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You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE ICA
Juez: MIGUEL CAYO FALCONI
Fecha: 04/01/2019 18:10:16
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
EXPEDIENTE : Nº 00293 – 2006 - 51 – 1411 – JR – LA - 01
CORTE SUPERIOR DE ICA MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
Secretario: PINEDA ESPINO JOSE
ROLANDO JUEZ : MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONI
Fecha: 04/01/2019 18:13:11
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: ICA/PISCO SECRETARIO : JOSÉ ROLANDO PINEDA ESPINO
FIRMA DIGITAL
DEMANDANTE : HUGO FELIX OCHOA LA ROSA
DEMANDADO : COTTONIFICIO SUR PERU SAC
FABRICA TEJIDOS PISCO
CUADERNO CAUTELAR
RESOLUCIÓN Nº 04
Pisco, veintiocho de Diciembre del
Año Dos Mil Dieciocho.-
VISTO; el recurso de oposición a la medida cautelar de
embargo en forma de retención, formulado por la empresa demandada FABRICA TEJIDOS
PISCO SAC, mediante escrito de fojas ciento treinta; y puestos los autos en despacho para
resolver, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: DE LA TUTELA CAUTELAR
“La tutela cautelar más que estar dirigida a defender los
derechos subjetivos, lo está para garantizar «la eficacia, y por así decirlo la seriedad de la
función jurisdiccional», es decir a salvaguardar «el imperio iudicis, o sea a impedir que la
soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la justicia, se reduzca a ser una tardía e
inútil expresión verbal, (…)»”1 de allí que la concesión de las medidas cautelares en el Derecho
Procesal Civil, implique la materialización de la prevención que ejerce el órgano jurisdiccional
a través de la tutela procesal efectiva. Por ello que el artículo 608º del Código Procesal Civil
modificado por Ley Nº 29384 prevé, que el juez puede, a pedido de parte, dictar medida
cautelar antes de iniciado el proceso o dentro de éste, siendo su finalidad garantizar el
cumplimiento de la decisión definitiva, por lo cual toda medida cautelar importa un
prejuzgamiento de conformidad a lo previsto por el artículo 612º del acotado cuerpo legal.
SEGUNDO: DE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR
1 CALAMANDREI, Piero. INTRODUZIONE ALLO STUDIO SISTEMATICO DEI PROVVEDIMENTI
CAUTELARI, Traducción al castellano de Santiago Sentis Melendo, editorial Bibliográfica
Argentina, Buenos Aires 1945. Pág.
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
El segundo párrafo del artículo 637º del Código Procesal Civil,
aplicable al proceso laboral de manera supletoria, según la tercera disposición derogatoria,
sustitutoria y final de la Ley Nº 26636, prescribe que “Una vez dictada la medida cautelar, la
parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde
que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa
pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida. (…) De
ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que resuelve
la oposición es apelable sin efecto suspensivo.”
TERCERO: DE LA MEDIDA CAUTELAR MATERIA DE
AUTOS.
A fojas ciento dos, obra la RESOLUCIÓN Nº DOS, del quince de
agosto del año dos mil dieciocho, que resuelve: “CONCEDASE MEDIDA CAUTELAR DE
EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN, bajo cuenta costo y riesgo del
demandante HUGO FELIX OCHOA LA ROSA; y dispongo trabar EMBARGO EN
FORMA DE RETENCIÓN, sobre las cuentas ahorro y/o cuentas corrientes que
pudiera tener la demandada COTTONIFICIO SUR PERÚ SAC hasta por la suma
de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/.80,916.80), a nivel
nacional, que cubra el monto total embargado; sobre los fondos que
mantuviere los ejecutados en cuentas corrientes, depósitos en custodia,
derechos de crédito u otros bienes, ya sea en moneda nacional o extranjera, de
los cuales la demandada FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C. y COTTONIFICIO
SUR PERÚ SAC, sea la titular en el BANCO CONTINENTAL, BANCO DE CRÉDITO,
INTERBANK y BANCO SCOTIABANK; NÓMBRESE como depositario a la misma
entidad crediticia, a fin de que cumpla con la retención correspondiente a la
orden de éste juzgado, bajo la sanción y responsabilidad pertinente de ley,
debiendo de poner a disposición del Juzgado el monto retenido, consignándolo
mediante certificado de depósito judicial, y EJECUTADO QUE SEA EL EMBARGO,
NOTIFÍQUESE AL AFECTADO.
En ejecución de la medida cautelar concedida, el Banco
Continental, mediante escrito de fojas ciento trece, puso a disposición del juzgado, la
suma de S/.80,916.80 mediante certificado de depósito judicial que en original obra a
fojas ciento doce vuelta. También el Banco de Crédito del Perú - BCP, mediante escrito de
fojas ciento treinta y siete, puso a disposición del juzgado, la suma de S/.80,916.80
mediante certificado de depósito judicial que en original obra a fojas treinta y seis vuelta.
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
También por RESOLUCIÓN Nº TRES, de fojas ciento cuarenta
y tres, se resolvió dejar sin efecto la retención efectuada por el Banco de Crédito del Perú, por
cuanto se retuvo dos veces la misma suma, oficiándose con tal fin.
CUARTO: DEL RECURSO DE OPOSICIÓN A LA CAUTELAR
DICTADA EN AUTOS.
Mediante el recurso que se indica en el visto, la empresa
demandada FABRICA TEJIDOS PISCO SAC, viene en formular oposición a la medida cautelar
de embargo en forma de retención ordenada en autos, con la finalidad de que se declare
fundada la oposición y se declare improcedente la medida cautelar concedida, expone como
fundamentos de hecho de la oposición que:
Que se desprende de la Resolución Nº 2 que el argumento
sustentado por el demandante en su solicitud cautelar es lo dispuesto en la Res. Nº 34 de
fecha 23/12/2008 expedida por la Sala Mixta de Pisco, mediante la cual, según el
demandante, se declaró fundado la petición realizada por el demandante (reposición) y se
ordenó incorporar como sucesor procesal a la empresa Fábrica de Tejidos Pisco SAC, ser
repuesto en Fábrica tejidos Pisco. Que éste argumento es totalmente falso, porque conforme
se desprende de la Resolución 10 de fecha 20703/2007 se declaró fundada la demanda de
nulidad de despido interpuesta contra Cottonificio Sur Perú SAC; resolución que fue
confirmada por la Sala Mixta de Pisco, mediante Resolución Nº 14 de fecha 04/06/2007,
encontrándose de esta manera la presente causa con resolución ejecutoriada. Que en dicha
resolución queda claro que de NINGUNA MANERA SE ORDENA QUE SE INCORPORE AL
PROCESO A FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC., COMO SUCESORA PROCESAL DE COTONIFICIO
SURPERU SAC., como extrañamente alega el demandante por lo cual resulta ser FALSO el
argumento en que se sustenta el pedido cautelar, no habiendo en la indicada resolución la
incorporación que temerariamente alude como argumento de su petición. Que la Resolución
Nº 35, expedida en autos, su parte final no se condice con lo resuelto por la Sala Mixta de
Pisco, mediante Resolución 34, pues esta última sólo establece que la petición del
demandante, de ser repuesto en Fabrica Tejidos Pisco, es fundada, pero de ninguna forma se
determina que fabrica de Tejidos Pisco SAC, es la obligada a pago de suma alguna, no
obstante ello la propia resolución Nº 35 no permite de ninguna forma realizar
interpretaciones antojadizas o deducciones de ningún tipo, solo repite lo dispuesto la Sala
“que se reponga al demandante en Fabrica Tejidos Pisco SAC., y agrega al final se le pague las
remuneraciones dejadas de percibir, PERO EN NIGUN SENTIDO REFIERE QUE SEA FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC, LA QUE DEBA PAGAR.
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
Por Resolución Nº TRES, de fojas ciento cuarenta y tres, se
tiene por formulada la oposición, y se confirió traslado al demandante, por el término de tres
días; y con su absolución o sin ella se dispuso poner los autos en despacho para resolver.
QUINTO: Atendiendo a los hechos expuestos en el recurso de
oposición que realiza la demandada FABRICA TEJIDOS PISCO SAC, de fojas ciento treinta,
tenemos que la controversia se centra en establecer: Si la resolución que concede la medida
cautelar cumple con explicitar los requisitos en particular lo referido en el séptimo
considerando de la resolución cautelar, referido a la obligación que tiene la afectada de
responder patrimonialmente de la obligación pecuniaria establecida en la sentencia.
Revisados los autos tenemos que en el cuaderno principal, a
fojas cuatrocientos ochenta y ocho, obra la Resolución Nº 34, del 23 de diciembre de 2008, la
que en el quinto considerando señala:
“QUINTO: Que, tal como se aprecia de autos, la empresa demandada
con fecha treinta y uno de diciembre del dos mil siete conjuntamente
con el representante de la Fábrica de Tejidos Pisco SAC., suscribieron
ante Notario Público el contrato de Escisión parcial del bloque
patrimonial, fecha en la que ya se encontraba pendiente la ejecución
de la sentencia dictada en autos; contrato en que en el cláusula
séptima señala que “PISCOTEX declara que asume todas las
obligaciones que le corresponden a COTTONSUR respecto a los
trabajadores que a la fecha fijada para la escisión figuren en la
planilla, asimismo respetará los derechos laborales adquiridos por
los trabajadores el tiempo de servicio generado, las categorías, los
derechos vacacionales y demás beneficios sociales que se hayan
generado como trabajadores de COTTONSUR”.
“SEXTO: Al respecto cabe señalar que el demandante ante la
autoridad jurisdiccional interpone demanda de nulidad de despido
contra la emplazada COTTONIFICIO SUR PERÚ SAC., el mismo que fue
declarada fundada ordenándose que el actor sea repuesto en su
puesto habitual de labores, o en otro puesto de categoría análoga con
el pago consiguiente de todas las remuneraciones dejadas de percibir
desde la fecha del despido y hasta su reposición efectiva del trabajo y
que la CTS del periodo precitado sea depositado en una entidad
bancaria con arreglo a ley, más intereses legales, costas y costos;
resolución, que fuera posteriormente conformada en Sala Superior y
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
finalmente la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la
Corte Suprema de la República declaró improcedente el recurso de
casación. Consecuentemente el despido efectuado al actor fue
declarado nulo, reponiéndose el estado en que se efectúo la
vulneración, entendiéndose con ello que el demandante continúa con
dependencia laboral del demandado y que en la actualidad al haberse
producido la escisión parcial del bloque patrimonial por la empresa
PISCOTEX ésta asume todas las obligaciones dejadas por COTTONSUR
con sus trabajadores, correspondiéndole que el actor sea repuesto en
dicha empresa; (…)” SIC.
Al ser devueltos los autos del Superior, el juez de la época
dictó la Resolución Nº 35, del trece de febrero de 2009, a fojas cuatrocientos noventa y dos, la
que dice:
“(…) CÚMPLASE LO EJECUTORIADO en consecuencia, Notifíquese a la
demandada COTONIFICIO SUR PERU SAC., para que en el acto de la
notificación REPONGA a don HUGO FELIX OCHOA LA ROSA en las
labores que desempeñaba, debiendo ser repuesto en la empresa
Fábrica de Tejidos Pisco SAC y además que le pague las
remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha del cese hasta su
reposición efectiva en el trabajo; (…)”.
Nótese que la resolución de la Sala Mixta de Pisco, si bien es
cierto se pronuncia respecto del lugar en donde debe ser repuesto el actor, también es cierto
que fundamenta de que al haberse producido la escisión parcial del bloque patrimonial por la
empresa PISCOTEX ésta asume todas las obligaciones dejadas por COTTONSUR con sus
trabajadores. Además, la citada Resolución Nº 35, del trece de febrero de 2009, se refiere a
dos obligaciones una de hacer que es la reposición del trabajador en el centro de labores, y
otra obligación de dar una suma de dinero (pago de beneficios sociales) sin embargo, dicha
resolución no distingue que empresa demandada debe cumplir con dichas obligaciones,
entendiéndose que ambas deben ser asumidas por la empresa Fábrica de Tejidos Pisco SAC.
Asimismo, dichas resoluciones no fueron impugnadas ni cuestionadas por la demandada
Fábrica de Tejidos Pisco SAC., de ahí que podemos concluir, que el recurso de oposición a la
medida cautelar no puede ampararse.
En consecuencia por los fundamentos de hecho y derecho
expuestos en precedencia; SE RESUELVE: Declarar INFUNDADO el recurso de oposición a la
medida cautelar decretada mediante Resolución Nº DOS, de fojas ciento dos, que realiza la
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
empresa demandada FABRICA TEJIDOS PISCO SAC, mediante escrito de fojas ciento treinta;
y REQUIÉRASE a la demandada FABRICA TEJIDOS PISCO SAC para que dentro del PLAZO DE
TRES DÍAS cumpla atender el pago de la suma de S/.80,916.80, ordenada mediante
resolución Nº 103, bajo apercibimiento de que el demandante se haga cobro con el dinero
retenido por el Banco Continental, y puesto a disposición del juzgado mediante certificado
de depósito judicial que obra en autos a fojas ciento doce vuelta. Tómese Razón y Hágase
Saber.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE ICA
Juez: MIGUEL CAYO FALCONI
Fecha: 04/01/2019 18:10:16
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
EXPEDIENTE : Nº 00293 – 2006 - 51 – 1411 – JR – LA - 01
CORTE SUPERIOR DE ICA MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
Secretario: PINEDA ESPINO JOSE
ROLANDO JUEZ : MIGUEL FRANCISCO CAYO FALCONI
Fecha: 04/01/2019 18:13:11
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: ICA/PISCO SECRETARIO : JOSÉ ROLANDO PINEDA ESPINO
FIRMA DIGITAL
DEMANDANTE : HUGO FELIX OCHOA LA ROSA
DEMANDADO : COTTONIFICIO SUR PERU SAC
FABRICA TEJIDOS PISCO
CUADERNO CAUTELAR
RESOLUCIÓN Nº 04
Pisco, veintiocho de Diciembre del
Año Dos Mil Dieciocho.-
VISTO; el recurso de oposición a la medida cautelar de
embargo en forma de retención, formulado por la empresa demandada FABRICA TEJIDOS
PISCO SAC, mediante escrito de fojas ciento treinta; y puestos los autos en despacho para
resolver, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: DE LA TUTELA CAUTELAR
“La tutela cautelar más que estar dirigida a defender los
derechos subjetivos, lo está para garantizar «la eficacia, y por así decirlo la seriedad de la
función jurisdiccional», es decir a salvaguardar «el imperio iudicis, o sea a impedir que la
soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la justicia, se reduzca a ser una tardía e
inútil expresión verbal, (…)»”1 de allí que la concesión de las medidas cautelares en el Derecho
Procesal Civil, implique la materialización de la prevención que ejerce el órgano jurisdiccional
a través de la tutela procesal efectiva. Por ello que el artículo 608º del Código Procesal Civil
modificado por Ley Nº 29384 prevé, que el juez puede, a pedido de parte, dictar medida
cautelar antes de iniciado el proceso o dentro de éste, siendo su finalidad garantizar el
cumplimiento de la decisión definitiva, por lo cual toda medida cautelar importa un
prejuzgamiento de conformidad a lo previsto por el artículo 612º del acotado cuerpo legal.
SEGUNDO: DE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR
1 CALAMANDREI, Piero. INTRODUZIONE ALLO STUDIO SISTEMATICO DEI PROVVEDIMENTI
CAUTELARI, Traducción al castellano de Santiago Sentis Melendo, editorial Bibliográfica
Argentina, Buenos Aires 1945. Pág.
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
El segundo párrafo del artículo 637º del Código Procesal Civil,
aplicable al proceso laboral de manera supletoria, según la tercera disposición derogatoria,
sustitutoria y final de la Ley Nº 26636, prescribe que “Una vez dictada la medida cautelar, la
parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde
que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa
pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida. (…) De
ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que resuelve
la oposición es apelable sin efecto suspensivo.”
TERCERO: DE LA MEDIDA CAUTELAR MATERIA DE
AUTOS.
A fojas ciento dos, obra la RESOLUCIÓN Nº DOS, del quince de
agosto del año dos mil dieciocho, que resuelve: “CONCEDASE MEDIDA CAUTELAR DE
EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN, bajo cuenta costo y riesgo del
demandante HUGO FELIX OCHOA LA ROSA; y dispongo trabar EMBARGO EN
FORMA DE RETENCIÓN, sobre las cuentas ahorro y/o cuentas corrientes que
pudiera tener la demandada COTTONIFICIO SUR PERÚ SAC hasta por la suma
de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/.80,916.80), a nivel
nacional, que cubra el monto total embargado; sobre los fondos que
mantuviere los ejecutados en cuentas corrientes, depósitos en custodia,
derechos de crédito u otros bienes, ya sea en moneda nacional o extranjera, de
los cuales la demandada FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C. y COTTONIFICIO
SUR PERÚ SAC, sea la titular en el BANCO CONTINENTAL, BANCO DE CRÉDITO,
INTERBANK y BANCO SCOTIABANK; NÓMBRESE como depositario a la misma
entidad crediticia, a fin de que cumpla con la retención correspondiente a la
orden de éste juzgado, bajo la sanción y responsabilidad pertinente de ley,
debiendo de poner a disposición del Juzgado el monto retenido, consignándolo
mediante certificado de depósito judicial, y EJECUTADO QUE SEA EL EMBARGO,
NOTIFÍQUESE AL AFECTADO.
En ejecución de la medida cautelar concedida, el Banco
Continental, mediante escrito de fojas ciento trece, puso a disposición del juzgado, la
suma de S/.80,916.80 mediante certificado de depósito judicial que en original obra a
fojas ciento doce vuelta. También el Banco de Crédito del Perú - BCP, mediante escrito de
fojas ciento treinta y siete, puso a disposición del juzgado, la suma de S/.80,916.80
mediante certificado de depósito judicial que en original obra a fojas treinta y seis vuelta.
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
También por RESOLUCIÓN Nº TRES, de fojas ciento cuarenta
y tres, se resolvió dejar sin efecto la retención efectuada por el Banco de Crédito del Perú, por
cuanto se retuvo dos veces la misma suma, oficiándose con tal fin.
CUARTO: DEL RECURSO DE OPOSICIÓN A LA CAUTELAR
DICTADA EN AUTOS.
Mediante el recurso que se indica en el visto, la empresa
demandada FABRICA TEJIDOS PISCO SAC, viene en formular oposición a la medida cautelar
de embargo en forma de retención ordenada en autos, con la finalidad de que se declare
fundada la oposición y se declare improcedente la medida cautelar concedida, expone como
fundamentos de hecho de la oposición que:
Que se desprende de la Resolución Nº 2 que el argumento
sustentado por el demandante en su solicitud cautelar es lo dispuesto en la Res. Nº 34 de
fecha 23/12/2008 expedida por la Sala Mixta de Pisco, mediante la cual, según el
demandante, se declaró fundado la petición realizada por el demandante (reposición) y se
ordenó incorporar como sucesor procesal a la empresa Fábrica de Tejidos Pisco SAC, ser
repuesto en Fábrica tejidos Pisco. Que éste argumento es totalmente falso, porque conforme
se desprende de la Resolución 10 de fecha 20703/2007 se declaró fundada la demanda de
nulidad de despido interpuesta contra Cottonificio Sur Perú SAC; resolución que fue
confirmada por la Sala Mixta de Pisco, mediante Resolución Nº 14 de fecha 04/06/2007,
encontrándose de esta manera la presente causa con resolución ejecutoriada. Que en dicha
resolución queda claro que de NINGUNA MANERA SE ORDENA QUE SE INCORPORE AL
PROCESO A FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC., COMO SUCESORA PROCESAL DE COTONIFICIO
SURPERU SAC., como extrañamente alega el demandante por lo cual resulta ser FALSO el
argumento en que se sustenta el pedido cautelar, no habiendo en la indicada resolución la
incorporación que temerariamente alude como argumento de su petición. Que la Resolución
Nº 35, expedida en autos, su parte final no se condice con lo resuelto por la Sala Mixta de
Pisco, mediante Resolución 34, pues esta última sólo establece que la petición del
demandante, de ser repuesto en Fabrica Tejidos Pisco, es fundada, pero de ninguna forma se
determina que fabrica de Tejidos Pisco SAC, es la obligada a pago de suma alguna, no
obstante ello la propia resolución Nº 35 no permite de ninguna forma realizar
interpretaciones antojadizas o deducciones de ningún tipo, solo repite lo dispuesto la Sala
“que se reponga al demandante en Fabrica Tejidos Pisco SAC., y agrega al final se le pague las
remuneraciones dejadas de percibir, PERO EN NIGUN SENTIDO REFIERE QUE SEA FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC, LA QUE DEBA PAGAR.
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
Por Resolución Nº TRES, de fojas ciento cuarenta y tres, se
tiene por formulada la oposición, y se confirió traslado al demandante, por el término de tres
días; y con su absolución o sin ella se dispuso poner los autos en despacho para resolver.
QUINTO: Atendiendo a los hechos expuestos en el recurso de
oposición que realiza la demandada FABRICA TEJIDOS PISCO SAC, de fojas ciento treinta,
tenemos que la controversia se centra en establecer: Si la resolución que concede la medida
cautelar cumple con explicitar los requisitos en particular lo referido en el séptimo
considerando de la resolución cautelar, referido a la obligación que tiene la afectada de
responder patrimonialmente de la obligación pecuniaria establecida en la sentencia.
Revisados los autos tenemos que en el cuaderno principal, a
fojas cuatrocientos ochenta y ocho, obra la Resolución Nº 34, del 23 de diciembre de 2008, la
que en el quinto considerando señala:
“QUINTO: Que, tal como se aprecia de autos, la empresa demandada
con fecha treinta y uno de diciembre del dos mil siete conjuntamente
con el representante de la Fábrica de Tejidos Pisco SAC., suscribieron
ante Notario Público el contrato de Escisión parcial del bloque
patrimonial, fecha en la que ya se encontraba pendiente la ejecución
de la sentencia dictada en autos; contrato en que en el cláusula
séptima señala que “PISCOTEX declara que asume todas las
obligaciones que le corresponden a COTTONSUR respecto a los
trabajadores que a la fecha fijada para la escisión figuren en la
planilla, asimismo respetará los derechos laborales adquiridos por
los trabajadores el tiempo de servicio generado, las categorías, los
derechos vacacionales y demás beneficios sociales que se hayan
generado como trabajadores de COTTONSUR”.
“SEXTO: Al respecto cabe señalar que el demandante ante la
autoridad jurisdiccional interpone demanda de nulidad de despido
contra la emplazada COTTONIFICIO SUR PERÚ SAC., el mismo que fue
declarada fundada ordenándose que el actor sea repuesto en su
puesto habitual de labores, o en otro puesto de categoría análoga con
el pago consiguiente de todas las remuneraciones dejadas de percibir
desde la fecha del despido y hasta su reposición efectiva del trabajo y
que la CTS del periodo precitado sea depositado en una entidad
bancaria con arreglo a ley, más intereses legales, costas y costos;
resolución, que fuera posteriormente conformada en Sala Superior y
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
finalmente la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la
Corte Suprema de la República declaró improcedente el recurso de
casación. Consecuentemente el despido efectuado al actor fue
declarado nulo, reponiéndose el estado en que se efectúo la
vulneración, entendiéndose con ello que el demandante continúa con
dependencia laboral del demandado y que en la actualidad al haberse
producido la escisión parcial del bloque patrimonial por la empresa
PISCOTEX ésta asume todas las obligaciones dejadas por COTTONSUR
con sus trabajadores, correspondiéndole que el actor sea repuesto en
dicha empresa; (…)” SIC.
Al ser devueltos los autos del Superior, el juez de la época
dictó la Resolución Nº 35, del trece de febrero de 2009, a fojas cuatrocientos noventa y dos, la
que dice:
“(…) CÚMPLASE LO EJECUTORIADO en consecuencia, Notifíquese a la
demandada COTONIFICIO SUR PERU SAC., para que en el acto de la
notificación REPONGA a don HUGO FELIX OCHOA LA ROSA en las
labores que desempeñaba, debiendo ser repuesto en la empresa
Fábrica de Tejidos Pisco SAC y además que le pague las
remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha del cese hasta su
reposición efectiva en el trabajo; (…)”.
Nótese que la resolución de la Sala Mixta de Pisco, si bien es
cierto se pronuncia respecto del lugar en donde debe ser repuesto el actor, también es cierto
que fundamenta de que al haberse producido la escisión parcial del bloque patrimonial por la
empresa PISCOTEX ésta asume todas las obligaciones dejadas por COTTONSUR con sus
trabajadores. Además, la citada Resolución Nº 35, del trece de febrero de 2009, se refiere a
dos obligaciones una de hacer que es la reposición del trabajador en el centro de labores, y
otra obligación de dar una suma de dinero (pago de beneficios sociales) sin embargo, dicha
resolución no distingue que empresa demandada debe cumplir con dichas obligaciones,
entendiéndose que ambas deben ser asumidas por la empresa Fábrica de Tejidos Pisco SAC.
Asimismo, dichas resoluciones no fueron impugnadas ni cuestionadas por la demandada
Fábrica de Tejidos Pisco SAC., de ahí que podemos concluir, que el recurso de oposición a la
medida cautelar no puede ampararse.
En consecuencia por los fundamentos de hecho y derecho
expuestos en precedencia; SE RESUELVE: Declarar INFUNDADO el recurso de oposición a la
medida cautelar decretada mediante Resolución Nº DOS, de fojas ciento dos, que realiza la
Corte Superior de Justicia de Ica
JUZGADO CIVIL Y DE FAMILIA TRANSITORIO
- SEDE LA VILLA - PISCO
empresa demandada FABRICA TEJIDOS PISCO SAC, mediante escrito de fojas ciento treinta;
y REQUIÉRASE a la demandada FABRICA TEJIDOS PISCO SAC para que dentro del PLAZO DE
TRES DÍAS cumpla atender el pago de la suma de S/.80,916.80, ordenada mediante
resolución Nº 103, bajo apercibimiento de que el demandante se haga cobro con el dinero
retenido por el Banco Continental, y puesto a disposición del juzgado mediante certificado
de depósito judicial que obra en autos a fojas ciento doce vuelta. Tómese Razón y Hágase
Saber.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
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CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00115-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
febrero de 2008, a folios 29-34, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por PROFUTURO AFP
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 54/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 13 de marzo
de 2008 (folios 35-36), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de febrero del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00115-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
febrero de 2008, a folios 29-34, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por PROFUTURO AFP
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 54/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 13 de marzo
de 2008 (folios 35-36), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de febrero del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley.<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | 3° JUZGADO DE PAZ LETRADO (SEDE BARRANCO - MIRAFLORES)
EXPEDIENTE : 00060-2006-0-1809-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : ALMEYDA QUINTANA JULIO MOISES
ESPECIALISTA : SOLIS ROJAS, JORGE
DEMANDADO : BARTRA ZUZUNAGA, IRMA RAQUEL
ZUZUNAGA WEILL DE BARTRA, EMILIA RAQUEL
DEMANDANTE : HOSP NAC EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ESSALUD
,
SENTENCIA
Resolución Nro. TREINTA Y SIETE
Miraflores, 19 de Setiembre de 2022
VISTOS: Los seguidos por HOSPITAL NACIONAL EDGARDO
REBAGLIATI MARTINS – DE LA RED ASISTENCIAL DEL SEGURO SOCIAL
contra IRMA RAQUEL BARTRA ZUZUNAGA y EMILIA RAQUEL ZUZUBAGA
WEILL DE BARTRA sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO. -
I. ASUNTO:
1.1. Sobre la demanda y sus pretensiones contenidas en ella:
Por escrito de fojas 36 a 41, el HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI
MARTINS – DE LA RED ASISTENCIAL DEL SEGURO SOCIAL. interpone
demanda contra IRMA RAQUEL BARTRA ZUZUNAGA y EMILIA RAQUEL
ZUZUBAGA WEILL DE BARTRA, a efecto que cumpla con el pago de S/8,489.83
Soles por concepto de OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, más intereses
legales, costas y costos del proceso.
1.2. Fundamentos de la demanda:
Expone como fundamentos de hecho los siguientes puntos básicamente:
a) Que la demandada Irma Raquel Bartra Zuzunaga ingreso por emergencia en tres
oportunidades; a) Del 13 de febrero de 2003 al 15 de febrero de 2003; b) Del 18 de
febrero de 2003 al 27 de febrero de 2003; y, c) Del 17 de marzo de 2003 al 18 de marzo
de 2003.
b) En dichos actos, la codemandada Emilia Zuzunaga Weill de Bartra garantizó su
atención según Pagaré N° 0046709 por suma de S/1,055.15 Soles, Pagaré N° 0048109
por suma de S/5,916.07 Soles y Pagaré N° 0171886 por suma de S/.1,518.61 Soles
c) Señala que la demandada no cumplió con el pago del monto adeudado por ello se
procedió a citar a la misma a una Audiencia de Conciliación Extrajudicial, la misma
que concluyó por inasistencia de la demandada; y, en resguardo de su derecho se ve
obligada a iniciarle la presente acción.
1.3. La contestación de la demanda y sus fundamentos:
1.3.1. Por Resolución OCHO y VEINTIUNO de fojas 65 y 161, respectivamente; las
demandadas son declaradas REBELDES.
1.4 Desarrollo del Proceso. -
i. Habiéndose interpuesto la demanda a fojas 36 a 41, esta fue admitida a través de la
Resolución UNO, de fecha 11 de diciembre de 2006 (fojas 42) en la vía de Proceso
Abreviado;
ii. Por Resoluciones OCHO y VEINTIUNO de fojas 65 y 161 respectivamente; las
demandadas son declaradas REBELDES.
iii. Mediante Resolución VEINTIDOS de fojas 167; se declara Saneado el Proceso; y,
en consecuencia, una relación jurídica procesal válida entre las partes procesales.
iv. A través de la Resolución TREINTA Y UNO de fojas 184 a 185; se fija Puntos
Controvertidos, se admiten y actúan los medios de prueba ofrecidos, y se dispone el
Juzgamiento Anticipado del proceso acorde al artículo 473° del Código Procesal
Civil, poniéndose los autos en Despacho para sentenciar. Por lo que se emite la
sentencia correspondiente, de acuerdo a los siguientes fundamentos; y; -
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, prescribe que
el Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivo
los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta sea lograr la paz social en justicia;
SEGUNDO: Toda persona natural o jurídica, tiene derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido
proceso; que, el Juez deberá atender a que la finalidad correcta del proceso en resolver un
conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz
social en justicia, como lo prescribe los artículos Primero y Tercero del Título Preliminar
del Código Procesal Civil;
TERCERO: En este orden de ideas tenemos que los medios probatorios tienen por
finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, y producir certeza en el Juez
respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones; asimismo, la carga de
la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos siendo, que todos los medios probatorios serán
valorados por el juez en forma conjunta mediante su apreciación razonada. Sin embargo, en
la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que
sustenten su decisión conforme lo preceptúan los artículos 188°, 196° y 197° del Código
Procesal Civil,
CUARTO: En cuanto al fondo cabe señalar que el auto de fijación de Puntos
Controvertidos, admisión y calificación de medios probatorios, obrante de folios 184 a 185,
se han fijado los siguientes Puntos Controvertidos: a) Determinar si procede amparar la
demanda interpuesta sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, por la suma puesta a cobro
incluidos los intereses legales por atenciones médicas; b) Determinar si procede condenar a
las demandadas al pago de costos y costas del proceso.
QUINTO: Que, la naturaleza jurídica del derecho a probar, está constituida como un
derecho subjetivo que le permite a quien afirma o niega una pretensión, utilizar dentro del
proceso. Conforme a los principios que lo delimitan y le dan contenido, todos los medios
probatorios pertinentes que resulten necesarios para acreditar los hechos que sirven de
sustento a su pretensión o a su defensa; de conformidad con lo prescrito el artículo 196° del
Código Procesal Civil;
SEXTO: Del estudio de autos se advierte que la parte actora, viene en peticionar el
pago de S/8,489.83 Soles (Demanda, fojas 36, Petitorio), acompañando como medios
probatorios que sustentan su pretensión los siguientes: a) El mérito del Pagaré N° 0046709
por suma de S/.1,055.15 Soles de fojas 33; b) El mérito de la Liquidación de Prestación de
Salud Nro. 002-032807 de fojas 26 a 27, que acredita la prestación de servicios a la
demandada Irma Raquel Bartra Zuzunaga, realizada del 13 al 15 de febrero de 2003; c) El
mérito del Pagaré N° 0048109 por suma de S/.5,916.07 Soles de fojas 33; d) El mérito de
la Liquidación de Prestación de Salud Nro. 002-033220 de fojas 31 a 32, que acredita la
prestación de servicios a la demandada Irma Raquel Bartra Zuzunaga realizada del 18 al 27
de febrero de 2003; e) El mérito de la Boleta de Venta N° 06529 por suma de S/.1,518.61
Soles de fojas 34; f) El mérito de la Liquidación de Prestación de Salud Nro. 002-033958
de fojas 35, que acredita la prestación de servicios a la demandada Irma Raquel Bartra
Zuzunaga realizada del 17 al 18 de marzo de 2003, con los cuales acredita la pretensión
demandada, en el presente extremo;
SÉPTIMO: Siendo ello así y habiéndose efectuado el análisis de los medios probatorios
ofrecidos por las partes, podemos concluir conforme al artículo 1229° del Código Civil,
que la presente acción resulta amparable;
OCTAVO: Respecto al pago de los intereses peticionados, acorde con lo establecido en
los Artículos 1246 del Código Civil, la demandada debe cumplir con el pago de intereses
legales, los cuales deberán liquidarse en la etapa técnica de ejecución; y, considerando
además que, de las pruebas aportadas se encuentra acreditada la pretensión de la obligación
de dar suma de dinero, más no así la extinción de la obligación. -
NOVENO: Conforme al artículo 412° del Código Procesal Civil referente a la condena
en costas y costos; señala que el reembolso de las costas y costos del proceso no requieren
ser demandados y es de cargo de la parte vencida.
DÉCIMO: Estando a lo antes expuesto y habiendo el Juzgador efectuado la valoración
conjunta de los medios probatorios ofrecidos conforme al artículo 197° del Código
Procesal Civil y de los hechos conforme a las reglas de la sana crítica y la lógica el Señor
Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, administrando
justicia a Nombre de la Nación:
FALLA: ----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Declarando FUNDADA la demanda promovida por HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS – DE LA RED ASISTENCIAL DEL SEGURO
SOCIAL contra IRMA RAQUEL BARTRA ZUZUNAGA y EMILIA RAQUEL
ZUZUBAGA WEILL DE BARTRA sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE
DINERO; en consecuencia, ORDENO que los demandados cumplan de manera
solidaria con el pago de S/8,489.83 Soles por concepto de OBLIGACIÓN DE DAR
SUMA DE DINERO, más intereses legales, costas y costos del proceso.
2.- HÁGASE SABER. - | <|im_start|>system
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3° JUZGADO DE PAZ LETRADO (SEDE BARRANCO - MIRAFLORES)
EXPEDIENTE : 00060-2006-0-1809-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : ALMEYDA QUINTANA JULIO MOISES
ESPECIALISTA : SOLIS ROJAS, JORGE
DEMANDADO : BARTRA ZUZUNAGA, IRMA RAQUEL
ZUZUNAGA WEILL DE BARTRA, EMILIA RAQUEL
DEMANDANTE : HOSP NAC EDGARDO REBAGLIATI MARTINS ESSALUD
,
SENTENCIA
Resolución Nro. TREINTA Y SIETE
Miraflores, 19 de Setiembre de 2022
VISTOS: Los seguidos por HOSPITAL NACIONAL EDGARDO
REBAGLIATI MARTINS – DE LA RED ASISTENCIAL DEL SEGURO SOCIAL
contra IRMA RAQUEL BARTRA ZUZUNAGA y EMILIA RAQUEL ZUZUBAGA
WEILL DE BARTRA sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO. -
I. ASUNTO:
1.1. Sobre la demanda y sus pretensiones contenidas en ella:
Por escrito de fojas 36 a 41, el HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI
MARTINS – DE LA RED ASISTENCIAL DEL SEGURO SOCIAL. interpone
demanda contra IRMA RAQUEL BARTRA ZUZUNAGA y EMILIA RAQUEL
ZUZUBAGA WEILL DE BARTRA, a efecto que cumpla con el pago de S/8,489.83
Soles por concepto de OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, más intereses
legales, costas y costos del proceso.
1.2. Fundamentos de la demanda:
Expone como fundamentos de hecho los siguientes puntos básicamente:
a) Que la demandada Irma Raquel Bartra Zuzunaga ingreso por emergencia en tres
oportunidades; a) Del 13 de febrero de 2003 al 15 de febrero de 2003; b) Del 18 de
febrero de 2003 al 27 de febrero de 2003; y, c) Del 17 de marzo de 2003 al 18 de marzo
de 2003.
b) En dichos actos, la codemandada Emilia Zuzunaga Weill de Bartra garantizó su
atención según Pagaré N° 0046709 por suma de S/1,055.15 Soles, Pagaré N° 0048109
por suma de S/5,916.07 Soles y Pagaré N° 0171886 por suma de S/.1,518.61 Soles
c) Señala que la demandada no cumplió con el pago del monto adeudado por ello se
procedió a citar a la misma a una Audiencia de Conciliación Extrajudicial, la misma
que concluyó por inasistencia de la demandada; y, en resguardo de su derecho se ve
obligada a iniciarle la presente acción.
1.3. La contestación de la demanda y sus fundamentos:
1.3.1. Por Resolución OCHO y VEINTIUNO de fojas 65 y 161, respectivamente; las
demandadas son declaradas REBELDES.
1.4 Desarrollo del Proceso. -
i. Habiéndose interpuesto la demanda a fojas 36 a 41, esta fue admitida a través de la
Resolución UNO, de fecha 11 de diciembre de 2006 (fojas 42) en la vía de Proceso
Abreviado;
ii. Por Resoluciones OCHO y VEINTIUNO de fojas 65 y 161 respectivamente; las
demandadas son declaradas REBELDES.
iii. Mediante Resolución VEINTIDOS de fojas 167; se declara Saneado el Proceso; y,
en consecuencia, una relación jurídica procesal válida entre las partes procesales.
iv. A través de la Resolución TREINTA Y UNO de fojas 184 a 185; se fija Puntos
Controvertidos, se admiten y actúan los medios de prueba ofrecidos, y se dispone el
Juzgamiento Anticipado del proceso acorde al artículo 473° del Código Procesal
Civil, poniéndose los autos en Despacho para sentenciar. Por lo que se emite la
sentencia correspondiente, de acuerdo a los siguientes fundamentos; y; -
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, prescribe que
el Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivo
los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta sea lograr la paz social en justicia;
SEGUNDO: Toda persona natural o jurídica, tiene derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido
proceso; que, el Juez deberá atender a que la finalidad correcta del proceso en resolver un
conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz
social en justicia, como lo prescribe los artículos Primero y Tercero del Título Preliminar
del Código Procesal Civil;
TERCERO: En este orden de ideas tenemos que los medios probatorios tienen por
finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, y producir certeza en el Juez
respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones; asimismo, la carga de
la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos siendo, que todos los medios probatorios serán
valorados por el juez en forma conjunta mediante su apreciación razonada. Sin embargo, en
la resolución solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que
sustenten su decisión conforme lo preceptúan los artículos 188°, 196° y 197° del Código
Procesal Civil,
CUARTO: En cuanto al fondo cabe señalar que el auto de fijación de Puntos
Controvertidos, admisión y calificación de medios probatorios, obrante de folios 184 a 185,
se han fijado los siguientes Puntos Controvertidos: a) Determinar si procede amparar la
demanda interpuesta sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, por la suma puesta a cobro
incluidos los intereses legales por atenciones médicas; b) Determinar si procede condenar a
las demandadas al pago de costos y costas del proceso.
QUINTO: Que, la naturaleza jurídica del derecho a probar, está constituida como un
derecho subjetivo que le permite a quien afirma o niega una pretensión, utilizar dentro del
proceso. Conforme a los principios que lo delimitan y le dan contenido, todos los medios
probatorios pertinentes que resulten necesarios para acreditar los hechos que sirven de
sustento a su pretensión o a su defensa; de conformidad con lo prescrito el artículo 196° del
Código Procesal Civil;
SEXTO: Del estudio de autos se advierte que la parte actora, viene en peticionar el
pago de S/8,489.83 Soles (Demanda, fojas 36, Petitorio), acompañando como medios
probatorios que sustentan su pretensión los siguientes: a) El mérito del Pagaré N° 0046709
por suma de S/.1,055.15 Soles de fojas 33; b) El mérito de la Liquidación de Prestación de
Salud Nro. 002-032807 de fojas 26 a 27, que acredita la prestación de servicios a la
demandada Irma Raquel Bartra Zuzunaga, realizada del 13 al 15 de febrero de 2003; c) El
mérito del Pagaré N° 0048109 por suma de S/.5,916.07 Soles de fojas 33; d) El mérito de
la Liquidación de Prestación de Salud Nro. 002-033220 de fojas 31 a 32, que acredita la
prestación de servicios a la demandada Irma Raquel Bartra Zuzunaga realizada del 18 al 27
de febrero de 2003; e) El mérito de la Boleta de Venta N° 06529 por suma de S/.1,518.61
Soles de fojas 34; f) El mérito de la Liquidación de Prestación de Salud Nro. 002-033958
de fojas 35, que acredita la prestación de servicios a la demandada Irma Raquel Bartra
Zuzunaga realizada del 17 al 18 de marzo de 2003, con los cuales acredita la pretensión
demandada, en el presente extremo;
SÉPTIMO: Siendo ello así y habiéndose efectuado el análisis de los medios probatorios
ofrecidos por las partes, podemos concluir conforme al artículo 1229° del Código Civil,
que la presente acción resulta amparable;
OCTAVO: Respecto al pago de los intereses peticionados, acorde con lo establecido en
los Artículos 1246 del Código Civil, la demandada debe cumplir con el pago de intereses
legales, los cuales deberán liquidarse en la etapa técnica de ejecución; y, considerando
además que, de las pruebas aportadas se encuentra acreditada la pretensión de la obligación
de dar suma de dinero, más no así la extinción de la obligación. -
NOVENO: Conforme al artículo 412° del Código Procesal Civil referente a la condena
en costas y costos; señala que el reembolso de las costas y costos del proceso no requieren
ser demandados y es de cargo de la parte vencida.
DÉCIMO: Estando a lo antes expuesto y habiendo el Juzgador efectuado la valoración
conjunta de los medios probatorios ofrecidos conforme al artículo 197° del Código
Procesal Civil y de los hechos conforme a las reglas de la sana crítica y la lógica el Señor
Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, administrando
justicia a Nombre de la Nación:
FALLA: ----------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Declarando FUNDADA la demanda promovida por HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS – DE LA RED ASISTENCIAL DEL SEGURO
SOCIAL contra IRMA RAQUEL BARTRA ZUZUNAGA y EMILIA RAQUEL
ZUZUBAGA WEILL DE BARTRA sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE
DINERO; en consecuencia, ORDENO que los demandados cumplan de manera
solidaria con el pago de S/8,489.83 Soles por concepto de OBLIGACIÓN DE DAR
SUMA DE DINERO, más intereses legales, costas y costos del proceso.
2.- HÁGASE SABER. -<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | 2° SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00242-2006-0-1801-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
DEMANDADO : COPEINCA EMPRESA ABSORBENTE POR FUSION DE PACIFIC FISHING BUSINESS
SAC ,
DEMANDANTE : BARRERA BARRENO, PABLO
Señores:
VALENZUELA BARRETO
BURGOS ZAVALETA
CUNYAS ZAMORA
Resolución N° 34
Lima, 23 de Agosto del 2018.
Por recibido los autos y ATENDIENDO: Primero:
Es materia de revisión la sentencia expedida en autos de fecha veintisiete de
julio del dos mil dieciséis que declara fundada en parte la demanda y
ordena pagar al demandante la suma de S/.1,697.76 nuevos soles;
Segundo: Mediante Resolución Administrativa N° 182-10-CE-PJ, de fecha
veinte de mayo del dos mil diez, publicada en el Diario Oficial el Peruano el
día cuatro de junio del dos mil diez, se dispone el desdoblamiento de las
Salas Laborales en Tribunales Unipersonales, la misma que resolverán en
última instancia las causas cuya cuantía de la sentencia recurrida no
supere las 70 URP; Tercero: Asimismo, debe tenerse presente el último
Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral realizado en la ciudad de
Lima, lo días 08 y 09 de mayo del dos mil catorce, en la que se acordó por
unanimidad que los tribunales unipersonales pueden conocer de los
recursos de apelación en causas cuya cuantía reconocida en la sentencia no
supere las 70 Unidades de Referencia Procesal (URP); aún cuando exista
reconocimiento de una pretensión no cuantificable; Cuarto: Siendo ello así,
no obstante haber sido resuelto anteriormente por un Tribunal Colegiado y
estando a la cuantía determinada en la sentencia expedida en primera
instancia, corresponde su conocimiento a los Tribunales Unipersonales
prevista en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley N° 29497, vigente
desde el dieciséis de enero del año dos mil diez y ratificada por el II Pleno
Jurisdiccional Supremo en materia Laboral de mayo del dos mil catorce;
más aún , si la Corte Suprema en la Casación N° 11482-2013 La Libertad
modificó el criterio jurídico adoptado en casos anteriores, en atención a la
exigencia de duración razonable de un proceso judicial más célere, con
prevalencia de los principios de economía y celeridad procesal; por lo que
teniendo en cuenta la carga procesal asumida por la Sala en el presente año
judicial, de conformidad con lo previsto por el articulo 131 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; SEÑÁLARON la Vista de la Causa para el día
DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO; en audiencia
pública que se iniciará a las DIEZ de la mañana, con el Magistrado
designado por ley. Asimismo, en atención a la Resolución N° 012-2016-P-
CSJLI/PJ, que dispone la implementación del SINOE: NOTIFÍQUESE a las
partes en las casillas electrónicas señaladas en autos.- | <|im_start|>system
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2° SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00242-2006-0-1801-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
DEMANDADO : COPEINCA EMPRESA ABSORBENTE POR FUSION DE PACIFIC FISHING BUSINESS
SAC ,
DEMANDANTE : BARRERA BARRENO, PABLO
Señores:
VALENZUELA BARRETO
BURGOS ZAVALETA
CUNYAS ZAMORA
Resolución N° 34
Lima, 23 de Agosto del 2018.
Por recibido los autos y ATENDIENDO: Primero:
Es materia de revisión la sentencia expedida en autos de fecha veintisiete de
julio del dos mil dieciséis que declara fundada en parte la demanda y
ordena pagar al demandante la suma de S/.1,697.76 nuevos soles;
Segundo: Mediante Resolución Administrativa N° 182-10-CE-PJ, de fecha
veinte de mayo del dos mil diez, publicada en el Diario Oficial el Peruano el
día cuatro de junio del dos mil diez, se dispone el desdoblamiento de las
Salas Laborales en Tribunales Unipersonales, la misma que resolverán en
última instancia las causas cuya cuantía de la sentencia recurrida no
supere las 70 URP; Tercero: Asimismo, debe tenerse presente el último
Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral realizado en la ciudad de
Lima, lo días 08 y 09 de mayo del dos mil catorce, en la que se acordó por
unanimidad que los tribunales unipersonales pueden conocer de los
recursos de apelación en causas cuya cuantía reconocida en la sentencia no
supere las 70 Unidades de Referencia Procesal (URP); aún cuando exista
reconocimiento de una pretensión no cuantificable; Cuarto: Siendo ello así,
no obstante haber sido resuelto anteriormente por un Tribunal Colegiado y
estando a la cuantía determinada en la sentencia expedida en primera
instancia, corresponde su conocimiento a los Tribunales Unipersonales
prevista en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley N° 29497, vigente
desde el dieciséis de enero del año dos mil diez y ratificada por el II Pleno
Jurisdiccional Supremo en materia Laboral de mayo del dos mil catorce;
más aún , si la Corte Suprema en la Casación N° 11482-2013 La Libertad
modificó el criterio jurídico adoptado en casos anteriores, en atención a la
exigencia de duración razonable de un proceso judicial más célere, con
prevalencia de los principios de economía y celeridad procesal; por lo que
teniendo en cuenta la carga procesal asumida por la Sala en el presente año
judicial, de conformidad con lo previsto por el articulo 131 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; SEÑÁLARON la Vista de la Causa para el día
DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO; en audiencia
pública que se iniciará a las DIEZ de la mañana, con el Magistrado
designado por ley. Asimismo, en atención a la Resolución N° 012-2016-P-
CSJLI/PJ, que dispone la implementación del SINOE: NOTIFÍQUESE a las
partes en las casillas electrónicas señaladas en autos.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
RELATOR : LUIS BUSTINZA SAIRA
DEMANDADO : TRANSPORTES FLORES HERMANOS SRL
DEMANDANTE : JOSÉ SALOMON LINARES CORNEJO APODERADO DE
ROBINSON ADAN CUBA DIAZ
SENTENCIA DE VISTA
Resolución N° 79
Tacna, cuatro de diciembre
Del año dos mil diecisiete.
VISTOS:
El proceso laboral (Ley 26636), seguido por José Linares Cornejo apoderado
de Robinson Adán Cuba Díaz, en contra de la Empresa de Transporte Flores
Hermanos, sobre pago de compensación por tiempo de servicios, vacaciones,
indemnización vacacional, gratificaciones, horas extras, despido arbitrario. Con
la inconcurrencia de las partes al informe oral. Interviniendo como ponente el
señor Juez Superior Ayca Gallegos.
Objeto del recurso:
Es Materia de revisión por esta Sala, en Grado de Apelación la sentencia
número setenta y uno de fecha once de noviembre del año dos mil dieciséis,
que obra de folios setecientos sesentiseis a folios setecientos setenticuatro,
que resolvió declarando FUNDADA en parte la demanda de fojas 69 a 72
interpuesta por Robinson Adan Cuba Diaz representado por su apoderado José
Salomón Linares Cornejo, en contra de la Empresa de Transportes Flores
Hermanos S.R.L, sobre Indemnización por Despido Arbitrario y Cobro de
Beneficios Sociales. En consecuencia: a) Se dispone que la demandada
cumpla con pagar al demandante la suma de S/. 9,755.11 (NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 11/100 NUEVOS SOLES) por los
siguientes conceptos: Compensación por tiempo de servicios la suma de S/.
2,343.86, vacaciones la suma de S/. 3.403.74 y Gratificaciones legales la suma
de S/. 4,007.51, más los intereses legales laborales que se calcularán en
ejecución de sentencia; b) Infundada la demanda en el extremo de trabajo
extraordinario. Sin costos ni costas.
Pretensión Impugnativa y expresión de agravios del demandante (folio
781/785):
1
El demandante, presenta recurso impugnatorio de apelación, alegando,
esencialmente, lo siguiente: i) Que, no ha considerado los medios de prueba
que acreditan que las labores iniciaron el 30 de enero del 2001 hasta el 08 de
agosto del 2005; ii) La remuneración que percibía el demandante ha sido
probada con el acta de inspección especial, donde la propia demandada
mediante su representante declara que el sueldo era de S/. 1,106.00, por lo
que no debió considerar la cantidad de S/. 460.00 para hacer la liquidación de
beneficios sociales; iii) La CTS, fue considerada solamente hasta el mes de
abril del 2005 debiendo ser hasta el mes de agosto del 2005; iv) Para el pago
de las vacaciones, se consideró S/. 506.00, debiendo ser S/. 1,106.00; v)
Pago de horas extras, ha sido probado mediante el manifiesto de pasajeros
donde aparece la fecha y hora de salida de los viajes que efectuaba, fuera de
la región sur, especialmente a la ciudad de Lima e intermedios, como son Ica y
otros lugares lejanos, laborando ininterrumpidamente más de ocho horas
diarias de trabajo.
FUNDAMENTOS:
Delimitación del Petitorio.
1. El presente proceso tiene por objeto el pago de la remuneración adeudada
de un mes S/. 658.00, compensación por tiempo de servicios, vacaciones
legales, indemnización vacacional, gratificaciones, horas extras. Refiere, que
ha laborado en calidad de chofer profesional interprovincial desde el 30 de
enero del 2001 hasta el 08 de agosto del 2005, con la remuneración total de S/.
1,152.00.
Marco Normativo:
2. Decreto Supremo N° 003-97-TR, artículo 5° señala: ”Constituye
remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por
sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación
que tenga, siempre que sea de su libre disposición (…)”.
3. La CTS se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios (Decreto Supremo Nº 001-97-TR) y
Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (Decreto
Supremo Nº 004-97-TR) y normas complementarias; establece: La
compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de
previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción
del trabajador y su familia.
4. Las Vacaciones se encuentran reguladas en el Decreto Legislativo Nº 713
(Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de
2
la Actividad Privada) y Decreto Supremo Nº 012-92-TR (Reglamento sobre
Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de
la Actividad Privada), establece: El trabajador tiene derecho a treinta días
calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios.
5. Las gratificaciones, encuentran reguladas en la Ley Nº 27735, Decreto
Supremo Nº 005-2002-TR, Decreto Supremo Nº 005-2002-TR y Decreto
Supremo Nº 007-2009-TR. Establece: La ley se aplica a los trabajadores
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, entendiéndose por las
modalidades de contrato de trabajo referidos por el artículo 1° de la ley a los
contratos de trabajo a plazo indeterminado, los contratos de trabajo sujetos a
modalidad y de tiempo parcial. También tienen derecho los socios –
trabajadores de las cooperativas de trabajadores.
Antecedentes:
6. El accionante mediante su apoderado, reclama mediante su demanda
subsanada (folio 69/72, 464/466) el pago de sueldo insoluto de 8 días S/.
307.20; la compensación por tiempo de servicios, S/. 4,606.16; vacaciones
legales, S/. 4,608.00; indemnización vacacional, S/. 4,608.00; gratificaciones,
S/. 4,608.00; y horas extras, S/. 77,640.00. Refiere, que ha laborado en calidad
de chofer profesional interprovincial desde el 30 de enero del 2001 hasta el 08
de agosto del 2005, con la remuneración total de S/. 1,152.00 (comprende
1,106.00 más 46.00 de asignación familiar).
7. La Empresa de Transporte Flores Hermanos, contesta la demanda (folio
317/335) deduciendo las excepciones de caducidad, prescripción extintiva de la
acción, falta de legitimidad para obrar del demandado y Oscuridad o
Ambigüedad en el modo de proponer la demanda. En cuanto al fondo de
asunto, señala que el actor ingresó a laborar el 01 de diciembre del 2004 hasta
el 30 de abril del 2005, desempeñándose como conductor, no habiendo sido
despedido arbitrariamente, pues a partir del 01 de mayo del 2005 empezó a
laborar para la Empresa CETUR S.R.L, de manera voluntaria, conforme lo
acredita con la boleta de pago del mes de agosto del 2005, habiendo percibido
S/. 460.00 mensuales, conforme obra de las boletas de pago, siendo falso que
se le pagara S/. 1,152.00.
8. La sentencia de primera instancia (folio 766/774) declara fundada en parte la
demanda, ordenando pagar por los siguientes conceptos: Compensación por
tiempo de servicios la suma de S/. 2,343.86, vacaciones la suma de S/.
3.403.74 y Gratificaciones legales la suma de S/. 4,007.51, más los intereses
legales laborales que se calcularán en ejecución de sentencia. Infundada la
demanda en el extremo de trabajo extraordinario. Sin costos ni costas.
Considerando el tiempo de servicios desde el 30 de enero del 2001 al 30 de
3
abril del 2005, y como monto remunerativo la suma de S/. 506.00 (460 más
46.00 de asignación familiar).
Análisis del Caso:
9. De lo expuesto por las partes, se colige que existe acuerdo que, mientras
mantuvieron la relación laboral entre el actor Robinson Adan Cuba Diaz y la
demandada la Empresa de Transportes Flores Hermanos, fue en calidad de
chofer. Siendo la cuestión controvertida, el tiempo de servicios, la
remuneración percibida, y finalmente si le corresponde los beneficios sociales
demandados, las horas extras y la remuneración insoluta.
10. En relación a los conceptos estimados en la sentencia, tenemos, que la
parte demandada no ha apelado de la recurrida, por lo que presumimos, que se
encuentra conforme con la sentencia, teniendo el carácter de cosa juzgada
para la Empresa emplazada; mientras que el actor se encuentra disconforme
con la apelada, en los extremos del tiempo de servicios, y la remuneración
percibida que sirvió de cálculo para la liquidación de la CTS, las gratificaciones
y las vacaciones; para tal efecto, examinaremos los medios de prueba en su
conjunto, así tenemos: i) Manifiesto de pasajeros (folio 1/44) que tienen la
fecha más antigua del 30 de abril del 2001 y del 08 de agosto del 2005 (folio
348/408), el más antiguo tiene la fecha del 25 de Mayo del 2001 y del 19 de
julio del 2005, laborando como chofer (copiloto), observándose el
correspondiente sello de SUNAT-ADUANA-TACNA - TOMASIRI.; ii) Informe N°
243-2005 (52/56) de la Dirección Regional de Trabajo de Tacna, advirtiéndose
que se verificó que el actor ingreso a la Empresa el 30 de enero del 2001 hasta
el mes de abril del 2005, con la remuneración de S/. 1,106.00; iii) Documentos
de orden de traslado (folio 63/64) de fecha 30 de enero del 2001 y del 18 de
febrero del 2001; iv) Liquidación de beneficios sociales efectuada por la
Dirección Regional de Trabajo de Arequipa, siendo a instancia de parte; v)
Parte de los Boletos de viaje a Lima, del cual no aparece el nombre del
demandante; vi) Boleta de pago (folio 305) emitida por la Empresa CETUR
SRL, correspondiente al mes de agosto del 2005, apareciendo el nombre del
actor y que ingresó a trabajar para dicha empresa el 01 de mayo del 2005; vii)
Boleta de pago (folio 304) emitida por la empresa de Transporte Flores
Hermanos, correspondiente al mes de abril del 2005, apareciendo la
remuneración de S/. 460.00 de básico, como bonificación S/. 600.00 y como
Asignación familiar S/. 46.00, sumando S/. 1,106.00; viii) Boletas de pago (folio
306/309), de los meses de diciembre del 2004, enero y febrero del 2005,
aparece como básico S/. 460.00 y como asignación familiar S/. 46.00 sumando
S/. 506.00, no apareciendo el pago de la bonificación que se pagó en el mes
de abril del 2005.
4
11. En primer lugar, es necesario determinar el tiempo de servicios y la
remuneración percibida por el actor. Respecto, a la remuneración, tenemos de
los medios de prueba señalados en el considerando precedente, además, que
en la Audiencia Única de ley (folio 509/515) en la etapa referida a la “Actuación
de los medios probatorios de la parte demandante”, en donde la demandada
debería exhibir la original de la boleta de pago por el monto de S/. 1,152.00, en
ese acto dijo: “Que, han presentado como recaudo a su contestación de
demanda el documento solicitado que corresponde al mes de abril del
2005 cuyo monto correcto es de S/. 1,106 nuevos soles y que en autos
corre a fojas 304, documento que corre en copia legalizada.- El Juzgado.-
Téngase por cumplido el mandato”. Revisados los autos, tenemos que
efectivamente dicha boleta de pago señalada en la audiencia, obra a folios 304
del que aprecia que al actor se le pagó en el mes de abril del 2005, la suma
total de S/. 1,106.00, señalando la propia demandada que, es el monto
correcto. Lo que implica que es este monto remunerativo que deberá tenerse
en cuenta para efectos de los cálculos correspondientes, tomando en cuenta lo
expresado por la emplazada y corroborado con la boleta de pago citada.
12. Relativo al tiempo de servicios, tenemos que existe discrepancia entre las
partes, respecto a este punto; por un lado la demandada reconoce que el actor
laboró hasta el 30 de abril del 2005; sin embargo el demandante señala que
trabajó hasta el 08 de agosto del 2005, como así aparece también en el
manifiesto de pasajeros de folios uno, pero sin sello alguno de haber pasado
por los controles de la SUNAT (Bus Interprovincial), sin ello no nos da certeza
de su validez, en contraste con los otros manifiestos que si tienen sello de la
SUNAT, por tanto, solamente se considerará hasta el 25 de junio del 2005,
como así aparece del manifiesto de pasajeros de folios cinco, en donde sí se
aprecia el logo de Transportes Flores Hermanos S.R.L, estando como chofer al
demandante Cuba Díaz Robinson Adan, con el respectivo sello de la
Intendencia SUNAT-ADUANA-TACNA –Tomasiri. Consecuentemente, queda
establecido que el actor ingresó a laborar para la empresa Flores Hermanos
SRL, desde el 30 de enero del 2001 al 25 de junio del 2005.
13. Habiendo quedado determinado la remuneración percibida y el tiempo de
servicios prestados por el demandante, es procedente efectuar la liquidación de
beneficios sociales, de compensación por tiempo de servicios, vacaciones
legales, y gratificaciones, que fueron admitidas por la demandada al no apelar
de la recurrida. Debiendo ser de la manera siguiente:
Cálculo de la Compensación por Tiempo de servicios desde el 30/01/2001
al 25/06/2005
PERIODO REMUNERACION 1/6 REMUNERACION TIEMPO CALCULO IMPORTE
GRATIFICACION COMPUTABLE TOTAL
5
30-01-01/30-04-01 1106.00 1106.00 91 días 1106.00/360*91 279.57
01.05.01/31.10.01 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.11.01/30.04.02 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.05.02/31.10.02 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.11.02/30.04.03 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.05.03/31.10.03 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.11.03/30.04.04 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.05.04/31.10.04 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.11.04/30.04.05 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.05.05/25.06.05 1106.00 184.33 1290.33 55 días 1290.33/360*55 197.13
5638.04
Depósi to US$ 63.48 Cta. N° 740-901375 4 el 26/12/2005 a fjs. 311 165.05
5472.99
Cálculo de las Vacaciones Legales desde el 30/01/2001 al 25/06/2005
PERIODO REMUNERACION TIEMPO CALCULO VACACIONES VACACIONES TOTAL
LEGALES TRUNCAS
30-01-2001/29-01-2002 1106.00 01 año 1106.00*01 1106.00 1106.00
30-01-2002/29-01-2003 1106.00 01 año 1106.00*01 1106.00 1106.00
30-01-2003/29-01-2004 1106.00 01 año 1106.00*01 1106.00 1106.00
30-01-2004/29-01-2005 1106.00 01 año 1106.00*01 1106.00 1106.00
30-01-2005/25-06-2005 1106.00 116 días 1106.00/360*116 356.38 356.38
4780.38
Depósito Judicial N° 200515102265 a fjs. 312 183.42
4596.96
Cálculo de las Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad desde el
30/01/2001 al 25/06/2005
REMUNERACION
CALCULO
COMPUTABLE CALCULO BONIF EXTR.
PERIODO FIESTAS TOTAL
FIESTAS NAVIDAD LEY 29351
NAVIDAD PATRIAS
PATRIAS
30-01-2001/31-12-2001 1106.00 1106.00 921.67 1106.00 2027.67
01-01-2002/31-12-2002 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 2212.00
01-01-2003/31-12-2003 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 2212.00
01-01-2004/31-12-2004 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 2212.00
01-01-2005/25-06-2005 1106.00 921.67 921.67
9585.33
Depósito Judicial N° 2005015102494 a fjs.
315 293.48
9291.85
Resumen:
Importes
Detalle
Adeudados
6
C.T.S 5472.99
Vacaciones Legales 4596.96
Gratificaciones legales 9291.85
Totales 19,361.80
14. Como es de verse de la liquidación de beneficios sociales, al actor le
corresponde por Compensación por Tiempo de Servicios, la suma de S/.
5,472.99, por Vacaciones Legales S/. 4,596.96, y por Gratificaciones legales S/.
9,291.85, que sumados son S/. 19,361.80. Al no haber documentación alguna
de haberse cancelado dichos beneficios sociales, salvo algunos adelantos que
se han descontado; la Empresa Flores Hermanos S.R.L, debe dar
cumplimiento con el pago de estos conceptos demandados y estimados.-
Absolviendo el Grado:
15. Al respecto, tenemos que el señor Juez efectúa un examen exhaustivo de
los beneficios sociales estimados, resaltando lo mismo que el colegiado; que el
demandante al ser chofer de los omnibuses interprovinciales de la Empresa
Flores Hermanos SRL, le corresponde los beneficios sociales de compensación
por tiempo de servicios, vacaciones legales y gratificaciones legales; a
excepción de la remuneración y el tiempo de servicios sobre la base que se
calculó los beneficios sociales, el cual ha sido corregido; merituándose, lo
demás, con los numerosos medios de prueba relativos al tema. Por tanto, es
procedente confirmar en parte la sentencia venida en grado.
16. El demandante, impugna la recurrida en cuanto al monto remunerativo y el
periodo de tiempo utilizado para el cálculo del pago de la compensación por
tiempo de servicios, las vacaciones, las gratificaciones al no haberse
considerado la remuneración de S/. 1,106.00 para efectos del cálculo de los
beneficios sociales; además, cuestiona el no pago de horas de sobretiempo. Al
respecto, siendo objetivos, se debe considerar el monto remunerativo que
aparece de la boleta de pago de folios 304; tal como lo ratificó la demandada
en la audiencia única de ley, manifestando que, el pago mensual era de S/.
1,106.00; y en cuanto al tiempo de servicios, debemos considerar que el actor
laboró hasta el 25 de junio del 2005, tal como aparece del manifiesto de
pasajeros, que tiene el sello respectivo de Aduanas, que se infiere que el actor
se encontraba efectivamente laborando en dicho día; siendo procedente
estimar este agravio. En cuanto a las horas extraordinarias de trabajo, que
alega el demandante, que debe pagársele. Al respecto, existe jurisprudencia
uniforme de la Corte Suprema, en relación a las horas extras de choferes de
vehículos de transporte interprovincial público de pasajeros, en cuanto realizan
servicios intermitentes; pues la Segunda Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria se ha pronunciado entre los años 2016 y 2017 por lo menos
en seis oportunidades, en las casaciones de la Libertad 13294-2015, 3780-
7
2014, 10009-2015, 2096-2016, 15102-2015, y en todas ellas han resuelto que
no le corresponde horas extras a dichos choferes.
17. Costos y Costas del proceso.- Procede el pago de costos y costas de
proceso, en cuanto la empresa demandada, ha utilizado las herramientas
procesales que la ley le permite, y habiendo sido vencida en el presente
proceso, le corresponde al pago de las costas y costos del proceso, previstos
en el artículo 48. Numeral 4) la Ley 26636 y el artículo 410 y 411 del Código
Procesal Civil.-
CONFIRMARON la sentencia número setenta y uno de fecha once de
noviembre del año dos mil dieciséis, que obra de folios setecientos sesentiseis
a folios setecientos setenticuatro, que resolvió declarando FUNDADA en parte
la demanda de fojas 69 a 72 interpuesta por Robinson Adan Cuba Diaz
representado por su apoderado José Salomón Linares cornejo, en contra de la
Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L, sobre indemnización por
despido arbitrario y cobro de beneficios sociales, más los intereses legales
laborales que se calcularán en ejecución de sentencia; Infundada la demanda
en el extremo de trabajo extraordinario. REVOCARON en el extremo que
ordena pagar por Compensación por Tiempo de Servicios S/. 2,343.86,
vacaciones la suma de S/. 3.403.74 y Gratificaciones legales la suma de S/.
4,007.51, y el extremo que resuelve sin costas ni costos. REFORMÁNDOLA, la
Empresa Flores Hermanos S.R.L, deberá pagar al demandante, por el
concepto de Compensación por tiempo de servicios la suma de S/. 5,472.99,
por Vacaciones Legales S/. 4,596.96, y por Gratificaciones legales S/. 9,291.85,
que suman un total de S/.19,361.80. Con el pago de costos y costas del
proceso. Y los devolvieron. Tómese Razón y Hágase Saber.-
S.S.
GORDILLO COSSIO
TITO PALACIOS
AYCA GALLEGOS
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SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
RELATOR : LUIS BUSTINZA SAIRA
DEMANDADO : TRANSPORTES FLORES HERMANOS SRL
DEMANDANTE : JOSÉ SALOMON LINARES CORNEJO APODERADO DE
ROBINSON ADAN CUBA DIAZ
SENTENCIA DE VISTA
Resolución N° 79
Tacna, cuatro de diciembre
Del año dos mil diecisiete.
VISTOS:
El proceso laboral (Ley 26636), seguido por José Linares Cornejo apoderado
de Robinson Adán Cuba Díaz, en contra de la Empresa de Transporte Flores
Hermanos, sobre pago de compensación por tiempo de servicios, vacaciones,
indemnización vacacional, gratificaciones, horas extras, despido arbitrario. Con
la inconcurrencia de las partes al informe oral. Interviniendo como ponente el
señor Juez Superior Ayca Gallegos.
Objeto del recurso:
Es Materia de revisión por esta Sala, en Grado de Apelación la sentencia
número setenta y uno de fecha once de noviembre del año dos mil dieciséis,
que obra de folios setecientos sesentiseis a folios setecientos setenticuatro,
que resolvió declarando FUNDADA en parte la demanda de fojas 69 a 72
interpuesta por Robinson Adan Cuba Diaz representado por su apoderado José
Salomón Linares Cornejo, en contra de la Empresa de Transportes Flores
Hermanos S.R.L, sobre Indemnización por Despido Arbitrario y Cobro de
Beneficios Sociales. En consecuencia: a) Se dispone que la demandada
cumpla con pagar al demandante la suma de S/. 9,755.11 (NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 11/100 NUEVOS SOLES) por los
siguientes conceptos: Compensación por tiempo de servicios la suma de S/.
2,343.86, vacaciones la suma de S/. 3.403.74 y Gratificaciones legales la suma
de S/. 4,007.51, más los intereses legales laborales que se calcularán en
ejecución de sentencia; b) Infundada la demanda en el extremo de trabajo
extraordinario. Sin costos ni costas.
Pretensión Impugnativa y expresión de agravios del demandante (folio
781/785):
1
El demandante, presenta recurso impugnatorio de apelación, alegando,
esencialmente, lo siguiente: i) Que, no ha considerado los medios de prueba
que acreditan que las labores iniciaron el 30 de enero del 2001 hasta el 08 de
agosto del 2005; ii) La remuneración que percibía el demandante ha sido
probada con el acta de inspección especial, donde la propia demandada
mediante su representante declara que el sueldo era de S/. 1,106.00, por lo
que no debió considerar la cantidad de S/. 460.00 para hacer la liquidación de
beneficios sociales; iii) La CTS, fue considerada solamente hasta el mes de
abril del 2005 debiendo ser hasta el mes de agosto del 2005; iv) Para el pago
de las vacaciones, se consideró S/. 506.00, debiendo ser S/. 1,106.00; v)
Pago de horas extras, ha sido probado mediante el manifiesto de pasajeros
donde aparece la fecha y hora de salida de los viajes que efectuaba, fuera de
la región sur, especialmente a la ciudad de Lima e intermedios, como son Ica y
otros lugares lejanos, laborando ininterrumpidamente más de ocho horas
diarias de trabajo.
FUNDAMENTOS:
Delimitación del Petitorio.
1. El presente proceso tiene por objeto el pago de la remuneración adeudada
de un mes S/. 658.00, compensación por tiempo de servicios, vacaciones
legales, indemnización vacacional, gratificaciones, horas extras. Refiere, que
ha laborado en calidad de chofer profesional interprovincial desde el 30 de
enero del 2001 hasta el 08 de agosto del 2005, con la remuneración total de S/.
1,152.00.
Marco Normativo:
2. Decreto Supremo N° 003-97-TR, artículo 5° señala: ”Constituye
remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por
sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación
que tenga, siempre que sea de su libre disposición (…)”.
3. La CTS se encuentra regulada en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Compensación por Tiempo de Servicios (Decreto Supremo Nº 001-97-TR) y
Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (Decreto
Supremo Nº 004-97-TR) y normas complementarias; establece: La
compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de
previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción
del trabajador y su familia.
4. Las Vacaciones se encuentran reguladas en el Decreto Legislativo Nº 713
(Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de
2
la Actividad Privada) y Decreto Supremo Nº 012-92-TR (Reglamento sobre
Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de
la Actividad Privada), establece: El trabajador tiene derecho a treinta días
calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios.
5. Las gratificaciones, encuentran reguladas en la Ley Nº 27735, Decreto
Supremo Nº 005-2002-TR, Decreto Supremo Nº 005-2002-TR y Decreto
Supremo Nº 007-2009-TR. Establece: La ley se aplica a los trabajadores
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, entendiéndose por las
modalidades de contrato de trabajo referidos por el artículo 1° de la ley a los
contratos de trabajo a plazo indeterminado, los contratos de trabajo sujetos a
modalidad y de tiempo parcial. También tienen derecho los socios –
trabajadores de las cooperativas de trabajadores.
Antecedentes:
6. El accionante mediante su apoderado, reclama mediante su demanda
subsanada (folio 69/72, 464/466) el pago de sueldo insoluto de 8 días S/.
307.20; la compensación por tiempo de servicios, S/. 4,606.16; vacaciones
legales, S/. 4,608.00; indemnización vacacional, S/. 4,608.00; gratificaciones,
S/. 4,608.00; y horas extras, S/. 77,640.00. Refiere, que ha laborado en calidad
de chofer profesional interprovincial desde el 30 de enero del 2001 hasta el 08
de agosto del 2005, con la remuneración total de S/. 1,152.00 (comprende
1,106.00 más 46.00 de asignación familiar).
7. La Empresa de Transporte Flores Hermanos, contesta la demanda (folio
317/335) deduciendo las excepciones de caducidad, prescripción extintiva de la
acción, falta de legitimidad para obrar del demandado y Oscuridad o
Ambigüedad en el modo de proponer la demanda. En cuanto al fondo de
asunto, señala que el actor ingresó a laborar el 01 de diciembre del 2004 hasta
el 30 de abril del 2005, desempeñándose como conductor, no habiendo sido
despedido arbitrariamente, pues a partir del 01 de mayo del 2005 empezó a
laborar para la Empresa CETUR S.R.L, de manera voluntaria, conforme lo
acredita con la boleta de pago del mes de agosto del 2005, habiendo percibido
S/. 460.00 mensuales, conforme obra de las boletas de pago, siendo falso que
se le pagara S/. 1,152.00.
8. La sentencia de primera instancia (folio 766/774) declara fundada en parte la
demanda, ordenando pagar por los siguientes conceptos: Compensación por
tiempo de servicios la suma de S/. 2,343.86, vacaciones la suma de S/.
3.403.74 y Gratificaciones legales la suma de S/. 4,007.51, más los intereses
legales laborales que se calcularán en ejecución de sentencia. Infundada la
demanda en el extremo de trabajo extraordinario. Sin costos ni costas.
Considerando el tiempo de servicios desde el 30 de enero del 2001 al 30 de
3
abril del 2005, y como monto remunerativo la suma de S/. 506.00 (460 más
46.00 de asignación familiar).
Análisis del Caso:
9. De lo expuesto por las partes, se colige que existe acuerdo que, mientras
mantuvieron la relación laboral entre el actor Robinson Adan Cuba Diaz y la
demandada la Empresa de Transportes Flores Hermanos, fue en calidad de
chofer. Siendo la cuestión controvertida, el tiempo de servicios, la
remuneración percibida, y finalmente si le corresponde los beneficios sociales
demandados, las horas extras y la remuneración insoluta.
10. En relación a los conceptos estimados en la sentencia, tenemos, que la
parte demandada no ha apelado de la recurrida, por lo que presumimos, que se
encuentra conforme con la sentencia, teniendo el carácter de cosa juzgada
para la Empresa emplazada; mientras que el actor se encuentra disconforme
con la apelada, en los extremos del tiempo de servicios, y la remuneración
percibida que sirvió de cálculo para la liquidación de la CTS, las gratificaciones
y las vacaciones; para tal efecto, examinaremos los medios de prueba en su
conjunto, así tenemos: i) Manifiesto de pasajeros (folio 1/44) que tienen la
fecha más antigua del 30 de abril del 2001 y del 08 de agosto del 2005 (folio
348/408), el más antiguo tiene la fecha del 25 de Mayo del 2001 y del 19 de
julio del 2005, laborando como chofer (copiloto), observándose el
correspondiente sello de SUNAT-ADUANA-TACNA - TOMASIRI.; ii) Informe N°
243-2005 (52/56) de la Dirección Regional de Trabajo de Tacna, advirtiéndose
que se verificó que el actor ingreso a la Empresa el 30 de enero del 2001 hasta
el mes de abril del 2005, con la remuneración de S/. 1,106.00; iii) Documentos
de orden de traslado (folio 63/64) de fecha 30 de enero del 2001 y del 18 de
febrero del 2001; iv) Liquidación de beneficios sociales efectuada por la
Dirección Regional de Trabajo de Arequipa, siendo a instancia de parte; v)
Parte de los Boletos de viaje a Lima, del cual no aparece el nombre del
demandante; vi) Boleta de pago (folio 305) emitida por la Empresa CETUR
SRL, correspondiente al mes de agosto del 2005, apareciendo el nombre del
actor y que ingresó a trabajar para dicha empresa el 01 de mayo del 2005; vii)
Boleta de pago (folio 304) emitida por la empresa de Transporte Flores
Hermanos, correspondiente al mes de abril del 2005, apareciendo la
remuneración de S/. 460.00 de básico, como bonificación S/. 600.00 y como
Asignación familiar S/. 46.00, sumando S/. 1,106.00; viii) Boletas de pago (folio
306/309), de los meses de diciembre del 2004, enero y febrero del 2005,
aparece como básico S/. 460.00 y como asignación familiar S/. 46.00 sumando
S/. 506.00, no apareciendo el pago de la bonificación que se pagó en el mes
de abril del 2005.
4
11. En primer lugar, es necesario determinar el tiempo de servicios y la
remuneración percibida por el actor. Respecto, a la remuneración, tenemos de
los medios de prueba señalados en el considerando precedente, además, que
en la Audiencia Única de ley (folio 509/515) en la etapa referida a la “Actuación
de los medios probatorios de la parte demandante”, en donde la demandada
debería exhibir la original de la boleta de pago por el monto de S/. 1,152.00, en
ese acto dijo: “Que, han presentado como recaudo a su contestación de
demanda el documento solicitado que corresponde al mes de abril del
2005 cuyo monto correcto es de S/. 1,106 nuevos soles y que en autos
corre a fojas 304, documento que corre en copia legalizada.- El Juzgado.-
Téngase por cumplido el mandato”. Revisados los autos, tenemos que
efectivamente dicha boleta de pago señalada en la audiencia, obra a folios 304
del que aprecia que al actor se le pagó en el mes de abril del 2005, la suma
total de S/. 1,106.00, señalando la propia demandada que, es el monto
correcto. Lo que implica que es este monto remunerativo que deberá tenerse
en cuenta para efectos de los cálculos correspondientes, tomando en cuenta lo
expresado por la emplazada y corroborado con la boleta de pago citada.
12. Relativo al tiempo de servicios, tenemos que existe discrepancia entre las
partes, respecto a este punto; por un lado la demandada reconoce que el actor
laboró hasta el 30 de abril del 2005; sin embargo el demandante señala que
trabajó hasta el 08 de agosto del 2005, como así aparece también en el
manifiesto de pasajeros de folios uno, pero sin sello alguno de haber pasado
por los controles de la SUNAT (Bus Interprovincial), sin ello no nos da certeza
de su validez, en contraste con los otros manifiestos que si tienen sello de la
SUNAT, por tanto, solamente se considerará hasta el 25 de junio del 2005,
como así aparece del manifiesto de pasajeros de folios cinco, en donde sí se
aprecia el logo de Transportes Flores Hermanos S.R.L, estando como chofer al
demandante Cuba Díaz Robinson Adan, con el respectivo sello de la
Intendencia SUNAT-ADUANA-TACNA –Tomasiri. Consecuentemente, queda
establecido que el actor ingresó a laborar para la empresa Flores Hermanos
SRL, desde el 30 de enero del 2001 al 25 de junio del 2005.
13. Habiendo quedado determinado la remuneración percibida y el tiempo de
servicios prestados por el demandante, es procedente efectuar la liquidación de
beneficios sociales, de compensación por tiempo de servicios, vacaciones
legales, y gratificaciones, que fueron admitidas por la demandada al no apelar
de la recurrida. Debiendo ser de la manera siguiente:
Cálculo de la Compensación por Tiempo de servicios desde el 30/01/2001
al 25/06/2005
PERIODO REMUNERACION 1/6 REMUNERACION TIEMPO CALCULO IMPORTE
GRATIFICACION COMPUTABLE TOTAL
5
30-01-01/30-04-01 1106.00 1106.00 91 días 1106.00/360*91 279.57
01.05.01/31.10.01 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.11.01/30.04.02 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.05.02/31.10.02 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.11.02/30.04.03 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.05.03/31.10.03 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.11.03/30.04.04 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.05.04/31.10.04 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.11.04/30.04.05 1106.00 184.33 1290.33 6 meses 1290.33/12*6 645.17
01.05.05/25.06.05 1106.00 184.33 1290.33 55 días 1290.33/360*55 197.13
5638.04
Depósi to US$ 63.48 Cta. N° 740-901375 4 el 26/12/2005 a fjs. 311 165.05
5472.99
Cálculo de las Vacaciones Legales desde el 30/01/2001 al 25/06/2005
PERIODO REMUNERACION TIEMPO CALCULO VACACIONES VACACIONES TOTAL
LEGALES TRUNCAS
30-01-2001/29-01-2002 1106.00 01 año 1106.00*01 1106.00 1106.00
30-01-2002/29-01-2003 1106.00 01 año 1106.00*01 1106.00 1106.00
30-01-2003/29-01-2004 1106.00 01 año 1106.00*01 1106.00 1106.00
30-01-2004/29-01-2005 1106.00 01 año 1106.00*01 1106.00 1106.00
30-01-2005/25-06-2005 1106.00 116 días 1106.00/360*116 356.38 356.38
4780.38
Depósito Judicial N° 200515102265 a fjs. 312 183.42
4596.96
Cálculo de las Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad desde el
30/01/2001 al 25/06/2005
REMUNERACION
CALCULO
COMPUTABLE CALCULO BONIF EXTR.
PERIODO FIESTAS TOTAL
FIESTAS NAVIDAD LEY 29351
NAVIDAD PATRIAS
PATRIAS
30-01-2001/31-12-2001 1106.00 1106.00 921.67 1106.00 2027.67
01-01-2002/31-12-2002 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 2212.00
01-01-2003/31-12-2003 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 2212.00
01-01-2004/31-12-2004 1106.00 1106.00 1106.00 1106.00 2212.00
01-01-2005/25-06-2005 1106.00 921.67 921.67
9585.33
Depósito Judicial N° 2005015102494 a fjs.
315 293.48
9291.85
Resumen:
Importes
Detalle
Adeudados
6
C.T.S 5472.99
Vacaciones Legales 4596.96
Gratificaciones legales 9291.85
Totales 19,361.80
14. Como es de verse de la liquidación de beneficios sociales, al actor le
corresponde por Compensación por Tiempo de Servicios, la suma de S/.
5,472.99, por Vacaciones Legales S/. 4,596.96, y por Gratificaciones legales S/.
9,291.85, que sumados son S/. 19,361.80. Al no haber documentación alguna
de haberse cancelado dichos beneficios sociales, salvo algunos adelantos que
se han descontado; la Empresa Flores Hermanos S.R.L, debe dar
cumplimiento con el pago de estos conceptos demandados y estimados.-
Absolviendo el Grado:
15. Al respecto, tenemos que el señor Juez efectúa un examen exhaustivo de
los beneficios sociales estimados, resaltando lo mismo que el colegiado; que el
demandante al ser chofer de los omnibuses interprovinciales de la Empresa
Flores Hermanos SRL, le corresponde los beneficios sociales de compensación
por tiempo de servicios, vacaciones legales y gratificaciones legales; a
excepción de la remuneración y el tiempo de servicios sobre la base que se
calculó los beneficios sociales, el cual ha sido corregido; merituándose, lo
demás, con los numerosos medios de prueba relativos al tema. Por tanto, es
procedente confirmar en parte la sentencia venida en grado.
16. El demandante, impugna la recurrida en cuanto al monto remunerativo y el
periodo de tiempo utilizado para el cálculo del pago de la compensación por
tiempo de servicios, las vacaciones, las gratificaciones al no haberse
considerado la remuneración de S/. 1,106.00 para efectos del cálculo de los
beneficios sociales; además, cuestiona el no pago de horas de sobretiempo. Al
respecto, siendo objetivos, se debe considerar el monto remunerativo que
aparece de la boleta de pago de folios 304; tal como lo ratificó la demandada
en la audiencia única de ley, manifestando que, el pago mensual era de S/.
1,106.00; y en cuanto al tiempo de servicios, debemos considerar que el actor
laboró hasta el 25 de junio del 2005, tal como aparece del manifiesto de
pasajeros, que tiene el sello respectivo de Aduanas, que se infiere que el actor
se encontraba efectivamente laborando en dicho día; siendo procedente
estimar este agravio. En cuanto a las horas extraordinarias de trabajo, que
alega el demandante, que debe pagársele. Al respecto, existe jurisprudencia
uniforme de la Corte Suprema, en relación a las horas extras de choferes de
vehículos de transporte interprovincial público de pasajeros, en cuanto realizan
servicios intermitentes; pues la Segunda Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria se ha pronunciado entre los años 2016 y 2017 por lo menos
en seis oportunidades, en las casaciones de la Libertad 13294-2015, 3780-
7
2014, 10009-2015, 2096-2016, 15102-2015, y en todas ellas han resuelto que
no le corresponde horas extras a dichos choferes.
17. Costos y Costas del proceso.- Procede el pago de costos y costas de
proceso, en cuanto la empresa demandada, ha utilizado las herramientas
procesales que la ley le permite, y habiendo sido vencida en el presente
proceso, le corresponde al pago de las costas y costos del proceso, previstos
en el artículo 48. Numeral 4) la Ley 26636 y el artículo 410 y 411 del Código
Procesal Civil.-
CONFIRMARON la sentencia número setenta y uno de fecha once de
noviembre del año dos mil dieciséis, que obra de folios setecientos sesentiseis
a folios setecientos setenticuatro, que resolvió declarando FUNDADA en parte
la demanda de fojas 69 a 72 interpuesta por Robinson Adan Cuba Diaz
representado por su apoderado José Salomón Linares cornejo, en contra de la
Empresa de Transportes Flores Hermanos S.R.L, sobre indemnización por
despido arbitrario y cobro de beneficios sociales, más los intereses legales
laborales que se calcularán en ejecución de sentencia; Infundada la demanda
en el extremo de trabajo extraordinario. REVOCARON en el extremo que
ordena pagar por Compensación por Tiempo de Servicios S/. 2,343.86,
vacaciones la suma de S/. 3.403.74 y Gratificaciones legales la suma de S/.
4,007.51, y el extremo que resuelve sin costas ni costos. REFORMÁNDOLA, la
Empresa Flores Hermanos S.R.L, deberá pagar al demandante, por el
concepto de Compensación por tiempo de servicios la suma de S/. 5,472.99,
por Vacaciones Legales S/. 4,596.96, y por Gratificaciones legales S/. 9,291.85,
que suman un total de S/.19,361.80. Con el pago de costos y costas del
proceso. Y los devolvieron. Tómese Razón y Hágase Saber.-
S.S.
GORDILLO COSSIO
TITO PALACIOS
AYCA GALLEGOS
8<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00205-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : AGUEDA VANESSA DEL ROSSIO PANTA COCIOS
DEMANDADO : ARCOPA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, veintisiete de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
09 de enero del año 2006, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP HORIZONTE , sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta
que el ejecutado cumpla con pagar la suma DOCE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 51/100 SOLES, más los intereses moratorios
pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente
notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito
por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. TERCERO:Se
advierte del escrito digitalizado número 23-2021 no proveído en su momento,
donde designa abogado, domicilio procesal y autorización, de fecha 10 de
febrero de 2021, presentado por el demandado. CUARTO: Se advierte de la
misma manera el escrito digitalizado número 37-2021 no proveído en su
momento, donde designa abogado, domicilio procesal y autorización, de fecha
20 de febrero de 2021, presentado por el demandado Por estas
consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de
Ejecución) de fecha 09 de enero del año 2006.
2.-TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES
Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el
letrado CESAR ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del
artículo 74º y 80 del Código Procesal Civil.
3.-TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240
DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366,
donde se le notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
4.- TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica
para fines procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE
SANTIAGO CHINININ CHAMBA y JOSSELYN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN
para los fines pertinentes en el proceso.
5.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
6.-NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00205-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : AGUEDA VANESSA DEL ROSSIO PANTA COCIOS
DEMANDADO : ARCOPA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, veintisiete de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
09 de enero del año 2006, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP HORIZONTE , sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta
que el ejecutado cumpla con pagar la suma DOCE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON 51/100 SOLES, más los intereses moratorios
pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente
notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito
por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. TERCERO:Se
advierte del escrito digitalizado número 23-2021 no proveído en su momento,
donde designa abogado, domicilio procesal y autorización, de fecha 10 de
febrero de 2021, presentado por el demandado. CUARTO: Se advierte de la
misma manera el escrito digitalizado número 37-2021 no proveído en su
momento, donde designa abogado, domicilio procesal y autorización, de fecha
20 de febrero de 2021, presentado por el demandado Por estas
consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de
Ejecución) de fecha 09 de enero del año 2006.
2.-TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES
Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el
letrado CESAR ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del
artículo 74º y 80 del Código Procesal Civil.
3.-TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240
DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366,
donde se le notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
4.- TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica
para fines procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE
SANTIAGO CHINININ CHAMBA y JOSSELYN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN
para los fines pertinentes en el proceso.
5.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
6.-NOTIFÍQUESE.-----------------------------------------------------------------------<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
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CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl<|im_end|> |
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S E N T E N C I A N° 00092 - 2021 - 26° JETTL
Expediente : N° 00356-2004-28°JTTL
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
RESOLUCIÓN NUMERO CINCUENTA Y SIETE
Lima, treinta de junio
De dos mil veintiuno.-
I. PARTE EXPOSITIVA
DEMANDA:
MARIA OTILIA LA TORRE ORTIZ DE RODRÍGUEZ, interpone demanda (Fojas 132/153, modificación y
ampliación de demanda, Fojas 363/375) contra el BANCO DE LA NACIÓN, sobre Reintegro de
Beneficios Sociales.-
Petitorio:
Demanda el pago de los siguientes conceptos:
1. El desembolso de la compensación por tiempo de servicios del periodo 01 de febrero de 1974
hasta el 11 de agosto de 2004, retenida indebidamente por la emplazada.
2. El pago del bono de desarrollo laboral del periodo 2004.
3. El pago de los sueldos o remuneraciones insolutas de los meses de julio 2004 y agosto 2004.
4. El pago del concepto de “productividad” del periodo 2004 en el importe que se consignó en la
boleta de junio 2004, el cual no ha sido objeto de pago.
5. El pago de la indemnización por despido arbitrario.
6. El reintegro de gratificaciones anuales del periodo 2004 (enero, febrero, marzo, julio y diciembre),
por incidencia de la productividad.
7. El pago de la participación de utilidades del periodo 2004.
Fundamentos de hecho:
a. Refiere haber ingresado a prestar servicios a favor del Banco de la Nación desde el 01 de febrero
de 1974 ocupando diversos puestos de trabajo.
b. Manifiesta qué, si bien en una primera oportunidad sucedió un incidente con un faltante de dinero,
pero que, sin embargo, después procedió la suscrita a reponerlo.
c. Arguye que, debido a ello, la emplazada no le pagó los sueldos de julio y agosto del año 2004, así
como tampoco le pagaron el bono por desarrollo laboral para el que fue evaluada y aprobada en
el mes de marzo con la más alta calificación; sumándose a lo anterior, el que la entidad omitió en
reconocerle el concepto de productividad.
d. Afirma que entre otro de los atropellos de los que fue objeto, estuvo la retención indebida del
importe de la compensación por tiempo de servicios.
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e. Sostiene que a la fecha de su cese, el 11 de agosto de 2004, venía desempeñando el cargo de de
Administradora de Agencia en el Ministerio del Interior, con una última remuneración de S/.
5,704.93 con un horario de 8:00 a 17:00 horas.
f. Precisa que la Compensación por Tiempo de Servicios, pese a haber sido materia de depósitos
bancarios, estos no han podido ser cobrados por la suscrita.
g. Subraya que su ex empleador resolvió no otorgarle el bono por desempeño laboral pese a que la
accionante había obtenido excelentes calificaciones en las evaluaciones que rindió en los meses
de marzo y julio de 2004.
h. Argumenta que para el periodo 2004, se determinó que el concepto de productividad ascendía al
importe de S/. 20,302.44 soles, de acuerdo con la boleta de junio de 2004, empero, el referido
rubro no ha sido objeto de pago hasta la fecha, en tanto que, tampoco ha sido considerado en la
liquidación que se le practicara.
i. Sobre el despido alega que se le imputo el hecho de que con fecha 22 de marzo de 2004 realizó
retiros de dinero en las sumas de S/. 33,000.00 y S/. 19,994.78, sin que exista documentación
sustentatoria de ese evento, más aun si el banco señaló que tales retiros fueron regularizados con
fechas 23 de marzo de 2004 y 26 de marzo de 2004, además de habérsele atribuido el retiro de
S/. 14,000.00 soles de la cuenta de un cliente del banco, sin que hasta la fecha se haya efectuado
la devolución de ese importe.
j. Respecto a lo anterior, expone que al no haberse acreditado los sucesos que se le imputan y que
motivaron su despido injustificado, le asiste el derecho a una indemnización.
