecutorio del
patrimonio del empleador. Al respecto debe precisarse que el fenómeno de la
persecutoriedad, es una característica asignada sobre todo a las garantías reales, las
que mediante la afectación pública de determinado bien, admiten la posibilidad de
“perseguirlo”, es decir que la garantía puede hacerse valer, no importando si es el
deudor u otra persona, la que actualmente se encuentra en posesión o propiedad del
bien.
9.9. La persecutoriedad, permite considerar como inoponibles o ineficaces frente al
acreedor garantizado, los actos de disposición que sobre el respectivo bien haya
realizado el deudor. Sin embargo, dicha persecutoriedad también puede asignarse de
manera excepcional a otro tipo de derechos, siendo uno de estos casos el de los
créditos laborales, que si bien no generan un derecho real de garantía, sí permiten
que ante determinadas circunstancias se active el efecto persecutorio, principalmente
en casos de disposiciones fraudulentas o probada insolvencia del empleador-deudor.
9.10. De allí que, la persecutoriedad asignada a nivel legal, a favor de los créditos
laborales, permite que frente a dichos créditos, resulten ineficaces los actos de
disposición patrimonial fraudulentos, realizados por el empleador tendientes a burlar
el pago laboral, o que en caso de liquidación por insolvencia de dicho empleador se
asegure el pago preferente del crédito laboral. En el caso de la persecutoriedad
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laboral, debemos entender que lo que quiso el legislador es asignar una protección
especial a los créditos laborales, disponiendo la persecutoriedad en casos de probada
insolvencia del empleador o en supuestos de disposición fraudulenta o dolosa de su
patrimonio.
9.11. En este caso nos encontramos frente a la ejecución de la sentencia que,
contiene un mandato que debe ser cumplido por la empresa demandada,
Cottonificio SURPERÚ S.A.C., toda vez que esta tiene la calidad de cosa juzgada,
que implica su inmutabilidad e invariabilidad; así, en autos obra la sentencia
contenida en la resolución numero ciento –fojas cincuenta y dos y siguientes- en la
que resuelve ordenar que la demandada le abone al actor la suma de ochenta mil
novecientos dieciséis con 80/100 nuevo soles (S/. 80,916.80), por concepto de
remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios sociales, siendo notificada la
empresa cotonificio, fábrica de tejidos y el demandante, y ante ello ninguna de las
partes formularon recuso impugnatorio, tal es así que mediante resolución número
ciento cuatro –fojas setenta y tres- se declara consentida, requiriéndose el
cumplimiento del mismo.
9.12. Sin embargo debemos tener en cuenta que el acuerdo de escisión que fue
celebrado por la empresa Cottonificio SURPERÚ S.A.C. y Fábrica de Tejidos Pisco
S.A.C., en la cláusula tercera pactaron: “(…) las empresas COTTONSUR y
PISCOTEX han decidido mediante junta de accionistas de fecha 15 de noviembre del 2007,
respectivamente, escindir un bloque patrimonial de COTTONSUR que será asumido por
PISCOTEX”; asimismo, en su cláusula cuarta se señaló: “El bloque patrimonial que será
escindido de COTTONSUR y asumido por PISCOTEX, estará constituido por los activos y
pasivos que se detallan en las respectivas actas de las sociedades participantes (…)”; agregándose
también en su cláusula sétima que: “PISCOTEX declara que asume todas las obligaciones
que le corresponden a COTTONSUR respecto a los trabajadores que a la fecha fijada para la
escisión figuren en la planilla, asimismo respetará los derechos laborales adquiridos por los
trabajadores el tiempo de servicio generado, las categorías, los derechos vacacionales y demás
beneficios sociales que se hayan generados como trabajadores de COTTONSUR (…)”; y por
último, para los fines de mejor resolver, se debe tener en cuenta el inserto N° 1, de
la referida escritura pública, donde se señaló que debido a las múltiples incidencias,
procesos y controversias suscitadas entre Cottonificio SURPERÚ S.A.C., sus socios
y sus principales acreedores, los que han devenido en múltiples procesos judiciales y
arbitrales, con fecha 31 de octubre de dos mil siete, esta empresa suscribió un
contrato de transacción y ejecución de prestaciones recíprocas, en el que también
participó, entre otras empresas Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., acordándose a
acordar en dicho contrato, poner fin a las controversias, pactando para ello la
escisión parcial de un bloque patrimonial negativo que ahora nos convoca.
9.13. De las citadas cláusulas y el inserto N° 01, podemos obtener que válidamente
la empresa Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., tenía conocimiento de la existencia de
diversos procesos judiciales en materia laboral, promovidos por aquellos ex
trabajadores pretendiendo la nulidad de sus despidos, su reposición, así como el
pago de sus remuneraciones devengadas y CTS ordenado en autos (resolución
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número ciento tres), lo que permite evidenciar que en autos, no se configura
ninguna afectación del derecho a la defensa alegado por la empresa recurrente.
9.14. Ello es así, porque si bien, la escisión parcial o impropia, tiene como
característica principal, que la sociedad escindida no llega a extinguirse a diferencia
de la escisión total, por la que seguirá con sus actividades económicas, conforme lo
señala el artículo 367° inciso 2) de la Ley General de Sociedades: “la segregación de uno
o más bloques patrimoniales de una sociedad que no se extingue y que los transfiere a una o más
sociedades nuevas, o son absorbidos por sociedades existentes o ambas cosas a la vez. La sociedad
escindida ajusta su capital en el monto correspondiente”; también lo es que, el artículo 389°
de la misma normativa legal, señala: “Desde la fecha de entrada en vigencia de la escisión, las
sociedades beneficiarias responden por las obligaciones que integran el pasivo del bloque patrimonial
que se les ha traspasado o han absorbido por efectos de la escisión. Las sociedades escindidas que no
se extinguen, sólo responden frente a las sociedades beneficiarias por el saneamiento de los bienes que
integran el activo del bloque patrimonial transferido, pero no por las obligaciones que integran el
pasivo de dicho bloque. Estos casos admiten pacto en contrario”; por lo que claramente
tenemos que nada obsta para que la empresa recurrente, Fábrica de Tejidos Pisco
S.A.C., asuma las obligaciones de pago pendientes en el presente proceso, de
acuerdo al artículo mencionado líneas arriba.
9.15. Además debemos precisar que en sendas resoluciones de otros expedientes se
ha determinado que Fabrica de Tejidos Pisco es continuadora jurídica de de la
empresa CONTTONIFICIO, si bien cada caso es diferente, pero también es cierto
que el juez como director del proceso controla los expedientes que se encuentran a
su cargo a fin no emitir resoluciones contradictorias.
9.16. En tal razón, la resolución que ordena la medida cautelar y proseguir la
ejecución en la empresa Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., privilegiando el principio
de persecutoriedad, no resulta lesiva del derecho de cosa juzgada ni el de defensa
invocados por la apelante; a lo que habría que agregar, la aplicación de los principios
de primacía de la realidad y el protector, los cuales resultan acorde con el derecho de
ejecución de resoluciones judiciales que han adquirido la calidad de cosa juzgada.
9.18. En estos linderos de razonamiento, esta Sala Superior de Justicia considera
pertinente confirmar la venida en grado, agregando además que los agravios
expuestos por la empresa apelante en nada enervan los fundamentos expuestos, así
como tampoco llega a cuestionar el importe ordenado a pagar, el mismo que quedó
establecido en la resolución número ciento tres, resolución consentida al no haber
sido impugnada en su oportunidad cuestionando dicho extremo.
9.19. Así pues, también está presente otro de los requisitos que es el peligro en la
demora, que es lo que en realidad sustenta la finalidad y función de la medida
cautelar, lo que justifica que, sin contar con certeza del derecho invocado, se
proceda a modificar la esfera jurídica de la contraparte. Por eso, en el presente caso,
el órgano jurisdiccional debe considerar que, de no actuar ya, existen probabilidades
de que no puedan ser materializarlo con eficacia. Esto implica que el peligro debe
tener la característica de inminente, pues se está ante un pedido de tutela de
urgencia, por la propia naturaleza del caso de autos, pues se trata de derechos
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You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00048-2005-10
MATERIA : NULIDAD DE DESPIDO
DEMANDADO : SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD
DEMANDANTE : ARLENE NANCY VARGAS ROMERO
AUTO DE VISTA
Resolución N° : 05
Tacna, diecinueve de diciembre
De dos mil diecisiete.-
I. VISTOS: El cuaderno de apelación derivado del expediente principal seguido
por Arlene Nancy Vargas Romero en contra del Seguro Social de Salud
ESSALUD. Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Gordillo Cossio.
1.- Materia de revisión.- Es materia de revisión la resolución N° 147, su fecha
13 de marzo del año 2017, corriente en copia certificada a folios 222/224, que
resuelve declarar improcedente el pedido de efectuar nuevo apercibimiento a la
Entidad demandada, la misma que ha sido solicitada por la demandante Arlene
Nancy Vargas Romero
2.- Fundamentos de la apelación.-
Que, en la resolución impugnada no se ha tomado en cuenta lo resuelto en el
Auto de Vista, resolución número 134, expedido por esta Sala Laboral, de
fecha 17 de mayo de dos mil dieciséis, que confirma en parte, el auto apelado,
disponiendo el pago de S/ 138,563.34 soles a favor de la demandante por
concepto de remuneraciones devengadas, anulando la resolución apelada en
el extremo que dispone la aplicación de aportaciones y retención por impuesto
a la renta. Señala la demandante que existe un error en la motivación del Auto
recurrido, ya que se funda en la sentencia, pero en ninguna parte de la misma
se establece que los pagos devengados de sus remuneraciones estarán
sujetos a descuentos, por lo que debe de hacerse efectivo el apercibimiento de
multa.
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: Apelación y nulidad.-
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A tenor de la previsión contenida en el artículo 382 del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente al caso de autos, el recurso de apelación contiene
intrínsecamente el de nulidad, de manera que, formulado un recurso
impugnatorio, además del expreso cuestionamiento que sobre el fondo puedan
formular la partes, debe entenderse también lo hacen sobre la forma, de
manera que habilita al órgano jurisdiccional para pronunciarse sobre la validez
misma de la decisión, aunque las partes procesales no hayan recurrido
expresamente con tal propósito; con más razón si se advierte que la pretensión
impugnatoria se sustenta en aspectos vinculados al debido proceso y
valoración de las pruebas ofrecidas. Tal es el caso de autos; en efecto, al
formular su apelación (fojas 22/23) la parte demandante impugna la sentencia
afirmando que le causa agravio, debido a la conculcación de sus derechos y
vulneración al debido proceso; en otros términos, cuestiona el cumplimiento del
deber de congruencia procesal. Siendo esto así, estima el Colegiado que
resulta necesario analizar si la resolución venida en grado no adolece de
alguna causal que la invalide.
SEGUNDO: Deber de congruencia procesal y tutela judicial efectiva.-
Atendiendo a lo que se tiene expuesto, es preciso tener presente que el artículo
VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil consagra el Principio de
Congruencia Procesal el cual importa, para el órgano jurisdiccional, la
imposición del deber de sujetar su decisión al mérito de lo actuado y a derecho.
Desde tal perspectiva, se debe distinguir entre congruencia procesal externa e
interna. La primera impone la necesidad que la decisión guarde estricta
correspondencia con las pretensiones de las partes, de manera que el
magistrado se halla vinculado por las afirmaciones que ellas formulen, no
estándole permitido, en general, bajo ningún concepto, aportar hechos al
proceso o modificar, oficiosamente, las pretensiones del actor, pronunciándose
de manera distinta o ir más allá de lo que las partes pretenden. Por la segunda,
se impone al juez un deber de coherencia, en tanto reclama que la decisión
esté constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí,
formulados sin violar los principios de identidad, contradicción y tercio excluido,
de manera que las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden
adecuada correspondencia y concordancia, no debiendo formularse juicios
contrastantes entre sí y que al oponerse se anulen recíprocamente. Hecha esta
precisión, resulta evidente que incorporar al proceso pretensiones que nunca
se formularon, constituye una manifiesta infracción del deber de sujeción al
mérito de lo actuado. En tales supuestos, toda vez que se trata de aspectos
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA LABORAL PERMANENTE
medulares, también resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 171 del
Código Procesal Civil, en la medida que la incongruencia (externa o interna),
impide que el proceso alcance su finalidad.
TERCERO: Principio iura novit curia.-
Íntimamente relacionado con lo anterior, y tan importante como aquello, es el
tema referido a la aplicación del derecho que corresponde al caso de autos. En
efecto, el mismo Artículo VII del Título Preliminar del Código Adjetivo citado,
señala en su primera parte que el “El juez debe aplicar el derecho que
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya
sido erróneamente”. Del texto normativo se desprende (en consonancia con el
principio dispositivo) que si bien las partes tienen el monopolio con respecto de
los hechos, el Juez lo tiene con respecto del derecho aplicable al caso de
autos, de manera que también constituye parte del principio de congruencia
procesal la estricta sujeción al derecho. Bajo tal premisa normativa, no se
ajusta a derecho aquella decisión que aplica normas que no corresponden al
supuesto de hecho invocado por las partes. Que, cuando la aplicación
incorrecta de la norma incide sobre el fondo de lo resuelto, nos encontramos
ante una irregularidad trascendente y, por lo tanto, insanable en sede de
revisión sin que al mismo tiempo se lesione el derecho a la instancia plural, por
lo que también bajo dicho supuesto resulta de aplicación el artículo 171 del
Código Procesal Civil.
CUARTO: Cumplimiento de resoluciones judiciales.-
Conforme lo establece el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está obligada a acatar y
a dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa,
emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder
calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus
alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala.
QUINTO: Sobre la Retención de Tributos en ejecución de sentencia.-
La resolución recurrida (en el extremo de la deducción por pago de impuestos)
dispone en su Sétimo considerando “(…)Séptimo.- Que respecto que a la
deducción por pago de impuestos de ley, se tiene que la Sentencia expedida
en autos, no ha exonerado ni ha declarado inafecta a la demandante del pago
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
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de los mismos, toda vez que tratándose de remuneraciones devengadas estas
se sujetan a lo dispuesto en el D.S. N°179-2004 y su reglamento el D.S. N°122-
94-EF. Por estas consideraciones y normatividad invocada; (…)”. Téngase
presente que dicho extremo fue resuelto mediante auto de vista contenido en la
resolución número 134 de fecha diecisiete de mayo del dos mil diecisiete,
obrante en copia certificada a fojas 134 a 159, en la que se resolvió: “(…)
Confirmaron En Parte la resolución número ciento veinte, corriente de folios mil
doscientos cuarentiocho a mil doscientos cincuentiséis, de fecha nueve de julio
del dos mil quince, en el extremo que resuelve declarar fundada en parte la
observación al informe pericial formulada por la demandante Arlene Nancy
Vargas Romero,(…) Se establecen como remuneraciones devengadas por un
monto ascendente a ciento treinta y ocho mil quinientos sesenta y tres con
34/100 nuevos soles (S/. 138,563.34 nuevos soles), según el cálculo efectuado
en el considerando décimo segundo de la presente resolución. Anularon la
misma resolución en el extremo que dispone la aplicación de aportaciones y
retención por impuesto a la renta, en cumplimiento de sus leyes pertinentes.
(…)”. Al respecto, el Tribunal Constitucional en STC 01538-2010-PA/TC, de
fecha 19 de agosto de 2010, en su fundamento 2 indica textualmente “Sobre el
particular este Tribunal ha señalado en forma reiterada que mediante el
derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa
juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las
resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas
mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o
porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el
contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser
dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de
terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el
caso en el que se dictó (STC 4587- 2004-AA/TC fundamento 38). Más
precisamente, este Tribunal ha establecido que “(…) el respeto de la cosa
juzgada (…) impide que lo resuelto pueda desconocerse por medio de una
resolución posterior, aunque quienes lo hubieran dictado entendieran que la
decisión inicial no se ajustaba a la legalidad aplicable, sino tampoco por
cualquier otra autoridad judicial, aunque esta fuera de instancia superior,
precisamente, porque habiendo adquirido el carácter firme, cualquier clase de
alteración importaría una afectación del núcleo esencial del derecho” (STC
0818-2000-AA/TC, fundamento 4)”; igualmente en el fundamento 5 de la misma
sentencia, se afirma “De las sentencias recaídas en el proceso judicial
subyacente sobre pago de remuneraciones devengadas, se aprecia que
ninguna de ellas admite excepción alguna a su cumplimiento total en los
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
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propios términos en que ella misma se expresa. En razón de ello el pedido de
deducción de la recurrente sobre las remuneraciones ordenadas a pagar en la
sentencia constituye un acto procesal que tiene como finalidad última frustrar el
cumplimiento cabal y total de lo ordenado en la sentencia (…), de modo tal que
la desestimatoria de dicho pedido bajo ningún concepto conlleva a la
vulneración de los derechos constitucionales alegados por la recurrente,
máxime si lo ordenado en la sentencia no establece hipótesis alguna de
excepción para su cumplimiento total; y es que las sentencias judiciales se
ejecutan en sus propios términos y no dejan margen de acción para que su
cumplimiento sea pensado, merituado y/o evaluado por la parte encargada de
ejecutarla, no existiendo en el caso de autos motivos razonables para proceder
a su incumplimiento toda vez que el pedido de deducción (pago por concepto
de prestaciones de salud, ONP o AFP y pagos por impuesto a la renta)
constituye un asunto cuya dilucidación está íntimamente vinculada con el fondo
de la cuestión controvertida en el proceso judicial subyacente; por lo que debía
ser discutida en el mismo proceso judicial y no en la etapa de ejecución de
sentencia”.
Esta posición es reiterada por la Casación Laboral Nº 1907-2012-Lambayeque
de fecha 05 de noviembre de 2012, en cuyo fundamento sexto refiere “(…) los
jueces laborales no pueden determinar las retenciones a cargo del empleador
del impuesto a la renta o de cualquier otro tributo o aportación sobre los
reintegros de remuneraciones ordenados a pagar a favor del trabajador en
sede judicial”.
SEXTO: Caso de autos y análisis.-
6.1. En el presente caso, conforme se desprende del escrito que obra, en
copias certificadas, a folios 221 la parte demandante solicita efectuar
apercibimiento de multa a la parte demandada Seguro Social de Salud
ESSALUD, ello ante el incumplimiento del pago de acuerdo a la sentencia
laboral, emitida en el presente proceso, la cual tiene calidad de cosa juzgada.
6.2. Que, revisado el presente cuadernillo de apelación (derivado del
expediente principal), tenemos que, la sentencia de primera instancia de fecha
18 de enero de 2012 (fs. 30/38) que declara fundada la demanda de nulidad de
despido, y la sentencia de vista de fecha 03 de julio de 2012 (fs. 41/52), que la
confirma, disponiendo la reposición de la demandante en el cargo que venía
desempeñando a la fecha de su despido, o en otro de igual categoría y nivel
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
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remunerativo; así como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir
desde la fecha de despido hasta su efectiva reposición, y el recurso de
casación sobre dicha sentencia de vista fue declarado improcedente (fs. 55/56).
Luego se emite el Auto de Vista contenido en la resolución número 134 de
fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciséis (134/159), en el cual se resuelve
confirmar en parte, el auto apelado, disponiendo el pago de S/ 138,563.34
nuevos soles a favor de la demandante por concepto de remuneraciones
devengadas, anulando la resolución apelada en el extremo que dispone la
aplicación de aportaciones y retención por impuesto a la renta.
6.3. Que, por otro lado, resulta que el pedido de efectuar apercibimiento de
multa a la parte demandada Seguro Social de Salud ESSALUD, ello ante el
incumplimiento del pago de acuerdo a la sentencia con calidad de cosa juzgada
y a lo dispuesto en el auto de vista de fecha diecisiete de mayo del dos mil
dieciséis (134/159) se sustenta en el incumplimiento del mandato judicial
contenido en dichas resoluciones judiciales, como aparece de los descuentos
efectuados por la demandada por concepto de impuestos y aportaciones,
según la boleta de pago de remuneración del mes de febrero de 2017 obrante
a fojas 214.
6.4. Ahora bien, revisado el cuadernillo de apelación y el sistema integrado
judicial del expediente principal se tiene que, en efecto, el Juzgado de Trabajo
Transitorio de Tacna declaró fundada la demanda de reposición interpuesta por
Arlene Nancy Vargas Romero en contra del Seguro Social de Salud ESSALUD,
pronunciamiento que fue confirmado mediante Sentencia de Vista emitida por
ésta Superior Sala Laboral de fecha 03 de julio del 2012 (resolución 102),
habiéndose interpuesto recurso de casación contra dicha resolución el cual fue
declarado improcedente mediante casación laboral número 6501-2012 Tacna,
encontrándose el presente proceso en etapa de ejecución.
6.5. Dicho ello, en sede de revisión, se puede concluir que el presente proceso
se encuentra en ejecución de sentencia, por lo que es imperativo el
cumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas, como ser la Sentencia
(fs.30/38), la Sentencia de Vista (fs.41/52 ) y el Auto de Vista contenido en la
resolución número 134 (fs.134/159) el cual dispone en el numeral 5.6 : “Por
otro lado, se desprende de las sentencias citadas en los puntos precedentes
que, en ningún momento establecen que se deba efectuar retención alguna o
pago de tributo a que se refiere la resolución apelada, por lo que debe
declararse la nulidad de dicho extremo y confirmarse el extremo que manda
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
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pagar la suma de S/. 138,563.34, por el monto establecido en el cuadro
precedente y los conceptos allí detallados, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 171 del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al caso de
autos.”. En consecuencia al no haber tenido en cuenta dicho mandato al
momento de emitirse la resolución recurrida número ciento cuarenta y siete
incurre en incongruencia procesal trascendente que no puede ser corregida por
la Sala, sin que al mismo tiempo se desnaturalice su función revisora (ya que,
materialmente, tendría que actuar como órgano de primera instancia,
debiéndose tener en cuenta que el Juez de la causa es el Juez de ejecución y
no esta Sala), debiendo disponerse la ejecución de la sentencia en sus propios
términos conforme al mandato imperativo contenido en el artículo 4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; por lo que se ha configurado causal de nulidad
insalvable, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 171 del
Código Procesal Civil, debiendo en consecuencia emitirse nuevo
pronunciamiento, teniendo en cuenta lo fundamentado en la presente
resolución.
Por las consideraciones expuestas, ejerciendo la función jurisdiccional
con la independencia de criterio que otorga nuestra Constitución Política
del Estado (Art. 139.2);
ANULARON la resolución apelada contenida en la resolución N° 147, su fecha
trece de marzo del año dos mil diecisiete, corriente a fojas 222/224, que
declara improcedente el pedido de efectuar apercibimiento de multa a la parte
demandada Seguro Social de Salud ESSALUD, la misma que ha sido solicitada
por la demandante Arlene Nancy Vargas Romero; ORDENARON al señor
Juez, emitir nueva resolución, corrigiendo las irregularidades advertidas y
teniendo en cuenta lo fundamentado en la presente resolución. Procédase por
Secretaria de Sala conforme sanciona el artículo 383 del Código Procesal Civil
y, una vez hecho, archívese. T.R. Y H.S.-
S.S.
GORDILLO COSSIO
BERMEJO RIOS
LIMACHE NINAJA
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00048-2005-10
MATERIA : NULIDAD DE DESPIDO
DEMANDADO : SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD
DEMANDANTE : ARLENE NANCY VARGAS ROMERO
AUTO DE VISTA
Resolución N° : 05
Tacna, diecinueve de diciembre
De dos mil diecisiete.-
I. VISTOS: El cuaderno de apelación derivado del expediente principal seguido
por Arlene Nancy Vargas Romero en contra del Seguro Social de Salud
ESSALUD. Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Gordillo Cossio.
1.- Materia de revisión.- Es materia de revisión la resolución N° 147, su fecha
13 de marzo del año 2017, corriente en copia certificada a folios 222/224, que
resuelve declarar improcedente el pedido de efectuar nuevo apercibimiento a la
Entidad demandada, la misma que ha sido solicitada por la demandante Arlene
Nancy Vargas Romero
2.- Fundamentos de la apelación.-
Que, en la resolución impugnada no se ha tomado en cuenta lo resuelto en el
Auto de Vista, resolución número 134, expedido por esta Sala Laboral, de
fecha 17 de mayo de dos mil dieciséis, que confirma en parte, el auto apelado,
disponiendo el pago de S/ 138,563.34 soles a favor de la demandante por
concepto de remuneraciones devengadas, anulando la resolución apelada en
el extremo que dispone la aplicación de aportaciones y retención por impuesto
a la renta. Señala la demandante que existe un error en la motivación del Auto
recurrido, ya que se funda en la sentencia, pero en ninguna parte de la misma
se establece que los pagos devengados de sus remuneraciones estarán
sujetos a descuentos, por lo que debe de hacerse efectivo el apercibimiento de
multa.
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: Apelación y nulidad.-
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A tenor de la previsión contenida en el artículo 382 del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente al caso de autos, el recurso de apelación contiene
intrínsecamente el de nulidad, de manera que, formulado un recurso
impugnatorio, además del expreso cuestionamiento que sobre el fondo puedan
formular la partes, debe entenderse también lo hacen sobre la forma, de
manera que habilita al órgano jurisdiccional para pronunciarse sobre la validez
misma de la decisión, aunque las partes procesales no hayan recurrido
expresamente con tal propósito; con más razón si se advierte que la pretensión
impugnatoria se sustenta en aspectos vinculados al debido proceso y
valoración de las pruebas ofrecidas. Tal es el caso de autos; en efecto, al
formular su apelación (fojas 22/23) la parte demandante impugna la sentencia
afirmando que le causa agravio, debido a la conculcación de sus derechos y
vulneración al debido proceso; en otros términos, cuestiona el cumplimiento del
deber de congruencia procesal. Siendo esto así, estima el Colegiado que
resulta necesario analizar si la resolución venida en grado no adolece de
alguna causal que la invalide.
SEGUNDO: Deber de congruencia procesal y tutela judicial efectiva.-
Atendiendo a lo que se tiene expuesto, es preciso tener presente que el artículo
VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil consagra el Principio de
Congruencia Procesal el cual importa, para el órgano jurisdiccional, la
imposición del deber de sujetar su decisión al mérito de lo actuado y a derecho.
Desde tal perspectiva, se debe distinguir entre congruencia procesal externa e
interna. La primera impone la necesidad que la decisión guarde estricta
correspondencia con las pretensiones de las partes, de manera que el
magistrado se halla vinculado por las afirmaciones que ellas formulen, no
estándole permitido, en general, bajo ningún concepto, aportar hechos al
proceso o modificar, oficiosamente, las pretensiones del actor, pronunciándose
de manera distinta o ir más allá de lo que las partes pretenden. Por la segunda,
se impone al juez un deber de coherencia, en tanto reclama que la decisión
esté constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí,
formulados sin violar los principios de identidad, contradicción y tercio excluido,
de manera que las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden
adecuada correspondencia y concordancia, no debiendo formularse juicios
contrastantes entre sí y que al oponerse se anulen recíprocamente. Hecha esta
precisión, resulta evidente que incorporar al proceso pretensiones que nunca
se formularon, constituye una manifiesta infracción del deber de sujeción al
mérito de lo actuado. En tales supuestos, toda vez que se trata de aspectos
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medulares, también resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 171 del
Código Procesal Civil, en la medida que la incongruencia (externa o interna),
impide que el proceso alcance su finalidad.
TERCERO: Principio iura novit curia.-
Íntimamente relacionado con lo anterior, y tan importante como aquello, es el
tema referido a la aplicación del derecho que corresponde al caso de autos. En
efecto, el mismo Artículo VII del Título Preliminar del Código Adjetivo citado,
señala en su primera parte que el “El juez debe aplicar el derecho que
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya
sido erróneamente”. Del texto normativo se desprende (en consonancia con el
principio dispositivo) que si bien las partes tienen el monopolio con respecto de
los hechos, el Juez lo tiene con respecto del derecho aplicable al caso de
autos, de manera que también constituye parte del principio de congruencia
procesal la estricta sujeción al derecho. Bajo tal premisa normativa, no se
ajusta a derecho aquella decisión que aplica normas que no corresponden al
supuesto de hecho invocado por las partes. Que, cuando la aplicación
incorrecta de la norma incide sobre el fondo de lo resuelto, nos encontramos
ante una irregularidad trascendente y, por lo tanto, insanable en sede de
revisión sin que al mismo tiempo se lesione el derecho a la instancia plural, por
lo que también bajo dicho supuesto resulta de aplicación el artículo 171 del
Código Procesal Civil.
CUARTO: Cumplimiento de resoluciones judiciales.-
Conforme lo establece el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está obligada a acatar y
a dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa,
emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder
calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus
alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala.
QUINTO: Sobre la Retención de Tributos en ejecución de sentencia.-
La resolución recurrida (en el extremo de la deducción por pago de impuestos)
dispone en su Sétimo considerando “(…)Séptimo.- Que respecto que a la
deducción por pago de impuestos de ley, se tiene que la Sentencia expedida
en autos, no ha exonerado ni ha declarado inafecta a la demandante del pago
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de los mismos, toda vez que tratándose de remuneraciones devengadas estas
se sujetan a lo dispuesto en el D.S. N°179-2004 y su reglamento el D.S. N°122-
94-EF. Por estas consideraciones y normatividad invocada; (…)”. Téngase
presente que dicho extremo fue resuelto mediante auto de vista contenido en la
resolución número 134 de fecha diecisiete de mayo del dos mil diecisiete,
obrante en copia certificada a fojas 134 a 159, en la que se resolvió: “(…)
Confirmaron En Parte la resolución número ciento veinte, corriente de folios mil
doscientos cuarentiocho a mil doscientos cincuentiséis, de fecha nueve de julio
del dos mil quince, en el extremo que resuelve declarar fundada en parte la
observación al informe pericial formulada por la demandante Arlene Nancy
Vargas Romero,(…) Se establecen como remuneraciones devengadas por un
monto ascendente a ciento treinta y ocho mil quinientos sesenta y tres con
34/100 nuevos soles (S/. 138,563.34 nuevos soles), según el cálculo efectuado
en el considerando décimo segundo de la presente resolución. Anularon la
misma resolución en el extremo que dispone la aplicación de aportaciones y
retención por impuesto a la renta, en cumplimiento de sus leyes pertinentes.
(…)”. Al respecto, el Tribunal Constitucional en STC 01538-2010-PA/TC, de
fecha 19 de agosto de 2010, en su fundamento 2 indica textualmente “Sobre el
particular este Tribunal ha señalado en forma reiterada que mediante el
derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa
juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las
resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas
mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o
porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el
contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser
dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de
terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el
caso en el que se dictó (STC 4587- 2004-AA/TC fundamento 38). Más
precisamente, este Tribunal ha establecido que “(…) el respeto de la cosa
juzgada (…) impide que lo resuelto pueda desconocerse por medio de una
resolución posterior, aunque quienes lo hubieran dictado entendieran que la
decisión inicial no se ajustaba a la legalidad aplicable, sino tampoco por
cualquier otra autoridad judicial, aunque esta fuera de instancia superior,
precisamente, porque habiendo adquirido el carácter firme, cualquier clase de
alteración importaría una afectación del núcleo esencial del derecho” (STC
0818-2000-AA/TC, fundamento 4)”; igualmente en el fundamento 5 de la misma
sentencia, se afirma “De las sentencias recaídas en el proceso judicial
subyacente sobre pago de remuneraciones devengadas, se aprecia que
ninguna de ellas admite excepción alguna a su cumplimiento total en los
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propios términos en que ella misma se expresa. En razón de ello el pedido de
deducción de la recurrente sobre las remuneraciones ordenadas a pagar en la
sentencia constituye un acto procesal que tiene como finalidad última frustrar el
cumplimiento cabal y total de lo ordenado en la sentencia (…), de modo tal que
la desestimatoria de dicho pedido bajo ningún concepto conlleva a la
vulneración de los derechos constitucionales alegados por la recurrente,
máxime si lo ordenado en la sentencia no establece hipótesis alguna de
excepción para su cumplimiento total; y es que las sentencias judiciales se
ejecutan en sus propios términos y no dejan margen de acción para que su
cumplimiento sea pensado, merituado y/o evaluado por la parte encargada de
ejecutarla, no existiendo en el caso de autos motivos razonables para proceder
a su incumplimiento toda vez que el pedido de deducción (pago por concepto
de prestaciones de salud, ONP o AFP y pagos por impuesto a la renta)
constituye un asunto cuya dilucidación está íntimamente vinculada con el fondo
de la cuestión controvertida en el proceso judicial subyacente; por lo que debía
ser discutida en el mismo proceso judicial y no en la etapa de ejecución de
sentencia”.
Esta posición es reiterada por la Casación Laboral Nº 1907-2012-Lambayeque
de fecha 05 de noviembre de 2012, en cuyo fundamento sexto refiere “(…) los
jueces laborales no pueden determinar las retenciones a cargo del empleador
del impuesto a la renta o de cualquier otro tributo o aportación sobre los
reintegros de remuneraciones ordenados a pagar a favor del trabajador en
sede judicial”.
SEXTO: Caso de autos y análisis.-
6.1. En el presente caso, conforme se desprende del escrito que obra, en
copias certificadas, a folios 221 la parte demandante solicita efectuar
apercibimiento de multa a la parte demandada Seguro Social de Salud
ESSALUD, ello ante el incumplimiento del pago de acuerdo a la sentencia
laboral, emitida en el presente proceso, la cual tiene calidad de cosa juzgada.
6.2. Que, revisado el presente cuadernillo de apelación (derivado del
expediente principal), tenemos que, la sentencia de primera instancia de fecha
18 de enero de 2012 (fs. 30/38) que declara fundada la demanda de nulidad de
despido, y la sentencia de vista de fecha 03 de julio de 2012 (fs. 41/52), que la
confirma, disponiendo la reposición de la demandante en el cargo que venía
desempeñando a la fecha de su despido, o en otro de igual categoría y nivel
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remunerativo; así como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir
desde la fecha de despido hasta su efectiva reposición, y el recurso de
casación sobre dicha sentencia de vista fue declarado improcedente (fs. 55/56).
Luego se emite el Auto de Vista contenido en la resolución número 134 de
fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciséis (134/159), en el cual se resuelve
confirmar en parte, el auto apelado, disponiendo el pago de S/ 138,563.34
nuevos soles a favor de la demandante por concepto de remuneraciones
devengadas, anulando la resolución apelada en el extremo que dispone la
aplicación de aportaciones y retención por impuesto a la renta.
6.3. Que, por otro lado, resulta que el pedido de efectuar apercibimiento de
multa a la parte demandada Seguro Social de Salud ESSALUD, ello ante el
incumplimiento del pago de acuerdo a la sentencia con calidad de cosa juzgada
y a lo dispuesto en el auto de vista de fecha diecisiete de mayo del dos mil
dieciséis (134/159) se sustenta en el incumplimiento del mandato judicial
contenido en dichas resoluciones judiciales, como aparece de los descuentos
efectuados por la demandada por concepto de impuestos y aportaciones,
según la boleta de pago de remuneración del mes de febrero de 2017 obrante
a fojas 214.
6.4. Ahora bien, revisado el cuadernillo de apelación y el sistema integrado
judicial del expediente principal se tiene que, en efecto, el Juzgado de Trabajo
Transitorio de Tacna declaró fundada la demanda de reposición interpuesta por
Arlene Nancy Vargas Romero en contra del Seguro Social de Salud ESSALUD,
pronunciamiento que fue confirmado mediante Sentencia de Vista emitida por
ésta Superior Sala Laboral de fecha 03 de julio del 2012 (resolución 102),
habiéndose interpuesto recurso de casación contra dicha resolución el cual fue
declarado improcedente mediante casación laboral número 6501-2012 Tacna,
encontrándose el presente proceso en etapa de ejecución.
6.5. Dicho ello, en sede de revisión, se puede concluir que el presente proceso
se encuentra en ejecución de sentencia, por lo que es imperativo el
cumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas, como ser la Sentencia
(fs.30/38), la Sentencia de Vista (fs.41/52 ) y el Auto de Vista contenido en la
resolución número 134 (fs.134/159) el cual dispone en el numeral 5.6 : “Por
otro lado, se desprende de las sentencias citadas en los puntos precedentes
que, en ningún momento establecen que se deba efectuar retención alguna o
pago de tributo a que se refiere la resolución apelada, por lo que debe
declararse la nulidad de dicho extremo y confirmarse el extremo que manda
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SALA LABORAL PERMANENTE
pagar la suma de S/. 138,563.34, por el monto establecido en el cuadro
precedente y los conceptos allí detallados, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 171 del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al caso de
autos.”. En consecuencia al no haber tenido en cuenta dicho mandato al
momento de emitirse la resolución recurrida número ciento cuarenta y siete
incurre en incongruencia procesal trascendente que no puede ser corregida por
la Sala, sin que al mismo tiempo se desnaturalice su función revisora (ya que,
materialmente, tendría que actuar como órgano de primera instancia,
debiéndose tener en cuenta que el Juez de la causa es el Juez de ejecución y
no esta Sala), debiendo disponerse la ejecución de la sentencia en sus propios
términos conforme al mandato imperativo contenido en el artículo 4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; por lo que se ha configurado causal de nulidad
insalvable, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 171 del
Código Procesal Civil, debiendo en consecuencia emitirse nuevo
pronunciamiento, teniendo en cuenta lo fundamentado en la presente
resolución.
Por las consideraciones expuestas, ejerciendo la función jurisdiccional
con la independencia de criterio que otorga nuestra Constitución Política
del Estado (Art. 139.2);
ANULARON la resolución apelada contenida en la resolución N° 147, su fecha
trece de marzo del año dos mil diecisiete, corriente a fojas 222/224, que
declara improcedente el pedido de efectuar apercibimiento de multa a la parte
demandada Seguro Social de Salud ESSALUD, la misma que ha sido solicitada
por la demandante Arlene Nancy Vargas Romero; ORDENARON al señor
Juez, emitir nueva resolución, corrigiendo las irregularidades advertidas y
teniendo en cuenta lo fundamentado en la presente resolución. Procédase por
Secretaria de Sala conforme sanciona el artículo 383 del Código Procesal Civil
y, una vez hecho, archívese. T.R. Y H.S.-
S.S.
GORDILLO COSSIO
BERMEJO RIOS
LIMACHE NINAJA
7<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00136-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 28, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 38/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero
de 2007 (folios 29-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00136-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 28, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 38/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero
de 2007 (folios 29-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO CIVIL - Sede Central Pisco
EXPEDIENTE : 00429-2006-0-1411-JR-CI-01
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : AGUADO SEMINO ALFREDO ALBERTO
ESPECIALISTA : REYNA CATALINA CAHUAS BARRIENTOS
DEMANDADO : EMPRESA COTTONIFICIO SUR PERU SAC; y EMPRESA
FUSIA COMERCIAL SA
DEMANDANTE : RIOS CARPIO, VICTOR JESUS y otros
Resolución Nro. 57.-
Pisco, cuatro de Julio del año dos mil diecinueve.-
Puesto los autos al Despacho para resolver. AUTOS,
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Estado del Proceso:
1.1.- Antecedentes que dieron lugar a la sentencia: Que, por demanda del 19 de
Diciembre del año 2016:
1) Pio Ñañez Salgado.
2) Gregorio Vega Navarro.
3) Adrian Salcedo Calcina.
4) Miguel Angel Hurtado Martinez.
5) Sosimo Víctor Carbajal Melgar.
6) Lino Andrés Torres Melgar.
7) Máximo Gregorio Fonseca Vasquez.
8) Carlos Jesús Lurita Carbajal.
9) Victor Molina Lurita.
10) Juan Carlos Ramos Carrasco.
11) Angel Gabriel Rojas Toledo.
12) José De Jesús Sánchez Romero.
13) Víctor Jesus Ríos Carpio.
14) Hugo Ochoa La Rosa
15) Jesus Antonio Ormeño Giraldo, y
16) Jorge Rómulo Moreno Hernández (por derecho propio y en representación de los
precitados demandantes).
Solicitaron declaración judicial de tercería de derecho preferente de pago, contra la
Empresa COTTONIFICIO Sur Perú SAC y contra Empresa FUSIA COMERCIAL S.A. a
fin de que por sentencia se disponga el pago preferente respecto al importe de sus
compensaciones por tiempo de servicios como trabajadores de la “planta Pisco” a;
precisando la parte actora que “sus acreencias están reconocidas por Escritura Pública
de fecha 29 de Abril del año 2003” sobre Escisión Parcial – Reducción de Capital Social-
Transferencia de Bloque Patrimonial y Aumento de Capital que otorgó FABRITEX
PERUANA S.A. a COTTONIFICIO SUR PERI SAC.
1.2.- Por resolución N° 23, se integran como litisconsortes activos a:
1) Claudio Narciso La Rosa Palomino.
2) Freddy Richard Muñoz Contreras.
3) Javier Enrique Galliquio Tuppia.
4) Roger Domingo García Diaz.
5) Juan Nazario Velásquez Barrial.
6) Los precitados representados por Jorge Rómulo Moreno Hernández.
De la firmeza de la sentencia: Que, el estado del proceso es de ejecución de sentencia N°
271 que declaró fundada la demanda de tercería preferente de pago; preexiste resolución
judicial N° 28 que dispone integrar la sentencia en cuando a pago de Intereses de Intereses
Legales, resolución última que quedó firme mediante auto de vista N° 35 de folios 346
que declaró nulo el concesorio de apelación e improcedente el recurso de apelación de
FUSIA COMERCIAL S.A.
SEGUNDO: Propuestas de Liquidación de Intereses:
2.1.- Por escrito de fojas 379, don Juan Carlos Ramos Carrasco presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, por la suma de S/ 14,870 soles. Al efecto adjunta Hoja de
Liquidación obrante de fojas 373 a 378. Expone el precitado en su Hoja de Liquidación de
Parte, que la liquidación de intereses lo practica del 29 de Abril del 2003, esto es de la fecha
de reconocimiento mediante Escritura Pública de su Compensación por Tiempo de
Servicios, hasta el 28 de Febrero del 2018 en que se le endosó certificado de depósito
judicial.
2.2.- Por escrito de fojas 385, don Hugo Félix Ochoa La Rosa presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, por la suma de S/ 9,250.42 soles. Al efecto adjunta Hoja de
Liquidación obrante de fojas 381 a 384.
2.3.- Por escrito de fojas 1093, la abogada de Javier Enrique Galliquio Tuppia, Juan Nazario
Velasquez Barrial, Claudio Narciso La Rosa Palomino precisan que proceden a cumplir el
mandado del Juzgado contenido en la resolución judicial N° 51, anexando a su escrito
copia de la resolución tres del Expediente N° 132-2005-78 y copias de órdenes de pago y
liquidación de depósitos judiciales; los que se verifica corren de fojas 1084 a 1092.
Es de recordar que Javier Enrique Galliquio Tuppia, Juan Nazario Velasquez Barrial,
Claudio Narciso La Rosa Palomino presentaron propuestas de Liquidación de Intereses
Legales con sus escritos obrantes de folios 900, 914 y 925.
(cid:1)
Indica Javier Enrique Galliquio Tuppia con su Informe Pericial de Parte de fojas
888 y siguientes, que le correspondería S/ 18,470.97 soles del 29 de Abril del
2003 (Escritura Pública - incumplimiento de pago) hasta el 30 de Setiembre
del 2016 (fecha de pago).
(cid:1)
Indica Juan Nazario Velasquez Barrial con su Informe Pericial de Parte de fojas 902
y siguientes que le correspondería S/ 19,094.30 soles del 29 de Abril del 2003
(Escritura Pública - incumplimiento de pago) hasta el 30 de Setiembre del
2016 (fecha de pago).
(cid:1)
Indica Claudio Narciso La Rosa Palomino con su Informe Pericial de Parte de fojas
921 y siguientes, que le correspondería S/ 17,599.74 soles del 29 de Abril del
2003 (Escritura Pública - incumplimiento de pago) hasta el 30 de Setiembre
del 2016 (fecha de pago).
2.4.- Por escrito de fojas 1106, Freddy Richard Muñoz Contreras precisa que procede a
cumplir el mandado del Juzgado contenido en la resolución judicial N° 51, anexando a su
escrito copia de la resolución tres del Expediente N° 132-2005-70 más constancias de retiro
de depósito judicial y vauchers de pago del banco de la nación; los que se verifica corren de
folios 1098 a 1105.
1 Fojas 298 a 305.
Es de recordar que Freddy Richard Muñoz Contreras presentó propuesta de Liquidación
de Intereses Legales con escrito obrante de folios 955; y con Hoja de Liquidación de
Intereses Legales de fojas 950:
(cid:1)
Indica que le correspondería S/ 19,837.70 soles, calculado del 18 de Marzo del 2000
al 25 de Noviembre del 2018.
TERCERO: Observación de las Empresas COTTONIFICIO Sur Perú SAC y
contra Empresa FUSIA COMERCIAL S.A.
Que, los pedimentos de don Juan Carlos Ramos Carrasco y Hugo Félix Ochoa La Rosa
fueron proveídos por decretos N° 41 y N° 42 de fechas 18 y 24 de Mayo del año 2018. NO
HAY observación al respecto.
CUARTO: Observación de Fábrica de Tejidos Pisco SAC:
Que, por escrito de fojas 962 y 967, Fábrica de Tejidos Pisco SAC, indica que se le ha
puesto de conocimiento las propuestas de liquidación de Juan Nazario Velásquez Barrial y
Javier Enrique Galliquio Tuppia, y de Freddy Richard Muñoz Contreras.
Observa las liquidaciones de parte expresando que la liquidación carece de la aplicación del
factor al periodo calculado, el factor por cada periodo calculado, que no se explica cómo se
determina el monto final de la liquidación.
Del análisis de los mencionados escritos de la Empresa, NO hay observación en cuanto a la
propuesta de liquidación de Claudio Narciso La Rosa Palomino.
QUINTO: PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO JUDICIAL:
5.1.- Que, la Dirección del Proceso está a cargo del Juez conforme lo estipula el numeral II
del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Es deber de todo Juez dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización
y procurar la economía procesal, tal como lo establece el artículo 50.1 del acotado Código
Procesal Civil.
5.2.- Que, el presente proceso es uno de carácter civil, sobre Tercería sobre Preferencia de
Pago, empero ha de subrayar que lo generan extrabajadores de la Empresa Fabritex
Peruana SA, sociedad que fuera escindida y absorbida por la Empresa COTTONIFICIO
SUR PERÚ SAC. Extrabajadores que, es de ver del tránsito del proceso, demandaron a
esas dos Empresas para que se les reconozca derecho preferente de pago dado que
contaban con documentación (Escritura Pública) donde las demandadas les reconocían
adeudar sumas de dinero por concepto de Compensaciones por Tiempo de Servicios,
montos de dinero que corren señalados en Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año
2003 de folios 11, instrumental valorada en sentencia N° 27 de folios 298; sentencia que
declaró fundada la demanda. Esto es, nos encontramos ante el reconocimiento de
beneficios laborales por cuya naturaleza ha de recibir tratamiento especial y urgente,
relievándose al efecto el Principio Protector del Derecho Laboral.
Por lo cual al caso este Juzgador considera que no resulta necesario llamar a perito judicial
para determinar los intereses legales, máxime cuando se tiene que los proponentes de las
liquidaciones de intereses legales han presentado a su turno documentación con la que
pretenden demostrar que en el Expediente Judicial N° 132-2005 sobre Obligación de Dar
Suma de Dinero seguido por la ejecutante FUSIA COMERCIAL S.A. contra
COTTONIFICIO SURPERU SAC se le ha pagado como derecho preferente de pago sus
correspondientes CTS establecidas en la Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año
2003 y que cuentan con otras documentaciones como por ejemplo constancias de órdenes
de pago de certificados de depósito judicial de las cuales se podría extraer la fecha de su
pago y/o del cumplimiento de pago por parte de Fábrica de Tejidos Pisco SAC como
actual responsable de los pagos de las acreencias laborales de los demandantes de esta
Causa. Por lo que cabe entrar verificar dichos documentos y determinar los intereses legales
en los casos que en este acto resulte aplicable, máxime si el Juzgado cuenta con el programa
INTERLEG2, diseñado por el Poder Judicial y de uso exclusivo y obligatorio para los
órganos jurisdiccionales para el cálculo de Beneficios Sociales e Intereses Legales.
Herramienta que permite realizar el cálculo de los intereses legales y
financieros en forma rápida y confiable, desarrollado a partir de la necesidad
de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial una herramienta eficaz
para el cálculo de los intereses legales y la verificación de los factores
aplicados; este sistema desarrollado permite calcular el interés legal laboral
(D. Ley 25920), interés legal efectivo (aplicable a multas, pensiones
alimenticias en los casos de familia, procesos civiles), interés financiero
(aplicable a la CTS no depositada oportunamente), interés de deudas
previsionales (AFP) y actualización de deuda utilizando como factor de
actualización las remuneraciones mínimas, el índice de precios al
consumidor o el tipo de cambio.
5.3.- Que, en tal sentido, según la sentencia N° 27 (fojas 298) y resolución que la
integra N° 28 (folios 310-311), los intereses que corresponden calcular en el presente
caso es el INTERÉS LEGAL; ahora bien teniéndose en cuenta que las Compensaciones
por Tiempo de Servicios que se han liquidado en la Escritura Pública de fecha 29 de Abril
del año 2003 de folios 11 en favor de los demandantes constituyen ADEUDOS DE
CARÁCTER LABORAL; se concluye que en el presente caso corresponde liquidar los
intereses legales de acuerdo al Decreto Ley Nº 25920 (publicada en el Diario Oficial El
Peruano: 03-12-1992) el cual “dispone que el interés que corresponde pagar por adeudos
de carácter laboral es el fijado por el Banco Central de Reserva del Perú.” En cuyo
artículo 3º de la Ley N° 25920 menciona:
“El interés laboral se devenga sobre el montón adeudado a partir del día siguiente de
vencida la obligación hasta el día del pago, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente.”
Según el artículo antes mencionado, existen dos fechas claves:
• día siguiente de vencida la obligación.
• día del pago.
5.4.- A su turno el artículo 1º de la Ley 25920 menciona:
“A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por
adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del
Perú. El referido interés no es capitalizable.”
5.5.- DE LA LIQUIDACIÓN DE JUAN CARLOS RAMOS CARRASCO:
5.5.1.- Juan Carlos Ramos Carrasco presenta propuesta de liquidación de intereses
legales, por la suma de S/ 14,870.00 soles. Del análisis de su escrito como de la su Hoja de
Liquidación obrante de fojas 373 a 378, solicita que la liquidación de intereses deba
practicarse del 29 de Abril del 2003, esto es de la fecha de reconocimiento mediante
2 Aprobados por Resoluciones Administrativas N° 026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ, de fechas 25
de febrero de 2004 y 14 de abril de 2005.
Escritura Pública de su Compensación por Tiempo de Servicios, hasta el 28 de Febrero del
2018 en que se le endosó certificado de depósito judicial.
5.5.2.- La liquidación propuesta debe aprobarse en parte, pues se constata que con
demanda fue precisado que las “acreencias están reconocidas por Escritura Pública de
fecha 29 de Abril del 2003”, lo que fue amparado por sentencia de autos; Escritura Pública
donde es de ver fue reconocido a favor de Juan Carlos Ramos Carrasco el monto de S/
22,061.82 soles. Por lo que de conformidad con el artículo 3º de la Ley N° 25920 es desde
el día 30 de Abril del 2003 que debe correr los intereses legales.
5.5.3.- La Hoja de Seguimiento de depósitos judiciales glosada a folios 975 en
relación al Expediente N° 132-2005-123, acredita que a don Juan Carlos Ramos Carrasco le
fue pagado S/ 22,061.22 soles a mérito del Depósito Judicial N° 2017056100815 de fecha
de emisión (pago) 28 de Febrero del 2017; esto es, esta última fecha es la fecha de pago de
la obligación principal, por lo que de conformidad con el artículo 3º de la Ley N° 25920 es
hasta donde debe liquidarse los intereses legales.
5.5.4.- Debe precisarse que se aprueba en parte la Propuesta de Liquidación, porque
Juan Carlos Ramos Carrasco intenta liquidar los intereses del 29-04-2003, lo que resulta
incorrecto, pues debe ser del día siguiente: 30-04-2003; e, intenta liquidar los intereses hasta
el 28-02-2018 cuando no hay prueba que respalde esa afirmación, dado que el Depósito
Judicial del que se ha hecho cobro de su capital es de fecha de pago 28-02-2017.
5.5.5.- Considerándose que la fecha la fecha de inicio: 30 de Abril del 2003 y la
fecha límite 28 de Febrero del 2017, es la que resulta aplicable a los intereses legales, cabe
entonces determinar el monto de la liquidación de acuerdo al factor de intereses legales que
proyecta el INTERLEG, resultando lo siguiente:
5.5.6.- Reporte del INTERLEG que se manda glosar a los autos, cuyo pantallazo es
de línea supra. Del cual se tiene que en favor de Juan Carlos Ramos Carrasco se le adeuda
3 Que a mérito de la resolución N° 512, fue extraído del sistema judicial para mejor resolver la liquidación
de intereses legales.
S/ 7,976.23 soles por intereses legales, y no S/ 14,870.10 soles que se pretende; de ahí que
el monto de aprueba en parte.
5.6.- DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE HUGO FÉLIX OCHOA LA
ROSA:
5.6.1.- Analizado el Informe Pericial de Parte de folios 381-384, don Hugo Felix
Ochoa La Rosa señala que le fue reconocido un adeudo laboral de S/ 13,313.79 soles; lo
cual es cierto por cuanto se verifica del folios 37 vuelta de la Escritura Pública de fecha 29
de Abril del 2003; señala el recurrente que se le debe por intereses legales S/ 9,250.42 soles,
sin embargo se detecta que no explica de manera convincente cómo así es que en su caso la
liquidación de intereses se devenga desde el mes de Agosto del 2003 y cómo así es que
debería liquidarse hasta el día 24 de Enero del 2018.
5.6.2.- La liquidación de intereses legales, conforme ya se explicó en el ítem 4.5.2.
debe liquidarse a partir del día siguiente al reconocimiento de la obligación contenida en la
Escritura Pública del 29 de Abril del 2003 de fojas 11 y siguientes, tal cual fue expresado en
demanda y amparado en sentencia como derecho preferente de pago; por lo que de
conformidad con el artículo 3º de la Ley N° 25920 la fecha de inicio del cálculo de los
intereses legales corre a partir del día 30 de Abril del 2003.
5.6.3.- De acuerdo al reporte de seguimientos de depósitos judiciales glosado a
980, está acreditado que a don Hugo Felix Ochoa La Rosa le fue pagado S/ 13,313.79
soles, en el Expediente 132.2005-12 y a mérito del Certificado de Depósito Judicial N°
2017056100815 de fecha de pago o depósito judicial ante el Banco de la Nación, 28 de
Febrero del año 2017, por tanto esta es la fecha límite de liquidación de intereses legales
conforma al artículo 3º de la Ley N° 25920.
5.6.4.- Cabe entonces determinar el monto de la liquidación de acuerdo al factor de
intereses legales que proyecta el INTERLEG, resultando lo siguiente:
5.6.5.- Reporte del INTERLEG que se manda glosar a los autos, cuyo pantallazo es
lo detallado línea supra. Del cual se tiene que en favor de Hugo Félix Ochoa La Rosa se le
adeuda S/ 4,813.60 soles por intereses legales, y no S/ 9,250.42 soles que se pretende; de
ahí que el monto de aprueba en parte.
5.7.- DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES LEGALES DE FREDDY
RICHARD MUÑOZ CONTRERAS:
5.7.1.- Freddy Richard Muñoz Contreras, acredita con la copia de la resolución
judicial N° 03 de fecha 16 de Noviembre del 2018 del Expediente 132-2005-70 (glosado a
folios 1098), que en dicho proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero se le hizo valer
su sentencia sobre derecho preferente de pago en la suma de S/ 31,461.39 soles,
ordenándose en ese proceso que el pago debía efectuarse de cualquiera de los Certificados
de Depósito Judicial N° 2016056103822, 2016056104340 y 2016056104901.
5.7.2.- Del Sistema Integrado Judicial – Depósitos Judicial BN, que maneja el
Poder Judicial y que en este acto se hace uso para extraer información relevante en relación
al certificado de depósito judicial del cual se ha hecho pago a Freddy Richard Muñoz
Contreras y que se manda agregar a los autos, se logra extraer “hoja de seguimiento de
Depósitos por Expedientes” que acredita que, efectivamente, al precitado le fue pagado S/
31,461.39 soles mediante el Certificados de Depósito Judicial N° 2016056103822;
certificado que fue emitido por el Banco de la Nación el día 02 de Setiembre del 2016 a
mérito del pago efectuado por Fábrica de tejidos Pisco SAC para el Expediente 132.2005-0.
Pago efectivizado en el Banco de la Nación según se corrobora de los documentos
obrantes a folios 1096 y 1097 presentados por Freddy Richard Muñoz Contreras.
5.7.3.- Ahora bien, del análisis de la Hoja de Liquidación de Intereses Legales
presentado por Freddy Richard Muñoz Contreras y que obra a folios 950 y siguientes, se
detecta que no hay una explicación clara y concreta de cómo así el precitado llega a
establecer que la liquidación de intereses debe correr del 18-03-2000 hasta el 25-11-2018.
Lo descrito en esa Hoja de Liquidación solo refiere a operaciones numéricas de tasa anual,
factor diario, factor mensual, deuda capital e interés legal. Menos se tiene justificación
razonable en el escrito de fecha 03 de Diciembre del 2018 de fojas 955 presentado por
Freddy Richard Muñoz Contreras sobre el porqué utiliza esas fechas como parámetros de
la liquidación de intereses devengados.
5.7.4.- De ahí que este Juzgado debe entrar a determinar el monto exacto de la
liquidación de devengados por concepto de intereses legales, tomándose como base el día
siguiente al reconocimiento de la obligación contenida en la Escritura Pública del 29 de
Abril del 2003 de fojas 11 y siguientes, tal cual fue expresado en demanda y amparado en
sentencia como derecho preferente de pago; por lo que de conformidad con el artículo 3º
de la Ley N° 25920 la fecha de inicio del cálculo de los intereses legales corre a partir del
día 30 de Abril del 2003; y como fecha de pago de la obligación ha de considerar el día 02
de Setiembre del 2016 por estar debidamente acreditado con “hoja de seguimiento de
Depósitos por Expedientes”.
5.7.5.- Cabe entonces determinar el monto de la liquidación de acuerdo al factor de
intereses legales que proyecta el INTERLEG, resultando lo siguiente:
5.7.6.- Reporte del INTERLEG que se manda glosar a los autos, cuyo pantallazo es
lo detallado línea supra. Del cual se tiene que en favor de Freddy Richard Muñoz Contreras
se le adeuda S/ 10,959.26 soles por intereses legales, y no S/ 19,837.42 soles que se
pretende; de ahí que el monto de aprueba en parte.
5.7.7.- La oposición formulada por Fábrica de Tejidos Pisco SAC deviene
infundada por cuanto lo afirmado en su escrito de fojas 967, son apreciaciones subjetivas,
no viene respaldado con medio de prueba alguno como por ejemplo pericia de parte que
coadyuve al Juzgador a determinar cuál sería el monto devengado por intereses legales.
5.8.- DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES LEGALES DE JAVIER
ENRIQUE GALLIQUIO TUPPIA Y JUAN NAZARIO VELASQUEZ BARRIAL:
5.8.1.- Javier Enrique Galliquio Tuppia, acredita con la copia de la resolución
judicial N° 03 de fecha 16 de Noviembre del 2018 del Expediente 132-2005-78 (glosado a
folios 1084), que en dicho proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero se le hizo valer
su sentencia sobre derecho preferente de pago en la suma de S/ 28,237.84 soles,
ordenándose en ese proceso que el pago debía efectuarse de cualquiera de los Certificados
de Depósito Judicial N° 2016056103822, 2016056104340 y 2016056104901.
5.8.2.- Javier Enrique Galliquio Tuppia, acredita a folios 1091 con la Hoja de
Liquidación de Depósito Judicial, que mediante Certificado de Depósito Judicial N°
2016056104340 le fue pagado S/ 28,237.84 soles; Certificados de Depósito Judicial emitido
por el Banco de la Nación el día 30 de Setiembre del 2016. Pago efectivizado en el Banco
de la Nación.
5.8.3.- Está acreditado en autos que el reconocimiento de la obligación de Javier
Enrique Galliquio Tuppia por S/ 28,237.84 soles se encuentra contenida en la Escritura
Pública del 29 de Abril del 2003 de fojas 36 vuelta, tal cual fue expresado en demanda y
amparado en sentencia como derecho preferente de pago; por lo que de conformidad con
el artículo 3º de la Ley N° 25920 la fecha de inicio del cálculo de los intereses legales corre
a partir del día 30 de Abril del 2003; y la fecha límite es la del pago ante el Banco de la
Nación que generó el Certificado de Depósito Judicial N° 2016056104340, esto es, el día
30 de Setiembre del 2016.
5.8.4.- Juan Nazario Velasquez Barrial, acredita a folios 1092 con la Hoja de
Liquidación de Depósito Judicial, que mediante Certificado de Depósito Judicial N°
2016056104340 le fue pagado S/ 29,190.83 soles; Certificados de Depósito Judicial emitido
por el Banco de la Nación el día 30 de Setiembre del 2016. Pago efectivizado en el Banco
de la Nación.
5.8.5.- Está acreditado en autos que el reconocimiento de la obligación de Juan
Nazario Velasquez Barrial por S/ 29,190.83 soles se encuentra contenida en la Escritura
Pública del 29 de Abril del 2003 de fojas 38 vuelta, tal cual fue expresado en demanda y
amparado en sentencia como derecho preferente de pago; por lo que de conformidad con
el artículo 3º de la Ley N° 25920 la fecha de inicio del cálculo de los intereses legales corre
a partir del día 30 de Abril del 2003; y la fecha límite es la del pago ante el Banco de la
Nación que generó el Certificado de Depósito Judicial N° 2016056104340, esto es, el día
30 de Setiembre del 2016.
5.8.6.- Analizadas las Hojas de Liquidación de Intereses Legales practicadas de
parte por Javier Enrique Galliquio Tuppia y por Juan Nazario Velasquez Barrial,
obrantes de folios 888 a 891 y de 902 a 905, se tiene que no se puede aprobar la fecha de
cálculo puesto que refieren que debe liquidarse del 29-04-2003 al 30-09-2016, cuando de
acuerdo al artículo 3º de la Ley N° 25920 debe ser del 30-04-2003 al 30-09-2016;
asimismo, para los fines de aplicar el factor de intereses, ha de apoyarse este Juzgado en el
INTERLEG, del cual se tiene:
5.8.7.- Reporte del INTERLEG que se manda glosar a los autos, cuyo
pantallazo es lo detallado línea supra. Del cual se tiene que en favor de Javier Enrique
Galliquio Tuppia se le adeuda S/ 9,895.10 soles por intereses legales, y no la exorbitante
e irrazonable suma de S/ 18,470.97 soles que se pretende; de ahí que el monto reclamado
de aprueba en parte. Y, en cuanto a por Juan Nazario Velasquez Barrial se le adeuda
solamente S/ 10,229.05 soles por intereses legales, y no la exorbitante e irrazonable suma
de S/ 19,094.30 soles que se pretende; de ahí que el monto reclamado de aprueba en parte.
5.8.8.- La oposición formulada por Fábrica de Tejidos Pisco SAC deviene
infundada por cuanto lo afirmado en su escrito de fojas 962, son apreciaciones subjetivas,
no viene respaldado con medio de prueba alguno como por ejemplo pericia de parte que
coadyuve al Juzgador a determinar cuál sería el monto devengado por intereses legales.
5.9.- DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE CLAUDIO NARCISO LA
ROSA PALOMINO:
5.9.1.- Para mejor resolver, don Claudio Narciso La Rosa Palomino deberá
presentar, copias de los Certificados de Depósito Judicial N° 2016056103822 y N°
2016056104340; los que resultan transcendentes tener a la vista en el caso particular del
precitado, en atención a que de las copias de órdenes de pago de folios 1089 y 1090 que ha
presentado con su escrito de fojas 1093, no permite identificar la fecha de “emisión” de los
aludidos certificados. Tampoco se puede visualizar del Sistema Integrado Judicial –
Depósitos Judicial BN el reporte de “seguimiento de depósitos por expediente” en relación
al Certificados de Depósito Judicial N° 2016056104340, sólo se puede extraer lo del
Certificado de Depósito Judicial N° 2016056103822, pero resulta insuficiente para mejor
resolver.
POR ESTAS CONSIDERACIONES. SE DISPONE:
I.- APROBAR EN PARTE LAS SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN
DE INTERESES LEGALES, presentadas por:
(cid:2)
Juan Carlos Ramos Carrasco se le adeuda S/ 7,976.23 soles por intereses legales.
(cid:2)
Hugo Félix Ochoa La Rosa se le adeuda S/ 4,813.60 soles por intereses legales.
(cid:2)
Freddy Richard Muñoz Contreras se le adeuda S/ 10,959.26 soles por intereses legales.
(cid:2)
Javier Enrique Galliquio Tuppia se le adeuda S/ 9,895.10 soles por intereses legales.
(cid:2)
Juan Nazario Velásquez Barrial se le adeuda S/ 10,229.05 soles por intereses legales.
II.- REQUERIR a Claudio Narciso La Rosa Palomino, cumplir con lo ordenado en el
ítem 5.9 de la presente para mejor resolver.- Cumplido que sea dese cuenta por secretaría.
III.- INFUNDADA LA OBSERVACIÓN efectuada con escrito de folios 962 y 967 por
Fábrica de Tejidos Piscos SAC en relación a la propuesta de liquidación que presentaron
Freddy Richard Muñoz Contreras, Javier Enrique Galliquio Tuppia y Juan Nazario
Velásquez Barrial.
IV.- ORDENO GLOSAR al proceso, “Reporte de Seguimiento de Depósitos por
Expediente” extraído del Sistema Integrado Judicial, y la Hojas de Liquidación de Intereses
extraídas del INTERLEG; que se han tenido a la vista. – Interviene en secretario Dr.
Sasieta por disposición superior y por licencia de la secretaria titular de la Secretaría “A”
Dra Cahuas.
NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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JUZGADO CIVIL - Sede Central Pisco
EXPEDIENTE : 00429-2006-0-1411-JR-CI-01
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : AGUADO SEMINO ALFREDO ALBERTO
ESPECIALISTA : REYNA CATALINA CAHUAS BARRIENTOS
DEMANDADO : EMPRESA COTTONIFICIO SUR PERU SAC; y EMPRESA
FUSIA COMERCIAL SA
DEMANDANTE : RIOS CARPIO, VICTOR JESUS y otros
Resolución Nro. 57.-
Pisco, cuatro de Julio del año dos mil diecinueve.-
Puesto los autos al Despacho para resolver. AUTOS,
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Estado del Proceso:
1.1.- Antecedentes que dieron lugar a la sentencia: Que, por demanda del 19 de
Diciembre del año 2016:
1) Pio Ñañez Salgado.
2) Gregorio Vega Navarro.
3) Adrian Salcedo Calcina.
4) Miguel Angel Hurtado Martinez.
5) Sosimo Víctor Carbajal Melgar.
6) Lino Andrés Torres Melgar.
7) Máximo Gregorio Fonseca Vasquez.
8) Carlos Jesús Lurita Carbajal.
9) Victor Molina Lurita.
10) Juan Carlos Ramos Carrasco.
11) Angel Gabriel Rojas Toledo.
12) José De Jesús Sánchez Romero.
13) Víctor Jesus Ríos Carpio.
14) Hugo Ochoa La Rosa
15) Jesus Antonio Ormeño Giraldo, y
16) Jorge Rómulo Moreno Hernández (por derecho propio y en representación de los
precitados demandantes).
Solicitaron declaración judicial de tercería de derecho preferente de pago, contra la
Empresa COTTONIFICIO Sur Perú SAC y contra Empresa FUSIA COMERCIAL S.A. a
fin de que por sentencia se disponga el pago preferente respecto al importe de sus
compensaciones por tiempo de servicios como trabajadores de la “planta Pisco” a;
precisando la parte actora que “sus acreencias están reconocidas por Escritura Pública
de fecha 29 de Abril del año 2003” sobre Escisión Parcial – Reducción de Capital Social-
Transferencia de Bloque Patrimonial y Aumento de Capital que otorgó FABRITEX
PERUANA S.A. a COTTONIFICIO SUR PERI SAC.
1.2.- Por resolución N° 23, se integran como litisconsortes activos a:
1) Claudio Narciso La Rosa Palomino.
2) Freddy Richard Muñoz Contreras.
3) Javier Enrique Galliquio Tuppia.
4) Roger Domingo García Diaz.
5) Juan Nazario Velásquez Barrial.
6) Los precitados representados por Jorge Rómulo Moreno Hernández.
De la firmeza de la sentencia: Que, el estado del proceso es de ejecución de sentencia N°
271 que declaró fundada la demanda de tercería preferente de pago; preexiste resolución
judicial N° 28 que dispone integrar la sentencia en cuando a pago de Intereses de Intereses
Legales, resolución última que quedó firme mediante auto de vista N° 35 de folios 346
que declaró nulo el concesorio de apelación e improcedente el recurso de apelación de
FUSIA COMERCIAL S.A.
SEGUNDO: Propuestas de Liquidación de Intereses:
2.1.- Por escrito de fojas 379, don Juan Carlos Ramos Carrasco presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, por la suma de S/ 14,870 soles. Al efecto adjunta Hoja de
Liquidación obrante de fojas 373 a 378. Expone el precitado en su Hoja de Liquidación de
Parte, que la liquidación de intereses lo practica del 29 de Abril del 2003, esto es de la fecha
de reconocimiento mediante Escritura Pública de su Compensación por Tiempo de
Servicios, hasta el 28 de Febrero del 2018 en que se le endosó certificado de depósito
judicial.
2.2.- Por escrito de fojas 385, don Hugo Félix Ochoa La Rosa presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, por la suma de S/ 9,250.42 soles. Al efecto adjunta Hoja de
Liquidación obrante de fojas 381 a 384.
2.3.- Por escrito de fojas 1093, la abogada de Javier Enrique Galliquio Tuppia, Juan Nazario
Velasquez Barrial, Claudio Narciso La Rosa Palomino precisan que proceden a cumplir el
mandado del Juzgado contenido en la resolución judicial N° 51, anexando a su escrito
copia de la resolución tres del Expediente N° 132-2005-78 y copias de órdenes de pago y
liquidación de depósitos judiciales; los que se verifica corren de fojas 1084 a 1092.
Es de recordar que Javier Enrique Galliquio Tuppia, Juan Nazario Velasquez Barrial,
Claudio Narciso La Rosa Palomino presentaron propuestas de Liquidación de Intereses
Legales con sus escritos obrantes de folios 900, 914 y 925.
(cid:1)
Indica Javier Enrique Galliquio Tuppia con su Informe Pericial de Parte de fojas
888 y siguientes, que le correspondería S/ 18,470.97 soles del 29 de Abril del
2003 (Escritura Pública - incumplimiento de pago) hasta el 30 de Setiembre
del 2016 (fecha de pago).
(cid:1)
Indica Juan Nazario Velasquez Barrial con su Informe Pericial de Parte de fojas 902
y siguientes que le correspondería S/ 19,094.30 soles del 29 de Abril del 2003
(Escritura Pública - incumplimiento de pago) hasta el 30 de Setiembre del
2016 (fecha de pago).
(cid:1)
Indica Claudio Narciso La Rosa Palomino con su Informe Pericial de Parte de fojas
921 y siguientes, que le correspondería S/ 17,599.74 soles del 29 de Abril del
2003 (Escritura Pública - incumplimiento de pago) hasta el 30 de Setiembre
del 2016 (fecha de pago).
2.4.- Por escrito de fojas 1106, Freddy Richard Muñoz Contreras precisa que procede a
cumplir el mandado del Juzgado contenido en la resolución judicial N° 51, anexando a su
escrito copia de la resolución tres del Expediente N° 132-2005-70 más constancias de retiro
de depósito judicial y vauchers de pago del banco de la nación; los que se verifica corren de
folios 1098 a 1105.
1 Fojas 298 a 305.
Es de recordar que Freddy Richard Muñoz Contreras presentó propuesta de Liquidación
de Intereses Legales con escrito obrante de folios 955; y con Hoja de Liquidación de
Intereses Legales de fojas 950:
(cid:1)
Indica que le correspondería S/ 19,837.70 soles, calculado del 18 de Marzo del 2000
al 25 de Noviembre del 2018.
TERCERO: Observación de las Empresas COTTONIFICIO Sur Perú SAC y
contra Empresa FUSIA COMERCIAL S.A.
Que, los pedimentos de don Juan Carlos Ramos Carrasco y Hugo Félix Ochoa La Rosa
fueron proveídos por decretos N° 41 y N° 42 de fechas 18 y 24 de Mayo del año 2018. NO
HAY observación al respecto.
CUARTO: Observación de Fábrica de Tejidos Pisco SAC:
Que, por escrito de fojas 962 y 967, Fábrica de Tejidos Pisco SAC, indica que se le ha
puesto de conocimiento las propuestas de liquidación de Juan Nazario Velásquez Barrial y
Javier Enrique Galliquio Tuppia, y de Freddy Richard Muñoz Contreras.
Observa las liquidaciones de parte expresando que la liquidación carece de la aplicación del
factor al periodo calculado, el factor por cada periodo calculado, que no se explica cómo se
determina el monto final de la liquidación.
Del análisis de los mencionados escritos de la Empresa, NO hay observación en cuanto a la
propuesta de liquidación de Claudio Narciso La Rosa Palomino.
QUINTO: PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO JUDICIAL:
5.1.- Que, la Dirección del Proceso está a cargo del Juez conforme lo estipula el numeral II
del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Es deber de todo Juez dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización
y procurar la economía procesal, tal como lo establece el artículo 50.1 del acotado Código
Procesal Civil.
5.2.- Que, el presente proceso es uno de carácter civil, sobre Tercería sobre Preferencia de
Pago, empero ha de subrayar que lo generan extrabajadores de la Empresa Fabritex
Peruana SA, sociedad que fuera escindida y absorbida por la Empresa COTTONIFICIO
SUR PERÚ SAC. Extrabajadores que, es de ver del tránsito del proceso, demandaron a
esas dos Empresas para que se les reconozca derecho preferente de pago dado que
contaban con documentación (Escritura Pública) donde las demandadas les reconocían
adeudar sumas de dinero por concepto de Compensaciones por Tiempo de Servicios,
montos de dinero que corren señalados en Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año
2003 de folios 11, instrumental valorada en sentencia N° 27 de folios 298; sentencia que
declaró fundada la demanda. Esto es, nos encontramos ante el reconocimiento de
beneficios laborales por cuya naturaleza ha de recibir tratamiento especial y urgente,
relievándose al efecto el Principio Protector del Derecho Laboral.
Por lo cual al caso este Juzgador considera que no resulta necesario llamar a perito judicial
para determinar los intereses legales, máxime cuando se tiene que los proponentes de las
liquidaciones de intereses legales han presentado a su turno documentación con la que
pretenden demostrar que en el Expediente Judicial N° 132-2005 sobre Obligación de Dar
Suma de Dinero seguido por la ejecutante FUSIA COMERCIAL S.A. contra
COTTONIFICIO SURPERU SAC se le ha pagado como derecho preferente de pago sus
correspondientes CTS establecidas en la Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año
2003 y que cuentan con otras documentaciones como por ejemplo constancias de órdenes
de pago de certificados de depósito judicial de las cuales se podría extraer la fecha de su
pago y/o del cumplimiento de pago por parte de Fábrica de Tejidos Pisco SAC como
actual responsable de los pagos de las acreencias laborales de los demandantes de esta
Causa. Por lo que cabe entrar verificar dichos documentos y determinar los intereses legales
en los casos que en este acto resulte aplicable, máxime si el Juzgado cuenta con el programa
INTERLEG2, diseñado por el Poder Judicial y de uso exclusivo y obligatorio para los
órganos jurisdiccionales para el cálculo de Beneficios Sociales e Intereses Legales.
Herramienta que permite realizar el cálculo de los intereses legales y
financieros en forma rápida y confiable, desarrollado a partir de la necesidad
de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial una herramienta eficaz
para el cálculo de los intereses legales y la verificación de los factores
aplicados; este sistema desarrollado permite calcular el interés legal laboral
(D. Ley 25920), interés legal efectivo (aplicable a multas, pensiones
alimenticias en los casos de familia, procesos civiles), interés financiero
(aplicable a la CTS no depositada oportunamente), interés de deudas
previsionales (AFP) y actualización de deuda utilizando como factor de
actualización las remuneraciones mínimas, el índice de precios al
consumidor o el tipo de cambio.
5.3.- Que, en tal sentido, según la sentencia N° 27 (fojas 298) y resolución que la
integra N° 28 (folios 310-311), los intereses que corresponden calcular en el presente
caso es el INTERÉS LEGAL; ahora bien teniéndose en cuenta que las Compensaciones
por Tiempo de Servicios que se han liquidado en la Escritura Pública de fecha 29 de Abril
del año 2003 de folios 11 en favor de los demandantes constituyen ADEUDOS DE
CARÁCTER LABORAL; se concluye que en el presente caso corresponde liquidar los
intereses legales de acuerdo al Decreto Ley Nº 25920 (publicada en el Diario Oficial El
Peruano: 03-12-1992) el cual “dispone que el interés que corresponde pagar por adeudos
de carácter laboral es el fijado por el Banco Central de Reserva del Perú.” En cuyo
artículo 3º de la Ley N° 25920 menciona:
“El interés laboral se devenga sobre el montón adeudado a partir del día siguiente de
vencida la obligación hasta el día del pago, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente.”
Según el artículo antes mencionado, existen dos fechas claves:
• día siguiente de vencida la obligación.
• día del pago.
5.4.- A su turno el artículo 1º de la Ley 25920 menciona:
“A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por
adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del
Perú. El referido interés no es capitalizable.”
5.5.- DE LA LIQUIDACIÓN DE JUAN CARLOS RAMOS CARRASCO:
5.5.1.- Juan Carlos Ramos Carrasco presenta propuesta de liquidación de intereses
legales, por la suma de S/ 14,870.00 soles. Del análisis de su escrito como de la su Hoja de
Liquidación obrante de fojas 373 a 378, solicita que la liquidación de intereses deba
practicarse del 29 de Abril del 2003, esto es de la fecha de reconocimiento mediante
2 Aprobados por Resoluciones Administrativas N° 026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ, de fechas 25
de febrero de 2004 y 14 de abril de 2005.
Escritura Pública de su Compensación por Tiempo de Servicios, hasta el 28 de Febrero del
2018 en que se le endosó certificado de depósito judicial.
5.5.2.- La liquidación propuesta debe aprobarse en parte, pues se constata que con
demanda fue precisado que las “acreencias están reconocidas por Escritura Pública de
fecha 29 de Abril del 2003”, lo que fue amparado por sentencia de autos; Escritura Pública
donde es de ver fue reconocido a favor de Juan Carlos Ramos Carrasco el monto de S/
22,061.82 soles. Por lo que de conformidad con el artículo 3º de la Ley N° 25920 es desde
el día 30 de Abril del 2003 que debe correr los intereses legales.
5.5.3.- La Hoja de Seguimiento de depósitos judiciales glosada a folios 975 en
relación al Expediente N° 132-2005-123, acredita que a don Juan Carlos Ramos Carrasco le
fue pagado S/ 22,061.22 soles a mérito del Depósito Judicial N° 2017056100815 de fecha
de emisión (pago) 28 de Febrero del 2017; esto es, esta última fecha es la fecha de pago de
la obligación principal, por lo que de conformidad con el artículo 3º de la Ley N° 25920 es
hasta donde debe liquidarse los intereses legales.
5.5.4.- Debe precisarse que se aprueba en parte la Propuesta de Liquidación, porque
Juan Carlos Ramos Carrasco intenta liquidar los intereses del 29-04-2003, lo que resulta
incorrecto, pues debe ser del día siguiente: 30-04-2003; e, intenta liquidar los intereses hasta
el 28-02-2018 cuando no hay prueba que respalde esa afirmación, dado que el Depósito
Judicial del que se ha hecho cobro de su capital es de fecha de pago 28-02-2017.
5.5.5.- Considerándose que la fecha la fecha de inicio: 30 de Abril del 2003 y la
fecha límite 28 de Febrero del 2017, es la que resulta aplicable a los intereses legales, cabe
entonces determinar el monto de la liquidación de acuerdo al factor de intereses legales que
proyecta el INTERLEG, resultando lo siguiente:
5.5.6.- Reporte del INTERLEG que se manda glosar a los autos, cuyo pantallazo es
de línea supra. Del cual se tiene que en favor de Juan Carlos Ramos Carrasco se le adeuda
3 Que a mérito de la resolución N° 512, fue extraído del sistema judicial para mejor resolver la liquidación
de intereses legales.
S/ 7,976.23 soles por intereses legales, y no S/ 14,870.10 soles que se pretende; de ahí que
el monto de aprueba en parte.
5.6.- DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE HUGO FÉLIX OCHOA LA
ROSA:
5.6.1.- Analizado el Informe Pericial de Parte de folios 381-384, don Hugo Felix
Ochoa La Rosa señala que le fue reconocido un adeudo laboral de S/ 13,313.79 soles; lo
cual es cierto por cuanto se verifica del folios 37 vuelta de la Escritura Pública de fecha 29
de Abril del 2003; señala el recurrente que se le debe por intereses legales S/ 9,250.42 soles,
sin embargo se detecta que no explica de manera convincente cómo así es que en su caso la
liquidación de intereses se devenga desde el mes de Agosto del 2003 y cómo así es que
debería liquidarse hasta el día 24 de Enero del 2018.