Admisión de la demanda: Mediante Resolución N° 02 de fecha 19 de noviembre de 2004 (Fojas 376) se
admite a trámite la demanda y se corre traslado a la emplazada a fin de que absuelva en el plazo de ley.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:
La emplazada dedujo la excepción de prescripción extintiva por los periodos anteriores al 23 de diciembre
de 1998, así como a su vez formuló contradicción en los términos que expone en su escrito de fecha 11
de noviembre de 2004 (Fojas 600/629), aduciendo:
Fundamentos de hecho:
a. Reconoce que la accionante no despedida arbitrariamente sino por falta grave tipificada en los
incisos de a) y c) del artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97-TR.
b. Manifiesta que la recurrente ha cumplido con el depósito de la compensación por tiempo de
servicios por todo el periodo durante el cual pervivió el vínculo laboral.
c. Afirma que conforme lo establecido en la Sesión de Directorio N° 1500 de fecha 03 de marzo de
2004 establece que dicho concepto será abonado en dos partes, en mayo y octubre de 2004 (50%
distribuido entre trabajadores activos a la fecha de pago con contrato vigente al 31 de marzo de
2004; 50% distribuidos, a repartirse entre los activos a la fecha de pago con contrato vigente al 30
de setiembre de 2004), de modo que, no le corresponde la segunda parte del bono en alusión.
d. Arguye que a la actora se le pagó el monto de S/. 8,368.26 soles, tal y como se aprecia de las
planillas de junio de 2004, razón por la cual no existe adeudo alguno por ese título.
e. Subraya que ha cumplido con pagarle las remuneraciones de julio y agosto de 2004, conforme se
acredita con la boleta de julio suscrita por la actora así como con la liquidación de beneficios
sociales. Además de ello, resalta que no tiene certeza si la entidad ha generado utilidades del
ejercicio 2004.
f. Aduce que la entidad, en usos de las facultades conferidas por el artículo 51° del Decreto
Supremo N° 001-97-TR, ha procedido a retener de la CTS, tan es así que se le demandado ante
la autoridad judicial por indemnización por daño y perjuicios causados contra la institución.
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AUDIENCIA ÚNICA:
Con fecha 27 de mayo de 2005, se celebró la audiencia única, en la cual se declaró infundada la
excepción de prescripción extintiva, razón por la cual se decreto saneado el proceso al verificarse la
validez de la relación jurídica procesal procediéndose con la fijación de los puntos controvertidos, así
como con la admisión y actuación de los medios de prueba aportados al proceso por las partes.
EMISIÓN DE SENTENCIA:
De modo que, no existiendo pruebas pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del artículo 47° de
la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, su estado es el de emitir sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA
PRIMERO: FINALIDAD DEL PROCESO.
1.1. El proceso como conducto objetivo de la función jurisdiccional persigue dos finalidades que se
encuentran claramente expresadas en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el
cual es un cuerpo normativo aplicable a los procesos laborales de forma supletoria1.
1.2. El tenor del precitado dispositivo es el que sigue:
“Artículo III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un
conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.
En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios
generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las
circunstancias del caso.”
SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA.
2.1. El artículo 196° del Código Procesal Civil enuncia el principio general del derecho a la prueba en
los términos siguientes:
“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”
2.2. En la legislación procesal laboral, el principio enunciado se encuentra normado en el artículo 27°
de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636 del 24 de junio de 1996, bajo el texto que se anota:
“Artículo 27.- Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas
legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de
trabajo.
1 Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636: “En lo no previsto
por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil”.
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3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad
cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.”
TERCERO: ASUNTOS DE CONTROVERSIA.
En acto de Audiencia Única se fijaron como puntos controvertidos los siguientes (Acta de Fojas
690/vuelta, parte pertinente):
1. Determinar si a la actora le corresponde los beneficios sociales que solicita, a saber, el cobro de la
compensación por tiempo de servicios de todo su periodo laboral, el pago de la bonificación por
productividad del periodo 2004, el pago del Bono por Desempeño Laboral 2004, la participación de
utilidades del periodo 2004, las remuneraciones insolutas de julio y agosto del año 2004 y el
reintegro de las cinco gratificaciones anuales del periodo 2004 por incidencia de la bonificación por
productividad.
2. Determinar si la demandante ha sido despedido arbitrariamente, en consecuencia si le corresponde
el pago por indemnización por despido arbitrario.
Si bien en el listado de medios probatorios consignados en el escrito de demanda (Fojas 149, parte
pertinente), la actora señala que de las boletas de pago que acompaña se acredita que no se le ha
abonado las vacaciones, cierto es que, de la revisión del petitorio y los fundamentos de hecho de la
demanda y su modificación (Fojas 140, Fojas 363/368), no se aprecia que la demandante haya
insertado dentro de los conceptos pretendidos, el pago de remuneración vacacional, de modo que,
atendiendo al principio de congruencia procesal, cuya fuerza preceptiva conmina al Juzgador a no
pronunciarse sobre extremos no peticionados, extralimitándose en su fallo; entonces, no procede emitir
pronunciamiento sobre la acreencia de remuneración vacacional, circunscribiéndose el objeto de esta
decisión, únicamente a los conceptos peticionados.
ANTECEDENTES.
Dado que en mérito a la Sentencia de Vista de fecha 24 de febrero último se dispuso declarar la nulidad
de la Sentencia Número 022-2019 contenida en la Resolución Número 50 de fecha 28 de febrero de 2019
que declaró fundada en parte la demanda de autos como consecuencia de haberse declarado la nulidad
de la Resolución Número 20 de fecha 11 de setiembre de 2008 que declaró improcedente el pedido de
cesión de derechos acarreando la nulidad de la sentencia recaída en autos, señalando el Colegiado
Superior en el fundamento decimotercero que lo que correspondía en autos, “(…) era dar trámite a lo
solicitado verificando el cumplimiento de la formalidad de la cesión de derechos, y considerando que
cuando una persona cede a un tercero su derecho a percibir el pago por parte de la Entidad demandada,
ello lo habilita a ser sucesor procesal, para que se continúe el proceso ocupando el lugar de la
demandante”. Es así que, habiéndose dado cumplimiento a lo ordenado por el Superior Jerárquico
emitiéndose a esos efectos la Resolución Número 55 de fecha 20 de mayo de 2021; por consiguiente los
autos han quedado expeditos para emitir nuevo pronunciamiento de fondo, el cual se procede a
desarrollar a través de los considerandos que siguen a continuación.
ANÁLISIS DE LOS HECHOS
CUARTO: DE LA RELACIÓN LABORAL Y DEL PERIODO OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO.
De la revisión de la liquidación de remuneraciones de la actora (Fojas 748) así como del mérito del
certificado de trabajo de fecha 12 de agosto de 2004 (Fojas 898), es cierto que constituye un hecho
probado que entre las partes se instauró una relación laboral cuya vigencia estuvo comprendida desde el
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01 de febrero de 1974 hasta el 24 de marzo de 1984, adscrita al Régimen Laboral Público, en tanto que,
a partir del 25 de marzo de 1984 hasta el 11 de agosto de 2004, la relación de trabajo se adscribió al
régimen laboral privado, periodo éste, respecto del cual esta Judicatura es competente a efectos de emitir
pronunciamiento entorno a los beneficios sociales, remuneraciones e indemnización por despido
arbitrario reclamados por la demandante. Siendo así, cabe dejar sentado que la presente controversia se
circunscribe al periodo regido por los preceptos del régimen laboral privado, que va, como se mencionó,
desde el 25 de marzo de 1984 al 11 de agosto de 2004.
QUINTO: DE LAS REMUNERACIONES INSOLUTAS.
Estando a que la demandante aduce que la emplazada no le abono las remuneraciones del mes de julio
de 2004 y de los 11 días del mes de agosto de 2004 (Fojas 143), teniendo en cuenta que cesó por
despido el día 11 de agosto de 2004 (Fojas 898); a ese respecto, sin embargo, cabe mencionar que del
tenor de la boleta del mes de julio 2004 debidamente suscrita por la accionante (Fojas 735), se constata
el ingreso neto ascendente a S/. 1983.12 soles, siendo de precisar que durante ese mes la actora se
encontraba gozando de licencia sin goce de haber por enfermedad (Fojas 885). Asimismo, en lo que
concierne al pago de los 11 días del mes de agosto de 2004, es de apreciar del tenor de la liquidación de
remuneraciones (Fojas 748), que la actora percibió la remuneración proporcional a los once días del mes
de agosto, ascendente a un importe neto de S/. 444.25 Soles, de forma que, aún cuando haya
consignado su disconformidad en la hoja de liquidación respectiva, cierto es que en el proceso no ha
cuestionado algún defecto en el cálculo del haber devengado en el periodo en comentario, sino, por el
contrario, aduce no haber recibido salario alguno por los meses de julio y agosto de 2004, de manera
que, con lo verificado en el proceso, debe desestimarse este extremo de la pretensión.
SEXTO: DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS.
Siguiendo lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, aprobado por el
Decreto Supremo N° 001-97-TR, la compensación por tiempo de servicios debe calcularse sobre la base
de la remuneración computable es la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente
perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la
denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Así, sobre los periodos previstos
para su depósito en reserva acumulada, en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N°
650, se estipuló que: “Los empleadores irán entregando al depositario correspondiente, dentro del primer
semestre de cada año a partir de 1991 y con efecto cancelatorio, la compensación por el tiempo de
servicios acumulado al 31 de diciembre de 1990”. Asimismo, se señala que “El empleador está facultado
a efectuar depósitos con efecto cancelatorio dentro del segundo semestre del año, adicionalmente al que,
de manera obligatoria, debe realizar en el primer semestre”, siendo que, este beneficio social se
depositará en monto no menor al que corresponda al pago de un año de compensación por tiempo de
servicios, del más remoto al más próximo, con carácter cancelatorio y en un plazo máximo de diez años
contado a partir del 13 de marzo de 1991. De otra parte, se tiene que, a partir del 01 de enero de 1991, el
concepto en comentario, debe ser depositado semestralmente, en los meses de mayo y noviembre de
cada año, en un quantum ascendente a tantos dozavos de la remuneración computable percibida por el
trabajador en los meses de abril y octubre respectivamente, como meses completos haya laborado en el
semestre respectivo, de acuerdo con el artículo 21° del Decreto Legislativo N° 650.
6.1. En ese orden de ideas, dado que en su recurso de fecha 19 de octubre de 2004 (Fojas 365), la
demandante sostiene que pese a que la emplazada ha efectuado los depósitos de la compensación por
tiempo de servicios de todo su periodo laboral, hasta la fecha no ha podido cobrar dicho beneficio social,
toda vez que la emplazada lo ha retenido indebidamente por la supuesta sustracción de S/. 14,000.00
que se le imputa, pero que, según afirma, no ha sido acreditada; entonces, cabe dejar sentado que la
accionante reconoce el hecho del depósito de la CTS, siendo lo cuestionado, la imposibilidad de su cobro
en la entidad bancaria depositaria del aludido beneficio social.
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6.2. En tal sentido, partiendo por que lo reconocido por la accionante, en efecto, se confirma con el
mérito del histórico de depósitos de CTS obrante en autos (Fojas 751/752) y de las liquidaciones y
cheque de gerencia respectivos (Fojas 753/826, Fojas 858, Fojas 831, Fojas 886/889, Fojas 911),
actuados estos de los cuales se acredita que la demandada le depósito el citado beneficio social por el
periodo que va desde el 25 de marzo de 1984 al 11 de agosto de 2004. Sin embargo, en relación a la
retención, es de acotar que por Carta DEF/92.2621 N° 483-2004 de fecha 23 de agosto de 2004, la
emplazada requirió al Banco Wiese Sudameris, retener el monto total de la CTS de la actora por cuanto
se daría inicio de la acción judicial de indemnización por daños y perjuicios, al amparo del artículo 51° del
DS 001-97-TR.
6.3. En ese sentido, estando a que el artículo 51° del DS 001-97-TR, prescribe que “Si el trabajador es
despedido por comisión de falta grave que haya originado perjuicio económico al empleador, éste deberá
notificar al depositario para que la compensación por tiempo de servicios y sus intereses quede retenida
por el monto que corresponda en custodia por el depositario, a las resultas del juicio que promueva el
empleador. La acción legal de daño y perjuicios deberá interponerse dentro de los treinta días naturales
de producido el cese ante el Juzgado de Trabajo respecto conforme a lo previsto en la Ley Procesal del
Trabajo, debiendo acreditar el empleador ante el depositario el inicio de la citada acción judicial. Esta
acción no perjudica la acción penal que pudiera corresponder.
6.4. Ahora bien, del tenor de la disposición normativa glosada, es necesario acotar que con fecha 13
de setiembre de 2004, la emplazada entabló contra la demandante una demanda de indemnización por
daños y perjuicios por el importe de S/. 41,000.00 soles, sustentando su pretensión en la comisión de
faltas graves previstas en los literales a) y c) del artículo 25° del DS N° 003-97-TR, las cuales motivaron
su despido efectivo hacia el 11 de agosto de 2004 (Fojas 1069/1073, Fojas 943/970). Sobre ese
particular, cabe acotar que del reporte del Sistema Integrado Judicial (al cual, también tienen acceso las
partes del proceso), se verifica que en virtud de la Sentencia N° 287-2012-3°JTTL de fecha 07 de
noviembre de 2012 emitida por el Tercer Juzgado Transitorio Laboral de Lima, se declaró fundada la
demanda interpuesta por el Banco de la Nación contra la accionante, compeliéndola a ésta al pago del
importe de S/.24,000.00 soles amparado a título de indemnización por daños derivados de falta grave del
trabajador, constituyendo dicha decisión una resolución firme con calidad de cosa juzgada al no
visualizarse en el Sistema Integrado de Judicial la presentación de recurso impugnatorio alguno por las
partes.
6.5. Bajo esa premisa, resulta procedente la retención de la compensación por tiempo de servicios
dispuesta por el empleador. Sin embargo, al ascender el total de dicho beneficio social a la suma de S/.
42,029.69 soles, en tanto que, el monto amparado judicialmente a favor del Banco de la Nación por
indemnización por daños y perjuicios por falta grave alcanza el monto de S/. 24,000.00, entonces, existe
un saldo favorable a la actora, que asciende a S/. 18,029.69 soles, el mismo que queda fuera del ámbito
de la retención y por ende, debe ser pasible de cobro por parte de la accionante. De ahí que, procede
amparar en parte este extremo de lo peticionado.
SÉTIMO: DE LAS UTILIDADES DEL EJERICIO 2004.
La participación de utilidades se configura como un derecho laboral irrenunciable contemplado en el
artículo 29° de la Constitución Política y previsto en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, en virtud
del cual los trabajadores de las empresas dedicadas, entre otras cosas, a la actividad económica de la
demandada, participan en un 10% de las utilidades de aquella, distribuyéndose dicho porcentaje en un
50% en función a los días laborados y 50% en proporción a las remuneraciones de cada trabajador.
7.1. Ahora bien, dado que en este proceso, la demandante solicita el pago de la participación de
utilidades del ejercicio 2004, aduciendo su falta de pago. Empero, del tenor del Informe Pericial N° 82-
2016-PJ-JC (Fojas 1203, no observado por la actora) concordado con la hoja de distribución de utilidades
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de ese periodo (Fojas 1170/1194), se advierte que la emplazada cumplió con abonarle a la demandante
el citado beneficio social en el importe de S/. 920.70 soles, motivo por el cual, no procede amparar este
extremo de lo peticionado.
OCTAVO: DEL PAGO DEL BONO POR DESEMPEÑO LABORAL DEL PERIODO 2004.
En sus actos postulatorios, la demandante sostiene que la emplazada no le ha abonado el concepto de
“Bono por Desarrollo Laboral” del periodo 2004, pese a que tenía derecho al mismo al haber sido
evaluada en marzo y julio de 2004, habiendo obtenido calificaciones satisfactorias para ello. Sobre ello, la
emplazada ha adjuntado a los autos, la “Política Remunerativa del Banco de la Nación para el Ejercicio
2004” en cuyo Anexo 1, se establecen los criterios de distribución del otorgamiento del Bono
Extraordinario por Desempeño Laboral-BDL 2004 (Fojas 1355/1363), en el cual se señala que la BDL se
pagará en función de los siguientes requisitos: a) el último resultado de la aplicación del Sistema de
Evaluación por Desempeño Laboral y b) el factor de valoración según la Escala de Topes de Ingreso
Máximo Anual (TIMA) por categorías, precisándose asimismo que del monto del BDL se deducirá en
forma proporcional los días no laborados por inasistencias injustificadas, licencia sin goce de haber,
suspensiones disciplinarias y el exceso de los 20 primeros días de inasistencias por descanso médico.
Por tanto, no obstante que de las boletas del periodo 2004, no se ha acreditado el pago de la partida
BDL, cierto también es que, al constituirse dicho concepto como uno sujeto al cumplimiento de
determinados requisitos, además de estar afecto a los periodos de ausencia de prestación, no habiendo
cumplido la accionante con sustentar suficientemente la realización de las condiciones descritas en la
norma interna de aplicación del BDL, no es exigible el pago del bono en cuestión, más aún si por el
periodo que va de marzo a julio de 2004, la accionante gozó de 136 días de licencia por enfermedad,
según la hoja de trámite de cese cuyo contenido no ha sido objetado por la demandante (Fojas 885).
NOVENO: DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD DEL PERIODO 2004
9.1. Estando a que la demandante sostiene que para el periodo 2004 se determinó a su favor la suma
de S/. 20,302.44 soles por bonificación por productividad, según la boleta de junio de 2004, sin embargo,
alega su falta de pago. En ese sentido, cabe destacar que con vista de la boleta del mes de junio de 2004
(Fojas 1352), debidamente suscrita por la actora, se acredita que en ésta percibió el concepto de
productividad bajo la denominación de Product. R.S. 009-97-EF y DS 224-98-EF ascendente a S/.
10,151.22 soles, sobre el cual se descontaron los rubros de abono concepto variable 1 e ingreso no
remunerativo 1, quedando un neto a título de productividad de S/. 1691.87 soles. Ahora bien, a efectos de
esclarecer la naturaleza y legitimidad de tales descuentos aplicados sobre el rubro de productividad,
reclamado en autos, cabe exponer algunas consideraciones previas.
9.2. Debe queda establecido que el rubro de “productividad” fue la denominación informar del
concepto de Bono por Productividad Gerencial regulado por las Resoluciones Supremas que a
continuación se mencionan:
i. Resolución Suprema N° 104-94-EF (Fojas 1288/1290), su fecha 07 de setiembre de 1994, en
virtud de la cual se aprobó el otorgamiento a los funcionarios y trabajadores activos de una bonificación
por concepto de productividad, a título de bonificación extraordinaria por productividad en base a la
evaluación semestral del rendimiento en el desempeño efectivo del trabajo.
ii.- Mediante Resolución Suprema N° 121-95-EF (Fojas 1291/1293), norma del sector Economía
expedida el 20 de octubre de 1995, se autorizó al Banco a otorgar adicionalmente a lo establecido en la
Resolución Suprema que antecede, “una bonificación por concepto de productividad estableciendo los
montos máximos a otorgarse”, precisando además que tal bonificación se reconocerá a cada trabajador
previa evaluación específica y personal, en función al rendimiento por el trabajo efectivo que realice, el
cual condicionará su pago.
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iii. A tenor de la Resolución Suprema N° 009-97-EF (Fojas 1294/1296)), su fecha 30 de enero de
1997, se autorizó al Banco a otorgar a partir del 01 de noviembre de 1996, a sus trabajadores,
adicionalmente a lo establecido por las Resoluciones precitadas, una bonificación por productividad en
los montos ahí señalados. Se vuelve a indicar que la aludida bonificación se otorgará previa evaluación
específica y personal de cada trabajador, teniendo en cuenta el rendimiento y eficiencia laboral.
iv. Asimismo, por Resolución Suprema N° 224-98-EF, su fecha 06 de noviembre de 1998
se aprobó la política remunerativa del personal sujeto a negociación colectiva de las entidades que se
encuentran bajo el ámbito de la OIOE (Oficina de Instituciones y Organismos del Estado), disponiéndose
en su artículo 2 inciso d) que en virtud de la política remunerativa aprobada, la negociación colectiva
iniciada durante 1998 deberá considerar, entre otros, lo siguiente: «d. Se podrán mantener el monto de
las bonificaciones extraordinarias, asignaciones especiales u otros pagos que perciba el trabajador
periódicamente. Alternativamente, las entidades podrán acordar la sustitución del importe de todos estos
beneficios por una Bonificación Única Mensual».
9.3. Sobre el carácter remunerativo de la Bonificación por Productividad Gerencial. Si bien las
resoluciones supremas citadas precedentemente señalan y califican a la bonificación comentada como
concepto extraordinario, eventual, no computable y sujeto a condición, cabe determinar si ello fue así en los
hechos, en función de la concepción legal de la remuneración.
i) De la percepción remunerativa: Tanto el artículo 6° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR y el artículos 9° del Texto Único
Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo
N° 001-97-TR, enseñan que constituye remuneración computable la remuneración básica y todas
las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como
contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de
su libre disposición, pese a que sus montos puedan variar en razón de incrementos y otros motivos.
De otro lado, el literal a) del artículo 19° del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de
Servicios precitada, señala que “No se consideran remuneraciones computables las gratificaciones
extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del
empleador o que hayan sido materia de convención colectiva o aceptadas en los procedimientos de
conciliación…”. Por tanto, siguiendo el tenor de lo preceptuado en las disposiciones legales citadas
supra, se entiende que, en principio, donde hay prestación de servicios efectiva se debe afirmar la
condición remunerativa de lo que se haya entregado al trabajador, entonces, solo puede
considerarse remuneración a aquellas ventajas patrimoniales relacionadas de modo directo
con la prestación de servicios”2, mientras que, contrariamente, son liberalidades del patrón las
sumas cuya causa de atribución se halla residenciada en un hecho o motivo específico, distinto y
ajeno a la prestación efectiva de servicios.
ii) Percepción y forma de pago de la Bonificación Gerencial: partiendo del hecho de que la
referida bonificación fue de libre disponibilidad para el trabajador, toda vez que no se condicionó el
disfrute de la misma en modo alguno, reportando antes bien una ventaja patrimonial para su titular,
es importante destacar que de la revisión de las boletas obrantes en autos (Fojas 1297/1352, Fojas
1367/1371) y liquidaciones de compensación por tiempo de servicios (Fojas 352/599), se advierte
que, a partir del año 2000 hacia adelante, la emplazada otorgó a la actora los conceptos
mensuales rubricados con los nombres de Abono por Regularizar A, Concepto No Remunerativo
A, Concepto Variable 1, Préstamo A e Ingreso No Remunerativo 1, siendo que su percepción se
verificó por el periodo que va de enero a mayo y de julio a noviembre de cada año. Empero, de la
documentación descrita, también se observa que tales rubros mensuales se descontaron
sistemáticamente en los meses de junio y diciembre desde el año 2000 hasta el año 2004 (junio),
2 Véase Arce Ortiz, Elmer. Derecho Individual del Trabajo en el Perú: Desafíos y Deficiencias. Segunda Edición Actualizada. Palestra
Editores. Lima. 2013. Pág. 329/331.
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sobre los montos semestrales abonados en esas fechas, a título de la Bonificación por
Productividad Gerencial, consignándose esta bonificación bajo los nombres de Bo. Pro. RS. 009-
97-EF y DS-224-98-EF. En ese orden de ideas, es válido concluir que las percepciones de Abono
por Regularizar A, Concepto No Remunerativo A, Concepto Variable 1, Préstamo A e Ingreso No
Remunerativo 1 constituyeron pagos fijos y a cuenta o mensualizados de la Bonificación
Gerencial, de modo que, ese hecho no hace más que confirmar la continuidad y regularidad
mensual que caracterizó a la bonificación en alusión, además de corroborarse con ello, su
carácter incondicional, desvirtuando así lo estipulado en las Resoluciones Supremas antes
mencionadas, por cuanto si bien en los documentos, dicha bonificación se encontraba supeditada
a una evaluación de desempeño semestral (periodo enero-junio y julio-diciembre), conforme se
puede apreciar de la hoja de evaluación de desempeño del primer semestre del año 2004 (Fojas
709); cierto es que, en los hechos, el desembolso de anticipos antes de que inclusive se llegue a
verificar la condición suspensiva a la que supuestamente estaba sujeto el pago de la bonificación
refleja su exigibilidad inmediata e incondicional. Por consiguiente, no queda sino postular que los
conceptos Abono por Regularizar A, Concepto No Remunerativo A, Concepto Variable 1,
Préstamo A e Ingreso No Remunerativo 1 correspondieron a pagos mensuales de la Bonificación
por Productividad Gerencial a partir del año 2000, motivo por el cual, cabe atribuirle carácter
remunerativo al concepto en cuestión, al configurarse como una percepción regular, de libre
disposición y contraprestativa.
9.4. En conclusión, habiéndose establecido que la Bonificación por Productividad Gerencial a partir del año
2000 ostentó naturaleza remunerativa, siendo que aquella se pagó mediante los conceptos mensuales de
Abono por Regularizar A, Concepto No Remunerativo A, Concepto Variable 1, Préstamo A e Ingreso No
Remunerativo 1, los cuales (con el objeto de simular su condición de préstamos) fueron descontados
sistemáticamente en los meses de junio y diciembre, sobre los importes totales asignados a dicha
bonificación; corresponde, bajo esas consideraciones y sin perjuicio del carácter salarial del concepto en
cuestión, desestimar el extremo de la pretensión relativo al pago de la bonificación por productividad
gerencial del periodo 2004 (junio 2004), por cuanto ésta le fue reconocida en su integridad a la actora, pues,
como ya se determinó, los descuentos que figuran en la boleta del mes de junio de 2004 (Fojas 1352) bajo las
denominaciones de concepto variable 1 e ingreso no remunerativo 1, no fueron sino los pagos otorgados a
cuenta del referido beneficio entre enero y mayo de ese año, no representando aquellos ningún recorte de la
bonificación peticionada.
DÉCIMO: DEL REINTEGRO DE LAS CINCO GRATIFICACIONES ANUALES DEL PERIODO 2004 | <|im_start|>system
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Expediente N° 00356-2004-28°JLL
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S E N T E N C I A N° 00092 - 2021 - 26° JETTL
Expediente : N° 00356-2004-28°JTTL
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
RESOLUCIÓN NUMERO CINCUENTA Y SIETE
Lima, treinta de junio
De dos mil veintiuno.-
I. PARTE EXPOSITIVA
DEMANDA:
MARIA OTILIA LA TORRE ORTIZ DE RODRÍGUEZ, interpone demanda (Fojas 132/153, modificación y
ampliación de demanda, Fojas 363/375) contra el BANCO DE LA NACIÓN, sobre Reintegro de
Beneficios Sociales.-
Petitorio:
Demanda el pago de los siguientes conceptos:
1. El desembolso de la compensación por tiempo de servicios del periodo 01 de febrero de 1974
hasta el 11 de agosto de 2004, retenida indebidamente por la emplazada.
2. El pago del bono de desarrollo laboral del periodo 2004.
3. El pago de los sueldos o remuneraciones insolutas de los meses de julio 2004 y agosto 2004.
4. El pago del concepto de “productividad” del periodo 2004 en el importe que se consignó en la
boleta de junio 2004, el cual no ha sido objeto de pago.
5. El pago de la indemnización por despido arbitrario.
6. El reintegro de gratificaciones anuales del periodo 2004 (enero, febrero, marzo, julio y diciembre),
por incidencia de la productividad.
7. El pago de la participación de utilidades del periodo 2004.
Fundamentos de hecho:
a. Refiere haber ingresado a prestar servicios a favor del Banco de la Nación desde el 01 de febrero
de 1974 ocupando diversos puestos de trabajo.
b. Manifiesta qué, si bien en una primera oportunidad sucedió un incidente con un faltante de dinero,
pero que, sin embargo, después procedió la suscrita a reponerlo.
c. Arguye que, debido a ello, la emplazada no le pagó los sueldos de julio y agosto del año 2004, así
como tampoco le pagaron el bono por desarrollo laboral para el que fue evaluada y aprobada en
el mes de marzo con la más alta calificación; sumándose a lo anterior, el que la entidad omitió en
reconocerle el concepto de productividad.
d. Afirma que entre otro de los atropellos de los que fue objeto, estuvo la retención indebida del
importe de la compensación por tiempo de servicios.
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e. Sostiene que a la fecha de su cese, el 11 de agosto de 2004, venía desempeñando el cargo de de
Administradora de Agencia en el Ministerio del Interior, con una última remuneración de S/.
5,704.93 con un horario de 8:00 a 17:00 horas.
f. Precisa que la Compensación por Tiempo de Servicios, pese a haber sido materia de depósitos
bancarios, estos no han podido ser cobrados por la suscrita.
g. Subraya que su ex empleador resolvió no otorgarle el bono por desempeño laboral pese a que la
accionante había obtenido excelentes calificaciones en las evaluaciones que rindió en los meses
de marzo y julio de 2004.
h. Argumenta que para el periodo 2004, se determinó que el concepto de productividad ascendía al
importe de S/. 20,302.44 soles, de acuerdo con la boleta de junio de 2004, empero, el referido
rubro no ha sido objeto de pago hasta la fecha, en tanto que, tampoco ha sido considerado en la
liquidación que se le practicara.
i. Sobre el despido alega que se le imputo el hecho de que con fecha 22 de marzo de 2004 realizó
retiros de dinero en las sumas de S/. 33,000.00 y S/. 19,994.78, sin que exista documentación
sustentatoria de ese evento, más aun si el banco señaló que tales retiros fueron regularizados con
fechas 23 de marzo de 2004 y 26 de marzo de 2004, además de habérsele atribuido el retiro de
S/. 14,000.00 soles de la cuenta de un cliente del banco, sin que hasta la fecha se haya efectuado
la devolución de ese importe.
j. Respecto a lo anterior, expone que al no haberse acreditado los sucesos que se le imputan y que
motivaron su despido injustificado, le asiste el derecho a una indemnización.
Admisión de la demanda: Mediante Resolución N° 02 de fecha 19 de noviembre de 2004 (Fojas 376) se
admite a trámite la demanda y se corre traslado a la emplazada a fin de que absuelva en el plazo de ley.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:
La emplazada dedujo la excepción de prescripción extintiva por los periodos anteriores al 23 de diciembre
de 1998, así como a su vez formuló contradicción en los términos que expone en su escrito de fecha 11
de noviembre de 2004 (Fojas 600/629), aduciendo:
Fundamentos de hecho:
a. Reconoce que la accionante no despedida arbitrariamente sino por falta grave tipificada en los
incisos de a) y c) del artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97-TR.
b. Manifiesta que la recurrente ha cumplido con el depósito de la compensación por tiempo de
servicios por todo el periodo durante el cual pervivió el vínculo laboral.
c. Afirma que conforme lo establecido en la Sesión de Directorio N° 1500 de fecha 03 de marzo de
2004 establece que dicho concepto será abonado en dos partes, en mayo y octubre de 2004 (50%
distribuido entre trabajadores activos a la fecha de pago con contrato vigente al 31 de marzo de
2004; 50% distribuidos, a repartirse entre los activos a la fecha de pago con contrato vigente al 30
de setiembre de 2004), de modo que, no le corresponde la segunda parte del bono en alusión.
d. Arguye que a la actora se le pagó el monto de S/. 8,368.26 soles, tal y como se aprecia de las
planillas de junio de 2004, razón por la cual no existe adeudo alguno por ese título.
e. Subraya que ha cumplido con pagarle las remuneraciones de julio y agosto de 2004, conforme se
acredita con la boleta de julio suscrita por la actora así como con la liquidación de beneficios
sociales. Además de ello, resalta que no tiene certeza si la entidad ha generado utilidades del
ejercicio 2004.
f. Aduce que la entidad, en usos de las facultades conferidas por el artículo 51° del Decreto
Supremo N° 001-97-TR, ha procedido a retener de la CTS, tan es así que se le demandado ante
la autoridad judicial por indemnización por daño y perjuicios causados contra la institución.
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AUDIENCIA ÚNICA:
Con fecha 27 de mayo de 2005, se celebró la audiencia única, en la cual se declaró infundada la
excepción de prescripción extintiva, razón por la cual se decreto saneado el proceso al verificarse la
validez de la relación jurídica procesal procediéndose con la fijación de los puntos controvertidos, así
como con la admisión y actuación de los medios de prueba aportados al proceso por las partes.
EMISIÓN DE SENTENCIA:
De modo que, no existiendo pruebas pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del artículo 47° de
la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, su estado es el de emitir sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA
PRIMERO: FINALIDAD DEL PROCESO.
1.1. El proceso como conducto objetivo de la función jurisdiccional persigue dos finalidades que se
encuentran claramente expresadas en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el
cual es un cuerpo normativo aplicable a los procesos laborales de forma supletoria1.
1.2. El tenor del precitado dispositivo es el que sigue:
“Artículo III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un
conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.
En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios
generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las
circunstancias del caso.”
SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA.
2.1. El artículo 196° del Código Procesal Civil enuncia el principio general del derecho a la prueba en
los términos siguientes:
“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”
2.2. En la legislación procesal laboral, el principio enunciado se encuentra normado en el artículo 27°
de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636 del 24 de junio de 1996, bajo el texto que se anota:
“Artículo 27.- Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas
legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de
trabajo.
1 Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636: “En lo no previsto
por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil”.
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3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad
cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.”
TERCERO: ASUNTOS DE CONTROVERSIA.
En acto de Audiencia Única se fijaron como puntos controvertidos los siguientes (Acta de Fojas
690/vuelta, parte pertinente):
1. Determinar si a la actora le corresponde los beneficios sociales que solicita, a saber, el cobro de la
compensación por tiempo de servicios de todo su periodo laboral, el pago de la bonificación por
productividad del periodo 2004, el pago del Bono por Desempeño Laboral 2004, la participación de
utilidades del periodo 2004, las remuneraciones insolutas de julio y agosto del año 2004 y el
reintegro de las cinco gratificaciones anuales del periodo 2004 por incidencia de la bonificación por
productividad.
2. Determinar si la demandante ha sido despedido arbitrariamente, en consecuencia si le corresponde
el pago por indemnización por despido arbitrario.
Si bien en el listado de medios probatorios consignados en el escrito de demanda (Fojas 149, parte
pertinente), la actora señala que de las boletas de pago que acompaña se acredita que no se le ha
abonado las vacaciones, cierto es que, de la revisión del petitorio y los fundamentos de hecho de la
demanda y su modificación (Fojas 140, Fojas 363/368), no se aprecia que la demandante haya
insertado dentro de los conceptos pretendidos, el pago de remuneración vacacional, de modo que,
atendiendo al principio de congruencia procesal, cuya fuerza preceptiva conmina al Juzgador a no
pronunciarse sobre extremos no peticionados, extralimitándose en su fallo; entonces, no procede emitir
pronunciamiento sobre la acreencia de remuneración vacacional, circunscribiéndose el objeto de esta
decisión, únicamente a los conceptos peticionados.
ANTECEDENTES.
Dado que en mérito a la Sentencia de Vista de fecha 24 de febrero último se dispuso declarar la nulidad
de la Sentencia Número 022-2019 contenida en la Resolución Número 50 de fecha 28 de febrero de 2019
que declaró fundada en parte la demanda de autos como consecuencia de haberse declarado la nulidad
de la Resolución Número 20 de fecha 11 de setiembre de 2008 que declaró improcedente el pedido de
cesión de derechos acarreando la nulidad de la sentencia recaída en autos, señalando el Colegiado
Superior en el fundamento decimotercero que lo que correspondía en autos, “(…) era dar trámite a lo
solicitado verificando el cumplimiento de la formalidad de la cesión de derechos, y considerando que
cuando una persona cede a un tercero su derecho a percibir el pago por parte de la Entidad demandada,
ello lo habilita a ser sucesor procesal, para que se continúe el proceso ocupando el lugar de la
demandante”. Es así que, habiéndose dado cumplimiento a lo ordenado por el Superior Jerárquico
emitiéndose a esos efectos la Resolución Número 55 de fecha 20 de mayo de 2021; por consiguiente los
autos han quedado expeditos para emitir nuevo pronunciamiento de fondo, el cual se procede a
desarrollar a través de los considerandos que siguen a continuación.
ANÁLISIS DE LOS HECHOS
CUARTO: DE LA RELACIÓN LABORAL Y DEL PERIODO OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO.
De la revisión de la liquidación de remuneraciones de la actora (Fojas 748) así como del mérito del
certificado de trabajo de fecha 12 de agosto de 2004 (Fojas 898), es cierto que constituye un hecho
probado que entre las partes se instauró una relación laboral cuya vigencia estuvo comprendida desde el
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01 de febrero de 1974 hasta el 24 de marzo de 1984, adscrita al Régimen Laboral Público, en tanto que,
a partir del 25 de marzo de 1984 hasta el 11 de agosto de 2004, la relación de trabajo se adscribió al
régimen laboral privado, periodo éste, respecto del cual esta Judicatura es competente a efectos de emitir
pronunciamiento entorno a los beneficios sociales, remuneraciones e indemnización por despido
arbitrario reclamados por la demandante. Siendo así, cabe dejar sentado que la presente controversia se
circunscribe al periodo regido por los preceptos del régimen laboral privado, que va, como se mencionó,
desde el 25 de marzo de 1984 al 11 de agosto de 2004.
QUINTO: DE LAS REMUNERACIONES INSOLUTAS.
Estando a que la demandante aduce que la emplazada no le abono las remuneraciones del mes de julio
de 2004 y de los 11 días del mes de agosto de 2004 (Fojas 143), teniendo en cuenta que cesó por
despido el día 11 de agosto de 2004 (Fojas 898); a ese respecto, sin embargo, cabe mencionar que del
tenor de la boleta del mes de julio 2004 debidamente suscrita por la accionante (Fojas 735), se constata
el ingreso neto ascendente a S/. 1983.12 soles, siendo de precisar que durante ese mes la actora se
encontraba gozando de licencia sin goce de haber por enfermedad (Fojas 885). Asimismo, en lo que
concierne al pago de los 11 días del mes de agosto de 2004, es de apreciar del tenor de la liquidación de
remuneraciones (Fojas 748), que la actora percibió la remuneración proporcional a los once días del mes
de agosto, ascendente a un importe neto de S/. 444.25 Soles, de forma que, aún cuando haya
consignado su disconformidad en la hoja de liquidación respectiva, cierto es que en el proceso no ha
cuestionado algún defecto en el cálculo del haber devengado en el periodo en comentario, sino, por el
contrario, aduce no haber recibido salario alguno por los meses de julio y agosto de 2004, de manera
que, con lo verificado en el proceso, debe desestimarse este extremo de la pretensión.
SEXTO: DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS.
Siguiendo lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, aprobado por el
Decreto Supremo N° 001-97-TR, la compensación por tiempo de servicios debe calcularse sobre la base
de la remuneración computable es la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente
perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la
denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición. Así, sobre los periodos previstos
para su depósito en reserva acumulada, en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N°
650, se estipuló que: “Los empleadores irán entregando al depositario correspondiente, dentro del primer
semestre de cada año a partir de 1991 y con efecto cancelatorio, la compensación por el tiempo de
servicios acumulado al 31 de diciembre de 1990”. Asimismo, se señala que “El empleador está facultado
a efectuar depósitos con efecto cancelatorio dentro del segundo semestre del año, adicionalmente al que,
de manera obligatoria, debe realizar en el primer semestre”, siendo que, este beneficio social se
depositará en monto no menor al que corresponda al pago de un año de compensación por tiempo de
servicios, del más remoto al más próximo, con carácter cancelatorio y en un plazo máximo de diez años
contado a partir del 13 de marzo de 1991. De otra parte, se tiene que, a partir del 01 de enero de 1991, el
concepto en comentario, debe ser depositado semestralmente, en los meses de mayo y noviembre de
cada año, en un quantum ascendente a tantos dozavos de la remuneración computable percibida por el
trabajador en los meses de abril y octubre respectivamente, como meses completos haya laborado en el
semestre respectivo, de acuerdo con el artículo 21° del Decreto Legislativo N° 650.
6.1. En ese orden de ideas, dado que en su recurso de fecha 19 de octubre de 2004 (Fojas 365), la
demandante sostiene que pese a que la emplazada ha efectuado los depósitos de la compensación por
tiempo de servicios de todo su periodo laboral, hasta la fecha no ha podido cobrar dicho beneficio social,
toda vez que la emplazada lo ha retenido indebidamente por la supuesta sustracción de S/. 14,000.00
que se le imputa, pero que, según afirma, no ha sido acreditada; entonces, cabe dejar sentado que la
accionante reconoce el hecho del depósito de la CTS, siendo lo cuestionado, la imposibilidad de su cobro
en la entidad bancaria depositaria del aludido beneficio social.
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6.2. En tal sentido, partiendo por que lo reconocido por la accionante, en efecto, se confirma con el
mérito del histórico de depósitos de CTS obrante en autos (Fojas 751/752) y de las liquidaciones y
cheque de gerencia respectivos (Fojas 753/826, Fojas 858, Fojas 831, Fojas 886/889, Fojas 911),
actuados estos de los cuales se acredita que la demandada le depósito el citado beneficio social por el
periodo que va desde el 25 de marzo de 1984 al 11 de agosto de 2004. Sin embargo, en relación a la
retención, es de acotar que por Carta DEF/92.2621 N° 483-2004 de fecha 23 de agosto de 2004, la
emplazada requirió al Banco Wiese Sudameris, retener el monto total de la CTS de la actora por cuanto
se daría inicio de la acción judicial de indemnización por daños y perjuicios, al amparo del artículo 51° del
DS 001-97-TR.
6.3. En ese sentido, estando a que el artículo 51° del DS 001-97-TR, prescribe que “Si el trabajador es
despedido por comisión de falta grave que haya originado perjuicio económico al empleador, éste deberá
notificar al depositario para que la compensación por tiempo de servicios y sus intereses quede retenida
por el monto que corresponda en custodia por el depositario, a las resultas del juicio que promueva el
empleador. La acción legal de daño y perjuicios deberá interponerse dentro de los treinta días naturales
de producido el cese ante el Juzgado de Trabajo respecto conforme a lo previsto en la Ley Procesal del
Trabajo, debiendo acreditar el empleador ante el depositario el inicio de la citada acción judicial. Esta
acción no perjudica la acción penal que pudiera corresponder.
6.4. Ahora bien, del tenor de la disposición normativa glosada, es necesario acotar que con fecha 13
de setiembre de 2004, la emplazada entabló contra la demandante una demanda de indemnización por
daños y perjuicios por el importe de S/. 41,000.00 soles, sustentando su pretensión en la comisión de
faltas graves previstas en los literales a) y c) del artículo 25° del DS N° 003-97-TR, las cuales motivaron
su despido efectivo hacia el 11 de agosto de 2004 (Fojas 1069/1073, Fojas 943/970). Sobre ese
particular, cabe acotar que del reporte del Sistema Integrado Judicial (al cual, también tienen acceso las
partes del proceso), se verifica que en virtud de la Sentencia N° 287-2012-3°JTTL de fecha 07 de
noviembre de 2012 emitida por el Tercer Juzgado Transitorio Laboral de Lima, se declaró fundada la
demanda interpuesta por el Banco de la Nación contra la accionante, compeliéndola a ésta al pago del
importe de S/.24,000.00 soles amparado a título de indemnización por daños derivados de falta grave del
trabajador, constituyendo dicha decisión una resolución firme con calidad de cosa juzgada al no
visualizarse en el Sistema Integrado de Judicial la presentación de recurso impugnatorio alguno por las
partes.
6.5. Bajo esa premisa, resulta procedente la retención de la compensación por tiempo de servicios
dispuesta por el empleador. Sin embargo, al ascender el total de dicho beneficio social a la suma de S/.
42,029.69 soles, en tanto que, el monto amparado judicialmente a favor del Banco de la Nación por
indemnización por daños y perjuicios por falta grave alcanza el monto de S/. 24,000.00, entonces, existe
un saldo favorable a la actora, que asciende a S/. 18,029.69 soles, el mismo que queda fuera del ámbito
de la retención y por ende, debe ser pasible de cobro por parte de la accionante. De ahí que, procede
amparar en parte este extremo de lo peticionado.
SÉTIMO: DE LAS UTILIDADES DEL EJERICIO 2004.
La participación de utilidades se configura como un derecho laboral irrenunciable contemplado en el
artículo 29° de la Constitución Política y previsto en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, en virtud
del cual los trabajadores de las empresas dedicadas, entre otras cosas, a la actividad económica de la
demandada, participan en un 10% de las utilidades de aquella, distribuyéndose dicho porcentaje en un
50% en función a los días laborados y 50% en proporción a las remuneraciones de cada trabajador.
7.1. Ahora bien, dado que en este proceso, la demandante solicita el pago de la participación de
utilidades del ejercicio 2004, aduciendo su falta de pago. Empero, del tenor del Informe Pericial N° 82-
2016-PJ-JC (Fojas 1203, no observado por la actora) concordado con la hoja de distribución de utilidades
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de ese periodo (Fojas 1170/1194), se advierte que la emplazada cumplió con abonarle a la demandante
el citado beneficio social en el importe de S/. 920.70 soles, motivo por el cual, no procede amparar este
extremo de lo peticionado.
OCTAVO: DEL PAGO DEL BONO POR DESEMPEÑO LABORAL DEL PERIODO 2004.
En sus actos postulatorios, la demandante sostiene que la emplazada no le ha abonado el concepto de
“Bono por Desarrollo Laboral” del periodo 2004, pese a que tenía derecho al mismo al haber sido
evaluada en marzo y julio de 2004, habiendo obtenido calificaciones satisfactorias para ello. Sobre ello, la
emplazada ha adjuntado a los autos, la “Política Remunerativa del Banco de la Nación para el Ejercicio
2004” en cuyo Anexo 1, se establecen los criterios de distribución del otorgamiento del Bono
Extraordinario por Desempeño Laboral-BDL 2004 (Fojas 1355/1363), en el cual se señala que la BDL se
pagará en función de los siguientes requisitos: a) el último resultado de la aplicación del Sistema de
Evaluación por Desempeño Laboral y b) el factor de valoración según la Escala de Topes de Ingreso
Máximo Anual (TIMA) por categorías, precisándose asimismo que del monto del BDL se deducirá en
forma proporcional los días no laborados por inasistencias injustificadas, licencia sin goce de haber,
suspensiones disciplinarias y el exceso de los 20 primeros días de inasistencias por descanso médico.
Por tanto, no obstante que de las boletas del periodo 2004, no se ha acreditado el pago de la partida
BDL, cierto también es que, al constituirse dicho concepto como uno sujeto al cumplimiento de
determinados requisitos, además de estar afecto a los periodos de ausencia de prestación, no habiendo
cumplido la accionante con sustentar suficientemente la realización de las condiciones descritas en la
norma interna de aplicación del BDL, no es exigible el pago del bono en cuestión, más aún si por el
periodo que va de marzo a julio de 2004, la accionante gozó de 136 días de licencia por enfermedad,
según la hoja de trámite de cese cuyo contenido no ha sido objetado por la demandante (Fojas 885).
NOVENO: DEL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD DEL PERIODO 2004
9.1. Estando a que la demandante sostiene que para el periodo 2004 se determinó a su favor la suma
de S/. 20,302.44 soles por bonificación por productividad, según la boleta de junio de 2004, sin embargo,
alega su falta de pago. En ese sentido, cabe destacar que con vista de la boleta del mes de junio de 2004
(Fojas 1352), debidamente suscrita por la actora, se acredita que en ésta percibió el concepto de
productividad bajo la denominación de Product. R.S. 009-97-EF y DS 224-98-EF ascendente a S/.
10,151.22 soles, sobre el cual se descontaron los rubros de abono concepto variable 1 e ingreso no
remunerativo 1, quedando un neto a título de productividad de S/. 1691.87 soles. Ahora bien, a efectos de
esclarecer la naturaleza y legitimidad de tales descuentos aplicados sobre el rubro de productividad,
reclamado en autos, cabe exponer algunas consideraciones previas.
9.2. Debe queda establecido que el rubro de “productividad” fue la denominación informar del
concepto de Bono por Productividad Gerencial regulado por las Resoluciones Supremas que a
continuación se mencionan:
i. Resolución Suprema N° 104-94-EF (Fojas 1288/1290), su fecha 07 de setiembre de 1994, en
virtud de la cual se aprobó el otorgamiento a los funcionarios y trabajadores activos de una bonificación
por concepto de productividad, a título de bonificación extraordinaria por productividad en base a la
evaluación semestral del rendimiento en el desempeño efectivo del trabajo.
ii.- Mediante Resolución Suprema N° 121-95-EF (Fojas 1291/1293), norma del sector Economía
expedida el 20 de octubre de 1995, se autorizó al Banco a otorgar adicionalmente a lo establecido en la
Resolución Suprema que antecede, “una bonificación por concepto de productividad estableciendo los
montos máximos a otorgarse”, precisando además que tal bonificación se reconocerá a cada trabajador
previa evaluación específica y personal, en función al rendimiento por el trabajo efectivo que realice, el
cual condicionará su pago.
- 7 -
Expediente N° 00356-2004-28°JLL
Página 8 de 14
iii. A tenor de la Resolución Suprema N° 009-97-EF (Fojas 1294/1296)), su fecha 30 de enero de
1997, se autorizó al Banco a otorgar a partir del 01 de noviembre de 1996, a sus trabajadores,
adicionalmente a lo establecido por las Resoluciones precitadas, una bonificación por productividad en
los montos ahí señalados. Se vuelve a indicar que la aludida bonificación se otorgará previa evaluación
específica y personal de cada trabajador, teniendo en cuenta el rendimiento y eficiencia laboral.
iv. Asimismo, por Resolución Suprema N° 224-98-EF, su fecha 06 de noviembre de 1998
se aprobó la política remunerativa del personal sujeto a negociación colectiva de las entidades que se
encuentran bajo el ámbito de la OIOE (Oficina de Instituciones y Organismos del Estado), disponiéndose
en su artículo 2 inciso d) que en virtud de la política remunerativa aprobada, la negociación colectiva
iniciada durante 1998 deberá considerar, entre otros, lo siguiente: «d. Se podrán mantener el monto de
las bonificaciones extraordinarias, asignaciones especiales u otros pagos que perciba el trabajador
periódicamente. Alternativamente, las entidades podrán acordar la sustitución del importe de todos estos
beneficios por una Bonificación Única Mensual».
9.3. Sobre el carácter remunerativo de la Bonificación por Productividad Gerencial. Si bien las
resoluciones supremas citadas precedentemente señalan y califican a la bonificación comentada como
concepto extraordinario, eventual, no computable y sujeto a condición, cabe determinar si ello fue así en los
hechos, en función de la concepción legal de la remuneración.
i) De la percepción remunerativa: Tanto el artículo 6° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR y el artículos 9° del Texto Único
Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo
N° 001-97-TR, enseñan que constituye remuneración computable la remuneración básica y todas
las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como
contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de
su libre disposición, pese a que sus montos puedan variar en razón de incrementos y otros motivos.
De otro lado, el literal a) del artículo 19° del TUO de la Ley de Compensación por Tiempo de
Servicios precitada, señala que “No se consideran remuneraciones computables las gratificaciones
extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del
empleador o que hayan sido materia de convención colectiva o aceptadas en los procedimientos de
conciliación…”. Por tanto, siguiendo el tenor de lo preceptuado en las disposiciones legales citadas
supra, se entiende que, en principio, donde hay prestación de servicios efectiva se debe afirmar la
condición remunerativa de lo que se haya entregado al trabajador, entonces, solo puede
considerarse remuneración a aquellas ventajas patrimoniales relacionadas de modo directo
con la prestación de servicios”2, mientras que, contrariamente, son liberalidades del patrón las
sumas cuya causa de atribución se halla residenciada en un hecho o motivo específico, distinto y
ajeno a la prestación efectiva de servicios.
ii) Percepción y forma de pago de la Bonificación Gerencial: partiendo del hecho de que la
referida bonificación fue de libre disponibilidad para el trabajador, toda vez que no se condicionó el
disfrute de la misma en modo alguno, reportando antes bien una ventaja patrimonial para su titular,
es importante destacar que de la revisión de las boletas obrantes en autos (Fojas 1297/1352, Fojas
1367/1371) y liquidaciones de compensación por tiempo de servicios (Fojas 352/599), se advierte
que, a partir del año 2000 hacia adelante, la emplazada otorgó a la actora los conceptos
mensuales rubricados con los nombres de Abono por Regularizar A, Concepto No Remunerativo
A, Concepto Variable 1, Préstamo A e Ingreso No Remunerativo 1, siendo que su percepción se
verificó por el periodo que va de enero a mayo y de julio a noviembre de cada año. Empero, de la
documentación descrita, también se observa que tales rubros mensuales se descontaron
sistemáticamente en los meses de junio y diciembre desde el año 2000 hasta el año 2004 (junio),
2 Véase Arce Ortiz, Elmer. Derecho Individual del Trabajo en el Perú: Desafíos y Deficiencias. Segunda Edición Actualizada. Palestra
Editores. Lima. 2013. Pág. 329/331.
- 8 -
Expediente N° 00356-2004-28°JLL
Página 9 de 14
sobre los montos semestrales abonados en esas fechas, a título de la Bonificación por
Productividad Gerencial, consignándose esta bonificación bajo los nombres de Bo. Pro. RS. 009-
97-EF y DS-224-98-EF. En ese orden de ideas, es válido concluir que las percepciones de Abono
por Regularizar A, Concepto No Remunerativo A, Concepto Variable 1, Préstamo A e Ingreso No
Remunerativo 1 constituyeron pagos fijos y a cuenta o mensualizados de la Bonificación
Gerencial, de modo que, ese hecho no hace más que confirmar la continuidad y regularidad
mensual que caracterizó a la bonificación en alusión, además de corroborarse con ello, su
carácter incondicional, desvirtuando así lo estipulado en las Resoluciones Supremas antes
mencionadas, por cuanto si bien en los documentos, dicha bonificación se encontraba supeditada
a una evaluación de desempeño semestral (periodo enero-junio y julio-diciembre), conforme se
puede apreciar de la hoja de evaluación de desempeño del primer semestre del año 2004 (Fojas
709); cierto es que, en los hechos, el desembolso de anticipos antes de que inclusive se llegue a
verificar la condición suspensiva a la que supuestamente estaba sujeto el pago de la bonificación
refleja su exigibilidad inmediata e incondicional. Por consiguiente, no queda sino postular que los
conceptos Abono por Regularizar A, Concepto No Remunerativo A, Concepto Variable 1,
Préstamo A e Ingreso No Remunerativo 1 correspondieron a pagos mensuales de la Bonificación
por Productividad Gerencial a partir del año 2000, motivo por el cual, cabe atribuirle carácter
remunerativo al concepto en cuestión, al configurarse como una percepción regular, de libre
disposición y contraprestativa.
9.4. En conclusión, habiéndose establecido que la Bonificación por Productividad Gerencial a partir del año
2000 ostentó naturaleza remunerativa, siendo que aquella se pagó mediante los conceptos mensuales de
Abono por Regularizar A, Concepto No Remunerativo A, Concepto Variable 1, Préstamo A e Ingreso No
Remunerativo 1, los cuales (con el objeto de simular su condición de préstamos) fueron descontados
sistemáticamente en los meses de junio y diciembre, sobre los importes totales asignados a dicha
bonificación; corresponde, bajo esas consideraciones y sin perjuicio del carácter salarial del concepto en
cuestión, desestimar el extremo de la pretensión relativo al pago de la bonificación por productividad
gerencial del periodo 2004 (junio 2004), por cuanto ésta le fue reconocida en su integridad a la actora, pues,
como ya se determinó, los descuentos que figuran en la boleta del mes de junio de 2004 (Fojas 1352) bajo las
denominaciones de concepto variable 1 e ingreso no remunerativo 1, no fueron sino los pagos otorgados a
cuenta del referido beneficio entre enero y mayo de ese año, no representando aquellos ningún recorte de la
bonificación peticionada.
DÉCIMO: DEL REINTEGRO DE LAS CINCO GRATIFICACIONES ANUALES DEL PERIODO 2004 <|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00084-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
agosto de 2006, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOCE MIL
CUATROCIENTOS CUATRO CON 12/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 04 y 05 de
setiembre de 2006 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de agosto del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00084-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
agosto de 2006, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DOCE MIL
CUATROCIENTOS CUATRO CON 12/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 04 y 05 de
setiembre de 2006 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de agosto del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00180-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 45, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON
94/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 46-47), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00180-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 45, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON
94/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 46-47), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Juez: SALINAS TAMAYO PERCY RONALD
Fecha: 06/03/2017 20:32:45
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: HUAURA/HUAURA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO CIVIL - Sede Jr. Ausejo Salas N° 387
EXPEDIENTE : 00141-2006-0-1308-JR-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : SALINAS TAMAYO PERCY RONALD
CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Secretario: SILVA GONZALES
ALVARO ROMEL ESPECIALISTA : SILVA GONZALES ALVARO ROMEL
Fecha: 07/03/2017 10:20:23
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : EMPRESA DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTES EL
D.Judicial: HUAURA/HUAURA
FIRMA DIGITAL BARQUITO S.A.C ,
DEMANDANTE : NESTLE PERU S.A ,
Resolución Nro. Trece
Huacho, tres de febrero
Del año dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; y, CONSIDERANDO:
1. Mediante escrito de fecha 25 de julio de 2016, NESTLE PERU S.A., solicita se declare al
ejecutado como Deudor Judicial Moroso y su inscripción en el Registro de Deudores
Judiciales Morosos.
2. De la revisión de los autos se observa que por Sentencia de fojas 63/65 se declaró
fundada la demanda, disponiéndose el pago de la suma de S/. 55,224.01, más los
intereses legales a favor del demandante.
3. Mediante Resolución N° 09 de fojas 79 se requirió a la demandada Empresa
Distribuidora y Transportes El Barquito SAC. para que en el plazo de 3 días cumpla con
pagar a favor del demandante la suma adeudada, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, mediante Resolución N° 10 de fojas 90 se requirió a la ejecutad para que
señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados.
4. La empresa deudora hasta la fecha no ha hecho efectivo el pago a favor de la
demandante, por lo que se debe proceder conforme a lo normado por el Artículo 692-A
del Código Procesal civil establece lo siguiente:
“Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la ejecución en primera
instancia, el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, aquel solicitará que se
requiera a este para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes
parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla el mandato de pago, bajo
apercibimiento establecido por el juez, de declarársele deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en
el Registro de Deudores Judiciales Morosos, a solicitud del ejecutante.
El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la etapa procesal de
ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo.”
(subrayado agregado)
5. Al no haberse decretado el apercibimiento conforme a ley, se debe requerir por última
vez a la deudora para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de
gravamen o bienes parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla
el mandato de pago.
6. Asimismo, mediante Oficio N° 238-2016-ALC/MDCL de fecha 26 de setiembre de 2016 de
fojas 103, la Municipalidad Distrital de Santa Leonor solicita variar el domicilio legal de
la Empresa Distribuidora y Transporte el Barquito SAC. , porque en Calle Guillermo
Velásquez N° 184 – Huacho funcionan las oficinas de la Municipalidad Distrital de Santa
Leonor.
7. Habiéndose conferido traslado a la parte demandante con el Oficio N° 238-2016-
ALC/MDCL, esta no ha cumplido con pronunciarse al respecto. Asimismo, la
Municipalidad Distrital de Santa Leonor no es parte en el proceso y no indica donde se
encuentra el nuevo domicilio de la empresa demandada, quien no ha variado su
domicilio procesal; por lo que es improcedente lo solicitado.
Por estas consideraciones, se Resuelve:
a) Requerir a la Empresa Distribuidora y Transportes El Barquito SAC. para que en el
plazo de Cinco días cumpla con señalar uno o más bienes libres de gravamen o
parcialmente gravados, para que con su realización se cumpla el pago a favor de la
demandante, Bajo Apercibimiento de ordenarse su Inscripción en el Registro de
Deudores Judiciales Morosos de conformidad con lo establecido en el Artículo 692-
A del Código Procesal Civil.
b) Declarar Improcedente lo solicitado por la Municipalidad Distrital de Santa Leonor.
Interviniendo el Secretario Judicial que autoriza por disposición superior.-
Notifíquese.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Juez: SALINAS TAMAYO PERCY RONALD
Fecha: 06/03/2017 20:32:45
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: HUAURA/HUAURA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO CIVIL - Sede Jr. Ausejo Salas N° 387
EXPEDIENTE : 00141-2006-0-1308-JR-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : SALINAS TAMAYO PERCY RONALD
CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Secretario: SILVA GONZALES
ALVARO ROMEL ESPECIALISTA : SILVA GONZALES ALVARO ROMEL
Fecha: 07/03/2017 10:20:23
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : EMPRESA DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTES EL
D.Judicial: HUAURA/HUAURA
FIRMA DIGITAL BARQUITO S.A.C ,
DEMANDANTE : NESTLE PERU S.A ,
Resolución Nro. Trece
Huacho, tres de febrero
Del año dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; y, CONSIDERANDO:
1. Mediante escrito de fecha 25 de julio de 2016, NESTLE PERU S.A., solicita se declare al
ejecutado como Deudor Judicial Moroso y su inscripción en el Registro de Deudores
Judiciales Morosos.
2. De la revisión de los autos se observa que por Sentencia de fojas 63/65 se declaró
fundada la demanda, disponiéndose el pago de la suma de S/. 55,224.01, más los
intereses legales a favor del demandante.
3. Mediante Resolución N° 09 de fojas 79 se requirió a la demandada Empresa
Distribuidora y Transportes El Barquito SAC. para que en el plazo de 3 días cumpla con
pagar a favor del demandante la suma adeudada, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, mediante Resolución N° 10 de fojas 90 se requirió a la ejecutad para que
señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados.
4. La empresa deudora hasta la fecha no ha hecho efectivo el pago a favor de la
demandante, por lo que se debe proceder conforme a lo normado por el Artículo 692-A
del Código Procesal civil establece lo siguiente:
“Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la ejecución en primera
instancia, el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, aquel solicitará que se
requiera a este para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes
parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla el mandato de pago, bajo
apercibimiento establecido por el juez, de declarársele deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en
el Registro de Deudores Judiciales Morosos, a solicitud del ejecutante.
El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la etapa procesal de
ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo.”
(subrayado agregado)
5. Al no haberse decretado el apercibimiento conforme a ley, se debe requerir por última
vez a la deudora para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de
gravamen o bienes parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla
el mandato de pago.
6. Asimismo, mediante Oficio N° 238-2016-ALC/MDCL de fecha 26 de setiembre de 2016 de
fojas 103, la Municipalidad Distrital de Santa Leonor solicita variar el domicilio legal de
la Empresa Distribuidora y Transporte el Barquito SAC. , porque en Calle Guillermo
Velásquez N° 184 – Huacho funcionan las oficinas de la Municipalidad Distrital de Santa
Leonor.
7. Habiéndose conferido traslado a la parte demandante con el Oficio N° 238-2016-
ALC/MDCL, esta no ha cumplido con pronunciarse al respecto. Asimismo, la
Municipalidad Distrital de Santa Leonor no es parte en el proceso y no indica donde se
encuentra el nuevo domicilio de la empresa demandada, quien no ha variado su
domicilio procesal; por lo que es improcedente lo solicitado.
Por estas consideraciones, se Resuelve:
a) Requerir a la Empresa Distribuidora y Transportes El Barquito SAC. para que en el
plazo de Cinco días cumpla con señalar uno o más bienes libres de gravamen o
parcialmente gravados, para que con su realización se cumpla el pago a favor de la
demandante, Bajo Apercibimiento de ordenarse su Inscripción en el Registro de
Deudores Judiciales Morosos de conformidad con lo establecido en el Artículo 692-
A del Código Procesal Civil.
b) Declarar Improcedente lo solicitado por la Municipalidad Distrital de Santa Leonor.
Interviniendo el Secretario Judicial que autoriza por disposición superior.-
Notifíquese.-<|im_end|> |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA - LEY N° 26636
Sede Judicial Alimar (Cdra. 26 de la Av. Arenales, cruce con Av. 2 de Mayo, Distrito de San Isidro)
Expediente N° 00356-2004-0-1801-JR-LA-28°
Señor:
VALENZUELA BARRETO
RESOLUCIÓN N° 65
Lima, 15 de septiembre del 2022.
AUTOS y VISTOS: Al escrito N° 94767-2022 presentado por la parte
demandada con fecha 31 de agosto de 2022: A lo expuesto, téngase presente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, conforme se aprecia del escrito de la referencia, la parte demandada
interpone el presente medio impugnatorio contra la Resolución N° 64 que contiene la
Sentencia de Vista de fecha 16 de agosto de 2022, que resuelve: CONFIRMAR: La
Sentencia N° 00092-2021-26°JETTL de fecha 30 de junio del 2021, obrante de fojas
1433 a 1451, que declara: FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia,
ORDENO a la demandada cumpla con pagar a la actora la suma de S/ 6 541,90
(SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 90/100 SOLES) a titulo de
reintegro de cinco gratificaciones anuales por incidencia de la bonificación por
productividad gerencia. Asimismo, MODIFICANDO el monto ORDENO a la
demandada realizar las gestiones necesarias ante la entidad financiera depositaria, a
fin de que la actora pueda cobrar la totalidad de la compensación por tiempo de
servicios en el monto ascendente a S/ 42 029,69 SOLES (CUARENTA Y DOS MIL
VEINTE Y NUEVE CON 69/100 SOLES); más intereses legales, sin costas ni costos
del proceso.
SEGUNDO: El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter
extraordinario -que no da lugar a una instancia adicional-, por el cual el Estado busca
controlar la adecuada aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos y, de
esta forma brindar seguridad a las partes, así como unificar los criterios
jurisprudenciales.
TERCERO: Al respecto, el artículo 54° de la Ley Procesal del Trabajo, aprobada por la
Ley N° 26636 y modificado por la Ley Nº 27021, siguiendo el contenido del artículo
384° del Código Procesal Civil, señala: "el recurso de casación tiene por finalidad
asegurar la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho
Laboral, Provisional y de Seguridad Social, así como la unificar la jurisprudencia en
materia laboral a nivel nacional".
CUARTO: En ese sentido, se advierte de la Sentencia de Vista obrante de fojas 1481 al
1486, que el monto ordenado a pagar al actor supera las 100 URP fijadas para el
presente año; asimismo, se debe tener en cuenta que las causales de procedencia así
como los requisitos formales y de fondo del recurso de casación los encontramos en
los artículos 55°, 56° y 57° de las normas acotadas; dicho ello, se procede a calificar el
recurso de casación presentado por la parte demandada; verificándose de los actuados
que el apelante (demandada) fue notificado con la resolución materia de impugnación
el 1 de septiembre del año en curso a su domicilio procesal, conforme se advierte del
cargo de notificación que obra a fojas 1486 de autos (reverso); por lo que,
encontrándose el presente medio impugnatorio dentro del plazo establecido en el
artículo 57° de la Ley Procesal citada; y, teniendo en cuenta que dicho recurso cumple
con los requisitos de admisibilidad exigidos por la norma procesal acotada, SE
RESUELVE: CONCEDER EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la parte
demandada contra la Resolución N° 64 que contiene la Sentencia de Vista de fecha
16 de agosto de 2022, obrante a fojas 1481/1486; disponiéndose, ELEVAR los autos
al Superior Jerárquico con la debida nota de atención a efectos que se pronuncien de
acuerdo a sus atribuciones conferidas por ley. Notifíquese.- | <|im_start|>system
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PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA - LEY N° 26636
Sede Judicial Alimar (Cdra. 26 de la Av. Arenales, cruce con Av. 2 de Mayo, Distrito de San Isidro)
Expediente N° 00356-2004-0-1801-JR-LA-28°
Señor:
VALENZUELA BARRETO
RESOLUCIÓN N° 65
Lima, 15 de septiembre del 2022.
AUTOS y VISTOS: Al escrito N° 94767-2022 presentado por la parte
demandada con fecha 31 de agosto de 2022: A lo expuesto, téngase presente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, conforme se aprecia del escrito de la referencia, la parte demandada
interpone el presente medio impugnatorio contra la Resolución N° 64 que contiene la
Sentencia de Vista de fecha 16 de agosto de 2022, que resuelve: CONFIRMAR: La
Sentencia N° 00092-2021-26°JETTL de fecha 30 de junio del 2021, obrante de fojas
1433 a 1451, que declara: FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia,
ORDENO a la demandada cumpla con pagar a la actora la suma de S/ 6 541,90
(SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 90/100 SOLES) a titulo de
reintegro de cinco gratificaciones anuales por incidencia de la bonificación por
productividad gerencia. Asimismo, MODIFICANDO el monto ORDENO a la
demandada realizar las gestiones necesarias ante la entidad financiera depositaria, a
fin de que la actora pueda cobrar la totalidad de la compensación por tiempo de
servicios en el monto ascendente a S/ 42 029,69 SOLES (CUARENTA Y DOS MIL
VEINTE Y NUEVE CON 69/100 SOLES); más intereses legales, sin costas ni costos
del proceso.
SEGUNDO: El recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter
extraordinario -que no da lugar a una instancia adicional-, por el cual el Estado busca
controlar la adecuada aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos y, de
esta forma brindar seguridad a las partes, así como unificar los criterios
jurisprudenciales.
TERCERO: Al respecto, el artículo 54° de la Ley Procesal del Trabajo, aprobada por la
Ley N° 26636 y modificado por la Ley Nº 27021, siguiendo el contenido del artículo
384° del Código Procesal Civil, señala: "el recurso de casación tiene por finalidad
asegurar la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho
Laboral, Provisional y de Seguridad Social, así como la unificar la jurisprudencia en
materia laboral a nivel nacional".
CUARTO: En ese sentido, se advierte de la Sentencia de Vista obrante de fojas 1481 al
1486, que el monto ordenado a pagar al actor supera las 100 URP fijadas para el
presente año; asimismo, se debe tener en cuenta que las causales de procedencia así
como los requisitos formales y de fondo del recurso de casación los encontramos en
los artículos 55°, 56° y 57° de las normas acotadas; dicho ello, se procede a calificar el
recurso de casación presentado por la parte demandada; verificándose de los actuados
que el apelante (demandada) fue notificado con la resolución materia de impugnación
el 1 de septiembre del año en curso a su domicilio procesal, conforme se advierte del
cargo de notificación que obra a fojas 1486 de autos (reverso); por lo que,
encontrándose el presente medio impugnatorio dentro del plazo establecido en el
artículo 57° de la Ley Procesal citada; y, teniendo en cuenta que dicho recurso cumple
con los requisitos de admisibilidad exigidos por la norma procesal acotada, SE
RESUELVE: CONCEDER EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la parte
demandada contra la Resolución N° 64 que contiene la Sentencia de Vista de fecha
16 de agosto de 2022, obrante a fojas 1481/1486; disponiéndose, ELEVAR los autos
al Superior Jerárquico con la debida nota de atención a efectos que se pronuncien de
acuerdo a sus atribuciones conferidas por ley. Notifíquese.-<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
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actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00631-2005-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : ABDON LUIS TORRES SANTOS
ESPECIALISTA : GIANINA OLGA PAREDES ORBEGOZO
DEMANDADO : PESQUERA MAUI S.A. ,
DEMANDANTE : ALVAREZ CRUZ, OSWALDO
Resolución Nro.: CINCUENTA Y CUATRO
Chimbote, Dieciocho de Setiembre
Del año Dos Mil Diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta en la fecha
debido a la sobrecarga procesal que existe en éste Juzgado y estando con el escrito que
antecede presentado por el demandante; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución número cincuenta y tres, se declaró fundada en parte la demanda, interpuesta
por Oswaldo Álvarez Cruz contra la demandada Pesquera Maui S.A., sobre reintegro de
remuneraciones por participación de pesca, ordenando que la demandada cumpla con
pagar al actor la suma de S/. 4,566.41 Soles más intereses legales, costas y costos del
proceso; SEGUNDO: Que de la revisión de los actuados se advierte que dicha resolución ha
sido notificado al demandante y empresa demandada con fecha veintitrés y veintidós de
agosto del año en curso, respectivamente; conforme se desprende de las constancias de
notificación que obran en autos, y pese al tiempo transcurrido no han formulado recurso
de apelación dentro del plazo que otorga el artículo 53° de la Ley Procesal del Trabajo N°
26636. Por lo que, de conformidad con las consideraciones expuestas; SE RESUELVE:
DECLÁRESE CONSENTIDA la sentencia emitida en autos, contenida en la resolución
número CINCUENTA Y TRES; en consecuencia, NOTIFÍQUESE a la demandada a fin de que
cumpla dentro del QUINTO DÍA de notificada, con ABONAR, a favor del demandante la
suma de S/. 4,566.41 (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 41/100
SOLES), por concepto de reintegro de remuneraciones por participación de pesca; bajo
apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento. Por otro lado, y en atención a que
este despacho, a la fecha, viene aplicando el Sistema de Notificación Electrónica –SINOE en
tenor de lo dispuesto por la resolución Administrativa N° 1139-2016-P-CSJSA/PJ de fecha
10 de agosto del 2016, emitido por la Presidencia de esta Corte; que es concordante con el
"Artículo 155-D de la ley Orgánica del poder judicial, REQUIÉRASE a las partes, para que
en el plazo de CINCO DÍAS, cumplan con señalar su CASILLA ELECTRÓNICA, bajo
apercibimiento de imponerle multa en caso de incumplimiento, haciéndole saber que en
caso de no poseer tal casilla electrónica pueden requerirlo de manera gratuita a través de
la oficina de Servicios Judiciales de esta Corte Superior de Justicia. Notifíquese.- | <|im_start|>system
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JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00631-2005-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : ABDON LUIS TORRES SANTOS
ESPECIALISTA : GIANINA OLGA PAREDES ORBEGOZO
DEMANDADO : PESQUERA MAUI S.A. ,
DEMANDANTE : ALVAREZ CRUZ, OSWALDO
Resolución Nro.: CINCUENTA Y CUATRO
Chimbote, Dieciocho de Setiembre
Del año Dos Mil Diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta en la fecha
debido a la sobrecarga procesal que existe en éste Juzgado y estando con el escrito que
antecede presentado por el demandante; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución número cincuenta y tres, se declaró fundada en parte la demanda, interpuesta
por Oswaldo Álvarez Cruz contra la demandada Pesquera Maui S.A., sobre reintegro de
remuneraciones por participación de pesca, ordenando que la demandada cumpla con
pagar al actor la suma de S/. 4,566.41 Soles más intereses legales, costas y costos del
proceso; SEGUNDO: Que de la revisión de los actuados se advierte que dicha resolución ha
sido notificado al demandante y empresa demandada con fecha veintitrés y veintidós de
agosto del año en curso, respectivamente; conforme se desprende de las constancias de
notificación que obran en autos, y pese al tiempo transcurrido no han formulado recurso
de apelación dentro del plazo que otorga el artículo 53° de la Ley Procesal del Trabajo N°
26636. Por lo que, de conformidad con las consideraciones expuestas; SE RESUELVE:
DECLÁRESE CONSENTIDA la sentencia emitida en autos, contenida en la resolución
número CINCUENTA Y TRES; en consecuencia, NOTIFÍQUESE a la demandada a fin de que
cumpla dentro del QUINTO DÍA de notificada, con ABONAR, a favor del demandante la
suma de S/. 4,566.41 (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 41/100
SOLES), por concepto de reintegro de remuneraciones por participación de pesca; bajo
apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento. Por otro lado, y en atención a que
este despacho, a la fecha, viene aplicando el Sistema de Notificación Electrónica –SINOE en
tenor de lo dispuesto por la resolución Administrativa N° 1139-2016-P-CSJSA/PJ de fecha
10 de agosto del 2016, emitido por la Presidencia de esta Corte; que es concordante con el
"Artículo 155-D de la ley Orgánica del poder judicial, REQUIÉRASE a las partes, para que
en el plazo de CINCO DÍAS, cumplan con señalar su CASILLA ELECTRÓNICA, bajo
apercibimiento de imponerle multa en caso de incumplimiento, haciéndole saber que en
caso de no poseer tal casilla electrónica pueden requerirlo de manera gratuita a través de
la oficina de Servicios Judiciales de esta Corte Superior de Justicia. Notifíquese.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ
MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-
Lima, quince de setiembre
De dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
once de agosto del dos mil diecisiete: presentado por la parte demandante;
Al principal: Respecto a que formula observación al Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo de 2017, manifestando que el Perito
Judicial comete error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos
Treinta y dos 1/100 Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo
correcto actualizar el monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario
actual; por lo que el perito judicial solamente convierte monedas más no
actualizada valores; y a lo demás expuesto: TÉNGASE presente y ESTÉSE a
lo resuelto en la presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A
DERECHO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en la
resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y dos, este
Juzgado resolvió declarar: “INFUNDADAS las observaciones planteadas por la
parte demandada mediante escrito de fecha 03 de febrero del 2017 y mediante escrito
de fecha 12 de abril del 2017; FUNDADA EN PARTE la observación planteada
mediante escrito de fecha 08 de febrero del 2017 y reiterado mediante escrito de fecha
23 de marzo del 2017, respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización de
la deuda laboral; ESTO ES LA REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL e INFUNDADA
respecto al extremo de la metodología aplicada y el monto arribado en su liquidación
de parte; ya que la metodología y el monto será determinado y corroborado por el
Perito Judicial aplicando el factor de la remuneración mínima vital; asimismo se
dispone DESAPROBAR el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ de fecha 11 de
noviembre del 2016; por ende, se dispone: REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTCIA DE LIMA, para que
proceda a efectuar un Nuevo Informe Pericial realizando el “cálculo del beneficio
económico por tiempo de servicios, conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Código Civil” y
conforme a lo expuesto en la presente resolución aplicando el factor de la
remuneración mínima vital, detallando de manera precisa la metodología a aplicar que
sea de fácil entendimiento…”. TERCERO: Que, cumpliendo con lo ordenado por
la resolución acotada en el considerando anterior, se remitió el presente
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima;
por ende, dicha Área emite el Informe Pericial N° 89-2017JAVM -PJ de fecha
30 de mayo del 2017, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la
metodología aplicada refiriendo:
• Se ha verificado que el monto a actualizar corresponde a I/1´890,432.01 Intis,
que en moneda actual es de S/. 1.89043 soles
• De acuerdo a lo que se constata en fojas 8 y 280 de autos, se tiene que la
fecha de inicio de la actualización y de los intereses legales es el 22/02/1991
• De acuerdo a lo contenido en el D.S. 002-91-TR, el monto de la RMV a la fecha
de inicio de la actualización es de S/. 38.00 soles
• En consecuencia se ha establecido que el factor de la RMV correspondiente a
la fecha inicial es de 0.04974821, el mismo que obtiene de dividir el monto a
actualizar en moneda actual con la RMV de la fecha inicial, conceptos que
fueron descritos en los numerales anteriores, y que finalmente se aplicara al
valor de la RMV a la fecha final de actualización, siendo la citada fecha el
06/01/2014.
• De acuerdo a lo que se verifica mediante D.S. 007-2012-TR desde el
01/06/2012 la RMV se fijo en S/. 750.00 soles, siendo este el valor de la RMV
al que se le aplicará el factor descrito (…)
• En consecuencia los cálculos y resultados son presentados en el cuadro
adjunto:
Monto a RMV Fecha Fecha Factor RMV Monto
actualizar inicial inicial final final Actual
S/. 1.89043 S/. 38.00 22/02/1991 06/01/2014 0.04975 S/.750.00 S/. 37.31
• En lo que refiere a los intereses legales los mismos se van a calcular para el
valor inicial de la deuda expresada en moneda actual, siendo que la deuda
señalada de S/. 1.89043 soles
• A dicho monto se le va aplicar el factor de la tasa de interés simple desde el
22/02/1991 hasta la fecha de actualización de la deuda es decir hasta el
06/01/2014, factor que equivale a 4.47380; 4 unidades 47380 cienmilésimos;
periodos de acuerdo con lo que señala la misma liquidación de la demandada
en fojas 280 (…)
• Conclusiones (…)
• La deuda actualizada corresponde a S/. 37.31 soles
• Los intereses legales son de S/. 8.46 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha 27 de junio
del 2017, el presente Juzgado pone a conocimiento de las partes el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ citado en el anterior considerando; por lo que
mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, la parte demandante observa
el mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un
error al convertir el Millón Ochocientos Mil Cuatrocientos Treinta y dos 1/100
Intis (I/. 1’890,432.01) a la moneda de un sol; siendo lo correcto actualizar el
monto adeudado de Intis al valor actual y no a numerario actual; por lo que el
perito judicial solamente convierte monedas más no actualizada valores;
asimismo acota que el Inti como moneda de curso legal no estaba vigente
cuando pasó a retiro de la Marina de Guerra del Perú; por lo que, el Perito
Judicial no puede establecer un monto real al valor actual cuando se parte de
una base de cálculo que no regía en la época de los hechos. De la observación
expuesta por la parte accionante, este Juzgado precede a analizar el Informe
Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ, a fin de determinar si calculó correctamente el
beneficio económico por tiempo de servicios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón del artículo 1236° y
1246° del Código Civil, aplicando el factor de la remuneración mínima vital; por
lo que se puede verificar de la acotada liquidación que el Perito Judicial realiza
la conversión de lo adeudado por tiempo de servicios en dicha data; esto es de
I/1’890,432.01 intis a la moneda de un sol (S/. 1.89043 sol), para poder
actualizar dicha cantidad con la remuneración mínima vital de la fecha de cese
22 de febrero de 1991 a la fecha de 06 de enero del 2014, aunando a ello
factores de cálculos de dichos años; no obstante, a pesar de que el Perito
Judicial no explica la forma en que aplica dichos datos numéricos para el
cálculo de la actualización de deuda en donde arribó al monto de S/. 37.31
soles, es evidente que éste no debió convertir el monto consolidado de la CTS
que se encuentra determinado en el valor monetario de Intis a la moneda actual
para así actualizar dicho monto con la Remuneración Mínima Vital; pues
resultaría actualizando el valor adquisitivo de S/. 1.89 desde el año 1991 al
2014; más bien el Perito Judicial debió haber actualizado la deuda en Intis
aplicando el factor de la Remuneración Mínima Vital al valor actual tal como
afirma la parte accionante; por lo que dicho peritaje concluye en un monto
erróneo. QUINTO: Que, continuando con lo expuesto, es necesario revisar la
liquidación de parte que presentó la parte accionante, mediante escrito de
fecha 08 de febrero del 2017, en donde se puede observar que dicho Perito de
Parte constata la determinación del monto calculado en Intis de la CTS que se
pretende actualizar conforme al cálculo siguiente:
Tiempo de Servicios Remuneración del accionante
en el año 1989
8 años x I/. 231,481.47 intis = I/.1´851,851.76
Remuneración del accionante
prorrateada
2 meses x I/.231,481.47/12X2 = I/. 38,580.25
______________
I/.1’890,432.01
Luego de determinar el monto del beneficio económico por tiempo de servicios,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, (monto
que coincide con lo determinado por la Institución Publica demandada,
conforme en la Liquidación de CTS obrante a folios 280) el Perito de Parte
calcula el factor de actualización, dividiendo la remuneración dispuesta en el
mes de marzo de 1989 aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-89-TR,
(mes en el que pasó a situación de disponibilidad y por ende percibió su última
remuneración) con la deuda determinada en Intis, conforme a lo siguiente:
I/. 1’890,432.01 / 49,000.00= 38.58
Por ende, del acotado cálculo se abstrae que dicho factor se determinó de
manera lógica, puesto que al dividir el monto adeudado (CTS) con la
remuneración mínima vital de dicha época (1989), se determinó la cantidad de
remuneraciones mínimas vitales que contiene el monto adeudado de CTS en
dicho año; ya que si se consideraba la remuneración del año 1991 para
calcular el factor de la remuneración, ésta moneda ya había sufrido una
devaluación considerable debido a la hiperinflación galopante que sufría
nuestro País; por tanto, es menester precisar que la remuneración utilizada por
el Perito de Parte es la correcta; es decir, la fecha en que fue la última
remuneración percibida; asimismo al obtener el Perito de Parte el factor de
cálculo de la Remuneración Mínima Vital era necesario multiplicarlo con la
Remuneración Mínima Vital de la fecha de pago, a fin de actualizar la deuda
del beneficio económico de la CTS en soles y al valor actual; dado que el factor
contenía el número de remuneraciones de la deuda de dicha data. SEXTO:
Que, no obstante el Perito de Parte actualiza la deuda de CTS con la
Remuneración Mínima Vital del año 2014; cuando en el presente expediente no
obra documentación que se le haya abonado el monto adeudado a favor de la
parte accionante en dicho año; más bien sólo consta el cálculo erróneo hecho
por la parte demandada en el escrito de fecha del 16 de enero del 2014 a fojas
278 a 284; por lo que se debió haber actualizado la deuda a la fecha en que se
consignó el depósito judicial N° 2016005300074 por la cantidad de S/.
10,000.00 soles a favor del accionante mediante escrito de fecha 31 de mayo
del 2016 (pago parcial); siendo ello así el cálculo de lo deuda actualizada es el
siguiente:
Factor x RMV
38.58 (RMV)
Factor Remuneración Mínima Vital del 2016
38.58 x S/. 850.00 soles (ochocientos cincuenta soles)= S/. 32,793.00 soles
(treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
De lo expuesto en el cálculo realizado se advierte que dicha suma arribada es
el monto correcto que debió haber determinado el Perito de Parte o el Perito
Judicial aplicando la normatividad dispuesta en la sentencia materia de
ejecución; siendo ello así, en base a lo expuesto en la presente resolución, este
Juzgado dispone: Declarar FUNDADA la observación realizada por la parte
accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto del 2017, y por ende
DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ
de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia se dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres
soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez
mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S.
013-2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago del total del monto aprobado; asimismo se ordena ENDOSAR el
Certificado de Depósito Judicial N° 2016005300074 por la cantidad de diez mil
y 00/100 (S/. 10,000.00), a favor del demandante JOSE LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO CIVIL - Sede Central Pisco
EXPEDIENTE : 00429-2006-0-1411-JR-CI-01
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : AGUADO SEMINO ALFREDO ALBERTO
ESPECIALISTA : CESAR SASIETA FAJARDO
DEMANDADO : EMPRESA COTTONIFICIO SUR PERU SAC ,
EMPRESA FUSIA COMERCIAL SA ,
DEMANDANTE : RIOS CARPIO, VICTOR JESUS Y OTROS.
Resolución Nro. 70
Pisco, nueve de abril del año dos mil veintiuno.
Puesto los autos al Despacho para
resolver. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Estado del Proceso:
Que, prima facie cabe precisar, el estado del proceso es de ejecución de
sentencia1 que declaró fundada la demanda de tercería preferente de pago;
preexiste resolución judicial N° 28 que dispone integrar la sentencia en cuando
a pago de Intereses de Intereses Legales, resolución última que quedó firme
mediante auto de vista N° 35 de folios 346 que declaró nulo el concesorio de
apelación e improcedente el recurso de apelación de FUSIA COMERCIAL S.A.
SEGUNDO: Propuestas de Liquidación de Intereses:
Que, por escrito de fojas 925 Claudio Narciso La Rosa Palomino refiere que
procede a presentar Liquidación de Intereses. Propuesta que corre de fojas 921
a 924 por la suma de S/ 17,599.74 soles.
TERCERO: Observación de Fábrica de Tejidos Pisco SAC:
Que, es de ver de autos que no hay observación contra la propuesta de
liquidación de Claudio Narciso La Rosa Palomino.
CUARTO: PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO JUDICIAL:
4.1.- Que, la Dirección del Proceso está a cargo del Juez conforme lo estipula
el numeral II del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Es deber de todo
Juez dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas
convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal, tal
como lo establece el artículo 50.1 del acotado Código Procesal Civil.
4.2.- Que, el presente proceso es uno de carácter civil, sobre Tercería sobre
Preferencia de Pago, empero ha de subrayar que lo generan extrabajadores de
la Empresa Fabritex Peruana SA, sociedad que fuera escindida y absorbida por
la Empresa COTTONIFICIO SUR PERÚ SAC. Extrabajadores que, es de ver
del tránsito del proceso, demandaron a esas dos Empresas para que se les
reconozca derecho preferente de pago dado que contaban con documentación
donde las demandadas les reconocían adeudar sumas de dinero por concepto
de Compensaciones por Tiempo de Servicios, montos de dinero que corren
1 Fojas 298 a 305.
señalados en Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 de folios 11,
instrumental valorada en sentencia N° 27 de folios 298; sentencia que declaró
fundada la demanda. Esto es, nos encontramos ante el reconocimiento de
beneficios laborales por cuya naturaleza ha de recibir tratamiento especial y
urgente, relievándose al efecto el Principio Protector del Derecho Laboral. Por
lo cual al caso este Juzgador considera que no resulta necesario llamar a perito
judicial para determinar los intereses legales, máxime cuando en la actualidad
se cuenta con Sistema Integrado Judicial del cual es posible extraer reporte de
pago de depósitos judiciales de los cuales ha de constatar la cantidad de
depósitos judiciales que fueron presentados al Expediente Judicial N° 132-2005
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero seguido por la ejecutante FUSIA
COMERCIAL S.A. contra COTTONIFICIO SURPERU SAC (proceso judicial
que a decir de los recurrentes es donde se les ha pagado sus CTS), los montos
consignados por las Empresas involucradas en el pago de las acreencias
laborales en el Expediente N° 132-2005, las fechas de pago por ante el Banco
de la Nación de esas acreencias consignadas en el Expediente N° 132-2005.
Igualmente es posible calcular los intereses legales laborales con el programa
INTERLEG2, diseñado por el Poder Judicial y de uso exclusivo y obligatorio
para los órganos jurisdiccionales para el cálculo de Beneficios Sociales e
Intereses Legales.
Herramienta que permite realizar el cálculo de los intereses
legales y financieros en forma rápida y confiable, desarrollado a
partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área
Técnico Pericial una herramienta eficaz para el cálculo de los
intereses legales y la verificación de los factores aplicados; este
sistema desarrollado permite calcular el interés legal laboral (D.
Ley 25920), interés legal efectivo (aplicable a multas, pensiones
alimenticias en los casos de familia, procesos civiles), interés
financiero (aplicable a la CTS no depositada oportunamente),
interés de deudas previsionales (AFP) y actualización de deuda
utilizando como factor de actualización las remuneraciones
mínimas, el índice de precios al consumidor o el tipo de cambio.
4.3.- Que, en tal sentido, según la sentencia N° 27 (fojas 298) y resolución
que la integra N° 28 (folios 310-311), los intereses que corresponden calcular
en el presente caso es el INTERÉS LEGAL; ahora bien teniéndose en cuenta
que las Compensaciones por Tiempo de Servicios que se han liquidado en la
Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 de folios 11 en favor de
los demandantes constituyen ADEUDOS DE CARÁCTER LABORAL; se
concluye que en el presente caso corresponde liquidar los intereses legales de
acuerdo al Decreto Ley Nº 25920 (publicada en el Diario Oficial El Peruano:
03-12-1992) el cual “dispone que el interés que corresponde pagar por
adeudos de carácter laboral es el fijado por el Banco Central de Reserva
del Perú.” En cuyo artículo 3º de la Ley N° 25920 menciona:
2 Aprobados por Resoluciones Administrativas N° 026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ, de fechas 25
de febrero de 2004 y 14 de abril de 2005.
“El interés laboral se devenga sobre el montón adeudado a partir
del día siguiente de vencida la obligación hasta el día del pago,
sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o
extrajudicialmente.”
Según el artículo antes mencionado, existen dos fechas claves:
• día siguiente de vencida la obligación.
• día del pago.
4.4.- A su turno el artículo 1º de la Ley 25920 menciona:
“A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que
corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés
legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. El
referido interés no es capitalizable.”
4.5.- Que, en concreto don Claudio Narciso La Rosa Palomino pide se le pague
intereses legales en la suma de S/ 17,599.74, al efecto solo adjunta una hoja
de liquidación de parte efectuada al parecer liquidado por contador público que
obra a de folios 921 a 923 de lo cual se aprecia que la pericia de parte está
desarrollada sobre la base siguiente:
(cid:1) Que la liquidación debería correr desde la fecha de escritura pública de
escisión parcial y reducción de capital y transferencia de bloque
patrimonial y aumento de capital de fecha 29-04-2002 que otorgó la
Empresa Fabritex Peruana SA a favor de COTTONIFICIO SUR PERU
SAC documento donde se reconocía importes por compensación por
tiempo de servicios de trabajadores de la Empresa Fabritex Peruana
SA; y,
(cid:1) Que la fecha límite de cálculo de intereses debe ser hasta el día 30-09-
2016 en que se efectúa el depósito judicial n° 2016056104340.
El hecho precitado es en sustancia las razones por las que Claudio Narciso La
Rosa Palomino peticiona el pago S/ 17,599.74.
4.6.- Que, es del caso recordar que para mejor resolver la solicitud de Claudio
Narciso La Rosa Palomino, por resolución n° 51 fue solicitado tener a la vista y
n° 57.
(cid:1) Constancia de retiro de depósito judiciales de las sumas de dinero de S/
4,400.82 y S/ 22,534.52 soles que don Claudio Narciso La Rosa
Palomino habría cobrado en el expediente 132-2005.
(cid:1) Copias fotostáticas de los Certificados de Depósitos Judiciales n°
2016056104340 y 2016056103822, de los cuales se habría pagado las
sumas de dinero antedichas a favor de Claudio Narciso La Rosa
Palomino.
4.7.- Que, las constancias de pago o de endoso de dinero por las sumas de S/
4,400.82 y S/ 22,534.52 soles cobradas por Claudio Narciso La Rosa
Palomino, corren a folios 1089 y 1090, presentadas con escrito de folios 1093;
y, las copias fotostáticas de los Certificados de Depósitos Judiciales n°
2016056104340 y n° 2016056103822 corre a fojas 1288 y 1289, presentados
por escrito de fojas 1287.
4.8.- Que, para resolver la solicitud de Claudio Narciso La Rosa Palomino, se
debe tener presente que las acreencias laborales han sido pagadas por la
continuadora jurídica Fábrica de Tejidos Pisco SAC intra Expediente 2005-132
sobre Obligación de dar suma de dinero a mérito de ejecución de Medida
Cautelar que se concediera contra las cuentas bancarias de la Fábrica de
Tejidos Pisco SAC en favor de los trabajadores despedidos entre los que se
encuentra el ciudadano Claudio Narciso La Rosa Palomino. Ello se corrobora
de la copia de la resolución N° 02 del 13-10-2016 que han adjuntado los
demandantes de este proceso lo que generó que el Banco de Crédito del Perú
retuviera de las cuentas bancarias de Fábrica de Tejidos Pisco SAC la suma de
S/ 727,713.21 soles, en otros casos, la misma Fábrica de Tejidos Pisco SAC ha
realizado el pago de los adeudado por CTS mediante Certificados de
Depósitos Judiciales por las sumas globales de S/ 80,000.00 soles (tres
depósitos), todo ello se corrobora del Reporte de Seguimiento de Depósitos por
Expediente del proceso 132-20015-12 y 132-2005-0, documentos que han sido
extraídos del Sistema Integrado Judicial y corren glosados de folios 975 a 986,
asimismo se corrobora de las copias simples los Certificados de Depósitos
Judiciales n° 2016056104340 y n° 2016056103822 corr e a fojas 1288 y 1289,
presentados por escrito de fojas 1287.
4.9.- Teniéndose en cuenta la precitada información, se colige que al caso
corresponde liquidar intereses legales a partir del día siguiente de la fecha de la
emisión de la Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 sobre
“Escisión Parcial, Reducción de Capital Social, Transferencia de Bloque
Patrimonial y Aumento de Capital que otorga FABRITEX PERUANA S.A. a
COTTONIFICIO SUR PERU SAC”3, toda vez que dicho documento fue
valorado en sentencia de este proceso de tercería de preferencia de pago, y es
el documento que reconoce mediante documento de fecha cierta las sumas de
dinero por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios que no es otro
que ADEUDOS DE CARÁCTER LABORAL; CTS que - entre otros- se
reconoció al hoy recurrente Claudio Narciso La Rosa Palomino la suma de S/
26,935.34 según documento de fojas 37, monto de dinero que según
Constancias de Pago y Certificados de Depósito Judicial, fotocopiados a folios
a folios 1089 y 1090 y 1288 y 1289, ha sido cancelado en el Expediente N°
132-2005.
4.10.- Que, por lo que para los fines de determinar la liquidación correcta, debe
tenerse en cuenta este punto de partida (día siguiente al 29 de Abril del año
2003 ) y hasta la fecha en la que a Fábrica de Tejidos Pisco SAC se le logra
retener suma de dinero por el Banco de Crédito del Perú (sucursal Pisco) y/o
fechas en las que dicha Empresa de Tejidos Pisco SAC de mutuo propio
deposita ante el Banco de la Nación sumas de dinero mediante Certificados de
Depósitos Judiciales por constituir el día de pago de la obligación.
4.11.- Que, ahora bien:
3 Fojas 37.
1) Del contexto del Certificados de Depósitos Judiciales n° 2016056103822
y n° 2016056104340 que obran en copias simples a fojas 1289 y 1288,
se tiene que Fábrica de Tejidos Pisco SAC consigna el primer depósito
el día 02-09-2016 y el segundo depósito el día 30-09-2016 por ante el
Banco de la Nación.
2) Es de ver de las constancias de pago obrantes a folios 1089 y 1090 que
a don Claudio Narciso La Rosa Palomino cobró S/ 4,400.82 del
Certificado de Depósito Judicial n° 2016056103822, y S/ 22,534.52 con
el Certificado de Depósito Judicial 2016056104340.
3) Haciendo un total de S/ 26,935.34 de su CTS
4) En consecuencia el cálculo de los intereses legales laborales debe
realizarse del día siguiente al 29/04/2003 (día siguiente de vencida la
obligación) hasta el día 30/09/2016 (fecha de pago total de la
obligación).
4.12.- Que, teniéndose en cuenta los datos precitados ha de hacer uso del
programa INTERLEG4, diseñado por el Poder Judicial y de uso exclusivo y
obligatorio para los órganos jurisdiccionales para el cálculo de Beneficios
Sociales e Intereses Legales. aprobados por Resoluciones Administrativas N°
026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ; istrumento que resulta factible utilizar al
caso que los factores que genera el INTERLEG se condice con las
regulaciones establecidas por el Banco Central de Reserva del Perú.
4.13..- En consecuencia, se llega a la determinación que respecto a Claudio
Narciso La Rosa Palomino, el cálculo de sus intereses legales es como sigue:
4 Aprobados por Resoluciones Administrativas N° 026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ, de fechas 25
de febrero de 2004 y 14 de abril de 2005.
4.14.- Que, para mayor ilustración e inteligibilidad se reproduce la Hoja de
Cálculo de líneas supra y se manda agregar el Anexo u Hoja de Cálculo que el
INTERLEG ha arrojado como consecuencia de la Liquidación de Intereses:
descripcion f_origen f_liquid dias factor monto interes
CLAUDIO LA ROSA PALO 30/04/2003 30/09/2016 4903 0.35 26935 9,438.7
POR ESTAS CONSIDERACIONES. SE DISPONE: I.- APROBAR EN PARTE
LAS SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES
LEGALES, presentada por Claudio Narciso La Rosa Palomino; SE APRUEBA
POR EL JUZGADO CIVIL DE PISCO la suma de S/ 9,438.7 soles INTERESES
LEGALES. REQUIÉRASE a Fábrica de Tejidos Pisco SAC presentar
Certificado de Depósito Judicial por la suma de S/ 9,438.7 soles por concepto
de intereses legales dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, bajo
apercibimiento de ejecución forzada que deberá instar en la forma establecida
por ley por la parte beneficiada Claudio Narciso La Rosa Palomino.
NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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JUZGADO CIVIL - Sede Central Pisco
EXPEDIENTE : 00429-2006-0-1411-JR-CI-01
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : AGUADO SEMINO ALFREDO ALBERTO
ESPECIALISTA : CESAR SASIETA FAJARDO
DEMANDADO : EMPRESA COTTONIFICIO SUR PERU SAC ,
EMPRESA FUSIA COMERCIAL SA ,
DEMANDANTE : RIOS CARPIO, VICTOR JESUS Y OTROS.
Resolución Nro. 70
Pisco, nueve de abril del año dos mil veintiuno.
Puesto los autos al Despacho para
resolver. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Estado del Proceso:
Que, prima facie cabe precisar, el estado del proceso es de ejecución de
sentencia1 que declaró fundada la demanda de tercería preferente de pago;
preexiste resolución judicial N° 28 que dispone integrar la sentencia en cuando
a pago de Intereses de Intereses Legales, resolución última que quedó firme
mediante auto de vista N° 35 de folios 346 que declaró nulo el concesorio de
apelación e improcedente el recurso de apelación de FUSIA COMERCIAL S.A.
SEGUNDO: Propuestas de Liquidación de Intereses:
Que, por escrito de fojas 925 Claudio Narciso La Rosa Palomino refiere que
procede a presentar Liquidación de Intereses. Propuesta que corre de fojas 921
a 924 por la suma de S/ 17,599.74 soles.
TERCERO: Observación de Fábrica de Tejidos Pisco SAC:
Que, es de ver de autos que no hay observación contra la propuesta de
liquidación de Claudio Narciso La Rosa Palomino.
CUARTO: PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO JUDICIAL:
4.1.- Que, la Dirección del Proceso está a cargo del Juez conforme lo estipula
el numeral II del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Es deber de todo
Juez dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas
convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal, tal
como lo establece el artículo 50.1 del acotado Código Procesal Civil.
4.2.- Que, el presente proceso es uno de carácter civil, sobre Tercería sobre
Preferencia de Pago, empero ha de subrayar que lo generan extrabajadores de
la Empresa Fabritex Peruana SA, sociedad que fuera escindida y absorbida por
la Empresa COTTONIFICIO SUR PERÚ SAC. Extrabajadores que, es de ver
del tránsito del proceso, demandaron a esas dos Empresas para que se les
reconozca derecho preferente de pago dado que contaban con documentación
donde las demandadas les reconocían adeudar sumas de dinero por concepto
de Compensaciones por Tiempo de Servicios, montos de dinero que corren
1 Fojas 298 a 305.
señalados en Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 de folios 11,
instrumental valorada en sentencia N° 27 de folios 298; sentencia que declaró
fundada la demanda. Esto es, nos encontramos ante el reconocimiento de
beneficios laborales por cuya naturaleza ha de recibir tratamiento especial y
urgente, relievándose al efecto el Principio Protector del Derecho Laboral. Por
lo cual al caso este Juzgador considera que no resulta necesario llamar a perito
judicial para determinar los intereses legales, máxime cuando en la actualidad
se cuenta con Sistema Integrado Judicial del cual es posible extraer reporte de
pago de depósitos judiciales de los cuales ha de constatar la cantidad de
depósitos judiciales que fueron presentados al Expediente Judicial N° 132-2005
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero seguido por la ejecutante FUSIA
COMERCIAL S.A. contra COTTONIFICIO SURPERU SAC (proceso judicial
que a decir de los recurrentes es donde se les ha pagado sus CTS), los montos
consignados por las Empresas involucradas en el pago de las acreencias
laborales en el Expediente N° 132-2005, las fechas de pago por ante el Banco
de la Nación de esas acreencias consignadas en el Expediente N° 132-2005.
Igualmente es posible calcular los intereses legales laborales con el programa
INTERLEG2, diseñado por el Poder Judicial y de uso exclusivo y obligatorio
para los órganos jurisdiccionales para el cálculo de Beneficios Sociales e
Intereses Legales.
Herramienta que permite realizar el cálculo de los intereses
legales y financieros en forma rápida y confiable, desarrollado a
partir de la necesidad de dotar a los Magistrados y al Área
Técnico Pericial una herramienta eficaz para el cálculo de los
intereses legales y la verificación de los factores aplicados; este
sistema desarrollado permite calcular el interés legal laboral (D.
Ley 25920), interés legal efectivo (aplicable a multas, pensiones
alimenticias en los casos de familia, procesos civiles), interés
financiero (aplicable a la CTS no depositada oportunamente),
interés de deudas previsionales (AFP) y actualización de deuda
utilizando como factor de actualización las remuneraciones
mínimas, el índice de precios al consumidor o el tipo de cambio.
4.3.- Que, en tal sentido, según la sentencia N° 27 (fojas 298) y resolución
que la integra N° 28 (folios 310-311), los intereses que corresponden calcular
en el presente caso es el INTERÉS LEGAL; ahora bien teniéndose en cuenta
que las Compensaciones por Tiempo de Servicios que se han liquidado en la
Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 de folios 11 en favor de
los demandantes constituyen ADEUDOS DE CARÁCTER LABORAL; se
concluye que en el presente caso corresponde liquidar los intereses legales de
acuerdo al Decreto Ley Nº 25920 (publicada en el Diario Oficial El Peruano:
03-12-1992) el cual “dispone que el interés que corresponde pagar por
adeudos de carácter laboral es el fijado por el Banco Central de Reserva
del Perú.” En cuyo artículo 3º de la Ley N° 25920 menciona:
2 Aprobados por Resoluciones Administrativas N° 026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ, de fechas 25
de febrero de 2004 y 14 de abril de 2005.
“El interés laboral se devenga sobre el montón adeudado a partir
del día siguiente de vencida la obligación hasta el día del pago,
sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o
extrajudicialmente.”
Según el artículo antes mencionado, existen dos fechas claves:
• día siguiente de vencida la obligación.
• día del pago.
4.4.- A su turno el artículo 1º de la Ley 25920 menciona:
“A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que
corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés
legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. El
referido interés no es capitalizable.”
4.5.- Que, en concreto don Claudio Narciso La Rosa Palomino pide se le pague
intereses legales en la suma de S/ 17,599.74, al efecto solo adjunta una hoja
de liquidación de parte efectuada al parecer liquidado por contador público que
obra a de folios 921 a 923 de lo cual se aprecia que la pericia de parte está
desarrollada sobre la base siguiente:
(cid:1) Que la liquidación debería correr desde la fecha de escritura pública de
escisión parcial y reducción de capital y transferencia de bloque
patrimonial y aumento de capital de fecha 29-04-2002 que otorgó la
Empresa Fabritex Peruana SA a favor de COTTONIFICIO SUR PERU
SAC documento donde se reconocía importes por compensación por
tiempo de servicios de trabajadores de la Empresa Fabritex Peruana
SA; y,
(cid:1) Que la fecha límite de cálculo de intereses debe ser hasta el día 30-09-
2016 en que se efectúa el depósito judicial n° 2016056104340.
El hecho precitado es en sustancia las razones por las que Claudio Narciso La
Rosa Palomino peticiona el pago S/ 17,599.74.
4.6.- Que, es del caso recordar que para mejor resolver la solicitud de Claudio
Narciso La Rosa Palomino, por resolución n° 51 fue solicitado tener a la vista y
n° 57.
(cid:1) Constancia de retiro de depósito judiciales de las sumas de dinero de S/
4,400.82 y S/ 22,534.52 soles que don Claudio Narciso La Rosa
Palomino habría cobrado en el expediente 132-2005.
(cid:1) Copias fotostáticas de los Certificados de Depósitos Judiciales n°
2016056104340 y 2016056103822, de los cuales se habría pagado las
sumas de dinero antedichas a favor de Claudio Narciso La Rosa
Palomino.
4.7.- Que, las constancias de pago o de endoso de dinero por las sumas de S/
4,400.82 y S/ 22,534.52 soles cobradas por Claudio Narciso La Rosa
Palomino, corren a folios 1089 y 1090, presentadas con escrito de folios 1093;
y, las copias fotostáticas de los Certificados de Depósitos Judiciales n°
2016056104340 y n° 2016056103822 corre a fojas 1288 y 1289, presentados
por escrito de fojas 1287.
4.8.- Que, para resolver la solicitud de Claudio Narciso La Rosa Palomino, se
debe tener presente que las acreencias laborales han sido pagadas por la
continuadora jurídica Fábrica de Tejidos Pisco SAC intra Expediente 2005-132
sobre Obligación de dar suma de dinero a mérito de ejecución de Medida
Cautelar que se concediera contra las cuentas bancarias de la Fábrica de
Tejidos Pisco SAC en favor de los trabajadores despedidos entre los que se
encuentra el ciudadano Claudio Narciso La Rosa Palomino. Ello se corrobora
de la copia de la resolución N° 02 del 13-10-2016 que han adjuntado los
demandantes de este proceso lo que generó que el Banco de Crédito del Perú
retuviera de las cuentas bancarias de Fábrica de Tejidos Pisco SAC la suma de
S/ 727,713.21 soles, en otros casos, la misma Fábrica de Tejidos Pisco SAC ha
realizado el pago de los adeudado por CTS mediante Certificados de
Depósitos Judiciales por las sumas globales de S/ 80,000.00 soles (tres
depósitos), todo ello se corrobora del Reporte de Seguimiento de Depósitos por
Expediente del proceso 132-20015-12 y 132-2005-0, documentos que han sido
extraídos del Sistema Integrado Judicial y corren glosados de folios 975 a 986,
asimismo se corrobora de las copias simples los Certificados de Depósitos
Judiciales n° 2016056104340 y n° 2016056103822 corr e a fojas 1288 y 1289,
presentados por escrito de fojas 1287.
4.9.- Teniéndose en cuenta la precitada información, se colige que al caso
corresponde liquidar intereses legales a partir del día siguiente de la fecha de la
emisión de la Escritura Pública de fecha 29 de Abril del año 2003 sobre
“Escisión Parcial, Reducción de Capital Social, Transferencia de Bloque
Patrimonial y Aumento de Capital que otorga FABRITEX PERUANA S.A. a
COTTONIFICIO SUR PERU SAC”3, toda vez que dicho documento fue
valorado en sentencia de este proceso de tercería de preferencia de pago, y es
el documento que reconoce mediante documento de fecha cierta las sumas de
dinero por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios que no es otro
que ADEUDOS DE CARÁCTER LABORAL; CTS que - entre otros- se
reconoció al hoy recurrente Claudio Narciso La Rosa Palomino la suma de S/
26,935.34 según documento de fojas 37, monto de dinero que según
Constancias de Pago y Certificados de Depósito Judicial, fotocopiados a folios
a folios 1089 y 1090 y 1288 y 1289, ha sido cancelado en el Expediente N°
132-2005.
4.10.- Que, por lo que para los fines de determinar la liquidación correcta, debe
tenerse en cuenta este punto de partida (día siguiente al 29 de Abril del año
2003 ) y hasta la fecha en la que a Fábrica de Tejidos Pisco SAC se le logra
retener suma de dinero por el Banco de Crédito del Perú (sucursal Pisco) y/o
fechas en las que dicha Empresa de Tejidos Pisco SAC de mutuo propio
deposita ante el Banco de la Nación sumas de dinero mediante Certificados de
Depósitos Judiciales por constituir el día de pago de la obligación.
4.11.- Que, ahora bien:
3 Fojas 37.
1) Del contexto del Certificados de Depósitos Judiciales n° 2016056103822
y n° 2016056104340 que obran en copias simples a fojas 1289 y 1288,
se tiene que Fábrica de Tejidos Pisco SAC consigna el primer depósito
el día 02-09-2016 y el segundo depósito el día 30-09-2016 por ante el
Banco de la Nación.
2) Es de ver de las constancias de pago obrantes a folios 1089 y 1090 que
a don Claudio Narciso La Rosa Palomino cobró S/ 4,400.82 del
Certificado de Depósito Judicial n° 2016056103822, y S/ 22,534.52 con
el Certificado de Depósito Judicial 2016056104340.
3) Haciendo un total de S/ 26,935.34 de su CTS
4) En consecuencia el cálculo de los intereses legales laborales debe
realizarse del día siguiente al 29/04/2003 (día siguiente de vencida la
obligación) hasta el día 30/09/2016 (fecha de pago total de la
obligación).
4.12.- Que, teniéndose en cuenta los datos precitados ha de hacer uso del
programa INTERLEG4, diseñado por el Poder Judicial y de uso exclusivo y
obligatorio para los órganos jurisdiccionales para el cálculo de Beneficios
Sociales e Intereses Legales. aprobados por Resoluciones Administrativas N°
026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ; istrumento que resulta factible utilizar al
caso que los factores que genera el INTERLEG se condice con las
regulaciones establecidas por el Banco Central de Reserva del Perú.
4.13..- En consecuencia, se llega a la determinación que respecto a Claudio
Narciso La Rosa Palomino, el cálculo de sus intereses legales es como sigue:
4 Aprobados por Resoluciones Administrativas N° 026-2004-CE-PJ y N°089-2005-CE-PJ, de fechas 25
de febrero de 2004 y 14 de abril de 2005.
4.14.- Que, para mayor ilustración e inteligibilidad se reproduce la Hoja de
Cálculo de líneas supra y se manda agregar el Anexo u Hoja de Cálculo que el
INTERLEG ha arrojado como consecuencia de la Liquidación de Intereses:
descripcion f_origen f_liquid dias factor monto interes
CLAUDIO LA ROSA PALO 30/04/2003 30/09/2016 4903 0.35 26935 9,438.7
POR ESTAS CONSIDERACIONES. SE DISPONE: I.- APROBAR EN PARTE
LAS SOLICITUD DE PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES
LEGALES, presentada por Claudio Narciso La Rosa Palomino; SE APRUEBA
POR EL JUZGADO CIVIL DE PISCO la suma de S/ 9,438.7 soles INTERESES
LEGALES. REQUIÉRASE a Fábrica de Tejidos Pisco SAC presentar
Certificado de Depósito Judicial por la suma de S/ 9,438.7 soles por concepto
de intereses legales dentro del plazo de DIEZ DÍAS hábiles, bajo
apercibimiento de ejecución forzada que deberá instar en la forma establecida
por ley por la parte beneficiada Claudio Narciso La Rosa Palomino.
NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Expediente : N° 00356-2004-28
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
Señor Juez:
En cumplimiento de mis funciones informo a usted, que conforme a lo
ordenado por Resolución N° 58, procedo en dar una razón revisando el Sistema Integral de Justicia - SIJ,
se observa que en los datos ingresados correspondiente a las partes no se encuentran ingresados de
forma completa, tal como se observa en la presente imagen.
Por lo que, para efectos del ingreso de escritos en forma electrónica
es necesario que los datos ingresados en el Sistema Integral de Justicia se encuentren precisados en
forma completa, siendo así, se ha procedido realizar la actualización de datos en el presente expediente a
fin de que no haya inconveniente al momento de presentar escritos por la demandada,
Lo que informo a usted para los fines pertinentes.
Lima 01 de marzo de 2022
Resolución Número 59
Lima, uno de marzo
del dos mil veintidós.-
Vista la Razón que antecede, téngase presente, y a la razón
emitida por la Especialista Legal, en cuanto que de la revisión el Sistema Integral de Justicia - SIJ, se ha
advertido que los datos ingresados de las partes no se encontraban debidamente registrados de forma
completa, por lo que, se ha procedido en actualizar el expediente en el SIJ
- 1 -
Por tanto, no habiendo la parte demandada presentado su escrito de apelación de sentencia en el plazo
de Ley, de acuerdo a los inconvenientes advertidos y descritos líneas arriba, factores no imputable a la
parte emplazada, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 50 del Código
Procesal Civil aplicable supletoriamente al proceso laboral y a fin de no causar indefensión a la parte
demandada, procédase en resolver su recurso de apelación de sentencia.
Al escrito presentado por la parte DEMANDADA con fecha 13 de julio de 2021: A lo Expuesto: Al
Recurso de apelación y y encontrándose la demandada exonerado de presentación de tasa judiciales
conforme a lo señalado en el inciso g, del artículo 24º del Texto Único Ordenado del Poder Judicial,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, y habiendo presentado el citado recurso dentro del
término de ley: Autos y Vistos: Atendiendo: Primero: Mediante sentencia recaída en la Resolución N°
57 de fecha 30 de junio de 2021, se resuelve declarar fundada en parte la demanda. Segundo: El recurso
de apelación interpuesto por esta parte se encuentra debidamente fundamentado al haber señalado sus
agravios de hecho y derecho dentro del plazo de ley, en ese sentido, y de conformidad con el inciso 1) del
Artículo 53° de la Ley Procesal de Trabajo, Ley 26636, se Resuelve: CONCEDER EL RECURSO DE
APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO interpuesta por la parte demandada contra la sentencia
recaída en la Resolución N° 57, debiendo remitirse los actuados al Superior en Grado con la debida nota
de atención.----------------------------------
NOTIFIQUESE.-
- 2 - | <|im_start|>system
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Expediente : N° 00356-2004-28
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
Señor Juez:
En cumplimiento de mis funciones informo a usted, que conforme a lo
ordenado por Resolución N° 58, procedo en dar una razón revisando el Sistema Integral de Justicia - SIJ,
se observa que en los datos ingresados correspondiente a las partes no se encuentran ingresados de
forma completa, tal como se observa en la presente imagen.
Por lo que, para efectos del ingreso de escritos en forma electrónica
es necesario que los datos ingresados en el Sistema Integral de Justicia se encuentren precisados en
forma completa, siendo así, se ha procedido realizar la actualización de datos en el presente expediente a
fin de que no haya inconveniente al momento de presentar escritos por la demandada,
Lo que informo a usted para los fines pertinentes.
Lima 01 de marzo de 2022
Resolución Número 59
Lima, uno de marzo
del dos mil veintidós.-
Vista la Razón que antecede, téngase presente, y a la razón
emitida por la Especialista Legal, en cuanto que de la revisión el Sistema Integral de Justicia - SIJ, se ha
advertido que los datos ingresados de las partes no se encontraban debidamente registrados de forma
completa, por lo que, se ha procedido en actualizar el expediente en el SIJ
- 1 -
Por tanto, no habiendo la parte demandada presentado su escrito de apelación de sentencia en el plazo
de Ley, de acuerdo a los inconvenientes advertidos y descritos líneas arriba, factores no imputable a la
parte emplazada, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 50 del Código
Procesal Civil aplicable supletoriamente al proceso laboral y a fin de no causar indefensión a la parte
demandada, procédase en resolver su recurso de apelación de sentencia.
Al escrito presentado por la parte DEMANDADA con fecha 13 de julio de 2021: A lo Expuesto: Al
Recurso de apelación y y encontrándose la demandada exonerado de presentación de tasa judiciales
conforme a lo señalado en el inciso g, del artículo 24º del Texto Único Ordenado del Poder Judicial,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, y habiendo presentado el citado recurso dentro del
término de ley: Autos y Vistos: Atendiendo: Primero: Mediante sentencia recaída en la Resolución N°
57 de fecha 30 de junio de 2021, se resuelve declarar fundada en parte la demanda. Segundo: El recurso
de apelación interpuesto por esta parte se encuentra debidamente fundamentado al haber señalado sus
agravios de hecho y derecho dentro del plazo de ley, en ese sentido, y de conformidad con el inciso 1) del
Artículo 53° de la Ley Procesal de Trabajo, Ley 26636, se Resuelve: CONCEDER EL RECURSO DE
APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO interpuesta por la parte demandada contra la sentencia
recaída en la Resolución N° 57, debiendo remitirse los actuados al Superior en Grado con la debida nota
de atención.----------------------------------
NOTIFIQUESE.-
- 2 -<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario De Sala: HUANCA LUPACA LILA NORAH
Fecha: 08/04/2016 16:54:25
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
EXPEDIENTE : 01168-2005
MATERIA : DESPIDO FRAUDULENTO E INCAUSADO
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : SOLIS TALAVERA, JAIME DUILIO
SENTENCIA DE VISTA
Resolución Nro. 105
Tacna, veintidós de marzo
Del dos mil dieciséis.-
I. VISTOS: El recurso de apelación de folios 2138/2150, formulado por Aldo Patricio
Soto Delgado, abogado patrocinador del Banco de la Nación, producida la vista de la
causa en audiencia pública, con lo informado por el abogado de la parte demandante y
los autos elevados a esta Superior Sala. Interviniendo como ponente el señor Gordillo
Cossio.
1. Materia de grado: Viene en agrado de apelación la sentencia contenida en la
resolución número noventa y siete, su fecha 05 de agosto de 2015, de folios 2081/2092,
que declara: 1) Fundada en parte la primera demanda ingresada con el número 01168-
2005-0-2301-JR-CI-02, sobre Reposición en el Trabajo por Despido Fraudulento e
Incausado, interpuesta por Jaime Duilio Solís Talavera, en contra del Banco de la
Nación sucursal Tacna. 2) Ordena que la entidad demandada reponga al demandante en
el cargo de Jefe de Sección Caja de la Sucursal Tacna del Banco de la Nación, que
desempeñaba al momento del despido o en otro de similar nivel de remuneración y
categoría, dentro del plazo de diez días de notificada. 3) Infundada la demanda respecto
al Pago de Remuneraciones dejadas de percibir desde la interposición de la demanda
hasta la efectiva reposición. 4) Infundada la segunda demanda ingresada con el número
2005-00325-0-2301-JR-LA-1, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios derivados
de la Comisión de Falta Grave, interpuesta por el Banco de la Nación, en contra de
Jaime Duilio Solís Talavera. 5) Sin costas ni costos.
2. Fundamentos de la apelación:
2.1. Conforme al escrito de apelación que corre a folios 2138/2150, presentado por Aldo
Patricio Soto Delgado, abogado patrocinador del Banco de la Nación, sostiene que de
acuerdo a lo señalado por el demandante; y, en la sentencia recurrida, la carta de
imputación de cargos fue notificada al demandante el 31 de mayo de 2005, respecto de
hechos que tomó conocimiento la demandada con fecha 16 de mayo de 2005, mediante
Informe EF/92.1100 Nro. 026-2005, emitido por el OCI, produciéndose el despido con
fecha 08 de agosto de 2005, lo cual supuestamente transgrede el principio de
1
inmediatez, ya que entre la fecha de notificación del descargo del demandante – 08 de
junio de 2005 y la notificación de la carta de despido – 08 de agosto de 2005, han
transcurrido 02 meses, quedando evidenciado la vulneración del principio de
inmediatez.
2.2. Respecto de la acreditación de la causa justa de despido, no se ha producido
despido fraudulento en contra del demandante. El Banco de la Nación en el
cumplimiento de sus funciones de fiscalización; y, en aplicación de la Directivas y
Circulares que el demandante incumplió en el desempeño de sus funciones, asimismo
con el Informe EF/92.1100 Nº 026-2005, emitido por Auditoría Interna, resulta ser
prueba contundente de la negligencia del demandante en el desempeño de sus
funciones, por cuanto está demostrado que el actor no tenía las facultades ni
autorización suficiente para hacer efectivo dicho título valor, con el cual incumplió con
lo establecido en la Circular EF/92.4200-2520 Nro. 021-2002 de fecha 28 de noviembre
de 2002.
2.3. Finalmente, señala que la resolución recurrida le ocasiona perjuicio de naturaleza
real, por cuanto al amparar la demanda de reposición laboral del demandante, la
consecuencia lógica es que no se ampare nuestra pretensión de indemnización por daños
y perjuicios derivados de la comisión de falta grave.
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: Consideraciones normativas aplicables al caso de autos.-
1.1 La extinción de la relación laboral, mediante el despido de un trabajador,
comporta una manifestación de poder que se reconoce al empleador (artículo 9 del
decreto supremo 003-97-TR), el que ha traído como consecuencia a través del tiempo
un diseño de protección al respecto, el que ha venido evolucionando doctrinaria y
jurisprudencialmente en razón de la amplitud e intensidad de dicho poder que fue desde
absoluto, limitado y ahora considerado como excepcional. Al respecto, se ha coincidido
que el despido es originado por un conflicto que se deriva de una relación laboral previa
en la que el trabajador deja de prestar sus servicios por decisión unilateral de su
empleador, la que puede ser justificada en la medida que se presenten las causales que
configuran el cese o extinción de la relación laboral, o en su caso arbitraria (en sus
diversas manifestaciones) que conlleven una lesión de algún derecho constitucional y
origine luego una actividad jurisdiccional como respuesta. Al respecto, el artículo 31 del
decreto supremo 003-97-TR, establece una protección previa al despido, al diseñar un
procedimiento con tal fin, cuando expresa que el empleador no podrá despedir por causa
relacionada con la conducta o capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un
plazo razonable no menor de seis días para que pueda defenderse por escrito de los
2
cargos que se le formulan.
1.2 El Tribunal Constitucional ha diseñado a través de sus sentencias diversos tipos
de despido (STC 976-2001-AA/TC, entre otras), que implican restitución en el centro
de trabajo, no sin antes desarrollar la denominada protección preventiva del despido,
desarrollando el artículo 27 de la Constitución Política, a efecto de que se prevenga,
evite o impida la extinción de la relación laboral que en los trabajadores del sector
público está contemplado en el decreto legislativo 276 y en el régimen privado en lo
dispuesto por el decreto supremo 003-97-TR materializado en el artículo 31 (como ya lo
señalamos), cuya disposición prohíbe al empleador despedir al trabajador sin haberle
imputado la causa justa de despido y a la vez otorgarle un plazo no menor de 6 días
naturales para que pueda defenderse de dichos cargos, salvo los casos de falta grave
flagrante; caso contrario originaría una contravención al debido proceso, cuyo contenido
no solamente es de configuración legal, sino también de tipo constitucional, que en
muchos casos da lugar a la restitución del trabajador a su puesto habitual.
1.3 Se ha establecido a nivel de jurisprudencia, a través del Tribunal Constitucional,
regímenes tanto sustantivo como procesal de protección adecuada contra el despido
arbitrario, tanto con un carácter resarcitorio como uno reparador. Por un lado
existe un sistema de protección adecuada contra el despido arbitrario, según lo recoge el
artículo 34 del decreto supremo 003-97-TR; pero también existe un régimen de
protección via jurisdiccional con eficacia restitutoria, que en su momento se atribuyó al
amparo constitucional, y a la fecha también se ha extendido a la legislación ordinaria
laboral, en casos distintos al previsto para los casos de nulidad de despido previstos en
el artículo 29 de la anotada normativa. Para ello, el máximo intérprete de la
Constitución, refiere en el fundamento 15 de la sentencia recaída en el expediente Nº
0976-2001-AA/TC, que a lo largo de su abundante jurisprudencia ha establecido que
para efectos restitutorios (readmisión en el empleo), derivados de despidos arbitrarios o
con infracción de determinados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución
o los Tratados relativos a Derechos Humanos, se generen en los tres casos siguientes: a)
Despido nulo, modalidad establecida en el artículo 29 del decreto legislativo 728, y
como consecuencia de la necesidad de proteger, entre otros, derechos tales, como los
previstos en el inciso 2) del artículo 2º, inciso 1) del artículo 26º e inciso 1) del artículo
28º de la Constitución y otros expresamente reconocidos; b) El despido incausado,
también previsto en la STC 0976-2001-AA/TC, aparece como consecuencia del caso
Telefónica, establecido en la sentencia de fecha 11 de julio de 2001 expediente Nº 1124-
2002-AA/TC, ello a efectos de cautelar la vigencia del artículo 22 de la Constitución
Política que expresamente indica “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del
3
bienestar social y un medio de realización de la persona”. Este despido, denominado
incausado, se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o
mediante comunicación escrita sin expresarle causa, derivada de la conducta o la labor,
que la justifique; y asimismo, el Tribunal desarrolla el denominado c) despido
fraudulento, cuya modalidad fue ya diseñada en el expediente 0628-2001-AA/TC de
fecha 10 de julio de 2002, estableciendo que se produce el despido fraudulento cuando
“se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de
manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se
cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede
cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios,
o asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de
tipicidad, como lo ha señalado en este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal
(Exp. Nº 425-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción
de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. Nº 628-2001-AA/TC) o mediante la
“fabricación de pruebas”. En consecuencia, la extinción unilateral de la relación laboral
que se funde únicamente en la sola voluntad del empleador estaría afectada de nulidad,
más aun cuando no se otorgó previamente al trabajador una protección preventiva
haciéndole llegar una comunicación antelada con la imputación de cargos, para su
descargo correspondiente.
1.4 De autos, se cuestiona un despido fraudulento, cuya consecuencia, en caso de
acreditarse, es de efecto restitutorio del actor a su centro de trabajo, ello considerando
que el despido injustificado propiamente no tiene como efectos la readmisión del
demandante, según el diseño de protección frente al despido, salvo la afectación de
derechos fundamentales. Conforme lo dispone el Tribunal Constitucional en el
fundamento 15 de su STC 976-2001-AA/TC, en estos supuestos, al no existir realmente
causa justa de despido ni, al menos, hechos de cuya trascendencia o gravedad
corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa
justa conforme a ley, la situación es equiparable al despido sin invocación de causa,
razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo. Distinto
será el tratamiento cuando se haya verificado los elementos de tipicidad, configurando
causa de despido y se haya observado el procedimiento establecido en la ley, también el
efecto será distinto cuando exista vulneración de derechos fundamentales al debido
proceso material, considerando los aspectos de razonabilidad y proporcionalidad en la
facultad sancionadora del empleador.
Para efectos de determinar la existencia de un despido fraudulento, se deben considerar
los supuestos en que se produce, esto es: i) Cuando se le imputa al trabajador hechos
notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, ii) Cuando se le atribuye una falta no
prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, iii) Cuando se produce la
4
extinción de la relación laboral con vicio de voluntad, iv) Mediante la fabricación de
pruebas. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la STC
976-2001-AA/TC (fundamento 15) indica que se produce el denominado despido
fraudulento, cuando: Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el
engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones
laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones
procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente
inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista
legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o se produce la extinción de la
relación laboral con vicio de voluntad o mediante la fabricación de pruebas. Lo que
corresponde entonces, es verificar si la imputación de la causa (atribuida al trabajador),
como justificadora de la extinción laboral (despido) equivale a una falta típicamente
constituida como tal y que en razón a la facultad disciplinaria del empleador se haya
adoptado la medida que es ahora cuestionada. Verificar además, si los hechos atribuidos
son inexistentes, falsos o imaginarios, si se ha fabricado la prueba, ha existido vicio de
la voluntad u otra actitud (del empleador) auspiciada por el engaño con el solo objeto de
extinguir el vínculo laboral. Solo en estos casos se configura el denominado despido
fraudulento, inclusive a pesar de haber la demandada observado el procedimiento
regular previsto en la norma; caso contrario el cuestionamiento no es típico de esta
modalidad.
1.5 Debido Proceso en el Despido.-
a. Formalidad Previa.- En relación a lo precedentemente establecido, referido a la
protección preventiva del despido, es esencial la estricta observancia formal del
procedimiento, ello como contenido del derecho constitucional al Debido Proceso.
El despido, es un acto unilateral de la voluntad del empleador por virtud del cual,
este decide poner fin a la relación del trabajo; entonces, ante la proclividad del
ejercicio abusivo de la facultad de despedir, se ha impuesto la exigencia de la
causalidad, tanto así que si la extinción del vínculo no se funde en una causa justa
previamente establecida en la ley, se puede calificar el despido como arbitrario. Al
respecto el Tribunal Constitucional estima que frente al despido arbitrario, le cabe
determinar la existencia o inexistencia de respeto al orden constitucional, y en esa
perspectiva si se ha producido el respeto o la afectación de los derechos
fundamentales allí consagrados. La lesión de derechos fundamentales (por ejemplo
el debido proceso con amplia gama de derechos individuales), constituye, per se, un
acto inconstitucional, cuya validez no es en modo alguno permitida por nuestro
supra ordenamiento, debiéndose disponer, en tal caso, la tutela más amplia y
efectiva al afectado en el ejercicio pleno de su derecho amenazado o vulnerado.
5
El acto del despido, contiene requisitos formales y de fondo, ello a fin de
salvaguardar los derechos fundamentales y la dignidad del trabajador, como
también garantizar su derecho de defensa. Al respecto, el procedimiento previo al
despido está previsto en nuestra legislación interna (D.S 003-97-TR), la que
establece que el empleador no podrá despedir al trabajador por causa relacionada
con su conducta o capacidad si previamente no le concede un plazo razonable para
que se defienda de los cargos formulados en su contra, o para que demuestre su
capacidad o corrija su deficiencia (derecho que además está protegido por el
Convenio 158 de la OIT). En consecuencia, el empleador que ha tomado
conocimiento de una causa justa de despido debe remitir al trabajador una
comunicación escrita formulando la imputación de la falta, abriendo el
procedimiento previo al despido, a fin de que este pueda ejercer su derecho de
defensa respecto a los cargos imputados o tener la oportunidad de acreditar su
capacidad o corregir la deficiencia que se le atribuye. Si la causa justa que se le
imputa al trabajador está relacionada a su capacidad laboral el plazo tendrá una
duración mínima de treinta días naturales dentro del cual el trabajador debe
demostrar su capacidad o corregir su deficiencia, y en caso se le impute falta grave
vinculada a su conducta el plazo mínimo será de seis días naturales (artículo 31 del
D.S. 003-97-TR).
b. Requisito de Fondo: Tipicidad, Nuestro ordenamiento laboral (Como lo expresa
Carlos Blancas Bustamante en El Despido en el Derecho Laboral Peruano, Jurista
Editores, 2013-Lima) en materia de regulación del despido, ha adoptado el sistema
de enumeración taxativa para definir la falta grave, razón por la cual únicamente se
reputa como tal aquella conducta del trabajador que se encuentra tipificada; tanto
así, si una infracción manifiestamente importante o intensa, no se encuentra
expresamente señalada en la ley, siendo falta y grave, no es tal en el estricto sentido
jurídico que se le asigna, como motivo justificado de terminación de la relación
contractual. En virtud a lo dispuesto por el artículo 22 del decreto supremo 003-97-
TR, la tipificación de las faltas graves debe ajustarse al “principio de legalidad”,
que supone una serie de requisitos de fondo y forma, con una triple exigencia de ley
previa (anterior a los hechos), ley escrita (debe ser formal) y ley estricta (precisa en
cuanto a su enunciación y no extensible por analogía).
La necesidad de respetar el principio de legalidad o la tipicidad de la falta grave en
el campo laboral (dice Carlos Blancas), como requisito esencial para la validez del
despido, ha sido puesta de relieve por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
que reconoce su fundamento conforme al artículo 2.24.d de la Constitución Política
del Estado, el principio de tipicidad impone que los hechos (actos u omisiones)
6
tipificados como infracciones punibles deben ser establecidos de forma expresa e
inequívoca (STC 1112-98-AA/TC).
c. La Inmediatez, está relacionada al límite temporal que se impone al empleador en
cuanto desarrolla su facultad sancionadora. En nuestro ordenamiento dicho
principio está regulado por el artículo 31 del decreto supremo 003-97-TR, descrito
precedentemente, y se constituye en un requisito esencial que condiciona
formalmente el despido que pueda ejecutar el empleador, como decisión unilateral
y su observancia conducirá a la estricta observancia de la causa justa imputable al
trabajador.
El Tribunal Constitucional, en STC 00543-2007-PA/TC, fundamento 7, define dos
etapas de este Principio: i) El proceso de cognición que estaría conformado por
todos los hechos que ocurren después de la comisión de la falta por el trabajador, lo
que significa, primero, tomar conocimiento, de la falta, a raíz de una acción propia,
a través de los órganos que dispone la empresa o a raíz de una intervención de
terceros. En segundo lugar debe calificarse, encuadrar o definir la conducta
descubierta como una infracción tipificada por la ley, susceptible de ser sancionada.
En tercer lugar, debe comunicarse a los órganos de control y de dirección de la
empleadora, que representan la instancia facultada para tomar decisiones, ya que
mientras el conocimiento de la falta permanezca en los niveles subalternos, no
produce ningún efecto para el computo de cualquier termino que recaiga bajo la
responsabilidad de la empresa (comentario a la casación 1917-2003-Lima); es
decir, que se tome conocimiento pleno de los hechos sucedidos para posteriormente
tomar decisiones en el marco de las facultades sancionadoras del empleador. ii) El
proceso volitivo, que se refiere a la activación de los mecanismos decisorios del
empleador para configurar la voluntad del despido, ya que este por esencia
representa un acto unilateral de voluntad manifiesta o presunta del patrono. El
inicio de este proceso está dado por la evolución de la gravedad de la falta, por las
repercusiones que causan al nivel de productividad y a las relaciones laborales
existentes en la empresa, y el examen de los antecedentes del trabajador infractor y
la conducta desarrollada en el centro de trabajo, para establecer si excedía los
márgenes de confianza depositados en él. La segunda etapa está dada por la toma
de decisión que depende de la complejidad que tenga la organización empresarial,
ya que mientras mayor sea ésta, las instancias que intervengan en la solución
deberán ser numerosas y, por el contrario, mientras más simple sea, como el caso
de un empresario individual que dirija su propia pequeña empresa, bastará con su
sola decisión, la que podrá ser adoptada en el más breve plazo. En consecuencia
(refiere el fundamento 8 de la anotada sentencia del Tribunal), los términos y plazos
existentes entre ambas etapas es variado y se dan de acuerdo a la complejidad de la
falta cometida, resultando el Principio de Inmediatez sumamente elástico, lo que
quiere decir que se encuentra relacionado con el denominado plazo razonable, lo
7
que no implica un determinado periodo de tiempo fijo sin que se considere las
situaciones excepcionales que puedan presentarse a fin de establecer certeramente
la falta cometida.
En caso no medie un plazo razonable entre el momento del conocimiento de la
comisión de falta grave, el inicio del procedimiento de despido y la imposición de
la sanción; es decir exista un periodo de tiempo que se prolongue indebidamente, en
observancia del Principio de Inmediatez se entenderá que el empleador ha
condonado la falta cometida, además de haber decidido (tácitamente) mantener
vigente el vínculo laboral.
1.6 Contenido de la falta graves prevista en el artículo 25, inciso a) del decreto
supremo 003-97-TR; el verdadero alcance de la disposición contenida en el artículo 25
inciso a) del decreto supremo 003-97-TR (que también fue referida) debe entenderse a
la forma concreta en que el trabajador debe cumplir su prestación, o al cumplimiento de
las obligaciones específicas de la función que desempeña el mismo y en cuanto esta
afecta la buena fe laboral, no debe confundirse con un supuesto deber de “fidelidad” del
trabajador hacia el empleador (como lo expresa Blancas Bustamante en El Despido en
el Derecho Laboral Peruano, Jurista Editores, 2013, pg. 210), su exigencia proviene de
la ley y posee contenido netamente jurídico e incluso patrimonial. La conducta del
trabajador renuente a cumplir cabalmente sus obligaciones o a no realizar las
prestaciones que le corresponden, vulnera la buena fe laboral y cuando adquiere ribetes
de gravedad merece ser sancionada con el despido; por otro lado, dentro de ese mismo
razonamiento, se debe verificar la existencia, intensidad y carácter subjetivo de los
daños causados (atribución), por cuanto el hecho de expresarse en la sentencia que la
falta en su contexto no fue intencional, sino en todo caso un proceder negligente del
trabajador, dicho análisis se condice con la naturaleza de un despido con contenido
fraudulento, lo que afecta el deber de una debida motivación (aparente) que resta
eficacia a la decisión.
SEGUNDO: Hechos ocurridos en el caso de autos que motivan la decisión.-
2.1. De lo actuado en el proceso, a folios 550 y siguientes aparece la demanda
interpuesta por Jaime Duilio Solís Talavera, en contra del Banco de la Nación,
pretendiendo que se declare inaplicable e ineficaz la Carta de fecha 27 de julio de 2005,
entregada notarialmente el día 08 de agosto de 2005, por la cual en forma fraudulenta e
incausada y transgrediendo el debido proceso referido al principio de inmediatez, se
impone sanción disciplinaria del despido de su trabajo, violando su derecho al trabajo;
y, consecuentemente, se disponga su inmediata reposición en el cargo que desempeñaba
a la fecha del despido, con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la
interposición de la demandada hasta la efectiva reposición, más los costos y costas del
proceso.
8
2.2. Se admite provisionalmente la demanda (folios618/619), mediante escrito de fecha
18 de setiembre de 2006 (folios 629/632) cumpliéndose el mandato de subsanación.
Admitida la demanda en vía del proceso ordinario laboral (folio 633), se corre traslado y
se declara rebelde a la parte demandada, citando para Audiencia de Ley.
2.3. Por resolución número veinticuatro de fecha 29 de enero de 2007(folios
1175/1176), declara fundado el pedido de acumulación solicitado por el demandado, en
consecuencia, se dispone la acumulación del proceso 2005-325 tramitado en el mismo
juzgado, al proceso signado con el número 2005-1168, que es el más antiguo y
señalando fecha para Audiencia Complementaria.
2.4. De autos a folios 781 y siguientes, se aprecia la Demanda de Indemnización por
Daños y Perjuicios derivados de comisión falta grave en contra de Jaime Duilio Solís
Talavera, peticionando que la parte emplazada pague a favor de su representada, Banco
de la Nación, la suma de S/. 300,000.00 nuevos soles (trescientos mil con 00/100
nuevos soles), por el grave perjuicio económico y moral que ha ocasionado al haber
incurrido en grave falta en el desempeño de sus funciones, en su calidad de Jefe de la
sección Caja de la Sucursal Tacna del Banco de la Nación, más las costas, costos, gastos
e intereses legales que genere la deuda.
2.5. Se emite sentencia (folios2081/2092), declarando: 1) Fundada en parte la primera
demanda ingresada con el número 01168-2005-0-2301-JR-CI-02, sobre Reposición en
el Trabajo por Despido Fraudulento e Incausado, interpuesta por Jaime Duilio Solís
Talavera, en contra del Banco de la Nación sucursal Tacna. 2) Ordena que la entidad
demandada reponga al demandante en el cargo de Jefe de Sección Caja de la Sucursal
Tacna del Banco de la Nación, que desempeñaba al momento del despido o en otro de
similar nivel de remuneración y categoría, dentro del plazo de diez días de notificada.
3) Infundada la demanda respecto al Pago de Remuneraciones dejadas de percibir
desde la interposición de la demanda hasta la efectiva reposición. 4) Infundada la
segunda demanda ingresada con el número 2005-00325-0-2301-JR-LA-1, sobre
Indemnización por Daños y Perjuicios derivados de la Comisión de Falta Grave,
interpuesta por el Banco de la Nación, en contra de Jaime Duilio Solís Talavera. 5) Sin
costas ni costos.
III. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN.-
3.1 Conforme a lo previsto por el artículo 31 del decreto supremo 003-97-TR, se ha
establecido una protección preventiva del despido arbitrario que se materializa en el
procedimiento previo a la extinción de la relación laboral (a iniciativa del empleador), el
9
que prohíbe al empleador despedir al trabajador sin haberle imputado la causa justa de
despido y otorgarle un plazo no menor de 6 días naturales para que pueda defenderse de
dichos cargos, salvo el caso de falta grave flagrante, caso contrario se produce una
vulneración del derecho constitucional al debido proceso, que trae como consecuencia
la reposición del trabajador.
3.2 En el caso de autos, la entidad demandada ha observado el procedimiento antes
descrito, cursando al efecto la carga de imputación de cargos y posteriormente la Carta
de Despido (al demandante) por haberse configurado la causal prevista en el inciso a)
del artículo 25 del Texto Unico Ordenado del decreto legislativo 728, sobre
Incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena
fe laboral y la Inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo. Considerando que la
pretensión es calificada como uno de despido fraudulento, el que además tiene efectos
restitutorios, corresponde entonces al demandante la carga de probar el fraude en las
imputaciones.
3.3 Los supuestos en que se produce un despido fraudulento, se presenta en los
siguientes casos: i) Cuando se le imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes,
falsos o imaginarios, ii) Cuando se le atribuye una falta no prevista legalmente,
vulnerando el principio de tipicidad, iii) Cuando se produce la extinción de la relación
laboral con vicio de voluntad, iv) Mediante la fabricación de pruebas. Al respecto, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la STC 976-2001-AA/TC
(fundamento 15) indica que se produce el denominado despido fraudulento, cuando: Se
despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de
manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se
cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede
cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios
o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de
tipicidad, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad o
mediante la fabricación de pruebas. Lo que corresponde entonces, es verificar si la
imputación de la causa (atribuida al trabajador), como justificadora de la extinción
laboral (despido) equivale a una falta típicamente constituida como tal y que en razón a
la facultad disciplinaria del empleador se haya adoptado la medida que es ahora
cuestionada. Verificar además, si los hechos atribuidos son inexistentes, falsos o
imaginarios, si se ha fabricado la prueba, ha existido vicio de la voluntad u otra actitud
(del empleador) auspiciada por el engaño con el solo objeto de extinguir el vínculo
laboral. Solo en estos casos se configura el denominado despido fraudulento, inclusive a
10
pesar de haber la demandada observado el procedimiento regular previsto en la norma;
caso contrario el cuestionamiento no es típico de esta modalidad.
3.4 La estructura organizativa de la entidad demandada (Banco de la Nación) no es
simple, sino compleja, en razón de que funciona a nivel nacional, con una sede
principal, sucursales ( de tipo A,B,C) y agencias (de tipo A y B, y agencia C en
provincias), además de contar con instrumentos de gestión (MOF, ROF, RIT, etc.) que
también representan cierta complejidad por sus niveles jerárquicos y el innumerable
detalle de funciones de sus servidores en general, sirviendo solo de ejemplo el
instrumento que va de fs.32 a 50, denominado Manual de Organización y Funciones
Sucursales A, B y C; Agencias A y B y Agencias C – Provincias.
Tan es así que para efectos de determinar la existencia de irregularidades
administrativas y como consecuencia de ello identificar faltas disciplinarias, tiene que
intervenir (como en el caso de autos) el Organo de Control Interno, quien tiene a su
cargo detectar y levantar observaciones, efectuar exámenes y análisis de los
procedimientos administrativos y otros, para luego emitir las conclusiones y
recomendaciones correspondientes (dicho instrumento para el presente caso -examen
especial- corre a fs. 128/140). Por otro lado, la emisión de las cartas de preaviso y de
despido, son redactadas en la sede central de la entidad demandada, según aparece del
lugar de expedición que consigna “San Isidro” (Lima), y al demandante se le hace
conocer de las mismas indistintamente en las ciudades de Arequipa y Tacna (según
aparece de dichos documentos).
En razón a lo expresado, desde la expedición de la carta de preaviso de fecha 31 de
mayo de 2005 (fs. 14/15) a la carta de despido de fecha 27 de julio de 2005 (fs. 25/26)
(aproximadamente un mes diecisiete días), no ha transcurrido un plazo excesivo que la
haga injustificadamente prolongado e irrazonable, mas aun si se tiene en cuenta que la
norma no ha previsto un periodo de tiempo fijo para el ejercicio de la facultad
sancionadora del empleador en la toma de su decisión, debiendo considerarse para ello
una actuación razonable en cuanto al plazo se refiere (menos de dos meses); por lo que,
no aparece una evidente e irrazonada vulneración al principio de inmediatez a que se
refiere el artículo 31 del decreto supremo 003-97-TR, no siendo por tanto dicho
supuesto un argumento debidamente justificado para dar merito a la pretensión.
3.5 En cuanto, al extremo de atribución de faltas disciplinarias que implique un ejercicio
abusivo del poder disciplinario del empleador demandado y que tiene que ver con
factores de tipicidad y cargos inexistentes o incompatibles con las funciones del
demandante que configuran la existencia de un despido fraudulento, tenemos los
siguientes hechos:
11
3.5.1 Formalmente la demanda, es adaptada al proceso laboral (fs. 550 y siguientes),
por cuanto esta vía es igualmente satisfactoria que el proceso constitucional (que
inicialmente tuvo lugar), y por el contenido que en él se cuestiona, y que obviamente
requiere de debate probatorio.
3.5.2 De autos aparece la Carta de preaviso de despido de fecha 31 de mayo de 2005,
donde se atribuye, al demandante, falta laboral que constituye causa justa de despido,
tipificada en el inciso a) del artículo 25 del Texto Unico Ordenado del decreto
legislativo 728, aprobado por decreto supremo 003-97-TR (argumentando el actor que
la entidad bancaria efectuó una investigación previa por parte del Organo de Control
Interno).
3.5.3 El demandante realiza su descargo mediante Carta de fecha 09 de junio de 2005;
y según este se debió proceder inmediatamente al despido el día 10 de junio del mismo
año. Sin embargo, se le cursa la Carta EF/92.32300 N° 538-2005 fechada el 27 de
julio de 2005 y la entrega notarial fue el 08 de agosto de 2005. En consecuencia -
indica-, entre la fecha de descargo realizada por el actor y la entrega de la carta de
despido ha mediado 1 mes y 28 días, transgrediendo el | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario De Sala: HUANCA LUPACA LILA NORAH
Fecha: 08/04/2016 16:54:25
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
EXPEDIENTE : 01168-2005
MATERIA : DESPIDO FRAUDULENTO E INCAUSADO
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : SOLIS TALAVERA, JAIME DUILIO
SENTENCIA DE VISTA
Resolución Nro. 105
Tacna, veintidós de marzo
Del dos mil dieciséis.-
I. VISTOS: El recurso de apelación de folios 2138/2150, formulado por Aldo Patricio
Soto Delgado, abogado patrocinador del Banco de la Nación, producida la vista de la
causa en audiencia pública, con lo informado por el abogado de la parte demandante y
los autos elevados a esta Superior Sala. Interviniendo como ponente el señor Gordillo
Cossio.
1. Materia de grado: Viene en agrado de apelación la sentencia contenida en la
resolución número noventa y siete, su fecha 05 de agosto de 2015, de folios 2081/2092,
que declara: 1) Fundada en parte la primera demanda ingresada con el número 01168-
2005-0-2301-JR-CI-02, sobre Reposición en el Trabajo por Despido Fraudulento e
Incausado, interpuesta por Jaime Duilio Solís Talavera, en contra del Banco de la
Nación sucursal Tacna. 2) Ordena que la entidad demandada reponga al demandante en
el cargo de Jefe de Sección Caja de la Sucursal Tacna del Banco de la Nación, que
desempeñaba al momento del despido o en otro de similar nivel de remuneración y
categoría, dentro del plazo de diez días de notificada. 3) Infundada la demanda respecto
al Pago de Remuneraciones dejadas de percibir desde la interposición de la demanda
hasta la efectiva reposición. 4) Infundada la segunda demanda ingresada con el número
2005-00325-0-2301-JR-LA-1, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios derivados
de la Comisión de Falta Grave, interpuesta por el Banco de la Nación, en contra de
Jaime Duilio Solís Talavera. 5) Sin costas ni costos.
2. Fundamentos de la apelación:
2.1. Conforme al escrito de apelación que corre a folios 2138/2150, presentado por Aldo
Patricio Soto Delgado, abogado patrocinador del Banco de la Nación, sostiene que de
acuerdo a lo señalado por el demandante; y, en la sentencia recurrida, la carta de
imputación de cargos fue notificada al demandante el 31 de mayo de 2005, respecto de
hechos que tomó conocimiento la demandada con fecha 16 de mayo de 2005, mediante
Informe EF/92.1100 Nro. 026-2005, emitido por el OCI, produciéndose el despido con
fecha 08 de agosto de 2005, lo cual supuestamente transgrede el principio de
1
inmediatez, ya que entre la fecha de notificación del descargo del demandante – 08 de
junio de 2005 y la notificación de la carta de despido – 08 de agosto de 2005, han
transcurrido 02 meses, quedando evidenciado la vulneración del principio de
inmediatez.
2.2. Respecto de la acreditación de la causa justa de despido, no se ha producido
despido fraudulento en contra del demandante. El Banco de la Nación en el
cumplimiento de sus funciones de fiscalización; y, en aplicación de la Directivas y
Circulares que el demandante incumplió en el desempeño de sus funciones, asimismo
con el Informe EF/92.1100 Nº 026-2005, emitido por Auditoría Interna, resulta ser
prueba contundente de la negligencia del demandante en el desempeño de sus
funciones, por cuanto está demostrado que el actor no tenía las facultades ni
autorización suficiente para hacer efectivo dicho título valor, con el cual incumplió con
lo establecido en la Circular EF/92.4200-2520 Nro. 021-2002 de fecha 28 de noviembre
de 2002.
2.3. Finalmente, señala que la resolución recurrida le ocasiona perjuicio de naturaleza
real, por cuanto al amparar la demanda de reposición laboral del demandante, la
consecuencia lógica es que no se ampare nuestra pretensión de indemnización por daños
y perjuicios derivados de la comisión de falta grave.
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: Consideraciones normativas aplicables al caso de autos.-
1.1 La extinción de la relación laboral, mediante el despido de un trabajador,
comporta una manifestación de poder que se reconoce al empleador (artículo 9 del
decreto supremo 003-97-TR), el que ha traído como consecuencia a través del tiempo
un diseño de protección al respecto, el que ha venido evolucionando doctrinaria y
jurisprudencialmente en razón de la amplitud e intensidad de dicho poder que fue desde
absoluto, limitado y ahora considerado como excepcional. Al respecto, se ha coincidido
que el despido es originado por un conflicto que se deriva de una relación laboral previa
en la que el trabajador deja de prestar sus servicios por decisión unilateral de su
empleador, la que puede ser justificada en la medida que se presenten las causales que
configuran el cese o extinción de la relación laboral, o en su caso arbitraria (en sus
diversas manifestaciones) que conlleven una lesión de algún derecho constitucional y
origine luego una actividad jurisdiccional como respuesta. Al respecto, el artículo 31 del
decreto supremo 003-97-TR, establece una protección previa al despido, al diseñar un
procedimiento con tal fin, cuando expresa que el empleador no podrá despedir por causa
relacionada con la conducta o capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un
plazo razonable no menor de seis días para que pueda defenderse por escrito de los
2
cargos que se le formulan.
1.2 El Tribunal Constitucional ha diseñado a través de sus sentencias diversos tipos
de despido (STC 976-2001-AA/TC, entre otras), que implican restitución en el centro
de trabajo, no sin antes desarrollar la denominada protección preventiva del despido,
desarrollando el artículo 27 de la Constitución Política, a efecto de que se prevenga,
evite o impida la extinción de la relación laboral que en los trabajadores del sector
público está contemplado en el decreto legislativo 276 y en el régimen privado en lo
dispuesto por el decreto supremo 003-97-TR materializado en el artículo 31 (como ya lo
señalamos), cuya disposición prohíbe al empleador despedir al trabajador sin haberle
imputado la causa justa de despido y a la vez otorgarle un plazo no menor de 6 días
naturales para que pueda defenderse de dichos cargos, salvo los casos de falta grave
flagrante; caso contrario originaría una contravención al debido proceso, cuyo contenido
no solamente es de configuración legal, sino también de tipo constitucional, que en
muchos casos da lugar a la restitución del trabajador a su puesto habitual.
1.3 Se ha establecido a nivel de jurisprudencia, a través del Tribunal Constitucional,
regímenes tanto sustantivo como procesal de protección adecuada contra el despido
arbitrario, tanto con un carácter resarcitorio como uno reparador. Por un lado
existe un sistema de protección adecuada contra el despido arbitrario, según lo recoge el
artículo 34 del decreto supremo 003-97-TR; pero también existe un régimen de
protección via jurisdiccional con eficacia restitutoria, que en su momento se atribuyó al
amparo constitucional, y a la fecha también se ha extendido a la legislación ordinaria
laboral, en casos distintos al previsto para los casos de nulidad de despido previstos en
el artículo 29 de la anotada normativa. Para ello, el máximo intérprete de la
Constitución, refiere en el fundamento 15 de la sentencia recaída en el expediente Nº
0976-2001-AA/TC, que a lo largo de su abundante jurisprudencia ha establecido que
para efectos restitutorios (readmisión en el empleo), derivados de despidos arbitrarios o
con infracción de determinados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución
o los Tratados relativos a Derechos Humanos, se generen en los tres casos siguientes: a)
Despido nulo, modalidad establecida en el artículo 29 del decreto legislativo 728, y
como consecuencia de la necesidad de proteger, entre otros, derechos tales, como los
previstos en el inciso 2) del artículo 2º, inciso 1) del artículo 26º e inciso 1) del artículo
28º de la Constitución y otros expresamente reconocidos; b) El despido incausado,
también previsto en la STC 0976-2001-AA/TC, aparece como consecuencia del caso
Telefónica, establecido en la sentencia de fecha 11 de julio de 2001 expediente Nº 1124-
2002-AA/TC, ello a efectos de cautelar la vigencia del artículo 22 de la Constitución
Política que expresamente indica “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del
3
bienestar social y un medio de realización de la persona”. Este despido, denominado
incausado, se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o
mediante comunicación escrita sin expresarle causa, derivada de la conducta o la labor,
que la justifique; y asimismo, el Tribunal desarrolla el denominado c) despido
fraudulento, cuya modalidad fue ya diseñada en el expediente 0628-2001-AA/TC de
fecha 10 de julio de 2002, estableciendo que se produce el despido fraudulento cuando
“se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de
manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se
cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede
cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios,
o asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de
tipicidad, como lo ha señalado en este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal
(Exp. Nº 425-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción
de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. Nº 628-2001-AA/TC) o mediante la
“fabricación de pruebas”. En consecuencia, la extinción unilateral de la relación laboral
que se funde únicamente en la sola voluntad del empleador estaría afectada de nulidad,
más aun cuando no se otorgó previamente al trabajador una protección preventiva
haciéndole llegar una comunicación antelada con la imputación de cargos, para su
descargo correspondiente.
1.4 De autos, se cuestiona un despido fraudulento, cuya consecuencia, en caso de
acreditarse, es de efecto restitutorio del actor a su centro de trabajo, ello considerando
que el despido injustificado propiamente no tiene como efectos la readmisión del
demandante, según el diseño de protección frente al despido, salvo la afectación de
derechos fundamentales. Conforme lo dispone el Tribunal Constitucional en el
fundamento 15 de su STC 976-2001-AA/TC, en estos supuestos, al no existir realmente
causa justa de despido ni, al menos, hechos de cuya trascendencia o gravedad
corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa
justa conforme a ley, la situación es equiparable al despido sin invocación de causa,
razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo. Distinto
será el tratamiento cuando se haya verificado los elementos de tipicidad, configurando
causa de despido y se haya observado el procedimiento establecido en la ley, también el
efecto será distinto cuando exista vulneración de derechos fundamentales al debido
proceso material, considerando los aspectos de razonabilidad y proporcionalidad en la
facultad sancionadora del empleador.
Para efectos de determinar la existencia de un despido fraudulento, se deben considerar
los supuestos en que se produce, esto es: i) Cuando se le imputa al trabajador hechos
notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, ii) Cuando se le atribuye una falta no
prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, iii) Cuando se produce la
4
extinción de la relación laboral con vicio de voluntad, iv) Mediante la fabricación de
pruebas. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la STC
976-2001-AA/TC (fundamento 15) indica que se produce el denominado despido
fraudulento, cuando: Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el
engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones
laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones
procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente
inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista
legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o se produce la extinción de la
relación laboral con vicio de voluntad o mediante la fabricación de pruebas. Lo que
corresponde entonces, es verificar si la imputación de la causa (atribuida al trabajador),
como justificadora de la extinción laboral (despido) equivale a una falta típicamente
constituida como tal y que en razón a la facultad disciplinaria del empleador se haya
adoptado la medida que es ahora cuestionada. Verificar además, si los hechos atribuidos
son inexistentes, falsos o imaginarios, si se ha fabricado la prueba, ha existido vicio de
la voluntad u otra actitud (del empleador) auspiciada por el engaño con el solo objeto de
extinguir el vínculo laboral. Solo en estos casos se configura el denominado despido
fraudulento, inclusive a pesar de haber la demandada observado el procedimiento
regular previsto en la norma; caso contrario el cuestionamiento no es típico de esta
modalidad.
1.5 Debido Proceso en el Despido.-
a. Formalidad Previa.- En relación a lo precedentemente establecido, referido a la
protección preventiva del despido, es esencial la estricta observancia formal del
procedimiento, ello como contenido del derecho constitucional al Debido Proceso.
El despido, es un acto unilateral de la voluntad del empleador por virtud del cual,
este decide poner fin a la relación del trabajo; entonces, ante la proclividad del
ejercicio abusivo de la facultad de despedir, se ha impuesto la exigencia de la
causalidad, tanto así que si la extinción del vínculo no se funde en una causa justa
previamente establecida en la ley, se puede calificar el despido como arbitrario. Al
respecto el Tribunal Constitucional estima que frente al despido arbitrario, le cabe
determinar la existencia o inexistencia de respeto al orden constitucional, y en esa
perspectiva si se ha producido el respeto o la afectación de los derechos
fundamentales allí consagrados. La lesión de derechos fundamentales (por ejemplo
el debido proceso con amplia gama de derechos individuales), constituye, per se, un
acto inconstitucional, cuya validez no es en modo alguno permitida por nuestro
supra ordenamiento, debiéndose disponer, en tal caso, la tutela más amplia y
efectiva al afectado en el ejercicio pleno de su derecho amenazado o vulnerado.
5
El acto del despido, contiene requisitos formales y de fondo, ello a fin de
salvaguardar los derechos fundamentales y la dignidad del trabajador, como
también garantizar su derecho de defensa. Al respecto, el procedimiento previo al
despido está previsto en nuestra legislación interna (D.S 003-97-TR), la que
establece que el empleador no podrá despedir al trabajador por causa relacionada
con su conducta o capacidad si previamente no le concede un plazo razonable para
que se defienda de los cargos formulados en su contra, o para que demuestre su
capacidad o corrija su deficiencia (derecho que además está protegido por el
Convenio 158 de la OIT). En consecuencia, el empleador que ha tomado
conocimiento de una causa justa de despido debe remitir al trabajador una
comunicación escrita formulando la imputación de la falta, abriendo el
procedimiento previo al despido, a fin de que este pueda ejercer su derecho de
defensa respecto a los cargos imputados o tener la oportunidad de acreditar su
capacidad o corregir la deficiencia que se le atribuye. Si la causa justa que se le
imputa al trabajador está relacionada a su capacidad laboral el plazo tendrá una
duración mínima de treinta días naturales dentro del cual el trabajador debe
demostrar su capacidad o corregir su deficiencia, y en caso se le impute falta grave
vinculada a su conducta el plazo mínimo será de seis días naturales (artículo 31 del
D.S. 003-97-TR).
b. Requisito de Fondo: Tipicidad, Nuestro ordenamiento laboral (Como lo expresa
Carlos Blancas Bustamante en El Despido en el Derecho Laboral Peruano, Jurista
Editores, 2013-Lima) en materia de regulación del despido, ha adoptado el sistema
de enumeración taxativa para definir la falta grave, razón por la cual únicamente se
reputa como tal aquella conducta del trabajador que se encuentra tipificada; tanto
así, si una infracción manifiestamente importante o intensa, no se encuentra
expresamente señalada en la ley, siendo falta y grave, no es tal en el estricto sentido
jurídico que se le asigna, como motivo justificado de terminación de la relación
contractual. En virtud a lo dispuesto por el artículo 22 del decreto supremo 003-97-
TR, la tipificación de las faltas graves debe ajustarse al “principio de legalidad”,
que supone una serie de requisitos de fondo y forma, con una triple exigencia de ley
previa (anterior a los hechos), ley escrita (debe ser formal) y ley estricta (precisa en
cuanto a su enunciación y no extensible por analogía).
La necesidad de respetar el principio de legalidad o la tipicidad de la falta grave en
el campo laboral (dice Carlos Blancas), como requisito esencial para la validez del
despido, ha sido puesta de relieve por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
que reconoce su fundamento conforme al artículo 2.24.d de la Constitución Política
del Estado, el principio de tipicidad impone que los hechos (actos u omisiones)
6
tipificados como infracciones punibles deben ser establecidos de forma expresa e
inequívoca (STC 1112-98-AA/TC).
c. La Inmediatez, está relacionada al límite temporal que se impone al empleador en
cuanto desarrolla su facultad sancionadora. En nuestro ordenamiento dicho
principio está regulado por el artículo 31 del decreto supremo 003-97-TR, descrito
precedentemente, y se constituye en un requisito esencial que condiciona
formalmente el despido que pueda ejecutar el empleador, como decisión unilateral
y su observancia conducirá a la estricta observancia de la causa justa imputable al
trabajador.
El Tribunal Constitucional, en STC 00543-2007-PA/TC, fundamento 7, define dos
etapas de este Principio: i) El proceso de cognición que estaría conformado por
todos los hechos que ocurren después de la comisión de la falta por el trabajador, lo
que significa, primero, tomar conocimiento, de la falta, a raíz de una acción propia,
a través de los órganos que dispone la empresa o a raíz de una intervención de
terceros. En segundo lugar debe calificarse, encuadrar o definir la conducta
descubierta como una infracción tipificada por la ley, susceptible de ser sancionada.
En tercer lugar, debe comunicarse a los órganos de control y de dirección de la
empleadora, que representan la instancia facultada para tomar decisiones, ya que
mientras el conocimiento de la falta permanezca en los niveles subalternos, no
produce ningún efecto para el computo de cualquier termino que recaiga bajo la
responsabilidad de la empresa (comentario a la casación 1917-2003-Lima); es
decir, que se tome conocimiento pleno de los hechos sucedidos para posteriormente
tomar decisiones en el marco de las facultades sancionadoras del empleador. ii) El
proceso volitivo, que se refiere a la activación de los mecanismos decisorios del
empleador para configurar la voluntad del despido, ya que este por esencia
representa un acto unilateral de voluntad manifiesta o presunta del patrono. El
inicio de este proceso está dado por la evolución de la gravedad de la falta, por las
repercusiones que causan al nivel de productividad y a las relaciones laborales
existentes en la empresa, y el examen de los antecedentes del trabajador infractor y
la conducta desarrollada en el centro de trabajo, para establecer si excedía los
márgenes de confianza depositados en él. La segunda etapa está dada por la toma
de decisión que depende de la complejidad que tenga la organización empresarial,
ya que mientras mayor sea ésta, las instancias que intervengan en la solución
deberán ser numerosas y, por el contrario, mientras más simple sea, como el caso
de un empresario individual que dirija su propia pequeña empresa, bastará con su
sola decisión, la que podrá ser adoptada en el más breve plazo. En consecuencia
(refiere el fundamento 8 de la anotada sentencia del Tribunal), los términos y plazos
existentes entre ambas etapas es variado y se dan de acuerdo a la complejidad de la
falta cometida, resultando el Principio de Inmediatez sumamente elástico, lo que
quiere decir que se encuentra relacionado con el denominado plazo razonable, lo
7
que no implica un determinado periodo de tiempo fijo sin que se considere las
situaciones excepcionales que puedan presentarse a fin de establecer certeramente
la falta cometida.
En caso no medie un plazo razonable entre el momento del conocimiento de la
comisión de falta grave, el inicio del procedimiento de despido y la imposición de
la sanción; es decir exista un periodo de tiempo que se prolongue indebidamente, en
observancia del Principio de Inmediatez se entenderá que el empleador ha
condonado la falta cometida, además de haber decidido (tácitamente) mantener
vigente el vínculo laboral.
1.6 Contenido de la falta graves prevista en el artículo 25, inciso a) del decreto
supremo 003-97-TR; el verdadero alcance de la disposición contenida en el artículo 25
inciso a) del decreto supremo 003-97-TR (que también fue referida) debe entenderse a
la forma concreta en que el trabajador debe cumplir su prestación, o al cumplimiento de
las obligaciones específicas de la función que desempeña el mismo y en cuanto esta
afecta la buena fe laboral, no debe confundirse con un supuesto deber de “fidelidad” del
trabajador hacia el empleador (como lo expresa Blancas Bustamante en El Despido en
el Derecho Laboral Peruano, Jurista Editores, 2013, pg. 210), su exigencia proviene de
la ley y posee contenido netamente jurídico e incluso patrimonial. La conducta del
trabajador renuente a cumplir cabalmente sus obligaciones o a no realizar las
prestaciones que le corresponden, vulnera la buena fe laboral y cuando adquiere ribetes
de gravedad merece ser sancionada con el despido; por otro lado, dentro de ese mismo
razonamiento, se debe verificar la existencia, intensidad y carácter subjetivo de los
daños causados (atribución), por cuanto el hecho de expresarse en la sentencia que la
falta en su contexto no fue intencional, sino en todo caso un proceder negligente del
trabajador, dicho análisis se condice con la naturaleza de un despido con contenido
fraudulento, lo que afecta el deber de una debida motivación (aparente) que resta
eficacia a la decisión.
SEGUNDO: Hechos ocurridos en el caso de autos que motivan la decisión.-
2.1. De lo actuado en el proceso, a folios 550 y siguientes aparece la demanda
interpuesta por Jaime Duilio Solís Talavera, en contra del Banco de la Nación,
pretendiendo que se declare inaplicable e ineficaz la Carta de fecha 27 de julio de 2005,
entregada notarialmente el día 08 de agosto de 2005, por la cual en forma fraudulenta e
incausada y transgrediendo el debido proceso referido al principio de inmediatez, se
impone sanción disciplinaria del despido de su trabajo, violando su derecho al trabajo;
y, consecuentemente, se disponga su inmediata reposición en el cargo que desempeñaba
a la fecha del despido, con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la
interposición de la demandada hasta la efectiva reposición, más los costos y costas del
proceso.
8
2.2. Se admite provisionalmente la demanda (folios618/619), mediante escrito de fecha
18 de setiembre de 2006 (folios 629/632) cumpliéndose el mandato de subsanación.
Admitida la demanda en vía del proceso ordinario laboral (folio 633), se corre traslado y
se declara rebelde a la parte demandada, citando para Audiencia de Ley.
2.3. Por resolución número veinticuatro de fecha 29 de enero de 2007(folios
1175/1176), declara fundado el pedido de acumulación solicitado por el demandado, en
consecuencia, se dispone la acumulación del proceso 2005-325 tramitado en el mismo
juzgado, al proceso signado con el número 2005-1168, que es el más antiguo y
señalando fecha para Audiencia Complementaria.
2.4. De autos a folios 781 y siguientes, se aprecia la Demanda de Indemnización por
Daños y Perjuicios derivados de comisión falta grave en contra de Jaime Duilio Solís
Talavera, peticionando que la parte emplazada pague a favor de su representada, Banco
de la Nación, la suma de S/. 300,000.00 nuevos soles (trescientos mil con 00/100
nuevos soles), por el grave perjuicio económico y moral que ha ocasionado al haber
incurrido en grave falta en el desempeño de sus funciones, en su calidad de Jefe de la
sección Caja de la Sucursal Tacna del Banco de la Nación, más las costas, costos, gastos
e intereses legales que genere la deuda.
2.5. Se emite sentencia (folios2081/2092), declarando: 1) Fundada en parte la primera
demanda ingresada con el número 01168-2005-0-2301-JR-CI-02, sobre Reposición en
el Trabajo por Despido Fraudulento e Incausado, interpuesta por Jaime Duilio Solís
Talavera, en contra del Banco de la Nación sucursal Tacna. 2) Ordena que la entidad
demandada reponga al demandante en el cargo de Jefe de Sección Caja de la Sucursal
Tacna del Banco de la Nación, que desempeñaba al momento del despido o en otro de
similar nivel de remuneración y categoría, dentro del plazo de diez días de notificada.
3) Infundada la demanda respecto al Pago de Remuneraciones dejadas de percibir
desde la interposición de la demanda hasta la efectiva reposición. 4) Infundada la
segunda demanda ingresada con el número 2005-00325-0-2301-JR-LA-1, sobre
Indemnización por Daños y Perjuicios derivados de la Comisión de Falta Grave,
interpuesta por el Banco de la Nación, en contra de Jaime Duilio Solís Talavera. 5) Sin
costas ni costos.
III. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN.-
3.1 Conforme a lo previsto por el artículo 31 del decreto supremo 003-97-TR, se ha
establecido una protección preventiva del despido arbitrario que se materializa en el
procedimiento previo a la extinción de la relación laboral (a iniciativa del empleador), el
9
que prohíbe al empleador despedir al trabajador sin haberle imputado la causa justa de
despido y otorgarle un plazo no menor de 6 días naturales para que pueda defenderse de
dichos cargos, salvo el caso de falta grave flagrante, caso contrario se produce una
vulneración del derecho constitucional al debido proceso, que trae como consecuencia
la reposición del trabajador.
3.2 En el caso de autos, la entidad demandada ha observado el procedimiento antes
descrito, cursando al efecto la carga de imputación de cargos y posteriormente la Carta
de Despido (al demandante) por haberse configurado la causal prevista en el inciso a)
del artículo 25 del Texto Unico Ordenado del decreto legislativo 728, sobre
Incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena
fe laboral y la Inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo. Considerando que la
pretensión es calificada como uno de despido fraudulento, el que además tiene efectos
restitutorios, corresponde entonces al demandante la carga de probar el fraude en las
imputaciones.
3.3 Los supuestos en que se produce un despido fraudulento, se presenta en los
siguientes casos: i) Cuando se le imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes,
falsos o imaginarios, ii) Cuando se le atribuye una falta no prevista legalmente,
vulnerando el principio de tipicidad, iii) Cuando se produce la extinción de la relación
laboral con vicio de voluntad, iv) Mediante la fabricación de pruebas. Al respecto, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la STC 976-2001-AA/TC
(fundamento 15) indica que se produce el denominado despido fraudulento, cuando: Se
despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de
manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se
cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede
cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios
o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de
tipicidad, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad o
mediante la fabricación de pruebas. Lo que corresponde entonces, es verificar si la
imputación de la causa (atribuida al trabajador), como justificadora de la extinción
laboral (despido) equivale a una falta típicamente constituida como tal y que en razón a
la facultad disciplinaria del empleador se haya adoptado la medida que es ahora
cuestionada. Verificar además, si los hechos atribuidos son inexistentes, falsos o
imaginarios, si se ha fabricado la prueba, ha existido vicio de la voluntad u otra actitud
(del empleador) auspiciada por el engaño con el solo objeto de extinguir el vínculo
laboral. Solo en estos casos se configura el denominado despido fraudulento, inclusive a
10
pesar de haber la demandada observado el procedimiento regular previsto en la norma;
caso contrario el cuestionamiento no es típico de esta modalidad.
3.4 La estructura organizativa de la entidad demandada (Banco de la Nación) no es
simple, sino compleja, en razón de que funciona a nivel nacional, con una sede
principal, sucursales ( de tipo A,B,C) y agencias (de tipo A y B, y agencia C en
provincias), además de contar con instrumentos de gestión (MOF, ROF, RIT, etc.) que
también representan cierta complejidad por sus niveles jerárquicos y el innumerable
detalle de funciones de sus servidores en general, sirviendo solo de ejemplo el
instrumento que va de fs.32 a 50, denominado Manual de Organización y Funciones
Sucursales A, B y C; Agencias A y B y Agencias C – Provincias.
Tan es así que para efectos de determinar la existencia de irregularidades
administrativas y como consecuencia de ello identificar faltas disciplinarias, tiene que
intervenir (como en el caso de autos) el Organo de Control Interno, quien tiene a su
cargo detectar y levantar observaciones, efectuar exámenes y análisis de los
procedimientos administrativos y otros, para luego emitir las conclusiones y
recomendaciones correspondientes (dicho instrumento para el presente caso -examen
especial- corre a fs. 128/140). Por otro lado, la emisión de las cartas de preaviso y de
despido, son redactadas en la sede central de la entidad demandada, según aparece del
lugar de expedición que consigna “San Isidro” (Lima), y al demandante se le hace
conocer de las mismas indistintamente en las ciudades de Arequipa y Tacna (según
aparece de dichos documentos).
En razón a lo expresado, desde la expedición de la carta de preaviso de fecha 31 de
mayo de 2005 (fs. 14/15) a la carta de despido de fecha 27 de julio de 2005 (fs. 25/26)
(aproximadamente un mes diecisiete días), no ha transcurrido un plazo excesivo que la
haga injustificadamente prolongado e irrazonable, mas aun si se tiene en cuenta que la
norma no ha previsto un periodo de tiempo fijo para el ejercicio de la facultad
sancionadora del empleador en la toma de su decisión, debiendo considerarse para ello
una actuación razonable en cuanto al plazo se refiere (menos de dos meses); por lo que,
no aparece una evidente e irrazonada vulneración al principio de inmediatez a que se
refiere el artículo 31 del decreto supremo 003-97-TR, no siendo por tanto dicho
supuesto un argumento debidamente justificado para dar merito a la pretensión.
3.5 En cuanto, al extremo de atribución de faltas disciplinarias que implique un ejercicio
abusivo del poder disciplinario del empleador demandado y que tiene que ver con
factores de tipicidad y cargos inexistentes o incompatibles con las funciones del
demandante que configuran la existencia de un despido fraudulento, tenemos los
siguientes hechos:
11
3.5.1 Formalmente la demanda, es adaptada al proceso laboral (fs. 550 y siguientes),
por cuanto esta vía es igualmente satisfactoria que el proceso constitucional (que
inicialmente tuvo lugar), y por el contenido que en él se cuestiona, y que obviamente
requiere de debate probatorio.
3.5.2 De autos aparece la Carta de preaviso de despido de fecha 31 de mayo de 2005,
donde se atribuye, al demandante, falta laboral que constituye causa justa de despido,
tipificada en el inciso a) del artículo 25 del Texto Unico Ordenado del decreto
legislativo 728, aprobado por decreto supremo 003-97-TR (argumentando el actor que
la entidad bancaria efectuó una investigación previa por parte del Organo de Control
Interno).
3.5.3 El demandante realiza su descargo mediante Carta de fecha 09 de junio de 2005;
y según este se debió proceder inmediatamente al despido el día 10 de junio del mismo
año. Sin embargo, se le cursa la Carta EF/92.32300 N° 538-2005 fechada el 27 de
julio de 2005 y la entrega notarial fue el 08 de agosto de 2005. En consecuencia -
indica-, entre la fecha de descargo realizada por el actor y la entrega de la carta de
despido ha mediado 1 mes y 28 días, transgrediendo el <|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00125-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero de
2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente
para su custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin
ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto
deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal situación en los
meses de junio y diciembre de cada año. El desarchivamiento de
estos expedientes no generara pago de tasa judicial alguna al tratarse
de un archivo provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar
cuando se ha ejecutado íntegramente la decisión contenida en la
sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00125-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero de
2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente
para su custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin
ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto
deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal situación en los
meses de junio y diciembre de cada año. El desarchivamiento de
estos expedientes no generara pago de tasa judicial alguna al tratarse
de un archivo provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar
cuando se ha ejecutado íntegramente la decisión contenida en la
sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE TACNA
Juez: CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
Fecha: 22/02/2017 17:26:22
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 01168-2005-0-2301-JR-CI-02
MATERIA : IMPUGNACION DE DESPIDO
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: DIAZ PLATA, JESSICA
Fecha: 22/02/2017 17:51:55 JUEZ : CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA ESPECIALISTA : DIAZ PLATA, JESSICA
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION REP POR SR ,
DEMANDANTE : SOLIS TALAVERA, JAIME DUILIO
Resolución Nro.114
Tacna, veintidós de febrero del dos mil diecisiete.-
AUTOS, VISTO: El escrito 4116-2017 presentado por la parte demandante Y
CONSIDERANDO: Primero.- Que el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del
Poder Judicial establece que “Toda persona y autoridad está obligada a acatar y a dar
cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de
autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido
o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo
responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala (…)” ; el derecho a la
ejecución de resoluciones judiciales, tiene un reconocimiento constitucional (en su
condición de derecho fundamental) y un reconocimiento internacional (a nivel
interamericano). Por otro lado, el Tribunal Constitucional en el Expediente 02813-2007-
PA/TC, ha interpretado el contenido de este derecho al señalar que: las sentencias y
resoluciones judiciales no se conviertan en simples declaraciones de intención sin
efectividad alguna. Ello obedece a que el ideal de justicia material consustancial al
Estado Democrático y Social de Derecho que emerge de los principios, valores y
derechos constitucionales, requiere una concreción, no solo con el pronunciamiento
judicial que declara o constituye el derecho o impone la condena, sino mediante su
efectivización o realización material” ; por tanto, el derecho a la ejecución de las
resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla y que la
parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea
repuesto en su derecho y compensada si fuera el caso, y no quede en un ideal ilusorio.
Segundo: Que, de los actuados del presente proceso se tiene que se ha emitido la
Sentencia de Vista que ha confirmado la Sentencia apelada contenida en la resolución
número noventa y siete que falla declarando Fundada en parte la demanda y ordena que
la entidad demandada reponga al demandante en el cargo de Jefe de Sección Caja de la
Sucursal Tacna del Banco de la Nación, que desempeñaba al momento del despido o en
otro de similar nivel de remuneración y categoría, la misma que ha sido declarada
ejecutoriada. Que siendo ello así, de conformidad con el artículo 123 del Código
Procesal Civil y a lo solicitado por la parte demandante, SE RESUELVE: Requerir a
la Entidad demandada Banco de la Nación - Sucursal Tacna, cumpla con Reponer
definitivamente al demandante Jaime Duilio Solis Talavera, como Jefe de Sección
Caja de la Sucursal Tacna del Banco de la Nación que desempeñaba al momento del
despido o en otro de similar nivel de remuneración y categoría, debiendo de Informar a
esta Judicatura sobre el cumplimiento del presente mandato y del Funcionario
encargado del cumplimiento del mismo, el que asumirá de forma solidaria las
responsabilidades de ley; todo ello en el plazo de quince días hábiles, bajo
apercibimiento de imponer multas compulsivas y progresivas en caso de
incumplimiento, para tal efecto cúrsese Oficio a la Entidad con copias certificadas de la
Sentencia, Sentencia de Vista, Resolución ciento once y la presente resolución. Al
otrosí: Expídase las copias certificadas de las piezas procesales que se solicitan y que
figuran en original en el presente expediente, las cuales serán a costo y gestión de la
parte solicitante.- Tómese Razón y Hágase Saber.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE TACNA
Juez: CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
Fecha: 22/02/2017 17:26:22
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 01168-2005-0-2301-JR-CI-02
MATERIA : IMPUGNACION DE DESPIDO
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: DIAZ PLATA, JESSICA
Fecha: 22/02/2017 17:51:55 JUEZ : CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA ESPECIALISTA : DIAZ PLATA, JESSICA
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION REP POR SR ,
DEMANDANTE : SOLIS TALAVERA, JAIME DUILIO
Resolución Nro.114
Tacna, veintidós de febrero del dos mil diecisiete.-
AUTOS, VISTO: El escrito 4116-2017 presentado por la parte demandante Y
CONSIDERANDO: Primero.- Que el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del
Poder Judicial establece que “Toda persona y autoridad está obligada a acatar y a dar
cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de
autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido
o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo
responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala (…)” ; el derecho a la
ejecución de resoluciones judiciales, tiene un reconocimiento constitucional (en su
condición de derecho fundamental) y un reconocimiento internacional (a nivel
interamericano). Por otro lado, el Tribunal Constitucional en el Expediente 02813-2007-
PA/TC, ha interpretado el contenido de este derecho al señalar que: las sentencias y
resoluciones judiciales no se conviertan en simples declaraciones de intención sin
efectividad alguna. Ello obedece a que el ideal de justicia material consustancial al
Estado Democrático y Social de Derecho que emerge de los principios, valores y
derechos constitucionales, requiere una concreción, no solo con el pronunciamiento
judicial que declara o constituye el derecho o impone la condena, sino mediante su
efectivización o realización material” ; por tanto, el derecho a la ejecución de las
resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla y que la
parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea
repuesto en su derecho y compensada si fuera el caso, y no quede en un ideal ilusorio.
Segundo: Que, de los actuados del presente proceso se tiene que se ha emitido la
Sentencia de Vista que ha confirmado la Sentencia apelada contenida en la resolución
número noventa y siete que falla declarando Fundada en parte la demanda y ordena que
la entidad demandada reponga al demandante en el cargo de Jefe de Sección Caja de la
Sucursal Tacna del Banco de la Nación, que desempeñaba al momento del despido o en
otro de similar nivel de remuneración y categoría, la misma que ha sido declarada
ejecutoriada. Que siendo ello así, de conformidad con el artículo 123 del Código
Procesal Civil y a lo solicitado por la parte demandante, SE RESUELVE: Requerir a
la Entidad demandada Banco de la Nación - Sucursal Tacna, cumpla con Reponer
definitivamente al demandante Jaime Duilio Solis Talavera, como Jefe de Sección
Caja de la Sucursal Tacna del Banco de la Nación que desempeñaba al momento del
despido o en otro de similar nivel de remuneración y categoría, debiendo de Informar a
esta Judicatura sobre el cumplimiento del presente mandato y del Funcionario
encargado del cumplimiento del mismo, el que asumirá de forma solidaria las
responsabilidades de ley; todo ello en el plazo de quince días hábiles, bajo
apercibimiento de imponer multas compulsivas y progresivas en caso de
incumplimiento, para tal efecto cúrsese Oficio a la Entidad con copias certificadas de la
Sentencia, Sentencia de Vista, Resolución ciento once y la presente resolución. Al
otrosí: Expídase las copias certificadas de las piezas procesales que se solicitan y que
figuran en original en el presente expediente, las cuales serán a costo y gestión de la
parte solicitante.- Tómese Razón y Hágase Saber.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00125-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero de
2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente
para su custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin
ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto
deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal situación en los
meses de junio y diciembre de cada año. El desarchivamiento de
estos expedientes no generara pago de tasa judicial alguna al tratarse
de un archivo provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar
cuando se ha ejecutado íntegramente la decisión contenida en la
sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00125-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero de
2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente
para su custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin
ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto
deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal situación en los
meses de junio y diciembre de cada año. El desarchivamiento de
estos expedientes no generara pago de tasa judicial alguna al tratarse
de un archivo provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar
cuando se ha ejecutado íntegramente la decisión contenida en la
sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Juez: SALINAS TAMAYO PERCY RONALD
Fecha: 06/03/2017 20:32:45
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: HUAURA/HUAURA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO CIVIL - Sede Jr. Ausejo Salas N° 387
EXPEDIENTE : 00141-2006-0-1308-JR-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : SALINAS TAMAYO PERCY RONALD
CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Secretario: SILVA GONZALES
ALVARO ROMEL ESPECIALISTA : SILVA GONZALES ALVARO ROMEL
Fecha: 07/03/2017 10:20:23
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : EMPRESA DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTES EL
D.Judicial: HUAURA/HUAURA
FIRMA DIGITAL BARQUITO S.A.C ,
DEMANDANTE : NESTLE PERU S.A ,
Resolución Nro. Trece
Huacho, tres de febrero
Del año dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; y, CONSIDERANDO:
1. Mediante escrito de fecha 25 de julio de 2016, NESTLE PERU S.A., solicita se declare al
ejecutado como Deudor Judicial Moroso y su inscripción en el Registro de Deudores
Judiciales Morosos.