5.6.2.- La liquidación de intereses legales, conforme ya se explicó en el ítem 4.5.2.
debe liquidarse a partir del día siguiente al reconocimiento de la obligación contenida en la
Escritura Pública del 29 de Abril del 2003 de fojas 11 y siguientes, tal cual fue expresado en
demanda y amparado en sentencia como derecho preferente de pago; por lo que de
conformidad con el artículo 3º de la Ley N° 25920 la fecha de inicio del cálculo de los
intereses legales corre a partir del día 30 de Abril del 2003.
5.6.3.- De acuerdo al reporte de seguimientos de depósitos judiciales glosado a
980, está acreditado que a don Hugo Felix Ochoa La Rosa le fue pagado S/ 13,313.79
soles, en el Expediente 132.2005-12 y a mérito del Certificado de Depósito Judicial N°
2017056100815 de fecha de pago o depósito judicial ante el Banco de la Nación, 28 de
Febrero del año 2017, por tanto esta es la fecha límite de liquidación de intereses legales
conforma al artículo 3º de la Ley N° 25920.
5.6.4.- Cabe entonces determinar el monto de la liquidación de acuerdo al factor de
intereses legales que proyecta el INTERLEG, resultando lo siguiente:
5.6.5.- Reporte del INTERLEG que se manda glosar a los autos, cuyo pantallazo es
lo detallado línea supra. Del cual se tiene que en favor de Hugo Félix Ochoa La Rosa se le
adeuda S/ 4,813.60 soles por intereses legales, y no S/ 9,250.42 soles que se pretende; de
ahí que el monto de aprueba en parte.
5.7.- DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES LEGALES DE FREDDY
RICHARD MUÑOZ CONTRERAS:
5.7.1.- Freddy Richard Muñoz Contreras, acredita con la copia de la resolución
judicial N° 03 de fecha 16 de Noviembre del 2018 del Expediente 132-2005-70 (glosado a
folios 1098), que en dicho proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero se le hizo valer
su sentencia sobre derecho preferente de pago en la suma de S/ 31,461.39 soles,
ordenándose en ese proceso que el pago debía efectuarse de cualquiera de los Certificados
de Depósito Judicial N° 2016056103822, 2016056104340 y 2016056104901.
5.7.2.- Del Sistema Integrado Judicial – Depósitos Judicial BN, que maneja el
Poder Judicial y que en este acto se hace uso para extraer información relevante en relación
al certificado de depósito judicial del cual se ha hecho pago a Freddy Richard Muñoz
Contreras y que se manda agregar a los autos, se logra extraer “hoja de seguimiento de
Depósitos por Expedientes” que acredita que, efectivamente, al precitado le fue pagado S/
31,461.39 soles mediante el Certificados de Depósito Judicial N° 2016056103822;
certificado que fue emitido por el Banco de la Nación el día 02 de Setiembre del 2016 a
mérito del pago efectuado por Fábrica de tejidos Pisco SAC para el Expediente 132.2005-0.
Pago efectivizado en el Banco de la Nación según se corrobora de los documentos
obrantes a folios 1096 y 1097 presentados por Freddy Richard Muñoz Contreras.
5.7.3.- Ahora bien, del análisis de la Hoja de Liquidación de Intereses Legales
presentado por Freddy Richard Muñoz Contreras y que obra a folios 950 y siguientes, se
detecta que no hay una explicación clara y concreta de cómo así el precitado llega a
establecer que la liquidación de intereses debe correr del 18-03-2000 hasta el 25-11-2018.
Lo descrito en esa Hoja de Liquidación solo refiere a operaciones numéricas de tasa anual,
factor diario, factor mensual, deuda capital e interés legal. Menos se tiene justificación
razonable en el escrito de fecha 03 de Diciembre del 2018 de fojas 955 presentado por
Freddy Richard Muñoz Contreras sobre el porqué utiliza esas fechas como parámetros de
la liquidación de intereses devengados.
5.7.4.- De ahí que este Juzgado debe entrar a determinar el monto exacto de la
liquidación de devengados por concepto de intereses legales, tomándose como base el día
siguiente al reconocimiento de la obligación contenida en la Escritura Pública del 29 de
Abril del 2003 de fojas 11 y siguientes, tal cual fue expresado en demanda y amparado en
sentencia como derecho preferente de pago; por lo que de conformidad con el artículo 3º
de la Ley N° 25920 la fecha de inicio del cálculo de los intereses legales corre a partir del
día 30 de Abril del 2003; y como fecha de pago de la obligación ha de considerar el día 02
de Setiembre del 2016 por estar debidamente acreditado con “hoja de seguimiento de
Depósitos por Expedientes”.
5.7.5.- Cabe entonces determinar el monto de la liquidación de acuerdo al factor de
intereses legales que proyecta el INTERLEG, resultando lo siguiente:
5.7.6.- Reporte del INTERLEG que se manda glosar a los autos, cuyo pantallazo es
lo detallado línea supra. Del cual se tiene que en favor de Freddy Richard Muñoz Contreras
se le adeuda S/ 10,959.26 soles por intereses legales, y no S/ 19,837.42 soles que se
pretende; de ahí que el monto de aprueba en parte.
5.7.7.- La oposición formulada por Fábrica de Tejidos Pisco SAC deviene
infundada por cuanto lo afirmado en su escrito de fojas 967, son apreciaciones subjetivas,
no viene respaldado con medio de prueba alguno como por ejemplo pericia de parte que
coadyuve al Juzgador a determinar cuál sería el monto devengado por intereses legales.
5.8.- DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES LEGALES DE JAVIER
ENRIQUE GALLIQUIO TUPPIA Y JUAN NAZARIO VELASQUEZ BARRIAL:
5.8.1.- Javier Enrique Galliquio Tuppia, acredita con la copia de la resolución
judicial N° 03 de fecha 16 de Noviembre del 2018 del Expediente 132-2005-78 (glosado a
folios 1084), que en dicho proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero se le hizo valer
su sentencia sobre derecho preferente de pago en la suma de S/ 28,237.84 soles,
ordenándose en ese proceso que el pago debía efectuarse de cualquiera de los Certificados
de Depósito Judicial N° 2016056103822, 2016056104340 y 2016056104901.
5.8.2.- Javier Enrique Galliquio Tuppia, acredita a folios 1091 con la Hoja de
Liquidación de Depósito Judicial, que mediante Certificado de Depósito Judicial N°
2016056104340 le fue pagado S/ 28,237.84 soles; Certificados de Depósito Judicial emitido
por el Banco de la Nación el día 30 de Setiembre del 2016. Pago efectivizado en el Banco
de la Nación.
5.8.3.- Está acreditado en autos que el reconocimiento de la obligación de Javier
Enrique Galliquio Tuppia por S/ 28,237.84 soles se encuentra contenida en la Escritura
Pública del 29 de Abril del 2003 de fojas 36 vuelta, tal cual fue expresado en demanda y
amparado en sentencia como derecho preferente de pago; por lo que de conformidad con
el artículo 3º de la Ley N° 25920 la fecha de inicio del cálculo de los intereses legales corre
a partir del día 30 de Abril del 2003; y la fecha límite es la del pago ante el Banco de la
Nación que generó el Certificado de Depósito Judicial N° 2016056104340, esto es, el día
30 de Setiembre del 2016.
5.8.4.- Juan Nazario Velasquez Barrial, acredita a folios 1092 con la Hoja de
Liquidación de Depósito Judicial, que mediante Certificado de Depósito Judicial N°
2016056104340 le fue pagado S/ 29,190.83 soles; Certificados de Depósito Judicial emitido
por el Banco de la Nación el día 30 de Setiembre del 2016. Pago efectivizado en el Banco
de la Nación.
5.8.5.- Está acreditado en autos que el reconocimiento de la obligación de Juan
Nazario Velasquez Barrial por S/ 29,190.83 soles se encuentra contenida en la Escritura
Pública del 29 de Abril del 2003 de fojas 38 vuelta, tal cual fue expresado en demanda y
amparado en sentencia como derecho preferente de pago; por lo que de conformidad con
el artículo 3º de la Ley N° 25920 la fecha de inicio del cálculo de los intereses legales corre
a partir del día 30 de Abril del 2003; y la fecha límite es la del pago ante el Banco de la
Nación que generó el Certificado de Depósito Judicial N° 2016056104340, esto es, el día
30 de Setiembre del 2016.
5.8.6.- Analizadas las Hojas de Liquidación de Intereses Legales practicadas de
parte por Javier Enrique Galliquio Tuppia y por Juan Nazario Velasquez Barrial,
obrantes de folios 888 a 891 y de 902 a 905, se tiene que no se puede aprobar la fecha de
cálculo puesto que refieren que debe liquidarse del 29-04-2003 al 30-09-2016, cuando de
acuerdo al artículo 3º de la Ley N° 25920 debe ser del 30-04-2003 al 30-09-2016;
asimismo, para los fines de aplicar el factor de intereses, ha de apoyarse este Juzgado en el
INTERLEG, del cual se tiene:
5.8.7.- Reporte del INTERLEG que se manda glosar a los autos, cuyo
pantallazo es lo detallado línea supra. Del cual se tiene que en favor de Javier Enrique
Galliquio Tuppia se le adeuda S/ 9,895.10 soles por intereses legales, y no la exorbitante
e irrazonable suma de S/ 18,470.97 soles que se pretende; de ahí que el monto reclamado
de aprueba en parte. Y, en cuanto a por Juan Nazario Velasquez Barrial se le adeuda
solamente S/ 10,229.05 soles por intereses legales, y no la exorbitante e irrazonable suma
de S/ 19,094.30 soles que se pretende; de ahí que el monto reclamado de aprueba en parte.
5.8.8.- La oposición formulada por Fábrica de Tejidos Pisco SAC deviene
infundada por cuanto lo afirmado en su escrito de fojas 962, son apreciaciones subjetivas,
no viene respaldado con medio de prueba alguno como por ejemplo pericia de parte que
coadyuve al Juzgador a determinar cuál sería el monto devengado por intereses legales.
5.9.- DE LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE CLAUDIO NARCISO LA
ROSA PALOMINO:
5.9.1.- Para mejor resolver, don Claudio Narciso La Rosa Palomino deberá
presentar, copias de los Certificados de Depósito Judicial N° 2016056103822 y N°
2016056104340; los que resultan transcendentes tener a la vista en el caso particular del
precitado, en atención a que de las copias de órdenes de pago de folios 1089 y 1090 que ha
presentado con su escrito de fojas 1093, no permite identificar la fecha de “emisión” de los
aludidos certificados. Tampoco se puede visualizar del Sistema Integrado Judicial –
Depósitos Judicial BN el reporte de “seguimiento de depósitos por expediente” en relación
al Certificados de Depósito Judicial N° 2016056104340, sólo se puede extraer lo del
Certificado de Depósito Judicial N° 2016056103822, pero resulta insuficiente para mejor
resolver.
POR ESTAS CONSIDERACIONES. SE DISPONE:
I.- APROBAR EN PARTE LAS SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN
DE INTERESES LEGALES, presentadas por:
(cid:2)
Juan Carlos Ramos Carrasco se le adeuda S/ 7,976.23 soles por intereses legales.
(cid:2)
Hugo Félix Ochoa La Rosa se le adeuda S/ 4,813.60 soles por intereses legales.
(cid:2)
Freddy Richard Muñoz Contreras se le adeuda S/ 10,959.26 soles por intereses legales.
(cid:2)
Javier Enrique Galliquio Tuppia se le adeuda S/ 9,895.10 soles por intereses legales.
(cid:2)
Juan Nazario Velásquez Barrial se le adeuda S/ 10,229.05 soles por intereses legales.
II.- REQUERIR a Claudio Narciso La Rosa Palomino, cumplir con lo ordenado en el
ítem 5.9 de la presente para mejor resolver.- Cumplido que sea dese cuenta por secretaría.
III.- INFUNDADA LA OBSERVACIÓN efectuada con escrito de folios 962 y 967 por
Fábrica de Tejidos Piscos SAC en relación a la propuesta de liquidación que presentaron
Freddy Richard Muñoz Contreras, Javier Enrique Galliquio Tuppia y Juan Nazario
Velásquez Barrial.
IV.- ORDENO GLOSAR al proceso, “Reporte de Seguimiento de Depósitos por
Expediente” extraído del Sistema Integrado Judicial, y la Hojas de Liquidación de Intereses
extraídas del INTERLEG; que se han tenido a la vista. – Interviene en secretario Dr.
Sasieta por disposición superior y por licencia de la secretaria titular de la Secretaría “A”
Dra Cahuas.
NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00001-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADOPRES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 15 de
setiembre de 2009, a folios 10, se declaró FUNDADA la demanda
sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por
SERVICIOS DIESEL EXPRESS EIRL contra JOSE RUIZ MARTINEZ, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA SOLES CON 50/100 SOLES, más los intereses, costas y costos
del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 de octubre
de 2009 (folios 11-13), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 15 de setiembre del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00001-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADOPRES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 15 de
setiembre de 2009, a folios 10, se declaró FUNDADA la demanda
sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por
SERVICIOS DIESEL EXPRESS EIRL contra JOSE RUIZ MARTINEZ, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA SOLES CON 50/100 SOLES, más los intereses, costas y costos
del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 de octubre
de 2009 (folios 11-13), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 15 de setiembre del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00190-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00190-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
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las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA - LEY N° 26636
Sede Judicial Alimar (Cdra. 26 de la Av. Arenales, cruce con Av. 2 de Mayo, Distrito de San Isidro)
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26°
Señores:
VALENZUELA BARRETO
SERPA VERGARA
RESOLUCIÓN N° 48
Lima, 13 de diciembre del 2021.
AUTOS y VISTOS: Al escrito N° 123557-2021 presentado por la parte
demandante con fecha 25 de noviembre de 2021: A lo expuesto, téngase presente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, conforme se aprecia del escrito de la referencia, la parte demandante
interpone el presente medio impugnatorio contra la Resolución N° 46 que contiene la
sentencia de vista de fecha 9 de noviembre de 2021, que resuelve: REVOCARON la
Sentencia Nº 084-2020-14°JTTL, (Resolución Nº 39), de fecha 29 de setiembre del 2020,
obrante de folios 1297 a 1307, que declara fundada en parte la demanda; y,
REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la demanda en todos sus extremos; en
consecuencia, ORDENARON el archivamiento definitivo del proceso una vez quede
consentida o ejecutoriada la presente sentencia, sin costos ni costas.
SEGUNDO: El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario -
que no da lugar a una instancia adicional-, por el cual el Estado busca controlar la
adecuada aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos y, de esta forma brindar
seguridad a las partes, así como unificar los criterios jurisprudenciales.
TERCERO: Al respecto, el artículo 54° de la Ley Procesal del Trabajo, aprobada por la Ley
N° 26636 y modificado por la Ley Nº 27021, siguiendo el contenido del artículo 384° del
Código Procesal Civil, señala: "el recurso de casación tiene por finalidad asegurar la correcta
aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Provisional y de
Seguridad Social, así como la unificar la jurisprudencia en materia laboral a nivel nacional".
CUARTO: En ese sentido, se advierte del escrito de demanda obrante de fojas 85 al 102
que la pretensión económica del actor supera las 100 URP fijadas para el presente año;
asimismo, se debe tener en cuenta que las causales de procedencia así como los requisitos
formales y de fondo del recurso de casación los encontramos en los artículos 55°, 56° y 57°
de las normas acotadas; dicho ello, se procede a calificar el recurso de casación presentado
por la parte demandante; verificándose de los actuados que el apelante (demandante) fue
notificado con la resolución materia de impugnación el 12 de noviembre del año en curso a
su casilla electrónica, conforme se advierte del cargo de notificación que obra a fojas 865
de autos; por lo que, encontrándose el presente medio impugnatorio dentro del plazo
establecido en el artículo 57° de la Ley Procesal citada; y, teniendo en cuenta que dicho
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos por la norma procesal acotada,
SE RESUELVE: CONCEDER EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la parte
demandante; contra la Resolución N° 46 que contiene la sentencia de vista de fecha 9 de
noviembre de 2021, obrante a fojas 857/864; disponiéndose, ELEVAR los autos al
Superior Jerárquico con la debida nota de atención a efectos que se pronuncien de
acuerdo a sus atribuciones conferidas por ley. Avocándose al conocimiento del presente
proceso los señores Jueces Superiores, por disposición de la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Lima, emitida mediante Resolución Administrativa N° 000005-
2021-P-CSJLI-PJ de fecha 06 de enero de 2021, quienes suscriben la presente resolución.
Notifíquese.- | <|im_start|>system
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PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA - LEY N° 26636
Sede Judicial Alimar (Cdra. 26 de la Av. Arenales, cruce con Av. 2 de Mayo, Distrito de San Isidro)
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26°
Señores:
VALENZUELA BARRETO
SERPA VERGARA
RESOLUCIÓN N° 48
Lima, 13 de diciembre del 2021.
AUTOS y VISTOS: Al escrito N° 123557-2021 presentado por la parte
demandante con fecha 25 de noviembre de 2021: A lo expuesto, téngase presente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, conforme se aprecia del escrito de la referencia, la parte demandante
interpone el presente medio impugnatorio contra la Resolución N° 46 que contiene la
sentencia de vista de fecha 9 de noviembre de 2021, que resuelve: REVOCARON la
Sentencia Nº 084-2020-14°JTTL, (Resolución Nº 39), de fecha 29 de setiembre del 2020,
obrante de folios 1297 a 1307, que declara fundada en parte la demanda; y,
REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la demanda en todos sus extremos; en
consecuencia, ORDENARON el archivamiento definitivo del proceso una vez quede
consentida o ejecutoriada la presente sentencia, sin costos ni costas.
SEGUNDO: El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario -
que no da lugar a una instancia adicional-, por el cual el Estado busca controlar la
adecuada aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos y, de esta forma brindar
seguridad a las partes, así como unificar los criterios jurisprudenciales.
TERCERO: Al respecto, el artículo 54° de la Ley Procesal del Trabajo, aprobada por la Ley
N° 26636 y modificado por la Ley Nº 27021, siguiendo el contenido del artículo 384° del
Código Procesal Civil, señala: "el recurso de casación tiene por finalidad asegurar la correcta
aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, Provisional y de
Seguridad Social, así como la unificar la jurisprudencia en materia laboral a nivel nacional".
CUARTO: En ese sentido, se advierte del escrito de demanda obrante de fojas 85 al 102
que la pretensión económica del actor supera las 100 URP fijadas para el presente año;
asimismo, se debe tener en cuenta que las causales de procedencia así como los requisitos
formales y de fondo del recurso de casación los encontramos en los artículos 55°, 56° y 57°
de las normas acotadas; dicho ello, se procede a calificar el recurso de casación presentado
por la parte demandante; verificándose de los actuados que el apelante (demandante) fue
notificado con la resolución materia de impugnación el 12 de noviembre del año en curso a
su casilla electrónica, conforme se advierte del cargo de notificación que obra a fojas 865
de autos; por lo que, encontrándose el presente medio impugnatorio dentro del plazo
establecido en el artículo 57° de la Ley Procesal citada; y, teniendo en cuenta que dicho
recurso cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos por la norma procesal acotada,
SE RESUELVE: CONCEDER EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la parte
demandante; contra la Resolución N° 46 que contiene la sentencia de vista de fecha 9 de
noviembre de 2021, obrante a fojas 857/864; disponiéndose, ELEVAR los autos al
Superior Jerárquico con la debida nota de atención a efectos que se pronuncien de
acuerdo a sus atribuciones conferidas por ley. Avocándose al conocimiento del presente
proceso los señores Jueces Superiores, por disposición de la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Lima, emitida mediante Resolución Administrativa N° 000005-
2021-P-CSJLI-PJ de fecha 06 de enero de 2021, quienes suscriben la presente resolución.
Notifíquese.-<|im_end|> |
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SEGUNDA SALA LABORAL
TRIBUNAL UNIPERSONAL
EXP. Nº 00242-2006-0-1801-JR-LA-01
Demandante : Pablo Barrera Barreno
Demandado : Corporación Pesquera Inca S.A. (absorvente de Fishing Business S.A.C.)
Materia : Indemnización por Despido Arbitrario y Otros.
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SEIS
Lima, dos de octubre del año dos mil diecinueve.-
VISTOS
En Audiencia Pública; dando cuenta en la fecha debido a la carga procesal que soporta esta Sala
Liquidadora; e interviniendo como Juez Superior ponente en Tribunal Unipersonal la señora
Delcy Maricela García Román.
ASUNTO
1. Recurso de apelación interpuesto por la demandada, mediante escrito que obra a fojas 338 a
340, contra la Resolución N° 28, de fecha 05 de octubre de 2015, de fojas 335, en el extremo
que hace efectivo el apercibimiento decretado por resolución numero veinticinco y declara
téngase presente la conducta procesal del demandado.
2. Recurso de apelación interpuesto por la demandada, mediante escritos que obran a fojas 373 a
375, contra la Sentencia (contenida en la resolución número treinta y uno) de fecha 27 de julio
de 2016, de fojas 353 a 365, que declara fundada en parte la demanda.
Agravios de la Parte Demandada
La demandada expresa los siguientes agravios:
i) En cuanto a la Resolución N° 28, señala que no se ha considerado que ya no es empleador
de los testigos, ni del señor Mercedes Ricardo Ruiz Cruz, por lo que le es imposible buscar a los
testigos y llevarlos al Juzgado a declarar, al carecer de contacto con las referidas personas.
La demandada en cuanto a la apelación de la sentencia expresa los siguientes agravios:
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TRIBUNAL UNIPERSONAL
EXP. Nº 00242-2006-0-1801-JR-LA-01
i) La sentencia apelada establece erróneamente que corresponde amparar el extremo de pago de
utilidades respecto a los ejercicios económicos 2004 y 2005; desconociendo que cumplió
oportunamente con pagar a favor del demandante dicho concepto por tales periodos, conforme
se acredita con las liquidaciones de participación en las utilidades de los ejercicios económicos
2004 y 2005 que obrante en autos, los cuales están debidamente firmados en señal de recepción
por parte del demandante, no realizando una valoración conjunta de los medios de prueba.
FUNDAMENTOS
1. De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente, en la apelación la competencia del superior solo alcanza a ésta y a su
tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse
únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, el
órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya
que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o
tercera, según el caso) instancia.
En cuanto a la Apelación de Resolución N° 28
2. Es preciso acotar, que el artículo 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo
N° 767, establece: "(…) Los Magistrados pueden llamar la atención, o sancionar con
apercibimientos, multas, pedidos de suspensión o destitución, o solicitar su sanción, de todas las personas
que se conduzcan de modo inapropiado, actúen de mala fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas y, en
general, cuando falten a los deberes señalados en el artículo anterior, así como cuando incumplan sus
mandatos. Esta facultad comprende también a los abogados (…)" (énfasis agregado); de lo cual se
puede apreciar la facultad coercitiva establecida por la ley, a efectos que los litigantes cumplan
con los mandatos que dispongan los magistrados en los procesos que dirigen.
3. En el presente caso la parte demandada señala como agravios que en la resolución N° 28,
materia de apelación no se ha considerado que no es empleador de los testigos, ni del señor
Mercedes Ricardo Ruiz Cruz, siéndole imposible buscar a los testigos y llevarlos al Juzgado al
carecer de contacto con las referidas personas.
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EXP. Nº 00242-2006-0-1801-JR-LA-01
4. Al respecto, es de apreciarse de la revisión de autos que mediante Resolución N° 241, de fecha
22 de mayo de 2014, se dispuso dejar sin efecto el mandato contenido en la resolución numero
veintidós, que dispuso poner los autos en despacho para sentenciar, y se ordenó a la demandada
la exhibición de sus libros de planillas desde mayo de 1999 hasta junio del 2006, y se citó en
calidad de testigos a los señores Don Juan Carlos Garrido Mego (Contador General de la
demandada) y Doña Mercedes Ricardo Ruiz Cruz, requiriendo a la recurrente a efectos de que
en el plazo de tres días cumpla con proporcionar la dirección domiciliaria de la primera de las
personas bajo apercibimiento de extraerse conclusiones en contra de sus intereses.
5. Este mandato le fue notificado el 29 de mayo del 2014, al domicilio procesal de la emplazada
conforme al cargo de notificación que obra de fojas 259 (vuelta); sin embargo, la demandada sin
formular observación alguna o indicar que la citada persona (Juan Carlos Garrido Mego), ya no
era su trabajador, no acató el mandato, ni señaló alegación alguna a efectos de poder continuar
con el proceso, faltando a su deber de probidad, buena fe y a prestar su diligente colaboración
para las actuaciones procesales conforme lo dispone el artículo 109° del Código Procesal Civil
de aplicación supletoria a los procesos laborales; por lo que al haberse impuesto el
apercibimiento decretado en la resolución número veinticinco citada, el A-quo ha sujetado su
accionar a lo establecido por ley, debiendo confirmarse la venida en grado, desestimándose el
agravio formulado por la recurrente.
En Cuanto a la Sentencia
6. Conforme se verifica del Acta de Audiencia Única de fecha 17 de julio del 2007 [27-28], la
controversia se centra en determinar la naturaleza jurídica de la relación habida entre las partes,
el récord de servicios y remuneración percibida por el actor; si corresponde ordenar el pago por
indemnización por despido arbitrario a favor del actor, y si le corresponde el pago por
utilidades de los años 1999 a 2005.
7. Es preciso acotar, que en la sentencia recurrida, se ha declarado infundada la pretensión de
indemnización por despido arbitrario, decisión con la que se habría encontrado conforme la
parte demandante, al no haber interpuesto recurso de apelación contra la misma.
1
Fojas 259
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8. La demandada señala como agravios contra la sentencia que no se ha realizado una valoración
conjunta de los medios de prueba, respecto del único extremo que ha sido amparado en el
proceso, referido al pago de las utilidades de los ejercicios económicos 2004 y 2005.
9. A efectos de resolver la presente controversia resulta necesario tener en cuenta lo señalado por
la Corte Suprema de la República en la Casación N° 212-2005 La Libertad, publicado el 31 de
julio del 2006, al indicar: "(…) Cuarto: Que, existe contravención de las normas que
garantizan el derecho a un debido proceso cuando en el desarrollo del mismo no se han
respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimientos,
la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales; Quinto: Que,
en este contexto la arbitrariedad fáctica que constituye un supuesto que vulnera la
adecuada motivación de las resoluciones judiciales se configura cuando el órgano
jurisdiccional que resuelve la causa llega a una conclusión sobre los hechos que no
corresponden al material probatorio, vale decir, se desconocen o alteran los hechos
acreditados con los medios de prueba que se trate. De esta manera sobre la base de hechos que no
se ajusta al merito de lo actuado, se emite una resolución judicial que debido a ello resulta ser equivoca e injusta
(…)" (énfasis agregado).
10. En cuanto a la carga de la prueba, cabe señalar que en el proceso laboral, la ley establece en su
artículo 27°, que: "(…) Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales, los
convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo (…)"
11. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico exige a cada una de las partes que quien alega un hecho
debe probarlo; sin embargo, ello en el proceso laboral está en función a las labores propias de
cada una de las partes; otorgando una distribución racional y equilibrada de ésta, que en el caso
del trabajador se encuentra ceñido a probar el vínculo laboral; relación laboral que se encuentra
establecido en lo dispuesto por el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº
003-97-TR, que señala: "(…) En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se
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presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado (…)"; presunción que busca
equiparar las desigualdades que se presentan en una relación laboral, y en la cual el empleador
tiene mayores posibilidades de acreditar o probar el tipo, la forma y el tiempo de servicios
prestados por cualquier trabajador, carga probatoria que la doctrina ha denominado inversión
de la carga de la prueba.
12. En cuanto al agravio formulado, es de apreciarse que en el numeral 6.3, de la recurrida se
indica: "(…) se puede advertir que por los ejercicios correspondientes a los años 1999-2003, el resultado del
ejercicio es de perdida, por lo que no corresponde el pago durante este periodo; asimismo, en lo referido al ejercicio
económico 2004 y 2005 se debe tener en cuenta el Informe Pericial N° 00096-2009-REQB-PJ-1°JLL,
obrante de fojas 140 a 143, el cual refiere que en el año 2004, correspondía al accionante la suma de S/899.54
Nuevos Soles y por el año 2005 le correspondía S/.798.22 Nuevos Soles; y no obstante ello, se tiene que la
demanda indica que solo obtuvo utilidades en el año 2004, sin embargo, tampoco ha presentado medio probatorio
respecto de dicho pago; asimismo, se debe precisar que, el citado informe pericial lo peticionado por el accionante
solo en el periodo antes indicado por la suma de S/.1,697.76 Nuevos Soles (…)"; conclusión que no se
condice con los actuado en el proceso.
13. De fojas 124 y fojas 126, obran copia de las liquidaciones de distribución de las utilidades de los
ejercicios económicos 2004 y 2005, que se encuentran firmados por el demandante, por el cual
la demandada le canceló la suma de S/609.32 soles y S/1,870.34 soles, respectivamente; medios
probatorios que no han sido materia de cuestionamiento por parte del actor; asimismo en el
Informe Pericial N° 024-LCR-PJ-1°JLL2, se indica lo siguiente: "(…) en el periodo 2004 le abonan
monto menor a lo calculado por la suscrita pero; en el periodo 2005 la emplazada le abona monto mayor a lo
calculado por la suscrita. Además debe existir Rectificatoria de las Declaraciones Juradas presentadas por Sunat
que justifiquen el cálculo realizado por la demandada lo cual no me han exhibido (…)"; informe que si bien
fue observado por el demandante, sus observaciones fueron absueltos por el Informe Pericial
N° 00096-2009-REQB-PJ-1°JLL3, de lo cual se puede concluir que la suma que efectivamente
adeuda la demandada por los dos periodos en los cuales se acredita utilidades y que han sido
materia de apelación por parte de la emplazada, se determina conforme al siguiente cuadro:
2
Fojas 127 a 130
3
Fojas 140 a 143
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EXP. Nº 00242-2006-0-1801-JR-LA-01
CONCEPTOS PERIODOS
2004 2005
RENTA ANTE DE IMPUESTOS 3,889,013.00 3,560,460.00
10% Participación de Trabajadores 388,901.00 356,046.00
50% del total a repartir por días laborados 194,450.50 178,023.00
Días Laborados por el total de trabajadores 44,321 41,605
Factor aplicable 4.387322037 4.278884749
50% del total a repartir por remuneraciones 194,450.50 178,023.00
total de remuneraciones percibidas 6,529,120.00 7,028,656.62
Factor aplicable 0.029782038 0.025328169
Días laborados por el actor 84 65
Factor aplicable 4.38732 4.24825
Participación por días trabajador 368.53 276.14
Remuneraciones percibidas por el trabajador 17,831.00 20,611.14
Factor aplicable 0.02978 0.02533
Participación por remuneraciones trabajador 531.01 522.08
TOTAL 899.54 798.22
CANCELADO POR LA DEMANDADA 609.32 1,870.34
ADEUDADO POR LA DEMANDADA 290.22 0
14. En consecuencia, efectuado el cálculo por este extremo, le corresponde al demandante la suma
de S/290.22 soles por reintegro de utilidades del año 2004; monto que debe ser cancelado por la
parte demandada; y si bien de la liquidación efectuada se aprecia que la demandada en el
periodo 2005 canceló una suma superior a la que le corresponde al actor por el indicado
periodo, no se puede considerar el exceso cancelado como pago a cuenta de un periodo
anterior, al no existir norma que así lo disponga, por lo que le corresponde el pago de la suma
establecida en la presente resolución, más los intereses legales que deben correr desde la fecha
del pago de las utilidades efectuadas en forma diminuta; correspondiendo modificar el monto
ordenado en la sentencia.
DECISIÓN:
Por tales consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 5° de la Ley
Procesal del Trabajo – Ley Nº 26636, la magistrada ponente, actuando en calidad de Tribunal
Unipersonal, y con las facultades conferidas en la Constitución Política del Perú; ha resuelto:
1. CONFIRMAR la Resolución N° 28, de fecha 05 de octubre de 2015, de fojas 335, en el
extremo que hace efectivo el apercibimiento decretado por resolución numero veinticinco y
declara téngase presente la conducta procesal del demandado.
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2. CONFIRMAR la Sentencia (contenida en la resolución número treinta y uno), de fecha 27
de julio de 2016, de fojas 353 a 365, que declara fundada en parte la demanda;
MODIFICÁNDOLA en el monto ordenado a pagar; en consecuencia, se ORDENA que la
demandada CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. (antes PACIFIC FISHING
BUSINESS S.A.C.), pague a favor del demandante PABLO BARRERA BARRENO la
suma de S/. 290.22 (DOSCIENTOS NOVENTA CON 22/100 SOLES), por concepto de
Reintegro de Utilidades del ejercicio económico 2004; más los intereses legales que serán en
ejecución de sentencia, costas y costos. En los seguidos sobre Indemnización por despido
Arbitrario y Otros.
Notifíquese y Devuélvase.-
GARCÍA ROMÁN
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TRIBUNAL UNIPERSONAL
EXP. Nº 00242-2006-0-1801-JR-LA-01
Demandante : Pablo Barrera Barreno
Demandado : Corporación Pesquera Inca S.A. (absorvente de Fishing Business S.A.C.)
Materia : Indemnización por Despido Arbitrario y Otros.
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SEIS
Lima, dos de octubre del año dos mil diecinueve.-
VISTOS
En Audiencia Pública; dando cuenta en la fecha debido a la carga procesal que soporta esta Sala
Liquidadora; e interviniendo como Juez Superior ponente en Tribunal Unipersonal la señora
Delcy Maricela García Román.
ASUNTO
1. Recurso de apelación interpuesto por la demandada, mediante escrito que obra a fojas 338 a
340, contra la Resolución N° 28, de fecha 05 de octubre de 2015, de fojas 335, en el extremo
que hace efectivo el apercibimiento decretado por resolución numero veinticinco y declara
téngase presente la conducta procesal del demandado.
2. Recurso de apelación interpuesto por la demandada, mediante escritos que obran a fojas 373 a
375, contra la Sentencia (contenida en la resolución número treinta y uno) de fecha 27 de julio
de 2016, de fojas 353 a 365, que declara fundada en parte la demanda.
Agravios de la Parte Demandada
La demandada expresa los siguientes agravios:
i) En cuanto a la Resolución N° 28, señala que no se ha considerado que ya no es empleador
de los testigos, ni del señor Mercedes Ricardo Ruiz Cruz, por lo que le es imposible buscar a los
testigos y llevarlos al Juzgado a declarar, al carecer de contacto con las referidas personas.
La demandada en cuanto a la apelación de la sentencia expresa los siguientes agravios:
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i) La sentencia apelada establece erróneamente que corresponde amparar el extremo de pago de
utilidades respecto a los ejercicios económicos 2004 y 2005; desconociendo que cumplió
oportunamente con pagar a favor del demandante dicho concepto por tales periodos, conforme
se acredita con las liquidaciones de participación en las utilidades de los ejercicios económicos
2004 y 2005 que obrante en autos, los cuales están debidamente firmados en señal de recepción
por parte del demandante, no realizando una valoración conjunta de los medios de prueba.
FUNDAMENTOS
1. De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente, en la apelación la competencia del superior solo alcanza a ésta y a su
tramitación, por lo que corresponde a este órgano jurisdiccional revisor circunscribirse
únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, el
órgano revisor se pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya
que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o
tercera, según el caso) instancia.
En cuanto a la Apelación de Resolución N° 28
2. Es preciso acotar, que el artículo 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo
N° 767, establece: "(…) Los Magistrados pueden llamar la atención, o sancionar con
apercibimientos, multas, pedidos de suspensión o destitución, o solicitar su sanción, de todas las personas
que se conduzcan de modo inapropiado, actúen de mala fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas y, en
general, cuando falten a los deberes señalados en el artículo anterior, así como cuando incumplan sus
mandatos. Esta facultad comprende también a los abogados (…)" (énfasis agregado); de lo cual se
puede apreciar la facultad coercitiva establecida por la ley, a efectos que los litigantes cumplan
con los mandatos que dispongan los magistrados en los procesos que dirigen.
3. En el presente caso la parte demandada señala como agravios que en la resolución N° 28,
materia de apelación no se ha considerado que no es empleador de los testigos, ni del señor
Mercedes Ricardo Ruiz Cruz, siéndole imposible buscar a los testigos y llevarlos al Juzgado al
carecer de contacto con las referidas personas.
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4. Al respecto, es de apreciarse de la revisión de autos que mediante Resolución N° 241, de fecha
22 de mayo de 2014, se dispuso dejar sin efecto el mandato contenido en la resolución numero
veintidós, que dispuso poner los autos en despacho para sentenciar, y se ordenó a la demandada
la exhibición de sus libros de planillas desde mayo de 1999 hasta junio del 2006, y se citó en
calidad de testigos a los señores Don Juan Carlos Garrido Mego (Contador General de la
demandada) y Doña Mercedes Ricardo Ruiz Cruz, requiriendo a la recurrente a efectos de que
en el plazo de tres días cumpla con proporcionar la dirección domiciliaria de la primera de las
personas bajo apercibimiento de extraerse conclusiones en contra de sus intereses.
5. Este mandato le fue notificado el 29 de mayo del 2014, al domicilio procesal de la emplazada
conforme al cargo de notificación que obra de fojas 259 (vuelta); sin embargo, la demandada sin
formular observación alguna o indicar que la citada persona (Juan Carlos Garrido Mego), ya no
era su trabajador, no acató el mandato, ni señaló alegación alguna a efectos de poder continuar
con el proceso, faltando a su deber de probidad, buena fe y a prestar su diligente colaboración
para las actuaciones procesales conforme lo dispone el artículo 109° del Código Procesal Civil
de aplicación supletoria a los procesos laborales; por lo que al haberse impuesto el
apercibimiento decretado en la resolución número veinticinco citada, el A-quo ha sujetado su
accionar a lo establecido por ley, debiendo confirmarse la venida en grado, desestimándose el
agravio formulado por la recurrente.
En Cuanto a la Sentencia
6. Conforme se verifica del Acta de Audiencia Única de fecha 17 de julio del 2007 [27-28], la
controversia se centra en determinar la naturaleza jurídica de la relación habida entre las partes,
el récord de servicios y remuneración percibida por el actor; si corresponde ordenar el pago por
indemnización por despido arbitrario a favor del actor, y si le corresponde el pago por
utilidades de los años 1999 a 2005.
7. Es preciso acotar, que en la sentencia recurrida, se ha declarado infundada la pretensión de
indemnización por despido arbitrario, decisión con la que se habría encontrado conforme la
parte demandante, al no haber interpuesto recurso de apelación contra la misma.
1
Fojas 259
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8. La demandada señala como agravios contra la sentencia que no se ha realizado una valoración
conjunta de los medios de prueba, respecto del único extremo que ha sido amparado en el
proceso, referido al pago de las utilidades de los ejercicios económicos 2004 y 2005.
9. A efectos de resolver la presente controversia resulta necesario tener en cuenta lo señalado por
la Corte Suprema de la República en la Casación N° 212-2005 La Libertad, publicado el 31 de
julio del 2006, al indicar: "(…) Cuarto: Que, existe contravención de las normas que
garantizan el derecho a un debido proceso cuando en el desarrollo del mismo no se han
respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimientos,
la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales; Quinto: Que,
en este contexto la arbitrariedad fáctica que constituye un supuesto que vulnera la
adecuada motivación de las resoluciones judiciales se configura cuando el órgano
jurisdiccional que resuelve la causa llega a una conclusión sobre los hechos que no
corresponden al material probatorio, vale decir, se desconocen o alteran los hechos
acreditados con los medios de prueba que se trate. De esta manera sobre la base de hechos que no
se ajusta al merito de lo actuado, se emite una resolución judicial que debido a ello resulta ser equivoca e injusta
(…)" (énfasis agregado).
10. En cuanto a la carga de la prueba, cabe señalar que en el proceso laboral, la ley establece en su
artículo 27°, que: "(…) Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales, los
convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo (…)"
11. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico exige a cada una de las partes que quien alega un hecho
debe probarlo; sin embargo, ello en el proceso laboral está en función a las labores propias de
cada una de las partes; otorgando una distribución racional y equilibrada de ésta, que en el caso
del trabajador se encuentra ceñido a probar el vínculo laboral; relación laboral que se encuentra
establecido en lo dispuesto por el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº
003-97-TR, que señala: "(…) En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se
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presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado (…)"; presunción que busca
equiparar las desigualdades que se presentan en una relación laboral, y en la cual el empleador
tiene mayores posibilidades de acreditar o probar el tipo, la forma y el tiempo de servicios
prestados por cualquier trabajador, carga probatoria que la doctrina ha denominado inversión
de la carga de la prueba.
12. En cuanto al agravio formulado, es de apreciarse que en el numeral 6.3, de la recurrida se
indica: "(…) se puede advertir que por los ejercicios correspondientes a los años 1999-2003, el resultado del
ejercicio es de perdida, por lo que no corresponde el pago durante este periodo; asimismo, en lo referido al ejercicio
económico 2004 y 2005 se debe tener en cuenta el Informe Pericial N° 00096-2009-REQB-PJ-1°JLL,
obrante de fojas 140 a 143, el cual refiere que en el año 2004, correspondía al accionante la suma de S/899.54
Nuevos Soles y por el año 2005 le correspondía S/.798.22 Nuevos Soles; y no obstante ello, se tiene que la
demanda indica que solo obtuvo utilidades en el año 2004, sin embargo, tampoco ha presentado medio probatorio
respecto de dicho pago; asimismo, se debe precisar que, el citado informe pericial lo peticionado por el accionante
solo en el periodo antes indicado por la suma de S/.1,697.76 Nuevos Soles (…)"; conclusión que no se
condice con los actuado en el proceso.
13. De fojas 124 y fojas 126, obran copia de las liquidaciones de distribución de las utilidades de los
ejercicios económicos 2004 y 2005, que se encuentran firmados por el demandante, por el cual
la demandada le canceló la suma de S/609.32 soles y S/1,870.34 soles, respectivamente; medios
probatorios que no han sido materia de cuestionamiento por parte del actor; asimismo en el
Informe Pericial N° 024-LCR-PJ-1°JLL2, se indica lo siguiente: "(…) en el periodo 2004 le abonan
monto menor a lo calculado por la suscrita pero; en el periodo 2005 la emplazada le abona monto mayor a lo
calculado por la suscrita. Además debe existir Rectificatoria de las Declaraciones Juradas presentadas por Sunat
que justifiquen el cálculo realizado por la demandada lo cual no me han exhibido (…)"; informe que si bien
fue observado por el demandante, sus observaciones fueron absueltos por el Informe Pericial
N° 00096-2009-REQB-PJ-1°JLL3, de lo cual se puede concluir que la suma que efectivamente
adeuda la demandada por los dos periodos en los cuales se acredita utilidades y que han sido
materia de apelación por parte de la emplazada, se determina conforme al siguiente cuadro:
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Fojas 127 a 130
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Fojas 140 a 143
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CONCEPTOS PERIODOS
2004 2005
RENTA ANTE DE IMPUESTOS 3,889,013.00 3,560,460.00
10% Participación de Trabajadores 388,901.00 356,046.00
50% del total a repartir por días laborados 194,450.50 178,023.00
Días Laborados por el total de trabajadores 44,321 41,605
Factor aplicable 4.387322037 4.278884749
50% del total a repartir por remuneraciones 194,450.50 178,023.00
total de remuneraciones percibidas 6,529,120.00 7,028,656.62
Factor aplicable 0.029782038 0.025328169
Días laborados por el actor 84 65
Factor aplicable 4.38732 4.24825
Participación por días trabajador 368.53 276.14
Remuneraciones percibidas por el trabajador 17,831.00 20,611.14
Factor aplicable 0.02978 0.02533
Participación por remuneraciones trabajador 531.01 522.08
TOTAL 899.54 798.22
CANCELADO POR LA DEMANDADA 609.32 1,870.34
ADEUDADO POR LA DEMANDADA 290.22 0
14. En consecuencia, efectuado el cálculo por este extremo, le corresponde al demandante la suma
de S/290.22 soles por reintegro de utilidades del año 2004; monto que debe ser cancelado por la
parte demandada; y si bien de la liquidación efectuada se aprecia que la demandada en el
periodo 2005 canceló una suma superior a la que le corresponde al actor por el indicado
periodo, no se puede considerar el exceso cancelado como pago a cuenta de un periodo
anterior, al no existir norma que así lo disponga, por lo que le corresponde el pago de la suma
establecida en la presente resolución, más los intereses legales que deben correr desde la fecha
del pago de las utilidades efectuadas en forma diminuta; correspondiendo modificar el monto
ordenado en la sentencia.
DECISIÓN:
Por tales consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 5° de la Ley
Procesal del Trabajo – Ley Nº 26636, la magistrada ponente, actuando en calidad de Tribunal
Unipersonal, y con las facultades conferidas en la Constitución Política del Perú; ha resuelto:
1. CONFIRMAR la Resolución N° 28, de fecha 05 de octubre de 2015, de fojas 335, en el
extremo que hace efectivo el apercibimiento decretado por resolución numero veinticinco y
declara téngase presente la conducta procesal del demandado.
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SEGUNDA SALA LABORAL
TRIBUNAL UNIPERSONAL
EXP. Nº 00242-2006-0-1801-JR-LA-01
2. CONFIRMAR la Sentencia (contenida en la resolución número treinta y uno), de fecha 27
de julio de 2016, de fojas 353 a 365, que declara fundada en parte la demanda;
MODIFICÁNDOLA en el monto ordenado a pagar; en consecuencia, se ORDENA que la
demandada CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. (antes PACIFIC FISHING
BUSINESS S.A.C.), pague a favor del demandante PABLO BARRERA BARRENO la
suma de S/. 290.22 (DOSCIENTOS NOVENTA CON 22/100 SOLES), por concepto de
Reintegro de Utilidades del ejercicio económico 2004; más los intereses legales que serán en
ejecución de sentencia, costas y costos. En los seguidos sobre Indemnización por despido
Arbitrario y Otros.
Notifíquese y Devuélvase.-
GARCÍA ROMÁN
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00174-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 04, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 40, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 60/100 SOLES, más los intereses devengado, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 11 de mayo de 2007 (folios 41-42), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. | <|im_start|>system
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00174-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 04, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 40, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 60/100 SOLES, más los intereses devengado, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 11 de mayo de 2007 (folios 41-42), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley.<|im_end|> |
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA DE LIMA - SEDE ALIMAR
Expediente Nº 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
SENTENCIA
Resolución Nº 46
Lima, 09 de noviembre de dos mil veintiuno.
En Audiencia Pública, de fecha 12 de octubre del año en curso, interviniendo como
Juez Superior ponente el Señor Valenzuela Barreto, se expide la siguiente resolución:
Resolución materia de apelación:
La Sentencia Nº 084-2020-14°JTTL, (Resolución Nº 39), de fecha 29 de setiembre del
2020, obrante de folios 1297 a 1307, que declara fundada en parte la demanda,
interpuesta por Eduardo Eladio Garcia Alfaro, y otorga el pago de gratificaciones
extrarodinarias por productividad, correspondientes el periodo comprendido entre el
año 2000 al 2003, que debieron ser pagados en los meses de mayo 2001 a mayo
2004, mas intereses legales, con costos y costas.
AGRAVIOS:
La demandada Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito de apelación de
Sentencia, de fecha 17 de noviembre de 2020, de folios 824 a 830, expresa como
agravios lo siguiente:
• Apela la sentencia en el extremo que declara fundada la pretensión de pago de
gratificaciones extraordinaria por productividad, bajo la premisa que Telefónica del
Perú S.A.A., no habría cumplido con "acreditar las metas de ingresos y gastos" de
cada ejercicio; sin embargo, no se ha tenido en consideración que la emplazada
cumplió con comunicar las metas de ingresos y gastos, a su vez, los resultados
obtenidos por los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, por lo que no corresponde
ordenar el pago de dichos conceptos.
• Telefónica del Perú S.A.A., cumplió con comunicar las metas de ingresos y
gastos, por lo tanto, no existe obligación de pagar la gratificación extraordinaria por
Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
productividad, por que las organizaciones sindicales no alcanzaron las metas
propuestas.
• Respecto a los años 2001, 2002 y 2003, conforme a la Carta N° REC-421-A-007-
06, dirigida al Sindicato Unitario de Trabajadores, se le hace de conocimiento de los
trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A., que no se habían alcanzado las metas
trazadas.
• Respecto al año 2004, mediante Carta N° Carta N° R EC-440-A-00245-05, dirigida
al Sindicato Unitario de Trabajadores, se le hace de conocimiento de los trabajadores
de Telefónica del Perú S.A.A., que no se habían alcanzado las metas trazadas para
dicho ejercicio.
• No obstante lo precisado, el juzgado, no ha tenido en consideración que la
demandada si cumplió con comunicar las metas de ingresos y gastos por cada
ejercicio, e inclusive, que las organizaciones sindicales no cumplieron con la condición
suspensiva (superar las metas de ingresos y gastos), regulada por convenio colectivo,
por lo cual no existe obligación de pagar por Telefónica del Perú S.A.A.
• Que, en todo caso, la falta de comunicación de las metas de ingresos y gastos, no
supone la percepción de la gratificación extraordinaria por productividad, toda vez que
para que ello ocurra, es necesario superar dichos presupuestos.
• No se ha tenido en consideración los reiterados pronunciamientos emitidos por la
Corte Suprema de Justicia de la República, respecto al no otorgamiento de la
gratificación extraordinaria por productividad.
CONSIDERANDO:
1.- Que, mediante Casación N° 626-01-Arequipa se establece que “El Juez Superior
tiene la facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones resueltas por el
juez inferior, sin embargo cabe precisar que la extensión de los poderes a la instancia
de alzada está presidida por un postulado que limita su procedimiento, recogido por el
aforismo tantum appellatum quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de
alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios que afectan al
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Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
impugnante”1; en ese sentido, sólo se debe pronunciar sobre los agravios planteados
por la demandada en la apelación (de la sentencia), y lo resuelto por el A-quo en
relación a ellos (agravios).
2.- Es preciso recordar que en el proceso laboral, regulado por la Ley Procesal de
Trabajo, Ley N° 26636, corresponde a las partes probar sus afirmaciones a fin de
producir certeza en el Juzgador sobre los hechos controvertidos, tal como lo dispone el
Artículo 27º de dicha norma; de allí que recae en el demandante, la carga de probar
que le corresponde el pago no honrado sobre remuneración vacacional por descanso
adquirido y no gozado e indemnización vacacional, mientras que a la parte
demandada le corresponde probar lo contrario o de ser el caso, que ha cumplido pagar
tales beneficios.
3.- El artículo 30° de la Ley Procesal de Trabajo, señala que “Todos los medios
probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada”; precisando que por apreciación o valoración de la prueba se entiende el
proceso por el cual el juez califica el mérito de cada medio probatorio explicando en la
sentencia el grado de convencimiento que ellas le han reportado para resolver la
causa; asimismo, el principio de la unidad de la prueba regula la norma y señala que la
prueba se aprecia en su conjunto, pues la certeza no se obtiene con una evaluación
aislada y fragmentaria, tomadas una por una, sino apreciado en su totalidad. Las
pruebas que individualmente estudiadas pudiesen aparecer como débiles o imprecisas
pueden complementarse entre sí, de tal modo que unidas lleven al ánimo del juez a la
convicción acerca de la existencia o inexistencia de los hechos discutidos en la litis.
4.- El actor Eduardo Eladio Garcia Alfaro con la demanda de fojas 85 a 102, solicita se
ordene a Telefónica Del Perú S.A.A., la suma de S/ 288,662.29 por concepto de
reintegro de remuneraciones por homologación del haber básico, reintegros de
gratificaciones de julio y diciembre, reintegro de gratificación vacacional, reintegro de
compensación por tiempo de servicios, reintegro de utilidades y por el no pago de la
gratificación extraordinaria por productividad de los años 2000, 2001, 2002 y 2003; al
respecto, precisa que el 14 de junio de 1996 la demandada suscribió un convenio
colectivo en cuya cláusula quinta, referida a Acuerdos sobre Remuneraciones y
Condiciones de Trabajo, se pactó en su numeral 4 el otorgamiento de dos
remuneraciones básicas mensuales en calidad de gratificación extraordinaria por
1 El Peruano 05-11-2001, pág. 7905.
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Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
productividad, la que sería pagada el 31 de mayo de cada año, a partir del año 1996,
indica que la empresa demandada incumplió con los mismos, pues la gratificación
extraordinaria por productividad de los años 2000, (Que debió abonarse en el mes de
marzo del 2001), 2001, (Que debió abonarse en el mes de marzo del 2002), 2002,
(Que debió abonarse en el mes de marzo del 2003), y 2003 (Que debió abonarse en
el mes de marzo del 2004), que afirma nunca le fueron pagadas.
5.- Por su parte la demandada, contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en
todos sus extremos señalando que no se configura algún supuesto de discriminación
salarial con el homólogo propuesto, toda vez que el hecho de provenir de dos
empresas distintas no genera un derecho automático de nivelación u homologación
salarial, sin embargo, la demandada ha llevado a cabo un proceso de homologación
de las remuneraciones de los trabajadores provenientes de la ex Entel Perú con las de
los trabajadores de la ex Compañía Peruana de Teléfonos S.A. y que ello se ha
ocurrido en forma consensuada con las organizaciones sindicales; respecto a la
gratificación extraordinaria por productividad refiere que a partir del año 2000, la
empresa no tuvo obligación de otorgar esta gratificación en la medida que no se
cumplieron con la condiciones mediante Convenio Colectivo del año 1996, las mismas
que consistían en lograr la superación simultánea de las metas presupuestadas de
ingresos y gastos por cada ejercicio anual.
6.- En Audiencia Única de fecha 28 de abril del 2005, obrante a fojas 162 a 164, se
determinaron como puntos controvertidos lo siguiente: “i) Determinar si se ha
producido discriminación en las remuneraciones del actor con relación a otros
trabajadores en las mismas condiciones; ii) Si como consecuencia de lo anterior, le
corresponde reintegros en sus remuneraciones por homologación de la remuneración
básica desde junio 2001 hasta el 31 de octubre de 2004, en el cargo de Experto; iii)
De ser el caso si le corresponde al actor el pago de reintegros de gratificaciones
ordinarias, vacaciones, gratificaciones por productividad, compensación por tiempo de
servicios y utilidades desde el 2001 al cese del actor; por efecto de los reintegros por
homologación".
7.- Que, la sentencia recurrida, declara infundada la demanda respecto a la pretensión
de homologación de remuneraciones conforme lo percibido por el trabajador Felix
Salomon Alarco Gonzales, en razón que no cumple con acreditar los criterios
establecidos por la Casación 208-2005-PASCO, el mismo que es de observancia
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Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
obligatoria para resolver dicha pretensión, asimismo, respecto a las pretensiones
acumuladas de pago de reintegro de beneficios sociales, al encontrar sustento en la
pretensión principal de reintegro de sueldo básico, son declaradas infundadas las
pretensiones de reintegro de remuneraciones; sin embargo declara fundada la
demanda de pago de "Gratificación Extraordinaria por Productividad" correspondiente
a los periodos 2001, 2002, 2003 y 2004, ordenando el pago de S/ 42,246.50 por dicho
concepto, extremo que es materia de apelación por Telefónica del Perú S.A.A.
8.- Estando a lo señalado, a efectos de resolver la presente controversia, debe
dilucidarse si al actor le correspondía percibir el pago por concepto de gratificación
extraordinaria por productividad, fijada en el convenio colectivo del 14 de Junio de
1996.
9.- Que, el pago por el mencionado concepto fue establecido mediante Convenio
Colectivo de fecha 14 de Junio de 1996, obrante de fojas 53 a 61, que en su cláusula
quinta sobre “Remuneraciones y Condiciones de Trabajo” en cuanto a la
Gratificación Extraordinaria por Productividad acuerda que “Las partes convienen en
que el importe de la Gratificación Extraordinaria por Productividad será equivalente a
dos remuneraciones básicas mensuales, y se otorgará el 31 de mayo de cada año. La
percepción de la Gratificación Extraordinaria estará sujeta a la evaluación anual
que se realice para el cumplimiento de las metas presupuestadas de ingresos y
gastos señalados para el año evaluado. Las Organizaciones Sindicales de
Trabajadores y la Federación de Trabajadores de la Telefónica del Perú S.A. tendrán
conocimiento de dichas metas antes del 31 de marzo de cada año, excepto para el
año de 1996 en que dichas metas presupuestadas serán de conocimiento de las
Organizaciones Sindicales de Trabajadores y la Federación de Trabajadores de la
Telefónica del Perú S.A. a la firma del presente Convenio (…)”
10.- Que, el inciso 2) de artículo 28 de la Constitución Política de 1993, “La convención
colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado”, es decir, obliga a las
partes que celebraron el convenio colectivo, esto es, a las personas representadas en
la suscripción de la convención colectiva, otorga un referente normativo que implica
que todo sus efectos, se aplican automáticamente a las relaciones individuales de
trabajo; y en cuanto a la Convención Colectiva de Trabajo, el artículo 42° del Decreto
Supremo N° 010-2003-TR – Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas
de Trabajo, nos dice que “(…) tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron.
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Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
Obliga a estas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea
aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las
empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de
dirección o desempeñan cargos de confianza”.
11.- En el caso de autos, en el Convenio Colectivo de fecha 14 de Junio de 1996 (fojas
53 a 61) se puede apreciar que la percepción de la gratificación extraordinaria por
productividad, se encontraba sujeta a condiciones suspensivas de cumplimiento de
metas presupuestadas de ingresos y gastos señalados para el año evaluado, y
de que dichas metas serán puestas en conocimiento de las Organizaciones Sindicales
y la Federación de Trabajadores antes del 31 de Marzo de cada año; por lo que, para
determinar si le corresponde al demandante, el pago del beneficio denominado
gratificación extraordinaria por productividad, resulta necesario verificar si se cumplió o
no con las metas presupuestadas y comunicadas por la entidad demandada, para los
ejercicios económicos 2000, 2001, 2002 y 2003.
12.- En ese sentido, en autos obran los siguientes documentos: i) A fojas 771, la Carta
REC-421-A-007-06, de fecha 21 de junio de 2006 dirigida al Sindicato Unitario de
Trabajadores de Telefónica del Perú S.A., mediante la cual se les informa que las
metas presupuestadas para los ejercicios anuales 1997, 1998, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006 no han sido cumplidas, ii) A fojas 772, Carta ZO/PIU-698-
A0131-2004, de fecha 23 de enero de 2004, dirigida al Sindicato de Trabajadores de
Telefónica - Piura, donde se informa que las metas presupuestadas de ingresos y
gastos para el ejercicio 2002, no han sido alcanzados, y, iii) A fojas 773, la Carta
REC-440-A00139-04, de fecha 25 de marzo de 2004 dirigida a la Federación de
Trabajadores de Telefónica del Perú, mediante el cual se le informa que las metas
presupuestadas de ingresos para el ejercicio 2003 no han sido cumplidas; Carta
ZO/PIU-698-355-2004de fecha 30 de junio del 2004, dirigida a la Federación de
Trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A. en el cual da respuesta a la Carta N° 35-
04-STEP-SP de fecha 09 de junio del 2004, mediante la cual comunica que “(...)
lamentamos no poder atender vuestra solicitud por cuanto las metas presupuestadas
de ingresos y gastos para el año 2003, no fueron superadas en dicho ejercicio”;
documentos que al ser puestos en conocimientos de las organizaciones sindicales no
han sido materia de observación o desacuerdo, conforme es, de verse de los
documentos obrantes en autos.
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Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
13.- Que, al respecto, debe tenerse en cuenta el pronunciamiento de la Corte Suprema
de Justicia en casos similares, quien a través de la Casación Laboral N° 4460-2009-
LA LIBERTAD, ha señalado lo siguiente: “Cuarto.- En ese contexto, con relación a la
denuncia contenida en el apartado i) del numeral 2 de la presente resolución, referida
la interpretación de la Cláusula Quinta del Convenio Colectivo de Trabajo de catorce
de junio de mil novecientos noventa y seis, esta Suprema Corte ha establecido a partir
de su Sentencia Casatoria número 3282-2006-PIURA, que el hecho de que la
empresa demandada no haya comunicado a los trabajadores las metas a cumplir no
puede constituir argumento suficiente para amparar el derecho reclamado, pues la
obtención de la gratificación extraordinaria establecida en el citado convenio, al estar
sujeta a acondiciones formales y de fondo, que deben ser cumplidas, no pueden
obviarse. Una de esas condiciones, que resulta fundamental para obtener el pago del
bono, es que se logren las metas propuestas para los ejercicios reclamados, la
ausencia de cumplimiento de ello acarrea la imposibilidad de pagar el bono”; por otro
lado en la Casación N° 3720-2010-Lima, se estableció que: "Es preciso recordar que
este Supremo Tribunal en casos similares ha establecido que uno de los requisitos o
condiciones que resulta fundamental para obtener el pago de la referida gratificación,
es que se logren las metas propuestas para los ejercicios reclamados, caso contrario
no procede el pago de dicha gratificación".
14.- En ese sentido, se advierte de autos que no se han alcanzado las metas
presupuestadas en los periodos reclamados por el demandante, conforme se ha
señalado en el Considerando N° 12; y siendo determinante dicho requisito para la
percepción de la Gratificación Extraordinaria por Productividad reclamada, no
corresponde al demandante percibir dicha gratificación, pues aun cuando la
demandada no cumplió con comunicar oportunamente las metas a alcanzar, tal
situación por sí sola, no es suficiente para dar lugar al pago de las gratificaciones
extraordinarias por productividad, conforme lo acordado en el Convenio Colectivo de
fecha 14 de Junio de 1996 (fojas 53 a 61), por lo que, corresponde revocar la apelada,
y declarar infundada la demanda en todos sus extremos.
Por estas consideraciones, la Primera Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de
Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.
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Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
HA RESUELTO
REVOCARON la Sentencia Nº 084-2020-14°JTTL, (Resolución Nº 39), de fecha 29
de setiembre del 2020, obrante de folios 1297 a 1307, que declara fundada en parte la
demanda; y, REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la demanda en todos sus
extremos; en consecuencia, ORDENARON el archivamiento definitivo del proceso una
vez quede consentida o ejecutoriada la presente sentencia, sin costos ni costas.
En los seguidos por EDUARDO ELADIO GARCIA ALFARO, contra TELEFÓNICA
DEL PERÚ S.A.A., sobre Homologación de remuneraciones, y pago de
gratificacion extrarodinaria; y los devolvieron al Juzgado de Origen. Notifíquese.-
VALENZUELA BARRETO SERPA VERGARA
QUILCA MOLINA
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA DE LIMA - SEDE ALIMAR
Expediente Nº 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
SENTENCIA
Resolución Nº 46
Lima, 09 de noviembre de dos mil veintiuno.
En Audiencia Pública, de fecha 12 de octubre del año en curso, interviniendo como
Juez Superior ponente el Señor Valenzuela Barreto, se expide la siguiente resolución:
Resolución materia de apelación:
La Sentencia Nº 084-2020-14°JTTL, (Resolución Nº 39), de fecha 29 de setiembre del
2020, obrante de folios 1297 a 1307, que declara fundada en parte la demanda,
interpuesta por Eduardo Eladio Garcia Alfaro, y otorga el pago de gratificaciones
extrarodinarias por productividad, correspondientes el periodo comprendido entre el
año 2000 al 2003, que debieron ser pagados en los meses de mayo 2001 a mayo
2004, mas intereses legales, con costos y costas.
AGRAVIOS:
La demandada Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito de apelación de
Sentencia, de fecha 17 de noviembre de 2020, de folios 824 a 830, expresa como
agravios lo siguiente:
• Apela la sentencia en el extremo que declara fundada la pretensión de pago de
gratificaciones extraordinaria por productividad, bajo la premisa que Telefónica del
Perú S.A.A., no habría cumplido con "acreditar las metas de ingresos y gastos" de
cada ejercicio; sin embargo, no se ha tenido en consideración que la emplazada
cumplió con comunicar las metas de ingresos y gastos, a su vez, los resultados
obtenidos por los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, por lo que no corresponde
ordenar el pago de dichos conceptos.
• Telefónica del Perú S.A.A., cumplió con comunicar las metas de ingresos y
gastos, por lo tanto, no existe obligación de pagar la gratificación extraordinaria por
Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
productividad, por que las organizaciones sindicales no alcanzaron las metas
propuestas.
• Respecto a los años 2001, 2002 y 2003, conforme a la Carta N° REC-421-A-007-
06, dirigida al Sindicato Unitario de Trabajadores, se le hace de conocimiento de los
trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A., que no se habían alcanzado las metas
trazadas.
• Respecto al año 2004, mediante Carta N° Carta N° R EC-440-A-00245-05, dirigida
al Sindicato Unitario de Trabajadores, se le hace de conocimiento de los trabajadores
de Telefónica del Perú S.A.A., que no se habían alcanzado las metas trazadas para
dicho ejercicio.
• No obstante lo precisado, el juzgado, no ha tenido en consideración que la
demandada si cumplió con comunicar las metas de ingresos y gastos por cada
ejercicio, e inclusive, que las organizaciones sindicales no cumplieron con la condición
suspensiva (superar las metas de ingresos y gastos), regulada por convenio colectivo,
por lo cual no existe obligación de pagar por Telefónica del Perú S.A.A.
• Que, en todo caso, la falta de comunicación de las metas de ingresos y gastos, no
supone la percepción de la gratificación extraordinaria por productividad, toda vez que
para que ello ocurra, es necesario superar dichos presupuestos.
• No se ha tenido en consideración los reiterados pronunciamientos emitidos por la
Corte Suprema de Justicia de la República, respecto al no otorgamiento de la
gratificación extraordinaria por productividad.
CONSIDERANDO:
1.- Que, mediante Casación N° 626-01-Arequipa se establece que “El Juez Superior
tiene la facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones resueltas por el
juez inferior, sin embargo cabe precisar que la extensión de los poderes a la instancia
de alzada está presidida por un postulado que limita su procedimiento, recogido por el
aforismo tantum appellatum quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de
alzada solamente puede conocer mediante la apelación de los agravios que afectan al
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Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
impugnante”1; en ese sentido, sólo se debe pronunciar sobre los agravios planteados
por la demandada en la apelación (de la sentencia), y lo resuelto por el A-quo en
relación a ellos (agravios).
2.- Es preciso recordar que en el proceso laboral, regulado por la Ley Procesal de
Trabajo, Ley N° 26636, corresponde a las partes probar sus afirmaciones a fin de
producir certeza en el Juzgador sobre los hechos controvertidos, tal como lo dispone el
Artículo 27º de dicha norma; de allí que recae en el demandante, la carga de probar
que le corresponde el pago no honrado sobre remuneración vacacional por descanso
adquirido y no gozado e indemnización vacacional, mientras que a la parte
demandada le corresponde probar lo contrario o de ser el caso, que ha cumplido pagar
tales beneficios.
3.- El artículo 30° de la Ley Procesal de Trabajo, señala que “Todos los medios
probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada”; precisando que por apreciación o valoración de la prueba se entiende el
proceso por el cual el juez califica el mérito de cada medio probatorio explicando en la
sentencia el grado de convencimiento que ellas le han reportado para resolver la
causa; asimismo, el principio de la unidad de la prueba regula la norma y señala que la
prueba se aprecia en su conjunto, pues la certeza no se obtiene con una evaluación
aislada y fragmentaria, tomadas una por una, sino apreciado en su totalidad. Las
pruebas que individualmente estudiadas pudiesen aparecer como débiles o imprecisas
pueden complementarse entre sí, de tal modo que unidas lleven al ánimo del juez a la
convicción acerca de la existencia o inexistencia de los hechos discutidos en la litis.
4.- El actor Eduardo Eladio Garcia Alfaro con la demanda de fojas 85 a 102, solicita se
ordene a Telefónica Del Perú S.A.A., la suma de S/ 288,662.29 por concepto de
reintegro de remuneraciones por homologación del haber básico, reintegros de
gratificaciones de julio y diciembre, reintegro de gratificación vacacional, reintegro de
compensación por tiempo de servicios, reintegro de utilidades y por el no pago de la
gratificación extraordinaria por productividad de los años 2000, 2001, 2002 y 2003; al
respecto, precisa que el 14 de junio de 1996 la demandada suscribió un convenio
colectivo en cuya cláusula quinta, referida a Acuerdos sobre Remuneraciones y
Condiciones de Trabajo, se pactó en su numeral 4 el otorgamiento de dos
remuneraciones básicas mensuales en calidad de gratificación extraordinaria por
1 El Peruano 05-11-2001, pág. 7905.
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Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
productividad, la que sería pagada el 31 de mayo de cada año, a partir del año 1996,
indica que la empresa demandada incumplió con los mismos, pues la gratificación
extraordinaria por productividad de los años 2000, (Que debió abonarse en el mes de
marzo del 2001), 2001, (Que debió abonarse en el mes de marzo del 2002), 2002,
(Que debió abonarse en el mes de marzo del 2003), y 2003 (Que debió abonarse en
el mes de marzo del 2004), que afirma nunca le fueron pagadas.
5.- Por su parte la demandada, contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en
todos sus extremos señalando que no se configura algún supuesto de discriminación
salarial con el homólogo propuesto, toda vez que el hecho de provenir de dos
empresas distintas no genera un derecho automático de nivelación u homologación
salarial, sin embargo, la demandada ha llevado a cabo un proceso de homologación
de las remuneraciones de los trabajadores provenientes de la ex Entel Perú con las de
los trabajadores de la ex Compañía Peruana de Teléfonos S.A. y que ello se ha
ocurrido en forma consensuada con las organizaciones sindicales; respecto a la
gratificación extraordinaria por productividad refiere que a partir del año 2000, la
empresa no tuvo obligación de otorgar esta gratificación en la medida que no se
cumplieron con la condiciones mediante Convenio Colectivo del año 1996, las mismas
que consistían en lograr la superación simultánea de las metas presupuestadas de
ingresos y gastos por cada ejercicio anual.
6.- En Audiencia Única de fecha 28 de abril del 2005, obrante a fojas 162 a 164, se
determinaron como puntos controvertidos lo siguiente: “i) Determinar si se ha
producido discriminación en las remuneraciones del actor con relación a otros
trabajadores en las mismas condiciones; ii) Si como consecuencia de lo anterior, le
corresponde reintegros en sus remuneraciones por homologación de la remuneración
básica desde junio 2001 hasta el 31 de octubre de 2004, en el cargo de Experto; iii)
De ser el caso si le corresponde al actor el pago de reintegros de gratificaciones
ordinarias, vacaciones, gratificaciones por productividad, compensación por tiempo de
servicios y utilidades desde el 2001 al cese del actor; por efecto de los reintegros por
homologación".
7.- Que, la sentencia recurrida, declara infundada la demanda respecto a la pretensión
de homologación de remuneraciones conforme lo percibido por el trabajador Felix
Salomon Alarco Gonzales, en razón que no cumple con acreditar los criterios
establecidos por la Casación 208-2005-PASCO, el mismo que es de observancia
4
Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
obligatoria para resolver dicha pretensión, asimismo, respecto a las pretensiones
acumuladas de pago de reintegro de beneficios sociales, al encontrar sustento en la
pretensión principal de reintegro de sueldo básico, son declaradas infundadas las
pretensiones de reintegro de remuneraciones; sin embargo declara fundada la
demanda de pago de "Gratificación Extraordinaria por Productividad" correspondiente
a los periodos 2001, 2002, 2003 y 2004, ordenando el pago de S/ 42,246.50 por dicho
concepto, extremo que es materia de apelación por Telefónica del Perú S.A.A.
8.- Estando a lo señalado, a efectos de resolver la presente controversia, debe
dilucidarse si al actor le correspondía percibir el pago por concepto de gratificación
extraordinaria por productividad, fijada en el convenio colectivo del 14 de Junio de
1996.
9.- Que, el pago por el mencionado concepto fue establecido mediante Convenio
Colectivo de fecha 14 de Junio de 1996, obrante de fojas 53 a 61, que en su cláusula
quinta sobre “Remuneraciones y Condiciones de Trabajo” en cuanto a la
Gratificación Extraordinaria por Productividad acuerda que “Las partes convienen en
que el importe de la Gratificación Extraordinaria por Productividad será equivalente a
dos remuneraciones básicas mensuales, y se otorgará el 31 de mayo de cada año. La
percepción de la Gratificación Extraordinaria estará sujeta a la evaluación anual
que se realice para el cumplimiento de las metas presupuestadas de ingresos y
gastos señalados para el año evaluado. Las Organizaciones Sindicales de
Trabajadores y la Federación de Trabajadores de la Telefónica del Perú S.A. tendrán
conocimiento de dichas metas antes del 31 de marzo de cada año, excepto para el
año de 1996 en que dichas metas presupuestadas serán de conocimiento de las
Organizaciones Sindicales de Trabajadores y la Federación de Trabajadores de la
Telefónica del Perú S.A. a la firma del presente Convenio (…)”
10.- Que, el inciso 2) de artículo 28 de la Constitución Política de 1993, “La convención
colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado”, es decir, obliga a las
partes que celebraron el convenio colectivo, esto es, a las personas representadas en
la suscripción de la convención colectiva, otorga un referente normativo que implica
que todo sus efectos, se aplican automáticamente a las relaciones individuales de
trabajo; y en cuanto a la Convención Colectiva de Trabajo, el artículo 42° del Decreto
Supremo N° 010-2003-TR – Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas
de Trabajo, nos dice que “(…) tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron.
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Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
Obliga a estas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea
aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las
empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de
dirección o desempeñan cargos de confianza”.
11.- En el caso de autos, en el Convenio Colectivo de fecha 14 de Junio de 1996 (fojas
53 a 61) se puede apreciar que la percepción de la gratificación extraordinaria por
productividad, se encontraba sujeta a condiciones suspensivas de cumplimiento de
metas presupuestadas de ingresos y gastos señalados para el año evaluado, y
de que dichas metas serán puestas en conocimiento de las Organizaciones Sindicales
y la Federación de Trabajadores antes del 31 de Marzo de cada año; por lo que, para
determinar si le corresponde al demandante, el pago del beneficio denominado
gratificación extraordinaria por productividad, resulta necesario verificar si se cumplió o
no con las metas presupuestadas y comunicadas por la entidad demandada, para los
ejercicios económicos 2000, 2001, 2002 y 2003.
12.- En ese sentido, en autos obran los siguientes documentos: i) A fojas 771, la Carta
REC-421-A-007-06, de fecha 21 de junio de 2006 dirigida al Sindicato Unitario de
Trabajadores de Telefónica del Perú S.A., mediante la cual se les informa que las
metas presupuestadas para los ejercicios anuales 1997, 1998, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006 no han sido cumplidas, ii) A fojas 772, Carta ZO/PIU-698-
A0131-2004, de fecha 23 de enero de 2004, dirigida al Sindicato de Trabajadores de
Telefónica - Piura, donde se informa que las metas presupuestadas de ingresos y
gastos para el ejercicio 2002, no han sido alcanzados, y, iii) A fojas 773, la Carta
REC-440-A00139-04, de fecha 25 de marzo de 2004 dirigida a la Federación de
Trabajadores de Telefónica del Perú, mediante el cual se le informa que las metas
presupuestadas de ingresos para el ejercicio 2003 no han sido cumplidas; Carta
ZO/PIU-698-355-2004de fecha 30 de junio del 2004, dirigida a la Federación de
Trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A. en el cual da respuesta a la Carta N° 35-
04-STEP-SP de fecha 09 de junio del 2004, mediante la cual comunica que “(...)
lamentamos no poder atender vuestra solicitud por cuanto las metas presupuestadas
de ingresos y gastos para el año 2003, no fueron superadas en dicho ejercicio”;
documentos que al ser puestos en conocimientos de las organizaciones sindicales no
han sido materia de observación o desacuerdo, conforme es, de verse de los
documentos obrantes en autos.
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Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
13.- Que, al respecto, debe tenerse en cuenta el pronunciamiento de la Corte Suprema
de Justicia en casos similares, quien a través de la Casación Laboral N° 4460-2009-
LA LIBERTAD, ha señalado lo siguiente: “Cuarto.- En ese contexto, con relación a la
denuncia contenida en el apartado i) del numeral 2 de la presente resolución, referida
la interpretación de la Cláusula Quinta del Convenio Colectivo de Trabajo de catorce
de junio de mil novecientos noventa y seis, esta Suprema Corte ha establecido a partir
de su Sentencia Casatoria número 3282-2006-PIURA, que el hecho de que la
empresa demandada no haya comunicado a los trabajadores las metas a cumplir no
puede constituir argumento suficiente para amparar el derecho reclamado, pues la
obtención de la gratificación extraordinaria establecida en el citado convenio, al estar
sujeta a acondiciones formales y de fondo, que deben ser cumplidas, no pueden
obviarse. Una de esas condiciones, que resulta fundamental para obtener el pago del
bono, es que se logren las metas propuestas para los ejercicios reclamados, la
ausencia de cumplimiento de ello acarrea la imposibilidad de pagar el bono”; por otro
lado en la Casación N° 3720-2010-Lima, se estableció que: "Es preciso recordar que
este Supremo Tribunal en casos similares ha establecido que uno de los requisitos o
condiciones que resulta fundamental para obtener el pago de la referida gratificación,
es que se logren las metas propuestas para los ejercicios reclamados, caso contrario
no procede el pago de dicha gratificación".
14.- En ese sentido, se advierte de autos que no se han alcanzado las metas
presupuestadas en los periodos reclamados por el demandante, conforme se ha
señalado en el Considerando N° 12; y siendo determinante dicho requisito para la
percepción de la Gratificación Extraordinaria por Productividad reclamada, no
corresponde al demandante percibir dicha gratificación, pues aun cuando la
demandada no cumplió con comunicar oportunamente las metas a alcanzar, tal
situación por sí sola, no es suficiente para dar lugar al pago de las gratificaciones
extraordinarias por productividad, conforme lo acordado en el Convenio Colectivo de
fecha 14 de Junio de 1996 (fojas 53 a 61), por lo que, corresponde revocar la apelada,
y declarar infundada la demanda en todos sus extremos.
Por estas consideraciones, la Primera Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de
Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú.
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Corte Superior de Justicia de Lima Primera Sala Laboral Transitoria
Expediente N° 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
HA RESUELTO
REVOCARON la Sentencia Nº 084-2020-14°JTTL, (Resolución Nº 39), de fecha 29
de setiembre del 2020, obrante de folios 1297 a 1307, que declara fundada en parte la
demanda; y, REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la demanda en todos sus
extremos; en consecuencia, ORDENARON el archivamiento definitivo del proceso una
vez quede consentida o ejecutoriada la presente sentencia, sin costos ni costas.
En los seguidos por EDUARDO ELADIO GARCIA ALFARO, contra TELEFÓNICA
DEL PERÚ S.A.A., sobre Homologación de remuneraciones, y pago de
gratificacion extrarodinaria; y los devolvieron al Juzgado de Origen. Notifíquese.-
VALENZUELA BARRETO SERPA VERGARA
QUILCA MOLINA
8<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | 12° JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
EXPEDIENTE : 05756-2007-0-1817-JR-CO-12
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
ESPECIALISTA: CHAVEZ BUSTAMANTE, OMAR MICHEL
TERCERO : OCUPANTES DEL INMUEBLE Y OTROS
DEMANDADO : JACQUES JOE FRANCO LEVY Y OTROS
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO SESENTA Y UNO
Miraflores, Nueve de mayo
Del dos mil dieciséis
Dado cuenta al escrito de fecha veintiséis de abril del dos mil dieciséis
presentado por el demandante Banco de Crédito del Perú; Téngase por
cumplido el mandato ordenado mediante resolución número cincuenta y nueve
de fecha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis obrante a foja 562, en
consecuencia y proveyendo como corresponde el escrito de fecha trece de abril
del dos mil dieciséis presentado por el demandante Banco de Crédito del Perú
con el arancel por concepto de solicitud de remate judicial y la Copia Literal,
téngase por cumplido lo ordenado en autos, y, ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, el recurrente solicita se proceda al remate del bien inmueble
dado materia de ejecución, en virtud a que la demandado MULTITEX DEL
PERÚ S.A.C., JACQUES JOE FRANCO LEVY y NISSO RAUL FRANCO
LEVY, no han cumplido con pagar la deuda ordenada en el mandato de
ejecución.
SEGUNDO: Que, el auto número Siete (Sentencia), de fecha treinta y uno de
octubre del dos mil siete, obrante a foja tres de agosto del dos mil quince,
obrante a fojas 107 al 111, que ordena fundada la pretensión cambiaria
contenida en la demandan de Obligación de Dar Suma de Dinero, fue
declarado ejecutoriada mediante auto de vista de fecha dieciseis de junio del
dos mil nueve obrante a fojas 181 al 185, en consecuencia y estando con la
Copia Literal completa y actualizada de la partida registral del inmueble materia
de embargo, tasaciones actualizada que obra en autos y, siendo atendible lo
solicitado por el ejecutante; en consecuencia y conforme al estado del proceso,
en atención a lo dispuesto por los artículos 731º y 736º inciso uno del código
acotado, este Juzgado; RESUELVE:
1. CONVÓQUESE a remate en PRIMERA CONVOCATORIA, del inmueble
sito: CHALET INTERIOR C-10 DE 2 PISOS Y AZOTEA NÚMERO 105,
AVENIDA MARIATEGUI NÚMERO 169, DISTRITO DE JESUS MARIA,
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA; inscrita en la partida
Electrónica Nº 46835867 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, cuya
tasación en autos asciende a la suma de US$. 132,955.80 (CIENTO
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 80/00
DOLARES AMERICANOS); debiendo tenerse como base la postura de las
dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de
US$. 88,637.20 (OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 20/100 DOLARES AMERICANOS).