2. De la revisión de los autos se observa que por Sentencia de fojas 63/65 se declaró
fundada la demanda, disponiéndose el pago de la suma de S/. 55,224.01, más los
intereses legales a favor del demandante.
3. Mediante Resolución N° 09 de fojas 79 se requirió a la demandada Empresa
Distribuidora y Transportes El Barquito SAC. para que en el plazo de 3 días cumpla con
pagar a favor del demandante la suma adeudada, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, mediante Resolución N° 10 de fojas 90 se requirió a la ejecutad para que
señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados.
4. La empresa deudora hasta la fecha no ha hecho efectivo el pago a favor de la
demandante, por lo que se debe proceder conforme a lo normado por el Artículo 692-A
del Código Procesal civil establece lo siguiente:
“Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la ejecución en primera
instancia, el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, aquel solicitará que se
requiera a este para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes
parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla el mandato de pago, bajo
apercibimiento establecido por el juez, de declarársele deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en
el Registro de Deudores Judiciales Morosos, a solicitud del ejecutante.
El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la etapa procesal de
ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo.”
(subrayado agregado)
5. Al no haberse decretado el apercibimiento conforme a ley, se debe requerir por última
vez a la deudora para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de
gravamen o bienes parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla
el mandato de pago.
6. Asimismo, mediante Oficio N° 238-2016-ALC/MDCL de fecha 26 de setiembre de 2016 de
fojas 103, la Municipalidad Distrital de Santa Leonor solicita variar el domicilio legal de
la Empresa Distribuidora y Transporte el Barquito SAC. , porque en Calle Guillermo
Velásquez N° 184 – Huacho funcionan las oficinas de la Municipalidad Distrital de Santa
Leonor.
7. Habiéndose conferido traslado a la parte demandante con el Oficio N° 238-2016-
ALC/MDCL, esta no ha cumplido con pronunciarse al respecto. Asimismo, la
Municipalidad Distrital de Santa Leonor no es parte en el proceso y no indica donde se
encuentra el nuevo domicilio de la empresa demandada, quien no ha variado su
domicilio procesal; por lo que es improcedente lo solicitado.
Por estas consideraciones, se Resuelve:
a) Requerir a la Empresa Distribuidora y Transportes El Barquito SAC. para que en el
plazo de Cinco días cumpla con señalar uno o más bienes libres de gravamen o
parcialmente gravados, para que con su realización se cumpla el pago a favor de la
demandante, Bajo Apercibimiento de ordenarse su Inscripción en el Registro de
Deudores Judiciales Morosos de conformidad con lo establecido en el Artículo 692-
A del Código Procesal Civil.
b) Declarar Improcedente lo solicitado por la Municipalidad Distrital de Santa Leonor.
Interviniendo el Secretario Judicial que autoriza por disposición superior.-
Notifíquese.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Juez: SALINAS TAMAYO PERCY RONALD
Fecha: 06/03/2017 20:32:45
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: HUAURA/HUAURA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO CIVIL - Sede Jr. Ausejo Salas N° 387
EXPEDIENTE : 00141-2006-0-1308-JR-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : SALINAS TAMAYO PERCY RONALD
CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Secretario: SILVA GONZALES
ALVARO ROMEL ESPECIALISTA : SILVA GONZALES ALVARO ROMEL
Fecha: 07/03/2017 10:20:23
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : EMPRESA DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTES EL
D.Judicial: HUAURA/HUAURA
FIRMA DIGITAL BARQUITO S.A.C ,
DEMANDANTE : NESTLE PERU S.A ,
Resolución Nro. Trece
Huacho, tres de febrero
Del año dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; y, CONSIDERANDO:
1. Mediante escrito de fecha 25 de julio de 2016, NESTLE PERU S.A., solicita se declare al
ejecutado como Deudor Judicial Moroso y su inscripción en el Registro de Deudores
Judiciales Morosos.
2. De la revisión de los autos se observa que por Sentencia de fojas 63/65 se declaró
fundada la demanda, disponiéndose el pago de la suma de S/. 55,224.01, más los
intereses legales a favor del demandante.
3. Mediante Resolución N° 09 de fojas 79 se requirió a la demandada Empresa
Distribuidora y Transportes El Barquito SAC. para que en el plazo de 3 días cumpla con
pagar a favor del demandante la suma adeudada, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, mediante Resolución N° 10 de fojas 90 se requirió a la ejecutad para que
señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados.
4. La empresa deudora hasta la fecha no ha hecho efectivo el pago a favor de la
demandante, por lo que se debe proceder conforme a lo normado por el Artículo 692-A
del Código Procesal civil establece lo siguiente:
“Si al expedirse el auto que resuelve la contradicción y manda llevar adelante la ejecución en primera
instancia, el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del deudor, aquel solicitará que se
requiera a este para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes
parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla el mandato de pago, bajo
apercibimiento establecido por el juez, de declarársele deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en
el Registro de Deudores Judiciales Morosos, a solicitud del ejecutante.
El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la etapa procesal de
ejecución forzada de sentencia derivada de un proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo.”
(subrayado agregado)
5. Al no haberse decretado el apercibimiento conforme a ley, se debe requerir por última
vez a la deudora para que dentro del quinto día señale uno o más bienes libres de
gravamen o bienes parcialmente gravados, a efectos que, con su realización, se cumpla
el mandato de pago.
6. Asimismo, mediante Oficio N° 238-2016-ALC/MDCL de fecha 26 de setiembre de 2016 de
fojas 103, la Municipalidad Distrital de Santa Leonor solicita variar el domicilio legal de
la Empresa Distribuidora y Transporte el Barquito SAC. , porque en Calle Guillermo
Velásquez N° 184 – Huacho funcionan las oficinas de la Municipalidad Distrital de Santa
Leonor.
7. Habiéndose conferido traslado a la parte demandante con el Oficio N° 238-2016-
ALC/MDCL, esta no ha cumplido con pronunciarse al respecto. Asimismo, la
Municipalidad Distrital de Santa Leonor no es parte en el proceso y no indica donde se
encuentra el nuevo domicilio de la empresa demandada, quien no ha variado su
domicilio procesal; por lo que es improcedente lo solicitado.
Por estas consideraciones, se Resuelve:
a) Requerir a la Empresa Distribuidora y Transportes El Barquito SAC. para que en el
plazo de Cinco días cumpla con señalar uno o más bienes libres de gravamen o
parcialmente gravados, para que con su realización se cumpla el pago a favor de la
demandante, Bajo Apercibimiento de ordenarse su Inscripción en el Registro de
Deudores Judiciales Morosos de conformidad con lo establecido en el Artículo 692-
A del Código Procesal Civil.
b) Declarar Improcedente lo solicitado por la Municipalidad Distrital de Santa Leonor.
Interviniendo el Secretario Judicial que autoriza por disposición superior.-
Notifíquese.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE PPPPUUUUNNNNOOOO
SSSSAAAALLLLAAAA CCCCIIIIVVVVIIIILLLL DDDDEEEE PPPPUUUUNNNNOOOO....
PROCESO DE CONOCIMIENTO:
REIVINDICACIÓN.
1° SALA CIVIL - SEDE PUNO.
EXPEDIENTE : 01387-2007-0-2101-JM-CI-03.
DEMANDANTE : Juan Alberto Pizarro Pérez.
DEMANDADA : Marina de Guerra del Perú.
MATERIA : Reivindicación.
PROCEDE : Tercer Juzgado Civil de Puno.
PONENTE : JS. Percy Lozada Cueva.
_______________________________________________________________
__
SSSSEEEENNNNTTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA DDDDEEEE VVVVIIIISSSSTTTTAAAA
Resolución N° 082
Puno, once de diciembre
de dos mil dieciocho.
&. MATERIA:
1. Es materia de apelación la Resolución número sesenta y ocho
(Sentencia número doscientos setenta y cinco), de fecha veinte de julio de
dos mil dieciséis, EN EL EXTREMO QUE FALLA: I.- DECLARANDO
FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas quince a veintitrés, interpuesta por
JUAN ALBERTO PIZARRO PÉREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA
DEL PERU representada por el Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Defensa; respecto de la PRETENSIÓN de
REINVINDICACIÓN, en consecuencia ORDENA que la MARINA DE
GUERRA DEL PERU RESTITUYA a favor del demandante JUAN ALBERTO
PIZARRO PÉREZ LA POSESIÓN del inmueble situado en la avenida El Puerto
número setecientos cincuenta con un área de quinientos noventa metros
cuadrados (590 m2), que colinda por el Norte, con una línea recta de 20.40
metros lineales con la avenida El Puerto; por el Sur, con una línea recta de
21.45 metros lineales con propiedades particulares; por el Este, con una línea
recta de 28.70 metros lineales con parte de la propiedad de PERU RAIL y otras
propiedades particulares; y, por el Oeste, con una línea recta de 27.95 metros
lineales con la propiedad de Hernán Fernández; y, RECONOCIENDO EL
DERECHO A LA ADJUDICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, en tal
sentido, DISPONE: la adjudicación de las construcciones edificadas en el área
materia de reivindicación, a favor del propietario del inmueble sub materia
(páginas 658 a 670).
&. ANTECEDENTES:
1. Que, la demandada: Marina de Guerra del Perú, a través del
Procurador Público Adjunto de la Marina de Guerra del Perú, interpone
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apelación en contra de la Resolución número sesenta y ocho (Sentencia
número doscientos setenta y cinco), de fecha veinte de julio de dos mil
dieciséis, en el extremo correspondiente a efecto de que sea revocada y
reformándola se declare infundada en todos sus extremos.
2. Que, la Resolución de Vista debe referirse a los fundamentos de
contradicción formulada por el apelante, esto es examinar los errores o vicios
denunciados por el apelante, exigencia derivada del inciso 5) del artículo 139
de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos VII del Título
Preliminar y 366 del Código Procesal Civil.
2.1 LOS SUSTENTOS DE APELACIÓN PRINCIPALMENTE SON LOS
SIGUIENTES:
A) Que, al expedir la sentencia ha vulnerado el principio constitucional de la
tutela jurisdiccional efectiva, al no determinar que la decisión es arbitraria, toda
vez que tenía conocimiento que a la presentación de la demanda de
reivindicación, ya estaba en trámite con una antigüedad mayor a 3 años el
expediente Nº 2004-278-02101-JM-CI-02 sobre prescripción adquisitiva
iniciada por la Marina de Guerra ante el Segundo Juzgado Mixto de Puno, por
estar en posesión del bien desde el año 1978.
B) Que, al momento de sentencia ha contravenido el derecho de defensa y
la tutela jurisdiccional efectiva vulnerando el valor superior del ordenamiento
jurídico como es el de la justicia, en ese sentido debió hacerse la reserva del
fallo disponiendo la suspensión judicial del proceso.
C) Que, el A Quo no ha valorado la falta de acreditación del demandante,
asimismo del proceso se evidencia la falta de interés y legitimidad para obrar
del demandante, por no acreditar documentariamente la relación que el
demandante tendría con los propietarios fallecidos Juan Alberto Pizarro Pizarro
y Lucía Pérez de Pizarro.
D) Que, no se ha valorado que su representada está en posesión de un
bien inmueble en abandono por parte de sus propietarios primigenios, además
el Juzgado no ha valorado que el demandante no ha ofrecido medio de prueba
que lo relacione directamente con el bien objeto de reivindicación, no presente
título de propiedad que lo acredite como tal (páginas 674 a 680).
&. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:
BASE NORMATIVA.-
CÓDIGO CIVIL.-
Artículo 923.- Noción de propiedad.- “La propiedad es el poder jurídico
que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe
ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la
ley”
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Artículo 927.- Acción reinvindicatoria.- “La acción reivindicatoria es
imprescriptible. No procede contra aquél que adquirió el bien por
prescripción”
Artículo 979.- Reinvindicación y defensa del bien común.-
“Cualquier copropietario puede revindicar el bien común. Asimismo,
puede promover las acciones posesorias, los interdictos, las acciones de
desahucio, aviso de despedida y las demás que determine la ley”
(resaltado nuestro).
1. Que, la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar,
disponer y reivindicar un bien, de conformidad al artículo 923 del Código Civil.
Empero, para hacer uso de tal derecho, es presupuesto esencial que el
propietario presente título inobjetable.
1.1 El derecho de reivindicar es el derecho que asiste al propietario de
recurrir a la justicia reclamando el objeto de su propiedad, evitando la
intromisión de un tercero ajeno; para ello, el reclamante debe probar ser el
propietario del bien cuya titularidad ostenta y que el demandado posea
sin tener derecho oponible al demandante; el atributo de la reivindicación
sólo puede ser ejercido por el propietario respecto de un tercero ajeno o
frente a un poseedor no propietario.
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE LA
REPÚBLICA.-
“Que, la acción reivindicatoria es la acción real por excelencia,
siendo procedente que mediante esta acción pueda dilucidarse el
concurso de derechos reales, cuando dos o más personas alegan
derecho de propiedad respecto de un mismo bien inmueble, en razón de
que el atributo de la reivindicación puede ser ejercido por el propietario
respecto de un tercero ajeno, ya sea frente a un poseedor no propietario o
bien contra quien posea sin tener derecho oponible al demandante”. “La
reivindicación es la acción del propietario no poseedor contra el
poseedor no propietario, y quien niegue tal derecho o lo contradice debe
probarlo. Para amparar la acción reivindicatoria, es necesario que el actor
justifique la propiedad del bien reclamado con documento indubitable de
dominio, que demuestre la identidad del bien y que acredite que los
mismos se hallan poseídos o detentados por la parte demandada”
(Expediente N° 7842-98. Lima. Explorador Jurisprudencial. 2007-2008-
Gaceta Jurídica) (resaltado nuestro).
“La acción de reivindicación supone la existencia de un propietario,
con un título ya declarado sobre un determinado bien, en virtud del
cual puede ejercer todos los derechos inherentes a dicha condición”
(Expediente N° 4845-98. Lima. Explorador Jurisprudencial. 2007-
2008-Gaceta Jurídica) (resaltado nuestro).
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“Para que proceda la acción reivindicatoria no solamente basta
acreditar que el demandante tenga un título de dominio sobre el
bien, sino que también los demandados poseen el bien sin contar con un título
que justifique su posesión” (Casación N° 2241-2001-Ayacucho. Data
30,000. El Código Civil en su Jurisprudencia. Diálogo con la
Jurisprudencia. Primera Edición. Mayo 2007. Página: 327. Gaceta
Jurídica SA) (resaltado nuestro).
“La procedencia de la acción reivindicatoria se define por la
concurrencia de los siguientes elementos: A) Que la ejercite el
propietario que no tiene la posesión del bien. B) Que esté destinada
a recuperar el bien, no el derecho de propiedad. C) Que el bien esté
poseído por otro que no sea el dueño. D) Que, el bien sea una cosa
determinada” (Casación N° 3436-2000- Lambayeque. Data 30,000. El
Código Civil en su Jurisprudencia. Diálogo con la Jurisprudencia.
Primera Edición. Mayo 2007. Página: 327. Gaceta Jurídica SA) (resaltado
nuestro).
“(…) La reivindicación es una acción que la dirige el propietario de un
bien contra el ocupante que lo posee indebidamente, para lo cual se
requiere que el actor acredite la propiedad del bien, que el demandado
posea indebidamente, y que se identifique el bien, teniendo por objeto
principal dicha acción la restitución del bien, empero para que ello
ocurra debe existir un examen previo que conduzca a la
declaración jurisdiccional del derecho de propiedad del actor y si
este resulta oponible en forma evidente al demandado, pudiendo
discutirse en este caso el mejor derecho de propiedad, toda vez,
que la reivindicación es la acción real por excelencia (…)” (Casación N°
43-2007-Tacna. Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. El
Peruano: 3 de julio de 2007. Págs.: 20015-20016) (resaltado
nuestro).
&. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO:
DE LA PARTE DEMANDANTE.-
1. Que, la pretensión principal es: “La reivindicación del área de
quinientos noventa metros cuadrados (590 m2) del bien inmueble sito en la
última cuadra del jirón El Puerto signado con el número setecientos cincuenta
que se encuentra en actual posesión de la Marina de Guerra del Perú a través
de su Villa Naval II”; las pretensiones accesorias son: “a) La adjudicación de
la construcción edificada de mala fe en el terreno objeto de reivindicación, b) El
cobro de frutos dejados de percibir por el recurrente e indebidamente
percibidos por la demandada por el usufructo ilegal que viene ejerciendo hasta
por la suma de trescientos sesenta mil nuevos soles (S/. 360,000.00), más los
intereses que se generen hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, y, c)
El pago de costas y costos del proceso” (páginas 15 a 23).
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1.1 LA PARTE DEMANDANTE ALEGA PRINCIPALMENTE LO
SIGUIENTE.-
A) Que, el 6 de setiembre de 1966, Inocencio Mamani Mamani y esposa,
Saturnina Mamani de Mamani, dieron en venta y enajenación perpetua a favor
de sus padres, Juan Alberto Pizarro Pizarro y Lucía Pérez de Pizarro, dos
fundos, uno ubicado en el barrio Orkapata (hoy barrio Mañazo) y otro ubicado
en el sector llamado Muelle Pampa en la parte Este de la población –materia
de reivindicación- cuya medición originaria era de 40 metros de largo por 40
metros de ancho, el mismo que se elevó a escritura pública y se encuentra
inscrita en los registros públicos, en el tomo número 48, folio 17, partida II y
asiento número 1 del Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad.
B) Que, el área cuya reivindicación se pretende asciende a 590 metros
cuadrados (590 m2), que se encuentra en posesión de la Marina de Guerra del
Perú a través de Villa Naval II.
C) Que, habiendo fallecido su padre y siendo uno de sus sucesores
legales, venía ejerciendo la posesión de manera pacífica y pública del bien
junto con los demás copropietarios del mismo bien, hasta que la Marina de
Guerra del Perú ilegalmente los despojó de la posesión.
D) Que, la Marina de Guerra del Perú planteó una demanda de
prescripción adquisitiva, la misma que se viene ventilando ante el Segundo
Juzgado Mixto de esta ciudad y que a la fecha no cuenta con sentencia
consentida ni ejecutoria, lo cual permite la viabilidad de la presente acción.
E) Que, la Marina de Guerra del Perú, a sabiendas que se encontraba en
posesión del bien y que éste se encuentra inscrito en el registro, procedió a
edificar una construcción de dos plantas, haciendo mal uso del poder naval
que les ha concedido el Estado, por lo que, dicha construcción debe
adjudicársele sin obligación de pagar su valor.
F) Que, respecto de los frutos dejados de percibir por la demandada, se
acreditan por cuanto la Marina de Guerra del Perú, a través de su Villa Naval II,
durante varios años ha hecho uso y disfrute del bien materia a reivindicar para
su funcionamiento, la misma que brinda servicios al personal de dicha
institución (páginas 15 a 23).
DE LA PARTE DEMANDANDA.-
2. Que, la parte demandada: Marina de Guerra del Perú, representada
por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio
de defensa relativos a la Marina de Guerra del Perú, absuelve el traslado de
la demanda solicitando que la misma sea declarada infundada o improcedente.
2.1 LA PARTE DEMANDADA ALEGA PRINCIPALMENTE LO SIGUIENTE.-
A) Que, la Marina de Guerra del Perú, se encuentra en posesión pacifica,
continua, pública del inmueble materia de litis desde el año 1978, a través de la
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capitanía del puerto de Puno, constituyendo anteriormente la Comandancia de
Flotilla Patrulleras Lacustres.
B) Que, las construcciones existentes en el inmueble sub litis datan de
hace 30 años, época en la que el terreno se encontraba deshabitado, razón
por la cual se realizó la posesión pacífica y pública del mismo, asimismo, se
realizó la declaración de impuestos y arbitrios ante la autoridad municipal.
C) Que, se encuentran en posesión del bien inmueble por más de treinta
años, por lo cual se presentó la demanda de prescripción adquisitiva de
dominio, debiendo considerarse que el derecho de propiedad que alega el
demandante se extinguió, dado que, al pasar más de veinte años de abandono
del bien, éste pasa a ser propiedad del Estado.
D) Que, el pago de usufructo solicitado, resulta improcedente, pues no se
justifica en razón objetiva, constituyéndose en un medio de enriquecimiento
coyuntural (páginas 49 a 56).
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES.-
3. Que, el derecho de reivindicar es el derecho que asiste al propietario
de recurrir a la justicia reclamando el objeto de su propiedad, evitando la
intromisión de un tercero ajeno; para ello, el reclamante debe probar ser el
propietario del bien cuya titularidad ostenta y que el demandado posea
sin tener derecho oponible al demandante; el atributo de la reivindicación
sólo puede ser ejercido por el propietario respecto de un tercero ajeno o
frente a un poseedor no propietario.
3.1 En tal sentido, a fin de determinar el derecho del demandante a
reivindicar el bien inmueble materia de proceso, ubicado en la última cuadra
del jirón El Puerto Nº 750 que tiene un área de 590 m2.
DERECHO DE PROPIEDAD DE LA PARTE DEMANDANTE.-
4. Que, de la revisión del proceso se aprecia que la parte demandante
acredita su derecho de propiedad con los siguientes medios probatorios:
4.1 El Tracto Sucesivo del derecho de propiedad del inmueble, materia
del proceso, se acredita de acuerdo al siguiente detalle:
A) La Escritura Pública de Compraventa, de fecha 6 de setiembre de
1966, otorgada por don Inocencio Mamani Mamani y doña Saturnina
Mamani de Mamani, como vendedores, a favor de don Juan Alberto
Pizarro Pizarro y de doña Lucía Pérez Ochoa de Pizarro, como
compradores. Acto jurídico en el que expresa la venta de dos lotes, el
primero: Fundo ubicado en el barrio Orcopata hacía la parte oeste de la
población de Puno; y, el segundo: lote -materia de reivindicación- ubicado
en el sector llamado Muelle Pampa, en la parte este de la población, que mide
40 metros de largo por 40 de ancho y colinda por el Norte con propiedades de
la Peruvian Corporation y la línea del ferrocarril por medio, por el Sur, con
Julián Cruz Calsin, por el Este con el lago Titicaca y por el Oeste con el resto
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de sus propiedades, dejando constancia que en el lado este tiene un accesorio
al lago (ver páginas 3 a 6).
B) Inscripción Primera de Dominio de fundo urbano llamado “Muelle
Pampa”, ubicado en el sector este de la población de Puno, de fecha 26 de
enero de 1970, inscrita en la Partida Nº 02000276, Tomo 48 Foja 17 en el
Registro de Propiedad Inmueble, inscrita a nombre de Juan Alberto Pizarro
y Lucía Pérez de Pizarro (ver página 350).
C) Declaratoria de Herederos de don Juan Alberto Pizarro Pizarro,
inscrita en la Partida Nº 02034079, Tomo 8, Foja 421, de fecha 2 de mayo
de 1991, por la cual se declara el fallecimiento ab intestato del que en vida fue
Juan Alberto Pizarro Pizarro, y declara como sus herederos universales a Lucia
Pérez Ochoa viudad de Pizarro como cónyuge sobreviviente y a sus hijos
María Luisa Pizarro Pérez, Elva Tula Pizarro Pérez, Juan Alberto Pizarro
Pérez y Juana Esperanza Pizarro Pérez (ver página 7)
D) Inscripción de independización de un lote de terreno urbano sito en
la parte este de la ciudad de Puno, en la Partida Nº 05002819, Tomo 55,
Foja 16, y la Partida Nº 05003405, Tomo 59, Foja 109 de Propiedad
inmueble, en los cuales se observa que se independiza 600 m2 del área total
del bien, a favor de terceras personas (ver páginas 562 a 567).
4.2 Que, de lo señalado, se tiene que con el tracto sucesivo detallado, el
demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez, ha acreditado ser copropietario
del bien inmueble ubicado en la última cuadra del jirón El Puerto de esta
ciudad de Puno, antes denominado fundo urbano “Muelle Pampa”,
ubicado en el sector este de la población de Puno, quien lo tiene adquirido
por declaratoria de herederos de quien en vida fue su padre Juan Alberto
Pizarro Pizarro, quien adquiere el bien juntamente con su esposa Lucía Pérez
Ochoa de Pizarro, y a favor de quien se realiza la primera inscripción de
dominio.
DE LA POSESIÓN DE LA PARTE DEMANDADA.-
5. Que, el demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez, dirige la demanda
en contra de la Marina de Guerra del Perú, señalando que el inmueble materia
de reivindicación estaría en posesión de la demandada (ver en concreto página
17), afirmación que ha sido aceptada por la demandada: Marina de Guerra
de Perú, quien al contestar la demanda señala que desde el año 1978 se
encuentra en posesión del referido bien (ver en concreto página 50).
5.1 Lo señalado por el demandante y demandada, ha sido corroborado
con la diligencia de inspección judicial, realizada por el Juez del proceso,
en el inmueble materia de reivindicación, donde se ha constatado que la
demandada: Marina de Guerra de Perú, se halla en posesión, donde existe
construcciones de cemento y ladrillo, pertenecientes a la demandada (ver en
detalle páginas 236 a 241).
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5.2 Con lo que se acredita, que la demandada: Marina de Guerra de Perú,
se encuentra en posesión del bien inmueble ubicado en la última cuadra
del jirón El Puerto de esta ciudad de Puno, antes denominado fundo
urbano “Muelle Pampa”, ubicado en el Sector Este de la población de
Puno.
DE LA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN MATERIA DE REIVINDICACIÓN.-
6. Mediante la Escritura Pública de Compraventa, de fecha 6 de
setiembre de 1966, don Juan Alberto Pizarro Pizarro y de doña Lucía Pérez
Ochoa de Pizarro, adquieren dos lotes, entre ellos el bien inmueble –materia
de reivindicación-, ubicado en el sector llamado Muelle Pampa, en la parte
este de la población de Puno, de sus anteriores propietarios Inocencio
Mamani Mamani y esposa Saturnina Mamani de Mamani, que mide 40 metros
de largo por 40 de ancho (equivalente a 1600 m2), y colinda por el Norte con
propiedades de la Peruvian Corporation y la línea del ferrocarril por medio, por
el Sur, con Julián Cruz Calsin, por el Este con el lago Titicaca y por el Oeste
con el resto de sus propiedades, dejando constancia que en el lado este tiene
un accesorio al lago (ver páginas 3 a 6).
6.1 Con tales características, el citado bien inmueble es inscrito en su
Inscripción Primera de Dominio, en fecha 26 de enero de 1970, en la
Partida Nº 02000276, Tomo 48, Foja 17 en el Registro de Propiedad
Inmueble (ver página 350).
6.2 Posteriormente del área total del bien 1600 m2, se independiza a favor
de terceros, 600 m2, conforme se acredita con las Partidas Nº 05002819,
Tomo 55, Foja 16, y la Partida Nº 05003405, Tomo 59, Foja 109 de
Propiedad inmueble (ver páginas 562 a 567).
6.3 Del área restante que asciende a 1000 m2 aproximadamente el
demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez, pretende la reivindicación de
590 m2, indicando sus características en su escrito de demanda, que colinda
por el Norte con una línea recta de 20.40 ml. Con la avenida El Puerto, por el
Sur en línea recta de 21.45 ml y colinda con propiedades particulares, por el
Este con una línea recta de 28.70 ml. y colinda con propiedad de PERU RAIL
(antes ENAFER) y otra con propiedad de particulares y por el Oeste con línea
recta de 27.95 ml y colinda con propiedad de señor Hernán Fernández.
6.4 De lo señalado, se observa que el bien materia de reivindicación se
encuentra debidamente individualizado, ubicado en la última cuadra del
jirón El Puerto que tiene un área de 590 m2, con las colindancias por el Norte
con una línea recta de 20.40 ml. Con la avenida El Puerto, por el Sur en línea
recta de 21.45 ml y colinda con propiedades particulares, por el Este con una
línea recta de 28.70 ml. y colinda con propiedad de PERU RAIL (antes
ENAFER) y otra con propiedad de particulares y por el Oeste con línea recta
de 27.95 ml y colinda con propiedad de señor Hernán Fernández.
DEL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.-
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7. La demandada: Marina de Guerra de Perú, refiere haber iniciado
proceso de prescripción adquisitiva, ante el Segundo Juzgado Civil de
Puno, Proceso Civil – Expediente Nº 278-2004-0-2104-JM-CI-02, respecto
del bien materia de reivindicación dirigiéndola en contra de la sucesión de Juan
Alberto Pizarro Pizarro, ello en mérito por estar en posesión del bien por más
de 30 años, en forma pacífica y pública, afirmación que se acredita con las
copias del autoadmisorio, Resolución Nº 1, de fecha 30 de junio de 2004 (ver
página 377), y actuados de páginas 521 a 555.
7.1 De la revisión del Sistema Integrado de Justicia – SIJ, de la Corte
Superior de Justicia de Puno, se advierte, que en el Proceso Civil –
Expediente Nº 00278-2004-0-2104-JM-CI-02, la emisión de la Resolución N°
146, de fecha 17 de octubre de 2017, mediante la cual resuelve DAR por
concluido el presente proceso, seguido por Procurador Público de la Marina
de Guerra del Perú, en contra de Elva Tula Pizarro Pérez y otros, sobre
prescripción adquisitiva de dominio, sin declaración sobre el fondo (…),
resolución que no ha sido materia de impugnación por las partes del proceso
(ver páginas 746 a 747).
7.2 Siendo así, se determina que la demandada: Marina de Guerra de
Perú, no acredita que el referido proceso haya concluido con sentencia
favorable que sustente su derecho de propiedad respecto del bien materia de
reivindicación, por tanto no existe medio probatorio que se oponga al derecho
de propiedad del demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez.
8. En relación a la adjudicación de la construcción edificada de mala
fe en terreno ajeno, solicitada como pretensión accesoria por el demandante:
Juan Alberto Pizarro Pérez, se tiene que el artículo 943 del Código Civil.-
Edificación de mala fe en terreno ajeno: “Cuando se edifique de mala fe en
terreno ajeno, el dueño puede exigir la demolición de lo edificado si le causare
perjuicio, más el pago de la indemnización correspondiente o hacer suyo lo
edificado sin obligación de pagar su valor”.
8.1 Del análisis realizado en los fundamentos precedentes, se determina
que la demandada: Marina de Guerra de Perú, no ha acreditado su derecho
sobre el bien materia de reivindicación, en ese sentido resulta procedente
amparar la pretensión accesoria del demandante, al haberse acreditado su
derecho de propiedad.
DECISIÓN A ADOPTAR.-
9. Por lo expuesto, la acción de reivindicación es procedente, por cuanto
en el presente caso, han concurrido los siguientes elementos: A) Que, la
ejercite el propietario que no tiene la posesión del bien. B) Que, esté destinada
a recuperar el bien, no el derecho de propiedad. C) Que, el bien esté
poseído por otro que no sea el dueño. D) Que, el bien sea una cosa
determinada” (criterio jurisdiccional expuesto en la Casación N° 3436-
2000-Lambayeque).
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9.1 Que, por tanto, al presentarse los elementos concurrentes para la
procedencia de la acción de reivindicación, de acuerdo a los fundamentos
expuestos en la presente Resolución de Vista, corresponde estimar la
pretensión de reivindicación y por ende confirmar la resolución impugnada, en
sus propios fundamentos.
DE LOS SUSTENTOS DE APELACIÓN.-
10. Que, en cuanto a los sustentos de apelación del Acápite A): Que, al
expedir la sentencia ha vulnerado el principio constitucional de la tutela
jurisdiccional efectiva, al no determinar que la decisión es arbitraria, toda vez
que tenía conocimiento que a la presentación de la demanda de reivindicación,
ya estaba en trámite con una antigüedad mayor a 3 años el expediente Nº
2004-278-02101-JM-CI-02 sobre prescripción adquisitiva iniciada por la Marina
de Guerra ante el Segundo Juzgado Mixto de Puno, por estar en posesión del
bien desde el año 1978.
En cuanto a los sustentos de apelación del Acápite B): Que, al momento de
sentencia ha contravenido el derecho de defensa y la tutela jurisdiccional
efectiva vulnerando el valor superior del ordenamiento jurídico como es el de la
justicia, en ese sentido debió hacerse la reserva del fallo disponiendo la
suspensión judicial del proceso.
De los sustentos de apelación del Acápite C): Que, el A Quo no ha valorado
la falta de acreditación del demandante, asimismo del proceso se evidencia la
falta de interés y legitimidad para obrar del demandante, por no acreditar
documentariamente la relación que el demandante tendría con los propietarios
fallecidos Juan Alberto Pizarro Pizarro y Lucía Pérez de Pizarro.
Y de los sustentos de apelación del Acápite D): Que, no se ha valorado que
su representada está en posesión de un bien inmueble en abandono por parte
de sus propietarios primigenios, además el Juzgado no ha valorado que el
demandante no ha ofrecido medio de prueba que lo relacione directamente con
el bien objeto de reivindicación, no presente título de propiedad que lo acredite
como tal.
Se tiene que, los sustentos de apelación carecen de amparo legal, en mérito a
los fundamentos ampliamente señalados en la presente Resolución de Vista.
Por tanto, los sustentos de apelación quedan desvirtuados.
11. Que, de conformidad al artículo 196 del Código Procesal Civil: “Salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando
nuevos hechos”.
Asimismo, el artículo 197 del Código acotado que prescribe: “Todos los
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su
apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”.
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12. Que, por lo demás, no se advierte que durante la tramitación del
presente proceso, se haya afectado y/o vulnerado el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva y el debido proceso, consagrados en el inciso 3) del
artículo 139 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo
7 del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado
por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, por lo que de acuerdo a los artículos 196
y 197 del Código Procesal Civil y, por estos fundamentos, se toma la decisión
siguiente.
&. DECISIÓN:
1. CONFIRMARON la Resolución número sesenta y ocho (Sentencia
número doscientos setenta y cinco), de fecha veinte de julio de dos mil
dieciséis, EN EL EXTREMO QUE FALLA: I.- DECLARANDO FUNDADA EN
PARTE la demanda de fojas quince a veintitrés, interpuesta por JUAN
ALBERTO PIZARRO PÉREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA DEL
PERU representada por el Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Defensa; respecto de la PRETENSIÓN de
REINVINDICACIÓN, en consecuencia ORDENA que la MARINA DE
GUERRA DEL PERU RESTITUYA a favor del demandante JUAN ALBERTO
PIZARRO PÉREZ LA POSESIÓN del inmueble situado en la avenida El Puerto
número setecientos cincuenta con un área de quinientos noventa metros
cuadrados (590 m2), que colinda por el Norte, con una línea recta de 20.40
metros lineales con la avenida El Puerto; por el Sur, con una línea recta de
21.45 metros lineales con propiedades particulares; por el Este, con una línea
recta de 28.70 metros lineales con parte de la propiedad de PERU RAIL y otras
propiedades particulares; y, por el Oeste, con una línea recta de 27.95 metros
lineales con la propiedad de Hernán Fernández; y, RECONOCIENDO EL
DERECHO A LA ADJUDICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, en tal
sentido, DISPONE: la adjudicación de las construcciones edificadas en el área
materia de reivindicación, a favor del propietario del inmueble sub materia.
2. DISPUSIERON a Secretaría de Sala que los actuados del Proceso N°
Nº 00278-2004-0-2104-JM-CI-02, que han sido visualizados e impresos por
este Colegiado, y que han servido de sustento para la decisión de la presente
Resolución de Vista, sean foliados y agregados al proceso principal, con
arreglo a Ley; y los devolvieron. TR y HS.
S.S.
LOZADA CUEVA
DIAZ HAYTARA
APAZA GONZALES.
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EXPEDIENTE : 01387-2007-0-2101-JM-CI-03.
Demandante : Juan Alberto Pizarro Pérez.
Demandada : Marina de Guerra del Perú.
Materia : Reivindicación.
Resolución N° : 081
Puno, veintinueve de noviembre
de dos mil dieciocho.
Proveyendo el escrito de registro N° 4143-2018,
presentado por Juan Alberto Pizarro Perez: Estando la causa al voto, a
conocimiento del señor Juez Superior ponente; y, agréguese a sus
antecedentes.
S.S.
LOZADA CUEVA
DIAZ HAYTARA
APAZA GONZALES
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CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE PPPPUUUUNNNNOOOO
SSSSAAAALLLLAAAA CCCCIIIIVVVVIIIILLLL DDDDEEEE PPPPUUUUNNNNOOOO....
PROCESO DE CONOCIMIENTO:
REIVINDICACIÓN.
1° SALA CIVIL - SEDE PUNO.
EXPEDIENTE : 01387-2007-0-2101-JM-CI-03.
DEMANDANTE : Juan Alberto Pizarro Pérez.
DEMANDADA : Marina de Guerra del Perú.
MATERIA : Reivindicación.
PROCEDE : Tercer Juzgado Civil de Puno.
PONENTE : JS. Percy Lozada Cueva.
_______________________________________________________________
__
SSSSEEEENNNNTTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA DDDDEEEE VVVVIIIISSSSTTTTAAAA
Resolución N° 082
Puno, once de diciembre
de dos mil dieciocho.
&. MATERIA:
1. Es materia de apelación la Resolución número sesenta y ocho
(Sentencia número doscientos setenta y cinco), de fecha veinte de julio de
dos mil dieciséis, EN EL EXTREMO QUE FALLA: I.- DECLARANDO
FUNDADA EN PARTE la demanda de fojas quince a veintitrés, interpuesta por
JUAN ALBERTO PIZARRO PÉREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA
DEL PERU representada por el Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Defensa; respecto de la PRETENSIÓN de
REINVINDICACIÓN, en consecuencia ORDENA que la MARINA DE
GUERRA DEL PERU RESTITUYA a favor del demandante JUAN ALBERTO
PIZARRO PÉREZ LA POSESIÓN del inmueble situado en la avenida El Puerto
número setecientos cincuenta con un área de quinientos noventa metros
cuadrados (590 m2), que colinda por el Norte, con una línea recta de 20.40
metros lineales con la avenida El Puerto; por el Sur, con una línea recta de
21.45 metros lineales con propiedades particulares; por el Este, con una línea
recta de 28.70 metros lineales con parte de la propiedad de PERU RAIL y otras
propiedades particulares; y, por el Oeste, con una línea recta de 27.95 metros
lineales con la propiedad de Hernán Fernández; y, RECONOCIENDO EL
DERECHO A LA ADJUDICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, en tal
sentido, DISPONE: la adjudicación de las construcciones edificadas en el área
materia de reivindicación, a favor del propietario del inmueble sub materia
(páginas 658 a 670).
&. ANTECEDENTES:
1. Que, la demandada: Marina de Guerra del Perú, a través del
Procurador Público Adjunto de la Marina de Guerra del Perú, interpone
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apelación en contra de la Resolución número sesenta y ocho (Sentencia
número doscientos setenta y cinco), de fecha veinte de julio de dos mil
dieciséis, en el extremo correspondiente a efecto de que sea revocada y
reformándola se declare infundada en todos sus extremos.
2. Que, la Resolución de Vista debe referirse a los fundamentos de
contradicción formulada por el apelante, esto es examinar los errores o vicios
denunciados por el apelante, exigencia derivada del inciso 5) del artículo 139
de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos VII del Título
Preliminar y 366 del Código Procesal Civil.
2.1 LOS SUSTENTOS DE APELACIÓN PRINCIPALMENTE SON LOS
SIGUIENTES:
A) Que, al expedir la sentencia ha vulnerado el principio constitucional de la
tutela jurisdiccional efectiva, al no determinar que la decisión es arbitraria, toda
vez que tenía conocimiento que a la presentación de la demanda de
reivindicación, ya estaba en trámite con una antigüedad mayor a 3 años el
expediente Nº 2004-278-02101-JM-CI-02 sobre prescripción adquisitiva
iniciada por la Marina de Guerra ante el Segundo Juzgado Mixto de Puno, por
estar en posesión del bien desde el año 1978.
B) Que, al momento de sentencia ha contravenido el derecho de defensa y
la tutela jurisdiccional efectiva vulnerando el valor superior del ordenamiento
jurídico como es el de la justicia, en ese sentido debió hacerse la reserva del
fallo disponiendo la suspensión judicial del proceso.
C) Que, el A Quo no ha valorado la falta de acreditación del demandante,
asimismo del proceso se evidencia la falta de interés y legitimidad para obrar
del demandante, por no acreditar documentariamente la relación que el
demandante tendría con los propietarios fallecidos Juan Alberto Pizarro Pizarro
y Lucía Pérez de Pizarro.
D) Que, no se ha valorado que su representada está en posesión de un
bien inmueble en abandono por parte de sus propietarios primigenios, además
el Juzgado no ha valorado que el demandante no ha ofrecido medio de prueba
que lo relacione directamente con el bien objeto de reivindicación, no presente
título de propiedad que lo acredite como tal (páginas 674 a 680).
&. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:
BASE NORMATIVA.-
CÓDIGO CIVIL.-
Artículo 923.- Noción de propiedad.- “La propiedad es el poder jurídico
que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe
ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la
ley”
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Artículo 927.- Acción reinvindicatoria.- “La acción reivindicatoria es
imprescriptible. No procede contra aquél que adquirió el bien por
prescripción”
Artículo 979.- Reinvindicación y defensa del bien común.-
“Cualquier copropietario puede revindicar el bien común. Asimismo,
puede promover las acciones posesorias, los interdictos, las acciones de
desahucio, aviso de despedida y las demás que determine la ley”
(resaltado nuestro).
1. Que, la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar,
disponer y reivindicar un bien, de conformidad al artículo 923 del Código Civil.
Empero, para hacer uso de tal derecho, es presupuesto esencial que el
propietario presente título inobjetable.
1.1 El derecho de reivindicar es el derecho que asiste al propietario de
recurrir a la justicia reclamando el objeto de su propiedad, evitando la
intromisión de un tercero ajeno; para ello, el reclamante debe probar ser el
propietario del bien cuya titularidad ostenta y que el demandado posea
sin tener derecho oponible al demandante; el atributo de la reivindicación
sólo puede ser ejercido por el propietario respecto de un tercero ajeno o
frente a un poseedor no propietario.
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE SUPREMA DE LA
REPÚBLICA.-
“Que, la acción reivindicatoria es la acción real por excelencia,
siendo procedente que mediante esta acción pueda dilucidarse el
concurso de derechos reales, cuando dos o más personas alegan
derecho de propiedad respecto de un mismo bien inmueble, en razón de
que el atributo de la reivindicación puede ser ejercido por el propietario
respecto de un tercero ajeno, ya sea frente a un poseedor no propietario o
bien contra quien posea sin tener derecho oponible al demandante”. “La
reivindicación es la acción del propietario no poseedor contra el
poseedor no propietario, y quien niegue tal derecho o lo contradice debe
probarlo. Para amparar la acción reivindicatoria, es necesario que el actor
justifique la propiedad del bien reclamado con documento indubitable de
dominio, que demuestre la identidad del bien y que acredite que los
mismos se hallan poseídos o detentados por la parte demandada”
(Expediente N° 7842-98. Lima. Explorador Jurisprudencial. 2007-2008-
Gaceta Jurídica) (resaltado nuestro).
“La acción de reivindicación supone la existencia de un propietario,
con un título ya declarado sobre un determinado bien, en virtud del
cual puede ejercer todos los derechos inherentes a dicha condición”
(Expediente N° 4845-98. Lima. Explorador Jurisprudencial. 2007-
2008-Gaceta Jurídica) (resaltado nuestro).
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“Para que proceda la acción reivindicatoria no solamente basta
acreditar que el demandante tenga un título de dominio sobre el
bien, sino que también los demandados poseen el bien sin contar con un título
que justifique su posesión” (Casación N° 2241-2001-Ayacucho. Data
30,000. El Código Civil en su Jurisprudencia. Diálogo con la
Jurisprudencia. Primera Edición. Mayo 2007. Página: 327. Gaceta
Jurídica SA) (resaltado nuestro).
“La procedencia de la acción reivindicatoria se define por la
concurrencia de los siguientes elementos: A) Que la ejercite el
propietario que no tiene la posesión del bien. B) Que esté destinada
a recuperar el bien, no el derecho de propiedad. C) Que el bien esté
poseído por otro que no sea el dueño. D) Que, el bien sea una cosa
determinada” (Casación N° 3436-2000- Lambayeque. Data 30,000. El
Código Civil en su Jurisprudencia. Diálogo con la Jurisprudencia.
Primera Edición. Mayo 2007. Página: 327. Gaceta Jurídica SA) (resaltado
nuestro).
“(…) La reivindicación es una acción que la dirige el propietario de un
bien contra el ocupante que lo posee indebidamente, para lo cual se
requiere que el actor acredite la propiedad del bien, que el demandado
posea indebidamente, y que se identifique el bien, teniendo por objeto
principal dicha acción la restitución del bien, empero para que ello
ocurra debe existir un examen previo que conduzca a la
declaración jurisdiccional del derecho de propiedad del actor y si
este resulta oponible en forma evidente al demandado, pudiendo
discutirse en este caso el mejor derecho de propiedad, toda vez,
que la reivindicación es la acción real por excelencia (…)” (Casación N°
43-2007-Tacna. Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. El
Peruano: 3 de julio de 2007. Págs.: 20015-20016) (resaltado
nuestro).
&. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO:
DE LA PARTE DEMANDANTE.-
1. Que, la pretensión principal es: “La reivindicación del área de
quinientos noventa metros cuadrados (590 m2) del bien inmueble sito en la
última cuadra del jirón El Puerto signado con el número setecientos cincuenta
que se encuentra en actual posesión de la Marina de Guerra del Perú a través
de su Villa Naval II”; las pretensiones accesorias son: “a) La adjudicación de
la construcción edificada de mala fe en el terreno objeto de reivindicación, b) El
cobro de frutos dejados de percibir por el recurrente e indebidamente
percibidos por la demandada por el usufructo ilegal que viene ejerciendo hasta
por la suma de trescientos sesenta mil nuevos soles (S/. 360,000.00), más los
intereses que se generen hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, y, c)
El pago de costas y costos del proceso” (páginas 15 a 23).
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1.1 LA PARTE DEMANDANTE ALEGA PRINCIPALMENTE LO
SIGUIENTE.-
A) Que, el 6 de setiembre de 1966, Inocencio Mamani Mamani y esposa,
Saturnina Mamani de Mamani, dieron en venta y enajenación perpetua a favor
de sus padres, Juan Alberto Pizarro Pizarro y Lucía Pérez de Pizarro, dos
fundos, uno ubicado en el barrio Orkapata (hoy barrio Mañazo) y otro ubicado
en el sector llamado Muelle Pampa en la parte Este de la población –materia
de reivindicación- cuya medición originaria era de 40 metros de largo por 40
metros de ancho, el mismo que se elevó a escritura pública y se encuentra
inscrita en los registros públicos, en el tomo número 48, folio 17, partida II y
asiento número 1 del Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad.
B) Que, el área cuya reivindicación se pretende asciende a 590 metros
cuadrados (590 m2), que se encuentra en posesión de la Marina de Guerra del
Perú a través de Villa Naval II.
C) Que, habiendo fallecido su padre y siendo uno de sus sucesores
legales, venía ejerciendo la posesión de manera pacífica y pública del bien
junto con los demás copropietarios del mismo bien, hasta que la Marina de
Guerra del Perú ilegalmente los despojó de la posesión.
D) Que, la Marina de Guerra del Perú planteó una demanda de
prescripción adquisitiva, la misma que se viene ventilando ante el Segundo
Juzgado Mixto de esta ciudad y que a la fecha no cuenta con sentencia
consentida ni ejecutoria, lo cual permite la viabilidad de la presente acción.
E) Que, la Marina de Guerra del Perú, a sabiendas que se encontraba en
posesión del bien y que éste se encuentra inscrito en el registro, procedió a
edificar una construcción de dos plantas, haciendo mal uso del poder naval
que les ha concedido el Estado, por lo que, dicha construcción debe
adjudicársele sin obligación de pagar su valor.
F) Que, respecto de los frutos dejados de percibir por la demandada, se
acreditan por cuanto la Marina de Guerra del Perú, a través de su Villa Naval II,
durante varios años ha hecho uso y disfrute del bien materia a reivindicar para
su funcionamiento, la misma que brinda servicios al personal de dicha
institución (páginas 15 a 23).
DE LA PARTE DEMANDANDA.-
2. Que, la parte demandada: Marina de Guerra del Perú, representada
por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio
de defensa relativos a la Marina de Guerra del Perú, absuelve el traslado de
la demanda solicitando que la misma sea declarada infundada o improcedente.
2.1 LA PARTE DEMANDADA ALEGA PRINCIPALMENTE LO SIGUIENTE.-
A) Que, la Marina de Guerra del Perú, se encuentra en posesión pacifica,
continua, pública del inmueble materia de litis desde el año 1978, a través de la
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capitanía del puerto de Puno, constituyendo anteriormente la Comandancia de
Flotilla Patrulleras Lacustres.
B) Que, las construcciones existentes en el inmueble sub litis datan de
hace 30 años, época en la que el terreno se encontraba deshabitado, razón
por la cual se realizó la posesión pacífica y pública del mismo, asimismo, se
realizó la declaración de impuestos y arbitrios ante la autoridad municipal.
C) Que, se encuentran en posesión del bien inmueble por más de treinta
años, por lo cual se presentó la demanda de prescripción adquisitiva de
dominio, debiendo considerarse que el derecho de propiedad que alega el
demandante se extinguió, dado que, al pasar más de veinte años de abandono
del bien, éste pasa a ser propiedad del Estado.
D) Que, el pago de usufructo solicitado, resulta improcedente, pues no se
justifica en razón objetiva, constituyéndose en un medio de enriquecimiento
coyuntural (páginas 49 a 56).
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES.-
3. Que, el derecho de reivindicar es el derecho que asiste al propietario
de recurrir a la justicia reclamando el objeto de su propiedad, evitando la
intromisión de un tercero ajeno; para ello, el reclamante debe probar ser el
propietario del bien cuya titularidad ostenta y que el demandado posea
sin tener derecho oponible al demandante; el atributo de la reivindicación
sólo puede ser ejercido por el propietario respecto de un tercero ajeno o
frente a un poseedor no propietario.
3.1 En tal sentido, a fin de determinar el derecho del demandante a
reivindicar el bien inmueble materia de proceso, ubicado en la última cuadra
del jirón El Puerto Nº 750 que tiene un área de 590 m2.
DERECHO DE PROPIEDAD DE LA PARTE DEMANDANTE.-
4. Que, de la revisión del proceso se aprecia que la parte demandante
acredita su derecho de propiedad con los siguientes medios probatorios:
4.1 El Tracto Sucesivo del derecho de propiedad del inmueble, materia
del proceso, se acredita de acuerdo al siguiente detalle:
A) La Escritura Pública de Compraventa, de fecha 6 de setiembre de
1966, otorgada por don Inocencio Mamani Mamani y doña Saturnina
Mamani de Mamani, como vendedores, a favor de don Juan Alberto
Pizarro Pizarro y de doña Lucía Pérez Ochoa de Pizarro, como
compradores. Acto jurídico en el que expresa la venta de dos lotes, el
primero: Fundo ubicado en el barrio Orcopata hacía la parte oeste de la
población de Puno; y, el segundo: lote -materia de reivindicación- ubicado
en el sector llamado Muelle Pampa, en la parte este de la población, que mide
40 metros de largo por 40 de ancho y colinda por el Norte con propiedades de
la Peruvian Corporation y la línea del ferrocarril por medio, por el Sur, con
Julián Cruz Calsin, por el Este con el lago Titicaca y por el Oeste con el resto
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de sus propiedades, dejando constancia que en el lado este tiene un accesorio
al lago (ver páginas 3 a 6).
B) Inscripción Primera de Dominio de fundo urbano llamado “Muelle
Pampa”, ubicado en el sector este de la población de Puno, de fecha 26 de
enero de 1970, inscrita en la Partida Nº 02000276, Tomo 48 Foja 17 en el
Registro de Propiedad Inmueble, inscrita a nombre de Juan Alberto Pizarro
y Lucía Pérez de Pizarro (ver página 350).
C) Declaratoria de Herederos de don Juan Alberto Pizarro Pizarro,
inscrita en la Partida Nº 02034079, Tomo 8, Foja 421, de fecha 2 de mayo
de 1991, por la cual se declara el fallecimiento ab intestato del que en vida fue
Juan Alberto Pizarro Pizarro, y declara como sus herederos universales a Lucia
Pérez Ochoa viudad de Pizarro como cónyuge sobreviviente y a sus hijos
María Luisa Pizarro Pérez, Elva Tula Pizarro Pérez, Juan Alberto Pizarro
Pérez y Juana Esperanza Pizarro Pérez (ver página 7)
D) Inscripción de independización de un lote de terreno urbano sito en
la parte este de la ciudad de Puno, en la Partida Nº 05002819, Tomo 55,
Foja 16, y la Partida Nº 05003405, Tomo 59, Foja 109 de Propiedad
inmueble, en los cuales se observa que se independiza 600 m2 del área total
del bien, a favor de terceras personas (ver páginas 562 a 567).
4.2 Que, de lo señalado, se tiene que con el tracto sucesivo detallado, el
demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez, ha acreditado ser copropietario
del bien inmueble ubicado en la última cuadra del jirón El Puerto de esta
ciudad de Puno, antes denominado fundo urbano “Muelle Pampa”,
ubicado en el sector este de la población de Puno, quien lo tiene adquirido
por declaratoria de herederos de quien en vida fue su padre Juan Alberto
Pizarro Pizarro, quien adquiere el bien juntamente con su esposa Lucía Pérez
Ochoa de Pizarro, y a favor de quien se realiza la primera inscripción de
dominio.
DE LA POSESIÓN DE LA PARTE DEMANDADA.-
5. Que, el demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez, dirige la demanda
en contra de la Marina de Guerra del Perú, señalando que el inmueble materia
de reivindicación estaría en posesión de la demandada (ver en concreto página
17), afirmación que ha sido aceptada por la demandada: Marina de Guerra
de Perú, quien al contestar la demanda señala que desde el año 1978 se
encuentra en posesión del referido bien (ver en concreto página 50).
5.1 Lo señalado por el demandante y demandada, ha sido corroborado
con la diligencia de inspección judicial, realizada por el Juez del proceso,
en el inmueble materia de reivindicación, donde se ha constatado que la
demandada: Marina de Guerra de Perú, se halla en posesión, donde existe
construcciones de cemento y ladrillo, pertenecientes a la demandada (ver en
detalle páginas 236 a 241).
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5.2 Con lo que se acredita, que la demandada: Marina de Guerra de Perú,
se encuentra en posesión del bien inmueble ubicado en la última cuadra
del jirón El Puerto de esta ciudad de Puno, antes denominado fundo
urbano “Muelle Pampa”, ubicado en el Sector Este de la población de
Puno.
DE LA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN MATERIA DE REIVINDICACIÓN.-
6. Mediante la Escritura Pública de Compraventa, de fecha 6 de
setiembre de 1966, don Juan Alberto Pizarro Pizarro y de doña Lucía Pérez
Ochoa de Pizarro, adquieren dos lotes, entre ellos el bien inmueble –materia
de reivindicación-, ubicado en el sector llamado Muelle Pampa, en la parte
este de la población de Puno, de sus anteriores propietarios Inocencio
Mamani Mamani y esposa Saturnina Mamani de Mamani, que mide 40 metros
de largo por 40 de ancho (equivalente a 1600 m2), y colinda por el Norte con
propiedades de la Peruvian Corporation y la línea del ferrocarril por medio, por
el Sur, con Julián Cruz Calsin, por el Este con el lago Titicaca y por el Oeste
con el resto de sus propiedades, dejando constancia que en el lado este tiene
un accesorio al lago (ver páginas 3 a 6).
6.1 Con tales características, el citado bien inmueble es inscrito en su
Inscripción Primera de Dominio, en fecha 26 de enero de 1970, en la
Partida Nº 02000276, Tomo 48, Foja 17 en el Registro de Propiedad
Inmueble (ver página 350).
6.2 Posteriormente del área total del bien 1600 m2, se independiza a favor
de terceros, 600 m2, conforme se acredita con las Partidas Nº 05002819,
Tomo 55, Foja 16, y la Partida Nº 05003405, Tomo 59, Foja 109 de
Propiedad inmueble (ver páginas 562 a 567).
6.3 Del área restante que asciende a 1000 m2 aproximadamente el
demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez, pretende la reivindicación de
590 m2, indicando sus características en su escrito de demanda, que colinda
por el Norte con una línea recta de 20.40 ml. Con la avenida El Puerto, por el
Sur en línea recta de 21.45 ml y colinda con propiedades particulares, por el
Este con una línea recta de 28.70 ml. y colinda con propiedad de PERU RAIL
(antes ENAFER) y otra con propiedad de particulares y por el Oeste con línea
recta de 27.95 ml y colinda con propiedad de señor Hernán Fernández.
6.4 De lo señalado, se observa que el bien materia de reivindicación se
encuentra debidamente individualizado, ubicado en la última cuadra del
jirón El Puerto que tiene un área de 590 m2, con las colindancias por el Norte
con una línea recta de 20.40 ml. Con la avenida El Puerto, por el Sur en línea
recta de 21.45 ml y colinda con propiedades particulares, por el Este con una
línea recta de 28.70 ml. y colinda con propiedad de PERU RAIL (antes
ENAFER) y otra con propiedad de particulares y por el Oeste con línea recta
de 27.95 ml y colinda con propiedad de señor Hernán Fernández.
DEL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.-
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7. La demandada: Marina de Guerra de Perú, refiere haber iniciado
proceso de prescripción adquisitiva, ante el Segundo Juzgado Civil de
Puno, Proceso Civil – Expediente Nº 278-2004-0-2104-JM-CI-02, respecto
del bien materia de reivindicación dirigiéndola en contra de la sucesión de Juan
Alberto Pizarro Pizarro, ello en mérito por estar en posesión del bien por más
de 30 años, en forma pacífica y pública, afirmación que se acredita con las
copias del autoadmisorio, Resolución Nº 1, de fecha 30 de junio de 2004 (ver
página 377), y actuados de páginas 521 a 555.
7.1 De la revisión del Sistema Integrado de Justicia – SIJ, de la Corte
Superior de Justicia de Puno, se advierte, que en el Proceso Civil –
Expediente Nº 00278-2004-0-2104-JM-CI-02, la emisión de la Resolución N°
146, de fecha 17 de octubre de 2017, mediante la cual resuelve DAR por
concluido el presente proceso, seguido por Procurador Público de la Marina
de Guerra del Perú, en contra de Elva Tula Pizarro Pérez y otros, sobre
prescripción adquisitiva de dominio, sin declaración sobre el fondo (…),
resolución que no ha sido materia de impugnación por las partes del proceso
(ver páginas 746 a 747).
7.2 Siendo así, se determina que la demandada: Marina de Guerra de
Perú, no acredita que el referido proceso haya concluido con sentencia
favorable que sustente su derecho de propiedad respecto del bien materia de
reivindicación, por tanto no existe medio probatorio que se oponga al derecho
de propiedad del demandante: Juan Alberto Pizarro Pérez.
8. En relación a la adjudicación de la construcción edificada de mala
fe en terreno ajeno, solicitada como pretensión accesoria por el demandante:
Juan Alberto Pizarro Pérez, se tiene que el artículo 943 del Código Civil.-
Edificación de mala fe en terreno ajeno: “Cuando se edifique de mala fe en
terreno ajeno, el dueño puede exigir la demolición de lo edificado si le causare
perjuicio, más el pago de la indemnización correspondiente o hacer suyo lo
edificado sin obligación de pagar su valor”.
8.1 Del análisis realizado en los fundamentos precedentes, se determina
que la demandada: Marina de Guerra de Perú, no ha acreditado su derecho
sobre el bien materia de reivindicación, en ese sentido resulta procedente
amparar la pretensión accesoria del demandante, al haberse acreditado su
derecho de propiedad.
DECISIÓN A ADOPTAR.-
9. Por lo expuesto, la acción de reivindicación es procedente, por cuanto
en el presente caso, han concurrido los siguientes elementos: A) Que, la
ejercite el propietario que no tiene la posesión del bien. B) Que, esté destinada
a recuperar el bien, no el derecho de propiedad. C) Que, el bien esté
poseído por otro que no sea el dueño. D) Que, el bien sea una cosa
determinada” (criterio jurisdiccional expuesto en la Casación N° 3436-
2000-Lambayeque).
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9.1 Que, por tanto, al presentarse los elementos concurrentes para la
procedencia de la acción de reivindicación, de acuerdo a los fundamentos
expuestos en la presente Resolución de Vista, corresponde estimar la
pretensión de reivindicación y por ende confirmar la resolución impugnada, en
sus propios fundamentos.
DE LOS SUSTENTOS DE APELACIÓN.-
10. Que, en cuanto a los sustentos de apelación del Acápite A): Que, al
expedir la sentencia ha vulnerado el principio constitucional de la tutela
jurisdiccional efectiva, al no determinar que la decisión es arbitraria, toda vez
que tenía conocimiento que a la presentación de la demanda de reivindicación,
ya estaba en trámite con una antigüedad mayor a 3 años el expediente Nº
2004-278-02101-JM-CI-02 sobre prescripción adquisitiva iniciada por la Marina
de Guerra ante el Segundo Juzgado Mixto de Puno, por estar en posesión del
bien desde el año 1978.
En cuanto a los sustentos de apelación del Acápite B): Que, al momento de
sentencia ha contravenido el derecho de defensa y la tutela jurisdiccional
efectiva vulnerando el valor superior del ordenamiento jurídico como es el de la
justicia, en ese sentido debió hacerse la reserva del fallo disponiendo la
suspensión judicial del proceso.
De los sustentos de apelación del Acápite C): Que, el A Quo no ha valorado
la falta de acreditación del demandante, asimismo del proceso se evidencia la
falta de interés y legitimidad para obrar del demandante, por no acreditar
documentariamente la relación que el demandante tendría con los propietarios
fallecidos Juan Alberto Pizarro Pizarro y Lucía Pérez de Pizarro.
Y de los sustentos de apelación del Acápite D): Que, no se ha valorado que
su representada está en posesión de un bien inmueble en abandono por parte
de sus propietarios primigenios, además el Juzgado no ha valorado que el
demandante no ha ofrecido medio de prueba que lo relacione directamente con
el bien objeto de reivindicación, no presente título de propiedad que lo acredite
como tal.
Se tiene que, los sustentos de apelación carecen de amparo legal, en mérito a
los fundamentos ampliamente señalados en la presente Resolución de Vista.
Por tanto, los sustentos de apelación quedan desvirtuados.
11. Que, de conformidad al artículo 196 del Código Procesal Civil: “Salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando
nuevos hechos”.
Asimismo, el artículo 197 del Código acotado que prescribe: “Todos los
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su
apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”.
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12. Que, por lo demás, no se advierte que durante la tramitación del
presente proceso, se haya afectado y/o vulnerado el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva y el debido proceso, consagrados en el inciso 3) del
artículo 139 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo
7 del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado
por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, por lo que de acuerdo a los artículos 196
y 197 del Código Procesal Civil y, por estos fundamentos, se toma la decisión
siguiente.
&. DECISIÓN:
1. CONFIRMARON la Resolución número sesenta y ocho (Sentencia
número doscientos setenta y cinco), de fecha veinte de julio de dos mil
dieciséis, EN EL EXTREMO QUE FALLA: I.- DECLARANDO FUNDADA EN
PARTE la demanda de fojas quince a veintitrés, interpuesta por JUAN
ALBERTO PIZARRO PÉREZ, en contra de la MARINA DE GUERRA DEL
PERU representada por el Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Defensa; respecto de la PRETENSIÓN de
REINVINDICACIÓN, en consecuencia ORDENA que la MARINA DE
GUERRA DEL PERU RESTITUYA a favor del demandante JUAN ALBERTO
PIZARRO PÉREZ LA POSESIÓN del inmueble situado en la avenida El Puerto
número setecientos cincuenta con un área de quinientos noventa metros
cuadrados (590 m2), que colinda por el Norte, con una línea recta de 20.40
metros lineales con la avenida El Puerto; por el Sur, con una línea recta de
21.45 metros lineales con propiedades particulares; por el Este, con una línea
recta de 28.70 metros lineales con parte de la propiedad de PERU RAIL y otras
propiedades particulares; y, por el Oeste, con una línea recta de 27.95 metros
lineales con la propiedad de Hernán Fernández; y, RECONOCIENDO EL
DERECHO A LA ADJUDICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, en tal
sentido, DISPONE: la adjudicación de las construcciones edificadas en el área
materia de reivindicación, a favor del propietario del inmueble sub materia.
2. DISPUSIERON a Secretaría de Sala que los actuados del Proceso N°
Nº 00278-2004-0-2104-JM-CI-02, que han sido visualizados e impresos por
este Colegiado, y que han servido de sustento para la decisión de la presente
Resolución de Vista, sean foliados y agregados al proceso principal, con
arreglo a Ley; y los devolvieron. TR y HS.
S.S.
LOZADA CUEVA
DIAZ HAYTARA
APAZA GONZALES.
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EXPEDIENTE : 01387-2007-0-2101-JM-CI-03.
Demandante : Juan Alberto Pizarro Pérez.
Demandada : Marina de Guerra del Perú.
Materia : Reivindicación.
Resolución N° : 081
Puno, veintinueve de noviembre
de dos mil dieciocho.
Proveyendo el escrito de registro N° 4143-2018,
presentado por Juan Alberto Pizarro Perez: Estando la causa al voto, a
conocimiento del señor Juez Superior ponente; y, agréguese a sus
antecedentes.
S.S.
LOZADA CUEVA
DIAZ HAYTARA
APAZA GONZALES
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | SALA LABORAL PERMANENTE – Sede Periférica I.
EXPEDIENTE : 01488-2005-0-2501-JR-LA-02.
MATERIA : PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR.
RELATOR : VENEROS LAVERIÁN, ANA MARÍA.
DEMANDADO : CONSERVAS SANTA ADELA S.A.
DEMANDANTE : ROMERO LINARES, VALENTÍN MARTÍN.
RESOLUCION NÚMERO: SESENTA Y SIETE.
Chimbote, veintiuno de setiembre
Del dos mil diecisiete.
AUTO EMITIDO POR LA SALA LABORAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
SANTA
ASUNTO:
Viene en grado de apelación la resolución número sesenta y uno de fecha 06 de febrero del 2017,
que declara improcedente la excepción de prescripción formulada por el Banco de Crédito del Perú – Sucursal
Chimbote; improcedente la extromisión interpuesta por el Banco de Crédito del Perú – Sucursal Chimbote,
requiere a la liquidadora Fiorentina Empresa de Administración y Gerencias S.A.C, Liquidadora y
Representante de la empresa Conservas Santa Adela S.A. a fin de que cumpla con pagar al actor la suma de
S/ 5,311.42 soles, bajo apercibimiento de ejecución forzada; reservar el pronunciamiento de la aplicación del
principio persecutorio.
FUNDAMENTOS DEL APELANTE:
El abogado del Banco de Crédito del Perú – Sucursal Chimbote, mediante su recurso
impugnatorio, sostiene que: a) Respecto a la excepción de prescripción de la acción, el actor pretende exigir el
pago de su crédito laboral después de cuatro años de expedida la sentencia; sin embargo, las pretensiones
laborales no son imprescriptible, es así que, según la Ley N° 27321, tienen cuatro años de vigencia,
b) Respecto a la extromisión, no valora que su transferente Casa Banchero S.A.C conviene en la escritura
pública de compraventa que se encuentra al día en el pago de los beneficios sociales, no tiene por objetivo el
cierre o abandono del centro de trabajo ni eludir el cumplimiento de sus obligaciones laborales, se obliga a
solucionar contingencia derivada de acciones persecutorias por crédito laboral; y, c) Respecto al extremo de la
acción persecutoria y oposición, no debió dejar la posibilidad abierta que dicha obligación deba ser asumida
por el BCP cuando este no tuvo responsabilidad en la omisión de pago de la entidad liquidadora, ni mucho
menos fue el comprador del bien concursado.
El abogado de la liquidadora Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C, mediante
su recurso impugnatorio sostiene que: a) Se afecta su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional al
requerir (recién en etapa de ejecución) cumpla con pagar al actor, sin que previamente se les de la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa; b) El inmueble afectado fue adquirido legalmente por el banco
como consecuencia de la compraventa celebrado entre Casa Banchero S.A.C y la institución financiera; y, c)
Los créditos del demandante han sido reconocidos y cancelados, indicando además que en la actualidad aún
no termina la liquidación de la demandada; entre otros argumentos
FUNDAMENTOS DE SALA:
PRIMERO: El artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente proceso, establece
que, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte
o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o
revocada, total o parcialmente. Si bien es cierto que el recurso de apelación es el medio que hace tangible el
principio de la doble instancia[1] [previsto en el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil], el cual
es un recurso ordinario o de alzada, que supone el examen de los resultados de la primera instancia, mediante
el cual el Juez Superior ad quem examina la corrección y regularidad de la resolución dictada por el Juez a
quo, según los motivos de agravio que aduzca el apelante. También lo es que en la actividad recursiva se tiene
como principio de limitación llamado tantum devolutum quantum appellatum[2], el cual es principio y garantía
jurisdiccional que el órgano que conoce la apelación únicamente se pronunciará sobre los agravios invocados
por el apelante.
SEGUNDO: Que, mediante sentencia contenida en la resolución número treinta y seis (folios 267 a 269), se
declaró fundada la demanda sobre pago de asignación familiar del período 1990 al 2004, ordenado que la
demandada cumpla con pagar la suma de S/ 3,151.93 soles, más intereses legales, costas y costos; siendo
que, mediante escrito de fecha 28 de junio del 2016 (folios 418), el actor solicitó se señale bienes libres
suficientes para responder por los créditos laborales adeudados, bajo apercibimiento de aplicarse el principio
persecutorio; y, mediante escrito de fecha 02 de agosto del 2016 (folios 455 a 456), el actor solicitó se aplique
el principio persecutorio sobre el bien inmueble ubicado en la Av. Enrique Meiggs N° 1798 Mz. G, Lt 11-14,
Florida Baja-Chimbote, solicitando se notifique al Banco de Crédito del Perú, a lo que dicha entidad bancaria
formula excepción de prescripción de la acción laboral, al haber vencido el plazo de cuatro años, en aplicación
a la Ley N° 27321; asimismo solicita la extromisión del proceso y formula oposición a la pretensión
persecutoria al haber adquirido el inmueble con posterioridad al origen del reclamo del demandante; siendo
declarado improcedente mediante resolución que viene en alzada
TERCERO: Que, respecto a la prescripción deducida por el Banco de Crédito del Perú, se advierte que el
presente proceso se encuentra en ejecución de sentencia desde el 25 de agosto del 2010 (folios 278), fecha
en que fue notificada la demandada a fin de que cumpla con abonar la suma ordenada en sentencia; en tal
sentido, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2001 del Código Civil, el plazo de prescripción
(1) “El fundamento de la doble instancia se encuentra ligado a la falibilidad humana y a la idea de un posible error en la resolución judicial; de allí
que este principio constituye una garantía para los ciudadanos, ya que la decisión judicial cuyo error se denuncia es llevada ante un colegiado
especializado, a fin de ser analizada nuevamente.” [CAS N° 3353-2000-Ica. Publicado el 02 de febrero del 2000].
2 “La actividad recursiva en nuestro sistema procesal tiene como uno de sus principales principios el de limitación conocido como `Tantum
Apellatum Quantum Devolutum´ sobre el que reposa el principio de congruencia, y que significa que el órgano revisor al resolver la
impugnación debe pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante…” STC 7022-2006-PA/TC.
de la acción que nace de una ejecutoria es a los diez años; verificándose de autos que, el actor ha venido
desarrollando actos procesales para la ejecución de la sentencia; en tal contexto, no se ha incurrido en causal
de prescripción, tanto más si, en la etapa de ejecución de sentencia no es posible deducir como medio de
defensa la prescripción; por lo que, la venida en grado debe ser confirmada en este extremo.
CUARTO: Que, respecto a la extromisión y la oposición a la acción persecutoria solicitada por el banco de
Crédito del Perú, por esta institución procesal de la extromisión “excepcionalmente, en cualquier momento el
Juez por resolución debidamente motivada, puede separar del proceso a un tercero legitimado, por considerar
que el derecho o interés que lo legitimaba ha desaparecido o haber comprobado su inexistencia”, conforme lo
establece el artículo 107 del Código Procesal Civil; sin embargo de autos, se desprende de que el Banco de
Crédito del Perú es un tercero que en la actualidad es propietario del bien inmueble sito en Pueblo Joven
Florida Baja Av. Enrique Meiggs N° 1798, Mz. G Lote 11-14, que fuera de propiedad de la demandada; por
tanto, dicha entidad bancaria tiene interés que lo legitima para intervenir en el presente proceso; sin embargo,
según el estado de los autos no se ha emitido pronunciamiento respecto a la procedencia de la aplicación del
principio persecutorio; en tal contexto, se debe desestimar lo solicitado por el referido banco.
QUINTO: Que, respecto al requerimiento de pago a la liquidadora Fiorentina Empresa de
Administración y Gerencia S.A.C.; conforme se verifica de folios 311 a 316, el 01 de abril del 2002, se
publicó en el diario oficial “El Peruano”, la insolvencia de Conservas Santa Adela, conforme a la Resolución
N° 1598-2001/CRP-ODI-CCPLL, de fecha 31 de octubre del 2001, confirmada por Resolución N° 0146-
2002/TDC-INDECOPI de fecha 01 de marzo del 2002; asimismo, el 17 de setiembre del 2002, se acordó la
reestructuración patrimonial de la demandada designando a Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia
S.A.C. como administradora de la empresa, siendo variado dicho procedimiento a disolución y liquidación con
fecha 30 de marzo del 2007; asimismo, el 30 de abril del 2009, la Junta de Acreedores de Conservas Santa
Adela, decidió variar el estado del procedimiento de disolución y liquidación a reestructuración patrimonial,
designando a Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C. como administradora de la empresa;
no obstante ello, mediante Resolución N° 078-2009/INDECOPI-LAL, de fecha 12 de junio del 2009, se declaró
la nulidad del acuerdo por el que se aprobó el Plan de Reestructuración de Conservas Santa Adela, quedando
vigentes los demás acuerdos adoptados; siendo que, conforme se verifica de la Partida registral N° 11002634
de la Zona Registral Chimbote (folios 467), se ha inscrito la disolución y liquidación irreversible de la
demandada, toda vez que, por Resolución N° 0626-2010/INDECOPI-LAL del 28 de mayo del 2010, la
Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de La Libertad, resolvió declarar de oficio la disolución y
liquidación de Conservas Santa Adela S.A. En Liquidación con carácter de irreversible, nombrándose en el
cargo de Liquidador a la Sociedad Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C.
SEXTO: Que, el artículo 16 de la Ley del Sistema Concursal, regula los créditos generados con posterioridad
al inicio del concurso; siendo que en su numeral 16.1 y 16.2, establece normas aplicables sobre la condición
de los créditos en el procedimiento concursal ordinario; en tal sentido, si bien es cierto, durante el
procedimiento de reestructuración patrimonial, se presentan dos tipos de créditos: los créditos concursales y
los créditos post concursales; siendo los primeros aquellos originados hasta la “fecha de corte”, esto es, de
difusión del concurso; y, los segundos, son los devengados con posterioridad a tal momento; siendo que,
sobre éstos últimos no se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 17 y 18 de la Ley General del
Sistema Concursal; en tal sentido, al no estar sujetos a los acuerdos destinados a la reestructuración del
patrimonio en crisis por ser ajenos al procedimiento, son tratados y pagados según lo acordado en los
contratos o instrumentos que lo originan; asimismo, en este procedimiento, se restringe la facultad de
reconocimiento de créditos no pudiendo extenderse a los créditos post concursales, motivo por el cual el
deudor no puede oponer su situación concursada para suspender sus pagos o proteger su patrimonio del
crédito post concursal, pudiendo por este motivo iniciarse acciones de pago o ejecutar su patrimonio del
deudor.
SÉTIMO: Que, por otro lado, el numeral 16.3 del artículo 16 en mención, regula lo referido a la condición de
los créditos en el procedimiento de disolución y liquidación; así los créditos generados con posterioridad a la
fecha en que se efectúa la publicación establecida en el artículo 323 serán susceptibles de reconocimiento; en
tal sentido, este dispositivo normativo “ (…)configura un fuero de atracción de créditos en el que participan del
concurso todos los créditos que mantenga el deudor concursando sin importar la fecha de asunción de los
mismos, es decir, no se presenta diferencia alguna entre créditos concursales y post concursales, todo lo
contrario, cualquier crédito generado frente al deudor va a formar parte de la masa concursal y, por ende, será
susceptible de ser reconocido por la autoridad concursal a efectos de que participe en la Junta de
Acreedores”4.
OCTAVO: Que, de autos se advierte que, mediante sentencia (folios 267 a 269) se ordenó a la demandada
cumpla con abonar a la accionante la suma de S/ 3,151.93 soles por asignación familiar; asimismo, mediante
resolución número cuarenta (folios 300) se requirió a la demandada cumpla con pagar a favor de la
demandante la suma de S/ 1,803.29 soles por concepto de intereses legales del período enero de 1990 a
diciembre del 2010, y por resolución cincuenta y seis (folios 413) se requirió a la demandada el pago de S/
356.20 soles por intereses legales del período enero del 2011 hasta octubre del 2015.
NOVENO: Que, en tal contexto, conforme a los numerales 16.3 del artículo 16 y 83.5 del artículo 88 de la Ley
General del Sistema Concursal – Ley N° 27809, encontrándose la demandada en el supuesto de disolución y
liquidación irreversible, la liquidadora es quien deberá cumplir con el pago de los créditos una vez que haya
obtenido liquidez, como resultado de la realización de activos; teniendo en cuenta el orden de preferencia
establecido en el numeral 42.1 del artículo 42 de la cita Ley, el mismo que establece como primer orden las
remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores; en tal sentido, siendo la empresa
liquidadora de la demandada, Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C, y, conforme al artículo
88 de la Ley 27809, es la liquidadora quien deberá cumplir con el pago de los créditos reconocidos por la
Comisión, y los créditos que no hayan sido reconocidos, empero que se encuentran registrados en sus libros
contables, con observancia del artículo 42 de la Ley 27809; por lo que, habiendo sido declarada la demandada
en disolución y liquidación irreversible (folios 467), el pago de los créditos reconocidos y de los créditos no
reconocidos, deberán efectuarse conforme al procedimiento establecido en la Ley General del Sistema
Concursal; siendo así, la venida en grado, se debe confirmar según los términos de la presente resolución. Por
estas consideraciones, la Sala Laboral Permanente de esta Corte Superior:
3 Art. 32° de la Ley N° 27809: “Consentida o firme la resolución que dispone la difusión del procedimiento, la Comisión de Procedimientos
Concursales del Indecopi dispondrá la publicación semanal en el diario oficial El Peruano de un listado de los deudores que, en la semana
precedente, hayan quedado sometidos a los procedimientos concursales.”
4 FLINT BLANK, Pinkas: Ley General del Sistema Concursal Anotada, Editora Jurídica Grijley E.I.R.L, Lima-Perú, pg, 97.
RESUELVE:
CONFIRMARON la resolución la resolución número sesenta y uno de fecha 06 de febrero del 2017, que
declara improcedente la excepción de prescripción formulada por el Banco de Crédito del Perú – Sucursal
Chimbote, improcedente la extromisión interpuesta por el Banco de Crédito del Perú – Sucursal Chimbote; y,
requiere a la liquidadora Fiorentina Empresa de Administración y Gerencias S.A.C. Liquidadora y
Representante de la Empresa Conservas Santa Adela S.A. a fin de que cumpla con pagar al actor la suma de
S/ 5,311.42 soles; dejando sin efecto, el apercibimiento decretado en la recurrida; y, los DEVOLVIERON a su
Juzgado de origen. Juez Superior Ponente Carmen Cavero Lévano.
S.S.
Cavero Lévano, C.
Chiu Pardo, W.
Espinoza Lugo, N. | <|im_start|>system
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SALA LABORAL PERMANENTE – Sede Periférica I.
EXPEDIENTE : 01488-2005-0-2501-JR-LA-02.
MATERIA : PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR.
RELATOR : VENEROS LAVERIÁN, ANA MARÍA.
DEMANDADO : CONSERVAS SANTA ADELA S.A.
DEMANDANTE : ROMERO LINARES, VALENTÍN MARTÍN.
RESOLUCION NÚMERO: SESENTA Y SIETE.
Chimbote, veintiuno de setiembre
Del dos mil diecisiete.
AUTO EMITIDO POR LA SALA LABORAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
SANTA
ASUNTO:
Viene en grado de apelación la resolución número sesenta y uno de fecha 06 de febrero del 2017,
que declara improcedente la excepción de prescripción formulada por el Banco de Crédito del Perú – Sucursal
Chimbote; improcedente la extromisión interpuesta por el Banco de Crédito del Perú – Sucursal Chimbote,
requiere a la liquidadora Fiorentina Empresa de Administración y Gerencias S.A.C, Liquidadora y
Representante de la empresa Conservas Santa Adela S.A. a fin de que cumpla con pagar al actor la suma de
S/ 5,311.42 soles, bajo apercibimiento de ejecución forzada; reservar el pronunciamiento de la aplicación del
principio persecutorio.
FUNDAMENTOS DEL APELANTE:
El abogado del Banco de Crédito del Perú – Sucursal Chimbote, mediante su recurso
impugnatorio, sostiene que: a) Respecto a la excepción de prescripción de la acción, el actor pretende exigir el
pago de su crédito laboral después de cuatro años de expedida la sentencia; sin embargo, las pretensiones
laborales no son imprescriptible, es así que, según la Ley N° 27321, tienen cuatro años de vigencia,
b) Respecto a la extromisión, no valora que su transferente Casa Banchero S.A.C conviene en la escritura
pública de compraventa que se encuentra al día en el pago de los beneficios sociales, no tiene por objetivo el
cierre o abandono del centro de trabajo ni eludir el cumplimiento de sus obligaciones laborales, se obliga a
solucionar contingencia derivada de acciones persecutorias por crédito laboral; y, c) Respecto al extremo de la
acción persecutoria y oposición, no debió dejar la posibilidad abierta que dicha obligación deba ser asumida
por el BCP cuando este no tuvo responsabilidad en la omisión de pago de la entidad liquidadora, ni mucho
menos fue el comprador del bien concursado.
El abogado de la liquidadora Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C, mediante
su recurso impugnatorio sostiene que: a) Se afecta su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional al
requerir (recién en etapa de ejecución) cumpla con pagar al actor, sin que previamente se les de la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa; b) El inmueble afectado fue adquirido legalmente por el banco
como consecuencia de la compraventa celebrado entre Casa Banchero S.A.C y la institución financiera; y, c)
Los créditos del demandante han sido reconocidos y cancelados, indicando además que en la actualidad aún
no termina la liquidación de la demandada; entre otros argumentos
FUNDAMENTOS DE SALA:
PRIMERO: El artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente proceso, establece
que, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte
o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o
revocada, total o parcialmente. Si bien es cierto que el recurso de apelación es el medio que hace tangible el
principio de la doble instancia[1] [previsto en el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil], el cual
es un recurso ordinario o de alzada, que supone el examen de los resultados de la primera instancia, mediante
el cual el Juez Superior ad quem examina la corrección y regularidad de la resolución dictada por el Juez a
quo, según los motivos de agravio que aduzca el apelante. También lo es que en la actividad recursiva se tiene
como principio de limitación llamado tantum devolutum quantum appellatum[2], el cual es principio y garantía
jurisdiccional que el órgano que conoce la apelación únicamente se pronunciará sobre los agravios invocados
por el apelante.
SEGUNDO: Que, mediante sentencia contenida en la resolución número treinta y seis (folios 267 a 269), se
declaró fundada la demanda sobre pago de asignación familiar del período 1990 al 2004, ordenado que la
demandada cumpla con pagar la suma de S/ 3,151.93 soles, más intereses legales, costas y costos; siendo
que, mediante escrito de fecha 28 de junio del 2016 (folios 418), el actor solicitó se señale bienes libres
suficientes para responder por los créditos laborales adeudados, bajo apercibimiento de aplicarse el principio
persecutorio; y, mediante escrito de fecha 02 de agosto del 2016 (folios 455 a 456), el actor solicitó se aplique
el principio persecutorio sobre el bien inmueble ubicado en la Av. Enrique Meiggs N° 1798 Mz. G, Lt 11-14,
Florida Baja-Chimbote, solicitando se notifique al Banco de Crédito del Perú, a lo que dicha entidad bancaria
formula excepción de prescripción de la acción laboral, al haber vencido el plazo de cuatro años, en aplicación
a la Ley N° 27321; asimismo solicita la extromisión del proceso y formula oposición a la pretensión
persecutoria al haber adquirido el inmueble con posterioridad al origen del reclamo del demandante; siendo
declarado improcedente mediante resolución que viene en alzada
TERCERO: Que, respecto a la prescripción deducida por el Banco de Crédito del Perú, se advierte que el
presente proceso se encuentra en ejecución de sentencia desde el 25 de agosto del 2010 (folios 278), fecha
en que fue notificada la demandada a fin de que cumpla con abonar la suma ordenada en sentencia; en tal
sentido, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2001 del Código Civil, el plazo de prescripción
(1) “El fundamento de la doble instancia se encuentra ligado a la falibilidad humana y a la idea de un posible error en la resolución judicial; de allí
que este principio constituye una garantía para los ciudadanos, ya que la decisión judicial cuyo error se denuncia es llevada ante un colegiado
especializado, a fin de ser analizada nuevamente.” [CAS N° 3353-2000-Ica. Publicado el 02 de febrero del 2000].
2 “La actividad recursiva en nuestro sistema procesal tiene como uno de sus principales principios el de limitación conocido como `Tantum
Apellatum Quantum Devolutum´ sobre el que reposa el principio de congruencia, y que significa que el órgano revisor al resolver la
impugnación debe pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante…” STC 7022-2006-PA/TC.
de la acción que nace de una ejecutoria es a los diez años; verificándose de autos que, el actor ha venido
desarrollando actos procesales para la ejecución de la sentencia; en tal contexto, no se ha incurrido en causal
de prescripción, tanto más si, en la etapa de ejecución de sentencia no es posible deducir como medio de
defensa la prescripción; por lo que, la venida en grado debe ser confirmada en este extremo.
CUARTO: Que, respecto a la extromisión y la oposición a la acción persecutoria solicitada por el banco de
Crédito del Perú, por esta institución procesal de la extromisión “excepcionalmente, en cualquier momento el
Juez por resolución debidamente motivada, puede separar del proceso a un tercero legitimado, por considerar
que el derecho o interés que lo legitimaba ha desaparecido o haber comprobado su inexistencia”, conforme lo
establece el artículo 107 del Código Procesal Civil; sin embargo de autos, se desprende de que el Banco de
Crédito del Perú es un tercero que en la actualidad es propietario del bien inmueble sito en Pueblo Joven
Florida Baja Av. Enrique Meiggs N° 1798, Mz. G Lote 11-14, que fuera de propiedad de la demandada; por
tanto, dicha entidad bancaria tiene interés que lo legitima para intervenir en el presente proceso; sin embargo,
según el estado de los autos no se ha emitido pronunciamiento respecto a la procedencia de la aplicación del
principio persecutorio; en tal contexto, se debe desestimar lo solicitado por el referido banco.
QUINTO: Que, respecto al requerimiento de pago a la liquidadora Fiorentina Empresa de
Administración y Gerencia S.A.C.; conforme se verifica de folios 311 a 316, el 01 de abril del 2002, se
publicó en el diario oficial “El Peruano”, la insolvencia de Conservas Santa Adela, conforme a la Resolución
N° 1598-2001/CRP-ODI-CCPLL, de fecha 31 de octubre del 2001, confirmada por Resolución N° 0146-
2002/TDC-INDECOPI de fecha 01 de marzo del 2002; asimismo, el 17 de setiembre del 2002, se acordó la
reestructuración patrimonial de la demandada designando a Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia
S.A.C. como administradora de la empresa, siendo variado dicho procedimiento a disolución y liquidación con
fecha 30 de marzo del 2007; asimismo, el 30 de abril del 2009, la Junta de Acreedores de Conservas Santa
Adela, decidió variar el estado del procedimiento de disolución y liquidación a reestructuración patrimonial,
designando a Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C. como administradora de la empresa;
no obstante ello, mediante Resolución N° 078-2009/INDECOPI-LAL, de fecha 12 de junio del 2009, se declaró
la nulidad del acuerdo por el que se aprobó el Plan de Reestructuración de Conservas Santa Adela, quedando
vigentes los demás acuerdos adoptados; siendo que, conforme se verifica de la Partida registral N° 11002634
de la Zona Registral Chimbote (folios 467), se ha inscrito la disolución y liquidación irreversible de la
demandada, toda vez que, por Resolución N° 0626-2010/INDECOPI-LAL del 28 de mayo del 2010, la
Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de La Libertad, resolvió declarar de oficio la disolución y
liquidación de Conservas Santa Adela S.A. En Liquidación con carácter de irreversible, nombrándose en el
cargo de Liquidador a la Sociedad Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C.
SEXTO: Que, el artículo 16 de la Ley del Sistema Concursal, regula los créditos generados con posterioridad
al inicio del concurso; siendo que en su numeral 16.1 y 16.2, establece normas aplicables sobre la condición
de los créditos en el procedimiento concursal ordinario; en tal sentido, si bien es cierto, durante el
procedimiento de reestructuración patrimonial, se presentan dos tipos de créditos: los créditos concursales y
los créditos post concursales; siendo los primeros aquellos originados hasta la “fecha de corte”, esto es, de
difusión del concurso; y, los segundos, son los devengados con posterioridad a tal momento; siendo que,
sobre éstos últimos no se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 17 y 18 de la Ley General del
Sistema Concursal; en tal sentido, al no estar sujetos a los acuerdos destinados a la reestructuración del
patrimonio en crisis por ser ajenos al procedimiento, son tratados y pagados según lo acordado en los
contratos o instrumentos que lo originan; asimismo, en este procedimiento, se restringe la facultad de
reconocimiento de créditos no pudiendo extenderse a los créditos post concursales, motivo por el cual el
deudor no puede oponer su situación concursada para suspender sus pagos o proteger su patrimonio del
crédito post concursal, pudiendo por este motivo iniciarse acciones de pago o ejecutar su patrimonio del
deudor.
SÉTIMO: Que, por otro lado, el numeral 16.3 del artículo 16 en mención, regula lo referido a la condición de
los créditos en el procedimiento de disolución y liquidación; así los créditos generados con posterioridad a la
fecha en que se efectúa la publicación establecida en el artículo 323 serán susceptibles de reconocimiento; en
tal sentido, este dispositivo normativo “ (…)configura un fuero de atracción de créditos en el que participan del
concurso todos los créditos que mantenga el deudor concursando sin importar la fecha de asunción de los
mismos, es decir, no se presenta diferencia alguna entre créditos concursales y post concursales, todo lo
contrario, cualquier crédito generado frente al deudor va a formar parte de la masa concursal y, por ende, será
susceptible de ser reconocido por la autoridad concursal a efectos de que participe en la Junta de
Acreedores”4.
OCTAVO: Que, de autos se advierte que, mediante sentencia (folios 267 a 269) se ordenó a la demandada
cumpla con abonar a la accionante la suma de S/ 3,151.93 soles por asignación familiar; asimismo, mediante
resolución número cuarenta (folios 300) se requirió a la demandada cumpla con pagar a favor de la
demandante la suma de S/ 1,803.29 soles por concepto de intereses legales del período enero de 1990 a
diciembre del 2010, y por resolución cincuenta y seis (folios 413) se requirió a la demandada el pago de S/
356.20 soles por intereses legales del período enero del 2011 hasta octubre del 2015.
NOVENO: Que, en tal contexto, conforme a los numerales 16.3 del artículo 16 y 83.5 del artículo 88 de la Ley
General del Sistema Concursal – Ley N° 27809, encontrándose la demandada en el supuesto de disolución y
liquidación irreversible, la liquidadora es quien deberá cumplir con el pago de los créditos una vez que haya
obtenido liquidez, como resultado de la realización de activos; teniendo en cuenta el orden de preferencia
establecido en el numeral 42.1 del artículo 42 de la cita Ley, el mismo que establece como primer orden las
remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores; en tal sentido, siendo la empresa
liquidadora de la demandada, Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C, y, conforme al artículo
88 de la Ley 27809, es la liquidadora quien deberá cumplir con el pago de los créditos reconocidos por la
Comisión, y los créditos que no hayan sido reconocidos, empero que se encuentran registrados en sus libros
contables, con observancia del artículo 42 de la Ley 27809; por lo que, habiendo sido declarada la demandada
en disolución y liquidación irreversible (folios 467), el pago de los créditos reconocidos y de los créditos no
reconocidos, deberán efectuarse conforme al procedimiento establecido en la Ley General del Sistema
Concursal; siendo así, la venida en grado, se debe confirmar según los términos de la presente resolución. Por
estas consideraciones, la Sala Laboral Permanente de esta Corte Superior:
3 Art. 32° de la Ley N° 27809: “Consentida o firme la resolución que dispone la difusión del procedimiento, la Comisión de Procedimientos
Concursales del Indecopi dispondrá la publicación semanal en el diario oficial El Peruano de un listado de los deudores que, en la semana
precedente, hayan quedado sometidos a los procedimientos concursales.”
4 FLINT BLANK, Pinkas: Ley General del Sistema Concursal Anotada, Editora Jurídica Grijley E.I.R.L, Lima-Perú, pg, 97.
RESUELVE:
CONFIRMARON la resolución la resolución número sesenta y uno de fecha 06 de febrero del 2017, que
declara improcedente la excepción de prescripción formulada por el Banco de Crédito del Perú – Sucursal
Chimbote, improcedente la extromisión interpuesta por el Banco de Crédito del Perú – Sucursal Chimbote; y,
requiere a la liquidadora Fiorentina Empresa de Administración y Gerencias S.A.C. Liquidadora y
Representante de la Empresa Conservas Santa Adela S.A. a fin de que cumpla con pagar al actor la suma de
S/ 5,311.42 soles; dejando sin efecto, el apercibimiento decretado en la recurrida; y, los DEVOLVIERON a su
Juzgado de origen. Juez Superior Ponente Carmen Cavero Lévano.
S.S.
Cavero Lévano, C.
Chiu Pardo, W.
Espinoza Lugo, N.<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.-<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
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actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00124-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de enero de 2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
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RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00124-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
Corte Superior de Justicia de Piura
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resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de enero de 2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Expediente : N° 00356-2004-28
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
Resolución Número 60
Lima, catorce de junio
del dos mil veintidós.-
DE OFICIO: De la revisión de los actuados se aprecia que hubo
un error material en la Resolución N° 59, al señalarse que el escrito presentado el 13 de julio de 2021
fuera remitido por la demandada:
DICE:
" (….)Dando cuenta al escrito presentado por la parte DEMANDADA con fecha
13 de julio de 2021:"
DEBIENDO DECIR:
" (….)Dando cuenta al escrito presentado por la parte DEMANDADA con fecha
19 de julio de 2021:"
En ese sentido, CORRIJASE, conforme a lo dispuesto en el Artículo 407° del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente a los procesos laborales, señala: “Antes que la resolución cause ejecutoria, el
Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno corregir cualquier error material evidente
que contenga. Los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de
la resolución” (sic).------------------------------
Asimismo, y sin perjuicio de lo señalado se aprecia que con fecha 13 de julio de 2021, la parte
demandante presentó su escrito de apelación, no obstante, dicho recurso no fue resuelto por lo que en
el presente acto se procede en dar cuenta al citado recurso:
Dando cuenta del escrito presentado por la parte DEMANDANTE con fecha 13 de julio de 2021: A
lo Expuesto: Al Principal: Al recurso de apelación, al recurso de apelación: y encontrándose
exonerado de presentación de tasas judiciales por el auxilio judicial obrante en autos, se procede en
emitir el siguiente pronunciamiento:
Primero: El Recurso de Apelación interpuesto por esta parte contra la sentencia recaída en la
Resolución N° 57 de fecha 30 de junio de 2021 que resuelve declarar fundada en parte la demanda.
Segundo: Que, habiendo fundamentado la parte demandante sus agravios de hecho y derecho contra
la Resolución impugnada, y en aplicación del inciso 1) artículo 53° de la Ley Procesal del Trabajo Ley
N° 26636, se RESUELVE:
2.1 CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO el Recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia recaída en la Resolución N° 57 de fecha 30 de junio de 2021.
2.2 ELEVAR los presentes actuados al Superior con la debida nota de atención
Notificándose. | <|im_start|>system
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Expediente : N° 00356-2004-28
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
Resolución Número 60
Lima, catorce de junio
del dos mil veintidós.-
DE OFICIO: De la revisión de los actuados se aprecia que hubo
un error material en la Resolución N° 59, al señalarse que el escrito presentado el 13 de julio de 2021
fuera remitido por la demandada:
DICE:
" (….)Dando cuenta al escrito presentado por la parte DEMANDADA con fecha
13 de julio de 2021:"
DEBIENDO DECIR:
" (….)Dando cuenta al escrito presentado por la parte DEMANDADA con fecha
19 de julio de 2021:"
En ese sentido, CORRIJASE, conforme a lo dispuesto en el Artículo 407° del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente a los procesos laborales, señala: “Antes que la resolución cause ejecutoria, el
Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno corregir cualquier error material evidente
que contenga. Los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de
la resolución” (sic).------------------------------
Asimismo, y sin perjuicio de lo señalado se aprecia que con fecha 13 de julio de 2021, la parte
demandante presentó su escrito de apelación, no obstante, dicho recurso no fue resuelto por lo que en
el presente acto se procede en dar cuenta al citado recurso:
Dando cuenta del escrito presentado por la parte DEMANDANTE con fecha 13 de julio de 2021: A
lo Expuesto: Al Principal: Al recurso de apelación, al recurso de apelación: y encontrándose
exonerado de presentación de tasas judiciales por el auxilio judicial obrante en autos, se procede en
emitir el siguiente pronunciamiento:
Primero: El Recurso de Apelación interpuesto por esta parte contra la sentencia recaída en la
Resolución N° 57 de fecha 30 de junio de 2021 que resuelve declarar fundada en parte la demanda.
Segundo: Que, habiendo fundamentado la parte demandante sus agravios de hecho y derecho contra
la Resolución impugnada, y en aplicación del inciso 1) artículo 53° de la Ley Procesal del Trabajo Ley
N° 26636, se RESUELVE:
2.1 CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO el Recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia recaída en la Resolución N° 57 de fecha 30 de junio de 2021.
2.2 ELEVAR los presentes actuados al Superior con la debida nota de atención
Notificándose.<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00129-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP PROFUTURO ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
setiembre de 2006, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS SOLES CON 10/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 16 de octubre
de 2006 (folios 26-27), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00129-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP PROFUTURO ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
setiembre de 2006, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS SOLES CON 10/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 16 de octubre
de 2006 (folios 26-27), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO-SEDE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
PÁGINA 1 DE 1
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Central
EXPEDIENTE : 01486-2005-0-2301-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : OCHOA ARAGÓN, FREDDY FIDEL
ESPECIALISTA : GOMEZ CAYRO, MARIA
MARTILLERO : KONG EYZAGUIRRE, JUAN PABLO
PERITO : FLORES CANO, JOSE ANTONIO
BERRIOS CHALCO, JESUS ARNALDO
PEÑALOZA ARANA, ELOYNA LUCIA
LINARES PEREZ, SALVADOR VIRGILIO
DEMANDADO : CUEVA CASTILLO, FLORA
CHIPANA CHIPANA, EUSEBIO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución N°71
Tacna, dos mil veinte
Noviembre, diecisiete.-
Acorde a la autorización excepcional dispuesta por Resolución Administrativa N°
000156-2020-CE-PJ, dado que sobrevino la declaratoria de estado de emergencia por el
COVID 19 y puesto en la fecha por el encargado de mesa de partes, por la excesiva carga
procesal que soporta el juzgado.- Se provee el escrito N°5436-2020: Estando a la
reposicion interpuesta y siendo el estado el de resolver; VISTOS: El recurso de reposición
interpuesto por BANCO DE CREDITO DEL PERU; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, el
recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el Juez los revoque, conforme a
lo dispuesto por el artículo 362 del Código Procesal Civil y estando a que el mismo se ha
interpuesto dentro del plazo establecido por el artículo 363 del Código antes acotado;
Segundo.- Que, el decreto contra el que se interpone el recurso es uno que resuelve que “se
provee el escrito N° 4167- 2020: AL PRINCIPAL Y OTROSI: A la observación del informe
pericial, en los términos expuestos, corrase traslado a la parte demandante y al perito
nombrado en autos por el plazo de tres días y a los autos”.Tercero.- Que el BANCO DE
CREDITO DEL PERU interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion setenta de
fecha nueve de Octubre del dos mil veinte, argumentando que la observación efectuada por la
ejecutada FLORA CUEVA CASTILLO al informe pericial se encuentra fuera del plazo de ley
debido a que dicho informe pericial ya fue aprobado por el juzgado; y revisado los autos se
tiene que a fojas 537 obra la resolución 68 de fecha 15 de Julio del 2020 la misma que se
resuelve; APROBAR el informe pericial de interés compensatorios por la suma de
(S/7,966.02) SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 02/100 NUEVOS SOLES ; y
los intereses moratorios por la suma de (S/.5,756.38) CINCO MIL SETECIENTOSCINCUENTA
Y SEIS CON 38/100 NUEVOS SOLES; por tanto el recurso de reposición interpuesto contra de
la resolución número setenta de fojas 549, debe declararse fundado, en consecuencia, SE
RESUELVE: Declarar FUNDADO EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por BANCO
DE CREDITO DEL PERU, contra la Resolución numero setenta de fecha nueve de Octubre del
dos mil veinte que obra a fojas 549, por lo tanto se dispone declarar NULA la resolución 70 de
fecha nueve de Octubre del 2020 y proveyendo con arreglo a ley el escrito N°4167-2020; A
lo solicitado, no ha lugar y estese a la resolución 68 de fecha 15 de Julio del 2020. Tómese
Razón y Hágase Saber.- Se provee el escrito virtual N°5623: Tengase presente y estese a
lo resuelto en la presente resolución.-. | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO-SEDE GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
PÁGINA 1 DE 1
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Sede Central
EXPEDIENTE : 01486-2005-0-2301-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : OCHOA ARAGÓN, FREDDY FIDEL
ESPECIALISTA : GOMEZ CAYRO, MARIA
MARTILLERO : KONG EYZAGUIRRE, JUAN PABLO
PERITO : FLORES CANO, JOSE ANTONIO
BERRIOS CHALCO, JESUS ARNALDO
PEÑALOZA ARANA, ELOYNA LUCIA
LINARES PEREZ, SALVADOR VIRGILIO
DEMANDADO : CUEVA CASTILLO, FLORA
CHIPANA CHIPANA, EUSEBIO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución N°71
Tacna, dos mil veinte
Noviembre, diecisiete.-
Acorde a la autorización excepcional dispuesta por Resolución Administrativa N°
000156-2020-CE-PJ, dado que sobrevino la declaratoria de estado de emergencia por el
COVID 19 y puesto en la fecha por el encargado de mesa de partes, por la excesiva carga
procesal que soporta el juzgado.- Se provee el escrito N°5436-2020: Estando a la
reposicion interpuesta y siendo el estado el de resolver; VISTOS: El recurso de reposición
interpuesto por BANCO DE CREDITO DEL PERU; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, el
recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el Juez los revoque, conforme a
lo dispuesto por el artículo 362 del Código Procesal Civil y estando a que el mismo se ha
interpuesto dentro del plazo establecido por el artículo 363 del Código antes acotado;
Segundo.- Que, el decreto contra el que se interpone el recurso es uno que resuelve que “se
provee el escrito N° 4167- 2020: AL PRINCIPAL Y OTROSI: A la observación del informe
pericial, en los términos expuestos, corrase traslado a la parte demandante y al perito
nombrado en autos por el plazo de tres días y a los autos”.Tercero.- Que el BANCO DE
CREDITO DEL PERU interpone recurso de reposicion en contra de la resolucion setenta de
fecha nueve de Octubre del dos mil veinte, argumentando que la observación efectuada por la
ejecutada FLORA CUEVA CASTILLO al informe pericial se encuentra fuera del plazo de ley
debido a que dicho informe pericial ya fue aprobado por el juzgado; y revisado los autos se
tiene que a fojas 537 obra la resolución 68 de fecha 15 de Julio del 2020 la misma que se
resuelve; APROBAR el informe pericial de interés compensatorios por la suma de
(S/7,966.02) SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 02/100 NUEVOS SOLES ; y
los intereses moratorios por la suma de (S/.5,756.38) CINCO MIL SETECIENTOSCINCUENTA
Y SEIS CON 38/100 NUEVOS SOLES; por tanto el recurso de reposición interpuesto contra de
la resolución número setenta de fojas 549, debe declararse fundado, en consecuencia, SE
RESUELVE: Declarar FUNDADO EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por BANCO
DE CREDITO DEL PERU, contra la Resolución numero setenta de fecha nueve de Octubre del
dos mil veinte que obra a fojas 549, por lo tanto se dispone declarar NULA la resolución 70 de
fecha nueve de Octubre del 2020 y proveyendo con arreglo a ley el escrito N°4167-2020; A
lo solicitado, no ha lugar y estese a la resolución 68 de fecha 15 de Julio del 2020. Tómese
Razón y Hágase Saber.- Se provee el escrito virtual N°5623: Tengase presente y estese a
lo resuelto en la presente resolución.-.<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | 1° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 30979-1997-0-1801-JR-CI-03
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : SUAREZ BURGOS, DAVID
ESPECIALISTA : SANCHEZ BARAZORDA PAOLA VICTORIA
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DE MARCONA,
DRA. SANCHEZ GIRAO, MONICA
DEMANDANTE : CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.,
Resolución Nro. TREINTA Y SIETE
Lima, 14 de noviembre de 2019
Al escrito que antecede; estando a lo
solicitado por la demandada: Téngase presente; Y ATENDIENDO: PRIMERO:
Que, mediante escrito de fojas 199 a 200, el demandante varia su domicilio
procesal a la casilla 853 del Colegio de Abogados, posteriormente mediante
resolución trece, de fecha 04 de julio de 1996, se dispone cumplir con lo
ejecutoriado, para lo cual el actor presento diversos escritos impulsando el
proceso hasta que se emite la resolución de fecha 14 de junio de 1999 (fojas
300), donde se dispone remitir los autos al archivo central, por encontrarse
paralizado por más de cuatro meses, resolución que ha sido notificada al actor
correctamente en su casilla N° 853, conforme es de verse de fojas 301;
SEGUNDO: Que, la parte demandante presenta su escrito de
desarchivamiento el 24 de setiembre de 2014. Al respecto la parte demandada
solicita la prescripción argumentando que han transcurrido más de diez años
desde que la sentencia quedo firme, y se solicito el desarchivamiento, debiendo
aplicarse el numeral 1 del articulo 2001° del Código Civil, resaltando que el
hecho que recientemente el demandante haya hecho uso de los actos
procesales no interrumpe el plazo de prescripción, dado que a la fecha de
presentado el escrito de desarchivamiento ya había transcurrido más de 18
años, debiendo declararse la prescripción de la ejecución de la sentencia;
TERCERO: Que, por su parte, el demandante no presenta observaciones. En
ese sentido, el articulo 2001° del Código Civil señala lo siguiente: “Prescriben,
salvo disposición diversa de la ley: 1.- A los diez años, la acción personal, la
acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.”;
CUARTO: En el caso concreto, se advierte que los autos se remitieron al
archivo general en el año 1999, por la inacción del demandante, y
posteriormente en el año 2014 se solicita el desarchivameinto, es decir, han
transcurrido más de 14 años de la inactividad de la ejecución, por tanto, se
configura el supuesto citado en el considerando precedente, siendo ello así, en
aplicación del articulo 2001° del Código Civil; SE RESUELVE: DECLARAR
FUNDADA la solicitud de prescripción de la ejecución de sentencia,
ARCHIVANDOSE DEFINITIVAMENTE LOS AUTOS Y DEVOLVIENDOSE
LOS ANEXOS.- | <|im_start|>system
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1° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 30979-1997-0-1801-JR-CI-03
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : SUAREZ BURGOS, DAVID
ESPECIALISTA : SANCHEZ BARAZORDA PAOLA VICTORIA
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DE MARCONA,
DRA. SANCHEZ GIRAO, MONICA
DEMANDANTE : CIA. MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.,
Resolución Nro. TREINTA Y SIETE
Lima, 14 de noviembre de 2019
Al escrito que antecede; estando a lo
solicitado por la demandada: Téngase presente; Y ATENDIENDO: PRIMERO:
Que, mediante escrito de fojas 199 a 200, el demandante varia su domicilio
procesal a la casilla 853 del Colegio de Abogados, posteriormente mediante
resolución trece, de fecha 04 de julio de 1996, se dispone cumplir con lo
ejecutoriado, para lo cual el actor presento diversos escritos impulsando el
proceso hasta que se emite la resolución de fecha 14 de junio de 1999 (fojas
300), donde se dispone remitir los autos al archivo central, por encontrarse
paralizado por más de cuatro meses, resolución que ha sido notificada al actor
correctamente en su casilla N° 853, conforme es de verse de fojas 301;
SEGUNDO: Que, la parte demandante presenta su escrito de
desarchivamiento el 24 de setiembre de 2014. Al respecto la parte demandada
solicita la prescripción argumentando que han transcurrido más de diez años
desde que la sentencia quedo firme, y se solicito el desarchivamiento, debiendo
aplicarse el numeral 1 del articulo 2001° del Código Civil, resaltando que el
hecho que recientemente el demandante haya hecho uso de los actos
procesales no interrumpe el plazo de prescripción, dado que a la fecha de
presentado el escrito de desarchivamiento ya había transcurrido más de 18
años, debiendo declararse la prescripción de la ejecución de la sentencia;
TERCERO: Que, por su parte, el demandante no presenta observaciones. En
ese sentido, el articulo 2001° del Código Civil señala lo siguiente: “Prescriben,
salvo disposición diversa de la ley: 1.- A los diez años, la acción personal, la
acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.”;
CUARTO: En el caso concreto, se advierte que los autos se remitieron al
archivo general en el año 1999, por la inacción del demandante, y
posteriormente en el año 2014 se solicita el desarchivameinto, es decir, han
transcurrido más de 14 años de la inactividad de la ejecución, por tanto, se
configura el supuesto citado en el considerando precedente, siendo ello así, en
aplicación del articulo 2001° del Código Civil; SE RESUELVE: DECLARAR
FUNDADA la solicitud de prescripción de la ejecución de sentencia,
ARCHIVANDOSE DEFINITIVAMENTE LOS AUTOS Y DEVOLVIENDOSE
LOS ANEXOS.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | 9° JUZGADO DE TRABAJO - NLPT
EXPEDIENTE : 01488-2005-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : TANTAS SAAVEDRA NORMAN WILMER
ESPECIALISTA : MENDOZA DURAND RONALD YURI
TERCERO : FLORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA
SAC LIQUIDADORA Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSERVAS
SANTA ADELA SA ,
DEMANDANTE : ROMERO LINARES, VALENTIN MARTIN
Resolución Nro. SETENTA Y SIETE
Chimbote, tres de junio
Del año dos mil veintidos.-
AUTOS Y VISTOS, y dado cuenta con el estado del
proceso, y con el escrito N° 29954-2022 presentado por el demandante; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Previamente se debe señalar que mediante resolucion setenta y cinco se dispuso
que se notifique a INDECOPI con la finalidad que INFORME DOCUMENTADO en donde:
A) precisar si se le ha pagado total o parcialmente los créditos laborales reconocidos por
concepto de capital e intereses que fueron ordenados en autos, debiendo adjuntar para ello la
documental que así lo acredite; C) señalar los motivos por los cuales la demandada
CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., no ha cumplido con pagar los créditos laborales
reconocidos al demandante; y, D) señalar la situación actual de la demandada
CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., precisando si se encuentra en disolución, quiebra y/o
liquidado; no obstante se advierte que con la documentación remitida por INDECOPI con fecha
05.04.2019 es suficiente para emitir pronunciamiento, siendo así prescíndase del informe
requerido a INDECOPI a través de la resolución setenta y cinco.
SEGUNDO: Que, resulta del caso que mediante resolución número setenta y cuatro, se declaró
improcedente la aplicación del principio persecutorio contra el Banco de Crédito del Perú –
BCP, sobre el bien inmueble ubicado en Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G Lote 11-14) –
Florida Baja, que fue de propiedad de la demandada, hasta por la suma de S/ 5,311.42 SOLES;
siendo así, la parte demandante solicitó la aplicación del principio persecutorio en contra del
tercero Empresa de Conservas de Pescado Beltrán E.I.R.L. (en adelante tercero),
fundamentándose en que actualmente el inmueble de la demandada fue adquirido por el tercero
mediante compra y venta, conforme se aprecia del Certificado Literal de la SUNARP que se
adjunta, entre otros.
TERCERO: Que, habiéndose corrido el traslado pertinente, el tercero a través de la resolución
setenta y cinco para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES de notificado, CUMPLA
con absolver lo pertinente, bajo apercibimiento de aplicarse el Principio Persecutorio, en caso de
incumplimiento; siendo notificado válidamente con dicha resolucion y sus anexos, conforme es
de verse del SINOJ con fecha 19.08.2020 y 11.09.2020 respectivamente; no habiendo cumplido
con absolver hasta la fecha, razón por la cual se procede a resolver.
CUARTO: Mediante escrito de fecha 05.04.2019 INDECOPI remite el Oficio N° 0095-
2019/CCO-INDECOPI, en el que se precisó que al no existir ninguna entidad liquidadora que
tenga intención de asumir el procedimiento de liquidación de la demandada, se dio por
concluido el procedimiento concursal y se dispuso el archivo.
QUINTO: La SUNARP Chimbote, mediante escrito de fecha 27.03.2019, remitió el Oficio Nº
533-2019-ZR N VII-SEDE HUARAZ –PUBLICIDAD/ ORVM adjuntando la copia literal de la
partida Nº P09033466 del predio ubicado en el PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA AV.
ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14) – CHIMBOTE, la misma que cumplió con
lo ordenado, a través del Oficio N° 533-2019, Z.RN°VII-SEDE HUARAZ-
PUBLICIDAD/ORVM, del cual se aprecia que el actual propietario es la EMPRESA DE
CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L.,
SEXTO: Que, en ese orden, resulta aplicable al caso lo regulado en el Artículo 3° del Decreto
Legislativo N° 856, que señala que la acción persecutoria recae sobre los bienes del negocio,
entre otras, cuando el empleador ha sido declarado insolvente, y como consecuencia de ello
se ha procedido a la disolución y liquidación de la empresa o su declaración judicial de
quiebra. La acción alcanza a las transferencias de activos fijos o de negocios efectuadas
dentro de los seis meses anteriores a la declaración de insolvencia del acreedor. Asimismo,
lo regulado en el Artículo 4° del referido cuerpo legal: “La preferencia o prioridad también se
ejerce cuando en un proceso judicial el empleador no ponga a disposición del juzgado bien o
bienes libres suficientes para responder por los créditos laborales adeudados materia de la
demanda”. Además de ello, la Corte Suprema a través de la Sentencia de Casación N° 1303-
2003, estableció que: “la acción de persecutoriedad de los beneficios sociales reposa en el
hecho que la relación laboral genera una vinculación de tipo personal y además patrimonial
entre el empleador y el trabajador, teniendo por finalidad apremiar los bienes del empleador o
empresario deudor, pues éstos constituyen la garantía para el pago de las acreencias
laborales; no se trata de identificar quién o quienes ejercen actualmente la propiedad de los
bienes de la empresa deudora, o si hay algún vínculo familiar o personal de los terceros
adquirientes con el empleador; de lo que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza
de que pertenecieron al empleador deudor (…)”, de igual manera, la Sentencia de Casación
N° 1097-2001, refiere que: “(…) y eventualmente, realizarlos. Para ello debe integrarse a la
relación procesal éste tercero en quien va a recaer la decisión del proceso, para que tenga
acceso al derecho de defensa.”
SETIMO: Que, de lo expuesto, se tiene que el bien ubicado en el Pueblo Joven Florida Baja
Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G Lote 11-14) – Chimbote, se encuentra inscrito con la
Partida Literal P09033466, sobre el cual se ha solicitado se aplique la acción persecutoria,
perteneció al empleador deudor (demandada), sin embargo en la actualidad el propietario es la
EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L.; que si bien es cierto que
dicha empresa (tercero) adquirió el inmueble el 04/07/2017, libre de gravámenes y/o cargas, ello
no quiere decir que no exista acreencias laborales que siguen a los bienes de la demandada,
conforme a lo regulado en el Artículo 4° del Decreto Legislativo N° 856 (véase sexto
Considerando). En ese sentido, se tiene que la ex empresa liquidadora a través de la figura legal
de Dación de Pago transfirió parte del inmueble de la demandada a la CASA BANCERO S.A.,
y éste a su vez transfirió como compra-venta al BCP, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la
CASA BANCERO S.A. no se encontraba dentro del primer orden de preferencia o
prioridad del pago de créditos laborales; entonces, tenemos que la compra-venta celebrado
entre Casa Banchero S.A. a favor del BCP es irregular, así como la compra-venta celebrado
entre el BCP y la Empresa de Conservas de Pescado Beltrán E.I.R.L., y al haberse cumplido los
requisitos de la normativa señalada en autos, corresponde declarar FUNDADO el pedido de
aplicación del Principio Persecutorio sobre el inmueble de la demandada en contra del tercero
EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L., solicitada por la parte
demandante. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
FUNDADA la aplicación del Principio Persecutorio solicitada por la parte demandante, en
contra del tercero EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L., sobre
el bien inmueble de negocio de la demandada, ubicado en AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798
(MZ. G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, que fue de propiedad de la demandada EMPRESA
CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., hasta por la suma de S/ 5, 311.42 soles; en
consecuencia, REQUIÉRASE al tercero perseguido EMPRESA DE CONSERVAS DE
PESCADO BELTRAN E.I.R.L., a fin que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES de
notificado, CUMPLA con pagar a favor de la parte actora la suma de S/ 5, 311.42 soles, bajo
apercibimiento de ejecución forzosa sobre el bien inmueble citado, en caso de
incumplimiento. Notifíquese.-
| <|im_start|>system
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9° JUZGADO DE TRABAJO - NLPT
EXPEDIENTE : 01488-2005-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : TANTAS SAAVEDRA NORMAN WILMER
ESPECIALISTA : MENDOZA DURAND RONALD YURI
TERCERO : FLORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA
SAC LIQUIDADORA Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSERVAS
SANTA ADELA SA ,
DEMANDANTE : ROMERO LINARES, VALENTIN MARTIN
Resolución Nro. SETENTA Y SIETE
Chimbote, tres de junio
Del año dos mil veintidos.-
AUTOS Y VISTOS, y dado cuenta con el estado del
proceso, y con el escrito N° 29954-2022 presentado por el demandante; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Previamente se debe señalar que mediante resolucion setenta y cinco se dispuso
que se notifique a INDECOPI con la finalidad que INFORME DOCUMENTADO en donde:
A) precisar si se le ha pagado total o parcialmente los créditos laborales reconocidos por
concepto de capital e intereses que fueron ordenados en autos, debiendo adjuntar para ello la
documental que así lo acredite; C) señalar los motivos por los cuales la demandada
CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., no ha cumplido con pagar los créditos laborales
reconocidos al demandante; y, D) señalar la situación actual de la demandada
CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., precisando si se encuentra en disolución, quiebra y/o
liquidado; no obstante se advierte que con la documentación remitida por INDECOPI con fecha
05.04.2019 es suficiente para emitir pronunciamiento, siendo así prescíndase del informe
requerido a INDECOPI a través de la resolución setenta y cinco.
SEGUNDO: Que, resulta del caso que mediante resolución número setenta y cuatro, se declaró
improcedente la aplicación del principio persecutorio contra el Banco de Crédito del Perú –
BCP, sobre el bien inmueble ubicado en Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G Lote 11-14) –
Florida Baja, que fue de propiedad de la demandada, hasta por la suma de S/ 5,311.42 SOLES;
siendo así, la parte demandante solicitó la aplicación del principio persecutorio en contra del
tercero Empresa de Conservas de Pescado Beltrán E.I.R.L. (en adelante tercero),
fundamentándose en que actualmente el inmueble de la demandada fue adquirido por el tercero
mediante compra y venta, conforme se aprecia del Certificado Literal de la SUNARP que se
adjunta, entre otros.
TERCERO: Que, habiéndose corrido el traslado pertinente, el tercero a través de la resolución
setenta y cinco para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES de notificado, CUMPLA
con absolver lo pertinente, bajo apercibimiento de aplicarse el Principio Persecutorio, en caso de
incumplimiento; siendo notificado válidamente con dicha resolucion y sus anexos, conforme es
de verse del SINOJ con fecha 19.08.2020 y 11.09.2020 respectivamente; no habiendo cumplido
con absolver hasta la fecha, razón por la cual se procede a resolver.
CUARTO: Mediante escrito de fecha 05.04.2019 INDECOPI remite el Oficio N° 0095-
2019/CCO-INDECOPI, en el que se precisó que al no existir ninguna entidad liquidadora que
tenga intención de asumir el procedimiento de liquidación de la demandada, se dio por
concluido el procedimiento concursal y se dispuso el archivo.
QUINTO: La SUNARP Chimbote, mediante escrito de fecha 27.03.2019, remitió el Oficio Nº
533-2019-ZR N VII-SEDE HUARAZ –PUBLICIDAD/ ORVM adjuntando la copia literal de la
partida Nº P09033466 del predio ubicado en el PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA AV.
ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14) – CHIMBOTE, la misma que cumplió con
lo ordenado, a través del Oficio N° 533-2019, Z.RN°VII-SEDE HUARAZ-
PUBLICIDAD/ORVM, del cual se aprecia que el actual propietario es la EMPRESA DE
CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L.,
SEXTO: Que, en ese orden, resulta aplicable al caso lo regulado en el Artículo 3° del Decreto
Legislativo N° 856, que señala que la acción persecutoria recae sobre los bienes del negocio,
entre otras, cuando el empleador ha sido declarado insolvente, y como consecuencia de ello
se ha procedido a la disolución y liquidación de la empresa o su declaración judicial de
quiebra. La acción alcanza a las transferencias de activos fijos o de negocios efectuadas
dentro de los seis meses anteriores a la declaración de insolvencia del acreedor. Asimismo,
lo regulado en el Artículo 4° del referido cuerpo legal: “La preferencia o prioridad también se
ejerce cuando en un proceso judicial el empleador no ponga a disposición del juzgado bien o
bienes libres suficientes para responder por los créditos laborales adeudados materia de la
demanda”. Además de ello, la Corte Suprema a través de la Sentencia de Casación N° 1303-
2003, estableció que: “la acción de persecutoriedad de los beneficios sociales reposa en el
hecho que la relación laboral genera una vinculación de tipo personal y además patrimonial
entre el empleador y el trabajador, teniendo por finalidad apremiar los bienes del empleador o
empresario deudor, pues éstos constituyen la garantía para el pago de las acreencias
laborales; no se trata de identificar quién o quienes ejercen actualmente la propiedad de los
bienes de la empresa deudora, o si hay algún vínculo familiar o personal de los terceros
adquirientes con el empleador; de lo que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza
de que pertenecieron al empleador deudor (…)”, de igual manera, la Sentencia de Casación
N° 1097-2001, refiere que: “(…) y eventualmente, realizarlos. Para ello debe integrarse a la
relación procesal éste tercero en quien va a recaer la decisión del proceso, para que tenga
acceso al derecho de defensa.”
SETIMO: Que, de lo expuesto, se tiene que el bien ubicado en el Pueblo Joven Florida Baja
Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G Lote 11-14) – Chimbote, se encuentra inscrito con la
Partida Literal P09033466, sobre el cual se ha solicitado se aplique la acción persecutoria,
perteneció al empleador deudor (demandada), sin embargo en la actualidad el propietario es la
EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L.; que si bien es cierto que
dicha empresa (tercero) adquirió el inmueble el 04/07/2017, libre de gravámenes y/o cargas, ello
no quiere decir que no exista acreencias laborales que siguen a los bienes de la demandada,
conforme a lo regulado en el Artículo 4° del Decreto Legislativo N° 856 (véase sexto
Considerando). En ese sentido, se tiene que la ex empresa liquidadora a través de la figura legal
de Dación de Pago transfirió parte del inmueble de la demandada a la CASA BANCERO S.A.,
y éste a su vez transfirió como compra-venta al BCP, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la
CASA BANCERO S.A. no se encontraba dentro del primer orden de preferencia o
prioridad del pago de créditos laborales; entonces, tenemos que la compra-venta celebrado
entre Casa Banchero S.A. a favor del BCP es irregular, así como la compra-venta celebrado
entre el BCP y la Empresa de Conservas de Pescado Beltrán E.I.R.L., y al haberse cumplido los
requisitos de la normativa señalada en autos, corresponde declarar FUNDADO el pedido de
aplicación del Principio Persecutorio sobre el inmueble de la demandada en contra del tercero
EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L., solicitada por la parte
demandante. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
FUNDADA la aplicación del Principio Persecutorio solicitada por la parte demandante, en
contra del tercero EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L., sobre
el bien inmueble de negocio de la demandada, ubicado en AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798
(MZ. G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, que fue de propiedad de la demandada EMPRESA
CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., hasta por la suma de S/ 5, 311.42 soles; en
consecuencia, REQUIÉRASE al tercero perseguido EMPRESA DE CONSERVAS DE
PESCADO BELTRAN E.I.R.L., a fin que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES de
notificado, CUMPLA con pagar a favor de la parte actora la suma de S/ 5, 311.42 soles, bajo
apercibimiento de ejecución forzosa sobre el bien inmueble citado, en caso de
incumplimiento. Notifíquese.-
<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | SALA CIVIL-SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 01409-2007-20-1903-JR-CI-01
MATERIA : ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATORA : RAMÍREZ REÁTEGUI, GABRIELA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : ICOMEDES SILVA, JOSÉ OCTAVIO
S.S. ÁLVAREZ LÓPEZ
MAGALLANES HERNÁNDEZ
VARGAS ASCUE
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Iquitos, 1 de setiembre de 2020
AUTOS Y VISTOS; puestos los autos a despacho, se emite la siguiente
I. MATERIA DE APELACIÓN:
RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO – AUTO - de fecha 6 de junio
de 2018, obrante a fojas 11, que atendiendo el escrito presentado por el
demandante se resolvió; (…) estando a lo solicitado ESTESE a lo resuelto
por el Superior Jerárquico mediante resolución número dos, de fecha 19 de
setiembre de 2014, que obra en autos a fojas 734 al 741, que resuelve en el
punto 2) ítem ii) Declárese fundada la observación de la hoja de liquidación
de intereses legales, efectuada por el apoderado de la Oficina de
Normalización Previsional (…) iii) Téngase por desaprobada la liquidación de
intereses legales practicada por la Oficina de Liquidación adscrita a la
Oficina de Liquidación de esta Corte (…) iv) Nulo al requerimiento a la
demandada Marina de Guerra del Perú para el pago de la suma de intereses
legales (…). Y siendo el estado del proceso se tiene por ejecutada la
sentencia, haciéndose necesario ordenar el archivo definitivo de los autos
(…).
1
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN:
Por escrito de fecha 15 de junio de 2018 el demandante interpone recurso
de apelación contra la resolución número setenta y ocho, alega lo siguiente.
(fs. 15/19).
2.1. Que, el A-quo no ha tomado en cuenta que frente a este nuevo pedido
ya existen pronunciamientos similares por parte de la Sala Civil Mixta en
cuanto a otorgar el pago de los intereses legales producto de la deuda
devengada aun cuando no fue solicitado en la demanda ni tampoco haya
sido materia de pronunciamiento en la sentencia.
2.2. El A-quo mediante resolución impugnada no ha tomado en cuenta lo
señalado por ésta parte en cuanto a la realización de un nuevo pedido, ya
que tan solo se ha limitado a remitir lo solicitado a lo resuelto por la Sala Civil
de esta Corte en su resolución 02 que obra en el expediente a fojas 734 a
741, es decir no ha tomado en cuenta lo indicado en la solicitado que se
sostiene en nuevos elementos de juicio que permiten una revaloración en
cuanto al pago de los intereses legales producto de la deuda devengada.
2.3. Por otro lado, el Juez de ejecución dispone el archivamiento definitivo
del proceso señalando para ello que se tiene por ejecutada la sentencia
recaída en autos, sin embargo, no ha previsto que solo se ha cancelado los
devengados correspondientes más NO los intereses legales, es ante ello
que hemos efectuado un nuevo pedido con nuevos elementos de juicio a
efectos de un nuevo pronunciamiento que no ha sido tomado en cuenta en la
resolución impugnada.
2.4. Finalmente, no se tuvo en cuenta el artículo 3° del Decreto Ley N°
25920 que señala expresamente lo siguiente: “El interés legal sobre los
montos adeudados por el empleador se devengan a partir del día siguiente
de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago
efectivo, sin que sea necesario que el trabajador exija, judicial o
extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe
haber sufrido algún daño”. De lo que se colige que los intereses legales son
una consecuencia derivada de los adeudos laborales que el empleador
tenga con su trabajador, sea que estos versen sobre beneficios sociales,
indemnizaciones, etc.
2
III. FUNDAMENTOS DE LA SALA CIVIL DE LORETO
PRIMERO. – ANTECEDENTES.
3.1. Por escrito de fecha 27 de enero de 2011 que obra a folios 545/550
don José Octavio Icomedes Silva, interpone recurso de apelación contra la
resolución número cuarenta de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez –
SENTENCIA DE VISTA, que resolvió revocar la sentencia de primera instancia,
que declara fundada la demanda, reformándola declararon infundada la
demanda sobre reconocimiento y restitución de la pensión de cesantía
devengadas a favor de José Octavio Icomedes Silva.
3.2. Elevados los actuados a la Corte Suprema, mediante Casación Suprema
N° 1475-2011-LORETO la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declararon
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante José Octavio
Icomedes Silva, de fecha veintisiete de enero de dos mil once, en
consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha diecisiete de diciembre
de dos mil diez; y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia
de primera instancia, de fecha doce de enero de dos mil diez, que declara
fundada la demanda y dispone RECONOCER Y RESTITUIR al actor la
pensión de cesantía dentro del régimen del Decreto Ley N° 20530 y
consecuentemente el pago de devengadas desde abril del año mil
novecientos noventa y nueve y hasta junio del año dos mil ocho (…).
3.3. En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema el demandado –
Marina de Guerra del Perú, emite Resolución Directoral N° 0906-2013-
MGP/DAP de fecha uno de agosto de dos mil trece, por la que resuelve:
Artículo 1°.- Reconocer el Derecho a Pensión de Cesantía bajo el régimen del
Decreto Ley N° 20530, al Empleado Civil Cesante José Octavio Icomedes
Silva, a partir del mes de abril de 1999, por la suma de equivalente al íntegro
de las Remuneraciones Pensionables que actualmente percibe un servidor que
realiza las mismas funciones, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República de fecha 11 de abril de 2013. Se adjunta
hoja de liquidación de reintegro de pensiones, la misma que se aprueba por
resolución número cuarenta y siete de fecha dieciocho de noviembre de dos mil
3
trece, en la suma de cincuenta y dos mil novecientos treinta con 68/100 soles
(S/. 52,930.68), decisión que no fuera materia de impugnación.
3.4. Por escrito de fecha tres de diciembre de dos mil trece, el demandante
solicita se practique liquidación de intereses, corrido traslado a las partes y la
oposición formulada, por resolución número cincuenta y tres de fecha
diecinueve de marzo de dos mil catorce el Juzgado resuelve entre otros,
TENER por aprobada la liquidación de intereses legales, apelada que fue la
misma, por resolución de fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce,
deciden: REVOCAR la resolución apelada y REFORMANDOLA desaprueba la
liquidación de intereses legales.
TERCERO.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA.
3.5. Por escrito de fecha 14 de marzo de dos mil dieciocho, por segunda vez
el demandante solicita liquidación de intereses legales, alega lo siguiente, si
bien la demandada ya cumplió con cancelar la totalidad de los devengados sin
embargo aún queda pendiente ejecutar el pago de los intereses legales
producto de la deuda devengada, al respecto es cierto que la resolución
número dos de fecha 19 de setiembre de 2015 expedida por el Superior en
grado en el incidente 55 ordeno desaprobar la hoja de liquidación de intereses
legales basado únicamente en el hecho que el pago de los intereses legales no
fue solicitado en el escrito de demanda y en consecuencia no fue materia de
pronunciamiento en la sentencia recaída en autos; sin embargo la presente
solicitud debe tomarse como un nuevo pedido a fin de que se disponga nueva
liquidación de intereses legales con base en el artículo 3º del Decreto Ley Nº
25920, del que se colige que los intereses legales son una consecuencia
derivada de los adeudos laborales que el empleador tenía con su trabajador.
3.6. De conformidad con el artículo 139, inciso 2, de la Constitución, toda
persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a que no se deje sin
efecto aquellas resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, ni
modificar su contenido, ni retarda su ejecución.
3.7. Sobre el particular, el Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia
que este derecho garantiza al justiciable que las resoluciones que hayan
puesto fin al proceso judicial no sólo no puedan ser recurridas a través de
medios impugnatorios –bien porque estos han sido agotados; bien porque ha
4
transcurrido el plazo legal para interponerlos-, sino también que su contenido
no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, ya sea por actos de otros
poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos
jurisdiccionales que resolvieron el caso1.
3.8. En ese sentido, conforme se aprecia de la revisión de autos el estado del
proceso es el de ejecutado, pues se afirma que el demandante fue satisfecho
en el integro de la pretensión demandada, como es, la restitución de su
pensión de cesantía y el pago de devengadas desde abril del año mil
novecientos noventa y nueve y hasta junio del año dos mil ocho, así aparece
de la sentencia de primera instancia y confirmada por Sentencia de Casación
N° 1475-2011-LORETO, por tanto no existiendo otro medio impugnatorio
previsto en nuestro ordenamiento civil para su cuestionamiento adquiere la
condición de cosa juzgada y con ello la obligación de ser cumplida en sus
mismos términos, por cuanto la ejecución de las sentencias en sus propios
términos, constituye una garantía a favor de las partes procesales tanto para el
ejecutante como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya
finalizado y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho
reconocido por sentencia firme a su capricho, alterando las condiciones en que
fue delimitado2.
3.9. Así entonces el NO existe mandato exigible al demandado sobre pago
de intereses legales por cuanto esta pretensión no formó parte o no fue incluida
como tal en el petitorio de la demanda (fs.84 a 100 del expediente principal], así
también lo afirma y reconoce el propio demandante en su escrito denominado
“segundo pedido de liquidación de intereses legales”; no obstante el
demandante pretende que en etapa de ejecución se disponga el pago de
intereses legales amparo su pedido en el Decreto Ley N° 25920.
3.10. El artículo 3° del Decreto Ley N° 25920 establece l o siguiente:
Artículo 3°.- El interés legal sobre los montos adeudados por el
empleador se devengan a partir del día siguiente de aquél en que
se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin
que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra
judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o
pruebe haber sufrido algún daño.
1 Sentencia 04587-2004-AA/TC, FUNDAMENTO 38.
2 Sentencia 01939-2011-PA/TC
5
En principio el propósito de tal disposición legal es fijar el tipo de interés que
corresponde pagar por adeudos de carácter laboral, es decir resulta innegable
que una deuda impaga genera intereses a parir del día siguiente de su
incumplimiento, por lo que el decreto ley en cuestión lo que hizo es distinguir
aquel interés que genera adeudos laborales; sin embargo en lo referido a que
no es necesario que el trabajador lo exija sea judicial o extrajudicialmente y
como tal justificaría que en cualquier etapa del proceso pueda solicitar el pago
de intereses, como así se pretende el recurrente, contraviene distintos
principios de nuestro ordenamiento procesal, así el principio de iniciativa de
parte previsto en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, que dispone: “El proceso se promueve sólo a
iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar (…)”, según
el cual, el objeto discutido, dentro del proceso, es de interés prioritariamente de
las partes, puesto que son estas las que han recurrido a la Administración de
Justicia para resolver su conflicto intersubjetivo de intereses, esto es, han
planteado una demanda y una contestación a ella, por lo que es lógico y
coherente considerar que la respuesta de los órganos jurisdiccionales debe
estar acorde a sus pretensiones; al Principio de Congruencia Procesal, al
configurarse el supuesto de ultra petita, incorporándose otras accesorias que
no forman parte de la causa pretendi, modificándose la situación de hecho en
torno a la cual se funda la demanda, entonces son las partes quienes en buena
cuenta limitan en distintos momentos los extremos del pronunciamiento judicial
claro observando estrictamente la oportunidad que tienen para hacerlo y no así
como se pretende a la conclusión del proceso.
3.11. Por las consideraciones expuesto el Colegiado no advierte infracción
alguna en la decisión contenida en la resolución recurrida, por cuanto el pedido
formulado por el demandante ya fue materia de pronunciamiento en primera y
segunda instancia y conforme a su estado de ejecutado correspondía disponer
su archivamiento en el repartición correspondiente de la Corte Superior de
Justicia de Loreto.
IV. DECISION
Por tales consideraciones, la Sala Civil de Loreto RESUELVE: CONFIRMAR
LA RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO de fecha 06 de junio de
6
2018, que resolvió: ESTESE a lo resuelto por el Superior Jerárquico mediante
resolución número dos, de fecha 19 de setiembre de 2014 […] Y siendo el
estado del proceso se tiene por ejecutada la sentencia […].Siendo ponente la
señora jueza superior Vargas Ascue.
MVA
7 | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
SALA CIVIL-SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 01409-2007-20-1903-JR-CI-01
MATERIA : ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATORA : RAMÍREZ REÁTEGUI, GABRIELA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : ICOMEDES SILVA, JOSÉ OCTAVIO
S.S. ÁLVAREZ LÓPEZ
MAGALLANES HERNÁNDEZ
VARGAS ASCUE
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Iquitos, 1 de setiembre de 2020
AUTOS Y VISTOS; puestos los autos a despacho, se emite la siguiente
I. MATERIA DE APELACIÓN:
RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO – AUTO - de fecha 6 de junio
de 2018, obrante a fojas 11, que atendiendo el escrito presentado por el
demandante se resolvió; (…) estando a lo solicitado ESTESE a lo resuelto
por el Superior Jerárquico mediante resolución número dos, de fecha 19 de
setiembre de 2014, que obra en autos a fojas 734 al 741, que resuelve en el
punto 2) ítem ii) Declárese fundada la observación de la hoja de liquidación
de intereses legales, efectuada por el apoderado de la Oficina de
Normalización Previsional (…) iii) Téngase por desaprobada la liquidación de
intereses legales practicada por la Oficina de Liquidación adscrita a la
Oficina de Liquidación de esta Corte (…) iv) Nulo al requerimiento a la
demandada Marina de Guerra del Perú para el pago de la suma de intereses
legales (…). Y siendo el estado del proceso se tiene por ejecutada la
sentencia, haciéndose necesario ordenar el archivo definitivo de los autos
(…).
1
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN:
Por escrito de fecha 15 de junio de 2018 el demandante interpone recurso
de apelación contra la resolución número setenta y ocho, alega lo siguiente.
(fs. 15/19).
2.1. Que, el A-quo no ha tomado en cuenta que frente a este nuevo pedido
ya existen pronunciamientos similares por parte de la Sala Civil Mixta en
cuanto a otorgar el pago de los intereses legales producto de la deuda
devengada aun cuando no fue solicitado en la demanda ni tampoco haya
sido materia de pronunciamiento en la sentencia.
2.2. El A-quo mediante resolución impugnada no ha tomado en cuenta lo
señalado por ésta parte en cuanto a la realización de un nuevo pedido, ya
que tan solo se ha limitado a remitir lo solicitado a lo resuelto por la Sala Civil
de esta Corte en su resolución 02 que obra en el expediente a fojas 734 a
741, es decir no ha tomado en cuenta lo indicado en la solicitado que se
sostiene en nuevos elementos de juicio que permiten una revaloración en
cuanto al pago de los intereses legales producto de la deuda devengada.
2.3. Por otro lado, el Juez de ejecución dispone el archivamiento definitivo
del proceso señalando para ello que se tiene por ejecutada la sentencia
recaída en autos, sin embargo, no ha previsto que solo se ha cancelado los
devengados correspondientes más NO los intereses legales, es ante ello
que hemos efectuado un nuevo pedido con nuevos elementos de juicio a
efectos de un nuevo pronunciamiento que no ha sido tomado en cuenta en la
resolución impugnada.
2.4. Finalmente, no se tuvo en cuenta el artículo 3° del Decreto Ley N°
25920 que señala expresamente lo siguiente: “El interés legal sobre los
montos adeudados por el empleador se devengan a partir del día siguiente
de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago
efectivo, sin que sea necesario que el trabajador exija, judicial o
extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe
haber sufrido algún daño”. De lo que se colige que los intereses legales son
una consecuencia derivada de los adeudos laborales que el empleador
tenga con su trabajador, sea que estos versen sobre beneficios sociales,
indemnizaciones, etc.
2
III. FUNDAMENTOS DE LA SALA CIVIL DE LORETO
PRIMERO. – ANTECEDENTES.
3.1. Por escrito de fecha 27 de enero de 2011 que obra a folios 545/550
don José Octavio Icomedes Silva, interpone recurso de apelación contra la
resolución número cuarenta de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez –
SENTENCIA DE VISTA, que resolvió revocar la sentencia de primera instancia,
que declara fundada la demanda, reformándola declararon infundada la
demanda sobre reconocimiento y restitución de la pensión de cesantía
devengadas a favor de José Octavio Icomedes Silva.
3.2. Elevados los actuados a la Corte Suprema, mediante Casación Suprema
N° 1475-2011-LORETO la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declararon
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante José Octavio
Icomedes Silva, de fecha veintisiete de enero de dos mil once, en
consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha diecisiete de diciembre
de dos mil diez; y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia
de primera instancia, de fecha doce de enero de dos mil diez, que declara
fundada la demanda y dispone RECONOCER Y RESTITUIR al actor la
pensión de cesantía dentro del régimen del Decreto Ley N° 20530 y
consecuentemente el pago de devengadas desde abril del año mil
novecientos noventa y nueve y hasta junio del año dos mil ocho (…).
3.3. En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema el demandado –
Marina de Guerra del Perú, emite Resolución Directoral N° 0906-2013-
MGP/DAP de fecha uno de agosto de dos mil trece, por la que resuelve:
Artículo 1°.- Reconocer el Derecho a Pensión de Cesantía bajo el régimen del
Decreto Ley N° 20530, al Empleado Civil Cesante José Octavio Icomedes
Silva, a partir del mes de abril de 1999, por la suma de equivalente al íntegro
de las Remuneraciones Pensionables que actualmente percibe un servidor que
realiza las mismas funciones, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República de fecha 11 de abril de 2013. Se adjunta
hoja de liquidación de reintegro de pensiones, la misma que se aprueba por
resolución número cuarenta y siete de fecha dieciocho de noviembre de dos mil
3
trece, en la suma de cincuenta y dos mil novecientos treinta con 68/100 soles
(S/. 52,930.68), decisión que no fuera materia de impugnación.
3.4. Por escrito de fecha tres de diciembre de dos mil trece, el demandante
solicita se practique liquidación de intereses, corrido traslado a las partes y la
oposición formulada, por resolución número cincuenta y tres de fecha
diecinueve de marzo de dos mil catorce el Juzgado resuelve entre otros,
TENER por aprobada la liquidación de intereses legales, apelada que fue la
misma, por resolución de fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce,
deciden: REVOCAR la resolución apelada y REFORMANDOLA desaprueba la
liquidación de intereses legales.
TERCERO.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA.
3.5. Por escrito de fecha 14 de marzo de dos mil dieciocho, por segunda vez
el demandante solicita liquidación de intereses legales, alega lo siguiente, si
bien la demandada ya cumplió con cancelar la totalidad de los devengados sin
embargo aún queda pendiente ejecutar el pago de los intereses legales
producto de la deuda devengada, al respecto es cierto que la resolución
número dos de fecha 19 de setiembre de 2015 expedida por el Superior en
grado en el incidente 55 ordeno desaprobar la hoja de liquidación de intereses
legales basado únicamente en el hecho que el pago de los intereses legales no
fue solicitado en el escrito de demanda y en consecuencia no fue materia de
pronunciamiento en la sentencia recaída en autos; sin embargo la presente
solicitud debe tomarse como un nuevo pedido a fin de que se disponga nueva
liquidación de intereses legales con base en el artículo 3º del Decreto Ley Nº
25920, del que se colige que los intereses legales son una consecuencia
derivada de los adeudos laborales que el empleador tenía con su trabajador.
3.6. De conformidad con el artículo 139, inciso 2, de la Constitución, toda
persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a que no se deje sin
efecto aquellas resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, ni
modificar su contenido, ni retarda su ejecución.
3.7. Sobre el particular, el Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia
que este derecho garantiza al justiciable que las resoluciones que hayan
puesto fin al proceso judicial no sólo no puedan ser recurridas a través de
medios impugnatorios –bien porque estos han sido agotados; bien porque ha
4
transcurrido el plazo legal para interponerlos-, sino también que su contenido
no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, ya sea por actos de otros
poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos
jurisdiccionales que resolvieron el caso1.
3.8. En ese sentido, conforme se aprecia de la revisión de autos el estado del
proceso es el de ejecutado, pues se afirma que el demandante fue satisfecho
en el integro de la pretensión demandada, como es, la restitución de su
pensión de cesantía y el pago de devengadas desde abril del año mil
novecientos noventa y nueve y hasta junio del año dos mil ocho, así aparece
de la sentencia de primera instancia y confirmada por Sentencia de Casación
N° 1475-2011-LORETO, por tanto no existiendo otro medio impugnatorio
previsto en nuestro ordenamiento civil para su cuestionamiento adquiere la
condición de cosa juzgada y con ello la obligación de ser cumplida en sus
mismos términos, por cuanto la ejecución de las sentencias en sus propios
términos, constituye una garantía a favor de las partes procesales tanto para el
ejecutante como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya
finalizado y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho
reconocido por sentencia firme a su capricho, alterando las condiciones en que
fue delimitado2.
3.9. Así entonces el NO existe mandato exigible al demandado sobre pago
de intereses legales por cuanto esta pretensión no formó parte o no fue incluida
como tal en el petitorio de la demanda (fs.84 a 100 del expediente principal], así
también lo afirma y reconoce el propio demandante en su escrito denominado
“segundo pedido de liquidación de intereses legales”; no obstante el
demandante pretende que en etapa de ejecución se disponga el pago de
intereses legales amparo su pedido en el Decreto Ley N° 25920.
3.10. El artículo 3° del Decreto Ley N° 25920 establece l o siguiente:
Artículo 3°.- El interés legal sobre los montos adeudados por el
empleador se devengan a partir del día siguiente de aquél en que
se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin
que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra
judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o
pruebe haber sufrido algún daño.
1 Sentencia 04587-2004-AA/TC, FUNDAMENTO 38.
2 Sentencia 01939-2011-PA/TC
5
En principio el propósito de tal disposición legal es fijar el tipo de interés que
corresponde pagar por adeudos de carácter laboral, es decir resulta innegable
que una deuda impaga genera intereses a parir del día siguiente de su
incumplimiento, por lo que el decreto ley en cuestión lo que hizo es distinguir
aquel interés que genera adeudos laborales; sin embargo en lo referido a que
no es necesario que el trabajador lo exija sea judicial o extrajudicialmente y
como tal justificaría que en cualquier etapa del proceso pueda solicitar el pago
de intereses, como así se pretende el recurrente, contraviene distintos
principios de nuestro ordenamiento procesal, así el principio de iniciativa de
parte previsto en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, que dispone: “El proceso se promueve sólo a
iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar (…)”, según
el cual, el objeto discutido, dentro del proceso, es de interés prioritariamente de
las partes, puesto que son estas las que han recurrido a la Administración de
Justicia para resolver su conflicto intersubjetivo de intereses, esto es, han
planteado una demanda y una contestación a ella, por lo que es lógico y
coherente considerar que la respuesta de los órganos jurisdiccionales debe
estar acorde a sus pretensiones; al Principio de Congruencia Procesal, al
configurarse el supuesto de ultra petita, incorporándose otras accesorias que
no forman parte de la causa pretendi, modificándose la situación de hecho en
torno a la cual se funda la demanda, entonces son las partes quienes en buena
cuenta limitan en distintos momentos los extremos del pronunciamiento judicial
claro observando estrictamente la oportunidad que tienen para hacerlo y no así
como se pretende a la conclusión del proceso.
3.11. Por las consideraciones expuesto el Colegiado no advierte infracción
alguna en la decisión contenida en la resolución recurrida, por cuanto el pedido
formulado por el demandante ya fue materia de pronunciamiento en primera y
segunda instancia y conforme a su estado de ejecutado correspondía disponer
su archivamiento en el repartición correspondiente de la Corte Superior de
Justicia de Loreto.
IV. DECISION
Por tales consideraciones, la Sala Civil de Loreto RESUELVE: CONFIRMAR
LA RESOLUCIÓN NÚMERO SETENTA Y OCHO de fecha 06 de junio de
6
2018, que resolvió: ESTESE a lo resuelto por el Superior Jerárquico mediante
resolución número dos, de fecha 19 de setiembre de 2014 […] Y siendo el
estado del proceso se tiene por ejecutada la sentencia […].Siendo ponente la
señora jueza superior Vargas Ascue.
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You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00092-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 19 de
setiembre de 2006, a folios 39, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 33/100 SOLES, más los intereses
devengado y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 26 y 27 de setiembre de 2006 (folios 40-41), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 19 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00092-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 19 de
setiembre de 2006, a folios 39, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 33/100 SOLES, más los intereses
devengado y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 26 y 27 de setiembre de 2006 (folios 40-41), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 19 de setiembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INHIBITORIA
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS S A ,
DEMANDANTE : CUBA DIAZ, ROBINSON ADAN
Resolución Nro. 87
Tacna, uno de octubre
del año dos mil dieciocho.-
I. ASUNTO:
Proveyendo conforme a ley el Escrito Nro. 023269-2018.-
II. FUNDAMENTOS:
1. Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 50º del
Código Procesal Civil, son deberes de los Jueces en el proceso, dirigirlo y velar
por su rápida solución.
2. Que estando a la revisión de autos se tiene la sentencia expedida mediante
resolución número setenta y uno de fecha once de noviembre del dos mil
dieciséis, declarando Fundada en Parte la demanda, siendo confirmada por el
Superior mediante Sentencia de Vista resolución número setena y nueve de
fecha cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, revocando en el extremo del
monto a pagar por compensación por tiempo de servicios, vacaciones y
gratificaciones legales, señalando como nuevo monto la suma de
S/.19,361.80 soles.
3. Que estando al requerimiento efectuado mediante resolución número ochenta
y uno de fecha catorce de mayo del dos mil dieciocho, se tiene que la entidad
mediante escrito de fecha cuatro de julio del dos mil dieciocho adjunta el
Deposito Judicial Nº 20180151030577 por la suma de S/. 5,000.00 soles,
como pago a cuenta, señalando que el saldo se estará depositando en el
transcurso del mes, sin embargo a pesar del tiempo transcurrido y el
requerimiento efectuado con resolución numero ochenta y seis de fecha
veinte de agosto del dos mil dieciocho, la entidad no da cumplimiento en su
totalidad a lo ordenado por el juzgado, por lo tanto resulta procedente
efectuar el requerimiento en mérito a lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que toda persona
o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones
judiciales, en consecuencia y estando a las consideraciones antes expuestas;
III. DECISION:
REQUERIR NUEVAMENTE a la entidad demandada EMPRESA DE
TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.R.L., CUMPLA con lo dispuesto en
la sentencia de vista expedida en autos, y abone al demandante la diferencia
restante ascendente a la suma de S/. 14,361.80 soles por concepto de pago
de beneficios sociales, debiendo remitir documentación actualizada sobre la
oportunidad de pago de los adeudos ordenado a favor del demandante, todo
ello en el plazo de 10 días y bajo apercibimiento de imponérsele multa
ascendente a DOS (02) Unidades de Referencia Procesal en caso de
incumplimiento. AL PRIMER OTROSI: Téngase presente. Notifíquese a las
partes.- | <|im_start|>system
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JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INHIBITORIA
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS S A ,
DEMANDANTE : CUBA DIAZ, ROBINSON ADAN
Resolución Nro. 87
Tacna, uno de octubre
del año dos mil dieciocho.-
I. ASUNTO:
Proveyendo conforme a ley el Escrito Nro. 023269-2018.-
II. FUNDAMENTOS:
1. Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 50º del
Código Procesal Civil, son deberes de los Jueces en el proceso, dirigirlo y velar
por su rápida solución.
2. Que estando a la revisión de autos se tiene la sentencia expedida mediante
resolución número setenta y uno de fecha once de noviembre del dos mil
dieciséis, declarando Fundada en Parte la demanda, siendo confirmada por el
Superior mediante Sentencia de Vista resolución número setena y nueve de
fecha cuatro de diciembre del dos mil diecisiete, revocando en el extremo del
monto a pagar por compensación por tiempo de servicios, vacaciones y
gratificaciones legales, señalando como nuevo monto la suma de
S/.19,361.80 soles.
3. Que estando al requerimiento efectuado mediante resolución número ochenta
y uno de fecha catorce de mayo del dos mil dieciocho, se tiene que la entidad
mediante escrito de fecha cuatro de julio del dos mil dieciocho adjunta el
Deposito Judicial Nº 20180151030577 por la suma de S/. 5,000.00 soles,
como pago a cuenta, señalando que el saldo se estará depositando en el
transcurso del mes, sin embargo a pesar del tiempo transcurrido y el
requerimiento efectuado con resolución numero ochenta y seis de fecha
veinte de agosto del dos mil dieciocho, la entidad no da cumplimiento en su
totalidad a lo ordenado por el juzgado, por lo tanto resulta procedente
efectuar el requerimiento en mérito a lo dispuesto por el Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que toda persona
o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones
judiciales, en consecuencia y estando a las consideraciones antes expuestas;
III. DECISION:
REQUERIR NUEVAMENTE a la entidad demandada EMPRESA DE
TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.R.L., CUMPLA con lo dispuesto en
la sentencia de vista expedida en autos, y abone al demandante la diferencia
restante ascendente a la suma de S/. 14,361.80 soles por concepto de pago
de beneficios sociales, debiendo remitir documentación actualizada sobre la
oportunidad de pago de los adeudos ordenado a favor del demandante, todo
ello en el plazo de 10 días y bajo apercibimiento de imponérsele multa
ascendente a DOS (02) Unidades de Referencia Procesal en caso de
incumplimiento. AL PRIMER OTROSI: Téngase presente. Notifíquese a las
partes.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA-SEDE ALIMAR
EXPEDIENTE N.° 00356-2004-0-1801-JR-LA-28
TRIBUNAL UNIPERSONAL
RESOLUCIÓN N° 64
Lima, 16 de agosto del 2022
VISTOS:
En Audiencia Pública de fecha 15 de julio del año en curso, interviniendo como Juez
Superior ponente el Señor Valenzuela Barreto, se expide la siguiente resolución:
ASUNTO:
Resolución materia de apelación: Es materia de impugnación:
(cid:1) La Sentencia N° 00092-2021-26°JETTL de fecha 30 de junio del 2021, obrante de
fojas 1433 a 1451, que declara: FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia,
ORDENA a la demandada cumpla con pagar a la actora la suma de S/ 6 541,90 Soles
a titulo de reintegro de cinco gratificaciones anuales por incidencia de la bonificación
por productividad gerencia. Asimismo, ORDENA a la demandada realizar las gestiones
necesarias ante la entidad financiera depositaria, a fin de que la actora pueda cobrar el
saldo de la compensación por tiempo de servicios en el monto ascendente a S/ 18
029,69 Soles; más intereses legales, sin costas ni costos del proceso.
Expresión de los agravios de la apelación de Sentencia (Resolución N° 57).- Que,
de fojas 1454 a 1458, obra el escrito de apelación de la demandada Banco de la
Nación, donde expresa como agravios:
1 Que, la sentencia apelada ha afectado el principio y derecho constitucional del debido
proceso, toda vez que no ha efectuado una valoración conjunta y razonada de los
medios de prueba actuados y aportados al proceso, ya que dichas gratificaciones de
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA-SEDE ALIMAR
enero, febrero y julio 2004 ya fueron cancelados, conforme se acredita con el
documento histórico de planillas de la demandante.
Expresión de los agravios de la apelación de Sentencia (Resolución N° 57).- Que,
de fojas 1462 a 1463, obra el escrito de apelación de la demandante, donde expresa
como agravios:
1. Que, no procede descontar los S/ 24 000,00 Soles, que se ordenó en la Sentencia N°
287-2012-3° JTTL emitida por el Tercer Juzgador Laboral Transitoria de Lima, puesto
que en dicho proceso judicial la demandante canceló dicho importe ordenado a pagar,
conforme se advertirá del Certificado de Depósito Judicial N° 2015009300208, en la
cual, la demandante consigno a favor del demandado el monto de S/ 24 000,00 Soles,
deposito que fue custodiado y entregado al demandado.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, mediante Casación N° 626-01-Arequipa se estableció que “El Juez
Superior tiene la facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones
resueltas por el juez inferior, sin embargo cabe precisar que la extensión de los
poderes a la instancia de alzada está presidida por un postulado que limita su
procedimiento, recogido por el aforismo tantum appellatum quantum devolutum, en
virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer mediante la apelación de
los agravios que afectan al impugnante”1; en ese sentido, sólo se debe pronunciar
sobre los agravios planteados por la demandada en la apelación (de la sentencia), y lo
resuelto por el A-quo en relación a ellos (agravios).
SEGUNDO.- Antes de resolver los agravio conviene precisar que, en el Acta de
Audiencia Única llevada a cabo el 27 de mayo de 2005, obrante a fojas 690/vuelta, se
fijaron los siguientes puntos controvertidos: "1. Determinar si a la actora le corresponde
los beneficios sociales que solicita, a saber, el cobro de la compensación por tiempo
de servicios de todo su periodo laboral, el pago de la bonificación por productividad
1 El Peruano 05-11-2001, pág. 7905.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA-SEDE ALIMAR
del periodo 2004, el pago del Bono por Desempeño Laboral 2004, la participación de
utilidades del periodo 2004, las remuneraciones insolutas de julio y agosto del año
2004 y el reintegro de las cinco gratificaciones anuales del periodo 2004 por
incidencia de la bonificación por productividad. 2. Determinar si la demandante ha
sido despido arbitrariamente, en consecuencia si le corresponde el pago por
indemnización por despido arbitrario."
TERCERO.- Además, es principio fundamental en el derecho laboral que las partes
acrediten los hechos que alegan, en ese entendido el artículo 27° de la Ley Procesal
de Trabajo N° 26636 dispone: “Artículo 27.- CARGA DE LA PRUEBA.- Corresponde a
las partes probar sus afirmaciones y esencialmente: 1. Al trabajador probar la
existencia del vínculo laboral. (esto es la prestación personal de un servicio,
subordinado, remunerado) 2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre,
el reglamento interno y el contrato individual de trabajo. 3. Al empleador la causa del
despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y
la hostilidad de la que fuera objeto”. Asimismo, el artículo196° del Código Procesal Civil
–aplicable supletoriamente- establece: “Salvo disposición legal diferente, la carga de
probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión, o a quien
los contradice alegando hechos nuevos”. Por último, el primer párrafo del artículo 25 de
la Ley 26636 regula: “Artículo 25.- FINALIDAD.- Los medios probatorios en el proceso
laboral tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir
certeza en el Juez respecto de los hechos controvertidos y fundamentar sus
decisiones”.
CUARTO.- Respecto al agravio primero de la demandada referentes a las cinco
gratificaciones, que la demandante reclama el reintegro de las cinco gratificaciones
anuales percibidas en enero, febrero, marzo, julio y diciembre del año 2004, acusando
la no inclusión del rubro mensual de "productividad" ascendente a S/ 1 691,87 Soles,
dichas gratificaciones anuales fueron reguladas en diversos convenios colectivos de
alcance general, que se remontan al año 1993 en adelante, los mismos que obran a
fojas 1248 a 1287, según dicha reglamentación convencional, el Banco de la Nación se
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA-SEDE ALIMAR
comprometió a otorgar a sus empleados, cinco gratificaciones anuales, equivalente a
cada una a una remuneración mensual ordinaria, siendo su oportunidad de pago la
siguiente: "1. Una remuneración ordinaria mensual con el adelanto de la gratificaciones
por descanso vacacional, enero. 2. Una remuneración ordinaria mensual por
escolaridad, en febrero. 3. Una remuneración ordinaria mensual en diciembre (Fiestas
Patrias). 4. Una remuneración ordinaria en diciembre (Fiestas Navideñas). 5. Una
remuneración ordinaria mensual al cumplir un años mas de servicio.", siendo así,
conforme a lo debidamente fundamentado por el Juzgador en el considerando Decimo,
se advierte de las Boletas de Pago, obrante a fojas 744 a 746 y 736, que la
demandada percibió las gratificaciones anuales en los meses de enero (gratificación
por adelanto vacacional y gratificación vacacional), febrero (gratificación escolaridad),
julio (gratificación convencional por fiestas patrias) y diciembre (gratificación
convencional por Navidad), siendo la pretensión del accionante del año 2004,
únicamente fueron percibidos por dicho años según se exigibilidad, la gratificación de
adelanto vacacional, gratificación por cumplimiento de años de servicios (ambas en
enero), gratificación por escolaridad (febrero) y la gratificación por fiestas patrias (julio),
ello por haber laborado hasta agosto de 2004; sin embargo, a pesar de tener carácter
remunerativo el Bono Gerencial, dicho concepto no fue incluido en el pago de dichas
gratificaciones en el año 2004, siendo así, corresponde conforme a lo liquidado por el
Juzgador, otorgar el reintegro respectivo considerando los importes mensuales
entregados a titulo de dicha bonificación en cada oportunidad de pago de las citadas
gratificaciones; por lo que, no corresponde amparar los agravios de la demandada
respecto a este extremo.
QUINTO.- En cuanto al agravio primero de la demandante sobre Compensación
por Tiempo de Servicios, si bien el Juzgador de conformidad al artículo 51° del
Decreto Supremo 001-97-TR, que prescribe: "Si el trabajador es despedido por
comisión de falta grave que haya originado perjuicio económico al empleador, éste
deberá notificar al depositario para que la compensación por tiempo de servicios y sus
intereses quede retenida por el monto que corresponda en custodia por el depositario,
a las resultas del juicio que promueva el empleador.", a la totalidad del monto de S/ 42
029,69 Soles por Compensación por Tiempo de Servicios amparados en este proceso,
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA-SEDE ALIMAR
ordenó la retención de la compensación por tiempo de servicios por el monto de S/ 24
000,00 Soles, ello en atención a la Carta DEF/92.2621 N° 483-2004 de fecha 23 de
agosto de 2004, mediante la cual la demandada requirió al Banco Sudameris, retener
el monto total de la CTS de la actora, por cuanto la demandada habría iniciado un
proceso contra la demandante sobre indemnización por daños y perjuicios, proceso
que fue amparo a favor del Banco de la Nación por indemnización por daños y
perjuicios por falta grave, tal como se puede observar del reporte del Sistema
Integrado Judicial (al cual también tiene acceso las partes del proceso), donde en
virtud de la Sentencia N° 287-2012-3°JTTL de fecha 07 de noviembre de 2012 emitida
por el Tercer Juzgado Transitorio Laboral de Lima, declaró fundada la demanda
interpuesta por el Banco de la Nación contra la demandante, compeliéndola a ésta al
pago del importe de S/ 24 000,00 Soles amparado a titulo de indemnización por daños
y perjuicios derivados de falta grave del trabajador, constituyendo dicha decisión una
resolución firme con calidad de cosa juzgada al no presentarse en el Sistema Integrado
de Judicial la presentación de recurso impugnatorio alguno por las partes; sin embargo,
en aplicación al principio de veracidad y a la prohibición de enriquecimiento indebido,
no procedería descontar los S/ 24 000,00 Soles, que se ordenó en la Sentencia N°
287-2012-3° JTTL emitida por el Tercer Jugado Laboral Transitoria de Lima, puesto
que, en dicho proceso judicial la demandante cancelo dicho importe ordenado a pagar,
conforme se verifica del Certificado de Depósito Judicial N° 2015009300208 que obra a
fojas 1461, en la cual, la demandante consigno a favor del demandando el monto de S/
24 000,00 Soles, deposito que fue custodia y entregada al demandado por el Tercer
Juzgado Laboral Transitorio de Lima; por lo expuesto, al descontar el Juzgador el
integro de lo que realmente se le debe a la demandante por Compensación por Tiempo
de Servicios, estaría doblemente pagándosele al demandado indebidamente un monto
que ya cobro, hecho que configuraría un manifiesto enriquecimiento indebido a favor
del demandado, razón por la cual, debe ordenarse pagar a favor de la demandante el
integro de su Compensación por Tiempo de Servicios equivalente al monto de S/ 42
029,69 Soles, siendo así corresponde amparar el agravio de la demandante
respecto a este extremo.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA-SEDE ALIMAR
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el numeral 2) del
artículo 5º de la Ley Procesal del Trabajo N.º 26636: este Tribunal Unipersonal, con
la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO
CONFIRMAR: La Sentencia N° 00092-2021-26°JETTL de fecha 30 de junio del 2021,
obrante de fojas 1433 a 1451, que declara: FUNDADA EN PARTE la demanda; en
consecuencia, ORDENO a la demandada cumpla con pagar a la actora la suma de S/
6 541,90 (SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 90/100 SOLES) a titulo
de reintegro de cinco gratificaciones anuales por incidencia de la bonificación por
productividad gerencia. Asimismo, MODIFICANDO el monto ORDENO a la
demandada realizar las gestiones necesarias ante la entidad financiera depositaria, a
fin de que la actora pueda cobrar la totalidad de la compensación por tiempo de
servicios en el monto ascendente a S/ 42 029,69 SOLES (CUARENTA Y DOS MIL
VEINTE Y NUEVE CON 69/100 SOLES); más intereses legales, sin costas ni costos
del proceso.
En los seguidos por MARIA OTILIA LA TORRE ORTIZ DE RODRIGUEZ contra
BANCO DE LA NACIÓN; sobre reintegro de beneficios sociales; y devolvieron a su
Juzgado de Origen. Notifíquese.-
JVB/r.l.c.
VALENZUELA BARRETO
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EXPEDIENTE N.° 00356-2004-0-1801-JR-LA-28
TRIBUNAL UNIPERSONAL
RESOLUCIÓN N° 64
Lima, 16 de agosto del 2022
VISTOS:
En Audiencia Pública de fecha 15 de julio del año en curso, interviniendo como Juez
Superior ponente el Señor Valenzuela Barreto, se expide la siguiente resolución:
ASUNTO:
Resolución materia de apelación: Es materia de impugnación:
(cid:1) La Sentencia N° 00092-2021-26°JETTL de fecha 30 de junio del 2021, obrante de
fojas 1433 a 1451, que declara: FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia,
ORDENA a la demandada cumpla con pagar a la actora la suma de S/ 6 541,90 Soles
a titulo de reintegro de cinco gratificaciones anuales por incidencia de la bonificación
por productividad gerencia. Asimismo, ORDENA a la demandada realizar las gestiones
necesarias ante la entidad financiera depositaria, a fin de que la actora pueda cobrar el
saldo de la compensación por tiempo de servicios en el monto ascendente a S/ 18
029,69 Soles; más intereses legales, sin costas ni costos del proceso.
Expresión de los agravios de la apelación de Sentencia (Resolución N° 57).- Que,
de fojas 1454 a 1458, obra el escrito de apelación de la demandada Banco de la
Nación, donde expresa como agravios:
1 Que, la sentencia apelada ha afectado el principio y derecho constitucional del debido
proceso, toda vez que no ha efectuado una valoración conjunta y razonada de los
medios de prueba actuados y aportados al proceso, ya que dichas gratificaciones de
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enero, febrero y julio 2004 ya fueron cancelados, conforme se acredita con el
documento histórico de planillas de la demandante.
Expresión de los agravios de la apelación de Sentencia (Resolución N° 57).- Que,
de fojas 1462 a 1463, obra el escrito de apelación de la demandante, donde expresa
como agravios:
1. Que, no procede descontar los S/ 24 000,00 Soles, que se ordenó en la Sentencia N°
287-2012-3° JTTL emitida por el Tercer Juzgador Laboral Transitoria de Lima, puesto
que en dicho proceso judicial la demandante canceló dicho importe ordenado a pagar,
conforme se advertirá del Certificado de Depósito Judicial N° 2015009300208, en la
cual, la demandante consigno a favor del demandado el monto de S/ 24 000,00 Soles,
deposito que fue custodiado y entregado al demandado.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, mediante Casación N° 626-01-Arequipa se estableció que “El Juez
Superior tiene la facultad de poder revisar y decidir sobre todas las cuestiones
resueltas por el juez inferior, sin embargo cabe precisar que la extensión de los
poderes a la instancia de alzada está presidida por un postulado que limita su
procedimiento, recogido por el aforismo tantum appellatum quantum devolutum, en
virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer mediante la apelación de
los agravios que afectan al impugnante”1; en ese sentido, sólo se debe pronunciar
sobre los agravios planteados por la demandada en la apelación (de la sentencia), y lo
resuelto por el A-quo en relación a ellos (agravios).
SEGUNDO.- Antes de resolver los agravio conviene precisar que, en el Acta de
Audiencia Única llevada a cabo el 27 de mayo de 2005, obrante a fojas 690/vuelta, se
fijaron los siguientes puntos controvertidos: "1. Determinar si a la actora le corresponde
los beneficios sociales que solicita, a saber, el cobro de la compensación por tiempo
de servicios de todo su periodo laboral, el pago de la bonificación por productividad
1 El Peruano 05-11-2001, pág. 7905.
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del periodo 2004, el pago del Bono por Desempeño Laboral 2004, la participación de
utilidades del periodo 2004, las remuneraciones insolutas de julio y agosto del año
2004 y el reintegro de las cinco gratificaciones anuales del periodo 2004 por
incidencia de la bonificación por productividad. 2. Determinar si la demandante ha
sido despido arbitrariamente, en consecuencia si le corresponde el pago por
indemnización por despido arbitrario."
TERCERO.- Además, es principio fundamental en el derecho laboral que las partes
acrediten los hechos que alegan, en ese entendido el artículo 27° de la Ley Procesal
de Trabajo N° 26636 dispone: “Artículo 27.- CARGA DE LA PRUEBA.- Corresponde a
las partes probar sus afirmaciones y esencialmente: 1. Al trabajador probar la
existencia del vínculo laboral. (esto es la prestación personal de un servicio,
subordinado, remunerado) 2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre,
el reglamento interno y el contrato individual de trabajo. 3. Al empleador la causa del
despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y
la hostilidad de la que fuera objeto”. Asimismo, el artículo196° del Código Procesal Civil
–aplicable supletoriamente- establece: “Salvo disposición legal diferente, la carga de
probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión, o a quien
los contradice alegando hechos nuevos”. Por último, el primer párrafo del artículo 25 de
la Ley 26636 regula: “Artículo 25.- FINALIDAD.- Los medios probatorios en el proceso
laboral tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir
certeza en el Juez respecto de los hechos controvertidos y fundamentar sus
decisiones”.
CUARTO.- Respecto al agravio primero de la demandada referentes a las cinco
gratificaciones, que la demandante reclama el reintegro de las cinco gratificaciones
anuales percibidas en enero, febrero, marzo, julio y diciembre del año 2004, acusando
la no inclusión del rubro mensual de "productividad" ascendente a S/ 1 691,87 Soles,
dichas gratificaciones anuales fueron reguladas en diversos convenios colectivos de
alcance general, que se remontan al año 1993 en adelante, los mismos que obran a
fojas 1248 a 1287, según dicha reglamentación convencional, el Banco de la Nación se
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comprometió a otorgar a sus empleados, cinco gratificaciones anuales, equivalente a
cada una a una remuneración mensual ordinaria, siendo su oportunidad de pago la
siguiente: "1. Una remuneración ordinaria mensual con el adelanto de la gratificaciones
por descanso vacacional, enero. 2. Una remuneración ordinaria mensual por
escolaridad, en febrero. 3. Una remuneración ordinaria mensual en diciembre (Fiestas
Patrias). 4. Una remuneración ordinaria en diciembre (Fiestas Navideñas). 5. Una
remuneración ordinaria mensual al cumplir un años mas de servicio.", siendo así,
conforme a lo debidamente fundamentado por el Juzgador en el considerando Decimo,
se advierte de las Boletas de Pago, obrante a fojas 744 a 746 y 736, que la
demandada percibió las gratificaciones anuales en los meses de enero (gratificación
por adelanto vacacional y gratificación vacacional), febrero (gratificación escolaridad),
julio (gratificación convencional por fiestas patrias) y diciembre (gratificación
convencional por Navidad), siendo la pretensión del accionante del año 2004,
únicamente fueron percibidos por dicho años según se exigibilidad, la gratificación de
adelanto vacacional, gratificación por cumplimiento de años de servicios (ambas en
enero), gratificación por escolaridad (febrero) y la gratificación por fiestas patrias (julio),
ello por haber laborado hasta agosto de 2004; sin embargo, a pesar de tener carácter
remunerativo el Bono Gerencial, dicho concepto no fue incluido en el pago de dichas
gratificaciones en el año 2004, siendo así, corresponde conforme a lo liquidado por el
Juzgador, otorgar el reintegro respectivo considerando los importes mensuales
entregados a titulo de dicha bonificación en cada oportunidad de pago de las citadas
gratificaciones; por lo que, no corresponde amparar los agravios de la demandada
respecto a este extremo.
QUINTO.- En cuanto al agravio primero de la demandante sobre Compensación
por Tiempo de Servicios, si bien el Juzgador de conformidad al artículo 51° del
Decreto Supremo 001-97-TR, que prescribe: "Si el trabajador es despedido por
comisión de falta grave que haya originado perjuicio económico al empleador, éste
deberá notificar al depositario para que la compensación por tiempo de servicios y sus
intereses quede retenida por el monto que corresponda en custodia por el depositario,
a las resultas del juicio que promueva el empleador.", a la totalidad del monto de S/ 42
029,69 Soles por Compensación por Tiempo de Servicios amparados en este proceso,
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ordenó la retención de la compensación por tiempo de servicios por el monto de S/ 24
000,00 Soles, ello en atención a la Carta DEF/92.2621 N° 483-2004 de fecha 23 de
agosto de 2004, mediante la cual la demandada requirió al Banco Sudameris, retener
el monto total de la CTS de la actora, por cuanto la demandada habría iniciado un
proceso contra la demandante sobre indemnización por daños y perjuicios, proceso
que fue amparo a favor del Banco de la Nación por indemnización por daños y
perjuicios por falta grave, tal como se puede observar del reporte del Sistema
Integrado Judicial (al cual también tiene acceso las partes del proceso), donde en
virtud de la Sentencia N° 287-2012-3°JTTL de fecha 07 de noviembre de 2012 emitida
por el Tercer Juzgado Transitorio Laboral de Lima, declaró fundada la demanda
interpuesta por el Banco de la Nación contra la demandante, compeliéndola a ésta al
pago del importe de S/ 24 000,00 Soles amparado a titulo de indemnización por daños
y perjuicios derivados de falta grave del trabajador, constituyendo dicha decisión una
resolución firme con calidad de cosa juzgada al no presentarse en el Sistema Integrado
de Judicial la presentación de recurso impugnatorio alguno por las partes; sin embargo,
en aplicación al principio de veracidad y a la prohibición de enriquecimiento indebido,
no procedería descontar los S/ 24 000,00 Soles, que se ordenó en la Sentencia N°
287-2012-3° JTTL emitida por el Tercer Jugado Laboral Transitoria de Lima, puesto
que, en dicho proceso judicial la demandante cancelo dicho importe ordenado a pagar,
conforme se verifica del Certificado de Depósito Judicial N° 2015009300208 que obra a
fojas 1461, en la cual, la demandante consigno a favor del demandando el monto de S/
24 000,00 Soles, deposito que fue custodia y entregada al demandado por el Tercer
Juzgado Laboral Transitorio de Lima; por lo expuesto, al descontar el Juzgador el
integro de lo que realmente se le debe a la demandante por Compensación por Tiempo
de Servicios, estaría doblemente pagándosele al demandado indebidamente un monto
que ya cobro, hecho que configuraría un manifiesto enriquecimiento indebido a favor
del demandado, razón por la cual, debe ordenarse pagar a favor de la demandante el
integro de su Compensación por Tiempo de Servicios equivalente al monto de S/ 42
029,69 Soles, siendo así corresponde amparar el agravio de la demandante
respecto a este extremo.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA-SEDE ALIMAR
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el numeral 2) del
artículo 5º de la Ley Procesal del Trabajo N.º 26636: este Tribunal Unipersonal, con
la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO
CONFIRMAR: La Sentencia N° 00092-2021-26°JETTL de fecha 30 de junio del 2021,
obrante de fojas 1433 a 1451, que declara: FUNDADA EN PARTE la demanda; en
consecuencia, ORDENO a la demandada cumpla con pagar a la actora la suma de S/
6 541,90 (SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 90/100 SOLES) a titulo
de reintegro de cinco gratificaciones anuales por incidencia de la bonificación por
productividad gerencia. Asimismo, MODIFICANDO el monto ORDENO a la
demandada realizar las gestiones necesarias ante la entidad financiera depositaria, a
fin de que la actora pueda cobrar la totalidad de la compensación por tiempo de
servicios en el monto ascendente a S/ 42 029,69 SOLES (CUARENTA Y DOS MIL
VEINTE Y NUEVE CON 69/100 SOLES); más intereses legales, sin costas ni costos
del proceso.
En los seguidos por MARIA OTILIA LA TORRE ORTIZ DE RODRIGUEZ contra
BANCO DE LA NACIÓN; sobre reintegro de beneficios sociales; y devolvieron a su
Juzgado de Origen. Notifíquese.-
JVB/r.l.c.
VALENZUELA BARRETO
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00125-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero de
2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente
para su custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin
ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto
deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal situación en los
meses de junio y diciembre de cada año. El desarchivamiento de
estos expedientes no generara pago de tasa judicial alguna al tratarse
de un archivo provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar
cuando se ha ejecutado íntegramente la decisión contenida en la
sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00125-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero de
2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente
para su custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin
ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto
deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal situación en los
meses de junio y diciembre de cada año. El desarchivamiento de
estos expedientes no generara pago de tasa judicial alguna al tratarse
de un archivo provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar
cuando se ha ejecutado íntegramente la decisión contenida en la
sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00221-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 11 de abril de
2007, a folio 44, se declaro fundada la demanda sobre OBLIGACION
DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA, contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
CON 75/100 SOLES, más los intereses devengados, con costos y
costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 03 y 09 de
mayo de 2007; (folios 45 a 46), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 11 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00221-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N°CUATRO (04)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 03 de fecha 11 de abril de
2007, a folio 44, se declaro fundada la demanda sobre OBLIGACION
DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA, contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
CON 75/100 SOLES, más los intereses devengados, con costos y
costas.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 03 y 09 de
mayo de 2007; (folios 45 a 46), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 11 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00138-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, Diez de abril
Del año dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante resolución N° CUATRO, de fecha 05 de mayo del 2006, se
resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte ejecutante AFP
INTEGRA contra la ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.; sobre
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A, cumpla con
pagar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DIEZ CON 60/100 SOLES
(S/45,010.60) por concepto de aportes previsionales impagos contenidos en
las liquidaciones para cobranza anexados a la demanda, más los intereses
moratorios que se devenguen a partir del día siguiente de la fecha de la
liquidación puesta a cobro hasta la fecha efectiva del pago total de la
obligación, concepto que se liquidará en ejecución de sentencia. ORDENA
el pago de costos y costas (folios 38-39).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado a
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido
válidamente notificadas con fecha 10 Y 11 de mayo del 2006; (folios 40 y
41), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación
del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema
de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las
especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales ubicados en la
sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de Piura, ello, con el fin
de que los actos de comunicación procesal se realicen en el menor tiempo
posible, lográndose a través de ello, que se realicen en tiempo real y en
beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en general”,
por lo que siendo así, se le debe requerir a las partes que cumplan en el
plazo de tres días con precisar su casilla electrónica a efectos de notificarlos
con las resoluciones que emanen del presente proceso, bajo
apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de incumplimiento;
Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA), de
fecha 05 de mayo del 2006.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento
de imponerse multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
3. REQUERIR a la parte demandada ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA cumpla con lo ordenado en la resolución N° 03 de fecha
05 de mayo de 2006.
4. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez
que suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por
disposición superior.
5. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00138-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, Diez de abril
Del año dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante resolución N° CUATRO, de fecha 05 de mayo del 2006, se
resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte ejecutante AFP
INTEGRA contra la ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.; sobre
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A, cumpla con
pagar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DIEZ CON 60/100 SOLES
(S/45,010.60) por concepto de aportes previsionales impagos contenidos en
las liquidaciones para cobranza anexados a la demanda, más los intereses
moratorios que se devenguen a partir del día siguiente de la fecha de la
liquidación puesta a cobro hasta la fecha efectiva del pago total de la
obligación, concepto que se liquidará en ejecución de sentencia. ORDENA
el pago de costos y costas (folios 38-39).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado a
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido
válidamente notificadas con fecha 10 Y 11 de mayo del 2006; (folios 40 y
41), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación
del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema
de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las
especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales ubicados en la
sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de Piura, ello, con el fin
de que los actos de comunicación procesal se realicen en el menor tiempo
posible, lográndose a través de ello, que se realicen en tiempo real y en
beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en general”,
por lo que siendo así, se le debe requerir a las partes que cumplan en el
plazo de tres días con precisar su casilla electrónica a efectos de notificarlos
con las resoluciones que emanen del presente proceso, bajo
apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de incumplimiento;
Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA), de
fecha 05 de mayo del 2006.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento
de imponerse multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
3. REQUERIR a la parte demandada ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA cumpla con lo ordenado en la resolución N° 03 de fecha
05 de mayo de 2006.
4. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez
que suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por
disposición superior.
5. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE LIMA
Juez: SANCHEZ MEDINA, DOMINGO
Fecha: 18/05/2017 10:52:03
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
14° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00137-2006-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMP. DE
NORMAS LABORAL
CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: MANTILLA HUAMAN,
YHALYN KATTYA JUEZ : SANCHEZ MEDINA, DOMINGO
Fecha: 03/06/2017 16:17:39
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : MANTILLA HUAMAN, YHALYN KATTYA
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : CORPORACION DEL MAR S.A. CORMAR,
DEMANDANTE : GARCIA IBAÑEZ, LUCIANO ENRIQUE
RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTIOCHO
Lima, ocho de mayo
Del año dos mil diecisiete.-
Dando cuenta en la fecha debido a las recargadas labores; De
conformidad con lo dispuesto en la resolución administrativa 178-2016-CE-PJ:
Téngase por recibido los presentes actuados remitidos por el 22° Juzgado
Especializado de Trabajo Transitorio de Lima el mismo que contiene la Casación N°
1728-2016: A lo expuesto: Estando a que el Órgano Supremo mediante Casación N°
1728-2016 de fecha 05 de setiembre del 2016 ha declarado FUNDADO el recurso de
casación interpuesto por la demandada, en consecuencia CASARON la Sentencia de
Vista contenida en la resolución de fecha 01 de octubre del 2015 que revocó la
Sentencia apelada, que declaró infundada la demanda, y actuando en sede de instancia:
CONFIRMARON la Sentencia apelada contenida en la resolución de fecha 31 de julio
del 2014 que declaró INFUNDADA LA DEMANDA, en consecuencia: CÚMPLASE
LO EJECUTORIADO y ARCHÍVESE DEFINITIVAMENTE los de la materia, en
los autos seguidos por LUCIANO ENRIQUE GARCIA IBAÑEZ contra
CORPORACION DEL MAR SA - CORMAR por tanto REMÍTANSE los presentes
al Archivo Central de La Corte Superior de Justicia de Lima, haciéndose entrega de los
anexos presentados dejándose copias certificadas en su lugar, entendiéndose la entrega
de los mismos con el letrado y/o demandante del proceso. AVÓQUESE al conocimiento
de la presente causa el Señor Magistrado que suscribe e interviniendo la Especialista Legal que
da cuenta por Disposición Superior. Notificándose.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE LIMA
Juez: SANCHEZ MEDINA, DOMINGO
Fecha: 18/05/2017 10:52:03
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
14° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00137-2006-0-1801-JR-LA-08
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMP. DE
NORMAS LABORAL
CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: MANTILLA HUAMAN,
YHALYN KATTYA JUEZ : SANCHEZ MEDINA, DOMINGO
Fecha: 03/06/2017 16:17:39
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : MANTILLA HUAMAN, YHALYN KATTYA
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : CORPORACION DEL MAR S.A. CORMAR,
DEMANDANTE : GARCIA IBAÑEZ, LUCIANO ENRIQUE
RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTIOCHO
Lima, ocho de mayo
Del año dos mil diecisiete.-
Dando cuenta en la fecha debido a las recargadas labores; De
conformidad con lo dispuesto en la resolución administrativa 178-2016-CE-PJ:
Téngase por recibido los presentes actuados remitidos por el 22° Juzgado
Especializado de Trabajo Transitorio de Lima el mismo que contiene la Casación N°
1728-2016: A lo expuesto: Estando a que el Órgano Supremo mediante Casación N°
1728-2016 de fecha 05 de setiembre del 2016 ha declarado FUNDADO el recurso de
casación interpuesto por la demandada, en consecuencia CASARON la Sentencia de
Vista contenida en la resolución de fecha 01 de octubre del 2015 que revocó la
Sentencia apelada, que declaró infundada la demanda, y actuando en sede de instancia:
CONFIRMARON la Sentencia apelada contenida en la resolución de fecha 31 de julio
del 2014 que declaró INFUNDADA LA DEMANDA, en consecuencia: CÚMPLASE
LO EJECUTORIADO y ARCHÍVESE DEFINITIVAMENTE los de la materia, en
los autos seguidos por LUCIANO ENRIQUE GARCIA IBAÑEZ contra
CORPORACION DEL MAR SA - CORMAR por tanto REMÍTANSE los presentes
al Archivo Central de La Corte Superior de Justicia de Lima, haciéndose entrega de los
anexos presentados dejándose copias certificadas en su lugar, entendiéndose la entrega
de los mismos con el letrado y/o demandante del proceso. AVÓQUESE al conocimiento
de la presente causa el Señor Magistrado que suscribe e interviniendo la Especialista Legal que
da cuenta por Disposición Superior. Notificándose.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE PUNO
Juez: GUIDO ARMANDO CHEVARRIA TISNADO
Fecha: 10/08/2016 08:51:19
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: PUNO/PUNO
FIRMA DIGITAL
3º JUZGADO CIVIL (EX 3º JUZ. MIXTO)
EXPEDIENTE : 01387-2007-0-2101-JM-CI-03
MATERIA : REIVINDICACION
CORTE SUPERIOR DE PUNO
Secretario: SOFIA GUERRA JUEZ : GUIDO ARMANDO CHEVARRIA TISNADO
CABRERA
Fecha: 10/08/2016 11:44:49
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : SOFIA GUERRA CABRERA
D.Judicial: PUNO/PUNO
FIRMA DIGITAL PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE
DEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU DIRECCION DE ASUNTOS
JURIDICOS DE LA MARINA ,
DEMANDANTE : PIZARRO PEREZ, JUAN ALBERTO
Resolución Nro. Sesenta y nueve (69).