2. LUGAR DE LAS DILIGENCIAS: Sala de Audiencias y Remates ubicada en
el segundo sótano de la sede de los Juzgados y Salas Civiles de la Sub-
Especialidad Comercial de Lima sito en Av. Petit Thouars N°4979 del distrito
de Miraflores. LOS POSTORES: Oblarán en efectivo o cheque de gerencia
el 10% del valor base; NOMBRÁNDOSE COMO MARTILLERO PÚBLICO
a NELLY ISABEL GUTIERREZ QUISPE, quien deberá aceptar el cargo
conferido dentro de los tres días de notificado, bajo apercibimiento de
subrogársele en el cargo, facultándolo para que señale día y hora para la
realización del acto.
3. PUBLICACIÓN: PROCÉDASE a la PUBLICACIÓN EN EL DIARIO
OFICIAL “EL PERUANO” por el plazo de Seis días. FÍJESE el cartel en la
vitrina de Juzgado, así como en un lugar visible del inmueble a rematar y el
Martillero Publico elabore el edictos para la revisión y suscripción por parte
del Secretario Judicial de conformidad con el Manual de Procedimientos de
Remates de Bienes muebles e inmuebles previstos en la Resolución
Administrativa N° 167-2005-CED-CSJLI/PJ, bajo responsabilidad del
órgano de auxilio judicial; Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, deberá
el Martillero designado en autos con informar a esta Judicatura con
antelación de tres días de realizarse el remate si se ha realizado todas las
publicaciones, conforme a Ley.
4. AUTORÍCESE al Martillero Público, para que FIJE DÍA Y HORA para llevar
adelante las diligencias del Primer Remate Público de los inmuebles materia
de sub-litis; DEBIENDO el Martillero coordinar dicha diligencia con la
administración de ésta sede e informar al Juzgado de dicho acto.
5. Se advierte de fojas 570 de autos en la partida literal N° 46835867 del
Registro de Propiedad Inmueble de Lima, se ha inscrito la compra venta del
presente predio a doña MARIA JESUS MUÑOZ GUERRA, identificada con
D.N.I. N° 07341525; por ello a efectos de no afectar derechos a terceros
conforme al artículo 690° del Código Procesal Civil ; REQUIERASE a los
demandados MULTITEX DEL PERÚ S.A.C., JACQUES JOE FRANCO
LEVY y NISSO RAUL FRANCO LEVY, a fin que precisen su domicilio real
en el plazo de tres días de notificada la presente resolución bajo
apercibimiento de ley. Al Único Otrosí: téngase presente. Notifíquese. | <|im_start|>system
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12° JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
EXPEDIENTE : 05756-2007-0-1817-JR-CO-12
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
ESPECIALISTA: CHAVEZ BUSTAMANTE, OMAR MICHEL
TERCERO : OCUPANTES DEL INMUEBLE Y OTROS
DEMANDADO : JACQUES JOE FRANCO LEVY Y OTROS
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO SESENTA Y UNO
Miraflores, Nueve de mayo
Del dos mil dieciséis
Dado cuenta al escrito de fecha veintiséis de abril del dos mil dieciséis
presentado por el demandante Banco de Crédito del Perú; Téngase por
cumplido el mandato ordenado mediante resolución número cincuenta y nueve
de fecha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis obrante a foja 562, en
consecuencia y proveyendo como corresponde el escrito de fecha trece de abril
del dos mil dieciséis presentado por el demandante Banco de Crédito del Perú
con el arancel por concepto de solicitud de remate judicial y la Copia Literal,
téngase por cumplido lo ordenado en autos, y, ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, el recurrente solicita se proceda al remate del bien inmueble
dado materia de ejecución, en virtud a que la demandado MULTITEX DEL
PERÚ S.A.C., JACQUES JOE FRANCO LEVY y NISSO RAUL FRANCO
LEVY, no han cumplido con pagar la deuda ordenada en el mandato de
ejecución.
SEGUNDO: Que, el auto número Siete (Sentencia), de fecha treinta y uno de
octubre del dos mil siete, obrante a foja tres de agosto del dos mil quince,
obrante a fojas 107 al 111, que ordena fundada la pretensión cambiaria
contenida en la demandan de Obligación de Dar Suma de Dinero, fue
declarado ejecutoriada mediante auto de vista de fecha dieciseis de junio del
dos mil nueve obrante a fojas 181 al 185, en consecuencia y estando con la
Copia Literal completa y actualizada de la partida registral del inmueble materia
de embargo, tasaciones actualizada que obra en autos y, siendo atendible lo
solicitado por el ejecutante; en consecuencia y conforme al estado del proceso,
en atención a lo dispuesto por los artículos 731º y 736º inciso uno del código
acotado, este Juzgado; RESUELVE:
1. CONVÓQUESE a remate en PRIMERA CONVOCATORIA, del inmueble
sito: CHALET INTERIOR C-10 DE 2 PISOS Y AZOTEA NÚMERO 105,
AVENIDA MARIATEGUI NÚMERO 169, DISTRITO DE JESUS MARIA,
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA; inscrita en la partida
Electrónica Nº 46835867 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, cuya
tasación en autos asciende a la suma de US$. 132,955.80 (CIENTO
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 80/00
DOLARES AMERICANOS); debiendo tenerse como base la postura de las
dos terceras partes de su tasación, la misma que asciende a la suma de
US$. 88,637.20 (OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 20/100 DOLARES AMERICANOS).
2. LUGAR DE LAS DILIGENCIAS: Sala de Audiencias y Remates ubicada en
el segundo sótano de la sede de los Juzgados y Salas Civiles de la Sub-
Especialidad Comercial de Lima sito en Av. Petit Thouars N°4979 del distrito
de Miraflores. LOS POSTORES: Oblarán en efectivo o cheque de gerencia
el 10% del valor base; NOMBRÁNDOSE COMO MARTILLERO PÚBLICO
a NELLY ISABEL GUTIERREZ QUISPE, quien deberá aceptar el cargo
conferido dentro de los tres días de notificado, bajo apercibimiento de
subrogársele en el cargo, facultándolo para que señale día y hora para la
realización del acto.
3. PUBLICACIÓN: PROCÉDASE a la PUBLICACIÓN EN EL DIARIO
OFICIAL “EL PERUANO” por el plazo de Seis días. FÍJESE el cartel en la
vitrina de Juzgado, así como en un lugar visible del inmueble a rematar y el
Martillero Publico elabore el edictos para la revisión y suscripción por parte
del Secretario Judicial de conformidad con el Manual de Procedimientos de
Remates de Bienes muebles e inmuebles previstos en la Resolución
Administrativa N° 167-2005-CED-CSJLI/PJ, bajo responsabilidad del
órgano de auxilio judicial; Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, deberá
el Martillero designado en autos con informar a esta Judicatura con
antelación de tres días de realizarse el remate si se ha realizado todas las
publicaciones, conforme a Ley.
4. AUTORÍCESE al Martillero Público, para que FIJE DÍA Y HORA para llevar
adelante las diligencias del Primer Remate Público de los inmuebles materia
de sub-litis; DEBIENDO el Martillero coordinar dicha diligencia con la
administración de ésta sede e informar al Juzgado de dicho acto.
5. Se advierte de fojas 570 de autos en la partida literal N° 46835867 del
Registro de Propiedad Inmueble de Lima, se ha inscrito la compra venta del
presente predio a doña MARIA JESUS MUÑOZ GUERRA, identificada con
D.N.I. N° 07341525; por ello a efectos de no afectar derechos a terceros
conforme al artículo 690° del Código Procesal Civil ; REQUIERASE a los
demandados MULTITEX DEL PERÚ S.A.C., JACQUES JOE FRANCO
LEVY y NISSO RAUL FRANCO LEVY, a fin que precisen su domicilio real
en el plazo de tres días de notificada la presente resolución bajo
apercibimiento de ley. Al Único Otrosí: téngase presente. Notifíquese.<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
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CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.-<|im_end|> |
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
Expediente N° : 00321-2004-0-1801-JR-LA-16
Demandante : EUGENIO SEGURA POMA
Demandado : DOE RUN PERU SRL y otro.
Materia : Pago de Beneficios Sociales
Juzgado : 26° Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de
Lima
Vista de Causa : 24.05.2022
RESOLUCIÓN N° 48
Lima, 24 de agosto del 2022.
Observando las formalidades previstas por los artículos
131° y 132° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e
interviniendo como Tribunal Unipersonal la Juez Superior Quilca Molina, esta
Sala Laboral emite la siguiente decisión judicial:
a) MATERIA:
Vino en revisión, por apelación de la demandada
La Resolución N° 44, que contienen la Sentencia N°00187-2021-26°
JETTL, de fecha 30 de diciembre del 2021, obrante a folios 573 a 591 del
expediente, mediante la cual se declaró: sustraída la materia del ámbito
jurisdiccional y concluido el proceso sin declaración sobre el fondo,
respecto a la pretensión de reintegro de compensación por tiempo de
servicios oponible a CENTROMIN PERÚ S.A., el cual va desde el 02 de
julio de 1970 hasta el octubre de 1997; y FUNDADA EN PARTE la
demanda interpuesta por EUGENIO SEGURA POMA contra DOE RUN
PERU S.R.L., sobre pago de beneficios económicos. En consecuencia, se
ordena que la demandada DOE RUN PERU S.R.L. cumpla con pagar a
favor de la parte demandante la suma de US$ 5.64 DÓLARES
AMERICANOS y S/. 2,266.31 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SEIS CON 31/100 SOLES) por el concepto de reintegros de
compensación por tiempo de servicios (US$ 5.64), reintegro de
gratificaciones legales (S/.1360.50) y reintegro de incremento 10% de
FONAVI (S/. 905.81). Más intereses legales y financieros que se
liquidarán en ejecución de sentencia. Con costas y costos del proceso.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
b) ANTECEDENTES:
El demandante postula como pretensión que las codemandadas le paguen
la suma de S/. 59,418.15, por los conceptos de reintegro de incremento
de FONAVI, reintegro de gratificaciones, incremento de IPSS-ONP,
gratificaciones vacacionales, entre otros, sustenta su demanda señalando
que ingresó a laborar para CENTROMIN PERU SA desde el 02 de julio de
1970 al 22 de octubre de 1997, y que con fecha 23 de octubre de 1997 se
produjo una transferencia a favor de la empresa Doe Run Perú SRL, lo
cual significó la continuación del vínculo laboral; se corre traslado a la
demandada CENTROMIN DEL PERU SA, contestó la demanda negando
que le adeude suma alguna al actor; DOE RUN PERU SRL, mediante
escrito inserto de fojas 244 a 251, contestó la demanda indicando que no
le adeuda reintegro al actor por los conceptos que pretende. Luego, en la
Audiencia Única, de fecha 16 de enero del 2016, se declaró saneado el
proceso, no prosperando la conciliación se fijaron los puntos
controvertidos y actuaron los medios probatorios. Seguido el proceso, el A
quo emitió la Sentencia del 16 de setiembre del 2016, la que apelada fue
elevada a la Primera Sala Laboral Transitoria, la que, a través de la
Sentencia de Vista del 26 de agosto del 2021, declaró Nula la sentencia
apelada; devueltos los autos el Juez emitió la Sentencia del 30 de
diciembre del 2021, la que es apelada por DOE RUN PERU SRL EN
LIQUIDACIÓN, conforme se aprecia de fojas 600 a 609.
c) AGRAVIOS:
Contra la Sentencia DOE RUN PERU SRL EN LIQUIDACION, alega que:
1. La sentencia impugnada en el sexto considerando establece el grado
responsabilidad de las demandadas, señalando: “SEXTO: En lo que
respecta al GRADO DE RESPONSABILIDAD de las demandadas: Si bien
es cierto que la empresa Doe Run Perú S.R.L señala con fecha 24 de
octubre de 1997, suscribió un contrato de transferencia (…)”, el mismo
que conforme es de verse se determina por los periodos en que cada
una de las empresas fue empleador, considerando inclusive en el
numeral 8.4 el Contrato de Transferencia de Acciones celebrado entre
CENTROMIN y DRP, en el que expresamente se establece que
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
CENTROMIN PERU, asumirá y será responsable de cualquier
obligación legal o convencional generada por el vínculo laboral con los
trabajadores, lo cual no significa, que no exista la continuidad en la
labor desempeñada por el ex trabajador. De igual forma, se comete
error al determinar que el trabajador no puede verse perjudicado por el
acuerdo establecido entre las codemandadas, ya que, es ajeno a dicho
acuerdo, determinando además que la obligación se asumirá en forma
solidaria entre las codemandadas, debiendo ser en forma
mancomunada, cada una por el periodo en que fuera empleador del
demandante, correspondiendo asumir a mi representada cualquier
adeudo a favor del demandante recién a partir del 23 de octubre de
1998.
2. Respecto de la Compensación de Tiempo de Servicios, en el
considerando séptimo se ha determinado el pago de reintegro a favor
del demandante, ante ello debemos indicar que no se ha considerado
que ha cumplido a cabalidad con el abono de este concepto de cada
uno de los trabajadores con arreglo a las disposiciones contenidas en el
Decreto Legislativo N° 650, así como de las Convenciones Colectivas de
Trabajo, cumpliendo con otorgarle al demandante oportunamente las
copias de las hojas de las liquidaciones de compensación por tiempo de
servicios, las mismas que les eran depositadas y de conocimiento del
trabajador. Y no habiendo sido impugnadas tienen carácter
cancelatorio en su oportunidad, lo cual no ha sido considerado por el
Juez al realizar las liquidaciones de la compensación por tiempo de
servicios, los cuales demuestran que la demandada le entregó al
demandante en su debida oportunidad las liquidaciones de la CTS y la
reserva acumulada, toda vez que, en ellas se consigna la firma y huella
del accionante, por lo que, no se podría pretender incrementar
liquidaciones que ya se han dado por canceladas.
3. Debe tenerse en cuenta que, el incremento de FONAVI que se estaría
adicionando a la CTS, fue otorgado por la Ley N° 25981, la cual se
encontró vigente hasta el 18 de mayo de 1998, fecha anterior a la que
mi representada fue empleador del demandante. No habiéndose, tenido
presente en la impugnada que dicho cálculo tampoco puede efectuarse
hasta la fecha del cese, cuando el derecho se dejó sin efecto en el año
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
1998. Sin perjuicio de lo manifestado, no se ha tenido en cuenta el
Informe presentado por CENTROMIN con fecha 18 de octubre del 2016,
en el que se evidencia que dicha empresa cumplió oportunamente con
el incremento del concepto de FONAVI en su remuneración el cual
repercutió en las liquidaciones de CTS, que se han liquidado
debidamente en su oportunidad. En relación al reintegro por FONAVI
10%, en la sentencia impugnada se aprecia en el considerando octavo
que la Ley N° 25981, estuvo vigente desde el 01 de mayo de 19993
hasta el 18 de mayo de 1998, fecha anterior a la que mi representada
fuera empleador del demandante, por cuanto no se podría imputar
dicho incremento a mi representada. No habiéndose tenido presente en
la impugnada que dicho cálculo tampoco puede efectuarse hasta la
fecha de cese, cuando el derecho se dejó sin efecto en 1998.
4. En cuanto al pago del 3.3% SNP, se estableció en el considerando
décimo que no aparece que se haya cumplido con el aumento del 3.3%
de la Ley N° 26504, se otorgó a partir de agosto de 1995, no teniendo
en cuenta que este incremento se dio cuando el trabajador tenía como
empleador a CENTROMIN, es decir, al momento de la aplicación del
incremento del 3.3% el demandante no era trabajador de mi
representada lo cual no ha sido considerado en la sentencia, además
que se encuentra debidamente acreditado con las planillas de pago que
sí se cumplió con otorgar el incremento de 3.3% conforme a Ley.
Haciéndose un cálculo errado considerando beneficios convencionales
que ya han sido considerados en su momento sin hacer la distinción
que no todos los beneficios son computables.
5. Respecto del reintegro de gratificaciones, en la sentencia impugnada de
igual forma se estimó que los incrementos por FONAVI 10% y SNP
3.3%, debieron ser considerados para el cálculo de las gratificaciones,
los cuales fueron debidamente pagados, conforme se aprecia de la Hoja
de Liquidación de Beneficios Sociales, por lo que, no se adeuda monto
alguno al actor. En la sentencia se establece que este beneficio resulta
de aplicación sea cual fuere la modalidad del contrato de trabajo y
tiempo de prestación de servicios del trabajador, asimismo, el artículo
2° establece que el monto de cada una de las gratificaciones es
equivalente a las remuneraciones que percibía el trabajador en la
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio,
consecuentemente, no se ha realizado una debida valoración de los
medios probatorios considerando que no se cumplió con los pagos,
cuando de las planillas, liquidaciones y boletas de pago, así como de la
liquidación de beneficios sociales, se acredite que se ha cumplido
conforme a Ley, por lo que, se deberá revocar la impugnada.
6. Respecto al reintegro de vacaciones, en la sentencia impugnada se
considera que de igual forma, que los incrementos por FONAVI 10% y
SNP 3.3%, debieron ser considerados para el cálculo de las
gratificaciones del demandante; los cuales fueron debidamente
pagados, conforme se aprecia de la hoja de liquidación de beneficios
sociales, por lo que, no se adeuda monto alguno por dicho concepto al
actor. Se hace un cálculo que no corresponde, sin tener en cuenta que
se ha considerado todos los conceptos que por Ley le corresponde en
las vacaciones, volviendo a liquidar indebidamente por periodos que no
corresponden. En consecuencia, no se ha realizado una debida
valoración de los medios probatorios considerando que no se cumplió
con los pagos, cuando de las planillas, liquidaciones y boletas de pago,
así como de la liquidación de beneficios sociales se acredita que se ha
cumplido conforme a Ley.
7. Finalmente, también se reconoce en el décimo tercer considerando un
monto de S/. 1,481.00 por concepto de ONP, el cual no ha sido
fundamentado; sin embargo, forma parte del monto liquidado,
incumpliendo el Principio de Congruencia.
RAZONAMIENTO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el
recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o
parcialmente.
SEGUNDO: Los principios dispositivos y de congruencia procesal que rigen el
recurso de apelación, significa que este órgano superior revisor, al resolver la
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
apelación, deberá pronunciarse sólo sobre aquellas pretensiones o agravios
invocados por el impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la
resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista apelación o
adhesión de la otra parte.
Consideraciones del Tribunal Unipersonal:
TERCERO: Respecto del primer agravio en relación a la forma de pago, el
apelante señala como agravio que en la sentencia se ha determinado que las
codemandadas deberían responder en forma solidaria, lo que no sería correcto,
pues correspondería que se ordene el pago mancomunado. Al respecto, es de
indicar que, de la lectura de la sentencia, específicamente del considerando
quinto, se aprecia que el Juez señaló: “5.2 Del contrato de transferencia. (…). Es
así que, del tenor de la referida estipulación contractual se aprecia claramente
que el régimen de cumplimiento de obligaciones y asunción de responsabilidades
entre Centromin y Doe Run Perú S.R.L, no contempló la solidaridad sino la
mancomunidad respecto de los adeudos que se generen durante el concreto
periodo por el cual cada una desempeño el rol de empleador de sus
trabajadores”, es así, teniendo en cuenta lo citado anteriormente, queda claro
que el Juez no determinó la responsabilidad solidaria como señala el apelante,
por ende, este agravio carece de fundamento.
CUARTO: Respecto del segundo y tercer agravio, de la lectura de éstos se
entiende que el apelante básicamente señala que no se ha considerado que ha
cumplido a cabalidad con el abono de la CTS con arreglo a las disposiciones
contenidas en el Decreto Legislativo N° 650, cumpliendo con otorgarle al
demandante oportunamente las copias de las hojas de las liquidaciones, por lo
que, al no haber sido impugnadas tienen carácter cancelatorio; que el
incremento de FONAVI fue otorgado por la Ley N° 25981, el cual se encontró
vigente hasta el 18 de mayo de 1998, fecha anterior a la que su representada
fue empleador del demandante, indica además que no se ha tenido presente
que dicho cálculo tampoco puede efectuarse hasta la fecha del cese porque el
derecho se dejó sin efecto en 1998 y no se ha tenido en cuenta el Informe
presentado por CENTROMIN con fecha 18 de octubre del 2016, se evidencia
que dicha empresa cumplió oportunamente con el incremento del concepto de
FONAVI en su remuneración el cual repercutió en las liquidaciones de CTS.
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SENTENCIA DE VISTA
QUINTO: Al respecto, es de indicar en relación a la calidad remunerativa del
concepto FONAVI que conforme al artículo 24° de la Constitución Política, el
pago de la remuneración constituye un derecho de naturaleza fundamental, y
de acuerdo al artículo 6° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
constituye remuneración el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus
servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o la denominación
que se le dé, siempre que sea de su libre disposición, concepción que se
enmarca dentro de la teoría del salario como conjunto de percepciones
económicas del trabajador, la cual ha sido recogida también por el
ordenamiento laboral español (artículo 26° de la Ley del Estatuto de
Trabajadores de España) y en la mayoría de los ordenamientos de
Latinoamérica. En virtud a esta teoría, legalmente recogida en nuestro
ordenamiento, el salario consiste en la totalidad de las percepciones
económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya sea que retribuyan el
trabajo efectivo o los períodos de descanso.
SEXTO: En concordancia con lo señalado respecto a la remuneración,
Monereo Pérez, sostiene que la remuneración que se otorga al trabajador en
contraprestación por sus servicios tiene un carácter “totalizador” y de “vis
atractiva” o de concepción total y comprensiva de cuantos beneficios perciba
como contraprestación de sus servicios (Monereo Pérez, José Luis. Algunas
reflexiones sobre la caracterización técnico-jurídica del Derecho del Trabajo.
Madrid, 1996, pg.13), por lo que se entiende que todo aquello que se devenga
en contraprestación a los servicios del trabajador tiene carácter de
remuneración.
SÉPTIMO: Señalado lo anterior, tenemos que en cuanto al pago por
incremento por FONAVI, cabe precisar que la contribución al Fondo Nacional
de Vivienda-FONAVI, fue creada mediante Decreto Ley N° 22591, de fecha 1 de
julio de 1979, con la finalidad de facilitar la adquisición de viviendas por parte
de los trabajadores. Posteriormente, con el Decreto Ley N° 25981, vigente a
partir del 1 de enero de 1993, se modificó la tasa de la contribución al FONAVI,
a cargo de los trabajadores dependientes, y mediante su artículo 2° se
estableció que: “Los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están
afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de
diciembre, tendrán derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento sería equivalente al 10% de la
parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 que esté afecto a la
contribución al FONAVI”.
OCTAVO: Es decir que el Estado con el afán que los trabajadores
dependientes, aportantes al FONAVI no vean mermados sus ingresos,
estableció un incremento correspondiente al 10% del haber mensual del mes de
enero de 1993, lo que en buena cuenta, significó un incremento en las
remuneraciones de los trabajadores peruanos, por ello es posible concluir que
el referido incremento, si bien posee carácter retributivo, al haberse otorgado
como contraprestación por el trabajo desempeñado, este tuvo que haberse
incrementado en enero de 1993, cuando el actor tenía como empleador a
Centromin.
NOVENO: Del cuarto agravio, referido al incremento del 3.3%, la parte apelante
también señala que este incremento se dio cuando el trabajador tenía como
empleador a CENTROMIN, además que se encuentra debidamente acreditado
con las planillas de pago que sí se cumplió con otorgar el incremento de 3.3%
conforme a Ley y que se realizó un cálculo errado considerando beneficios
convencionales que ya han sido considerados en su momento sin hacer la
distinción que no todos los beneficios son computables.
DÉCIMO: En efecto, en relación a estos extremos, referidos a los reintegros de:
1) FONAVI, se tiene que mediante el artículo 2° del Decreto Ley N° 25981, se
dispuso que los trabajadores cuyas remuneraciones estén afectas a la
contribución al FONAVI tendrán derecho a percibir un aumento de
remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993, equivalente al 10% de la
parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 y del 01 de mayo de
1993, que esté afecto a la contribución al FONAVI, siendo entonces, que a
partir de esa fecha, el incremento pasó a ser parte de su remuneración, y, 2)
Por incremento de 3.3% dispuesto por la Ley Nº 26504, de fecha 18 de julio
de 1995, que establecía en su artículo 5º, que: “La remuneración de los
trabajadores asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones a que
se refiere el Decreto Ley Nº 19990 se incrementará en un 3.3%”; el mismo que
entró en vigencia a partir del 01 de agosto de 1995.
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SENTENCIA DE VISTA
UNDÉCIMO: Respecto a los incrementos citados en el considerando anterior, el
primero de ellos correspondía que debía otorgarse desde enero del 1993, en los
que según manifestación del propio demandante en su escrito postulatorio, la
demandada cumplió con otorgarle, para luego considerarlo en el básico desde
1993, sin embargo el demandante solicita el reintegro del mismo, pues
considera que el monto del incremento fue mayor; lo mismo sucede con el otro
incremento dispuesto por la Ley Nº 26504, que se efectuó en agosto de 1995,
sobre el cual también sostiene que realizó un pago diminuto; sin embargo, debe
recordarse que sobre estos mismos extremos el demandante ya había
interpuesto una demanda representado por su Sindicato, el mismo que
concluyó por desistimiento de la pretensión, lo que de acuerdo a lo previsto en
el artículo 344° del Código Procesal Civil, produce los efectos de una
demanda infundada con la calidad de cosa juzgada, lo que ha sido resuelto
por esta Superior Sala mediante Sentencia de Vista del 26 de agosto de
2021, precisando que dichos reclamos alcanzan hasta 1997, es decir,
jurídicamente se entiende que al demandante se le pagó los incrementos
demandados, de acuerdo a ley y que no existe reintegro alguno; entonces,
tampoco existe reintegro alguno con respecto a periodo de 1998 a 2003, por
ende, se estiman los agravios invocados y se revoca la sentencia a infundada
respecto al monto otorgado por FONAVI en tanto que el incremento del 3.3% no
ha sido otorgado.
DUODÉCIMO: Ahora, en relación a los reintegros por CTS y Gratificaciones,
la parte apelante señala que tales reintegros obedecen a los incrementos por
FONAVI 10% y SNP 3.3%; sin embargo, es de indicar que de la lectura del
considerando noveno y décimo primero sobre reintegro de CTS y gratificaciones,
respectivamente, se observa que el Juez para su otorgamiento no sustentó en lo
referido por dicha parte, sino señaló que en la liquidación se incluyen los
conceptos establecidos en el numeral 8.3 de la sentencia, que tienen naturaleza
remunerativa y computable y que no fueron incluidos, como se aprecia a fojas
589, debiéndose tener en cuenta además que la parte apelante no ha
cuestionado en concreto los conceptos establecidos ni los montos otorgados en
estos extremos. Por lo que, se desestiman dichos agravios.
DECIMOTERCERO: Respecto al agravio referido al reintegro de vacaciones, es
de señalar que, en la sentencia apelada se ha desarrollado en el considerando
décimo segundo el Reintegro de Gratificación Vacacional, el cual ha sido
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SENTENCIA DE VISTA
desestimado, como se aprecia a fojas 590, por ende, al no haberse amparado
esta pretensión, evidentemente no existe el agravio en contra del apelante.
DECIMOCUARTO: Finalmente, respecto del agravio sobre que, en el décimo
tercer considerando, se establece un monto de S/. 1,481.00 por concepto de
ONP, el cual no ha sido fundamentado. Al respecto, es de indicar que de la
lectura de la sentencia se observa que en el décimo tercer considerando sobre
el Reintegro de Incremento de SNP 3.3% -ONP, el A quo declaró infundada esta
pretensión, y no ordeno el pago del referido monto como alega el apelante, por
lo que este agravio carece de sustento.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el numeral 2) del
artículo 5º de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636, este Tribunal Unipersonal,
con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO:
1. REVOCAR la Resolución Nº 44, que contienen la Sentencia N°00187-
2021-26° JETTL, de fecha 30 de diciembre del 2021, obrante a folios
573 a 591 del expediente, en el extremo que ordenó el pago por
reintegro del 10% de FONAVI y , REFORMANDOLA, se declara
Infundado este extremo.
2. CONFIRMAR la Resolución Nº 44, que contienen la Sentencia
N°00187-2021-26° JETTL, de fecha 30 de diciembre del 2021, obrante a
folios 573 a 591 del expediente, en el extremo que declaró: sustraída la
materia del ámbito jurisdiccional y concluido el proceso sin
declaración sobre el fondo, respecto a la pretensión de reintegro de
compensación por tiempo de servicios oponible a CENTROMIN
PERÚ S.A., el cual va desde el 02 de julio de 1970 hasta el octubre
de 1997.
3. CONFIRMAR la Resolución Nº 44, que contienen la Sentencia
N°00187-2021-26° JETTL, de fecha 30 de diciembre del 2021, obrante a
folios 573 a 591 del expediente, en el extremo que declaró FUNDADA
EN PARTE la demanda sobre pago de beneficios económicos. En
consecuencia, se ordena que la demandada DOE RUN PERU S.R.L.
cumpla con pagar a favor de la parte demandante la suma de US$ 5.64
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SENTENCIA DE VISTA
DÓLARES AMERICANOS por concepto de reintegro de compensación
por tiempo de servicios y S/. 1,360.50 (MIL TRESCIENTOS SESENTA
CON 50/100 SOLES) por el concepto de reintegros de gratificaciones
legales. Más intereses legales y financieros que se liquidarán en
ejecución de sentencia. Con costas y costos del proceso.
En los seguidos por SEGURA POMA EUGENIO contra DOE RUN PERU SRL y
otro, sobre incumplimiento de disposiciones y normas laborales, y devuélvanse
los autos al Juzgado de origen. Notifíquese. -
QUILCA MOLINA
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SENTENCIA DE VISTA
Expediente N° : 00321-2004-0-1801-JR-LA-16
Demandante : EUGENIO SEGURA POMA
Demandado : DOE RUN PERU SRL y otro.
Materia : Pago de Beneficios Sociales
Juzgado : 26° Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de
Lima
Vista de Causa : 24.05.2022
RESOLUCIÓN N° 48
Lima, 24 de agosto del 2022.
Observando las formalidades previstas por los artículos
131° y 132° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e
interviniendo como Tribunal Unipersonal la Juez Superior Quilca Molina, esta
Sala Laboral emite la siguiente decisión judicial:
a) MATERIA:
Vino en revisión, por apelación de la demandada
La Resolución N° 44, que contienen la Sentencia N°00187-2021-26°
JETTL, de fecha 30 de diciembre del 2021, obrante a folios 573 a 591 del
expediente, mediante la cual se declaró: sustraída la materia del ámbito
jurisdiccional y concluido el proceso sin declaración sobre el fondo,
respecto a la pretensión de reintegro de compensación por tiempo de
servicios oponible a CENTROMIN PERÚ S.A., el cual va desde el 02 de
julio de 1970 hasta el octubre de 1997; y FUNDADA EN PARTE la
demanda interpuesta por EUGENIO SEGURA POMA contra DOE RUN
PERU S.R.L., sobre pago de beneficios económicos. En consecuencia, se
ordena que la demandada DOE RUN PERU S.R.L. cumpla con pagar a
favor de la parte demandante la suma de US$ 5.64 DÓLARES
AMERICANOS y S/. 2,266.31 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
SEIS CON 31/100 SOLES) por el concepto de reintegros de
compensación por tiempo de servicios (US$ 5.64), reintegro de
gratificaciones legales (S/.1360.50) y reintegro de incremento 10% de
FONAVI (S/. 905.81). Más intereses legales y financieros que se
liquidarán en ejecución de sentencia. Con costas y costos del proceso.
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b) ANTECEDENTES:
El demandante postula como pretensión que las codemandadas le paguen
la suma de S/. 59,418.15, por los conceptos de reintegro de incremento
de FONAVI, reintegro de gratificaciones, incremento de IPSS-ONP,
gratificaciones vacacionales, entre otros, sustenta su demanda señalando
que ingresó a laborar para CENTROMIN PERU SA desde el 02 de julio de
1970 al 22 de octubre de 1997, y que con fecha 23 de octubre de 1997 se
produjo una transferencia a favor de la empresa Doe Run Perú SRL, lo
cual significó la continuación del vínculo laboral; se corre traslado a la
demandada CENTROMIN DEL PERU SA, contestó la demanda negando
que le adeude suma alguna al actor; DOE RUN PERU SRL, mediante
escrito inserto de fojas 244 a 251, contestó la demanda indicando que no
le adeuda reintegro al actor por los conceptos que pretende. Luego, en la
Audiencia Única, de fecha 16 de enero del 2016, se declaró saneado el
proceso, no prosperando la conciliación se fijaron los puntos
controvertidos y actuaron los medios probatorios. Seguido el proceso, el A
quo emitió la Sentencia del 16 de setiembre del 2016, la que apelada fue
elevada a la Primera Sala Laboral Transitoria, la que, a través de la
Sentencia de Vista del 26 de agosto del 2021, declaró Nula la sentencia
apelada; devueltos los autos el Juez emitió la Sentencia del 30 de
diciembre del 2021, la que es apelada por DOE RUN PERU SRL EN
LIQUIDACIÓN, conforme se aprecia de fojas 600 a 609.
c) AGRAVIOS:
Contra la Sentencia DOE RUN PERU SRL EN LIQUIDACION, alega que:
1. La sentencia impugnada en el sexto considerando establece el grado
responsabilidad de las demandadas, señalando: “SEXTO: En lo que
respecta al GRADO DE RESPONSABILIDAD de las demandadas: Si bien
es cierto que la empresa Doe Run Perú S.R.L señala con fecha 24 de
octubre de 1997, suscribió un contrato de transferencia (…)”, el mismo
que conforme es de verse se determina por los periodos en que cada
una de las empresas fue empleador, considerando inclusive en el
numeral 8.4 el Contrato de Transferencia de Acciones celebrado entre
CENTROMIN y DRP, en el que expresamente se establece que
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SENTENCIA DE VISTA
CENTROMIN PERU, asumirá y será responsable de cualquier
obligación legal o convencional generada por el vínculo laboral con los
trabajadores, lo cual no significa, que no exista la continuidad en la
labor desempeñada por el ex trabajador. De igual forma, se comete
error al determinar que el trabajador no puede verse perjudicado por el
acuerdo establecido entre las codemandadas, ya que, es ajeno a dicho
acuerdo, determinando además que la obligación se asumirá en forma
solidaria entre las codemandadas, debiendo ser en forma
mancomunada, cada una por el periodo en que fuera empleador del
demandante, correspondiendo asumir a mi representada cualquier
adeudo a favor del demandante recién a partir del 23 de octubre de
1998.
2. Respecto de la Compensación de Tiempo de Servicios, en el
considerando séptimo se ha determinado el pago de reintegro a favor
del demandante, ante ello debemos indicar que no se ha considerado
que ha cumplido a cabalidad con el abono de este concepto de cada
uno de los trabajadores con arreglo a las disposiciones contenidas en el
Decreto Legislativo N° 650, así como de las Convenciones Colectivas de
Trabajo, cumpliendo con otorgarle al demandante oportunamente las
copias de las hojas de las liquidaciones de compensación por tiempo de
servicios, las mismas que les eran depositadas y de conocimiento del
trabajador. Y no habiendo sido impugnadas tienen carácter
cancelatorio en su oportunidad, lo cual no ha sido considerado por el
Juez al realizar las liquidaciones de la compensación por tiempo de
servicios, los cuales demuestran que la demandada le entregó al
demandante en su debida oportunidad las liquidaciones de la CTS y la
reserva acumulada, toda vez que, en ellas se consigna la firma y huella
del accionante, por lo que, no se podría pretender incrementar
liquidaciones que ya se han dado por canceladas.
3. Debe tenerse en cuenta que, el incremento de FONAVI que se estaría
adicionando a la CTS, fue otorgado por la Ley N° 25981, la cual se
encontró vigente hasta el 18 de mayo de 1998, fecha anterior a la que
mi representada fue empleador del demandante. No habiéndose, tenido
presente en la impugnada que dicho cálculo tampoco puede efectuarse
hasta la fecha del cese, cuando el derecho se dejó sin efecto en el año
3
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SENTENCIA DE VISTA
1998. Sin perjuicio de lo manifestado, no se ha tenido en cuenta el
Informe presentado por CENTROMIN con fecha 18 de octubre del 2016,
en el que se evidencia que dicha empresa cumplió oportunamente con
el incremento del concepto de FONAVI en su remuneración el cual
repercutió en las liquidaciones de CTS, que se han liquidado
debidamente en su oportunidad. En relación al reintegro por FONAVI
10%, en la sentencia impugnada se aprecia en el considerando octavo
que la Ley N° 25981, estuvo vigente desde el 01 de mayo de 19993
hasta el 18 de mayo de 1998, fecha anterior a la que mi representada
fuera empleador del demandante, por cuanto no se podría imputar
dicho incremento a mi representada. No habiéndose tenido presente en
la impugnada que dicho cálculo tampoco puede efectuarse hasta la
fecha de cese, cuando el derecho se dejó sin efecto en 1998.
4. En cuanto al pago del 3.3% SNP, se estableció en el considerando
décimo que no aparece que se haya cumplido con el aumento del 3.3%
de la Ley N° 26504, se otorgó a partir de agosto de 1995, no teniendo
en cuenta que este incremento se dio cuando el trabajador tenía como
empleador a CENTROMIN, es decir, al momento de la aplicación del
incremento del 3.3% el demandante no era trabajador de mi
representada lo cual no ha sido considerado en la sentencia, además
que se encuentra debidamente acreditado con las planillas de pago que
sí se cumplió con otorgar el incremento de 3.3% conforme a Ley.
Haciéndose un cálculo errado considerando beneficios convencionales
que ya han sido considerados en su momento sin hacer la distinción
que no todos los beneficios son computables.
5. Respecto del reintegro de gratificaciones, en la sentencia impugnada de
igual forma se estimó que los incrementos por FONAVI 10% y SNP
3.3%, debieron ser considerados para el cálculo de las gratificaciones,
los cuales fueron debidamente pagados, conforme se aprecia de la Hoja
de Liquidación de Beneficios Sociales, por lo que, no se adeuda monto
alguno al actor. En la sentencia se establece que este beneficio resulta
de aplicación sea cual fuere la modalidad del contrato de trabajo y
tiempo de prestación de servicios del trabajador, asimismo, el artículo
2° establece que el monto de cada una de las gratificaciones es
equivalente a las remuneraciones que percibía el trabajador en la
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SENTENCIA DE VISTA
oportunidad en que corresponde otorgar el beneficio,
consecuentemente, no se ha realizado una debida valoración de los
medios probatorios considerando que no se cumplió con los pagos,
cuando de las planillas, liquidaciones y boletas de pago, así como de la
liquidación de beneficios sociales, se acredite que se ha cumplido
conforme a Ley, por lo que, se deberá revocar la impugnada.
6. Respecto al reintegro de vacaciones, en la sentencia impugnada se
considera que de igual forma, que los incrementos por FONAVI 10% y
SNP 3.3%, debieron ser considerados para el cálculo de las
gratificaciones del demandante; los cuales fueron debidamente
pagados, conforme se aprecia de la hoja de liquidación de beneficios
sociales, por lo que, no se adeuda monto alguno por dicho concepto al
actor. Se hace un cálculo que no corresponde, sin tener en cuenta que
se ha considerado todos los conceptos que por Ley le corresponde en
las vacaciones, volviendo a liquidar indebidamente por periodos que no
corresponden. En consecuencia, no se ha realizado una debida
valoración de los medios probatorios considerando que no se cumplió
con los pagos, cuando de las planillas, liquidaciones y boletas de pago,
así como de la liquidación de beneficios sociales se acredita que se ha
cumplido conforme a Ley.
7. Finalmente, también se reconoce en el décimo tercer considerando un
monto de S/. 1,481.00 por concepto de ONP, el cual no ha sido
fundamentado; sin embargo, forma parte del monto liquidado,
incumpliendo el Principio de Congruencia.
RAZONAMIENTO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el
recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o
parcialmente.
SEGUNDO: Los principios dispositivos y de congruencia procesal que rigen el
recurso de apelación, significa que este órgano superior revisor, al resolver la
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apelación, deberá pronunciarse sólo sobre aquellas pretensiones o agravios
invocados por el impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la
resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista apelación o
adhesión de la otra parte.
Consideraciones del Tribunal Unipersonal:
TERCERO: Respecto del primer agravio en relación a la forma de pago, el
apelante señala como agravio que en la sentencia se ha determinado que las
codemandadas deberían responder en forma solidaria, lo que no sería correcto,
pues correspondería que se ordene el pago mancomunado. Al respecto, es de
indicar que, de la lectura de la sentencia, específicamente del considerando
quinto, se aprecia que el Juez señaló: “5.2 Del contrato de transferencia. (…). Es
así que, del tenor de la referida estipulación contractual se aprecia claramente
que el régimen de cumplimiento de obligaciones y asunción de responsabilidades
entre Centromin y Doe Run Perú S.R.L, no contempló la solidaridad sino la
mancomunidad respecto de los adeudos que se generen durante el concreto
periodo por el cual cada una desempeño el rol de empleador de sus
trabajadores”, es así, teniendo en cuenta lo citado anteriormente, queda claro
que el Juez no determinó la responsabilidad solidaria como señala el apelante,
por ende, este agravio carece de fundamento.
CUARTO: Respecto del segundo y tercer agravio, de la lectura de éstos se
entiende que el apelante básicamente señala que no se ha considerado que ha
cumplido a cabalidad con el abono de la CTS con arreglo a las disposiciones
contenidas en el Decreto Legislativo N° 650, cumpliendo con otorgarle al
demandante oportunamente las copias de las hojas de las liquidaciones, por lo
que, al no haber sido impugnadas tienen carácter cancelatorio; que el
incremento de FONAVI fue otorgado por la Ley N° 25981, el cual se encontró
vigente hasta el 18 de mayo de 1998, fecha anterior a la que su representada
fue empleador del demandante, indica además que no se ha tenido presente
que dicho cálculo tampoco puede efectuarse hasta la fecha del cese porque el
derecho se dejó sin efecto en 1998 y no se ha tenido en cuenta el Informe
presentado por CENTROMIN con fecha 18 de octubre del 2016, se evidencia
que dicha empresa cumplió oportunamente con el incremento del concepto de
FONAVI en su remuneración el cual repercutió en las liquidaciones de CTS.
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QUINTO: Al respecto, es de indicar en relación a la calidad remunerativa del
concepto FONAVI que conforme al artículo 24° de la Constitución Política, el
pago de la remuneración constituye un derecho de naturaleza fundamental, y
de acuerdo al artículo 6° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
constituye remuneración el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus
servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean la forma o la denominación
que se le dé, siempre que sea de su libre disposición, concepción que se
enmarca dentro de la teoría del salario como conjunto de percepciones
económicas del trabajador, la cual ha sido recogida también por el
ordenamiento laboral español (artículo 26° de la Ley del Estatuto de
Trabajadores de España) y en la mayoría de los ordenamientos de
Latinoamérica. En virtud a esta teoría, legalmente recogida en nuestro
ordenamiento, el salario consiste en la totalidad de las percepciones
económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya sea que retribuyan el
trabajo efectivo o los períodos de descanso.
SEXTO: En concordancia con lo señalado respecto a la remuneración,
Monereo Pérez, sostiene que la remuneración que se otorga al trabajador en
contraprestación por sus servicios tiene un carácter “totalizador” y de “vis
atractiva” o de concepción total y comprensiva de cuantos beneficios perciba
como contraprestación de sus servicios (Monereo Pérez, José Luis. Algunas
reflexiones sobre la caracterización técnico-jurídica del Derecho del Trabajo.
Madrid, 1996, pg.13), por lo que se entiende que todo aquello que se devenga
en contraprestación a los servicios del trabajador tiene carácter de
remuneración.
SÉPTIMO: Señalado lo anterior, tenemos que en cuanto al pago por
incremento por FONAVI, cabe precisar que la contribución al Fondo Nacional
de Vivienda-FONAVI, fue creada mediante Decreto Ley N° 22591, de fecha 1 de
julio de 1979, con la finalidad de facilitar la adquisición de viviendas por parte
de los trabajadores. Posteriormente, con el Decreto Ley N° 25981, vigente a
partir del 1 de enero de 1993, se modificó la tasa de la contribución al FONAVI,
a cargo de los trabajadores dependientes, y mediante su artículo 2° se
estableció que: “Los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están
afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de
diciembre, tendrán derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir
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del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento sería equivalente al 10% de la
parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 que esté afecto a la
contribución al FONAVI”.
OCTAVO: Es decir que el Estado con el afán que los trabajadores
dependientes, aportantes al FONAVI no vean mermados sus ingresos,
estableció un incremento correspondiente al 10% del haber mensual del mes de
enero de 1993, lo que en buena cuenta, significó un incremento en las
remuneraciones de los trabajadores peruanos, por ello es posible concluir que
el referido incremento, si bien posee carácter retributivo, al haberse otorgado
como contraprestación por el trabajo desempeñado, este tuvo que haberse
incrementado en enero de 1993, cuando el actor tenía como empleador a
Centromin.
NOVENO: Del cuarto agravio, referido al incremento del 3.3%, la parte apelante
también señala que este incremento se dio cuando el trabajador tenía como
empleador a CENTROMIN, además que se encuentra debidamente acreditado
con las planillas de pago que sí se cumplió con otorgar el incremento de 3.3%
conforme a Ley y que se realizó un cálculo errado considerando beneficios
convencionales que ya han sido considerados en su momento sin hacer la
distinción que no todos los beneficios son computables.
DÉCIMO: En efecto, en relación a estos extremos, referidos a los reintegros de:
1) FONAVI, se tiene que mediante el artículo 2° del Decreto Ley N° 25981, se
dispuso que los trabajadores cuyas remuneraciones estén afectas a la
contribución al FONAVI tendrán derecho a percibir un aumento de
remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993, equivalente al 10% de la
parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 y del 01 de mayo de
1993, que esté afecto a la contribución al FONAVI, siendo entonces, que a
partir de esa fecha, el incremento pasó a ser parte de su remuneración, y, 2)
Por incremento de 3.3% dispuesto por la Ley Nº 26504, de fecha 18 de julio
de 1995, que establecía en su artículo 5º, que: “La remuneración de los
trabajadores asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones a que
se refiere el Decreto Ley Nº 19990 se incrementará en un 3.3%”; el mismo que
entró en vigencia a partir del 01 de agosto de 1995.
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UNDÉCIMO: Respecto a los incrementos citados en el considerando anterior, el
primero de ellos correspondía que debía otorgarse desde enero del 1993, en los
que según manifestación del propio demandante en su escrito postulatorio, la
demandada cumplió con otorgarle, para luego considerarlo en el básico desde
1993, sin embargo el demandante solicita el reintegro del mismo, pues
considera que el monto del incremento fue mayor; lo mismo sucede con el otro
incremento dispuesto por la Ley Nº 26504, que se efectuó en agosto de 1995,
sobre el cual también sostiene que realizó un pago diminuto; sin embargo, debe
recordarse que sobre estos mismos extremos el demandante ya había
interpuesto una demanda representado por su Sindicato, el mismo que
concluyó por desistimiento de la pretensión, lo que de acuerdo a lo previsto en
el artículo 344° del Código Procesal Civil, produce los efectos de una
demanda infundada con la calidad de cosa juzgada, lo que ha sido resuelto
por esta Superior Sala mediante Sentencia de Vista del 26 de agosto de
2021, precisando que dichos reclamos alcanzan hasta 1997, es decir,
jurídicamente se entiende que al demandante se le pagó los incrementos
demandados, de acuerdo a ley y que no existe reintegro alguno; entonces,
tampoco existe reintegro alguno con respecto a periodo de 1998 a 2003, por
ende, se estiman los agravios invocados y se revoca la sentencia a infundada
respecto al monto otorgado por FONAVI en tanto que el incremento del 3.3% no
ha sido otorgado.
DUODÉCIMO: Ahora, en relación a los reintegros por CTS y Gratificaciones,
la parte apelante señala que tales reintegros obedecen a los incrementos por
FONAVI 10% y SNP 3.3%; sin embargo, es de indicar que de la lectura del
considerando noveno y décimo primero sobre reintegro de CTS y gratificaciones,
respectivamente, se observa que el Juez para su otorgamiento no sustentó en lo
referido por dicha parte, sino señaló que en la liquidación se incluyen los
conceptos establecidos en el numeral 8.3 de la sentencia, que tienen naturaleza
remunerativa y computable y que no fueron incluidos, como se aprecia a fojas
589, debiéndose tener en cuenta además que la parte apelante no ha
cuestionado en concreto los conceptos establecidos ni los montos otorgados en
estos extremos. Por lo que, se desestiman dichos agravios.
DECIMOTERCERO: Respecto al agravio referido al reintegro de vacaciones, es
de señalar que, en la sentencia apelada se ha desarrollado en el considerando
décimo segundo el Reintegro de Gratificación Vacacional, el cual ha sido
9
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
desestimado, como se aprecia a fojas 590, por ende, al no haberse amparado
esta pretensión, evidentemente no existe el agravio en contra del apelante.
DECIMOCUARTO: Finalmente, respecto del agravio sobre que, en el décimo
tercer considerando, se establece un monto de S/. 1,481.00 por concepto de
ONP, el cual no ha sido fundamentado. Al respecto, es de indicar que de la
lectura de la sentencia se observa que en el décimo tercer considerando sobre
el Reintegro de Incremento de SNP 3.3% -ONP, el A quo declaró infundada esta
pretensión, y no ordeno el pago del referido monto como alega el apelante, por
lo que este agravio carece de sustento.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el numeral 2) del
artículo 5º de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636, este Tribunal Unipersonal,
con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO:
1. REVOCAR la Resolución Nº 44, que contienen la Sentencia N°00187-
2021-26° JETTL, de fecha 30 de diciembre del 2021, obrante a folios
573 a 591 del expediente, en el extremo que ordenó el pago por
reintegro del 10% de FONAVI y , REFORMANDOLA, se declara
Infundado este extremo.
2. CONFIRMAR la Resolución Nº 44, que contienen la Sentencia
N°00187-2021-26° JETTL, de fecha 30 de diciembre del 2021, obrante a
folios 573 a 591 del expediente, en el extremo que declaró: sustraída la
materia del ámbito jurisdiccional y concluido el proceso sin
declaración sobre el fondo, respecto a la pretensión de reintegro de
compensación por tiempo de servicios oponible a CENTROMIN
PERÚ S.A., el cual va desde el 02 de julio de 1970 hasta el octubre
de 1997.
3. CONFIRMAR la Resolución Nº 44, que contienen la Sentencia
N°00187-2021-26° JETTL, de fecha 30 de diciembre del 2021, obrante a
folios 573 a 591 del expediente, en el extremo que declaró FUNDADA
EN PARTE la demanda sobre pago de beneficios económicos. En
consecuencia, se ordena que la demandada DOE RUN PERU S.R.L.
cumpla con pagar a favor de la parte demandante la suma de US$ 5.64
10
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA
SENTENCIA DE VISTA
DÓLARES AMERICANOS por concepto de reintegro de compensación
por tiempo de servicios y S/. 1,360.50 (MIL TRESCIENTOS SESENTA
CON 50/100 SOLES) por el concepto de reintegros de gratificaciones
legales. Más intereses legales y financieros que se liquidarán en
ejecución de sentencia. Con costas y costos del proceso.
En los seguidos por SEGURA POMA EUGENIO contra DOE RUN PERU SRL y
otro, sobre incumplimiento de disposiciones y normas laborales, y devuélvanse
los autos al Juzgado de origen. Notifíquese. -
QUILCA MOLINA
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You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE ICA
Juez: MIGUEL CAYO FALCONI
Fecha: 08/11/2018 09:06:55
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE VILLA
EXPEDIENTE : 00293-2006-51-1411-JR-LA-01
MATERIA : REPOSICION
JUEZ : MIGUEL CAYO FALCONI
CORTE SUPERIOR DE ICA
Secretario: PINEDA ESPINO JOSE
ROLANDO ESPECIALISTA : PINEDA ESPINO JOSE ROLANDO
Fecha: 08/11/2018 11:17:32
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : EMP COTTONIFICIO SUR PERU SAC
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC
DEMANDANTE : OCHOA LA ROSA, HUGO FELIX
RESOLUCIÓN NRO.03
Pisco, cinco de noviembre
Del año dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA al escrito N° 4528-2018 presentado por
el Banco INTERBANK: A lo informado, téngase presente y agréguese a los autos.
DADO CUENTA al escrito N° 4628-2018 presentado por la demandada Empresa
FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.: Al Principal: Téngase POR FORMULADA
LA OPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 02, en consecuencia, a
conocimiento de la parte demandante por el termino de TRES DÍAS, y con su
absolución o sin ella PÓNGASE los autos a despacho para resolver. Al Otrosí Digo:
Téngase presente. DADO CUENTA al escrito N° 4623-2018 presentado por el
BANCO CONTINENTAL: POR RECIBIDO el certificado de depósito judicial N°
2018056104552, por la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con
80/100 soles), en consecuencia, agréguese a los autos y póngase a conocimiento de las
partes. DADO CUENTA al escrito N° 4738-2018 presentado por el BANCO DE
CREDITO DEL PERU: POR RECIBIDO el certificado de depósito judicial N°
2018056104644, por la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con
80/100 soles), en consecuencia, agréguese a los autos y póngase a conocimiento de las
partes. DADO CUENTA al escrito N° 4740-2018 presentado por el demandante Hugo
Felix Ochoa La Rosa: A lo solicitado, resérvese su proveído hasta que se resuelva el
pedido de oposición contra la resolución N° 02. DADO CUENTA al escrito N° 5233-
2018 presentado por la demandada Empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.:
AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO; Al Principal: Primero.- Que mediante
resolución N° 02 de fecha quince de agosto del año dos mil dieciocho, se declaró
fundada la medida cautelar presentada por la parte demandante el cual ordeno trabar
embargo en forma de retención hasta por la suma de S/ 80,916.80, respecto a las
cuentas de ahorro y/o cuentas corrientes que pudiera tener la demandada FABRICA DE
TEJIDOS S.A.C., cursándose los oficios pertinentes al banco de Crédito del Perú,
BBVA Banco Continental, Banco INTERBANK y Banco SCOTIABANK; Segundo.-
Que, mediante certificado de depósito judicial N° 2018056104644, el Banco de Crédito
del Perú da cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° 02, y pone a disposición del
Juzgado la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles),
suma retenida de las cuentas de FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C., identificada
con RUC N° 20517336492; Tercero.- Que, mediante su escrito N° 5233-2018 de fecha
03 de octubre del presente, la Empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C., solicita
el levantamiento de la retención contenida en el certificado de depósito judicial N°
2018056104644, toda vez, que ya existiría una retención primigenia por el BBVA
Banco Continental y consignada ante este despacho con el certificado de depósito
judicial N° 2018056104552, por la misma suma. Cuarto: Que, estando a que existen
dos retenciones efectuadas por diferentes banco en las cuentas de la Empresa Fabrica de
Tejidos Pisco S.A.C., y estando a que ambos certificados retienen la suma solicitada por
este despacho, corresponde devolver el certificado de depósito judicial N°
2018056104644, por la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con
80/100 soles) retenido por el Banco de Crédito del Perú, por estas consideraciones; SE
RESUELVE: DEVOLVER el certificado de depósito judicial N° 2018056104644, por
la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles) a la parte
demandada Empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C; en consecuencia, ordeno
se ENDOSE Y ENTREGUE el mencionado depósito judicial a la parte solicitada.
Notifíquese con las formalidades de ley. | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE ICA
Juez: MIGUEL CAYO FALCONI
Fecha: 08/11/2018 09:06:55
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE VILLA
EXPEDIENTE : 00293-2006-51-1411-JR-LA-01
MATERIA : REPOSICION
JUEZ : MIGUEL CAYO FALCONI
CORTE SUPERIOR DE ICA
Secretario: PINEDA ESPINO JOSE
ROLANDO ESPECIALISTA : PINEDA ESPINO JOSE ROLANDO
Fecha: 08/11/2018 11:17:32
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : EMP COTTONIFICIO SUR PERU SAC
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC
DEMANDANTE : OCHOA LA ROSA, HUGO FELIX
RESOLUCIÓN NRO.03
Pisco, cinco de noviembre
Del año dos mil dieciocho.-
DADO CUENTA al escrito N° 4528-2018 presentado por
el Banco INTERBANK: A lo informado, téngase presente y agréguese a los autos.
DADO CUENTA al escrito N° 4628-2018 presentado por la demandada Empresa
FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.: Al Principal: Téngase POR FORMULADA
LA OPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 02, en consecuencia, a
conocimiento de la parte demandante por el termino de TRES DÍAS, y con su
absolución o sin ella PÓNGASE los autos a despacho para resolver. Al Otrosí Digo:
Téngase presente. DADO CUENTA al escrito N° 4623-2018 presentado por el
BANCO CONTINENTAL: POR RECIBIDO el certificado de depósito judicial N°
2018056104552, por la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con
80/100 soles), en consecuencia, agréguese a los autos y póngase a conocimiento de las
partes. DADO CUENTA al escrito N° 4738-2018 presentado por el BANCO DE
CREDITO DEL PERU: POR RECIBIDO el certificado de depósito judicial N°
2018056104644, por la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con
80/100 soles), en consecuencia, agréguese a los autos y póngase a conocimiento de las
partes. DADO CUENTA al escrito N° 4740-2018 presentado por el demandante Hugo
Felix Ochoa La Rosa: A lo solicitado, resérvese su proveído hasta que se resuelva el
pedido de oposición contra la resolución N° 02. DADO CUENTA al escrito N° 5233-
2018 presentado por la demandada Empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.:
AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO; Al Principal: Primero.- Que mediante
resolución N° 02 de fecha quince de agosto del año dos mil dieciocho, se declaró
fundada la medida cautelar presentada por la parte demandante el cual ordeno trabar
embargo en forma de retención hasta por la suma de S/ 80,916.80, respecto a las
cuentas de ahorro y/o cuentas corrientes que pudiera tener la demandada FABRICA DE
TEJIDOS S.A.C., cursándose los oficios pertinentes al banco de Crédito del Perú,
BBVA Banco Continental, Banco INTERBANK y Banco SCOTIABANK; Segundo.-
Que, mediante certificado de depósito judicial N° 2018056104644, el Banco de Crédito
del Perú da cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° 02, y pone a disposición del
Juzgado la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles),
suma retenida de las cuentas de FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C., identificada
con RUC N° 20517336492; Tercero.- Que, mediante su escrito N° 5233-2018 de fecha
03 de octubre del presente, la Empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C., solicita
el levantamiento de la retención contenida en el certificado de depósito judicial N°
2018056104644, toda vez, que ya existiría una retención primigenia por el BBVA
Banco Continental y consignada ante este despacho con el certificado de depósito
judicial N° 2018056104552, por la misma suma. Cuarto: Que, estando a que existen
dos retenciones efectuadas por diferentes banco en las cuentas de la Empresa Fabrica de
Tejidos Pisco S.A.C., y estando a que ambos certificados retienen la suma solicitada por
este despacho, corresponde devolver el certificado de depósito judicial N°
2018056104644, por la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con
80/100 soles) retenido por el Banco de Crédito del Perú, por estas consideraciones; SE
RESUELVE: DEVOLVER el certificado de depósito judicial N° 2018056104644, por
la suma de S/ 80,916.80 (ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles) a la parte
demandada Empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C; en consecuencia, ordeno
se ENDOSE Y ENTREGUE el mencionado depósito judicial a la parte solicitada.
Notifíquese con las formalidades de ley.<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
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CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00129-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP PROFUTURO ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
setiembre de 2006, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS SOLES CON 10/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 16 de octubre
de 2006 (folios 26-27), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00129-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP PROFUTURO ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
setiembre de 2006, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS SOLES CON 10/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 16 de octubre
de 2006 (folios 26-27), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00155-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
EMPLAZADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO REPR POR EL PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS
ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO, Y PROMOCION
DEL EMPLEO
REPRESENTANTE : SRA MARTHA DELGADO DE RIVERO PRESENTANTE
DE ESSALUD, TACNA
DEMANDADO : ESSALUD TACNA ,
DEMANDANTE : DELGADO DE LA FLOR CASTILLO, MARIA JESUS
Resolución Nro. 69
Tacna, doce de abril
del año dos mil dieciocho.-
DE OFICIO: VISTO Y CONSIDERANDO.- PRIMERO: Que la abstención es un acto inherente
al magistrado cuando se presentan motivos que perturban su función, con el objeto de
apartarse de conocer un determinado caso, en salvaguarda del principio jurisdiccional de
imparcialidad. SEGUNDO: Conforme al artículo 313° del Código Procesal Civil establece que
“Cuando se presentan motivos que perturban la función del Juez, éste, por decoro o
delicadeza, puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada, remitiendo el
expediente al Juez que debe conocer de su trámite (…)”. TERCERO: Que, la parte
demandante en el presente proceso María Delgado de la Flor Castilllo presenta escrito con el
cual solicita cumplimiento de sentencia, siendo firmado por el abogado Raúl Santiago Oxacopa
Quispe, el mismo que vendría ser compadre de Rogelio Zea Catacora Juez del Juzgado de
Trabajo Transitorio, por ser padrino de confirmación del hijo mayor del abogado. CUARTO:
Bajo tales premisas, se concluye que Raúl Santiago Oxacopa Quispe compadre del magistrado
que suscribe, por lo que corresponde al Juzgador abstenerse por decoro, dado que existe
perturbación para poder conocer este proceso. QUINTO: Que es deber del magistrado
apartarse del conocimiento del proceso, incluso cuando se generen motivos fundados en
decoro o delicadeza, pues la razón de la disposición legal en comentario es que el Juzgador
que tenga motivos que le perturben para conocer un proceso deba apartarse, máxime cuando
es un principio de la función jurisdiccional la imparcialidad; en tal sentido deben pasar los autos
al magistrado llamado por ley, en atención del artículo 313 del Código Procesal Civil, en
consecuencia SE RESUELVE: ABSTENERME del conocimiento del presente proceso,
debiendo en consecuencia remitirse los actuados al Juzgado Especializado de Trabajo de
Turno de Tacna (Primer o Tercer Juzgado de Trabajo de Tacna) para su conocimiento y el
trámite correspondiente de la presente causa, debiendo prescindirse de la notificación de la
presente resolución por razones de celeridad y economía procesal. Asimismo en atención al
Escrito Nº 006683-2018, mándese reservar a fin que sea atendido por el juzgado que conozca
el presente proceso. Hágase Saber.- | <|im_start|>system
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JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00155-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
EMPLAZADO : MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO REPR POR EL PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS
ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO, Y PROMOCION
DEL EMPLEO
REPRESENTANTE : SRA MARTHA DELGADO DE RIVERO PRESENTANTE
DE ESSALUD, TACNA
DEMANDADO : ESSALUD TACNA ,
DEMANDANTE : DELGADO DE LA FLOR CASTILLO, MARIA JESUS
Resolución Nro. 69
Tacna, doce de abril
del año dos mil dieciocho.-
DE OFICIO: VISTO Y CONSIDERANDO.- PRIMERO: Que la abstención es un acto inherente
al magistrado cuando se presentan motivos que perturban su función, con el objeto de
apartarse de conocer un determinado caso, en salvaguarda del principio jurisdiccional de
imparcialidad. SEGUNDO: Conforme al artículo 313° del Código Procesal Civil establece que
“Cuando se presentan motivos que perturban la función del Juez, éste, por decoro o
delicadeza, puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada, remitiendo el
expediente al Juez que debe conocer de su trámite (…)”. TERCERO: Que, la parte
demandante en el presente proceso María Delgado de la Flor Castilllo presenta escrito con el
cual solicita cumplimiento de sentencia, siendo firmado por el abogado Raúl Santiago Oxacopa
Quispe, el mismo que vendría ser compadre de Rogelio Zea Catacora Juez del Juzgado de
Trabajo Transitorio, por ser padrino de confirmación del hijo mayor del abogado. CUARTO:
Bajo tales premisas, se concluye que Raúl Santiago Oxacopa Quispe compadre del magistrado
que suscribe, por lo que corresponde al Juzgador abstenerse por decoro, dado que existe
perturbación para poder conocer este proceso. QUINTO: Que es deber del magistrado
apartarse del conocimiento del proceso, incluso cuando se generen motivos fundados en
decoro o delicadeza, pues la razón de la disposición legal en comentario es que el Juzgador
que tenga motivos que le perturben para conocer un proceso deba apartarse, máxime cuando
es un principio de la función jurisdiccional la imparcialidad; en tal sentido deben pasar los autos
al magistrado llamado por ley, en atención del artículo 313 del Código Procesal Civil, en
consecuencia SE RESUELVE: ABSTENERME del conocimiento del presente proceso,
debiendo en consecuencia remitirse los actuados al Juzgado Especializado de Trabajo de
Turno de Tacna (Primer o Tercer Juzgado de Trabajo de Tacna) para su conocimiento y el
trámite correspondiente de la presente causa, debiendo prescindirse de la notificación de la
presente resolución por razones de celeridad y economía procesal. Asimismo en atención al
Escrito Nº 006683-2018, mándese reservar a fin que sea atendido por el juzgado que conozca
el presente proceso. Hágase Saber.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Expediente : 8537-2007
Demandante : Pedro Effio Yaipén
Demandado : Marina de Guerra del Perú
Apelante : Demandante
SS. BELTRÁN PACHECO
CARRASCO ALARCÓN
TUPIÑO SALINAS
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, 03 de enero del 2020.
VISTOS: Interviniendo como ponente la Señora Jueza Superior Tupiño
Salinas; resulta de autos:
I. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:
La Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara improcedente la
solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante Pedro Effio Yaipén; y
conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la Corte Superior de
Justicia de Lima para su correspondiente custodia.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO:
Que mediante escrito de fecha siete de noviembre del 20181, el demandante argumenta como
agravios:
(i) Existe error de hecho al afirmar que solamente existen cinco casos de procedencia de la
devolución de arancel judicial, sin tener en consideración que el artículo 26 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, establece “(…) los órganos jurisdiccionales pueden ordenar la
devolución o habilitación, siempre y cuando sustenten su decisión bajo responsabilidad
funcional”.
1 Véase los folios 434-439.
1
(ii) “(…) existe error de interpretación de la norma al señalar (…) que según el artículo 29 del
Reglamento de Aranceles Judiciales señala “el término para solicitar la devolución de
aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario y para habilitarlos es de treinta
días hábiles”.
(iii) La Corte Suprema estableció que no debí realizar el pago por concepto de presentación
de casación, situación no advertida por el A quo al momento de resolver la nulidad de la
devolución del arancel judicial presentado en exceso.
III. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA SALA:
PRIMERO.- Conforme lo establece el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, las
resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la
acción contencioso administrativa; en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 27584, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1067, preceptúa que el proceso contencioso administrativo tiene
por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la
Administración Pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e
intereses de los administrados; concluyéndose, entonces, que todo administrado tiene derecho
a acudir al Órgano Jurisdiccional a solicitar tutela jurisdiccional efectiva al amparo de un debido
proceso en caso considere vulnerado sus derechos de parte de la Administración Pública.
SEGUNDO.- Asimismo, el artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al
presente proceso dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que
les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es
decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez Superior tiene la facultad de revisar y
decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por la Jueza de Primera Instancia.
TERCERO.- Revisados los actuados, se tiene que mediante escritos del 13 de junio del 2014
(folios 386) y 31 de julio del 2014 (folios 388), el demandante solicita la devolución del 50% del
arancel judicial por concepto de recurso de casación pagado en exceso (s/ 296.00 soles).
Con Resolución Nº 14, del 17 de septiembre del 20142, el Cuarto Juzgado especializado en lo
Contencioso Administrativo ordena devolver al demandante el cincuenta por ciento (% 50) del
monto del Arancel Judicial Nº 883339-1, del Banco de la Nación, por concepto de Recurso de
Nulidad y Casación, señalando textualmente que “(…) para tal efecto, el solicitante realizar las
gestiones correspondientes en la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la
Subgerencia de Recaudación Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, para los fines
consiguientes; y conforme el estado del proceso: remítase los autos al archivo central”.
2 Véase a folios xx.
2
Con escrito del 18 de abril del 2018, el actor reitera su petición de devolución del cincuenta por
ciento equivalente del arancel judicial por presentación de recurso de casación, devuelto a
través de la Resolución Nº 16, del 10 de agosto del 2018, a fin de que haga valer su derecho
donde corresponda, dejando copias certificadas en autos. Y por Resolución Nº 17, del 10 de
octubre del 2018, se declara la nulidad de oficio de la Resolución Nº 14, proveyendo los
escritos de 23 de mayo del 2014 y 13 de junio del 2014, y se declara improcedente lo
solicitado; y conforme al estado del proceso, se remiten los autos al archivo central para su
correspondiente custodia.
CUARTO.- Respecto al primer agravio expresado por el recurrente, se advierte que éste
cuestiona los supuestos a través de las cuales procede la devolución de los aranceles
judiciales; si bien resulta innegable que la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los jueces,
como administradores de justicia, habilitar y/o devolver un arancel judicial no utilizado, también
lo es, que en su intención de fijar los lineamientos bajo los cuales procederán dichas acciones,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 105-2018-CE-PJ,
que “Aprueba [el] Reglamento de Aranceles Judiciales” (en adelante El Reglamento),
estableciendo un numerus clausus de situaciones claramente definidas en su artículo 25º:
“a) Arancel judicial por Medida cautelar denegada y no impugnada: Procede la devolución del
50%, menos la comisión de la entidad financiera, b) Remate judicial: Cuando ha sido
suspendido o declarado nulo. No procede la devolución en caso haya sido declarado desierto
por falta de postores o cuando el interesado (postor), no participó en dicha diligencia por causa
atribuible a su persona, c) Exhorto no realizado: Cuando no se presta el servicio, al denegarse
la solicitud efectuada, d) Error en su presentación: Cuando ha sido presentado y sellado
equivocadamente por el Centro de Distribución General o Mesa de Partes de los órganos
jurisdiccionales y/o administrativos; y e) Nulidad de Acto Procesal no atribuible al
solicitante: Procede la devolución cuando el órgano jurisdiccional declara fundada la nulidad
por error o vicio procedimental no atribuible a la parte que solicita la devolución”. (El subrayado
es nuestro)
La Ley Nº 26846 encarga al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictar las resoluciones
administrativas que regulen el pago de las tasas judiciales; así cuando procede su devolución
total o parcial. Entonces, únicamente corresponde su devolución si se configura alguno de los
supuestos previstos por tratarse de una regla de mandato y no de carácter discrecional; no
siendo posible aplicar otro que no haya sido dispuesto. En tal sentido, no se aprecia que la
Jueza de la causa haya incurrido en error de hecho al afirmar que existen cinco supuestos para
la devolución de un arancel judicial.
QUINTO.- Con relación al segundo agravio, sobre la calidad de “arancel judicial no utilizado”
que se atribuye al Arancel Judicial Nº 883339-1, por concepto de Recurso de Nulidad y
3
Casación (fojas 372), aduciendo que sí fue utilizado (como obra dentro del expediente y no ha
sido entregado). En efecto, el artículo 24 del Reglamento, define como “Comprobante o
constancia de Pago No Utilizado” a aquel que “no contenga sello alguno que haga presumir
que fue UTILIZADO o RECIBIDO por algún Centro de Distribución (CDG) o Mesa de Partes de
los órganos jurisdiccionales y/o administrativos”, lógicamente, un comprobante de pago
utilixado será aquel del cual se desprenda sello de recepción por mesa de Partes o del Centro
de Distribución correspondiente. Revisados los autos, se advierte que el arancel judicial en
cuestión si fue utilizado dejándose constancia expresa en sello a folios 372, como alega el
actor; sin embargo, textualmente refiere el artículo 29° del Reglamento: “el plazo para solicitar
la devolución de aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario; y para utilizados, es
de treinta (30) días hábiles (…)”.
Se observa de los antecedentes del caso materia sub examine, que el arancel judicial de folios
372, si figura como utilizado, por lo cual resulta correcto afirmar que no fue utilizado, siendo
aplicable el plazo dispuesto en el primer párrafo del artículo 29 del Reglamento, de treinta días
hábiles; no obstante, aún cuando pudiera haberse solicitado la devolución del arancel dentro
del plazo de ley; lo cierto es que la razón fundamental por la que no procede su devolución, sea
total o parcial, es porque no está previsto como supuesto el pago por concepto de recurso de
casación.
SEXTO.- Como último agravio, el apelante refiere que el A quo no debió declarar la nulidad de
oficio de la Resolución Nº 12 (Nº 14 corregida), por cuanto existía un pronunciamiento de la
Corte Suprema que lo comprendía como sujeto “exonerado del pago de la tasa judicial según
el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Nº 27327”.
El hecho de que el actor se hallara exonerado del pago de la tasa judicial, como alega, no
significa que por ello se deba disponer su devolución, puesto que como se ha precisado solo
procede en los casos contemplados en el artículo 25° de la Resolución Administrativa N° 105-
2018-CE-PJ, en tal virtud al haberse detectado que la Resolución Nº 14 ordenaba la entrega
parcial del arancel judicial sin fundamento legal, es que el Juez de Primera Instancia procedió a
enmendar de oficio, subsanando el error de interpretación jurídica cometido, dado que
únicamente está autorizada la devolución del 50% del arancel judicial por medida cautelar y no
por recurso de casación, viciando de ese modo el acto procesal de nulidad insalvable; de esta
manera, el Colegiado no observa un error en el análisis jurídico efectuado.
SÉTIMO.- En ese orden de ideas, se puede concluir que el auto final apelado ha sido expedido
conforme a derecho; debido a que el Juez evaluó objetivamente y de acuerdo al marco jurídico
vigente y aplicable al caso materia de análisis, por lo que corresponde confirmar la resolución
apelada.
4
Por tales consideraciones y en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley.
DECISIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara
improcedente la solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante
Pedro Effio Yaipén; y conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la
Corte Superior de Justicia de Lima para su correspondiente custodia. En los seguidos por
Pedro Effio Yaipén contra la Marina de Guerra del Perú. Notifíquese.
SS.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Expediente : 8537-2007
Demandante : Pedro Effio Yaipén
Demandado : Marina de Guerra del Perú
Apelante : Demandante
SS. BELTRÁN PACHECO
CARRASCO ALARCÓN
TUPIÑO SALINAS
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, 03 de enero del 2020.
VISTOS: Interviniendo como ponente la Señora Jueza Superior Tupiño
Salinas; resulta de autos:
I. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:
La Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara improcedente la
solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante Pedro Effio Yaipén; y
conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la Corte Superior de
Justicia de Lima para su correspondiente custodia.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO:
Que mediante escrito de fecha siete de noviembre del 20181, el demandante argumenta como
agravios:
(i) Existe error de hecho al afirmar que solamente existen cinco casos de procedencia de la
devolución de arancel judicial, sin tener en consideración que el artículo 26 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, establece “(…) los órganos jurisdiccionales pueden ordenar la
devolución o habilitación, siempre y cuando sustenten su decisión bajo responsabilidad
funcional”.
1 Véase los folios 434-439.
1
(ii) “(…) existe error de interpretación de la norma al señalar (…) que según el artículo 29 del
Reglamento de Aranceles Judiciales señala “el término para solicitar la devolución de
aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario y para habilitarlos es de treinta
días hábiles”.
(iii) La Corte Suprema estableció que no debí realizar el pago por concepto de presentación
de casación, situación no advertida por el A quo al momento de resolver la nulidad de la
devolución del arancel judicial presentado en exceso.
III. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA SALA:
PRIMERO.- Conforme lo establece el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, las
resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la
acción contencioso administrativa; en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 27584, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1067, preceptúa que el proceso contencioso administrativo tiene
por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la
Administración Pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e
intereses de los administrados; concluyéndose, entonces, que todo administrado tiene derecho
a acudir al Órgano Jurisdiccional a solicitar tutela jurisdiccional efectiva al amparo de un debido
proceso en caso considere vulnerado sus derechos de parte de la Administración Pública.
SEGUNDO.- Asimismo, el artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al
presente proceso dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que
les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es
decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez Superior tiene la facultad de revisar y
decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por la Jueza de Primera Instancia.
TERCERO.- Revisados los actuados, se tiene que mediante escritos del 13 de junio del 2014
(folios 386) y 31 de julio del 2014 (folios 388), el demandante solicita la devolución del 50% del
arancel judicial por concepto de recurso de casación pagado en exceso (s/ 296.00 soles).
Con Resolución Nº 14, del 17 de septiembre del 20142, el Cuarto Juzgado especializado en lo
Contencioso Administrativo ordena devolver al demandante el cincuenta por ciento (% 50) del
monto del Arancel Judicial Nº 883339-1, del Banco de la Nación, por concepto de Recurso de
Nulidad y Casación, señalando textualmente que “(…) para tal efecto, el solicitante realizar las
gestiones correspondientes en la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la
Subgerencia de Recaudación Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, para los fines
consiguientes; y conforme el estado del proceso: remítase los autos al archivo central”.
2 Véase a folios xx.
2
Con escrito del 18 de abril del 2018, el actor reitera su petición de devolución del cincuenta por
ciento equivalente del arancel judicial por presentación de recurso de casación, devuelto a
través de la Resolución Nº 16, del 10 de agosto del 2018, a fin de que haga valer su derecho
donde corresponda, dejando copias certificadas en autos. Y por Resolución Nº 17, del 10 de
octubre del 2018, se declara la nulidad de oficio de la Resolución Nº 14, proveyendo los
escritos de 23 de mayo del 2014 y 13 de junio del 2014, y se declara improcedente lo
solicitado; y conforme al estado del proceso, se remiten los autos al archivo central para su
correspondiente custodia.
CUARTO.- Respecto al primer agravio expresado por el recurrente, se advierte que éste
cuestiona los supuestos a través de las cuales procede la devolución de los aranceles
judiciales; si bien resulta innegable que la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los jueces,
como administradores de justicia, habilitar y/o devolver un arancel judicial no utilizado, también
lo es, que en su intención de fijar los lineamientos bajo los cuales procederán dichas acciones,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 105-2018-CE-PJ,
que “Aprueba [el] Reglamento de Aranceles Judiciales” (en adelante El Reglamento),
estableciendo un numerus clausus de situaciones claramente definidas en su artículo 25º:
“a) Arancel judicial por Medida cautelar denegada y no impugnada: Procede la devolución del
50%, menos la comisión de la entidad financiera, b) Remate judicial: Cuando ha sido
suspendido o declarado nulo. No procede la devolución en caso haya sido declarado desierto
por falta de postores o cuando el interesado (postor), no participó en dicha diligencia por causa
atribuible a su persona, c) Exhorto no realizado: Cuando no se presta el servicio, al denegarse
la solicitud efectuada, d) Error en su presentación: Cuando ha sido presentado y sellado
equivocadamente por el Centro de Distribución General o Mesa de Partes de los órganos
jurisdiccionales y/o administrativos; y e) Nulidad de Acto Procesal no atribuible al
solicitante: Procede la devolución cuando el órgano jurisdiccional declara fundada la nulidad
por error o vicio procedimental no atribuible a la parte que solicita la devolución”. (El subrayado
es nuestro)
La Ley Nº 26846 encarga al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictar las resoluciones
administrativas que regulen el pago de las tasas judiciales; así cuando procede su devolución
total o parcial. Entonces, únicamente corresponde su devolución si se configura alguno de los
supuestos previstos por tratarse de una regla de mandato y no de carácter discrecional; no
siendo posible aplicar otro que no haya sido dispuesto. En tal sentido, no se aprecia que la
Jueza de la causa haya incurrido en error de hecho al afirmar que existen cinco supuestos para
la devolución de un arancel judicial.
QUINTO.- Con relación al segundo agravio, sobre la calidad de “arancel judicial no utilizado”
que se atribuye al Arancel Judicial Nº 883339-1, por concepto de Recurso de Nulidad y
3
Casación (fojas 372), aduciendo que sí fue utilizado (como obra dentro del expediente y no ha
sido entregado). En efecto, el artículo 24 del Reglamento, define como “Comprobante o
constancia de Pago No Utilizado” a aquel que “no contenga sello alguno que haga presumir
que fue UTILIZADO o RECIBIDO por algún Centro de Distribución (CDG) o Mesa de Partes de
los órganos jurisdiccionales y/o administrativos”, lógicamente, un comprobante de pago
utilixado será aquel del cual se desprenda sello de recepción por mesa de Partes o del Centro
de Distribución correspondiente. Revisados los autos, se advierte que el arancel judicial en
cuestión si fue utilizado dejándose constancia expresa en sello a folios 372, como alega el
actor; sin embargo, textualmente refiere el artículo 29° del Reglamento: “el plazo para solicitar
la devolución de aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario; y para utilizados, es
de treinta (30) días hábiles (…)”.
Se observa de los antecedentes del caso materia sub examine, que el arancel judicial de folios
372, si figura como utilizado, por lo cual resulta correcto afirmar que no fue utilizado, siendo
aplicable el plazo dispuesto en el primer párrafo del artículo 29 del Reglamento, de treinta días
hábiles; no obstante, aún cuando pudiera haberse solicitado la devolución del arancel dentro
del plazo de ley; lo cierto es que la razón fundamental por la que no procede su devolución, sea
total o parcial, es porque no está previsto como supuesto el pago por concepto de recurso de
casación.
SEXTO.- Como último agravio, el apelante refiere que el A quo no debió declarar la nulidad de
oficio de la Resolución Nº 12 (Nº 14 corregida), por cuanto existía un pronunciamiento de la
Corte Suprema que lo comprendía como sujeto “exonerado del pago de la tasa judicial según
el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Nº 27327”.
El hecho de que el actor se hallara exonerado del pago de la tasa judicial, como alega, no
significa que por ello se deba disponer su devolución, puesto que como se ha precisado solo
procede en los casos contemplados en el artículo 25° de la Resolución Administrativa N° 105-
2018-CE-PJ, en tal virtud al haberse detectado que la Resolución Nº 14 ordenaba la entrega
parcial del arancel judicial sin fundamento legal, es que el Juez de Primera Instancia procedió a
enmendar de oficio, subsanando el error de interpretación jurídica cometido, dado que
únicamente está autorizada la devolución del 50% del arancel judicial por medida cautelar y no
por recurso de casación, viciando de ese modo el acto procesal de nulidad insalvable; de esta
manera, el Colegiado no observa un error en el análisis jurídico efectuado.
SÉTIMO.- En ese orden de ideas, se puede concluir que el auto final apelado ha sido expedido
conforme a derecho; debido a que el Juez evaluó objetivamente y de acuerdo al marco jurídico
vigente y aplicable al caso materia de análisis, por lo que corresponde confirmar la resolución
apelada.
4
Por tales consideraciones y en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley.
DECISIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara
improcedente la solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante
Pedro Effio Yaipén; y conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la
Corte Superior de Justicia de Lima para su correspondiente custodia. En los seguidos por
Pedro Effio Yaipén contra la Marina de Guerra del Perú. Notifíquese.
SS.
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00013-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 30 de
marzo de 2007, a folios 29, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON
02/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 10 y 12 de abril de 2007 (folios
30-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 30 de marzo del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00013-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 30 de
marzo de 2007, a folios 29, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON
02/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 10 y 12 de abril de 2007 (folios
30-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 30 de marzo del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | 3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y LABORAL
EXPEDIENTE : 01279-2006-0-2501-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : LI RIOS CARLOS ARTURO
ESPECIALISTA : TANIA CHACON PUERTAS
REPRESENTANTE LEGAL: PANDO BORJA, ALFONSO
DEMANDADO : GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU SIPESA ,
DEMANDANTE : CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR ,
RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTIUNO
Chimbote, quince de diciembre del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito 8987-2017: Agréguese a los autos; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, a través del escrito que se provee, la entidad demandante solicita se fije los
costos del proceso, indicando que no pueden acreditar los gastos incurridos por concepto de
costos, en razón que los Abogados apoderados laboran en la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador en Liquidación, bajo una relación de subordinación.
SEGUNDO: Que, de la revisión de los actuados, se advierte que por sentencia de fojas 103/105,
se declaró fundada la demanda, disponiendo entre otros que la demandada cumpla con pagar las
costas y costos del proceso; siendo así, y encontrándose pendiente regular los costos del proceso,
se debe fijar la misma.
TERCERO: Que, el artículo 412 del Código Procesal Civil establece: "La imposición de la condena
de costas y costos no requiere ser demandada y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración
judicial expresa y motivada de la exoneración..." y de forma particular el artículo 418 del Código
acotado señala que: "Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar el
documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como, los tributos que
correspondan. Atendiendo a los documentos presentados el Juez aprobará el monto".
CUARTO: Que, en el presente caso, y si bien los Abogados apoderados de la entidad demandante,
no han cumplido con presentar el recibo por honorarios profesionales, conforme lo dispone el
artículo 418 del Código Procesal Civil; pero se debe tener en cuenta también, que éstos han
manifestado que con la demandante mantienen una relación en la que existe subordinación;
siendo así, el Juzgado debe tener en cuenta este hecho, y fijar un monto prudencial por dicho
concepto.
QUINTO: Que, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y utilizando un criterio razonable,
verificándose la labor realizada por los abogados de la entidad demandante, hasta la culminación
del proceso, el Juzgado considera que el monto por los costos del proceso debe fijarse en la suma
de S/ 1,500.00 soles, más el 5% para el Colegio de Abogados del Santa en S/ 75.00 soles;
resultando por ambos conceptos la suma de S/ 1,575.00, que debe pagar la entidad demandada
por dicho concepto.
Por estas consideraciones, SE RESUELVE:
(cid:1) FIJAR por concepto de costos del proceso a favor de la entidad demandante la suma de
S/ 1,500.00 soles, más el 5% para el Colegio de Abogados del Santa ascendente a S/
75.00 soles.
(cid:1) REQUIERASE a la demandada para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, cumpla con
abonar dichos montos, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.
Notifíquese.-
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3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL, PENAL Y LABORAL
EXPEDIENTE : 01279-2006-0-2501-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : LI RIOS CARLOS ARTURO
ESPECIALISTA : TANIA CHACON PUERTAS
REPRESENTANTE LEGAL: PANDO BORJA, ALFONSO
DEMANDADO : GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU SIPESA ,
DEMANDANTE : CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR ,
RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTIUNO
Chimbote, quince de diciembre del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito 8987-2017: Agréguese a los autos; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, a través del escrito que se provee, la entidad demandante solicita se fije los
costos del proceso, indicando que no pueden acreditar los gastos incurridos por concepto de
costos, en razón que los Abogados apoderados laboran en la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador en Liquidación, bajo una relación de subordinación.
SEGUNDO: Que, de la revisión de los actuados, se advierte que por sentencia de fojas 103/105,
se declaró fundada la demanda, disponiendo entre otros que la demandada cumpla con pagar las
costas y costos del proceso; siendo así, y encontrándose pendiente regular los costos del proceso,
se debe fijar la misma.
TERCERO: Que, el artículo 412 del Código Procesal Civil establece: "La imposición de la condena
de costas y costos no requiere ser demandada y es de cargo de la parte vencida, salvo declaración
judicial expresa y motivada de la exoneración..." y de forma particular el artículo 418 del Código
acotado señala que: "Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar el
documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como, los tributos que
correspondan. Atendiendo a los documentos presentados el Juez aprobará el monto".
CUARTO: Que, en el presente caso, y si bien los Abogados apoderados de la entidad demandante,
no han cumplido con presentar el recibo por honorarios profesionales, conforme lo dispone el
artículo 418 del Código Procesal Civil; pero se debe tener en cuenta también, que éstos han
manifestado que con la demandante mantienen una relación en la que existe subordinación;
siendo así, el Juzgado debe tener en cuenta este hecho, y fijar un monto prudencial por dicho
concepto.
QUINTO: Que, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y utilizando un criterio razonable,
verificándose la labor realizada por los abogados de la entidad demandante, hasta la culminación
del proceso, el Juzgado considera que el monto por los costos del proceso debe fijarse en la suma
de S/ 1,500.00 soles, más el 5% para el Colegio de Abogados del Santa en S/ 75.00 soles;
resultando por ambos conceptos la suma de S/ 1,575.00, que debe pagar la entidad demandada
por dicho concepto.
Por estas consideraciones, SE RESUELVE:
(cid:1) FIJAR por concepto de costos del proceso a favor de la entidad demandante la suma de
S/ 1,500.00 soles, más el 5% para el Colegio de Abogados del Santa ascendente a S/
75.00 soles.
(cid:1) REQUIERASE a la demandada para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, cumpla con
abonar dichos montos, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.
Notifíquese.-
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00001-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADOPRES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 15 de
setiembre de 2009, a folios 10, se declaró FUNDADA la demanda
sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por
SERVICIOS DIESEL EXPRESS EIRL contra JOSE RUIZ MARTINEZ, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA SOLES CON 50/100 SOLES, más los intereses, costas y costos
del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 de octubre
de 2009 (folios 11-13), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 15 de setiembre del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00001-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADOPRES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 15 de
setiembre de 2009, a folios 10, se declaró FUNDADA la demanda
sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por
SERVICIOS DIESEL EXPRESS EIRL contra JOSE RUIZ MARTINEZ, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA SOLES CON 50/100 SOLES, más los intereses, costas y costos
del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 de octubre
de 2009 (folios 11-13), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 15 de setiembre del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00099-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 04, de fecha 04 de
marzo de 2008, a folios 37-38, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTISEIS MIL SETENTA Y
CUATRO CON 26/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y
costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de marzo
de 2008 (folios 39-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(SENTENCIA), de fecha 04 de marzo del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00099-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 04, de fecha 04 de
marzo de 2008, a folios 37-38, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTISEIS MIL SETENTA Y
CUATRO CON 26/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y
costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de marzo
de 2008 (folios 39-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(SENTENCIA), de fecha 04 de marzo del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00079-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 19 de mayo
de 2005, a folio 16 a 17, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP HORIZONTE
SA, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de UN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 74/100 SOLES, más los intereses moratorios, con
costos sin costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 26 y 27 de
mayo de 2005; (folios 18 a 19), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 18 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 19 de mayo del 2005.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00079-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 19 de mayo
de 2005, a folio 16 a 17, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP HORIZONTE
SA, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de UN MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 74/100 SOLES, más los intereses moratorios, con
costos sin costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 26 y 27 de
mayo de 2005; (folios 18 a 19), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 18 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 19 de mayo del 2005.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.-<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00188-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MIK CARPE SAC ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00188-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MIK CARPE SAC ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00084-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
agosto de 2006, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOCE MIL
CUATROCIENTOS CUATRO CON 12/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 04 y 05 de
setiembre de 2006 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de agosto del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00084-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
agosto de 2006, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOCE MIL
CUATROCIENTOS CUATRO CON 12/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 04 y 05 de
setiembre de 2006 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de agosto del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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EXPEDIENTE : 00128-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP PROFUTURO, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución
hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 51/100
SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO,
para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley -------------------------------------------------------- | <|im_start|>system
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JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00128-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP PROFUTURO, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución
hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 51/100
SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO,
para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley --------------------------------------------------------<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INHIBITORIA
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS S A ,
DEMANDANTE : CUBA DIAZ, ROBINSON ADAN APO JOSE LINARES
CORNEJO
Resolución Nro. 81
Tacna, catorce de mayo
del año dos mil dieciocho.-
Proveyendo conforme a ley el Escrito Nro. 008921-2018.- AL PRINCIPAL.- VISTOS: Estando
al escrito presentado por José Salomón Linares Cornejo apoderado de Robinson Adán Cuba
Diaz parte demandante en el presente proceso y en relación al requerimiento se provee como
sigue; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1
del artículo 50º del Código Procesal Civil, son deberes de los Jueces en el proceso, dirigirlo y
velar por su rápida solución. SEGUNDO: Que de la revisión de autos se tiene la sentencia
expedida mediante resolución número setenta y uno de fecha once de noviembre del dos mil
dieciséis, declarando Fundada en Parte la demanda, posteriormente al ser apelada la
sentencia es confirmada por el Superior mediante Sentencia de Vista resolución número setena
y nueve de fecha cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, asimismo revoca en el extremo del
monto a pagar por compensación por tiempo de servicios, vacaciones y gratificaciones legales,
señalando nuevo monto; en consecuencia, se tiene que la sentencia de vista tiene calidad de
cosa juzgada de conformidad con el artículo 123° del Código Procesal Civil, el cual es de
aplicación supletoria. TERCERO.- Por otro lado, la parte demandante solicita se requiera a la
entidad demandada a fin de que cumpla con lo dispuesto en la sentencia de vista expedida en
autos, ya que la misma ha quedado firme y a la fecha no ha dado cumplimiento, por lo tanto
resulta procedente efectuar el requerimiento en mérito a lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que toda persona o autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, en consecuencia y estando a
las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE: REQUERIR a la entidad demandada
EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.R.L., CUMPLA con lo dispuesto en
la sentencia de vista expedida en autos, que señala textualmente: “CONFIRMARON la sentencia
número setenta y uno de fecha once de noviembre del año dos mil dieciséis, que obra de folios setecientos sesentiseis a
folios setecientos setenticuatro, que resolvió declarando FUNDADA en parte la demanda de fojas 69 a 72 interpuesta
por Robinson Adan Cuba Diaz representado por su apoderado José Salomón Linares cornejo, en contra de la Empresa
de Transportes Flores Hermanos S.R.L, sobre indemnización por despido arbitrario y cobro de beneficios sociales, más
los intereses legales laborales que se calcularán en ejecución de sentencia; Infundada la demanda en el extremo de
trabajo extraordinario. REVOCARON en el extremo que ordena pagar por Compensación por Tiempo de Servicios
S/. 2,343.86, vacaciones la suma de S/. 3.403.74 y Gratificaciones legales la suma de S/. 4,007.51, y el extremo que
resuelve sin costas ni costos. REFORMÁNDOLA, la Empresa Flores Hermanos S.R.L, deberá pagar al demandante,
por el concepto de Compensación por tiempo de servicios la suma de S/. 5,472.99, por Vacaciones Legales S/.
4,596.96, y por Gratificaciones legales S/. 9,291.85, que suman un total de S/.19,361.80. Con el pago de costos y
costas del proceso. ”, todo ello en el plazo de 10 días hábiles de recibido el oficio respectivo y
bajo apercibimiento de imponérsele multa compulsiva y progresiva en caso de incumplimiento.
Hágase Saber.- | <|im_start|>system
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JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INHIBITORIA
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS S A ,
DEMANDANTE : CUBA DIAZ, ROBINSON ADAN APO JOSE LINARES
CORNEJO
Resolución Nro. 81
Tacna, catorce de mayo
del año dos mil dieciocho.-
Proveyendo conforme a ley el Escrito Nro. 008921-2018.- AL PRINCIPAL.- VISTOS: Estando
al escrito presentado por José Salomón Linares Cornejo apoderado de Robinson Adán Cuba
Diaz parte demandante en el presente proceso y en relación al requerimiento se provee como
sigue; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1
del artículo 50º del Código Procesal Civil, son deberes de los Jueces en el proceso, dirigirlo y
velar por su rápida solución. SEGUNDO: Que de la revisión de autos se tiene la sentencia
expedida mediante resolución número setenta y uno de fecha once de noviembre del dos mil
dieciséis, declarando Fundada en Parte la demanda, posteriormente al ser apelada la
sentencia es confirmada por el Superior mediante Sentencia de Vista resolución número setena
y nueve de fecha cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, asimismo revoca en el extremo del
monto a pagar por compensación por tiempo de servicios, vacaciones y gratificaciones legales,
señalando nuevo monto; en consecuencia, se tiene que la sentencia de vista tiene calidad de
cosa juzgada de conformidad con el artículo 123° del Código Procesal Civil, el cual es de
aplicación supletoria. TERCERO.- Por otro lado, la parte demandante solicita se requiera a la
entidad demandada a fin de que cumpla con lo dispuesto en la sentencia de vista expedida en
autos, ya que la misma ha quedado firme y a la fecha no ha dado cumplimiento, por lo tanto
resulta procedente efectuar el requerimiento en mérito a lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que toda persona o autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, en consecuencia y estando a
las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE: REQUERIR a la entidad demandada
EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.R.L., CUMPLA con lo dispuesto en
la sentencia de vista expedida en autos, que señala textualmente: “CONFIRMARON la sentencia
número setenta y uno de fecha once de noviembre del año dos mil dieciséis, que obra de folios setecientos sesentiseis a
folios setecientos setenticuatro, que resolvió declarando FUNDADA en parte la demanda de fojas 69 a 72 interpuesta
por Robinson Adan Cuba Diaz representado por su apoderado José Salomón Linares cornejo, en contra de la Empresa
de Transportes Flores Hermanos S.R.L, sobre indemnización por despido arbitrario y cobro de beneficios sociales, más
los intereses legales laborales que se calcularán en ejecución de sentencia; Infundada la demanda en el extremo de
trabajo extraordinario. REVOCARON en el extremo que ordena pagar por Compensación por Tiempo de Servicios
S/. 2,343.86, vacaciones la suma de S/. 3.403.74 y Gratificaciones legales la suma de S/. 4,007.51, y el extremo que
resuelve sin costas ni costos. REFORMÁNDOLA, la Empresa Flores Hermanos S.R.L, deberá pagar al demandante,
por el concepto de Compensación por tiempo de servicios la suma de S/. 5,472.99, por Vacaciones Legales S/.
4,596.96, y por Gratificaciones legales S/. 9,291.85, que suman un total de S/.19,361.80. Con el pago de costos y
costas del proceso. ”, todo ello en el plazo de 10 días hábiles de recibido el oficio respectivo y
bajo apercibimiento de imponérsele multa compulsiva y progresiva en caso de incumplimiento.
Hágase Saber.-<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 1435-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : CARMEN REVILLA BYRNE DE VELA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
RESOLUCÓN NÚMERO QUINCE
Lima veintit´ro de agosto
De dos mil dieciocho.-
AUTO Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de
fecha cinco de abril de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandada; Al Principal: Respecto a que indica que el Área Técnica de la
Sección Remuneraciones, Pensiones y Subsidios, a través del Memorando
EF/92.2321 N° 746-2018 (28/03/2018), el mismo que anexa, hace de
conocimiento que en la Resolución Administrativa EF/92.2336 N° 265-2017 de
fecha 03 de octubre del 2017, considera que corresponde otorgar a la
demandante el reintegro de bonificación por tiempo de servicios (BTS), así
como también el pago de los intereses legales correspondientes por dicho
concepto, en ese sentido: TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley y
ESTÉSE a lo resuelto en la presente resolución; Y PROVEYENDO
CONFORME A LEY: PRIMERO: Que, mediante Sentencia Casatoria N°
15452-2015 LIMA, se resuelve declarar: "FUNDADO el recurso de casación
interpuesto por la demandante Carmen Revilla Byrne de Vela, de fojas 543 a 551; en
consecuencia, CASARON la sentencia de Vista de fojas 472 a 483, de fecha 28 de
abril de 2015; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia de
primera instancia de fojas 347 a 351, de fecha 18 de julio de 2013, que declara
fundada en parte la demanda; en consecuencia Nula la Resolución Administrativa
Ficta que deniega el petitorio del demandante; ORDENARON, que la demandada
cumpla con el cálculo de la Bonificación por Tiempo de Servicio, de acuerdo a los
lineamientos efectuados en la parte considerativa y los que serán liquidados en
ejecución de sentencia, así como también el pago de los devengados y el pago de los
intereses legales" por lo que al adquirir la acotada sentencia la calidad de cosa
juzgada corresponde ser ejecutada en todos sus términos. SEGUNDO: Que,
mediante resolución número doce de fecha 29 de agosto del 2017, se dispuso
a la parte demandada que cumpla con lo ejecutoriado; siendo ello así,
mediante escrito de fecha 04 de octubre del 2017, la parte demandada adjunta
la Resolución Administrativa EF/92.2336 N° 265-2017 de fecha 03 de octubre
del 2017, en donde se resuelve reconocer a la parte accionante la bonificación
por tiempo de servicios y dispone que la Subgerencia de Compensaciones de
la Gerencia de Recursos Humanos proceda a reajustar la bonificación por
tiempo de servicios y abonar los devengados e intereses legales a favor de la
parte accionante; asimismo mediante escrito de fecha 20 de octubre del 2017,
la parte demandada adjunta el Memorando EF/92.2321 N° 2484-2017 de fecha
18 de octubre del 2017, en donde el Área de Subgerencia de Compensaciones
procede a adjuntar la liquidación de los devengados e intereses legales por el
reajuste de la bonificación por tiempo de servicios el cual calcula por concepto
de devengados la suma de S/. 39,440.98 soles y por intereses legales la
cantidad de S/. 15,833.57 soles, cuyos pagos se efectuaran a partir de la
planilla del mes de noviembre del 2017 según su cronograma establecido.
TERCERO: Que, mediante resolución número trece de fecha 15 de diciembre
del 2017, se dispone correr traslado lo presentado por la entidad demandada a
la parte accionante; siendo observado por dicha parte a través del escrito de
fecha 10 de enero del 2018, en el extremo que indica que con la sentencia
dictada se le debe pagar la suma de S/. 179.38 soles, los que deben ser
consideradas en las tres gratificaciones prorrateadas por cuanto a que la
bonificación por tiempo de servicios, forma parte de la estructura de la
gratificación (D.U. 040-96) el cual debe ser considerado desde el año de 1993,
siendo puesto a conocimiento la acotada observación a la parte demandada,
mediante resolución número catorce de fecha 09 de marzo del 2018; siendo
absuelta por dicha parte, señalando que la Resolución Administrativa
EF/92.2336 N° 265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017, considera el
otorgamiento a la demandante el reintegro de bonificación por tiempo de
servicios (BTS) y el pago de los intereses legales correspondientes por dicho
concepto. CUARTO: Que, respecto a lo observado por la parte accionante, se
debe precisar que se puede verificar que en el sexto considerando de la
Sentencia Casatoria N° 15452-2015 LIMA, éste señala que el cálculo de la
bonificación por tiempo de servicios que le corresponde al actor es el
porcentaje del 12,5% sobre el básico, no pudiendo exceder el tope de S/.
179.38 soles, el mismo que se condice con lo establecido en el Convenio
Colectivo de fecha 10 de marzo de 1993 y en las reuniones de tracto Directo de
fecha 30 de octubre de 1995, 26 de junio de 1997 y 29 de octubre de 19981 y
corroborando que dicho beneficio se calcula sobre la remuneración básica, esto
es con las boletas de pago obrantes a folios 30 y siguientes; siendo ello así, se
puede cotejar que la entidad demandada ha realizado un correcto cálculo de la
Bonificación por Tiempo de Servicios al calcular el 12.5% de su remuneración
básica de dicha data en el tiempo (S/.838.86 soles y S/.1207.86 soles) y en las
respectivas gratificaciones devengadas desde 1993; por lo que el resultado de
dicha operación no alcanza al tope de S/. 179.38 soles como pretende la parte
accionante que se le pague como bonificación por tiempo de servicios; por
tanto este Juzgado dispone declarar: INFUNDADA la observación
presentada por la parte accionante mediante escrito de fecha 10 de enero
del 2018, en consecuencia: APROBAR la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
EF/92.2336 N° 265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017 y el MEMORANDO
EF/92.2321. N° 2484-2017 de fecha 18 de octubre del 2017, el mismo que
adjunta la liquidación de los devengados e intereses legales por el reajuste de
la bonificación por tiempo de servicios por la cantidad de S/.39,440.98 soles y
S/.15,833.57 soles respectivamente, en ese sentido, a su vez, se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con presentar las constancias
de pago del concepto devengados e intereses legales por bonificación por
tiempo de servicios, en el PLAZO DE VEINTE DÍAS, debido a la culminación
de su propio cronograma de pagos señalado en autos; bajo apercibimiento de
multa por 01 URP, en caso de incumplimiento. NOTIFÍQUESE.-
1 a) de 05 a 10 años de servicios 3.5%
de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%
de 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%
de 20 años 1 día a 25 años de servicios 12.5 %
de 25 años 1 día a 30 años de servicios 18.5 %
b) Para la determinación del monto del beneficio, el porcentaje se calculará sobre la remuneración básica
y con arreglo al tope vigente (S/. 179.38). (Resaltado y Subrayado es agregado) | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 1435-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : CARMEN REVILLA BYRNE DE VELA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
RESOLUCÓN NÚMERO QUINCE
Lima veintit´ro de agosto
De dos mil dieciocho.-
AUTO Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de
fecha cinco de abril de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandada; Al Principal: Respecto a que indica que el Área Técnica de la
Sección Remuneraciones, Pensiones y Subsidios, a través del Memorando
EF/92.2321 N° 746-2018 (28/03/2018), el mismo que anexa, hace de
conocimiento que en la Resolución Administrativa EF/92.2336 N° 265-2017 de
fecha 03 de octubre del 2017, considera que corresponde otorgar a la
demandante el reintegro de bonificación por tiempo de servicios (BTS), así
como también el pago de los intereses legales correspondientes por dicho
concepto, en ese sentido: TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley y
ESTÉSE a lo resuelto en la presente resolución; Y PROVEYENDO
CONFORME A LEY: PRIMERO: Que, mediante Sentencia Casatoria N°
15452-2015 LIMA, se resuelve declarar: "FUNDADO el recurso de casación
interpuesto por la demandante Carmen Revilla Byrne de Vela, de fojas 543 a 551; en
consecuencia, CASARON la sentencia de Vista de fojas 472 a 483, de fecha 28 de
abril de 2015; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia de
primera instancia de fojas 347 a 351, de fecha 18 de julio de 2013, que declara
fundada en parte la demanda; en consecuencia Nula la Resolución Administrativa
Ficta que deniega el petitorio del demandante; ORDENARON, que la demandada
cumpla con el cálculo de la Bonificación por Tiempo de Servicio, de acuerdo a los
lineamientos efectuados en la parte considerativa y los que serán liquidados en
ejecución de sentencia, así como también el pago de los devengados y el pago de los
intereses legales" por lo que al adquirir la acotada sentencia la calidad de cosa
juzgada corresponde ser ejecutada en todos sus términos. SEGUNDO: Que,
mediante resolución número doce de fecha 29 de agosto del 2017, se dispuso
a la parte demandada que cumpla con lo ejecutoriado; siendo ello así,
mediante escrito de fecha 04 de octubre del 2017, la parte demandada adjunta
la Resolución Administrativa EF/92.2336 N° 265-2017 de fecha 03 de octubre
del 2017, en donde se resuelve reconocer a la parte accionante la bonificación
por tiempo de servicios y dispone que la Subgerencia de Compensaciones de
la Gerencia de Recursos Humanos proceda a reajustar la bonificación por
tiempo de servicios y abonar los devengados e intereses legales a favor de la
parte accionante; asimismo mediante escrito de fecha 20 de octubre del 2017,
la parte demandada adjunta el Memorando EF/92.2321 N° 2484-2017 de fecha
18 de octubre del 2017, en donde el Área de Subgerencia de Compensaciones
procede a adjuntar la liquidación de los devengados e intereses legales por el
reajuste de la bonificación por tiempo de servicios el cual calcula por concepto
de devengados la suma de S/. 39,440.98 soles y por intereses legales la
cantidad de S/. 15,833.57 soles, cuyos pagos se efectuaran a partir de la
planilla del mes de noviembre del 2017 según su cronograma establecido.
TERCERO: Que, mediante resolución número trece de fecha 15 de diciembre
del 2017, se dispone correr traslado lo presentado por la entidad demandada a
la parte accionante; siendo observado por dicha parte a través del escrito de
fecha 10 de enero del 2018, en el extremo que indica que con la sentencia
dictada se le debe pagar la suma de S/. 179.38 soles, los que deben ser
consideradas en las tres gratificaciones prorrateadas por cuanto a que la
bonificación por tiempo de servicios, forma parte de la estructura de la
gratificación (D.U. 040-96) el cual debe ser considerado desde el año de 1993,
siendo puesto a conocimiento la acotada observación a la parte demandada,
mediante resolución número catorce de fecha 09 de marzo del 2018; siendo
absuelta por dicha parte, señalando que la Resolución Administrativa
EF/92.2336 N° 265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017, considera el
otorgamiento a la demandante el reintegro de bonificación por tiempo de
servicios (BTS) y el pago de los intereses legales correspondientes por dicho
concepto. CUARTO: Que, respecto a lo observado por la parte accionante, se
debe precisar que se puede verificar que en el sexto considerando de la
Sentencia Casatoria N° 15452-2015 LIMA, éste señala que el cálculo de la
bonificación por tiempo de servicios que le corresponde al actor es el
porcentaje del 12,5% sobre el básico, no pudiendo exceder el tope de S/.
179.38 soles, el mismo que se condice con lo establecido en el Convenio
Colectivo de fecha 10 de marzo de 1993 y en las reuniones de tracto Directo de
fecha 30 de octubre de 1995, 26 de junio de 1997 y 29 de octubre de 19981 y
corroborando que dicho beneficio se calcula sobre la remuneración básica, esto
es con las boletas de pago obrantes a folios 30 y siguientes; siendo ello así, se
puede cotejar que la entidad demandada ha realizado un correcto cálculo de la
Bonificación por Tiempo de Servicios al calcular el 12.5% de su remuneración
básica de dicha data en el tiempo (S/.838.86 soles y S/.1207.86 soles) y en las
respectivas gratificaciones devengadas desde 1993; por lo que el resultado de
dicha operación no alcanza al tope de S/. 179.38 soles como pretende la parte
accionante que se le pague como bonificación por tiempo de servicios; por
tanto este Juzgado dispone declarar: INFUNDADA la observación
presentada por la parte accionante mediante escrito de fecha 10 de enero
del 2018, en consecuencia: APROBAR la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
EF/92.2336 N° 265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017 y el MEMORANDO
EF/92.2321. N° 2484-2017 de fecha 18 de octubre del 2017, el mismo que
adjunta la liquidación de los devengados e intereses legales por el reajuste de
la bonificación por tiempo de servicios por la cantidad de S/.39,440.98 soles y
S/.15,833.57 soles respectivamente, en ese sentido, a su vez, se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con presentar las constancias
de pago del concepto devengados e intereses legales por bonificación por
tiempo de servicios, en el PLAZO DE VEINTE DÍAS, debido a la culminación
de su propio cronograma de pagos señalado en autos; bajo apercibimiento de
multa por 01 URP, en caso de incumplimiento. NOTIFÍQUESE.-
1 a) de 05 a 10 años de servicios 3.5%
de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%
de 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%
de 20 años 1 día a 25 años de servicios 12.5 %
de 25 años 1 día a 30 años de servicios 18.5 %
b) Para la determinación del monto del beneficio, el porcentaje se calculará sobre la remuneración básica
y con arreglo al tope vigente (S/. 179.38). (Resaltado y Subrayado es agregado)<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00250-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR BIEN MUEBLE
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
octubre de 2001, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 58/100 SOLES, más los intereses
legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de diciembre de 2001 (27-29), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 21 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de octubre del 2001.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00250-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR BIEN MUEBLE
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
octubre de 2001, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 58/100 SOLES, más los intereses
legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de diciembre de 2001 (27-29), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 21 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de octubre del 2001.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00186-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MIK CARPE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 18, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra MIK CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 14/100 SOLES, más los
intereses devengado, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 11 y 17 de mayo de 2007 (folios 19-20), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00186-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MIK CARPE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 18, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra MIK CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 14/100 SOLES, más los
intereses devengado, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 11 y 17 de mayo de 2007 (folios 19-20), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6 | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | 12° JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
EXPEDIENTE : 07203-2007-15-1817-JR-CO-12
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : LLAQUE NAPA SYLVIA PATRICIA
ESPECIALISTA : MANSILLA GARRO, RUBEN
DEMANDADO : SANCHEZ YULI, JUAN MANUEL
SABOGAL SEMINARIO, MARIA DELFINA
FANAGAS SA ,
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. 30
Miraflores, 11 de septiembre de 2019
Dado cuenta el escrito que antecede presentado por el
ejecutante, con la absolución de la resolución 29 de fecha 24.07.19; Y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Se desprende en autos que mediante oficio de fecha 05.17.19 el
Registrador Público de Lima informa que los parte judiciales para la inscripción
de la media cautelar de embargo en forma de inscripción concedida por
resolución 26 de fecha 18.05.18 fueron tachados, en atención que no se
subsano en la fecha respecto a que señalaron: “…que la ejecutada MARIA
DELFINA SABOGAL SEMINARIO, ya no tiene dominio inscrito a su favor, al
haberlo transferido por compraventa a favor de María del Carmen Sabogal
Seminario (asiento C00001), y en el asiento D00002 consta la anotación de
sentencia de ineficacia de acto jurídico de la compraventa inscrita en el asiento
C00001”;
SEGUNDO: Al respecto conforme se advierte del asiento D00001 de la partida
registral N° 41164549 la ejecutada MARIA DELFINA SABOGAL SEMINARIO
continua teniendo derechos y acciones respecto al inmueble inscrito en la
partida N° 41164549, ya que conforme se advierte en el asiento D0002 se
registro la sentencia que declaro fundada la demanda sobre ineficacia de acto
jurídico, respecto a la compra y venta inscrita en el asiento D00001, motivo por
el cual los efectos de dicho acto jurídico quedaron sin efecto, por lo que los
titulares del predio siguen siendo MARIA DELFINA SABOGAL SEMINARIO y
Enrique Sabogal Morzan conforme se registro en la ficha 413753 seguida en la
partida N° 41164549 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; en
consecuencia a efectos de inscribir la medida cautelar concedida 26 de fecha
18.05.18: REMITASE NUEVOS PARTES JUDICIALES al Registro de
Propiedad Inmueble de Lima, debiendo el demandante apersonarse al local del
Juzgado a recoger los partes para su debido diligenciamiento; Reasumiendo la
Juez Titular; Reasumiendo funciones la Juez que suscribe la presente
resolución. Notifíquese.-
12° JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Miraflores, 11 de septiembre de 2019
Of. Nº 07203-2017-15-1817-JR-CO-12
Señor:
JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA
Presente.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en los seguidos por
CMAC PIURA S.A.C, sobre MEDIDA CAUTELAR, a fin de que se inscriba LA
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION en la
Partidas N° 41164549 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima,
concedida por resolución número 26 de fecha 18/05/2018, para cuyo efecto se
adjunta la citada resolución y las pertinentes con firmas digitalizadas del juez y
especialista legal a cargo a fojas ( ).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
expresarle mi mayor consideración.
Atentamente, | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
12° JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
EXPEDIENTE : 07203-2007-15-1817-JR-CO-12
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : LLAQUE NAPA SYLVIA PATRICIA
ESPECIALISTA : MANSILLA GARRO, RUBEN
DEMANDADO : SANCHEZ YULI, JUAN MANUEL
SABOGAL SEMINARIO, MARIA DELFINA
FANAGAS SA ,
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. 30
Miraflores, 11 de septiembre de 2019
Dado cuenta el escrito que antecede presentado por el
ejecutante, con la absolución de la resolución 29 de fecha 24.07.19; Y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Se desprende en autos que mediante oficio de fecha 05.17.19 el
Registrador Público de Lima informa que los parte judiciales para la inscripción
de la media cautelar de embargo en forma de inscripción concedida por
resolución 26 de fecha 18.05.18 fueron tachados, en atención que no se
subsano en la fecha respecto a que señalaron: “…que la ejecutada MARIA
DELFINA SABOGAL SEMINARIO, ya no tiene dominio inscrito a su favor, al
haberlo transferido por compraventa a favor de María del Carmen Sabogal
Seminario (asiento C00001), y en el asiento D00002 consta la anotación de
sentencia de ineficacia de acto jurídico de la compraventa inscrita en el asiento
C00001”;
SEGUNDO: Al respecto conforme se advierte del asiento D00001 de la partida
registral N° 41164549 la ejecutada MARIA DELFINA SABOGAL SEMINARIO
continua teniendo derechos y acciones respecto al inmueble inscrito en la
partida N° 41164549, ya que conforme se advierte en el asiento D0002 se
registro la sentencia que declaro fundada la demanda sobre ineficacia de acto
jurídico, respecto a la compra y venta inscrita en el asiento D00001, motivo por
el cual los efectos de dicho acto jurídico quedaron sin efecto, por lo que los
titulares del predio siguen siendo MARIA DELFINA SABOGAL SEMINARIO y
Enrique Sabogal Morzan conforme se registro en la ficha 413753 seguida en la
partida N° 41164549 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; en
consecuencia a efectos de inscribir la medida cautelar concedida 26 de fecha
18.05.18: REMITASE NUEVOS PARTES JUDICIALES al Registro de
Propiedad Inmueble de Lima, debiendo el demandante apersonarse al local del
Juzgado a recoger los partes para su debido diligenciamiento; Reasumiendo la
Juez Titular; Reasumiendo funciones la Juez que suscribe la presente
resolución. Notifíquese.-
12° JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Miraflores, 11 de septiembre de 2019
Of. Nº 07203-2017-15-1817-JR-CO-12
Señor:
JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA
Presente.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en los seguidos por
CMAC PIURA S.A.C, sobre MEDIDA CAUTELAR, a fin de que se inscriba LA
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION en la
Partidas N° 41164549 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima,
concedida por resolución número 26 de fecha 18/05/2018, para cuyo efecto se
adjunta la citada resolución y las pertinentes con firmas digitalizadas del juez y
especialista legal a cargo a fojas ( ).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
expresarle mi mayor consideración.
Atentamente,<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00099-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 04, de fecha 04 de
marzo de 2008, a folios 37-38, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTISEIS MIL SETENTA Y
CUATRO CON 26/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y
costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de marzo
de 2008 (folios 39-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(SENTENCIA), de fecha 04 de marzo del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00099-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 04, de fecha 04 de
marzo de 2008, a folios 37-38, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTISEIS MIL SETENTA Y
CUATRO CON 26/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y
costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de marzo
de 2008 (folios 39-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(SENTENCIA), de fecha 04 de marzo del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00068-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
agosto de 2007, a folios 32, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
31/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 19 de setiembre de 2007 (folios
33-34), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 20 de agosto del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00068-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
agosto de 2007, a folios 32, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
31/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 19 de setiembre de 2007 (folios
33-34), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 20 de agosto del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley.<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00186-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MIK CARPE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 18, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra MIK CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 14/100 SOLES, más los
intereses devengado, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 11 y 17 de mayo de 2007 (folios 19-20), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00186-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MIK CARPE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 18, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra MIK CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 14/100 SOLES, más los
intereses devengado, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 11 y 17 de mayo de 2007 (folios 19-20), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE PUNO
Juez: GUIDO ARMANDO CHEVARRIA TISNADO
Fecha: 20/07/2016 10:56:53
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: PUNO/PUNO
FIRMA DIGITAL
TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE PUNO
CORTE SUPERIOR DE PUNO
Secretario: SOFIA GUERRA
CABRERA
Fecha: 20/07/2016 11:06:38 SENTENCIA NRO. 275 – 2016
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: PUNO/PUNO
FIRMA DIGITAL
Expediente: 01387-2007-0-2101-JM-CI-03.
Demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez.
Demandada : Marina de Guerra del Perú.
Materia : Reivindicación.
Proceso : Conocimiento.
Juez : Guido Armando Chevarria Tisnado.
Secretaria: Sofía Guerra Cabrera.
Resolución: Sesenta y ocho (68).
Puno, veinte de julio del dos mil dieciséis.-
Puesto a Despacho. VISTOS; I.- Petitorio de la demanda.- La
demanda de fojas quince a veintitrés, interpuesta por JUAN
ALBERTO PIZARRO PEREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA DEL
PERU representada por el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Defensa, a través de la
cual requiere como pretensión principal, la reivindicación
del área de quinientos noventa metros cuadrados (590 m2) del
bien inmueble sito en la última cuadra del jirón El Puerto
signado con el número setecientos cincuenta que se encuentra
en actual posesión de la Marina de Guerra del Perú a través
de su Villa Naval II, y como pretensiones accesorias, a) La
adjudicación de la construcción edificada de mala fe en el
terreno objeto de reivindicación, b) El cobro de frutos
dejados de percibir por el recurrente e indebidamente
percibidos por la demandada por el usufructo ilegal que
viene ejerciendo hasta por la suma de trescientos sesenta
mil nuevos soles (S/. 360,000.00), más los intereses que se
generen hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, y,
c) El pago de costas y costos del proceso.------------------
II.- Fundamentos de hecho en que se sustenta el petitorio de
la demanda y fundamentación jurídica.- El demandante alega
que, el seis de setiembre del mil novecientos sesenta y
seis, Inocencio Mamani Mamani y esposa, Saturnina Mamani de
Mamani, dieron en venta y enajenación perpetua a favor de
sus padres, Juan Alberto Pizarro Pizarro y Lucía Pérez de
Pizarro, dos fundos, uno ubicado en el barrio Orkapata (hoy
barrio Mañazo) y otro ubicado en el sector llamado Muelle
Pampa en la parte Este de la población –materia de
reivindicación- cuya medición originaria era de cuarenta
metros de largo por cuarenta metros de ancho, el mismo que
se elevó a escritura pública y se encuentra inscrita en los
registros públicos, en el tomo número cuarenta y ocho, folio
diecisiete, partida II y asiento número uno del Registro de
la Propiedad Inmueble de esta ciudad; que, el área cuya
reivindicación se pretende asciende a quinientos noventa
metros cuadrados (590 m2), que se encuentra en posesión de
la Marina de Guerra del Perú a través de Villa Naval II;
que, habiendo fallecido su padre y siendo uno de sus
sucesores legales, venía ejerciendo la posesión de manera
pacífica y pública del bien junto con los demás
copropietarios del mismo bien, hasta que la Marina de Guerra
del Perú ilegalmente los despojó de la posesión; que, la
Marina de Guerra del Perú planteó una demanda de
prescripción adquisitiva, la misma que se viene ventilando
ante el Segundo Juzgado Mixto de esta ciudad y que a la
fecha no cuenta con sentencia consentida ni ejecutoria, lo
cual permite la viabilidad de la presente acción; que, la
Marina de Guerra del Perú, a sabiendas que se encontraba en
posesión del bien y que éste se encuentra inscrito en el
registro, procedió a edificar una construcción de dos
plantas, haciendo mal uso del poder naval que les ha
concedido el Estado, por lo que, dicha construcción debe
adjudicársele sin obligación de pagar su valor; y, que,
respecto de los frutos dejados de percibir por la demandada,
se acreditan por cuanto la Marina de Guerra del Perú, a
través de su Villa Naval II, durante varios años ha hecho
uso y disfrute del bien materia a reivindicar para su
funcionamiento, la misma que brinda servicios al personal de
dicha institución. Ampara su pretensión en lo dispuesto por
los artículos: 2° inciso 16) de la Constitución Política del
Perú; 923°, 927° y 943° del Código Civil.-------------------
III.- Actividad Jurisdiccional.- La demanda se admite
mediante resolución número uno de fojas veinticuatro, en la
vía del proceso de conocimiento, procediéndose a notificar a
la demandada, según consta de las cédulas de notificación de
foja veinticinco.-------------------------------------------
IV.- Contestación de demanda.- MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
representada por el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales de Ministerio de Defensa relativos a la
Marina de Guerra del Perú, Edilberto Darío Bejarano Salas,
mediante escrito de fojas cuarenta y nueve a cincuenta y
seis, contesta la demanda solicitando que la misma sea
declarada infundada o improcedente. Alega que, la Marina de
Guerra del Perú, se encuentra en posesión pacifica,
continua, pública del inmueble materia de litis desde el año
mil novecientos setenta y ocho, a través de la capitanía del
puerto de Puno, constituyendo anteriormente la Comandancia
de Flotilla Patrulleras Lacustres; que, las construcciones
existentes en el inmueble sub litis datan de hace treinta
años, época en la que el terreno se encontraba deshabitado,
razón por la cual se realizó la posesión pacífica y pública
del mismo, asimismo, se realizó la declaración de impuestos
y arbitrios ante la autoridad municipal; que, se encuentran
en posesión del bien inmueble por más de treinta años, por
lo cual se presento la demanda de prescripción adquisitiva
de dominio, debiendo considerarse que el derecho de
propiedad que alega el demandante se extinguió, dado que, al
pasar más de veinte años de abandono del bien, éste pasa a
ser propiedad del Estado; y, que, el pago de usufructo
solicitado, resulta improcedente, pues no se justifica en
razón objetiva, constituyéndose en un medio de
enriquecimiento coyuntural.---------------------------------
V.- Actividad procesal.- Mediante resolución número ocho de
fojas ciento ocho y siguiente, se da por absuelto el
traslado de la demanda por parte del Procurador Público a
cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Defensa
relativos a la Marina de Guerra del Perú.-----------------
VI.- Saneamiento procesal.- A través de la resolución
número veinte, de fojas doscientos veinte, se resuelve
declarar saneado el proceso por la existencia de una
relación jurídica procesal válida.--------------------------
VII.- Fijación de puntos controvertidos y saneamiento
probatorio.- Con la resolución número veintidós dictada en
audiencia de conciliación, de fojas doscientos treinta y
siguiente, se fijan los puntos controvertidos, se admiten
medios probatorios, y se fijan fecha para la audiencia de
pruebas.----------------------------------------------------
VIII.- Audiencia de pruebas.- La audiencia de pruebas se
llevó a cabo conforme consta en el acta de fojas doscientos
treinta y seis a doscientos cuarenta y uno y, del acta de
continuación de audiencia de pruebas de fojas doscientos
ochenta y seis a doscientos ochenta y ocho.-----------------
IX.- Expediente que se tiene a la vista.- Al emitir
sentencia, se tiene a la vista el expediente judicial con
número 111-96 seguido por Elva Tula Pizarro Pérez sobre
prueba anticipada seguida por ante el Tercer Juzgado de Paz
Letrado de Puno.--------------------------------------------
X.- Llamado de autos para sentenciar.- A través de la
resolución número sesenta y seis de fojas seiscientos
cuarenta se dispone poner los autos a Despacho para emitir
sentencia, por lo que procedo a expedirla; y, CONSIDERANDO:
Primero.- CARGA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- Que, conforme a
lo dispuesto por el artículo 196° del Código Procesal Civil,
la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que
configuran su pretensión o a quien las contradice alegando
nuevos hechos; por su parte, artículo 197º del mismo Código
establece que todos los medios probatorios son valorados por
el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada, sin embargo, en la resolución sólo serán expuestas
las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su
decisión. Segundo.- PRETENSION DEMANDADA.- Que, Juan Alberto
Pizarro Pérez, a través de la demanda presentada –que obra
de fojas quince a veintitrés- requiere “como pretensión
principal, la reivindicación del área de quinientos noventa
metros cuadrados (590 m2) del bien inmueble sito en la
última cuadra del jirón El Puerto signado con el número
setecientos cincuenta que se encuentra en actual posesión de
la Marina de Guerra del Perú a través de su Villa Naval II,
y como pretensiones accesorias, a) La adjudicación de la
construcción edificada de mala fe en el terreno objeto de
reivindicación, b) El cobro de frutos dejados de percibir
por el recurrente e indebidamente percibidos por la
demandada por el usufructo ilegal que viene ejerciendo hasta
por la suma de trescientos sesenta mil nuevos soles (S/.
360,000.00), más los intereses que se generen hasta la fecha
de la ejecución de la sentencia, y, c) El pago de costas y
costos del proceso.” Tercero.- DE LA REIVINDICACIÓN.- Que,
la reivindicación es el mecanismo de tutela de la propiedad,
por la cual el propietario reclama la entrega del bien
cuando éste se halla en posesión de un tercero sin título
alguno; vale decir, es la acción que ejerce el propietario
no poseedor contra el poseedor sin derecho, y, ii) Que, la
reivindicación es una acción que la dirige el propietario de
un bien contra el ocupante que lo posee indebidamente, para
lo cual se requiere: a) Que el actor acredite la propiedad
del bien, b) Que el demandado lo posea indebidamente, y, c)
Que se identifique el bien; empero, para que ello ocurra
debe existir un examen previo que conduzca a la declaración
jurisdiccional del derecho de propiedad del actor y si éste
resulta oponible en forma evidente al demandado (Cas. N° 43-
2007-Tacna). Cuarto.- PUNTOS CONTROVERTIDOS – DE LA
REIVINDICACIÓN.- Que, mediante resolución número ciento
veintidós, de fojas doscientos treinta y siguiente, se ha
fijado como puntos controvertidos los siguientes: 1)
Determinar el derecho de propiedad que tiene el demandante
sobre el inmueble ubicado en la última cuadra del jirón El
Puerto, signado con el número setecientos cincuenta y si
consiguientemente tiene derecho a reivindicarlo y a la
adjudicación de las construcciones edificadas en dicho
terreno; 2) Establecer si corresponde disponer el pago de
frutos civiles por el monto demandado a favor del
demandante; y, 3) Establecer si la demandada Marina de
Guerra del Perú tiene algún derecho sobre el inmueble del
proceso y si el bien materia de litis ha sido abandonado por
más de veinte años, y si ha pasado el predio materia del
proceso a dominio del Estado. Quinto.- DE LA PROPIEDAD DEL
PREDIO MATERIA DE LITIS.- Que, a efecto de determinar si el
demandante es o no propietario del inmueble sub litis, se
debe considerar lo siguiente: i) Que, la propiedad, es el
derecho real en virtud del cual una cosa, como pertenencia
de una persona, está enteramente sujeta a su voluntad dentro
de los límites provenientes de la Ley o de la concurrencia
de derechos ajenos y tiene como atributos los establecidos
en el artículo 923º del Código Civil, es decir el de usarlo,
disfrutarlo, disponerlo y reivindicarlo; ii) Que, a efectos
de acreditar la propiedad, se debe considerar si la
adquisición es originaria o derivativa, en el primer caso,
bastará con acreditar el hecho adquisitivo, mientras que en
el segundo, no sólo se debe acreditar el acto por el que
adquirió, sino también que la propiedad correspondía a su
transmitente y así sucesivamente en toda la cadena de
transmisiones anteriores; iii) Que, de la revisión del
tracto sucesivo del demandante, se tiene: a) La Escritura
Pública de compraventa de fecha seis de setiembre de mil
novecientos sesenta y seis -fojas tres a seis-, otorgada por
Inocencio Mamani Mamani y esposa, a favor de Juan Alberto
Pizarro Pizarro y Lucia Pérez Ochoa, a través de la cual se
transfieren dos lotes, uno ubicado en el barrio Oekapata
hacia la parte oeste de la población de Puno, y el otro –
materia de reivindicación-, denominado “Muelle Pampa”, en la
parte este de la ciudad de Puno, que mide cuarenta metros de
largo y cuarenta metros de ancho, haciendo un total de mil
seiscientos metros cuadrados (1600 m2); b) Inscripción de
primera de dominio del inmueble objeto de reivindicación, de
fecha veintiséis de enero de mil novecientos setenta -fojas
trescientos cincuenta-, en la partida número 02000276, tomo
48, foja 17 del Registro de la Propiedad Inmueble, de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –
Oficina Registral Puno, a favor de Juan Alberto Pizarro y
esposa Lucía Pérez de Pizarro; c) Declaratoria de herederos
de Juan Alberto Pizarro Pizarro, inscrita en la partida
número 02034079, Tomo 8, Foja 421, de fecha dos de mayo de
mil novecientos noventa y seis –foja siete-, que declara el
fallecimiento ab intestato del que en vida fue Juan Alberto
Pizarro Pizarro y declara como sus herederos universales a
Lucía Pérez Ochoa viuda de Pizarro como su cónyuge
sobreviviente y a sus hijos María Luisa Pizarro Pérez, Elva
Tula Pizarro Pérez, Juan Alberto Pizarro Pérez -el
demandante- y Juana Esperanza Pizarro Pérez; d)
Independización del inmueble matriz, conforme se tiene de
las partidas números 05002819 y 05003405 del Registro de
Predios, Tomo 48, Folio 17 del Registro de Predios -fojas
quinientos sesenta y dos a quinientos sesenta y siete-, en
un área total de seiscientos metros cuadrados (600 m2),
quedando un área aproximada de mil metros cuadrados del
predio primigenio; iv) Que, el artículo 979° del Código
Procesal Civil, señala que, “Cualquier copropietario puede
reivindicar el bien común. Asimismo, puede promover las
acciones posesorias, los interdictos, las acciones de
desahucio, aviso de despedida y las demás que determine la
ley”. En consecuencia, se acredita que el bien sub materia
(área resultante luego de ser independizados dos lotes de
mayor extensión) se encuentra en estado de copropiedad entre
los sucesores de Juan Alberto Pizarro Pizarro, siendo uno de
éstos el demandante, por lo que, ostentaría derechos sobre
en calidad de copropietario sobre el bien inmueble. Sexto.-
DEL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN INICIADO POR LA MARINA DE GUERRA
DEL PERÚ.- Que, dentro de los argumentos esgrimidos por la
Marina de Guerra del Perú, se tiene que dicha institución se
encontraría en posesión del bien materia de litis por más de
treinta años, en forma pacífica y pública, razón por la
cual, iniciaron el proceso de prescripción adquisitiva de
dominio ante el Segundo Juzgado especializado Civil de Puno
con el número de expediente 278-2004-0-2104-JM-CI-02,
teniéndose copias certificadas del mismo –los que obran de
fojas trescientos setenta y siete, y, quinientos veintiuno a
quinientos cincuenta y cinco-, apreciándose de los mismo o
de otros instrumentos que en dicho procesal judicial se haya
expedido la sentencia declarativa del derecho demandado
“propiedad por prescripción adquisitiva a favor de la Marina
de Guerra del Perú”, lo que se corroboraría con la
resolución número ciento treinta y cuatro, de fecha uno de
julio del dos mil dieciséis, emitida en el expediente 278-
2004-0-2101-JM-CI-02; en tal sentido, la Marina de Guerra
del Perú no cuenta con instrumento válido y eficaz que
permita establecer su derecho de propiedad u otro análogo
que le permita oponérselo a la parte demandante. Sétimo.- DE
LA POSESIÓN DEL PREDIO MATERIA DE LITIS.- Que, de la
revisión de la demanda, se aprecia que el demandante señala
que la Marina de Guerra del Perú se encuentra en posesión
del bien materia de reivindicación, siendo tal argumento
ratificado por la parte demandada, conforme se tiene del
escrito de la contestación de la demanda –fojas cuarenta y
nueve a cincuenta y seis- en su numeral diez, “(…) la Marina
de Guerra del Perú entró en posesión del inmueble que ahora
es materia del presente proceso de manera permanente y
continua sin interrupción alguna, por cuanto allí funcionan
las instalaciones de la Comandancia de Flotilla Patrulleras
Lacustres (…)”, pudiendo verificarse tal situación en la
diligencia de inspección judicial realizada en el predio sub
Litis, de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil
nueve, tal como consta en acta de fojas doscientos treinta y
seis a doscientos cuarenta y uno, donde se precisa que en el
inmueble materia de reivindicación se encuentran
construcciones pertenecientes a la Marina de Guerra del
Perú, apreciándose que sus miembros realizan actividades
dentro de estas instalaciones, sea de instrucción o
habitación. Por lo expuesto, se tiene que la entidad
demandada se encuentra en posesión del bien materia de
Litis. Octavo.- IDENTIFIACIÓN DEL PREDIO.- Que, conforme se
tiene de la Escritura Pública de compraventa de fecha seis
de setiembre de mil novecientos sesenta y seis -fojas tres a
seis-, otorgada por Inocencio Mamani Mamani y esposa, a
favor de Juan Alberto Pizarro Pizarro y Lucia Pérez Ochoa,
se transfieren dos lotes, uno ubicado en el barrio Orkapata
hacia la parte oeste de la población de Puno, y el otro –
materia de reivindicación-, denominado “Muelle Pampa”, en la
parte este de la ciudad de Puno, precisándose que éste posee
una extensión de cuarenta metros de largo y cuarenta metros
de ancho, haciendo un total de mil seiscientos metros
cuadrados (1600 m2), habiéndose independizado un área
equivalente a seiscientos metros (600 m2) aproximadamente,
conforme se tiene de las partidas números 05002819 y
05003405 del Registro de Predios, Tomo 48, Folio 17 del
Registro de Predios -fojas quinientos sesenta y dos a
quinientos sesenta y siete-, siendo el área de
reivindicación equivalente a quinientos noventa metros
cuadrados (590 m2), cuyas características son que colinda
por el Norte con una línea recta de 20.40 ml. Con la avenida
El Puerto, por el Sur en línea recta de 21.45 ml y colinda
con propiedades particulares, por el Este con una línea
recta de 28.70 ml. y colinda con propiedad de PERU RAIL
(ante ENAFER) y otra con propiedad de particulares y por el
Oeste con línea recta de 27.95 ml y colinda con propiedad de
señor Hernán Fernández; la misma que se encuentra en
posesión de la entidad demandada. Por lo vertido, es de
concluirse que la pretensión principal demandada debe ser
amparada, conforme a lo dispuesto por los artículos 70° de
la Constitución Política del Estado, 923°, 927 y 979° del
Código Civil; Noveno.- DEL PAGO DE FRUTOS DEJADOS DE
PERCIBIR.- Que, el demandante requiere como pretensión
accesoria, “(…) Cobro de frutos dejados de percibir por el
recurrente e indebidamente percibidos por la demandada por
el usufructo ilegal que viene ejercitando hasta por la suma
de S/ 360,000.00 (trescientos sesenta mil nuevos soles), más
los intereses que se generen hasta la fecha de ejecución de
sentencia”, al respecto debe considerarse lo siguiente: i)
El artículo 890° del Código Civil señala que, “Son frutos
los provechos renovables que produce un bien, sin que se
altere ni disminuya su sustancia”; ii) Los frutos pueden ser
naturales, industriales o civiles, conforme dispone el
artículo 891° de la norma glosada, sin embargo, el
demandante no precisa la clase de frutos indebidamente
percibidos, señalando únicamente que este se genera por el
usufructo ilegal, sin considerar que, el usufructo confiere
las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien
ajeno, sea por ley, acto jurídico o por testamento, siendo
un acto regulado y válido, y para cuya constitución se
requiere de facultades otorgadas por persona legitimada o
por ley, no concurriendo ninguna de esas circunstancias,
además, debe considerarse que no existen mayores argumentos
que sustente tal pretensión, menos medios probatorios que
justifiquen el pago de los S/ 360,000.00 (trescientos
sesenta mil soles), por lo que, no basta una simple
aseveración, sino que ésta debe estar debidamente
argumentada y corroborada con medios probatorios, y al no
presentarse tales situaciones, debe desestimarse tal
pretensión. Décimo.- ADJUDICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
EDIFICADA DE MALA FE.- Que, se tiene como pretensión
accesoria, “La adjudicación de la construcción edificada de
mala fe en el terreno del recurrente (…)”, al respecto, debe
considerarse lo dispuesto en el artículo 943° del Código
Civil, “Cuando se edifique de mala fe en terreno ajeno, el
dueño puede exigir la demolición de lo edificado si le
causare perjuicio, más el pago de la indemnización
correspondiente o hacer suyo lo edificado sin obligación de
pagar su valor. En el primer caso la demolición es de cargo
del invasor”, teniéndose que en el caso de autos, la entidad
demandada entró en posesión del bien inmueble materia de
reivindicación sin ostentar la calidad de propietaria, por
lo que, al declararse fundada la demanda, se ordenará la
restitución del bien, teniendo el propietario la posibilidad
de exigir la demolición o adjudicación, siendo así, resulta
procedente la pretensión requerida; por cuanto el derecho de
propiedad de los antecesores del demandante se halla
inscrito en registros públicos (tal como aparece de folios
trescientos cincuenta y cuatro) hecho que se entiende es de
conocimiento público conforme lo establece el artículo 2012°
del Código Civil –que señala “se presume, sin admitirse
prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del
contenido de las inscripciones.”-; en tal sentido, se
evidencia un accionar de mala fe, por parte de la demandada.
Undécimo.- COSTAS Y COSTOS.- Que, conforme señala el
artículo 413° del Código Procesal Civil, tratándose la
demandada de la Marina de Guerra del Perú, se le debe
exonerarse del pago de costas y costos. Por estas
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el
artículo 121° del Código Procesal Civil y artículo 138° de
la Constitución Política del Estado impartiendo justicia,
FALLO: I.- DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas
quince a veintitrés, interpuesta por JUAN ALBERTO PIZARRO
PÉREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA DEL PERU
representada por el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Defensa; respecto de la
PRETENSIÓN de REINVINDICACIÓN, en consecuencia ORDENO que la
MARINA DE GUERRA DEL PERU RESTITUYA a favor del demandante
JUAN ALBERTO PIZARRO PÉREZ LA POSESIÓN del inmueble situado
en la avenida El Puerto número setecientos cincuenta con un
área de quinientos noventa metros cuadrados (590 m2), que
colinda por el Norte, con una línea recta de 20.40 metros
lineales con la avenida El Puerto; por el Sur, con una línea
recta de 21.45 metros lineales con propiedades particulares;
por el Este, con una línea recta de 28.70 metros lineales
con parte de la propiedad de PERU RAIL y otras propiedades
particulares; y, por el Oeste, con una línea recta de 27.95
metros lineales con la propiedad de Hernán Fernández; y,
RECONOCIENDO EL DERECHO A LA ADJUDICACIÓN DE LAS
CONSTRUCCIONES, en tal sentido, DISPONGO: la adjudicación de
las construcciones edificadas en el área materia de
reivindicación, a favor del propietario del inmueble sub
materia; y, II.- DECLARANDO INFUNDADA la demanda de fojas
quince a veintitrés, interpuesta por JUAN ALBERTO PIZARRO
PÉREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA DEL PERU
representada por el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Defensa; EN EL EXTREMO
referido a la pretensión de cobro de frutos. SIN COSTOS NI
COSTAS del proceso. Así lo pronuncio mando y firmo en la
sala de mi Despacho, del Tercer Juzgado Especializado Civil
de Puno. Hágase saber. | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE PUNO
Juez: GUIDO ARMANDO CHEVARRIA TISNADO
Fecha: 20/07/2016 10:56:53
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: PUNO/PUNO
FIRMA DIGITAL
TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL DE PUNO
CORTE SUPERIOR DE PUNO
Secretario: SOFIA GUERRA
CABRERA
Fecha: 20/07/2016 11:06:38 SENTENCIA NRO. 275 – 2016
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: PUNO/PUNO
FIRMA DIGITAL
Expediente: 01387-2007-0-2101-JM-CI-03.
Demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez.
Demandada : Marina de Guerra del Perú.
Materia : Reivindicación.
Proceso : Conocimiento.
Juez : Guido Armando Chevarria Tisnado.
Secretaria: Sofía Guerra Cabrera.
Resolución: Sesenta y ocho (68).
Puno, veinte de julio del dos mil dieciséis.-
Puesto a Despacho. VISTOS; I.- Petitorio de la demanda.- La
demanda de fojas quince a veintitrés, interpuesta por JUAN
ALBERTO PIZARRO PEREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA DEL
PERU representada por el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Defensa, a través de la
cual requiere como pretensión principal, la reivindicación
del área de quinientos noventa metros cuadrados (590 m2) del
bien inmueble sito en la última cuadra del jirón El Puerto
signado con el número setecientos cincuenta que se encuentra
en actual posesión de la Marina de Guerra del Perú a través
de su Villa Naval II, y como pretensiones accesorias, a) La
adjudicación de la construcción edificada de mala fe en el
terreno objeto de reivindicación, b) El cobro de frutos
dejados de percibir por el recurrente e indebidamente
percibidos por la demandada por el usufructo ilegal que
viene ejerciendo hasta por la suma de trescientos sesenta
mil nuevos soles (S/. 360,000.00), más los intereses que se
generen hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, y,
c) El pago de costas y costos del proceso.------------------
II.- Fundamentos de hecho en que se sustenta el petitorio de
la demanda y fundamentación jurídica.- El demandante alega
que, el seis de setiembre del mil novecientos sesenta y
seis, Inocencio Mamani Mamani y esposa, Saturnina Mamani de
Mamani, dieron en venta y enajenación perpetua a favor de
sus padres, Juan Alberto Pizarro Pizarro y Lucía Pérez de
Pizarro, dos fundos, uno ubicado en el barrio Orkapata (hoy
barrio Mañazo) y otro ubicado en el sector llamado Muelle
Pampa en la parte Este de la población –materia de
reivindicación- cuya medición originaria era de cuarenta
metros de largo por cuarenta metros de ancho, el mismo que
se elevó a escritura pública y se encuentra inscrita en los
registros públicos, en el tomo número cuarenta y ocho, folio
diecisiete, partida II y asiento número uno del Registro de
la Propiedad Inmueble de esta ciudad; que, el área cuya
reivindicación se pretende asciende a quinientos noventa
metros cuadrados (590 m2), que se encuentra en posesión de
la Marina de Guerra del Perú a través de Villa Naval II;
que, habiendo fallecido su padre y siendo uno de sus
sucesores legales, venía ejerciendo la posesión de manera
pacífica y pública del bien junto con los demás
copropietarios del mismo bien, hasta que la Marina de Guerra
del Perú ilegalmente los despojó de la posesión; que, la
Marina de Guerra del Perú planteó una demanda de
prescripción adquisitiva, la misma que se viene ventilando
ante el Segundo Juzgado Mixto de esta ciudad y que a la
fecha no cuenta con sentencia consentida ni ejecutoria, lo
cual permite la viabilidad de la presente acción; que, la
Marina de Guerra del Perú, a sabiendas que se encontraba en
posesión del bien y que éste se encuentra inscrito en el
registro, procedió a edificar una construcción de dos
plantas, haciendo mal uso del poder naval que les ha
concedido el Estado, por lo que, dicha construcción debe
adjudicársele sin obligación de pagar su valor; y, que,
respecto de los frutos dejados de percibir por la demandada,
se acreditan por cuanto la Marina de Guerra del Perú, a
través de su Villa Naval II, durante varios años ha hecho
uso y disfrute del bien materia a reivindicar para su
funcionamiento, la misma que brinda servicios al personal de
dicha institución. Ampara su pretensión en lo dispuesto por
los artículos: 2° inciso 16) de la Constitución Política del
Perú; 923°, 927° y 943° del Código Civil.-------------------
III.- Actividad Jurisdiccional.- La demanda se admite
mediante resolución número uno de fojas veinticuatro, en la
vía del proceso de conocimiento, procediéndose a notificar a
la demandada, según consta de las cédulas de notificación de
foja veinticinco.-------------------------------------------
IV.- Contestación de demanda.- MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
representada por el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales de Ministerio de Defensa relativos a la
Marina de Guerra del Perú, Edilberto Darío Bejarano Salas,
mediante escrito de fojas cuarenta y nueve a cincuenta y
seis, contesta la demanda solicitando que la misma sea
declarada infundada o improcedente. Alega que, la Marina de
Guerra del Perú, se encuentra en posesión pacifica,
continua, pública del inmueble materia de litis desde el año
mil novecientos setenta y ocho, a través de la capitanía del
puerto de Puno, constituyendo anteriormente la Comandancia
de Flotilla Patrulleras Lacustres; que, las construcciones
existentes en el inmueble sub litis datan de hace treinta
años, época en la que el terreno se encontraba deshabitado,
razón por la cual se realizó la posesión pacífica y pública
del mismo, asimismo, se realizó la declaración de impuestos
y arbitrios ante la autoridad municipal; que, se encuentran
en posesión del bien inmueble por más de treinta años, por
lo cual se presento la demanda de prescripción adquisitiva
de dominio, debiendo considerarse que el derecho de
propiedad que alega el demandante se extinguió, dado que, al
pasar más de veinte años de abandono del bien, éste pasa a
ser propiedad del Estado; y, que, el pago de usufructo
solicitado, resulta improcedente, pues no se justifica en
razón objetiva, constituyéndose en un medio de
enriquecimiento coyuntural.---------------------------------
V.- Actividad procesal.- Mediante resolución número ocho de
fojas ciento ocho y siguiente, se da por absuelto el
traslado de la demanda por parte del Procurador Público a
cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Defensa
relativos a la Marina de Guerra del Perú.-----------------
VI.- Saneamiento procesal.- A través de la resolución
número veinte, de fojas doscientos veinte, se resuelve
declarar saneado el proceso por la existencia de una
relación jurídica procesal válida.--------------------------
VII.- Fijación de puntos controvertidos y saneamiento
probatorio.- Con la resolución número veintidós dictada en
audiencia de conciliación, de fojas doscientos treinta y
siguiente, se fijan los puntos controvertidos, se admiten
medios probatorios, y se fijan fecha para la audiencia de
pruebas.----------------------------------------------------
VIII.- Audiencia de pruebas.- La audiencia de pruebas se
llevó a cabo conforme consta en el acta de fojas doscientos
treinta y seis a doscientos cuarenta y uno y, del acta de
continuación de audiencia de pruebas de fojas doscientos
ochenta y seis a doscientos ochenta y ocho.-----------------
IX.- Expediente que se tiene a la vista.- Al emitir
sentencia, se tiene a la vista el expediente judicial con
número 111-96 seguido por Elva Tula Pizarro Pérez sobre
prueba anticipada seguida por ante el Tercer Juzgado de Paz
Letrado de Puno.--------------------------------------------
X.- Llamado de autos para sentenciar.- A través de la
resolución número sesenta y seis de fojas seiscientos
cuarenta se dispone poner los autos a Despacho para emitir
sentencia, por lo que procedo a expedirla; y, CONSIDERANDO:
Primero.- CARGA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- Que, conforme a
lo dispuesto por el artículo 196° del Código Procesal Civil,
la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que
configuran su pretensión o a quien las contradice alegando
nuevos hechos; por su parte, artículo 197º del mismo Código
establece que todos los medios probatorios son valorados por
el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada, sin embargo, en la resolución sólo serán expuestas
las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su
decisión. Segundo.- PRETENSION DEMANDADA.- Que, Juan Alberto
Pizarro Pérez, a través de la demanda presentada –que obra
de fojas quince a veintitrés- requiere “como pretensión
principal, la reivindicación del área de quinientos noventa
metros cuadrados (590 m2) del bien inmueble sito en la
última cuadra del jirón El Puerto signado con el número
setecientos cincuenta que se encuentra en actual posesión de
la Marina de Guerra del Perú a través de su Villa Naval II,
y como pretensiones accesorias, a) La adjudicación de la
construcción edificada de mala fe en el terreno objeto de
reivindicación, b) El cobro de frutos dejados de percibir
por el recurrente e indebidamente percibidos por la
demandada por el usufructo ilegal que viene ejerciendo hasta
por la suma de trescientos sesenta mil nuevos soles (S/.
360,000.00), más los intereses que se generen hasta la fecha
de la ejecución de la sentencia, y, c) El pago de costas y
costos del proceso.” Tercero.- DE LA REIVINDICACIÓN.- Que,
la reivindicación es el mecanismo de tutela de la propiedad,
por la cual el propietario reclama la entrega del bien
cuando éste se halla en posesión de un tercero sin título
alguno; vale decir, es la acción que ejerce el propietario
no poseedor contra el poseedor sin derecho, y, ii) Que, la
reivindicación es una acción que la dirige el propietario de
un bien contra el ocupante que lo posee indebidamente, para
lo cual se requiere: a) Que el actor acredite la propiedad
del bien, b) Que el demandado lo posea indebidamente, y, c)
Que se identifique el bien; empero, para que ello ocurra
debe existir un examen previo que conduzca a la declaración
jurisdiccional del derecho de propiedad del actor y si éste
resulta oponible en forma evidente al demandado (Cas. N° 43-
2007-Tacna). Cuarto.- PUNTOS CONTROVERTIDOS – DE LA
REIVINDICACIÓN.- Que, mediante resolución número ciento
veintidós, de fojas doscientos treinta y siguiente, se ha
fijado como puntos controvertidos los siguientes: 1)
Determinar el derecho de propiedad que tiene el demandante
sobre el inmueble ubicado en la última cuadra del jirón El
Puerto, signado con el número setecientos cincuenta y si
consiguientemente tiene derecho a reivindicarlo y a la
adjudicación de las construcciones edificadas en dicho
terreno; 2) Establecer si corresponde disponer el pago de
frutos civiles por el monto demandado a favor del
demandante; y, 3) Establecer si la demandada Marina de
Guerra del Perú tiene algún derecho sobre el inmueble del
proceso y si el bien materia de litis ha sido abandonado por
más de veinte años, y si ha pasado el predio materia del
proceso a dominio del Estado. Quinto.- DE LA PROPIEDAD DEL
PREDIO MATERIA DE LITIS.- Que, a efecto de determinar si el
demandante es o no propietario del inmueble sub litis, se
debe considerar lo siguiente: i) Que, la propiedad, es el
derecho real en virtud del cual una cosa, como pertenencia
de una persona, está enteramente sujeta a su voluntad dentro
de los límites provenientes de la Ley o de la concurrencia
de derechos ajenos y tiene como atributos los establecidos
en el artículo 923º del Código Civil, es decir el de usarlo,
disfrutarlo, disponerlo y reivindicarlo; ii) Que, a efectos
de acreditar la propiedad, se debe considerar si la
adquisición es originaria o derivativa, en el primer caso,
bastará con acreditar el hecho adquisitivo, mientras que en
el segundo, no sólo se debe acreditar el acto por el que
adquirió, sino también que la propiedad correspondía a su
transmitente y así sucesivamente en toda la cadena de
transmisiones anteriores; iii) Que, de la revisión del
tracto sucesivo del demandante, se tiene: a) La Escritura
Pública de compraventa de fecha seis de setiembre de mil
novecientos sesenta y seis -fojas tres a seis-, otorgada por
Inocencio Mamani Mamani y esposa, a favor de Juan Alberto
Pizarro Pizarro y Lucia Pérez Ochoa, a través de la cual se
transfieren dos lotes, uno ubicado en el barrio Oekapata
hacia la parte oeste de la población de Puno, y el otro –
materia de reivindicación-, denominado “Muelle Pampa”, en la
parte este de la ciudad de Puno, que mide cuarenta metros de
largo y cuarenta metros de ancho, haciendo un total de mil
seiscientos metros cuadrados (1600 m2); b) Inscripción de
primera de dominio del inmueble objeto de reivindicación, de
fecha veintiséis de enero de mil novecientos setenta -fojas
trescientos cincuenta-, en la partida número 02000276, tomo
48, foja 17 del Registro de la Propiedad Inmueble, de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –
Oficina Registral Puno, a favor de Juan Alberto Pizarro y
esposa Lucía Pérez de Pizarro; c) Declaratoria de herederos
de Juan Alberto Pizarro Pizarro, inscrita en la partida
número 02034079, Tomo 8, Foja 421, de fecha dos de mayo de
mil novecientos noventa y seis –foja siete-, que declara el
fallecimiento ab intestato del que en vida fue Juan Alberto
Pizarro Pizarro y declara como sus herederos universales a
Lucía Pérez Ochoa viuda de Pizarro como su cónyuge
sobreviviente y a sus hijos María Luisa Pizarro Pérez, Elva
Tula Pizarro Pérez, Juan Alberto Pizarro Pérez -el
demandante- y Juana Esperanza Pizarro Pérez; d)
Independización del inmueble matriz, conforme se tiene de
las partidas números 05002819 y 05003405 del Registro de
Predios, Tomo 48, Folio 17 del Registro de Predios -fojas
quinientos sesenta y dos a quinientos sesenta y siete-, en
un área total de seiscientos metros cuadrados (600 m2),
quedando un área aproximada de mil metros cuadrados del
predio primigenio; iv) Que, el artículo 979° del Código
Procesal Civil, señala que, “Cualquier copropietario puede
reivindicar el bien común. Asimismo, puede promover las
acciones posesorias, los interdictos, las acciones de
desahucio, aviso de despedida y las demás que determine la
ley”. En consecuencia, se acredita que el bien sub materia
(área resultante luego de ser independizados dos lotes de
mayor extensión) se encuentra en estado de copropiedad entre
los sucesores de Juan Alberto Pizarro Pizarro, siendo uno de
éstos el demandante, por lo que, ostentaría derechos sobre
en calidad de copropietario sobre el bien inmueble. Sexto.-
DEL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN INICIADO POR LA MARINA DE GUERRA
DEL PERÚ.- Que, dentro de los argumentos esgrimidos por la
Marina de Guerra del Perú, se tiene que dicha institución se
encontraría en posesión del bien materia de litis por más de
treinta años, en forma pacífica y pública, razón por la
cual, iniciaron el proceso de prescripción adquisitiva de
dominio ante el Segundo Juzgado especializado Civil de Puno
con el número de expediente 278-2004-0-2104-JM-CI-02,
teniéndose copias certificadas del mismo –los que obran de
fojas trescientos setenta y siete, y, quinientos veintiuno a
quinientos cincuenta y cinco-, apreciándose de los mismo o
de otros instrumentos que en dicho procesal judicial se haya
expedido la sentencia declarativa del derecho demandado
“propiedad por prescripción adquisitiva a favor de la Marina
de Guerra del Perú”, lo que se corroboraría con la
resolución número ciento treinta y cuatro, de fecha uno de
julio del dos mil dieciséis, emitida en el expediente 278-
2004-0-2101-JM-CI-02; en tal sentido, la Marina de Guerra
del Perú no cuenta con instrumento válido y eficaz que
permita establecer su derecho de propiedad u otro análogo
que le permita oponérselo a la parte demandante. Sétimo.- DE
LA POSESIÓN DEL PREDIO MATERIA DE LITIS.- Que, de la
revisión de la demanda, se aprecia que el demandante señala
que la Marina de Guerra del Perú se encuentra en posesión
del bien materia de reivindicación, siendo tal argumento
ratificado por la parte demandada, conforme se tiene del
escrito de la contestación de la demanda –fojas cuarenta y
nueve a cincuenta y seis- en su numeral diez, “(…) la Marina
de Guerra del Perú entró en posesión del inmueble que ahora
es materia del presente proceso de manera permanente y
continua sin interrupción alguna, por cuanto allí funcionan
las instalaciones de la Comandancia de Flotilla Patrulleras
Lacustres (…)”, pudiendo verificarse tal situación en la
diligencia de inspección judicial realizada en el predio sub
Litis, de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil
nueve, tal como consta en acta de fojas doscientos treinta y
seis a doscientos cuarenta y uno, donde se precisa que en el
inmueble materia de reivindicación se encuentran
construcciones pertenecientes a la Marina de Guerra del
Perú, apreciándose que sus miembros realizan actividades
dentro de estas instalaciones, sea de instrucción o
habitación. Por lo expuesto, se tiene que la entidad
demandada se encuentra en posesión del bien materia de
Litis. Octavo.- IDENTIFIACIÓN DEL PREDIO.- Que, conforme se
tiene de la Escritura Pública de compraventa de fecha seis
de setiembre de mil novecientos sesenta y seis -fojas tres a
seis-, otorgada por Inocencio Mamani Mamani y esposa, a
favor de Juan Alberto Pizarro Pizarro y Lucia Pérez Ochoa,
se transfieren dos lotes, uno ubicado en el barrio Orkapata
hacia la parte oeste de la población de Puno, y el otro –
materia de reivindicación-, denominado “Muelle Pampa”, en la
parte este de la ciudad de Puno, precisándose que éste posee
una extensión de cuarenta metros de largo y cuarenta metros
de ancho, haciendo un total de mil seiscientos metros
cuadrados (1600 m2), habiéndose independizado un área
equivalente a seiscientos metros (600 m2) aproximadamente,
conforme se tiene de las partidas números 05002819 y
05003405 del Registro de Predios, Tomo 48, Folio 17 del
Registro de Predios -fojas quinientos sesenta y dos a
quinientos sesenta y siete-, siendo el área de
reivindicación equivalente a quinientos noventa metros
cuadrados (590 m2), cuyas características son que colinda
por el Norte con una línea recta de 20.40 ml. Con la avenida
El Puerto, por el Sur en línea recta de 21.45 ml y colinda
con propiedades particulares, por el Este con una línea
recta de 28.70 ml. y colinda con propiedad de PERU RAIL
(ante ENAFER) y otra con propiedad de particulares y por el
Oeste con línea recta de 27.95 ml y colinda con propiedad de
señor Hernán Fernández; la misma que se encuentra en
posesión de la entidad demandada. Por lo vertido, es de
concluirse que la pretensión principal demandada debe ser
amparada, conforme a lo dispuesto por los artículos 70° de
la Constitución Política del Estado, 923°, 927 y 979° del
Código Civil; Noveno.- DEL PAGO DE FRUTOS DEJADOS DE
PERCIBIR.- Que, el demandante requiere como pretensión
accesoria, “(…) Cobro de frutos dejados de percibir por el
recurrente e indebidamente percibidos por la demandada por
el usufructo ilegal que viene ejercitando hasta por la suma
de S/ 360,000.00 (trescientos sesenta mil nuevos soles), más
los intereses que se generen hasta la fecha de ejecución de
sentencia”, al respecto debe considerarse lo siguiente: i)
El artículo 890° del Código Civil señala que, “Son frutos
los provechos renovables que produce un bien, sin que se
altere ni disminuya su sustancia”; ii) Los frutos pueden ser
naturales, industriales o civiles, conforme dispone el
artículo 891° de la norma glosada, sin embargo, el
demandante no precisa la clase de frutos indebidamente
percibidos, señalando únicamente que este se genera por el
usufructo ilegal, sin considerar que, el usufructo confiere
las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien
ajeno, sea por ley, acto jurídico o por testamento, siendo
un acto regulado y válido, y para cuya constitución se
requiere de facultades otorgadas por persona legitimada o
por ley, no concurriendo ninguna de esas circunstancias,
además, debe considerarse que no existen mayores argumentos
que sustente tal pretensión, menos medios probatorios que
justifiquen el pago de los S/ 360,000.00 (trescientos
sesenta mil soles), por lo que, no basta una simple
aseveración, sino que ésta debe estar debidamente
argumentada y corroborada con medios probatorios, y al no
presentarse tales situaciones, debe desestimarse tal
pretensión. Décimo.- ADJUDICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
EDIFICADA DE MALA FE.- Que, se tiene como pretensión
accesoria, “La adjudicación de la construcción edificada de
mala fe en el terreno del recurrente (…)”, al respecto, debe
considerarse lo dispuesto en el artículo 943° del Código
Civil, “Cuando se edifique de mala fe en terreno ajeno, el
dueño puede exigir la demolición de lo edificado si le
causare perjuicio, más el pago de la indemnización
correspondiente o hacer suyo lo edificado sin obligación de
pagar su valor. En el primer caso la demolición es de cargo
del invasor”, teniéndose que en el caso de autos, la entidad
demandada entró en posesión del bien inmueble materia de
reivindicación sin ostentar la calidad de propietaria, por
lo que, al declararse fundada la demanda, se ordenará la
restitución del bien, teniendo el propietario la posibilidad
de exigir la demolición o adjudicación, siendo así, resulta
procedente la pretensión requerida; por cuanto el derecho de
propiedad de los antecesores del demandante se halla
inscrito en registros públicos (tal como aparece de folios
trescientos cincuenta y cuatro) hecho que se entiende es de
conocimiento público conforme lo establece el artículo 2012°
del Código Civil –que señala “se presume, sin admitirse
prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del
contenido de las inscripciones.”-; en tal sentido, se
evidencia un accionar de mala fe, por parte de la demandada.