Puno, cinco de agosto del dos mil dieciseis.-
DADO CUENTA: El escrito con registro 21795; AL
PRINCIPAL Y OTROSI DIGO: VISTOS: los autos; y,
CONSIDERANDO: PRIMERO.- REQUISITOS DE FONDO Y DE FORMA DEL
RECURSO DE APELACION.- Que, de la revisión y calificación
del Recurso de apelación interpuesta por la Marina de
Guerra del Perú representado judicialmente por el
Procurador Público Adjunto de la Marina de Guerra del Perú
David Eduardo Hidalgo Valdivia, en contra de la resolución
número sesenta y ocho (sentencia), se advierte que este
cumple con los requisitos de fondo y forma previstos en los
artículos 366º y 367º del Código Procesal Civil, es decir:
Se indica el error de hecho y de derecho en que los que se
habría incurrido en la resolución se precisa la naturaleza
del agravio, la naturaleza del agravio se sustenta la
pretensión impugnatoria, ha sido dirigida ante el juez que
expide la resolución, se ha presentado en el plazo oportuno
y se tiene en cuenta que no paga tasa judicial por estar
exonerado. SEGUNDO.- DE LA FORMA DE CONCESORIO DEL RECURSO
DE APELACION.- Que, se ha formulado recurso de apelación en
contra de la resolución número sesenta y ocho, de fecha
veinte de julio del dos mil dieciseis, a través del cual se
resuelve: Declarar fundada en parte la demanda; por lo
tanto corresponde conceder recurso de apelación con efecto
suspensivo en aplicación de lo dispuesto en el artículo
371º del código acotado -Norma y aplicación supletoria al
caso – que señala “Procedencia de apelación con efecto
suspensivo contra las sentencias y autos que dan por
concluido el proceso o impiden su continuación, y en los
demás casos previstos en este Código. Por lo tanto,
RESUELVO: CONCEDER recurso de apelación con efecto
suspensivo en contra de la resolución sesenta y ocho
(sentencia) de fecha veinte de julio del dos mil dieciseis,
obrante a fojas seiscientos cincuenta y ocho a seiscientos
setenta a favor del apelante, Marina de Guerra del Perú
representado judicialmente por el Procurador Público
Adjunto de la Marina de Guerra del Perú David Eduardo
Hidalgo Valdivia, en tal sentido ordeno que los autos sean
elevados al superior jerárquico a fin de que absuelva el
grado correspondiente; remisión de expediente que debe
efectuarse observando el plazo previsto por ley, con la
debida nota de atención. Hágase Saber.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE PUNO
Juez: GUIDO ARMANDO CHEVARRIA TISNADO
Fecha: 10/08/2016 08:51:19
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: PUNO/PUNO
FIRMA DIGITAL
3º JUZGADO CIVIL (EX 3º JUZ. MIXTO)
EXPEDIENTE : 01387-2007-0-2101-JM-CI-03
MATERIA : REIVINDICACION
CORTE SUPERIOR DE PUNO
Secretario: SOFIA GUERRA JUEZ : GUIDO ARMANDO CHEVARRIA TISNADO
CABRERA
Fecha: 10/08/2016 11:44:49
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : SOFIA GUERRA CABRERA
D.Judicial: PUNO/PUNO
FIRMA DIGITAL PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE
DEFENSA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU DIRECCION DE ASUNTOS
JURIDICOS DE LA MARINA ,
DEMANDANTE : PIZARRO PEREZ, JUAN ALBERTO
Resolución Nro. Sesenta y nueve (69).
Puno, cinco de agosto del dos mil dieciseis.-
DADO CUENTA: El escrito con registro 21795; AL
PRINCIPAL Y OTROSI DIGO: VISTOS: los autos; y,
CONSIDERANDO: PRIMERO.- REQUISITOS DE FONDO Y DE FORMA DEL
RECURSO DE APELACION.- Que, de la revisión y calificación
del Recurso de apelación interpuesta por la Marina de
Guerra del Perú representado judicialmente por el
Procurador Público Adjunto de la Marina de Guerra del Perú
David Eduardo Hidalgo Valdivia, en contra de la resolución
número sesenta y ocho (sentencia), se advierte que este
cumple con los requisitos de fondo y forma previstos en los
artículos 366º y 367º del Código Procesal Civil, es decir:
Se indica el error de hecho y de derecho en que los que se
habría incurrido en la resolución se precisa la naturaleza
del agravio, la naturaleza del agravio se sustenta la
pretensión impugnatoria, ha sido dirigida ante el juez que
expide la resolución, se ha presentado en el plazo oportuno
y se tiene en cuenta que no paga tasa judicial por estar
exonerado. SEGUNDO.- DE LA FORMA DE CONCESORIO DEL RECURSO
DE APELACION.- Que, se ha formulado recurso de apelación en
contra de la resolución número sesenta y ocho, de fecha
veinte de julio del dos mil dieciseis, a través del cual se
resuelve: Declarar fundada en parte la demanda; por lo
tanto corresponde conceder recurso de apelación con efecto
suspensivo en aplicación de lo dispuesto en el artículo
371º del código acotado -Norma y aplicación supletoria al
caso – que señala “Procedencia de apelación con efecto
suspensivo contra las sentencias y autos que dan por
concluido el proceso o impiden su continuación, y en los
demás casos previstos en este Código. Por lo tanto,
RESUELVO: CONCEDER recurso de apelación con efecto
suspensivo en contra de la resolución sesenta y ocho
(sentencia) de fecha veinte de julio del dos mil dieciseis,
obrante a fojas seiscientos cincuenta y ocho a seiscientos
setenta a favor del apelante, Marina de Guerra del Perú
representado judicialmente por el Procurador Público
Adjunto de la Marina de Guerra del Perú David Eduardo
Hidalgo Valdivia, en tal sentido ordeno que los autos sean
elevados al superior jerárquico a fin de que absuelva el
grado correspondiente; remisión de expediente que debe
efectuarse observando el plazo previsto por ley, con la
debida nota de atención. Hágase Saber.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00045-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : MIK CARPE SAC ,
DEMANDANTE : PRIMA AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 31 de
julio de 2007, a folios 20, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por PRIMA AFP contra M.I.K.
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 89/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 23 y 24 de
agosto de 2007 (folios 21-22), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 31 de julio del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00045-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : MIK CARPE SAC ,
DEMANDANTE : PRIMA AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 31 de
julio de 2007, a folios 20, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por PRIMA AFP contra M.I.K.
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 89/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 23 y 24 de
agosto de 2007 (folios 21-22), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 31 de julio del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE ICA
Juez: MIGUEL CAYO FALCONI
Fecha: 06/09/2018 13:08:54
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE VILLA
EXPEDIENTE : 00293-2006-51-1411-JR-LA-01
MATERIA : REPOSICION
JUEZ : MIGUEL CAYO FALCONI
CORTE SUPERIOR DE ICA
Secretario: PINEDA ESPINO JOSE
ROLANDO ESPECIALISTA : PINEDA ESPINO JOSE ROLANDO
Fecha: 24/09/2018 08:47:00
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : EMP COTTONIFICIO SUR PERU SAC
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC
DEMANDANTE : OCHOA LA ROSA, HUGO FELIX
RESOLUCIÓN Nº 02
Pisco, quince de agosto
Del año dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con el escrito de subsanación
presentado por Hugo Felix Ochoa La Rosa;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El demandante viene en solicitar MEDIDA
CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN sobre los valores,
fondos en cuentas corrientes, depósitos en custodia, derechos de créditos u otros bienes,
ya sea en moneda nacional o extrajera, de los cuales los demandados FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC ( EX COTTONIFICIO SUR PERU SAC) sean los titulares;
y que se encuentren en las instituciones del sistema bancario y financiero del país, como
BANCO CONTINENTAL, BANCO DE CRÉDITO, BANCO INTERBANK y
BANCO SCOTIABANK, hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con
80/100 soles, (S/ 80,916.80) expone como fundamentos de hecho que, el recurrente
interpuso demanda de nulidad de despido, contra la empresa COTTONIFICIO SUR
PERU SAC, proceso que culminó con sentencia, resolución Nº 10, del 20 de marzo del
2007, confirmada por resolución de vista Nº 14, del 04 de junio del 2007, que ordena la
nulidad del despido, que el recurrente sea repuesto en un puesto habitual u otro de
categoría análoga, con el pago de todas las remuneraciones dejadas de percibir desde la
fecha del despido hasta la reposición efectiva en el trabajo con el depósito de la CTS.
También señala que por Resolución Nº 34 del 23 de diciembre del 2008, la Sala Mixta
de Pisco, declaró fundada la petición del demandante y ordenó incorporar como sucesor
procesal a la empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC.
SEGUNDO: “la tutela cautelar más que estar dirigida a
defender los derechos subjetivos, lo está para garantizar «la eficacia, y por así decirlo
la seriedad de la función jurisdiccional», es decir a salvaguardar «el imperio iudicis,
o sea a impedir que la soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la
justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, (…)»”1 De allí que la
1
CALAMANDREI, Piero. INTRODUZIONE ALLO STUDIO SISTEMATICO DEI PROVVEDIMENTI
CAUTELARI, Traducción al castellano de Santiago Sentis Melendo, editorial Bibliográfica
Argentina, Buenos Aires 1945. Pág.
concesión de las medidas cautelares en el Derecho Procesal Laboral, implique la
materialización de la prevención que ejerce el órgano jurisdiccional a través de la tutela
procesal efectiva. Por ello que el artículo 96º de la Ley Procesal Laboral Ley Nº 26636
prevé, que “Todo Juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar dentro de un
proceso, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva”.
TERCERO: El artículo 97º de la acotado ley, también
sanciona como requisitos de la pretensión cautelar: “1. Exponer los fundamentos y
modalidad de la pretensión cautelar. 2. Indicar, si fuere el caso, los bienes sobre los que
debe recaer la medida y el monto de su afectación. 3. Ofrecer contracautela. El Juez,
tomando en consideración la condición económica del solicitante, puede considerar
suficiente la caución juratoria. 4. Designar el órgano de auxilio judicial
correspondiente”. Anotándose en el artículo 99º, como un caso especial de procedencia,
la procedencia de la medida cautelar cuando la sentencia de primera instancia ha sido
favorable al demandante, aunque la misma fuera impugnada.
Vale decir, el Juez atendiendo a la naturaleza de la
pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, puede dictar
medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que de
lo que expuesto y la prueba presentada por el demandante aprecie: 1) La verosimilitud
del derecho invocado; 2) La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por
constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable; y 3) La
razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión; que en tal
sentido la acotada norma prevé lo que necesita el juzgador para hacer lugar a una
medida cautelar;
CUARTO: De lo anotado en el primer considerando se
advierte que el solicitante ha cumplido con los requisitos que prevé el artículo 97º de la
Ley Procesal de Trabajo, además en cuanto a la contracautela, al haber obtenido
sentencia favorable confirmada por el superior, ésta no es exigible, en aplicación
supletoria del artículo 615º del Código Procesal Civil.
Como tenemos dicho, el primer presupuesto de la cautelar
es el referido a la verosimilitud del derecho invocado o el llamado Fomus Bonis Juris,
pues, se tiene que “la medida cautelar se otorga con la sola exigencia de que existan
elementos suficientes como para considerar que la posición del actor será estimada con
la sentencia final, es decir que al menos exista una probabilidad de que la demanda
pueda ser declarada fundada. (…)” “Por lo que se refiere a la investigación sobre el
derecho, la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades
y de verosimilitud. (…) en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca
verosímil, o sea, para decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de
probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en
sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar” De allí que la cognición
cautelar no sólo queda limitada al pedido cautelar, sino en particular al cuaderno
principal en donde se podrá establecer “la probabilidad” o chance de que se declare
fundada la demanda;
QUINTO: Que, sobre el primer presupuesto referido a la
verosimilitud del derecho se tiene que en el cuaderno principal, a fojas 311 y siguientes,
obra la Resolución Nº 10, del 20 de marzo del 2007, sentencia que declara fundada la
demanda interpuesta por don HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la
empresa COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre nulidad de despido; en
consecuencia ordena que el mencionado trabajador sea repuesto en su puesto habitual de
labores, o en otro puesto de categoría análoga, con el pago de todas las remuneraciones
dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de su reposición efectiva en
el trabajo. Sentencia que al ser apelada fue confirmada por el Superior mediante
Resolución de Vista Nº 14, del 04 de junio del 2007, que obra de fojas 350, y siguientes.
También, por Resolución Nº 93, del 13 de junio del 2016,
que obra a fojas 859, y siguientes, se estableció como remuneraciones dejadas de
percibir y demás beneficios sociales la suma de S/ 55,261.8196,153.58; y se ordenó a
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, que abone dicha suma dentro del término de ley.
Que, la resolución N° 93 fue materia de apelación y
declarada NULA por el Superior en grado, ordenando se emita nueva resolución, así las
cosas, mediante Resolución N° 103 de fecha 10 de noviembre del 2017, este despacho
resuelve ORDENAR que la demandada le abone sal actor la suma de OCHENTA MIL
NOVECIENTOS DIECISÉIS CON 80/100 SOLES (S/ 80,916.80), pro concepto de
remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios sociales.
Respecto del PELIGRO EN LA DEMORA; tenemos que
la demandada COTTONIFICIO SUR PERU SAC, a pesar de conocer de la existencia
del presente proceso judicial, no ha atendido el pago de los beneficios sociales
reclamados, de ahí que la cautelar se justifica no sólo por una posible insolvencia de la
deudora, sino por su falta de voluntad de pago de lo ordenado mediante resolución
judicial.
Sobre la RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA
CAUTELAR O ADECUACIÓN, como es de ver en autos, mediante resolución Nº
103, del diez de noviembre del 2017, que obra a fojas 927 y siguientes (cuaderno
principal), se estableció como remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios
sociales la suma de S/ 80,916.80; en consecuencia la medida cautelar deberá dictarse de
tal forma que afecte un monto dinerario con el que se pueda atender dicha deuda, lo que
pone de manifiesto la razonabilidad o adecuación de la medida cautelar proferida en
autos.
SEXTO: conforme a lo desarrollado, en autos se presenta la
concurrencia de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar, teniendo
presente que por el lado del demandante se ha dictado sentencia que declara la certeza
del derecho reclamado, y por el lado de la demandada el no pago voluntario de lo
ordenado en sentencia causa incertidumbre en el acreedor, respecto de si al final logrará
cobrar su crédito o no.
SÉPTIMO: Finalmente, respecto del extremo en que el
acreedor solicita que el embargo también afecte bienes de la empresa FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC, tenemos que la sentencia, Resolución Nº 10, del 20 de marzo
del 2007, confirmada por Resolución de Vista Nº 14, del 04 de junio del 2007, que
declara la nulidad del despido, y ordena que el recurrente sea repuesto en un puesto
habitual u otro de categoría análoga, con el pago de todas las remuneraciones dejadas de
percibir desde la fecha del despido hasta la reposición efectiva en el trabajo con el
depósito de la CTS, comprende como demandada a la empresa COTTONIFICIO SUR
PERU SAC y no a la empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC. Sin embargo,
de fojas cuatrocientos ochenta y ocho a fojas cuatrocientos noventa obra la Resolución
de Vista Nº 34, que revoca la Resolución Nº veintisiete, y reformándola declara fundada
la petición efectuada por el actor para que la reposición se realice en FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC; asimismo a fojas cuatrocientos noventa y dos, obra la
Resolución Nº treinta y cinco, que tiene por devueltos los actuados judiciales de la Sala
Mixta de Pisco, y dispone que se reponga al actor en la empresa FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC, y además que se le pague las remuneraciones dejadas de
percibir desde la fecha de cese hasta la reposición efectiva en el trabajo, de lo que se
deduce solidaridad en el extremo del cumplimiento de la obligación, de las dos
empresas antes citadas.
DECISIÓN
Por las tales consideraciones y conforme a lo previsto por
los artículos 96º, 97º y 99º de la Ley Procesal Laboral Ley Nº 26636; SE RESUELVE:
DECLARAR FUNDADA en parte, la solicitud cautelar, presentada por el demandante
don HUGO FELIX OCHOA LA ROSA; en consecuencia CONCÉDASE MEDIDA
CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN bajo cuenta, costo y
riesgo del demandante don HUGO FELIX OCHOA LA ROSA; y dispongo
TRABAR EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN sobre las cuentas de ahorro
y/o cuentas corrientes que pudiera tener la demandada COTTONIFICIO SUR PERU
SAC hasta por la suma de OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS CON
80/100 SOLES (S/ 80,916.80), a nivel nacional, que cubra el monto total embargado;
sobre los fondos que mantuviere los ejecutado en cuentas corrientes, depósitos en
custodia, derechos de créditos u otros bienes, ya sea en moneda nacional o extrajera, de
los cuales la demandada FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC y COTTONIFICIO
SUR PERU SAC sea la titular; en el BANCO CONTINENTAL, BANCO DE
CRÉDITO, BANCO INTERBANK y BANCO SCOTIABANK; NÓMBRESE como
DEPOSITARIO a la misma entidad crediticia, a fin de que cumpla con la retención
correspondiente a la orden de este Juzgado, bajo la sanción y responsabilidad pertinente
de ley, debiendo de poner a disposición del Juzgado el monto retenido, consignándolo
mediante certificado de depósito judicial; y EJECUTADO QUE SEA EL
EMBARGO, NOTIFÍQUESE AL AFECTADO. Tómese razón, Hágase Saber.-
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE IIIICCCCAAAA
Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo- Pisco
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL”
Pisco, 15 de Agosto del 2018
Oficio. Nº 0295-2018-JCT y LTP-CSJI/PJ – Exp. N° 0293-2006-51-LA Sec. “B”
Señor:
ADMINISTRADOR DEL BANCO CONTINENTAL - SUCURSAL PISCO
Calle Pérez Figuerola N° 194 – Pisco (plaza de armas)
PISCO.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de hacer saber que mi despacho a dispuesto trabar embargo en forma de
retención hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/
80,916.80), la misma que retendrá de las cuentas corrientes y/o de ahorro que pudieran
tener las empresas demandadas FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC con RUC
20517336492 y COTTONIFICIO SUR PERU SAC con RUC 20452384231, en la
entidad bancaria que dirige; “siempre y cuando sean susceptibles de embargo”, en el
plazo de cinco días, debiendo en tal efecto proceder a la ejecución de la medida
conforme a las pautas que establece el artículo N° 657°del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069; adjuntándose para el efecto copia
certificada de le Resolución N° 02 que dispone tal medida.
Que, ejecutada sea la medida, deberá depositarse el
dinero retenido a la orden del Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo de
Pisco, por intermedio del Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial
por el monto embargado; bajo las responsabilidades que la ley le asigna; ello en el
proceso seguido por HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la empresa
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre NULIDAD DE DESPIDO.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal.
Atentamente.
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE IIIICCCCAAAA
Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo- Pisco
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL”
Pisco, 15 de Agosto del 2018
Oficio. Nº 0296-2018-JCT y LTP-CSJI/PJ – Exp. N° 0293-2006-51-LA Sec. “B”
Señor:
ADMINISTRADOR DEL BANCO DE CRÉDITO - SUCURSAL PISCO
Calle Pérez Figuerola N° 162 – Pisco (plaza de armas)
PISCO.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de hacer saber que mi despacho a dispuesto trabar embargo en forma de
retención hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/
80,916.80), la misma que retendrá de las cuentas corrientes y/o de ahorro que pudieran
tener las empresas demandadas FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC con RUC
20517336492 y COTTONIFICIO SUR PERU SAC con RUC 20452384231, en la
entidad bancaria que dirige; “siempre y cuando sean susceptibles de embargo”, en el
plazo de cinco días, debiendo en tal efecto proceder a la ejecución de la medida
conforme a las pautas que establece el artículo N° 657°del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069; adjuntándose para el efecto copia
certificada de le Resolución N° 02 que dispone tal medida.
Que, ejecutada sea la medida, deberá depositarse el
dinero retenido a la orden del Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo de
Pisco, por intermedio del Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial
por el monto embargado; bajo las responsabilidades que la ley le asigna; ello en el
proceso seguido por HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la empresa
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre NULIDAD DE DESPIDO.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal.
Atentamente.
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE IIIICCCCAAAA
Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo- Pisco
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL”
Pisco, 15 de Agosto del 2018
Oficio. Nº 0297-2018-JCT y LTP-CSJI/PJ – Exp. N° 0293-2006-51-LA Sec. “B”
Señor:
ADMINISTRADOR DEL BANCO INTERBANK - SUCURSAL PISCO
Plaza de armas de pisco
PISCO.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de hacer saber que mi despacho a dispuesto trabar embargo en forma de
retención hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/
80,916.80), la misma que retendrá de las cuentas corrientes y/o de ahorro que pudieran
tener las empresas demandadas FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC con RUC
20517336492 y COTTONIFICIO SUR PERU SAC con RUC 20452384231, en la
entidad bancaria que dirige; “siempre y cuando sean susceptibles de embargo”, en el
plazo de cinco días, debiendo en tal efecto proceder a la ejecución de la medida
conforme a las pautas que establece el artículo N° 657°del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069; adjuntándose para el efecto copia
certificada de le Resolución N° 02 que dispone tal medida.
Que, ejecutada sea la medida, deberá depositarse el
dinero retenido a la orden del Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo de
Pisco, por intermedio del Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial
por el monto embargado; bajo las responsabilidades que la ley le asigna; ello en el
proceso seguido por HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la empresa
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre NULIDAD DE DESPIDO.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal.
Atentamente.
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE IIIICCCCAAAA
Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo- Pisco
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL”
Pisco, 15 de Agosto del 2018
Oficio. Nº 0298-2018-JCT y LTP-CSJI/PJ – Exp. N° 0293-2006-51-LA Sec. “B”
Señor:
ADMINISTRADOR DEL BANCO SCOTIABANK - SUCURSAL PISCO
Esquina de Calle Independencia y Perez Figueroa (frente al Banco Continental)
PISCO.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de hacer saber que mi despacho a dispuesto trabar embargo en forma de
retención hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/
80,916.80), la misma que retendrá de las cuentas corrientes y/o de ahorro que pudieran
tener las empresas demandadas FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC con RUC
20517336492 y COTTONIFICIO SUR PERU SAC con RUC 20452384231, en la
entidad bancaria que dirige; “siempre y cuando sean susceptibles de embargo”, en el
plazo de cinco días, debiendo en tal efecto proceder a la ejecución de la medida
conforme a las pautas que establece el artículo N° 657°del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069; adjuntándose para el efecto copia
certificada de le Resolución N° 02 que dispone tal medida.
Que, ejecutada sea la medida, deberá depositarse el
dinero retenido a la orden del Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo de
Pisco, por intermedio del Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial
por el monto embargado; bajo las responsabilidades que la ley le asigna; ello en el
proceso seguido por HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la empresa
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre NULIDAD DE DESPIDO.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal.
Atentamente. | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE ICA
Juez: MIGUEL CAYO FALCONI
Fecha: 06/09/2018 13:08:54
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE VILLA
EXPEDIENTE : 00293-2006-51-1411-JR-LA-01
MATERIA : REPOSICION
JUEZ : MIGUEL CAYO FALCONI
CORTE SUPERIOR DE ICA
Secretario: PINEDA ESPINO JOSE
ROLANDO ESPECIALISTA : PINEDA ESPINO JOSE ROLANDO
Fecha: 24/09/2018 08:47:00
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : EMP COTTONIFICIO SUR PERU SAC
D.Judicial: ICA/PISCO
FIRMA DIGITAL FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC
DEMANDANTE : OCHOA LA ROSA, HUGO FELIX
RESOLUCIÓN Nº 02
Pisco, quince de agosto
Del año dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con el escrito de subsanación
presentado por Hugo Felix Ochoa La Rosa;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El demandante viene en solicitar MEDIDA
CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN sobre los valores,
fondos en cuentas corrientes, depósitos en custodia, derechos de créditos u otros bienes,
ya sea en moneda nacional o extrajera, de los cuales los demandados FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC ( EX COTTONIFICIO SUR PERU SAC) sean los titulares;
y que se encuentren en las instituciones del sistema bancario y financiero del país, como
BANCO CONTINENTAL, BANCO DE CRÉDITO, BANCO INTERBANK y
BANCO SCOTIABANK, hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con
80/100 soles, (S/ 80,916.80) expone como fundamentos de hecho que, el recurrente
interpuso demanda de nulidad de despido, contra la empresa COTTONIFICIO SUR
PERU SAC, proceso que culminó con sentencia, resolución Nº 10, del 20 de marzo del
2007, confirmada por resolución de vista Nº 14, del 04 de junio del 2007, que ordena la
nulidad del despido, que el recurrente sea repuesto en un puesto habitual u otro de
categoría análoga, con el pago de todas las remuneraciones dejadas de percibir desde la
fecha del despido hasta la reposición efectiva en el trabajo con el depósito de la CTS.
También señala que por Resolución Nº 34 del 23 de diciembre del 2008, la Sala Mixta
de Pisco, declaró fundada la petición del demandante y ordenó incorporar como sucesor
procesal a la empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC.
SEGUNDO: “la tutela cautelar más que estar dirigida a
defender los derechos subjetivos, lo está para garantizar «la eficacia, y por así decirlo
la seriedad de la función jurisdiccional», es decir a salvaguardar «el imperio iudicis,
o sea a impedir que la soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la
justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, (…)»”1 De allí que la
1
CALAMANDREI, Piero. INTRODUZIONE ALLO STUDIO SISTEMATICO DEI PROVVEDIMENTI
CAUTELARI, Traducción al castellano de Santiago Sentis Melendo, editorial Bibliográfica
Argentina, Buenos Aires 1945. Pág.
concesión de las medidas cautelares en el Derecho Procesal Laboral, implique la
materialización de la prevención que ejerce el órgano jurisdiccional a través de la tutela
procesal efectiva. Por ello que el artículo 96º de la Ley Procesal Laboral Ley Nº 26636
prevé, que “Todo Juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar dentro de un
proceso, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva”.
TERCERO: El artículo 97º de la acotado ley, también
sanciona como requisitos de la pretensión cautelar: “1. Exponer los fundamentos y
modalidad de la pretensión cautelar. 2. Indicar, si fuere el caso, los bienes sobre los que
debe recaer la medida y el monto de su afectación. 3. Ofrecer contracautela. El Juez,
tomando en consideración la condición económica del solicitante, puede considerar
suficiente la caución juratoria. 4. Designar el órgano de auxilio judicial
correspondiente”. Anotándose en el artículo 99º, como un caso especial de procedencia,
la procedencia de la medida cautelar cuando la sentencia de primera instancia ha sido
favorable al demandante, aunque la misma fuera impugnada.
Vale decir, el Juez atendiendo a la naturaleza de la
pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, puede dictar
medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que de
lo que expuesto y la prueba presentada por el demandante aprecie: 1) La verosimilitud
del derecho invocado; 2) La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por
constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable; y 3) La
razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión; que en tal
sentido la acotada norma prevé lo que necesita el juzgador para hacer lugar a una
medida cautelar;
CUARTO: De lo anotado en el primer considerando se
advierte que el solicitante ha cumplido con los requisitos que prevé el artículo 97º de la
Ley Procesal de Trabajo, además en cuanto a la contracautela, al haber obtenido
sentencia favorable confirmada por el superior, ésta no es exigible, en aplicación
supletoria del artículo 615º del Código Procesal Civil.
Como tenemos dicho, el primer presupuesto de la cautelar
es el referido a la verosimilitud del derecho invocado o el llamado Fomus Bonis Juris,
pues, se tiene que “la medida cautelar se otorga con la sola exigencia de que existan
elementos suficientes como para considerar que la posición del actor será estimada con
la sentencia final, es decir que al menos exista una probabilidad de que la demanda
pueda ser declarada fundada. (…)” “Por lo que se refiere a la investigación sobre el
derecho, la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades
y de verosimilitud. (…) en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca
verosímil, o sea, para decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de
probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en
sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar” De allí que la cognición
cautelar no sólo queda limitada al pedido cautelar, sino en particular al cuaderno
principal en donde se podrá establecer “la probabilidad” o chance de que se declare
fundada la demanda;
QUINTO: Que, sobre el primer presupuesto referido a la
verosimilitud del derecho se tiene que en el cuaderno principal, a fojas 311 y siguientes,
obra la Resolución Nº 10, del 20 de marzo del 2007, sentencia que declara fundada la
demanda interpuesta por don HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la
empresa COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre nulidad de despido; en
consecuencia ordena que el mencionado trabajador sea repuesto en su puesto habitual de
labores, o en otro puesto de categoría análoga, con el pago de todas las remuneraciones
dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de su reposición efectiva en
el trabajo. Sentencia que al ser apelada fue confirmada por el Superior mediante
Resolución de Vista Nº 14, del 04 de junio del 2007, que obra de fojas 350, y siguientes.
También, por Resolución Nº 93, del 13 de junio del 2016,
que obra a fojas 859, y siguientes, se estableció como remuneraciones dejadas de
percibir y demás beneficios sociales la suma de S/ 55,261.8196,153.58; y se ordenó a
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, que abone dicha suma dentro del término de ley.
Que, la resolución N° 93 fue materia de apelación y
declarada NULA por el Superior en grado, ordenando se emita nueva resolución, así las
cosas, mediante Resolución N° 103 de fecha 10 de noviembre del 2017, este despacho
resuelve ORDENAR que la demandada le abone sal actor la suma de OCHENTA MIL
NOVECIENTOS DIECISÉIS CON 80/100 SOLES (S/ 80,916.80), pro concepto de
remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios sociales.
Respecto del PELIGRO EN LA DEMORA; tenemos que
la demandada COTTONIFICIO SUR PERU SAC, a pesar de conocer de la existencia
del presente proceso judicial, no ha atendido el pago de los beneficios sociales
reclamados, de ahí que la cautelar se justifica no sólo por una posible insolvencia de la
deudora, sino por su falta de voluntad de pago de lo ordenado mediante resolución
judicial.
Sobre la RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA
CAUTELAR O ADECUACIÓN, como es de ver en autos, mediante resolución Nº
103, del diez de noviembre del 2017, que obra a fojas 927 y siguientes (cuaderno
principal), se estableció como remuneraciones dejadas de percibir y demás beneficios
sociales la suma de S/ 80,916.80; en consecuencia la medida cautelar deberá dictarse de
tal forma que afecte un monto dinerario con el que se pueda atender dicha deuda, lo que
pone de manifiesto la razonabilidad o adecuación de la medida cautelar proferida en
autos.
SEXTO: conforme a lo desarrollado, en autos se presenta la
concurrencia de los presupuestos para la concesión de la medida cautelar, teniendo
presente que por el lado del demandante se ha dictado sentencia que declara la certeza
del derecho reclamado, y por el lado de la demandada el no pago voluntario de lo
ordenado en sentencia causa incertidumbre en el acreedor, respecto de si al final logrará
cobrar su crédito o no.
SÉPTIMO: Finalmente, respecto del extremo en que el
acreedor solicita que el embargo también afecte bienes de la empresa FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC, tenemos que la sentencia, Resolución Nº 10, del 20 de marzo
del 2007, confirmada por Resolución de Vista Nº 14, del 04 de junio del 2007, que
declara la nulidad del despido, y ordena que el recurrente sea repuesto en un puesto
habitual u otro de categoría análoga, con el pago de todas las remuneraciones dejadas de
percibir desde la fecha del despido hasta la reposición efectiva en el trabajo con el
depósito de la CTS, comprende como demandada a la empresa COTTONIFICIO SUR
PERU SAC y no a la empresa FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC. Sin embargo,
de fojas cuatrocientos ochenta y ocho a fojas cuatrocientos noventa obra la Resolución
de Vista Nº 34, que revoca la Resolución Nº veintisiete, y reformándola declara fundada
la petición efectuada por el actor para que la reposición se realice en FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC; asimismo a fojas cuatrocientos noventa y dos, obra la
Resolución Nº treinta y cinco, que tiene por devueltos los actuados judiciales de la Sala
Mixta de Pisco, y dispone que se reponga al actor en la empresa FABRICA DE
TEJIDOS PISCO SAC, y además que se le pague las remuneraciones dejadas de
percibir desde la fecha de cese hasta la reposición efectiva en el trabajo, de lo que se
deduce solidaridad en el extremo del cumplimiento de la obligación, de las dos
empresas antes citadas.
DECISIÓN
Por las tales consideraciones y conforme a lo previsto por
los artículos 96º, 97º y 99º de la Ley Procesal Laboral Ley Nº 26636; SE RESUELVE:
DECLARAR FUNDADA en parte, la solicitud cautelar, presentada por el demandante
don HUGO FELIX OCHOA LA ROSA; en consecuencia CONCÉDASE MEDIDA
CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN bajo cuenta, costo y
riesgo del demandante don HUGO FELIX OCHOA LA ROSA; y dispongo
TRABAR EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN sobre las cuentas de ahorro
y/o cuentas corrientes que pudiera tener la demandada COTTONIFICIO SUR PERU
SAC hasta por la suma de OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS CON
80/100 SOLES (S/ 80,916.80), a nivel nacional, que cubra el monto total embargado;
sobre los fondos que mantuviere los ejecutado en cuentas corrientes, depósitos en
custodia, derechos de créditos u otros bienes, ya sea en moneda nacional o extrajera, de
los cuales la demandada FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC y COTTONIFICIO
SUR PERU SAC sea la titular; en el BANCO CONTINENTAL, BANCO DE
CRÉDITO, BANCO INTERBANK y BANCO SCOTIABANK; NÓMBRESE como
DEPOSITARIO a la misma entidad crediticia, a fin de que cumpla con la retención
correspondiente a la orden de este Juzgado, bajo la sanción y responsabilidad pertinente
de ley, debiendo de poner a disposición del Juzgado el monto retenido, consignándolo
mediante certificado de depósito judicial; y EJECUTADO QUE SEA EL
EMBARGO, NOTIFÍQUESE AL AFECTADO. Tómese razón, Hágase Saber.-
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE IIIICCCCAAAA
Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo- Pisco
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL”
Pisco, 15 de Agosto del 2018
Oficio. Nº 0295-2018-JCT y LTP-CSJI/PJ – Exp. N° 0293-2006-51-LA Sec. “B”
Señor:
ADMINISTRADOR DEL BANCO CONTINENTAL - SUCURSAL PISCO
Calle Pérez Figuerola N° 194 – Pisco (plaza de armas)
PISCO.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de hacer saber que mi despacho a dispuesto trabar embargo en forma de
retención hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/
80,916.80), la misma que retendrá de las cuentas corrientes y/o de ahorro que pudieran
tener las empresas demandadas FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC con RUC
20517336492 y COTTONIFICIO SUR PERU SAC con RUC 20452384231, en la
entidad bancaria que dirige; “siempre y cuando sean susceptibles de embargo”, en el
plazo de cinco días, debiendo en tal efecto proceder a la ejecución de la medida
conforme a las pautas que establece el artículo N° 657°del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069; adjuntándose para el efecto copia
certificada de le Resolución N° 02 que dispone tal medida.
Que, ejecutada sea la medida, deberá depositarse el
dinero retenido a la orden del Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo de
Pisco, por intermedio del Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial
por el monto embargado; bajo las responsabilidades que la ley le asigna; ello en el
proceso seguido por HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la empresa
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre NULIDAD DE DESPIDO.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal.
Atentamente.
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE IIIICCCCAAAA
Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo- Pisco
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL”
Pisco, 15 de Agosto del 2018
Oficio. Nº 0296-2018-JCT y LTP-CSJI/PJ – Exp. N° 0293-2006-51-LA Sec. “B”
Señor:
ADMINISTRADOR DEL BANCO DE CRÉDITO - SUCURSAL PISCO
Calle Pérez Figuerola N° 162 – Pisco (plaza de armas)
PISCO.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de hacer saber que mi despacho a dispuesto trabar embargo en forma de
retención hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/
80,916.80), la misma que retendrá de las cuentas corrientes y/o de ahorro que pudieran
tener las empresas demandadas FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC con RUC
20517336492 y COTTONIFICIO SUR PERU SAC con RUC 20452384231, en la
entidad bancaria que dirige; “siempre y cuando sean susceptibles de embargo”, en el
plazo de cinco días, debiendo en tal efecto proceder a la ejecución de la medida
conforme a las pautas que establece el artículo N° 657°del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069; adjuntándose para el efecto copia
certificada de le Resolución N° 02 que dispone tal medida.
Que, ejecutada sea la medida, deberá depositarse el
dinero retenido a la orden del Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo de
Pisco, por intermedio del Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial
por el monto embargado; bajo las responsabilidades que la ley le asigna; ello en el
proceso seguido por HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la empresa
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre NULIDAD DE DESPIDO.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal.
Atentamente.
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE IIIICCCCAAAA
Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo- Pisco
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL”
Pisco, 15 de Agosto del 2018
Oficio. Nº 0297-2018-JCT y LTP-CSJI/PJ – Exp. N° 0293-2006-51-LA Sec. “B”
Señor:
ADMINISTRADOR DEL BANCO INTERBANK - SUCURSAL PISCO
Plaza de armas de pisco
PISCO.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de hacer saber que mi despacho a dispuesto trabar embargo en forma de
retención hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/
80,916.80), la misma que retendrá de las cuentas corrientes y/o de ahorro que pudieran
tener las empresas demandadas FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC con RUC
20517336492 y COTTONIFICIO SUR PERU SAC con RUC 20452384231, en la
entidad bancaria que dirige; “siempre y cuando sean susceptibles de embargo”, en el
plazo de cinco días, debiendo en tal efecto proceder a la ejecución de la medida
conforme a las pautas que establece el artículo N° 657°del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069; adjuntándose para el efecto copia
certificada de le Resolución N° 02 que dispone tal medida.
Que, ejecutada sea la medida, deberá depositarse el
dinero retenido a la orden del Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo de
Pisco, por intermedio del Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial
por el monto embargado; bajo las responsabilidades que la ley le asigna; ello en el
proceso seguido por HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la empresa
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre NULIDAD DE DESPIDO.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal.
Atentamente.
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEE IIIICCCCAAAA
Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo- Pisco
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN
NACIONAL”
Pisco, 15 de Agosto del 2018
Oficio. Nº 0298-2018-JCT y LTP-CSJI/PJ – Exp. N° 0293-2006-51-LA Sec. “B”
Señor:
ADMINISTRADOR DEL BANCO SCOTIABANK - SUCURSAL PISCO
Esquina de Calle Independencia y Perez Figueroa (frente al Banco Continental)
PISCO.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la
finalidad de hacer saber que mi despacho a dispuesto trabar embargo en forma de
retención hasta por la suma de ochenta mil novecientos dieciséis con 80/100 soles (S/
80,916.80), la misma que retendrá de las cuentas corrientes y/o de ahorro que pudieran
tener las empresas demandadas FABRICA DE TEJIDOS PISCO SAC con RUC
20517336492 y COTTONIFICIO SUR PERU SAC con RUC 20452384231, en la
entidad bancaria que dirige; “siempre y cuando sean susceptibles de embargo”, en el
plazo de cinco días, debiendo en tal efecto proceder a la ejecución de la medida
conforme a las pautas que establece el artículo N° 657°del Código Procesal Civil,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1069; adjuntándose para el efecto copia
certificada de le Resolución N° 02 que dispone tal medida.
Que, ejecutada sea la medida, deberá depositarse el
dinero retenido a la orden del Juzgado Civil Transitorio y Liquidador de Trabajo de
Pisco, por intermedio del Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial
por el monto embargado; bajo las responsabilidades que la ley le asigna; ello en el
proceso seguido por HUGO FELIX OCHOA LA ROSA, en contra de la empresa
COTTONIFICIO SUR PERU SAC, sobre NULIDAD DE DESPIDO.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal.
Atentamente.<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 00356-2004-0-1801-JR-LA-28
RESOLUCIÓN N° 53
Lima, veinticuatro de febrero
Del año dos mil veintiuno. -
VISTOS
En Audiencia Pública, de fecha 19 de enero del año en curso, interviniendo como
Juez Superior ponente la Señora Serpa Vergara, se expide la siguiente resolución:
Resoluciones materia de apelación:
1. Resolución N° 7, emitida en Audiencia Única, que resuelve declarar
INFUNDADA la excepción de Prescripción propuesta por la demandada.
2. Resolución N° 20, de fecha 11 de setiembre de 2008, que declaró
IMPROCEDENTE el pedido de cesión de derechos.
3. La Sentencia N° 022-2019-26° JETTL, Resolución N° 50, de fecha 28 de febrero de
2019, obrante de fojas 1374 a 1387 que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda
interpuesta por MARÍA OTILIA LA TORRE ORTIZ DE RODRÍGUEZ; en
consecuencia, se ordena a la demandada BANCO DE LA NACIÓN S.A., cumpla
con pagar a la actora la suma de S/.6,541.90 (SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 90/100 SOLES), debiendo asimismo la emplazada
realizar las gestiones necesarias ante la entidad financiera depositaria, a fin de que
la actora pueda cobrar la compensación por tiempo de servicios en el monto
ascendente a S/. 18,029.69 (DIECIOCHO MIL VEINTINUEVE CON 69/100
SOLES); más intereses legales, sin costas ni costos procesales.
1
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
AGRAVIOS:
El demandado, en su recurso de apelación (Resolución N° 7) de fojas 695 a 700,
expresa como agravios:
1. Que, la apelada no se pronuncia sobre nuestros argumentos, toda vez que,
consideramos que debe calcularse el plazo de prescripción desde la fecha en que
los supuestos beneficios reclamados son exigibles.
2. Que, solo resultaría exigibles derechos de carácter laboral a partir del 23 de
diciembre de 1998 (fecha de la dación de la Ley N°27022), cuyo plazo prescriptorio
comienza a computarse desde la fecha de cese del trabajador y que en su
Disposición Transitoria y Final estableció claramente que, la prescripción iniciada
antes de su vigencia, se rige por la ley anterior.
3. Que, la Ley N° 27321 señala que la prescripción iniciada antes de la vigencia de
esta Ley se rige por la ley anterior, es por ello que dicha Ley no resulta aplicable al
presente caso, por cuanto los períodos reclamados por la actora son conceptos del
año 1995, los cuales ya habrían prescrito, estableciéndose la ultra actividad de la
Ley 26513.
La demandante, en su recurso de apelación de la Resolución N° 20, de fojas 1017
a 1019, expresa como agravios:
1. La apelada incurre en error toda vez que afecta el Principio Constitucional del
artículo 2°, Inc. 24-A, que dice que nadie está impedido de hacer lo que ella no
prohíbe, de modo que no está prohibido la cesión de derechos.
2. Que, contraviene además el artículo 62° de la Carta Magna que prevé la Libertad
Contractual y el artículo 1206° del Código Civil.
2
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
La demandada, en su recurso de apelación Sentencia de fojas 1400 a 1409, expresa
como agravios:
1. La Sentencia apelada afecta el Principio y Derecho Constitucional del
debido proceso, toda vez que no ha efectuado una valoración conjunta y
razonada de los medios de prueba actuados y aportados al proceso.
- Que, la apelada sostiene que a la actora le corresponde la percepción de las
bonificaciones extraordinarias por productividad, sin razonar que dicha
bonificación surgió a raíz del proceso de reestructuración al que fue sometido el
Banco.
- Que, de acuerdo al desarrollo reglamentario, se señala claramente y de manera
expresa el carácter no remunerativo de dicha bonificación.
2. Se realiza una interpretación errónea de lo que debe entenderse por
remuneración y la naturaleza de las bonificaciones entregadas a la demandante.
- Que, a lo largo del proceso se ha establecido que las bonificaciones entregadas al
accionante no cumplieron con ninguna de las características necesarias para ser
considerados como conceptos de carácter remunerativo.
3. La Productividad Gerencial no tiene carácter remunerativo, razón por la cual
no proceden los reintegros amparados en las gratificaciones ni en la
compensación por tiempo de servicios.
- Que, estando a las características y naturaleza de este concepto, de conformidad
con el artículo 7° del Decreto Supremo 003-97-TR y los artículos 19° y 20° del
Decreto Supremo N° 650 se concluye que esta bonificación no tiene carácter
remunerativo, mucho menos pueden ser compensables ni pensionables.
3
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
La demandante, en su recurso de apelación (Sentencia) de fojas 1411 a 1413,
expresa como agravios:
1. Que, la A quo no ha considerado sobre la pretensión de Bonificación de
Productividad Gerencial.
- Que, dicho concepto, como se aprecia de las boletas de pago de remuneraciones,
le fueron abonados al demandante a partir del año 2000 en forma mensual,
continua y periódica aunque bajo de diferentes denominaciones.
2. Que, la apelada no ha considerado sobre la pretensión de bonificación de
Productividad Sindical.
- Que, dicho bono inicialmente fue abonado al actor en un monto fijado en el
convenio y en un solo pago hasta 1999, para luego ser abonado con diferentes
denominaciones, dicha bonificación fue entregada a los trabajadores siempre y
cuando cumplan con la exigencia de puntualidad, asistencia y eficiencia., tampoco
se ha considerado la Casación N° 69-2005-LIMA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el
recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior
examine, a solicitud de parte o tercero legitimado la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. La
apelación como recurso ordinario para impugnar autos y sentencias está regida por
Principios específicos que orientan su actuación entre los cuales destacan: el
“Tantum devolutum quantum apellatum”, y el de la prohibición de la “reformatio in
peius”.
4
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
De la Resolución N° 7
SEGUNDO: Debemos tener presente que de acuerdo con la opinión del autor nacional
Marcial Rubio Correa: “La Prescripción Extintiva es una institución jurídica, según la
cual, el transcurso de un determinado lapso de tiempo extingue la acción que el sujeto
tiene, para exigir un derecho ante los Tribunales.” (Rubio Correa, Marcial: La extinción
de Acciones y Derechos en el Código Civil, Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima 1990, página 16).
TERCERO: En el Derecho Laboral Peruano, la prescripción ha sido objeto de diversas
regulaciones a través del tiempo, entre las que se encuentra la Ley Nº 26513, publicada
el 28 de Julio de 1995, que establecía en su Primera Disposición Transitoria que las
acciones derivadas de la relación laboral prescriben a los tres años desde que resulten
exigibles, norma que es recogida posteriormente por la Primera de las Disposiciones
Complementarias, Transitorias y Derogatorias del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR y también por el
Decreto Supremo 05-95-TR; norma que se aplicó a todos los reclamos laborales, cuyos
trabajadores cesaron hasta el 22 de Diciembre de 1998 hacía atrás y cuyo plazo
prescriptorio no haya trascendido de los tres años; que con fecha 23 de Diciembre de
1998, se publica la Ley Nº 27022, que en la parte de sus Disposiciones Transitorias y
Finales, deroga la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Derogatoria del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, así como las
demás normas que se opusieran a la presente Ley; estableciendo, en su artículo único
que las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los dos
años, contados a partir del día siguiente en que se extingue el vínculo laboral; que a su
vez esta norma es derogada por la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y
Final de la Ley Nº 27321, publicada el 22 de Julio del 2000, estableciendo un periodo
prescriptorio de cuatro años, norma que a la fecha se encuentra vigente.
CUARTO: Que, dado que la Ley Nº 26513, estableció que el plazo de prescripción
se computaba a partir de que la obligación sea exigible, se determinó que los
derechos laborales dada la situación de subordinación jurídica en la que se
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
encuentra el trabajador frente a su empleador, muchas veces, no obstante que el
empleador no cumple con pagar algunos derechos laborales, el trabajador
priorizando su permanencia en el trabajo o con la expectativa que su empleador le
pague, no acuden a los órganos jurisdiccionales a reclamar judicialmente sus
derechos sino esperan a que concluya el vínculo laboral.
QUINTO: En ese sentido se ha pronunciado de la Sala de Derechos Constitucional y
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República al resolver con fecha 06 de
Octubre de 1997 la Casación N° 802-96 PIURA y la Casación N° 623-98 LIMA del 15 de
Setiembre de 1999; en la que se establece que el plazo de prescripción se computa
desde la fecha del cese del trabajador por cuanto es desde esa fecha que la
obligación resulta exigible; en consecuencia para efectos del cómputo de la
prescripción de los extremos demandados por el accionante se debe tener en
cuenta su fecha de cese.
SEXTO: Que, si bien es cierto el actor como parte de su pretensión solicita el pago
de sus beneficios sociales por el período 1 de febrero de 1974 hasta el 23 de
diciembre de 1998, pero al haber continuado laborando hasta el 11 de agosto de
2004, a la presentación de la demanda el 12 de octubre de 2004, cuando ya se
encontraba vigente el plazo de cuatro años previsto en la Ley Nº 27321, aún no
había vencido dicho plazo, por lo que se desestima los agravios de la demandada y
se confirma la resolución que declara infundada la excepción de prescripción
propuesta por la demandada.
De la Resolución N° 20
SETIMO: Que, el artículo 1206 del Código Civil define a la cesión de derechos
como "(…) el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el
derecho de exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un
título distinto. La cesión puede hacerse aun sin el asentimiento del deudor." Estableciendo
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
en sus artículos 1207° y 1208°, la forma de la cesión de derechos y que puede
cederse derechos que sean materia de controversia judicial.
OCTAVO: Que, por otro lado, el artículo 108° numeral 3, del Código Procesal
Civil, establece “por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al
reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido. Se presenta la sucesión
procesal cuando: (…) 3 el adquiriente por actos entre vivos de un derecho discutido, sucede
en el proceso al enajenante. (… )”.
NOVENO: En autos, la demandante mediante escrito que obra a fojas 980 y 981,
de fecha 28 de mayo de 2008, solicitó que se constituyan en sucesores procesales los
señores Nora Inés Espinoza La Torre y Roy Elmer Remer Ramírez Carbajal, al
haberles cedido sus derechos, indicando: "(...) que por la cesión de los derechos
patrimoniales que efectúo, los nuevos titulares de los derechos discutidos en la presente
causa judicial son doña Nora Inés Espinoza La Torre y Roy Elmer Remer Ramírez Carbajal,
quienes se constituyen en los nuevos acreedores de lo que se ordene pagar en la sentencia al
demandado, debiendo precisar que la cesión la efectúo de la siguiente manera: 80% de los
derechos le cedo a Nora Inés Espinoza La Torre y el 20% Roy Elmer Remer Ramírez
Carbajal, de conformidad al artículo 1206 del Código Civil (...) de modo tal que los
cesionarios Nora Inés Espinoza La Torre y Roy Elmer Remer Ramírez Carbajal se
constituyen sucesores procesales de mi parte (...)".
DÉCIMO: Que, sin embargo, mediante Resolución N° 20, de fecha 11 de setiembre
de 2008, que obra a folio 1010, se declaró IMPROCEDENTE el pedido de cesión de
derechos, siendo el único argumento, que lo solicitado no se encuentra
contemplado en la legislación laboral.
DÉCIMO PRIMERO: Que, de acuerdo al artículo IX del Título Preliminar del
Código Civil, las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las
relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otra leyes, siempre que no sean
incompatibles con su naturaleza; y en cuanto a las normas procesales, la tercera
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
Disposición Final de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, señala que en lo no
previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal
Civil.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, en el caso de autos, si bien es cierto es principio del
derecho de trabajo la irrenunciabilidad de derechos, sin embargo, cuando el
trabajador realiza el acto de cesión a un tercero que no es su empleador, no
contraviene el principio antes invocado pues no tiene como base la existencia de
una relación laboral entre la ex trabajadora y a los que cede sus derechos, por lo
tanto, dicho acto jurídico es la manifestación de la autonomía de voluntad de las
personas para ceder y adquirir un derecho litigioso que entra al campo civil, por lo
tanto, es de aplicación las normas del Código Civil.
DÉCIMO TERCERO: Entonces, lo que correspondía en autos, era dar trámite a lo
solicitado verificando el cumplimiento de la formalidad de la cesión de derechos, y
considerando que cuando una persona cede a un tercero su derecho a percibir el
pago por parte de la Entidad demandada, ello lo habilita a ser sucesor procesal,
para que se continúe el proceso ocupando el lugar de la demandante.
DÉCIMO CUARTO: Que, al no haber resuelto debidamente la sucesión procesal
solicitada en virtud a la cesión de derechos que invocó la demandante el Colegiado
considera que se ha incurrido en causal insalvable, al vulnerarse el derecho al
debido proceso y la defensa de la parte procesal por lo que, de conformidad a lo
establecido en el el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y
el artículo 171° del Código Procesal Civil, corresponde declarar nula la Resolución
20, y por consiguiente la Sentencia, a efectos de que sea tramitada debidamente la
sucesión procesal solicitada, y de ser el caso, se prosiga la causa con intervención
de los sucesores procesales.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
Por las consideraciones expuestas, Primera la Sala Laboral Transitoria de la Corte
Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú.
HA RESUELTO:
1. CONFIRMAR Resolución N° 7, emitida en Audiencia Única, que resuelve
declarar INFUNDADA la excepción de Prescripción propuesta por la demandada.
2. DECLARAR NULA Resolución N° 20, de fecha 11 de setiembre de 2008, que
declaro IMPROCEDENTE el pedido de cesión de derechos, DISPUSIERON que se
emita resolución con arreglo a ley, teniendo en cuenta las observaciones que
contiene la presente resolución, e insubsistente todo lo actuado hasta la Sentencia.
En los seguidos por LA TORRES ORTIZ DE RODRIGUEZ MARIA OTILIA
contra BANCO DE LA NACIÓN sobre INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO
ARBITRARIO Y OTROS.
VALENZUELA BARRETO SERPA VERGARA
QUILCA MOLINA
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE N° 00356-2004-0-1801-JR-LA-28
RESOLUCIÓN N° 53
Lima, veinticuatro de febrero
Del año dos mil veintiuno. -
VISTOS
En Audiencia Pública, de fecha 19 de enero del año en curso, interviniendo como
Juez Superior ponente la Señora Serpa Vergara, se expide la siguiente resolución:
Resoluciones materia de apelación:
1. Resolución N° 7, emitida en Audiencia Única, que resuelve declarar
INFUNDADA la excepción de Prescripción propuesta por la demandada.
2. Resolución N° 20, de fecha 11 de setiembre de 2008, que declaró
IMPROCEDENTE el pedido de cesión de derechos.
3. La Sentencia N° 022-2019-26° JETTL, Resolución N° 50, de fecha 28 de febrero de
2019, obrante de fojas 1374 a 1387 que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda
interpuesta por MARÍA OTILIA LA TORRE ORTIZ DE RODRÍGUEZ; en
consecuencia, se ordena a la demandada BANCO DE LA NACIÓN S.A., cumpla
con pagar a la actora la suma de S/.6,541.90 (SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 90/100 SOLES), debiendo asimismo la emplazada
realizar las gestiones necesarias ante la entidad financiera depositaria, a fin de que
la actora pueda cobrar la compensación por tiempo de servicios en el monto
ascendente a S/. 18,029.69 (DIECIOCHO MIL VEINTINUEVE CON 69/100
SOLES); más intereses legales, sin costas ni costos procesales.
1
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
AGRAVIOS:
El demandado, en su recurso de apelación (Resolución N° 7) de fojas 695 a 700,
expresa como agravios:
1. Que, la apelada no se pronuncia sobre nuestros argumentos, toda vez que,
consideramos que debe calcularse el plazo de prescripción desde la fecha en que
los supuestos beneficios reclamados son exigibles.
2. Que, solo resultaría exigibles derechos de carácter laboral a partir del 23 de
diciembre de 1998 (fecha de la dación de la Ley N°27022), cuyo plazo prescriptorio
comienza a computarse desde la fecha de cese del trabajador y que en su
Disposición Transitoria y Final estableció claramente que, la prescripción iniciada
antes de su vigencia, se rige por la ley anterior.
3. Que, la Ley N° 27321 señala que la prescripción iniciada antes de la vigencia de
esta Ley se rige por la ley anterior, es por ello que dicha Ley no resulta aplicable al
presente caso, por cuanto los períodos reclamados por la actora son conceptos del
año 1995, los cuales ya habrían prescrito, estableciéndose la ultra actividad de la
Ley 26513.
La demandante, en su recurso de apelación de la Resolución N° 20, de fojas 1017
a 1019, expresa como agravios:
1. La apelada incurre en error toda vez que afecta el Principio Constitucional del
artículo 2°, Inc. 24-A, que dice que nadie está impedido de hacer lo que ella no
prohíbe, de modo que no está prohibido la cesión de derechos.
2. Que, contraviene además el artículo 62° de la Carta Magna que prevé la Libertad
Contractual y el artículo 1206° del Código Civil.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
La demandada, en su recurso de apelación Sentencia de fojas 1400 a 1409, expresa
como agravios:
1. La Sentencia apelada afecta el Principio y Derecho Constitucional del
debido proceso, toda vez que no ha efectuado una valoración conjunta y
razonada de los medios de prueba actuados y aportados al proceso.
- Que, la apelada sostiene que a la actora le corresponde la percepción de las
bonificaciones extraordinarias por productividad, sin razonar que dicha
bonificación surgió a raíz del proceso de reestructuración al que fue sometido el
Banco.
- Que, de acuerdo al desarrollo reglamentario, se señala claramente y de manera
expresa el carácter no remunerativo de dicha bonificación.
2. Se realiza una interpretación errónea de lo que debe entenderse por
remuneración y la naturaleza de las bonificaciones entregadas a la demandante.
- Que, a lo largo del proceso se ha establecido que las bonificaciones entregadas al
accionante no cumplieron con ninguna de las características necesarias para ser
considerados como conceptos de carácter remunerativo.
3. La Productividad Gerencial no tiene carácter remunerativo, razón por la cual
no proceden los reintegros amparados en las gratificaciones ni en la
compensación por tiempo de servicios.
- Que, estando a las características y naturaleza de este concepto, de conformidad
con el artículo 7° del Decreto Supremo 003-97-TR y los artículos 19° y 20° del
Decreto Supremo N° 650 se concluye que esta bonificación no tiene carácter
remunerativo, mucho menos pueden ser compensables ni pensionables.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
La demandante, en su recurso de apelación (Sentencia) de fojas 1411 a 1413,
expresa como agravios:
1. Que, la A quo no ha considerado sobre la pretensión de Bonificación de
Productividad Gerencial.
- Que, dicho concepto, como se aprecia de las boletas de pago de remuneraciones,
le fueron abonados al demandante a partir del año 2000 en forma mensual,
continua y periódica aunque bajo de diferentes denominaciones.
2. Que, la apelada no ha considerado sobre la pretensión de bonificación de
Productividad Sindical.
- Que, dicho bono inicialmente fue abonado al actor en un monto fijado en el
convenio y en un solo pago hasta 1999, para luego ser abonado con diferentes
denominaciones, dicha bonificación fue entregada a los trabajadores siempre y
cuando cumplan con la exigencia de puntualidad, asistencia y eficiencia., tampoco
se ha considerado la Casación N° 69-2005-LIMA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el
recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior
examine, a solicitud de parte o tercero legitimado la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. La
apelación como recurso ordinario para impugnar autos y sentencias está regida por
Principios específicos que orientan su actuación entre los cuales destacan: el
“Tantum devolutum quantum apellatum”, y el de la prohibición de la “reformatio in
peius”.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
De la Resolución N° 7
SEGUNDO: Debemos tener presente que de acuerdo con la opinión del autor nacional
Marcial Rubio Correa: “La Prescripción Extintiva es una institución jurídica, según la
cual, el transcurso de un determinado lapso de tiempo extingue la acción que el sujeto
tiene, para exigir un derecho ante los Tribunales.” (Rubio Correa, Marcial: La extinción
de Acciones y Derechos en el Código Civil, Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima 1990, página 16).
TERCERO: En el Derecho Laboral Peruano, la prescripción ha sido objeto de diversas
regulaciones a través del tiempo, entre las que se encuentra la Ley Nº 26513, publicada
el 28 de Julio de 1995, que establecía en su Primera Disposición Transitoria que las
acciones derivadas de la relación laboral prescriben a los tres años desde que resulten
exigibles, norma que es recogida posteriormente por la Primera de las Disposiciones
Complementarias, Transitorias y Derogatorias del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR y también por el
Decreto Supremo 05-95-TR; norma que se aplicó a todos los reclamos laborales, cuyos
trabajadores cesaron hasta el 22 de Diciembre de 1998 hacía atrás y cuyo plazo
prescriptorio no haya trascendido de los tres años; que con fecha 23 de Diciembre de
1998, se publica la Ley Nº 27022, que en la parte de sus Disposiciones Transitorias y
Finales, deroga la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Derogatoria del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, así como las
demás normas que se opusieran a la presente Ley; estableciendo, en su artículo único
que las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los dos
años, contados a partir del día siguiente en que se extingue el vínculo laboral; que a su
vez esta norma es derogada por la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y
Final de la Ley Nº 27321, publicada el 22 de Julio del 2000, estableciendo un periodo
prescriptorio de cuatro años, norma que a la fecha se encuentra vigente.
CUARTO: Que, dado que la Ley Nº 26513, estableció que el plazo de prescripción
se computaba a partir de que la obligación sea exigible, se determinó que los
derechos laborales dada la situación de subordinación jurídica en la que se
5
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
encuentra el trabajador frente a su empleador, muchas veces, no obstante que el
empleador no cumple con pagar algunos derechos laborales, el trabajador
priorizando su permanencia en el trabajo o con la expectativa que su empleador le
pague, no acuden a los órganos jurisdiccionales a reclamar judicialmente sus
derechos sino esperan a que concluya el vínculo laboral.
QUINTO: En ese sentido se ha pronunciado de la Sala de Derechos Constitucional y
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República al resolver con fecha 06 de
Octubre de 1997 la Casación N° 802-96 PIURA y la Casación N° 623-98 LIMA del 15 de
Setiembre de 1999; en la que se establece que el plazo de prescripción se computa
desde la fecha del cese del trabajador por cuanto es desde esa fecha que la
obligación resulta exigible; en consecuencia para efectos del cómputo de la
prescripción de los extremos demandados por el accionante se debe tener en
cuenta su fecha de cese.
SEXTO: Que, si bien es cierto el actor como parte de su pretensión solicita el pago
de sus beneficios sociales por el período 1 de febrero de 1974 hasta el 23 de
diciembre de 1998, pero al haber continuado laborando hasta el 11 de agosto de
2004, a la presentación de la demanda el 12 de octubre de 2004, cuando ya se
encontraba vigente el plazo de cuatro años previsto en la Ley Nº 27321, aún no
había vencido dicho plazo, por lo que se desestima los agravios de la demandada y
se confirma la resolución que declara infundada la excepción de prescripción
propuesta por la demandada.
De la Resolución N° 20
SETIMO: Que, el artículo 1206 del Código Civil define a la cesión de derechos
como "(…) el acto de disposición en virtud del cual el cedente transmite al cesionario el
derecho de exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por un
título distinto. La cesión puede hacerse aun sin el asentimiento del deudor." Estableciendo
6
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
en sus artículos 1207° y 1208°, la forma de la cesión de derechos y que puede
cederse derechos que sean materia de controversia judicial.
OCTAVO: Que, por otro lado, el artículo 108° numeral 3, del Código Procesal
Civil, establece “por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al
reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido. Se presenta la sucesión
procesal cuando: (…) 3 el adquiriente por actos entre vivos de un derecho discutido, sucede
en el proceso al enajenante. (… )”.
NOVENO: En autos, la demandante mediante escrito que obra a fojas 980 y 981,
de fecha 28 de mayo de 2008, solicitó que se constituyan en sucesores procesales los
señores Nora Inés Espinoza La Torre y Roy Elmer Remer Ramírez Carbajal, al
haberles cedido sus derechos, indicando: "(...) que por la cesión de los derechos
patrimoniales que efectúo, los nuevos titulares de los derechos discutidos en la presente
causa judicial son doña Nora Inés Espinoza La Torre y Roy Elmer Remer Ramírez Carbajal,
quienes se constituyen en los nuevos acreedores de lo que se ordene pagar en la sentencia al
demandado, debiendo precisar que la cesión la efectúo de la siguiente manera: 80% de los
derechos le cedo a Nora Inés Espinoza La Torre y el 20% Roy Elmer Remer Ramírez
Carbajal, de conformidad al artículo 1206 del Código Civil (...) de modo tal que los
cesionarios Nora Inés Espinoza La Torre y Roy Elmer Remer Ramírez Carbajal se
constituyen sucesores procesales de mi parte (...)".
DÉCIMO: Que, sin embargo, mediante Resolución N° 20, de fecha 11 de setiembre
de 2008, que obra a folio 1010, se declaró IMPROCEDENTE el pedido de cesión de
derechos, siendo el único argumento, que lo solicitado no se encuentra
contemplado en la legislación laboral.
DÉCIMO PRIMERO: Que, de acuerdo al artículo IX del Título Preliminar del
Código Civil, las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las
relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otra leyes, siempre que no sean
incompatibles con su naturaleza; y en cuanto a las normas procesales, la tercera
7
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
Disposición Final de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, señala que en lo no
previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal
Civil.
DÉCIMO SEGUNDO: Que, en el caso de autos, si bien es cierto es principio del
derecho de trabajo la irrenunciabilidad de derechos, sin embargo, cuando el
trabajador realiza el acto de cesión a un tercero que no es su empleador, no
contraviene el principio antes invocado pues no tiene como base la existencia de
una relación laboral entre la ex trabajadora y a los que cede sus derechos, por lo
tanto, dicho acto jurídico es la manifestación de la autonomía de voluntad de las
personas para ceder y adquirir un derecho litigioso que entra al campo civil, por lo
tanto, es de aplicación las normas del Código Civil.
DÉCIMO TERCERO: Entonces, lo que correspondía en autos, era dar trámite a lo
solicitado verificando el cumplimiento de la formalidad de la cesión de derechos, y
considerando que cuando una persona cede a un tercero su derecho a percibir el
pago por parte de la Entidad demandada, ello lo habilita a ser sucesor procesal,
para que se continúe el proceso ocupando el lugar de la demandante.
DÉCIMO CUARTO: Que, al no haber resuelto debidamente la sucesión procesal
solicitada en virtud a la cesión de derechos que invocó la demandante el Colegiado
considera que se ha incurrido en causal insalvable, al vulnerarse el derecho al
debido proceso y la defensa de la parte procesal por lo que, de conformidad a lo
establecido en el el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y
el artículo 171° del Código Procesal Civil, corresponde declarar nula la Resolución
20, y por consiguiente la Sentencia, a efectos de que sea tramitada debidamente la
sucesión procesal solicitada, y de ser el caso, se prosiga la causa con intervención
de los sucesores procesales.
8
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
OCTAVA SALA LABORAL PERMANENTE
Por las consideraciones expuestas, Primera la Sala Laboral Transitoria de la Corte
Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú.
HA RESUELTO:
1. CONFIRMAR Resolución N° 7, emitida en Audiencia Única, que resuelve
declarar INFUNDADA la excepción de Prescripción propuesta por la demandada.
2. DECLARAR NULA Resolución N° 20, de fecha 11 de setiembre de 2008, que
declaro IMPROCEDENTE el pedido de cesión de derechos, DISPUSIERON que se
emita resolución con arreglo a ley, teniendo en cuenta las observaciones que
contiene la presente resolución, e insubsistente todo lo actuado hasta la Sentencia.
En los seguidos por LA TORRES ORTIZ DE RODRIGUEZ MARIA OTILIA
contra BANCO DE LA NACIÓN sobre INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO
ARBITRARIO Y OTROS.
VALENZUELA BARRETO SERPA VERGARA
QUILCA MOLINA
9<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00174-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 04, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 40, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 60/100 SOLES, más los intereses devengado, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 11 de mayo de 2007 (folios 41-42), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley. | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00174-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 04, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 40, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 60/100 SOLES, más los intereses devengado, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 11 de mayo de 2007 (folios 41-42), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley.<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Expediente : N° 00321-2004-16
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
Resolución Número 45
Lima, treinta y uno de marzo
de dos mil veintidós
Dando cuenta al escrito presentado por la parte DEMANDADA con fecha 12 de enero de 2022: A
lo Expuesto: Al Principal: Téngase por subsanado la omisión advertida, y al recurso de apelación,: y
encontrándose exonerada de la presentación del arancel judicial, por encontrarse en proceso de
liquidación, de acuerdo a lo señalado en la Resolución Administrativa N° 00002-2022-CE-PJ, se
procede en emitir el siguiente pronunciamiento:
Autos y Vistos: Considerando:
Primero: El Recurso de Apelación interpuesto por esta parte contra la Resolución N° 44 de fecha 30
de diciembre de 2021, que resuelve declarar fundada en parte la demanda.
Segundo: Que, habiendo fundamentado la demandada sus agravios de hecho y derecho contra la
Resolución impugnada, y, en aplicación del inciso 1) artículo 53° de la Ley Procesal del Trabajo Ley N°
26636, se RESUELVE:
2.1 CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO el Recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la Resolución N° 44 de fecha 30 de diciembre de 2021.
2.2 ELEVAR los presentes actuados al Superior con la debida nota de atención
NOTIFIQUESE.- | <|im_start|>system
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Expediente : N° 00321-2004-16
Esp. Legal : Jeimy Bejarano Oliva
Resolución Número 45
Lima, treinta y uno de marzo
de dos mil veintidós
Dando cuenta al escrito presentado por la parte DEMANDADA con fecha 12 de enero de 2022: A
lo Expuesto: Al Principal: Téngase por subsanado la omisión advertida, y al recurso de apelación,: y
encontrándose exonerada de la presentación del arancel judicial, por encontrarse en proceso de
liquidación, de acuerdo a lo señalado en la Resolución Administrativa N° 00002-2022-CE-PJ, se
procede en emitir el siguiente pronunciamiento:
Autos y Vistos: Considerando:
Primero: El Recurso de Apelación interpuesto por esta parte contra la Resolución N° 44 de fecha 30
de diciembre de 2021, que resuelve declarar fundada en parte la demanda.
Segundo: Que, habiendo fundamentado la demandada sus agravios de hecho y derecho contra la
Resolución impugnada, y, en aplicación del inciso 1) artículo 53° de la Ley Procesal del Trabajo Ley N°
26636, se RESUELVE:
2.1 CONCEDER CON EFECTO SUSPENSIVO el Recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la Resolución N° 44 de fecha 30 de diciembre de 2021.
2.2 ELEVAR los presentes actuados al Superior con la debida nota de atención
NOTIFIQUESE.-<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
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actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00220-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MANCORA TRADING SA ,
DEMANDANTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
Resolución N° DIECISIETE (17)
Paita, Quince de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 13 de fecha 26 de febrero
de 2008, a folio 304 al 306, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por MARINA DE
GUERRA DEL PERÚ contra MANCORA TRADING SA; en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y UNO SOLES CON 25 /100
SOLES, más los intereses moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, conforme se observa de
la constancia de notificación de folio 338, se debe disponer el archivo
provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del Juzgado; toda
vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo se remiten los
proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00220-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MANCORA TRADING SA ,
DEMANDANTE : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
Resolución N° DIECISIETE (17)
Paita, Quince de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 13 de fecha 26 de febrero
de 2008, a folio 304 al 306, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por MARINA DE
GUERRA DEL PERÚ contra MANCORA TRADING SA; en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y UNO SOLES CON 25 /100
SOLES, más los intereses moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, conforme se observa de
la constancia de notificación de folio 338, se debe disponer el archivo
provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del Juzgado; toda
vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo se remiten los
proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario De Sala: HUANCA LUPACA LILA NORAH
Fecha: 20/02/2017 11:09:35
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INHIBITORIA
RELATOR : BUSTINZA SAIRA, LUIS AMERICO
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS S A
DEMANDANTE : CUBA DIAZ, ROBINSON ADAN APO JOSE LINARES CORNEJO
Resolución N° 73
Tacna, dieciséis de Febrero
Del año dos mil diecisiete.-
Por recibido el expediente. AUTOS Y VISTOS: El Pedido de inhibición formulado por el señor
Magistrado Flores Alanoca; PRIMERO: Que la abstención es un acto inherente al Magistrado
cuando se presentan motivos que perturban su función, con el objeto de apartarse de conocer
un determinado caso en salvaguarda del principio jurisdiccional de imparcialidad. Asimismo
conforme a lo prescrito en el artículo 305° (inciso 5) del Código Procesal Civil, ha previsto que
un Juez se encuentra impedido de dirigir un proceso cuando ha conocido el proceso en otra
instancia, salvo que haya realizado únicamente actos procesales de mero trámite. SEGUNDO:
Que en el presente caso, se desprende que el Juez Superior Flores Alanoca, se abstiene de
conocer el presente proceso debido a que ha intervenido como magistrado en primera
instancia (folios seiscientos treinta y seis a seiscientos noventa y nueve), habiendo emitido
fallo conforme es de verse de la Sentencia expedida mediante resolución número cuarenta y
nueve, de fecha dos de octubre del dos mil doce, obrante de folios seiscientos cuarenta y dos a
seiscientos cuarenta y nueve. TERCERO: En tal sentido, conforme al marco normativo antes
descrito, se tiene que la causal invocada se encuentra acreditada en autos, en la medida que el
señor Juez Superior abstinente ha interviniendo en un acto procesal de trascendencia, como es
la emisión de la sentencia que resuelve declarar Fundada en Parte la demanda incoada,
evidenciándose que ya tiene una posición determinada sobre el cauce del presente proceso.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 306° del Código
Procesal Civil; RESOLVIERON: APROBAR la abstención formulada por el señor Juez Superior
Flores Alanoca, llamaron para integrar Sala al llamado por Ley. Tómese Razón y Hágase Saber.
Avocándose al conocimiento de la causa los señores magistrados que suscriben por disposición
del superior.-
GORDILLO COSSIO
BEGAZO DE LA CRUZ.
Señores:
He conocido el presente proceso como Juez de Primera Instancia y siendo así he expedido
actos procesales que rebasan el mero trámite en la prosecución del proceso, conforme se
verifica de autos de fojas 642 a 649 (Sentencia de fecha dos de Octubre del dos mil doce); en
consecuencia, a fin de que no se dude de mi imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 305.5 del Código Procesal Civil, me abstengo de intervenir en el presente
proceso por tener impedimento, debiendo pasar los autos al llamado por ley.
Tacna, 16 de Febrero del 2017.
Dr. Jael Flores Alanoca
Juez Superior | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario De Sala: HUANCA LUPACA LILA NORAH
Fecha: 20/02/2017 11:09:35
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00171-2006-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INHIBITORIA
RELATOR : BUSTINZA SAIRA, LUIS AMERICO
DEMANDADO : EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS S A
DEMANDANTE : CUBA DIAZ, ROBINSON ADAN APO JOSE LINARES CORNEJO
Resolución N° 73
Tacna, dieciséis de Febrero
Del año dos mil diecisiete.-
Por recibido el expediente. AUTOS Y VISTOS: El Pedido de inhibición formulado por el señor
Magistrado Flores Alanoca; PRIMERO: Que la abstención es un acto inherente al Magistrado
cuando se presentan motivos que perturban su función, con el objeto de apartarse de conocer
un determinado caso en salvaguarda del principio jurisdiccional de imparcialidad. Asimismo
conforme a lo prescrito en el artículo 305° (inciso 5) del Código Procesal Civil, ha previsto que
un Juez se encuentra impedido de dirigir un proceso cuando ha conocido el proceso en otra
instancia, salvo que haya realizado únicamente actos procesales de mero trámite. SEGUNDO:
Que en el presente caso, se desprende que el Juez Superior Flores Alanoca, se abstiene de
conocer el presente proceso debido a que ha intervenido como magistrado en primera
instancia (folios seiscientos treinta y seis a seiscientos noventa y nueve), habiendo emitido
fallo conforme es de verse de la Sentencia expedida mediante resolución número cuarenta y
nueve, de fecha dos de octubre del dos mil doce, obrante de folios seiscientos cuarenta y dos a
seiscientos cuarenta y nueve. TERCERO: En tal sentido, conforme al marco normativo antes
descrito, se tiene que la causal invocada se encuentra acreditada en autos, en la medida que el
señor Juez Superior abstinente ha interviniendo en un acto procesal de trascendencia, como es
la emisión de la sentencia que resuelve declarar Fundada en Parte la demanda incoada,
evidenciándose que ya tiene una posición determinada sobre el cauce del presente proceso.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 306° del Código
Procesal Civil; RESOLVIERON: APROBAR la abstención formulada por el señor Juez Superior
Flores Alanoca, llamaron para integrar Sala al llamado por Ley. Tómese Razón y Hágase Saber.
Avocándose al conocimiento de la causa los señores magistrados que suscriben por disposición
del superior.-
GORDILLO COSSIO
BEGAZO DE LA CRUZ.
Señores:
He conocido el presente proceso como Juez de Primera Instancia y siendo así he expedido
actos procesales que rebasan el mero trámite en la prosecución del proceso, conforme se
verifica de autos de fojas 642 a 649 (Sentencia de fecha dos de Octubre del dos mil doce); en
consecuencia, a fin de que no se dude de mi imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 305.5 del Código Procesal Civil, me abstengo de intervenir en el presente
proceso por tener impedimento, debiendo pasar los autos al llamado por ley.
Tacna, 16 de Febrero del 2017.
Dr. Jael Flores Alanoca
Juez Superior<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | 14° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
MATERIA : OFRECIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS
ECONOMICOS
JUEZ : GALLARDO ORTEGA, LUZ VERONICA
ESPECIALISTA : MANTILLA HUAMAN, YHALYN KATTYA
DEMANDADO : TELEFONICA DEL ,
DEMANDANTE : GARCIA ALFARO, EDUARDO ELADIO
Razón:
Señorita Magistrada en cumplimiento de mis funciones informo lo siguiente:
Que debido a la Emergencia Sanitaria que estamos atravesando, desde el 16 de marzo de los corrientes el
Gobierno Central dispuso el Aislamiento Social Obligatorio cuarentena, asimismo mediante Decreto
Supremo N° 116-2020-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, hasta el 31 de julio de
2020; posterior a ello, se establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia
Social y con ello la Corte Superior de Justicia de Lima también estableció mecanismos y protocolos para
retomar las labores en forma progresiva. Que, tal situación ha provocado se suspenda toda labor
presencial en dichos meses, lo que ha ocasionado una paralización en las labores desempeñadas por la
servidora, desde las fechas antes indicadas, siendo que, recién desde el 01 de Julio de lo corrientes por
disposición de la Corte Superior de Justicia de Lima, se ha habilitado la facultad del trabajo mixto
(presencial y remoto), asumiendo la suscrita hasta el 21 de julio la asistencia en forma mixta, ocasionando
una avance progresivo y no habitual; ello por cuanto en dicha fecha adquirí mis implementos necesarios
(compra de laptop e internet) para elaborar el trabajo mixto en la indicada fecha 21 de julio. Asimismo se
informa que al acudir en forma interdiaria el avance de las actividades al 100 % resulta imposible por
cuanto los días que se asiste en forma presencial solo es de 05 horas, tiempo en el cual es empleado para
tomar los apuntes de los expedientes que serán trabajos remotamente, por cuanto los expedientes no se
encuentra digitalizados en su totalidad, asimismo los días que se asiste en forma presencial es para
entregar los certificados de depósito judicial los mismos que al tener carácter alimentario requieren la
prioridad del caso, por otro lado se informa que el Asistente Judicial tampoco se da abasto para poder
compaginar todos los escritos pendientes, ni tampoco poder avanzar en forma continua las notificaciones
de los expedientes por el tiempo limitado que se tiene. Aunado a ello al ser un Juzgado liquidador en el
mes de octubre se estaba efectuado una depuración total de los expedientes que se encuentren para el
envío al Archivo Central, para emitir la resolución de archivo provisional, para elevar al Superior, entre
otras funciones. Asimismo, informo que la semana del 23 al 29 de noviembre me encontraba haciendo
uso de mis vacaciones. Es todo cuanto tengo por informar.
Lima, 15 de diciembre de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y UNO
Lima, quince de diciembre
De año dos mil veinte. -
Dando cuenta en la fecha a través del trabajo remoto y mixto implementado por
el Juzgado para afrontar la carga procesal producto de la emergencia sanitaria que
viene afrontando el país. – COVID19, Al escrito ingresado el 17 de noviembre de 2020
presentado por la demandada: Al principal, primer, segundo otrosí digo: Estando
dentro del término de Ley cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 52° y
53° de la Ley Procesal de Trabajo – Ley 26636, la apelación que FORMULA LA
DEMANDADA contra la Resolución TREINTA Y NUEVE que contiene la
SENTENCIA de fecha 29 de setiembre de 2020 que declaró FUNDADA EN PARTE
LA DEMANDA consecuentemente, conforme a lo dispuesto por el Artículo 371° del
Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos, Se Resuelve:
CONCÉDASE LA APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO y elévense los
autos a la Instancia Superior, con la debida nota de atención, devuelto que sean los
cargos de notificación de la presente resolución. Asimismo, por variada su domicilio
procesal físico Casilla N° 4690 del Colegio de Abogados y por señalada su CASILLA
ELECTRÓNICA N° 108030 para los efectos de las notificaciones.
Notificándose. - | <|im_start|>system
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14° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00482-2004-0-1801-JR-LA-26
MATERIA : OFRECIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS
ECONOMICOS
JUEZ : GALLARDO ORTEGA, LUZ VERONICA
ESPECIALISTA : MANTILLA HUAMAN, YHALYN KATTYA
DEMANDADO : TELEFONICA DEL ,
DEMANDANTE : GARCIA ALFARO, EDUARDO ELADIO
Razón:
Señorita Magistrada en cumplimiento de mis funciones informo lo siguiente:
Que debido a la Emergencia Sanitaria que estamos atravesando, desde el 16 de marzo de los corrientes el
Gobierno Central dispuso el Aislamiento Social Obligatorio cuarentena, asimismo mediante Decreto
Supremo N° 116-2020-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, hasta el 31 de julio de
2020; posterior a ello, se establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia
Social y con ello la Corte Superior de Justicia de Lima también estableció mecanismos y protocolos para
retomar las labores en forma progresiva. Que, tal situación ha provocado se suspenda toda labor
presencial en dichos meses, lo que ha ocasionado una paralización en las labores desempeñadas por la
servidora, desde las fechas antes indicadas, siendo que, recién desde el 01 de Julio de lo corrientes por
disposición de la Corte Superior de Justicia de Lima, se ha habilitado la facultad del trabajo mixto
(presencial y remoto), asumiendo la suscrita hasta el 21 de julio la asistencia en forma mixta, ocasionando
una avance progresivo y no habitual; ello por cuanto en dicha fecha adquirí mis implementos necesarios
(compra de laptop e internet) para elaborar el trabajo mixto en la indicada fecha 21 de julio. Asimismo se
informa que al acudir en forma interdiaria el avance de las actividades al 100 % resulta imposible por
cuanto los días que se asiste en forma presencial solo es de 05 horas, tiempo en el cual es empleado para
tomar los apuntes de los expedientes que serán trabajos remotamente, por cuanto los expedientes no se
encuentra digitalizados en su totalidad, asimismo los días que se asiste en forma presencial es para
entregar los certificados de depósito judicial los mismos que al tener carácter alimentario requieren la
prioridad del caso, por otro lado se informa que el Asistente Judicial tampoco se da abasto para poder
compaginar todos los escritos pendientes, ni tampoco poder avanzar en forma continua las notificaciones
de los expedientes por el tiempo limitado que se tiene. Aunado a ello al ser un Juzgado liquidador en el
mes de octubre se estaba efectuado una depuración total de los expedientes que se encuentren para el
envío al Archivo Central, para emitir la resolución de archivo provisional, para elevar al Superior, entre
otras funciones. Asimismo, informo que la semana del 23 al 29 de noviembre me encontraba haciendo
uso de mis vacaciones. Es todo cuanto tengo por informar.
Lima, 15 de diciembre de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y UNO
Lima, quince de diciembre
De año dos mil veinte. -
Dando cuenta en la fecha a través del trabajo remoto y mixto implementado por
el Juzgado para afrontar la carga procesal producto de la emergencia sanitaria que
viene afrontando el país. – COVID19, Al escrito ingresado el 17 de noviembre de 2020
presentado por la demandada: Al principal, primer, segundo otrosí digo: Estando
dentro del término de Ley cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 52° y
53° de la Ley Procesal de Trabajo – Ley 26636, la apelación que FORMULA LA
DEMANDADA contra la Resolución TREINTA Y NUEVE que contiene la
SENTENCIA de fecha 29 de setiembre de 2020 que declaró FUNDADA EN PARTE
LA DEMANDA consecuentemente, conforme a lo dispuesto por el Artículo 371° del
Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos, Se Resuelve:
CONCÉDASE LA APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO y elévense los
autos a la Instancia Superior, con la debida nota de atención, devuelto que sean los
cargos de notificación de la presente resolución. Asimismo, por variada su domicilio
procesal físico Casilla N° 4690 del Colegio de Abogados y por señalada su CASILLA
ELECTRÓNICA N° 108030 para los efectos de las notificaciones.
Notificándose. -<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00013-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 30 de
marzo de 2007, a folios 29, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON
02/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 10 y 12 de abril de 2007 (folios
30-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 30 de marzo del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00013-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 30 de
marzo de 2007, a folios 29, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON
02/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado
a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han
sido válidamente notificadas con fecha 10 y 12 de abril de 2007 (folios
30-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en
aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior, sólo
se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir
su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a
efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso es
que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA),
de fecha 30 de marzo del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00094-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de CIENTO TREINTA CON 42/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, por lo que, a la
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00094-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 25, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de CIENTO TREINTA CON 42/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, por lo que, a la
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
fecha corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del
inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 16 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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EXPEDIENTE : 01488-2005-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MENDOZA GALARRETA ROSA DEL PILAR
ESPECIALISTA : HONORIO MARTINEZ KARINA RUDY
TERCERO : FLORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA SAC
LIQUIDADORA Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSERVAS SANTA ADELA
SA ,
DEMANDADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
DEMANDANTE : ROMERO LINARES, VALENTIN MARTIN
Resolución Nro. SETENTA Y CUATRO
Chimbote, treinta y uno de enero
Del año dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta en la fecha, con las
recargadas labores del juzgado, y siendo el estado del proceso, corresponde emitir
pronunciamiento; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Resulta del caso que, mediante sentencia contenida en la resolución número
TREINTA Y SEIS, obrante de folios 267 a 269, resuelve declarar FUNDADA la demanda
sobre PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR, en contra de CONSERVAS SANTA ADELA
S.A.C., ordenando el pago de S/ 3,151.93 SOLES por concepto de capital, más el pago de
intereses legales, costos y costas del proceso, que se liquidarán en ejecución de sentencia; la
misma que ha sido declarada consentida con resolución número TREINTA Y SIETE de autos,
y mediante resolución número CUARENTA se aprueba los intereses legales, siendo la suma
total S/ 1,803.29 soles (véase folio 300), es preciso señalar que la demandada no ha cumplido
con pagar dichas sumas a pesar de los requerimientos realizados, conforme obra en autos.
SEGUNDO.- Posteriormente la parte demandante solicita se aplique el principio persecutorio
en contra del Banco de Crédito del Perú (en adelante BCP) conforme el escrito inserto de folios
455 y 456, pedido que fue resuelto mediante resolución número SESENTA Y UNO, que
declaró improcedente tanto la excepción de prescripción, como la extromisión formulada por el
BCP, y se requiere a la liquidadora FIORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN Y
GERENCIA S.A.C. para que cumpla con pagar el monto ordenado en autos, reservándose el
pronunciamiento de la aplicación del principio persecutorio, resolución que al ser apelada,
confirma el pronunciamiento respecto de la excepción y la extromisión; de igual forma, deja sin
efecto el requerimiento a la empresa liquidadora, disponiendo que la empresa liquidadora
FIORENTINA S.A.C., cumpla con brindar información respecto del bien inmueble que tiene la
demandada, entre otros; devuelto el expediente al juzgado, se dispone cursar oficio a
INDECOPI a fin que informe lo ordenado por el Superior en Grado, remitiendo la información a
través del Oficio N° 0095-2019/CCO-INDECOPI obrante de folios 695 al 731, en los
siguientes términos: i) actualmente Santa Adela S.A. se encuentra disuelta, liquidada y en
quiebra, y que su procedimiento concursal se encuentra en archivo por cuanto no existe empresa
que desee asumir su administración, ii) mediante Resolución N° 0375-2011/INDECOPI-LAL de
fecha 15.06.2011 se reconoció al demandante la suma de S/ 13,894.57 por concepto de capital y
la suma de S/ 2,634.18 por concepto de intereses legales, que corresponden al primero orden de
preferencia, iii) la demandada era poseedora de 03 vehículos, los cuales la ex empresa
liquidadora FLORENTINA S.A.C., no les ha entregado los bienes y los documentos contables
de la demandada, iv) la ex empresa liquidadora FLORENTINA S.A.C., fue sancionada con
inhabilitación permanente debido a que transfirió en dación de pago el único inmueble a
acreedores que NO SON DE PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA, cuando entregó en dación
de pago a CASA BANCHERO S.A. y al señor FELIPE TORRES MONTES (acreedores
reconocidos en el procedimiento concursal), el bien inmueble ubicado en Pueblo Joven Florida
Baja Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G Lote 11-14), está valorizado en US$ 919 925,38,
transfiriéndose dicha propiedad; por cuanto ha efectuado pagos de los créditos labores
reconocidos en un orden distinto a lo establecido en el art. 42° de la Ley General del Sistema
Concursal.
TERCERO.- A fin de mejor resolver, este Despacho en uso de sus facultades oficiosas requirió
a la SUNARP Chimbote, la remisión del certificado literal P09033466 del predio ubicado en el
PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14)
– CHIMBOTE, la misma que cumplió con lo ordenado, a través del Oficio N° 533-2019,
Z.RN°VII-SEDE HUARAZ-PUBLICIDAD/ORVM obrante a folios 591 al 693, del cual se
aprecia que el actual propietario es la EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO
BELTRAN E.I.R.L., ver folios 691.
CUARTO.- Resulta aplicable al caso el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 856, que
respecto a la acción persecutoria refiere que esta recae sobre los bienes del negocio, en las
siguientes ocasiones: a. Cuando el empleador ha sido declarado insolvente, y como
consecuencia de ello se ha procedido a la disolución y liquidación de la empresa o su
declaración judicial de quiebra. La acción alcanza a las transferencias de activos fijos o de
negocios efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la declaración de insolvencia del
acreedor; b. (…). (Subrayado y negrita es nuestro); asimismo, la Corte Suprema a través de la
Sentencia de Casación N°1303-2003 estableció que: “la acción de persecutoriedad de los
beneficios sociales reposa en el hecho que la relación laboral genera una vinculación de tipo
personal y además patrimonial entre el empleador y el trabajador, teniendo por finalidad
apremiar los bienes del empleador o empresario deudor, pues éstos constituyen la garantía
para el pago de las acreencias laborales; no se trata de identificar quién o quienes ejercen
actualmente la propiedad de los bienes de la empresa deudora, o si hay algún vínculo familiar
o personal de los terceros adquirientes con el empleador; de lo que se trata es de identificar los
bienes, tener la certeza de que pertenecieron al empleador deudor ...", de igual manera, la
Sentencia de Casación N°1097-2001 refiere que: “... y eventualmente, realizarlos. Para ello
debe integrarse a la relación procesal éste tercero en quien va a recaer la decisión del
proceso, para que tenga acceso al derecho de defensa.”
QUINTO.- De lo expuesto, se tiene que el bien inscrito con el certificado literal P09033466
ubicado en el PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G
LOTE 11-14) – CHIMBOTE, sobre el cual se ha solicitado se aplique la acción persecutoria,
perteneció al empleador deudor, sin embargo en la actualidad el propietario es la EMPRESA
DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L. (véase folio 691); y si bien, sobre
dicho inmueble existe una garantía hipotecaria por ante el Banco de Crédito del Perú – BCP,
(véase folio 616), ello no implica que este último sea el propietario de tal inmueble, de acuerdo
a lo regulado en el Artículo 1097° del Código Civil1, y conforme a lo establecido por el
Tribunal Constitucional en la Sentencia de fecha 18 de diciembre del 2007, recaída en el Exp.