Undécimo.- COSTAS Y COSTOS.- Que, conforme señala el
artículo 413° del Código Procesal Civil, tratándose la
demandada de la Marina de Guerra del Perú, se le debe
exonerarse del pago de costas y costos. Por estas
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el
artículo 121° del Código Procesal Civil y artículo 138° de
la Constitución Política del Estado impartiendo justicia,
FALLO: I.- DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas
quince a veintitrés, interpuesta por JUAN ALBERTO PIZARRO
PÉREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA DEL PERU
representada por el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Defensa; respecto de la
PRETENSIÓN de REINVINDICACIÓN, en consecuencia ORDENO que la
MARINA DE GUERRA DEL PERU RESTITUYA a favor del demandante
JUAN ALBERTO PIZARRO PÉREZ LA POSESIÓN del inmueble situado
en la avenida El Puerto número setecientos cincuenta con un
área de quinientos noventa metros cuadrados (590 m2), que
colinda por el Norte, con una línea recta de 20.40 metros
lineales con la avenida El Puerto; por el Sur, con una línea
recta de 21.45 metros lineales con propiedades particulares;
por el Este, con una línea recta de 28.70 metros lineales
con parte de la propiedad de PERU RAIL y otras propiedades
particulares; y, por el Oeste, con una línea recta de 27.95
metros lineales con la propiedad de Hernán Fernández; y,
RECONOCIENDO EL DERECHO A LA ADJUDICACIÓN DE LAS
CONSTRUCCIONES, en tal sentido, DISPONGO: la adjudicación de
las construcciones edificadas en el área materia de
reivindicación, a favor del propietario del inmueble sub
materia; y, II.- DECLARANDO INFUNDADA la demanda de fojas
quince a veintitrés, interpuesta por JUAN ALBERTO PIZARRO
PÉREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA DEL PERU
representada por el Procurador Público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Defensa; EN EL EXTREMO
referido a la pretensión de cobro de frutos. SIN COSTOS NI
COSTAS del proceso. Así lo pronuncio mando y firmo en la
sala de mi Despacho, del Tercer Juzgado Especializado Civil
de Puno. Hágase saber.<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00347-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : AGROPESCA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, treinta de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
octubre de 2001, a folios 11, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra AGROPESCA SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 90/100 SOLES, más los intereses
legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 29 de octubre y 19 de diciembre de 2001 (13-15), por lo que,
a la fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 21 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de octubre del 2001.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00347-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : AGROPESCA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, treinta de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 22 de
octubre de 2001, a folios 11, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra AGROPESCA SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 90/100 SOLES, más los intereses
legales, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 29 de octubre y 19 de diciembre de 2001 (13-15), por lo que,
a la fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 21 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 22 de octubre del 2001.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | 2° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01 - TOMO II
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : SAN ROMAN AQUIZE, LUIS MIGUEL
ESPECIALISTA : MENDOZA NUÑEZ, CARLOS
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS S A.
DEMANDANTE : CUBA DIAZ, ROBINSON ADAN
Resolución N° 97
Tacna, trece de Julio del
Año dos mil veinte.-
VISTOS: La observación a la liquidación de intereses formulado por la demandada, a
fojas 920/921; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2019, el demandante
Robinson Adan Cuba Díaz, a través de su abogado patrocinante presenta propuesta de
intereses legales generados en la presente causa según señala. En tal sentido solicita se
requiera el pago por el monto de S/. 6,933.72 Soles.
SEGUNDO: La parte demandada Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L. a
través de su Abogado, formula observación a la propuesta de liquidación de intereses
legales presentado por el demandante, se declare fundada la observación y se remita el
proceso al perito para que efectue la liquidación correspondiente, señalando lo
siguiente: 1) En la liquidación solo se ha indicado el monto de la deuda, fecha inicial y
día de pago, sin señalar que en diversas fechas se ha consignado pagos a cuenta,
teniendo estos efectos cancelatorios y no se puede indicar que el día de pago ha sido el
07 de enero del 2019. 2) En la liquidación de intereses presentada de S/. 6933.72 Soles
no se precisa ni se indica que tipo de interés, si es legal o laboral, no se indica la tasa o
el factor que se ha colocado para el cálculo de los intereses, tampoco se indica las fecha
del cálculo, es decir es una liquidación subjetiva. 3) La observación deviene infundada
y corresponde remitir el proceso al perito, para que proceda a efectuar la liquidación
correspondiente, teniendo en cuenta que en este caso de trata de intereses laborales.
TERCERO: Que, conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley N° 26636, ley
Procesal de Trabajo, el cálculo de intereses y otros similares se liquidan por la parte
vencedora con el auxilio pericial respectivo de ser necesario, en caso la otra parte
observe dicha liquidación deberá sustentarla en una liquidación de similar
naturaleza; asimismo, teniendo controversia sobre ello, el Juez decide cuál es la
liquidación correcta y en caso sea indispensable podrá recurrir a los peritos
contables con los que cuenta el juzgado o los que designe.
CUARTO: Que, el artículo tercero de la Decreto Ley N° 25920, dispone que el interés
que corresponde pagar por adeudo de carácter laboral es el fijado por el Banco Central
de Reserva del Perú, que taxativamente señala: “El interés legal sobre los montos
adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente día en que se produjo
el incumplimiento y hasta el día de su pago, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al
empleador o prueba haber sufrido algún daño.”
QUINTO: Que, revisado la propuesta de intereses legales presentado por el
demandante, así como la observación formulada a dicha liquidación por el Abogado de
la parte demandada, se aprecia que no se han precisado y fundamentado la fórmula que
han utilizado para establecer el monto propuesto, no se ha indicado los pagos
efectuados para establecer el día de pago, no se indica el tipo de interés y no se indica
las fechas del cálculo de los intereses.- En consecuencia, en atención a lo dispuesto en el
artículo 78 de la Ley 26636, debe remitirse los autos al perito judicial de Turno
adscrito al Módulo Corporativo Laboral de Tacna, a fin que practique pericia contable
de los intereses, teniendo en cuenta la sentencia emitida en autos, lo actuado en el
proceso y las observaciones formuladas a la propuesta de liquidación. Consideraciones
por las cuales;
SE RESUELVE:
REMITIR los actuados al perito judicial de Turno adscrito al Módulo Corporativo Laboral de
Tacna, a fin que practique pericia contable de los intereses conforme a la sentencia y lo actuado
en el presente proceso.- TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- | <|im_start|>system
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2° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01 - TOMO II
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : SAN ROMAN AQUIZE, LUIS MIGUEL
ESPECIALISTA : MENDOZA NUÑEZ, CARLOS
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS S A.
DEMANDANTE : CUBA DIAZ, ROBINSON ADAN
Resolución N° 97
Tacna, trece de Julio del
Año dos mil veinte.-
VISTOS: La observación a la liquidación de intereses formulado por la demandada, a
fojas 920/921; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2019, el demandante
Robinson Adan Cuba Díaz, a través de su abogado patrocinante presenta propuesta de
intereses legales generados en la presente causa según señala. En tal sentido solicita se
requiera el pago por el monto de S/. 6,933.72 Soles.
SEGUNDO: La parte demandada Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L. a
través de su Abogado, formula observación a la propuesta de liquidación de intereses
legales presentado por el demandante, se declare fundada la observación y se remita el
proceso al perito para que efectue la liquidación correspondiente, señalando lo
siguiente: 1) En la liquidación solo se ha indicado el monto de la deuda, fecha inicial y
día de pago, sin señalar que en diversas fechas se ha consignado pagos a cuenta,
teniendo estos efectos cancelatorios y no se puede indicar que el día de pago ha sido el
07 de enero del 2019. 2) En la liquidación de intereses presentada de S/. 6933.72 Soles
no se precisa ni se indica que tipo de interés, si es legal o laboral, no se indica la tasa o
el factor que se ha colocado para el cálculo de los intereses, tampoco se indica las fecha
del cálculo, es decir es una liquidación subjetiva. 3) La observación deviene infundada
y corresponde remitir el proceso al perito, para que proceda a efectuar la liquidación
correspondiente, teniendo en cuenta que en este caso de trata de intereses laborales.
TERCERO: Que, conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley N° 26636, ley
Procesal de Trabajo, el cálculo de intereses y otros similares se liquidan por la parte
vencedora con el auxilio pericial respectivo de ser necesario, en caso la otra parte
observe dicha liquidación deberá sustentarla en una liquidación de similar
naturaleza; asimismo, teniendo controversia sobre ello, el Juez decide cuál es la
liquidación correcta y en caso sea indispensable podrá recurrir a los peritos
contables con los que cuenta el juzgado o los que designe.
CUARTO: Que, el artículo tercero de la Decreto Ley N° 25920, dispone que el interés
que corresponde pagar por adeudo de carácter laboral es el fijado por el Banco Central
de Reserva del Perú, que taxativamente señala: “El interés legal sobre los montos
adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente día en que se produjo
el incumplimiento y hasta el día de su pago, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al
empleador o prueba haber sufrido algún daño.”
QUINTO: Que, revisado la propuesta de intereses legales presentado por el
demandante, así como la observación formulada a dicha liquidación por el Abogado de
la parte demandada, se aprecia que no se han precisado y fundamentado la fórmula que
han utilizado para establecer el monto propuesto, no se ha indicado los pagos
efectuados para establecer el día de pago, no se indica el tipo de interés y no se indica
las fechas del cálculo de los intereses.- En consecuencia, en atención a lo dispuesto en el
artículo 78 de la Ley 26636, debe remitirse los autos al perito judicial de Turno
adscrito al Módulo Corporativo Laboral de Tacna, a fin que practique pericia contable
de los intereses, teniendo en cuenta la sentencia emitida en autos, lo actuado en el
proceso y las observaciones formuladas a la propuesta de liquidación. Consideraciones
por las cuales;
SE RESUELVE:
REMITIR los actuados al perito judicial de Turno adscrito al Módulo Corporativo Laboral de
Tacna, a fin que practique pericia contable de los intereses conforme a la sentencia y lo actuado
en el presente proceso.- TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | 34° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 65149-2004-0-1801-JR-CI-17
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : VIDAL CCANTO EDDY LUZ
ESPECIALISTA : QUISPE LLACCUA MARIA ASUNTA
DEMANDADO : VIVEROS LOS INCAS SA ,
RANSA COMERCIAL SA ,
TRANSPORTES CONTRATISTAS VIRGEN DEL
ROSARIO SCRL ,
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SA SUCESOR PROCESAL DE LATINA SEGUROS Y
REASEGUROS ANTES SUL AMERICA COMPAÑIA ,
HANNCCO SALGADO, LEONARDO
DEMANDANTE : MARTINEZ CONTRERAS, VICTOR WALTHER
Resolución Nro. 84
Lima, siete de noviembre
del dos mil diecisiete.-
DANDO CUENTA: Téngase por recibido los autos por
la Segunda Sala Civil; Estando a lo resuelto por el Máximo Tribunal
Supremo, téngase presente. Estando a lo resuelto por la Segunda Sala
Civil mediante Sentencia de Vista de fecha veinticuatro de abril del dos
mil quince, CÚMPLASE lo ejecutoriado, en consecuencia, póngase a
conocimiento de las partes.-
Al escrito con ingreso N° 160784-2017, presentado
por Martínez Contreras Walther: Estando a lo solicitado. Habiéndose
confirmado la sentencia de fecha 28 de diciembre del 2012, en el
extremo que declaró fundada en parte la demanda, y ordena que los
demandados Ransa Comercial S.A., Contratistas Virgen del Rosario
S.C.R.L. y Leonardo Hanncco Salgado Paguen en forma solidaria al
demandante la suma de S/. 59,750.00 más intereses legales que
correrán desde la fecha que se produjo el daño, conforme al último
párrafo del artículo 1985 del Código Civil, con costas y costos del
proceso; REQUIÉRASE a la entidad demanda RANSA COMERCIAL
S.A., a efecto de que en el plazo de cinco días cumpla con pagar la
suma de S/. 59,750.00 soles, bajo apercibimiento de iniciarse la
ejecución forzada; Al Primer Otrosí: Téngase presente por el área de
notificaciones la Casilla Electrónica N° 242; Al Segundo Otrosí:
Téngase presente. Avocándose al conocimiento de la presente causa la
Magistrada Titular que suscribe.- | <|im_start|>system
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34° JUZGADO CIVIL
EXPEDIENTE : 65149-2004-0-1801-JR-CI-17
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : VIDAL CCANTO EDDY LUZ
ESPECIALISTA : QUISPE LLACCUA MARIA ASUNTA
DEMANDADO : VIVEROS LOS INCAS SA ,
RANSA COMERCIAL SA ,
TRANSPORTES CONTRATISTAS VIRGEN DEL
ROSARIO SCRL ,
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SA SUCESOR PROCESAL DE LATINA SEGUROS Y
REASEGUROS ANTES SUL AMERICA COMPAÑIA ,
HANNCCO SALGADO, LEONARDO
DEMANDANTE : MARTINEZ CONTRERAS, VICTOR WALTHER
Resolución Nro. 84
Lima, siete de noviembre
del dos mil diecisiete.-
DANDO CUENTA: Téngase por recibido los autos por
la Segunda Sala Civil; Estando a lo resuelto por el Máximo Tribunal
Supremo, téngase presente. Estando a lo resuelto por la Segunda Sala
Civil mediante Sentencia de Vista de fecha veinticuatro de abril del dos
mil quince, CÚMPLASE lo ejecutoriado, en consecuencia, póngase a
conocimiento de las partes.-
Al escrito con ingreso N° 160784-2017, presentado
por Martínez Contreras Walther: Estando a lo solicitado. Habiéndose
confirmado la sentencia de fecha 28 de diciembre del 2012, en el
extremo que declaró fundada en parte la demanda, y ordena que los
demandados Ransa Comercial S.A., Contratistas Virgen del Rosario
S.C.R.L. y Leonardo Hanncco Salgado Paguen en forma solidaria al
demandante la suma de S/. 59,750.00 más intereses legales que
correrán desde la fecha que se produjo el daño, conforme al último
párrafo del artículo 1985 del Código Civil, con costas y costos del
proceso; REQUIÉRASE a la entidad demanda RANSA COMERCIAL
S.A., a efecto de que en el plazo de cinco días cumpla con pagar la
suma de S/. 59,750.00 soles, bajo apercibimiento de iniciarse la
ejecución forzada; Al Primer Otrosí: Téngase presente por el área de
notificaciones la Casilla Electrónica N° 242; Al Segundo Otrosí:
Téngase presente. Avocándose al conocimiento de la presente causa la
Magistrada Titular que suscribe.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00221-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 11 de abril de
2007, a folio 44, se declaro fundada la demanda sobre OBLIGACION
DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA, contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
CON 75/100 SOLES, más los intereses devengados, con costos y
costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 03 y 09 de
mayo de 2007; (folios 45 a 46), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 11 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00221-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 11 de abril de
2007, a folio 44, se declaro fundada la demanda sobre OBLIGACION
DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA, contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
CON 75/100 SOLES, más los intereses devengados, con costos y
costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 03 y 09 de
mayo de 2007; (folios 45 a 46), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 11 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.-<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00083-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 17 de
marzo de 2008, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS TRES CON 15/100 SOLES, más los intereses devengados,
costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 28 de marzo y
02 de abril de 2008 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 17 de marzo del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00083-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 17 de
marzo de 2008, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS TRES CON 15/100 SOLES, más los intereses devengados,
costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 28 de marzo y
02 de abril de 2008 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 17 de marzo del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00158-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 76/100
SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 11 y 17 de
mayo de 2007 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00158-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 76/100
SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 11 y 17 de
mayo de 2007 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00089-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFO UNION VIDA SA ,
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, Doce de julio
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° TRES SENTENCIA, de fecha 11 de
abril del 2007, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte
ejecutante AFP UNIÓN VIDA S.A. contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A. ARCOPA; sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE
DINERO (Pago de aportes previsionales) en vía Ejecutiva, en consecuencia
se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. ARCOPA,cumpla con pagar la suma
de DOCE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 03/100 SOLES
(S/12,514.03),por concepto de aportes previsionales impagos, más el pago de
los intereses moratorios, costos y costas del proceso (folios 25).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 03 y 09 de mayo del 2005, según constancias de
notificación (folios 26-27), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la sentencia, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: se da cuenta del escrito con número de atención 92-2022,
presentado por la parte ejecutada, ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA. ARCOPA; mediante el cual designa abogado, precisa domicilio
procesal solicita copias simples y autoriza, con fecha de ingreso 24 de febrero
de 2020
CUARTO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
QUINTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES SENTENCIA,
de fecha 11 de abril del 2011.
2. TENGASE por Designado al Abogado Cesar Antonio Vega Rodríguez, con
registro ICAP 1404; otorgándosele las facultades del artículo 74º y 80 del
Código Procesal Civil, quedando subrogados los anteriores abogados.
3. TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en Casilla Judicial Nº 240
de la Mini Central de notificaciones de Paita y casilla electrónica Nº
20366, donde se le notificarán las resoluciones que emanen de la presente
causa.
4. TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero de celular que
indica para fines procesales.
5. CUMPLA el demandado con adjuntar el arancel conforme al cuadro de
aranceles judiciales del año 2022 aprobado mediante resolución
administrativa N° 000002-2022-CE-PJ; a fin de cumplir con lo solicitado,
teniendo en consideración que los folios son 27.
6. Al Otrosí Digo: Téngase presente lo regulado en el artículo 171 del TUO
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
7. CUMPLA el demandante, en el plazo de TRES DIAS con señalar su casilla
electrónica, precisándose la implementación del sistema de notificación
vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta desde el 22 de julio de
2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro. 000428-2020-P-CSJPI-
PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento de imponerse multa
de (01 URP) en caso de incumplimiento.
Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que suscribe
interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00089-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFO UNION VIDA SA ,
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, Doce de julio
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° TRES SENTENCIA, de fecha 11 de
abril del 2007, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte
ejecutante AFP UNIÓN VIDA S.A. contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A. ARCOPA; sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE
DINERO (Pago de aportes previsionales) en vía Ejecutiva, en consecuencia
se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. ARCOPA,cumpla con pagar la suma
de DOCE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 03/100 SOLES
(S/12,514.03),por concepto de aportes previsionales impagos, más el pago de
los intereses moratorios, costos y costas del proceso (folios 25).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 03 y 09 de mayo del 2005, según constancias de
notificación (folios 26-27), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la sentencia, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: se da cuenta del escrito con número de atención 92-2022,
presentado por la parte ejecutada, ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA. ARCOPA; mediante el cual designa abogado, precisa domicilio
procesal solicita copias simples y autoriza, con fecha de ingreso 24 de febrero
de 2020
CUARTO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
QUINTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES SENTENCIA,
de fecha 11 de abril del 2011.
2. TENGASE por Designado al Abogado Cesar Antonio Vega Rodríguez, con
registro ICAP 1404; otorgándosele las facultades del artículo 74º y 80 del
Código Procesal Civil, quedando subrogados los anteriores abogados.
3. TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en Casilla Judicial Nº 240
de la Mini Central de notificaciones de Paita y casilla electrónica Nº
20366, donde se le notificarán las resoluciones que emanen de la presente
causa.
4. TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero de celular que
indica para fines procesales.
5. CUMPLA el demandado con adjuntar el arancel conforme al cuadro de
aranceles judiciales del año 2022 aprobado mediante resolución
administrativa N° 000002-2022-CE-PJ; a fin de cumplir con lo solicitado,
teniendo en consideración que los folios son 27.
6. Al Otrosí Digo: Téngase presente lo regulado en el artículo 171 del TUO
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
7. CUMPLA el demandante, en el plazo de TRES DIAS con señalar su casilla
electrónica, precisándose la implementación del sistema de notificación
vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta desde el 22 de julio de
2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro. 000428-2020-P-CSJPI-
PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento de imponerse multa
de (01 URP) en caso de incumplimiento.
Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que suscribe
interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE cconforme a ley.-<|im_end|> |
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EXPEDIENTE : 05406-2005-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : BAUTISTA GARCIA, TERESA NOELIA
DEMANDADO : PROIME CONTRATISTAS GENERALES S.A. ,
DEMANDANTE : FUERZA AEREA DEL PERU ,
Resolución Nro. DIECINUEVE
Miraflores, dieciséis de febrero
De dos mil veintidós.-
DADO CUENTA el escrito N° 49152-2021 que
antecede, luego de vencido el periodo vacacional y en observancia de la
Resolución Administrativa N° 000051-2022-P-CSJLI-PJ, que autoriza el
trabajo remoto con fines de descarga en el Sistema Integrado Judicial-
SIJ, Al Primer y Segundo Otrosí: téngase presente, y por APERSONADO
al proceso al Procurador Público de la FUERZA AEREA DEL PERU, señalando
como Casilla Electrónica N° 517; y ATENDIENDO:
Primero: Conforme se advierte de autos, mediante resolución número doce,
se declaró fundada la demanda y en consecuencia, se ordenó que la
demandada PROME CONTRATISTAS GENERALES S.A., cumpla con pagar a
favor de la demandante FUERRZA AEREA DEL PERU, la suma de US$
45,148.80 dólares americanos o su equivalente en moneda nacional, más lo
interese legales, con costas y costos; sentencia que fue confirmada por el
Superior Jerárquico conforme obra fojas 175 a fojas 178.
Segundo: Mediante resolución número quince de autos, se requirió al
ejecutado a fin de que cumplan con pagar al ejecutante, bajo apercibimiento
de darse inicio a la ejecución forzada; que de los cargos de notificación que
obra de fojas 207 a fojas 208 de autos, se advierte que la parte ejecutada
ha sido debidamente notificada con la resolución antes precisada.
Tercero: Asimismo mediante el escrito que antecede, la parte ejecutante
solicita se dé inicio a la ejecución forzada; por lo que siendo ello así, y
haciendo efectivo el apercibimiento decretado en autos, se ORDENA: dar
inicio a la ejecución forzada, hasta que los ejecutados, cumplan con pagar
al demandante la suma antes precisada.
Cuarto: El ejecutante FUERZA AEREA DEL PERU, solicita que en vía de
ejecución forzada se decrete Medida Cautelar de Embargo en Forma de
Retención sobre las cuentas y demás derechos de crédito que pudiera
registrar la demandada en el sistema financiero hasta por la suma de US$
45,048.380 dólares americanos.
Quinto: Que todo juzgador a pedido de parte puede dictar medida cautelar
antes de iniciado un proceso o dentro de éste, debiendo seguirse para tal
efecto las normas dispuestas en el artículo 610 y siguientes del Código
Procesal Civil, dictándose la medida cautelar en la forma en que fuere
solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr
la eficacia de la decisión definitiva, siempre que: 1) que de los fundamentos
expuestos por el demandante se considere verosímil el derecho invocado, 2)
que de los fundamentos expuestos por el actor se considere necesaria la
emisión de una decisión preventiva por constituir peligro en la demora del
proceso, y 3) que la medida cautelar solicitada resulte adecuada para
garantizar la eficacia de la pretensión.
Sexto: Que en tal sentido, una medida cautelar podrá ser dictada siempre
que de los fundamentos expuestos por la parte solicitante se considere
necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro en la
demora del proceso, siendo éste un requisito concurrente con la
verosimilitud del derecho invocado; que la verosimilitud del derecho
significa la probabilidad de la existencia de elementos que justifiquen la
creencia en la veracidad de los hechos expuestos por el solicitante de la
medida cautelar, el solicitante de dicha medida, deberá demostrar al
juzgador, que la pretensión principal que se intenta garantizar, tiene una
posibilidad razonable de ser declarada fundada al expedirse la resolución
final.
Séptimo: El artículo 657º del Código Procesal Civil regula el Embargo en
forma de Retención, a través del cual se permite afectar los derechos de
crédito u otros bienes del afectado que se encuentren en posesión de
terceros. En este sentido y en la línea de la modernización del Despacho
Judicial, se aplicará la Directiva 001-2015-CE-PJ, denominada “Normas para
el Trámite, Diligenciamiento y Ejecución de Embargos Electrónicos en
Forma de Retención sobre Cuentas Existentes en Entidades Financieras”,
aprobada pro R.A. 084-2015-CE-PJ, la misma que permite el Embargo
Electrónico sólo en el caso de los embargos en forma de retención sobre
cuentas bancarias que mantienen los demandados en las entidades
financieras asociadas a la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), en
soles o en dólares americanos de los Estados Unidos de América.
Octavo: Por eso, en el extremo exclusivo de las cuentas bancarias que se
mantienen en dichas entidades se procederá con arreglo a la precitada
Directiva, mientras que de manera tradicional respecto a los demás
conceptos y Entidades que no pertenezcan a dicha Asociación.
Sétimo: Que estando a lo solicitado y advirtiéndose de autos la existencia
del auto final favorable a la parte ejecutante, se hace necesario una
decisión preventiva en la forma solicitada; por tanto y de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 610º, 615° y 657º y siguientes del Código
Adjetivo, SE RESUELVE: Declarar FUNDADO el pedido formulado; en
consecuencia, SE CONCEDE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN
FORMA DE RETENCIÓN (Art. 657º del Código Procesal Civil) hasta por la
suma de US$ 45,048.80 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y
OCHO Y 80/100 DOLARES AMERICANOS), sobre las cuentas y demás
derechos de crédito que tuviera el ejecutado EMPRESA PROIME
CONTRATISTAS GENERALES S.A., con RUC N° 20103335125, que
tenga en su poder el BANCO DE CREDITO DEL PERU, BANCO
INTERBANK, BANCO FINANCIERO, MI BANCO, BANCO DE
COMERCIO, BBVA BANCO CONTINENTAL SCOTIABANK BANCO
GNB; entidades que deberán informar al Juzgado sobre la retención
realizada (total o parcial) o si los afectados no son clientes o registran
cuentas sin fondos, sujetándose la medida al Embargo Electrónico Bancario,
y con respecto al BANCO DE LA NACION, deberán notificárseles
mediante cedulas de notificación a sus domicilios correspondientes;
Al Tercer Otrosí: Téngase por DELEGADA las facultades de
representación procesal a favor de los letrados que se indican. Notifíquese.- | <|im_start|>system
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2°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 05406-2005-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : BAUTISTA GARCIA, TERESA NOELIA
DEMANDADO : PROIME CONTRATISTAS GENERALES S.A. ,
DEMANDANTE : FUERZA AEREA DEL PERU ,
Resolución Nro. DIECINUEVE
Miraflores, dieciséis de febrero
De dos mil veintidós.-
DADO CUENTA el escrito N° 49152-2021 que
antecede, luego de vencido el periodo vacacional y en observancia de la
Resolución Administrativa N° 000051-2022-P-CSJLI-PJ, que autoriza el
trabajo remoto con fines de descarga en el Sistema Integrado Judicial-
SIJ, Al Primer y Segundo Otrosí: téngase presente, y por APERSONADO
al proceso al Procurador Público de la FUERZA AEREA DEL PERU, señalando
como Casilla Electrónica N° 517; y ATENDIENDO:
Primero: Conforme se advierte de autos, mediante resolución número doce,
se declaró fundada la demanda y en consecuencia, se ordenó que la
demandada PROME CONTRATISTAS GENERALES S.A., cumpla con pagar a
favor de la demandante FUERRZA AEREA DEL PERU, la suma de US$
45,148.80 dólares americanos o su equivalente en moneda nacional, más lo
interese legales, con costas y costos; sentencia que fue confirmada por el
Superior Jerárquico conforme obra fojas 175 a fojas 178.
Segundo: Mediante resolución número quince de autos, se requirió al
ejecutado a fin de que cumplan con pagar al ejecutante, bajo apercibimiento
de darse inicio a la ejecución forzada; que de los cargos de notificación que
obra de fojas 207 a fojas 208 de autos, se advierte que la parte ejecutada
ha sido debidamente notificada con la resolución antes precisada.
Tercero: Asimismo mediante el escrito que antecede, la parte ejecutante
solicita se dé inicio a la ejecución forzada; por lo que siendo ello así, y
haciendo efectivo el apercibimiento decretado en autos, se ORDENA: dar
inicio a la ejecución forzada, hasta que los ejecutados, cumplan con pagar
al demandante la suma antes precisada.
Cuarto: El ejecutante FUERZA AEREA DEL PERU, solicita que en vía de
ejecución forzada se decrete Medida Cautelar de Embargo en Forma de
Retención sobre las cuentas y demás derechos de crédito que pudiera
registrar la demandada en el sistema financiero hasta por la suma de US$
45,048.380 dólares americanos.
Quinto: Que todo juzgador a pedido de parte puede dictar medida cautelar
antes de iniciado un proceso o dentro de éste, debiendo seguirse para tal
efecto las normas dispuestas en el artículo 610 y siguientes del Código
Procesal Civil, dictándose la medida cautelar en la forma en que fuere
solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr
la eficacia de la decisión definitiva, siempre que: 1) que de los fundamentos
expuestos por el demandante se considere verosímil el derecho invocado, 2)
que de los fundamentos expuestos por el actor se considere necesaria la
emisión de una decisión preventiva por constituir peligro en la demora del
proceso, y 3) que la medida cautelar solicitada resulte adecuada para
garantizar la eficacia de la pretensión.
Sexto: Que en tal sentido, una medida cautelar podrá ser dictada siempre
que de los fundamentos expuestos por la parte solicitante se considere
necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro en la
demora del proceso, siendo éste un requisito concurrente con la
verosimilitud del derecho invocado; que la verosimilitud del derecho
significa la probabilidad de la existencia de elementos que justifiquen la
creencia en la veracidad de los hechos expuestos por el solicitante de la
medida cautelar, el solicitante de dicha medida, deberá demostrar al
juzgador, que la pretensión principal que se intenta garantizar, tiene una
posibilidad razonable de ser declarada fundada al expedirse la resolución
final.
Séptimo: El artículo 657º del Código Procesal Civil regula el Embargo en
forma de Retención, a través del cual se permite afectar los derechos de
crédito u otros bienes del afectado que se encuentren en posesión de
terceros. En este sentido y en la línea de la modernización del Despacho
Judicial, se aplicará la Directiva 001-2015-CE-PJ, denominada “Normas para
el Trámite, Diligenciamiento y Ejecución de Embargos Electrónicos en
Forma de Retención sobre Cuentas Existentes en Entidades Financieras”,
aprobada pro R.A. 084-2015-CE-PJ, la misma que permite el Embargo
Electrónico sólo en el caso de los embargos en forma de retención sobre
cuentas bancarias que mantienen los demandados en las entidades
financieras asociadas a la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), en
soles o en dólares americanos de los Estados Unidos de América.
Octavo: Por eso, en el extremo exclusivo de las cuentas bancarias que se
mantienen en dichas entidades se procederá con arreglo a la precitada
Directiva, mientras que de manera tradicional respecto a los demás
conceptos y Entidades que no pertenezcan a dicha Asociación.
Sétimo: Que estando a lo solicitado y advirtiéndose de autos la existencia
del auto final favorable a la parte ejecutante, se hace necesario una
decisión preventiva en la forma solicitada; por tanto y de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 610º, 615° y 657º y siguientes del Código
Adjetivo, SE RESUELVE: Declarar FUNDADO el pedido formulado; en
consecuencia, SE CONCEDE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN
FORMA DE RETENCIÓN (Art. 657º del Código Procesal Civil) hasta por la
suma de US$ 45,048.80 (CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y
OCHO Y 80/100 DOLARES AMERICANOS), sobre las cuentas y demás
derechos de crédito que tuviera el ejecutado EMPRESA PROIME
CONTRATISTAS GENERALES S.A., con RUC N° 20103335125, que
tenga en su poder el BANCO DE CREDITO DEL PERU, BANCO
INTERBANK, BANCO FINANCIERO, MI BANCO, BANCO DE
COMERCIO, BBVA BANCO CONTINENTAL SCOTIABANK BANCO
GNB; entidades que deberán informar al Juzgado sobre la retención
realizada (total o parcial) o si los afectados no son clientes o registran
cuentas sin fondos, sujetándose la medida al Embargo Electrónico Bancario,
y con respecto al BANCO DE LA NACION, deberán notificárseles
mediante cedulas de notificación a sus domicilios correspondientes;
Al Tercer Otrosí: Téngase por DELEGADA las facultades de
representación procesal a favor de los letrados que se indican. Notifíquese.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
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actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Expediente : 8537-2007
Demandante : Pedro Effio Yaipén
Demandado : Marina de Guerra del Perú
Apelante : Demandante
SS. BELTRÁN PACHECO
CARRASCO ALARCÓN
TUPIÑO SALINAS
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, 03 de enero del 2020.
VISTOS: Interviniendo como ponente la Señora Jueza Superior Tupiño
Salinas; resulta de autos:
I. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:
La Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara improcedente la
solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante Pedro Effio Yaipén; y
conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la Corte Superior de
Justicia de Lima para su correspondiente custodia.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO:
Que mediante escrito de fecha siete de noviembre del 20181, el demandante argumenta como
agravios:
(i) Existe error de hecho al afirmar que solamente existen cinco casos de procedencia de la
devolución de arancel judicial, sin tener en consideración que el artículo 26 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, establece “(…) los órganos jurisdiccionales pueden ordenar la
devolución o habilitación, siempre y cuando sustenten su decisión bajo responsabilidad
funcional”.
1 Véase los folios 434-439.
1
(ii) “(…) existe error de interpretación de la norma al señalar (…) que según el artículo 29 del
Reglamento de Aranceles Judiciales señala “el término para solicitar la devolución de
aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario y para habilitarlos es de treinta
días hábiles”.
(iii) La Corte Suprema estableció que no debí realizar el pago por concepto de presentación
de casación, situación no advertida por el A quo al momento de resolver la nulidad de la
devolución del arancel judicial presentado en exceso.
III. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA SALA:
PRIMERO.- Conforme lo establece el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, las
resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la
acción contencioso administrativa; en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 27584, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1067, preceptúa que el proceso contencioso administrativo tiene
por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la
Administración Pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e
intereses de los administrados; concluyéndose, entonces, que todo administrado tiene derecho
a acudir al Órgano Jurisdiccional a solicitar tutela jurisdiccional efectiva al amparo de un debido
proceso en caso considere vulnerado sus derechos de parte de la Administración Pública.
SEGUNDO.- Asimismo, el artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al
presente proceso dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que
les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es
decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez Superior tiene la facultad de revisar y
decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por la Jueza de Primera Instancia.
TERCERO.- Revisados los actuados, se tiene que mediante escritos del 13 de junio del 2014
(folios 386) y 31 de julio del 2014 (folios 388), el demandante solicita la devolución del 50% del
arancel judicial por concepto de recurso de casación pagado en exceso (s/ 296.00 soles).
Con Resolución Nº 14, del 17 de septiembre del 20142, el Cuarto Juzgado especializado en lo
Contencioso Administrativo ordena devolver al demandante el cincuenta por ciento (% 50) del
monto del Arancel Judicial Nº 883339-1, del Banco de la Nación, por concepto de Recurso de
Nulidad y Casación, señalando textualmente que “(…) para tal efecto, el solicitante realizar las
gestiones correspondientes en la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la
Subgerencia de Recaudación Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, para los fines
consiguientes; y conforme el estado del proceso: remítase los autos al archivo central”.
2 Véase a folios xx.
2
Con escrito del 18 de abril del 2018, el actor reitera su petición de devolución del cincuenta por
ciento equivalente del arancel judicial por presentación de recurso de casación, devuelto a
través de la Resolución Nº 16, del 10 de agosto del 2018, a fin de que haga valer su derecho
donde corresponda, dejando copias certificadas en autos. Y por Resolución Nº 17, del 10 de
octubre del 2018, se declara la nulidad de oficio de la Resolución Nº 14, proveyendo los
escritos de 23 de mayo del 2014 y 13 de junio del 2014, y se declara improcedente lo
solicitado; y conforme al estado del proceso, se remiten los autos al archivo central para su
correspondiente custodia.
CUARTO.- Respecto al primer agravio expresado por el recurrente, se advierte que éste
cuestiona los supuestos a través de las cuales procede la devolución de los aranceles
judiciales; si bien resulta innegable que la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los jueces,
como administradores de justicia, habilitar y/o devolver un arancel judicial no utilizado, también
lo es, que en su intención de fijar los lineamientos bajo los cuales procederán dichas acciones,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 105-2018-CE-PJ,
que “Aprueba [el] Reglamento de Aranceles Judiciales” (en adelante El Reglamento),
estableciendo un numerus clausus de situaciones claramente definidas en su artículo 25º:
“a) Arancel judicial por Medida cautelar denegada y no impugnada: Procede la devolución del
50%, menos la comisión de la entidad financiera, b) Remate judicial: Cuando ha sido
suspendido o declarado nulo. No procede la devolución en caso haya sido declarado desierto
por falta de postores o cuando el interesado (postor), no participó en dicha diligencia por causa
atribuible a su persona, c) Exhorto no realizado: Cuando no se presta el servicio, al denegarse
la solicitud efectuada, d) Error en su presentación: Cuando ha sido presentado y sellado
equivocadamente por el Centro de Distribución General o Mesa de Partes de los órganos
jurisdiccionales y/o administrativos; y e) Nulidad de Acto Procesal no atribuible al
solicitante: Procede la devolución cuando el órgano jurisdiccional declara fundada la nulidad
por error o vicio procedimental no atribuible a la parte que solicita la devolución”. (El subrayado
es nuestro)
La Ley Nº 26846 encarga al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictar las resoluciones
administrativas que regulen el pago de las tasas judiciales; así cuando procede su devolución
total o parcial. Entonces, únicamente corresponde su devolución si se configura alguno de los
supuestos previstos por tratarse de una regla de mandato y no de carácter discrecional; no
siendo posible aplicar otro que no haya sido dispuesto. En tal sentido, no se aprecia que la
Jueza de la causa haya incurrido en error de hecho al afirmar que existen cinco supuestos para
la devolución de un arancel judicial.
QUINTO.- Con relación al segundo agravio, sobre la calidad de “arancel judicial no utilizado”
que se atribuye al Arancel Judicial Nº 883339-1, por concepto de Recurso de Nulidad y
3
Casación (fojas 372), aduciendo que sí fue utilizado (como obra dentro del expediente y no ha
sido entregado). En efecto, el artículo 24 del Reglamento, define como “Comprobante o
constancia de Pago No Utilizado” a aquel que “no contenga sello alguno que haga presumir
que fue UTILIZADO o RECIBIDO por algún Centro de Distribución (CDG) o Mesa de Partes de
los órganos jurisdiccionales y/o administrativos”, lógicamente, un comprobante de pago
utilixado será aquel del cual se desprenda sello de recepción por mesa de Partes o del Centro
de Distribución correspondiente. Revisados los autos, se advierte que el arancel judicial en
cuestión si fue utilizado dejándose constancia expresa en sello a folios 372, como alega el
actor; sin embargo, textualmente refiere el artículo 29° del Reglamento: “el plazo para solicitar
la devolución de aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario; y para utilizados, es
de treinta (30) días hábiles (…)”.
Se observa de los antecedentes del caso materia sub examine, que el arancel judicial de folios
372, si figura como utilizado, por lo cual resulta correcto afirmar que no fue utilizado, siendo
aplicable el plazo dispuesto en el primer párrafo del artículo 29 del Reglamento, de treinta días
hábiles; no obstante, aún cuando pudiera haberse solicitado la devolución del arancel dentro
del plazo de ley; lo cierto es que la razón fundamental por la que no procede su devolución, sea
total o parcial, es porque no está previsto como supuesto el pago por concepto de recurso de
casación.
SEXTO.- Como último agravio, el apelante refiere que el A quo no debió declarar la nulidad de
oficio de la Resolución Nº 12 (Nº 14 corregida), por cuanto existía un pronunciamiento de la
Corte Suprema que lo comprendía como sujeto “exonerado del pago de la tasa judicial según
el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Nº 27327”.
El hecho de que el actor se hallara exonerado del pago de la tasa judicial, como alega, no
significa que por ello se deba disponer su devolución, puesto que como se ha precisado solo
procede en los casos contemplados en el artículo 25° de la Resolución Administrativa N° 105-
2018-CE-PJ, en tal virtud al haberse detectado que la Resolución Nº 14 ordenaba la entrega
parcial del arancel judicial sin fundamento legal, es que el Juez de Primera Instancia procedió a
enmendar de oficio, subsanando el error de interpretación jurídica cometido, dado que
únicamente está autorizada la devolución del 50% del arancel judicial por medida cautelar y no
por recurso de casación, viciando de ese modo el acto procesal de nulidad insalvable; de esta
manera, el Colegiado no observa un error en el análisis jurídico efectuado.
SÉTIMO.- En ese orden de ideas, se puede concluir que el auto final apelado ha sido expedido
conforme a derecho; debido a que el Juez evaluó objetivamente y de acuerdo al marco jurídico
vigente y aplicable al caso materia de análisis, por lo que corresponde confirmar la resolución
apelada.
4
Por tales consideraciones y en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley.
DECISIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara
improcedente la solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante
Pedro Effio Yaipén; y conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la
Corte Superior de Justicia de Lima para su correspondiente custodia. En los seguidos por
Pedro Effio Yaipén contra la Marina de Guerra del Perú. Notifíquese.
SS.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Expediente : 8537-2007
Demandante : Pedro Effio Yaipén
Demandado : Marina de Guerra del Perú
Apelante : Demandante
SS. BELTRÁN PACHECO
CARRASCO ALARCÓN
TUPIÑO SALINAS
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, 03 de enero del 2020.
VISTOS: Interviniendo como ponente la Señora Jueza Superior Tupiño
Salinas; resulta de autos:
I. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:
La Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara improcedente la
solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante Pedro Effio Yaipén; y
conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la Corte Superior de
Justicia de Lima para su correspondiente custodia.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO:
Que mediante escrito de fecha siete de noviembre del 20181, el demandante argumenta como
agravios:
(i) Existe error de hecho al afirmar que solamente existen cinco casos de procedencia de la
devolución de arancel judicial, sin tener en consideración que el artículo 26 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, establece “(…) los órganos jurisdiccionales pueden ordenar la
devolución o habilitación, siempre y cuando sustenten su decisión bajo responsabilidad
funcional”.
1 Véase los folios 434-439.
1
(ii) “(…) existe error de interpretación de la norma al señalar (…) que según el artículo 29 del
Reglamento de Aranceles Judiciales señala “el término para solicitar la devolución de
aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario y para habilitarlos es de treinta
días hábiles”.
(iii) La Corte Suprema estableció que no debí realizar el pago por concepto de presentación
de casación, situación no advertida por el A quo al momento de resolver la nulidad de la
devolución del arancel judicial presentado en exceso.
III. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA SALA:
PRIMERO.- Conforme lo establece el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, las
resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la
acción contencioso administrativa; en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 27584, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1067, preceptúa que el proceso contencioso administrativo tiene
por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la
Administración Pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e
intereses de los administrados; concluyéndose, entonces, que todo administrado tiene derecho
a acudir al Órgano Jurisdiccional a solicitar tutela jurisdiccional efectiva al amparo de un debido
proceso en caso considere vulnerado sus derechos de parte de la Administración Pública.
SEGUNDO.- Asimismo, el artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al
presente proceso dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que
les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es
decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez Superior tiene la facultad de revisar y
decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por la Jueza de Primera Instancia.
TERCERO.- Revisados los actuados, se tiene que mediante escritos del 13 de junio del 2014
(folios 386) y 31 de julio del 2014 (folios 388), el demandante solicita la devolución del 50% del
arancel judicial por concepto de recurso de casación pagado en exceso (s/ 296.00 soles).
Con Resolución Nº 14, del 17 de septiembre del 20142, el Cuarto Juzgado especializado en lo
Contencioso Administrativo ordena devolver al demandante el cincuenta por ciento (% 50) del
monto del Arancel Judicial Nº 883339-1, del Banco de la Nación, por concepto de Recurso de
Nulidad y Casación, señalando textualmente que “(…) para tal efecto, el solicitante realizar las
gestiones correspondientes en la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la
Subgerencia de Recaudación Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, para los fines
consiguientes; y conforme el estado del proceso: remítase los autos al archivo central”.
2 Véase a folios xx.
2
Con escrito del 18 de abril del 2018, el actor reitera su petición de devolución del cincuenta por
ciento equivalente del arancel judicial por presentación de recurso de casación, devuelto a
través de la Resolución Nº 16, del 10 de agosto del 2018, a fin de que haga valer su derecho
donde corresponda, dejando copias certificadas en autos. Y por Resolución Nº 17, del 10 de
octubre del 2018, se declara la nulidad de oficio de la Resolución Nº 14, proveyendo los
escritos de 23 de mayo del 2014 y 13 de junio del 2014, y se declara improcedente lo
solicitado; y conforme al estado del proceso, se remiten los autos al archivo central para su
correspondiente custodia.
CUARTO.- Respecto al primer agravio expresado por el recurrente, se advierte que éste
cuestiona los supuestos a través de las cuales procede la devolución de los aranceles
judiciales; si bien resulta innegable que la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los jueces,
como administradores de justicia, habilitar y/o devolver un arancel judicial no utilizado, también
lo es, que en su intención de fijar los lineamientos bajo los cuales procederán dichas acciones,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 105-2018-CE-PJ,
que “Aprueba [el] Reglamento de Aranceles Judiciales” (en adelante El Reglamento),
estableciendo un numerus clausus de situaciones claramente definidas en su artículo 25º:
“a) Arancel judicial por Medida cautelar denegada y no impugnada: Procede la devolución del
50%, menos la comisión de la entidad financiera, b) Remate judicial: Cuando ha sido
suspendido o declarado nulo. No procede la devolución en caso haya sido declarado desierto
por falta de postores o cuando el interesado (postor), no participó en dicha diligencia por causa
atribuible a su persona, c) Exhorto no realizado: Cuando no se presta el servicio, al denegarse
la solicitud efectuada, d) Error en su presentación: Cuando ha sido presentado y sellado
equivocadamente por el Centro de Distribución General o Mesa de Partes de los órganos
jurisdiccionales y/o administrativos; y e) Nulidad de Acto Procesal no atribuible al
solicitante: Procede la devolución cuando el órgano jurisdiccional declara fundada la nulidad
por error o vicio procedimental no atribuible a la parte que solicita la devolución”. (El subrayado
es nuestro)
La Ley Nº 26846 encarga al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictar las resoluciones
administrativas que regulen el pago de las tasas judiciales; así cuando procede su devolución
total o parcial. Entonces, únicamente corresponde su devolución si se configura alguno de los
supuestos previstos por tratarse de una regla de mandato y no de carácter discrecional; no
siendo posible aplicar otro que no haya sido dispuesto. En tal sentido, no se aprecia que la
Jueza de la causa haya incurrido en error de hecho al afirmar que existen cinco supuestos para
la devolución de un arancel judicial.
QUINTO.- Con relación al segundo agravio, sobre la calidad de “arancel judicial no utilizado”
que se atribuye al Arancel Judicial Nº 883339-1, por concepto de Recurso de Nulidad y
3
Casación (fojas 372), aduciendo que sí fue utilizado (como obra dentro del expediente y no ha
sido entregado). En efecto, el artículo 24 del Reglamento, define como “Comprobante o
constancia de Pago No Utilizado” a aquel que “no contenga sello alguno que haga presumir
que fue UTILIZADO o RECIBIDO por algún Centro de Distribución (CDG) o Mesa de Partes de
los órganos jurisdiccionales y/o administrativos”, lógicamente, un comprobante de pago
utilixado será aquel del cual se desprenda sello de recepción por mesa de Partes o del Centro
de Distribución correspondiente. Revisados los autos, se advierte que el arancel judicial en
cuestión si fue utilizado dejándose constancia expresa en sello a folios 372, como alega el
actor; sin embargo, textualmente refiere el artículo 29° del Reglamento: “el plazo para solicitar
la devolución de aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario; y para utilizados, es
de treinta (30) días hábiles (…)”.
Se observa de los antecedentes del caso materia sub examine, que el arancel judicial de folios
372, si figura como utilizado, por lo cual resulta correcto afirmar que no fue utilizado, siendo
aplicable el plazo dispuesto en el primer párrafo del artículo 29 del Reglamento, de treinta días
hábiles; no obstante, aún cuando pudiera haberse solicitado la devolución del arancel dentro
del plazo de ley; lo cierto es que la razón fundamental por la que no procede su devolución, sea
total o parcial, es porque no está previsto como supuesto el pago por concepto de recurso de
casación.
SEXTO.- Como último agravio, el apelante refiere que el A quo no debió declarar la nulidad de
oficio de la Resolución Nº 12 (Nº 14 corregida), por cuanto existía un pronunciamiento de la
Corte Suprema que lo comprendía como sujeto “exonerado del pago de la tasa judicial según
el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Nº 27327”.
El hecho de que el actor se hallara exonerado del pago de la tasa judicial, como alega, no
significa que por ello se deba disponer su devolución, puesto que como se ha precisado solo
procede en los casos contemplados en el artículo 25° de la Resolución Administrativa N° 105-
2018-CE-PJ, en tal virtud al haberse detectado que la Resolución Nº 14 ordenaba la entrega
parcial del arancel judicial sin fundamento legal, es que el Juez de Primera Instancia procedió a
enmendar de oficio, subsanando el error de interpretación jurídica cometido, dado que
únicamente está autorizada la devolución del 50% del arancel judicial por medida cautelar y no
por recurso de casación, viciando de ese modo el acto procesal de nulidad insalvable; de esta
manera, el Colegiado no observa un error en el análisis jurídico efectuado.
SÉTIMO.- En ese orden de ideas, se puede concluir que el auto final apelado ha sido expedido
conforme a derecho; debido a que el Juez evaluó objetivamente y de acuerdo al marco jurídico
vigente y aplicable al caso materia de análisis, por lo que corresponde confirmar la resolución
apelada.
4
Por tales consideraciones y en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley.
DECISIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara
improcedente la solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante
Pedro Effio Yaipén; y conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la
Corte Superior de Justicia de Lima para su correspondiente custodia. En los seguidos por
Pedro Effio Yaipén contra la Marina de Guerra del Perú. Notifíquese.
SS.
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | 12° JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
EXPEDIENTE : 07203-2007-15-1817-JR-CO-12
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : LLAQUE NAPA SYLVIA PATRICIA
ESPECIALISTA : MANSILLA GARRO, RUBEN
DEMANDADO : SANCHEZ YULI, JUAN MANUEL
SABOGAL SEMINARIO, MARIA DELFINA
FANAGAS SA ,
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. 30
Miraflores, 11 de septiembre de 2019
Dado cuenta el escrito que antecede presentado por el
ejecutante, con la absolución de la resolución 29 de fecha 24.07.19; Y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Se desprende en autos que mediante oficio de fecha 05.17.19 el
Registrador Público de Lima informa que los parte judiciales para la inscripción
de la media cautelar de embargo en forma de inscripción concedida por
resolución 26 de fecha 18.05.18 fueron tachados, en atención que no se
subsano en la fecha respecto a que señalaron: “…que la ejecutada MARIA
DELFINA SABOGAL SEMINARIO, ya no tiene dominio inscrito a su favor, al
haberlo transferido por compraventa a favor de María del Carmen Sabogal
Seminario (asiento C00001), y en el asiento D00002 consta la anotación de
sentencia de ineficacia de acto jurídico de la compraventa inscrita en el asiento
C00001”;
SEGUNDO: Al respecto conforme se advierte del asiento D00001 de la partida
registral N° 41164549 la ejecutada MARIA DELFINA SABOGAL SEMINARIO
continua teniendo derechos y acciones respecto al inmueble inscrito en la
partida N° 41164549, ya que conforme se advierte en el asiento D0002 se
registro la sentencia que declaro fundada la demanda sobre ineficacia de acto
jurídico, respecto a la compra y venta inscrita en el asiento D00001, motivo por
el cual los efectos de dicho acto jurídico quedaron sin efecto, por lo que los
titulares del predio siguen siendo MARIA DELFINA SABOGAL SEMINARIO y
Enrique Sabogal Morzan conforme se registro en la ficha 413753 seguida en la
partida N° 41164549 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; en
consecuencia a efectos de inscribir la medida cautelar concedida 26 de fecha
18.05.18: REMITASE NUEVOS PARTES JUDICIALES al Registro de
Propiedad Inmueble de Lima, debiendo el demandante apersonarse al local del
Juzgado a recoger los partes para su debido diligenciamiento; Reasumiendo la
Juez Titular; Reasumiendo funciones la Juez que suscribe la presente
resolución. Notifíquese.-
12° JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Miraflores, 11 de septiembre de 2019
Of. Nº 07203-2017-15-1817-JR-CO-12
Señor:
JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA
Presente.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en los seguidos por
CMAC PIURA S.A.C, sobre MEDIDA CAUTELAR, a fin de que se inscriba LA
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION en la
Partidas N° 41164549 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima,
concedida por resolución número 26 de fecha 18/05/2018, para cuyo efecto se
adjunta la citada resolución y las pertinentes con firmas digitalizadas del juez y
especialista legal a cargo a fojas ( ).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
expresarle mi mayor consideración.
Atentamente, | <|im_start|>system
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12° JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
EXPEDIENTE : 07203-2007-15-1817-JR-CO-12
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : LLAQUE NAPA SYLVIA PATRICIA
ESPECIALISTA : MANSILLA GARRO, RUBEN
DEMANDADO : SANCHEZ YULI, JUAN MANUEL
SABOGAL SEMINARIO, MARIA DELFINA
FANAGAS SA ,
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. 30
Miraflores, 11 de septiembre de 2019
Dado cuenta el escrito que antecede presentado por el
ejecutante, con la absolución de la resolución 29 de fecha 24.07.19; Y
ATENDIENDO:
PRIMERO: Se desprende en autos que mediante oficio de fecha 05.17.19 el
Registrador Público de Lima informa que los parte judiciales para la inscripción
de la media cautelar de embargo en forma de inscripción concedida por
resolución 26 de fecha 18.05.18 fueron tachados, en atención que no se
subsano en la fecha respecto a que señalaron: “…que la ejecutada MARIA
DELFINA SABOGAL SEMINARIO, ya no tiene dominio inscrito a su favor, al
haberlo transferido por compraventa a favor de María del Carmen Sabogal
Seminario (asiento C00001), y en el asiento D00002 consta la anotación de
sentencia de ineficacia de acto jurídico de la compraventa inscrita en el asiento
C00001”;
SEGUNDO: Al respecto conforme se advierte del asiento D00001 de la partida
registral N° 41164549 la ejecutada MARIA DELFINA SABOGAL SEMINARIO
continua teniendo derechos y acciones respecto al inmueble inscrito en la
partida N° 41164549, ya que conforme se advierte en el asiento D0002 se
registro la sentencia que declaro fundada la demanda sobre ineficacia de acto
jurídico, respecto a la compra y venta inscrita en el asiento D00001, motivo por
el cual los efectos de dicho acto jurídico quedaron sin efecto, por lo que los
titulares del predio siguen siendo MARIA DELFINA SABOGAL SEMINARIO y
Enrique Sabogal Morzan conforme se registro en la ficha 413753 seguida en la
partida N° 41164549 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; en
consecuencia a efectos de inscribir la medida cautelar concedida 26 de fecha
18.05.18: REMITASE NUEVOS PARTES JUDICIALES al Registro de
Propiedad Inmueble de Lima, debiendo el demandante apersonarse al local del
Juzgado a recoger los partes para su debido diligenciamiento; Reasumiendo la
Juez Titular; Reasumiendo funciones la Juez que suscribe la presente
resolución. Notifíquese.-
12° JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Miraflores, 11 de septiembre de 2019
Of. Nº 07203-2017-15-1817-JR-CO-12
Señor:
JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA
OFICINA REGISTRAL DE LIMA
Presente.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en los seguidos por
CMAC PIURA S.A.C, sobre MEDIDA CAUTELAR, a fin de que se inscriba LA
MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION en la
Partidas N° 41164549 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima,
concedida por resolución número 26 de fecha 18/05/2018, para cuyo efecto se
adjunta la citada resolución y las pertinentes con firmas digitalizadas del juez y
especialista legal a cargo a fojas ( ).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
expresarle mi mayor consideración.
Atentamente,<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00128-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP PROFUTURO, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución
hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 51/100
SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO,
para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley -------------------------------------------------------- | <|im_start|>system
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JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00128-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP PROFUTURO, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución
hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS 51/100
SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso.
SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO,
para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de
ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley --------------------------------------------------------<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00104-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMAD. Y CONGEL. DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
cumpla con pagar la suma de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 13/100 SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas
del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin
embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente
mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMD. Y CONGEL. DEL PACIFICO S.A. para que,
cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada
en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior
NOTIFÍQUESE. . Conforme a ley.--------------------------------------------------------------------- | <|im_start|>system
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JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00104-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMAD. Y CONGEL. DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
cumpla con pagar la suma de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 13/100 SOLES, más los intereses compensatorios y moratorios pactados, costos y costas
del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin
embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente
mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 22 de octubre del año 2001.
2.- REQUERIR al demandado ARMD. Y CONGEL. DEL PACIFICO S.A. para que,
cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada
en caso de incumplimiento.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior
NOTIFÍQUESE. . Conforme a ley.---------------------------------------------------------------------<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | OCTAVO JUZGADO TRANSITORIO LABORAL DE LIMA
EXP. 00321-2004-0-1801-JR-LA-16°
Juez: Elizabeth Noemí Salas Fuentes
Espec. Legal: González Torres, Patricio
SENTENCIA Nº 266 - 2016 - 08ºJTTL-ENSF
RESOLUCIÓN Nº TREINTA Y TRES
Lima, dieciséis de septiembre del dos mil dieciséis
VISTOS: Resulta de autos que de fojas 91
a 100 y subsana a fojas 102 a 106 don EUGENIO SEGURA POMA, interpone demanda
incumplimiento de disposiciones contra las empresas mineras CENTROMIN PERÚ
SA., y DOE RUN PERÚ SRL. Funda su demanda en el hecho de haber ingresado a
laborar para CENTROMIN PERÚ S.A. en su Unidad de Producción de la Oroya en
calidad de Grueso 2da., desde el 02 de julio 1970 al 22 de Octubre de 1997, sin
interrupción en la sección de residuos anódicos; luego para Doe Run Perú SRL., de la
misma Unidad Minera, en la misma condición de obrero del 23 de octubre de 1997 al
14 de Septiembre de 2006. con ultima remuneración de S/. 57.63. Precisa que su ex
empleadora le abonó las remuneraciones en forma diminuta e incompleta de los
conceptos demandados.
Admitida la demanda, se corrió traslado a
las demandadas, siendo que Centromin Perú SA., mediante escrito de fojas 124 a 131
deduce la excepción de prescripción extintiva, excepción oscuridad y ambigüedad en
la forma de proponer la demanda y excepción de cosa juzgada y contesta la demanda
negando y contradiciendo en todos sus extremos, asimismo indica que el demandante
ingreso a trabajar en calidad de obrero desde el 02 de Julio de 1970 hasta el 22 de
Octubre de 1997, sin embargo negamos que mi representada adeude suma alguna al
reclamante por supuesto reintegro de CTS y que estos se hayan efectuado en forma
diminuta violando las normas legales.
Por su partes, Doe Run Perú SRL.,
mediante escrito de fojas 244 a 251 deduce la excepción de cosa juzgada y contesta la
demanda, negándola en los extremos, siendo que mi representada contesta la demanda
solamente por el periodo que va del 24 de octubre de 1997 al 14 de septiembre de 2003,
por que es el único perdió que le corresponde antes de ser CENTOMIN PERU SA.,
asimismo indica que mi representada siempre ha pagado la remuneración vacacional
conforme a la convención colectiva de trabajo.
Citadas las partes a Audiencia Única, esta
se llevó con el acta de fojas 270 a 271, asimismo, continuando con la Audiencia Única,
esta se llevó a cabo en los términos que corren en el acta de fojas 291 a 294,
oportunidad en la que se declaró INFUNDADO las excepciones de de prescripción
extintiva, excepción oscuridad y ambigüedad en la forma de proponer la demanda y
excepción de cosa juzgada. Asimismo se declara saneado el proceso, se dejó constancia
que de que no se ha podido arribar a una conciliación por mantener las partes sus
puntos de vista, se fijaron los puntos controvertidos y se admitieron y se actuaron los
medios probatorios ofrecidos por las partes, y tramitado el proceso conforme a su
naturaleza, corresponde emitir pronunciamiento:
CONSIDERANDO.-
PRIMERO.- OBJETO DEL PROCESO: La finalidad concreta de todo proceso es
resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, haciendo
efectivo los derechos sustanciales, y a través de ello, lograr su finalidad abstracta, esto
es la paz social en justicia. Como consecuencia, toda persona tiene derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con
sujeción a un debido proceso, con la finalidad que se resuelva el conflicto de intereses o
la incertidumbre jurídica que lo afecta.
SEGUNDO.- CARGA DE LA PRUEBA: En materia de pruebas es principio rector que
quien afirma hechos que configuran su pretensión o quien los niega alegando hechos
nuevos debe acreditarlos conforme lo dispone el artículo 196º del Código Procesal
Civil, de aplicación supletoria, siendo menester precisar que conforme lo dispuesto por
el artículo 27° de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636, corresponde a las partes probar
sus afirmaciones1.
TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 197° del Código Procesal Civil,
de aplicación supletoria al proceso laboral, el juzgador debe valorar en forma conjunta
todos los medios probatorios aportados por las partes, utilizando su apreciación
razonada, estudiando la prueba en sus elementos comunes, así como sus conexiones
directas o indirectas, para poder obtener sus conclusiones en busca de la verdad que es
el fin supremo del proceso, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 25º de la
Ley Procesal del Trabajo Nº 266362.
CUARTO.- Que, no existe controversia respecto a la vinculación laboral, periodo
laborado y cargo asumido, encontrándose acreditado con el certificado de trabajo
obrante a fojas 03, liquidación de Beneficios Sociales obrante a fojas 04, así como de lo
manifestado por las propias partes; por lo que se concluye que el actor ingresó a
laborar para las demandadas desde el 02 de julio 1970 hasta el 14 de Setiembre de 2006,
ostentado el último título de operador Grueso 2da, acumulando un récord laboral de
33 años, 02 meses y 13 días.
QUINTO.- RESPECTO A LOS PUNTOS CONTROVERTIDO: A efecto de emitir un
pronunciamiento de mérito y congruente respecto de los extremos demandados en
concordancia con lo establecido en el inciso 3) del artículo 48º de la Ley Procesal del
Trabajo, cabe puntualizar que en el presente caso del texto de demanda y fijación de
puntos controvertidos corresponderá emitir pronunciamiento respecto de los
siguientes puntos controvertidos determinar si le corresponde al actor el pago de los
siguientes conceptos:
1 Artículo 27º de la Ley Procesal del Trabajo, inciso 1) Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral. 2). Al empleador
demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la
costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo. 3) Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la
existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.
2 Artículo 25º de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636: Los medios probatorios en el proceso laboral tienen por finalidad
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los hechos controvertidos y fundamentar
sus decisiones.
1. Determinar cual de las demandadas o ambas son las obligadas a satisfacer la pretensión del
actor en el presente proceso;
2. Establecer el monto que de ser el caso le correspondería al demandante por concepto de Reintegro
de Compensación por tiempo de servicios por todo el vinculo laboral demandado;
3. Incremento del FONAVI por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 1993 hasta el 14 de
septiembre de 2003;
4. Gratificaciones de julio y diciembre del periodo que va desde el 02 de noviembre de 1991 hasta el
14 de septiembre del 2003;
5. Incremento IPSS-ONP del periodo comprendido desde el 01 de agosto de 1995 hasta el 14 de
septiembre del 2003;
6. El monto que de ser el caso le correspondieran por concepto de gratificaciones vacacional por el
periodo de 02 de noviembre de 1991 al 14 de septiembre del 2003, extremos que deberán de ser
analizados y merituados para resolver la presente causa.
SEXTO.- En lo que respecta al GRADO DE RESPONSABILIDAD de las demandadas:
Si bien es cierto que la empresa Doe Run Perú S.R.L. señala con fecha 24 de octubre
de1997, suscribió un contrato de Transferencia de Acciones, Aumento de Capital Social
y Suscripción de Acciones de la Empresa Metalúrgica la Oroya S.A. “Metal oroya S.A.”
otorgada por Centromin Perú S.A.; tal y como es corroborada con la copia de la
Escritura Pública obrante de fojas 142 a 145 en el cual se establece que “CENTROMIN
ACUERDA QUE CUALQUIER OBLIGACIÓN LEGAL O CONVENCIONAL
GENERADA POR EL VÍNCULO LABORAL CON LOS TRABAJADORES
MENCIONADOS HASTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE
CONTRATO SERA DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD” hasta la fecha del cese
del actor la suscripción de este contrato no ha generado interrupción alguna,
habiéndose mantenido en el mismo cargo y con el mismo título de Gruero 2da, como se
advierte del Cerificado de Trabajo obrante a fojas 3; esto significa que a partir del
23.10.1998 Doe Run Perú SRL., asumió su personal con contrato de trabajo, entre el cual
se encuentra comprendido el demandante, también lo es que esta transferencia se ha
efectuado entre las partes contratantes, lo que no puede perjudicar los derechos del
trabajador que fue ajeno a dicho acuerdo, tanto más si el actor no puede verse
perjudicado ante el cambio de empleador, por lo que estando al Principio de
Continuidad y a la “indivisibilidad de la obligación por la naturaleza de la prestación”,
regulada por el artículo 1175° del Código Civil, se determina que la obligación
ordenada debe ser asumida en forma solidaria entre las empresas demandadas
Centromin Perú SA y Doe Run Perú S.R.L.;
SÉPTIMO.- Respecto al reintegro de la COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE
SERVICIOS, debe tenerse en cuenta que son los artículos 9º, 12º, 16º y 18º del Decreto
Supremo Nº 001-97-TR, definen la remuneración base de su calculo y los conceptos que
la integran y su forma de incorporación, mientras que el artículo 21º del referido
cuerpo normativo, determina la obligación de los empleadores de depositar en los
meses de mayo y noviembre de cada año tantos dozavos de la remuneración
computable percibida por el trabajador en los meses de abril y octubre
respectivamente, como meses completos haya laborado en el semestre respectivo. La
fracción de mes se depositará por treintavos; no obstante dado el periodo de servicios
de la accionante debe tenerse en cuenta también lo previsto en el Decreto de Urgencia
Nº 127-2000, Decreto de Urgencia Nº 115-2001, Decreto de Urgencia Nº 019-2002 y
Decreto de Urgencia Nº 013-2003, que determinan que la compensación por tiempo de
servicios que se devengue incluso desde el 01 de enero del 2001 hasta el 31 de octubre
del 2004, se deposita mensualmente en la entidad elegida por el trabajador razón de
8.33% de la remuneración percibida en dicho mes. En el caso de autos, el actor
demanda el reintegro de la CTS manifestando que “hago presente que la emplazada
debió integrar el 10% de FONAVI en forma completa, es en esta reclamación que debe
reintegrarse los montos reales en las liquidaciones de CTS”; lo que significa que el actor
reclama el reintegro con la incidencia del 10% de FONAVI; siendo ello así, corresponde
efectuar el siguiente cuadro:
CCCCOOOOMMMMPPPPEEEENNNNSSSSAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN PPPPOOOORRRR TTTTIIIIEEEEMMMMPPPPOOOO DDDDEEEE SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCIIIIOOOOSSSS
PPPPEEEERRRRIIIIOOOODDDDOOOO
DDDDEEEEPPPPOOOOSSSSIIIITTTTOOOOSSSS TTTTIIIIEEEEMMMMPPPPOOOO RRRREEEEMMMM
Total Prom.
DDDDEEEELLLL AAAALLLL AAAA MMMM DDDD Remuneración Gratificación IIIINNNNDDDDEEEEMMMM CCCCTTTTSSSS
RRRREEEESSSSEEEERRRRVVVVAAAA AAAACCCCUUUUMMMMUUUULLLLAAAADDDDAAAA
23,55 3,93 27,48 13,74
jun-91 00002222----jjjjuuuunnnn----77770000 00002222----jjjjuuuunnnn----77771111
48,78 8,13 56,91 28,46
jun-92 00002222----jjjjuuuunnnn----77771111 00002222----jjjjuuuunnnn----77772222
229,32 38,22 267,54 133,77
jun-93 00002222----jjjjuuuunnnn----77772222 00002222----jjjjuuuunnnn----77773333
179,27 29,88 209,15 104,57
jun-94 00002222----jjjjuuuunnnn----77774444 00002222----jjjjuuuunnnn----77775555
316,92 52,82 369,74 184,87
jun-95 00002222----jjjjuuuunnnn----77775555 00002222----jjjjuuuunnnn----77776666
336,71 56,12 392,83 196,41
jun-96 00002222----jjjjuuuunnnn----77777777 00002222----jjjjuuuunnnn----77778888
452,79 75,47 528,26 264,13
jun-97 00002222----jjjjuuuunnnn----77778888 00002222----jjjjuuuunnnn----77779999
2.610,23 435,04 3.045,27 1.522,63
jun-98 00002222----jjjjuuuunnnn----77779999 00002222----jjjjuuuunnnn----88880000
947,54 157,92 1.105,46 552,73
jun-99 00002222----jjjjuuuunnnn----88880000 00002222----jjjjuuuunnnn----88881111
1.028,62 171,44 1.200,06 600,03
jun-00 00002222----jjjjuuuunnnn----88881111 00002222----jjjjuuuunnnn----88882222
1.063,24 177,21 1.240,45 620,22
jun-01 00002222----jjjjuuuunnnn----88882222 00002222----jjjjuuuunnnn----88883333
1.145,98 191,00 1.336,98 668,49
jun-02 00002222----jjjjuuuunnnn----88883333 00002222----jjjjuuuunnnn----88884444
1.142,20 190,37 1.332,57 666,28
jun-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88884444 00002222----jjjjuuuunnnn----88885555
1.238,96 206,49 1.445,45 722,73
jul-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88885555 00002222----jjjjuuuunnnn----88886666
1.239,96 206,66 1.446,62 723,31
ago-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88886666 00002222----jjjjuuuunnnn----88887777
1.240,96 206,83 1.447,79 723,89
sep-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88887777 00002222----jjjjuuuunnnn----88888888
1.241,96 206,99 1.448,95 724,48
oct-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88888888 00002222----jjjjuuuunnnn----88889999
1.242,96 207,16 1.450,12 725,06
nov-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88889999 00002222----jjjjuuuunnnn----99990000
1.243,96 207,33 1.451,29 725,64
dic-03 00002222----jjjjuuuunnnn----99990000 00002222----ddddiiiicccc----99990000
1.244,96 207,49 1.452,45 726,23
PPPPEEEERRRRIIIIOOOODDDDOOOO SSSSEEEEMMMMEEEESSSSTTTTRRRRAAAALLLLEEEESSSS 11110000,,,,666622227777,,,,66667777
abr-91 01-ene-91 30-abr-91 0 4 0 23,55 3,93 27,48 9,16
oct-91 01-may-91 31-oct-91 0 6 0 11,58 1,93 13,51 6,76
abr-92 01-nov-91 30-abr-92 0 6 0 48,78 8,13 56,91 28,46
oct-92 01-may-92 31-oct-92 0 6 0 41,30 6,88 48,18 24,09
abr-93 01-nov-92 30-abr-93 0 6 0 229,32 38,22 267,54 133,77
oct-93 01-may-93 31-oct-93 0 6 0 229,32 38,22 267,54 133,77
abr-94 01-nov-93 30-abr-94 0 6 0 179,27 29,88 209,15 104,57
oct-94 01-may-94 31-oct-94 0 6 0 102,44 17,07 119,51 59,76
abr-95 01-nov-94 30-abr-95 0 6 0 316,92 52,82 369,74 184,87
oct-95 01-may-95 31-oct-95 0 6 0 316,00 52,67 368,67 184,33
abr-96 01-nov-95 30-abr-96 0 6 0 336,71 56,12 392,83 196,41
oct-96 01-may-96 31-oct-96 0 6 0 336,71 56,12 392,83 196,41
abr-97 01-nov-96 30-abr-97 0 6 0 452,79 75,47 528,26 264,13
oct-97 01-may-97 31-oct-97 0 6 0 417,96 69,66 487,62 243,81 11112222,,,,333399992222,,,,99997777
abr-98 01-nov-97 30-abr-98 0 6 0 940,04 156,67 1.096,71 548,36
oct-98 01-may-98 31-oct-98 0 6 0 1.619,57 269,93 1.889,50 944,75
abr-99 01-nov-98 30-abr-99 0 6 0 2.610,23 435,04 3.045,27 1.522,63
oct-99 01-may-99 31-oct-99 0 6 0 1.028,62 171,44 1.200,06 600,03
abr-00 01-nov-99 30-abr-00 0 6 0 947,54 157,92 1.105,46 552,73
oct-00 01-may-00 31-oct-00 0 6 0 867,63 144,61 1.012,24 506,12
dic-00 01-nov-00 31-dic-00 0 2 0 289,21 48,20 337,41 56,24
DDDDEEEEPPPPOOOOSSSSIIIITTTTOOOOSSSS MMMMEEEENNNNSSSSUUUUAAAALLLLEEEESSSS -
nov-00 01-nov-00 30-nov-00 0 1 0 1.063,24 1.063,24 88,57
dic-00 01-dic-00 31-dic-00 0 1 0 1.444,17 1.444,17 120,30
ene-01 01-ene-01 31-ene-01 0 1 0 1.145,98 1.145,98 95,46
feb-01 01-feb-01 28-feb-01 0 1 0 1.072,72 1.072,72 89,36
mar-01 01-mar-01 31-mar-01 0 1 0 1.174,78 1.174,78 97,86
abr-01 01-abr-01 30-abr-01 0 1 0 910,88 910,88 75,88
may-01 01-may-01 31-may-01 0 1 0 1.020,01 1.020,01 84,97
jun-01 01-jun-01 30-jun-01 0 1 0 973,41 973,41 81,09
jul-01 01-jul-01 31-jul-01 0 1 0 3.058,84 1.049,63 4.108,47 342,24
ago-01 01-ago-01 31-ago-01 0 1 0 1.250,14 1.250,14 104,14
sep-01 01-sep-01 30-sep-01 0 1 0 2.771,50 2.771,50 230,87
oct-01 01-oct-01 31-oct-01 0 1 0 1.038,00 1.038,00 86,47
nov-01 01-nov-01 30-nov-01 0 1 0 1.769,90 1.769,90 147,43
dic-01 01-dic-01 31-dic-01 0 1 0 3.223,35 2.185,29 5.408,64 450,54
ene-02 01-ene-02 31-ene-02 0 1 0 1.142,27 1.142,27 95,15
feb-02 01-feb-02 28-feb-02 0 1 0 1.203,66 1.203,66 100,26
mar-02 01-mar-02 31-mar-02 0 1 0 1.328,13 1.328,13 110,63
abr-02 01-abr-02 30-abr-02 0 1 0 1.360,14 1.360,14 113,30
may-02 01-may-02 31-may-02 0 1 0 1.076,94 1.076,94 89,71
jun-02 01-jun-02 30-jun-02 0 1 0 1.249,57 1.249,57 104,09
jul-02 01-jul-02 31-jul-02 0 1 0 5.402,66 1.226,79 6.629,45 552,23
ago-02 01-ago-02 31-ago-02 0 1 0 1.068,15 1.068,15 88,98
sep-02 01-sep-02 30-sep-02 0 1 0 1.483,24 1.483,24 123,55
oct-02 01-oct-02 31-oct-02 0 1 0 1.267,83 1.267,83 105,61
nov-02 01-nov-02 30-nov-02 0 1 0 1.897,49 1.897,49 158,06
dic-02 01-dic-02 31-dic-02 0 1 0 3.934,06 2.508,91 6.442,97 536,70
ene-03 01-ene-03 31-ene-03 0 1 0 1.238,96 1.238,96 103,21
feb-03 01-feb-03 28-feb-03 0 1 0 1.380,47 1.380,47 114,99
mar-03 01-mar-03 31-mar-03 0 1 0 1.412,42 1.412,42 117,65
abr-03 01-abr-03 30-abr-03 0 1 0 1.377,66 1.377,66 114,76
may-03 01-may-03 31-may-03 0 1 0 1.169,77 1.169,77 97,44
jun-03 01-jun-03 30-jun-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
jul-03 01-jul-03 31-jul-03 0 1 0 1.270,80 1.308,35 2.579,15 214,84
ago-03 01-ago-03 31-ago-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
sep-03 01-sep-03 30-sep-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
oct-03 01-oct-03 31-oct-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
nov-03 01-nov-03 30-nov-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
dic-03 01-dic-03 31-dic-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86 10,402,32
TTTTOOOOTTTTAAAALLLL DDDDEEEE CCCCOOOOMMMMPPPPEEEENNNNSSSSAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN PPPPOOOORRRR TTTTIIIIEEEEMMMMPPPPOOOO DDDDEEEE SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCIIIIOOOO 22222222,,,,777799995555,,,,22229999
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.12,397.97 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERU el monto de S/. 10,398.00
Nuevos Soles.
NOVENO.- El INCREMENTO DEL 10% DEL HABER MENSUAL se encontraba
regulado por el Decreto Ley N° 25981 del 1ero de mayo de 1993 al 18 de mayo de
1998: Para los efectos de resolver este extremo se debe tener presente que la Ley 25981
dispuso en su artículo 2°, que los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones
están afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de
Diciembre de 1992, percibirían un incremento de remuneraciones a partir del 01 de
Enero de 1993, el cual era equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes
de enero de 1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI, que en cuanto a la
remuneración afecta a este tributo, se debe tener en cuenta que: en el primer párrafo
del artículo sexto del Decreto Ley Nº 22591 que creo la contribución FONAVI, señala
que se considera remuneración para los efectos de aplicar la tasa de dicha contribución
toda cantidad que se abone en efectivo por concepto de retribución de servicios
personales, lo cual fue complementado por el Decreto Supremo número 113-79-EF de
fecha 14 de Agosto de 1979, dispositivo éste que establece las normas reglamentarias
para aplicar las contribuciones que crean recursos del FONAVI, y que en su artículo 8
señaló que para efecto de la afectación por FONAVI se considera remuneración toda
cantidad que se abone en efectivo sea cual fuere su origen, naturaleza y denominación
por concepto de retribución de servicios personales. En el caso de autos, se advierte
que 331 a 346 se verifica que Doe Run Perú no cumplió con pagar respecto al Decreto
Ley Nº 22591, asimismo; del Informe Pericial Nº 071-1JET-PJ-EMMM de fecha 18 de
septiembre de 2012de fojas 387al 402, se aprecia que Centromin del Perú de la misma
forma se verifica que tampoco ha cumplido con pagar respecto al Decreto Ley Nº
22591. Es así que las demandadas no efectuaron pago alguno por este concepto durante
todo el periodo laborado, esto es el 01 de enero del año 1993 al 14 de septiembre del
2003, por lo que corresponde amparar este extremo por el monto de S/. 3,877.65
Nuevos Soles, como se detalla en el siguiente cuadro:
ANALISIS DEL INCREMENTO FONAVI
CONCEPTOS
NÚMERO DE DÍAS ene-93
Normal 117.80
Dom. Fer. 11.78
Nocturo 21.66
Reajuste BTS 7.70
Altura 1.54
Otros Pagos 164.11
Remuneración Total 324.60
Incremento Fonavi 32,46
FONAVI DIARIO 1,05
TOTAL
Cálculo del reintegro desde el 01-01-93 al 14-09-2003
( 3693 días)
3102 días x 1.38 S/. 3,877,65
TOTAL PAGAR
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.1500 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERÚ el monto de S/. 2377.00 Nuevos
Soles.
DÉCIMO PRIMERO.- En cuanto se refiere al REINTEGRO DE GRATIFICACIONES,
al respecto, debe tenerse en cuenta que la Ley No.27735 en su Artículo 1º establece el
derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a percibir
dos gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de la
Navidad. Este beneficio resulta de aplicación sea cual fuere la modalidad del contrato de
trabajo y el tiempo de prestación de servicios del trabajador, asimismo, el Artículo 2º
establece que el monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la
remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar
el beneficio. Para este efecto, se considera como remuneración, a la remuneración básica
y a todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero o en especie
como contraprestación de su labor, cualquiera sea su origen o la denominación que se
les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se excluyen los conceptos contemplados
en el Artículo 19º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios. Por lo que corresponde efectuar la liquidación
de este concepto con las remuneraciones percibidas según copia de boletas (fojas 38, 43 y
61) y cuadros remunerativos (foja 336, 333, 339, 342, 345), así como se verificar parte de
su cumplimiento por parte de la demandada DOE RUN PERU de las gratificaciones de
julio y diciembre 2000, 2002 y de julio de 1998 y 2008, por su parte CENTROMIN del
Perú a fojas 387 se verifica el pago de gratificaciones a fojas 388 a 390, 392 a 394, 396, 398,
400, 401 del cual ha cumplimiento con pagar parte de la demandada al demandante, sin
embargo falta periodos de las cuales las demandada no han cumplido con pagara, por lo
que se calculara en el siguiente cuadro:
PERIODO jul-91 dic-91 jul-92 dic-92
GANANCIA NORAL 7,64 97,56 119,68
GANAN POR PORBRETIEMPO 24,64 39,68
NOCTURNO HASTA LAS 12 PM 10,8 12,4
BON. SUBSUELO PER 4,34 8,86 8,68 16,4
BONO CATE 14,14
130% TRA POR DECANSO 21,76
100<% TRA. DIA FERIADO
CONT. COL.MIN.DESC 9,66
BONOS COMIDA
NOCTURNO DESP 12 PM 9,72 3,2
VACACIONES
ASIG ESPOSA 3,2 422,6
FRATI VACAC 21,76
GRATIFICAC 15
LEY DOMINICAL 10908 11,44 18,26 25,76
SACARPOLVO NEGRO 50,7
1EN/1MAY/28-29JUL/25DI 4,16
BON POR ALTURA 6,5
REINT AFECTOS 3,2
BON.TIEMPO SERRV 3,78 7,5
ASIG, FAMILIAR HIJOS
REAJUSTER POR CONV COLC 13,65 1,56
REFRIGERIO 3,5 6,15 7 43,52
SOBRE POR VAC 163,2
BONO ESCOLAR
TRABAJO SIERRA 1,3 1,4 1,1
PAGO UNI /DIA MINERO 6,7
BON 1 DE MAYO
ASIG. ESPECIAL
PAGO TRANSITORIO 12
MOVILIDAD 23,68
INCREMENTO FONAVI
BON EMB. Y DES 3,2 5,6
LIC, SINDICAL 2,8 65
TOTAL 61,77 75,65 60,96 769,76 968,14
PERIODO jul-93 dic-93 jul-94 dic-94 jul-95 dic-95
GANACIA 155,52 229,32 210,21 179,27 316,92 316,92
S TIEMPO
NOCTURNA 32,9 27,3 45,58 5,32 36,47 36,47
DOMICICAL 25,92 38,22 38,22 25,61 52,82 59,89
R. VACA 230,49
BTS 10,78 15,96 15,96 21,42 22,12 22,12
OTROS PAGOS 1,96 2,8 70,5
SUB. ALTURA 52,88 137,44 2,6 3,36 3,36 3,36
ASOG. FAMI 9,6 11,2 7,68
ASIG. ESCOLA 180 9,6 12 11,2
GRATI VACAC 485
OTROS PAGOS 52 7,88 45,19 22,88
DOMI/FERI 38,22 55,45 29,09
R VAE 41,3
BON SUT 30,1 43,05
FONAVI 32,46
TOTAL 824,7 194,42 89,06 83,56 181,17 137,63 1510,52
jul-96 dic-96 jul-97 dic-97
BASICO 397,93 417,96 417,96 411,36
SOBRE TIEMPO 56,89
DOM, FERIADOS 63,37 39,40 39,40 50,65
NOCTURNO 44,64 45,15 41,15 32,48
B. VACACIONES
DOMINICAL 63,22 71,66 71,66 23,56
MON, SUST 48,65 49,78 49,78
BTS 28,35 29,96 29,96 9,08
SUB. ALTURA 3,9 4,06 4,06 1,96
ASIG. FAMILIAR 9,37 9,37
ASIG. ESCOLAR 17,3 11,76 11,76
GRATIFICACIONES
OTROS PAGOS 23,09 1451,7 820,00
BONF. POR ALTURA
BONIF. TIEMPO DE SERVICIO
FONAVI 10% 32,46 32,46 32,46 32,46
REINTEGR 10.23% Y 3% SPP
216,97 1.660,75 209,05 887,06 2.973,83
PERIODO jul-98 dic-98 jul-99 dic-99 jul-00 dic-00 jul-01 dic-01 jul-02 dic-02 jul-03
BASICO 1.064,30 2.610,26 949,62 311,06 2.818,35 1.444,17 3.058,94 3.223,35 5.402,26 3.934,06 1.176,37
DERECHO DE
VACACIONES
GANANCIA NORMAL 477,96 525,96 525,96 558,36 558,36 590,76 590,76 623,16 6,23,16 655,56 655,56
DOM/FER.TRAB 43,83 43,83 49,23 54,63
43,83 43,86 49,23 54,63
NOCTURNO 31,50 34,65 6,93 7,63 7,63 58,31 8,33 54,6 54,6 49,7 9,94
7,28 7,98 47,88 52,50 25,50 9,59 57,54 62,58 52,15 11,34 68,04
REIN, VACA
DOMINICAL 47,90 59,57 58,69 63,46 63,22 67,18 67,18 74,07 79 37,2
B. SUSTITUTORIA 31,92 35,14 35,14 37,94 37,94 41,3 41,3 45,08 45,08 49,17 49,14
26,04 28,70 28,70 31,64 31,64 34,44 34,44 37,52 37,52 40,88 40,88
B. TDS 33,46 36,82 36,82 39,09 39,09 41,35 41,35 43,62 43,62 45,89 45,89
B. ALTURA 6,50 4,90 4,90 5,32 5,32 5,88 5,88 6,44 6,44 7,00 7,00
4,48
ADIG. FAMILIAR 5,11 5,62 6,07 6,60 7,19 7,19 7,84
5,10
ASIG. POR HIJO 5,62 17,92 3,04 3,36 3,6 3,6
REFRIGERIO 14,98 16,52 16,52 17,92 19,46 19,46 21,28 21,28 23,27 23,34
GRATIFICACION VACAC 1557,9
GRATI FF.PP. 17,50,73 19,10,60 2.552,49
GRATI FF.NN. 1576,33 1919,99 2095,34 2337,79
OTROS PAGOS
B. TOXICO 7 7,7 7,7 8,4 8,4 9,24 9,24 10,08 10,00 10,92 10,92
B. COMIDA 5,48 103,86 109,26 109,26
D. COM 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 462 5,04 5,04
DIA DE DESC 98,46 103,86
FERIADO EN 87,66 93,06 93,06 98,46 4,2 4,62 96,93 90,26
B. TRAB 3,22 3,5 3,78 3,78 4,2 60,37
SUB TIE 78,89 150,2 104,38 46,5 50,7
B. TRABAJP 139,67 138,09 397,96
BONO 87,66
NORMALIDAD
SIERRA 3,5
ALTURA
TOTAL 26,76 1.777,64 116,94 244,91 262,81 2.450,87 281,56 2.339,56 4.911,33 2.627,24 148,56
15.188,18
PAGADO POR LAS DEMANDADAS
1919,99
2552,49
2737,79
17,50,73
1778,48
1447,5
10436,25 - 20,640,67 = 11,056,95
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.456.43 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERÚ el monto de S/. 16,075.24
Nuevos Soles, es decir: SOLO Doe Run Perú el monto de S/. 11,056.95 Nuevos Soles
DÉCIMO.- INCREMENTO DEL REMUNERACIONES DEL 3.3% DE LA ONP La ley
26504 dispuso en su artículo 5°, que la remuneración de los trabajadores asegurados
obligatorios al Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley Nº 19990
se incrementará en un 3,3%. En tal sentido, para efectos de conocer el monto del
incremento dispuesto por la norma en mención, debe considerarse que la ley se ha
encargado de establecer los conceptos que constituyen remuneración, así, el artículo 6°
del Decreto Supremo Nº 003-97-TR señala que constituye remuneración para todo
efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en
especie, cualquiera sean la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su
libre disposición. Por otro lado, el artículo 9° del referido dispositivo establece que no
constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en el artículo
19 y 20 del Decreto Legislativo Nº 650. Cabe agregar que, conforme a lo previsto por la
Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 26504, el incremento dispuesto por ella
debe aplicarse a partir del 01 de agosto de 1995. Debe tenerse presente que de los
cuadro remunerativo de planillas obrante de fojas 331 a 346 y a fojas 387 al 402 no se
aprecia pago alguno por este concepto durante todo el periodo laborado, del periodo
de calculo de agosto de 1998 al 14 de septiembre del 2003, por lo que corresponde
amparar este extremo de la demanda por el monto de S/. 1,481.00 Nuevos Soles, según
el siguiente detalle:
CONCEPTO ago-95
jornal diario 339,12
Nocturno 31,08
Altura 3,64
Asignaci. Familiar 8,52
Otros Pagos 21,64
Bonif. Doming 60,22
AL MES 464,22
INCREMENTO ONP 14,97
DIARIO 0.50
Cálculo del reintegro desde el 01-08-98 al 14-
09-2003 ( 2962 días)
2892 días x 0.50 1481
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.300.00 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERU el monto de S/. 1,181.00 Nuevos
Soles
DÉCIMO SEGUNDO.- Que, respecto al REINTEGRO DE REMUNERACIÓN
VACACIONAL el artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 713, establece que los
trabajadores en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a
aquél en el que adquieren el derecho, percibirán una remuneración por el trabajo
realizado, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado y una
indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso;
asimismo, el artículo 22° de la Norma acotada establece que el récord trunco
vacacional será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la
remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente,
señalando además que el monto de las remuneraciones indicadas será el que se
encuentre percibiendo en la oportunidad en que se efectué el pago. En el caso de autos,
el actor demanda este extremo manifestando que la demandada ha omitido incluir en
las remuneraciones vacacionales los conceptos colaterales, para lo cual se entiende por
remuneración vacacional, la remuneración que el trabajador percibe en el mes que le
corresponde el goce de sus vacaciones, para lo cual se advierte que efectivamente el
actor percibía por este concepto el básico, sin embargo, al mismo tiempo percibía los
colaterales como conceptos separados como se advierte de fojas 387 a 402; siendo ello
así, corresponde solo amparar este extremo por los conceptos de FONAVI 10% y SNP
3.3% desde el periodo de 1998 al 14 de setiembre del 2003, entiéndase por los periodos
de 1998 al 2003 11 años) y truncos del 2003 (8 meses 11 días), por lo que le corresponde
el monto de S/. 419.10 Nuevos Soles:
REINTEGRO DE VACACIONES
1991-1992 32,46
1992-1993 32,46
1993-1994 32,46
1994-1995 32,46
1995-1996 32,46
1996-1997 32,46
1997-1998 32,46
1998-1999 32,46
1999-2000 32,46
2000-2001 32,46
2001-2002 32,46
2002-2003 32,46
2003-2004 29,58
TOTAL POR REINTEGRAR 419,1
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.194.76 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERÚ el monto de S/. 224.34 Nuevos
Soles
DÉCIMO TERCERO.- De las pretensiones amparadas se tiene que le corresponde al
actor los siguientes conceptos:
CONCEPTOS MONTO
CTS 22,795,29
FONAVI 3,877,65
REIN. GRATI 11,513,88
REIN. VACA 419,12
ONP 1481,00
MONTA A PAGAR 40,086,47
DÉCIMO TERCERO.-Del monto indicado anteriormente se disgregara de la siguiente
forma, tanto para CENTROMIN PERÚ S.A. deberá pagar la suma de S/.14,852.16, y Doe
Run Perú pagara la suma de S/.25,237.31
CENTROMIN
PERU DOE RUN PERU
12397,97 10398,00
1500,00 2377,00
456,43 11056,95
300,00 1181,00
197,76 224,36
14852,16 25237,31
DÉCIMO TERCERO.- Por lo que le corresponde el monto de S/. 40,086.47 nuevos
soles, más los intereses legales, de conformidad con el artículo 3º del Decreto Ley Nº
259203, con costas y costos que se liquidaran en ejecución de sentencia; de las demás
pruebas actuadas y no glosadas no enerva el criterio del Juzgador, por lo que
habiéndose efectuado la valorización razonada y conjunta sobre las pruebas aportadas
y que obran en autos, en mérito a lo actuado y a los considerándoos precedentes,
Impartiendo Justicia a nombre de la Nación:
FALLO: Declarando FUNDADA en parte la demanda de fojas 91 a 100 y subsana a
fojas 102 a 106 interpuesta por EUGENIO SEGURA POMA, contra CENTROMIN
PERÚ S.A. y DOE RUN PERÚ S.R.L., en consecuencia ORDENO que el demandado
CENTROMIN PERÚ S.A. pague a favor del actor la suma de S/. 14,852.16 Nuevos Soles
(CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS NUEVOS SOLES CON 16/100
CÉNTIMOS), y DOE RUN PERÚ S.R.L. pague favor del actor la suma de S/. 25,237.31
Nuevos Soles (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE NUEVOS SOLES
CON 31/100 CÉNTIMOS), haciendo un total de /. 40,086.47 nuevos soles (CUARENTA MIL
OCHENTA Y SEIS NUEVOS SOLES CON 47/100 CÉNTIMOS), más los intereses financieros
y legales con respecto a los demás beneficios sociales, que se liquidaran en ejecución de
sentencia; con costas y costos. HÁGASE SABER.-
3 Artículo 3.- El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de aquél
en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún
daño. | <|im_start|>system
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OCTAVO JUZGADO TRANSITORIO LABORAL DE LIMA
EXP. 00321-2004-0-1801-JR-LA-16°
Juez: Elizabeth Noemí Salas Fuentes
Espec. Legal: González Torres, Patricio
SENTENCIA Nº 266 - 2016 - 08ºJTTL-ENSF
RESOLUCIÓN Nº TREINTA Y TRES
Lima, dieciséis de septiembre del dos mil dieciséis
VISTOS: Resulta de autos que de fojas 91
a 100 y subsana a fojas 102 a 106 don EUGENIO SEGURA POMA, interpone demanda
incumplimiento de disposiciones contra las empresas mineras CENTROMIN PERÚ
SA., y DOE RUN PERÚ SRL. Funda su demanda en el hecho de haber ingresado a
laborar para CENTROMIN PERÚ S.A. en su Unidad de Producción de la Oroya en
calidad de Grueso 2da., desde el 02 de julio 1970 al 22 de Octubre de 1997, sin
interrupción en la sección de residuos anódicos; luego para Doe Run Perú SRL., de la
misma Unidad Minera, en la misma condición de obrero del 23 de octubre de 1997 al
14 de Septiembre de 2006. con ultima remuneración de S/. 57.63. Precisa que su ex
empleadora le abonó las remuneraciones en forma diminuta e incompleta de los
conceptos demandados.
Admitida la demanda, se corrió traslado a
las demandadas, siendo que Centromin Perú SA., mediante escrito de fojas 124 a 131
deduce la excepción de prescripción extintiva, excepción oscuridad y ambigüedad en
la forma de proponer la demanda y excepción de cosa juzgada y contesta la demanda
negando y contradiciendo en todos sus extremos, asimismo indica que el demandante
ingreso a trabajar en calidad de obrero desde el 02 de Julio de 1970 hasta el 22 de
Octubre de 1997, sin embargo negamos que mi representada adeude suma alguna al
reclamante por supuesto reintegro de CTS y que estos se hayan efectuado en forma
diminuta violando las normas legales.
Por su partes, Doe Run Perú SRL.,
mediante escrito de fojas 244 a 251 deduce la excepción de cosa juzgada y contesta la
demanda, negándola en los extremos, siendo que mi representada contesta la demanda
solamente por el periodo que va del 24 de octubre de 1997 al 14 de septiembre de 2003,
por que es el único perdió que le corresponde antes de ser CENTOMIN PERU SA.,
asimismo indica que mi representada siempre ha pagado la remuneración vacacional
conforme a la convención colectiva de trabajo.
Citadas las partes a Audiencia Única, esta
se llevó con el acta de fojas 270 a 271, asimismo, continuando con la Audiencia Única,
esta se llevó a cabo en los términos que corren en el acta de fojas 291 a 294,
oportunidad en la que se declaró INFUNDADO las excepciones de de prescripción
extintiva, excepción oscuridad y ambigüedad en la forma de proponer la demanda y
excepción de cosa juzgada. Asimismo se declara saneado el proceso, se dejó constancia
que de que no se ha podido arribar a una conciliación por mantener las partes sus
puntos de vista, se fijaron los puntos controvertidos y se admitieron y se actuaron los
medios probatorios ofrecidos por las partes, y tramitado el proceso conforme a su
naturaleza, corresponde emitir pronunciamiento:
CONSIDERANDO.-
PRIMERO.- OBJETO DEL PROCESO: La finalidad concreta de todo proceso es
resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, haciendo
efectivo los derechos sustanciales, y a través de ello, lograr su finalidad abstracta, esto
es la paz social en justicia. Como consecuencia, toda persona tiene derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con
sujeción a un debido proceso, con la finalidad que se resuelva el conflicto de intereses o
la incertidumbre jurídica que lo afecta.
SEGUNDO.- CARGA DE LA PRUEBA: En materia de pruebas es principio rector que
quien afirma hechos que configuran su pretensión o quien los niega alegando hechos
nuevos debe acreditarlos conforme lo dispone el artículo 196º del Código Procesal
Civil, de aplicación supletoria, siendo menester precisar que conforme lo dispuesto por
el artículo 27° de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636, corresponde a las partes probar
sus afirmaciones1.
TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 197° del Código Procesal Civil,
de aplicación supletoria al proceso laboral, el juzgador debe valorar en forma conjunta
todos los medios probatorios aportados por las partes, utilizando su apreciación
razonada, estudiando la prueba en sus elementos comunes, así como sus conexiones
directas o indirectas, para poder obtener sus conclusiones en busca de la verdad que es
el fin supremo del proceso, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 25º de la
Ley Procesal del Trabajo Nº 266362.
CUARTO.- Que, no existe controversia respecto a la vinculación laboral, periodo
laborado y cargo asumido, encontrándose acreditado con el certificado de trabajo
obrante a fojas 03, liquidación de Beneficios Sociales obrante a fojas 04, así como de lo
manifestado por las propias partes; por lo que se concluye que el actor ingresó a
laborar para las demandadas desde el 02 de julio 1970 hasta el 14 de Setiembre de 2006,
ostentado el último título de operador Grueso 2da, acumulando un récord laboral de
33 años, 02 meses y 13 días.
QUINTO.- RESPECTO A LOS PUNTOS CONTROVERTIDO: A efecto de emitir un
pronunciamiento de mérito y congruente respecto de los extremos demandados en
concordancia con lo establecido en el inciso 3) del artículo 48º de la Ley Procesal del
Trabajo, cabe puntualizar que en el presente caso del texto de demanda y fijación de
puntos controvertidos corresponderá emitir pronunciamiento respecto de los
siguientes puntos controvertidos determinar si le corresponde al actor el pago de los
siguientes conceptos:
1 Artículo 27º de la Ley Procesal del Trabajo, inciso 1) Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral. 2). Al empleador
demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la
costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo. 3) Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la
existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.
2 Artículo 25º de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636: Los medios probatorios en el proceso laboral tienen por finalidad
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los hechos controvertidos y fundamentar
sus decisiones.
1. Determinar cual de las demandadas o ambas son las obligadas a satisfacer la pretensión del
actor en el presente proceso;
2. Establecer el monto que de ser el caso le correspondería al demandante por concepto de Reintegro
de Compensación por tiempo de servicios por todo el vinculo laboral demandado;
3. Incremento del FONAVI por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 1993 hasta el 14 de
septiembre de 2003;
4. Gratificaciones de julio y diciembre del periodo que va desde el 02 de noviembre de 1991 hasta el
14 de septiembre del 2003;
5. Incremento IPSS-ONP del periodo comprendido desde el 01 de agosto de 1995 hasta el 14 de
septiembre del 2003;
6. El monto que de ser el caso le correspondieran por concepto de gratificaciones vacacional por el
periodo de 02 de noviembre de 1991 al 14 de septiembre del 2003, extremos que deberán de ser
analizados y merituados para resolver la presente causa.
SEXTO.- En lo que respecta al GRADO DE RESPONSABILIDAD de las demandadas:
Si bien es cierto que la empresa Doe Run Perú S.R.L. señala con fecha 24 de octubre
de1997, suscribió un contrato de Transferencia de Acciones, Aumento de Capital Social
y Suscripción de Acciones de la Empresa Metalúrgica la Oroya S.A. “Metal oroya S.A.”
otorgada por Centromin Perú S.A.; tal y como es corroborada con la copia de la
Escritura Pública obrante de fojas 142 a 145 en el cual se establece que “CENTROMIN
ACUERDA QUE CUALQUIER OBLIGACIÓN LEGAL O CONVENCIONAL
GENERADA POR EL VÍNCULO LABORAL CON LOS TRABAJADORES
MENCIONADOS HASTA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE
CONTRATO SERA DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD” hasta la fecha del cese
del actor la suscripción de este contrato no ha generado interrupción alguna,
habiéndose mantenido en el mismo cargo y con el mismo título de Gruero 2da, como se
advierte del Cerificado de Trabajo obrante a fojas 3; esto significa que a partir del
23.10.1998 Doe Run Perú SRL., asumió su personal con contrato de trabajo, entre el cual
se encuentra comprendido el demandante, también lo es que esta transferencia se ha
efectuado entre las partes contratantes, lo que no puede perjudicar los derechos del
trabajador que fue ajeno a dicho acuerdo, tanto más si el actor no puede verse
perjudicado ante el cambio de empleador, por lo que estando al Principio de
Continuidad y a la “indivisibilidad de la obligación por la naturaleza de la prestación”,
regulada por el artículo 1175° del Código Civil, se determina que la obligación
ordenada debe ser asumida en forma solidaria entre las empresas demandadas
Centromin Perú SA y Doe Run Perú S.R.L.;
SÉPTIMO.- Respecto al reintegro de la COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE
SERVICIOS, debe tenerse en cuenta que son los artículos 9º, 12º, 16º y 18º del Decreto
Supremo Nº 001-97-TR, definen la remuneración base de su calculo y los conceptos que
la integran y su forma de incorporación, mientras que el artículo 21º del referido
cuerpo normativo, determina la obligación de los empleadores de depositar en los
meses de mayo y noviembre de cada año tantos dozavos de la remuneración
computable percibida por el trabajador en los meses de abril y octubre
respectivamente, como meses completos haya laborado en el semestre respectivo. La
fracción de mes se depositará por treintavos; no obstante dado el periodo de servicios
de la accionante debe tenerse en cuenta también lo previsto en el Decreto de Urgencia
Nº 127-2000, Decreto de Urgencia Nº 115-2001, Decreto de Urgencia Nº 019-2002 y
Decreto de Urgencia Nº 013-2003, que determinan que la compensación por tiempo de
servicios que se devengue incluso desde el 01 de enero del 2001 hasta el 31 de octubre
del 2004, se deposita mensualmente en la entidad elegida por el trabajador razón de
8.33% de la remuneración percibida en dicho mes. En el caso de autos, el actor
demanda el reintegro de la CTS manifestando que “hago presente que la emplazada
debió integrar el 10% de FONAVI en forma completa, es en esta reclamación que debe
reintegrarse los montos reales en las liquidaciones de CTS”; lo que significa que el actor
reclama el reintegro con la incidencia del 10% de FONAVI; siendo ello así, corresponde
efectuar el siguiente cuadro:
CCCCOOOOMMMMPPPPEEEENNNNSSSSAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN PPPPOOOORRRR TTTTIIIIEEEEMMMMPPPPOOOO DDDDEEEE SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCIIIIOOOOSSSS
PPPPEEEERRRRIIIIOOOODDDDOOOO
DDDDEEEEPPPPOOOOSSSSIIIITTTTOOOOSSSS TTTTIIIIEEEEMMMMPPPPOOOO RRRREEEEMMMM
Total Prom.
DDDDEEEELLLL AAAALLLL AAAA MMMM DDDD Remuneración Gratificación IIIINNNNDDDDEEEEMMMM CCCCTTTTSSSS
RRRREEEESSSSEEEERRRRVVVVAAAA AAAACCCCUUUUMMMMUUUULLLLAAAADDDDAAAA
23,55 3,93 27,48 13,74
jun-91 00002222----jjjjuuuunnnn----77770000 00002222----jjjjuuuunnnn----77771111
48,78 8,13 56,91 28,46
jun-92 00002222----jjjjuuuunnnn----77771111 00002222----jjjjuuuunnnn----77772222
229,32 38,22 267,54 133,77
jun-93 00002222----jjjjuuuunnnn----77772222 00002222----jjjjuuuunnnn----77773333
179,27 29,88 209,15 104,57
jun-94 00002222----jjjjuuuunnnn----77774444 00002222----jjjjuuuunnnn----77775555
316,92 52,82 369,74 184,87
jun-95 00002222----jjjjuuuunnnn----77775555 00002222----jjjjuuuunnnn----77776666
336,71 56,12 392,83 196,41
jun-96 00002222----jjjjuuuunnnn----77777777 00002222----jjjjuuuunnnn----77778888
452,79 75,47 528,26 264,13
jun-97 00002222----jjjjuuuunnnn----77778888 00002222----jjjjuuuunnnn----77779999
2.610,23 435,04 3.045,27 1.522,63
jun-98 00002222----jjjjuuuunnnn----77779999 00002222----jjjjuuuunnnn----88880000
947,54 157,92 1.105,46 552,73
jun-99 00002222----jjjjuuuunnnn----88880000 00002222----jjjjuuuunnnn----88881111
1.028,62 171,44 1.200,06 600,03
jun-00 00002222----jjjjuuuunnnn----88881111 00002222----jjjjuuuunnnn----88882222
1.063,24 177,21 1.240,45 620,22
jun-01 00002222----jjjjuuuunnnn----88882222 00002222----jjjjuuuunnnn----88883333
1.145,98 191,00 1.336,98 668,49
jun-02 00002222----jjjjuuuunnnn----88883333 00002222----jjjjuuuunnnn----88884444
1.142,20 190,37 1.332,57 666,28
jun-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88884444 00002222----jjjjuuuunnnn----88885555
1.238,96 206,49 1.445,45 722,73
jul-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88885555 00002222----jjjjuuuunnnn----88886666
1.239,96 206,66 1.446,62 723,31
ago-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88886666 00002222----jjjjuuuunnnn----88887777
1.240,96 206,83 1.447,79 723,89
sep-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88887777 00002222----jjjjuuuunnnn----88888888
1.241,96 206,99 1.448,95 724,48
oct-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88888888 00002222----jjjjuuuunnnn----88889999
1.242,96 207,16 1.450,12 725,06
nov-03 00002222----jjjjuuuunnnn----88889999 00002222----jjjjuuuunnnn----99990000
1.243,96 207,33 1.451,29 725,64
dic-03 00002222----jjjjuuuunnnn----99990000 00002222----ddddiiiicccc----99990000
1.244,96 207,49 1.452,45 726,23
PPPPEEEERRRRIIIIOOOODDDDOOOO SSSSEEEEMMMMEEEESSSSTTTTRRRRAAAALLLLEEEESSSS 11110000,,,,666622227777,,,,66667777
abr-91 01-ene-91 30-abr-91 0 4 0 23,55 3,93 27,48 9,16
oct-91 01-may-91 31-oct-91 0 6 0 11,58 1,93 13,51 6,76
abr-92 01-nov-91 30-abr-92 0 6 0 48,78 8,13 56,91 28,46
oct-92 01-may-92 31-oct-92 0 6 0 41,30 6,88 48,18 24,09
abr-93 01-nov-92 30-abr-93 0 6 0 229,32 38,22 267,54 133,77
oct-93 01-may-93 31-oct-93 0 6 0 229,32 38,22 267,54 133,77
abr-94 01-nov-93 30-abr-94 0 6 0 179,27 29,88 209,15 104,57
oct-94 01-may-94 31-oct-94 0 6 0 102,44 17,07 119,51 59,76
abr-95 01-nov-94 30-abr-95 0 6 0 316,92 52,82 369,74 184,87
oct-95 01-may-95 31-oct-95 0 6 0 316,00 52,67 368,67 184,33
abr-96 01-nov-95 30-abr-96 0 6 0 336,71 56,12 392,83 196,41
oct-96 01-may-96 31-oct-96 0 6 0 336,71 56,12 392,83 196,41
abr-97 01-nov-96 30-abr-97 0 6 0 452,79 75,47 528,26 264,13
oct-97 01-may-97 31-oct-97 0 6 0 417,96 69,66 487,62 243,81 11112222,,,,333399992222,,,,99997777
abr-98 01-nov-97 30-abr-98 0 6 0 940,04 156,67 1.096,71 548,36
oct-98 01-may-98 31-oct-98 0 6 0 1.619,57 269,93 1.889,50 944,75
abr-99 01-nov-98 30-abr-99 0 6 0 2.610,23 435,04 3.045,27 1.522,63
oct-99 01-may-99 31-oct-99 0 6 0 1.028,62 171,44 1.200,06 600,03
abr-00 01-nov-99 30-abr-00 0 6 0 947,54 157,92 1.105,46 552,73
oct-00 01-may-00 31-oct-00 0 6 0 867,63 144,61 1.012,24 506,12
dic-00 01-nov-00 31-dic-00 0 2 0 289,21 48,20 337,41 56,24
DDDDEEEEPPPPOOOOSSSSIIIITTTTOOOOSSSS MMMMEEEENNNNSSSSUUUUAAAALLLLEEEESSSS -
nov-00 01-nov-00 30-nov-00 0 1 0 1.063,24 1.063,24 88,57
dic-00 01-dic-00 31-dic-00 0 1 0 1.444,17 1.444,17 120,30
ene-01 01-ene-01 31-ene-01 0 1 0 1.145,98 1.145,98 95,46
feb-01 01-feb-01 28-feb-01 0 1 0 1.072,72 1.072,72 89,36
mar-01 01-mar-01 31-mar-01 0 1 0 1.174,78 1.174,78 97,86
abr-01 01-abr-01 30-abr-01 0 1 0 910,88 910,88 75,88
may-01 01-may-01 31-may-01 0 1 0 1.020,01 1.020,01 84,97
jun-01 01-jun-01 30-jun-01 0 1 0 973,41 973,41 81,09
jul-01 01-jul-01 31-jul-01 0 1 0 3.058,84 1.049,63 4.108,47 342,24
ago-01 01-ago-01 31-ago-01 0 1 0 1.250,14 1.250,14 104,14
sep-01 01-sep-01 30-sep-01 0 1 0 2.771,50 2.771,50 230,87
oct-01 01-oct-01 31-oct-01 0 1 0 1.038,00 1.038,00 86,47
nov-01 01-nov-01 30-nov-01 0 1 0 1.769,90 1.769,90 147,43
dic-01 01-dic-01 31-dic-01 0 1 0 3.223,35 2.185,29 5.408,64 450,54
ene-02 01-ene-02 31-ene-02 0 1 0 1.142,27 1.142,27 95,15
feb-02 01-feb-02 28-feb-02 0 1 0 1.203,66 1.203,66 100,26
mar-02 01-mar-02 31-mar-02 0 1 0 1.328,13 1.328,13 110,63
abr-02 01-abr-02 30-abr-02 0 1 0 1.360,14 1.360,14 113,30
may-02 01-may-02 31-may-02 0 1 0 1.076,94 1.076,94 89,71
jun-02 01-jun-02 30-jun-02 0 1 0 1.249,57 1.249,57 104,09
jul-02 01-jul-02 31-jul-02 0 1 0 5.402,66 1.226,79 6.629,45 552,23
ago-02 01-ago-02 31-ago-02 0 1 0 1.068,15 1.068,15 88,98
sep-02 01-sep-02 30-sep-02 0 1 0 1.483,24 1.483,24 123,55
oct-02 01-oct-02 31-oct-02 0 1 0 1.267,83 1.267,83 105,61
nov-02 01-nov-02 30-nov-02 0 1 0 1.897,49 1.897,49 158,06
dic-02 01-dic-02 31-dic-02 0 1 0 3.934,06 2.508,91 6.442,97 536,70
ene-03 01-ene-03 31-ene-03 0 1 0 1.238,96 1.238,96 103,21
feb-03 01-feb-03 28-feb-03 0 1 0 1.380,47 1.380,47 114,99
mar-03 01-mar-03 31-mar-03 0 1 0 1.412,42 1.412,42 117,65
abr-03 01-abr-03 30-abr-03 0 1 0 1.377,66 1.377,66 114,76
may-03 01-may-03 31-may-03 0 1 0 1.169,77 1.169,77 97,44
jun-03 01-jun-03 30-jun-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
jul-03 01-jul-03 31-jul-03 0 1 0 1.270,80 1.308,35 2.579,15 214,84
ago-03 01-ago-03 31-ago-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
sep-03 01-sep-03 30-sep-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
oct-03 01-oct-03 31-oct-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
nov-03 01-nov-03 30-nov-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86
dic-03 01-dic-03 31-dic-03 0 1 0 1.270,80 1.270,80 105,86 10,402,32
TTTTOOOOTTTTAAAALLLL DDDDEEEE CCCCOOOOMMMMPPPPEEEENNNNSSSSAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN PPPPOOOORRRR TTTTIIIIEEEEMMMMPPPPOOOO DDDDEEEE SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCIIIIOOOO 22222222,,,,777799995555,,,,22229999
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.12,397.97 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERU el monto de S/. 10,398.00
Nuevos Soles.
NOVENO.- El INCREMENTO DEL 10% DEL HABER MENSUAL se encontraba
regulado por el Decreto Ley N° 25981 del 1ero de mayo de 1993 al 18 de mayo de
1998: Para los efectos de resolver este extremo se debe tener presente que la Ley 25981
dispuso en su artículo 2°, que los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones
están afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de
Diciembre de 1992, percibirían un incremento de remuneraciones a partir del 01 de
Enero de 1993, el cual era equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes
de enero de 1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI, que en cuanto a la
remuneración afecta a este tributo, se debe tener en cuenta que: en el primer párrafo
del artículo sexto del Decreto Ley Nº 22591 que creo la contribución FONAVI, señala
que se considera remuneración para los efectos de aplicar la tasa de dicha contribución
toda cantidad que se abone en efectivo por concepto de retribución de servicios
personales, lo cual fue complementado por el Decreto Supremo número 113-79-EF de
fecha 14 de Agosto de 1979, dispositivo éste que establece las normas reglamentarias
para aplicar las contribuciones que crean recursos del FONAVI, y que en su artículo 8
señaló que para efecto de la afectación por FONAVI se considera remuneración toda
cantidad que se abone en efectivo sea cual fuere su origen, naturaleza y denominación
por concepto de retribución de servicios personales. En el caso de autos, se advierte
que 331 a 346 se verifica que Doe Run Perú no cumplió con pagar respecto al Decreto
Ley Nº 22591, asimismo; del Informe Pericial Nº 071-1JET-PJ-EMMM de fecha 18 de
septiembre de 2012de fojas 387al 402, se aprecia que Centromin del Perú de la misma
forma se verifica que tampoco ha cumplido con pagar respecto al Decreto Ley Nº
22591. Es así que las demandadas no efectuaron pago alguno por este concepto durante
todo el periodo laborado, esto es el 01 de enero del año 1993 al 14 de septiembre del
2003, por lo que corresponde amparar este extremo por el monto de S/. 3,877.65
Nuevos Soles, como se detalla en el siguiente cuadro:
ANALISIS DEL INCREMENTO FONAVI
CONCEPTOS
NÚMERO DE DÍAS ene-93
Normal 117.80
Dom. Fer. 11.78
Nocturo 21.66
Reajuste BTS 7.70
Altura 1.54
Otros Pagos 164.11
Remuneración Total 324.60
Incremento Fonavi 32,46
FONAVI DIARIO 1,05
TOTAL
Cálculo del reintegro desde el 01-01-93 al 14-09-2003
( 3693 días)
3102 días x 1.38 S/. 3,877,65
TOTAL PAGAR
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.1500 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERÚ el monto de S/. 2377.00 Nuevos
Soles.
DÉCIMO PRIMERO.- En cuanto se refiere al REINTEGRO DE GRATIFICACIONES,
al respecto, debe tenerse en cuenta que la Ley No.27735 en su Artículo 1º establece el
derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a percibir
dos gratificaciones en el año, una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de la
Navidad. Este beneficio resulta de aplicación sea cual fuere la modalidad del contrato de
trabajo y el tiempo de prestación de servicios del trabajador, asimismo, el Artículo 2º
establece que el monto de cada una de las gratificaciones es equivalente a la
remuneración que perciba el trabajador en la oportunidad en que corresponde otorgar
el beneficio. Para este efecto, se considera como remuneración, a la remuneración básica
y a todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero o en especie
como contraprestación de su labor, cualquiera sea su origen o la denominación que se
les dé, siempre que sean de su libre disposición. Se excluyen los conceptos contemplados
en el Artículo 19º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios. Por lo que corresponde efectuar la liquidación
de este concepto con las remuneraciones percibidas según copia de boletas (fojas 38, 43 y
61) y cuadros remunerativos (foja 336, 333, 339, 342, 345), así como se verificar parte de
su cumplimiento por parte de la demandada DOE RUN PERU de las gratificaciones de
julio y diciembre 2000, 2002 y de julio de 1998 y 2008, por su parte CENTROMIN del
Perú a fojas 387 se verifica el pago de gratificaciones a fojas 388 a 390, 392 a 394, 396, 398,
400, 401 del cual ha cumplimiento con pagar parte de la demandada al demandante, sin
embargo falta periodos de las cuales las demandada no han cumplido con pagara, por lo
que se calculara en el siguiente cuadro:
PERIODO jul-91 dic-91 jul-92 dic-92
GANANCIA NORAL 7,64 97,56 119,68
GANAN POR PORBRETIEMPO 24,64 39,68
NOCTURNO HASTA LAS 12 PM 10,8 12,4
BON. SUBSUELO PER 4,34 8,86 8,68 16,4
BONO CATE 14,14
130% TRA POR DECANSO 21,76
100<% TRA. DIA FERIADO
CONT. COL.MIN.DESC 9,66
BONOS COMIDA
NOCTURNO DESP 12 PM 9,72 3,2
VACACIONES
ASIG ESPOSA 3,2 422,6
FRATI VACAC 21,76
GRATIFICAC 15
LEY DOMINICAL 10908 11,44 18,26 25,76
SACARPOLVO NEGRO 50,7
1EN/1MAY/28-29JUL/25DI 4,16
BON POR ALTURA 6,5
REINT AFECTOS 3,2
BON.TIEMPO SERRV 3,78 7,5
ASIG, FAMILIAR HIJOS
REAJUSTER POR CONV COLC 13,65 1,56
REFRIGERIO 3,5 6,15 7 43,52
SOBRE POR VAC 163,2
BONO ESCOLAR
TRABAJO SIERRA 1,3 1,4 1,1
PAGO UNI /DIA MINERO 6,7
BON 1 DE MAYO
ASIG. ESPECIAL
PAGO TRANSITORIO 12
MOVILIDAD 23,68
INCREMENTO FONAVI
BON EMB. Y DES 3,2 5,6
LIC, SINDICAL 2,8 65
TOTAL 61,77 75,65 60,96 769,76 968,14
PERIODO jul-93 dic-93 jul-94 dic-94 jul-95 dic-95
GANACIA 155,52 229,32 210,21 179,27 316,92 316,92
S TIEMPO
NOCTURNA 32,9 27,3 45,58 5,32 36,47 36,47
DOMICICAL 25,92 38,22 38,22 25,61 52,82 59,89
R. VACA 230,49
BTS 10,78 15,96 15,96 21,42 22,12 22,12
OTROS PAGOS 1,96 2,8 70,5
SUB. ALTURA 52,88 137,44 2,6 3,36 3,36 3,36
ASOG. FAMI 9,6 11,2 7,68
ASIG. ESCOLA 180 9,6 12 11,2
GRATI VACAC 485
OTROS PAGOS 52 7,88 45,19 22,88
DOMI/FERI 38,22 55,45 29,09
R VAE 41,3
BON SUT 30,1 43,05
FONAVI 32,46
TOTAL 824,7 194,42 89,06 83,56 181,17 137,63 1510,52
jul-96 dic-96 jul-97 dic-97
BASICO 397,93 417,96 417,96 411,36
SOBRE TIEMPO 56,89
DOM, FERIADOS 63,37 39,40 39,40 50,65
NOCTURNO 44,64 45,15 41,15 32,48
B. VACACIONES
DOMINICAL 63,22 71,66 71,66 23,56
MON, SUST 48,65 49,78 49,78
BTS 28,35 29,96 29,96 9,08
SUB. ALTURA 3,9 4,06 4,06 1,96
ASIG. FAMILIAR 9,37 9,37
ASIG. ESCOLAR 17,3 11,76 11,76
GRATIFICACIONES
OTROS PAGOS 23,09 1451,7 820,00
BONF. POR ALTURA
BONIF. TIEMPO DE SERVICIO
FONAVI 10% 32,46 32,46 32,46 32,46
REINTEGR 10.23% Y 3% SPP
216,97 1.660,75 209,05 887,06 2.973,83
PERIODO jul-98 dic-98 jul-99 dic-99 jul-00 dic-00 jul-01 dic-01 jul-02 dic-02 jul-03
BASICO 1.064,30 2.610,26 949,62 311,06 2.818,35 1.444,17 3.058,94 3.223,35 5.402,26 3.934,06 1.176,37
DERECHO DE
VACACIONES
GANANCIA NORMAL 477,96 525,96 525,96 558,36 558,36 590,76 590,76 623,16 6,23,16 655,56 655,56
DOM/FER.TRAB 43,83 43,83 49,23 54,63
43,83 43,86 49,23 54,63
NOCTURNO 31,50 34,65 6,93 7,63 7,63 58,31 8,33 54,6 54,6 49,7 9,94
7,28 7,98 47,88 52,50 25,50 9,59 57,54 62,58 52,15 11,34 68,04
REIN, VACA
DOMINICAL 47,90 59,57 58,69 63,46 63,22 67,18 67,18 74,07 79 37,2
B. SUSTITUTORIA 31,92 35,14 35,14 37,94 37,94 41,3 41,3 45,08 45,08 49,17 49,14
26,04 28,70 28,70 31,64 31,64 34,44 34,44 37,52 37,52 40,88 40,88
B. TDS 33,46 36,82 36,82 39,09 39,09 41,35 41,35 43,62 43,62 45,89 45,89
B. ALTURA 6,50 4,90 4,90 5,32 5,32 5,88 5,88 6,44 6,44 7,00 7,00
4,48
ADIG. FAMILIAR 5,11 5,62 6,07 6,60 7,19 7,19 7,84
5,10
ASIG. POR HIJO 5,62 17,92 3,04 3,36 3,6 3,6
REFRIGERIO 14,98 16,52 16,52 17,92 19,46 19,46 21,28 21,28 23,27 23,34
GRATIFICACION VACAC 1557,9
GRATI FF.PP. 17,50,73 19,10,60 2.552,49
GRATI FF.NN. 1576,33 1919,99 2095,34 2337,79
OTROS PAGOS
B. TOXICO 7 7,7 7,7 8,4 8,4 9,24 9,24 10,08 10,00 10,92 10,92
B. COMIDA 5,48 103,86 109,26 109,26
D. COM 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 462 5,04 5,04
DIA DE DESC 98,46 103,86
FERIADO EN 87,66 93,06 93,06 98,46 4,2 4,62 96,93 90,26
B. TRAB 3,22 3,5 3,78 3,78 4,2 60,37
SUB TIE 78,89 150,2 104,38 46,5 50,7
B. TRABAJP 139,67 138,09 397,96
BONO 87,66
NORMALIDAD
SIERRA 3,5
ALTURA
TOTAL 26,76 1.777,64 116,94 244,91 262,81 2.450,87 281,56 2.339,56 4.911,33 2.627,24 148,56
15.188,18
PAGADO POR LAS DEMANDADAS
1919,99
2552,49
2737,79
17,50,73
1778,48
1447,5
10436,25 - 20,640,67 = 11,056,95
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.456.43 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERÚ el monto de S/. 16,075.24
Nuevos Soles, es decir: SOLO Doe Run Perú el monto de S/. 11,056.95 Nuevos Soles
DÉCIMO.- INCREMENTO DEL REMUNERACIONES DEL 3.3% DE LA ONP La ley
26504 dispuso en su artículo 5°, que la remuneración de los trabajadores asegurados
obligatorios al Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley Nº 19990
se incrementará en un 3,3%. En tal sentido, para efectos de conocer el monto del
incremento dispuesto por la norma en mención, debe considerarse que la ley se ha
encargado de establecer los conceptos que constituyen remuneración, así, el artículo 6°
del Decreto Supremo Nº 003-97-TR señala que constituye remuneración para todo
efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en
especie, cualquiera sean la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su
libre disposición. Por otro lado, el artículo 9° del referido dispositivo establece que no
constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en el artículo
19 y 20 del Decreto Legislativo Nº 650. Cabe agregar que, conforme a lo previsto por la
Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 26504, el incremento dispuesto por ella
debe aplicarse a partir del 01 de agosto de 1995. Debe tenerse presente que de los
cuadro remunerativo de planillas obrante de fojas 331 a 346 y a fojas 387 al 402 no se
aprecia pago alguno por este concepto durante todo el periodo laborado, del periodo
de calculo de agosto de 1998 al 14 de septiembre del 2003, por lo que corresponde
amparar este extremo de la demanda por el monto de S/. 1,481.00 Nuevos Soles, según
el siguiente detalle:
CONCEPTO ago-95
jornal diario 339,12
Nocturno 31,08
Altura 3,64
Asignaci. Familiar 8,52
Otros Pagos 21,64
Bonif. Doming 60,22
AL MES 464,22
INCREMENTO ONP 14,97
DIARIO 0.50
Cálculo del reintegro desde el 01-08-98 al 14-
09-2003 ( 2962 días)
2892 días x 0.50 1481
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.300.00 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERU el monto de S/. 1,181.00 Nuevos
Soles
DÉCIMO SEGUNDO.- Que, respecto al REINTEGRO DE REMUNERACIÓN
VACACIONAL el artículo 23° del Decreto Legislativo Nº 713, establece que los
trabajadores en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a
aquél en el que adquieren el derecho, percibirán una remuneración por el trabajo
realizado, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado y una
indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso;
asimismo, el artículo 22° de la Norma acotada establece que el récord trunco
vacacional será compensado a razón de tantos dozavos y treintavos de la
remuneración como meses y días computables hubiere laborado, respectivamente,
señalando además que el monto de las remuneraciones indicadas será el que se
encuentre percibiendo en la oportunidad en que se efectué el pago. En el caso de autos,
el actor demanda este extremo manifestando que la demandada ha omitido incluir en
las remuneraciones vacacionales los conceptos colaterales, para lo cual se entiende por
remuneración vacacional, la remuneración que el trabajador percibe en el mes que le
corresponde el goce de sus vacaciones, para lo cual se advierte que efectivamente el
actor percibía por este concepto el básico, sin embargo, al mismo tiempo percibía los
colaterales como conceptos separados como se advierte de fojas 387 a 402; siendo ello
así, corresponde solo amparar este extremo por los conceptos de FONAVI 10% y SNP
3.3% desde el periodo de 1998 al 14 de setiembre del 2003, entiéndase por los periodos
de 1998 al 2003 11 años) y truncos del 2003 (8 meses 11 días), por lo que le corresponde
el monto de S/. 419.10 Nuevos Soles:
REINTEGRO DE VACACIONES
1991-1992 32,46
1992-1993 32,46
1993-1994 32,46
1994-1995 32,46
1995-1996 32,46
1996-1997 32,46
1997-1998 32,46
1998-1999 32,46
1999-2000 32,46
2000-2001 32,46
2001-2002 32,46
2002-2003 32,46
2003-2004 29,58
TOTAL POR REINTEGRAR 419,1
Por lo que, corresponde que la demandada CENTROMIN PERÚ S.A. efectúe el pago de
S/.194.76 Nuevos Soles y codemandada DOE RUN PERÚ el monto de S/. 224.34 Nuevos
Soles
DÉCIMO TERCERO.- De las pretensiones amparadas se tiene que le corresponde al
actor los siguientes conceptos:
CONCEPTOS MONTO
CTS 22,795,29
FONAVI 3,877,65
REIN. GRATI 11,513,88
REIN. VACA 419,12
ONP 1481,00
MONTA A PAGAR 40,086,47
DÉCIMO TERCERO.-Del monto indicado anteriormente se disgregara de la siguiente
forma, tanto para CENTROMIN PERÚ S.A. deberá pagar la suma de S/.14,852.16, y Doe
Run Perú pagara la suma de S/.25,237.31
CENTROMIN
PERU DOE RUN PERU
12397,97 10398,00
1500,00 2377,00
456,43 11056,95
300,00 1181,00
197,76 224,36
14852,16 25237,31
DÉCIMO TERCERO.- Por lo que le corresponde el monto de S/. 40,086.47 nuevos
soles, más los intereses legales, de conformidad con el artículo 3º del Decreto Ley Nº
259203, con costas y costos que se liquidaran en ejecución de sentencia; de las demás
pruebas actuadas y no glosadas no enerva el criterio del Juzgador, por lo que
habiéndose efectuado la valorización razonada y conjunta sobre las pruebas aportadas
y que obran en autos, en mérito a lo actuado y a los considerándoos precedentes,
Impartiendo Justicia a nombre de la Nación:
FALLO: Declarando FUNDADA en parte la demanda de fojas 91 a 100 y subsana a
fojas 102 a 106 interpuesta por EUGENIO SEGURA POMA, contra CENTROMIN
PERÚ S.A. y DOE RUN PERÚ S.R.L., en consecuencia ORDENO que el demandado
CENTROMIN PERÚ S.A. pague a favor del actor la suma de S/. 14,852.16 Nuevos Soles
(CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS NUEVOS SOLES CON 16/100
CÉNTIMOS), y DOE RUN PERÚ S.R.L. pague favor del actor la suma de S/. 25,237.31
Nuevos Soles (VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE NUEVOS SOLES
CON 31/100 CÉNTIMOS), haciendo un total de /. 40,086.47 nuevos soles (CUARENTA MIL
OCHENTA Y SEIS NUEVOS SOLES CON 47/100 CÉNTIMOS), más los intereses financieros
y legales con respecto a los demás beneficios sociales, que se liquidaran en ejecución de
sentencia; con costas y costos. HÁGASE SABER.-
3 Artículo 3.- El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de aquél
en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún
daño.<|im_end|> |
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SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL
AUTO DE VISTA
S.S. ROSSELL MERCADO
NIÑO NEIRA RAMOS
MEDINA SANDOVAL
EXPEDIENTE N° : 05039-2007-80-1817-JR-CO-03
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
DEMANDADO : PORTILLO ESCOBEDO, JOHANNA PAOLA
PORTILLO ESCOBEDO, ROCIO DEL PILAR
PORTILLO ESCOBEDO, MANUEL ALEJANDRO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, uno de setiembre del
Año dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS:
Interviniendo como ponente la señora Jueza Superior Medina Sandoval y, con
el cuaderno de apelación que se tiene a la vista.
ASUNTO:
1. Es materia de grado la Resolución Nro. Noventa y Dos de fecha 31 de
julio de 2019 [folios 209 a 210 del cuaderno] que resuelve: “1. Declarar
INFUNDADAS las observaciones a la liquidación de intereses formuladas por el
demandante Banco de Crédito del Perú y la demandada Johanna Paola Portillo
Escobedo. 2. APROBAR los intereses compensatorios pactados en la suma de US
$ 48,382.25 [cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y dos con 25/100 dólares]. 3.
APROBAR los intereses moratorios pactados en la suma de US$ 12,205.12 [doce
mil doscientos cinco con 12/100 dólares americanos]. 4. PRECISAR que el saldo
pendiente de pago asciende a la suma de US$ 60,373.98 [sesenta mil trescientos
setenta y tres con 98/100 dólares americanos]. 5. RESPECTO al pedido de
convocatoria al remate, pídase en su oportunidad. 6. NOTIFICAR a las partes y al
perito”; en mérito al recurso de apelación [folios 223 vuelta a 229 del
cuaderno] interpuesto por la ejecutada JOHANA PAOLA PORTILLO ESCOBEDO y
el recurso de adhesión a la apelación formulada por la parte ejecutante
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, ambos concedidos sin efecto suspensivo y sin la
calidad diferida por Resolución N° 95 y 97 respectivamente [folios 231 y vuelta y
242 a 243 del cuaderno].
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ANTECEDENTES DE LO ACTUADO:
2. BANCO DE CREDITO DEL PERÚ; interpone una demanda de
EJECUCIÓN DE GARANTÍA contra Johanna Paola Portillo Escobedo, Manuel
Alejandro Portillo Escobedo y Roció del Pilar Portilllo Escobedo, a fin que
paguen la suma de US$32,786.61 dólares americanos, más intereses pactados
con costas y costos del presente proceso.
3. Mediante Resolución número Uno de fecha 04 de abril de 2007 [folios 45
y siguiente del cuaderno], se admitió demanda en la vía de Proceso Único de
Ejecución y en consecuencia se ordenó a los ejecutados Johanna Paola Portillo
Escobedo, Manuel Alejandro Portillo Escobedo y Rocio del Pilar Portilllo
Escobedo cumplan con pagar la suma de US$32,786.61, más intereses
pactados, así como las costas y costos que correspondan; bajo apercibimiento
de proceder al remate del bien dado en garantía.
4. Mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012 [folios 54 del cuaderno],
la demandada Johanna Paola Portillo Escobedo presentó un Certificado de
Depósito Judicial N° 201200610073 de fecha 11 de enero de 2012, por el monto
de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, a cargo del Banco de la Nación, por
concepto de cancelación de deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú.
5. Por resolución número cincuenta y cuatro de fecha 16 de enero de 2012
[folios 55 del cuaderno], el juzgado tuvo por consignada la suma de US$ 33,
000.00 Dólares Americanos, efectuada y puso a conocimiento del ejecutante.
6. Por resolución número sesenta y tres de fecha 11 de junio de 2013,
[folios 58 a 64 del cuaderno], el juzgado declaró infundadas las tachas y
contradicción formuladas por la demandada JOHANNA PAOLA PORTILLO
ESCOBEDO y ordenó el remate del bien dado en garantía hipotecaria, conforme
los términos del mandato ejecutivo.
7. Por resolución número sesenta y cuatro de fecha 06 de agosto de 2013
[folios 77 a 78 del cuaderno], el juzgado declaró consentido el Auto de Remate,
al pedido de remate, se designo a dos peritos tasadores, y respecto a la
solicitud de endose del ejecutante, no ha lugar el endose solicitado.
8. Por resolución número sesenta y seis de fecha 24 de setiembre de 2013
[folios 89 a 90 del cuaderno], el juzgado resolvió declarar fundado la reposición
deducida por el Banco ejecutante, asimismo, ordenó entregar debidamente
endosado al recurrente el certificado de consignación N° 201200610073, por el
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monto de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, señalando que se endosaría hasta
el monto de US$ 32,786.61 Dólares Americanos, que se imputara al capital.
9. Por resolución setenta y siete de fecha 14 de setiembre de 2021 [folios
95 a 98 del cuaderno], se declaró la nulidad de la resolución sesenta y cuatro y
renovando el acto viciado se ordenó realizar la liquidación de intereses
pactados, para lo cual se nombró a un perito contable.
10. Por escrito de fecha 26 de agosto de 2014 el perito contable Roque
Gonzales López presentó la pericia contable, el mismo que se corre traslado por
resolución setenta y ocho de fecha cinco de diciembre de 2014.
11. Por escrito de fecha 05 de abril de 2015 [folios 130 del cuaderno] la
ejecutada observó la liquidación de intereses, señalando que el perito no ha
revisado los autos porque los factores empleados, en el basamento legal y
técnico utilizado, asimismo no se tomó en cuenta la cantidad cancelada por US$
33,000.00 dólares americanos realizado el 11 de enero de 2012, que
corresponde al pago del capital demandando, por lo que solo adeuda los
intereses compensatorios y moratorios.
12. Por resolución número ochenta y uno de fecha 23 de octubre de 2015
[folios 141 a 143 del cuaderno], el juzgado desaprobó el informe pericial
ordenado al perito contable realice nuevamente su dictamen teniendo en
cuenta lo señalado en los considerandos sexto y séptimo que indicaban que se
había realizado el pago del capital demandado, y el informe contable de los
intereses debía realizarse teniéndose como inicio del cálculo el 02 de mayo de
2007 hasta el 24 de setiembre de 2013.
13. Por escrito de fecha 18 de abril de 2016 [folios 162 del cuaderno] el
perito judicial Roque Willy Gonzales presentó la nueva liquidación de intereses
según el mandato de la resolución número ochenta y uno de fecha 23 de
octubre de 2015.
14. Por resolución número ochenta y tres de fecha 25 de mayo de 2016
[folios 163 del cuaderno], el juzgado da cuenta del nuevo Informe Pericial
contable y conforme al artículo 746° del Código Procesal Civil, se puso a
conocimiento de las partes.
15. Por escrito de fecha 13 de agosto de 2015 [folios 172 del cuaderno], el
Banco de Crédito del Perú, absuelve traslado del dictamen pericial señalando
que:
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i) En primer lugar, a partir del 01/07/2012, hubo un cambio en la tasa de
Interés Moratorio, la misma que varió del 5% al 22%, lo cual indica no ha sido
considerado por el perito en su informe pericial;
ii) Otro error en el cálculo de los intereses, radica en el hecho que no se ha
considerado el orden de prelación en la rebaja de la consignación, habiéndose
rebajado directamente al capital de la deuda; y,
iii) Por último, en el punto IV. CCoonncclluussiioonneess ddeell IInnffoorrmmee PPeerriicciiaall, el perito ha
establecido como fecha del monto capital el 12 de diciembre de 2001, cuando
la fecha correcta es el 11 de diciembre de 2006.
Asimismo, adjuntan una pericia de parte que señala que entre el informe
pericial y la pericia de parte hay una diferencia de US$ 8,243.41 Dólares
Americanos.
16. Por resolución número ochenta y cuatro de fecha 13 de julio de 2015
[folio 174 del cuaderno], el juzgado dispuso poner a conocimiento del perito
contable las observaciones de la entidad financiera demandante.
17. Por escrito de fecha 08 de junio de 2015 [folios 179 vuelta a 181 del
cuaderno], la ejecutada Jhoanna Paola Portillo Escobedo OBSERVA el nuevo
informe pericial, señalando que el perito contable hace un mal estudio de autos
pues practica la pericia de los intereses Compensatorios y Moratorios del 02 de
mayo de 2007, hasta el 24 de setiembre de 2013, esto porque:
i) El pago lo realizó con fecha 11 de enero de 2012, por la suma de US$
33,000.00 Dólares Americanos [mediante certificado de depósito judicial N°
2016006100073], dato que debió tomarse en cuenta para establecer el valor de
los intereses compensatorios y moratorios que se adeudan;
ii) Asimismo, no explica el detalle de los basamentos Técnicos-Legales que
debe tener toda pericia; indica que sin perjuicio de ello, el criterio que el perito
ha esbozado en el informe pericial, no precisa de manera exacta la información
que dice obtenerse con la finalidad de tomarse en cuenta las tasas de interés
efectiva que van hacer usadas para practicarse la liquidación de intereses y la
que debe contener el factor correspondiente para la aplicación de los intereses,
resulta necesario que sea elaborado un nuevo dictamen con un nuevo perito.
18. Por resolución número ochenta y cinco de fecha 13 de julio de 2016
[folios 182 del cuaderno], el juzgado tiene presente las observaciones
efectuadas por la ejecutada y pone a conocimiento del perito contable.
19. Por escrito de fecha 07 de octubre de 2016, el perito contable contesta
las observaciones y señala que ha realizado su informe conforme al sexto y
séptimo considerando de la resolución número ochenta y uno de fecha 23 de
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octubre de 2015, que le ordenó como debe realizar su informe especificando las
cifras y plazos.
20. Por resolución número noventa y dos de fecha 31 de julio de 2019
[folios 209 a 210 del cuaderno] el juzgado declaró infundadas las observaciones
a la liquidación de intereses formulados por las partes, y dispuso aprobar los
intereses compensatorios pactados [US$ 48,382.25 Dólares Americanos] y los
intereses moratorios pactados [US$ 12,205.12 Dólares Americanos], precisando
que el saldo pendiente de pago asciende a la suma de US$ 60,373.98 Dólares
Americanos, resolución que es materia de apelación por parte del ejecutante
Banco de Crédito del Perú y de la ejecutada Johanna Paola Portillo Escudero y
es materia del grado.
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTADA:
21. En su escrito de apelación la ejecutada expresa como agravios de su
apelación los siguientes argumentos:
i) Señala que la resolución recurrida le causa agravio por ser resuelta con
argumentos errados y además por no estar debidamente motivado, porque la
misma no observa que en las conclusiones del informe de la pericia elaborada
por el perito Roque Gonzales López ha establecido como fecha del monto
capital adeudado del 02 de mayo de 2007 hasta el 24 de setiembre de 2013,
cuando debió practicar la liquidación de intereses Compensatorios y Moratorios
de la deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú desde el 26 de abril de
2007 hasta el 11 de enero de 2012, fecha en la que se canceló totalmente la
deuda capital, quedando un saldo de US$ 213,39 Dólares Americanos, aplicado
a los intereses
ii) El perito contador, Roque Gonzales Roque, dentro de sus conclusiones
considera el capital que ya fue cancelado con fecha 11 de enero de 2012, así
como capitaliza los intereses compensatorios y Moratorios hasta el 24 de
noviembre de 2013, lo cual indica debe ser corregido, en el extremo que ya se
canceló el capital, por lo que no se tiene porque determinar mayores intereses,
sobre un capital ya cancelado.
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTANTE:
22. En su escrito de apelación la ejecutante expresa como agravios de su
apelación los siguientes argumentos:
iii) Indica que lo señalado en el cuarto considerando de la resolución
apelada no es lo correcto, por cuanto, la resolución numero ochenta y uno,
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desaprobó el informe pericial contable señalando como sus motivaciones que:
a) El perito no ha tenido en cuenta la consignación efectuada por la demandada
por la suma de US$ 33,000.00 a cuenta del capital y no habría efectuado el
descuento respectivo, b) la fecha de cálculo difiere de lo actuado en el proceso,
el perito deberá calcular los intereses, desde la fecha de interposición de la
demanda (07.05.2007) hasta la fecha de cancelación de la obligación
demandada (capital) el 24.09.2013 y que sin embargo, los argumentos de la
observación son que: 1) a partir del 01/07/2012 hubo cambio en la tasa de
intereses moratorios que vario del 5% al 22%, lo que no se ha sido considerado
en su informe, 2) No se ha considerado el orden de prelación en la relación a la
consignación, habiendo señalado directamente el capital de la deuda; y, 3) En
las conclusiones del informe pericial, el perito ha establecido como fecha el
monto capital adeudado el 12 de diciembre de 2001, cuando la fecha correcta
es el 11 de diciembre de 2006; como es fácilmente observable, las
consideraciones efectuadas por el A-quo en la referida resolución ochenta y
uno, difieren y no son iguales a las observaciones señaladas en su escrito de
observación al primer informe pericial, razón suficiente por la que el juzgado no
pueda señalar que se debió impugnar la resolución número ochenta y uno, por
cuanto sus observaciones versan sobre otros fundamentos, y por lo tanto
merecen ser atendidos en cuanto se formulan a un nuevo informe pericial
distinto.
iv) Que, el juzgado pretende limitar su derecho al contradictorio y al debido
proceso, señalando que no podrían cuestionar con sus observaciones el informe
pericial que se le puso a conocimiento mediante resolución número ochenta y
tres, por cuanto no apelaron al resolución ochenta y uno, que contenía
observaciones a un informe pericial distinto.
CONSIDERACIONES DEL COLEGIADO
23. De conformidad con lo establecido en el artículo 364° del Código
Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por finalidad que el órgano
jurisdiccional superior en grado, examine, a solicitud de parte o de tercero
legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea
anulada o revocada total o parcialmente; en esa línea, es necesario que, ante la
denuncia del recurrente, verifique la observancia al debido proceso, en tanto el
artículo 139º inciso 3 de la Constitución reconoce como principio de la función
jurisdiccional la observancia del debido proceso.
24. Por tanto, en atención a los agravios expresados por los recurrentes, es
de iniciar precisando que, dado que por su naturaleza, la función jurisdiccional
se caracteriza por la discrecionalidad atribuida al Juzgador a fin de resolver
sobre las pretensiones invocadas por los justiciables, dicha discrecionalidad no
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puede constituirse en un poder donde sus decisiones sean expresadas sin
motivación o con una motivación insuficiente.
25. En ese sentido, a juicio del Tribunal Constitucional, respecto al
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación
de las resoluciones judiciales, ha señalado que éste derecho se vulnera, entre
otros supuestos, cuando la resolución adolece de inexistencia de motivación o
motivación aparente; precisando que la misma se configura (…) cuando la
motivación es inexistente o cuando la misma es sólo aparente, en el sentido de
que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no
responde a las alegaciones de las partes del proceso (…). (Cfr. STC Nº 1744-2005-
PA/TC, voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini,
fundamento 11) [resaltado agregado].
26. Por otro lado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 171° del Código
Procesal Civil, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida por la ley, sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad, o cuando existan actos
procesales que afecten de manera irremediable al proceso o constituyan una
infracción a las normas.
ANÁLISIS DE LA APELACION DE LA PARTE EJECUTADA.
27. En este orden de ideas, dando respuesta a los agravios establecidos en
los puntos i) y ii) descritas en la vigésimo primera consideración de la presente
resolución, referidos a que la resolución número noventa y dos apelada por la
ejecutada no se encuentra debidamente motivada, alegando que en aquella el
Juez de primera instancia no ha advertido que en las conclusiones del informe
pericial ha establecido la fecha de pago de los intereses compensatorios y
moratorios no desde del 02 de mayo de 2007 hasta el 24 de setiembre de 2013
sino del 26 de abril de 2007 hasta el 11 de enero de 2013, y considera que
capitaliza los intereses compensatorios y moratorios, lo cual debe ser corregido
en el extremo que, habiéndose cancelado el capital no se tiene que determinar
mayores intereses al 24 de setiembre de 2013.
Al respecto debemos señalar que, de la revisión del presente cuaderno se
aprecia que, en efecto, mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012, obrante
a folios 54, la ejecutada Johanna Paola Portillo Escobedo presentó un
Certificado de Depósito Judicial N° 201200610073 del 11 de enero de 2012, por
el monto de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, y por resolución número
sesenta y seis de fecha 24 de setiembre de 2013, obrante de folios 89 a 90 del
presente cuaderno, el juzgado ordenó entregar debidamente endosado a la
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ejecutante el certificado de consignación N° 201200610073, solo hasta el monto
de US$ 32,786.61 Dólares Americanos, que se imputara al capital; que sin
embargo, de la pericia realizada por el perito Roque Gonzales López, indicó que
el cálculo de los intereses ahora cuestionado se realizaría hasta el 24 de
setiembre de 2013, y los intereses compensatorios ascienden a US$. 48,382.25 y
los intereses moratorios ascienden a la suma de US$ 12,205.12.
28. De los hechos descritos precedentemente se advierte claramente que el
A-quo al emitir la resolución noventa y dos, no se percata que el nuevo
dictamen contable de los intereses compensatorios y moratorios ha confundido
la fecha de cancelación del capital demandado, señalando que se materializo el
pago el 24 de setiembre de 2013, cuando conforme al certificado adjuntado
por la ejecutada el 12 de enero de 2012, realizo el pago de la suma de US$
33,000.00 dólares americanos, apreciándose que dicha suma dineraria se pagó
el 11 de enero 2012 y no el 24 de setiembre de 2013, como erradamente
señala el Juzgado en la resolución apelada, sustentando su decisión en que la
liquidación de los intereses realizado por el perito contable se ha ceñido a las
reglas señaladas en la resolución número ochenta y uno [que desaprueba el
primer informe pericial contable], esto porque en la misma menciona que la
fecha de pago del capital demandado es el 24 de setiembre de 2013, lo cual es
un dato es errado, que deberá tener en cuenta, el A-quo a efectos de no
vulnerar el derecho al debido proceso de las partes al producirse una
capitalización de intereses como alega la misma ejecutada en su escrito de
apelación.
29. De igual forma se observa una falta de motivación que merece la
emisión de un nuevo pronunciamiento, dado que, el señor Juez deberá aclarar
respeto a si la fecha de cancelación de la deuda capital se realizó el 11 de enero
de 2012, indicando si lo referido a la fecha de pago y desde y hasta que fecha
se debe liquidar los intereses pactados, teniendo en cuenta que el capital
demandado fue cancelado el 11 de enero de 2012, asimismo, si correspondería
o no variar el intereses moratorio del 5% al 22% como indicó el ejecutante en su
observación y que ahora también plantea como agravio en la en su escrito de
apelación y, finalmente deberá corregir y/o aclarar la fecha hasta donde el
perito contable debe realizar la liquidación de intereses, toda vez que este dato
fue indicado erróneamente en la séptima consideración de la resolución
ochenta y uno, por lo cual deberá corregir dicho extremo de la resolución
aludida e integrarlo a dicha resolución.
30. Siendo así, en lo que respecta a los agravios expuestos por la ejecutada
este Colegiado considera que la resolución apelada vulnera el derecho al
debido proceso protegido por la Constitución Política del Perú, en la medida
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL
que, emite una resolución resolviendo las observaciones planteada por esta
parte con una motivación aparente, señalando datos que no coinciden con lo
actuado en el presente proceso, lo que implica que el Juez de primera instancia
no ha realizado un estudio exhaustivo de los autos, a efectos de determinar si la
nueva liquidación de los intereses pactados se ha realizado con los datos
correctos.
ANÁLISIS DE LA APELACION DE LA PARTE EJECUTANTE:
31. Finalmente, respecto de los cargos iii) y iv) descritos en la vigésima
segunda consideración de la presente resolución que cuestiona la cuarta
consideración de la resolución noventa y dos que sustenta el informe pericial
observado no acoge los fundamentos de su observación al primer informe
pericial, indicando que el A-quo sustenta su decisión en que la entidad
demandante debió apelar la referida resolución número ochenta y uno, sino
resolvía sus observaciones primigenias; al respecto, debemos señalar que el
juzgado no haya dado respuesta a las observaciones realizada a la anterior
liquidación emitida por el perito contable, no es materia de análisis en esta
oportunidad, por lo cual dicho cuestionamiento a estas alturas del proceso no
es válido, de conformidad con el principio de preclusión que indica que las
partes tienen derecho a efectuar su derecho de defensa dentro de los plazos
previstos para interponer algún recurso impugnatorio y/o recurso de nulidad.
32. Sin perjuicio de ello, el Juez de primera instancia, al realizar una nueva
resolución deberá corregir algún hecho que no corresponda con la verdad, por
lo cual al haberse determinado que la fecha de cancelación de la deuda capital
se realizó el 11 de enero de 2012, el señor Juez al emitir la nueva resolución,
deberá indicar las fechas que debe tener en cuenta el perito para realizar el
cálculo de los intereses compensatorios y moratorios, y si corresponde variar el
aumento de los intereses moratorios del 5% al 22% la tasa interés moratorio,
indicando también que la suma consignada por la ejecutada canceló la deuda
capital al imputarse dicho pago a la suma capital demandado por la cantidad de
US$.32,786.61 Dólares Americanos, como se indicado en la consideración
vigésima octava de la presente resolución.
33. En este sentido, estando al análisis y fundamentos expuestos, resulta
imposible por ahora verificar una aprobación o desaprobación del informe
pericial, en la medida que el señor Juez de Primera Instancia no ha realizado un
análisis del mismo, al no resolver las observaciones planteadas por las partes, no
habiendo emitido un razonamiento y debida motivación sobre las mismas. Por
lo dicho, la resolución venida en grado de apelación deviene en nula conforme
a lo previsto en los artículos 171 y el artículo 122 incisos 3) y 4) del Código
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Procesal Civil, al no haber sido emitida con sujeción al mérito de lo actuado y al
derecho.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas y en virtud a las normas glosadas, este
Superior Colegiado resuelve:
NULA la Resolución Nro. Noventa y Dos de fecha 31 de julio de 2019 que
resuelve: “1. Declarar INFUNDADAS las observaciones a la liquidación de
intereses formuladas por el demandante Banco de Crédito del Perú y la
demandada Johanna Paola Portillo Escobedo. 2. APROBAR los intereses
compensatorios pactados en la suma de US $ 48,382.25 [cuarenta y ocho mil
trescientos ochenta y dos con 25/100 dólares]. 3. APROBAR los intereses
moratorios pactados en la suma de US$ 12,205.12 [doce mil doscientos cinco con
12/100 dólares americanos]. 4. PRECISAR que el saldo pendiente de pago
asciende a la suma de US$ 60,373.98 [sesenta mil trescientos setenta y tres con
98/100 dólares americanos]. 5. RESPECTO al pedido de convocatoria al remate,
pídase en su oportunidad. 6. NOTIFICAR a las partes y al perito”; debiendo el
Juez de Primera instancia emitir una nueva resolución teniendo en cuenta
las conclusiones de este Colegiado en los considerandos vigésimo octavo al
trigésimo de la presente resolución.
DISPONER que Secretaría proceda conforme al artículo 383° del Código
Procesal Civil, bajo responsabilidad.
En los seguidos por el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ con JOHANNA PAOLA
PORTILLO ESCOBEDO y otros, sobre Ejecución de Hipoteca. VMS/pgs.-
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AUTO DE VISTA
S.S. ROSSELL MERCADO
NIÑO NEIRA RAMOS
MEDINA SANDOVAL
EXPEDIENTE N° : 05039-2007-80-1817-JR-CO-03
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
DEMANDADO : PORTILLO ESCOBEDO, JOHANNA PAOLA
PORTILLO ESCOBEDO, ROCIO DEL PILAR
PORTILLO ESCOBEDO, MANUEL ALEJANDRO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, uno de setiembre del
Año dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS:
Interviniendo como ponente la señora Jueza Superior Medina Sandoval y, con
el cuaderno de apelación que se tiene a la vista.
ASUNTO:
1. Es materia de grado la Resolución Nro. Noventa y Dos de fecha 31 de
julio de 2019 [folios 209 a 210 del cuaderno] que resuelve: “1. Declarar
INFUNDADAS las observaciones a la liquidación de intereses formuladas por el
demandante Banco de Crédito del Perú y la demandada Johanna Paola Portillo
Escobedo. 2. APROBAR los intereses compensatorios pactados en la suma de US
$ 48,382.25 [cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y dos con 25/100 dólares]. 3.
APROBAR los intereses moratorios pactados en la suma de US$ 12,205.12 [doce
mil doscientos cinco con 12/100 dólares americanos]. 4. PRECISAR que el saldo
pendiente de pago asciende a la suma de US$ 60,373.98 [sesenta mil trescientos
setenta y tres con 98/100 dólares americanos]. 5. RESPECTO al pedido de
convocatoria al remate, pídase en su oportunidad. 6. NOTIFICAR a las partes y al
perito”; en mérito al recurso de apelación [folios 223 vuelta a 229 del
cuaderno] interpuesto por la ejecutada JOHANA PAOLA PORTILLO ESCOBEDO y
el recurso de adhesión a la apelación formulada por la parte ejecutante
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, ambos concedidos sin efecto suspensivo y sin la
calidad diferida por Resolución N° 95 y 97 respectivamente [folios 231 y vuelta y
242 a 243 del cuaderno].
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ANTECEDENTES DE LO ACTUADO:
2. BANCO DE CREDITO DEL PERÚ; interpone una demanda de
EJECUCIÓN DE GARANTÍA contra Johanna Paola Portillo Escobedo, Manuel
Alejandro Portillo Escobedo y Roció del Pilar Portilllo Escobedo, a fin que
paguen la suma de US$32,786.61 dólares americanos, más intereses pactados
con costas y costos del presente proceso.
3. Mediante Resolución número Uno de fecha 04 de abril de 2007 [folios 45
y siguiente del cuaderno], se admitió demanda en la vía de Proceso Único de
Ejecución y en consecuencia se ordenó a los ejecutados Johanna Paola Portillo
Escobedo, Manuel Alejandro Portillo Escobedo y Rocio del Pilar Portilllo
Escobedo cumplan con pagar la suma de US$32,786.61, más intereses
pactados, así como las costas y costos que correspondan; bajo apercibimiento
de proceder al remate del bien dado en garantía.
4. Mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012 [folios 54 del cuaderno],
la demandada Johanna Paola Portillo Escobedo presentó un Certificado de
Depósito Judicial N° 201200610073 de fecha 11 de enero de 2012, por el monto
de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, a cargo del Banco de la Nación, por
concepto de cancelación de deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú.
5. Por resolución número cincuenta y cuatro de fecha 16 de enero de 2012
[folios 55 del cuaderno], el juzgado tuvo por consignada la suma de US$ 33,
000.00 Dólares Americanos, efectuada y puso a conocimiento del ejecutante.
6. Por resolución número sesenta y tres de fecha 11 de junio de 2013,
[folios 58 a 64 del cuaderno], el juzgado declaró infundadas las tachas y
contradicción formuladas por la demandada JOHANNA PAOLA PORTILLO
ESCOBEDO y ordenó el remate del bien dado en garantía hipotecaria, conforme
los términos del mandato ejecutivo.
7. Por resolución número sesenta y cuatro de fecha 06 de agosto de 2013
[folios 77 a 78 del cuaderno], el juzgado declaró consentido el Auto de Remate,
al pedido de remate, se designo a dos peritos tasadores, y respecto a la
solicitud de endose del ejecutante, no ha lugar el endose solicitado.
8. Por resolución número sesenta y seis de fecha 24 de setiembre de 2013
[folios 89 a 90 del cuaderno], el juzgado resolvió declarar fundado la reposición
deducida por el Banco ejecutante, asimismo, ordenó entregar debidamente
endosado al recurrente el certificado de consignación N° 201200610073, por el
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monto de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, señalando que se endosaría hasta
el monto de US$ 32,786.61 Dólares Americanos, que se imputara al capital.
9. Por resolución setenta y siete de fecha 14 de setiembre de 2021 [folios
95 a 98 del cuaderno], se declaró la nulidad de la resolución sesenta y cuatro y
renovando el acto viciado se ordenó realizar la liquidación de intereses
pactados, para lo cual se nombró a un perito contable.
10. Por escrito de fecha 26 de agosto de 2014 el perito contable Roque
Gonzales López presentó la pericia contable, el mismo que se corre traslado por
resolución setenta y ocho de fecha cinco de diciembre de 2014.
11. Por escrito de fecha 05 de abril de 2015 [folios 130 del cuaderno] la
ejecutada observó la liquidación de intereses, señalando que el perito no ha
revisado los autos porque los factores empleados, en el basamento legal y
técnico utilizado, asimismo no se tomó en cuenta la cantidad cancelada por US$
33,000.00 dólares americanos realizado el 11 de enero de 2012, que
corresponde al pago del capital demandando, por lo que solo adeuda los
intereses compensatorios y moratorios.
12. Por resolución número ochenta y uno de fecha 23 de octubre de 2015
[folios 141 a 143 del cuaderno], el juzgado desaprobó el informe pericial
ordenado al perito contable realice nuevamente su dictamen teniendo en
cuenta lo señalado en los considerandos sexto y séptimo que indicaban que se
había realizado el pago del capital demandado, y el informe contable de los
intereses debía realizarse teniéndose como inicio del cálculo el 02 de mayo de
2007 hasta el 24 de setiembre de 2013.
13. Por escrito de fecha 18 de abril de 2016 [folios 162 del cuaderno] el
perito judicial Roque Willy Gonzales presentó la nueva liquidación de intereses
según el mandato de la resolución número ochenta y uno de fecha 23 de
octubre de 2015.
14. Por resolución número ochenta y tres de fecha 25 de mayo de 2016
[folios 163 del cuaderno], el juzgado da cuenta del nuevo Informe Pericial
contable y conforme al artículo 746° del Código Procesal Civil, se puso a
conocimiento de las partes.
15. Por escrito de fecha 13 de agosto de 2015 [folios 172 del cuaderno], el
Banco de Crédito del Perú, absuelve traslado del dictamen pericial señalando
que:
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i) En primer lugar, a partir del 01/07/2012, hubo un cambio en la tasa de
Interés Moratorio, la misma que varió del 5% al 22%, lo cual indica no ha sido
considerado por el perito en su informe pericial;
ii) Otro error en el cálculo de los intereses, radica en el hecho que no se ha
considerado el orden de prelación en la rebaja de la consignación, habiéndose
rebajado directamente al capital de la deuda; y,
iii) Por último, en el punto IV. CCoonncclluussiioonneess ddeell IInnffoorrmmee PPeerriicciiaall, el perito ha
establecido como fecha del monto capital el 12 de diciembre de 2001, cuando
la fecha correcta es el 11 de diciembre de 2006.
Asimismo, adjuntan una pericia de parte que señala que entre el informe
pericial y la pericia de parte hay una diferencia de US$ 8,243.41 Dólares
Americanos.
16. Por resolución número ochenta y cuatro de fecha 13 de julio de 2015
[folio 174 del cuaderno], el juzgado dispuso poner a conocimiento del perito
contable las observaciones de la entidad financiera demandante.
17. Por escrito de fecha 08 de junio de 2015 [folios 179 vuelta a 181 del
cuaderno], la ejecutada Jhoanna Paola Portillo Escobedo OBSERVA el nuevo
informe pericial, señalando que el perito contable hace un mal estudio de autos
pues practica la pericia de los intereses Compensatorios y Moratorios del 02 de
mayo de 2007, hasta el 24 de setiembre de 2013, esto porque:
i) El pago lo realizó con fecha 11 de enero de 2012, por la suma de US$
33,000.00 Dólares Americanos [mediante certificado de depósito judicial N°
2016006100073], dato que debió tomarse en cuenta para establecer el valor de
los intereses compensatorios y moratorios que se adeudan;
ii) Asimismo, no explica el detalle de los basamentos Técnicos-Legales que
debe tener toda pericia; indica que sin perjuicio de ello, el criterio que el perito
ha esbozado en el informe pericial, no precisa de manera exacta la información
que dice obtenerse con la finalidad de tomarse en cuenta las tasas de interés
efectiva que van hacer usadas para practicarse la liquidación de intereses y la
que debe contener el factor correspondiente para la aplicación de los intereses,
resulta necesario que sea elaborado un nuevo dictamen con un nuevo perito.