N° 00122-2007-PA/TC, cuando señala que el carácter persecutorio de los derechos laborales se
extiende incluso, hacia los bienes que su empleador haya transferido a terceros,
independientemente si ese tercero adquiriente tuvo o no buena fe al hacerse de la
propiedad del bien, siendo que esto último no está en discusión, sino tan sólo que el bien
perteneció a la demandada; en la misma línea, también debemos traer a colación el Pleno
Nacional Laboral del 2012, que en el Tema 4 sobre crédito laboral frente al tercero
adquiriente, ha concluido que la “la preferencia del crédito laboral si es oponible frente al
tercero adquiriente de buena fe, pues el fraude que se refiere el Decreto Legislativo N° 856 es
el fraude a ley más no al fraude entre acreedores”. Asimismo, debe aplicarse lo establecido en
la ejecutoria de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de
la República, recaída en el Exp. N° CAS-1097-2011-LIMA, cuando establece el siguiente
criterio: “No se trata de identificar quien o quienes ejercen actualmente la posesión de los
bienes de la empresa originaria, o si hay vínculo familiar o personal de los terceros
adquirientes con el empleador, lo que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza de
que pertenecieron al empleador deudor y eventualmente realizarlos”. En ese sentido, y
estando a la aplicación del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 856 y de lo señalado
anteriormente, no se han dado los presupuestos para amparar la persecutoriedad del bien
peticionado por la parte demandante sobre el inmueble ubicado en PUEBLO JOVEN
FLORIDA BAJA AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14), al no haberse
acreditado los presupuestos exigidos por la norma, razón por la cual, deviene en
1 Artículo 1097.- Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier
obligación, propia o de un tercero. La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los
derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. (Código Civil)
IMPROCEDENTE la aplicación del principio de persecutorio en contra de BANCO DE
CRÉDITO DEL PERÚ – BCP, solicitada por el demandante, quedando expedito el derecho de
la parte actora de solicitarlo sobre el actual propietario. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1. IMPROCEDENTE la aplicación del Principio Persecutorio en contra del BANCO DE
CREDITO DEL PERU – BCP, sobre el bien inmueble que fue de la demanda
CONSERVAS SANTA ADELA S.A., ubicado en AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ.
G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, hasta por la suma total de S/ 5,311.42 SOLES,
dejando a salvo su derecho.
2. Al escrito de la parte demandante, DESE CUENTA en la siguiente resolución.
3. LLÁMESE LA ATENCIÓN a la secretaria judicial anterior por no haber dado cuenta
oportuna del presente expediente. Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta por
disposición Superior. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 01488-2005-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MENDOZA GALARRETA ROSA DEL PILAR
ESPECIALISTA : HONORIO MARTINEZ KARINA RUDY
TERCERO : FLORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA SAC
LIQUIDADORA Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSERVAS SANTA ADELA
SA ,
DEMANDADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
DEMANDANTE : ROMERO LINARES, VALENTIN MARTIN
Resolución Nro. SETENTA Y CUATRO
Chimbote, treinta y uno de enero
Del año dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta en la fecha, con las
recargadas labores del juzgado, y siendo el estado del proceso, corresponde emitir
pronunciamiento; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Resulta del caso que, mediante sentencia contenida en la resolución número
TREINTA Y SEIS, obrante de folios 267 a 269, resuelve declarar FUNDADA la demanda
sobre PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR, en contra de CONSERVAS SANTA ADELA
S.A.C., ordenando el pago de S/ 3,151.93 SOLES por concepto de capital, más el pago de
intereses legales, costos y costas del proceso, que se liquidarán en ejecución de sentencia; la
misma que ha sido declarada consentida con resolución número TREINTA Y SIETE de autos,
y mediante resolución número CUARENTA se aprueba los intereses legales, siendo la suma
total S/ 1,803.29 soles (véase folio 300), es preciso señalar que la demandada no ha cumplido
con pagar dichas sumas a pesar de los requerimientos realizados, conforme obra en autos.
SEGUNDO.- Posteriormente la parte demandante solicita se aplique el principio persecutorio
en contra del Banco de Crédito del Perú (en adelante BCP) conforme el escrito inserto de folios
455 y 456, pedido que fue resuelto mediante resolución número SESENTA Y UNO, que
declaró improcedente tanto la excepción de prescripción, como la extromisión formulada por el
BCP, y se requiere a la liquidadora FIORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN Y
GERENCIA S.A.C. para que cumpla con pagar el monto ordenado en autos, reservándose el
pronunciamiento de la aplicación del principio persecutorio, resolución que al ser apelada,
confirma el pronunciamiento respecto de la excepción y la extromisión; de igual forma, deja sin
efecto el requerimiento a la empresa liquidadora, disponiendo que la empresa liquidadora
FIORENTINA S.A.C., cumpla con brindar información respecto del bien inmueble que tiene la
demandada, entre otros; devuelto el expediente al juzgado, se dispone cursar oficio a
INDECOPI a fin que informe lo ordenado por el Superior en Grado, remitiendo la información a
través del Oficio N° 0095-2019/CCO-INDECOPI obrante de folios 695 al 731, en los
siguientes términos: i) actualmente Santa Adela S.A. se encuentra disuelta, liquidada y en
quiebra, y que su procedimiento concursal se encuentra en archivo por cuanto no existe empresa
que desee asumir su administración, ii) mediante Resolución N° 0375-2011/INDECOPI-LAL de
fecha 15.06.2011 se reconoció al demandante la suma de S/ 13,894.57 por concepto de capital y
la suma de S/ 2,634.18 por concepto de intereses legales, que corresponden al primero orden de
preferencia, iii) la demandada era poseedora de 03 vehículos, los cuales la ex empresa
liquidadora FLORENTINA S.A.C., no les ha entregado los bienes y los documentos contables
de la demandada, iv) la ex empresa liquidadora FLORENTINA S.A.C., fue sancionada con
inhabilitación permanente debido a que transfirió en dación de pago el único inmueble a
acreedores que NO SON DE PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA, cuando entregó en dación
de pago a CASA BANCHERO S.A. y al señor FELIPE TORRES MONTES (acreedores
reconocidos en el procedimiento concursal), el bien inmueble ubicado en Pueblo Joven Florida
Baja Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G Lote 11-14), está valorizado en US$ 919 925,38,
transfiriéndose dicha propiedad; por cuanto ha efectuado pagos de los créditos labores
reconocidos en un orden distinto a lo establecido en el art. 42° de la Ley General del Sistema
Concursal.
TERCERO.- A fin de mejor resolver, este Despacho en uso de sus facultades oficiosas requirió
a la SUNARP Chimbote, la remisión del certificado literal P09033466 del predio ubicado en el
PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14)
– CHIMBOTE, la misma que cumplió con lo ordenado, a través del Oficio N° 533-2019,
Z.RN°VII-SEDE HUARAZ-PUBLICIDAD/ORVM obrante a folios 591 al 693, del cual se
aprecia que el actual propietario es la EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO
BELTRAN E.I.R.L., ver folios 691.
CUARTO.- Resulta aplicable al caso el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 856, que
respecto a la acción persecutoria refiere que esta recae sobre los bienes del negocio, en las
siguientes ocasiones: a. Cuando el empleador ha sido declarado insolvente, y como
consecuencia de ello se ha procedido a la disolución y liquidación de la empresa o su
declaración judicial de quiebra. La acción alcanza a las transferencias de activos fijos o de
negocios efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la declaración de insolvencia del
acreedor; b. (…). (Subrayado y negrita es nuestro); asimismo, la Corte Suprema a través de la
Sentencia de Casación N°1303-2003 estableció que: “la acción de persecutoriedad de los
beneficios sociales reposa en el hecho que la relación laboral genera una vinculación de tipo
personal y además patrimonial entre el empleador y el trabajador, teniendo por finalidad
apremiar los bienes del empleador o empresario deudor, pues éstos constituyen la garantía
para el pago de las acreencias laborales; no se trata de identificar quién o quienes ejercen
actualmente la propiedad de los bienes de la empresa deudora, o si hay algún vínculo familiar
o personal de los terceros adquirientes con el empleador; de lo que se trata es de identificar los
bienes, tener la certeza de que pertenecieron al empleador deudor ...", de igual manera, la
Sentencia de Casación N°1097-2001 refiere que: “... y eventualmente, realizarlos. Para ello
debe integrarse a la relación procesal éste tercero en quien va a recaer la decisión del
proceso, para que tenga acceso al derecho de defensa.”
QUINTO.- De lo expuesto, se tiene que el bien inscrito con el certificado literal P09033466
ubicado en el PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G
LOTE 11-14) – CHIMBOTE, sobre el cual se ha solicitado se aplique la acción persecutoria,
perteneció al empleador deudor, sin embargo en la actualidad el propietario es la EMPRESA
DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L. (véase folio 691); y si bien, sobre
dicho inmueble existe una garantía hipotecaria por ante el Banco de Crédito del Perú – BCP,
(véase folio 616), ello no implica que este último sea el propietario de tal inmueble, de acuerdo
a lo regulado en el Artículo 1097° del Código Civil1, y conforme a lo establecido por el
Tribunal Constitucional en la Sentencia de fecha 18 de diciembre del 2007, recaída en el Exp.
N° 00122-2007-PA/TC, cuando señala que el carácter persecutorio de los derechos laborales se
extiende incluso, hacia los bienes que su empleador haya transferido a terceros,
independientemente si ese tercero adquiriente tuvo o no buena fe al hacerse de la
propiedad del bien, siendo que esto último no está en discusión, sino tan sólo que el bien
perteneció a la demandada; en la misma línea, también debemos traer a colación el Pleno
Nacional Laboral del 2012, que en el Tema 4 sobre crédito laboral frente al tercero
adquiriente, ha concluido que la “la preferencia del crédito laboral si es oponible frente al
tercero adquiriente de buena fe, pues el fraude que se refiere el Decreto Legislativo N° 856 es
el fraude a ley más no al fraude entre acreedores”. Asimismo, debe aplicarse lo establecido en
la ejecutoria de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de
la República, recaída en el Exp. N° CAS-1097-2011-LIMA, cuando establece el siguiente
criterio: “No se trata de identificar quien o quienes ejercen actualmente la posesión de los
bienes de la empresa originaria, o si hay vínculo familiar o personal de los terceros
adquirientes con el empleador, lo que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza de
que pertenecieron al empleador deudor y eventualmente realizarlos”. En ese sentido, y
estando a la aplicación del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 856 y de lo señalado
anteriormente, no se han dado los presupuestos para amparar la persecutoriedad del bien
peticionado por la parte demandante sobre el inmueble ubicado en PUEBLO JOVEN
FLORIDA BAJA AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14), al no haberse
acreditado los presupuestos exigidos por la norma, razón por la cual, deviene en
1 Artículo 1097.- Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier
obligación, propia o de un tercero. La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los
derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. (Código Civil)
IMPROCEDENTE la aplicación del principio de persecutorio en contra de BANCO DE
CRÉDITO DEL PERÚ – BCP, solicitada por el demandante, quedando expedito el derecho de
la parte actora de solicitarlo sobre el actual propietario. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1. IMPROCEDENTE la aplicación del Principio Persecutorio en contra del BANCO DE
CREDITO DEL PERU – BCP, sobre el bien inmueble que fue de la demanda
CONSERVAS SANTA ADELA S.A., ubicado en AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ.
G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, hasta por la suma total de S/ 5,311.42 SOLES,
dejando a salvo su derecho.
2. Al escrito de la parte demandante, DESE CUENTA en la siguiente resolución.
3. LLÁMESE LA ATENCIÓN a la secretaria judicial anterior por no haber dado cuenta
oportuna del presente expediente. Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta por
disposición Superior. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00176-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP UNION VIDA SA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, quince de noviembre
Del año dos mil veintiuno. -
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Sentencia) de fecha 13 de octubre del año 2014, se resolvió declarar
FUNDADA la demanda formulada por AFP UNION VIDA S.A., sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado cumpla con pagar la suma de VEINTICINCO MIL TRECE MIL CON 14/100
SOLES, más los intereses moratorios pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que,
estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la
calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil. TERCERO: Que en atención al escrito digitalizado número. 232-2021, designo
abogado, domicilio procesal y autorizamos, de fecha 18 de agosto de 2021. Por estas
consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Sentencia) de
fecha 13 de octubre del año 2014.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO
S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia.
3. TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el letrado CESAR
ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del artículo 74º y 80 del
Código Procesal Civil; subrogando a la anterior letrada.
4. TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240 DEL
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366, donde se le
notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
5. TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica para fines
procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE SANTIAGO
CHINININ CHAMBA y JOSSELYNN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN para los fines
pertinentes en el proceso.
Avocándose al conocimiento de la presente causa el magistrado e interviniendo el especialista
legal que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE conforme a ley.- | <|im_start|>system
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JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00176-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP UNION VIDA SA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, quince de noviembre
Del año dos mil veintiuno. -
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Sentencia) de fecha 13 de octubre del año 2014, se resolvió declarar
FUNDADA la demanda formulada por AFP UNION VIDA S.A., sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado cumpla con pagar la suma de VEINTICINCO MIL TRECE MIL CON 14/100
SOLES, más los intereses moratorios pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que,
estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la
calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil. TERCERO: Que en atención al escrito digitalizado número. 232-2021, designo
abogado, domicilio procesal y autorizamos, de fecha 18 de agosto de 2021. Por estas
consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Sentencia) de
fecha 13 de octubre del año 2014.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO
S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia.
3. TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el letrado CESAR
ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del artículo 74º y 80 del
Código Procesal Civil; subrogando a la anterior letrada.
4. TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240 DEL
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366, donde se le
notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
5. TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica para fines
procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE SANTIAGO
CHINININ CHAMBA y JOSSELYNN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN para los fines
pertinentes en el proceso.
Avocándose al conocimiento de la presente causa el magistrado e interviniendo el especialista
legal que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE conforme a ley.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
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actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
6<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00190-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00190-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho
se recepcionó el cuaderno de apelación Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución General, devueltos
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, y que mediante resolución número
cinco de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho emitida por la Judicatura se dispone agregar a
los presentes autos copias certificadas del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto por la Instancia
Superior. Lo que informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 25 de octubre del 2018
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y SIETE
Lima, veinticinco de octubre
De dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que
antecede: TÉNGASE presente y AGRÉGUESE a los autos copias certificadas
del Auto Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo; Y
Atendiendo a la devolución del Cuaderno de Apelación en fecha 22 de
octubre del 2018: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho del cuaderno de
apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y
cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017
y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles." Segundo: Que, conforme a lo
dispuesto por el Superior Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA
CON LO EJECUTORIADO; siendo ello así; CONTINÚESE con la prosecución
de los autos conforme a su estado; Y DADO CUENTA: Al escrito de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho: presentado por la parte
demandante; Al Principal: Respecto a que señala su conformidad con el
monto consignado en el Certificado de Depósito Judicial N° 2018005300080,
por lo que solicita su endose, sin perjuicio de requerir a la demandada cumpla
dentro del plazo señalado en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
con abonar el saldo pendiente de S/. 14,379.64 soles, en ese sentido, este
Juzgado dispone: ENDOSAR el Certificado de Depósito Judicial Nº
2018005300080, por la suma de ocho mil cuatrocientos trece y 36/100 nuevos
soles (S/. 8,413.36) a favor del demandante JOSÉ LUIS ALFONSO
FERNANDEZ MONTEVERDE, para lo cual dicha parte deberá apersonarse al
local de éste Juzgado debidamente identificado; asimismo se dispone
REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con INFORMAR si el saldo
pendiente de pago por S/. 14,379.64 soles será presupuestado a favor de la
parte accionante para el presente ejercicio fiscal 2018 o el próximo ejercicio, y
se encontrará incluido en el listado priorizado de pago de sentencias con
calidad de cosa juzgada conforme a los criterios de priorización de la Ley
30137, en el PLAZO DE TREINTA DÍAS, adjuntando para ello documentación
fehaciente de fecha actual que demuestre el trámite interno realizado para
cumplir con lo requerido; justificando la demora incurrida de ser el caso dentro
del plazo señalado; bajo los apercibimientos de Ley; Al Primer Otrosí Digo:
TÉNGASE presente lo expuesto conforme a Ley. NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00180-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 45, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON
94/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 46-47), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00180-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 45, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON
94/100 SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del
proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 46-47), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00027-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : JUAREZ IMAN, SILVESTRE
Resolución N°VEINTITRÉS (23)
Paita, Quince de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 15 de fecha 27 de febrero
de 2002, a folio 118 al 120, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por SILVESTRE
JUAREZ IMAN contra ARCOPA SA; en consecuencia, LLÉVESE
adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar
la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO SOLES CON 44 /100 SOLES, más
los intereses moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00027-2001-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : JUAREZ IMAN, SILVESTRE
Resolución N°VEINTITRÉS (23)
Paita, Quince de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 15 de fecha 27 de febrero
de 2002, a folio 118 al 120, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por SILVESTRE
JUAREZ IMAN contra ARCOPA SA; en consecuencia, LLÉVESE
adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar
la suma de QUINIENTOS DIECIOCHO SOLES CON 44 /100 SOLES, más
los intereses moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 20 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | SALA CIVIL - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 01409-2007-97-1903-JR-CI-01
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
RELATOR : CORELY ARMAS CHAPIAMA
DEMANDADO : PROCURADURIA PÚBLICA A CARGO DE LOS
ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DEFENSA.
MARINA DE GUERRA DEL PERU.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL.
DEMANDANTE : ICOMEDES SILVA, JOSE OCTAVIO
RAZÓN DE RELATORIA:
Señor Presidente hago de su conocimiento que la presente causa no se dio
cuenta en su oportunidad, debido a las recargadas labores con la que cuenta el área
de relatoría, teniendo en cuenta que esta Sala Superior, conoce de la diferentes
materia, así como los procesos con la Nueva Ley Procesal de Trabajo, y conforme a la
prelación de escritos y expedientes pendientes de resolver, sumado a ello la falta de
personal para afrontar la excesiva carga. Lo que informo a Ud., para los fines
pertinentes de Ley.------------------------------------------------------------------------------------------
Iquitos, 07 de setiembre 2018.
S.S. ALVAREZ LÓPEZ
MERCADO ARBIETO
ACEVEDO CHÁVEZ
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO
Iquitos, 07 de agosto del 2018.-
AUTOS y VISTOS; Dado cuenta con la razón emitida por el
área de Relatoría y Puestos los autos en mesa para resolver el recurso de queja
interpuesto por el abogado Percy Valles Bardales, en el proceso No. 1409-2007-0-
1903-JR-CI-01, en lo seguido por José Octavio Icomena Silva contra la Marina de
Guerra del Perú sobre Acción Contenciosa Administrativa; agréguese a sus
antecedentes, y siendo el estado del proceso, se procede a resolver lo que
corresponda; I CONSIDERANDO: -----------------------------------------------------------------
PRIMERO.- El recurso de queja, es aquel medio impugnatorio dirigido contra la
resolución que declara inadmisible o improcedente un recurso de apelación o que
concede apelación en efecto distinto al peticionado, con el fin de que el órgano
jurisdiccional superior en grado a aquel que expidió el acto procesal cuestionado – lo
examine y lo revoque (en el supuesto que se declare fundada la queja), concediendo
además el recurso denegado. --------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El artículo 402° del Código Procesal Civil, señala los requisitos de
admisibilidad y procedencia que debe cumplir el recurso de queja por denegatoria de
apelación, los mismos que han sido satisfechos por el quejoso.
TERCERO.- El presente recurso es interpuesto contra la resolución número setenta y
nueve de fecha 20.07.2018, expedida por el Juzgado de Trabajo Transitorio de
Maynas, que no ampara la apelación incoada contra la resolución número sesenta, por
corresponder a un decreto. Sustenta su pedido, entre otros: Que, el A- Quo, emite
pronunciamiento en la resolución N° 78, luego de casi tres meses, de haberse
efectuado el pedido, y con el insólito y burlesco pronunciamiento estese, es allí que
frente a la resolución, se interpone recurso de apelación en el tiempo hábil y que el
juez ejecutor lejos de advertir la falta de sustanciación de su resolución emite
resolución N° 79, declarando improcedente el recurso al único fundamento que la
resolución N° 78, constituye un decreto, mas no un auto, y por la cual el Juzgado
determino que contra la resolución N° 78, correspondía interponer un recurso de
reposición y no de apelación. ----------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- Revisados los actuados que conforman el presente cuaderno de queja, se
advierte que: i) mediante escrito de fecha 14.03.2018, el quejoso se apersona y
solicita la liquidación, al no haber cumplido la demandada con cancelar la totalidad de
los devengados, como es de verse de la resolución N° 65 de fecha 15.05.2015. ii)
mediante resolución número sesenta y ocho, de fecha 06.06.2018, él A quo, da cuenta
del escrito antes mencionado, asimismo, dispone el archivo definitivo de la presente
causa al haberse cumplido la ejecución de la sentencia; iii) mediante escrito de fecha
15.06.2018, el quejoso interpone recurso de apelación. Siendo proveida mediante
resolución número sesenta y nueve, el A quo señala que la apelación contra la
resolución número sesenta y ocho, no puede ser amparada por tratarse de un decreto,
por lo que el medio de defensa invocado por el demandante, no se sujeta al dispositivo
legal invocado en el segundo considerando. --------------------------------------------------------
QUINTO.- Los decretos suelen ser denominados también providencias o providencias
simples o providencias de mera tramitación o autos de trámite o autos de
sustanciación. Para Devis Echandía, Hernando “las providencias de sustanciación son
las que se limitan a disponer un trámite de los que la ley establece para dar curso
progresivo a la actuación, se refieren a la mecánica del procedimiento, a impulsar su
curso, ordenar copias, y desgloses, citaciones y actos por el estilo”1. En opinión de
Andrés de la Oliva y Miguel Ángel Fernández las providencias son “(…) resoluciones
de tramitación o (…) de ordenación material y por tramitación se ha de entender el
1 DEVIS ECHANDÍA, Hernando 1985: Teoría general del proceso. Tomo II: 514, Editorial Universidad
S.R.L., Buenos Aires.
desarrollo procedimental, el avance de los actos conforme a la serie de ellos
abstractamente prevista en la norma procesal. Esto significa, ciertamente, un impulso
procesal (y de oficio), es decir, paso de un acto al siguiente o de una fase a la
sucesiva cuando se producen los supuestos de hecho (procesales) contemplados por
la ley…”2, siendo ello así la citada resolución no se encuentra dentro de los
presupuestos citados en el artículo 121° del Código Procesal Civil, por cuanto no está
orientada a impulsar el proceso, ni tampoco dispone la realización de actos procesales
de mero trámite sino que ha resuelto un pedido expreso que realizo el demandante
mediante escrito 14.03.2018, habiendo fundamentado tal decisión; en tal sentido dicha
resolución constituye en el fondo un auto, por ende debió concederse el recurso
impugnatorio interpuesto por el quejoso. En tal sentido y en aplicación del principio de
la doble instancia y del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva el presente recurso
debe ser amparado. -------------------------------------------------------------------------------------
Por estos considerandos, el recurso de queja debe ser amparado, y conforme al
artículo 404° del Código Adjetivo; la Sala Civil de Maynas de la Corte Superior de
Justicia de Loreto RESUELVE: DECLARAR FUNDADA LA QUEJA interpuesta por el
demandante JOSE OCTAVIO ICOMEDES SILVA, en consecuencia, Concedieron el
Recurso Impugnatorio de Apelación contra la resolución número setenta y ocho de
fecha 06.06.2018, el mismo que debe ser concedido Sin Efecto Suspensivo y Sin la
Calidad de Diferida. DISPUSIERON: Poner en conocimiento del Juzgado de origen
de la presente resolución, a fin de que cumpla conforme a los considerandos
precedentes, forme el cuaderno correspondiente en atención a lo dispuesto en el
artículo 377° del Código Procesal Civil y fecho remita el cuaderno de apelación a este
Colegiado, oficiándose para tal fin, ARCHIVÁNDOSE por secretaría el presente
cuaderno. Avocándose al conocimiento del proceso los Magistrados que suscriben la
presente. NOTIFICÁNDOSE. -------------------------------------------------------------------------
2 DE LA OLIVA Andrés Y FERNÁNDEZ, Miguel Ángel 1990: Derecho Procesal Civil. Tomo II: 134,
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid. | <|im_start|>system
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SALA CIVIL - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 01409-2007-97-1903-JR-CI-01
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
RELATOR : CORELY ARMAS CHAPIAMA
DEMANDADO : PROCURADURIA PÚBLICA A CARGO DE LOS
ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DEFENSA.
MARINA DE GUERRA DEL PERU.
OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL.
DEMANDANTE : ICOMEDES SILVA, JOSE OCTAVIO
RAZÓN DE RELATORIA:
Señor Presidente hago de su conocimiento que la presente causa no se dio
cuenta en su oportunidad, debido a las recargadas labores con la que cuenta el área
de relatoría, teniendo en cuenta que esta Sala Superior, conoce de la diferentes
materia, así como los procesos con la Nueva Ley Procesal de Trabajo, y conforme a la
prelación de escritos y expedientes pendientes de resolver, sumado a ello la falta de
personal para afrontar la excesiva carga. Lo que informo a Ud., para los fines
pertinentes de Ley.------------------------------------------------------------------------------------------
Iquitos, 07 de setiembre 2018.
S.S. ALVAREZ LÓPEZ
MERCADO ARBIETO
ACEVEDO CHÁVEZ
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO
Iquitos, 07 de agosto del 2018.-
AUTOS y VISTOS; Dado cuenta con la razón emitida por el
área de Relatoría y Puestos los autos en mesa para resolver el recurso de queja
interpuesto por el abogado Percy Valles Bardales, en el proceso No. 1409-2007-0-
1903-JR-CI-01, en lo seguido por José Octavio Icomena Silva contra la Marina de
Guerra del Perú sobre Acción Contenciosa Administrativa; agréguese a sus
antecedentes, y siendo el estado del proceso, se procede a resolver lo que
corresponda; I CONSIDERANDO: -----------------------------------------------------------------
PRIMERO.- El recurso de queja, es aquel medio impugnatorio dirigido contra la
resolución que declara inadmisible o improcedente un recurso de apelación o que
concede apelación en efecto distinto al peticionado, con el fin de que el órgano
jurisdiccional superior en grado a aquel que expidió el acto procesal cuestionado – lo
examine y lo revoque (en el supuesto que se declare fundada la queja), concediendo
además el recurso denegado. --------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- El artículo 402° del Código Procesal Civil, señala los requisitos de
admisibilidad y procedencia que debe cumplir el recurso de queja por denegatoria de
apelación, los mismos que han sido satisfechos por el quejoso.
TERCERO.- El presente recurso es interpuesto contra la resolución número setenta y
nueve de fecha 20.07.2018, expedida por el Juzgado de Trabajo Transitorio de
Maynas, que no ampara la apelación incoada contra la resolución número sesenta, por
corresponder a un decreto. Sustenta su pedido, entre otros: Que, el A- Quo, emite
pronunciamiento en la resolución N° 78, luego de casi tres meses, de haberse
efectuado el pedido, y con el insólito y burlesco pronunciamiento estese, es allí que
frente a la resolución, se interpone recurso de apelación en el tiempo hábil y que el
juez ejecutor lejos de advertir la falta de sustanciación de su resolución emite
resolución N° 79, declarando improcedente el recurso al único fundamento que la
resolución N° 78, constituye un decreto, mas no un auto, y por la cual el Juzgado
determino que contra la resolución N° 78, correspondía interponer un recurso de
reposición y no de apelación. ----------------------------------------------------------------------------
CUARTO.- Revisados los actuados que conforman el presente cuaderno de queja, se
advierte que: i) mediante escrito de fecha 14.03.2018, el quejoso se apersona y
solicita la liquidación, al no haber cumplido la demandada con cancelar la totalidad de
los devengados, como es de verse de la resolución N° 65 de fecha 15.05.2015. ii)
mediante resolución número sesenta y ocho, de fecha 06.06.2018, él A quo, da cuenta
del escrito antes mencionado, asimismo, dispone el archivo definitivo de la presente
causa al haberse cumplido la ejecución de la sentencia; iii) mediante escrito de fecha
15.06.2018, el quejoso interpone recurso de apelación. Siendo proveida mediante
resolución número sesenta y nueve, el A quo señala que la apelación contra la
resolución número sesenta y ocho, no puede ser amparada por tratarse de un decreto,
por lo que el medio de defensa invocado por el demandante, no se sujeta al dispositivo
legal invocado en el segundo considerando. --------------------------------------------------------
QUINTO.- Los decretos suelen ser denominados también providencias o providencias
simples o providencias de mera tramitación o autos de trámite o autos de
sustanciación. Para Devis Echandía, Hernando “las providencias de sustanciación son
las que se limitan a disponer un trámite de los que la ley establece para dar curso
progresivo a la actuación, se refieren a la mecánica del procedimiento, a impulsar su
curso, ordenar copias, y desgloses, citaciones y actos por el estilo”1. En opinión de
Andrés de la Oliva y Miguel Ángel Fernández las providencias son “(…) resoluciones
de tramitación o (…) de ordenación material y por tramitación se ha de entender el
1 DEVIS ECHANDÍA, Hernando 1985: Teoría general del proceso. Tomo II: 514, Editorial Universidad
S.R.L., Buenos Aires.
desarrollo procedimental, el avance de los actos conforme a la serie de ellos
abstractamente prevista en la norma procesal. Esto significa, ciertamente, un impulso
procesal (y de oficio), es decir, paso de un acto al siguiente o de una fase a la
sucesiva cuando se producen los supuestos de hecho (procesales) contemplados por
la ley…”2, siendo ello así la citada resolución no se encuentra dentro de los
presupuestos citados en el artículo 121° del Código Procesal Civil, por cuanto no está
orientada a impulsar el proceso, ni tampoco dispone la realización de actos procesales
de mero trámite sino que ha resuelto un pedido expreso que realizo el demandante
mediante escrito 14.03.2018, habiendo fundamentado tal decisión; en tal sentido dicha
resolución constituye en el fondo un auto, por ende debió concederse el recurso
impugnatorio interpuesto por el quejoso. En tal sentido y en aplicación del principio de
la doble instancia y del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva el presente recurso
debe ser amparado. -------------------------------------------------------------------------------------
Por estos considerandos, el recurso de queja debe ser amparado, y conforme al
artículo 404° del Código Adjetivo; la Sala Civil de Maynas de la Corte Superior de
Justicia de Loreto RESUELVE: DECLARAR FUNDADA LA QUEJA interpuesta por el
demandante JOSE OCTAVIO ICOMEDES SILVA, en consecuencia, Concedieron el
Recurso Impugnatorio de Apelación contra la resolución número setenta y ocho de
fecha 06.06.2018, el mismo que debe ser concedido Sin Efecto Suspensivo y Sin la
Calidad de Diferida. DISPUSIERON: Poner en conocimiento del Juzgado de origen
de la presente resolución, a fin de que cumpla conforme a los considerandos
precedentes, forme el cuaderno correspondiente en atención a lo dispuesto en el
artículo 377° del Código Procesal Civil y fecho remita el cuaderno de apelación a este
Colegiado, oficiándose para tal fin, ARCHIVÁNDOSE por secretaría el presente
cuaderno. Avocándose al conocimiento del proceso los Magistrados que suscriben la
presente. NOTIFICÁNDOSE. -------------------------------------------------------------------------
2 DE LA OLIVA Andrés Y FERNÁNDEZ, Miguel Ángel 1990: Derecho Procesal Civil. Tomo II: 134,
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid.<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
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CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
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SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
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CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE LIMA
Juez: CUMBAY JIMENEZ CEFERINO
Fecha: 15/09/2016 08:03:39
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
13° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00153-2006-73-1801-JR-LA-05
MATERIA : OFRECIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS
CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: GUILLEN
ECHEVARRIA, JAVIER ECONOMICOS
Fecha: 15/09/2016 08:40:07
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : GUILLEN ECHEVARRIA, JAVIER
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : MIRTHA GUADALUPE LOAYZA VIUDA DE AYALA ,
LUIS ENRIQUE SERAFIN AYALA, VILCHEZ
MIRTHA GUADALUPE AYALA, LOAYZA
LUIS SERAFIN AYALA, LOAYZA
JORGE GUSTAVO AYALA, LOAYZA
LUIS DANIEL SERAFIN AYALA, VILCHEZ
DEMANDANTE : ANGULO ORMEÑO, JOSE MARTIN
Resolución N° Catorce (14)
Lima, catorce de setiembre
Del dos mil dieciséis.
Dando cuenta del cuaderno remitido por la Primera Sala
Laboral de Lima a fojas 143: Que mediante resolución de vista N° 03 de fecha
09 de junio del 2016 expedida por el superior jerárquico, se dispone
CONFIRMAR la sentencia N° 173-2015-13°JETL de fecha 26 de junio del 2015
que declara fundada en parte la pretensión del letrado contra la sucesión sobre
incidente de pago de honorarios, en consecuencia CUMPLASE LO
EJECUTORIADO; Teniendo en cuenta la retención efectuada mediante la
resolución N° 22 de fecha 02 de noviembre del 2011 en el expediente
principal, ENTREGUESE debidamente endosado al actor la suma de S/.
11,372.82 nuevos soles del certificado de depósito judicial N° 2011004605273
por concepto de honorarios profesionales, dejándose constancia de la entrega en
autos. Asimismo teniendo en cuenta que existe un saldo a favor del
demandado, se dispone DEVOLVER a la sucesión procesal del actor la suma
de S/. 8,469.55 nuevos contenido en el certificado de depósito judicial N°
2011004605273 el cual será entregado a favor de doña Mirtha Guadalupe
Loayza Viuda de Ayala la suma de S/. 4,940.55 nuevos soles y a sus hijos Luis
Daniel Serafin Ayala Vilchez, Luis Enrique Serafin Ayala Vílchez, Mirtha
Guadalupe Ayala Loayza, Luis Serafin Ayala Loayza y Jorge Gustavo Ayala
Loayza la suma de S/. 705.80 nuevos soles dejándose constancia de la entrega en
autos. | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE LIMA
Juez: CUMBAY JIMENEZ CEFERINO
Fecha: 15/09/2016 08:03:39
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
13° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00153-2006-73-1801-JR-LA-05
MATERIA : OFRECIMIENTO DE PAGO DE BENEFICIOS
CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: GUILLEN
ECHEVARRIA, JAVIER ECONOMICOS
Fecha: 15/09/2016 08:40:07
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : GUILLEN ECHEVARRIA, JAVIER
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : MIRTHA GUADALUPE LOAYZA VIUDA DE AYALA ,
LUIS ENRIQUE SERAFIN AYALA, VILCHEZ
MIRTHA GUADALUPE AYALA, LOAYZA
LUIS SERAFIN AYALA, LOAYZA
JORGE GUSTAVO AYALA, LOAYZA
LUIS DANIEL SERAFIN AYALA, VILCHEZ
DEMANDANTE : ANGULO ORMEÑO, JOSE MARTIN
Resolución N° Catorce (14)
Lima, catorce de setiembre
Del dos mil dieciséis.
Dando cuenta del cuaderno remitido por la Primera Sala
Laboral de Lima a fojas 143: Que mediante resolución de vista N° 03 de fecha
09 de junio del 2016 expedida por el superior jerárquico, se dispone
CONFIRMAR la sentencia N° 173-2015-13°JETL de fecha 26 de junio del 2015
que declara fundada en parte la pretensión del letrado contra la sucesión sobre
incidente de pago de honorarios, en consecuencia CUMPLASE LO
EJECUTORIADO; Teniendo en cuenta la retención efectuada mediante la
resolución N° 22 de fecha 02 de noviembre del 2011 en el expediente
principal, ENTREGUESE debidamente endosado al actor la suma de S/.
11,372.82 nuevos soles del certificado de depósito judicial N° 2011004605273
por concepto de honorarios profesionales, dejándose constancia de la entrega en
autos. Asimismo teniendo en cuenta que existe un saldo a favor del
demandado, se dispone DEVOLVER a la sucesión procesal del actor la suma
de S/. 8,469.55 nuevos contenido en el certificado de depósito judicial N°
2011004605273 el cual será entregado a favor de doña Mirtha Guadalupe
Loayza Viuda de Ayala la suma de S/. 4,940.55 nuevos soles y a sus hijos Luis
Daniel Serafin Ayala Vilchez, Luis Enrique Serafin Ayala Vílchez, Mirtha
Guadalupe Ayala Loayza, Luis Serafin Ayala Loayza y Jorge Gustavo Ayala
Loayza la suma de S/. 705.80 nuevos soles dejándose constancia de la entrega en
autos.<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.-<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00158-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 76/100
SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 11 y 17 de
mayo de 2007 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00158-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 20 de
abril de 2007, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 76/100
SOLES, más los intereses devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 11 y 17 de
mayo de 2007 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 20 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00090-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N°OCHO (08)
Paita, Veinticinco de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 04 de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folio 36, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP
HORIZONTE contra ARMANDORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO;
en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 21/100 SOLES, más los intereses
moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 25 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00090-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N°OCHO (08)
Paita, Veinticinco de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia mediante Resolución N° 04 de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folio 36, se declaro fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP
HORIZONTE contra ARMANDORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO;
en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 21/100 SOLES, más los intereses
moratorios, con costos, y costas.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 25 años, conforme se observa
de la constancia de notificación de folio 148, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00188-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MIK CARPE SAC ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
You have to answer lawyer questions based on this legal data|im_end|><|im_start|>assistant
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00188-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : MIK CARPE SAC ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RAZON:
SEÑORA JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud.; que se provee en la fecha, debido, a que mediante
Decreto Supremo N° 008-2020 se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de
noventa días calendarios, dictándose medidas para la prevención y control para evitar la propagación del
COVID- 2019; siendo prorrogado a través del Decreto Supremo N° Supremo N° 020-2020-SA; Asimismo,
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resoluciones Administrativas N° 115-2020-CE-PJ, N°
117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ , N° 062-2020-P-CE-PJ, 157-2020-CE-PJ,
dispuso la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos hasta
el 30 de Junio de 2020. Finalmente, debo informar que Mediante Resolución N° 000179-2020-CE de
fecha 30 de junio de 2020, en su Artículo Segundo: 2.1 (La entrada en vigencia de la segunda etapa del
Protocolo denominado "Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del
Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio), hechos que no ha permitido el
avance regular del trámite de expedientes.
Finalmente, informo a Usted, que de la resolución número cuarenta y tres de fecha veinte de diciembre de
dos mil diecinueve se puede evidenciar, que ésta no siguió la numeración correlativa correspondiente;
puesto que el número de resolución que le correspondía era el de la resolución número cuarenta y cuatro.
Lo cual informo para los fines pertinentes.
Lima, 03 de agosto de 2020
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO
Lima, tres de agosto
De dos mil veinte.-
Atendiendo a las razones de la secretaria
judicial: Téngase presente; Primero; Que, de la revisión de los autos se
puede evidenciar la existencia de error material en la Resolución precedente de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, en cuanto a la numeración de la
resolución; Segundo: Que, según dispuesto en el artículo 407° del Código
Procesal Civil se faculta al Juez de oficio corregir cualquier error material
evidente que contenga una resolución; por lo que: SE RESUELVE;
CORREGIR: La numeración de la “Resolución número CUARENTA Y TRES de
fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”, según el orden correlativo de las
resoluciones DEBIENDO SER LO CORRECTO: “Resolución número
CUARENTA Y CUATRO de fecha veinte de diciembre de dos mil veinte”;
DADO CUENTA: Al escrito de fecha quince de enero de dos mil veinte:
presentado por la parte demandante; Al principal: Respecto a que formula
observación al segundo Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ, de fecha 12 de noviembre de 2019 sobre cálculo de intereses legales,
manifestando que la deuda total determinada judicialmente - confirmada por la
2° Sala Contenciosa Administrativa mediante Resolución N° 04 del 19 de julio
de 2018 - es por el monto de S/ 32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de
1991 (fecha de la Resolución N° 0229-91-CGMG que pasó a su defendido a la
situación militar de "Retiro"; y a lo demás expuesto: TENGASE presente en la
presente resolución. Y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la
entidad demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo
de servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del
Decreto Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro,
de fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA
la observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de
agosto del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial
N° 89-2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone
APROBAR la cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos
noventa y tres soles) el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00
soles (diez mil soles) quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil
setecientos noventa y tres soles), el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-
2008JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de
pago del total del monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que,
mediante escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada
presenta su escrito de apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a
fojas 220 a 227, el cual fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve:
"CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de
2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de
mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que
mediante resolución cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR
LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados
a la fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando
en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y
tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado
en la Sentencia de Vista contenida en la resolución número doce de fecha 31 de
agosto del 2010 a folios 135 a 142". En cumplimiento de ello, se remitió el
expediente al Área Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; en
virtud de ello, dicha área emitió el Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, en donde el Perito Judicial pasa a
exponer la metodología aplicada el cual se encuentra a folios 577 a 578.
QUINTO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno de fecha 21 de
mayo del 2018, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante
escrito de fecha 14 de junio del 2019, la parte demandante observa el
mencionado Informe Pericial señalando que el Perito Judicial comete un error
pues asume como fecha a partir corre el cálculo de los intereses es el 11 de
mayo 2016, cuando esa fecha es únicamente la primera en la que la
demandada hace el prime abono por S/. 10,000.00 soles, "fundamento", es a
partir de allí se hizo la actualización del valor; sin tener en cuenta no solamente
que la actualización del valor no tiene que ver con la fecha en que la demanda
hizo su primer abono, sino que ella es retroactiva a la fecha de inicio es el 22
de febrero de 1991. Asimismo, a dicho escrito acompaña una pericia de parte,
en tal pericia se calcula los intereses legales con el monto actualizado y las
fechas debidas, dando como resultado la cantidad de S/. 107.344.28 soles,
monto acorde al valor actualizado de la deuda y a los años transcurridos desde
1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita se declare fundada la
observación y desestimar la pericia realizada por el perito de la Corte Superior
de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por parte de la
demandada. De la observación expuesta por la parte demandante, se corrió
traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo absuelta por la
entidad demandada; por lo que, mediante resolución número cuarenta y tres,
se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico Pericial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN
NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en cumplimiento de lo ordenado
por la resolución número cuarenta y tres, de fecha 11 de octubre del 2019, la
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en donde el Perito Judicial
pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1 Mediante Resolución N°
34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00 soles, indicando que del
referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo
pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo pendiente el cálculo de
intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como
se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra
actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de
dicha actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de la
actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo que desarrolla
la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de una deuda actualizada
desde periodos anteriores a dicha actualización, conllevaría determinar intereses de
un monto que por el hecho de haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un
cierto efecto resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)". Por ende, mediante resolución número cuarenta y cuatro
de fecha 20 de diciembre del 2019, este Juzgado pone a conocimiento de las
partes el mencionado Informe Pericial N°2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ;
por lo que mediante escrito de fecha 15 de enero del 2020, la parte
demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando: "Que la deuda
total determinada judicialmente - confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa
mediante Resolución N° 04 del 19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y
esta se originó el 22 de febrero de 1991 (fecha en que pasó a la situación de
"RETIRO")". SÉPTIMO: Que ante la observación planteada, la misma
corresponde ser absuelta, siendo ello así, respecto a lo observado, en cuanto a
que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se originó la deuda (22 febrero
de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo donde establece como fecha
de inicio para determinación de los intereses legales, el 12 de mayo de 2016;
para luego también calcular con respecto al 20 de agosto del 2018 y
posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto es a partir del 22 de
febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente, que mediante
resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se verifica que
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante
Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho
del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la Resolución
N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en
cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el monto
calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en
que se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta
para el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada
por la parte demandante deviene en fundada, por lo que corresponde
desaprobar el cálculo realizado mediante el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial
N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
OCTAVO: Que, utilizando el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que
es un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el
cálculo de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así
como de la verificación de los factores aplicados, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero
de 2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo
del 2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto
de S/. 32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019;
2) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto
de intereses legales;
3) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución; Al Tercer otrosí: Téngase presente.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | 9° JUZGADO DE TRABAJO - NLPT
EXPEDIENTE : 01488-2005-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : TANTAS SAAVEDRA NORMAN WILMER
ESPECIALISTA : MENDOZA DURAND RONALD YURI
TERCERO : FLORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA
SAC LIQUIDADORA Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSERVAS
SANTA ADELA SA ,
EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN
EIRL ,
DEMANDANTE : ROMERO LINARES, VALENTIN MARTIN
Resolución Nro. SETENTA Y OCHO
Chimbote, nueve de mayo
Del dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito N° 21384-2023
presentado por la parte demandante, Y CONSIDERANDO;
PRIMERO: Que, mediante resolución setenta y siete, se declara FUNDADA la
aplicación del Principio Persecutorio solicitada por la parte demandante, en contra del
tercero EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L., sobre el
bien inmueble de negocio de la demandada, ubicado en AV. ENRIQUE MEIGGS N°
1798 (MZ. G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, que fue de propiedad de la demandada
EMPRESA CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., hasta por la suma de S/ 5, 311.42
soles
SEGUNDO: El artículo 53 de la Ley N° 26636, prescribe: “…El plazo para la
apelación de autos es de tres (3) días”; lo que guarda concordancia con lo señalado en
el artículo 376 del Código Procesal Civil.
TERCERO: Que, en efecto, del Sistema de Notificaciones, se observa que se notificó a
la referida empresa con la resolución setenta y siete el día el 26.09.2022; en tal sentido,
se observa que ha transcurrido en exceso el plazo para interponer el recurso de
apelación correspondiente.
Por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 123° del Código Procesal Civil, debe
declararse consentida la resolución número setenta y siete; Por estas consideraciones, SE
RESUELVE:
1) DECLARAR CONSENTIDA la resolución número SETENTA Y SIETE , que
declara FUNDADA la aplicación del Principio Persecutorio solicitada por la parte
demandante, en contra del tercero EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO
BELTRAN E.I.R.L., sobre el bien inmueble de negocio de la demandada, ubicado en
AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, que fue
de propiedad de la demandada EMPRESA CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C.,
2) REQUIÉRASE al tercero perseguido EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO
BELTRAN E.I.R.L., a fin que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES de notificado,
CUMPLA con pagar a favor de la parte actora la suma de S/ 5, 311.42 soles, bajo
apercibimiento de ejecución forzosa sobre el bien inmueble citado, en caso de
incumplimiento. Notifíquese.- | <|im_start|>system
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9° JUZGADO DE TRABAJO - NLPT
EXPEDIENTE : 01488-2005-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : TANTAS SAAVEDRA NORMAN WILMER
ESPECIALISTA : MENDOZA DURAND RONALD YURI
TERCERO : FLORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA
SAC LIQUIDADORA Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSERVAS
SANTA ADELA SA ,
EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN
EIRL ,
DEMANDANTE : ROMERO LINARES, VALENTIN MARTIN
Resolución Nro. SETENTA Y OCHO
Chimbote, nueve de mayo
Del dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito N° 21384-2023
presentado por la parte demandante, Y CONSIDERANDO;
PRIMERO: Que, mediante resolución setenta y siete, se declara FUNDADA la
aplicación del Principio Persecutorio solicitada por la parte demandante, en contra del
tercero EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L., sobre el
bien inmueble de negocio de la demandada, ubicado en AV. ENRIQUE MEIGGS N°
1798 (MZ. G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, que fue de propiedad de la demandada
EMPRESA CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., hasta por la suma de S/ 5, 311.42
soles
SEGUNDO: El artículo 53 de la Ley N° 26636, prescribe: “…El plazo para la
apelación de autos es de tres (3) días”; lo que guarda concordancia con lo señalado en
el artículo 376 del Código Procesal Civil.
TERCERO: Que, en efecto, del Sistema de Notificaciones, se observa que se notificó a
la referida empresa con la resolución setenta y siete el día el 26.09.2022; en tal sentido,
se observa que ha transcurrido en exceso el plazo para interponer el recurso de
apelación correspondiente.
Por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 123° del Código Procesal Civil, debe
declararse consentida la resolución número setenta y siete; Por estas consideraciones, SE
RESUELVE:
1) DECLARAR CONSENTIDA la resolución número SETENTA Y SIETE , que
declara FUNDADA la aplicación del Principio Persecutorio solicitada por la parte
demandante, en contra del tercero EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO
BELTRAN E.I.R.L., sobre el bien inmueble de negocio de la demandada, ubicado en
AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, que fue
de propiedad de la demandada EMPRESA CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C.,
2) REQUIÉRASE al tercero perseguido EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO
BELTRAN E.I.R.L., a fin que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES de notificado,
CUMPLA con pagar a favor de la parte actora la suma de S/ 5, 311.42 soles, bajo
apercibimiento de ejecución forzosa sobre el bien inmueble citado, en caso de
incumplimiento. Notifíquese.-<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 09830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCRS TORRES
DEMANDANTE : JOSÉ LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
Razón:
Srta. Magistrada:
En cumplimiento de mis funciones informo a Ud., que con fecha veintidós de octubre de dos mil
dieciocho se recepcionó el presente expediente Nº 9830-2007-56 en el Centro de Distribución
General, devueltos por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con lo
resuelto por dicha instancia mediante el Auto Número Tres de fecha once de agosto de dos mil
veintiuno, emitido por la acotada Sala Superior, a fin de dar cuenta de lo resuelto. Lo que
informo a Ud. para los fines pertinentes.
Lima, 05 de enero del 2022
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA Y UNO
Lima, siete de enero
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con la Razón que antecede: TÉNGASE
presente; Al escrito de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno:
Téngase presente y Estese a lo resuelto en la presente resolución; Al Primer,
Segundo y Tercer otrosíes: Téngase presente conforme a Ley; Y
ATENDIENDO A LA DEVOLUCIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE POR LA
INSTANCIA SUPERIOR CON OFICIO DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL
DOS MIL VEINTIUNO: Primero: Que, se verifica que la Segunda Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución Número
Tres de fecha once de agosto de dos mil veintiuno resuelve: "declarar: NULA
la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre del 2020,
de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09 de
diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de autos,
con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo pronunciamiento
debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la presente
resolución de vista." Segundo: Que, conforme a lo dispuesto por el Superior
Jerárquico, corresponde ordenar que se: CUMPLA CON LO EJECUTORIADO;
y de conformidad con el artículo 176° del Código Procesal Civil, Renovándose
el acto procesal viciado, Provéase como corresponde; Y, ATENDIENDO:
1
PRIMERO: Que, por Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 07 de
fecha 03 de setiembre del 2012, de folios 210 a 216, la Sala Superior confirmó
la sentencia apelada –Resolución N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que
declaró fundada en parte la demanda y ordena a la demandada cumpla con
emitir nueva Liquidación del Beneficio Económico por Tiempo de Servicios a
favor del demandante, en el plazo de 30 días y conforme a lo dispuesto en el
artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con aplicaci ón de los artículos 1236 y
1246 del Código Procesal Civil. SEGUNDO: Que, en ejecución de sentencia, la
Sala Superior mediante resolución N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en
parte la Resolución N° 23 del 22 de octubre del 2015, y aprueba el informe
pericial N° 328-2014-JAVM-PJ únicamente en cuanto comprende la conversión
nominal del monto devengado de intis a nuevo sol y consecuente
determinación del valor actualizado de los devengados, ordenando se realice
nueva determinación del valor actualizado de los devengados; declara nula
dicha resolución en el extremo del factor utilizado para la actualización de valor
en tal informe pericial a efecto de aplicar el artículo 1236 del Código Civil
ordenado en sentencia y, ordena se emita nuevo pronunciamiento al respecto;
por lo que, en cumplimiento del mandato judicial, el presente juzgado dispone
remitir los actuados al perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del
2016, quien emite el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de
noviembre del 2016, de folios 438 a 440, el cual es observado por ambas
partes, emitiéndose ante ello la Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de
folios 473 a 477, que declara Infundada las observaciones del demandado y
fundada en parte la observación del demandante respecto al factor a utilizar
para el cálculo de la actualización de la deuda laboral, esto es, la
remuneración mínima vital e infundada respecto a la metodología aplicada y
monto de liquidación de parte, desaprueba el Informe Pericial N° 151-2014-
JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y, ordena se realiza un nuevo informe
pericial según la sentencia y lo dispuesto en dicha resolución, aplicando el
factor de la remuneración mínima vital detallando de manera precisa la
metodología a aplicar; siendo ello así, esta resolución que no fue apelada por
ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo que quedó
consentida y, por ende, firme. TERCERO: Que, ante el mandato de la
Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ
del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484, que establece como deuda
actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46 soles, el cual fue
observado por el demandante, ante lo cual se emite la Resolución N° 34 del
15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497, declarando fundada la
observación realizada por la accionante y por ende desaprueba el Informe N°
89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso aprobar la cantidad S/.
32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00 soles, quedando un saldo
restante S/. 22,793 soles, el mismo que será abonado por la entidad
demandada conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 47 del D.S N°
013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la
fecha de pago el total del monto aprobado; por ende, la citada Resolución
Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual la Sala Superior, mediante
2
Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19 de julio del 2018, obrante
a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la Resolución N° Treinta y cuatro -
Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212 a 216, en cuanto declara
fundada la observación del demandante, desaprueba el monto calculado en el
Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y aprueba la
cantidad de S/. 32,793.00 soles." CUARTO: Que, posteriormente mediante
Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019, de folios 572, el Juzgado
verifica que la parte demandada, cumple con el pago total del beneficio
económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a
favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo de los intereses
legales a la fecha de pago del monto indicado, se dispuso: “Remitir los autos al
Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de lima, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de
pago, del beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las
fechas de las consignaciones de pago en los certificados de depósitos
judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto Ley N°
25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142". En
cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019,
de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la metodología
aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles, el cual fue
observado por el demandante, por lo que, mediante Resolución Nº 43 de
fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos al
Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. La
Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR-
USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: "2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/.
32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de
S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día siguiente de
la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de acuerdo con lo
que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses legales de
una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el
paso del tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto.
(...)". QUINTO: Que, el demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLIPJ; señalando que la deuda total determinada
3
judicialmente es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991, fecha de la Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la
situación militar de retiro; posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte
ordenado, la demandada observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe
Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril
de 2019, señalando principalmente que el cálculo de los intereses legales, no
debe darse en relación al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la
deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho
monto ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016.
Asimismo, formula observación contra la liquidación y ampliación de
pericia de parte presentada por el demandante mediante escrito de fecha
14 de junio 2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de
acuerdo con el Informe N° 2431-2019. SEXTO: Que, finalmente, se emite la
Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020, (folios 654 a 661),
materia de apelación, por considerar el juzgado que en atención al Auto de
Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/. 32,793 soles y como
base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991, hasta el 11 de enero
del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el período para el cálculo
de los intereses legales. SEPTIMO: Que, la Sala Superior mediante Auto
número tres de fecha 11 de agosto del 2021, a fojas, 685 a 690, de la
resolución apelada, señala que, este Juzgado no se ha pronunciado sobre el
principal argumento de la observación del demandado, de que el cálculo de los
interese legales no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
porque conllevaría a una doble imputación resarcitoria y que tal resarcimiento
ya se encuentra actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016, asimismo
indica la instancia superior, que no estableció expresamente que sobre la suma
actualizada de S/.32,793 soles debe calcularse los intereses legales contado
desde el cese del actor, por lo que, correspondería determinar previamente que
si el monto actualizado de la deuda aprobado, que es la restitución del valor de
la prestación calculado al día de pago según el artículo 1236º del Código Civil
constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales. OCTAVO: Que, al respecto, conforme a lo ordenado por la
instancia superior sobre pronunciarse respecto a la observación del
demandado, se debe señalar que la actualización de la deuda y los intereses
legales devengados es un tema que con frecuencia se presenta en ejecución
de sentencia, pues es el momento desde el cual se establecen los intereses
legales en una deuda laboral que requiere ser actualizada; siendo ello así, de
una parte la doctrina sostiene que es improcedente calcular intereses sobre
deudas laborales actualizadas desde fecha anteriores a la fecha de la
actualización, pues ello, implicaría llevar un valor presente y actualizado al
pasado, de manera que el pago de intereses implicaría un enriquecimiento
indebido para el trabajador y una figura similar al anatocismo, en la medida que
el costo de oportunidad del trabajador, por no contar con el monto de su
acreencia al vencimiento de la obligación, ya fue compensado con la
4
actualización de la deuda laboral1 criterio asumido por el perito judicial en el
Informe Pericial N° 2431-2019-ETPASJR- USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de
noviembre de 2019; sin embargo una interpretación de lo acordado en el pleno
jurisdiccional laboral de 1997, respecto al que el juez puede actualizar los
créditos laborales cuando estén expresados en un signo monetario que haya
perdido sustancialmente su capacidad adquisitiva por efecto de una
devaluación significativa, en tanto se encuentren pendientes de pago antes de
la conclusión del proceso, utilizando como factor de actualización la
remuneración mínima vital o concepto que la sustituya, según señalan
conforme el artículo 1236 del Código Civil ha permitido sostener una posición
distinta a la antes esbozada. NOVENO: Que, dicho criterio distinto se sustenta
en lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 01889-2011-
PA/TC LIMA, que señala lo siguiente: “En vista de que la Sala Superior denegó el
pago de intereses al recurrente argumentando que este concepto queda eliminado por
el hecho de haberse dispuesto que la deuda se cancele con el valor actualizado a la
fecha de pago, resulta pertinente efectuar algunas precisiones. Sobre el particular, el
artículo 1236º del Código Civil establece que: “Cuando deba restituirse el valor de una
prestación, aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal
diferente o pacto en contrario”. De otro lado, en el artículo 1242º del mencionado
cuerpo legal se señala que el interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora
en el pago. Asimismo, en el caso de que el interés moratorio no se haya convenido, se
pagará el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal (aplicable al
presente caso), de conformidad con lo estipulado en el artículo 1246º del Código Civil.
5. En tal sentido el hecho de que se disponga que la prestación (en este caso el
seguro de vida) se abone con el valor actualizado a la fecha de pago de acuerdo
al artículo 1236º del Código Civil, no exime a la parte demandada del pago de los
intereses legales que se hayan devengado por la demora en el cumplimiento de
la obligación, pues ambos conceptos son distintos. Así, mientras el artículo 1236º del
Código Civil está orientado a establecer un mecanismo a fin de evitar el perjuicio que
podría ocasionar la devaluación de la moneda con el transcurso del tiempo, el pago de
los intereses supone una suerte de resarcimiento a quien ha visto vulnerados sus
derechos por el incumplimiento en el pago de una deuda. 6. No obstante lo anterior
cabe señalar que al disponerse el pago de intereses legales de manera conjunta con
el pago del seguro de vida con valor actualizado, es necesario que la tasa de interés
que se utilice no implique un mecanismo alternativo de reajuste de la deuda, es
decir, la tasa de interés no debe ser nominal sino real, puesto que la primera, al
contener una prima por depreciación, supone que la obligación se reajuste dos
veces (Barchi Velaochaga, Luciano. “Cálculo del valor del pago”. En: Código Civil
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Lima: Gaceta Jurídica, 2004,
p. 531). Por consiguiente, al otorgarse el seguro de vida conforme a lo establecido en
el artículo 1236º del Código Civil, procederá el pago de intereses legales, conforme a
lo estipulado en el artículo 1246º del referido Código, siempre que los mismos sean
calculados con una tasa de interés real”2. De lo expuesto, se puede verificar que el
Tribunal Constitucional, ya se pronunció respecto a dicha problemática
indicando que sí procede el cálculo de los intereses legales en una deuda
1 Sentencia recaída en el expediente 1999-167 emitida por la Primera Sala Descentralizada de Chincha y
sentencia recaída en el expediente 2005-044 emitida por la Sala Mixta de Cañete
2 EXP. N.° 01889-2011-PA/TC - LIMA
5
actualizada, pues existe una demora en el pago de la obligación principal, sin
embargo, indica que el cálculo de los intereses legales debe realizarse con la
tasa de interés real, lo contrario implicaría que la obligación se reajuste dos
veces, esto es, la actualización de la deuda, más el valor nominal por prima por
depreciación, lo cual no es procedente. DÉCIMO: Que, en base en lo expuesto
se puede deducir, que la restitución del valor de la prestación calculado al día
del pago según el artículo 1236º del Código Civil y que asciende a S/. 32,793
soles no constituye un resarcimiento o indemnización vinculado al pago de los
intereses legales, siempre y cuando su cálculo sea realizado con la tasa de
interés real; siendo ello así, se debe realizar el cálculo de los intereses legales
adeudados con la tasa de interés real tomando como periodo el día siguiente
en la cual se hace exigible la deuda (situación de retiro 22 de febrero de 1991),
esto es, desde el 23 de febrero de 1991 hasta el 11 de enero del 2019 (fecha
en que se terminó de pagar la deuda), tomando como base para el cálculo, el
capital actualizado de S/. 32,793.00 soles, sin que en dicho cálculo de intereses
se le agregue la prima por depreciación, siendo ello así, la observación
realizada por la parte demandante mediante escritos de fecha 14 de junio del
2019 y 15 de enero del 2020 deviene en fundada en parte, con la precisión de
la forma de cálculo de los intereses legales, con el valor real y que sea a partir
del 23 de febrero de 1991, fecha en el cual recién se hace exigible el cálculo de
intereses legales por la demora en el pago; asimismo respecto a la observación
planteada por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de octubre
del 2020, señalado en el considerando quinto de la presente resolución, esta
deviene en infundada conforme a lo indicado en líneas anteriores. UNDÉCIMO:
Que, en base a lo expuesto, este juzgado resuelve: 1) Declarar infundadas las
observaciones de la parte demandada. 2) Fundadas en parte las
observaciones de la parte demandante y Desaprobar el Informe Pericial Nº
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre del 2019 y el
Informe Pericial Nº 130-2019-JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril
del 2019. 3) Remitir los autos al Área Técnico Pericial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales
adeudados a partir del 23 de febrero de 1991, a la fecha efectiva de pago,
tomando en cuenta las fechas de la consignaciones de pago de los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, tomando como capital el monto
actualizado de S/. 32,793.00 soles, calculando los intereses legales con la
tasa real, sin que implique en su cálculo la prima de depreciación,
conforme a lo indicado en el noveno y décimo considerando de la
presente resolución, explicando de manera detallada el cálculo realizado
y la tasa de interés utilizado a fin de que sea de fácil comprensión y
comprobación. - Notifíquese
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SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL
AUTO DE VISTA
S.S. ROSSELL MERCADO
NIÑO NEIRA RAMOS
MEDINA SANDOVAL
EXPEDIENTE N° : 05039-2007-80-1817-JR-CO-03
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
DEMANDADO : PORTILLO ESCOBEDO, JOHANNA PAOLA
PORTILLO ESCOBEDO, ROCIO DEL PILAR
PORTILLO ESCOBEDO, MANUEL ALEJANDRO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, uno de setiembre del
Año dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS:
Interviniendo como ponente la señora Jueza Superior Medina Sandoval y, con
el cuaderno de apelación que se tiene a la vista.
ASUNTO:
1. Es materia de grado la Resolución Nro. Noventa y Dos de fecha 31 de
julio de 2019 [folios 209 a 210 del cuaderno] que resuelve: “1. Declarar
INFUNDADAS las observaciones a la liquidación de intereses formuladas por el
demandante Banco de Crédito del Perú y la demandada Johanna Paola Portillo
Escobedo. 2. APROBAR los intereses compensatorios pactados en la suma de US
$ 48,382.25 [cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y dos con 25/100 dólares]. 3.
APROBAR los intereses moratorios pactados en la suma de US$ 12,205.12 [doce
mil doscientos cinco con 12/100 dólares americanos]. 4. PRECISAR que el saldo
pendiente de pago asciende a la suma de US$ 60,373.98 [sesenta mil trescientos
setenta y tres con 98/100 dólares americanos]. 5. RESPECTO al pedido de
convocatoria al remate, pídase en su oportunidad. 6. NOTIFICAR a las partes y al
perito”; en mérito al recurso de apelación [folios 223 vuelta a 229 del
cuaderno] interpuesto por la ejecutada JOHANA PAOLA PORTILLO ESCOBEDO y
el recurso de adhesión a la apelación formulada por la parte ejecutante
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, ambos concedidos sin efecto suspensivo y sin la
calidad diferida por Resolución N° 95 y 97 respectivamente [folios 231 y vuelta y
242 a 243 del cuaderno].
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SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL
ANTECEDENTES DE LO ACTUADO:
2. BANCO DE CREDITO DEL PERÚ; interpone una demanda de
EJECUCIÓN DE GARANTÍA contra Johanna Paola Portillo Escobedo, Manuel
Alejandro Portillo Escobedo y Roció del Pilar Portilllo Escobedo, a fin que
paguen la suma de US$32,786.61 dólares americanos, más intereses pactados
con costas y costos del presente proceso.
3. Mediante Resolución número Uno de fecha 04 de abril de 2007 [folios 45
y siguiente del cuaderno], se admitió demanda en la vía de Proceso Único de
Ejecución y en consecuencia se ordenó a los ejecutados Johanna Paola Portillo
Escobedo, Manuel Alejandro Portillo Escobedo y Rocio del Pilar Portilllo
Escobedo cumplan con pagar la suma de US$32,786.61, más intereses
pactados, así como las costas y costos que correspondan; bajo apercibimiento
de proceder al remate del bien dado en garantía.
4. Mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012 [folios 54 del cuaderno],
la demandada Johanna Paola Portillo Escobedo presentó un Certificado de
Depósito Judicial N° 201200610073 de fecha 11 de enero de 2012, por el monto
de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, a cargo del Banco de la Nación, por
concepto de cancelación de deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú.
5. Por resolución número cincuenta y cuatro de fecha 16 de enero de 2012
[folios 55 del cuaderno], el juzgado tuvo por consignada la suma de US$ 33,
000.00 Dólares Americanos, efectuada y puso a conocimiento del ejecutante.
6. Por resolución número sesenta y tres de fecha 11 de junio de 2013,
[folios 58 a 64 del cuaderno], el juzgado declaró infundadas las tachas y
contradicción formuladas por la demandada JOHANNA PAOLA PORTILLO
ESCOBEDO y ordenó el remate del bien dado en garantía hipotecaria, conforme
los términos del mandato ejecutivo.
7. Por resolución número sesenta y cuatro de fecha 06 de agosto de 2013
[folios 77 a 78 del cuaderno], el juzgado declaró consentido el Auto de Remate,
al pedido de remate, se designo a dos peritos tasadores, y respecto a la
solicitud de endose del ejecutante, no ha lugar el endose solicitado.
8. Por resolución número sesenta y seis de fecha 24 de setiembre de 2013
[folios 89 a 90 del cuaderno], el juzgado resolvió declarar fundado la reposición
deducida por el Banco ejecutante, asimismo, ordenó entregar debidamente
endosado al recurrente el certificado de consignación N° 201200610073, por el
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SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL
monto de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, señalando que se endosaría hasta
el monto de US$ 32,786.61 Dólares Americanos, que se imputara al capital.
9. Por resolución setenta y siete de fecha 14 de setiembre de 2021 [folios
95 a 98 del cuaderno], se declaró la nulidad de la resolución sesenta y cuatro y
renovando el acto viciado se ordenó realizar la liquidación de intereses
pactados, para lo cual se nombró a un perito contable.
10. Por escrito de fecha 26 de agosto de 2014 el perito contable Roque
Gonzales López presentó la pericia contable, el mismo que se corre traslado por
resolución setenta y ocho de fecha cinco de diciembre de 2014.
11. Por escrito de fecha 05 de abril de 2015 [folios 130 del cuaderno] la
ejecutada observó la liquidación de intereses, señalando que el perito no ha
revisado los autos porque los factores empleados, en el basamento legal y
técnico utilizado, asimismo no se tomó en cuenta la cantidad cancelada por US$
33,000.00 dólares americanos realizado el 11 de enero de 2012, que
corresponde al pago del capital demandando, por lo que solo adeuda los
intereses compensatorios y moratorios.
12. Por resolución número ochenta y uno de fecha 23 de octubre de 2015
[folios 141 a 143 del cuaderno], el juzgado desaprobó el informe pericial
ordenado al perito contable realice nuevamente su dictamen teniendo en
cuenta lo señalado en los considerandos sexto y séptimo que indicaban que se
había realizado el pago del capital demandado, y el informe contable de los
intereses debía realizarse teniéndose como inicio del cálculo el 02 de mayo de
2007 hasta el 24 de setiembre de 2013.
13. Por escrito de fecha 18 de abril de 2016 [folios 162 del cuaderno] el
perito judicial Roque Willy Gonzales presentó la nueva liquidación de intereses
según el mandato de la resolución número ochenta y uno de fecha 23 de
octubre de 2015.
14. Por resolución número ochenta y tres de fecha 25 de mayo de 2016
[folios 163 del cuaderno], el juzgado da cuenta del nuevo Informe Pericial
contable y conforme al artículo 746° del Código Procesal Civil, se puso a
conocimiento de las partes.
15. Por escrito de fecha 13 de agosto de 2015 [folios 172 del cuaderno], el
Banco de Crédito del Perú, absuelve traslado del dictamen pericial señalando
que:
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i) En primer lugar, a partir del 01/07/2012, hubo un cambio en la tasa de
Interés Moratorio, la misma que varió del 5% al 22%, lo cual indica no ha sido
considerado por el perito en su informe pericial;
ii) Otro error en el cálculo de los intereses, radica en el hecho que no se ha
considerado el orden de prelación en la rebaja de la consignación, habiéndose
rebajado directamente al capital de la deuda; y,
iii) Por último, en el punto IV. CCoonncclluussiioonneess ddeell IInnffoorrmmee PPeerriicciiaall, el perito ha
establecido como fecha del monto capital el 12 de diciembre de 2001, cuando
la fecha correcta es el 11 de diciembre de 2006.
Asimismo, adjuntan una pericia de parte que señala que entre el informe
pericial y la pericia de parte hay una diferencia de US$ 8,243.41 Dólares
Americanos.
16. Por resolución número ochenta y cuatro de fecha 13 de julio de 2015
[folio 174 del cuaderno], el juzgado dispuso poner a conocimiento del perito
contable las observaciones de la entidad financiera demandante.
17. Por escrito de fecha 08 de junio de 2015 [folios 179 vuelta a 181 del
cuaderno], la ejecutada Jhoanna Paola Portillo Escobedo OBSERVA el nuevo
informe pericial, señalando que el perito contable hace un mal estudio de autos
pues practica la pericia de los intereses Compensatorios y Moratorios del 02 de
mayo de 2007, hasta el 24 de setiembre de 2013, esto porque:
i) El pago lo realizó con fecha 11 de enero de 2012, por la suma de US$
33,000.00 Dólares Americanos [mediante certificado de depósito judicial N°
2016006100073], dato que debió tomarse en cuenta para establecer el valor de
los intereses compensatorios y moratorios que se adeudan;
ii) Asimismo, no explica el detalle de los basamentos Técnicos-Legales que
debe tener toda pericia; indica que sin perjuicio de ello, el criterio que el perito
ha esbozado en el informe pericial, no precisa de manera exacta la información
que dice obtenerse con la finalidad de tomarse en cuenta las tasas de interés
efectiva que van hacer usadas para practicarse la liquidación de intereses y la
que debe contener el factor correspondiente para la aplicación de los intereses,
resulta necesario que sea elaborado un nuevo dictamen con un nuevo perito.
18. Por resolución número ochenta y cinco de fecha 13 de julio de 2016
[folios 182 del cuaderno], el juzgado tiene presente las observaciones
efectuadas por la ejecutada y pone a conocimiento del perito contable.
19. Por escrito de fecha 07 de octubre de 2016, el perito contable contesta
las observaciones y señala que ha realizado su informe conforme al sexto y
séptimo considerando de la resolución número ochenta y uno de fecha 23 de
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octubre de 2015, que le ordenó como debe realizar su informe especificando las
cifras y plazos.
20. Por resolución número noventa y dos de fecha 31 de julio de 2019
[folios 209 a 210 del cuaderno] el juzgado declaró infundadas las observaciones
a la liquidación de intereses formulados por las partes, y dispuso aprobar los
intereses compensatorios pactados [US$ 48,382.25 Dólares Americanos] y los
intereses moratorios pactados [US$ 12,205.12 Dólares Americanos], precisando
que el saldo pendiente de pago asciende a la suma de US$ 60,373.98 Dólares
Americanos, resolución que es materia de apelación por parte del ejecutante
Banco de Crédito del Perú y de la ejecutada Johanna Paola Portillo Escudero y
es materia del grado.
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTADA:
21. En su escrito de apelación la ejecutada expresa como agravios de su
apelación los siguientes argumentos:
i) Señala que la resolución recurrida le causa agravio por ser resuelta con
argumentos errados y además por no estar debidamente motivado, porque la
misma no observa que en las conclusiones del informe de la pericia elaborada
por el perito Roque Gonzales López ha establecido como fecha del monto
capital adeudado del 02 de mayo de 2007 hasta el 24 de setiembre de 2013,
cuando debió practicar la liquidación de intereses Compensatorios y Moratorios
de la deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú desde el 26 de abril de
2007 hasta el 11 de enero de 2012, fecha en la que se canceló totalmente la
deuda capital, quedando un saldo de US$ 213,39 Dólares Americanos, aplicado
a los intereses
ii) El perito contador, Roque Gonzales Roque, dentro de sus conclusiones
considera el capital que ya fue cancelado con fecha 11 de enero de 2012, así
como capitaliza los intereses compensatorios y Moratorios hasta el 24 de
noviembre de 2013, lo cual indica debe ser corregido, en el extremo que ya se
canceló el capital, por lo que no se tiene porque determinar mayores intereses,
sobre un capital ya cancelado.
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTANTE:
22. En su escrito de apelación la ejecutante expresa como agravios de su
apelación los siguientes argumentos:
iii) Indica que lo señalado en el cuarto considerando de la resolución
apelada no es lo correcto, por cuanto, la resolución numero ochenta y uno,
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desaprobó el informe pericial contable señalando como sus motivaciones que:
a) El perito no ha tenido en cuenta la consignación efectuada por la demandada
por la suma de US$ 33,000.00 a cuenta del capital y no habría efectuado el
descuento respectivo, b) la fecha de cálculo difiere de lo actuado en el proceso,
el perito deberá calcular los intereses, desde la fecha de interposición de la
demanda (07.05.2007) hasta la fecha de cancelación de la obligación
demandada (capital) el 24.09.2013 y que sin embargo, los argumentos de la
observación son que: 1) a partir del 01/07/2012 hubo cambio en la tasa de
intereses moratorios que vario del 5% al 22%, lo que no se ha sido considerado
en su informe, 2) No se ha considerado el orden de prelación en la relación a la
consignación, habiendo señalado directamente el capital de la deuda; y, 3) En
las conclusiones del informe pericial, el perito ha establecido como fecha el
monto capital adeudado el 12 de diciembre de 2001, cuando la fecha correcta
es el 11 de diciembre de 2006; como es fácilmente observable, las
consideraciones efectuadas por el A-quo en la referida resolución ochenta y
uno, difieren y no son iguales a las observaciones señaladas en su escrito de
observación al primer informe pericial, razón suficiente por la que el juzgado no
pueda señalar que se debió impugnar la resolución número ochenta y uno, por
cuanto sus observaciones versan sobre otros fundamentos, y por lo tanto
merecen ser atendidos en cuanto se formulan a un nuevo informe pericial
distinto.
iv) Que, el juzgado pretende limitar su derecho al contradictorio y al debido
proceso, señalando que no podrían cuestionar con sus observaciones el informe
pericial que se le puso a conocimiento mediante resolución número ochenta y
tres, por cuanto no apelaron al resolución ochenta y uno, que contenía
observaciones a un informe pericial distinto.
CONSIDERACIONES DEL COLEGIADO
23. De conformidad con lo establecido en el artículo 364° del Código
Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por finalidad que el órgano
jurisdiccional superior en grado, examine, a solicitud de parte o de tercero
legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea
anulada o revocada total o parcialmente; en esa línea, es necesario que, ante la
denuncia del recurrente, verifique la observancia al debido proceso, en tanto el
artículo 139º inciso 3 de la Constitución reconoce como principio de la función
jurisdiccional la observancia del debido proceso.
24. Por tanto, en atención a los agravios expresados por los recurrentes, es
de iniciar precisando que, dado que por su naturaleza, la función jurisdiccional
se caracteriza por la discrecionalidad atribuida al Juzgador a fin de resolver
sobre las pretensiones invocadas por los justiciables, dicha discrecionalidad no
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SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL
puede constituirse en un poder donde sus decisiones sean expresadas sin
motivación o con una motivación insuficiente.
25. En ese sentido, a juicio del Tribunal Constitucional, respecto al
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación
de las resoluciones judiciales, ha señalado que éste derecho se vulnera, entre
otros supuestos, cuando la resolución adolece de inexistencia de motivación o
motivación aparente; precisando que la misma se configura (…) cuando la
motivación es inexistente o cuando la misma es sólo aparente, en el sentido de
que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no
responde a las alegaciones de las partes del proceso (…). (Cfr. STC Nº 1744-2005-
PA/TC, voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini,
fundamento 11) [resaltado agregado].
26. Por otro lado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 171° del Código
Procesal Civil, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida por la ley, sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad, o cuando existan actos
procesales que afecten de manera irremediable al proceso o constituyan una
infracción a las normas.
ANÁLISIS DE LA APELACION DE LA PARTE EJECUTADA.
27. En este orden de ideas, dando respuesta a los agravios establecidos en
los puntos i) y ii) descritas en la vigésimo primera consideración de la presente
resolución, referidos a que la resolución número noventa y dos apelada por la
ejecutada no se encuentra debidamente motivada, alegando que en aquella el
Juez de primera instancia no ha advertido que en las conclusiones del informe
pericial ha establecido la fecha de pago de los intereses compensatorios y
moratorios no desde del 02 de mayo de 2007 hasta el 24 de setiembre de 2013
sino del 26 de abril de 2007 hasta el 11 de enero de 2013, y considera que
capitaliza los intereses compensatorios y moratorios, lo cual debe ser corregido
en el extremo que, habiéndose cancelado el capital no se tiene que determinar
mayores intereses al 24 de setiembre de 2013.
Al respecto debemos señalar que, de la revisión del presente cuaderno se
aprecia que, en efecto, mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012, obrante
a folios 54, la ejecutada Johanna Paola Portillo Escobedo presentó un
Certificado de Depósito Judicial N° 201200610073 del 11 de enero de 2012, por
el monto de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, y por resolución número
sesenta y seis de fecha 24 de setiembre de 2013, obrante de folios 89 a 90 del
presente cuaderno, el juzgado ordenó entregar debidamente endosado a la
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ejecutante el certificado de consignación N° 201200610073, solo hasta el monto
de US$ 32,786.61 Dólares Americanos, que se imputara al capital; que sin
embargo, de la pericia realizada por el perito Roque Gonzales López, indicó que
el cálculo de los intereses ahora cuestionado se realizaría hasta el 24 de
setiembre de 2013, y los intereses compensatorios ascienden a US$. 48,382.25 y
los intereses moratorios ascienden a la suma de US$ 12,205.12.
28. De los hechos descritos precedentemente se advierte claramente que el
A-quo al emitir la resolución noventa y dos, no se percata que el nuevo
dictamen contable de los intereses compensatorios y moratorios ha confundido
la fecha de cancelación del capital demandado, señalando que se materializo el
pago el 24 de setiembre de 2013, cuando conforme al certificado adjuntado
por la ejecutada el 12 de enero de 2012, realizo el pago de la suma de US$
33,000.00 dólares americanos, apreciándose que dicha suma dineraria se pagó
el 11 de enero 2012 y no el 24 de setiembre de 2013, como erradamente
señala el Juzgado en la resolución apelada, sustentando su decisión en que la
liquidación de los intereses realizado por el perito contable se ha ceñido a las
reglas señaladas en la resolución número ochenta y uno [que desaprueba el
primer informe pericial contable], esto porque en la misma menciona que la
fecha de pago del capital demandado es el 24 de setiembre de 2013, lo cual es
un dato es errado, que deberá tener en cuenta, el A-quo a efectos de no
vulnerar el derecho al debido proceso de las partes al producirse una
capitalización de intereses como alega la misma ejecutada en su escrito de
apelación.
29. De igual forma se observa una falta de motivación que merece la
emisión de un nuevo pronunciamiento, dado que, el señor Juez deberá aclarar
respeto a si la fecha de cancelación de la deuda capital se realizó el 11 de enero
de 2012, indicando si lo referido a la fecha de pago y desde y hasta que fecha
se debe liquidar los intereses pactados, teniendo en cuenta que el capital
demandado fue cancelado el 11 de enero de 2012, asimismo, si correspondería
o no variar el intereses moratorio del 5% al 22% como indicó el ejecutante en su
observación y que ahora también plantea como agravio en la en su escrito de
apelación y, finalmente deberá corregir y/o aclarar la fecha hasta donde el
perito contable debe realizar la liquidación de intereses, toda vez que este dato
fue indicado erróneamente en la séptima consideración de la resolución
ochenta y uno, por lo cual deberá corregir dicho extremo de la resolución
aludida e integrarlo a dicha resolución.
30. Siendo así, en lo que respecta a los agravios expuestos por la ejecutada
este Colegiado considera que la resolución apelada vulnera el derecho al
debido proceso protegido por la Constitución Política del Perú, en la medida
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que, emite una resolución resolviendo las observaciones planteada por esta
parte con una motivación aparente, señalando datos que no coinciden con lo
actuado en el presente proceso, lo que implica que el Juez de primera instancia
no ha realizado un estudio exhaustivo de los autos, a efectos de determinar si la
nueva liquidación de los intereses pactados se ha realizado con los datos
correctos.
ANÁLISIS DE LA APELACION DE LA PARTE EJECUTANTE:
31. Finalmente, respecto de los cargos iii) y iv) descritos en la vigésima
segunda consideración de la presente resolución que cuestiona la cuarta
consideración de la resolución noventa y dos que sustenta el informe pericial
observado no acoge los fundamentos de su observación al primer informe
pericial, indicando que el A-quo sustenta su decisión en que la entidad
demandante debió apelar la referida resolución número ochenta y uno, sino
resolvía sus observaciones primigenias; al respecto, debemos señalar que el
juzgado no haya dado respuesta a las observaciones realizada a la anterior
liquidación emitida por el perito contable, no es materia de análisis en esta
oportunidad, por lo cual dicho cuestionamiento a estas alturas del proceso no
es válido, de conformidad con el principio de preclusión que indica que las
partes tienen derecho a efectuar su derecho de defensa dentro de los plazos
previstos para interponer algún recurso impugnatorio y/o recurso de nulidad.
32. Sin perjuicio de ello, el Juez de primera instancia, al realizar una nueva
resolución deberá corregir algún hecho que no corresponda con la verdad, por
lo cual al haberse determinado que la fecha de cancelación de la deuda capital
se realizó el 11 de enero de 2012, el señor Juez al emitir la nueva resolución,
deberá indicar las fechas que debe tener en cuenta el perito para realizar el
cálculo de los intereses compensatorios y moratorios, y si corresponde variar el
aumento de los intereses moratorios del 5% al 22% la tasa interés moratorio,
indicando también que la suma consignada por la ejecutada canceló la deuda
capital al imputarse dicho pago a la suma capital demandado por la cantidad de
US$.32,786.61 Dólares Americanos, como se indicado en la consideración
vigésima octava de la presente resolución.
33. En este sentido, estando al análisis y fundamentos expuestos, resulta
imposible por ahora verificar una aprobación o desaprobación del informe
pericial, en la medida que el señor Juez de Primera Instancia no ha realizado un
análisis del mismo, al no resolver las observaciones planteadas por las partes, no
habiendo emitido un razonamiento y debida motivación sobre las mismas. Por
lo dicho, la resolución venida en grado de apelación deviene en nula conforme
a lo previsto en los artículos 171 y el artículo 122 incisos 3) y 4) del Código
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Procesal Civil, al no haber sido emitida con sujeción al mérito de lo actuado y al
derecho.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas y en virtud a las normas glosadas, este
Superior Colegiado resuelve:
NULA la Resolución Nro. Noventa y Dos de fecha 31 de julio de 2019 que
resuelve: “1. Declarar INFUNDADAS las observaciones a la liquidación de
intereses formuladas por el demandante Banco de Crédito del Perú y la
demandada Johanna Paola Portillo Escobedo. 2. APROBAR los intereses
compensatorios pactados en la suma de US $ 48,382.25 [cuarenta y ocho mil
trescientos ochenta y dos con 25/100 dólares]. 3. APROBAR los intereses
moratorios pactados en la suma de US$ 12,205.12 [doce mil doscientos cinco con
12/100 dólares americanos]. 4. PRECISAR que el saldo pendiente de pago
asciende a la suma de US$ 60,373.98 [sesenta mil trescientos setenta y tres con
98/100 dólares americanos]. 5. RESPECTO al pedido de convocatoria al remate,
pídase en su oportunidad. 6. NOTIFICAR a las partes y al perito”; debiendo el
Juez de Primera instancia emitir una nueva resolución teniendo en cuenta
las conclusiones de este Colegiado en los considerandos vigésimo octavo al
trigésimo de la presente resolución.
DISPONER que Secretaría proceda conforme al artículo 383° del Código
Procesal Civil, bajo responsabilidad.
En los seguidos por el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ con JOHANNA PAOLA
PORTILLO ESCOBEDO y otros, sobre Ejecución de Hipoteca. VMS/pgs.-
10 | <|im_start|>system
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AUTO DE VISTA
S.S. ROSSELL MERCADO
NIÑO NEIRA RAMOS
MEDINA SANDOVAL
EXPEDIENTE N° : 05039-2007-80-1817-JR-CO-03
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
DEMANDADO : PORTILLO ESCOBEDO, JOHANNA PAOLA
PORTILLO ESCOBEDO, ROCIO DEL PILAR
PORTILLO ESCOBEDO, MANUEL ALEJANDRO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, uno de setiembre del
Año dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS:
Interviniendo como ponente la señora Jueza Superior Medina Sandoval y, con
el cuaderno de apelación que se tiene a la vista.
ASUNTO:
1. Es materia de grado la Resolución Nro. Noventa y Dos de fecha 31 de
julio de 2019 [folios 209 a 210 del cuaderno] que resuelve: “1. Declarar
INFUNDADAS las observaciones a la liquidación de intereses formuladas por el
demandante Banco de Crédito del Perú y la demandada Johanna Paola Portillo
Escobedo. 2. APROBAR los intereses compensatorios pactados en la suma de US
$ 48,382.25 [cuarenta y ocho mil trescientos ochenta y dos con 25/100 dólares]. 3.
APROBAR los intereses moratorios pactados en la suma de US$ 12,205.12 [doce
mil doscientos cinco con 12/100 dólares americanos]. 4. PRECISAR que el saldo
pendiente de pago asciende a la suma de US$ 60,373.98 [sesenta mil trescientos
setenta y tres con 98/100 dólares americanos]. 5. RESPECTO al pedido de
convocatoria al remate, pídase en su oportunidad. 6. NOTIFICAR a las partes y al
perito”; en mérito al recurso de apelación [folios 223 vuelta a 229 del
cuaderno] interpuesto por la ejecutada JOHANA PAOLA PORTILLO ESCOBEDO y
el recurso de adhesión a la apelación formulada por la parte ejecutante
BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, ambos concedidos sin efecto suspensivo y sin la
calidad diferida por Resolución N° 95 y 97 respectivamente [folios 231 y vuelta y
242 a 243 del cuaderno].
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ANTECEDENTES DE LO ACTUADO:
2. BANCO DE CREDITO DEL PERÚ; interpone una demanda de
EJECUCIÓN DE GARANTÍA contra Johanna Paola Portillo Escobedo, Manuel
Alejandro Portillo Escobedo y Roció del Pilar Portilllo Escobedo, a fin que
paguen la suma de US$32,786.61 dólares americanos, más intereses pactados
con costas y costos del presente proceso.
3. Mediante Resolución número Uno de fecha 04 de abril de 2007 [folios 45
y siguiente del cuaderno], se admitió demanda en la vía de Proceso Único de
Ejecución y en consecuencia se ordenó a los ejecutados Johanna Paola Portillo
Escobedo, Manuel Alejandro Portillo Escobedo y Rocio del Pilar Portilllo
Escobedo cumplan con pagar la suma de US$32,786.61, más intereses
pactados, así como las costas y costos que correspondan; bajo apercibimiento
de proceder al remate del bien dado en garantía.
4. Mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012 [folios 54 del cuaderno],
la demandada Johanna Paola Portillo Escobedo presentó un Certificado de
Depósito Judicial N° 201200610073 de fecha 11 de enero de 2012, por el monto
de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, a cargo del Banco de la Nación, por
concepto de cancelación de deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú.
5. Por resolución número cincuenta y cuatro de fecha 16 de enero de 2012
[folios 55 del cuaderno], el juzgado tuvo por consignada la suma de US$ 33,
000.00 Dólares Americanos, efectuada y puso a conocimiento del ejecutante.
6. Por resolución número sesenta y tres de fecha 11 de junio de 2013,
[folios 58 a 64 del cuaderno], el juzgado declaró infundadas las tachas y
contradicción formuladas por la demandada JOHANNA PAOLA PORTILLO
ESCOBEDO y ordenó el remate del bien dado en garantía hipotecaria, conforme
los términos del mandato ejecutivo.
7. Por resolución número sesenta y cuatro de fecha 06 de agosto de 2013
[folios 77 a 78 del cuaderno], el juzgado declaró consentido el Auto de Remate,
al pedido de remate, se designo a dos peritos tasadores, y respecto a la
solicitud de endose del ejecutante, no ha lugar el endose solicitado.
8. Por resolución número sesenta y seis de fecha 24 de setiembre de 2013
[folios 89 a 90 del cuaderno], el juzgado resolvió declarar fundado la reposición
deducida por el Banco ejecutante, asimismo, ordenó entregar debidamente
endosado al recurrente el certificado de consignación N° 201200610073, por el
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monto de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, señalando que se endosaría hasta
el monto de US$ 32,786.61 Dólares Americanos, que se imputara al capital.
9. Por resolución setenta y siete de fecha 14 de setiembre de 2021 [folios
95 a 98 del cuaderno], se declaró la nulidad de la resolución sesenta y cuatro y
renovando el acto viciado se ordenó realizar la liquidación de intereses
pactados, para lo cual se nombró a un perito contable.
10. Por escrito de fecha 26 de agosto de 2014 el perito contable Roque
Gonzales López presentó la pericia contable, el mismo que se corre traslado por
resolución setenta y ocho de fecha cinco de diciembre de 2014.
11. Por escrito de fecha 05 de abril de 2015 [folios 130 del cuaderno] la
ejecutada observó la liquidación de intereses, señalando que el perito no ha
revisado los autos porque los factores empleados, en el basamento legal y
técnico utilizado, asimismo no se tomó en cuenta la cantidad cancelada por US$
33,000.00 dólares americanos realizado el 11 de enero de 2012, que
corresponde al pago del capital demandando, por lo que solo adeuda los
intereses compensatorios y moratorios.
12. Por resolución número ochenta y uno de fecha 23 de octubre de 2015
[folios 141 a 143 del cuaderno], el juzgado desaprobó el informe pericial
ordenado al perito contable realice nuevamente su dictamen teniendo en
cuenta lo señalado en los considerandos sexto y séptimo que indicaban que se
había realizado el pago del capital demandado, y el informe contable de los
intereses debía realizarse teniéndose como inicio del cálculo el 02 de mayo de
2007 hasta el 24 de setiembre de 2013.
13. Por escrito de fecha 18 de abril de 2016 [folios 162 del cuaderno] el
perito judicial Roque Willy Gonzales presentó la nueva liquidación de intereses
según el mandato de la resolución número ochenta y uno de fecha 23 de
octubre de 2015.
14. Por resolución número ochenta y tres de fecha 25 de mayo de 2016
[folios 163 del cuaderno], el juzgado da cuenta del nuevo Informe Pericial
contable y conforme al artículo 746° del Código Procesal Civil, se puso a
conocimiento de las partes.
15. Por escrito de fecha 13 de agosto de 2015 [folios 172 del cuaderno], el
Banco de Crédito del Perú, absuelve traslado del dictamen pericial señalando
que:
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i) En primer lugar, a partir del 01/07/2012, hubo un cambio en la tasa de
Interés Moratorio, la misma que varió del 5% al 22%, lo cual indica no ha sido
considerado por el perito en su informe pericial;
ii) Otro error en el cálculo de los intereses, radica en el hecho que no se ha
considerado el orden de prelación en la rebaja de la consignación, habiéndose
rebajado directamente al capital de la deuda; y,
iii) Por último, en el punto IV. CCoonncclluussiioonneess ddeell IInnffoorrmmee PPeerriicciiaall, el perito ha
establecido como fecha del monto capital el 12 de diciembre de 2001, cuando
la fecha correcta es el 11 de diciembre de 2006.
Asimismo, adjuntan una pericia de parte que señala que entre el informe
pericial y la pericia de parte hay una diferencia de US$ 8,243.41 Dólares
Americanos.
16. Por resolución número ochenta y cuatro de fecha 13 de julio de 2015
[folio 174 del cuaderno], el juzgado dispuso poner a conocimiento del perito
contable las observaciones de la entidad financiera demandante.