18. Por resolución número ochenta y cinco de fecha 13 de julio de 2016
[folios 182 del cuaderno], el juzgado tiene presente las observaciones
efectuadas por la ejecutada y pone a conocimiento del perito contable.
19. Por escrito de fecha 07 de octubre de 2016, el perito contable contesta
las observaciones y señala que ha realizado su informe conforme al sexto y
séptimo considerando de la resolución número ochenta y uno de fecha 23 de
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octubre de 2015, que le ordenó como debe realizar su informe especificando las
cifras y plazos.
20. Por resolución número noventa y dos de fecha 31 de julio de 2019
[folios 209 a 210 del cuaderno] el juzgado declaró infundadas las observaciones
a la liquidación de intereses formulados por las partes, y dispuso aprobar los
intereses compensatorios pactados [US$ 48,382.25 Dólares Americanos] y los
intereses moratorios pactados [US$ 12,205.12 Dólares Americanos], precisando
que el saldo pendiente de pago asciende a la suma de US$ 60,373.98 Dólares
Americanos, resolución que es materia de apelación por parte del ejecutante
Banco de Crédito del Perú y de la ejecutada Johanna Paola Portillo Escudero y
es materia del grado.
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTADA:
21. En su escrito de apelación la ejecutada expresa como agravios de su
apelación los siguientes argumentos:
i) Señala que la resolución recurrida le causa agravio por ser resuelta con
argumentos errados y además por no estar debidamente motivado, porque la
misma no observa que en las conclusiones del informe de la pericia elaborada
por el perito Roque Gonzales López ha establecido como fecha del monto
capital adeudado del 02 de mayo de 2007 hasta el 24 de setiembre de 2013,
cuando debió practicar la liquidación de intereses Compensatorios y Moratorios
de la deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú desde el 26 de abril de
2007 hasta el 11 de enero de 2012, fecha en la que se canceló totalmente la
deuda capital, quedando un saldo de US$ 213,39 Dólares Americanos, aplicado
a los intereses
ii) El perito contador, Roque Gonzales Roque, dentro de sus conclusiones
considera el capital que ya fue cancelado con fecha 11 de enero de 2012, así
como capitaliza los intereses compensatorios y Moratorios hasta el 24 de
noviembre de 2013, lo cual indica debe ser corregido, en el extremo que ya se
canceló el capital, por lo que no se tiene porque determinar mayores intereses,
sobre un capital ya cancelado.
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTANTE:
22. En su escrito de apelación la ejecutante expresa como agravios de su
apelación los siguientes argumentos:
iii) Indica que lo señalado en el cuarto considerando de la resolución
apelada no es lo correcto, por cuanto, la resolución numero ochenta y uno,
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desaprobó el informe pericial contable señalando como sus motivaciones que:
a) El perito no ha tenido en cuenta la consignación efectuada por la demandada
por la suma de US$ 33,000.00 a cuenta del capital y no habría efectuado el
descuento respectivo, b) la fecha de cálculo difiere de lo actuado en el proceso,
el perito deberá calcular los intereses, desde la fecha de interposición de la
demanda (07.05.2007) hasta la fecha de cancelación de la obligación
demandada (capital) el 24.09.2013 y que sin embargo, los argumentos de la
observación son que: 1) a partir del 01/07/2012 hubo cambio en la tasa de
intereses moratorios que vario del 5% al 22%, lo que no se ha sido considerado
en su informe, 2) No se ha considerado el orden de prelación en la relación a la
consignación, habiendo señalado directamente el capital de la deuda; y, 3) En
las conclusiones del informe pericial, el perito ha establecido como fecha el
monto capital adeudado el 12 de diciembre de 2001, cuando la fecha correcta
es el 11 de diciembre de 2006; como es fácilmente observable, las
consideraciones efectuadas por el A-quo en la referida resolución ochenta y
uno, difieren y no son iguales a las observaciones señaladas en su escrito de
observación al primer informe pericial, razón suficiente por la que el juzgado no
pueda señalar que se debió impugnar la resolución número ochenta y uno, por
cuanto sus observaciones versan sobre otros fundamentos, y por lo tanto
merecen ser atendidos en cuanto se formulan a un nuevo informe pericial
distinto.
iv) Que, el juzgado pretende limitar su derecho al contradictorio y al debido
proceso, señalando que no podrían cuestionar con sus observaciones el informe
pericial que se le puso a conocimiento mediante resolución número ochenta y
tres, por cuanto no apelaron al resolución ochenta y uno, que contenía
observaciones a un informe pericial distinto.
CONSIDERACIONES DEL COLEGIADO
23. De conformidad con lo establecido en el artículo 364° del Código
Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por finalidad que el órgano
jurisdiccional superior en grado, examine, a solicitud de parte o de tercero
legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea
anulada o revocada total o parcialmente; en esa línea, es necesario que, ante la
denuncia del recurrente, verifique la observancia al debido proceso, en tanto el
artículo 139º inciso 3 de la Constitución reconoce como principio de la función
jurisdiccional la observancia del debido proceso.
24. Por tanto, en atención a los agravios expresados por los recurrentes, es
de iniciar precisando que, dado que por su naturaleza, la función jurisdiccional
se caracteriza por la discrecionalidad atribuida al Juzgador a fin de resolver
sobre las pretensiones invocadas por los justiciables, dicha discrecionalidad no
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puede constituirse en un poder donde sus decisiones sean expresadas sin
motivación o con una motivación insuficiente.
25. En ese sentido, a juicio del Tribunal Constitucional, respecto al
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación
de las resoluciones judiciales, ha señalado que éste derecho se vulnera, entre
otros supuestos, cuando la resolución adolece de inexistencia de motivación o
motivación aparente; precisando que la misma se configura (…) cuando la
motivación es inexistente o cuando la misma es sólo aparente, en el sentido de
que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no
responde a las alegaciones de las partes del proceso (…). (Cfr. STC Nº 1744-2005-
PA/TC, voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini,
fundamento 11) [resaltado agregado].
26. Por otro lado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 171° del Código
Procesal Civil, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida por la ley, sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad, o cuando existan actos
procesales que afecten de manera irremediable al proceso o constituyan una
infracción a las normas.
ANÁLISIS DE LA APELACION DE LA PARTE EJECUTADA.
27. En este orden de ideas, dando respuesta a los agravios establecidos en
los puntos i) y ii) descritas en la vigésimo primera consideración de la presente
resolución, referidos a que la resolución número noventa y dos apelada por la
ejecutada no se encuentra debidamente motivada, alegando que en aquella el
Juez de primera instancia no ha advertido que en las conclusiones del informe
pericial ha establecido la fecha de pago de los intereses compensatorios y
moratorios no desde del 02 de mayo de 2007 hasta el 24 de setiembre de 2013
sino del 26 de abril de 2007 hasta el 11 de enero de 2013, y considera que
capitaliza los intereses compensatorios y moratorios, lo cual debe ser corregido
en el extremo que, habiéndose cancelado el capital no se tiene que determinar
mayores intereses al 24 de setiembre de 2013.
Al respecto debemos señalar que, de la revisión del presente cuaderno se
aprecia que, en efecto, mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012, obrante
a folios 54, la ejecutada Johanna Paola Portillo Escobedo presentó un
Certificado de Depósito Judicial N° 201200610073 del 11 de enero de 2012, por
el monto de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, y por resolución número
sesenta y seis de fecha 24 de setiembre de 2013, obrante de folios 89 a 90 del
presente cuaderno, el juzgado ordenó entregar debidamente endosado a la
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ejecutante el certificado de consignación N° 201200610073, solo hasta el monto
de US$ 32,786.61 Dólares Americanos, que se imputara al capital; que sin
embargo, de la pericia realizada por el perito Roque Gonzales López, indicó que
el cálculo de los intereses ahora cuestionado se realizaría hasta el 24 de
setiembre de 2013, y los intereses compensatorios ascienden a US$. 48,382.25 y
los intereses moratorios ascienden a la suma de US$ 12,205.12.
28. De los hechos descritos precedentemente se advierte claramente que el
A-quo al emitir la resolución noventa y dos, no se percata que el nuevo
dictamen contable de los intereses compensatorios y moratorios ha confundido
la fecha de cancelación del capital demandado, señalando que se materializo el
pago el 24 de setiembre de 2013, cuando conforme al certificado adjuntado
por la ejecutada el 12 de enero de 2012, realizo el pago de la suma de US$
33,000.00 dólares americanos, apreciándose que dicha suma dineraria se pagó
el 11 de enero 2012 y no el 24 de setiembre de 2013, como erradamente
señala el Juzgado en la resolución apelada, sustentando su decisión en que la
liquidación de los intereses realizado por el perito contable se ha ceñido a las
reglas señaladas en la resolución número ochenta y uno [que desaprueba el
primer informe pericial contable], esto porque en la misma menciona que la
fecha de pago del capital demandado es el 24 de setiembre de 2013, lo cual es
un dato es errado, que deberá tener en cuenta, el A-quo a efectos de no
vulnerar el derecho al debido proceso de las partes al producirse una
capitalización de intereses como alega la misma ejecutada en su escrito de
apelación.
29. De igual forma se observa una falta de motivación que merece la
emisión de un nuevo pronunciamiento, dado que, el señor Juez deberá aclarar
respeto a si la fecha de cancelación de la deuda capital se realizó el 11 de enero
de 2012, indicando si lo referido a la fecha de pago y desde y hasta que fecha
se debe liquidar los intereses pactados, teniendo en cuenta que el capital
demandado fue cancelado el 11 de enero de 2012, asimismo, si correspondería
o no variar el intereses moratorio del 5% al 22% como indicó el ejecutante en su
observación y que ahora también plantea como agravio en la en su escrito de
apelación y, finalmente deberá corregir y/o aclarar la fecha hasta donde el
perito contable debe realizar la liquidación de intereses, toda vez que este dato
fue indicado erróneamente en la séptima consideración de la resolución
ochenta y uno, por lo cual deberá corregir dicho extremo de la resolución
aludida e integrarlo a dicha resolución.
30. Siendo así, en lo que respecta a los agravios expuestos por la ejecutada
este Colegiado considera que la resolución apelada vulnera el derecho al
debido proceso protegido por la Constitución Política del Perú, en la medida
8
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL
que, emite una resolución resolviendo las observaciones planteada por esta
parte con una motivación aparente, señalando datos que no coinciden con lo
actuado en el presente proceso, lo que implica que el Juez de primera instancia
no ha realizado un estudio exhaustivo de los autos, a efectos de determinar si la
nueva liquidación de los intereses pactados se ha realizado con los datos
correctos.
ANÁLISIS DE LA APELACION DE LA PARTE EJECUTANTE:
31. Finalmente, respecto de los cargos iii) y iv) descritos en la vigésima
segunda consideración de la presente resolución que cuestiona la cuarta
consideración de la resolución noventa y dos que sustenta el informe pericial
observado no acoge los fundamentos de su observación al primer informe
pericial, indicando que el A-quo sustenta su decisión en que la entidad
demandante debió apelar la referida resolución número ochenta y uno, sino
resolvía sus observaciones primigenias; al respecto, debemos señalar que el
juzgado no haya dado respuesta a las observaciones realizada a la anterior
liquidación emitida por el perito contable, no es materia de análisis en esta
oportunidad, por lo cual dicho cuestionamiento a estas alturas del proceso no
es válido, de conformidad con el principio de preclusión que indica que las
partes tienen derecho a efectuar su derecho de defensa dentro de los plazos
previstos para interponer algún recurso impugnatorio y/o recurso de nulidad.
32. Sin perjuicio de ello, el Juez de primera instancia, al realizar una nueva
resolución deberá corregir algún hecho que no corresponda con la verdad, por
lo cual al haberse determinado que la fecha de cancelación de la deuda capital
se realizó el 11 de enero de 2012, el señor Juez al emitir la nueva resolución,
deberá indicar las fechas que debe tener en cuenta el perito para realizar el
cálculo de los intereses compensatorios y moratorios, y si corresponde variar el
aumento de los intereses moratorios del 5% al 22% la tasa interés moratorio,
indicando también que la suma consignada por la ejecutada canceló la deuda
capital al imputarse dicho pago a la suma capital demandado por la cantidad de
US$.32,786.61 Dólares Americanos, como se indicado en la consideración
vigésima octava de la presente resolución.
33. En este sentido, estando al análisis y fundamentos expuestos, resulta
imposible por ahora verificar una aprobación o desaprobación del informe
pericial, en la medida que el señor Juez de Primera Instancia no ha realizado un
análisis del mismo, al no resolver las observaciones planteadas por las partes, no
habiendo emitido un razonamiento y debida motivación sobre las mismas. Por
lo dicho, la resolución venida en grado de apelación deviene en nula conforme
a lo previsto en los artículos 171 y el artículo 122 incisos 3) y 4) del Código
9
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL
Procesal Civil, al no haber sido emitida con sujeción al mérito de lo actuado y al
derecho.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas y en virtud a las normas glosadas, este
Superior Colegiado resuelve:
NULA la Resolución Nro. Noventa y Dos de fecha 31 de julio de 2019 que
resuelve: “1. Declarar INFUNDADAS las observaciones a la liquidación de
intereses formuladas por el demandante Banco de Crédito del Perú y la
demandada Johanna Paola Portillo Escobedo. 2. APROBAR los intereses
compensatorios pactados en la suma de US $ 48,382.25 [cuarenta y ocho mil
trescientos ochenta y dos con 25/100 dólares]. 3. APROBAR los intereses
moratorios pactados en la suma de US$ 12,205.12 [doce mil doscientos cinco con
12/100 dólares americanos]. 4. PRECISAR que el saldo pendiente de pago
asciende a la suma de US$ 60,373.98 [sesenta mil trescientos setenta y tres con
98/100 dólares americanos]. 5. RESPECTO al pedido de convocatoria al remate,
pídase en su oportunidad. 6. NOTIFICAR a las partes y al perito”; debiendo el
Juez de Primera instancia emitir una nueva resolución teniendo en cuenta
las conclusiones de este Colegiado en los considerandos vigésimo octavo al
trigésimo de la presente resolución.
DISPONER que Secretaría proceda conforme al artículo 383° del Código
Procesal Civil, bajo responsabilidad.
En los seguidos por el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ con JOHANNA PAOLA
PORTILLO ESCOBEDO y otros, sobre Ejecución de Hipoteca. VMS/pgs.-
10<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00027-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : JUAREZ IMAN, SILVESTRE
Resolución N°VEINTITRÉS (23)
Paita, Quince de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 15 de fecha 27 de febrero
de 2002, a folio 118 al 120, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por SILVESTRE
JUAREZ IMAN contra ARCOPA SA; en consecuencia, LLÉVESE
adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar
la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO SOLES CON 44 /100 SOLES, más
los intereses moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley
Corte Superior de Justicia de Piura
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00027-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : JUAREZ IMAN, SILVESTRE
Resolución N°VEINTITRÉS (23)
Paita, Quince de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 15 de fecha 27 de febrero
de 2002, a folio 118 al 120, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por SILVESTRE
JUAREZ IMAN contra ARCOPA SA; en consecuencia, LLÉVESE
adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar
la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO SOLES CON 44 /100 SOLES, más
los intereses moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO CIVIL - Sede Central Pisco
EXPEDIENTE : 00429-2006-0-1411-JR-CI-01
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : AGUADO SEMINO ALFREDO ALBERTO
ESPECIALISTA : CESAR SASIETA FAJARDO
DEMANDADO : EMPRESA COTTONIFICIO SUR PERU SAC ,
EMPRESA FUSIA COMERCIAL SA ,
DEMANDANTE : RIOS CARPIO, VICTOR JESUS Y OTROS.
Resolución Nro. 51.-
Pisco, quince de Abril del año dos mil diecinueve.-
Puesto los autos al Despacho para resolver. AUTOS,
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Estado del Proceso:
Que, prima facie cabe precisar, el estado del proceso es de ejecución de sentencia1 que
declaró fundada la demanda de tercería preferente de pago; preexiste resolución judicial N°
28 que dispone integrar la sentencia en cuando a pago de Intereses de Intereses Legales,
resolución última que quedó firme mediante auto de vista N° 35 de folios 346 que declaró
nulo el concesorio de apelación e improcedente el recurso de apelación de FUSIA
COMERCIAL S.A.
SEGUNDO: Propuestas de Liquidación de Intereses:
2.1.- Por escrito de fojas 408, Víctor Molina Lurita presenta propuesta de liquidación de
intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y por la
suma de S/ 17,190.42 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas 403 a
407.
2.2.- Por escrito de fojas 421, Víctor Jesús Ríos Carpio presenta propuesta de liquidación
de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y
por la suma de S/ 12,880.44 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas
417 a 420.
2.3.- Por escrito de fojas 435, Ángel Gabriel Rojas Toledo presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 16,929.59 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 430 a 434.
2.4.- Por escrito de fojas 449, Víctor Vega Navarro presenta propuesta de liquidación de
intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y por la
suma de S/ 11,828.58 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas 444 a
448.
2.5.- Por escrito de fojas 462, Sosimo Víctor Carbajal Melgar presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 16,759.60 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 458 a 461.
1 Fojas 298 a 305.
2.6.- Por escrito de fojas 476 Lino Andrés Torres Melgar presenta propuesta de liquidación
de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y
por la suma de S/ 16,366.93 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas
471 a 475.
2.7.- Por escrito de fojas 489 Jesús Antonio Ormeño Giraldo presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 21,429.16 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 485 a 488.
2.8.- Por escrito de fojas 502 José De Jesús Sánchez Romero presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 11,501.61 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 498 a 501.
2.9.- Por escrito de fojas 516 Adrian Salcedo Calcina presenta propuesta de liquidación de
intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y por la
suma de S/ 15,589.42 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas 512 a
515.
2.10.- Por escrito de fojas 529 Máximo Gregorio Fonseca Vasquez presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 14,634.27 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 525 a 528.
2.11.- Por escrito de fojas 543 Pio Ñañez Salgado presenta propuesta de liquidación de
intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y por la
suma de S/ 20,807.75 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas 538 a
542.
2.12.- Por escrito de fojas 557 Jorge Rómulo Moreno Hernández presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 17,134.63 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 552 a 556.
2.13.- Por escrito de fojas 571 Miguel Angel Hurtado Martínez presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 11,087.46 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 566 a 570.
2.14.- Por escrito de fojas 595 Carlos Jesús Lurita Carbajal presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 16,409.42 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 590 a 594.
TERCERO: Observación de Fábrica de Tejidos Pisco SAC:
Que, por escrito de fojas 841, Fábrica de Tejidos Pisco SAC solicitó se declare
improcedente las liquidaciones de intereses relacionadas con las solicitudes detalladas en el
considerando segundo de la presente resolución. Mediante resolución N° 46 fue declarado
improcedente el pedido instado por Fábrica de Tejidos Pisco SAC, ordenándose pasar
nuevamente los autos al despacho judicial para resolver lo conveniente a la Liquidación de
Intereses.
CUARTO: Otras propuestas de Liquidación de Intereses:
4.1.- Por escrito de fojas 900 Javier Enrique Galliquio Tuppia refiere que procede a
presentar Liquidación de Intereses. Propuesta que corre de fojas 888 a 891, por la suma de
S/ 18,470.97 soles.
4.2.- Por escrito de fojas 914 Juan Nazario Velásquez Barrial refiere que procede a
presentar Liquidación de Intereses. Propuesta que corre de fojas 902 a 905, por la suma de
S/ 19,094.30 soles.
4.3.- Por escrito de fojas 925 Claudio Narciso La Rosa Palomino refiere que procede a
presentar Liquidación de Intereses. Propuesta que corre de fojas 921 a 924 por la suma de
S/ 17,599.74 soles.
4.4.- Por escrito de fojas 939 Roger Domingo García Diaz presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 18-03-2000 al 25-
11-2018 y por la suma de S/ 12,768.73 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 934 a 938.
4.5.- Por escrito de fojas 955 Freddy Richard Muñoz Contreras presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 25-
11-2018 y por la suma de S/ 19,837.70 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 950 a 954.
QUINTO: Observación de Fábrica de Tejidos Pisco SAC:
Que, por escritos de fojas 962 y 967, Fábrica de Tejidos Pisco SAC, formula observación a
las liquidaciones de intereses que se han descrito en el considerando precedente; señala
concretamente, que las liquidaciones carece “de aplicación del factor del periodo calculado” “
cálculo del factor por cada periodo liquidado” que no contiene “ecuación que permita determinar cómo se
llega a la conclusión o al monto final precisado”, por lo que requiere que la liquidación lo elabore
un profesional idóneo.
SEXTO: PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO JUDICIAL:
6.1.- Que, la Dirección del Proceso está a cargo del Juez conforme lo estipula el numeral II
del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Es deber de todo Juez dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización
y procurar la economía procesal, tal como lo establece el artículo 50.1 del acotado Código
Procesal Civil.
6.2.- Que, el presente proceso es uno de carácter civil, sobre Tercería sobre Preferencia de
Pago, empero ha de subrayar que lo generan extrabajadores de la Empresa Fabritex
Peruana SA, sociedad que fuera escindida y absorbida por la Empresa COTTONIFICIO
SUR PERÚ SAC. Extrabajadores que, es de ver del tránsito del proceso, demandaron a
esas dos Empresas para que se les reconozca derecho preferente de pago dado que
contaban con documentación donde las demandadas les reconocían adeudar sumas de
dinero por concepto de Compensaciones por Tiempo de Servicios, montos de dinero que
corren señalados en Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 de folios 11,
instrumental valorada en sentencia N° 27 de folios 298; sentencia que declaró fundada la
demanda. Esto es, nos encontramos ante el reconocimiento de beneficios laborales por
cuya naturaleza ha de recibir tratamiento especial y urgente, relievándose al efecto el
Principio Protector del Derecho Laboral.
Por lo cual al caso este Juzgador considera que no resulta necesario llamar a perito judicial
para determinar los intereses legales, máxime cuando en la actualidad se cuenta con Sistema
Integrado Judicial del cual es posible extraer reporte de pago de depósitos judiciales de los
cuales ha de constatar la cantidad de depósitos judiciales que fueron presentados al
Expediente Judicial N° 132-2005 sobre Obligación de Dar Suma de Dinero seguido por la
ejecutante FUSIA COMERCIAL S.A. contra COTTONIFICIO SURPERU SAC (proceso
judicial que a decir de los recurrentes es donde se les ha pagado sus CTS), los montos
consignados por las Empresas involucradas en el pago de las acreencias laborales en el
Expediente N° 132-2005, las fechas de pago por ante el Banco de la Nación de esas
acreencias consignadas en el Expediente N° 132-2005.
Igualmente es posible calcular los intereses legales laborales con el programa INTERLEG2,
diseñado por el Poder Judicial y de uso exclusivo y obligatorio para los órganos
jurisdiccionales para el cálculo de Beneficios Sociales e Intereses Legales.
Herramienta que permite realizar el cálculo de los intereses legales y
financieros en forma rápida y confiable, desarrollado a partir de la necesidad
de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial una herramienta eficaz
para el cálculo de los intereses legales y la verificación de los factores
aplicados; este sistema desarrollado permite calcular el interés legal laboral
(D. Ley 25920), interés legal efectivo (aplicable a multas, pensiones
alimenticias en los casos de familia, procesos civiles), interés financiero
(aplicable a la CTS no depositada oportunamente), interés de deudas
previsionales (AFP) y actualización de deuda utilizando como factor de
actualización las remuneraciones mínimas, el índice de precios al
consumidor o el tipo de cambio.
6.3.- Que, en tal sentido, según la sentencia N° 27 (fojas 298) y resolución que la
integra N° 28 (folios 310-311), los intereses que corresponden calcular en el presente
caso es el INTERÉS LEGAL; ahora bien teniéndose en cuenta que las Compensaciones
por Tiempo de Servicios que se han liquidado en la Escritura Pública de fecha 29 de Abril
del año 2003 de folios 11 en favor de los demandantes constituyen ADEUDOS DE
CARÁCTER LABORAL; se concluye que en el presente caso corresponde liquidar los
intereses legales de acuerdo al Decreto Ley Nº 25920 (publicada en el Diario Oficial El
Peruano: 03-12-1992) el cual “dispone que el interés que corresponde pagar por adeudos
de carácter laboral es el fijado por el Banco Central de Reserva del Perú.” En cuyo
artículo 3º de la Ley N° 25920 menciona:
“El interés laboral se devenga sobre el montón adeudado a partir del día siguiente de
vencida la obligación hasta el día del pago, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente.”
Según el artículo antes mencionado, existen dos fechas claves:
• día siguiente de vencida la obligación.
• día del pago.
6.4.- A su turno el artículo 1º de la Ley 25920 menciona:
2 Aprobados por Resoluciones Administrativas N° 026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ, de fechas 25
de febrero de 2004 y 14 de abril de 2005.
“A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por
adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del
Perú. El referido interés no es capitalizable.”
6.5.- Que, en concreto los sujetos recurrentes-demandantes informan al Juzgado que sus
acreencias laborales han sido pagadas por la continuadora jurídica Fábrica de Tejidos Pisco
SAC intra Expediente 2005-132 sobre Obligación de dar suma de dinero a mérito de
ejecución de Medida Cautelar que se concediera en sus favores y contra las cuentas de la
Fábrica de Tejidos Pisco SAC. Esta afirmación es correcta según es de ver de la copia de la
resolución N° 02 del 13-10-2016 que han adjuntado los demandantes de este proceso, a
excepción de algunos otros recurrentes, pero que en definitiva la mayoría ciertamente
obtuvo Medida Cautelar de embargo en forma de retención, lo que verdaderamente generó
que el Banco de Crédito del Perú retuviera de las cuentas bancarias de Fábrica de Tejidos
Pisco SAC la suma de S/ 727,713.21 soles, en otros casos es la misma Fábrica de Tejidos
Pisco SAC que ha realizado el pago de los adeudado por CTS mediante Certificados de
Depósitos Judiciales por las sumas globales de S/ 80,000.00 soles (tres depósitos), todo ello
se corrobora del Reporte de Seguimiento de Depósitos por Expediente del proceso
132-20015-12 y 132-2005-0, que en este acto se extrae del Sistema Integrado Judicial y se
manda agregar a esta Causa N° 429-2006-0 para mejor resolver.-
Teniéndose en cuenta la precitada información, se colige que no es correcto los que
afirman la mayoría de los demandantes recurrentes en relación a que la Liquidación de
Intereses deba realizarse del 17-03-2000 al 01-03-2018 pues primero no hay una motivación
convincente por aquellos de cómo así llegan a determinar que la Liquidación deba partir del
17-03-200 y cómo así debe culminar el 01-03-2018. Al caso lo que si corresponde es que la
Liquidación de Intereses debe liquidarse a partir del día siguiente de la fecha de la emisión
de la Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 sobre “Escisión Parcial, Reducción
de Capital Social, Transferencia de Bloque Patrimonial y Aumento de Capital que otorga FABRITEX
PERUANA S.A. a COTTONIFICIO SUR PERU SAC”, toda vez que dicho documento
fue valorado en sentencia de este proceso de tercería de preferencia de pago, y es el
documento que reconoce mediante documento de fecha cierta las sumas de dinero por
concepto de Compensación por Tiempo de Servicios que no es otro que ADEUDOS DE
CARÁCTER LABORAL a favor de los hoy recurrentes, montos de dinero que a decir de
ellos mismos ya han sido pagados en el Expediente N° 132-2005 como consecuencia de la
retención judicial de la cuenta bancaria de Fábrica de Tejidos Pisco SAC y por el pago
directo a través de sendos Certificados de Depósitos Judiciales presentados por esa misma
Empresa Fábrica de Tejidos Pisco SAC, lo que se verifica del aludido “Reporte de
Seguimiento de Depósitos por Expediente”; por lo que para los fines de determinar la
liquidación correcta, debe tenerse en cuenta este punto de partida (día siguiente al 29 de
Abril del año 2003 ) y hasta la fecha en la que a Fábrica de Tejidos Pisco SAC se le logra
retener suma de dinero por el Banco de Crédito del Perú (sucursal Pisco) y fechas en las
que dicha Empresa de Tejidos Pisco SAC de mutuo propio deposita ante el Banco de la
Nación sumas de dinero mediante Certificados de Depósitos Judiciales por constituir el día
de pago de la obligación.
6.6.- Que, ahora bien, se tiene del Reporte de Seguimiento de Depósitos por
Expediente del proceso 132-20015-12, que:
1) A Víctor Molina Lurita le pagaron S/ 28,494.63 soles del Certificado de Depósito
Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida Cautelar
ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de Certificado de
Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión 28/02/2017 (fecha
de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales laborales debe
calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
2) A Víctor Jesús Ríos Carpio le pagaron S/ 21216.13 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
3) A Angel Gabriel Rojas Toledo le pagaron S/ 28,062.27 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
4) A Víctor Vega Navarro le pagaron S/ 19,606.90 soles del Certificado de Depósito
Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida Cautelar
ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de Certificado de
Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión 28/02/2017 (fecha
de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales laborales debe
calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
5) A Víctor Carbajal Melgar le pagaron S/ 27,605.71 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
6) A Lino Andrés Torres Melgar le pagaron S/ 27,129.62 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
7) A Jesús Antonio Ormeño Giraldo le pagaron S/ 35,297.22 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
8) A José De Jesús Sánchez Romero le pagaron S/ 18,944.97 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
9) A Adrián Salcedo Calcina le pagaron S/ 25,678.24 soles del Certificado de Depósito
Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida Cautelar
ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de Certificado de
Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión 28/02/2017 (fecha
de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales laborales debe
calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
10) A Máximo Gregorio Fonseca Vásquez le pagaron S/ 24,104.96 soles del Certificado
de Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de
Medida Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través
de Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
11) A Pio Ñañez Salgado le pagaron S/ 34,490.66 soles del Certificado de Depósito
Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida Cautelar
ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de Certificado de
Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión 28/02/2017 (fecha
de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales laborales debe
calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
12) A Jorge Rómulo Moreno Hernández le pagaron S/ 28,402.15 soles del Certificado
de Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de
Medida Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través
de Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
13) A Miguel ángel Hurtado Martínez le pagaron S/ 18,378.44 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
14) A Carlos Jesús Lurita Carbajal le pagaron S/27,200.04 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
6.7.- Que, teniéndose en cuenta los datos precitados y considerándose la fórmula de cálculo
y factores que el INTERLEG aplica según el Banco Central de Reserva del Perú, se llega a
la determinación que respecto a los precitados demandantes, el cálculo de sus intereses
legales es como sigue:
6.8.- Que, para mayor ilustración e inteligibilidad se reproduce la Hoja de Cálculo de líneas
supra y se manda agregar el Anexo u Hoja de Cálculo que el INTERLEG ha arrojado
como consecuencia de la Liquidación de Intereses:
Descripción f_origen f_liquid días factor monto interés
SALCEDO CALCINA ADRIAN 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 25678.24 9283.97
FONSECA VASQUEZ MAXIMO 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 24104.96 8715.15
ÑAÑEZ SALGADO PIO 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 34490.66 12470.1
MORENO HERNANDEZ JORGE 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 28402.15 10268.8
HURTADO MARTINEZ MIGUEL 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 18378.44 6644.72
LURITA CARBAJAL CARLOS 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 27200.04 9834.17
MOLINA LURITA VICTOR 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 28494.63 10302.23
RIOS CARPIO VICTOR JESUS 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 21216.13 7670.69
ROJAS TOLEDO ANGEL GABRIEL 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 28062.27 10145.91
VEGA NAVARRO VICTOR 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 19606.9 7088.87
CARBAJAL MELGAR SOSIMO 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 27605.71 9980.84
TORRES MELGAR LINO ANDRES 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 27129.62 9808.71
ORMEÑO GIRALDO JESUS A. 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 35297.22 12761.71
SANCHEZ ROMERO JOSE DE J. 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 18944.97 6849.55
6.9.- Que, con respecto a los recurrentes: Claudio Narciso La Rosa Palomino y Freddy
Richard Muñoz Contreras. Por ahora no es posible entrar al cálculo de sus Intereses
Legales, dado que se detecta del Sistema Integrado Judicial que solo aparece información
de pagos parciales en menor monto a los precisados en las Hojas de Liquidación de Parte
que han formulado estos recurrentes.
Ejemplo: don Freddy Richard Muñoz Contreras propone Liquidación sobre la base de S/
31,822.88 soles, mientras que del SIJ se logra verificar que ha cobrado S/ 31,461.39, de ahí
que se requiere mayores elementos para calcular adecuadamente la Liquidación.
Ejemplo: don Claudio Narciso La Rosa Palomino propone cálculo sobre la base de dos
montos: S/ 4,400.82 y S/ 22,534.52; sin embargo se detecta del SIJ que no hay mayor
información que el endoso de S/ 4,400.82; de ahí que se requiere tener mayor elemento de
convicción del Expediente 132-2005.
Por lo que para mejor resolver, se requiere que tales sujetos procesales presenten a este
Expediente, copia simple o certificada de las Constancias de Retiro de Depósito
Judicial que debe obrar en el Expediente 132-2005 ó del Incidente respectivo donde se
haya cobrado Depósitos Judiciales; lo que permitirá verificar el monto de dinero exacto
cobrado, el N° del Depósito respectivo, la fecha en la que fue pagado el dinero consignado
en el Certificado de Depósito Judicial. Asimismo, deben anexar a esta Causa copia simple
de la resolución judicial del Expediente 132-2005 ó del Incidente respectivo donde
se dispone proceder al “endoso” en favor de los precitados recurrentes, máxime
cuando ellos no fueron beneficiados con la resolución de Medida Cautelar N° 02 (fojas 929
que han presentado a sus respectivos escritos de propuesta de liquidación de intereses)
6.10.- Que, con respecto Javier Enrique Galliquio Tuppia y Juan Nazario Velasquez Barrial,
no se ha logrado identificar y/o extraer del Sistema Integrado Judicial información de
cuánto se les habría pagado en el Expediente 132-2005, por lo que, en igual forma que los
recurrentes del ítem precedente, deben presentar la misma documentación solicitada para
mejor resolver en sus casos.
6.11.- Que, en cuanto al recurrente Roger Domingo García Díaz, sí se ha logrado encontrar
información en el Sistema Integrado Judicial de cuánto es lo que verdaderamente ha
cobrado en el Expediente 132-2005. El capital que verdaderamente ha cobrado es la suma
de S/ 20,483.34 soles; monto que ha sido cobrado en dos tramos: el primero por S/
17,983.29 soles del Certificado de Depósito Judicial N° 2016056103822 y el segundo por
S/ 2,500.00 soles del Certificado de Depósito Judicial N° 20160566104901.
Datos:
- El primer Certificado de Depósito Judicial N° 2016056103822 es consignado el día
02/09/2016.
- El segundo Certificado de Depósito Judicial N° 20160566104901 es consignado el
día 29/10/2016.
- La Escritura Pública de fecha 29/04/2003 de fojas 11 le tiene reconocido CTS la
suma de S/ 20,483.11 soles; de lo que se infiere que en el Expediente 132-2005 ha
cobrado en exceso sólo en céntimos.
Por lo que la liquidación de intereses legales, en su caso particular del pago de S/ 17,983.29
soles del Certificado de Depósito Judicial N° 2016056103822, es como sigue:
Que, para mayor ilustración e inteligibilidad se reproduce la Hoja de Cálculo de líneas supra
sin perjuicio de mandar agregar a este Expediente, el Anexo u Hoja de Cálculo que el
INTRALEG ha arrojado como consecuencia de la Liquidación de Intereses legales:
Descripción f. origen f. liquid días factor monto interés
GARCIA DIAZ ROGER DO 30/04/2003 02/09/2016 4875 0.348 17983 6264.3
Que, en cuanto al pago del saldo de S/ 2,500.00 soles del Certificado de Depósito Judicial
N° 20160566104901, pagado posteriormente al mismo don Roger Domingo García Díaz:
el punto de partida es el día 03/09/2016 (día siguiente al pago del Certificado de Depósito
Judicial N° 2016056103822), hasta el día 29/10/2016 en que se consigna el último
Certificado de Depósito Judicial N° 20160566104901:
Que, para mayor ilustración e inteligibilidad se reproduce la Hoja de Cálculo de líneas supra
y se manda agregar el Anexo u Hoja de Cálculo que el INTERLEG ha arrojado como
consecuencia de la Liquidación de Intereses:
Descripción f/ origen f/ liquid. días factor monto interés
GARCIA DIAZ ROGER DO 03/09/2016 29/10/2016 57 0.00423 2500 10.58
En consecuencia al demandante Roger Domingo García Díaz se le adeuda por intereses la
suma total de S/ 6,274.88 soles
6.12.- La observación efectuadas con escrito de folios 962 por Fábrica de Tejidos Piscos
SAC en relación a la propuesta de liquidación que presentan Javier Enrique Galliquio
Tuppia y Juan Nazario Velásquez Barrial: debe sujetarse a lo dispuesto en ítem 6.10 de la
presente resolución.
La observación efectuadas con escrito de folios 962 por Fábrica de Tejidos Piscos SAC en
relación a la propuesta de liquidación que presentan Freddy Richard Muñoz Contreras:
debe sujetarse a lo dispuesto en ítem 6.09 de la presente resolución.
La observación efectuadas con escrito de folios 962 por Fábrica de Tejidos Piscos SAC en
relación a la propuesta de liquidación que presentan Roger Domingo García Díaz: No
enerva las consideraciones expuestas en esta resolución, máxime cuando se ha hecho uso
del INTRALEG para determinar la Liquidación de Intereses Legales pertinente.
POR ESTAS CONSIDERACIONES. SE DISPONE: I.- APROBAR EN PARTE
LAS SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES
LEGALES, presentadas por:
(cid:1) Víctor Molina Lurita, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 10,302.23 soles
(cid:1) Víctor Jesús Ríos Carpio, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 7,670.69 soles
(cid:1) Angel Gabriel Rojas Toledo, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 10,145.91 soles
(cid:1) Víctor Vega Navarro, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 7,088.87 soles
(cid:1) Sosimo Víctor Carbajal Melgar, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 9,980.84 soles
(cid:1) Lino Andrés Torres Melgar, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 9,808.71 soles
(cid:1) Jesús Antonio Ormeño Giraldo, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 12,761.71 soles
(cid:1) José De Jesús Sánchez Romero, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 6,849.55 soles
(cid:1) Adrian Salcedo Calcina, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 9,283.97 soles
(cid:1) Máximo Gregorio Fonseca Vásquez, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 8,715.15
(cid:1) Pio Ñañez Salgado, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 12,470.1 soles
(cid:1) Jorge Rómulo Moreno Hernández, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 10,268.8 soles
(cid:1) Miguel Angel Hurtado Martínez, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 6,644.72 soles
(cid:1) Carlos Jesús Lurita Carbajal, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 9,834.17 soles
(cid:1) Roger Domingo García Díaz, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 6,274.88 soles
II.- REQUERIR a Claudio Narciso La Rosa Palomino y Freddy Richard Muñoz Contreras,
y a Javier Enrique Galliquio Tuppia y Juan Nazario Velásquez Barrial, cumplir con
presentar documentación adicional, conforme a lo precitado en el punto 6.9 y 6.10 de la
presente resolución para mejor resolver en sus casos. Cumplido que sea dese cuenta por
secretaría.
III.- INFUNDADA LA OBSERVACIÓN efectuada con escrito de folios 962 por Fábrica
de Tejidos Piscos SAC en relación a la propuesta de liquidación que presentó Roger
Domingo García Díaz. Se reserva el pronunciamiento de la Observación que realiza dicha
Empresa en cuanto a los actores Freddy Richard Muñoz Contreras, Javier Enrique
Galliquio Tuppia y Juan Nazario Velásquez Barrial, sujetándose a lo dispuesto el ítem 6.9 y
6.10 de la presente resolución.
IV.- ORDENO GLOSAR al proceso, “Reporte de Seguimiento de Depósitos por
Expediente” extraída del Sistema Integrado Judicial, y la Hojas de Liquidación de Intereses
extraída del INTRALEG; ambas que se han tenido a la vista. –
V.- EXHÓRTESE a los demás demandantes que no han peticionado intereses legales, que
para mejor resolver, deberán presentar adicionalmente constancia de pago de sus
respectivas acreencias por CTS que se haya generado en el Expediente 132-2005.
NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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JUZGADO CIVIL - Sede Central Pisco
EXPEDIENTE : 00429-2006-0-1411-JR-CI-01
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : AGUADO SEMINO ALFREDO ALBERTO
ESPECIALISTA : CESAR SASIETA FAJARDO
DEMANDADO : EMPRESA COTTONIFICIO SUR PERU SAC ,
EMPRESA FUSIA COMERCIAL SA ,
DEMANDANTE : RIOS CARPIO, VICTOR JESUS Y OTROS.
Resolución Nro. 51.-
Pisco, quince de Abril del año dos mil diecinueve.-
Puesto los autos al Despacho para resolver. AUTOS,
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Estado del Proceso:
Que, prima facie cabe precisar, el estado del proceso es de ejecución de sentencia1 que
declaró fundada la demanda de tercería preferente de pago; preexiste resolución judicial N°
28 que dispone integrar la sentencia en cuando a pago de Intereses de Intereses Legales,
resolución última que quedó firme mediante auto de vista N° 35 de folios 346 que declaró
nulo el concesorio de apelación e improcedente el recurso de apelación de FUSIA
COMERCIAL S.A.
SEGUNDO: Propuestas de Liquidación de Intereses:
2.1.- Por escrito de fojas 408, Víctor Molina Lurita presenta propuesta de liquidación de
intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y por la
suma de S/ 17,190.42 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas 403 a
407.
2.2.- Por escrito de fojas 421, Víctor Jesús Ríos Carpio presenta propuesta de liquidación
de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y
por la suma de S/ 12,880.44 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas
417 a 420.
2.3.- Por escrito de fojas 435, Ángel Gabriel Rojas Toledo presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 16,929.59 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 430 a 434.
2.4.- Por escrito de fojas 449, Víctor Vega Navarro presenta propuesta de liquidación de
intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y por la
suma de S/ 11,828.58 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas 444 a
448.
2.5.- Por escrito de fojas 462, Sosimo Víctor Carbajal Melgar presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 16,759.60 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 458 a 461.
1 Fojas 298 a 305.
2.6.- Por escrito de fojas 476 Lino Andrés Torres Melgar presenta propuesta de liquidación
de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y
por la suma de S/ 16,366.93 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas
471 a 475.
2.7.- Por escrito de fojas 489 Jesús Antonio Ormeño Giraldo presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 21,429.16 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 485 a 488.
2.8.- Por escrito de fojas 502 José De Jesús Sánchez Romero presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 11,501.61 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 498 a 501.
2.9.- Por escrito de fojas 516 Adrian Salcedo Calcina presenta propuesta de liquidación de
intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y por la
suma de S/ 15,589.42 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas 512 a
515.
2.10.- Por escrito de fojas 529 Máximo Gregorio Fonseca Vasquez presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 14,634.27 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 525 a 528.
2.11.- Por escrito de fojas 543 Pio Ñañez Salgado presenta propuesta de liquidación de
intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-03-2018 y por la
suma de S/ 20,807.75 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación obrante de fojas 538 a
542.
2.12.- Por escrito de fojas 557 Jorge Rómulo Moreno Hernández presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 17,134.63 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 552 a 556.
2.13.- Por escrito de fojas 571 Miguel Angel Hurtado Martínez presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 11,087.46 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 566 a 570.
2.14.- Por escrito de fojas 595 Carlos Jesús Lurita Carbajal presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 01-
03-2018 y por la suma de S/ 16,409.42 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 590 a 594.
TERCERO: Observación de Fábrica de Tejidos Pisco SAC:
Que, por escrito de fojas 841, Fábrica de Tejidos Pisco SAC solicitó se declare
improcedente las liquidaciones de intereses relacionadas con las solicitudes detalladas en el
considerando segundo de la presente resolución. Mediante resolución N° 46 fue declarado
improcedente el pedido instado por Fábrica de Tejidos Pisco SAC, ordenándose pasar
nuevamente los autos al despacho judicial para resolver lo conveniente a la Liquidación de
Intereses.
CUARTO: Otras propuestas de Liquidación de Intereses:
4.1.- Por escrito de fojas 900 Javier Enrique Galliquio Tuppia refiere que procede a
presentar Liquidación de Intereses. Propuesta que corre de fojas 888 a 891, por la suma de
S/ 18,470.97 soles.
4.2.- Por escrito de fojas 914 Juan Nazario Velásquez Barrial refiere que procede a
presentar Liquidación de Intereses. Propuesta que corre de fojas 902 a 905, por la suma de
S/ 19,094.30 soles.
4.3.- Por escrito de fojas 925 Claudio Narciso La Rosa Palomino refiere que procede a
presentar Liquidación de Intereses. Propuesta que corre de fojas 921 a 924 por la suma de
S/ 17,599.74 soles.
4.4.- Por escrito de fojas 939 Roger Domingo García Diaz presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 18-03-2000 al 25-
11-2018 y por la suma de S/ 12,768.73 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 934 a 938.
4.5.- Por escrito de fojas 955 Freddy Richard Muñoz Contreras presenta propuesta de
liquidación de intereses legales, que según él le corresponde percibir del 17-03-2000 al 25-
11-2018 y por la suma de S/ 19,837.70 soles. Al efecto adjunta Hoja de Liquidación
obrante de fojas 950 a 954.
QUINTO: Observación de Fábrica de Tejidos Pisco SAC:
Que, por escritos de fojas 962 y 967, Fábrica de Tejidos Pisco SAC, formula observación a
las liquidaciones de intereses que se han descrito en el considerando precedente; señala
concretamente, que las liquidaciones carece “de aplicación del factor del periodo calculado” “
cálculo del factor por cada periodo liquidado” que no contiene “ecuación que permita determinar cómo se
llega a la conclusión o al monto final precisado”, por lo que requiere que la liquidación lo elabore
un profesional idóneo.
SEXTO: PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO JUDICIAL:
6.1.- Que, la Dirección del Proceso está a cargo del Juez conforme lo estipula el numeral II
del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Es deber de todo Juez dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización
y procurar la economía procesal, tal como lo establece el artículo 50.1 del acotado Código
Procesal Civil.
6.2.- Que, el presente proceso es uno de carácter civil, sobre Tercería sobre Preferencia de
Pago, empero ha de subrayar que lo generan extrabajadores de la Empresa Fabritex
Peruana SA, sociedad que fuera escindida y absorbida por la Empresa COTTONIFICIO
SUR PERÚ SAC. Extrabajadores que, es de ver del tránsito del proceso, demandaron a
esas dos Empresas para que se les reconozca derecho preferente de pago dado que
contaban con documentación donde las demandadas les reconocían adeudar sumas de
dinero por concepto de Compensaciones por Tiempo de Servicios, montos de dinero que
corren señalados en Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 de folios 11,
instrumental valorada en sentencia N° 27 de folios 298; sentencia que declaró fundada la
demanda. Esto es, nos encontramos ante el reconocimiento de beneficios laborales por
cuya naturaleza ha de recibir tratamiento especial y urgente, relievándose al efecto el
Principio Protector del Derecho Laboral.
Por lo cual al caso este Juzgador considera que no resulta necesario llamar a perito judicial
para determinar los intereses legales, máxime cuando en la actualidad se cuenta con Sistema
Integrado Judicial del cual es posible extraer reporte de pago de depósitos judiciales de los
cuales ha de constatar la cantidad de depósitos judiciales que fueron presentados al
Expediente Judicial N° 132-2005 sobre Obligación de Dar Suma de Dinero seguido por la
ejecutante FUSIA COMERCIAL S.A. contra COTTONIFICIO SURPERU SAC (proceso
judicial que a decir de los recurrentes es donde se les ha pagado sus CTS), los montos
consignados por las Empresas involucradas en el pago de las acreencias laborales en el
Expediente N° 132-2005, las fechas de pago por ante el Banco de la Nación de esas
acreencias consignadas en el Expediente N° 132-2005.
Igualmente es posible calcular los intereses legales laborales con el programa INTERLEG2,
diseñado por el Poder Judicial y de uso exclusivo y obligatorio para los órganos
jurisdiccionales para el cálculo de Beneficios Sociales e Intereses Legales.
Herramienta que permite realizar el cálculo de los intereses legales y
financieros en forma rápida y confiable, desarrollado a partir de la necesidad
de dotar a los Magistrados y al Área Técnico Pericial una herramienta eficaz
para el cálculo de los intereses legales y la verificación de los factores
aplicados; este sistema desarrollado permite calcular el interés legal laboral
(D. Ley 25920), interés legal efectivo (aplicable a multas, pensiones
alimenticias en los casos de familia, procesos civiles), interés financiero
(aplicable a la CTS no depositada oportunamente), interés de deudas
previsionales (AFP) y actualización de deuda utilizando como factor de
actualización las remuneraciones mínimas, el índice de precios al
consumidor o el tipo de cambio.
6.3.- Que, en tal sentido, según la sentencia N° 27 (fojas 298) y resolución que la
integra N° 28 (folios 310-311), los intereses que corresponden calcular en el presente
caso es el INTERÉS LEGAL; ahora bien teniéndose en cuenta que las Compensaciones
por Tiempo de Servicios que se han liquidado en la Escritura Pública de fecha 29 de Abril
del año 2003 de folios 11 en favor de los demandantes constituyen ADEUDOS DE
CARÁCTER LABORAL; se concluye que en el presente caso corresponde liquidar los
intereses legales de acuerdo al Decreto Ley Nº 25920 (publicada en el Diario Oficial El
Peruano: 03-12-1992) el cual “dispone que el interés que corresponde pagar por adeudos
de carácter laboral es el fijado por el Banco Central de Reserva del Perú.” En cuyo
artículo 3º de la Ley N° 25920 menciona:
“El interés laboral se devenga sobre el montón adeudado a partir del día siguiente de
vencida la obligación hasta el día del pago, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente.”
Según el artículo antes mencionado, existen dos fechas claves:
• día siguiente de vencida la obligación.
• día del pago.
6.4.- A su turno el artículo 1º de la Ley 25920 menciona:
2 Aprobados por Resoluciones Administrativas N° 026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ, de fechas 25
de febrero de 2004 y 14 de abril de 2005.
“A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por
adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del
Perú. El referido interés no es capitalizable.”
6.5.- Que, en concreto los sujetos recurrentes-demandantes informan al Juzgado que sus
acreencias laborales han sido pagadas por la continuadora jurídica Fábrica de Tejidos Pisco
SAC intra Expediente 2005-132 sobre Obligación de dar suma de dinero a mérito de
ejecución de Medida Cautelar que se concediera en sus favores y contra las cuentas de la
Fábrica de Tejidos Pisco SAC. Esta afirmación es correcta según es de ver de la copia de la
resolución N° 02 del 13-10-2016 que han adjuntado los demandantes de este proceso, a
excepción de algunos otros recurrentes, pero que en definitiva la mayoría ciertamente
obtuvo Medida Cautelar de embargo en forma de retención, lo que verdaderamente generó
que el Banco de Crédito del Perú retuviera de las cuentas bancarias de Fábrica de Tejidos
Pisco SAC la suma de S/ 727,713.21 soles, en otros casos es la misma Fábrica de Tejidos
Pisco SAC que ha realizado el pago de los adeudado por CTS mediante Certificados de
Depósitos Judiciales por las sumas globales de S/ 80,000.00 soles (tres depósitos), todo ello
se corrobora del Reporte de Seguimiento de Depósitos por Expediente del proceso
132-20015-12 y 132-2005-0, que en este acto se extrae del Sistema Integrado Judicial y se
manda agregar a esta Causa N° 429-2006-0 para mejor resolver.-
Teniéndose en cuenta la precitada información, se colige que no es correcto los que
afirman la mayoría de los demandantes recurrentes en relación a que la Liquidación de
Intereses deba realizarse del 17-03-2000 al 01-03-2018 pues primero no hay una motivación
convincente por aquellos de cómo así llegan a determinar que la Liquidación deba partir del
17-03-200 y cómo así debe culminar el 01-03-2018. Al caso lo que si corresponde es que la
Liquidación de Intereses debe liquidarse a partir del día siguiente de la fecha de la emisión
de la Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 sobre “Escisión Parcial, Reducción
de Capital Social, Transferencia de Bloque Patrimonial y Aumento de Capital que otorga FABRITEX
PERUANA S.A. a COTTONIFICIO SUR PERU SAC”, toda vez que dicho documento
fue valorado en sentencia de este proceso de tercería de preferencia de pago, y es el
documento que reconoce mediante documento de fecha cierta las sumas de dinero por
concepto de Compensación por Tiempo de Servicios que no es otro que ADEUDOS DE
CARÁCTER LABORAL a favor de los hoy recurrentes, montos de dinero que a decir de
ellos mismos ya han sido pagados en el Expediente N° 132-2005 como consecuencia de la
retención judicial de la cuenta bancaria de Fábrica de Tejidos Pisco SAC y por el pago
directo a través de sendos Certificados de Depósitos Judiciales presentados por esa misma
Empresa Fábrica de Tejidos Pisco SAC, lo que se verifica del aludido “Reporte de
Seguimiento de Depósitos por Expediente”; por lo que para los fines de determinar la
liquidación correcta, debe tenerse en cuenta este punto de partida (día siguiente al 29 de
Abril del año 2003 ) y hasta la fecha en la que a Fábrica de Tejidos Pisco SAC se le logra
retener suma de dinero por el Banco de Crédito del Perú (sucursal Pisco) y fechas en las
que dicha Empresa de Tejidos Pisco SAC de mutuo propio deposita ante el Banco de la
Nación sumas de dinero mediante Certificados de Depósitos Judiciales por constituir el día
de pago de la obligación.
6.6.- Que, ahora bien, se tiene del Reporte de Seguimiento de Depósitos por
Expediente del proceso 132-20015-12, que:
1) A Víctor Molina Lurita le pagaron S/ 28,494.63 soles del Certificado de Depósito
Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida Cautelar
ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de Certificado de
Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión 28/02/2017 (fecha
de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales laborales debe
calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
2) A Víctor Jesús Ríos Carpio le pagaron S/ 21216.13 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
3) A Angel Gabriel Rojas Toledo le pagaron S/ 28,062.27 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
4) A Víctor Vega Navarro le pagaron S/ 19,606.90 soles del Certificado de Depósito
Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida Cautelar
ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de Certificado de
Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión 28/02/2017 (fecha
de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales laborales debe
calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
5) A Víctor Carbajal Melgar le pagaron S/ 27,605.71 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
6) A Lino Andrés Torres Melgar le pagaron S/ 27,129.62 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
7) A Jesús Antonio Ormeño Giraldo le pagaron S/ 35,297.22 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
8) A José De Jesús Sánchez Romero le pagaron S/ 18,944.97 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
9) A Adrián Salcedo Calcina le pagaron S/ 25,678.24 soles del Certificado de Depósito
Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida Cautelar
ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de Certificado de
Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión 28/02/2017 (fecha
de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales laborales debe
calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
10) A Máximo Gregorio Fonseca Vásquez le pagaron S/ 24,104.96 soles del Certificado
de Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de
Medida Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través
de Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
11) A Pio Ñañez Salgado le pagaron S/ 34,490.66 soles del Certificado de Depósito
Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida Cautelar
ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de Certificado de
Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión 28/02/2017 (fecha
de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales laborales debe
calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
12) A Jorge Rómulo Moreno Hernández le pagaron S/ 28,402.15 soles del Certificado
de Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de
Medida Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través
de Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
13) A Miguel ángel Hurtado Martínez le pagaron S/ 18,378.44 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
14) A Carlos Jesús Lurita Carbajal le pagaron S/27,200.04 soles del Certificado de
Depósito Judicial N° 2017056100815, dinero que fue retenido a mérito de Medida
Cautelar ejecutado y depositado por el Banco de Crédito del Perú a través de
Certificado de Depósito Judicial. Depósito Judicial que tiene fecha de emisión
28/02/2017 (fecha de pago). En consecuencia el cálculo de sus intereses legales
laborales debe calcularse del día siguiente al 29/04/2003 hasta el día 28/02/2017.
6.7.- Que, teniéndose en cuenta los datos precitados y considerándose la fórmula de cálculo
y factores que el INTERLEG aplica según el Banco Central de Reserva del Perú, se llega a
la determinación que respecto a los precitados demandantes, el cálculo de sus intereses
legales es como sigue:
6.8.- Que, para mayor ilustración e inteligibilidad se reproduce la Hoja de Cálculo de líneas
supra y se manda agregar el Anexo u Hoja de Cálculo que el INTERLEG ha arrojado
como consecuencia de la Liquidación de Intereses:
Descripción f_origen f_liquid días factor monto interés
SALCEDO CALCINA ADRIAN 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 25678.24 9283.97
FONSECA VASQUEZ MAXIMO 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 24104.96 8715.15
ÑAÑEZ SALGADO PIO 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 34490.66 12470.1
MORENO HERNANDEZ JORGE 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 28402.15 10268.8
HURTADO MARTINEZ MIGUEL 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 18378.44 6644.72
LURITA CARBAJAL CARLOS 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 27200.04 9834.17
MOLINA LURITA VICTOR 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 28494.63 10302.23
RIOS CARPIO VICTOR JESUS 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 21216.13 7670.69
ROJAS TOLEDO ANGEL GABRIEL 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 28062.27 10145.91
VEGA NAVARRO VICTOR 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 19606.9 7088.87
CARBAJAL MELGAR SOSIMO 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 27605.71 9980.84
TORRES MELGAR LINO ANDRES 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 27129.62 9808.71
ORMEÑO GIRALDO JESUS A. 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 35297.22 12761.71
SANCHEZ ROMERO JOSE DE J. 30/04/2003 28/02/2017 5054 0.36155 18944.97 6849.55
6.9.- Que, con respecto a los recurrentes: Claudio Narciso La Rosa Palomino y Freddy
Richard Muñoz Contreras. Por ahora no es posible entrar al cálculo de sus Intereses
Legales, dado que se detecta del Sistema Integrado Judicial que solo aparece información
de pagos parciales en menor monto a los precisados en las Hojas de Liquidación de Parte
que han formulado estos recurrentes.
Ejemplo: don Freddy Richard Muñoz Contreras propone Liquidación sobre la base de S/
31,822.88 soles, mientras que del SIJ se logra verificar que ha cobrado S/ 31,461.39, de ahí
que se requiere mayores elementos para calcular adecuadamente la Liquidación.
Ejemplo: don Claudio Narciso La Rosa Palomino propone cálculo sobre la base de dos
montos: S/ 4,400.82 y S/ 22,534.52; sin embargo se detecta del SIJ que no hay mayor
información que el endoso de S/ 4,400.82; de ahí que se requiere tener mayor elemento de
convicción del Expediente 132-2005.
Por lo que para mejor resolver, se requiere que tales sujetos procesales presenten a este
Expediente, copia simple o certificada de las Constancias de Retiro de Depósito
Judicial que debe obrar en el Expediente 132-2005 ó del Incidente respectivo donde se
haya cobrado Depósitos Judiciales; lo que permitirá verificar el monto de dinero exacto
cobrado, el N° del Depósito respectivo, la fecha en la que fue pagado el dinero consignado
en el Certificado de Depósito Judicial. Asimismo, deben anexar a esta Causa copia simple
de la resolución judicial del Expediente 132-2005 ó del Incidente respectivo donde
se dispone proceder al “endoso” en favor de los precitados recurrentes, máxime
cuando ellos no fueron beneficiados con la resolución de Medida Cautelar N° 02 (fojas 929
que han presentado a sus respectivos escritos de propuesta de liquidación de intereses)
6.10.- Que, con respecto Javier Enrique Galliquio Tuppia y Juan Nazario Velasquez Barrial,
no se ha logrado identificar y/o extraer del Sistema Integrado Judicial información de
cuánto se les habría pagado en el Expediente 132-2005, por lo que, en igual forma que los
recurrentes del ítem precedente, deben presentar la misma documentación solicitada para
mejor resolver en sus casos.
6.11.- Que, en cuanto al recurrente Roger Domingo García Díaz, sí se ha logrado encontrar
información en el Sistema Integrado Judicial de cuánto es lo que verdaderamente ha
cobrado en el Expediente 132-2005. El capital que verdaderamente ha cobrado es la suma
de S/ 20,483.34 soles; monto que ha sido cobrado en dos tramos: el primero por S/
17,983.29 soles del Certificado de Depósito Judicial N° 2016056103822 y el segundo por
S/ 2,500.00 soles del Certificado de Depósito Judicial N° 20160566104901.
Datos:
- El primer Certificado de Depósito Judicial N° 2016056103822 es consignado el día
02/09/2016.
- El segundo Certificado de Depósito Judicial N° 20160566104901 es consignado el
día 29/10/2016.
- La Escritura Pública de fecha 29/04/2003 de fojas 11 le tiene reconocido CTS la
suma de S/ 20,483.11 soles; de lo que se infiere que en el Expediente 132-2005 ha
cobrado en exceso sólo en céntimos.
Por lo que la liquidación de intereses legales, en su caso particular del pago de S/ 17,983.29
soles del Certificado de Depósito Judicial N° 2016056103822, es como sigue:
Que, para mayor ilustración e inteligibilidad se reproduce la Hoja de Cálculo de líneas supra
sin perjuicio de mandar agregar a este Expediente, el Anexo u Hoja de Cálculo que el
INTRALEG ha arrojado como consecuencia de la Liquidación de Intereses legales:
Descripción f. origen f. liquid días factor monto interés
GARCIA DIAZ ROGER DO 30/04/2003 02/09/2016 4875 0.348 17983 6264.3
Que, en cuanto al pago del saldo de S/ 2,500.00 soles del Certificado de Depósito Judicial
N° 20160566104901, pagado posteriormente al mismo don Roger Domingo García Díaz:
el punto de partida es el día 03/09/2016 (día siguiente al pago del Certificado de Depósito
Judicial N° 2016056103822), hasta el día 29/10/2016 en que se consigna el último
Certificado de Depósito Judicial N° 20160566104901:
Que, para mayor ilustración e inteligibilidad se reproduce la Hoja de Cálculo de líneas supra
y se manda agregar el Anexo u Hoja de Cálculo que el INTERLEG ha arrojado como
consecuencia de la Liquidación de Intereses:
Descripción f/ origen f/ liquid. días factor monto interés
GARCIA DIAZ ROGER DO 03/09/2016 29/10/2016 57 0.00423 2500 10.58
En consecuencia al demandante Roger Domingo García Díaz se le adeuda por intereses la
suma total de S/ 6,274.88 soles
6.12.- La observación efectuadas con escrito de folios 962 por Fábrica de Tejidos Piscos
SAC en relación a la propuesta de liquidación que presentan Javier Enrique Galliquio
Tuppia y Juan Nazario Velásquez Barrial: debe sujetarse a lo dispuesto en ítem 6.10 de la
presente resolución.
La observación efectuadas con escrito de folios 962 por Fábrica de Tejidos Piscos SAC en
relación a la propuesta de liquidación que presentan Freddy Richard Muñoz Contreras:
debe sujetarse a lo dispuesto en ítem 6.09 de la presente resolución.
La observación efectuadas con escrito de folios 962 por Fábrica de Tejidos Piscos SAC en
relación a la propuesta de liquidación que presentan Roger Domingo García Díaz: No
enerva las consideraciones expuestas en esta resolución, máxime cuando se ha hecho uso
del INTRALEG para determinar la Liquidación de Intereses Legales pertinente.
POR ESTAS CONSIDERACIONES. SE DISPONE: I.- APROBAR EN PARTE
LAS SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES
LEGALES, presentadas por:
(cid:1) Víctor Molina Lurita, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 10,302.23 soles
(cid:1) Víctor Jesús Ríos Carpio, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 7,670.69 soles
(cid:1) Angel Gabriel Rojas Toledo, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 10,145.91 soles
(cid:1) Víctor Vega Navarro, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 7,088.87 soles
(cid:1) Sosimo Víctor Carbajal Melgar, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 9,980.84 soles
(cid:1) Lino Andrés Torres Melgar, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 9,808.71 soles
(cid:1) Jesús Antonio Ormeño Giraldo, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 12,761.71 soles
(cid:1) José De Jesús Sánchez Romero, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 6,849.55 soles
(cid:1) Adrian Salcedo Calcina, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 9,283.97 soles
(cid:1) Máximo Gregorio Fonseca Vásquez, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 8,715.15
(cid:1) Pio Ñañez Salgado, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 12,470.1 soles
(cid:1) Jorge Rómulo Moreno Hernández, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 10,268.8 soles
(cid:1) Miguel Angel Hurtado Martínez, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 6,644.72 soles
(cid:1) Carlos Jesús Lurita Carbajal, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 9,834.17 soles
(cid:1) Roger Domingo García Díaz, APROBÁNDOSE en la suma de S/ 6,274.88 soles
II.- REQUERIR a Claudio Narciso La Rosa Palomino y Freddy Richard Muñoz Contreras,
y a Javier Enrique Galliquio Tuppia y Juan Nazario Velásquez Barrial, cumplir con
presentar documentación adicional, conforme a lo precitado en el punto 6.9 y 6.10 de la
presente resolución para mejor resolver en sus casos. Cumplido que sea dese cuenta por
secretaría.
III.- INFUNDADA LA OBSERVACIÓN efectuada con escrito de folios 962 por Fábrica
de Tejidos Piscos SAC en relación a la propuesta de liquidación que presentó Roger
Domingo García Díaz. Se reserva el pronunciamiento de la Observación que realiza dicha
Empresa en cuanto a los actores Freddy Richard Muñoz Contreras, Javier Enrique
Galliquio Tuppia y Juan Nazario Velásquez Barrial, sujetándose a lo dispuesto el ítem 6.9 y
6.10 de la presente resolución.
IV.- ORDENO GLOSAR al proceso, “Reporte de Seguimiento de Depósitos por
Expediente” extraída del Sistema Integrado Judicial, y la Hojas de Liquidación de Intereses
extraída del INTRALEG; ambas que se han tenido a la vista. –
V.- EXHÓRTESE a los demás demandantes que no han peticionado intereses legales, que
para mejor resolver, deberán presentar adicionalmente constancia de pago de sus
respectivas acreencias por CTS que se haya generado en el Expediente 132-2005.
NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | S E N T E N C I A N° 00187 - 2021 - 26° JETTL
Expediente : N° 00321-2004-16°JLL
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CUATRO
Lima, treinta de diciembre
del año dos mil veintiuno
I. PARTE EXPOSITIVA.
DEMANDA
EUGENIO SEGURA POMA, interpone demanda (Fojas 91/100, subsanada, Fojas 102/106) contra la
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERÚ S.A. – CENTROMIN – PERÚ y DOE RUN PERU S.R.L.,
sobre pago de beneficios sociales por la suma de S/. 59, 418.15 Soles.
Petitorio:
Solicita el pago de la suma de S/. 59,418.15 Soles, por concepto de:
- Reintegro del incremento de FONAVI desde enero de 1993 hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad por el periodo comprendido desde el 02
de noviembre de 1991 al 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro del Incremento IPSS-ONP del periodo comprendido desde el 01 de agosto de 1995
hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Gratificaciones Vacacionales del periodo que va del 02 de noviembre de 1991 hasta
el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios por el periodo comprendido desde 01 de
enero de 1991 hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de la CTS reserva acumulada por el periodo comprendido hasta el 31 de diciembre de
1990.
- Intereses Financieros;
- Intereses Legales;
- Con costas y costos, alegando:
Fundamentación Fáctica:
a) Refiere que con fecha 02 de julio de 1970 ingresó a laborar para la Centromín Perú hasta el 22 de
octubre de 1997 de manera ininterrumpida en la sección de residuos anódicos, ocupación de
gruero en la Unidad de Producción de La Oroya.
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b) Que, manifiesta que con fecha 23 de octubre de 1997 se produjo la transferencia a favor de la
empresa Doe Run Perú S.R.L., la cual solo significó la continuación del vínculo laboral bajo la
dirección de un nuevo empleador, habiéndolo hecho hasta el 14 de setiembre de 2003 sin
interrupciones.
c) Puntualiza que a su cese percibió como sueldo básico la suma de S/. 57.63 Soles percibiendo
además otros conceptos de forma fija, continua y permanente durante 33 años, 02 meses y 13
días.
d) Afirma que sus ex empleadoras no han efectuado el cálculo de la CTS-reserva acumulada de
forma correcta ya que han aplicado un tipo de cambio dólar equivocado mientras que del periodo
cancelatorio, los depósitos se han efectuado de forma diminuta.
e) Aduce que, si bien existieron incrementos por concepto de FONAVI, estos se han calculado
teniendo como base la remuneración básica sin considerar las otras remuneraciones percibidas de
forma fija, continua y permanente, que también estuvieron afectas al FONAVI.
f) Menciona que respecto al incremento del Decreto Ley 26504, la norma legal dispuso a partir de
agosto de 1995 un incremento del 3.3% sobre las remuneraciones de los asegurados, sin
embargo, la demandada ha efectuado el cálculo respectivo únicamente en base al salario básico y
no sobre los complementos salariales también percibidos.
g) Finalmente, en cuanto a las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, señala que la
demandada ha omitido en incluir las remuneraciones complementarias variables o imprecisas
como horas extras, nocturno, sustitutorios de combustible y leche, trabajo días descanso, feriados,
domingos, entre otros.
Admisión de la demanda: Mediante la Resolución Número Dos del 20 de octubre de 2004 (Fojas 107),
se admitió a trámite la demanda y se corrió el traslado de ley.
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA:
EMPRESA DOE RUN PERU S.R.L.
Mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2004 (Fojas 244/251), la emplazada deduce la excepción
de cosa juzgada contestando a su vez la demanda en los términos expuestos a continuación.
Fundamentación Fáctica:
a) Manifiesta que el demandante afirma equivocadamente que el monto de la reserva acumulada de
la CTS al 31 de diciembre de 1990 debió haberse hecho en función del tipo de cambio dólar de S/.
0.80, ya que lo esencial es que se haga en función del tipo de cambio vigente a la fecha de
depósito, lo cual aplica igualmente para el periodo posterior cancelatorio que corrió desde el 01 de
enero de 1991 hasta setiembre de 2003.
b) Refiere que al computar el incremento de FONAVI en el haber básico su efecto multiplicador ha
sido mayor en los colaterales habiéndose hecho un pago en exceso al accionante. Mientras que en
cuanto a las remuneraciones vacacionales, se tiene que estas fueron computadas en función de lo
acordado en el convenio colectivo y acorde a la ley de la materia, esto es habiéndose computado
las remuneraciones fijas y permanentes además del básico.
c) Menciona que el incremento del 3.3% ONP no solo se calculó sobre el básico sino también sobre
todas las remuneraciones fijas y permanentes. Asimismo, en lo que atañe al rubro de
gratificaciones de julio y diciembre se sabe que éste fue liquidado conforme a lo pactado en el
convenio colectivo 1997-1998 y 1998-2003, esto es, incluyéndose los salarios fijos y permanentes.
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CENTROMIN PERÚ S.A.
Por escrito de fecha 08 de noviembre de 2004 (Fojas 124/131) deduce las excepciones de cosa juzgada,
de prescripción extintiva y de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, en tanto que
a su vez formula la contestación a la demanda en los siguientes términos, alegando:
Fundamentación Fáctica:
a) Refiere que el demandante ingresó a laborar como obrero desde el 02 de julio de 1970 hasta el 22 de
octubre de 1997, fecha en que renunció voluntariamente, continuando sus labores en Doe Run Perú.
b) Niega adeudar algún concepto por CTS al demandante quien ha calculado este beneficio en función de
conceptos que carecen de fijeza, llámese refrigerio, tóxico, kerosene, sobretiempo, asignación familiar,
bono nocturno, domingos y feriados.
c) Respecto, a los reintegros por incremento de FONAVI y ONP, gratificaciones y otros, señala que estos
han sido pagados de acuerdo a ley y al existir ambigüedad en el petitorio demandado, ello impide a su
representada efectuar una defensa a cabalidad.
AUDIENCIA ÚNICA:
De fojas 270/271 corre el acta de audiencia única de fecha 15 de febrero de 2005 en virtud de la cual se
suspendió debido a haberse dispuesto oficiar al Décimo Octavo Juzgado Laboral de Lima a fin de que remitan
las piezas procesales principales del proceso recaído en el Expediente Número 08209-1998-16. Es así que,
habiéndose dado cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado, con fecha 17 de enero de 2006 (Fojas 291/294)
se celebró la continuación de la audiencia, en virtud de la cual se declararon infundadas las excepciones de
prescripción extintiva, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda deducida por Centromín
Perú así como igualmente infundada la excepción de cosa juzgada deducida por ambas codemandadas. Ahora
bien, en virtud de la Sentencia de Vista de fecha 26 de agosto de 2021 (Fojas 535/550) se revocó el auto
contenido en la Resolución Número 10 emitida en Audiencia Única de fecha 17 de enero de 2006 en el extremo
que declaró infundada la excepción de cosa juzgada y reformándola la declaró fundada en parte uno de los
extremos. Es así que, bajo esos antecedentes, se declaró saneado el proceso al existir una relación jurídica
procesal válida; dejándose constancia de la imposibilidad de conciliación entre las partes por mantener éstas
sus puntos de vista; procediéndose a fijar los puntos controvertidos y admitiéndose y actuándose los medios de
prueba aportados por las partes al proceso; dándose finalmente por concluida la presente diligencia.
EMISIÓN DE SENTENCIA
En ese contexto, no existiendo medios probatorios pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del
artículo 47°1 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, su estado es el de emitir sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA
PRIMERO: FINALIDAD DEL PROCESO.
1.1. El proceso, como conducto objetivo de la función jurisdiccional, persigue dos finalidades que se
encuentran claramente expresadas en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual
es un cuerpo normativo aplicable a los procesos laborales de forma supletoria2.
1 Artículo 47.- SENTENCIA.- El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1. Ha concluido la actuación de todos los medios
probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez.
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1.2. El tenor del precitado dispositivo es el que sigue:
“Artículo III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver
un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la
paz social en justicia.
En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los
principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia
correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.”
SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA.
2.1. El artículo 196° del Código Procesal Civil enuncia el principio general del derecho a la prueba en
los términos siguientes:
“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”
2.2. En la legislación procesal laboral, el principio enunciado se encuentra normado en el artículo 27°
de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, bajo el texto que se anota:
“Artículo 27.- Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas
legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de
trabajo.
3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad
cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.”
TERCERO: FIJACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
De conformidad con la Sentencia de Vista contenida en la Resolución Número 40 de fecha 26 de agosto
de 2021 (Fojas 549) con el acta de audiencia única de fecha 17 de enero de 2006 (Fojas 291/294), se
fijaron como puntos controvertidos de la litis, los que a continuación se describen, los mismos que en lo
que atañe al marco temporal serán adaptados a lo resuelto por el Superior Jerárquico:
1. Determinar si le corresponde al actor el pago de reintegro de compensación por tiempo de servicios –
reserva acumulada y semestrales- bajo el sustento de la aplicación errónea del tipo de cambio dólar
2. Determinar si le corresponde al actor el pago de reintegros por FONAVI desde enero de 1998 al 14 de
setiembre de 2003.
3. Determinar si le corresponde al actor el pago por reintegro de gratificación vacacional –al no haberse
incluido los rubros computables de altura, asignación familiar, trabajo domingo, bonificación altura,
trabajo sierra, bonificación Kerosene, tóxico, leche; del periodo comprendido desde enero de 1998
hasta el 14 de setiembre de 2003.
4. Determinar si le corresponde al actor el pago de reintegro de incremento de la Ley 26504 desde enero
de 1998 al 14 de setiembre de 2003.
5. Determinar si le corresponde al actor el pago de reintegro de gratificación de Fiestas Patrias y Navidad
del periodo julio de 1998 al 14 de setiembre de 2003.
2 Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636: “En lo no previsto por esta Ley son
de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil”.
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ANTECEDENTES:
Mediante Sentencia de Vista de fecha 26 de agosto de 2021 (Fojas 535/550) se declaró la nulidad de la
Sentencia contenida en la Resolución N° 33 de fecha 16 de setiembre de 2016 (Fojas 450/461) que
declaró fundada en parte la demanda tras haber declarado fundada en parte el auto emitido en audiencia
única que resolvió la excepción de cosa juzgada deducida por la demandada. Por lo que, dispuso que se
emita nuevo pronunciamiento acorde a las directivas impartidas por el Superior Jerárquico.
CUARTO: RELACIÓN LABORAL
4.1. Conforme se aprecia del certificado de trabajo de fecha 29 de octubre de 2003 (Fojas 3); no existe
controversia que el demandante prestó sus servicios en la Unidad de Producción de La Oroya desde el 02
de julio de 1970 hasta el 14 de setiembre de 2003, habiendo entablado su relación laboral inicialmente con
Centromín Perú hasta el 23 de octubre de 1997 mientras que a partir del 24 de octubre de 1997 hasta el
14 de setiembre de 2003 tuvo por empleador a Doe Run Perú S.R.L. producto de la compra venta de
acciones celebrada entre ambas personas jurídicas con fecha 23 de octubre de 1997 a través de la cual
se transfirió el citado centro de producción a la última de las mencionadas, aspecto sobre el que se
volverá más adelante.
QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEMANDADAS.
5.1. La solidaridad en nuestro ordenamiento legal.
El Artículo 1183 del Código Civil, señala textualmente: “La solidaridad no se presume. Sólo la ley o
el título de la obligación la establecen en forma expresa.”
5.2. Del contrato de transferencia.
A ese propósito, acudiendo al tenor del Testimonio del Contrato de Transferencia de Acciones de
fecha 23 de octubre de 1997, en el punto 8.4 del citado contrato (fojas 142/145, parte pertinente) se
señala que: “(…) Centromín acuerda que cualquier obligación legal o convencional generada por el
vínculo laboral con los trabajadores mencionados hasta la fecha de suscripción del presente contrato será
de su exclusiva responsabilidad, incluyendo remuneraciones, beneficios, pensiones y contribuciones
sociales en los términos señalados en el balance proyectado.” Es así que, del tenor de la referida
estipulación contractual se aprecia claramente que el régimen de cumplimiento de obligaciones y asunción
de responsabilidades entre Centromín y Doe Run Perú S.R.L. no contempló la solidaridad sino la
mancomunidad respecto de los adeudos que se generen durante el concreto periodo por el cual cada una
desempeñó el rol de empleador de sus trabajadores.
Entonces, bajo esa premisa no cabe sino concluir que la EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERÚ
S.A. sería responsable de asumir las obligaciones laborales generadas hasta el 23 de octubre de 1997
fecha en que se produce la transferencia de acciones antes invocada mientras que los adeudos o
reintegros que eventualmente se generen a partir del 24 de octubre de 1997 hasta el 14 de setiembre de
2003 serían de cargo exclusivo de la empresa DOE RUN PERU S.R.L. Sin embargo, como quiera que en
virtud de la Sentencia de Vista de fecha 26 de agosto de 2021 (Fojas 535/550) se revocó el auto que
declaró infundada la excepción de cosa juzgada y reformándolo lo declaró fundada en parte abarcando así
los derechos económicos reclamados hasta el año 1997, salvo el reintegro de la compensación por tiempo
de servicios, por consiguiente es claro que subsiste la controversia en torno a los reintegros devengados
en los siguientes marcos temporales: 1970-1990 (reintegro de CTS-reserva acumulada), 1991-2003
(reintegro de CTS periodos semestrales y mensuales), 1998-2003 (reintegro FONAVI, gratificación
vacacional, gratificaciones legales, incremento SNP), de acuerdo con los puntos controvertidos descritos
en el apartado tercero de este fallo. Bajo ese entendido, recurriendo a la delimitación temporal de la
responsabilidad de cada una de las demandadas frente a los adeudos laborales pretendidos cabe arribar
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a la conclusión de que a Centromín Perú le serían oponibles los derechos pecuniarios insertos en el
periodo que corrió desde el 02 de julio de 1970 hasta octubre de 1997 en tanto que a Doe Run Perú le
serían atribuibles aquellos inmersos en el periodo comprendido entre noviembre de 1997 y setiembre de
2003.
SEXTO: DE LA QUIEBRA JUDICIAL POR PARTE DE LA EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL
PERÚ S.A. (CENTROMIN PERÚ)
6.1. Ahora bien, atendiendo a que se ha declarado e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de
SUNARP, la quiebra de la demandada, CENTROMIN PERÚ En Liquidación, se tiene que en dicho asiento
se hace constar lo siguiente: “Por Resolución N° 01 del 06.07.2018 consentida por Resolución N° 02 del
07.08.2018 expedidas por la Dra. María del Rosario Matos Cuzcano, Juez Supernumeraria del 5° Juzgado Civil
Subespecialidad Comercial, se declara: la quiebra de la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. En Liquidación, en
consecuencia, extinguido el patrimonio de la mencionada persona jurídica, declarándose por el presente acto la
incobrabilidad de sus deudas”
6.2 En vista de lo anteriormente descrito, cabe señalar que las obligaciones contraídas por dicha
empresa frente a sus trabajadores así como las que eventualmente se declaren en juicio frente a la parte
demandante de este proceso, han devenido incobrables, conllevando ello a la imposibilidad jurídica de la
ejecución o cumplimiento de su objeto, por cuanto la declaración judicial de quiebra de una sociedad,
comporta, con su inscripción, la extinción del patrimonio de la persona jurídica, en tanto aquel constituye la
unidad abstracta que comprende todos los derechos y obligaciones de la empresa (bienes, cargas, activos
y pasivos), más aún si nuestro ordenamiento jurídico tampoco ha previsto la transmisibilidad de los
créditos laborales ciertos o contingentes de la emplazada hacia alguna otra entidad que patrimonialmente
los asuma.