17. Por escrito de fecha 08 de junio de 2015 [folios 179 vuelta a 181 del
cuaderno], la ejecutada Jhoanna Paola Portillo Escobedo OBSERVA el nuevo
informe pericial, señalando que el perito contable hace un mal estudio de autos
pues practica la pericia de los intereses Compensatorios y Moratorios del 02 de
mayo de 2007, hasta el 24 de setiembre de 2013, esto porque:
i) El pago lo realizó con fecha 11 de enero de 2012, por la suma de US$
33,000.00 Dólares Americanos [mediante certificado de depósito judicial N°
2016006100073], dato que debió tomarse en cuenta para establecer el valor de
los intereses compensatorios y moratorios que se adeudan;
ii) Asimismo, no explica el detalle de los basamentos Técnicos-Legales que
debe tener toda pericia; indica que sin perjuicio de ello, el criterio que el perito
ha esbozado en el informe pericial, no precisa de manera exacta la información
que dice obtenerse con la finalidad de tomarse en cuenta las tasas de interés
efectiva que van hacer usadas para practicarse la liquidación de intereses y la
que debe contener el factor correspondiente para la aplicación de los intereses,
resulta necesario que sea elaborado un nuevo dictamen con un nuevo perito.
18. Por resolución número ochenta y cinco de fecha 13 de julio de 2016
[folios 182 del cuaderno], el juzgado tiene presente las observaciones
efectuadas por la ejecutada y pone a conocimiento del perito contable.
19. Por escrito de fecha 07 de octubre de 2016, el perito contable contesta
las observaciones y señala que ha realizado su informe conforme al sexto y
séptimo considerando de la resolución número ochenta y uno de fecha 23 de
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octubre de 2015, que le ordenó como debe realizar su informe especificando las
cifras y plazos.
20. Por resolución número noventa y dos de fecha 31 de julio de 2019
[folios 209 a 210 del cuaderno] el juzgado declaró infundadas las observaciones
a la liquidación de intereses formulados por las partes, y dispuso aprobar los
intereses compensatorios pactados [US$ 48,382.25 Dólares Americanos] y los
intereses moratorios pactados [US$ 12,205.12 Dólares Americanos], precisando
que el saldo pendiente de pago asciende a la suma de US$ 60,373.98 Dólares
Americanos, resolución que es materia de apelación por parte del ejecutante
Banco de Crédito del Perú y de la ejecutada Johanna Paola Portillo Escudero y
es materia del grado.
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTADA:
21. En su escrito de apelación la ejecutada expresa como agravios de su
apelación los siguientes argumentos:
i) Señala que la resolución recurrida le causa agravio por ser resuelta con
argumentos errados y además por no estar debidamente motivado, porque la
misma no observa que en las conclusiones del informe de la pericia elaborada
por el perito Roque Gonzales López ha establecido como fecha del monto
capital adeudado del 02 de mayo de 2007 hasta el 24 de setiembre de 2013,
cuando debió practicar la liquidación de intereses Compensatorios y Moratorios
de la deuda contraída con el Banco de Crédito del Perú desde el 26 de abril de
2007 hasta el 11 de enero de 2012, fecha en la que se canceló totalmente la
deuda capital, quedando un saldo de US$ 213,39 Dólares Americanos, aplicado
a los intereses
ii) El perito contador, Roque Gonzales Roque, dentro de sus conclusiones
considera el capital que ya fue cancelado con fecha 11 de enero de 2012, así
como capitaliza los intereses compensatorios y Moratorios hasta el 24 de
noviembre de 2013, lo cual indica debe ser corregido, en el extremo que ya se
canceló el capital, por lo que no se tiene porque determinar mayores intereses,
sobre un capital ya cancelado.
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN DE LA PARTE EJECUTANTE:
22. En su escrito de apelación la ejecutante expresa como agravios de su
apelación los siguientes argumentos:
iii) Indica que lo señalado en el cuarto considerando de la resolución
apelada no es lo correcto, por cuanto, la resolución numero ochenta y uno,
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desaprobó el informe pericial contable señalando como sus motivaciones que:
a) El perito no ha tenido en cuenta la consignación efectuada por la demandada
por la suma de US$ 33,000.00 a cuenta del capital y no habría efectuado el
descuento respectivo, b) la fecha de cálculo difiere de lo actuado en el proceso,
el perito deberá calcular los intereses, desde la fecha de interposición de la
demanda (07.05.2007) hasta la fecha de cancelación de la obligación
demandada (capital) el 24.09.2013 y que sin embargo, los argumentos de la
observación son que: 1) a partir del 01/07/2012 hubo cambio en la tasa de
intereses moratorios que vario del 5% al 22%, lo que no se ha sido considerado
en su informe, 2) No se ha considerado el orden de prelación en la relación a la
consignación, habiendo señalado directamente el capital de la deuda; y, 3) En
las conclusiones del informe pericial, el perito ha establecido como fecha el
monto capital adeudado el 12 de diciembre de 2001, cuando la fecha correcta
es el 11 de diciembre de 2006; como es fácilmente observable, las
consideraciones efectuadas por el A-quo en la referida resolución ochenta y
uno, difieren y no son iguales a las observaciones señaladas en su escrito de
observación al primer informe pericial, razón suficiente por la que el juzgado no
pueda señalar que se debió impugnar la resolución número ochenta y uno, por
cuanto sus observaciones versan sobre otros fundamentos, y por lo tanto
merecen ser atendidos en cuanto se formulan a un nuevo informe pericial
distinto.
iv) Que, el juzgado pretende limitar su derecho al contradictorio y al debido
proceso, señalando que no podrían cuestionar con sus observaciones el informe
pericial que se le puso a conocimiento mediante resolución número ochenta y
tres, por cuanto no apelaron al resolución ochenta y uno, que contenía
observaciones a un informe pericial distinto.
CONSIDERACIONES DEL COLEGIADO
23. De conformidad con lo establecido en el artículo 364° del Código
Procesal Civil, el recurso de apelación tiene por finalidad que el órgano
jurisdiccional superior en grado, examine, a solicitud de parte o de tercero
legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea
anulada o revocada total o parcialmente; en esa línea, es necesario que, ante la
denuncia del recurrente, verifique la observancia al debido proceso, en tanto el
artículo 139º inciso 3 de la Constitución reconoce como principio de la función
jurisdiccional la observancia del debido proceso.
24. Por tanto, en atención a los agravios expresados por los recurrentes, es
de iniciar precisando que, dado que por su naturaleza, la función jurisdiccional
se caracteriza por la discrecionalidad atribuida al Juzgador a fin de resolver
sobre las pretensiones invocadas por los justiciables, dicha discrecionalidad no
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puede constituirse en un poder donde sus decisiones sean expresadas sin
motivación o con una motivación insuficiente.
25. En ese sentido, a juicio del Tribunal Constitucional, respecto al
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación
de las resoluciones judiciales, ha señalado que éste derecho se vulnera, entre
otros supuestos, cuando la resolución adolece de inexistencia de motivación o
motivación aparente; precisando que la misma se configura (…) cuando la
motivación es inexistente o cuando la misma es sólo aparente, en el sentido de
que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no
responde a las alegaciones de las partes del proceso (…). (Cfr. STC Nº 1744-2005-
PA/TC, voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini,
fundamento 11) [resaltado agregado].
26. Por otro lado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 171° del Código
Procesal Civil, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida por la ley, sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad, o cuando existan actos
procesales que afecten de manera irremediable al proceso o constituyan una
infracción a las normas.
ANÁLISIS DE LA APELACION DE LA PARTE EJECUTADA.
27. En este orden de ideas, dando respuesta a los agravios establecidos en
los puntos i) y ii) descritas en la vigésimo primera consideración de la presente
resolución, referidos a que la resolución número noventa y dos apelada por la
ejecutada no se encuentra debidamente motivada, alegando que en aquella el
Juez de primera instancia no ha advertido que en las conclusiones del informe
pericial ha establecido la fecha de pago de los intereses compensatorios y
moratorios no desde del 02 de mayo de 2007 hasta el 24 de setiembre de 2013
sino del 26 de abril de 2007 hasta el 11 de enero de 2013, y considera que
capitaliza los intereses compensatorios y moratorios, lo cual debe ser corregido
en el extremo que, habiéndose cancelado el capital no se tiene que determinar
mayores intereses al 24 de setiembre de 2013.
Al respecto debemos señalar que, de la revisión del presente cuaderno se
aprecia que, en efecto, mediante escrito de fecha 12 de enero de 2012, obrante
a folios 54, la ejecutada Johanna Paola Portillo Escobedo presentó un
Certificado de Depósito Judicial N° 201200610073 del 11 de enero de 2012, por
el monto de US$ 33,000.00 Dólares Americanos, y por resolución número
sesenta y seis de fecha 24 de setiembre de 2013, obrante de folios 89 a 90 del
presente cuaderno, el juzgado ordenó entregar debidamente endosado a la
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ejecutante el certificado de consignación N° 201200610073, solo hasta el monto
de US$ 32,786.61 Dólares Americanos, que se imputara al capital; que sin
embargo, de la pericia realizada por el perito Roque Gonzales López, indicó que
el cálculo de los intereses ahora cuestionado se realizaría hasta el 24 de
setiembre de 2013, y los intereses compensatorios ascienden a US$. 48,382.25 y
los intereses moratorios ascienden a la suma de US$ 12,205.12.
28. De los hechos descritos precedentemente se advierte claramente que el
A-quo al emitir la resolución noventa y dos, no se percata que el nuevo
dictamen contable de los intereses compensatorios y moratorios ha confundido
la fecha de cancelación del capital demandado, señalando que se materializo el
pago el 24 de setiembre de 2013, cuando conforme al certificado adjuntado
por la ejecutada el 12 de enero de 2012, realizo el pago de la suma de US$
33,000.00 dólares americanos, apreciándose que dicha suma dineraria se pagó
el 11 de enero 2012 y no el 24 de setiembre de 2013, como erradamente
señala el Juzgado en la resolución apelada, sustentando su decisión en que la
liquidación de los intereses realizado por el perito contable se ha ceñido a las
reglas señaladas en la resolución número ochenta y uno [que desaprueba el
primer informe pericial contable], esto porque en la misma menciona que la
fecha de pago del capital demandado es el 24 de setiembre de 2013, lo cual es
un dato es errado, que deberá tener en cuenta, el A-quo a efectos de no
vulnerar el derecho al debido proceso de las partes al producirse una
capitalización de intereses como alega la misma ejecutada en su escrito de
apelación.
29. De igual forma se observa una falta de motivación que merece la
emisión de un nuevo pronunciamiento, dado que, el señor Juez deberá aclarar
respeto a si la fecha de cancelación de la deuda capital se realizó el 11 de enero
de 2012, indicando si lo referido a la fecha de pago y desde y hasta que fecha
se debe liquidar los intereses pactados, teniendo en cuenta que el capital
demandado fue cancelado el 11 de enero de 2012, asimismo, si correspondería
o no variar el intereses moratorio del 5% al 22% como indicó el ejecutante en su
observación y que ahora también plantea como agravio en la en su escrito de
apelación y, finalmente deberá corregir y/o aclarar la fecha hasta donde el
perito contable debe realizar la liquidación de intereses, toda vez que este dato
fue indicado erróneamente en la séptima consideración de la resolución
ochenta y uno, por lo cual deberá corregir dicho extremo de la resolución
aludida e integrarlo a dicha resolución.
30. Siendo así, en lo que respecta a los agravios expuestos por la ejecutada
este Colegiado considera que la resolución apelada vulnera el derecho al
debido proceso protegido por la Constitución Política del Perú, en la medida
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que, emite una resolución resolviendo las observaciones planteada por esta
parte con una motivación aparente, señalando datos que no coinciden con lo
actuado en el presente proceso, lo que implica que el Juez de primera instancia
no ha realizado un estudio exhaustivo de los autos, a efectos de determinar si la
nueva liquidación de los intereses pactados se ha realizado con los datos
correctos.
ANÁLISIS DE LA APELACION DE LA PARTE EJECUTANTE:
31. Finalmente, respecto de los cargos iii) y iv) descritos en la vigésima
segunda consideración de la presente resolución que cuestiona la cuarta
consideración de la resolución noventa y dos que sustenta el informe pericial
observado no acoge los fundamentos de su observación al primer informe
pericial, indicando que el A-quo sustenta su decisión en que la entidad
demandante debió apelar la referida resolución número ochenta y uno, sino
resolvía sus observaciones primigenias; al respecto, debemos señalar que el
juzgado no haya dado respuesta a las observaciones realizada a la anterior
liquidación emitida por el perito contable, no es materia de análisis en esta
oportunidad, por lo cual dicho cuestionamiento a estas alturas del proceso no
es válido, de conformidad con el principio de preclusión que indica que las
partes tienen derecho a efectuar su derecho de defensa dentro de los plazos
previstos para interponer algún recurso impugnatorio y/o recurso de nulidad.
32. Sin perjuicio de ello, el Juez de primera instancia, al realizar una nueva
resolución deberá corregir algún hecho que no corresponda con la verdad, por
lo cual al haberse determinado que la fecha de cancelación de la deuda capital
se realizó el 11 de enero de 2012, el señor Juez al emitir la nueva resolución,
deberá indicar las fechas que debe tener en cuenta el perito para realizar el
cálculo de los intereses compensatorios y moratorios, y si corresponde variar el
aumento de los intereses moratorios del 5% al 22% la tasa interés moratorio,
indicando también que la suma consignada por la ejecutada canceló la deuda
capital al imputarse dicho pago a la suma capital demandado por la cantidad de
US$.32,786.61 Dólares Americanos, como se indicado en la consideración
vigésima octava de la presente resolución.
33. En este sentido, estando al análisis y fundamentos expuestos, resulta
imposible por ahora verificar una aprobación o desaprobación del informe
pericial, en la medida que el señor Juez de Primera Instancia no ha realizado un
análisis del mismo, al no resolver las observaciones planteadas por las partes, no
habiendo emitido un razonamiento y debida motivación sobre las mismas. Por
lo dicho, la resolución venida en grado de apelación deviene en nula conforme
a lo previsto en los artículos 171 y el artículo 122 incisos 3) y 4) del Código
9
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL
Procesal Civil, al no haber sido emitida con sujeción al mérito de lo actuado y al
derecho.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas y en virtud a las normas glosadas, este
Superior Colegiado resuelve:
NULA la Resolución Nro. Noventa y Dos de fecha 31 de julio de 2019 que
resuelve: “1. Declarar INFUNDADAS las observaciones a la liquidación de
intereses formuladas por el demandante Banco de Crédito del Perú y la
demandada Johanna Paola Portillo Escobedo. 2. APROBAR los intereses
compensatorios pactados en la suma de US $ 48,382.25 [cuarenta y ocho mil
trescientos ochenta y dos con 25/100 dólares]. 3. APROBAR los intereses
moratorios pactados en la suma de US$ 12,205.12 [doce mil doscientos cinco con
12/100 dólares americanos]. 4. PRECISAR que el saldo pendiente de pago
asciende a la suma de US$ 60,373.98 [sesenta mil trescientos setenta y tres con
98/100 dólares americanos]. 5. RESPECTO al pedido de convocatoria al remate,
pídase en su oportunidad. 6. NOTIFICAR a las partes y al perito”; debiendo el
Juez de Primera instancia emitir una nueva resolución teniendo en cuenta
las conclusiones de este Colegiado en los considerandos vigésimo octavo al
trigésimo de la presente resolución.
DISPONER que Secretaría proceda conforme al artículo 383° del Código
Procesal Civil, bajo responsabilidad.
En los seguidos por el BANCO DE CREDITO DEL PERÚ con JOHANNA PAOLA
PORTILLO ESCOBEDO y otros, sobre Ejecución de Hipoteca. VMS/pgs.-
10<|im_end|> |
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EXPEDIENTE : 00176-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP UNION VIDA SA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, quince de noviembre
Del año dos mil veintiuno. -
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Sentencia) de fecha 13 de octubre del año 2014, se resolvió declarar
FUNDADA la demanda formulada por AFP UNION VIDA S.A., sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado cumpla con pagar la suma de VEINTICINCO MIL TRECE MIL CON 14/100
SOLES, más los intereses moratorios pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que,
estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la
calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil. TERCERO: Que en atención al escrito digitalizado número. 232-2021, designo
abogado, domicilio procesal y autorizamos, de fecha 18 de agosto de 2021. Por estas
consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Sentencia) de
fecha 13 de octubre del año 2014.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO
S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia.
3. TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el letrado CESAR
ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del artículo 74º y 80 del
Código Procesal Civil; subrogando a la anterior letrada.
4. TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240 DEL
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366, donde se le
notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
5. TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica para fines
procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE SANTIAGO
CHINININ CHAMBA y JOSSELYNN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN para los fines
pertinentes en el proceso.
Avocándose al conocimiento de la presente causa el magistrado e interviniendo el especialista
legal que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE conforme a ley.- | <|im_start|>system
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JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00176-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS
POR AFPS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP UNION VIDA SA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, quince de noviembre
Del año dos mil veintiuno. -
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° CUATRO (Sentencia) de fecha 13 de octubre del año 2014, se resolvió declarar
FUNDADA la demanda formulada por AFP UNION VIDA S.A., sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado cumpla con pagar la suma de VEINTICINCO MIL TRECE MIL CON 14/100
SOLES, más los intereses moratorios pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que,
estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la
calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil. TERCERO: Que en atención al escrito digitalizado número. 232-2021, designo
abogado, domicilio procesal y autorizamos, de fecha 18 de agosto de 2021. Por estas
consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Sentencia) de
fecha 13 de octubre del año 2014.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO
S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en Sentencia.
3. TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el letrado CESAR
ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del artículo 74º y 80 del
Código Procesal Civil; subrogando a la anterior letrada.
4. TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240 DEL
MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366, donde se le
notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
5. TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica para fines
procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE SANTIAGO
CHINININ CHAMBA y JOSSELYNN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN para los fines
pertinentes en el proceso.
Avocándose al conocimiento de la presente causa el magistrado e interviniendo el especialista
legal que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE conforme a ley.-<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00136-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 28, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 38/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero
de 2007 (folios 29-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00136-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 28, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 38/100 SOLES, más los intereses
devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de enero
de 2007 (folios 29-31), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00138-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, Diez de abril
Del año dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante resolución N° CUATRO, de fecha 05 de mayo del 2006, se
resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte ejecutante AFP
INTEGRA contra la ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.; sobre
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A, cumpla con
pagar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DIEZ CON 60/100 SOLES
(S/45,010.60) por concepto de aportes previsionales impagos contenidos en
las liquidaciones para cobranza anexados a la demanda, más los intereses
moratorios que se devenguen a partir del día siguiente de la fecha de la
liquidación puesta a cobro hasta la fecha efectiva del pago total de la
obligación, concepto que se liquidará en ejecución de sentencia. ORDENA
el pago de costos y costas (folios 38-39).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado a
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido
válidamente notificadas con fecha 10 Y 11 de mayo del 2006; (folios 40 y
41), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación
del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema
de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las
especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales ubicados en la
sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de Piura, ello, con el fin
de que los actos de comunicación procesal se realicen en el menor tiempo
posible, lográndose a través de ello, que se realicen en tiempo real y en
beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en general”,
por lo que siendo así, se le debe requerir a las partes que cumplan en el
plazo de tres días con precisar su casilla electrónica a efectos de notificarlos
con las resoluciones que emanen del presente proceso, bajo
apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de incumplimiento;
Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA), de
fecha 05 de mayo del 2006.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento
de imponerse multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
3. REQUERIR a la parte demandada ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA cumpla con lo ordenado en la resolución N° 03 de fecha
05 de mayo de 2006.
4. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez
que suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por
disposición superior.
5. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00138-2005-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, Diez de abril
Del año dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante resolución N° CUATRO, de fecha 05 de mayo del 2006, se
resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte ejecutante AFP
INTEGRA contra la ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.; sobre
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A, cumpla con
pagar la suma de CUARENTA Y CINCO MIL DIEZ CON 60/100 SOLES
(S/45,010.60) por concepto de aportes previsionales impagos contenidos en
las liquidaciones para cobranza anexados a la demanda, más los intereses
moratorios que se devenguen a partir del día siguiente de la fecha de la
liquidación puesta a cobro hasta la fecha efectiva del pago total de la
obligación, concepto que se liquidará en ejecución de sentencia. ORDENA
el pago de costos y costas (folios 38-39).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado a
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido
válidamente notificadas con fecha 10 Y 11 de mayo del 2006; (folios 40 y
41), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la
SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación
del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema
de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las
especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales ubicados en la
sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de Piura, ello, con el fin
de que los actos de comunicación procesal se realicen en el menor tiempo
posible, lográndose a través de ello, que se realicen en tiempo real y en
beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en general”,
por lo que siendo así, se le debe requerir a las partes que cumplan en el
plazo de tres días con precisar su casilla electrónica a efectos de notificarlos
con las resoluciones que emanen del presente proceso, bajo
apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de incumplimiento;
Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA), de
fecha 05 de mayo del 2006.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento
de imponerse multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
3. REQUERIR a la parte demandada ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA cumpla con lo ordenado en la resolución N° 03 de fecha
05 de mayo de 2006.
4. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez
que suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por
disposición superior.
5. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.-<|im_end|> |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00190-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00190-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 23 de
abril de 2007, a folios 24, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP INTEGRA contra MIK
CARPE SAC, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta
que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS NUEVE SOLES CON 65/100 SOLES, más los intereses
devengados, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 17 de mayo
de 2007 (folios 25-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 15 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2007.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00124-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de enero de 2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00124-2006-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 29 de
diciembre de 2006, a folios 37, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100 SOLES, más los
intereses devengados y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
resolución (SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales
han renunciado a interponer dicho medio impugnatorio,
atendiendo que las partes han sido válidamente notificadas con
fecha 17 de enero de 2007 (folios 38-40), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando
los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-
PJ de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que
se encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte,
para cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes
en tal situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al
archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado
íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto que
pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso,
velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 29 de diciembre del 2006.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 1435-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : CARMEN REVILLA BYRNE DE VELA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIDÓS
Lima, cinco de abril
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS; Al principal: Respecto a que
mediante resolución número veintiuno se solicita emitir el acto procesal
correspondiente; PROVÉASE CONFORME A LEY: PRIMERO: Al Principal:
Que, mediante Sentencia Casatoria N° 15452-2015 LIMA, se resuelve declarar:
"FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Carmen Revilla
Byrne de Vela, de fojas 543 a 551; en consecuencia, CASARON la sentencia de Vista
de fojas 472 a 483, de fecha 28 de abril de 2015; y actuando en sede de instancia,
CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fojas 347 a 351, de fecha 18 de
julio de 2013, que declara fundada en parte la demanda; en consecuencia Nula la
Resolución Administrativa Ficta que deniega el petitorio del demandante;
ORDENARON, que la demandada cumpla con el cálculo de la Bonificación por
Tiempo de Servicio, de acuerdo a los lineamientos efectuados en la parte
considerativa y los que serán liquidados en ejecución de sentencia, así como también
el pago de los devengados y el pago de los intereses legales" por lo que al adquirir
la acotada sentencia la calidad de cosa juzgada corresponde ser ejecutada en
todos sus términos. SEGUNDO: Que, mediante resolución número doce de
fecha 29 de agosto del 2017, se dispuso a la parte demandada que cumpla con
lo ejecutoriado; siendo ello así, mediante escrito de fecha 04 de octubre del
2017, la parte demandada adjunta la Resolución Administrativa EF/92.2336 N°
265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017, en donde se resuelve reconocer a
la parte accionante la bonificación por tiempo de servicios y dispone que la
Subgerencia de Compensaciones de la Gerencia de Recursos Humanos
proceda a reajustar la bonificación por tiempo de servicios y abonar los
devengados e intereses legales a favor de la parte accionante; asimismo
1
mediante escrito de fecha 20 de octubre del 2017, la parte demandada adjunta
el Memorando EF/92.2321 N° 2484-2017 de fecha 18 de octubre del 2017, en
donde el Área de Subgerencia de Compensaciones procede a adjuntar la
liquidación de los devengados e intereses legales por el reajuste de la
bonificación por tiempo de servicios el cual calcula por concepto de
devengados la suma de S/. 39,440.98 soles y por intereses legales la cantidad
de S/. 15,833.57 soles, cuyos pagos se efectuaran a partir de la planilla del
mes de noviembre del 2017 según su cronograma establecido. TERCERO:
Que, mediante resolución número quince de fecha 06 de agosto del 2018, se
resuelve las observaciones del escrito de fecha 10 de enero del 2018,
presentado por la parte accionante, en el sentido que se indica en su cuarto
considerando: “que el cálculo de la bonificación por tiempo de servicios que le
corresponde al actor es el porcentaje del 12,5% sobre el básico, no pudiendo
exceder el tope de S/. 179.38 soles, el mismo que se condice con lo establecido en
el Convenio Colectivo de fecha 10 de marzo de 1993 y en las reuniones de tracto
Directo de fecha 30 de octubre de 1995, 26 de junio de 1997 y 29 de octubre de 19981
y corroborando que dicho beneficio se calcula sobre la remuneración básica, esto es
con las boletas de pago obrantes a folios 30 y siguientes; siendo ello así, se puede
cotejar que la entidad demandada ha realizado un correcto cálculo de la
Bonificación por Tiempo de Servicios al calcular el 12.5% de su remuneración
básica de dicha data en el tiempo (S/.838.86 soles y S/.1207.86 soles) y en las
respectivas gratificaciones devengadas desde 1993; por lo que el resultado de
dicha operación no alcanza al tope de S/. 179.38 soles como pretende la parte
accionante que se le pague como bonificación por tiempo de servicios” (resaltado y
subrayado es agregado) declarándola infundada la observación en
consecuencia: “APROBAR la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EF/92.2336 N°
265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017 y el MEMORANDO EF/92.2321. N° 2484-
2017 de fecha 18 de octubre del 2017, el mismo que adjunta la liquidación de los
devengados e intereses legales por el reajuste de la bonificación por tiempo de
servicios por la cantidad de S/.39,440.98 soles …”. CUARTO: Que, la resolución
1 a) de 05 a 10 años de servicios 3.5%
de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%
de 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%
de 20 años 1 día a 25 años de servicios 12.5 %
de 25 años 1 día a 30 años de servicios 18.5 %
b) Para la determinación del monto del beneficio, el porcentaje se calculará sobre la remuneración básica
y con arreglo al tope vigente (S/. 179.38). (Resaltado y Subrayado es agregado)
2
número quince de autos no fue recurrida, quedando consentida; no obstante,
mediante escrito de fecha 03 de octubre del 2018, la parte accionante, señala
que, no se han calculado los intereses legales hasta el mes de mayo del 2018,
fecha en que se hizo efectivo el pago, pues no se tomó en consideración los
meses de diciembre del 2017, enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2018, por
lo que, para verificar el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha
efectiva de pago, se dispone a remitir los autos al Área Técnica Pericial de la
Corte de Lima, puesto que en la resolución quince, no se analizó el correcto
cálculo de los intereses legales, sino solamente el cálculo de los devengados
de la bonificación por tiempo de servicios, siendo ello así mediante escrito de
fecha 11 de noviembre del 2019, el Equipo Técnico Pericial de la Corte de
Lima, remite el Informe Nº 2206-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ, en donde
realiza un cálculo no ordenado en autos, además tomando una fecha errada
(enero de 1993) para iniciar su cálculo de bonificaciones devengadas, no
dispuesto en la sentencia casatoria que confirma la sentencia de primera
instancia, que dispone que el cálculo es a partir de marzo de 1993, y más aún
tomando como bonificación por tiempo de servicios el tope máximo de S/. 179.
38 soles, sin tomar en cuenta que el cálculo debe realizarse en base a la
remuneración básica de dicha data, por lo que, el resultado de dicha operación
no alcanzaba el tope indicado, conforme se indica en la resolución número 15
de autos, por lo que, el cálculo de los intereses legales también deviene en
errado. QUINTO: Que, en razón a dicho informe pericial la parte demandada
observa dicho cálculo mediante escrito de fecha 17 de diciembre del 2019 y
reiterado mediante escrito de fecha 27 de mayo del 2020 y se ratifica en el
cálculo realizado en su oportunidad; Asimismo mediante escrito de fecha 31 de
diciembre de 2019 y escrito de fecha 23 de julio del 2020, la parte accionante,
nuevamente observa el cálculo de la bonificación por tiempo de servicios; al
respecto es necesario precisar que el cálculo de la bonificación por tiempo de
servicios ya fue determinado mediante Resolución Administrativa EF/92.2336
N° 265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017, la misma que fue aprobada
mediante resolución número quince de fecha 6 de agosto del 2018, al haberse
verificado a través de las boletas obrantes en autos, el correcto cálculo de
dicha bonificación y sus gratificaciones, por lo que, al no haberse apelado en su
oportunidad, dicha resolución adquirió la calidad de cosa juzgada, por lo que,
3
no procede cuestionamiento respecto al cálculo realizado por la entidad
demandada de las bonificaciones devengadas por tiempo de servicio; no
obstante, verificando que el perito judicial, realizó un incorrecto cálculo, no
ordenado en autos, se debe disponer la desaprobación de dicho informe
pericial, asimismo verificando que en la resolución número quince no se analizó
el correcto cálculo de los intereses legales, y verificando que la entidad
demandada realizó el cálculo de los intereses legales hasta el mes de octubre
del 2017, tal como adjunta en sus liquidaciones obrantes en autos, sin tomar en
cuenta la fecha efectiva de pago del total de los devengados, esto es, en el
mes de mayo del 2018, conforme a lo señalado en el Decreto Ley Nº 25920,
este juzgado dispone: DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL Nº 2206-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019, indicar
que carece de objeto el pronunciamiento sobre la observación realizada en
fecha 31 de diciembre del 2019 y 23 de julio del 2020, debido a que ya fue
materia de pronunciamiento mediante resolución número quince de autos, y
REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE DE
LIMA, a fin de que realice el cálculo SÓLO DE LOS INTERESES LEGALES
ADEUDADOS a la fecha efectiva de pago, del concepto de devengados de la
Bonificación por tiempo de servicios determinados en la cantidad de S/.
39,440.98 soles, tomando en cuenta las constancias de pagos a cuenta
obrante en autos, de los meses de noviembre del 2017, diciembre 2017, enero,
febrero, marzo, abril y mayo del 2018, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920 (fecha efectiva de pago), y tomando en cuenta la tasa de interés
legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia Casatoria N°
14542-2015 Lima de fecha 04 de mayo del 2017 a folios 554 a 564. Exhortar
al perito judicial Javier Cabanillas Reyes, actuar con mayor celo en el
cumplimiento de sus funciones y conforme a lo ordenado por esta
Judicatura en este proceso, pues realizó un cálculo no ordenado en
autos, ni en sentencia casatoria, causando dilación en el trámite del
presente proceso, lo cual debe evitarse bajo los apercibimientos de ley.-
NOTIFÍQUESE.-
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 1435-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : CARMEN REVILLA BYRNE DE VELA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIDÓS
Lima, cinco de abril
De dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS; Al principal: Respecto a que
mediante resolución número veintiuno se solicita emitir el acto procesal
correspondiente; PROVÉASE CONFORME A LEY: PRIMERO: Al Principal:
Que, mediante Sentencia Casatoria N° 15452-2015 LIMA, se resuelve declarar:
"FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante Carmen Revilla
Byrne de Vela, de fojas 543 a 551; en consecuencia, CASARON la sentencia de Vista
de fojas 472 a 483, de fecha 28 de abril de 2015; y actuando en sede de instancia,
CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fojas 347 a 351, de fecha 18 de
julio de 2013, que declara fundada en parte la demanda; en consecuencia Nula la
Resolución Administrativa Ficta que deniega el petitorio del demandante;
ORDENARON, que la demandada cumpla con el cálculo de la Bonificación por
Tiempo de Servicio, de acuerdo a los lineamientos efectuados en la parte
considerativa y los que serán liquidados en ejecución de sentencia, así como también
el pago de los devengados y el pago de los intereses legales" por lo que al adquirir
la acotada sentencia la calidad de cosa juzgada corresponde ser ejecutada en
todos sus términos. SEGUNDO: Que, mediante resolución número doce de
fecha 29 de agosto del 2017, se dispuso a la parte demandada que cumpla con
lo ejecutoriado; siendo ello así, mediante escrito de fecha 04 de octubre del
2017, la parte demandada adjunta la Resolución Administrativa EF/92.2336 N°
265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017, en donde se resuelve reconocer a
la parte accionante la bonificación por tiempo de servicios y dispone que la
Subgerencia de Compensaciones de la Gerencia de Recursos Humanos
proceda a reajustar la bonificación por tiempo de servicios y abonar los
devengados e intereses legales a favor de la parte accionante; asimismo
1
mediante escrito de fecha 20 de octubre del 2017, la parte demandada adjunta
el Memorando EF/92.2321 N° 2484-2017 de fecha 18 de octubre del 2017, en
donde el Área de Subgerencia de Compensaciones procede a adjuntar la
liquidación de los devengados e intereses legales por el reajuste de la
bonificación por tiempo de servicios el cual calcula por concepto de
devengados la suma de S/. 39,440.98 soles y por intereses legales la cantidad
de S/. 15,833.57 soles, cuyos pagos se efectuaran a partir de la planilla del
mes de noviembre del 2017 según su cronograma establecido. TERCERO:
Que, mediante resolución número quince de fecha 06 de agosto del 2018, se
resuelve las observaciones del escrito de fecha 10 de enero del 2018,
presentado por la parte accionante, en el sentido que se indica en su cuarto
considerando: “que el cálculo de la bonificación por tiempo de servicios que le
corresponde al actor es el porcentaje del 12,5% sobre el básico, no pudiendo
exceder el tope de S/. 179.38 soles, el mismo que se condice con lo establecido en
el Convenio Colectivo de fecha 10 de marzo de 1993 y en las reuniones de tracto
Directo de fecha 30 de octubre de 1995, 26 de junio de 1997 y 29 de octubre de 19981
y corroborando que dicho beneficio se calcula sobre la remuneración básica, esto es
con las boletas de pago obrantes a folios 30 y siguientes; siendo ello así, se puede
cotejar que la entidad demandada ha realizado un correcto cálculo de la
Bonificación por Tiempo de Servicios al calcular el 12.5% de su remuneración
básica de dicha data en el tiempo (S/.838.86 soles y S/.1207.86 soles) y en las
respectivas gratificaciones devengadas desde 1993; por lo que el resultado de
dicha operación no alcanza al tope de S/. 179.38 soles como pretende la parte
accionante que se le pague como bonificación por tiempo de servicios” (resaltado y
subrayado es agregado) declarándola infundada la observación en
consecuencia: “APROBAR la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EF/92.2336 N°
265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017 y el MEMORANDO EF/92.2321. N° 2484-
2017 de fecha 18 de octubre del 2017, el mismo que adjunta la liquidación de los
devengados e intereses legales por el reajuste de la bonificación por tiempo de
servicios por la cantidad de S/.39,440.98 soles …”. CUARTO: Que, la resolución
1 a) de 05 a 10 años de servicios 3.5%
de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%
de 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%
de 20 años 1 día a 25 años de servicios 12.5 %
de 25 años 1 día a 30 años de servicios 18.5 %
b) Para la determinación del monto del beneficio, el porcentaje se calculará sobre la remuneración básica
y con arreglo al tope vigente (S/. 179.38). (Resaltado y Subrayado es agregado)
2
número quince de autos no fue recurrida, quedando consentida; no obstante,
mediante escrito de fecha 03 de octubre del 2018, la parte accionante, señala
que, no se han calculado los intereses legales hasta el mes de mayo del 2018,
fecha en que se hizo efectivo el pago, pues no se tomó en consideración los
meses de diciembre del 2017, enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2018, por
lo que, para verificar el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha
efectiva de pago, se dispone a remitir los autos al Área Técnica Pericial de la
Corte de Lima, puesto que en la resolución quince, no se analizó el correcto
cálculo de los intereses legales, sino solamente el cálculo de los devengados
de la bonificación por tiempo de servicios, siendo ello así mediante escrito de
fecha 11 de noviembre del 2019, el Equipo Técnico Pericial de la Corte de
Lima, remite el Informe Nº 2206-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ, en donde
realiza un cálculo no ordenado en autos, además tomando una fecha errada
(enero de 1993) para iniciar su cálculo de bonificaciones devengadas, no
dispuesto en la sentencia casatoria que confirma la sentencia de primera
instancia, que dispone que el cálculo es a partir de marzo de 1993, y más aún
tomando como bonificación por tiempo de servicios el tope máximo de S/. 179.
38 soles, sin tomar en cuenta que el cálculo debe realizarse en base a la
remuneración básica de dicha data, por lo que, el resultado de dicha operación
no alcanzaba el tope indicado, conforme se indica en la resolución número 15
de autos, por lo que, el cálculo de los intereses legales también deviene en
errado. QUINTO: Que, en razón a dicho informe pericial la parte demandada
observa dicho cálculo mediante escrito de fecha 17 de diciembre del 2019 y
reiterado mediante escrito de fecha 27 de mayo del 2020 y se ratifica en el
cálculo realizado en su oportunidad; Asimismo mediante escrito de fecha 31 de
diciembre de 2019 y escrito de fecha 23 de julio del 2020, la parte accionante,
nuevamente observa el cálculo de la bonificación por tiempo de servicios; al
respecto es necesario precisar que el cálculo de la bonificación por tiempo de
servicios ya fue determinado mediante Resolución Administrativa EF/92.2336
N° 265-2017 de fecha 03 de octubre del 2017, la misma que fue aprobada
mediante resolución número quince de fecha 6 de agosto del 2018, al haberse
verificado a través de las boletas obrantes en autos, el correcto cálculo de
dicha bonificación y sus gratificaciones, por lo que, al no haberse apelado en su
oportunidad, dicha resolución adquirió la calidad de cosa juzgada, por lo que,
3
no procede cuestionamiento respecto al cálculo realizado por la entidad
demandada de las bonificaciones devengadas por tiempo de servicio; no
obstante, verificando que el perito judicial, realizó un incorrecto cálculo, no
ordenado en autos, se debe disponer la desaprobación de dicho informe
pericial, asimismo verificando que en la resolución número quince no se analizó
el correcto cálculo de los intereses legales, y verificando que la entidad
demandada realizó el cálculo de los intereses legales hasta el mes de octubre
del 2017, tal como adjunta en sus liquidaciones obrantes en autos, sin tomar en
cuenta la fecha efectiva de pago del total de los devengados, esto es, en el
mes de mayo del 2018, conforme a lo señalado en el Decreto Ley Nº 25920,
este juzgado dispone: DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL Nº 2206-2019-
ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019, indicar
que carece de objeto el pronunciamiento sobre la observación realizada en
fecha 31 de diciembre del 2019 y 23 de julio del 2020, debido a que ya fue
materia de pronunciamiento mediante resolución número quince de autos, y
REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA TÉCNICO PERICIAL DE LA CORTE DE
LIMA, a fin de que realice el cálculo SÓLO DE LOS INTERESES LEGALES
ADEUDADOS a la fecha efectiva de pago, del concepto de devengados de la
Bonificación por tiempo de servicios determinados en la cantidad de S/.
39,440.98 soles, tomando en cuenta las constancias de pagos a cuenta
obrante en autos, de los meses de noviembre del 2017, diciembre 2017, enero,
febrero, marzo, abril y mayo del 2018, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920 (fecha efectiva de pago), y tomando en cuenta la tasa de interés
legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia Casatoria N°
14542-2015 Lima de fecha 04 de mayo del 2017 a folios 554 a 564. Exhortar
al perito judicial Javier Cabanillas Reyes, actuar con mayor celo en el
cumplimiento de sus funciones y conforme a lo ordenado por esta
Judicatura en este proceso, pues realizó un cálculo no ordenado en
autos, ni en sentencia casatoria, causando dilación en el trámite del
presente proceso, lo cual debe evitarse bajo los apercibimientos de ley.-
NOTIFÍQUESE.-
4<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : JESSICA YESENIA POLO ACOSTA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTERVERDE
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO.-
Lima, once de octubre
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Y DANDO CUENTA: Al escrito de fecha
veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete: presentado por la parte demandada;
Al Principal: A lo expuesto: Téngase presente; Y Proveyendo conforme a derecho:
Primero: Que, la parte demandada interpone Recurso de Apelación contra la
Resolución número treinta y cuatro, de fecha 15 de setiembre de 2017, en el extremo
que se resuelve declarar, fundada la observación realizada por la parte accionante.
Segundo: Que, se puede verificar que la parte demandada ha cumplido con
fundamentar el agravio irrogado, y los demás requisitos de admisibilidad y
procedibilidad contenidos en los artículos 357 y 358 del Código Procesal Civil, y
artículo 36° del TUO de la Ley Nº 27584, concordantes con el artículo 377° del Código
acotado y en atención a lo que dispone la parte in fine de los artículos 368° y 372° del
mismo cuerpo legal; por lo que, esta Judicatura resuelve: CONCÉDASE LA
APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA,
formándose el cuadernillo correspondiente con las copias pertinentes obrante en
autos, ELEVÁNDOSE al Superior Jerárquico con la debida nota de atención,
devueltos que sean los cargos de notificación de la presente resolución.
NOTIFÍQUESE.-<|im_end|> |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.- | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 9830-2007-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : FERNANDEZ MONTEVERDE JOSE LUIS ALFONSO
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y OCHO
Lima, siete de diciembre
De dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS: Dando cuenta en la fecha el escrito
de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte: presentado por la parte
demandante: Téngase por absuelto el traslado de las observaciones contra los
informes periciales formulados por la demandada y a lo demás expuesto:
Téngase presente y PROVEYENDO CONFORME A DERECHO:
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante Sentencia de Vista contenida en
la resolución número siete de fecha 03 de setiembre de 2012, obrante de folios
210 a 216, resuelve: “…CONFIRMAR la sentencia dictada en autos contenida en la
Resolución N° 12, de fecha 31 de agosto de 2010, obrante de folios 135 a 142, que
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, y en consecuencia cumpla la entidad
demandada con emitir nueva liquidación del beneficio económico por tiempo de
servicios en plazo de treinta días conforme lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto
Ley N° 19846, con aplicación del artículo 1236° y 1246° del Códig o
Civil…”(resaltado agregado); por lo que al adquirir la calidad de cosa juzgada,
corresponde ejecutarla en todos sus términos. SEGUNDO: Que, durante la
ejecución del presente proceso, mediante resolución número treinta y cuatro, de
fecha 15 de setiembre de 2017, este Juzgado resolvió: "Declarar FUNDADA la
observación realizada por la parte accionante mediante escrito de fecha 11 de agosto
del 2017, y por ende DESAPROBAR el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-
2017-JAVM-PJ de fecha 30 de mayo del 2017; en consecuencia dispone APROBAR la
cantidad de S/. 32,793.00 soles (treinta y dos mil setecientos noventa y tres soles)
el cual se le deducirá la cantidad abonada de S/. 10,000.00 soles (diez mil soles)
quedando un saldo restante de S/.22,793 soles (veintidós mil setecientos noventa y
tres soles), el mismo que será abonado por la entidad demandada conforme al
procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. 013-2008JUS, quedando
pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del total del
monto aprobado" (Subrayado agregado). TERCERO: Que, mediante escrito de
fecha 21 de setiembre de 2017, la entidad demandada presenta su escrito de
apelación contra la Resolución número treinta y cuatro a fojas 220 a 227, el cual
fue resuelto por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo, mediante Resolución Número Cuatro de fecha 19 de julio del
2018 del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles.". CUARTO: Que mediante resolución
cuarenta de fecha 26 de marzo de 2019, el Juzgado verifica que la parte
demandada, cumple con el pago total del beneficio económico por tiempo de
servicios en la cantidad de S/. 32,793.00 soles a favor de la parte accionante y
quedando pendiente el cálculo de los intereses legales a la fecha de pago del
monto indicado, éste Juzgado dispuso: "REMITIR LOS AUTOS AL ÁREA
TÉCNICA PERICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, a fin de que
realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la fecha efectiva de pago, del
beneficio económico por tiempo de servicios, tomando en cuenta las fechas de las
consignaciones de pago en los certificados de depósitos judiciales obrante en autos,
conforme a lo señalado en el Decreto Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de
interés legal sin capitalización y conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista
contenida en la resolución número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a
142". En cumplimiento de ello, se remitió el expediente al Área Técnico Pericial
de la Corte Superior de Justicia de Lima; en virtud de ello, dicha área emitió el
Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada el
cual se encuentra a folios 577 a 578. QUINTO: Que, mediante resolución
número cuarenta y uno de fecha 21 de mayo del 2018, este Juzgado pone a
conocimiento de las partes el mencionado Informe Pericial N°130-2019JAVM-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito de fecha 14 de junio del 2019,
la parte demandante observa el mencionado Informe Pericial señalando que
el Perito Judicial comete un error pues asume como fecha a partir corre el
cálculo de los intereses es el 11 de mayo 2016, cuando esa fecha es
únicamente la primera en la que la demandada hace el prime abono por S/.
10,000.00 soles, "fundamento", es a partir de allí se hizo la actualización del
valor; sin tener en cuenta no solamente que la actualización del valor no tiene
que ver con la fecha en que la demanda hizo su primer abono, sino que ella es
retroactiva a la fecha de inicio es el 22 de febrero de 1991. Asimismo, a dicho
escrito acompaña una pericia de parte, en tal pericia se calcula los intereses
legales con el monto actualizado y las fechas debidas, dando como resultado la
cantidad de S/. 107.344.28 soles, monto acorde al valor actualizado de la deuda
y a los años transcurridos desde 1991 al 11 de mayo 2016; y, finalmente solicita
se declare fundada la observación y desestimar la pericia realizada por el perito
de la Corte Superior de Justicia de Lima, disponiendo su inmediato pago por
parte de la demandada. De la observación expuesta por la parte demandante,
se corrió traslado mediante resolución número cuarenta y dos, no siendo
absuelta por la entidad demandada; por lo que, mediante resolución número
cuarenta y tres, se dispuso, remitir nuevamente los autos al Equipo Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de REAFIRMAR,
MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL. SEXTO: Que, en
cumplimiento de lo ordenado por la resolución número cuarenta y tres, de fecha
11 de octubre del 2019, la Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N°
2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019, en
donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo: " 2.1
Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de S/. 32,793.00
soles, indicando que del referido monto será descontada la suma de S/. 10, 000.00
soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles quedando un saldo
pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del monto aprobado. (...) 2.6.3 En
ese sentido, y tal como se explicó en el Informe Pericial N° 130-2019, los intereses
legales de la cifra actualizada aprobada judicialmente, deben calcularse
considerando la fecha de dicha actualización, siendo puntualmente desde el
12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda,
de acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los intereses
legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha actualización,
conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de haber sido
actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto resarcitorio por el paso del
tiempo, generando una posible imputación por un mismo efecto. (...)". Por ende,
mediante resolución número cuarenta y cuatro de fecha 20 de diciembre del
2019, este Juzgado pone a conocimiento de las partes el mencionado Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ; por lo que mediante escrito
de fecha 15 de enero del 2020, la parte demandante observa el mencionado
Informe Pericial señalando: "Que la deuda total determinada judicialmente -
confirmada por la 2° Sala Contencioso Administrativa mediante Resolución N° 04 del
19 de julio de 2018 - es por el monto de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero
de 1991 (fecha en que pasó a la situación de "RETIRO")". SÉPTIMO: Que mediante
resolución número cuarenta y seis de fecha once de setiembre de dos mil
veinte, se declaró la nulidad de la resolución número cuarenta y cinco y por
ende se ordenó sobrecartar las resoluciones números cuarenta y uno,
cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro a la parte demandada
(MARINA DE GUERRA DEL PERÚ), en su domicilio procesal que obra en
autos, Casilla N° 106 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y en su
CASILLA ELECTRÓNICA N° 2223, adjuntando a las mismas los escritos,
Informes periciales, y todos los documentos que correspondan notificársele a
dicha parte demandada, a fin de que absuelvan lo conveniente a su derecho;
siendo ello así, mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil veinte, la
parte demandada señala que observa los Informes Periciales Nº 2431-
2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el
Informe Pericial N° 130-2019-JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25
de abril de 2019, no obstante lo expuesto, del contenido de dicho escrito, no se
aprecia que en estricto, esté observando dichos Informes periciales, sino que
principalmente señala que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en
relación al monto de la deuda actualizada, pues refiere que, se debe tomar
como capital el monto de la deuda no actualizada esto es (S/. 1,466.04); de lo
contrario si consideramos como capital el monto de una deuda ya actualizada
por periodos anteriores (S/. 32,793.00) conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago ( año 1991 al 2016); Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio 2019
contenida en la Resolución N° 42, refiriendo que liquidación de intereses
legales practicada por la parte demandante se encuentra errada, toda vez que
para el cálculo ha considerado como capital principal la deuda ya actualizada a
la fecha de pago ( año 1991 al 2016) ascendente a (S/. 32,793.00); generando
por intereses legales el monto ascendente a (s/. 107,344.28), por consiguiente,
dicha liquidación de intereses legales presentada a su despacho conlleva a una
doble imputación resarcitoria a favor del demandante; Asimismo, la entidad
demandada comparte la idea señalada por el Perito Judicial en su Informe N°
2431-2019, relacionado a que el monto de la deuda actualizada a favor del
demandante ascendente a (S/. 32,793.00) no debería generar intereses legales
por el período 1991 al 2016, ya que dicho monto se encuentra actualizado a la
fecha de pago. OCTAVO: Que, ante la observaciones expuestas citadas
precedentemente, este Juzgado procede a resolverlas, cada una de ellas; por lo
que, respecto a la observación realizada por la parte demandante mediante
escritos del 14 de junio de 2019 y escrito del 15 de enero de 2020, se aprecia lo
siguiente: En cuanto a que el Perito no tomó en cuenta la fecha en que se
originó la deuda (22 febrero de 1991) sino que presenta un cuadro de cálculo
donde establece como fecha de inicio para determinación de los intereses
legales, el 12 de mayo de 2016; para luego también calcular con respecto al 20
de agosto del 2018 y posteriormente 11 de enero de 2019, cuando lo correcto
es a partir del 22 de febrero de 1991; en ese sentido, cabe precisar lo siguiente,
que mediante resolución número treinta y cuatro, se aprueba como capital y
base de cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles.", siendo ello así, se
verifica que la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,
mediante Resolución Número Cuatro de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho del cuaderno de apelación 9830-2007-56 resolvió: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de fojas 212
a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante, desaprueba el
monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017 y
aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."; por ende, atendiendo a la
inmutabilidad de la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa
juzgada, corresponde ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles
y como base la fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO"
esto es, (22 de febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 2019 (fecha en que
se terminó de pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para
el cálculo de los intereses legales; por ello, la observación planteada por la
parte demandante deviene en fundada. NOVENO: Que, en cuanto a la
observado por la entidad demandada mediante escrito de fecha 21 de
octubre de 2020, como se ha señalado en el Considerando Séptimo, no se
aprecia que en estricto, se esté observando dichos Informes periciales (Informe
Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y Informe Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de
abril del 2019), sino que principalmente señala que el cálculo de los intereses
legales, no debe darse en relación al monto de la deuda actualizada,
precisando que se debe tomar como capital el monto de la deuda no
actualizada esto es (S/. 1,466.04), y que si se considera como capital el monto
de una deuda ya actualizada por periodos anteriores conllevaría a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; sin embargo, dicha observación
efectuada por la entidad demandada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución número treinta y cuatro, en cual se aprueba como capital y base de
cálculo la cantidad de S/. 32,793.00 soles, resolución, que como se ha
indicado varias veces ha sido confirmada por el superior jerárquico, y ha
adquirido la calidad de cosa juzgada; por ende, atendiendo a la inmutabilidad de
la resolución de vista que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, corresponde
ordenar como capital la cantidad de S/. 32,793.00 soles y como base la
fecha que se originó el pasó a la situación de "RETIRO" esto es, (22 de
febrero de 1991) hasta el 11 de enero de 21019 (fecha en que se terminó de
pagar la deuda), período que debió tomarse en cuenta para el cálculo de los
intereses legales, pues resulta claro que los intereses legales se determinan en
relación al monto del capital y al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, por lo que la observación de la entidad demandada en este
extremo deviene en infundada; Asimismo, respecto a la observación a la
liquidación y ampliación de pericia de pate presentada por el demandante
mediante escrito de fecha 14 de junio de 2019, contendida en la resolución
número cuarenta y dos; se aprecia que la entidad demandada refiere estar en
desacuerdo con dicha liquidación ya que ha considerado como capital principal
la deuda ya actualizada a la fecha de pago (1991 al 2016), ascendente a S/.
32,793.00 soles, generando por intereses legales superior y que a su criterio
conlleva a una doble imputación resarcitoria a favor del demandante; por o que
se advierte que son los mismos motivos señalados precedentemente, que ya se
han determinado que no serían fundados, pues ha quedado establecido como
cosa juzgada el monto del capital, base sobre la que debe calcularse los
intereses, así como en relación al tiempo transcurrido desde que se generó la
obligación, razón por la cual la observación de la contraria resulta
infundada. DÉCIMO: Que, atendiendo a que se ha determinado que
corresponde desaprobar el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y Informe Pericial N°130-
2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019, habiendo
declarado infundada la observación efectuada por la entidad demandada; y,
contando únicamente con la pericia de la parte demandante, este Juzgado
considera idóneo utilizar el aplicativo de INTERLEG del Poder Judicial, que es
un sistema de cálculo desarrollado a partir de la necesidad de dotar a los
Magistrados y al Área Técnico Pericial de una herramienta eficaz para el cálculo
de los intereses legales y financieros en forma rápida, confiable, así como de la
verificación de los factores aplicados; en eses sentido, este Juzgado procede a
realizar el cálculo de los intereses legales adeudados sin capitalización,
tomando como periodo de cálculo del 22 de febrero de 1991 al 11 de enero de
2019 (en el que además se ha incluidos los pagos a cuenta del 11 de mayo del
2016, 20 de agosto 2018) y tomando como base para el cálculo el monto de S/.
32,793.00 soles, conforme se puede apreciar del Anexo del Sistema de
INTERLEG que se adjunta a la presente resolución por lo que aplicando el
factor de 4.59547 (factor que arroja dicho sistema de manera automática),
considerando 10186 días que contempla dicho periodo, da como resultado la
cantidad de S/.149,978.52 soles, monto que la parte demandada deberá
abonar a la parte accionante por concepto de intereses legales; en
consecuencia este Juzgado RESUELVE:
1) DECLARAR INFUNDAS LAS OBSERVACIONES DE LA PARTE
DEMANDADA.
2) FUNDADAS LA OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE.
3) DESAPROBAR EL INFORME PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-
CSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de 2019 y el INFORME PERICIAL N° N°
130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del 2019.
4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado, a través del
aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/.149,978.52 soles, por concepto de
intereses legales.
5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla con abonar el monto
aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley 27584; bajo los
apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se ORDENA
NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo que
contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial; Al primer y segundo otrosí: ESTESE conforme
lo resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE.-<|im_end|> |
You have to answer lawyer questions based on this legal data | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00083-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 17 de
marzo de 2008, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS TRES CON 15/100 SOLES, más los intereses devengados,
costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 28 de marzo y
02 de abril de 2008 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 17 de marzo del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley | <|im_start|>system
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Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00083-2007-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 03, de fecha 17 de
marzo de 2008, a folios 27, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE APORTES PREVISIONALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS TRES CON 15/100 SOLES, más los intereses devengados,
costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 28 de marzo y
02 de abril de 2008 (folios 28-29), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 14 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES
(SENTENCIA), de fecha 17 de marzo del 2008.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley<|im_end|> |
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SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl | <|im_start|>system
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CORTE SUPERIOR DE LIMA - SEGUNDA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SS. CERNA LANDA
VALER FERNANDEZ
VILLANUEVA RIVERA
EXPEDIENTE N° : 09830-2007
DEMANDANTE : JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
MATERIA : NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, once de agosto del dos mil veintiuno.-
AUTOS y VISTOS los actuados que se encuentran para resolver. Interviene
como ponente la señorita Juez Superior Cerna Landa.
MATERIA DEL RECURSO:
Es materia del recurso, la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha
07 de diciembre del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha
de emisión al 09 de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve
de fojas 663 de autos, que resuelve: 1) DECLARAR INFUNDADAS LAS
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDADA. 2) FUNDADAS LA
OBSERVACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE. 3) DESAPROBAR EL INFORME
PERICIAL N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJCSJLI-PJ de fecha 12 de noviembre de
2019 y el INFORME PERICIAL N° 130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha
25 de abril del 2019. 4) APROBAR el monto calculado por el presente Juzgado,
a través del aplicativo INTERLEG, por la cantidad de S/. 149,978.52 soles, por
concepto de intereses legales. 5) REQUERIR A LA PARTE DEMANDADA cumpla
con abonar el monto aprobado conforme a lo dispuesto en el T.U.O. de la Ley
27584; bajo los apercibimientos dispuestos en dicha norma; asimismo se
ORDENA NOTIFICAR a ambas partes con la presente resolución, y con el Anexo
que contiene el cálculo realizado por el presente Juzgado en el aplicativo de
INTERLEG del Poder judicial.
ARGUMENTOS DE LA APELACION:
La demandada MARINA DE GUERRA DEL PERU en el recurso de apelación de
fojas 667 a 669, señala que el factor resultante para el cálculo del deudo por
CTS a favor del demandante es de (38.58) Remuneraciones Mínimas Vitales,
resultado de dividir 1'890,432.01 (Remuneración de marzo de 1989 por el
tiempo de servicio) entre 49,000.00 (Remuneración Mínimo Vital vigente a
marzo 1989 de acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-89-TR). Agrega que se
calculó los interés legales a favor del demandante a la fecha de pase a la
Situación de Retiro esto es el 22 de febrero de 1991 hasta la fecha de pago,
obteniendo como resultado el monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 78/100 SOLES (S/. 6,388.78), periodo comprendido
desde el 22 de febrero de 1991 hasta mayo del 2016 (fecha del depósito
judicial). Refiere que la liquidación de intereses legales aprobada por el
Juzgado, ha considerado como capital principal el monto de (S./32,793.00),
pese a que dicho monto no se originó como deuda en el año 1991, sino más
bien, fue el resultado de una actualización con la remuneración mínima vital del
año 2016 (R.M.V = S/ 850.00).
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La acción contencioso administrativa prevista en el artículo 148° de
la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los
administrados, según lo establece el artículo 1° de la Ley N° 27584 – Ley del
Proceso Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Para tal propósito, el recurso de apelación permite al órgano
jurisdiccional superior examinar, a solicitud de parte o de tercero legitimado la
resolución que les produzca agravio, a efectos de que sea anulada o revocada,
total o parcialmente, según el Artículo 364º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: De otro lado, conforme al artículo 4° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda persona y autoridad está
obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, así como tampoco se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, modificar su contenido ni
retardar su ejecución, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal que la
ley determine en cada caso.
CUARTO: Del análisis de los actuados, se aprecia que por Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de setiembre del 2012, de
folios 210 a 216, ésta Sala Superior confirmó la sentencia apelada -Resolución
N° 12 del 31 de agosto del 2010-, que declaró fundada en parte la demanda y
ordena a la demandada cumpla con emitir nueva Liquidación del Beneficio
Económico por Tiempo de Servicios a favor del demandante, en el plazo de 30
días y conforme a lo dispuesto en el artículo 30° del Decreto Ley N° 19846, con
aplicación de los artículos 1236 y 1246 del Código Procesal Civil.
QUINTO: En ejecución de sentencia, ésta Sala Superior mediante resolución
N° 2 del 23 de abril del 2016, revoca en parte la Resolución N° 23 del 22 de
octubre del 2015, y aprueba el informe pericial N° 328-2014-JAVM-PJ
únicamente en cuanto comprende la conversión nominal del monto devengado
de intis a nuevo sol y consecuente determinación del valor actualizado de los
devengados, ordenando se realice nueva determinación del valor actualizado de
los devengados; declara nula dicha resolución en el extremo del factor utilizado
para la actualización de valor en tal informe pericial a efecto de aplicar el
artículo 1236 del Código Civil ordenado en sentencia y, ordena al Aquo emita
nuevo pronunciamiento al respecto.
En cumplimiento del mandato judicial, el Aquo dispone remitir los actuados al
perito judicial por Resolución N° 29 del 6 de octubre del 2016 quien emite el
Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016, de folios
438 a 440, el cual es observado por ambas partes, emitiéndose ante ello la
Resolución N° 32 del 26 de abril del 2017 de folios 473 a 477, que declara
Infundada las observaciones del demandado y fundada en parte la observación
del demandante respecto al factor a utilizar para el cálculo de la actualización
de la deuda laboral, esto es, la remuneración mínima vital e infundada
respecto a la metodología aplicada y monto de liquidación de parte, desaprueba
el Informe Pericial N° 151-2014-JAVM-PJ del 11 de noviembre del 2016 y,
ordena se realiza un nuevo informe pericial según la sentencia y lo dispuesto en
dicha resolución, aplicando el factor de la remuneración mínima vital
detallando de manera precisa la metodología a aplicar. Esta resolución que no
fue apelada por ninguna de las partes, según se advierte de los actuados, por lo
que quedó consentida y, por ende, firme.
Ante el mandato de la Resolución N° 32 citada, el perito judicial emite el
Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, de folios 483 a 484,
que establece como deuda actualizada S/. 37.31 e intereses legales en S/. 8.46
soles, el cual fue observado por el demandante, ante lo cual se emite la
Resolución N° 34 del 15 de setiembre del 2017, de folios 493 a 497,
declarando fundada la observación realizada por la accionante y por ende
desaprueba el Informe N° 89-2017-JAVM-PJ del 30 de mayo del 2017, dispuso
aprobar la cantidad S/. 32,793 soles, al cual se le deducirá los S/. 10,000.00
soles, quedando un saldo restante S/. 22,793 soles, el mismo que será
abonado por la entidad demandada conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 47 del D.S N° 013-2008-JUS, quedando pendiente el cálculo de los
intereses legales a la fecha de pago del total del monto aprobado.
La citada Resolución Nº 34 es apelada por la entidad demandada mediante
escrito de fecha 21 de setiembre de 2017, de fojas 502 a 509, ante lo cual ésta
Sala Superior, mediante Resolución de Vista Número Cuatro de fecha 19
de julio del 2018, obrante a fojas 536 a 539, resuelve: "CONFIRMAR la
Resolución N° Treinta y cuatro - Auto - de fecha 15 de setiembre de 2017, de
fojas 212 a 216, en cuanto declara fundada la observación del demandante,
desaprueba el monto calculado en el Informe Pericial N° 89-2017-J AVM-PJ del
30 de mayo del 2017 y aprueba la cantidad de S/. 32,793.00 soles."
Posteriormente mediante Resolución Nº 40 de fecha 26 de marzo de 2019,
de folios 572, el Juzgado verifica que la parte demandada, cumple con el pago
total del beneficio económico por tiempo de servicios en la cantidad de S/.
32,793.00 soles a favor de la parte accionante y, quedando pendiente el cálculo
de los intereses legales a la fecha de pago del monto indicado, dispuso:
“Remitir los autos al Área Técnica Pericial de la Corte Superior de Justicia de
lima, a fin de que realice el cálculo de los intereses legales adeudados a la
fecha efectiva de pago, del beneficio económico por tiempo de servicios,
tomando en cuenta las fechas de las consignaciones de pago en los certificados
de depósitos judiciales obrante en autos, conforme a lo señalado en el Decreto
Ley N° 25920, y tomando en cuenta la tasa de interés legal sin capitalización y
conforme a lo señalado en la Sentencia de Vista contenida en la resolución
número doce de fecha 31 de agosto del 2010 a folios 135 a 142".
En cumplimiento de dicho mandato, se remitió el expediente al Área Técnico
Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima; emitiéndose el Informe
Pericial N°130-2019JAVM-ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 25 de abril del
2019, de folios 577 a 578, concluyendo el Perito Judicial de acuerdo a la
metodología aplicada, que los intereses legales asciende a S/. 1,671.31 soles,
el cual fue observado por el demandante por lo que mediante Resolución Nº
43 de fecha 11 de octubre del 2019, se dispuso, remitir nuevamente los autos
al Equipo Técnico Pericial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de
REAFIRMAR, MODIFICAR O EMITIR UN NUEVO INFORME PERICIAL.
La Oficina Técnico Pericial emite el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-
ASJR-USJ-CSJLI-PJ de fecha 11 de noviembre de 2019, de folios 602 a 605,
en donde el Perito Judicial pasa a exponer la metodología aplicada refiriendo:
"2.1 Mediante Resolución N° 34 de fecha 15/09/2017 se aprueba la suma de
S/. 32,793.00 soles, indicando que del referido monto será descontada la suma
de S/. 10, 000.00 soles quedando un saldo pendientes de S/. 22,793.00 soles
quedando un saldo pendiente el cálculo de intereses a la fecha de pago del
monto aprobado. (...) 2.6.3 En ese sentido, y tal como se explicó en el Informe
Pericial N° 130-2019, los intereses legales de la cifra actualizada aprobada
judicialmente, deben calcularse considerando la fecha de dicha
actualización, siendo puntualmente desde el 12/11/2016 (día
siguiente de la actualización) hasta la fecha de pago de la deuda, de
acuerdo con lo que desarrolla la Ley 25920 (...).2.6.7, Determinar los
intereses legales de una deuda actualizada desde periodos anteriores a dicha
actualización, conllevaría determinar intereses de un monto que por el hecho de
haber sido actualizado en fecha posterior, contendría un cierto efecto
resarcitorio por el paso del tiempo, generando una posible imputación por
un mismo efecto. (...)".
El demandante observa el Informe Pericial N° 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJLI-
PJ; señalando que la deuda total determinada judicialmente es por el monto
de S/32,793.00 y esta se originó el 22 de febrero de 1991, fecha de la
Resolución Nº 0229-91-CGMG , fecha en que pasó a la situación militar de
retiro.
Posteriormente, y una vez cumplido el sobrecarte ordenado, la demandada
observa los Informes Periciales Nº 2431-2019-ETP-ASJR-USJ-CSJÑI-PJ
de fecha 12 de noviembre de 2019 y el Informe Pericial N° 130-2019-
JAVM-ETP-ASJR-USJ-CSJL I-PJ de fecha 25 de abril de 2019, señalando
principalmente que el cálculo de los intereses legales, no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, sino el monto de la deuda no actualizada esto
es (S/. 1,466.04); de lo contrario, conllevaría a una doble imputación
resarcitoria a favor del demandante, toda vez que dicho monto ya se encuentra
actualizado a la fecha de pago del año 1991 al 2016. Asimismo, formula
observación contra la liquidación y ampliación de pericia de parte
presentada por el demandante mediante escrito de fecha 14 de junio
2019 contenida en la Resolución N° 42, porque conlleva a una doble
imputación resarcitoria a favor del demandante; encontrándose de acuerdo con
el Informe N° 2431-2019.
Finalmente, se emite la Resolución Nº 48 de fecha 09 de diciembre del 2020,
(folios 654 a 661), materia de apelación, por considerar el Aquo que en
atención al Auto de Vista del 19 de julio del 2018, considera el capital en S/.
32,793 soles y como base la fecha de pase al retiro, del 22 de febrero de 1991,
hasta el 11 de enero del 2019, fecha en que se terminó de pagar la deuda, el
período para el cálculo de los intereses legales.
SEXTO: Sin embargo, se aprecia del contenido de la resolución apelada, que el
Aquo no se ha pronunciado sobre el principal argumento de la observación del
demandado, de que el cálculo de los intereses legales no debe darse en relación
al monto de la deuda actualizada, porque conllevaría a una doble imputación
resarcitoria y que tal resarcimiento ya se encuentra actualizado a la fecha de
pago del año 1991 al 2016.
Al respecto, debe precisarse que en el Auto de Vista del 19 de julio del 2018,
ésta Sala Superior si bien confirmó el auto apelado que aprobó como deuda
actualizada la suma de S/. 32,793 soles; no estableció expresamente que sobre
éste monto debe calcularse los intereses legales contado desde el cese del
actor, como sostiene el Aquo.
En tal sentido, si bien existe la obligación de determinar el pago de intereses
legales; correspondía al Aquo determinar previamente, si el monto actualizado
de la deuda aprobado – que es la restitución del valor de la prestación calculado
al día del pago según el artículo 1236 del Código Civil - y que asciende a S/.
32,793 soles; constituye o no un resarcimiento o indemnización vinculado al
pago de los intereses legales.
Ello si se tiene en cuenta que conforme al artículo 1242 del Código Civil, el
interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, que si no
está pactado es el interés legal según el artículo 1246 del citado Código.
Tal determinación era necesaria para establecer también, si era admisible o no
la alegación del demandado, sobre doble pago resarcitorio, mediante la
actualización de deuda e intereses legales en base al monto actualizado de
deuda.
Además, el Aquo debió pronunciarse si era procedente o no la precisión del
perito – en el dictamen desaprobado -, de que los intereses legales deben
pagarse desde el 12/11/2016 (día siguiente de la actualización) hasta la fecha
de pago de la deuda y; finalmente, determinar desde cuándo debe pagarse los
intereses legales del monto actualizado (2016), que es distinto al monto por
concepto de Beneficio Económico por Tiempo de Servicios, vigente a la fecha de
cese del actor (1991).
SEPTIMO: Tal defecto esencial en la motivación, constituye causal de nulidad
insubsanable del auto apelado, que ésta Sala Superior no puede enmendar
porque importaría vulnerar el derecho constitucional al debido proceso de las
partes y a la pluralidad de instancia, por lo que conforme al artículo 171 del
Código Procesal Civil, corresponde declarar su nulidad y ordenar al Aquo emita
nuevo pronunciamiento debidamente motivado y en forma clara y precisa,
sobre cada uno de los asuntos expuestos precedentemente.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, este Superior Colegiado resuelve declarar:
NULA la Resolución Nº Cuarenta y Ocho - Auto - de fecha 07 de diciembre
del 2020, de fojas 654 a 661, corregida en cuanto a la fecha de emisión al 09
de diciembre del 2020 por Resolución Nº Cuarenta y Nueve de fojas 663 de
autos, con lo demás que contiene; ORDENA al Aquo emita nuevo
pronunciamiento debidamente motivado, teniendo en cuenta lo señalado en la
presente resolución de vista. Notifíquese y devuélvase.-
En los seguidos por JOSE LUIS ALFONSO FERNANDEZ MONTEVERDE con la
MARINA DE GUERRA DEL PERU; sobre nulidad de acto administrativo.-
SS.
ECCL/ypl<|im_end|> |
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SALA MIXTA - Sub Sede Juzgado Ilo
EXPEDIENTE : 00140-2007-39-2802-JM-LA-02
MATERIA : Cobro de Reintegro de Remuneraciones
RELATORA : Hazzel Coraly Urquiaga Avalos
DEMANDANTE : López Pérez, Mariela
DEMANDADO : Empresa GER Export S.A.
Resolución : Nro. 02
AUTO DE VISTA
Ilo, veintiséis de octubre
De dos mil veintidós. -
VISTOS: El recurso de apelación en contra de la Resolución Nro.141 formulado por
la ejecutada COPERSA y;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Antecedentes
1.1. Con auto de vista de fecha 17 de noviembre de 2017, contenido en la Resolución
Nro. 02, la Sala Mixta de Ilo, declaró fundado el pedido de sucesión procesal
respecto a la empresa Copersa S.A.1
1.2. Con Resolución Nro. 98, de fecha 07 de diciembre de 2017, se REQUIERE a la
Empresa COPERSA S.A. a fin que, en el término del tercer día, cumpla con pagar
a favor de los demandantes Pedro López Alberto la suma de S/ 100,613.45 Soles
y Bruno Zeballos Colana la suma de S/ 90,814.70 Soles, bajo apercibimiento de
continuarse con la ejecución forzada en caso de incumplimiento.
1.3. Con escrito de registro 1035-2022 de fecha 09 de marzo de 2022, el apoderado de
Bruno Zeballos Colana, ha solicitado –en otrosí- se requiera a la empresa GER
EXPORT pague la suma de S/ 100,613.45 y S/ 90,814.70, bajo apercibimiento de
ejecución forzada.
1 Sucesora procesal en lugar de la empresa Pesquera Salve SRL.
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SEGUNDO: Lo resuelto por el a quo
Con Resolución Nro. 141, de fecha 21 de abril de 2022, el a quo, requirió a la Sucesora
Procesal Empresa Ger Export S.A. para que, en el término del quinto día de
notificada, cumpla con pagar a favor de la Sucesión de Pedro López Alberto la
cantidad de S/ 100,613.45 Soles y a favor del demandante Bruno Zeballos Colana la
cantidad de S/ 90,814.70 Soles, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada, en
caso de incumplimiento.
TERCERO: Apelación y agravios
La ejecutada, ha formulado recurso de apelación en contra de la Resolución Nro. 141,
siendo concedida con Resolución Nro. 145 de fecha 27 de julio de 2022.
La pretensión impugnatoria es de revocatoria y nulidad; como argumentos recursivos
ha expuesto los siguientes:
a) El requerimiento es una clara vulneración del debido proceso, en merito que la
corte suprema ha determinado en forma clara y consistente que PROMASA no es
PEEA y por tanto si no hay obligado principal no puede haber pago solidario de
una deuda inexistente.
b) No existe el pago por vinculación económica. El pedido –de incorporación- se ha
hecho con una intención dolosa de perjudicar los derechos del demandante, no
ha precisado el fraude –tipo-, y es importante definirlo.
c) Se ha vulnerado los derechos constitucionales de los recurrentes al debido
proceso, en sus aceptaciones al Derecho de Defensa, a la debida motivación de las
resoluciones judiciales y a la Cosa Juzgada.
d) Nunca ha sido citada al proceso.
CUARTO: Competencia de la sala superior.
Conforme a lo previsto en el artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le
produce agravio con el propósito que sea anulada o revocada total o parcialmente.
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Asimismo, por el principio quantum devolutum tantum apellatum, este Colegiado
superior, al resolver la apelación, debe pronunciarse solamente sobre aquellas
pretensiones o agravios señalados por el impugnante en su recurso; siendo que,
además, conforme a lo dispuesto en el artículo 370° del Código Adjetivo anotado, no
puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante.
QUINTO: Fundamentos de la decisión
5.1 Marco jurídico
a) El art. 62 NLPT establece que:
Artículo 62.- Incumplimiento injustificado al mandato de
ejecución
Tratándose de las obligaciones de hacer o no hacer si, habiéndose
resuelto seguir adelante con la ejecución, el obligado no cumple,
sin que se haya ordenado la suspensión extraordinaria de la
ejecución, el juez impone multas sucesivas, acumulativas y
crecientes en treinta por ciento (30%) hasta que el obligado cumpla
el mandato; y, si persistiera el incumplimiento, procede a
denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o
resistencia a la autoridad.
Artículo 57.- Títulos ejecutivos. Se tramitan en proceso de
ejecución los siguientes títulos ejecutivos:
a) Las resoluciones judiciales firmes.
Artículo 61.- Multa por contradicción temeraria
Si la contradicción no se sustenta en alguna de las causales
señaladas en la norma procesal civil, se impone al ejecutado una
multa no menor de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50)
Unidades de Referencia Procesal (URP).
Esta multa es independiente a otras que se pudiesen haber
impuesto en otros momentos procesales.
b) El Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente caso tiene
señalado –sobre el recurso impugnativo2- que:
Artículo 366.- Fundamentación del agravio
2 Primera disposición complementaria de la Ley Procesal de Trabajo: En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del
Código Procesal Civil.
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El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error
de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la
naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria.
Artículo 367 –in fine-:
El superior también puede declarar inadmisible o improcedente la
apelación, si advierte que no se han cumplido los requisitos para
su concesión. En este caso, además, declarará nulo el concesorio.
Artículo 370.- Competencia del juez superior
(…)
Cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior
sólo alcanza a éste y a su tramitación.”
Artículo 690-C.- Mandato Ejecutivo
El mandato ejecutivo, dispondrá el cumplimiento de la obligación
contenida en el título; bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución
forzada, con las particularidades señaladas en las disposiciones
especiales. En caso de exigencias no patrimoniales, el Juez debe
adecuar el apercibimiento.
Artículo 690-D.- Contradicción
Dentro de cinco días de notificado el mandato ejecutivo, el
ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer excepciones
procesales o defensas previas.
En el mismo escrito se presentarán los medios probatorios
pertinentes; de lo contrario, el pedido será declarado inadmisible.
Sólo son admisibles la declaración de parte, los documentos y la
pericia.
La contradicción sólo podrá fundarse según la naturaleza del título
en:
1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el
título;
2. Nulidad formal o falsedad del título; o, cuando siendo éste
un título valor emitido en forma incompleta, hubiere sido
completado en forma contraria a los acuerdos adoptados,
debiendo en este caso observarse la ley de la materia;
3. La extinción de la obligación exigida;
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Cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de naturaleza
judicial, sólo podrá formularse contradicción, dentro del tercer día,
si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la
obligación, que se acredite con prueba instrumental.
La contradicción que se sustente en otras causales será rechazada
liminarmente por el Juez, siendo esta decisión apelable sin efecto
suspensivo.
Artículo 690-E.- Trámite
Si hay contradicción y/o excepciones procesales o defensas
previas, se concede traslado al ejecutante, quien deberá absolverla
dentro de tres días proponiendo los medios probatorios
pertinentes. Con la absolución o sin ella, el Juez resolverá
mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento
procesal, y pronunciándose sobre la contradicción propuesta.
Cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera o el
Juez lo estime necesario, señalará día y hora para la realización de
una audiencia, la que se realizará con las reglas establecidas para
la audiencia única.
Si no se formula contradicción, el Juez expedirá un auto sin más
trámite, ordenando llevar adelante la ejecución.
c) La Nueva Ley Procesal de Trabajo:
5.2 Análisis del Caso
a) La decisión recurrida del a quo es clara, se requiere al sucesor procesal
cumpla con efectuar el pago de una suma de dinero a los demandantes,
conforme se liquidó en la Sentencia Resolución Nro. 58 de fecha 20 de enero
de 2014.
b) Bien, la norma autoritativa habilitante es la ley especial en su artículo 57,
merced al cual debe existir una resolución judicial firme. En la parte
considerativa de la Resolución Nro. 67 de fecha 18 de setiembre de 2015, ya
se le dio dicho merito a la decisión, por lo que se cumple el primer
requisito.
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c) Luego, y aplicando la norma supletoria; al tratarse de una decisión en
ejecución -atendiendo al plazo razonable3-, corresponde al intimado
formular contradicción conforme el artículo 690 –D del Código Procesal
Civil; la cual sólo puede fundarse –por tratarse de una sentencia judicial- en
el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación, que deberá
de acreditarse con prueba instrumental. Caso contrario, será rechazada
liminarmente por el Juez, siendo esta decisión apelable sin efecto
suspensivo.
d) Bien, el apelante no ha formulado contradicción, solo ha recurrido la
decisión intimatoria, cuestionando la incorporación como sucesor procesal,
tema que ya fue materia del debate y cuya decisión tiene la calidad de firme
con el dictado del auto de vista del 17 de noviembre de 2017.
e) Existe, en consecuencia, defecto en el concesorio, pues correspondía su
rechazo al no haberse interpuesto previamente la contradicción fundada en
cualquiera de los únicos supuestos contenidos en la norma procesal:
cumplimiento del pago o extinción de la obligación.
f) Dichas limitaciones resultan razonables –la contradicción-, pues como lo ha
venido a sostener el Tribunal Constitucional4 “…el derecho a la ejecución de
las resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada forma parte del derecho
fundamental de la tutela judicial efectiva. Así, en caso no se cumpla con lo
ordenado por una sentencia o resolución judicial firme, el derecho a la efectividad
de las resoluciones judiciales autoriza al afectado con el incumplimiento, a solicitar
la adopción de las medidas y providencias necesarias para que se ejecute lo
dispuesto en la resolución firme…”
g) A mayor abundamiento, si es que nos proyectáramos, hipotéticamente, que
se concedió el recurso, luego de una argumentación suficiente del a quo y su
apartamiento del mandato legal, pues la única forma de cuestionamiento es
la contradicción; resultaría que los argumentos expuestos por el apelante
no guardan relación alguna con los supuestos que se exigen sobre agravio y
razones de hecho y derecho, tendientes a cuestionar la decisión del a quo.
3 Se trata de la ejecución de una decisión que data del año 2014
4 Sentencia de PLENO Expediente 00011-2014-P1/TC Demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 30137, mediante la cual se
establecen criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales.
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Los argumentos esgrimidos, cuestionan decisiones anteriores que tiene la
calidad de firmes, nos referimos a la incorporación como sucesor procesal.
h) La decisión, atendiendo al principio de legalidad, debe decantar por la
improcedencia del recurso por el supuesto contenido en el artículo 690 D
del Código Procesal Civil, pues emitir pronunciamiento sobre el otro
supuesto normativo, comportaría asumir tácitamente que si es posible
impugnar un auto de pago.
5.3 Conclusión.
La única decisión jurisdiccional posible, es la improcedencia del recurso y la
nulidad del concesorio.
SE RESUELVE:
Declarar IMPROCEDENTE el recurso impugnativo en contra de la Resolución Nro.
141, de fecha 21 de abril de 2022, que requirió a la Sucesora Procesal Empresa Ger
Export S.A. para que, en el término del quinto día de notificada, cumpla con pagar la
obligación pendiente de S/ 100,613.45 Soles y S/ 90,814.70 Soles, bajo apercibimiento
de iniciarse ejecución forzada, en caso de incumplimiento; NULO el concesorio
contenido en la Resolución Nro. 145 de fecha 27 de julio de 2022. Intervino como
ponente la señora magistrada Ruth Daysi Cohaila Quispe. Regístrese y Comuníquese.
S.S.
LOO SEGOVIA
RUIZ NAVARRO
COHAILA QUISPE | <|im_start|>system
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EXPEDIENTE : 00140-2007-39-2802-JM-LA-02
MATERIA : Cobro de Reintegro de Remuneraciones
RELATORA : Hazzel Coraly Urquiaga Avalos
DEMANDANTE : López Pérez, Mariela
DEMANDADO : Empresa GER Export S.A.
Resolución : Nro. 02
AUTO DE VISTA
Ilo, veintiséis de octubre
De dos mil veintidós. -
VISTOS: El recurso de apelación en contra de la Resolución Nro.141 formulado por
la ejecutada COPERSA y;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Antecedentes
1.1. Con auto de vista de fecha 17 de noviembre de 2017, contenido en la Resolución
Nro. 02, la Sala Mixta de Ilo, declaró fundado el pedido de sucesión procesal
respecto a la empresa Copersa S.A.1
1.2. Con Resolución Nro. 98, de fecha 07 de diciembre de 2017, se REQUIERE a la
Empresa COPERSA S.A. a fin que, en el término del tercer día, cumpla con pagar
a favor de los demandantes Pedro López Alberto la suma de S/ 100,613.45 Soles
y Bruno Zeballos Colana la suma de S/ 90,814.70 Soles, bajo apercibimiento de
continuarse con la ejecución forzada en caso de incumplimiento.
1.3. Con escrito de registro 1035-2022 de fecha 09 de marzo de 2022, el apoderado de
Bruno Zeballos Colana, ha solicitado –en otrosí- se requiera a la empresa GER
EXPORT pague la suma de S/ 100,613.45 y S/ 90,814.70, bajo apercibimiento de
ejecución forzada.
1 Sucesora procesal en lugar de la empresa Pesquera Salve SRL.
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SEGUNDO: Lo resuelto por el a quo
Con Resolución Nro. 141, de fecha 21 de abril de 2022, el a quo, requirió a la Sucesora
Procesal Empresa Ger Export S.A. para que, en el término del quinto día de
notificada, cumpla con pagar a favor de la Sucesión de Pedro López Alberto la
cantidad de S/ 100,613.45 Soles y a favor del demandante Bruno Zeballos Colana la
cantidad de S/ 90,814.70 Soles, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada, en
caso de incumplimiento.
TERCERO: Apelación y agravios
La ejecutada, ha formulado recurso de apelación en contra de la Resolución Nro. 141,
siendo concedida con Resolución Nro. 145 de fecha 27 de julio de 2022.
La pretensión impugnatoria es de revocatoria y nulidad; como argumentos recursivos
ha expuesto los siguientes:
a) El requerimiento es una clara vulneración del debido proceso, en merito que la
corte suprema ha determinado en forma clara y consistente que PROMASA no es
PEEA y por tanto si no hay obligado principal no puede haber pago solidario de
una deuda inexistente.
b) No existe el pago por vinculación económica. El pedido –de incorporación- se ha
hecho con una intención dolosa de perjudicar los derechos del demandante, no
ha precisado el fraude –tipo-, y es importante definirlo.
c) Se ha vulnerado los derechos constitucionales de los recurrentes al debido
proceso, en sus aceptaciones al Derecho de Defensa, a la debida motivación de las
resoluciones judiciales y a la Cosa Juzgada.
d) Nunca ha sido citada al proceso.
CUARTO: Competencia de la sala superior.
Conforme a lo previsto en el artículo 364° del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le
produce agravio con el propósito que sea anulada o revocada total o parcialmente.
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Asimismo, por el principio quantum devolutum tantum apellatum, este Colegiado
superior, al resolver la apelación, debe pronunciarse solamente sobre aquellas
pretensiones o agravios señalados por el impugnante en su recurso; siendo que,
además, conforme a lo dispuesto en el artículo 370° del Código Adjetivo anotado, no
puede modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante.
QUINTO: Fundamentos de la decisión
5.1 Marco jurídico
a) El art. 62 NLPT establece que:
Artículo 62.- Incumplimiento injustificado al mandato de
ejecución
Tratándose de las obligaciones de hacer o no hacer si, habiéndose
resuelto seguir adelante con la ejecución, el obligado no cumple,
sin que se haya ordenado la suspensión extraordinaria de la
ejecución, el juez impone multas sucesivas, acumulativas y
crecientes en treinta por ciento (30%) hasta que el obligado cumpla
el mandato; y, si persistiera el incumplimiento, procede a
denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o
resistencia a la autoridad.
Artículo 57.- Títulos ejecutivos. Se tramitan en proceso de
ejecución los siguientes títulos ejecutivos:
a) Las resoluciones judiciales firmes.
Artículo 61.- Multa por contradicción temeraria
Si la contradicción no se sustenta en alguna de las causales
señaladas en la norma procesal civil, se impone al ejecutado una
multa no menor de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50)
Unidades de Referencia Procesal (URP).
Esta multa es independiente a otras que se pudiesen haber
impuesto en otros momentos procesales.
b) El Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente caso tiene
señalado –sobre el recurso impugnativo2- que:
Artículo 366.- Fundamentación del agravio
2 Primera disposición complementaria de la Ley Procesal de Trabajo: En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del
Código Procesal Civil.
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El que interpone apelación debe fundamentarla, indicando el error
de hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la
naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria.
Artículo 367 –in fine-:
El superior también puede declarar inadmisible o improcedente la
apelación, si advierte que no se han cumplido los requisitos para
su concesión. En este caso, además, declarará nulo el concesorio.
Artículo 370.- Competencia del juez superior
(…)
Cuando la apelación es de un auto, la competencia del superior
sólo alcanza a éste y a su tramitación.”
Artículo 690-C.- Mandato Ejecutivo
El mandato ejecutivo, dispondrá el cumplimiento de la obligación
contenida en el título; bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución
forzada, con las particularidades señaladas en las disposiciones
especiales. En caso de exigencias no patrimoniales, el Juez debe
adecuar el apercibimiento.
Artículo 690-D.- Contradicción
Dentro de cinco días de notificado el mandato ejecutivo, el
ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer excepciones
procesales o defensas previas.
En el mismo escrito se presentarán los medios probatorios
pertinentes; de lo contrario, el pedido será declarado inadmisible.
Sólo son admisibles la declaración de parte, los documentos y la
pericia.
La contradicción sólo podrá fundarse según la naturaleza del título
en:
1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el
título;
2. Nulidad formal o falsedad del título; o, cuando siendo éste
un título valor emitido en forma incompleta, hubiere sido
completado en forma contraria a los acuerdos adoptados,
debiendo en este caso observarse la ley de la materia;
3. La extinción de la obligación exigida;
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Cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de naturaleza
judicial, sólo podrá formularse contradicción, dentro del tercer día,
si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la
obligación, que se acredite con prueba instrumental.
La contradicción que se sustente en otras causales será rechazada
liminarmente por el Juez, siendo esta decisión apelable sin efecto
suspensivo.
Artículo 690-E.- Trámite
Si hay contradicción y/o excepciones procesales o defensas
previas, se concede traslado al ejecutante, quien deberá absolverla
dentro de tres días proponiendo los medios probatorios
pertinentes. Con la absolución o sin ella, el Juez resolverá
mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento
procesal, y pronunciándose sobre la contradicción propuesta.
Cuando la actuación de los medios probatorios lo requiera o el
Juez lo estime necesario, señalará día y hora para la realización de
una audiencia, la que se realizará con las reglas establecidas para
la audiencia única.
Si no se formula contradicción, el Juez expedirá un auto sin más
trámite, ordenando llevar adelante la ejecución.
c) La Nueva Ley Procesal de Trabajo:
5.2 Análisis del Caso
a) La decisión recurrida del a quo es clara, se requiere al sucesor procesal
cumpla con efectuar el pago de una suma de dinero a los demandantes,
conforme se liquidó en la Sentencia Resolución Nro. 58 de fecha 20 de enero
de 2014.
b) Bien, la norma autoritativa habilitante es la ley especial en su artículo 57,
merced al cual debe existir una resolución judicial firme. En la parte
considerativa de la Resolución Nro. 67 de fecha 18 de setiembre de 2015, ya
se le dio dicho merito a la decisión, por lo que se cumple el primer
requisito.
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c) Luego, y aplicando la norma supletoria; al tratarse de una decisión en
ejecución -atendiendo al plazo razonable3-, corresponde al intimado
formular contradicción conforme el artículo 690 –D del Código Procesal
Civil; la cual sólo puede fundarse –por tratarse de una sentencia judicial- en
el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación, que deberá
de acreditarse con prueba instrumental. Caso contrario, será rechazada
liminarmente por el Juez, siendo esta decisión apelable sin efecto
suspensivo.
d) Bien, el apelante no ha formulado contradicción, solo ha recurrido la
decisión intimatoria, cuestionando la incorporación como sucesor procesal,
tema que ya fue materia del debate y cuya decisión tiene la calidad de firme
con el dictado del auto de vista del 17 de noviembre de 2017.
e) Existe, en consecuencia, defecto en el concesorio, pues correspondía su
rechazo al no haberse interpuesto previamente la contradicción fundada en
cualquiera de los únicos supuestos contenidos en la norma procesal:
cumplimiento del pago o extinción de la obligación.
f) Dichas limitaciones resultan razonables –la contradicción-, pues como lo ha
venido a sostener el Tribunal Constitucional4 “…el derecho a la ejecución de
las resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada forma parte del derecho
fundamental de la tutela judicial efectiva. Así, en caso no se cumpla con lo
ordenado por una sentencia o resolución judicial firme, el derecho a la efectividad
de las resoluciones judiciales autoriza al afectado con el incumplimiento, a solicitar
la adopción de las medidas y providencias necesarias para que se ejecute lo
dispuesto en la resolución firme…”
g) A mayor abundamiento, si es que nos proyectáramos, hipotéticamente, que
se concedió el recurso, luego de una argumentación suficiente del a quo y su
apartamiento del mandato legal, pues la única forma de cuestionamiento es
la contradicción; resultaría que los argumentos expuestos por el apelante
no guardan relación alguna con los supuestos que se exigen sobre agravio y
razones de hecho y derecho, tendientes a cuestionar la decisión del a quo.
3 Se trata de la ejecución de una decisión que data del año 2014
4 Sentencia de PLENO Expediente 00011-2014-P1/TC Demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 30137, mediante la cual se
establecen criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales.
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Los argumentos esgrimidos, cuestionan decisiones anteriores que tiene la
calidad de firmes, nos referimos a la incorporación como sucesor procesal.
h) La decisión, atendiendo al principio de legalidad, debe decantar por la
improcedencia del recurso por el supuesto contenido en el artículo 690 D
del Código Procesal Civil, pues emitir pronunciamiento sobre el otro
supuesto normativo, comportaría asumir tácitamente que si es posible
impugnar un auto de pago.
5.3 Conclusión.
La única decisión jurisdiccional posible, es la improcedencia del recurso y la
nulidad del concesorio.
SE RESUELVE:
Declarar IMPROCEDENTE el recurso impugnativo en contra de la Resolución Nro.
141, de fecha 21 de abril de 2022, que requirió a la Sucesora Procesal Empresa Ger
Export S.A. para que, en el término del quinto día de notificada, cumpla con pagar la
obligación pendiente de S/ 100,613.45 Soles y S/ 90,814.70 Soles, bajo apercibimiento
de iniciarse ejecución forzada, en caso de incumplimiento; NULO el concesorio
contenido en la Resolución Nro. 145 de fecha 27 de julio de 2022. Intervino como
ponente la señora magistrada Ruth Daysi Cohaila Quispe. Regístrese y Comuníquese.
S.S.
LOO SEGOVIA
RUIZ NAVARRO
COHAILA QUISPE<|im_end|> |
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