6.3 En ese orden de ideas, estando a que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 321 inciso
1) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, el proceso concluye sin declaración sobre el fondo
cuando se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional, es preciso comprender que esta figura
conclusiva se distingue en su aspecto cronológico, en que se debe tratar de eventos sobrevenidos
temporalmente al planteamiento de la demanda, así como que también debe tratarse de hechos que
harían superflua la continuación del proceso hacia la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo de la
controversia, esto es, que deben suscitarse circunstancias que modifiquen la concreta situación sustancial
que sustenta el proceso, pudiéndose reconducirse dicha causal a los supuestos siguientes:
i) La muerte de una de las partes, si el proceso tiene por objeto derechos
personalísimos;
ii) La imposibilidad (material o jurídica) para el actor de obtener el objeto
(mediato) de su pretensión;
iii) La modificación de la Ley reguladora del caso que hace a la situación ya no
tutelable;
iv) La modificación de la fuente de la relación, vaciando de objeto la
controversia;
v) La extinción del derecho objeto de controversia, por ejemplo, a causa del
cumplimiento extraprocesal de la prestación reclamada, con la consecuente
satisfacción del actor.
En resumen, afirma Eugenia Ariano Deho que “se presentaría una “sustracción de la materia” de un
proceso pendiente cuando por hechos sobrevenidos al planteamiento de la demanda, el actor
obtiene extraprocesalmente lo que pretendía o cuando lo que pretendía ha devenido ya imposible
de obtener”.
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6.4 Vistas así las cosas y acorde con lo expuesto en los considerandos anteriores, se tiene que, al haber
devenido extinto el patrimonio de uno de los empleadores del accionante y por ende, al tornarse imposible
imputarle a aquel el cumplimiento de los derechos pretendidos en su demanda respecto a su periodo,
entonces, en aplicación del artículo 321 inciso 1) del Código Procesal Civil, se entiende sustraída la
materia del ámbito jurisdiccional y concluido el proceso sin declaración sobre el fondo, respecto a
la pretensión de reintegro de compensación por tiempo de servicios oponible a CENTROMIN PERÚ
S.A., el cual va desde el 02 de julio de 1970 hasta el octubre de 1997 entendiéndose por tanto que
el proceso continúa únicamente con DOE RUN PERÚ en lo que concierne al periodo objeto de
pronunciamiento que se encuentra comprendido entre el 01 de noviembre de 1997 y el 14 de
setiembre de 2003 respecto a la compensación por tiempo de servicios por fundamento del tipo de
cambio y de enero de 1998 hasta el 14 de setiembre de 2003 respecto a los demás derechos
reclamados, a saber, FONAVI, ONP, Gratificaciones Legales y Gratificación Vacacional.
ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS CONTROVERTIDOS
SETIMO: PRETENSIONES RECLAMADAS.
7.1. Conforme se observa del tenor de la demanda es de apreciar que la causa se circunscribe a
determinar si le asiste al actor amparar los siguientes conceptos:
- Reintegro del incremento de FONAVI desde enero de 1998 hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad por el periodo comprendido desde julio
de 1998 al 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro del Incremento IPSS-ONP del periodo comprendido desde enero de 1998 hasta el 14 de
setiembre de 2003.
- Gratificación Vacacional por el periodo enero de 1998 hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios por la aplicación de tipo de cambio dólar del
periodo comprendido desde noviembre de 1997 al 14 de setiembre de 2003.
7.2 Asimismo, en el escrito de demanda (Fojas 91/100), el accionante alega que su remuneración
indemnizable estuvo conformada por los conceptos de: jornal básico, horas extras, nocturno,
bonificaciones sustitutorias de combustible, leche, trabajos en días de descanso, feriados, domingos y
otros cuyo reintegro debe efectuarse.
7.3. No obstante, si bien el actor exige el reintegro de determinados beneficios sociales refiriendo
expresamente las partidas precitadas no fueron computadas en el cálculo de los mismos. No es menos
cierto que como quiera que del tenor de la demanda se visualiza que el demandante alude a “otros”
conceptos que también habrían sido excluidos de su remuneración computable, a fin de no afectar el
carácter indisponible de las normas que rigen los beneficios sociales demandados cabe delimitar los
conceptos o ingresos percibidos por el actor entre noviembre de 1997 y setiembre de 2003, cuales son, de
acuerdo con lo que se desprende del Informe de Revisión de Planilla adjunto al Exhorto proveniente del
Segundo Juzgado Mixto de Yauli- La Oroya remitido a este Juzgado en mérito al Oficio N° 321-2004-16-
JTL-CEM-BVB de fecha 21 de agosto de 2006 (Fojas 329, Anexo, Fojas 331/346), de cuyo mérito se
evidencia que el demandante percibió los siguientes retribuciones, a saber: ganancia normal,
domingo/feriado trabajado, nocturno o nocturno 1 y 2, vacacional, dominical 55%, bonificación tiempo de
servicios, bonificación altura, asignación familiar (esposa e hijo), refrigerio, gratificación vacacional, otros
pagos, día descanso DL 713, bono comida, sobretiempo, bonificación tóxico, asignación vivienda, control
comercial, bono cambio ropa, feriados enero/mayo/julio/dic, asignación 1 mayo, normalidad operación,
asignación escolar, asignación utilidades, bonificación trabajo sierra, reintegro afecto, asignación 5
diciembre, gain sharing, bono trab, feriado 1° mayo, paz laboral, bonificación alta temperatura, asignación
vivienda, bonificación KZM, bonificación leche, gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad. Entonces, en
ese escenario resulta necesario establecer qué conceptos deben conformar la remuneración computable
del actor.
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OCTAVO: REMUNERACIÓN COMPUTABLE
8.1. Noción de Remuneración.
De conformidad con el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, modificado por la Ley N°
28051, del 02 de agosto del 2003; señala: “Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo
que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación
que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador
directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o
cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para efecto de cálculo de
los aportes y contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza
laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto.”
A mayor abundamiento, de acuerdo con lo previsto por el artículos 9° del Texto Único Ordenado
de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR,
constituye remuneración computable la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente
perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la
denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición, pese a que sus montos puedan
variar en razón de incrementos y otros motivos.
De otro lado, el literal a) del artículo 19° del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de
Servicios precitada, establece que “No se consideran remuneraciones computables las gratificaciones
extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del
empleador o que hayan sido materia de convención colectiva o aceptadas en los procedimientos de
conciliación…”.
Así, siguiendo el tenor de lo preceptuado en las disposiciones legales precitadas, de ellas se
desprende la regla según la cual “donde no hay prestación de servicios efectiva no se puede presumir la
condición remunerativa de lo que se haya entregado al trabajador, sino al contrario, la ley, el convenio
colectivo, la costumbre, contrato o el propio empresario deben reconocer tal condición. Esto es que, no
podrá presumirse la condición remunerativa de las percepciones económicas que reciba el trabajador en
razón a un título distinto al de los servicios prestados efectivamente. En ese orden de ideas, repárese que
aún cuando la percepción económica percibida por el trabajador guarde cierta periodicidad, no podrá
reputársela como remuneración si no satisface la característica de contraprestatividad. De ahí que solo
pueda considerarse remuneración a aquellas ventajas patrimoniales relacionadas de modo directo con la
prestación de servicios, en la medida que la presunción de salariedad opera en un ámbito restringido, esto
es, respecto a todo lo relacionado directamente con la prestación de servicios efectiva del trabajador”3.
En este sentido, los ingresos de los trabajadores tendrán carácter remunerativo si concurren las
siguientes características: i) Contraprestativo; ii) De libre disposición; iii) Incremento Patrimonial; y, iii)
Regularidad
8.2 De las percepciones no remunerativas:
Es un hecho que todo concepto excluido del concepto legal de remuneración, será una percepción
no salarial, salvo que legalmente se disponga lo contrario. A ese respecto, cabe enfatizar que “las
exclusiones a las que se refieren los artículos 19 (citado supra) y 20 de la Ley de la CTS no son
excepcionales, dado que existen muchos conceptos que pese a no encontrarse expresamente previstos
dentro de ese listado, sin embargo, no satisfacen las características propias de una remuneración, según
lo prescrito en el precitado artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR”4. Ejemplo de ello son las
gratificaciones entregadas por voluntad unilateral del empleador y motivadas en la particular situación
financiera de la empresa, o en virtud de determinados resultados o éxitos empresariales, las cuales
3 Véase Arce Ortiz, Elmer. Derecho Individual del Trabajo en el Perú: Desafíos y Deficiencias. Segunda Edicion Actualizada.
Palestra Editores. Lima. 2013. Pág. 329/331.
4 Op. Cit. Pág. 352.
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ciertamente no son propiamente liberalidades del patrón (pues aquellas, a diferencia de éstas, poseen un
elevado valor patrimonial), empero, comparten con éstas, la voluntariedad de su otorgamiento por el
empleador y lo que es esencial, la causa de su atribución residenciada en un hecho o motivo específico,
distinto y ajeno a la prestación efectiva de servicios. Es así que, bajo esa premisa, es de señalar que
aquellas gratificaciones que guarden las características anotadas no pueden merecer calificación salarial,
pues más allá de la periodicidad que hayan guardado o de los requisitos a los que haya estado sujeto para
su exigibilidad, carecen de carácter contraprestativo.
8.3 Atendiendo a que el demandante peticiona el reintegro de determinados beneficios económicos
alegando que la demandada efectuó el cálculo respectivo sobre la base de una remuneración
indemnizable diminuta, entonces estando al tenor de la pretensión incoada, corresponde a esta Judicatura
analizar la naturaleza de cada uno de los ingresos percibidos por el accionante a fin de determinar si le
asiste el reintegro que solicita. Es así que a esos efectos, esta Judicatura se sustentará en el mérito del
Informe de Revisión de Planilla adjunto al Exhorto proveniente del Segundo Juzgado Mixto de Yauli- La
Oroya remitido a este Juzgado en mérito al Oficio N° 321-2004-16-JTL-CEM-BVB de fecha 21 de agosto
de 2006 (Fojas 329, Anexo, Fojas 331/346), así como de la liquidación de beneficios sociales y boletas de
haberes (Fojas 05/19, Fojas 04), de las liquidaciones de compensación por tiempo de servicios (Fojas
30/67) y el convenio colectivo 1997-1998 (Fojas 220/239), en los cuales se regularon la mayoría de los
conceptos reclamados -y percibidos- por el actor; siendo así:
I. En cuanto al concepto de Bonificación Sustitutoria Leche (Bonificación Leche/Bonificación Sustitutoria) de
acuerdo con lo previsto en el punto 3.14 del convenio colectivo 1997-1998, la Empresa conviene en otorgar una
bonificación determinada por día trabajado en sustitución de la dotación de leche. Esta bonificación es aplicable solo
para los trabajadores que laboran en La Oroya en las áreas productivas de Fundición y Refinerías y en las secciones
de mantenimiento y talleres vinculadas directamente con la producción; exonerándose a la empresa de los saldos que
hubieran por concepto de provisión de leche. En tal sentido, considerando que dicha partida fue percibida por el actor
entonces ello implica que este cumplió con los requisitos estipulados en el convenio colectivo para acceder a ese
beneficio; sin embargo, dado que el concepto en alusión no representó un incremento patrimonial para el trabajador
por cuanto su otorgamiento tuvo por objeto cubrir el gasto irrogado en el consumo de leche, el cual era otrora
asumido por el empleador, tan es así que la percepción del citado ingreso exoneraba a la empresa de la entrega de
dicho producto en especie, entonces al amparo de lo previsto por el artículo 19° inciso c) del Decreto Supremo N°
001-97-TR cabe declarar no remunerativo ni computable la bonificación sustitutoria de leche.
II. En cuanto al concepto de Ganancia Compartida o Gain Sharing se sabe que éste fue regulado en el convenio
colectivo de 1997-1998 bajo el siguiente tenor: “Doe Run Perú ha diseñado un sistema de Ganancia Compartida del
cual participarán sus trabajadores (…). Queda claramente establecido que no se trata de un incremento de
remuneraciones sino de una ganancia que se obtiene únicamente cuando Doe Run Perú con la participación y
esfuerzo de todos sus trabajadores, alcance sus objetivos empresariales, especialmente en materia de seguridad,
salud ocupacional y producción y se superen las metas económicas presupuestadas”. En tal sentido, atendiendo a
que de conformidad con el artículo 19° literal b) del Decreto Supremo N° 001-97-TR, no constituyen remuneraciones
computables cualquier forma de participación en las utilidades, partiendo de que en el caso la referida partida tuvo por
propósito hacer partícipe a los empleados de los resultados positivos en las ganancias o productividad del empleador
entonces en virtud de su naturaleza cabe sostener su encuadramiento en el dispositivo normativo precitado y por
ende corresponde decretar el carácter no remunerativo ni computable del rubro en cuestión.
III. En cuanto al concepto de Bonificación Alta Temperatura se sabe que éste fue regulado en el convenio colectivo de
1997-1998 bajo el siguiente tenor: “La Empresa pagará una bonificación (…) por cada día trabajado en altas
temperaturas, a todos los trabajadores obreros que labores a una temperatura de 30 grados centígrados o más”. En
tal sentido, considerando que dicha partida retribuyó determinadas condiciones ambientales bajo las cuales se
ejecutó la prestación, entonces corresponde decretar su carácter remunerativo al ser de naturaleza
contraprestativa y de libre disponibilidad, sujetándose su cómputo en la liquidación de los beneficios sociales que
se amparen a su percepción efectiva -la cual presupone que en el caso sub examine se cumplió la condición que
supedita su exigilidad- y a las | <|im_start|>system
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S E N T E N C I A N° 00187 - 2021 - 26° JETTL
Expediente : N° 00321-2004-16°JLL
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CUATRO
Lima, treinta de diciembre
del año dos mil veintiuno
I. PARTE EXPOSITIVA.
DEMANDA
EUGENIO SEGURA POMA, interpone demanda (Fojas 91/100, subsanada, Fojas 102/106) contra la
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERÚ S.A. – CENTROMIN – PERÚ y DOE RUN PERU S.R.L.,
sobre pago de beneficios sociales por la suma de S/. 59, 418.15 Soles.
Petitorio:
Solicita el pago de la suma de S/. 59,418.15 Soles, por concepto de:
- Reintegro del incremento de FONAVI desde enero de 1993 hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad por el periodo comprendido desde el 02
de noviembre de 1991 al 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro del Incremento IPSS-ONP del periodo comprendido desde el 01 de agosto de 1995
hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Gratificaciones Vacacionales del periodo que va del 02 de noviembre de 1991 hasta
el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios por el periodo comprendido desde 01 de
enero de 1991 hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de la CTS reserva acumulada por el periodo comprendido hasta el 31 de diciembre de
1990.
- Intereses Financieros;
- Intereses Legales;
- Con costas y costos, alegando:
Fundamentación Fáctica:
a) Refiere que con fecha 02 de julio de 1970 ingresó a laborar para la Centromín Perú hasta el 22 de
octubre de 1997 de manera ininterrumpida en la sección de residuos anódicos, ocupación de
gruero en la Unidad de Producción de La Oroya.
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b) Que, manifiesta que con fecha 23 de octubre de 1997 se produjo la transferencia a favor de la
empresa Doe Run Perú S.R.L., la cual solo significó la continuación del vínculo laboral bajo la
dirección de un nuevo empleador, habiéndolo hecho hasta el 14 de setiembre de 2003 sin
interrupciones.
c) Puntualiza que a su cese percibió como sueldo básico la suma de S/. 57.63 Soles percibiendo
además otros conceptos de forma fija, continua y permanente durante 33 años, 02 meses y 13
días.
d) Afirma que sus ex empleadoras no han efectuado el cálculo de la CTS-reserva acumulada de
forma correcta ya que han aplicado un tipo de cambio dólar equivocado mientras que del periodo
cancelatorio, los depósitos se han efectuado de forma diminuta.
e) Aduce que, si bien existieron incrementos por concepto de FONAVI, estos se han calculado
teniendo como base la remuneración básica sin considerar las otras remuneraciones percibidas de
forma fija, continua y permanente, que también estuvieron afectas al FONAVI.
f) Menciona que respecto al incremento del Decreto Ley 26504, la norma legal dispuso a partir de
agosto de 1995 un incremento del 3.3% sobre las remuneraciones de los asegurados, sin
embargo, la demandada ha efectuado el cálculo respectivo únicamente en base al salario básico y
no sobre los complementos salariales también percibidos.
g) Finalmente, en cuanto a las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, señala que la
demandada ha omitido en incluir las remuneraciones complementarias variables o imprecisas
como horas extras, nocturno, sustitutorios de combustible y leche, trabajo días descanso, feriados,
domingos, entre otros.
Admisión de la demanda: Mediante la Resolución Número Dos del 20 de octubre de 2004 (Fojas 107),
se admitió a trámite la demanda y se corrió el traslado de ley.
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA:
EMPRESA DOE RUN PERU S.R.L.
Mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2004 (Fojas 244/251), la emplazada deduce la excepción
de cosa juzgada contestando a su vez la demanda en los términos expuestos a continuación.
Fundamentación Fáctica:
a) Manifiesta que el demandante afirma equivocadamente que el monto de la reserva acumulada de
la CTS al 31 de diciembre de 1990 debió haberse hecho en función del tipo de cambio dólar de S/.
0.80, ya que lo esencial es que se haga en función del tipo de cambio vigente a la fecha de
depósito, lo cual aplica igualmente para el periodo posterior cancelatorio que corrió desde el 01 de
enero de 1991 hasta setiembre de 2003.
b) Refiere que al computar el incremento de FONAVI en el haber básico su efecto multiplicador ha
sido mayor en los colaterales habiéndose hecho un pago en exceso al accionante. Mientras que en
cuanto a las remuneraciones vacacionales, se tiene que estas fueron computadas en función de lo
acordado en el convenio colectivo y acorde a la ley de la materia, esto es habiéndose computado
las remuneraciones fijas y permanentes además del básico.
c) Menciona que el incremento del 3.3% ONP no solo se calculó sobre el básico sino también sobre
todas las remuneraciones fijas y permanentes. Asimismo, en lo que atañe al rubro de
gratificaciones de julio y diciembre se sabe que éste fue liquidado conforme a lo pactado en el
convenio colectivo 1997-1998 y 1998-2003, esto es, incluyéndose los salarios fijos y permanentes.
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CENTROMIN PERÚ S.A.
Por escrito de fecha 08 de noviembre de 2004 (Fojas 124/131) deduce las excepciones de cosa juzgada,
de prescripción extintiva y de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, en tanto que
a su vez formula la contestación a la demanda en los siguientes términos, alegando:
Fundamentación Fáctica:
a) Refiere que el demandante ingresó a laborar como obrero desde el 02 de julio de 1970 hasta el 22 de
octubre de 1997, fecha en que renunció voluntariamente, continuando sus labores en Doe Run Perú.
b) Niega adeudar algún concepto por CTS al demandante quien ha calculado este beneficio en función de
conceptos que carecen de fijeza, llámese refrigerio, tóxico, kerosene, sobretiempo, asignación familiar,
bono nocturno, domingos y feriados.
c) Respecto, a los reintegros por incremento de FONAVI y ONP, gratificaciones y otros, señala que estos
han sido pagados de acuerdo a ley y al existir ambigüedad en el petitorio demandado, ello impide a su
representada efectuar una defensa a cabalidad.
AUDIENCIA ÚNICA:
De fojas 270/271 corre el acta de audiencia única de fecha 15 de febrero de 2005 en virtud de la cual se
suspendió debido a haberse dispuesto oficiar al Décimo Octavo Juzgado Laboral de Lima a fin de que remitan
las piezas procesales principales del proceso recaído en el Expediente Número 08209-1998-16. Es así que,
habiéndose dado cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado, con fecha 17 de enero de 2006 (Fojas 291/294)
se celebró la continuación de la audiencia, en virtud de la cual se declararon infundadas las excepciones de
prescripción extintiva, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda deducida por Centromín
Perú así como igualmente infundada la excepción de cosa juzgada deducida por ambas codemandadas. Ahora
bien, en virtud de la Sentencia de Vista de fecha 26 de agosto de 2021 (Fojas 535/550) se revocó el auto
contenido en la Resolución Número 10 emitida en Audiencia Única de fecha 17 de enero de 2006 en el extremo
que declaró infundada la excepción de cosa juzgada y reformándola la declaró fundada en parte uno de los
extremos. Es así que, bajo esos antecedentes, se declaró saneado el proceso al existir una relación jurídica
procesal válida; dejándose constancia de la imposibilidad de conciliación entre las partes por mantener éstas
sus puntos de vista; procediéndose a fijar los puntos controvertidos y admitiéndose y actuándose los medios de
prueba aportados por las partes al proceso; dándose finalmente por concluida la presente diligencia.
EMISIÓN DE SENTENCIA
En ese contexto, no existiendo medios probatorios pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del
artículo 47°1 de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, su estado es el de emitir sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA
PRIMERO: FINALIDAD DEL PROCESO.
1.1. El proceso, como conducto objetivo de la función jurisdiccional, persigue dos finalidades que se
encuentran claramente expresadas en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual
es un cuerpo normativo aplicable a los procesos laborales de forma supletoria2.
1 Artículo 47.- SENTENCIA.- El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1. Ha concluido la actuación de todos los medios
probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez.
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1.2. El tenor del precitado dispositivo es el que sigue:
“Artículo III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver
un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la
paz social en justicia.
En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los
principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia
correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.”
SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA.
2.1. El artículo 196° del Código Procesal Civil enuncia el principio general del derecho a la prueba en
los términos siguientes:
“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”
2.2. En la legislación procesal laboral, el principio enunciado se encuentra normado en el artículo 27°
de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, bajo el texto que se anota:
“Artículo 27.- Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas
legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de
trabajo.
3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad
cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.”
TERCERO: FIJACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
De conformidad con la Sentencia de Vista contenida en la Resolución Número 40 de fecha 26 de agosto
de 2021 (Fojas 549) con el acta de audiencia única de fecha 17 de enero de 2006 (Fojas 291/294), se
fijaron como puntos controvertidos de la litis, los que a continuación se describen, los mismos que en lo
que atañe al marco temporal serán adaptados a lo resuelto por el Superior Jerárquico:
1. Determinar si le corresponde al actor el pago de reintegro de compensación por tiempo de servicios –
reserva acumulada y semestrales- bajo el sustento de la aplicación errónea del tipo de cambio dólar
2. Determinar si le corresponde al actor el pago de reintegros por FONAVI desde enero de 1998 al 14 de
setiembre de 2003.
3. Determinar si le corresponde al actor el pago por reintegro de gratificación vacacional –al no haberse
incluido los rubros computables de altura, asignación familiar, trabajo domingo, bonificación altura,
trabajo sierra, bonificación Kerosene, tóxico, leche; del periodo comprendido desde enero de 1998
hasta el 14 de setiembre de 2003.
4. Determinar si le corresponde al actor el pago de reintegro de incremento de la Ley 26504 desde enero
de 1998 al 14 de setiembre de 2003.
5. Determinar si le corresponde al actor el pago de reintegro de gratificación de Fiestas Patrias y Navidad
del periodo julio de 1998 al 14 de setiembre de 2003.
2 Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636: “En lo no previsto por esta Ley son
de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil”.
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ANTECEDENTES:
Mediante Sentencia de Vista de fecha 26 de agosto de 2021 (Fojas 535/550) se declaró la nulidad de la
Sentencia contenida en la Resolución N° 33 de fecha 16 de setiembre de 2016 (Fojas 450/461) que
declaró fundada en parte la demanda tras haber declarado fundada en parte el auto emitido en audiencia
única que resolvió la excepción de cosa juzgada deducida por la demandada. Por lo que, dispuso que se
emita nuevo pronunciamiento acorde a las directivas impartidas por el Superior Jerárquico.
CUARTO: RELACIÓN LABORAL
4.1. Conforme se aprecia del certificado de trabajo de fecha 29 de octubre de 2003 (Fojas 3); no existe
controversia que el demandante prestó sus servicios en la Unidad de Producción de La Oroya desde el 02
de julio de 1970 hasta el 14 de setiembre de 2003, habiendo entablado su relación laboral inicialmente con
Centromín Perú hasta el 23 de octubre de 1997 mientras que a partir del 24 de octubre de 1997 hasta el
14 de setiembre de 2003 tuvo por empleador a Doe Run Perú S.R.L. producto de la compra venta de
acciones celebrada entre ambas personas jurídicas con fecha 23 de octubre de 1997 a través de la cual
se transfirió el citado centro de producción a la última de las mencionadas, aspecto sobre el que se
volverá más adelante.
QUINTO: DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEMANDADAS.
5.1. La solidaridad en nuestro ordenamiento legal.
El Artículo 1183 del Código Civil, señala textualmente: “La solidaridad no se presume. Sólo la ley o
el título de la obligación la establecen en forma expresa.”
5.2. Del contrato de transferencia.
A ese propósito, acudiendo al tenor del Testimonio del Contrato de Transferencia de Acciones de
fecha 23 de octubre de 1997, en el punto 8.4 del citado contrato (fojas 142/145, parte pertinente) se
señala que: “(…) Centromín acuerda que cualquier obligación legal o convencional generada por el
vínculo laboral con los trabajadores mencionados hasta la fecha de suscripción del presente contrato será
de su exclusiva responsabilidad, incluyendo remuneraciones, beneficios, pensiones y contribuciones
sociales en los términos señalados en el balance proyectado.” Es así que, del tenor de la referida
estipulación contractual se aprecia claramente que el régimen de cumplimiento de obligaciones y asunción
de responsabilidades entre Centromín y Doe Run Perú S.R.L. no contempló la solidaridad sino la
mancomunidad respecto de los adeudos que se generen durante el concreto periodo por el cual cada una
desempeñó el rol de empleador de sus trabajadores.
Entonces, bajo esa premisa no cabe sino concluir que la EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERÚ
S.A. sería responsable de asumir las obligaciones laborales generadas hasta el 23 de octubre de 1997
fecha en que se produce la transferencia de acciones antes invocada mientras que los adeudos o
reintegros que eventualmente se generen a partir del 24 de octubre de 1997 hasta el 14 de setiembre de
2003 serían de cargo exclusivo de la empresa DOE RUN PERU S.R.L. Sin embargo, como quiera que en
virtud de la Sentencia de Vista de fecha 26 de agosto de 2021 (Fojas 535/550) se revocó el auto que
declaró infundada la excepción de cosa juzgada y reformándolo lo declaró fundada en parte abarcando así
los derechos económicos reclamados hasta el año 1997, salvo el reintegro de la compensación por tiempo
de servicios, por consiguiente es claro que subsiste la controversia en torno a los reintegros devengados
en los siguientes marcos temporales: 1970-1990 (reintegro de CTS-reserva acumulada), 1991-2003
(reintegro de CTS periodos semestrales y mensuales), 1998-2003 (reintegro FONAVI, gratificación
vacacional, gratificaciones legales, incremento SNP), de acuerdo con los puntos controvertidos descritos
en el apartado tercero de este fallo. Bajo ese entendido, recurriendo a la delimitación temporal de la
responsabilidad de cada una de las demandadas frente a los adeudos laborales pretendidos cabe arribar
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a la conclusión de que a Centromín Perú le serían oponibles los derechos pecuniarios insertos en el
periodo que corrió desde el 02 de julio de 1970 hasta octubre de 1997 en tanto que a Doe Run Perú le
serían atribuibles aquellos inmersos en el periodo comprendido entre noviembre de 1997 y setiembre de
2003.
SEXTO: DE LA QUIEBRA JUDICIAL POR PARTE DE LA EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL
PERÚ S.A. (CENTROMIN PERÚ)
6.1. Ahora bien, atendiendo a que se ha declarado e inscrito en el Registro de Personas Jurídicas de
SUNARP, la quiebra de la demandada, CENTROMIN PERÚ En Liquidación, se tiene que en dicho asiento
se hace constar lo siguiente: “Por Resolución N° 01 del 06.07.2018 consentida por Resolución N° 02 del
07.08.2018 expedidas por la Dra. María del Rosario Matos Cuzcano, Juez Supernumeraria del 5° Juzgado Civil
Subespecialidad Comercial, se declara: la quiebra de la Empresa Minera del Centro del Perú S.A. En Liquidación, en
consecuencia, extinguido el patrimonio de la mencionada persona jurídica, declarándose por el presente acto la
incobrabilidad de sus deudas”
6.2 En vista de lo anteriormente descrito, cabe señalar que las obligaciones contraídas por dicha
empresa frente a sus trabajadores así como las que eventualmente se declaren en juicio frente a la parte
demandante de este proceso, han devenido incobrables, conllevando ello a la imposibilidad jurídica de la
ejecución o cumplimiento de su objeto, por cuanto la declaración judicial de quiebra de una sociedad,
comporta, con su inscripción, la extinción del patrimonio de la persona jurídica, en tanto aquel constituye la
unidad abstracta que comprende todos los derechos y obligaciones de la empresa (bienes, cargas, activos
y pasivos), más aún si nuestro ordenamiento jurídico tampoco ha previsto la transmisibilidad de los
créditos laborales ciertos o contingentes de la emplazada hacia alguna otra entidad que patrimonialmente
los asuma.
6.3 En ese orden de ideas, estando a que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 321 inciso
1) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, el proceso concluye sin declaración sobre el fondo
cuando se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional, es preciso comprender que esta figura
conclusiva se distingue en su aspecto cronológico, en que se debe tratar de eventos sobrevenidos
temporalmente al planteamiento de la demanda, así como que también debe tratarse de hechos que
harían superflua la continuación del proceso hacia la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo de la
controversia, esto es, que deben suscitarse circunstancias que modifiquen la concreta situación sustancial
que sustenta el proceso, pudiéndose reconducirse dicha causal a los supuestos siguientes:
i) La muerte de una de las partes, si el proceso tiene por objeto derechos
personalísimos;
ii) La imposibilidad (material o jurídica) para el actor de obtener el objeto
(mediato) de su pretensión;
iii) La modificación de la Ley reguladora del caso que hace a la situación ya no
tutelable;
iv) La modificación de la fuente de la relación, vaciando de objeto la
controversia;
v) La extinción del derecho objeto de controversia, por ejemplo, a causa del
cumplimiento extraprocesal de la prestación reclamada, con la consecuente
satisfacción del actor.
En resumen, afirma Eugenia Ariano Deho que “se presentaría una “sustracción de la materia” de un
proceso pendiente cuando por hechos sobrevenidos al planteamiento de la demanda, el actor
obtiene extraprocesalmente lo que pretendía o cuando lo que pretendía ha devenido ya imposible
de obtener”.
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6.4 Vistas así las cosas y acorde con lo expuesto en los considerandos anteriores, se tiene que, al haber
devenido extinto el patrimonio de uno de los empleadores del accionante y por ende, al tornarse imposible
imputarle a aquel el cumplimiento de los derechos pretendidos en su demanda respecto a su periodo,
entonces, en aplicación del artículo 321 inciso 1) del Código Procesal Civil, se entiende sustraída la
materia del ámbito jurisdiccional y concluido el proceso sin declaración sobre el fondo, respecto a
la pretensión de reintegro de compensación por tiempo de servicios oponible a CENTROMIN PERÚ
S.A., el cual va desde el 02 de julio de 1970 hasta el octubre de 1997 entendiéndose por tanto que
el proceso continúa únicamente con DOE RUN PERÚ en lo que concierne al periodo objeto de
pronunciamiento que se encuentra comprendido entre el 01 de noviembre de 1997 y el 14 de
setiembre de 2003 respecto a la compensación por tiempo de servicios por fundamento del tipo de
cambio y de enero de 1998 hasta el 14 de setiembre de 2003 respecto a los demás derechos
reclamados, a saber, FONAVI, ONP, Gratificaciones Legales y Gratificación Vacacional.
ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS CONTROVERTIDOS
SETIMO: PRETENSIONES RECLAMADAS.
7.1. Conforme se observa del tenor de la demanda es de apreciar que la causa se circunscribe a
determinar si le asiste al actor amparar los siguientes conceptos:
- Reintegro del incremento de FONAVI desde enero de 1998 hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad por el periodo comprendido desde julio
de 1998 al 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro del Incremento IPSS-ONP del periodo comprendido desde enero de 1998 hasta el 14 de
setiembre de 2003.
- Gratificación Vacacional por el periodo enero de 1998 hasta el 14 de setiembre de 2003.
- Reintegro de Compensación por Tiempo de Servicios por la aplicación de tipo de cambio dólar del
periodo comprendido desde noviembre de 1997 al 14 de setiembre de 2003.
7.2 Asimismo, en el escrito de demanda (Fojas 91/100), el accionante alega que su remuneración
indemnizable estuvo conformada por los conceptos de: jornal básico, horas extras, nocturno,
bonificaciones sustitutorias de combustible, leche, trabajos en días de descanso, feriados, domingos y
otros cuyo reintegro debe efectuarse.
7.3. No obstante, si bien el actor exige el reintegro de determinados beneficios sociales refiriendo
expresamente las partidas precitadas no fueron computadas en el cálculo de los mismos. No es menos
cierto que como quiera que del tenor de la demanda se visualiza que el demandante alude a “otros”
conceptos que también habrían sido excluidos de su remuneración computable, a fin de no afectar el
carácter indisponible de las normas que rigen los beneficios sociales demandados cabe delimitar los
conceptos o ingresos percibidos por el actor entre noviembre de 1997 y setiembre de 2003, cuales son, de
acuerdo con lo que se desprende del Informe de Revisión de Planilla adjunto al Exhorto proveniente del
Segundo Juzgado Mixto de Yauli- La Oroya remitido a este Juzgado en mérito al Oficio N° 321-2004-16-
JTL-CEM-BVB de fecha 21 de agosto de 2006 (Fojas 329, Anexo, Fojas 331/346), de cuyo mérito se
evidencia que el demandante percibió los siguientes retribuciones, a saber: ganancia normal,
domingo/feriado trabajado, nocturno o nocturno 1 y 2, vacacional, dominical 55%, bonificación tiempo de
servicios, bonificación altura, asignación familiar (esposa e hijo), refrigerio, gratificación vacacional, otros
pagos, día descanso DL 713, bono comida, sobretiempo, bonificación tóxico, asignación vivienda, control
comercial, bono cambio ropa, feriados enero/mayo/julio/dic, asignación 1 mayo, normalidad operación,
asignación escolar, asignación utilidades, bonificación trabajo sierra, reintegro afecto, asignación 5
diciembre, gain sharing, bono trab, feriado 1° mayo, paz laboral, bonificación alta temperatura, asignación
vivienda, bonificación KZM, bonificación leche, gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad. Entonces, en
ese escenario resulta necesario establecer qué conceptos deben conformar la remuneración computable
del actor.
Expediente N° 00321-2004-16
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OCTAVO: REMUNERACIÓN COMPUTABLE
8.1. Noción de Remuneración.
De conformidad con el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, modificado por la Ley N°
28051, del 02 de agosto del 2003; señala: “Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo
que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación
que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador
directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o
cena, tienen naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para efecto de cálculo de
los aportes y contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza
laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto.”
A mayor abundamiento, de acuerdo con lo previsto por el artículos 9° del Texto Único Ordenado
de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR,
constituye remuneración computable la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente
perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la
denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición, pese a que sus montos puedan
variar en razón de incrementos y otros motivos.
De otro lado, el literal a) del artículo 19° del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de
Servicios precitada, establece que “No se consideran remuneraciones computables las gratificaciones
extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del
empleador o que hayan sido materia de convención colectiva o aceptadas en los procedimientos de
conciliación…”.
Así, siguiendo el tenor de lo preceptuado en las disposiciones legales precitadas, de ellas se
desprende la regla según la cual “donde no hay prestación de servicios efectiva no se puede presumir la
condición remunerativa de lo que se haya entregado al trabajador, sino al contrario, la ley, el convenio
colectivo, la costumbre, contrato o el propio empresario deben reconocer tal condición. Esto es que, no
podrá presumirse la condición remunerativa de las percepciones económicas que reciba el trabajador en
razón a un título distinto al de los servicios prestados efectivamente. En ese orden de ideas, repárese que
aún cuando la percepción económica percibida por el trabajador guarde cierta periodicidad, no podrá
reputársela como remuneración si no satisface la característica de contraprestatividad. De ahí que solo
pueda considerarse remuneración a aquellas ventajas patrimoniales relacionadas de modo directo con la
prestación de servicios, en la medida que la presunción de salariedad opera en un ámbito restringido, esto
es, respecto a todo lo relacionado directamente con la prestación de servicios efectiva del trabajador”3.
En este sentido, los ingresos de los trabajadores tendrán carácter remunerativo si concurren las
siguientes características: i) Contraprestativo; ii) De libre disposición; iii) Incremento Patrimonial; y, iii)
Regularidad
8.2 De las percepciones no remunerativas:
Es un hecho que todo concepto excluido del concepto legal de remuneración, será una percepción
no salarial, salvo que legalmente se disponga lo contrario. A ese respecto, cabe enfatizar que “las
exclusiones a las que se refieren los artículos 19 (citado supra) y 20 de la Ley de la CTS no son
excepcionales, dado que existen muchos conceptos que pese a no encontrarse expresamente previstos
dentro de ese listado, sin embargo, no satisfacen las características propias de una remuneración, según
lo prescrito en el precitado artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR”4. Ejemplo de ello son las
gratificaciones entregadas por voluntad unilateral del empleador y motivadas en la particular situación
financiera de la empresa, o en virtud de determinados resultados o éxitos empresariales, las cuales
3 Véase Arce Ortiz, Elmer. Derecho Individual del Trabajo en el Perú: Desafíos y Deficiencias. Segunda Edicion Actualizada.
Palestra Editores. Lima. 2013. Pág. 329/331.
4 Op. Cit. Pág. 352.
Expediente N° 00321-2004-16
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ciertamente no son propiamente liberalidades del patrón (pues aquellas, a diferencia de éstas, poseen un
elevado valor patrimonial), empero, comparten con éstas, la voluntariedad de su otorgamiento por el
empleador y lo que es esencial, la causa de su atribución residenciada en un hecho o motivo específico,
distinto y ajeno a la prestación efectiva de servicios. Es así que, bajo esa premisa, es de señalar que
aquellas gratificaciones que guarden las características anotadas no pueden merecer calificación salarial,
pues más allá de la periodicidad que hayan guardado o de los requisitos a los que haya estado sujeto para
su exigibilidad, carecen de carácter contraprestativo.
8.3 Atendiendo a que el demandante peticiona el reintegro de determinados beneficios económicos
alegando que la demandada efectuó el cálculo respectivo sobre la base de una remuneración
indemnizable diminuta, entonces estando al tenor de la pretensión incoada, corresponde a esta Judicatura
analizar la naturaleza de cada uno de los ingresos percibidos por el accionante a fin de determinar si le
asiste el reintegro que solicita. Es así que a esos efectos, esta Judicatura se sustentará en el mérito del
Informe de Revisión de Planilla adjunto al Exhorto proveniente del Segundo Juzgado Mixto de Yauli- La
Oroya remitido a este Juzgado en mérito al Oficio N° 321-2004-16-JTL-CEM-BVB de fecha 21 de agosto
de 2006 (Fojas 329, Anexo, Fojas 331/346), así como de la liquidación de beneficios sociales y boletas de
haberes (Fojas 05/19, Fojas 04), de las liquidaciones de compensación por tiempo de servicios (Fojas
30/67) y el convenio colectivo 1997-1998 (Fojas 220/239), en los cuales se regularon la mayoría de los
conceptos reclamados -y percibidos- por el actor; siendo así:
I. En cuanto al concepto de Bonificación Sustitutoria Leche (Bonificación Leche/Bonificación Sustitutoria) de
acuerdo con lo previsto en el punto 3.14 del convenio colectivo 1997-1998, la Empresa conviene en otorgar una
bonificación determinada por día trabajado en sustitución de la dotación de leche. Esta bonificación es aplicable solo
para los trabajadores que laboran en La Oroya en las áreas productivas de Fundición y Refinerías y en las secciones
de mantenimiento y talleres vinculadas directamente con la producción; exonerándose a la empresa de los saldos que
hubieran por concepto de provisión de leche. En tal sentido, considerando que dicha partida fue percibida por el actor
entonces ello implica que este cumplió con los requisitos estipulados en el convenio colectivo para acceder a ese
beneficio; sin embargo, dado que el concepto en alusión no representó un incremento patrimonial para el trabajador
por cuanto su otorgamiento tuvo por objeto cubrir el gasto irrogado en el consumo de leche, el cual era otrora
asumido por el empleador, tan es así que la percepción del citado ingreso exoneraba a la empresa de la entrega de
dicho producto en especie, entonces al amparo de lo previsto por el artículo 19° inciso c) del Decreto Supremo N°
001-97-TR cabe declarar no remunerativo ni computable la bonificación sustitutoria de leche.
II. En cuanto al concepto de Ganancia Compartida o Gain Sharing se sabe que éste fue regulado en el convenio
colectivo de 1997-1998 bajo el siguiente tenor: “Doe Run Perú ha diseñado un sistema de Ganancia Compartida del
cual participarán sus trabajadores (…). Queda claramente establecido que no se trata de un incremento de
remuneraciones sino de una ganancia que se obtiene únicamente cuando Doe Run Perú con la participación y
esfuerzo de todos sus trabajadores, alcance sus objetivos empresariales, especialmente en materia de seguridad,
salud ocupacional y producción y se superen las metas económicas presupuestadas”. En tal sentido, atendiendo a
que de conformidad con el artículo 19° literal b) del Decreto Supremo N° 001-97-TR, no constituyen remuneraciones
computables cualquier forma de participación en las utilidades, partiendo de que en el caso la referida partida tuvo por
propósito hacer partícipe a los empleados de los resultados positivos en las ganancias o productividad del empleador
entonces en virtud de su naturaleza cabe sostener su encuadramiento en el dispositivo normativo precitado y por
ende corresponde decretar el carácter no remunerativo ni computable del rubro en cuestión.
III. En cuanto al concepto de Bonificación Alta Temperatura se sabe que éste fue regulado en el convenio colectivo de
1997-1998 bajo el siguiente tenor: “La Empresa pagará una bonificación (…) por cada día trabajado en altas
temperaturas, a todos los trabajadores obreros que labores a una temperatura de 30 grados centígrados o más”. En
tal sentido, considerando que dicha partida retribuyó determinadas condiciones ambientales bajo las cuales se
ejecutó la prestación, entonces corresponde decretar su carácter remunerativo al ser de naturaleza
contraprestativa y de libre disponibilidad, sujetándose su cómputo en la liquidación de los beneficios sociales que
se amparen a su percepción efectiva -la cual presupone que en el caso sub examine se cumplió la condición que
supedita su exigilidad- y a las <|im_end|> |
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Sala Civil
Exp. N° 00604-2007-95-1201-JR-CI-02 PROCEDE: HUÁNUCO
SALA CIVIL - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 00604-2007-95-1201-JR-CI-02
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
RELATOR : HERBERT M. RAMOS DUEÑAS
DEMANDADO : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISONAL ONP,
QUEJOSO : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL,
DEMANDANTE : CARTAGENA CALVO, AGUSTIN
QUEJADO : JUEZ DEL SEGUNBDO JUZGADO CIVIL DE HUANUCO,
RESOLUCIÓN NÚMERO: 02
Huánuco, veintiuno de noviembre
del año dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Puesto los autos a despacho para emitir la resolución
correspondiente, se emite el siguiente pronunciamiento.
I. ASUNTO:
Viene en grado de queja, la Resolución N° 25, de fecha 01 de octubre de 2018 (fs. 12), la misma
que resuelve:
“NO HA LUGAR a lo solicitado por ser un decreto la resolución número veintitrés y no es un auto, en
contra de los decretos procede el recurso de reposición conforme ordena el artículo 362° y 363° del
Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE con las formalidades de ley”.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:
La abogada de la Oficina de Normalización Previsional - ONP, mediante escrito de fecha 09 de
octubre de 2018, (fs. 13 a 20), interpone recurso de queja contra la indicada resolución, indicando
básicamente lo siguiente:
- Con fecha 28 de setiembre de 2018, procedió a impugnar la resolución N° 23, de fecha 03 de julio de
2018; sin embargo, mediante resolución N° 25, el Juzgado sin realizar una debida verificación de la
materia de impugnación en lo referido al apercibimiento de ley, declaró no ha lugar el referido recurso,
vulnerando el principio de doble instancia, así como, el derecho al debido proceso; por lo que, debe
procederse a conceder la respectiva apelación.
III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
1. Que, el artículo 401° del Código Procesal Civil –aplicable supletoriamente-, establece que “el
recurso de queja tiene por objeto el reexamen de la resolución que declara inadmisible o
improcedente un recurso de apelación, también procede contra la resolución que concede apelación
con efecto distinto al solicitado”. El recurso de queja ha sido instituido para garantizar la pluralidad de
instancia y evitar que la decisión del magistrado se convierta en irrevisable por su sola voluntad de
que así sea, situación que produciría indefensión y que tendría lugar si no existiera el mencionado
medio impugnativo y se dejara al arbitrio de quien emitió una resolución cuestionable la posibilidad de
su reexamen por el órgano jurisdiccional superior en grado.
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Exp. N° 00604-2007-95-1201-JR-CI-02 PROCEDE: HUÁNUCO
2. La doble instancia representa una garantía para los justiciables habida cuenta que un reexamen
de la decisión judicial o del proceso permite la superación de los errores del inferior; de otro lado cada
instancia está confiada a jueces diferentes y de jerarquía distinta; constituye asimismo una de las
garantías del debido proceso y una protección al derecho de defensa.
3. De otro lado la tutela es la protección que se brinda a un determinado interés ante una situación
en la cual la misma [situación jurídica] ha sido lesionada o insatisfecha; ante dicha eventualidad el
ordenamiento jurídico ha establecido una serie de mecanismos para la tutela de nuestras situaciones
jurídicas, siendo la forma de tutela por excelencia la tutela jurisdiccional1. Por ello, se dice que, el
derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre
los que destaca el acceso a la justicia; es decir, el derecho por el cual cualquier persona puede
promover la actividad jurisdiccional del estado, sin que se le obstruya, impida o disuada
irrazonablemente. Asimismo, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como todo derecho
constitucional, implica que las normas procesales han de ser interpretadas de conformidad
con el contenido de este derecho fundamental [artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política
del Estado].
4. Razón por la cual el derecho constitucional al debido proceso no solo implica que el proceso
revista las mínimas garantías, sino que cada una de las actuaciones de las partes y del Juez se ciña a
lo dispuesto en la ley, así como también a que las peticiones formuladas por las partes [entiéndase
cuando estas contengan un pedido trascendente] deben de ser atendidas o rechazadas mediante
resolución debidamente fundamentada, pues lo contrario implicaría la vulneración del debido proceso
[artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado] y del principio constitucional de la doble
instancia [artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado].
5. Siendo así, la interposición de un medio impugnatorio se efectuará cumpliendo las formalidades
y plazos previstos por la ley para cada uno; lo que significa también que tratándose del requisito del
plazo, la presentación del medio impugnatorio o su subsanación por alguna omisión o defecto debe
efectuarse dentro del mismo plazo establecido por la ley, toda vez que tanto derecho tiene la parte
vencida de impugnar la resolución que le causa agravio como la parte vencedora de procurar su
consentimiento cuando no se han satisfecho los requisitos de ley. [Cas. N° 1537-98-Cañete].
IV. ANÁLISIS JURÍDICO POR EL COLEGIADO:
6. Del estudio de autos, se tiene que mediante resolución N° 23, de fecha 03 de julio de 2018 (fs.
09 a 10), se resolvió “Requerir por última vez a la entidad multada Oficina de Normalización Previsional-ONP,
a fin de que cumpla con pagar la multa de DOS UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL, más intereses
legales y costas de la multa, en el termino de tres días de notificado con la presente resolución, la suma restante
de cuarenta y siete soles con trece céntimos, bajo apercibimiento de embargo en forma de retención de sus
cuentas de la entidad multada, vía ejecución forzada ordenado en autos, sin perjuicio de reiterar oficio a la
entidad multada para el pago de la multa”, acto procesal que fue materia de apelación a través del escrito
de fecha 28 de setiembre de 2018, tal y como se observa del Sistema Integrado Judicial [en adelante
SIJ], la misma que mediante resolución N° 25, de fecha 01 de octubre de 2018 (fs. 12) –materia de
queja-, fue declarado “NO HA LUGAR por ser un decreto la resolución número veintitrés y no es un auto, y en
contra de los decretos procede el recurso de reposición conforme ordena el artículo 362° y 363° del Código
Procesal Civil”, acto procesal que viene siendo materia de recurso de queja.
1 La tutela jurisdiccional, en Materiales de enseñanza de la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, Pág. 12.
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7. Ahora bien, analizada la resolución N° 23, de fecha 03 de julio de 2018 (fs. 09 a 10), se tiene
que si bien fue expedida a través de un decreto; sin embargo, no tendría tal condición, toda vez que
de acuerdo a lo regulado en el primer párrafo del artículo 121° del Código Procesal Civil –aplicable
supletoriamente-, “mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso disponiendo actos
procesales de simple trámite”, dado a que no viene disponiendo una situación de mero trámite, sino
que ha tenido como finalidad realizar un requerimiento a la Oficina de Normalización Previsional-
ONP, a efectos de que cumpla con pagar la multa de dos unidades de referencia procesal, más
intereses legales y costas de la multa, en el término de tres días, la suma restante de cuarenta y siete
con 13/100 soles (S/47.13), bajo apercibimiento de embargo en forma de retención de sus cuentas de
la entidad multada, vía ejecución forzada, atendiendo a que la citada entidad multada hasta la fecha
no ha cumplido con pagar la multa ni ha puesto a conocimiento sobre el trámite administrativo que
viene realizando para el pago de la multa dentro del plazo de seis meses conforme lo ordena el
artículo 47° incisos 1, 2, 3 y 4 de la Ley N° 27584, modificado por el Decreto Legislativo N° 1067,
circunstancia que le da la categoría de un auto.
8. En este sentido, al haberse vulnerado el derecho a la doble instancia y con ello el debido
proceso, y estando a que el recurso impugnatorio de apelación contra la resolución N° 23 (fs. 09 a
10), ha sido presentado dentro del plazo de ley –tercer día-, esto el 28 de setiembre de 2018, en
atención a que la entidad multada (quejosa) fue notificada en su casilla judicial el día 25 de setiembre
de 2018, conforme se aprecia del SIJ, debe ampararse la queja de derecho formulada contra la
resolución N° 25, que la deniega (fs. 12), que fue interpuesta en el plazo de ley, al haber sido
notificada el 03 de octubre de 20182 y presentada el 09 de octubre de 2018 (fs. 13), y en aplicación
del artículo 404° del Código Procesal Civil, debe concederse la apelación contra la resolución de
requerimiento en el extremo del apercibimiento decretado, la misma que debe ser con efecto
suspensivo, de conformidad al artículo 371° de la norma adjetiva, más aún si el cuaderno de multas
recaído en el Expediente N° 00604-2007-90-1201-JM-CI-02, se encuentra según el SIJ en esta
instancia superior por haberse impugnado otra resolución.
V. DECISIÓN:
Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 401° y 404° del Código
Procesal Civil.
DECLARARON: FUNDADO el recurso de queja de derecho interpuesto por la abogada de la Oficina
de Normalización Previsional – ONP, mediante escrito del 09 de octubre de 2018 (fs. 13 a 20), contra
la resolución N° 25, de fecha 01 de octubre de 2018, que declara “NO HA LUGAR lo solicitado por ser
un decreto la resolución número veintitrés y no un auto, y que en contra de los decretos procede el
recurso de reposición conforme ordena el artículo 362° y 363° del Código Procesal Civil” (fs. 12),
emitido en el Expediente N° 00604-2007-90-1201-JM-CI-02, sobre cuaderno de multas; en
consecuencia,
CONCEDIERON: El recurso de apelación interpuesto por la abogada de la Oficina de Normalización
Previsional – ONP, mediante escrito de fecha 28 de setiembre de 2018, contra la resolución N° 23, de
fecha 03 de julio de 2018 (fs. 09 a 10), CON EFECTO SUSPENSIVO, y estando a que el cuaderno de
multas recaído en el Expediente N° 00604-2007-90-1201-JM-CI-02, se encuentra según el SIJ en esta
2 Véase el SIJ
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instancia superior por haberse impugnado otra resolución, AGRÉGUESE la presente resolución en
copias certificadas al referido expediente, para procederse conforme corresponda.
ORDENARON: PONER en conocimiento de la Juez Coactivo de Multas el contenido de la presente
resolución; y, SE ARCHIVE por esta secretaría conforme corresponda.
NOTIFIQUESE con las formalidades de ley. Juez Superior Ponente: señor Berger Vigueras.-
Sres.
Carrillo Rodríguez.
Santos Espinoza.
Berger Vigueras.
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EXPEDIENTE : 00604-2007-95-1201-JR-CI-02
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
RELATOR : HERBERT M. RAMOS DUEÑAS
DEMANDADO : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISONAL ONP,
QUEJOSO : OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL,
DEMANDANTE : CARTAGENA CALVO, AGUSTIN
QUEJADO : JUEZ DEL SEGUNBDO JUZGADO CIVIL DE HUANUCO,
RESOLUCIÓN NÚMERO: 02
Huánuco, veintiuno de noviembre
del año dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Puesto los autos a despacho para emitir la resolución
correspondiente, se emite el siguiente pronunciamiento.
I. ASUNTO:
Viene en grado de queja, la Resolución N° 25, de fecha 01 de octubre de 2018 (fs. 12), la misma
que resuelve:
“NO HA LUGAR a lo solicitado por ser un decreto la resolución número veintitrés y no es un auto, en
contra de los decretos procede el recurso de reposición conforme ordena el artículo 362° y 363° del
Código Procesal Civil. NOTIFIQUESE con las formalidades de ley”.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:
La abogada de la Oficina de Normalización Previsional - ONP, mediante escrito de fecha 09 de
octubre de 2018, (fs. 13 a 20), interpone recurso de queja contra la indicada resolución, indicando
básicamente lo siguiente:
- Con fecha 28 de setiembre de 2018, procedió a impugnar la resolución N° 23, de fecha 03 de julio de
2018; sin embargo, mediante resolución N° 25, el Juzgado sin realizar una debida verificación de la
materia de impugnación en lo referido al apercibimiento de ley, declaró no ha lugar el referido recurso,
vulnerando el principio de doble instancia, así como, el derecho al debido proceso; por lo que, debe
procederse a conceder la respectiva apelación.
III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
1. Que, el artículo 401° del Código Procesal Civil –aplicable supletoriamente-, establece que “el
recurso de queja tiene por objeto el reexamen de la resolución que declara inadmisible o
improcedente un recurso de apelación, también procede contra la resolución que concede apelación
con efecto distinto al solicitado”. El recurso de queja ha sido instituido para garantizar la pluralidad de
instancia y evitar que la decisión del magistrado se convierta en irrevisable por su sola voluntad de
que así sea, situación que produciría indefensión y que tendría lugar si no existiera el mencionado
medio impugnativo y se dejara al arbitrio de quien emitió una resolución cuestionable la posibilidad de
su reexamen por el órgano jurisdiccional superior en grado.
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2. La doble instancia representa una garantía para los justiciables habida cuenta que un reexamen
de la decisión judicial o del proceso permite la superación de los errores del inferior; de otro lado cada
instancia está confiada a jueces diferentes y de jerarquía distinta; constituye asimismo una de las
garantías del debido proceso y una protección al derecho de defensa.
3. De otro lado la tutela es la protección que se brinda a un determinado interés ante una situación
en la cual la misma [situación jurídica] ha sido lesionada o insatisfecha; ante dicha eventualidad el
ordenamiento jurídico ha establecido una serie de mecanismos para la tutela de nuestras situaciones
jurídicas, siendo la forma de tutela por excelencia la tutela jurisdiccional1. Por ello, se dice que, el
derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que comprende una serie de derechos, entre
los que destaca el acceso a la justicia; es decir, el derecho por el cual cualquier persona puede
promover la actividad jurisdiccional del estado, sin que se le obstruya, impida o disuada
irrazonablemente. Asimismo, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como todo derecho
constitucional, implica que las normas procesales han de ser interpretadas de conformidad
con el contenido de este derecho fundamental [artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política
del Estado].
4. Razón por la cual el derecho constitucional al debido proceso no solo implica que el proceso
revista las mínimas garantías, sino que cada una de las actuaciones de las partes y del Juez se ciña a
lo dispuesto en la ley, así como también a que las peticiones formuladas por las partes [entiéndase
cuando estas contengan un pedido trascendente] deben de ser atendidas o rechazadas mediante
resolución debidamente fundamentada, pues lo contrario implicaría la vulneración del debido proceso
[artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado] y del principio constitucional de la doble
instancia [artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado].
5. Siendo así, la interposición de un medio impugnatorio se efectuará cumpliendo las formalidades
y plazos previstos por la ley para cada uno; lo que significa también que tratándose del requisito del
plazo, la presentación del medio impugnatorio o su subsanación por alguna omisión o defecto debe
efectuarse dentro del mismo plazo establecido por la ley, toda vez que tanto derecho tiene la parte
vencida de impugnar la resolución que le causa agravio como la parte vencedora de procurar su
consentimiento cuando no se han satisfecho los requisitos de ley. [Cas. N° 1537-98-Cañete].
IV. ANÁLISIS JURÍDICO POR EL COLEGIADO:
6. Del estudio de autos, se tiene que mediante resolución N° 23, de fecha 03 de julio de 2018 (fs.
09 a 10), se resolvió “Requerir por última vez a la entidad multada Oficina de Normalización Previsional-ONP,
a fin de que cumpla con pagar la multa de DOS UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL, más intereses
legales y costas de la multa, en el termino de tres días de notificado con la presente resolución, la suma restante
de cuarenta y siete soles con trece céntimos, bajo apercibimiento de embargo en forma de retención de sus
cuentas de la entidad multada, vía ejecución forzada ordenado en autos, sin perjuicio de reiterar oficio a la
entidad multada para el pago de la multa”, acto procesal que fue materia de apelación a través del escrito
de fecha 28 de setiembre de 2018, tal y como se observa del Sistema Integrado Judicial [en adelante
SIJ], la misma que mediante resolución N° 25, de fecha 01 de octubre de 2018 (fs. 12) –materia de
queja-, fue declarado “NO HA LUGAR por ser un decreto la resolución número veintitrés y no es un auto, y en
contra de los decretos procede el recurso de reposición conforme ordena el artículo 362° y 363° del Código
Procesal Civil”, acto procesal que viene siendo materia de recurso de queja.
1 La tutela jurisdiccional, en Materiales de enseñanza de la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, Pág. 12.
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7. Ahora bien, analizada la resolución N° 23, de fecha 03 de julio de 2018 (fs. 09 a 10), se tiene
que si bien fue expedida a través de un decreto; sin embargo, no tendría tal condición, toda vez que
de acuerdo a lo regulado en el primer párrafo del artículo 121° del Código Procesal Civil –aplicable
supletoriamente-, “mediante los decretos se impulsa el desarrollo del proceso disponiendo actos
procesales de simple trámite”, dado a que no viene disponiendo una situación de mero trámite, sino
que ha tenido como finalidad realizar un requerimiento a la Oficina de Normalización Previsional-
ONP, a efectos de que cumpla con pagar la multa de dos unidades de referencia procesal, más
intereses legales y costas de la multa, en el término de tres días, la suma restante de cuarenta y siete
con 13/100 soles (S/47.13), bajo apercibimiento de embargo en forma de retención de sus cuentas de
la entidad multada, vía ejecución forzada, atendiendo a que la citada entidad multada hasta la fecha
no ha cumplido con pagar la multa ni ha puesto a conocimiento sobre el trámite administrativo que
viene realizando para el pago de la multa dentro del plazo de seis meses conforme lo ordena el
artículo 47° incisos 1, 2, 3 y 4 de la Ley N° 27584, modificado por el Decreto Legislativo N° 1067,
circunstancia que le da la categoría de un auto.
8. En este sentido, al haberse vulnerado el derecho a la doble instancia y con ello el debido
proceso, y estando a que el recurso impugnatorio de apelación contra la resolución N° 23 (fs. 09 a
10), ha sido presentado dentro del plazo de ley –tercer día-, esto el 28 de setiembre de 2018, en
atención a que la entidad multada (quejosa) fue notificada en su casilla judicial el día 25 de setiembre
de 2018, conforme se aprecia del SIJ, debe ampararse la queja de derecho formulada contra la
resolución N° 25, que la deniega (fs. 12), que fue interpuesta en el plazo de ley, al haber sido
notificada el 03 de octubre de 20182 y presentada el 09 de octubre de 2018 (fs. 13), y en aplicación
del artículo 404° del Código Procesal Civil, debe concederse la apelación contra la resolución de
requerimiento en el extremo del apercibimiento decretado, la misma que debe ser con efecto
suspensivo, de conformidad al artículo 371° de la norma adjetiva, más aún si el cuaderno de multas
recaído en el Expediente N° 00604-2007-90-1201-JM-CI-02, se encuentra según el SIJ en esta
instancia superior por haberse impugnado otra resolución.
V. DECISIÓN:
Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 401° y 404° del Código
Procesal Civil.
DECLARARON: FUNDADO el recurso de queja de derecho interpuesto por la abogada de la Oficina
de Normalización Previsional – ONP, mediante escrito del 09 de octubre de 2018 (fs. 13 a 20), contra
la resolución N° 25, de fecha 01 de octubre de 2018, que declara “NO HA LUGAR lo solicitado por ser
un decreto la resolución número veintitrés y no un auto, y que en contra de los decretos procede el
recurso de reposición conforme ordena el artículo 362° y 363° del Código Procesal Civil” (fs. 12),
emitido en el Expediente N° 00604-2007-90-1201-JM-CI-02, sobre cuaderno de multas; en
consecuencia,
CONCEDIERON: El recurso de apelación interpuesto por la abogada de la Oficina de Normalización
Previsional – ONP, mediante escrito de fecha 28 de setiembre de 2018, contra la resolución N° 23, de
fecha 03 de julio de 2018 (fs. 09 a 10), CON EFECTO SUSPENSIVO, y estando a que el cuaderno de
multas recaído en el Expediente N° 00604-2007-90-1201-JM-CI-02, se encuentra según el SIJ en esta
2 Véase el SIJ
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Corte Superior de Justicia de Huánuco
Sala Civil
Exp. N° 00604-2007-95-1201-JR-CI-02 PROCEDE: HUÁNUCO
instancia superior por haberse impugnado otra resolución, AGRÉGUESE la presente resolución en
copias certificadas al referido expediente, para procederse conforme corresponda.
ORDENARON: PONER en conocimiento de la Juez Coactivo de Multas el contenido de la presente
resolución; y, SE ARCHIVE por esta secretaría conforme corresponda.
NOTIFIQUESE con las formalidades de ley. Juez Superior Ponente: señor Berger Vigueras.-
Sres.
Carrillo Rodríguez.
Santos Espinoza.
Berger Vigueras.
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You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Expediente : 8537-2007
Demandante : Pedro Effio Yaipén
Demandado : Marina de Guerra del Perú
Apelante : Demandante
SS. BELTRÁN PACHECO
CARRASCO ALARCÓN
TUPIÑO SALINAS
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, 03 de enero del 2020.
VISTOS: Interviniendo como ponente la Señora Jueza Superior Tupiño
Salinas; resulta de autos:
I. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:
La Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara improcedente la
solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante Pedro Effio Yaipén; y
conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la Corte Superior de
Justicia de Lima para su correspondiente custodia.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO:
Que mediante escrito de fecha siete de noviembre del 20181, el demandante argumenta como
agravios:
(i) Existe error de hecho al afirmar que solamente existen cinco casos de procedencia de la
devolución de arancel judicial, sin tener en consideración que el artículo 26 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, establece “(…) los órganos jurisdiccionales pueden ordenar la
devolución o habilitación, siempre y cuando sustenten su decisión bajo responsabilidad
funcional”.
1 Véase los folios 434-439.
1
(ii) “(…) existe error de interpretación de la norma al señalar (…) que según el artículo 29 del
Reglamento de Aranceles Judiciales señala “el término para solicitar la devolución de
aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario y para habilitarlos es de treinta
días hábiles”.
(iii) La Corte Suprema estableció que no debí realizar el pago por concepto de presentación
de casación, situación no advertida por el A quo al momento de resolver la nulidad de la
devolución del arancel judicial presentado en exceso.
III. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA SALA:
PRIMERO.- Conforme lo establece el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, las
resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la
acción contencioso administrativa; en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 27584, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1067, preceptúa que el proceso contencioso administrativo tiene
por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la
Administración Pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e
intereses de los administrados; concluyéndose, entonces, que todo administrado tiene derecho
a acudir al Órgano Jurisdiccional a solicitar tutela jurisdiccional efectiva al amparo de un debido
proceso en caso considere vulnerado sus derechos de parte de la Administración Pública.
SEGUNDO.- Asimismo, el artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al
presente proceso dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que
les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es
decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez Superior tiene la facultad de revisar y
decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por la Jueza de Primera Instancia.
TERCERO.- Revisados los actuados, se tiene que mediante escritos del 13 de junio del 2014
(folios 386) y 31 de julio del 2014 (folios 388), el demandante solicita la devolución del 50% del
arancel judicial por concepto de recurso de casación pagado en exceso (s/ 296.00 soles).
Con Resolución Nº 14, del 17 de septiembre del 20142, el Cuarto Juzgado especializado en lo
Contencioso Administrativo ordena devolver al demandante el cincuenta por ciento (% 50) del
monto del Arancel Judicial Nº 883339-1, del Banco de la Nación, por concepto de Recurso de
Nulidad y Casación, señalando textualmente que “(…) para tal efecto, el solicitante realizar las
gestiones correspondientes en la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la
Subgerencia de Recaudación Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, para los fines
consiguientes; y conforme el estado del proceso: remítase los autos al archivo central”.
2 Véase a folios xx.
2
Con escrito del 18 de abril del 2018, el actor reitera su petición de devolución del cincuenta por
ciento equivalente del arancel judicial por presentación de recurso de casación, devuelto a
través de la Resolución Nº 16, del 10 de agosto del 2018, a fin de que haga valer su derecho
donde corresponda, dejando copias certificadas en autos. Y por Resolución Nº 17, del 10 de
octubre del 2018, se declara la nulidad de oficio de la Resolución Nº 14, proveyendo los
escritos de 23 de mayo del 2014 y 13 de junio del 2014, y se declara improcedente lo
solicitado; y conforme al estado del proceso, se remiten los autos al archivo central para su
correspondiente custodia.
CUARTO.- Respecto al primer agravio expresado por el recurrente, se advierte que éste
cuestiona los supuestos a través de las cuales procede la devolución de los aranceles
judiciales; si bien resulta innegable que la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los jueces,
como administradores de justicia, habilitar y/o devolver un arancel judicial no utilizado, también
lo es, que en su intención de fijar los lineamientos bajo los cuales procederán dichas acciones,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 105-2018-CE-PJ,
que “Aprueba [el] Reglamento de Aranceles Judiciales” (en adelante El Reglamento),
estableciendo un numerus clausus de situaciones claramente definidas en su artículo 25º:
“a) Arancel judicial por Medida cautelar denegada y no impugnada: Procede la devolución del
50%, menos la comisión de la entidad financiera, b) Remate judicial: Cuando ha sido
suspendido o declarado nulo. No procede la devolución en caso haya sido declarado desierto
por falta de postores o cuando el interesado (postor), no participó en dicha diligencia por causa
atribuible a su persona, c) Exhorto no realizado: Cuando no se presta el servicio, al denegarse
la solicitud efectuada, d) Error en su presentación: Cuando ha sido presentado y sellado
equivocadamente por el Centro de Distribución General o Mesa de Partes de los órganos
jurisdiccionales y/o administrativos; y e) Nulidad de Acto Procesal no atribuible al
solicitante: Procede la devolución cuando el órgano jurisdiccional declara fundada la nulidad
por error o vicio procedimental no atribuible a la parte que solicita la devolución”. (El subrayado
es nuestro)
La Ley Nº 26846 encarga al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictar las resoluciones
administrativas que regulen el pago de las tasas judiciales; así cuando procede su devolución
total o parcial. Entonces, únicamente corresponde su devolución si se configura alguno de los
supuestos previstos por tratarse de una regla de mandato y no de carácter discrecional; no
siendo posible aplicar otro que no haya sido dispuesto. En tal sentido, no se aprecia que la
Jueza de la causa haya incurrido en error de hecho al afirmar que existen cinco supuestos para
la devolución de un arancel judicial.
QUINTO.- Con relación al segundo agravio, sobre la calidad de “arancel judicial no utilizado”
que se atribuye al Arancel Judicial Nº 883339-1, por concepto de Recurso de Nulidad y
3
Casación (fojas 372), aduciendo que sí fue utilizado (como obra dentro del expediente y no ha
sido entregado). En efecto, el artículo 24 del Reglamento, define como “Comprobante o
constancia de Pago No Utilizado” a aquel que “no contenga sello alguno que haga presumir
que fue UTILIZADO o RECIBIDO por algún Centro de Distribución (CDG) o Mesa de Partes de
los órganos jurisdiccionales y/o administrativos”, lógicamente, un comprobante de pago
utilixado será aquel del cual se desprenda sello de recepción por mesa de Partes o del Centro
de Distribución correspondiente. Revisados los autos, se advierte que el arancel judicial en
cuestión si fue utilizado dejándose constancia expresa en sello a folios 372, como alega el
actor; sin embargo, textualmente refiere el artículo 29° del Reglamento: “el plazo para solicitar
la devolución de aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario; y para utilizados, es
de treinta (30) días hábiles (…)”.
Se observa de los antecedentes del caso materia sub examine, que el arancel judicial de folios
372, si figura como utilizado, por lo cual resulta correcto afirmar que no fue utilizado, siendo
aplicable el plazo dispuesto en el primer párrafo del artículo 29 del Reglamento, de treinta días
hábiles; no obstante, aún cuando pudiera haberse solicitado la devolución del arancel dentro
del plazo de ley; lo cierto es que la razón fundamental por la que no procede su devolución, sea
total o parcial, es porque no está previsto como supuesto el pago por concepto de recurso de
casación.
SEXTO.- Como último agravio, el apelante refiere que el A quo no debió declarar la nulidad de
oficio de la Resolución Nº 12 (Nº 14 corregida), por cuanto existía un pronunciamiento de la
Corte Suprema que lo comprendía como sujeto “exonerado del pago de la tasa judicial según
el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Nº 27327”.
El hecho de que el actor se hallara exonerado del pago de la tasa judicial, como alega, no
significa que por ello se deba disponer su devolución, puesto que como se ha precisado solo
procede en los casos contemplados en el artículo 25° de la Resolución Administrativa N° 105-
2018-CE-PJ, en tal virtud al haberse detectado que la Resolución Nº 14 ordenaba la entrega
parcial del arancel judicial sin fundamento legal, es que el Juez de Primera Instancia procedió a
enmendar de oficio, subsanando el error de interpretación jurídica cometido, dado que
únicamente está autorizada la devolución del 50% del arancel judicial por medida cautelar y no
por recurso de casación, viciando de ese modo el acto procesal de nulidad insalvable; de esta
manera, el Colegiado no observa un error en el análisis jurídico efectuado.
SÉTIMO.- En ese orden de ideas, se puede concluir que el auto final apelado ha sido expedido
conforme a derecho; debido a que el Juez evaluó objetivamente y de acuerdo al marco jurídico
vigente y aplicable al caso materia de análisis, por lo que corresponde confirmar la resolución
apelada.
4
Por tales consideraciones y en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley.
DECISIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara
improcedente la solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante
Pedro Effio Yaipén; y conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la
Corte Superior de Justicia de Lima para su correspondiente custodia. En los seguidos por
Pedro Effio Yaipén contra la Marina de Guerra del Perú. Notifíquese.
SS.
MPTS/jwpc
5 | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Expediente : 8537-2007
Demandante : Pedro Effio Yaipén
Demandado : Marina de Guerra del Perú
Apelante : Demandante
SS. BELTRÁN PACHECO
CARRASCO ALARCÓN
TUPIÑO SALINAS
RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO
Lima, 03 de enero del 2020.
VISTOS: Interviniendo como ponente la Señora Jueza Superior Tupiño
Salinas; resulta de autos:
I. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:
La Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara improcedente la
solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante Pedro Effio Yaipén; y
conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la Corte Superior de
Justicia de Lima para su correspondiente custodia.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO:
Que mediante escrito de fecha siete de noviembre del 20181, el demandante argumenta como
agravios:
(i) Existe error de hecho al afirmar que solamente existen cinco casos de procedencia de la
devolución de arancel judicial, sin tener en consideración que el artículo 26 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, establece “(…) los órganos jurisdiccionales pueden ordenar la
devolución o habilitación, siempre y cuando sustenten su decisión bajo responsabilidad
funcional”.
1 Véase los folios 434-439.
1
(ii) “(…) existe error de interpretación de la norma al señalar (…) que según el artículo 29 del
Reglamento de Aranceles Judiciales señala “el término para solicitar la devolución de
aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario y para habilitarlos es de treinta
días hábiles”.
(iii) La Corte Suprema estableció que no debí realizar el pago por concepto de presentación
de casación, situación no advertida por el A quo al momento de resolver la nulidad de la
devolución del arancel judicial presentado en exceso.
III. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA SALA:
PRIMERO.- Conforme lo establece el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, las
resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la
acción contencioso administrativa; en ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 27584, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1067, preceptúa que el proceso contencioso administrativo tiene
por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la
Administración Pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e
intereses de los administrados; concluyéndose, entonces, que todo administrado tiene derecho
a acudir al Órgano Jurisdiccional a solicitar tutela jurisdiccional efectiva al amparo de un debido
proceso en caso considere vulnerado sus derechos de parte de la Administración Pública.
SEGUNDO.- Asimismo, el artículo 364º del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al
presente proceso dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional Superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado la resolución que
les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”; es
decir, a través de este recurso impugnatorio el Juez Superior tiene la facultad de revisar y
decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por la Jueza de Primera Instancia.
TERCERO.- Revisados los actuados, se tiene que mediante escritos del 13 de junio del 2014
(folios 386) y 31 de julio del 2014 (folios 388), el demandante solicita la devolución del 50% del
arancel judicial por concepto de recurso de casación pagado en exceso (s/ 296.00 soles).
Con Resolución Nº 14, del 17 de septiembre del 20142, el Cuarto Juzgado especializado en lo
Contencioso Administrativo ordena devolver al demandante el cincuenta por ciento (% 50) del
monto del Arancel Judicial Nº 883339-1, del Banco de la Nación, por concepto de Recurso de
Nulidad y Casación, señalando textualmente que “(…) para tal efecto, el solicitante realizar las
gestiones correspondientes en la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la
Subgerencia de Recaudación Judicial de la Gerencia General del Poder Judicial, para los fines
consiguientes; y conforme el estado del proceso: remítase los autos al archivo central”.
2 Véase a folios xx.
2
Con escrito del 18 de abril del 2018, el actor reitera su petición de devolución del cincuenta por
ciento equivalente del arancel judicial por presentación de recurso de casación, devuelto a
través de la Resolución Nº 16, del 10 de agosto del 2018, a fin de que haga valer su derecho
donde corresponda, dejando copias certificadas en autos. Y por Resolución Nº 17, del 10 de
octubre del 2018, se declara la nulidad de oficio de la Resolución Nº 14, proveyendo los
escritos de 23 de mayo del 2014 y 13 de junio del 2014, y se declara improcedente lo
solicitado; y conforme al estado del proceso, se remiten los autos al archivo central para su
correspondiente custodia.
CUARTO.- Respecto al primer agravio expresado por el recurrente, se advierte que éste
cuestiona los supuestos a través de las cuales procede la devolución de los aranceles
judiciales; si bien resulta innegable que la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los jueces,
como administradores de justicia, habilitar y/o devolver un arancel judicial no utilizado, también
lo es, que en su intención de fijar los lineamientos bajo los cuales procederán dichas acciones,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió la Resolución Administrativa N° 105-2018-CE-PJ,
que “Aprueba [el] Reglamento de Aranceles Judiciales” (en adelante El Reglamento),
estableciendo un numerus clausus de situaciones claramente definidas en su artículo 25º:
“a) Arancel judicial por Medida cautelar denegada y no impugnada: Procede la devolución del
50%, menos la comisión de la entidad financiera, b) Remate judicial: Cuando ha sido
suspendido o declarado nulo. No procede la devolución en caso haya sido declarado desierto
por falta de postores o cuando el interesado (postor), no participó en dicha diligencia por causa
atribuible a su persona, c) Exhorto no realizado: Cuando no se presta el servicio, al denegarse
la solicitud efectuada, d) Error en su presentación: Cuando ha sido presentado y sellado
equivocadamente por el Centro de Distribución General o Mesa de Partes de los órganos
jurisdiccionales y/o administrativos; y e) Nulidad de Acto Procesal no atribuible al
solicitante: Procede la devolución cuando el órgano jurisdiccional declara fundada la nulidad
por error o vicio procedimental no atribuible a la parte que solicita la devolución”. (El subrayado
es nuestro)
La Ley Nº 26846 encarga al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictar las resoluciones
administrativas que regulen el pago de las tasas judiciales; así cuando procede su devolución
total o parcial. Entonces, únicamente corresponde su devolución si se configura alguno de los
supuestos previstos por tratarse de una regla de mandato y no de carácter discrecional; no
siendo posible aplicar otro que no haya sido dispuesto. En tal sentido, no se aprecia que la
Jueza de la causa haya incurrido en error de hecho al afirmar que existen cinco supuestos para
la devolución de un arancel judicial.
QUINTO.- Con relación al segundo agravio, sobre la calidad de “arancel judicial no utilizado”
que se atribuye al Arancel Judicial Nº 883339-1, por concepto de Recurso de Nulidad y
3
Casación (fojas 372), aduciendo que sí fue utilizado (como obra dentro del expediente y no ha
sido entregado). En efecto, el artículo 24 del Reglamento, define como “Comprobante o
constancia de Pago No Utilizado” a aquel que “no contenga sello alguno que haga presumir
que fue UTILIZADO o RECIBIDO por algún Centro de Distribución (CDG) o Mesa de Partes de
los órganos jurisdiccionales y/o administrativos”, lógicamente, un comprobante de pago
utilixado será aquel del cual se desprenda sello de recepción por mesa de Partes o del Centro
de Distribución correspondiente. Revisados los autos, se advierte que el arancel judicial en
cuestión si fue utilizado dejándose constancia expresa en sello a folios 372, como alega el
actor; sin embargo, textualmente refiere el artículo 29° del Reglamento: “el plazo para solicitar
la devolución de aranceles judiciales no utilizados es de un año calendario; y para utilizados, es
de treinta (30) días hábiles (…)”.
Se observa de los antecedentes del caso materia sub examine, que el arancel judicial de folios
372, si figura como utilizado, por lo cual resulta correcto afirmar que no fue utilizado, siendo
aplicable el plazo dispuesto en el primer párrafo del artículo 29 del Reglamento, de treinta días
hábiles; no obstante, aún cuando pudiera haberse solicitado la devolución del arancel dentro
del plazo de ley; lo cierto es que la razón fundamental por la que no procede su devolución, sea
total o parcial, es porque no está previsto como supuesto el pago por concepto de recurso de
casación.
SEXTO.- Como último agravio, el apelante refiere que el A quo no debió declarar la nulidad de
oficio de la Resolución Nº 12 (Nº 14 corregida), por cuanto existía un pronunciamiento de la
Corte Suprema que lo comprendía como sujeto “exonerado del pago de la tasa judicial según
el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley Nº 27327”.
El hecho de que el actor se hallara exonerado del pago de la tasa judicial, como alega, no
significa que por ello se deba disponer su devolución, puesto que como se ha precisado solo
procede en los casos contemplados en el artículo 25° de la Resolución Administrativa N° 105-
2018-CE-PJ, en tal virtud al haberse detectado que la Resolución Nº 14 ordenaba la entrega
parcial del arancel judicial sin fundamento legal, es que el Juez de Primera Instancia procedió a
enmendar de oficio, subsanando el error de interpretación jurídica cometido, dado que
únicamente está autorizada la devolución del 50% del arancel judicial por medida cautelar y no
por recurso de casación, viciando de ese modo el acto procesal de nulidad insalvable; de esta
manera, el Colegiado no observa un error en el análisis jurídico efectuado.
SÉTIMO.- En ese orden de ideas, se puede concluir que el auto final apelado ha sido expedido
conforme a derecho; debido a que el Juez evaluó objetivamente y de acuerdo al marco jurídico
vigente y aplicable al caso materia de análisis, por lo que corresponde confirmar la resolución
apelada.
4
Por tales consideraciones y en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley.
DECISIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución N° 17 (auto) de fecha 10 de octubre del 2018, que declara
improcedente la solicitud de devolución de arancel judicial presentada por el demandante
Pedro Effio Yaipén; y conforme al estado del proceso vuelvan los autos al Archivo Central de la
Corte Superior de Justicia de Lima para su correspondiente custodia. En los seguidos por
Pedro Effio Yaipén contra la Marina de Guerra del Perú. Notifíquese.
SS.
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Subsets and Splits